Actas De Energia Para Imprimir

ALEJANDRO VERGARA BLANCO (Editor)

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA ALEJANDRO VERGARA BLANCO (Editor)

La Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. Usos infractores pueden constituir delito. ADVERTENCIA © PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 2013 Legal Publishing Chile • Miraflores 383, piso 10, Santiago, Chile • Teléfono: 2510 5000 • www.legalpublishing.cl Registro de Propiedad Intelectual Nº 227.898 • I.S.B.N. 978 - 956 - 346 - 335 - 4 1ª edición julio 2013 Legal Publishing Chile Tiraje: 150 ejemplares Impresores: CyC Impresores - San Francisco 1434, Santiago IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA © PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 2013 Legal Publishing Chile • Miraflores 383, piso 10, Santiago, Chile • Teléfono: 2510 5000 • www.legalpublishing.cl Registro de Propiedad Intelectual Nº 227.898 • I.S.B.N. 978 - 956 - 346 - 335 - 4 1ª edición julio 2013 Legal Publishing Chile Tiraje: 150 ejemplares Impresores: CyC Impresores - San Francisco 1434, Santiago IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE ADVERTENCIA La Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. Usos infractores pueden constituir delito.

ÍNDICE

Prólogo ...........................................................................................

1

I. DOCTRINA ABARA ELÍAS, Fernando: De la responsabilidad del Estado en los proyectos de transmisión regulados .....................................

7

AVILÉS HERNÁNDEZ, Víctor Manuel: Alcances sancionatorios de la obligación de coordinación de las empresas integrantes de los centros económicos de despacho de carga ......................

35

BARRIENTOS BURGUÉ, Sergio: Oportunidades y amenazas, fortalezas y desventajas… y el costo ..............................................

51

BASCUÑÁN MONTANER, Felipe: Los contratos de suministro entre generadoras y clientes libres. Adaptación de las condiciones comerciales, revisión de precios y terminación anticipada del contrato a la luz de la Ley Nº 20.018 .................

81

BERMÚDEZ SOTO, Rodrigo: Reflexiones acerca de la declaración de inaplicabilidad de los dictámenes del panel de expertos ......................................................................................

97

CARCELÉN PACHECO, Jerónimo: Geotermia: Consolidación del marco regulatorio y desarrollo de la industria ..........................

109

DÍAZ SAHR, Ignacio: Actividades eléctricas en áreas protegidas ..........

125

DOMPER RODRÍGUEZ, María de la Luz; BLÜMEL MAC-IVER, Gonzalo; ESPINOZA GONZÁLEZ, Ricardo: Crecimiento económico, precios de la energía e innovación tecnológica .........................

143

DOMPER RODRÍGUEZ, María de la Luz; BLÜMEL MAC-IVER, Gonzalo; ESPINOZA GONZÁLEZ, Ricardo: Crecimiento económico, precios de la energía e innovación tecnológica .........................

143 125

DÍAZ SAHR, Ignacio: Actividades eléctricas en áreas protegidas ..........

109

CARCELÉN PACHECO, Jerónimo: Geotermia: Consolidación del marco regulatorio y desarrollo de la industria ..........................

97

BERMÚDEZ SOTO, Rodrigo: Reflexiones acerca de la declaración de inaplicabilidad de los dictámenes del panel de expertos ......................................................................................

81

BASCUÑÁN MONTANER, Felipe: Los contratos de suministro entre generadoras y clientes libres. Adaptación de las condiciones comerciales, revisión de precios y terminación anticipada del contrato a la luz de la Ley Nº 20.018 ................. BARRIENTOS BURGUÉ, Sergio: Oportunidades y amenazas, fortalezas y desventajas… y el costo .............................................. AVILÉS HERNÁNDEZ, Víctor Manuel: Alcances sancionatorios de la obligación de coordinación de las empresas integrantes de los centros económicos de despacho de carga ...................... ABARA ELÍAS, Fernando: De la responsabilidad del Estado en los proyectos de transmisión regulados .....................................

51 35 7

I. DOCTRINA Prólogo ...........................................................................................

ÍNDICE

1

201

FRANCO PEREIRA, Natalia: Sistema concesional y autorizacional en materia de bosques. Intervención del bosque nativo por la constitución de servidumbre de trazado de líneas eléctricas...........................................................................................

225

GONZÁLEZ DURÁN, Daniela: En contra de la corriente. Las decisiones institucionales en relación al regulador eléctrico ..........

265

MARDONES OSORIO, Marcelo: Las concesiones de exploración geotérmica. Un supuesto de discrecionalidad técnica ...............

307

MOYA BRUZZONE, Alejandra: Dificultades generadas por la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal en la tramitación de proyectos eléctricos ..................................

345

PINTO TORRES, Carlos: Bases y conflictos jurídicos de la regulación tarifaria en el Derecho Eléctrico chileno .......................

361

VERGARA BLANCO, Alejandro: Balance, naturaleza y recurribilidad de las decisiones del Panel de Expertos en materia eléctrica .....................................................................................

385

VERGARA BLANCO, Alejandro: Regulación del procedimiento concesional eléctrico. Diagnóstico de problemas .....................

401

425

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio: La sanción administrativa y la regulación de las actividades económicas. Efectos de un cambio en la jurisprudencia constitucional ...............................

Origen y aporte doctrinario de las Jornadas de Derecho Eléctrico ...........................................................................................

171

429

ESCALONA VÁSQUEZ, Eduardo: Ejercicio de la potestad reglamentaria en materia eléctrica. Aplicación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018.................................................................

Diez años, diez Jornadas de Derecho Eléctrico. Recuento de I a X Jornadas (2001-2010) ........................................................

Página

449

ÍNDICE

Índice alfabético de expositores de las Jornadas de Derecho Eléctrico ..................................................................................... II. LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO (2001 A 2010)

401

VERGARA BLANCO, Alejandro: Regulación del procedimiento concesional eléctrico. Diagnóstico de problemas .....................

385

VERGARA BLANCO, Alejandro: Balance, naturaleza y recurribilidad de las decisiones del Panel de Expertos en materia eléctrica .....................................................................................

361

PINTO TORRES, Carlos: Bases y conflictos jurídicos de la regulación tarifaria en el Derecho Eléctrico chileno .......................

345

MOYA BRUZZONE, Alejandra: Dificultades generadas por la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal en la tramitación de proyectos eléctricos ..................................

307

MARDONES OSORIO, Marcelo: Las concesiones de exploración geotérmica. Un supuesto de discrecionalidad técnica ...............

265

GONZÁLEZ DURÁN, Daniela: En contra de la corriente. Las decisiones institucionales en relación al regulador eléctrico ..........

225

FRANCO PEREIRA, Natalia: Sistema concesional y autorizacional en materia de bosques. Intervención del bosque nativo por la constitución de servidumbre de trazado de líneas eléctricas...........................................................................................

201

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio: La sanción administrativa y la regulación de las actividades económicas. Efectos de un cambio en la jurisprudencia constitucional ...............................

171

ESCALONA VÁSQUEZ, Eduardo: Ejercicio de la potestad reglamentaria en materia eléctrica. Aplicación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018.................................................................

II. LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO (2001 A 2010)

Diez años, diez Jornadas de Derecho Eléctrico. Recuento de I a X Jornadas (2001-2010) ........................................................

429

Índice alfabético de expositores de las Jornadas de Derecho Eléctrico .....................................................................................

449

ÍNDICE

425 Página

Origen y aporte doctrinario de las Jornadas de Derecho Eléctrico ...........................................................................................

II

II

ÍNDICE

III

Página

III. CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA. DOCUMENTOS

Los 20 años de la Revista de Electricidad (1991-2011) Santiago, EDITEC Grupo editorial. Recensión de Felipe Navarro Cabrera, Abogado y Carlos Pinto Torres, Licenciado en Derecho ...................................................................................... DÍAZ SAHR, Ignacio: Régimen Jurídico Ambiental de proyectos hidroeléctricos (Santiago, Librotecnia) 2010, 186 pp. Recensión de Carlos Pinto Torres, Licenciado en Derecho............

Breve historia de la creación del Ministerio de Energía .................

469

Mensaje del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Energía (2008) .........................................................................................

475

Codificación Privada del Derecho: El Código de Energía ..............

Discurso presidencial; Acto de promulgación de la Ley Nº 20.402 (2009) .........................................................................................

481

Recensiones .....................................................................................

Ley Nº 20.402 (2009). Crea el Ministerio de Energía ....................

495

Resolución exenta Nº 410 (2011) del Ministerio de Energía. Aprueba nuevo texto que fija la Organización Interna del Ministerio de Energía y deja sin efecto resolución exenta Nº 17, de 2010, del Ministerio de Energía, y sus modificaciones posteriores ...................................................................

515

CÓDIGO DE ENERGÍA. Sistematización de leyes anotadas y actualizadas (2011) VERGARA BLANCO, Alejandro (Santiago, AbeledoPerrot - LegalPublishing Chile), 905 pp. Recensión de Carlos Pinto Torres, Licenciado en Derecho .................

552 549 547 547 547

V. BIBLIOGRAFÍA Dictámenes del Panel de Expertos (2004-2010) ..............................

531

IV. JURISPRUDENCIA IV. JURISPRUDENCIA Resolución exenta Nº 410 (2011) del Ministerio de Energía. Aprueba nuevo texto que fija la Organización Interna del Ministerio de Energía y deja sin efecto resolución exenta Nº 17, de 2010, del Ministerio de Energía, y sus modificaciones posteriores ...................................................................

Dictámenes del Panel de Expertos (2004-2010) ..............................

Ley Nº 20.402 (2009). Crea el Ministerio de Energía ....................

Recensiones .....................................................................................

547

Discurso presidencial; Acto de promulgación de la Ley Nº 20.402 (2009) .........................................................................................

Codificación Privada del Derecho: El Código de Energía ..............

547

CÓDIGO DE ENERGÍA. Sistematización de leyes anotadas y actualizadas (2011) VERGARA BLANCO, Alejandro (Santiago, AbeledoPerrot - LegalPublishing Chile), 905 pp. Recensión de Carlos Pinto Torres, Licenciado en Derecho .................

547

DÍAZ SAHR, Ignacio: Régimen Jurídico Ambiental de proyectos hidroeléctricos (Santiago, Librotecnia) 2010, 186 pp. Recensión de Carlos Pinto Torres, Licenciado en Derecho............

549

Los 20 años de la Revista de Electricidad (1991-2011) Santiago, EDITEC Grupo editorial. Recensión de Felipe Navarro Cabrera, Abogado y Carlos Pinto Torres, Licenciado en Derecho ......................................................................................

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531

V. BIBLIOGRAFÍA

Mensaje del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Energía (2008) ......................................................................................... Breve historia de la creación del Ministerio de Energía .................

515 495 481 475 469

III. CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA. DOCUMENTOS Página ÍNDICE

III

IV

ÍNDICE

Página

555

Publicaciones sobre Derecho de Energía en Revista de Derecho Administrativo Económico (ReDAE 1999-2006) ................

555 Página

IV

ÍNDICE

Publicaciones sobre Derecho de Energía en Revista de Derecho Administrativo Económico (ReDAE 1999-2006) ................

PRÓLOGO

Esta publicación de Actas de Derecho de Energía está destinada a presentar mediante artículos de doctrina, recopilación de jurisprudencia y otros artículos de interés, la multidisciplinariedad que comprende el Derecho de Energía como dinámica actual y especializada, abordando aspectos legales, técnicos y económicos. La intención de las Actas de Derecho de Energía es presentarse como un aporte editorial, universitario y profesional permanente en el ámbito del sector energético, tan dinámico y relevante en estos tiempos. DELIMITACIÓN DE UNA DISCIPLINA JURÍDICA El proyecto de desarrollar unas Actas en esta materia tiene como objeto de constituirse como un vehículo de divulgación académica de los contenidos especí¿cos del Derecho de Energía, entendido como un clasi¿cador disciplinario y la delimitación de las disciplinas jurídicas que se desarrollan dentro de él, como es el caso del Derecho Eléctrico. El interés es promover un medio cientí¿co, a través del cual la comunidad disciplinaria aporte a esta área, mediante de la exposición de ideas y generando discusión en torno a los distintos temas que nos convocan, lo que constituye una forma de crear ciencia. La tarea que nos mueve es poner en evidencia la relevancia de esta disciplina en el ámbito económico, la investigación académica, la enseñanza y práctica jurídica. Hoy en día los temas energéticos involucran a un sinnúmero de actores, entre los que se encuentran la Administración del Estado, a través de ministerios, subsecretarías, superintentencias, servicios públicos y, en general, una gran cantidad de entidades, como empresas, consultoras, estudios jurídicos y profesionales de diversas disciplinas. El aporte que se

La tarea que nos mueve es poner en evidencia la relevancia de esta disciplina en el ámbito económico, la investigación académica, la enseñanza y práctica jurídica. Hoy en día los temas energéticos involucran a un sinnúmero de actores, entre los que se encuentran la Administración del Estado, a través de ministerios, subsecretarías, superintentencias, servicios públicos y, en general, una gran cantidad de entidades, como empresas, consultoras, estudios jurídicos y profesionales de diversas disciplinas. El aporte que se El proyecto de desarrollar unas Actas en esta materia tiene como objeto de constituirse como un vehículo de divulgación académica de los contenidos especí¿cos del Derecho de Energía, entendido como un clasi¿cador disciplinario y la delimitación de las disciplinas jurídicas que se desarrollan dentro de él, como es el caso del Derecho Eléctrico. El interés es promover un medio cientí¿co, a través del cual la comunidad disciplinaria aporte a esta área, mediante de la exposición de ideas y generando discusión en torno a los distintos temas que nos convocan, lo que constituye una forma de crear ciencia. DELIMITACIÓN DE UNA DISCIPLINA JURÍDICA Esta publicación de Actas de Derecho de Energía está destinada a presentar mediante artículos de doctrina, recopilación de jurisprudencia y otros artículos de interés, la multidisciplinariedad que comprende el Derecho de Energía como dinámica actual y especializada, abordando aspectos legales, técnicos y económicos. La intención de las Actas de Derecho de Energía es presentarse como un aporte editorial, universitario y profesional permanente en el ámbito del sector energético, tan dinámico y relevante en estos tiempos.

PRÓLOGO

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Esta publicación es testimonio de la presentación de algunos trabajos expuestos en diversas Jornadas de Derecho Eléctrico, organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico, de la Facultad de Derecho de la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile, y otros aportes de reciente data en la temática de Energía. En este sentido, las distintas actividades académicas realizadas por la Universidad se han constituido en un valioso aporte a la comunidad jurídica y las otras áreas involucradas en esta temática, tales como la ingeniería y la economía.

2

ROL DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2001-2010 (HOY DENOMINADAS JORNADAS DE DERECHO DE ENERGÍA)

desea entregar dice relación con el desarrollo dogmático de las disciplinas y la sistematización de las normativas relacionadas a éstas, propiciando un estudio y comprensión de la realidad jurídica ligada a los temas de energía.

Desde un punto de vista de la institucionalidad administrativa, la creación del Ministerio de Energía el año 2010, constituye un innegable avance en orden a dotar a nuestro país de una adecuada estructura de plani¿cación de las políticas públicas y reformular la inorgánica regulación existente hasta entonces. La creación del Ministerio demuestra, además, el interés y la importancia en que se cuente con un ministerio sectorial dedicado exclusivamente a estas materias, por las implicancias que estas temáticas tienen para la vida nacional.

Nuestros tiempos presentan un desarrollo energético que con creces supera la sola faceta eléctrica, incorporando el estudio, desarrollo y explotación de hidrocarburos, petróleo, gas y aprovechamiento de recursos eólicos e incluso nucleares. La gran tarea actual es promover el desarrollo sustentable de estos proyectos y el respeto y la protección del medio ambiente. Reconociendo que cada vez estos asuntos van cobrando mayor relevancia en nuestra vida diaria, por cuanto el crecimiento de nuestra economía hace más necesario recurrir a distintas vías de aprovechamiento y generación de energía eléctrica. Los cambios tecnológicos abren posibilidades para aprovechar recursos energéticos de formas antes impensadas. A su vez, el cuidado del medio ambiente se introduce como un desafío, al ser necesario ponderar las consecuencias en el entorno de las actividades generadoras de energía y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Nuestros tiempos presentan un desarrollo energético que con creces supera la sola faceta eléctrica, incorporando el estudio, desarrollo y explotación de hidrocarburos, petróleo, gas y aprovechamiento de recursos eólicos e incluso nucleares. La gran tarea actual es promover el desarrollo sustentable de estos proyectos y el respeto y la protección del medio ambiente. Reconociendo que cada vez estos asuntos van cobrando mayor relevancia en nuestra vida diaria, por cuanto el crecimiento de nuestra economía hace más necesario recurrir a distintas vías de aprovechamiento y generación de energía eléctrica. Los cambios tecnológicos abren posibilidades para aprovechar recursos energéticos de formas antes impensadas. A su vez, el cuidado del medio ambiente se introduce como un desafío, al ser necesario ponderar las consecuencias en el entorno de las actividades generadoras de energía y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Desde un punto de vista de la institucionalidad administrativa, la creación del Ministerio de Energía el año 2010, constituye un innegable avance en orden a dotar a nuestro país de una adecuada estructura de plani¿cación de las políticas públicas y reformular la inorgánica regulación existente hasta entonces. La creación del Ministerio demuestra, además, el interés y la importancia en que se cuente con un ministerio sectorial dedicado exclusivamente a estas materias, por las implicancias que estas temáticas tienen para la vida nacional.

desea entregar dice relación con el desarrollo dogmático de las disciplinas y la sistematización de las normativas relacionadas a éstas, propiciando un estudio y comprensión de la realidad jurídica ligada a los temas de energía.

ROL DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2001-2010 (HOY DENOMINADAS JORNADAS DE DERECHO DE ENERGÍA)

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Esta publicación es testimonio de la presentación de algunos trabajos expuestos en diversas Jornadas de Derecho Eléctrico, organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico, de la Facultad de Derecho de la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile, y otros aportes de reciente data en la temática de Energía. En este sentido, las distintas actividades académicas realizadas por la Universidad se han constituido en un valioso aporte a la comunidad jurídica y las otras áreas involucradas en esta temática, tales como la ingeniería y la economía.

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PRÓLOGO

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Las mismas Jornadas de Derecho Eléctrico han cumplido un rol muy relevante de convergencia entre distintas disciplinas y año a año se han erigido como importante foro académico que analiza las temáticas más actuales en la disciplina. Habiéndose publicado dos actas, recopilación de los trabajos presentados en las Primeras y Segundas Jornadas de Derecho Eléctrico, hemos querido retomar este trabajo editorial, con la publicación de trabajos de Jornadas posteriores a las citadas y otros artículos inéditos en torno al tema. El progresivo uso de diapositivas en las exposiciones de las Jornadas y la inexistencia de artículos escritos que las respalden, ha di¿cultado la tarea recopilatoria de los trabajos PLAN EDITORIAL Por los motivos anteriormente expuestos, venimos hace años planteando la idea de editar unas Actas que conjuguen de manera permanente el continuo interés de académicos y profesionales del área en presentar sus trabajos, generando una ventana de discusión académica, al servicio de la misma comunidad ligada a estos temas, donde pueda generarse un diálogo interdisciplinario a partir de las distintas perspectivas que informan a los actores involucrados. En estas Actas intentamos recopilar la mayor cantidad de ponencias expuestas a lo largo de todas las ediciones de las Jornadas de Derecho Eléctrico entre los años 2001 y 2010, así como artículos que no fueron presentados en las Jornadas, pero que tratan sobre temas relativos a las materias de energía. También pretendemos incorporar la jurisprudencia más relevante en el sector, tanto judicial como administrativa y recensiones de los libros más importantes que se hayan publicado en el período. AGRADECIMIENTOS En la edición de estas Actas de Derecho de Energía, manifestamos nuestro agradecimiento a las diversas instituciones y empresas que han auspiciado y patrocinado el trabajo y su valioso aporte en colaborar con la organización de las distintas actividades y jornadas que se realizan año a año.

En la edición de estas Actas de Derecho de Energía, manifestamos nuestro agradecimiento a las diversas instituciones y empresas que han auspiciado y patrocinado el trabajo y su valioso aporte en colaborar con la organización de las distintas actividades y jornadas que se realizan año a año. AGRADECIMIENTOS En estas Actas intentamos recopilar la mayor cantidad de ponencias expuestas a lo largo de todas las ediciones de las Jornadas de Derecho Eléctrico entre los años 2001 y 2010, así como artículos que no fueron presentados en las Jornadas, pero que tratan sobre temas relativos a las materias de energía. También pretendemos incorporar la jurisprudencia más relevante en el sector, tanto judicial como administrativa y recensiones de los libros más importantes que se hayan publicado en el período. Por los motivos anteriormente expuestos, venimos hace años planteando la idea de editar unas Actas que conjuguen de manera permanente el continuo interés de académicos y profesionales del área en presentar sus trabajos, generando una ventana de discusión académica, al servicio de la misma comunidad ligada a estos temas, donde pueda generarse un diálogo interdisciplinario a partir de las distintas perspectivas que informan a los actores involucrados. PLAN EDITORIAL Habiéndose publicado dos actas, recopilación de los trabajos presentados en las Primeras y Segundas Jornadas de Derecho Eléctrico, hemos querido retomar este trabajo editorial, con la publicación de trabajos de Jornadas posteriores a las citadas y otros artículos inéditos en torno al tema. El progresivo uso de diapositivas en las exposiciones de las Jornadas y la inexistencia de artículos escritos que las respalden, ha di¿cultado la tarea recopilatoria de los trabajos Las mismas Jornadas de Derecho Eléctrico han cumplido un rol muy relevante de convergencia entre distintas disciplinas y año a año se han erigido como importante foro académico que analiza las temáticas más actuales en la disciplina. PRÓLOGO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Por último, a los expositores de las Jornadas de Derecho Eléctrico y los que han contribuido con sus trabajos de investigación, un especial agradecimiento por su presencia activa en el conocimiento, discusión y difusión de la temática energética y la disponibilidad de sus aportes doctrinales, para enriquecer el desarrollo plural que signi¿ca el tema energético en estos días.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO Profesor Titular de Derecho Administrativo Facultad de Derecho Ponti¿cia Universidad Católica de Chile

Profesor Titular de Derecho Administrativo Facultad de Derecho Ponti¿cia Universidad Católica de Chile

ALEJANDRO VERGARA BLANCO Por último, a los expositores de las Jornadas de Derecho Eléctrico y los que han contribuido con sus trabajos de investigación, un especial agradecimiento por su presencia activa en el conocimiento, discusión y difusión de la temática energética y la disponibilidad de sus aportes doctrinales, para enriquecer el desarrollo plural que signi¿ca el tema energético en estos días. 4

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

I. DOCTRINA

I. DOCTRINA

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

FERNANDO ABARA ELÍAS*

* Vicepresidente de Asuntos Jurídicos TRANSELEC S.A. [empresa de transporte de energía eléctrica], Profesor de Derecho UC. Trabajo presentado en las X Jornadas de Derecho Eléctrico (2010) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile.

Desde el punto de vista de la regulación, como se sabe, existen dos maneras de expandir el sistema de transmisión troncal: a través de obras nuevas y a REGULADOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL

1. DE LOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN En esta ponencia hacemos una reÀexión sobre las características de los proyectos de expansión del sistema de transmisión de carácter regulados, es decir, de las obras nuevas y las ampliaciones, de cómo ellos resultan de un proceso administrativo público con fuerte intervención del Estado, donde le cabe un rol fundamental tanto en la asignación de dichos proyectos como en el otorgamiento de los permisos necesarios para que ellos se puedan materializar. La tesis que sustentamos es que cuando tales permisos se retrasan por causas ajenas a la voluntad del peticionario que, a su turno, se encuentra obligado al desarrollo de tales proyectos, concurren dos situaciones jurídicas: una causal de fuerza mayor para el peticionario y la responsabilidad del Estado por falta de servicio. Con una mirada propositiva, al mismo tiempo que elaboramos esta tesis, sugerimos mejoras legales y reglamentarias al procedimiento que debe seguirse para la obtención de uno de los principales permisos que se requiere para materializar las obras: se trata de las concesiones eléctricas para el establecimiento de las líneas de transmisión.

Con una mirada propositiva, al mismo tiempo que elaboramos esta tesis, sugerimos mejoras legales y reglamentarias al procedimiento que debe seguirse para la obtención de uno de los principales permisos que se requiere para materializar las obras: se trata de las concesiones eléctricas para el establecimiento de las líneas de transmisión. En esta ponencia hacemos una reÀexión sobre las características de los proyectos de expansión del sistema de transmisión de carácter regulados, es decir, de las obras nuevas y las ampliaciones, de cómo ellos resultan de un proceso administrativo público con fuerte intervención del Estado, donde le cabe un rol fundamental tanto en la asignación de dichos proyectos como en el otorgamiento de los permisos necesarios para que ellos se puedan materializar. La tesis que sustentamos es que cuando tales permisos se retrasan por causas ajenas a la voluntad del peticionario que, a su turno, se encuentra obligado al desarrollo de tales proyectos, concurren dos situaciones jurídicas: una causal de fuerza mayor para el peticionario y la responsabilidad del Estado por falta de servicio.

1. DE LOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN REGULADOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL

Desde el punto de vista de la regulación, como se sabe, existen dos maneras de expandir el sistema de transmisión troncal: a través de obras nuevas y a * Vicepresidente de Asuntos Jurídicos TRANSELEC S.A. [empresa de transporte de energía

eléctrica], Profesor de Derecho UC. Trabajo presentado en las X Jornadas de Derecho Eléctrico (2010) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile.

FERNANDO ABARA ELÍAS* EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

FERNANDO ABARA ELÍAS

a) Obligaciones para la Empresa: Ejecución en tiempo y forma del proyecto; y cumplimiento de las condiciones y requisitos que el ordenamiento jurídico le impone a los concesionarios.

8

De este decreto surgen derechos y obligaciones para la empresa adjudicada y también para el Estado que actúa a través de distintos órganos que forman parte del mismo, como son la CNE, la SEC, el Ministerio de Energía, la CONAMA o COREMA respectiva y el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros.

través de las llamadas ampliaciones. Mientras en la primera existe un llamado a un proceso de licitación por parte de la autoridad (en el que intervienen el Consultor del Estudio de Transmisión troncal, la CNE, el CDEC y el Panel de Expertos), donde a través de un proceso competitivo se le asigna el proyecto a la empresa de transmisión troncal que ofrece el menor VATT; en la segunda el proyecto viene asignado de antemano en el decreto de expansión respectivo a la empresa propietaria del sistema, línea o subestación que requiere ser ampliada, que se encuentra obligada a ejecutarla en el precio y tiempo señalados en el decreto respectivo, para lo cual debe llamar a un proceso de licitación público y transparente auditable por la SEC.

Ahora bien, una vez concluido el proceso de licitación de una obra nueva o el proceso de licitación de una obra de ampliación, viene el proceso de ejecución material de los proyectos, los que deben cumplirse en calidad, tiempo y forma establecidos en el decreto respectivo.

En ambos casos, los derechos y obligaciones están determinados en un estatuto jurídico compuesto por la legislación y reglamentación eléctrica, más el decreto respectivo que adjudica la obra nueva o el decreto respectivo que contiene las condiciones técnicas y económicas respectivas.

2. DE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Dicho decreto, desde el punto de vista jurídico, es un acto jurídico ¿nal del Estado que se ha gestado luego de seguir rigurosamente el procedimiento administrativo-público establecido en la ley, y cuyo contenido normativo va dirigido esencialmente a un particular cuyo cumplimiento le resulta obligatorio, porque se trata de un servicio público concedido, sin perjuicio de las causales aplicables que pueden en derecho eximir del cumplimiento de las obligaciones.

Dicho decreto, desde el punto de vista jurídico, es un acto jurídico ¿nal del Estado que se ha gestado luego de seguir rigurosamente el procedimiento administrativo-público establecido en la ley, y cuyo contenido normativo va dirigido esencialmente a un particular cuyo cumplimiento le resulta obligatorio, porque se trata de un servicio público concedido, sin perjuicio de las causales aplicables que pueden en derecho eximir del cumplimiento de las obligaciones.

2. DE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

En ambos casos, los derechos y obligaciones están determinados en un estatuto jurídico compuesto por la legislación y reglamentación eléctrica, más el decreto respectivo que adjudica la obra nueva o el decreto respectivo que contiene las condiciones técnicas y económicas respectivas.

Ahora bien, una vez concluido el proceso de licitación de una obra nueva o el proceso de licitación de una obra de ampliación, viene el proceso de ejecución material de los proyectos, los que deben cumplirse en calidad, tiempo y forma establecidos en el decreto respectivo.

través de las llamadas ampliaciones. Mientras en la primera existe un llamado a un proceso de licitación por parte de la autoridad (en el que intervienen el Consultor del Estudio de Transmisión troncal, la CNE, el CDEC y el Panel de Expertos), donde a través de un proceso competitivo se le asigna el proyecto a la empresa de transmisión troncal que ofrece el menor VATT; en la segunda el proyecto viene asignado de antemano en el decreto de expansión respectivo a la empresa propietaria del sistema, línea o subestación que requiere ser ampliada, que se encuentra obligada a ejecutarla en el precio y tiempo señalados en el decreto respectivo, para lo cual debe llamar a un proceso de licitación público y transparente auditable por la SEC.

De este decreto surgen derechos y obligaciones para la empresa adjudicada y también para el Estado que actúa a través de distintos órganos que forman parte del mismo, como son la CNE, la SEC, el Ministerio de Energía, la CONAMA o COREMA respectiva y el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros.

FERNANDO ABARA ELÍAS

a) Obligaciones para la Empresa: Ejecución en tiempo y forma del proyecto; y cumplimiento de las condiciones y requisitos que el ordenamiento jurídico le impone a los concesionarios.

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DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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b) Derechos para la empresa: i) Cobrar y percibir la tarifa respectiva, una vez que la obra se ha puesto en servicio, debiendo recuperar el 100% del AVI más COMA, porque es la expresión material del derecho a obtener una utilidad razonable por el principio del equilibrio ¿nanciero, ii) Derecho a solicitar amparo a la autoridad para ejercer el servicio público concedido. En otras palabras, es el derecho a obtener los medios que sólo el Estado está facultado a otorgar para la ejecución de las obras y la posterior prestación del servicio. Por ejemplo: las concesiones eléctricas y los permisos ambientales. Si bien, no existe una obligación explícita en la ley para el Estado de otorgar la concesión, sea que la concesión se estime como un acto unilateral del Estado o bien a un contrato administrativo de derecho público, no puede menos que entenderse implícito en la obligación de ejecutar la obra, que el Estado otorgará aquellos permisos indispensables para ejecutarlos, ya que de otro modo, sus obligaciones serán imposibles de cumplir. Todo lo anterior, supuesto que el particular interesado ha cumplido en forma razonable con los procedimientos y requisitos para obtenerlos. En realidad, junto con dictarse el decreto de adjudicación el Estado no puede abandonar al obligado sin la necesaria contrapartida para facilitar la obtención de los permisos públicos respectivos. De otra manera, estaríamos frente a una obligación que tiene un objeto ilícito o imposible de cumplir. c) Derechos del Estado: i) Fiscalizar y sancionar o hacer cumplir los decretos respectivos, ii) Derecho a reglamentar o regular la actividad, iii) Derecho a caducar la concesión de acuerdo con las condiciones legales, en caso de incumplimiento del concesionario. d) Obligaciones para el Estado: Otorgar los medios necesarios para la ejecución de las obras, como son las concesiones y servidumbres, es decir, amparar al particular titular del servicio público concedido. Ahora bien, el Estado debe cumplir estas obligaciones, entre otras, de acuerdo con las normas de Derecho Público que las rigen. Principalmente, de dos formas: i) Coordinadamente entre los distintos órganos del Estado que intervienen y, como reza el artículo 5° inciso segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, propendiendo a la unidad de la acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, ii) Con agilidad y expedición. Tal como señala el artículo 8º inciso segundo, los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que los que establezcan las leyes y reglamentos. Del incumplimiento de tales principios

d) Obligaciones para el Estado: Otorgar los medios necesarios para la ejecución de las obras, como son las concesiones y servidumbres, es decir, amparar al particular titular del servicio público concedido. Ahora bien, el Estado debe cumplir estas obligaciones, entre otras, de acuerdo con las normas de Derecho Público que las rigen. Principalmente, de dos formas: i) Coordinadamente entre los distintos órganos del Estado que intervienen y, como reza el artículo 5° inciso segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, propendiendo a la unidad de la acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, ii) Con agilidad y expedición. Tal como señala el artículo 8º inciso segundo, los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que los que establezcan las leyes y reglamentos. Del incumplimiento de tales principios c) Derechos del Estado: i) Fiscalizar y sancionar o hacer cumplir los decretos respectivos, ii) Derecho a reglamentar o regular la actividad, iii) Derecho a caducar la concesión de acuerdo con las condiciones legales, en caso de incumplimiento del concesionario. b) Derechos para la empresa: i) Cobrar y percibir la tarifa respectiva, una vez que la obra se ha puesto en servicio, debiendo recuperar el 100% del AVI más COMA, porque es la expresión material del derecho a obtener una utilidad razonable por el principio del equilibrio ¿nanciero, ii) Derecho a solicitar amparo a la autoridad para ejercer el servicio público concedido. En otras palabras, es el derecho a obtener los medios que sólo el Estado está facultado a otorgar para la ejecución de las obras y la posterior prestación del servicio. Por ejemplo: las concesiones eléctricas y los permisos ambientales. Si bien, no existe una obligación explícita en la ley para el Estado de otorgar la concesión, sea que la concesión se estime como un acto unilateral del Estado o bien a un contrato administrativo de derecho público, no puede menos que entenderse implícito en la obligación de ejecutar la obra, que el Estado otorgará aquellos permisos indispensables para ejecutarlos, ya que de otro modo, sus obligaciones serán imposibles de cumplir. Todo lo anterior, supuesto que el particular interesado ha cumplido en forma razonable con los procedimientos y requisitos para obtenerlos. En realidad, junto con dictarse el decreto de adjudicación el Estado no puede abandonar al obligado sin la necesaria contrapartida para facilitar la obtención de los permisos públicos respectivos. De otra manera, estaríamos frente a una obligación que tiene un objeto ilícito o imposible de cumplir. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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FERNANDO ABARA ELÍAS

De allí que el inciso primero del artículo 42 de la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de Administración del Estado, señala que “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio”. No existe servicio o más bien existe falta de servicio del Estado cuando éste debe otorgar una licencia o un título concesional dentro de cierto plazo establecido en la ley y éste no se da por causas atribuibles al órgano público. Es así como el artículo 27 de la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, explícitamente señala que salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión ¿nal. Nótese que señala hasta que se emita la decisión ¿nal, es decir, positiva o negativa para el administrado, pero decisión al ¿n. Este plazo de la Ley de Procedimientos Administrativos es consistente con el plazo que establece la Ley Eléctrica respecto a que la SEC debe pronunciarse sobre la solicitud de concesión eléctrica dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud de concesión, como lo indican los artículos 45 y 46 de la Ley Eléctrica y el artículo 29 del Reglamento respectivo, contenido en el D.S. Nº 327.

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En efecto, el Estado se ha desprendido de una función pública que naturalmente le corresponde y la ha delegado en los particulares, en este caso, en las empresas de transmisión. Pues bien, típicamente lo que ha existido es la ¿scalización, pero no la indispensable cooperación para que funcione este esquema público-privado de realización de una función pública mediante un servicio público concedido.

fundamentales, generalmente surge la responsabilidad del Estado por falta de servicio.

En primer lugar ha de tenerse presente que la actividad de transmisión por sistemas Troncales y de Subtransmisión constituye un servicio público y como tal no sólo cabe la ¿scalización del Estado, sino que supone en la base la cooperación del Estado para el cumplimiento de tales servicios.

3. DE LA FALTA DE SERVICIO DEL ESTADO Y CÓMO ELLA SE MANIFIESTA EN LOS

ESTADO Y CÓMO ELLA SE MANIFIESTA EN LOS TRÁMITES PROPIOS DE ESTE TIPO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN

TRÁMITES PROPIOS DE ESTE TIPO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN

3. DE LA FALTA DE SERVICIO DEL

En primer lugar ha de tenerse presente que la actividad de transmisión por sistemas Troncales y de Subtransmisión constituye un servicio público y como tal no sólo cabe la ¿scalización del Estado, sino que supone en la base la cooperación del Estado para el cumplimiento de tales servicios.

fundamentales, generalmente surge la responsabilidad del Estado por falta de servicio.

En efecto, el Estado se ha desprendido de una función pública que naturalmente le corresponde y la ha delegado en los particulares, en este caso, en las empresas de transmisión. Pues bien, típicamente lo que ha existido es la ¿scalización, pero no la indispensable cooperación para que funcione este esquema público-privado de realización de una función pública mediante un servicio público concedido.

FERNANDO ABARA ELÍAS

De allí que el inciso primero del artículo 42 de la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de Administración del Estado, señala que “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio”. No existe servicio o más bien existe falta de servicio del Estado cuando éste debe otorgar una licencia o un título concesional dentro de cierto plazo establecido en la ley y éste no se da por causas atribuibles al órgano público. Es así como el artículo 27 de la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, explícitamente señala que salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión ¿nal. Nótese que señala hasta que se emita la decisión ¿nal, es decir, positiva o negativa para el administrado, pero decisión al ¿n. Este plazo de la Ley de Procedimientos Administrativos es consistente con el plazo que establece la Ley Eléctrica respecto a que la SEC debe pronunciarse sobre la solicitud de concesión eléctrica dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud de concesión, como lo indican los artículos 45 y 46 de la Ley Eléctrica y el artículo 29 del Reglamento respectivo, contenido en el D.S. Nº 327.

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Efectivamente, el Estado debe reparar a los particulares los daños sufridos a consecuencia de su falta de servicio, debido a que el aparato estatal ha funcionado en forma defectuosa por acción u omisión. Debemos recordar aquí que la Administración, por su propia vocación de servicio, debe desarrollar una actitud activa a ¿n de dar cumplimiento al artículo 1º de la Constitución Política de la República, ya que el Estado está al servicio de la persona humana y de los grupos intermedios, como son las organizaciones empresariales y no al revés. Si la Autoridad administrativa no actúa o lo hace con evidente atraso en perjuicio de la empresa privada, estará obligada a reparar los daños causados. Por ello es que el artículo 38 de la Constitución expresa que “Cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley…”. Adicionalmente, en concordancia con el señalado artículo de la Carta Fundamental, el artículo 4º de la Ley Nº 18.575, ya citada, señala que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. Ahora bien, cabe preguntarse ¿cómo se mani¿esta o puede manifestarse esta falta de servicio en los casos de proyectos de transmisión regulados por el Estado? 1. Coordinación insu¿ciente. Cuando no existe la necesaria coordinación entre el ministerio respectivo (antes Ministerio de Economía) y SEC para el proceso de obtención de la concesión eléctrica que permite imponer servidumbres a los propietarios de predios privados, en el evento que no se pueda llegar a un acuerdo directo sobre el gravamen y el monto de la indemnización, se producen atrasos que impactan severamente los proyectos en cuanto a costo y tiempos de puesta en servicio. 2. Falta de noti¿cación a los afectados. De acuerdo con el artículo 27 de la LGSE los planos especiales de servidumbres DEBEN ser puestos en conocimiento (noti¿cados) por la SEC a los propietarios afectados. Ello no ocurre normalmente y, por el contrario, es la propia empresa la que hace uso de la certi¿cación notarial para AGILIZAR el proceso de noti¿cación cuya

2. Falta de noti¿cación a los afectados. De acuerdo con el artículo 27 de la LGSE los planos especiales de servidumbres DEBEN ser puestos en conocimiento (noti¿cados) por la SEC a los propietarios afectados. Ello no ocurre normalmente y, por el contrario, es la propia empresa la que hace uso de la certi¿cación notarial para AGILIZAR el proceso de noti¿cación cuya 1. Coordinación insu¿ciente. Cuando no existe la necesaria coordinación entre el ministerio respectivo (antes Ministerio de Economía) y SEC para el proceso de obtención de la concesión eléctrica que permite imponer servidumbres a los propietarios de predios privados, en el evento que no se pueda llegar a un acuerdo directo sobre el gravamen y el monto de la indemnización, se producen atrasos que impactan severamente los proyectos en cuanto a costo y tiempos de puesta en servicio. Ahora bien, cabe preguntarse ¿cómo se mani¿esta o puede manifestarse esta falta de servicio en los casos de proyectos de transmisión regulados por el Estado? Si la Autoridad administrativa no actúa o lo hace con evidente atraso en perjuicio de la empresa privada, estará obligada a reparar los daños causados. Por ello es que el artículo 38 de la Constitución expresa que “Cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley…”. Adicionalmente, en concordancia con el señalado artículo de la Carta Fundamental, el artículo 4º de la Ley Nº 18.575, ya citada, señala que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. Efectivamente, el Estado debe reparar a los particulares los daños sufridos a consecuencia de su falta de servicio, debido a que el aparato estatal ha funcionado en forma defectuosa por acción u omisión. Debemos recordar aquí que la Administración, por su propia vocación de servicio, debe desarrollar una actitud activa a ¿n de dar cumplimiento al artículo 1º de la Constitución Política de la República, ya que el Estado está al servicio de la persona humana y de los grupos intermedios, como son las organizaciones empresariales y no al revés. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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Básicamente el hecho que puede dar lugar a responsabilidad de la empresa es el poner en servicio la obra respectiva fuera de los plazos establecidos en el decreto respectivo. No poner en servicio la obra puede ser de responsabilidad de la empresa o de un tercero, ente privado o público, o incluso puede concurrir en la especie alguna causal que pueda eximir de tal responsabilidad a la empresa o al tercero. Lo anterior puede darse por caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito como el terremoto o una fuerza mayor como sería que la autoridad no otorgase el permiso ambiental a tiempo o no otorgase la concesión respectiva en tiempos adecuados.

carga le corresponde al Estado, pero que el particular en la mayoría de los casos realiza para contribuir con la Administración en el cumplimiento de su cometido, pero en ningún caso la sustituye.

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

3. No cumplimiento del plazo para entregar la concesión o aprobar un permiso. Lo anterior en violación a las normas especí¿cas ya señaladas que le imponen plazos en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la Ley Eléctrica así como al principio de la agilización y celeridad consagrado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Es el caso de las aprobaciones ambientales y el caso de la solicitud de concesión. Un atraso en el otorgamiento de tales permisos por parte de Estado que afecta al proyecto que el propio Estado encarga o licita, no puede ser atribuible a responsabilidad del particular sino del propio Estado y, por lo tanto, es claramente un hecho del príncipe o el llamado caso fortuito o fuerza mayor, como lo asimila nuestra legislación e incluso daría lugar a las indemnizaciones de perjuicios, tal como ocurre en las licitaciones que llama el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas.

4. DE LA FORMA EN QUE SE CONFIGURA LA FUERZA MAYOR PARA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA EN LA

4. Rechazo infundado de extensiones de plazos. Otro caso que da lugar a la responsabilidad del Estado por falta de servicio cuando no se pronuncia o se pronuncia tardíamente de una solicitud de la empresa privada que participa en un proyecto de carácter público. También se da el caso cuando se pronuncia negativamente respecto de una ampliación de plazo, pero sin justi¿cación racional o de modo arbitrario.

4. Rechazo infundado de extensiones de plazos. Otro caso que da lugar a la responsabilidad del Estado por falta de servicio cuando no se pronuncia o se pronuncia tardíamente de una solicitud de la empresa privada que participa en un proyecto de carácter público. También se da el caso cuando se pronuncia negativamente respecto de una ampliación de plazo, pero sin justi¿cación racional o de modo arbitrario.

4. DE LA FORMA EN QUE SE CONFIGURA LA FUERZA

3. No cumplimiento del plazo para entregar la concesión o aprobar un permiso. Lo anterior en violación a las normas especí¿cas ya señaladas que le imponen plazos en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la Ley Eléctrica así como al principio de la agilización y celeridad consagrado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Es el caso de las aprobaciones ambientales y el caso de la solicitud de concesión. Un atraso en el otorgamiento de tales permisos por parte de Estado que afecta al proyecto que el propio Estado encarga o licita, no puede ser atribuible a responsabilidad del particular sino del propio Estado y, por lo tanto, es claramente un hecho del príncipe o el llamado caso fortuito o fuerza mayor, como lo asimila nuestra legislación e incluso daría lugar a las indemnizaciones de perjuicios, tal como ocurre en las licitaciones que llama el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas.

MAYOR PARA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA EN LA

carga le corresponde al Estado, pero que el particular en la mayoría de los casos realiza para contribuir con la Administración en el cumplimiento de su cometido, pero en ningún caso la sustituye.

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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Básicamente el hecho que puede dar lugar a responsabilidad de la empresa es el poner en servicio la obra respectiva fuera de los plazos establecidos en el decreto respectivo. No poner en servicio la obra puede ser de responsabilidad de la empresa o de un tercero, ente privado o público, o incluso puede concurrir en la especie alguna causal que pueda eximir de tal responsabilidad a la empresa o al tercero. Lo anterior puede darse por caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito como el terremoto o una fuerza mayor como sería que la autoridad no otorgase el permiso ambiental a tiempo o no otorgase la concesión respectiva en tiempos adecuados.

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Cierto es que la concesión no es requisito legal para el desarrollo de una obra de transmisión, pero no es menos cierto que es materialmente imposible ejecutarla sin contar con ella, desde que el derecho de propiedad de muchos terceros está involucrado. La historia de los proyectos de transmisión demuestra que un decreto de concesión se obtiene en promedio luego de 2,5 años de tramitación ante la SEC, Ministerio de Energía (antes Economía) y Contraloría. Luego viene el proceso de designación de la comisión de hombres buenos, el informe de tasación de los predios, la toma de posesión material a través de los tribunales competentes, etc. El tiempo que demoran los trámites posteriores a la publicación del Decreto de Concesión es variable, dependiendo del número de propietarios con quienes no se llegó a un acuerdo voluntario, pero nunca es inferior a 6 meses, con lo cual tenemos un tiempo aproximado de tramitación de 3 años, es decir, unos 36 meses. El mayor cuello de botella en el proceso de obtención de las concesiones es el trámite de las noti¿caciones a los propietarios afectados por el paso de la línea. De acuerdo con la ley este trámite le corresponde al Estado a través de la Superintendencia. No obstante, también la ley da la posibilidad de agilizar el trámite a través de noti¿caciones que el propio interesado puede hacer a través de notario público o tribunales. Pues bien, normalmente, las empresas han utilizado el camino de la agilización, pero ello no obsta la responsabilidad y obligación que la ley le impone el Estado para lograr tal noti¿cación a través de la SEC, utilizando la Intendencia, Gobernación, Carabineros, etc., tal como reza el artículo 27 de la Ley Eléctrica. Hay que reiterar que el Estado tiene un plazo de 6 meses desde que se presenta la solicitud de concesión para pronunciarse sobre el fondo de ella, en conformidad con el artículo 29 de la Ley Eléctrica y artículos 45 y 46 del Reglamento. Adicionalmente, 20 días antes de ese plazo, la SEC debe emitir su informe técnico para la dictación del decreto, como lo indica la reglamentación vigente. Es cierto que en el trámite también hay tareas que debe cumplir el interesado, y que si no lo hace o lo hace mal, devienen atrasos en el otorgamiento de la concesión, como sería el caso que hubiera una mala identi¿cación de los propietarios afectados por la línea debido a una mala ingeniería, que es

Es cierto que en el trámite también hay tareas que debe cumplir el interesado, y que si no lo hace o lo hace mal, devienen atrasos en el otorgamiento de la concesión, como sería el caso que hubiera una mala identi¿cación de los propietarios afectados por la línea debido a una mala ingeniería, que es Hay que reiterar que el Estado tiene un plazo de 6 meses desde que se presenta la solicitud de concesión para pronunciarse sobre el fondo de ella, en conformidad con el artículo 29 de la Ley Eléctrica y artículos 45 y 46 del Reglamento. Adicionalmente, 20 días antes de ese plazo, la SEC debe emitir su informe técnico para la dictación del decreto, como lo indica la reglamentación vigente. El mayor cuello de botella en el proceso de obtención de las concesiones es el trámite de las noti¿caciones a los propietarios afectados por el paso de la línea. De acuerdo con la ley este trámite le corresponde al Estado a través de la Superintendencia. No obstante, también la ley da la posibilidad de agilizar el trámite a través de noti¿caciones que el propio interesado puede hacer a través de notario público o tribunales. Pues bien, normalmente, las empresas han utilizado el camino de la agilización, pero ello no obsta la responsabilidad y obligación que la ley le impone el Estado para lograr tal noti¿cación a través de la SEC, utilizando la Intendencia, Gobernación, Carabineros, etc., tal como reza el artículo 27 de la Ley Eléctrica. La historia de los proyectos de transmisión demuestra que un decreto de concesión se obtiene en promedio luego de 2,5 años de tramitación ante la SEC, Ministerio de Energía (antes Economía) y Contraloría. Luego viene el proceso de designación de la comisión de hombres buenos, el informe de tasación de los predios, la toma de posesión material a través de los tribunales competentes, etc. El tiempo que demoran los trámites posteriores a la publicación del Decreto de Concesión es variable, dependiendo del número de propietarios con quienes no se llegó a un acuerdo voluntario, pero nunca es inferior a 6 meses, con lo cual tenemos un tiempo aproximado de tramitación de 3 años, es decir, unos 36 meses. Cierto es que la concesión no es requisito legal para el desarrollo de una obra de transmisión, pero no es menos cierto que es materialmente imposible ejecutarla sin contar con ella, desde que el derecho de propiedad de muchos terceros está involucrado. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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En otras palabras, este derecho de propiedad es, ante el ordenamiento jurídico y en la práctica, una barrera de tal magnitud que hace imposible construir líneas de transmisión. Lo único que legalmente lo hace posible es precisamente el decreto de concesión.

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El derecho de propiedad para efectos de estos proyectos opera como una verdadera barrera de entrada al negocio de transmisión, debido a que en la práctica sin este mecanismo de imposición de servidumbres en la mano es imposible acceder a los predios, sin violar el derecho de propiedad. En efecto, el derecho de propiedad garantizado en la Constitución Política de la República comprende toda clase de bienes, corporales e incorporales, por lo que frente a la negativa de un dueño simplemente no se puede ejecutar la obra. De allí que no puede concebirse una obra de este tipo si el Estado no otorga la concesión o la retrasa en forma injusti¿cada e indebida. Adicionalmente, constituye una barrera ¿nanciera a los proyectos debido al alto costo que se debe pagar cuando no hay una concesión otorgada. De hecho, este mayor costo, incrementado arti¿cialmente ya que no corresponde a valores de mercado, impactará la tarifa ya que esos mayores costos serán reconocidos por la regulación.

una etapa necesaria y previa a la presentación de la solicitud de concesión, ya que, entre otros, la empresa interesada debe acompañar el plano general, los planos especiales de noti¿cación y el listado de propietarios que se afectarán con el paso de la línea. Sin embargo, muchas veces las precisiones deben hacerse una vez que se puede ingresar efectivamente a los predios, lo que se puede hacer sólo con una concesión aunque sea provisional, lo que disminuiría, pero no eliminaría, la posibilidad de una recti¿cación de la solicitud de concesión. Una forma de mejorar la calidad de los antecedentes entregados a SEC en la solicitud de concesión, es contar con una concesión provisional previa, lo que permitiría tener mayor exactitud en los datos entregados. Sin embargo, esta vía es muy poco usada, ya que los requisitos y el tiempo que demanda el procedimiento para obtener la concesión provisional son muy parecidos y tan exigentes como los de la concesión de¿nitiva, lo que en la práctica lo hace poco atractivo. Una vía rápida para obtener una concesión provisional que permita hacer estudio en el terreno sin generar derechos permanentes para el solicitante, sería de gran ayuda para mejorar la calidad de la información que se le entrega a la SEC, lo que redundaría en un proceso más e¿ciente.

una etapa necesaria y previa a la presentación de la solicitud de concesión, ya que, entre otros, la empresa interesada debe acompañar el plano general, los planos especiales de noti¿cación y el listado de propietarios que se afectarán con el paso de la línea. Sin embargo, muchas veces las precisiones deben hacerse una vez que se puede ingresar efectivamente a los predios, lo que se puede hacer sólo con una concesión aunque sea provisional, lo que disminuiría, pero no eliminaría, la posibilidad de una recti¿cación de la solicitud de concesión. Una forma de mejorar la calidad de los antecedentes entregados a SEC en la solicitud de concesión, es contar con una concesión provisional previa, lo que permitiría tener mayor exactitud en los datos entregados. Sin embargo, esta vía es muy poco usada, ya que los requisitos y el tiempo que demanda el procedimiento para obtener la concesión provisional son muy parecidos y tan exigentes como los de la concesión de¿nitiva, lo que en la práctica lo hace poco atractivo. Una vía rápida para obtener una concesión provisional que permita hacer estudio en el terreno sin generar derechos permanentes para el solicitante, sería de gran ayuda para mejorar la calidad de la información que se le entrega a la SEC, lo que redundaría en un proceso más e¿ciente.

El derecho de propiedad para efectos de estos proyectos opera como una verdadera barrera de entrada al negocio de transmisión, debido a que en la práctica sin este mecanismo de imposición de servidumbres en la mano es imposible acceder a los predios, sin violar el derecho de propiedad. En efecto, el derecho de propiedad garantizado en la Constitución Política de la República comprende toda clase de bienes, corporales e incorporales, por lo que frente a la negativa de un dueño simplemente no se puede ejecutar la obra. De allí que no puede concebirse una obra de este tipo si el Estado no otorga la concesión o la retrasa en forma injusti¿cada e indebida. Adicionalmente, constituye una barrera ¿nanciera a los proyectos debido al alto costo que se debe pagar cuando no hay una concesión otorgada. De hecho, este mayor costo, incrementado arti¿cialmente ya que no corresponde a valores de mercado, impactará la tarifa ya que esos mayores costos serán reconocidos por la regulación.

FERNANDO ABARA ELÍAS

En otras palabras, este derecho de propiedad es, ante el ordenamiento jurídico y en la práctica, una barrera de tal magnitud que hace imposible construir líneas de transmisión. Lo único que legalmente lo hace posible es precisamente el decreto de concesión.

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Sin embargo, es un hecho público, notorio y demostrable que un decreto de concesión demora un total de 3 años para hacer efectiva la entrada a los predios, cuando no existe un acuerdo voluntario para ello con los dueños de las heredades. Así, por ejemplo, podemos señalar que en el caso de la Obra Nueva “Tendido segundo circuito de 220 kV tramo El Rodeo-Chena”, se ingresó la solicitud de concesión el 16 de octubre de 2006 y se culminó con el proceso de toma de posesión material el 9 de septiembre de 2009. Es decir, desde la solicitud de concesión hasta la toma de posesión material pasaron casi 36 meses. El plazo establecido en el Decreto de Adjudicación de esta obra fue de 30 meses. Es decir, se trató de un plazo imposible de cumplir, por las razones ya señaladas. Como conclusión, se puede establecer que en promedio el trámite en su conjunto toma efectivamente unos 36 meses. Por lo tanto, esta situación debe tenerse presente a la hora de establecer los plazos de ejecución de las obras en los decretos respectivos. Creemos que cuando se trata de obras que el propio Estado adjudica a través de decretos supremos, es el propio Estado el que debe facilitar los medios para que dichas obras se ejecuten en lo que respecta a los permisos y concesión. Por lo tanto, considerando lo expuesto debe entenderse que se con¿gura la causal que exime de responsabilidad y que, por lo tanto, no cabe la imposición de sanciones. Cuando una empresa privada, como en el hecho ha ocurrido, le solicita a la autoridad extensiones de plazos o bien que cali¿que ciertos hechos como caso fortuito o fuerza mayor, se ha esgrimido por algunos que otorgar dichas extensiones podría signi¿car romper con el principio de igualdad de los licitantes, lo que no es efectivo ya que a cualquier empresa que se hubiere adjudicado tales obras habría debido aplicársele el mismo tratamiento por tratarse de un hecho imprevisto, lo que permitiría mantener el equilibrio de las partes. Dicho equilibrio dice relación con la conmutatividad de las prestaciones y con el necesario equilibrio ¿nanciero que debe existir entre derechos y obligaciones, entre expectativas de ganancias, por una parte, y riesgos y castigos, por la otra.

Cuando una empresa privada, como en el hecho ha ocurrido, le solicita a la autoridad extensiones de plazos o bien que cali¿que ciertos hechos como caso fortuito o fuerza mayor, se ha esgrimido por algunos que otorgar dichas extensiones podría signi¿car romper con el principio de igualdad de los licitantes, lo que no es efectivo ya que a cualquier empresa que se hubiere adjudicado tales obras habría debido aplicársele el mismo tratamiento por tratarse de un hecho imprevisto, lo que permitiría mantener el equilibrio de las partes. Dicho equilibrio dice relación con la conmutatividad de las prestaciones y con el necesario equilibrio ¿nanciero que debe existir entre derechos y obligaciones, entre expectativas de ganancias, por una parte, y riesgos y castigos, por la otra. Por lo tanto, considerando lo expuesto debe entenderse que se con¿gura la causal que exime de responsabilidad y que, por lo tanto, no cabe la imposición de sanciones. Creemos que cuando se trata de obras que el propio Estado adjudica a través de decretos supremos, es el propio Estado el que debe facilitar los medios para que dichas obras se ejecuten en lo que respecta a los permisos y concesión. Como conclusión, se puede establecer que en promedio el trámite en su conjunto toma efectivamente unos 36 meses. Por lo tanto, esta situación debe tenerse presente a la hora de establecer los plazos de ejecución de las obras en los decretos respectivos. Es decir, desde la solicitud de concesión hasta la toma de posesión material pasaron casi 36 meses. El plazo establecido en el Decreto de Adjudicación de esta obra fue de 30 meses. Es decir, se trató de un plazo imposible de cumplir, por las razones ya señaladas. Sin embargo, es un hecho público, notorio y demostrable que un decreto de concesión demora un total de 3 años para hacer efectiva la entrada a los predios, cuando no existe un acuerdo voluntario para ello con los dueños de las heredades. Así, por ejemplo, podemos señalar que en el caso de la Obra Nueva “Tendido segundo circuito de 220 kV tramo El Rodeo-Chena”, se ingresó la solicitud de concesión el 16 de octubre de 2006 y se culminó con el proceso de toma de posesión material el 9 de septiembre de 2009. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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5. RESUMEN

Por ello, con una mirada positiva, a continuación se proponen algunos cambios indispensables. También, mencionamos las novedades que vienen en un proyecto de cambio del reglamento eléctrico. Adicionalmente, considerando

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El Estado mediante los decretos supremos respectivos impone a las empresas adjudicatarias de obras nuevas o de ampliación determinados plazos que: i) no conversan con la realidad y son imposibles de cumplir, ii) Su cumplimiento depende del otorgamiento de permisos y concesiones que el mismo Estado debe otorgar, iii) El Estado no los otorga dentro del plazo que la propia ley le asigna. Cuando el particular no cumple los plazos de puesta en servicio de las obras establecidos en los decretos, es también ese mismo Estado el que sanciona, cali¿cando si concurrió o no fuerza mayor en el caso particular. En especial, en el caso de la demora en el otorgamiento de la concesión eléctrica, el propio órgano responsable del procedimiento que culmina con el otorgamiento de la concesión, es el que debe cali¿car la conducta del solicitante, y otorga o deniega una solicitud de declarar que se trata de un caso de fuerza mayor.

Hemos señalado en diversas oportunidades, incluso en esta misma tribuna en jornadas anteriores, que no existió correspondencia entre la modi¿cación de la legislación eléctrica con la Ley Corta I, que le impuso a las empresas de transmisión diversas restricciones y nuevas obligaciones al declararlo servicio público, tales como: la obligación de invertir, la continuidad del servicio, la obligación de acceso abierto, entre otras, con la no modi¿cación del sistema de concesiones que quedó inalterado, sin cambios que le den contrapeso a estas obligaciones como sería la de otorgarle ciertas prerrogativas especiales para el cumplimiento de su cometido, en especial, para cumplir con las obligaciones derivadas de los decretos de expansión. Hoy estamos viendo las consecuencias perniciosas de no haberse percatado de su importancia. Todos los proyectos fuera de plazo, arriesgando millonarias multas debido a una falta de actuación del Estado al no dictar las normas que permitan cumplir con el cometido del Servicio Público que le impuso con la Ley Corta I, en el año 2004.

No se da la debida coordinación que debe existir en la actuación de los órganos que componen la Administración Pública, como lo señala la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. No se cumple con el principio de la celeridad y otros de la Ley Administrativa.

No se da la debida coordinación que debe existir en la actuación de los órganos que componen la Administración Pública, como lo señala la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. No se cumple con el principio de la celeridad y otros de la Ley Administrativa.

Hemos señalado en diversas oportunidades, incluso en esta misma tribuna en jornadas anteriores, que no existió correspondencia entre la modi¿cación de la legislación eléctrica con la Ley Corta I, que le impuso a las empresas de transmisión diversas restricciones y nuevas obligaciones al declararlo servicio público, tales como: la obligación de invertir, la continuidad del servicio, la obligación de acceso abierto, entre otras, con la no modi¿cación del sistema de concesiones que quedó inalterado, sin cambios que le den contrapeso a estas obligaciones como sería la de otorgarle ciertas prerrogativas especiales para el cumplimiento de su cometido, en especial, para cumplir con las obligaciones derivadas de los decretos de expansión. Hoy estamos viendo las consecuencias perniciosas de no haberse percatado de su importancia. Todos los proyectos fuera de plazo, arriesgando millonarias multas debido a una falta de actuación del Estado al no dictar las normas que permitan cumplir con el cometido del Servicio Público que le impuso con la Ley Corta I, en el año 2004.

El Estado mediante los decretos supremos respectivos impone a las empresas adjudicatarias de obras nuevas o de ampliación determinados plazos que: i) no conversan con la realidad y son imposibles de cumplir, ii) Su cumplimiento depende del otorgamiento de permisos y concesiones que el mismo Estado debe otorgar, iii) El Estado no los otorga dentro del plazo que la propia ley le asigna. Cuando el particular no cumple los plazos de puesta en servicio de las obras establecidos en los decretos, es también ese mismo Estado el que sanciona, cali¿cando si concurrió o no fuerza mayor en el caso particular. En especial, en el caso de la demora en el otorgamiento de la concesión eléctrica, el propio órgano responsable del procedimiento que culmina con el otorgamiento de la concesión, es el que debe cali¿car la conducta del solicitante, y otorga o deniega una solicitud de declarar que se trata de un caso de fuerza mayor. 5. RESUMEN 16

FERNANDO ABARA ELÍAS

Por ello, con una mirada positiva, a continuación se proponen algunos cambios indispensables. También, mencionamos las novedades que vienen en un proyecto de cambio del reglamento eléctrico. Adicionalmente, considerando

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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5) Eliminar la necesidad que la Comisión presente a la SEC y ésta apruebe el Plan de Visitas, basta que la Comisión señale que se le comunicó a los 4) Que la Comisión de Hombres Buenos sea designada de antemano para el proyecto respectivo, tan pronto se resuelva sobre la admisibilidad, sin necesidad de requerimiento alguno. Dicha Comisión sería activada en el momento que el peticionario así lo desee, después de haber practicado las noti¿caciones de los planos especiales de servidumbres. El informe respectivo de la Comisión sólo se haría efectivo una vez que se dicte el Decreto de Concesión, siempre que no existan cambios entre los planos noti¿cados, el predio afectado y los planos que se adjuntan al Decreto de Concesión. Para llevar adelante las funciones de la Comisión, se deberá noti¿car a los integrantes de la Comisión y la SEC en cualquier momento.

que después de la celebración de las Décimas Jornadas de Derecho Eléctrico, pero antes de terminarse este trabajo, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley que modi¿ca en varios aspectos el procedimiento para las concesiones eléctricas, que desde luego celebramos con entusiasmo, nos permitimos hacer algunas sugerencias que permitan profundizar las mejoras.

3) Que SEC inicie el estudio de los antecedentes antes o tan pronto va recibiendo los antecedentes, sin esperar que ellos estén completos.

1) Que en los casos de comunidades o personas que no se han podido ubicar según certi¿cación de ministro de fe, la noti¿cación se haga mediante la publicación de avisos en un diario de amplia circulación nacional por dos veces consecutivas, dejando constancia que los planos especiales de servidumbres se encuentran a disposición de los interesados en la SEC y en las o¿cinas del peticionario.

6. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE CONCESIONES ELÉCTRICAS

6.1. Propuestas conceptuales de mejoras

2) Si hay cambios en el listado de propietarios debido a razones técnicas que se veri¿can en terreno una vez que se ingresa a los predios, se noti¿que sólo a los propietarios faltantes. 1) Que en los casos de comunidades o personas que no se han podido ubicar según certi¿cación de ministro de fe, la noti¿cación se haga mediante la publicación de avisos en un diario de amplia circulación nacional por dos veces consecutivas, dejando constancia que los planos especiales de servidumbres se encuentran a disposición de los interesados en la SEC y en las o¿cinas del peticionario.

2) Si hay cambios en el listado de propietarios debido a razones técnicas que se veri¿can en terreno una vez que se ingresa a los predios, se noti¿que sólo a los propietarios faltantes.

6.1. Propuestas conceptuales de mejoras

4) Que la Comisión de Hombres Buenos sea designada de antemano para el proyecto respectivo, tan pronto se resuelva sobre la admisibilidad, sin necesidad de requerimiento alguno. Dicha Comisión sería activada en el momento que el peticionario así lo desee, después de haber practicado las noti¿caciones de los planos especiales de servidumbres. El informe respectivo de la Comisión sólo se haría efectivo una vez que se dicte el Decreto de Concesión, siempre que no existan cambios entre los planos noti¿cados, el predio afectado y los planos que se adjuntan al Decreto de Concesión. Para llevar adelante las funciones de la Comisión, se deberá noti¿car a los integrantes de la Comisión y la SEC en cualquier momento.

3) Que SEC inicie el estudio de los antecedentes antes o tan pronto va recibiendo los antecedentes, sin esperar que ellos estén completos.

5) Eliminar la necesidad que la Comisión presente a la SEC y ésta apruebe el Plan de Visitas, basta que la Comisión señale que se le comunicó a los

EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE CONCESIONES ELÉCTRICAS

6. PROPUESTAS PARA MEJORAR que después de la celebración de las Décimas Jornadas de Derecho Eléctrico, pero antes de terminarse este trabajo, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley que modi¿ca en varios aspectos el procedimiento para las concesiones eléctricas, que desde luego celebramos con entusiasmo, nos permitimos hacer algunas sugerencias que permitan profundizar las mejoras. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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FERNANDO ABARA ELÍAS

11) Establecer que no será obstáculo para el otorgamiento de la concesión eléctrica la existencia de otros derechos sobre los predios, y que sólo cabe indemnizar a esos terceros (distintos del propietario) cuando se trate de proyectos reales en actual ejecución, cuyos derechos se estén efectivamente ejerciendo, sobre la base de daños actuales y efectivos, para evitar maniobras especulativas.

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10) Darle mayor agilidad a las concesiones provisionales, sin exigir que se presente un trazado exacto sino que se otorgue sobre la base de un área geográ¿ca, que permita cumplir con el objeto de esta clase de concesiones que consiste en poder hacer estudios y explorar la mejor ruta, sin afectar ni establecer derechos a favor del concesionario, pero entregando agilidad al proceso y facultando a la SEC otorgar el auxilio de la fuerza pública, en casos necesarios.

afectados la visita, que ella se efectuó y que se dio la opción de escuchar a los afectados.

9) Otorgar toma de posesión material al peticionario, sobre la base de la consignación en carácter de provisoria (quedando ella retenida en el tribunal) para permitir reclamaciones a la tasación de la Comisión de HHBB.

6) Que el informe de tasación señale el Estado del inmueble al momento de la tasación, en especial, acerca de la existencia de construcciones.

8) Aclarar a nivel legal que el procedimiento judicial tiene como único objeto la toma de posesión material del inmueble. Por lo tanto, habiéndose constatado por el juez la reducción a escritura pública del decreto de concesión, la tasación del inmueble y que el monto consignado corresponde a dicha tasación, incrementado en un 20% como señala la actual ley, debe éste dar la posesión material sin dar traslado ni cuestionar la validez del decreto o aceptar intervenciones del propietario afectado de ningún tipo, ya que se trata de un procedimiento voluntario y no contencioso, sin perjuicio de la facultad del propietario de reclamar por separado del monto de la indemnización.

7) El Informe de Tasación de la Comisión, debe noti¿carlo simultáneamente a la SEC y a los interesados, sin necesidad de autorización previa de la SEC, la que normalmente los remite a la empresa interesada.

7) El Informe de Tasación de la Comisión, debe noti¿carlo simultáneamente a la SEC y a los interesados, sin necesidad de autorización previa de la SEC, la que normalmente los remite a la empresa interesada.

8) Aclarar a nivel legal que el procedimiento judicial tiene como único objeto la toma de posesión material del inmueble. Por lo tanto, habiéndose constatado por el juez la reducción a escritura pública del decreto de concesión, la tasación del inmueble y que el monto consignado corresponde a dicha tasación, incrementado en un 20% como señala la actual ley, debe éste dar la posesión material sin dar traslado ni cuestionar la validez del decreto o aceptar intervenciones del propietario afectado de ningún tipo, ya que se trata de un procedimiento voluntario y no contencioso, sin perjuicio de la facultad del propietario de reclamar por separado del monto de la indemnización.

6) Que el informe de tasación señale el Estado del inmueble al momento de la tasación, en especial, acerca de la existencia de construcciones.

9) Otorgar toma de posesión material al peticionario, sobre la base de la consignación en carácter de provisoria (quedando ella retenida en el tribunal) para permitir reclamaciones a la tasación de la Comisión de HHBB.

afectados la visita, que ella se efectuó y que se dio la opción de escuchar a los afectados.

10) Darle mayor agilidad a las concesiones provisionales, sin exigir que se presente un trazado exacto sino que se otorgue sobre la base de un área geográ¿ca, que permita cumplir con el objeto de esta clase de concesiones que consiste en poder hacer estudios y explorar la mejor ruta, sin afectar ni establecer derechos a favor del concesionario, pero entregando agilidad al proceso y facultando a la SEC otorgar el auxilio de la fuerza pública, en casos necesarios.

FERNANDO ABARA ELÍAS

11) Establecer que no será obstáculo para el otorgamiento de la concesión eléctrica la existencia de otros derechos sobre los predios, y que sólo cabe indemnizar a esos terceros (distintos del propietario) cuando se trate de proyectos reales en actual ejecución, cuyos derechos se estén efectivamente ejerciendo, sobre la base de daños actuales y efectivos, para evitar maniobras especulativas.

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6.2. Propuestas de mejoras a nivel reglamentario que se están introduciendo en un proyecto en actual tramitación Otras modi¿caciones que vienen en el reglamento que se encuentra en trámite de toma de razón en Contraloría son: 1) Admisibilidad. Otorga al peticionario la facultad de corregir su solicitud y/o los antecedentes fundantes en forma previa a que se declare inadmisible, instancia que no existía en el antiguo reglamento (artículos 21 y 36). 2) Actuación inmediata de SEC. Se refuerza la idea de que SEC inicie el conocimiento de la solicitud de concesión desde que recepciona la copia presentada, sin esperar que le llegue el original desde el ministerio de Energía (artículo 30). 3) Elimina publicaciones. Se elimina la exigencia de publicar la solicitud de concesión por dos veces consecutivas en un diario de circulación nacional, manteniendo sólo la publicación en el Diario O¿cial (artículo 37). 4) Uso simultáneo de mecanismos de noti¿caciones. Se le reconoce al peticionario la facultad de tramitar las noti¿caciones por cualquiera de los medios establecidos por la ley, previo o¿cio de SEC. Se elimina secuencialidad en caso que fracase un medio de noti¿cación (artículo 38). Se adecua articulado a la ley eliminando requisito de ¿rma del afectado para validez de la noti¿cación notarial (artículo 39). El nuevo artículo se adapta a la ley teniendo por noti¿cados de la solicitud de servidumbre a aquellos afectados que hubieren formulado observaciones u oposiciones a los planos. En caso de noti¿caciones por avisos (comunidades principalmente) se obliga al peticionario a acompañar planos su¿cientes (artículo 40). 5) Se elimina la posibilidad de oposición desde la publicación en el Diario O¿cial. Se otorga mayor certeza al peticionario al establecer que los afectados sólo tienen un período de oposiciones de 30 días a contar de la noti¿cación de los planos, tal cual lo establece la ley en su artículo 27, eliminando de paso la instancia de oposición a contar de la publicación del Diario O¿cial (artículo 41).

5) Se elimina la posibilidad de oposición desde la publicación en el Diario O¿cial. Se otorga mayor certeza al peticionario al establecer que los afectados sólo tienen un período de oposiciones de 30 días a contar de la noti¿cación de los planos, tal cual lo establece la ley en su artículo 27, eliminando de paso la instancia de oposición a contar de la publicación del Diario O¿cial (artículo 41). El nuevo artículo se adapta a la ley teniendo por noti¿cados de la solicitud de servidumbre a aquellos afectados que hubieren formulado observaciones u oposiciones a los planos. En caso de noti¿caciones por avisos (comunidades principalmente) se obliga al peticionario a acompañar planos su¿cientes (artículo 40). Se adecua articulado a la ley eliminando requisito de ¿rma del afectado para validez de la noti¿cación notarial (artículo 39). 4) Uso simultáneo de mecanismos de noti¿caciones. Se le reconoce al peticionario la facultad de tramitar las noti¿caciones por cualquiera de los medios establecidos por la ley, previo o¿cio de SEC. Se elimina secuencialidad en caso que fracase un medio de noti¿cación (artículo 38). 3) Elimina publicaciones. Se elimina la exigencia de publicar la solicitud de concesión por dos veces consecutivas en un diario de circulación nacional, manteniendo sólo la publicación en el Diario O¿cial (artículo 37). 2) Actuación inmediata de SEC. Se refuerza la idea de que SEC inicie el conocimiento de la solicitud de concesión desde que recepciona la copia presentada, sin esperar que le llegue el original desde el ministerio de Energía (artículo 30). 1) Admisibilidad. Otorga al peticionario la facultad de corregir su solicitud y/o los antecedentes fundantes en forma previa a que se declare inadmisible, instancia que no existía en el antiguo reglamento (artículos 21 y 36). Otras modi¿caciones que vienen en el reglamento que se encuentra en trámite de toma de razón en Contraloría son: 6.2. Propuestas de mejoras a nivel reglamentario que se están introduciendo en un proyecto en actual tramitación DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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FERNANDO ABARA ELÍAS

El Mensaje reseña que se ha podido constatar que el trámite concesional presenta una serie de problemas que lo entraban innecesariamente, retrasando el otorgamiento de las concesiones, citando a modo ejemplar el procedimiento de noti¿caciones que ha devenido en un trámite particularmente difícil y engorroso, y las prácticas especulativas de terceros, perjudicando a los propietarios que de buena fe acuerdan la constitución de servidumbres.

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El Mensaje hace referencia, dentro de sus antecedentes, al carácter esencial que tienen las concesiones eléctricas para un adecuado desarrollo energético del país. Ciertamente, dicha a¿rmación no puede ser más precisa y cierta, pues éstas justi¿can la imposición de servidumbres forzosas, sin las cuales, como hemos dicho, no es posible la ejecución de proyectos de transmisión eléctrica.

6) Oposiciones fuera de plazo no se tramitarán. Las observaciones fuera del plazo no serán admitidas a tramitación.

6.3.1. Ideas matrices

7) Observaciones deben versar sólo sobre causales legales. Se refuerza en el inciso ¿nal que las observaciones sólo deben versar sobre causales legales (artículo 41).

6.3. Respecto del Proyecto de Ley ingresado al Congreso con el Mensaje N° 277-358. Boletín 7240-08

8) Modi¿caciones a la solicitud de concesión sólo se noti¿can a quienes se vean afectados por ella. Se establece que las modi¿caciones sólo deberán ser noti¿cadas a aquellos afectados por la misma (artículo 43).

9) Se validan las concesiones por tramo. Se establece como nuevas menciones especiales del decreto de concesión que la concesión de un tramo pasará a formar parte de la que se hubiese otorgado en primer término y que si por cualquier circunstancia alguno de los tramos no pudiere ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos ¿scales o particulares, deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que ¿je la Superintendencia (artículo 47).

9) Se validan las concesiones por tramo. Se establece como nuevas menciones especiales del decreto de concesión que la concesión de un tramo pasará a formar parte de la que se hubiese otorgado en primer término y que si por cualquier circunstancia alguno de los tramos no pudiere ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos ¿scales o particulares, deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que ¿je la Superintendencia (artículo 47).

8) Modi¿caciones a la solicitud de concesión sólo se noti¿can a quienes se vean afectados por ella. Se establece que las modi¿caciones sólo deberán ser noti¿cadas a aquellos afectados por la misma (artículo 43).

6.3. Respecto del Proyecto de Ley ingresado al Congreso con el Mensaje N° 277-358. Boletín 7240-08

7) Observaciones deben versar sólo sobre causales legales. Se refuerza en el inciso ¿nal que las observaciones sólo deben versar sobre causales legales (artículo 41).

6.3.1. Ideas matrices

6) Oposiciones fuera de plazo no se tramitarán. Las observaciones fuera del plazo no serán admitidas a tramitación.

El Mensaje hace referencia, dentro de sus antecedentes, al carácter esencial que tienen las concesiones eléctricas para un adecuado desarrollo energético del país. Ciertamente, dicha a¿rmación no puede ser más precisa y cierta, pues éstas justi¿can la imposición de servidumbres forzosas, sin las cuales, como hemos dicho, no es posible la ejecución de proyectos de transmisión eléctrica.

FERNANDO ABARA ELÍAS

El Mensaje reseña que se ha podido constatar que el trámite concesional presenta una serie de problemas que lo entraban innecesariamente, retrasando el otorgamiento de las concesiones, citando a modo ejemplar el procedimiento de noti¿caciones que ha devenido en un trámite particularmente difícil y engorroso, y las prácticas especulativas de terceros, perjudicando a los propietarios que de buena fe acuerdan la constitución de servidumbres.

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El Mensaje N° 277-358 (indistintamente el “mensaje” o el “proyecto”), por el cual se introducen mejoras al procedimiento concesional eléctrico, está recogiendo propuestas y sugerencias vertidas en el foro académico y gremial de la industria eléctrica en el transcurso de los últimos años. El proyecto de ley constituye un avance sustancial para mejorar el procedimiento concesional eléctrico, por lo que es motivo de satisfacción. No obstante, la actual realidad en la ejecución de los proyectos amerita cambios más profundos aún. En efecto, como se ha analizado en esta presentación, la expansión regulada del sistema de transmisión a través de obras nuevas y/o ampliaciones, siempre trae aparejados plazos acotados de ejecución y multas asociadas al retraso en la entrada en servicio de tales proyectos, así como eventualmente el pago de compensaciones a los generadores, las cuales no tienen límite legal, constituyéndose en un riesgo muy grande e imposible de asumir. Parte esencial en la ejecución de los proyectos de transmisión es la obtención de la concesión respectiva sin la cual no se puede asegurar un trazado para el paso de la línea eléctrica, ya que se trata de un título habilitante para la imposición de servidumbres prediales que se utiliza cuando no se logra un acuerdo directo y voluntario con los propietarios. Este instrumento permite dar cumplimiento al rol de servicio público que la ley hoy le atribuye a la actividad de transmisión troncal y de subtransmisión. A continuación, se hará una breve reseña de los principales cambios que trae aparejado este proyecto, para luego hacer algunas propuestas de mejora del procedimiento, para quedar en línea con las exigencias de los actuales proyectos y con el desarrollo del país que se desea alcanzar. De esta forma, esperamos que las omisiones detectadas en el proyecto sean objeto de la misma discusión, logrando el propósito del legislador, cual es adecuar el marco jurídico regulatorio aplicable al procedimiento concesional eléctrico. 6.3.2. Análisis de las principales modificaciones introducidas en el proyecto Las principales modi¿caciones que el Mensaje N° 277-358 propone incorporar a la Ley General de Servicios Eléctricos –a la cual deben en-

Las principales modi¿caciones que el Mensaje N° 277-358 propone incorporar a la Ley General de Servicios Eléctricos –a la cual deben en6.3.2. Análisis de las principales modificaciones introducidas en el proyecto De esta forma, esperamos que las omisiones detectadas en el proyecto sean objeto de la misma discusión, logrando el propósito del legislador, cual es adecuar el marco jurídico regulatorio aplicable al procedimiento concesional eléctrico. A continuación, se hará una breve reseña de los principales cambios que trae aparejado este proyecto, para luego hacer algunas propuestas de mejora del procedimiento, para quedar en línea con las exigencias de los actuales proyectos y con el desarrollo del país que se desea alcanzar. Parte esencial en la ejecución de los proyectos de transmisión es la obtención de la concesión respectiva sin la cual no se puede asegurar un trazado para el paso de la línea eléctrica, ya que se trata de un título habilitante para la imposición de servidumbres prediales que se utiliza cuando no se logra un acuerdo directo y voluntario con los propietarios. Este instrumento permite dar cumplimiento al rol de servicio público que la ley hoy le atribuye a la actividad de transmisión troncal y de subtransmisión. El proyecto de ley constituye un avance sustancial para mejorar el procedimiento concesional eléctrico, por lo que es motivo de satisfacción. No obstante, la actual realidad en la ejecución de los proyectos amerita cambios más profundos aún. En efecto, como se ha analizado en esta presentación, la expansión regulada del sistema de transmisión a través de obras nuevas y/o ampliaciones, siempre trae aparejados plazos acotados de ejecución y multas asociadas al retraso en la entrada en servicio de tales proyectos, así como eventualmente el pago de compensaciones a los generadores, las cuales no tienen límite legal, constituyéndose en un riesgo muy grande e imposible de asumir. El Mensaje N° 277-358 (indistintamente el “mensaje” o el “proyecto”), por el cual se introducen mejoras al procedimiento concesional eléctrico, está recogiendo propuestas y sugerencias vertidas en el foro académico y gremial de la industria eléctrica en el transcurso de los últimos años. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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FERNANDO ABARA ELÍAS

Para la concesión de¿nitiva se disminuye de 120 días contado desde la fecha de solicitud de la concesión a 15 días desde la fecha de recepción del informe de la SEC, la que a su vez tendrá 60 días para evacuar el informe.

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Para la concesión provisoria se disminuye de 90 días contado desde la publicación de la solicitud en el Diario O¿cial a 20 días contado desde el vencimiento del plazo para evacuar traslado de los reclamos por parte del solicitante, sea este plazo con o sin prórroga.

tenderse hechas todas las referencias en este esta parte del trabajo– son las siguientes:

d. Se ajusta el plazo de la SEC para la tramitación total de la concesión.

1. Plazos legales

Se reduce de 30 a 20 días, a contar de la fecha de noti¿cación del avalúo practicado por la comisión tasadora.

a. Se modi¿ca el plazo de los dueños de propiedades y otros interesados para presentar reclamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”).

c. Se modi¿ca el plazo para requerir la revisión de los montos indemnizatorios a la comisión tasadora.

En el caso de la concesión provisoria se mantiene el plazo de 30 días contado desde la publicación en el Diario O¿cial (“D.O.”), en el caso de la concesión de¿nitiva el plazo se reduce a 20 días contado desde la fecha de la noti¿cación de los planos.

Tanto para la concesión provisoria como para la de¿nitiva, se disminuye de 30 a 20 días, con una prórroga de adicional de 20 días, a requerimiento del solicitante.

b. Se modi¿ca el plazo del solicitante para evacuar el traslado a los reclamos.

b. Se modi¿ca el plazo del solicitante para evacuar el traslado a los reclamos.

Tanto para la concesión provisoria como para la de¿nitiva, se disminuye de 30 a 20 días, con una prórroga de adicional de 20 días, a requerimiento del solicitante.

En el caso de la concesión provisoria se mantiene el plazo de 30 días contado desde la publicación en el Diario O¿cial (“D.O.”), en el caso de la concesión de¿nitiva el plazo se reduce a 20 días contado desde la fecha de la noti¿cación de los planos.

c. Se modi¿ca el plazo para requerir la revisión de los montos indemnizatorios a la comisión tasadora.

a. Se modi¿ca el plazo de los dueños de propiedades y otros interesados para presentar reclamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”).

Se reduce de 30 a 20 días, a contar de la fecha de noti¿cación del avalúo practicado por la comisión tasadora.

1. Plazos legales

d. Se ajusta el plazo de la SEC para la tramitación total de la concesión.

tenderse hechas todas las referencias en este esta parte del trabajo– son las siguientes:

Para la concesión provisoria se disminuye de 90 días contado desde la publicación de la solicitud en el Diario O¿cial a 20 días contado desde el vencimiento del plazo para evacuar traslado de los reclamos por parte del solicitante, sea este plazo con o sin prórroga.

FERNANDO ABARA ELÍAS

Para la concesión de¿nitiva se disminuye de 120 días contado desde la fecha de solicitud de la concesión a 15 días desde la fecha de recepción del informe de la SEC, la que a su vez tendrá 60 días para evacuar el informe.

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e. Se disminuye el plazo para reducir a escritura pública el decreto de otorgamiento de la concesión de¿nitiva de 30 a 15 días, desde su publicación en el D.O. f. Se faculta a la SEC para hacer los traslados de los reclamos y recibir las respuestas en formatos tipo, esto es, en el formato que determine la SEC. 2. Modalidades de noti¿cación Se faculta a los solicitantes para optar por la alternativa de noti¿cación desde el principio del procedimiento. Como contrapartida se exige al concesionario poder probar el hecho de haber efectuado la noti¿cación a la SEC. Además, agotadas las vías de noti¿cación, la SEC (autorización administrativa) podrá autorizar la noti¿cación por aviso, esto es, dos avisos en el D.O., un diario de circulación nacional y un periódico del lugar en que se ubica la propiedad afectada por la concesión, además de tres avisos en una radioemisora local. 3. Procedimiento de tasación Se modi¿ca el procedimiento de tasación de los inmuebles afectados a servidumbres en virtud de la concesión eléctrica. Se cambia el nombre de la Comisión de Hombres Buenos a “Comisión Tasadora”, las que podrán ser más de una. Se establecen sanciones pecuniarias –10 Unidades Tributarias Mensuales por cada miembro de la comisión– en caso de que la Comisión Tasadora no evacue su informe dentro de plazo, esto es, transcurridos 20 días desde la última visita a terreno, según el programa aprobado por la SEC. Además de la sanción de no poder integrar una nueva comisión al año siguiente de la multa, y la posibilidad del solicitante para requerir la integración de una nueva Comisión Tasadora. 4. Posesión material Se simpli¿ca el procedimiento para solicitar al Juez de Letras la concesión de la propiedad material, una vez pagada la indemnización ¿jada por la Comisión Tasadora.

Se simpli¿ca el procedimiento para solicitar al Juez de Letras la concesión de la propiedad material, una vez pagada la indemnización ¿jada por la Comisión Tasadora. 4. Posesión material Se establecen sanciones pecuniarias –10 Unidades Tributarias Mensuales por cada miembro de la comisión– en caso de que la Comisión Tasadora no evacue su informe dentro de plazo, esto es, transcurridos 20 días desde la última visita a terreno, según el programa aprobado por la SEC. Además de la sanción de no poder integrar una nueva comisión al año siguiente de la multa, y la posibilidad del solicitante para requerir la integración de una nueva Comisión Tasadora. Se cambia el nombre de la Comisión de Hombres Buenos a “Comisión Tasadora”, las que podrán ser más de una. Se modi¿ca el procedimiento de tasación de los inmuebles afectados a servidumbres en virtud de la concesión eléctrica. 3. Procedimiento de tasación Además, agotadas las vías de noti¿cación, la SEC (autorización administrativa) podrá autorizar la noti¿cación por aviso, esto es, dos avisos en el D.O., un diario de circulación nacional y un periódico del lugar en que se ubica la propiedad afectada por la concesión, además de tres avisos en una radioemisora local. Se faculta a los solicitantes para optar por la alternativa de noti¿cación desde el principio del procedimiento. Como contrapartida se exige al concesionario poder probar el hecho de haber efectuado la noti¿cación a la SEC. 2. Modalidades de noti¿cación f. Se faculta a la SEC para hacer los traslados de los reclamos y recibir las respuestas en formatos tipo, esto es, en el formato que determine la SEC. e. Se disminuye el plazo para reducir a escritura pública el decreto de otorgamiento de la concesión de¿nitiva de 30 a 15 días, desde su publicación en el D.O. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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Se establece que no es necesario solicitar una nueva concesión provisional, en caso de prórroga cuando los predios afectados son los mismos.

6. Causales de oposición

- Errónea identi¿cación del predio o del afectado por la servidumbre Se precisan las causales de oposición a invocar por los afectados por el establecimiento de las concesiones:

Todo en referencia al actual artículo 54 (prohibiciones para constituir servidumbres).

- Que la franja de seguridad abarque terrenos no declarados en la solicitud de concesión.

- Que la franja de seguridad abarque terrenos no declarados en la solicitud de concesión.

Todo en referencia al actual artículo 54 (prohibiciones para constituir servidumbres).

- Errónea identi¿cación del predio o del afectado por la servidumbre

7. Prórroga de concesiones provisionales

Se precisan las causales de oposición a invocar por los afectados por el establecimiento de las concesiones:

7. Prórroga de concesiones provisionales

FERNANDO ABARA ELÍAS

1.1. Proponemos modi¿car el artículo 19, letra d), cuya redacción actual es:

Pagado el valor ¿jado por la Comisión Tasadora el concesionario podrá pedir inmediatamente la posesión material al Juez de Letras, solicitando la fuerza pública, todo lo anterior sin que eventuales reclamación posteriores impidan dicha toma de posesión.

1. Concesiones provisorias

5. Ficción para efectos de otras solicitudes

6.3.3. Propuestas de perfeccionamiento del proyecto legislativo

Se asimila el solicitante de una concesión eléctrica al concesionario, para efectos de iniciar el trámite de autorizaciones o permisos especiales, por ejemplo, aquellos de la Ley Nº 20.283 sobre Bosque Nativo.

De este modo el propósito transversal del Mensaje es facilitar el desarrollo más adecuado de los proyectos eléctricos eliminando obstáculos en el procedimiento de otorgamiento de las concesiones eléctricas.

6. Causales de oposición

Se establece que no es necesario solicitar una nueva concesión provisional, en caso de prórroga cuando los predios afectados son los mismos.

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Se asimila el solicitante de una concesión eléctrica al concesionario, para efectos de iniciar el trámite de autorizaciones o permisos especiales, por ejemplo, aquellos de la Ley Nº 20.283 sobre Bosque Nativo.

De este modo el propósito transversal del Mensaje es facilitar el desarrollo más adecuado de los proyectos eléctricos eliminando obstáculos en el procedimiento de otorgamiento de las concesiones eléctricas.

5. Ficción para efectos de otras solicitudes

6.3.3. Propuestas de perfeccionamiento del proyecto legislativo

Pagado el valor ¿jado por la Comisión Tasadora el concesionario podrá pedir inmediatamente la posesión material al Juez de Letras, solicitando la fuerza pública, todo lo anterior sin que eventuales reclamación posteriores impidan dicha toma de posesión.

1. Concesiones provisorias

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1.1. Proponemos modi¿car el artículo 19, letra d), cuya redacción actual es:

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“Artículo 19°.- La solicitud de concesión provisional deberá presentarse a la Superintendencia. En la solicitud se indicará: d) En el caso de líneas de transmisión y de distribución, su trazado y la ubicación de las subestaciones, con indicación de los caminos y calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán, y de las propiedades fiscales, municipales y particulares que sea necesario atravesar;”.

Por la siguiente letra d): “d) En el caso de líneas de transmisión y de distribución, una estimación de su trazado y ubicación de las subestaciones, con indicación del área que se estime necesario atravesar, indicándose, a modo meramente referencial, un listado de las propiedades fiscales, municipales y particulares incluidas en la referida área. Dicha área deberá identificarse mediante las coordenadas U.T.M. de cada uno de sus vértices;”.

Fundamento: El propósito de la concesión provisoria es realizar los estudios y trabajos para una potencial concesión de¿nitiva, de este modo, al indicarse un área y no un listado, se permite mayor Àexibilidad al peticionario, permitiéndole recopilar la información de los predios durante su ejercicio. 1.2. Proponemos agregar un nuevo artículo 19 bis: Nuevo artículo 19 bis: “Mientras se tramita la solicitud de concesión provisoria, la Superintendencia deberá autorizar al solicitante para hacer uso, desde luego, de la concesión provisoria solicitada, siempre que rinda caución suficiente para responder de las indemnizaciones a que pueda estar obligado. La caución será determinada por el Juez de Letras competente, del lugar en que estuviere situado el inmueble, de conformidad al procedimiento sumario. Si el inmueble estuviere situado en distintos territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de los jueces en cuya comuna o agrupación de comunas estuviere situado. La apelación se concederá en el solo efecto devolutivo”.

Fundamento: Estimamos que atendida la breve duración de la concesión provisoria y su objetivo, esta autorización, con la debida contrapartida de

Fundamento: Estimamos que atendida la breve duración de la concesión provisoria y su objetivo, esta autorización, con la debida contrapartida de La caución será determinada por el Juez de Letras competente, del lugar en que estuviere situado el inmueble, de conformidad al procedimiento sumario. Si el inmueble estuviere situado en distintos territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de los jueces en cuya comuna o agrupación de comunas estuviere situado. La apelación se concederá en el solo efecto devolutivo”. “Mientras se tramita la solicitud de concesión provisoria, la Superintendencia deberá autorizar al solicitante para hacer uso, desde luego, de la concesión provisoria solicitada, siempre que rinda caución suficiente para responder de las indemnizaciones a que pueda estar obligado.

Nuevo artículo 19 bis: 1.2. Proponemos agregar un nuevo artículo 19 bis: Fundamento: El propósito de la concesión provisoria es realizar los estudios y trabajos para una potencial concesión de¿nitiva, de este modo, al indicarse un área y no un listado, se permite mayor Àexibilidad al peticionario, permitiéndole recopilar la información de los predios durante su ejercicio. “d) En el caso de líneas de transmisión y de distribución, una estimación de su trazado y ubicación de las subestaciones, con indicación del área que se estime necesario atravesar, indicándose, a modo meramente referencial, un listado de las propiedades fiscales, municipales y particulares incluidas en la referida área. Dicha área deberá identificarse mediante las coordenadas U.T.M. de cada uno de sus vértices;”.

Por la siguiente letra d): d) En el caso de líneas de transmisión y de distribución, su trazado y la ubicación de las subestaciones, con indicación de los caminos y calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán, y de las propiedades fiscales, municipales y particulares que sea necesario atravesar;”. “Artículo 19°.- La solicitud de concesión provisional deberá presentarse a la Superintendencia. En la solicitud se indicará: DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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FERNANDO ABARA ELÍAS

Fundamento: Mediante esta redacción se precisa el alcance del concepto de interesado, evitando oposiciones de carácter dilatorio, interpuestas por personas que no cuentan con un vínculo real con el predio afectado.

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“Se entenderá por interesado, toda persona natural o jurídica que sin ser propietario del terreno ocupado o atravesado, tenga un interés patrimonial directo en el mismo a través de un vínculo jurídico que deberá acreditarse a la Superintendencia, mediante instrumentos públicos o privados, debidamente autorizados y/o protocolizados ante notario y otorgados con anterioridad a la solicitud de concesión eléctrica”.

una caución, constituye una forma efectiva de resguardar los derechos de ambas partes y agilizar la solicitud de una eventual concesión de¿nitiva que permita la conclusión del proyecto al solicitante.

Proponemos de¿nir el concepto, agregando el siguiente párrafo al ¿nal del inciso 2 del artículo 20, en los siguientes términos:

1.3. Proponemos agregar un nuevo artículo 34 bis, en los siguientes términos:

3. De¿nición del concepto interesado

“Una vez reducida a escritura pública la resolución que otorga una concesión provisoria, el concesionario podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública a la Superintendencia, para efectos de realizar los estudios y trabajos en el área concedida, quien no podrá rechazarla sin causa justificada”.

Proponemos mantener el plazo de 30 días, para las concesiones de¿nitivas, en concordancia con las concesiones provisorias en el artículo 23.

Fundamento: Esta facultad permite hacer más expedito los trabajos en el área concedida, evitando reducir –de hecho– el plazo de la concesión provisoria, en concordancia con la modi¿cación propuesta respecto de la letra d) del artículo 19, referida en el numeral 1 anterior.

2. Modi¿cación del plazo para reducir a escritura pública la resolución que concede la concesión provisoria

2. Modi¿cación del plazo para reducir a escritura pública la resolución que concede la concesión provisoria

Fundamento: Esta facultad permite hacer más expedito los trabajos en el área concedida, evitando reducir –de hecho– el plazo de la concesión provisoria, en concordancia con la modi¿cación propuesta respecto de la letra d) del artículo 19, referida en el numeral 1 anterior.

Proponemos mantener el plazo de 30 días, para las concesiones de¿nitivas, en concordancia con las concesiones provisorias en el artículo 23.

“Una vez reducida a escritura pública la resolución que otorga una concesión provisoria, el concesionario podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública a la Superintendencia, para efectos de realizar los estudios y trabajos en el área concedida, quien no podrá rechazarla sin causa justificada”.

3. De¿nición del concepto interesado

1.3. Proponemos agregar un nuevo artículo 34 bis, en los siguientes términos:

Proponemos de¿nir el concepto, agregando el siguiente párrafo al ¿nal del inciso 2 del artículo 20, en los siguientes términos:

una caución, constituye una forma efectiva de resguardar los derechos de ambas partes y agilizar la solicitud de una eventual concesión de¿nitiva que permita la conclusión del proyecto al solicitante.

“Se entenderá por interesado, toda persona natural o jurídica que sin ser propietario del terreno ocupado o atravesado, tenga un interés patrimonial directo en el mismo a través de un vínculo jurídico que deberá acreditarse a la Superintendencia, mediante instrumentos públicos o privados, debidamente autorizados y/o protocolizados ante notario y otorgados con anterioridad a la solicitud de concesión eléctrica”.

FERNANDO ABARA ELÍAS

Fundamento: Mediante esta redacción se precisa el alcance del concepto de interesado, evitando oposiciones de carácter dilatorio, interpuestas por personas que no cuentan con un vínculo real con el predio afectado.

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DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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4. Procedimiento de autorización administrativa de noti¿cación por avisos 4.1. Proponemos la siguiente modi¿cación al artículo 27 inciso 1 incorporado por el proyecto, cuya redacción es: “Los planos presentados que contemplen las servidumbres serán puestos por el solicitante, a su costa, en conocimiento de los dueños de las propiedades afectadas. La notificación podrá efectuarse por medio de certificación notarial, de la intendencia regional, de la gobernación provincial, de la municipalidad respectiva o del juzgado de letras competente, a elección del solicitante, de acuerdo al procedimiento que establezca la Superintendencia, el cual deberá asegurar la debida notificación. Cuando se trate de bienes fiscales, la Superintendencia lo comunicará directamente al Ministerio de Bienes Nacionales”.

Por la siguiente: “Los planos presentados que contemplen las servidumbres serán puestos por el solicitante, a su costa, en conocimiento de los dueños de las propiedades afectadas, y, en caso de no ser habido el dueño, a la persona que se encuentre habitando la propiedad, a quien se le informará por escrito de su obligación de comunicar al dueño del predio la circunstancia de la notificación de los planos y las alternativas o cursos de acción que tiene de conformidad a la ley. La notificación podrá efectuarse por medio de certificación notarial, de la intendencia regional, de la gobernación provincial, de la municipalidad respectiva o del juzgado de letras competente, a elección del solicitante, de acuerdo al procedimiento que establezca la Superintendencia, el cual deberá asegurar la debida notificación. Cuando se trate de bienes fiscales, la Superintendencia lo comunicará directamente al Ministerio de Bienes Nacionales”.

Fundamento: La posibilidad de noti¿car a quien habite el predio, esto es, a quien more o resida habitualmente en éste, en caso de no encontrarse al dueño, permite conjuntamente resguardar los intereses del propietario, quien recibirá una noti¿cación por escrito de la persona a quien encomendó la custodia de su bien raíz y los del solicitante, quien no verá entrabado el proceso concesional. 4.2. Asimismo, proponemos la siguiente modi¿cación al artículo 27 inciso 3 incorporado por el proyecto, cuya redacción es: “Si el solicitante acredita haber agotado todas las vías de notificación indicadas en el inciso anterior, la Superintendencia podrá autorizar la publicación

“Si el solicitante acredita haber agotado todas las vías de notificación indicadas en el inciso anterior, la Superintendencia podrá autorizar la publicación

4.2. Asimismo, proponemos la siguiente modi¿cación al artículo 27 inciso 3 incorporado por el proyecto, cuya redacción es: Fundamento: La posibilidad de noti¿car a quien habite el predio, esto es, a quien more o resida habitualmente en éste, en caso de no encontrarse al dueño, permite conjuntamente resguardar los intereses del propietario, quien recibirá una noti¿cación por escrito de la persona a quien encomendó la custodia de su bien raíz y los del solicitante, quien no verá entrabado el proceso concesional. “Los planos presentados que contemplen las servidumbres serán puestos por el solicitante, a su costa, en conocimiento de los dueños de las propiedades afectadas, y, en caso de no ser habido el dueño, a la persona que se encuentre habitando la propiedad, a quien se le informará por escrito de su obligación de comunicar al dueño del predio la circunstancia de la notificación de los planos y las alternativas o cursos de acción que tiene de conformidad a la ley. La notificación podrá efectuarse por medio de certificación notarial, de la intendencia regional, de la gobernación provincial, de la municipalidad respectiva o del juzgado de letras competente, a elección del solicitante, de acuerdo al procedimiento que establezca la Superintendencia, el cual deberá asegurar la debida notificación. Cuando se trate de bienes fiscales, la Superintendencia lo comunicará directamente al Ministerio de Bienes Nacionales”.

Por la siguiente: “Los planos presentados que contemplen las servidumbres serán puestos por el solicitante, a su costa, en conocimiento de los dueños de las propiedades afectadas. La notificación podrá efectuarse por medio de certificación notarial, de la intendencia regional, de la gobernación provincial, de la municipalidad respectiva o del juzgado de letras competente, a elección del solicitante, de acuerdo al procedimiento que establezca la Superintendencia, el cual deberá asegurar la debida notificación. Cuando se trate de bienes fiscales, la Superintendencia lo comunicará directamente al Ministerio de Bienes Nacionales”.

4.1. Proponemos la siguiente modi¿cación al artículo 27 inciso 1 incorporado por el proyecto, cuya redacción es: 4. Procedimiento de autorización administrativa de noti¿cación por avisos DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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FERNANDO ABARA ELÍAS

Fundamento: La exigencia de agotar todas las vías de noti¿cación en el proyecto de ley, no evita la pérdida de tiempo que implica la secuencialidad del uso de los medios de noti¿cación. Con la nueva redacción, en lugar de hacer subsidiario el procedimiento de noti¿cación por avisos de la Superintendencia, se establece dentro de la primera línea de alternativas, y las consideraciones para su otorgamiento son las mismas que aquellas establecidas en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.

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“Con todo, la Superintendencia podrá autorizar, desde el comienzo del procedimiento concesional y atendida la existencia de personas cuya individualidad o residencia sea difícil determinar, o que por su número dificulten considerablemente la notificación por otras vías, como en el caso de las comunidades, la publicación de un extracto de la solicitud y los datos para obtener los planos presentados, además de la individualización de los destinatarios, por medio de al menos dos avisos publicados en el Diario Oficial, en un diario de circulación nacional y en un diario o periódico del lugar donde se ubica la propiedad afectada por la concesión, y tres avisos en una radioemisora con cobertura en el lugar donde se ubica la propiedad. El primer aviso deberá ser publicado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la autorización de la Superintendencia al solicitante, y los restantes deberán ser publicados dentro de los 30 días siguientes a dicha notificación. Los destinatarios de los avisos se entenderán notificados transcurridos 30 días desde la notificación de la resolución de la Superintendencia que autoriza este procedimiento, y una vez acreditadas las publicaciones y avisos a la Superintendencia. Las oposiciones y observaciones presentadas fuera de plazo serán rechazadas de plano por la Superintedencia”.

de un extracto de la solicitud y los datos para obtener los planos presentados, además de la individualización de los destinatarios, por medio de al menos dos avisos publicados en el Diario Oficial, en un diario de circulación nacional y en un diario o periódico del lugar donde se ubica la propiedad afectada por la concesión, y tres avisos en una radioemisora con cobertura en el lugar donde se ubica la propiedad. El primer aviso deberá ser publicado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la autorización de la Superintendencia al solicitante, y los restantes deberán ser publicados dentro de los 30 días siguientes a dicha notificación. Los destinatarios de los avisos se entenderán notificados transcurridos 30 días desde la notificación de la resolución de la Superintendencia que autoriza este procedimiento, y una vez acreditadas las publicaciones y avisos a la Superintendencia”.

Por la siguiente:

Por la siguiente:

de un extracto de la solicitud y los datos para obtener los planos presentados, además de la individualización de los destinatarios, por medio de al menos dos avisos publicados en el Diario Oficial, en un diario de circulación nacional y en un diario o periódico del lugar donde se ubica la propiedad afectada por la concesión, y tres avisos en una radioemisora con cobertura en el lugar donde se ubica la propiedad. El primer aviso deberá ser publicado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la autorización de la Superintendencia al solicitante, y los restantes deberán ser publicados dentro de los 30 días siguientes a dicha notificación. Los destinatarios de los avisos se entenderán notificados transcurridos 30 días desde la notificación de la resolución de la Superintendencia que autoriza este procedimiento, y una vez acreditadas las publicaciones y avisos a la Superintendencia”.

“Con todo, la Superintendencia podrá autorizar, desde el comienzo del procedimiento concesional y atendida la existencia de personas cuya individualidad o residencia sea difícil determinar, o que por su número dificulten considerablemente la notificación por otras vías, como en el caso de las comunidades, la publicación de un extracto de la solicitud y los datos para obtener los planos presentados, además de la individualización de los destinatarios, por medio de al menos dos avisos publicados en el Diario Oficial, en un diario de circulación nacional y en un diario o periódico del lugar donde se ubica la propiedad afectada por la concesión, y tres avisos en una radioemisora con cobertura en el lugar donde se ubica la propiedad. El primer aviso deberá ser publicado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la autorización de la Superintendencia al solicitante, y los restantes deberán ser publicados dentro de los 30 días siguientes a dicha notificación. Los destinatarios de los avisos se entenderán notificados transcurridos 30 días desde la notificación de la resolución de la Superintendencia que autoriza este procedimiento, y una vez acreditadas las publicaciones y avisos a la Superintendencia. Las oposiciones y observaciones presentadas fuera de plazo serán rechazadas de plano por la Superintedencia”.

FERNANDO ABARA ELÍAS

Fundamento: La exigencia de agotar todas las vías de noti¿cación en el proyecto de ley, no evita la pérdida de tiempo que implica la secuencialidad del uso de los medios de noti¿cación. Con la nueva redacción, en lugar de hacer subsidiario el procedimiento de noti¿cación por avisos de la Superintendencia, se establece dentro de la primera línea de alternativas, y las consideraciones para su otorgamiento son las mismas que aquellas establecidas en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.

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DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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5. Certi¿cación del cumplimiento de plazos Proponemos agregar un nuevo inciso 3 al artículo 29: Artículo 29 inciso 3: “Una vez vencido el plazo para responder a todas las observaciones u oposiciones que se hubieren presentado, el solicitante podrá requerir a la Superintendencia que certifique dicha circunstancia, fecha desde la cual se computará el plazo de ésta para evacuar su informe. La certificación se reputará efectuada el mismo día de su requerimiento, si a dicha fecha se encontraba vencido el plazo para oponerse”.

Fundamento: Con esta certi¿cación, se evita la incertidumbre de la fecha de cómputo del plazo. 6. Fecha de comienzo de la actividad de la comisión tasadora A este respecto, formulamos la siguiente propuesta, que consistiría en un nuevo párrafo al ¿nal del inciso 1 del artículo 63, en los siguientes términos: “Con todo, el solicitante de una concesión podrá solicitar la designación de una o más comisiones tasadoras, conjuntamente con la presentación de la solicitud de concesión definitiva. La Superintendencia designará la Comisión Tasadora conjuntamente con la declaración de admisibilidad de la solicitud. Una vez declarada admisible la solicitud de concesión y notificados que sean los planos de servidumbre a los propietarios, la comisión tasadora podrá ser activada a solo requerimiento del solicitante. El informe estará a disposición de las partes, tan pronto esté terminado, no obstante suspenderá sus efectos hasta que se verifiquen copulativamente las siguientes condiciones: a) Que se otorgue la concesión solicitada; b) Que no existan cambios respecto de los propietarios cuyos predios hayan sido tasados, ni de la extensión y ubicación de los trazados de servidumbres que les afecte que haga más gravosa la imposición de dicho gravamen. La Superintendencia deberá otorgar el auxilio de la fuerza pública a la comisión tasadora, con el propósito que está pueda realizar su trabajo durante el proceso concesional”.

Fundamento: Por la vía de esta facultad, las partes podrán contar con el informe de la comisión tasadora, conjuntamente con la ¿nalización del procedimiento concesional, acortando el plazo para tener la posesión material de los terrenos y facilitando el oportuno comienzo de las obras.

Fundamento: Por la vía de esta facultad, las partes podrán contar con el informe de la comisión tasadora, conjuntamente con la ¿nalización del procedimiento concesional, acortando el plazo para tener la posesión material de los terrenos y facilitando el oportuno comienzo de las obras. “Con todo, el solicitante de una concesión podrá solicitar la designación de una o más comisiones tasadoras, conjuntamente con la presentación de la solicitud de concesión definitiva. La Superintendencia designará la Comisión Tasadora conjuntamente con la declaración de admisibilidad de la solicitud. Una vez declarada admisible la solicitud de concesión y notificados que sean los planos de servidumbre a los propietarios, la comisión tasadora podrá ser activada a solo requerimiento del solicitante. El informe estará a disposición de las partes, tan pronto esté terminado, no obstante suspenderá sus efectos hasta que se verifiquen copulativamente las siguientes condiciones: a) Que se otorgue la concesión solicitada; b) Que no existan cambios respecto de los propietarios cuyos predios hayan sido tasados, ni de la extensión y ubicación de los trazados de servidumbres que les afecte que haga más gravosa la imposición de dicho gravamen. La Superintendencia deberá otorgar el auxilio de la fuerza pública a la comisión tasadora, con el propósito que está pueda realizar su trabajo durante el proceso concesional”.

A este respecto, formulamos la siguiente propuesta, que consistiría en un nuevo párrafo al ¿nal del inciso 1 del artículo 63, en los siguientes términos: 6. Fecha de comienzo de la actividad de la comisión tasadora Fundamento: Con esta certi¿cación, se evita la incertidumbre de la fecha de cómputo del plazo. Artículo 29 inciso 3: “Una vez vencido el plazo para responder a todas las observaciones u oposiciones que se hubieren presentado, el solicitante podrá requerir a la Superintendencia que certifique dicha circunstancia, fecha desde la cual se computará el plazo de ésta para evacuar su informe. La certificación se reputará efectuada el mismo día de su requerimiento, si a dicha fecha se encontraba vencido el plazo para oponerse”.

Proponemos agregar un nuevo inciso 3 al artículo 29: 5. Certi¿cación del cumplimiento de plazos DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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Fundamento: Así, de este modo, se evita que el propietario edi¿que en el trazado de la línea, con posterioridad a la visita de la comisión, protegiendo simultáneamente al propietario que de buena fe tiene una construcción preexistente.

“En caso que el informe de la comisión tasadora no se evacue dentro de los veinte días siguientes a la última visita a terreno de acuerdo al programa aprobado por la misma comisión tasadora, se aplicará a cada uno de los miembros de la comisión que hayan provocado el retraso, una multa de diez Unidades Tributarias Mensuales. Las personas así sancionadas no podrán integrar una nueva comisión dentro del año siguiente a la aplicación de la multa respectiva”. (Nota: lo que está en letra redonda es el texto modificado).

8. Noti¿cación del informe de la Comisión Tasadora

Proponemos modi¿car el nuevo inciso 2 del artículo 64, en los siguientes términos:

Proponemos modi¿car el artículo 65, en los siguientes términos:

7. Eliminación de la aprobación del plan de visitas de la comisión tasadora y valor probatorio

“Practicado el avalúo por la comisión tasadora, será entregado simultáneamente a la Superintendencia, los concesionarios y de los dueños de las propiedades afectadas, mediante carta certificada”.

FERNANDO ABARA ELÍAS

Fundamento: De esta manera, se elimina la autorización del informe de tasación por la Superintendencia, eliminando una labor administrativa para ésta y un retraso al procedimiento concesional.

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Fundamento: Por esta vía, se da una mayor autonomía a la Comisión Tasadora para que de¿na su plan de acción, y se elimina una autorización administrativa para la Superintendencia.

“El informe de la comisión tasadora constituirá plena prueba sobre la situación del predio y sus construcciones, al momento de la visita por parte de la referida comisión”.

Adicionalmente, sugerimos agregar un nuevo inciso 4 y ¿nal al artículo 64, en los siguientes términos:

Adicionalmente, sugerimos agregar un nuevo inciso 4 y ¿nal al artículo 64, en los siguientes términos:

“El informe de la comisión tasadora constituirá plena prueba sobre la situación del predio y sus construcciones, al momento de la visita por parte de la referida comisión”.

Fundamento: Por esta vía, se da una mayor autonomía a la Comisión Tasadora para que de¿na su plan de acción, y se elimina una autorización administrativa para la Superintendencia. FERNANDO ABARA ELÍAS

Fundamento: De esta manera, se elimina la autorización del informe de tasación por la Superintendencia, eliminando una labor administrativa para ésta y un retraso al procedimiento concesional.

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“Practicado el avalúo por la comisión tasadora, será entregado simultáneamente a la Superintendencia, los concesionarios y de los dueños de las propiedades afectadas, mediante carta certificada”.

7. Eliminación de la aprobación del plan de visitas de la comisión tasadora y valor probatorio

Proponemos modi¿car el artículo 65, en los siguientes términos:

Proponemos modi¿car el nuevo inciso 2 del artículo 64, en los siguientes términos:

8. Noti¿cación del informe de la Comisión Tasadora

“En caso que el informe de la comisión tasadora no se evacue dentro de los veinte días siguientes a la última visita a terreno de acuerdo al programa aprobado por la misma comisión tasadora, se aplicará a cada uno de los miembros de la comisión que hayan provocado el retraso, una multa de diez Unidades Tributarias Mensuales. Las personas así sancionadas no podrán integrar una nueva comisión dentro del año siguiente a la aplicación de la multa respectiva”. (Nota: lo que está en letra redonda es el texto modificado).

Fundamento: Así, de este modo, se evita que el propietario edi¿que en el trazado de la línea, con posterioridad a la visita de la comisión, protegiendo simultáneamente al propietario que de buena fe tiene una construcción preexistente.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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9. Retención del depósito del avalúo ¿jado por la comisión tasadora Proponemos agregar un nuevo inciso 2 al artículo 66, en los siguientes términos: “Para el caso que el reclamo sea formulado por el concesionario, el depósito referido en el inciso precedente quedará retenido en la cuenta corriente del tribunal, hasta que éste se resuelva…”.

Fundamento: Este nuevo inciso, evita que el tribunal pueda liberar los fondos consignados por el solicitante, a la espera del procedimiento de reclamación. 10. Sistema electrónico para evacuar trámites Proponemos agregar un nuevo artículo 30 transitorio, en los siguientes términos: “La Superintendencia deberá implementar, a través de una resolución administrativa, antes del día … de … de 2011, un sistema en línea que permita a los peticionarios y concesionarios realizar por medios electrónicos que permitan una adecuada recepción, registro y control, la totalidad de las actualizaciones administrativas que regula esta ley, salvo aquellas que por su naturaleza exijan la presencia personal de los interesados. Para tal efecto, el sistema en línea deberá contemplar la posibilidad de solicitar una constancia escrita de la forma y fecha en que se realizó cada actuación, así como un listado cronológico de éstas. Dicha certificación constituirá plena prueba del cumplimiento de los plazos”.

Fundamento: Esta nueva forma de realizar los trámites y presentaciones que contempla la ley, evita la impresión de múltiples copias de documentos que pueden ser revisados en formato electrónico por la autoridad, otorgando certeza en cuanto a los plazos de presentación y permitiendo una mayor celeridad de los procedimientos. 11. Precisión de los efectos de la ¿cción para efectos de otras solicitudes Proponemos agregar un nuevo inciso ¿nal al artículo 25 de la ley, en adición al propuesto por el Ejecutivo, en los siguientes términos:

Proponemos agregar un nuevo inciso ¿nal al artículo 25 de la ley, en adición al propuesto por el Ejecutivo, en los siguientes términos: 11. Precisión de los efectos de la ¿cción para efectos de otras solicitudes Fundamento: Esta nueva forma de realizar los trámites y presentaciones que contempla la ley, evita la impresión de múltiples copias de documentos que pueden ser revisados en formato electrónico por la autoridad, otorgando certeza en cuanto a los plazos de presentación y permitiendo una mayor celeridad de los procedimientos. “La Superintendencia deberá implementar, a través de una resolución administrativa, antes del día … de … de 2011, un sistema en línea que permita a los peticionarios y concesionarios realizar por medios electrónicos que permitan una adecuada recepción, registro y control, la totalidad de las actualizaciones administrativas que regula esta ley, salvo aquellas que por su naturaleza exijan la presencia personal de los interesados. Para tal efecto, el sistema en línea deberá contemplar la posibilidad de solicitar una constancia escrita de la forma y fecha en que se realizó cada actuación, así como un listado cronológico de éstas. Dicha certificación constituirá plena prueba del cumplimiento de los plazos”.

Proponemos agregar un nuevo artículo 30 transitorio, en los siguientes términos: 10. Sistema electrónico para evacuar trámites Fundamento: Este nuevo inciso, evita que el tribunal pueda liberar los fondos consignados por el solicitante, a la espera del procedimiento de reclamación. “Para el caso que el reclamo sea formulado por el concesionario, el depósito referido en el inciso precedente quedará retenido en la cuenta corriente del tribunal, hasta que éste se resuelva…”.

Proponemos agregar un nuevo inciso 2 al artículo 66, en los siguientes términos: 9. Retención del depósito del avalúo ¿jado por la comisión tasadora DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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“No constituirá un obstáculo para el otorgamiento y ejercicio de concesiones eléctricas provisorias o definitivas, la existencia de otros derechos o concesiones constituidos en el predio por terceros, sin perjuicio del derecho de ser indemnizados por los daños materiales directos cuando tales derechos estén en actual ejercicio material y sean incompatibles con el ejercicio de la servidumbre o concesión eléctrica”.

Fundamento: Se trata de evitar la especulación que se hace en ocasiones, sin que existan proyectos de verdad en curso y que impiden la ejecución de los proyectos eléctricos, sobre la base de obstaculizar con demandas sin fundamento las que frecuentemente obtienen paralización de obras, con altos costos para la empresa titular. 6.3.4. Conclusiones sobre el proyecto de ley

12. Derechos de terceros sobre el predio Fundamento: Esta especi¿cación respecto de la Ley Nº 20.283 evita cuestionamientos a nivel de interpretación del alcance del inciso ¿nal del artículo 25, propuesto en el proyecto de ley. “Adicionalmente, para los efectos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 20.283 se entenderá que el proyecto respectivo es de interés nacional y tiene el carácter de imprescindible”. FERNANDO ABARA ELÍAS

Sin desconocer el considerable avance que representa el proyecto analizado, estimamos de toda lógica aprovechar este nuevo impulso legislativo para introducir las modi¿caciones sugeridas en el acápite anterior, y así alinear los intereses del regulador con la expansión del sistema de transmisión en los plazos requeridos con la obtención de los permisos indispensables para su ejecución, posibilitando la consecución del principal propósito del Mensaje del Ejecutivo, cual es perfeccionar, agilizar y modernizar el procedimiento contemplado en la Ley General de Servicios Eléctricos para el otorgamiento de concesiones eléctricas, de forma de enfrentar la mayor demanda energética que exige el esperado desarrollo de nuestro país.

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Se propone el siguiente nuevo artículo 34 ter:

Se propone el siguiente nuevo artículo 34 ter:

12. Derechos de terceros sobre el predio

“No constituirá un obstáculo para el otorgamiento y ejercicio de concesiones eléctricas provisorias o definitivas, la existencia de otros derechos o concesiones constituidos en el predio por terceros, sin perjuicio del derecho de ser indemnizados por los daños materiales directos cuando tales derechos estén en actual ejercicio material y sean incompatibles con el ejercicio de la servidumbre o concesión eléctrica”.

Fundamento: Esta especi¿cación respecto de la Ley Nº 20.283 evita cuestionamientos a nivel de interpretación del alcance del inciso ¿nal del artículo 25, propuesto en el proyecto de ley.

Fundamento: Se trata de evitar la especulación que se hace en ocasiones, sin que existan proyectos de verdad en curso y que impiden la ejecución de los proyectos eléctricos, sobre la base de obstaculizar con demandas sin fundamento las que frecuentemente obtienen paralización de obras, con altos costos para la empresa titular.

“Adicionalmente, para los efectos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 20.283 se entenderá que el proyecto respectivo es de interés nacional y tiene el carácter de imprescindible”.

6.3.4. Conclusiones sobre el proyecto de ley

FERNANDO ABARA ELÍAS

Sin desconocer el considerable avance que representa el proyecto analizado, estimamos de toda lógica aprovechar este nuevo impulso legislativo para introducir las modi¿caciones sugeridas en el acápite anterior, y así alinear los intereses del regulador con la expansión del sistema de transmisión en los plazos requeridos con la obtención de los permisos indispensables para su ejecución, posibilitando la consecución del principal propósito del Mensaje del Ejecutivo, cual es perfeccionar, agilizar y modernizar el procedimiento contemplado en la Ley General de Servicios Eléctricos para el otorgamiento de concesiones eléctricas, de forma de enfrentar la mayor demanda energética que exige el esperado desarrollo de nuestro país.

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DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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NORMAS CITADAS Artículos 4º, 5º, inciso segundo, 8º inciso segundo y 42 de la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado. Artículo 27 de la Ley Nº 19.880, sobre Procedimientos Administrativos. Artículos 27, 29, 45 y 46 D.F.L. Nº 4 Ley General de Servicios Eléctricos. Ley Nº 19.940, Ley Corta I, 2004. Reglamento de la Ley Eléctrica, contenido en el D.S. Nº 327.

Reglamento de la Ley Eléctrica, contenido en el D.S. Nº 327. Ley Nº 19.940, Ley Corta I, 2004. Artículos 27, 29, 45 y 46 D.F.L. Nº 4 Ley General de Servicios Eléctricos. Artículo 27 de la Ley Nº 19.880, sobre Procedimientos Administrativos. Artículos 4º, 5º, inciso segundo, 8º inciso segundo y 42 de la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado. NORMAS CITADAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN REGULADOS

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** Abogado de Larraín y Asociados, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y Máster en Derecho Tributario.

ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE LOS CENTROS ECONÓMICOS DE DESPACHO DE CARGA*

VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ**

Trabajo presentado en las VI Jornadas de Derecho Eléctrico, organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Evidentemente, ante la grave incidencia que tendría el nuevo sistema sancionatorio, más que nunca cobró importancia el desarrollo de una doctrina y jurisprudencia adecuada que combinara razonablemente –bajo la necesaria b. Las conductas sancionables y la jerarquía de las normas que las describen (se habla incluso de meras “instrucciones”). a. Las penas aplicables (que en su extremo superior llegan hasta las 10.000 UTA);

I. INTRODUCCIÓN En el contexto de la incertidumbre sobre la su¿ciencia del abastecimiento del Sistema Interconectado Central y prontos a la aparición del gas natural, el año 1999 se dictó la Ley Nº 19.613. Dicha ley introdujo importantes modi¿caciones a la Ley Nº 18.410, norma que creó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“LOC-SEC” y “SEC”, respectivamente). La Ley Nº 19.613 amplió sustancialmente las facultades sancionatorias de la SEC, creando las bases de un sistema punitivo de alcances inéditos en cuanto a su amplitud, a lo menos, en dos materias:

La Ley Nº 19.613 amplió sustancialmente las facultades sancionatorias de la SEC, creando las bases de un sistema punitivo de alcances inéditos en cuanto a su amplitud, a lo menos, en dos materias: En el contexto de la incertidumbre sobre la su¿ciencia del abastecimiento del Sistema Interconectado Central y prontos a la aparición del gas natural, el año 1999 se dictó la Ley Nº 19.613. Dicha ley introdujo importantes modi¿caciones a la Ley Nº 18.410, norma que creó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“LOC-SEC” y “SEC”, respectivamente). I. INTRODUCCIÓN

a. Las penas aplicables (que en su extremo superior llegan hasta las 10.000 UTA); b. Las conductas sancionables y la jerarquía de las normas que las describen (se habla incluso de meras “instrucciones”). Evidentemente, ante la grave incidencia que tendría el nuevo sistema sancionatorio, más que nunca cobró importancia el desarrollo de una doctrina y jurisprudencia adecuada que combinara razonablemente –bajo la necesaria

Trabajo presentado en las VI Jornadas de Derecho Eléctrico, organizadas por el Programa

de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ** Abogado de Larraín y Asociados, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y Máster en Derecho Tributario.

VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ** LOS CENTROS ECONÓMICOS DE DESPACHO DE CARGA* DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE

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VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

Tal es el caso de la multa aplicada a HQI Transelec Chile S.A. por la SEC, mediante la Resolución Nº 1.438 de fecha 14 de agosto de 2003, en relación al black out del SIC del 23 de septiembre de 2002. 1

aplicación de la Constitución y la Ley– el interés colectivo y el interés de la industria eléctrica, en el eventual caso que sea posible separar los mismos. Abogados, ingenieros, jueces y funcionarios públicos han trabajado en estos temas y se ha avanzado en ellos. No pasó mucho tiempo hasta que las nuevas normas hicieran su debut, principalmente en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en donde el rápido proceso de incorporación de la mayor potencia instalada a raíz de la llegada del gas natural generó importantes perturbaciones. Desde un inicio nos tocó intervenir en varios de los procesos sancionatorios seguidos por la SEC en el SING y en la actualidad hemos asumido la defensa de otros actores en el SIC. Para efectos de simpli¿cación, la SEC ante un evento del tipo black out ha distinguido dos niveles de responsabilidad, a saber: a. El que le corresponde al operador de las instalaciones que han causado la falla (por ejemplo, por no mantener las mismas en buen estado de conservación)1. b. El que le corresponde a los demás integrantes del respectivo Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC). Dentro de los diferentes niveles, se han aplicado penas en las que se han considerado –bien o malamente y entre otros factores– la capacidad patrimonial de las diferentes empresas y su participación en los hechos. En lo que interesa a esta ponencia, detrás de la responsabilidad de las empresas en calidad de integrantes del CDEC, casi siempre se ha invocado por el regulador una infracción al artículo 81 de la Ley Eléctrica, en el sentido de haberse incumplido la obligación genérica de “coordinarse” para determinadas ¿nalidades.

VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

1 Tal es el caso de la multa aplicada a HQI Transelec Chile S.A. por la SEC, mediante la Resolución Nº 1.438 de fecha 14 de agosto de 2003, en relación al black out del SIC del 23 de septiembre de 2002.

En lo que interesa a esta ponencia, detrás de la responsabilidad de las empresas en calidad de integrantes del CDEC, casi siempre se ha invocado por el regulador una infracción al artículo 81 de la Ley Eléctrica, en el sentido de haberse incumplido la obligación genérica de “coordinarse” para determinadas ¿nalidades. Dentro de los diferentes niveles, se han aplicado penas en las que se han considerado –bien o malamente y entre otros factores– la capacidad patrimonial de las diferentes empresas y su participación en los hechos. b. El que le corresponde a los demás integrantes del respectivo Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC). a. El que le corresponde al operador de las instalaciones que han causado la falla (por ejemplo, por no mantener las mismas en buen estado de conservación)1. Para efectos de simpli¿cación, la SEC ante un evento del tipo black out ha distinguido dos niveles de responsabilidad, a saber: Desde un inicio nos tocó intervenir en varios de los procesos sancionatorios seguidos por la SEC en el SING y en la actualidad hemos asumido la defensa de otros actores en el SIC. No pasó mucho tiempo hasta que las nuevas normas hicieran su debut, principalmente en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en donde el rápido proceso de incorporación de la mayor potencia instalada a raíz de la llegada del gas natural generó importantes perturbaciones. aplicación de la Constitución y la Ley– el interés colectivo y el interés de la industria eléctrica, en el eventual caso que sea posible separar los mismos. Abogados, ingenieros, jueces y funcionarios públicos han trabajado en estos temas y se ha avanzado en ellos. 36

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Ha sido entonces la obligación de “coordinación” la que ha amparado la aplicación de la gran mayoría de las multas cursadas a las empresas en su calidad de integrantes del CDEC, ante eventos de black out. Por ello, nunca será su¿cientemente estudiada la importancia de determinar los alcances precisos de esta obligación legal. Un reciente fallo del Tribunal Constitucional, dictado en el Rol 4802006, contiene varios aspectos discutibles. No obstante ello, es sumamente relevante en cuanto señala una serie de elementos para poder entender la constitucionalidad de la obligación de “coordinarse”, como verbo rector de un tipo sancionatorio. Dichos elementos son los únicos que hacen constitucionalmente lícitas las normas aplicables a los procedimientos sancionatorios y, por ello, serán de suma importancia en el futuro.

Hacemos desde ya presente que el Tribunal Constitucional ha señalado explícitamente en sus últimos fallos, que su labor se inspira en el “principio de buscar la interpretación de las normas que permita resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la Constitución” (considerando séptimo del fallo Rol 521, agosto de 2006). Por ello, la declaración de constitucionalidad de un precepto se formula en el entendido que el mismo se aplicará de la forma en que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional y no de otra manera, so pena de incurrir en una inconstitucionalidad. Así, en el mismo fallo concluye que “el precepto comprendido en el inciso segundo de la letra b) del Nº 1 del artículo 1º del proyecto remitido, sin perjuicio de lo que se indica en el Nº 3, es constitucional en el entendido de lo señalado en el considerando séptimo de esta sentencia” (resuelvo segundo del fallo Rol 421, de agosto de 2006). En el considerando tercero del fallo del Rol 479, el Tribunal Constitucional es más explícito pues habla, derechamente, del precepto “correctamente interpretado”. No es claro el alcance o imperio que tendrán en los Tribunales Ordinarios de Justicia las interpretaciones del En esta presentación desarrollaremos brevemente los aspectos generales del derecho sancionatorio administrativo eléctrico, teniendo presente los avances jurisprudenciales y administrativos. En una segunda etapa, se analizarán los alcances de la obligación de “coordinarse”, entendida como tipo sancionatorio, a la luz del reciente fallo del Rol 480-2006, del Tribunal Constitucional. Otro tanto se hará en relación a lo sentenciado por el Tribunal Constitucional en el fallo del Rol 479-2006.

En esta presentación desarrollaremos brevemente los aspectos generales del derecho sancionatorio administrativo eléctrico, teniendo presente los avances jurisprudenciales y administrativos. En una segunda etapa, se analizarán los alcances de la obligación de “coordinarse”, entendida como tipo sancionatorio, a la luz del reciente fallo del Rol 480-2006, del Tribunal Constitucional. Otro tanto se hará en relación a lo sentenciado por el Tribunal Constitucional en el fallo del Rol 479-2006.

Un reciente fallo del Tribunal Constitucional, dictado en el Rol 4802006, contiene varios aspectos discutibles. No obstante ello, es sumamente relevante en cuanto señala una serie de elementos para poder entender la constitucionalidad de la obligación de “coordinarse”, como verbo rector de un tipo sancionatorio. Dichos elementos son los únicos que hacen constitucionalmente lícitas las normas aplicables a los procedimientos sancionatorios y, por ello, serán de suma importancia en el futuro.

Hacemos desde ya presente que el Tribunal Constitucional ha señalado explícitamente en sus últimos fallos, que su labor se inspira en el “principio de buscar la interpretación de las normas que permita resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la Constitución” (considerando séptimo del fallo Rol 521, agosto de 2006). Por ello, la declaración de constitucionalidad de un precepto se formula en el entendido que el mismo se aplicará de la forma en que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional y no de otra manera, so pena de incurrir en una inconstitucionalidad. Así, en el mismo fallo concluye que “el precepto comprendido en el inciso segundo de la letra b) del Nº 1 del artículo 1º del proyecto remitido, sin perjuicio de lo que se indica en el Nº 3, es constitucional en el entendido de lo señalado en el considerando séptimo de esta sentencia” (resuelvo segundo del fallo Rol 421, de agosto de 2006). En el considerando tercero del fallo del Rol 479, el Tribunal Constitucional es más explícito pues habla, derechamente, del precepto “correctamente interpretado”. No es claro el alcance o imperio que tendrán en los Tribunales Ordinarios de Justicia las interpretaciones del

Ha sido entonces la obligación de “coordinación” la que ha amparado la aplicación de la gran mayoría de las multas cursadas a las empresas en su calidad de integrantes del CDEC, ante eventos de black out. Por ello, nunca será su¿cientemente estudiada la importancia de determinar los alcances precisos de esta obligación legal. ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

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Tribunal Constitucional, pero evidentemente la aplicación de un precepto de una forma distinta a la señalada por este último tribunal siempre podrá ser puesta en entredicho. II. ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO A. MARCO CONSTITUCIONAL. 1. Unidad conceptual y normativa del ius puniendi2 Existe a estas alturas una importante cantidad de doctrina y jurisprudencia3 que, con matices relevantes, establecen que el derecho penal y el denominado derecho sancionatorio administrativo son parte de un tronco común, el ius puniendi o derecho sancionatorio subjetivo del Estado, el que tendría sus bases y límites principalmente en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República4. Así, los principios generales que establece la Constitución a este respecto se aplicarían a ambos tipos de órdenes sancionatorios5. Se trata de normas constitucionales que dan 2 Tal posición la han asumido en Chile, entre otros, BERMÚDEZ S. (1998) FELIÚ (2003); SOTO KLOSS (1980), etc. En España han desarrollado estas tesis Alejandro NIETO, GARCÍA DE ENTERRÍA y otros. 3 Ver, por ejemplo, siguientes fallos del Tribunal Constitucional: i) Rol Nº 24, de 1984; ii) Rol Nº 244, de 1996, e iii) Rol Nº 437, de 2005. 4 Existe una posición minoritaria, sostenida por ejemplo en prevenciones, que establece que el principio de la legalidad en materia sancionatoria administrativa no derivaría del Nº 3 del artículo 19, sino del Nº 21 del mismo artículo, en relación a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º, todos de la Constitución Política de la República. De esta manera, tanto la administración y el particular, en el desarrollo de la actividad ¿scalizadora y empresarial, respectivamente, quedarían sujetos al principio de la legalidad. En nuestra opinión, esta tesis confunde lo que es el principio de la legalidad con el de reserva de ley, establecido este último como una garantía especial en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

5 El considerando quinto del fallo del Tribunal Constitucional dictado en Rol 480-2006 señala: “Que el principio de legalidad es igualmente aplicable a la actividad sancionadora de la administración en virtud de lo prescrito en los dos últimos incisos del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Aun cuando las sanciones administrativas y las penas di¿eren en algunos aspectos, ambas pertenecen a una misma actividad sancionadora del Estado –el llamado ius puniendi– y están, con matices, sujetas al estatuto constitucional establecido en el numeral 3º del artículo 19. Como ha establecido este Tribunal, a propósito de la aplicación a Clodomiro Almeyda de las sanciones contempladas en el artículo octavo entonces vigente, “…se hace necesario, también, traer a colación el principio de ‘nulla poena sine lege’ que

El considerando quinto del fallo del Tribunal Constitucional dictado en Rol 480-2006 señala: “Que el principio de legalidad es igualmente aplicable a la actividad sancionadora de la administración en virtud de lo prescrito en los dos últimos incisos del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Aun cuando las sanciones administrativas y las penas di¿eren en algunos aspectos, ambas pertenecen a una misma actividad sancionadora del Estado –el llamado ius puniendi– y están, con matices, sujetas al estatuto constitucional establecido en el numeral 3º del artículo 19. Como ha establecido este Tribunal, a propósito de la aplicación a Clodomiro Almeyda de las sanciones contempladas en el artículo octavo entonces vigente, “…se hace necesario, también, traer a colación el principio de ‘nulla poena sine lege’ que 5

Existe una posición minoritaria, sostenida por ejemplo en prevenciones, que establece que el principio de la legalidad en materia sancionatoria administrativa no derivaría del Nº 3 del artículo 19, sino del Nº 21 del mismo artículo, en relación a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º, todos de la Constitución Política de la República. De esta manera, tanto la administración y el particular, en el desarrollo de la actividad ¿scalizadora y empresarial, respectivamente, quedarían sujetos al principio de la legalidad. En nuestra opinión, esta tesis confunde lo que es el principio de la legalidad con el de reserva de ley, establecido este último como una garantía especial en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 4

Ver, por ejemplo, siguientes fallos del Tribunal Constitucional: i) Rol Nº 24, de 1984; ii) Rol Nº 244, de 1996, e iii) Rol Nº 437, de 2005. 3

Tal posición la han asumido en Chile, entre otros, BERMÚDEZ S. (1998) FELIÚ (2003); SOTO KLOSS (1980), etc. En España han desarrollado estas tesis Alejandro NIETO, GARCÍA DE ENTERRÍA y otros. 2

Existe a estas alturas una importante cantidad de doctrina y jurisprudencia3 que, con matices relevantes, establecen que el derecho penal y el denominado derecho sancionatorio administrativo son parte de un tronco común, el ius puniendi o derecho sancionatorio subjetivo del Estado, el que tendría sus bases y límites principalmente en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República4. Así, los principios generales que establece la Constitución a este respecto se aplicarían a ambos tipos de órdenes sancionatorios5. Se trata de normas constitucionales que dan 1. Unidad conceptual y normativa del ius puniendi2 A. MARCO CONSTITUCIONAL. II. ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO Tribunal Constitucional, pero evidentemente la aplicación de un precepto de una forma distinta a la señalada por este último tribunal siempre podrá ser puesta en entredicho. 38

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cobertura al derecho sancionatorio objetivo, sea penal o administrativo. El fallo del Rol 479 es contundente y claro a este respecto. En efecto, en el considerando sexto señala “... esta Magistratura ha sostenido ya en múltiples oportunidades, que al llamado derecho administrativo sancionador y a la actividad sancionadora de la administración sí se les aplica el principio de legalidad (particularmente en la sentencia de 27 de julio recién pasado, Rol 480)”. Cosa diferente es la pretensión de importar al derecho sancionantorio administrativo la aplicación de normas de rango legal, propias del derecho penal. Este es el caso, por ejemplo, de la pretendida aplicación de las normas sobre prescripción de las faltas contenidas en el Código Penal6. En este caso, del que no nos haremos cargo en esta exposición, sólo es posible aplicar la prescripción citada en la medida que se encuentren argumentos constitucionales o legales su¿cientes. Desde ya hacemos presente que existen normas relevantes en materia de caducidad contenidas en otros cuerpos legales que son perfectamente aplicables a los procesos de los que conoce la SEC.

Continuación nota 5 expresa el artículo 19 Nº 3 inciso séptimo de la Carta Fundamental, ya que si bien es cierto que dicho precepto sólo se re¿ere a los delitos penales, no lo es menos que él debe estar presente para determinar el alcance del artículo 8º, ya que difícilmente, en una interpretación razonable, pueden sustraerse al concepto de pena las graves sanciones que el precepto impone a quien incurre en el ilícito constitucional que contempla.” (sentencia de 21 de diciembre de 1987, Rol Nº 46, considerando 18º)”. 6 A modo de ejemplo, la Contraloría General de la República en el dictamen Nº 014571, de 22 de marzo de 2005, ha establecido que: “Por lo demás, esta Contraloría General ha sostenido que en ámbito administrativo, en aquellos casos en que no existe un texto legal claro e inequívoco, resulta posible la aplicación por analogía de instituciones correspondientes a otras ramas del derecho para resolver situaciones no regladas expresamente (Dictamen Nº 39.447 de 1994), por lo que una reiterada jurisprudencia administrativa ha reconocido que los principios del derecho penal son aplicables en materia sancionadora...”. “En tales condiciones, atendida la inexistencia de una norma especial que regule la prescripción de las infracciones en la materia a que se re¿ere la presentación de la especie, la consideración del principio básico de seguridad jurídica y especialmente de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 3 del Texto Supremo, relativa a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas, esta Contraloría General debe concluir que para la aplicación de sanciones que administrativamente disponga la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ese organismo debe tener en consideración las normas pertinentes sobre prescripción establecidas en el Derecho Penal”.

6 A modo de ejemplo, la Contraloría General de la República en el dictamen Nº 014571, de 22 de marzo de 2005, ha establecido que: “Por lo demás, esta Contraloría General ha sostenido que en ámbito administrativo, en aquellos casos en que no existe un texto legal claro e inequívoco, resulta posible la aplicación por analogía de instituciones correspondientes a otras ramas del derecho para resolver situaciones no regladas expresamente (Dictamen Nº 39.447 de 1994), por lo que una reiterada jurisprudencia administrativa ha reconocido que los principios del derecho penal son aplicables en materia sancionadora...”. “En tales condiciones, atendida la inexistencia de una norma especial que regule la prescripción de las infracciones en la materia a que se re¿ere la presentación de la especie, la consideración del principio básico de seguridad jurídica y especialmente de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 3 del Texto Supremo, relativa a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas, esta Contraloría General debe concluir que para la aplicación de sanciones que administrativamente disponga la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ese organismo debe tener en consideración las normas pertinentes sobre prescripción establecidas en el Derecho Penal”.

Continuación nota 5 expresa el artículo 19 Nº 3 inciso séptimo de la Carta Fundamental, ya que si bien es cierto que dicho precepto sólo se re¿ere a los delitos penales, no lo es menos que él debe estar presente para determinar el alcance del artículo 8º, ya que difícilmente, en una interpretación razonable, pueden sustraerse al concepto de pena las graves sanciones que el precepto impone a quien incurre en el ilícito constitucional que contempla.” (sentencia de 21 de diciembre de 1987, Rol Nº 46, considerando 18º)”.

Cosa diferente es la pretensión de importar al derecho sancionantorio administrativo la aplicación de normas de rango legal, propias del derecho penal. Este es el caso, por ejemplo, de la pretendida aplicación de las normas sobre prescripción de las faltas contenidas en el Código Penal6. En este caso, del que no nos haremos cargo en esta exposición, sólo es posible aplicar la prescripción citada en la medida que se encuentren argumentos constitucionales o legales su¿cientes. Desde ya hacemos presente que existen normas relevantes en materia de caducidad contenidas en otros cuerpos legales que son perfectamente aplicables a los procesos de los que conoce la SEC. cobertura al derecho sancionatorio objetivo, sea penal o administrativo. El fallo del Rol 479 es contundente y claro a este respecto. En efecto, en el considerando sexto señala “... esta Magistratura ha sostenido ya en múltiples oportunidades, que al llamado derecho administrativo sancionador y a la actividad sancionadora de la administración sí se les aplica el principio de legalidad (particularmente en la sentencia de 27 de julio recién pasado, Rol 480)”. ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

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ción Exenta Nº 1.103 de 9 de junio de 2004, mediante la cual rechazó la reposición planteada por Colbún S.A. al acto sancionatorio. 9 Por ejemplo, así lo ha señalado expresamente en el considerando número 6º de la Resolu-

2. Principios constitucionales relevantes Aceptado que se aplican al derecho sancionatorio administrativo los principios constitucionales del ius puniendi, es necesario establecer cuáles son éstos.

8 Ver, por ejemplo, los siguientes fallos: i) Rol Nº 6.547-1999, de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de junio de 2000, considerandos quinto y sexto; ii) Rol Nº 4.507-1999, de la Corte de Apelaciones de Santiago, considerandos 29 y siguientes; iii) Rol Nº 3.439-2000, de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 3 de agosto de 2000 y iv) Rol Nº 6.025-2005, de la Corte de Apelaciones de Santiago (revocado) de 4 de agosto de 2005.

Ver, por ejemplo, el artículo 19 letra f) del Decreto Supremo Nº 119 sobre aplicación de sanciones y el artículo 16, letra d) de la LOC-SEC. 7

i) Responsabilidad subjetiva Sin lugar a dudas, el principal principio del ius puniendi que resulta aplicable al derecho sancionatorio administrativo es el de la culpabilidad, es decir, el de responsabilidad sobre base subjetiva. En materia penal, y salvo excepciones, la regla general es la responsabilidad en base a dolo. En materia sancionatoria administrativa, existe un amplio campo para la responsabilidad también en base a culpa y contra norma. La responsabilidad sobre base subjetiva tiene su fuente en la propia legislación eléctrica,7 por lo que no es necesario apelar a la Constitución a efectos de invocarla. A mayor abundamiento, los Tribunales8 y la propia SEC9 han reconocido la procedencia de este principio. Pese a ello, en los procedimientos sancionatorios administrativos pocas veces se ha entrado a analizar y probar la culpabilidad, estableciéndose en los hechos una forma de responsabilidad objetiva sobre la base del resultado constatado, de presunciones o de la inversión de la carga de la prueba. De alguna manera, se presume culpa, lo que atenta también contra normas constitucionales. Otro tema es determinar cuál es el grado de culpa sobre el que se debe responder. En el caso de los integrantes del CDEC, tampoco ha existido un

Otro tema es determinar cuál es el grado de culpa sobre el que se debe responder. En el caso de los integrantes del CDEC, tampoco ha existido un La responsabilidad sobre base subjetiva tiene su fuente en la propia legislación eléctrica,7 por lo que no es necesario apelar a la Constitución a efectos de invocarla. A mayor abundamiento, los Tribunales8 y la propia SEC9 han reconocido la procedencia de este principio. Pese a ello, en los procedimientos sancionatorios administrativos pocas veces se ha entrado a analizar y probar la culpabilidad, estableciéndose en los hechos una forma de responsabilidad objetiva sobre la base del resultado constatado, de presunciones o de la inversión de la carga de la prueba. De alguna manera, se presume culpa, lo que atenta también contra normas constitucionales. Sin lugar a dudas, el principal principio del ius puniendi que resulta aplicable al derecho sancionatorio administrativo es el de la culpabilidad, es decir, el de responsabilidad sobre base subjetiva. En materia penal, y salvo excepciones, la regla general es la responsabilidad en base a dolo. En materia sancionatoria administrativa, existe un amplio campo para la responsabilidad también en base a culpa y contra norma. i) Responsabilidad subjetiva

7 Ver, por ejemplo, el artículo 19 letra f) del Decreto Supremo Nº 119 sobre aplicación de sanciones y el artículo 16, letra d) de la LOC-SEC. 8 Ver, por ejemplo, los siguientes fallos: i) Rol Nº 6.547-1999, de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de junio de 2000, considerandos quinto y sexto; ii) Rol Nº 4.507-1999, de la Corte de Apelaciones de Santiago, considerandos 29 y siguientes; iii) Rol Nº 3.439-2000, de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 3 de agosto de 2000 y iv) Rol Nº 6.025-2005, de la Corte de Apelaciones de Santiago (revocado) de 4 de agosto de 2005.

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9 Por ejemplo, así lo ha señalado expresamente en el considerando número 6º de la Resolución Exenta Nº 1.103 de 9 de junio de 2004, mediante la cual rechazó la reposición planteada por Colbún S.A. al acto sancionatorio.

Aceptado que se aplican al derecho sancionatorio administrativo los principios constitucionales del ius puniendi, es necesario establecer cuáles son éstos. 2. Principios constitucionales relevantes 40

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análisis ¿no a este respecto. Constatada la falla, simplemente se ha presumido culpa de forma gruesa. ii) Reserva de ley y tipicidad en materia de la pena y la conducta sancionada En esta materia la discusión se encuentra abierta y candente. Mientras la legalidad o reserva de ley exige que haya una norma de rango legal que establezca la conducta y la pena, la tipicidad requiere que la conducta y la pena sean precisamente descritas en dicha norma. Básicamente, los criterios que se han ido asentando en esta materia son los siguientes: a. No existe ni tipo ni pena sin una ley. Si no existe ley, no puede haber ni conducta exigida ni pena por su incumplimiento; b. Este principio, muy riguroso en materia penal, es algo más atenuado en materia de derecho sancionatorio administrativo, donde los bienes jurídicos en juego serían de menor entidad que la libertad y la vida; c. En materia sancionatoria administrativa, el núcleo esencial de la conducta a sancionar debe estar establecido en la ley, pero la misma puede ser complementada por la potestad reglamentaria de ejecución. No procedería la potestad reglamentaria autónoma en la materia10. Este punto es interesante, toda vez que el Tribunal Constitucional ha señalado que puede ser objeto de cuestionamiento ante el juez que conoce de la reclamación de ilegalidad aquella infracción a la norma reglamentaria que ha sido sancionada, sobre la base que la conducta del reglamento no se funda en un núcleo esencial establecido en una norma legal; d. En cuanto a la pena, basta para cumplir el requisito constitucional con que la ley señale un rango posible, por amplio que sea, si además establece criterios que tienden a direccionar la determinación ¿nal de la pena.

10 Así, por ejemplo, ha sido explicitado en los considerandos trece, catorce, decimoséptimo

y decimonoveno del fallo del Rol Nº 479.

10 Así, por ejemplo, ha sido explicitado en los considerandos trece, catorce, decimoséptimo y decimonoveno del fallo del Rol Nº 479.

d. En cuanto a la pena, basta para cumplir el requisito constitucional con que la ley señale un rango posible, por amplio que sea, si además establece criterios que tienden a direccionar la determinación ¿nal de la pena. c. En materia sancionatoria administrativa, el núcleo esencial de la conducta a sancionar debe estar establecido en la ley, pero la misma puede ser complementada por la potestad reglamentaria de ejecución. No procedería la potestad reglamentaria autónoma en la materia10. Este punto es interesante, toda vez que el Tribunal Constitucional ha señalado que puede ser objeto de cuestionamiento ante el juez que conoce de la reclamación de ilegalidad aquella infracción a la norma reglamentaria que ha sido sancionada, sobre la base que la conducta del reglamento no se funda en un núcleo esencial establecido en una norma legal; b. Este principio, muy riguroso en materia penal, es algo más atenuado en materia de derecho sancionatorio administrativo, donde los bienes jurídicos en juego serían de menor entidad que la libertad y la vida; a. No existe ni tipo ni pena sin una ley. Si no existe ley, no puede haber ni conducta exigida ni pena por su incumplimiento; Básicamente, los criterios que se han ido asentando en esta materia son los siguientes: En esta materia la discusión se encuentra abierta y candente. Mientras la legalidad o reserva de ley exige que haya una norma de rango legal que establezca la conducta y la pena, la tipicidad requiere que la conducta y la pena sean precisamente descritas en dicha norma. ii) Reserva de ley y tipicidad en materia de la pena y la conducta sancionada análisis ¿no a este respecto. Constatada la falla, simplemente se ha presumido culpa de forma gruesa. ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

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2000, que recae en los procedimientos de los que conoció la Corte de Apelaciones de Santiago en los Roles 874-2000 y 875-2000. 12 Ver, por ejemplo, los fallos dictados por la Excma. Corte Suprema de fecha 24 de julio de

Dentro de los temas que quedan en duda se encuentra la constitucionalidad de la remisión de tercer grado, es decir, que la ley se remita al reglamento y éste, por su parte, a una instrucción o norma técnica, siendo esta última la que regule el contenido concreto del deber de conducta. La prevención de los ministros señores Navarro y Venegas, en el fallo del Rol 480-2006 del Tribunal Constitucional, deja abierto el campo a este respecto y adelanta una posición. Otro tanto hace el fallo del Rol 479, en su considerando tercero.

Así lo ha establecido, por ejemplo, la Excma. Corte Suprema, al confirmar lo señalado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el considerando 4º de un fallo de 19 de diciembre de 1991, que indica “que es más, como quedó consignado en las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, “la garantía del debido proceso legal –antes circunscrita al de naturaleza penal– se amplía a toda controversia que se promueva en el orden temporal –tribunales ordinarios, administrativos, tributarios, Contraloría General de la República (sesión 101)”. Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Tomo LXXXIX, Nº 1, enero-abril 1992, p. 25. 11

iii) Otros principios Existen otros principios de base constitucional que resultan aplicables, tales como la presunción de inocencia, el non bis in idem, el debido proceso legal11 y otros. Dentro de las hipótesis relevantes en materia eléctrica, en donde existe una posible violación al principio del non bis in idem, se encuentran aquellas en las que se sanciona por la violación del deber genérico establecido en la ley con una multa determinada y, adicionalmente, se aplica una multa por infracción a una norma reglamentaria que simplemente precisa el contenido de la misma norma legal. Existe jurisprudencia a este respecto.12 Este es un tema que típicamente puede ser materia del reclamo de ilegalidad que contempla la LOC-SEC.

Dentro de las hipótesis relevantes en materia eléctrica, en donde existe una posible violación al principio del non bis in idem, se encuentran aquellas en las que se sanciona por la violación del deber genérico establecido en la ley con una multa determinada y, adicionalmente, se aplica una multa por infracción a una norma reglamentaria que simplemente precisa el contenido de la misma norma legal. Existe jurisprudencia a este respecto.12 Este es un tema que típicamente puede ser materia del reclamo de ilegalidad que contempla la LOC-SEC. Existen otros principios de base constitucional que resultan aplicables, tales como la presunción de inocencia, el non bis in idem, el debido proceso legal11 y otros. iii) Otros principios La prevención de los ministros señores Navarro y Venegas, en el fallo del Rol 480-2006 del Tribunal Constitucional, deja abierto el campo a este respecto y adelanta una posición. Otro tanto hace el fallo del Rol 479, en su considerando tercero. VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

12 Ver, por ejemplo, los fallos dictados por la Excma. Corte Suprema de fecha 24 de julio de 2000, que recae en los procedimientos de los que conoció la Corte de Apelaciones de Santiago en los Roles 874-2000 y 875-2000.

Dentro de los temas que quedan en duda se encuentra la constitucionalidad de la remisión de tercer grado, es decir, que la ley se remita al reglamento y éste, por su parte, a una instrucción o norma técnica, siendo esta última la que regule el contenido concreto del deber de conducta.

11 Así lo ha establecido, por ejemplo, la Excma. Corte Suprema, al confirmar lo señalado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el considerando 4º de un fallo de 19 de diciembre de 1991, que indica “que es más, como quedó consignado en las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, “la garantía del debido proceso legal –antes circunscrita al de naturaleza penal– se amplía a toda controversia que se promueva en el orden temporal –tribunales ordinarios, administrativos, tributarios, Contraloría General de la República (sesión 101)”. Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Tomo LXXXIX, Nº 1, enero-abril 1992, p. 25.

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Considerando vigésimo cuarto del fallo del Tribunal Constitucional dictado en el Rol 480-2006.

ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

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B. TEMAS RELEVANTES DE DEFINICIÓN ADMINISTRATIVA: a. La aplicación de penas, ante todos los black out, a la totalidad de los miembros del CDEC sin un análisis de la responsabilidad individual;

COORDINACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD.

¿OBLIGACIÓN DE MEDIOS O DE RESULTADO? En esta materia la SEC no ha sido concluyente. Desde siempre se le ha llamado a de¿nirse sobre el carácter de las obligaciones y deberes de conducta que ¿scaliza, sin que se hayan entregado criterios de¿nitivos. La pregunta es concreta: ¿Cuándo se entiende incumplido el deber de conducta? ¿Cuándo se produce la falla, por el hecho de ocurrir, o cuándo no se hace nada para que ello no ocurra?

En nuestra opinión, producto de un mal entendimiento del núcleo esencial y verbo rector del deber de conducta (coordinarse) la SEC ha con¿gurado el mismo como una obligación de resultado. En efecto, más que un deber centrado en coordinarse, es decir, en “disponer las cosas metódicamente y concertar medios o esfuerzos para una acción común”,13 se ha considerado que el deber radica en asegurar, a todo evento, que el sistema no fallará. En consecuencia, en la especie el deber se ha centrado en la ¿nalidad o resultado (preservar la seguridad) y no en el medio que expresamente dispone la ley a este efecto (“coordinarse”) y ello se ha traducido en lo siguiente:

En esta materia la SEC no ha sido concluyente. Desde siempre se le ha llamado a de¿nirse sobre el carácter de las obligaciones y deberes de conducta que ¿scaliza, sin que se hayan entregado criterios de¿nitivos. La pregunta es concreta: ¿Cuándo se entiende incumplido el deber de conducta? ¿Cuándo se produce la falla, por el hecho de ocurrir, o cuándo no se hace nada para que ello no ocurra?

Esto es relevante para la propia autoridad administrativa, toda vez que si las obligaciones son de “medios”, la misma podría anticipar la ¿scalización, sin necesidad de esperar una falla. Por el contrario, si la obligación es de resultados, siempre es relevante que exista una falla para que la misma se entienda incumplida y, en tal calidad, proceda una sanción.

Esto es relevante para la propia autoridad administrativa, toda vez que si las obligaciones son de “medios”, la misma podría anticipar la ¿scalización, sin necesidad de esperar una falla. Por el contrario, si la obligación es de resultados, siempre es relevante que exista una falla para que la misma se entienda incumplida y, en tal calidad, proceda una sanción.

La obligación de medios es la que sólo obliga a ser diligente y cumplir las normas. La obligación de resultado es la que obliga, más allá de lo anterior, a garantizar que no se afectará el sistema.

En nuestra opinión, producto de un mal entendimiento del núcleo esencial y verbo rector del deber de conducta (coordinarse) la SEC ha con¿gurado el mismo como una obligación de resultado. En efecto, más que un deber centrado en coordinarse, es decir, en “disponer las cosas metódicamente y concertar medios o esfuerzos para una acción común”,13 se ha considerado que el deber radica en asegurar, a todo evento, que el sistema no fallará. En consecuencia, en la especie el deber se ha centrado en la ¿nalidad o resultado (preservar la seguridad) y no en el medio que expresamente dispone la ley a este efecto (“coordinarse”) y ello se ha traducido en lo siguiente: La obligación de medios es la que sólo obliga a ser diligente y cumplir las normas. La obligación de resultado es la que obliga, más allá de lo anterior, a garantizar que no se afectará el sistema.

a. La aplicación de penas, ante todos los black out, a la totalidad de los miembros del CDEC sin un análisis de la responsabilidad individual;

¿OBLIGACIÓN DE MEDIOS O DE RESULTADO? COORDINACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD.

B. TEMAS RELEVANTES DE DEFINICIÓN ADMINISTRATIVA: ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

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13 Considerando vigésimo cuarto del fallo del Tribunal Constitucional dictado en el Rol 480-2006.

De esta forma, cada vez que ha existido un black out se ha entendido infringido el precepto del artículo 81 de la Ley Eléctrica y, en tal calidad, se ha aplicado la sanción sobre la base de que se estima la obligación como de resultado, fundando de tal manera la infracción como gravísima. Lo más grave de esto es que el análisis concreto que practica la SEC de los hechos se centra en una serie de aspectos no asociados necesariamente con la coordinación que, en los hechos, o no tienen incidencia causal con la falla o no son propios del deber de coordinarse.

El deber de coordinación es propio del carácter de entidad sin personalidad jurídica del CDEC, toda vez que el mismo reúne el esfuerzo, para un propósito común, de una serie de entidades diferentes que lo componen.

c. La no sanción, por regla general, de faltas de coordinación de manera preventiva o con independencia de un black out;

El artículo 81 de la Ley Eléctrica dispone:

b. El rechazo de las alegaciones basadas en las medidas tomadas para prevenir el resultado;

“Artículo 81º número 1) inciso segundo: La operación de las instalaciones eléctricas de que operen interconectadas entre sí, deberá coordinarse con el fin de: i) preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico”.

VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

La obligación de coordinarse manda a “disponer las cosas metódicamente y concertar medios o esfuerzos para una acción común”. Se cumple la obligación concreta si, en los hechos y en la forma señalada por la normativa, se disponen metódicamente los diferentes elementos o actores a objeto de tender hacia un ¿n, en abstracto. Por el contrario, si no existe disposición conjunta de medios o actores hacia una ¿nalidad en abstracto, no se cumple con la norma.

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1. Concepto y alcances de la obligación legal de coordinación III. ALCANCES SANCIONATORIOS

DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN

DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN

III. ALCANCES SANCIONATORIOS

1. Concepto y alcances de la obligación legal de coordinación

b. El rechazo de las alegaciones basadas en las medidas tomadas para prevenir el resultado; 44

VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

La obligación de coordinarse manda a “disponer las cosas metódicamente y concertar medios o esfuerzos para una acción común”. Se cumple la obligación concreta si, en los hechos y en la forma señalada por la normativa, se disponen metódicamente los diferentes elementos o actores a objeto de tender hacia un ¿n, en abstracto. Por el contrario, si no existe disposición conjunta de medios o actores hacia una ¿nalidad en abstracto, no se cumple con la norma.

c. La no sanción, por regla general, de faltas de coordinación de manera preventiva o con independencia de un black out;

“Artículo 81º número 1) inciso segundo: La operación de las instalaciones eléctricas de que operen interconectadas entre sí, deberá coordinarse con el fin de: i) preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico”.

De esta forma, cada vez que ha existido un black out se ha entendido infringido el precepto del artículo 81 de la Ley Eléctrica y, en tal calidad, se ha aplicado la sanción sobre la base de que se estima la obligación como de resultado, fundando de tal manera la infracción como gravísima.

El artículo 81 de la Ley Eléctrica dispone:

Lo más grave de esto es que el análisis concreto que practica la SEC de los hechos se centra en una serie de aspectos no asociados necesariamente con la coordinación que, en los hechos, o no tienen incidencia causal con la falla o no son propios del deber de coordinarse.

El deber de coordinación es propio del carácter de entidad sin personalidad jurídica del CDEC, toda vez que el mismo reúne el esfuerzo, para un propósito común, de una serie de entidades diferentes que lo componen.

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2. Conformación de una obligación de medios Las obligaciones de resultado o de garantía son, en nuestro sistema, una excepción y requieren norma expresa. Por ello, por el solo hecho de constatar que no existe una norma legal que obligue a las empresas integrantes del CDEC a garantizar que el sistema no fallará, se concluye que no existe una obligación de resultado sino de medios. Pese a lo anterior y a mayor abundamiento, en el caso del artículo 81 de la Ley Eléctrica, por el verbo rector utilizado expresamente coordinarse, se trata de un caso en que la obligación se encuentra sustancialmente conformada como de medios, al menos de cara a la preservación de la seguridad. Basta que exista una disposición conjunta de actores y medios dirigidos hacia determinada ¿nalidad común, en abstracto, para que se haya cumplido la norma. Ello explica que la ley señale como deber “coordinarse con el ¿n de preservar la seguridad del servicio” y no, derechamente, “garantizar en todo momento que la seguridad del servicio”. 3. Necesaria integración de la obligación de coordinación con las demás normas relevantes, a efectos de conformar un tipo sancionatorio administrativo Otro tema de primera importancia resuelto por el Tribunal Constitucional en el Rol 480-2006 tiene relación con la forma en que se con¿guran los tipos sancionatorios administrativos. En opinión del Tribunal Constitucional, no existe un requisito en la Carta Fundamental –ni es condición de certeza y seguridad jurídica– que obligue a que el deber de conducta y la sanción se señalen en una misma y única norma, de manera integrada. Por el contrario, el criterio del sentenciador es que el sistema sancionatorio de la SEC se conforma de un conjunto de normas que se integran de la siguiente manera.14 14 El considerando tercero del fallo del Tribunal Constitucional dictado en el Rol 480-2006 señala: “Que, típicamente la actividad sancionadora del Estado –y este caso no es la excepción– opera a través de una diversidad de normas que cumplen funciones diversas. Entre ellas, se encuentran al menos tres tipos que interesa destacar para efectos de este fallo: a) Las que establecen las conductas debidas para los administrados. En el derecho administrativo no se vinculan en una misma norma, como típicamente ocurre en el derecho penal, la descripción de una conducta antijurídica con su correspondiente sanción, sino que se describen deberes u obligaciones de los administrados. En el caso sublite son de esta naturaleza una serie

14 El considerando tercero del fallo del Tribunal Constitucional dictado en el Rol 480-2006 señala: “Que, típicamente la actividad sancionadora del Estado –y este caso no es la excepción– opera a través de una diversidad de normas que cumplen funciones diversas. Entre ellas, se encuentran al menos tres tipos que interesa destacar para efectos de este fallo: a) Las que establecen las conductas debidas para los administrados. En el derecho administrativo no se vinculan en una misma norma, como típicamente ocurre en el derecho penal, la descripción de una conducta antijurídica con su correspondiente sanción, sino que se describen deberes u obligaciones de los administrados. En el caso sublite son de esta naturaleza una serie

Otro tema de primera importancia resuelto por el Tribunal Constitucional en el Rol 480-2006 tiene relación con la forma en que se con¿guran los tipos sancionatorios administrativos. En opinión del Tribunal Constitucional, no existe un requisito en la Carta Fundamental –ni es condición de certeza y seguridad jurídica– que obligue a que el deber de conducta y la sanción se señalen en una misma y única norma, de manera integrada. Por el contrario, el criterio del sentenciador es que el sistema sancionatorio de la SEC se conforma de un conjunto de normas que se integran de la siguiente manera.14 3. Necesaria integración de la obligación de coordinación con las demás normas relevantes, a efectos de conformar un tipo sancionatorio administrativo Pese a lo anterior y a mayor abundamiento, en el caso del artículo 81 de la Ley Eléctrica, por el verbo rector utilizado expresamente coordinarse, se trata de un caso en que la obligación se encuentra sustancialmente conformada como de medios, al menos de cara a la preservación de la seguridad. Basta que exista una disposición conjunta de actores y medios dirigidos hacia determinada ¿nalidad común, en abstracto, para que se haya cumplido la norma. Ello explica que la ley señale como deber “coordinarse con el ¿n de preservar la seguridad del servicio” y no, derechamente, “garantizar en todo momento que la seguridad del servicio”. Las obligaciones de resultado o de garantía son, en nuestro sistema, una excepción y requieren norma expresa. Por ello, por el solo hecho de constatar que no existe una norma legal que obligue a las empresas integrantes del CDEC a garantizar que el sistema no fallará, se concluye que no existe una obligación de resultado sino de medios. 2. Conformación de una obligación de medios ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

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b) Aquellas que entregan potestades sancionatorias a la Administración y establecen, de un modo más o menos general, que el incumplimiento a los deberes contenidos en otras normas debe ser sancionado. En la especie, son de esta naturaleza las consagradas en los artículos 15 y en los numerales 17 y 23 del artículo 3º de la Ley Nº 18.410, cuya inaplicabilidad también ha sido solicitada; c) Las que establecen las sanciones que han de aplicarse a las conductas que infringen deberes. En la especie, son de este tipo los artículos 16 y 16 A de la Ley Nº 18.410, cuya inaplicabilidad también ha sido solicitada”.

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Continuación nota 14 de normas reglamentarias y la norma legal impugnada que establece el deber de las empresas concesionarias de interconectarse y coordinarse, a través de los Centros de Despacho Económico de Carga, con el objeto de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, contenida en el artículo 81 del D.F.L. 1 de 1982, en adelante ‘Ley Eléctrica’.

a. Normas que le facultan para aplicar sanciones, como las de los artículos 3º y 15, de la LOC-SEC;

En el fallo del Rol 480-2006 el Tribunal Constitucional ha señalado: “Vigésimo Tercero: Que, para emitir el juicio señalado en el considerando

b. Normas que señalan deberes de conducta, sean legales o reglamentarias, en cuanto estas últimas complementen el núcleo central establecido a nivel legal, y

4. Carácter de las infracciones al deber de coordinación, a la luz del fallo del Rol 480-2006 del Tribunal Constitucional

c. Normas que señalan las sanciones, niveles de infracción y sus requisitos, como son las de los artículos 16 y 16 A de la LOC-SEC.

De esta forma, las normas no pueden ser consideradas de manera aislada a efectos de aplicar una sanción. El tipo sancionatorio se integra por varias normas. Por ejemplo, para ser gravísimo, la falta de coordinación para preservar la seguridad del servicio debe haber sido la causa de la falla. Si hay falta de coordinación para el ¿n indicado, pero ella no es la causa de la falla, no existe infracción gravísima toda vez que la conformación de la misma requiere esta relación causal. El mismo principio se esboza en los considerandos segundo y quinto del fallo del Rol 479-2006, aunque sin mayor precisión por no haber sido objetado en dicha causa la inaplicabilidad del artículo 81 de la Ley Eléctrica como tipo sancionatorio.

De esta forma, las normas no pueden ser consideradas de manera aislada a efectos de aplicar una sanción. El tipo sancionatorio se integra por varias normas. Por ejemplo, para ser gravísimo, la falta de coordinación para preservar la seguridad del servicio debe haber sido la causa de la falla. Si hay falta de coordinación para el ¿n indicado, pero ella no es la causa de la falla, no existe infracción gravísima toda vez que la conformación de la misma requiere esta relación causal. El mismo principio se esboza en los considerandos segundo y quinto del fallo del Rol 479-2006, aunque sin mayor precisión por no haber sido objetado en dicha causa la inaplicabilidad del artículo 81 de la Ley Eléctrica como tipo sancionatorio.

c. Normas que señalan las sanciones, niveles de infracción y sus requisitos, como son las de los artículos 16 y 16 A de la LOC-SEC.

4. Carácter de las infracciones al deber de coordinación, a la luz del fallo del Rol 480-2006 del Tribunal Constitucional

b. Normas que señalan deberes de conducta, sean legales o reglamentarias, en cuanto estas últimas complementen el núcleo central establecido a nivel legal, y

En el fallo del Rol 480-2006 el Tribunal Constitucional ha señalado: “Vigésimo Tercero: Que, para emitir el juicio señalado en el considerando

a. Normas que le facultan para aplicar sanciones, como las de los artículos 3º y 15, de la LOC-SEC;

Continuación nota 14 de normas reglamentarias y la norma legal impugnada que establece el deber de las empresas concesionarias de interconectarse y coordinarse, a través de los Centros de Despacho Económico de Carga, con el objeto de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, contenida en el artículo 81 del D.F.L. 1 de 1982, en adelante ‘Ley Eléctrica’.

VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

b) Aquellas que entregan potestades sancionatorias a la Administración y establecen, de un modo más o menos general, que el incumplimiento a los deberes contenidos en otras normas debe ser sancionado. En la especie, son de esta naturaleza las consagradas en los artículos 15 y en los numerales 17 y 23 del artículo 3º de la Ley Nº 18.410, cuya inaplicabilidad también ha sido solicitada; c) Las que establecen las sanciones que han de aplicarse a las conductas que infringen deberes. En la especie, son de este tipo los artículos 16 y 16 A de la Ley Nº 18.410, cuya inaplicabilidad también ha sido solicitada”.

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Este es, sin duda, el principal aporte del fallo analizado toda vez que señala que en este entendido la norma es constitucional, pues el tipo se con¿gura en

ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

En todos los casos en que exista una falta de coordinación que no sea la causa de la falla –como ocurriría, por ejemplo, cuando no se despachan las unidades necesarias– la falta, de existir y ser subjetivamente imputable, sólo podrá ser cali¿cada de leve y no de gravísima, con las consecuencias que ello arrastra en materia de la multa ¿nal.

anterior, ha de tenerse presente que el precepto legal impugnado, el que no puede considerarse aisladamente, según lo razonado en los considerandos primero a tercero que anteceden, ha descrito la conducta debida a través del verbo rector ‘coordinarse’; ha establecido una ¿nalidad, en este caso, la de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, conforme a lo prescrito en ese mismo precepto; y ha graduado las sanciones ante su infracción según sus modos de comisión o sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley Nº 18.142. En este último sentido, para que la infracción al deber de coordinarse para alcanzar el ¿n de preservar la seguridad en el servicio pueda ser considerada grave o gravísima, se hace necesario que su incumplimiento se produzca en razón de falsear información que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precios o que la dicha infracción tenga por efecto un determinado resultado, tal como la muerte o lesión grave de personas o una falla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrico, según debe ser interpretado el artículo 81 en comento en conjunto con los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley Nº 18.410”.

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La mención del Tribunal Constitucional es de primera importancia, toda vez que lleva a concluir que no toda falta de coordinación constatada con motivo de un black out debe dar lugar a la aplicación de una sanción en carácter de gravísima o grave. Lo anterior sólo es posible si la falta de coordinación es la causa de la falla, es decir, si existe una relación de causalidad. En las hipótesis de omisión (por ejemplo; la madre que no alimenta al hijo) debe ser la conducta no desplegada, y no otra, la causante directa de la falla. Por ello, se excluyen hipótesis de falta de coordinación que se traduzcan, por ejemplo, en no haber adoptado más medidas preventivas o de control de las condiciones de instalaciones de terceros, pues la omisión de las mismas no son la causa de la falla, aunque hayan podido eventualmente evitarla en conjunto con otras medidas. En todos los casos en que exista una falta de coordinación que no sea la causa de la falla –como ocurriría, por ejemplo, cuando no se despachan las unidades necesarias– la falta, de existir y ser subjetivamente imputable, sólo podrá ser cali¿cada de leve y no de gravísima, con las consecuencias que ello arrastra en materia de la multa ¿nal. Este es, sin duda, el principal aporte del fallo analizado toda vez que señala que en este entendido la norma es constitucional, pues el tipo se con¿gura en

La mención del Tribunal Constitucional es de primera importancia, toda vez que lleva a concluir que no toda falta de coordinación constatada con motivo de un black out debe dar lugar a la aplicación de una sanción en carácter de gravísima o grave. Lo anterior sólo es posible si la falta de coordinación es la causa de la falla, es decir, si existe una relación de causalidad. En las hipótesis de omisión (por ejemplo; la madre que no alimenta al hijo) debe ser la conducta no desplegada, y no otra, la causante directa de la falla. Por ello, se excluyen hipótesis de falta de coordinación que se traduzcan, por ejemplo, en no haber adoptado más medidas preventivas o de control de las condiciones de instalaciones de terceros, pues la omisión de las mismas no son la causa de la falla, aunque hayan podido eventualmente evitarla en conjunto con otras medidas. anterior, ha de tenerse presente que el precepto legal impugnado, el que no puede considerarse aisladamente, según lo razonado en los considerandos primero a tercero que anteceden, ha descrito la conducta debida a través del verbo rector ‘coordinarse’; ha establecido una ¿nalidad, en este caso, la de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, conforme a lo prescrito en ese mismo precepto; y ha graduado las sanciones ante su infracción según sus modos de comisión o sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley Nº 18.142. En este último sentido, para que la infracción al deber de coordinarse para alcanzar el ¿n de preservar la seguridad en el servicio pueda ser considerada grave o gravísima, se hace necesario que su incumplimiento se produzca en razón de falsear información que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precios o que la dicha infracción tenga por efecto un determinado resultado, tal como la muerte o lesión grave de personas o una falla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrico, según debe ser interpretado el artículo 81 en comento en conjunto con los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley Nº 18.410”. ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

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En efecto, parece haber sido decisivo en la posición adoptada el hecho que en la Junta de Gobierno, uno de los organismos redactores que, para peor, el que no dejó registros, se 15

la ley y no fuera de ella. El elemento causal –es decir, la vinculación directa de la falta de coordinación con el resultado– pasa a ser parte del tipo y es el que lo de¿ne al momento de encarar una sanción.

1. Es un fallo originalista y literalista15 en el extremo, en perjuicio del carácter ¿nalista y garantista de la Constitución Política de la República. La Desde el punto de vista constitucional, el fallo nos merece los siguientes cuestionamientos:

CONCLUSIONES El fallo analizado representa importantes avances y dudas para el derecho eléctrico, pero no deja tranquilo a los constitucionalistas. Para el derecho eléctrico, los avances o dudas relevantes son los siguientes: 1. Queda pendiente la discusión de si se pueden o no aplicar sanciones por parte de la SEC para el caso de infracciones a “instrucciones y órdenes”. Tanto el fallo de mayoría como las prevenciones de los señores ministros Navarro, Venegas y Fernández así lo indican; 2. Queda claro que sólo es posible sancionar por infracciones a un reglamento, en la medida que el mismo precise un tipo establecido, en su esencia, en la propia ley. Si la ley no da cobertura al tipo reglamentario, describiendo su núcleo esencial, no es posible aplicar sanción alguna; 3. La obligación de coordinarse es, en su esencia, una obligación de medios si se relaciona la misma con el deber al que se llama, esto es, preservar la seguridad del sistema; 4. No toda infracción al deber de coordinarse, asociada a un black out, es una infracción gravísima o grave. Sólo constituye dicho tipo de infracción la que se asocia como causa a la falla. Desde el punto de vista constitucional, el fallo nos merece los siguientes cuestionamientos:

4. No toda infracción al deber de coordinarse, asociada a un black out, es una infracción gravísima o grave. Sólo constituye dicho tipo de infracción la que se asocia como causa a la falla. 3. La obligación de coordinarse es, en su esencia, una obligación de medios si se relaciona la misma con el deber al que se llama, esto es, preservar la seguridad del sistema; 2. Queda claro que sólo es posible sancionar por infracciones a un reglamento, en la medida que el mismo precise un tipo establecido, en su esencia, en la propia ley. Si la ley no da cobertura al tipo reglamentario, describiendo su núcleo esencial, no es posible aplicar sanción alguna; 1. Queda pendiente la discusión de si se pueden o no aplicar sanciones por parte de la SEC para el caso de infracciones a “instrucciones y órdenes”. Tanto el fallo de mayoría como las prevenciones de los señores ministros Navarro, Venegas y Fernández así lo indican; Para el derecho eléctrico, los avances o dudas relevantes son los siguientes: El fallo analizado representa importantes avances y dudas para el derecho eléctrico, pero no deja tranquilo a los constitucionalistas. CONCLUSIONES VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

15 En efecto, parece haber sido decisivo en la posición adoptada el hecho que en la Junta de Gobierno, uno de los organismos redactores que, para peor, el que no dejó registros, se

la ley y no fuera de ella. El elemento causal –es decir, la vinculación directa de la falta de coordinación con el resultado– pasa a ser parte del tipo y es el que lo de¿ne al momento de encarar una sanción.

1. Es un fallo originalista y literalista15 en el extremo, en perjuicio del carácter ¿nalista y garantista de la Constitución Política de la República. La

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ley sólo debe señalar el núcleo esencial de la conducta, pudiendo la potestad reglamentaria de ejecución precisarla, con o sin capacidad de discreción; 2. Es un fallo formalista, en cuanto bastaría para cumplir el requisito constitucional con que la ley señale un rango incluso enorme de penas, aunque la misma sea determinada en los hechos por el ente que la aplica; 3. Es un fallo débil en su espíritu pues, pese a ser unánime, da cuenta de múltiples prevenciones de un peso inédito. Por ello, se trata de un fallo que puede ser desa¿ado en el futuro; 4. Es un fallo fuerte en sus pretensiones, por cuanto establece una interpretación concreta, en base a la cual se declara constitucionalmente aplicable el precepto. Sin duda lo más importante del fallo es el análisis que realiza de la estructura de los tipos sancionatorios administrativos, a la luz del tipo y grado de la sanción aplicable, con centro en el deber de coordinación de los integrantes del CDEC. BIBLIOGRAFÍA CITADA BERMÚDEZ, Jorge (1998): “Elementos para de¿nir las Sanciones Administrativas”, en Revista Chilena de Derecho, Nº Especial, pp. 323-334. FELIÚ, Olga (2003): “Aplicación de Garantías Constitucionales, Procesales y Penales en el Ámbito Administrativo”, e-campos (UNIACC). Continuación nota 15 haya decidido eliminar del texto la palabra “completamente”. Así, el considerando decimoséptimo del fallo dictado en el rol indicado señala: “Decimoséptimo: Que, a igual conclusión de aceptar por regla general la colaboración reglamentaria en materias reservadas por la Constitución al dominio legal, debe llegarse en virtud de lo dispuesto en el inciso final del numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental. En efecto, y tal como ha tenido oportunidad de desarrollar este Tribunal en sentencia de 4 diciembre de 1984, Rol Nº 24, relativo a un requerimiento sobre la Ley de Drogas, el texto del artículo 19 Nº 3 exige que la conducta se encuentre ‘expresamente’ descrita en la ley, pero no que esté ‘completamente’ descrita en el precepto legal. Este último adjetivo calificativo fue incluido en la propuesta de precepto constitucional hecho por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, pero deliberadamente eliminado por la Junta de Gobierno, lo que debe necesariamente interpretarse como una aceptación, en esta materia, de la colaboración de la potestad reglamentaria en la descripción de la conducta sancionable”.

Continuación nota 15 haya decidido eliminar del texto la palabra “completamente”. Así, el considerando decimoséptimo del fallo dictado en el rol indicado señala: “Decimoséptimo: Que, a igual conclusión de aceptar por regla general la colaboración reglamentaria en materias reservadas por la Constitución al dominio legal, debe llegarse en virtud de lo dispuesto en el inciso final del numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental. En efecto, y tal como ha tenido oportunidad de desarrollar este Tribunal en sentencia de 4 diciembre de 1984, Rol Nº 24, relativo a un requerimiento sobre la Ley de Drogas, el texto del artículo 19 Nº 3 exige que la conducta se encuentre ‘expresamente’ descrita en la ley, pero no que esté ‘completamente’ descrita en el precepto legal. Este último adjetivo calificativo fue incluido en la propuesta de precepto constitucional hecho por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, pero deliberadamente eliminado por la Junta de Gobierno, lo que debe necesariamente interpretarse como una aceptación, en esta materia, de la colaboración de la potestad reglamentaria en la descripción de la conducta sancionable”.

FELIÚ, Olga (2003): “Aplicación de Garantías Constitucionales, Procesales y Penales en el Ámbito Administrativo”, e-campos (UNIACC). BERMÚDEZ, Jorge (1998): “Elementos para de¿nir las Sanciones Administrativas”, en Revista Chilena de Derecho, Nº Especial, pp. 323-334. BIBLIOGRAFÍA CITADA Sin duda lo más importante del fallo es el análisis que realiza de la estructura de los tipos sancionatorios administrativos, a la luz del tipo y grado de la sanción aplicable, con centro en el deber de coordinación de los integrantes del CDEC. 4. Es un fallo fuerte en sus pretensiones, por cuanto establece una interpretación concreta, en base a la cual se declara constitucionalmente aplicable el precepto. 3. Es un fallo débil en su espíritu pues, pese a ser unánime, da cuenta de múltiples prevenciones de un peso inédito. Por ello, se trata de un fallo que puede ser desa¿ado en el futuro; 2. Es un fallo formalista, en cuanto bastaría para cumplir el requisito constitucional con que la ley señale un rango incluso enorme de penas, aunque la misma sea determinada en los hechos por el ente que la aplica; ley sólo debe señalar el núcleo esencial de la conducta, pudiendo la potestad reglamentaria de ejecución precisarla, con o sin capacidad de discreción; ALCANCES SANCIONATORIOS DE LA OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS

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VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

SOTO KLOSS, Eduardo (1980): “El Derecho Administrativo Penal”, en Boletín de Investigaciones (Ponti¿cia Universidad Católica de Chile) Nºs. 44 y 45, p. 101. NORMAS CITADAS

Corte de Apelaciones de Santiago:

Ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; artículos 3º, 15, 16, 16A y 81.

Rol Nº 6.547-1999, Rol Nº 4.507-1999, Rol Nº 874-2000, Rol Nº 875-2000, Rol Nº 3.439-2000, Rol Nº 6.025-2005.

Artículos 6º, 7º, 8º y 19 Nºs. 3 y 21, de la Constitución Política de la República.

Ley Nº 19.613 de 1999.

Nº 014571, de 22 de marzo de 2005. Dictámenes de Contraloría General de la República:

Decreto Supremo Nº 119 sobre aplicación de sanciones. Resolución Exenta Nº 1.103 de 9 de junio de 2004.

JURISPRUDENCIA CITADA

Rol Nº 24-1984, Rol Nº 46-1987, Rol Nº 244-1996, Rol Nº 437-2005, Rol Nº 421- 2006, Rol Nº 479-2006, Rol Nº 480-2006, Rol Nº 521-2006.

Fallos del Tribunal Constitucional:

Fallos del Tribunal Constitucional:

Rol Nº 24-1984, Rol Nº 46-1987, Rol Nº 244-1996, Rol Nº 437-2005, Rol Nº 421- 2006, Rol Nº 479-2006, Rol Nº 480-2006, Rol Nº 521-2006.

JURISPRUDENCIA CITADA

Resolución Exenta Nº 1.103 de 9 de junio de 2004. Decreto Supremo Nº 119 sobre aplicación de sanciones.

Nº 014571, de 22 de marzo de 2005.

Ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; artículos 3º, 15, 16, 16A y 81. Artículos 6º, 7º, 8º y 19 Nºs. 3 y 21, de la Constitución Política de la República. NORMAS CITADAS SOTO KLOSS, Eduardo (1980): “El Derecho Administrativo Penal”, en Boletín de Investigaciones (Ponti¿cia Universidad Católica de Chile) Nºs. 44 y 45, p. 101. VÍCTOR MANUEL AVILÉS HERNÁNDEZ

Rol Nº 6.547-1999, Rol Nº 4.507-1999, Rol Nº 874-2000, Rol Nº 875-2000, Rol Nº 3.439-2000, Rol Nº 6.025-2005.

Ley Nº 19.613 de 1999.

Corte de Apelaciones de Santiago:

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Dictámenes de Contraloría General de la República:



Ingeniero Civil Industrial, Gerente General Surenergía S.A.

Trabajo presentado en las X Jornadas de Derecho Eléctrico (2010) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO*

Prácticamente de la noche a la mañana, como se verá en las cifras que incluye esta ponencia, el gas natural pasó de ser la segura base de expansión de la generación de electricidad en Chile a transformarse en una precaria fuente primaria de energía, impredecible en cantidad y precio. Los efectos de este cambio en la matriz energética y en la ine¿ciencia propia de la solución adoptada, los continuarán pagando los consumidores durante varios años más. Recordando una ya “antigua” modi¿cación de la Ley Eléctrica, la “Ley Corta II” (Ley Nº 20.257, de 2008), nos encontramos quizá con el momento de mayor preocupación pública sobre la seguridad de suministro eléctrico, en los últimos 40 años de nuestra historia, a raíz del incumplimiento de Argentina de acuerdos que eran el marco legal para el suministro de gas natural a empresas chilenas; ello derivó en la interrupción discrecional de los envíos de gas natural desde Argentina a Chile. A dicho incumplimiento se debe agregar la falta de previsión en Chile, tanto del sector público como del privado, de planes de acción para minimizar los perjuicios de este evento en Chile. I. INTRODUCCIÓN

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ**

I. INTRODUCCIÓN Recordando una ya “antigua” modi¿cación de la Ley Eléctrica, la “Ley Corta II” (Ley Nº 20.257, de 2008), nos encontramos quizá con el momento de mayor preocupación pública sobre la seguridad de suministro eléctrico, en los últimos 40 años de nuestra historia, a raíz del incumplimiento de Argentina de acuerdos que eran el marco legal para el suministro de gas natural a empresas chilenas; ello derivó en la interrupción discrecional de los envíos de gas natural desde Argentina a Chile. A dicho incumplimiento se debe agregar la falta de previsión en Chile, tanto del sector público como del privado, de planes de acción para minimizar los perjuicios de este evento en Chile. Prácticamente de la noche a la mañana, como se verá en las cifras que incluye esta ponencia, el gas natural pasó de ser la segura base de expansión de la generación de electricidad en Chile a transformarse en una precaria fuente primaria de energía, impredecible en cantidad y precio. Los efectos de este cambio en la matriz energética y en la ine¿ciencia propia de la solución adoptada, los continuarán pagando los consumidores durante varios años más.

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ**

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO*

Trabajo presentado en las X Jornadas de Derecho Eléctrico (2010) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ingeniero Civil Industrial, Gerente General Surenergía S.A.

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

Estos tres criterios siguen siendo relevantes en la discusión sobre seguridad de suministro eléctrico, y prestan un razonable marco para analizarla.

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Con motivo de la tramitación de la Ley Corta II, se identi¿caron tres criterios principales de los cuales dependía la seguridad de suministro eléctrico, ellos eran: (i) diversi¿cación de la matriz energética, es decir, el grado de participación de las fuentes primarias de energía; (ii) variedad de las fuentes externas desde las cuales se importan los combustibles, y (iii) el desarrollo de inversiones que garanticen una oferta acorde a la evolución de la demanda de energía.

Antes de 2004, y producto de algunos períodos de baja pluviometría, hubo también breves instantes de preocupación pública por la seguridad de suministro eléctrico, pero ello fue olvidado tan pronto comenzó a llover.

Por ello, hoy en día es más complejo que hace unos años encontrar una solución económica y, especialmente, oportuna al problema de obtener determinada seguridad de suministro; dichos análisis exigen rigurosidad para no dejar injusti¿cadamente fuera de la solución alternativas menos conocidas en Chile, como la energía nuclear.

Durante los períodos a que nos hemos referido se vieron afectadas básicamente sólo dos de las variables que de¿nen la seguridad de suministro en Chile. En efecto, la disponibilidad de agua, una de las fuentes primarias de energía, temporalmente se redujo con respecto a condiciones esperadas normales, mientras que el suministro de gas natural se volvió incierto.

Actualmente, sobre todas las variables anteriores la característica más relevante es: incertidumbre.

Hasta mediados de la presente década, en la práctica, no existieron dudas importantes ni tampoco cuestionamientos relevantes sobre las demás variables que también de¿nen en mayor o menor grado la seguridad de suministro eléctrico del país: disponibilidad de otras fuentes primarias de energía (como petróleo, carbón, biomasa), niveles de precio de largo plazo de combustibles, costos de inversión y operación de las distintas tecnologías, desarrollo de tecnologías alternativas, mercado de ¿nanciamiento, uso de la tierra y la agenda ambiental de algunos países desarrollados.

Hasta mediados de la presente década, en la práctica, no existieron dudas importantes ni tampoco cuestionamientos relevantes sobre las demás variables que también de¿nen en mayor o menor grado la seguridad de suministro eléctrico del país: disponibilidad de otras fuentes primarias de energía (como petróleo, carbón, biomasa), niveles de precio de largo plazo de combustibles, costos de inversión y operación de las distintas tecnologías, desarrollo de tecnologías alternativas, mercado de ¿nanciamiento, uso de la tierra y la agenda ambiental de algunos países desarrollados.

Actualmente, sobre todas las variables anteriores la característica más relevante es: incertidumbre.

Durante los períodos a que nos hemos referido se vieron afectadas básicamente sólo dos de las variables que de¿nen la seguridad de suministro en Chile. En efecto, la disponibilidad de agua, una de las fuentes primarias de energía, temporalmente se redujo con respecto a condiciones esperadas normales, mientras que el suministro de gas natural se volvió incierto.

Por ello, hoy en día es más complejo que hace unos años encontrar una solución económica y, especialmente, oportuna al problema de obtener determinada seguridad de suministro; dichos análisis exigen rigurosidad para no dejar injusti¿cadamente fuera de la solución alternativas menos conocidas en Chile, como la energía nuclear.

Antes de 2004, y producto de algunos períodos de baja pluviometría, hubo también breves instantes de preocupación pública por la seguridad de suministro eléctrico, pero ello fue olvidado tan pronto comenzó a llover.

Con motivo de la tramitación de la Ley Corta II, se identi¿caron tres criterios principales de los cuales dependía la seguridad de suministro eléctrico, ellos eran: (i) diversi¿cación de la matriz energética, es decir, el grado de participación de las fuentes primarias de energía; (ii) variedad de las fuentes externas desde las cuales se importan los combustibles, y (iii) el desarrollo de inversiones que garanticen una oferta acorde a la evolución de la demanda de energía.

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

Estos tres criterios siguen siendo relevantes en la discusión sobre seguridad de suministro eléctrico, y prestan un razonable marco para analizarla.

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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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En este contexto, la discusión sobre la inclusión o no de la energía nuclear en la matriz energética y su efecto en la seguridad de suministro eléctrico, es una tarea necesariamente urgente en Chile. Obviamente, aunque no se ha mencionado todavía, en esta discusión es imprescindible incluir el más importante de los criterios: el precio económico al cual se obtiene determinada seguridad de suministro eléctrico. El valor de esta variable será el que otorgará no sólo validez pública, en el largo plazo, a una u otra opción de seguridad deseada de suministro, sino que más importante aún, puede transformarse en el motor o en el freno de toda la economía del país. II. ALGUNOS NÚMEROS SOBRE SEGURIDAD DE SUMINISTRO En el Anexo 1 de esta ponencia se incluye información estadística sobre fuentes y usos de energía en Chile, elaborada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que se entregan en los Balances de Energía que ella publica periódicamente. A partir de esta información destaca lo siguiente: • Aproximadamente el 62% del consumo bruto de energía primaria del año 2008 corresponde a combustibles fósiles. • Aproximadamente el 50% del consumo total de energía secundaria del año 2008 corresponde a derivados del petróleo. • Del consumo de energía secundaria del año 2008, los principales grupos consumidores fueron industrial y minero (26%), transporte (25%), comercial, público y residencial (18%). Ese mismo año el consumo en centros de transformación representó el 28% de la energía secundaria total. • Durante el período 1999-2008, entre el 28% y 34% del total de energía consumida fue de origen nacional, mientras que entre el 66% y 72% de la energía fue de origen importado. Por otra parte, una primera aproximación a la seguridad de suministro de electricidad puede obtenerse del análisis de las cifras del siguiente cuadro del Balance de Energía 2008 (CNE).

Por otra parte, una primera aproximación a la seguridad de suministro de electricidad puede obtenerse del análisis de las cifras del siguiente cuadro del Balance de Energía 2008 (CNE). • Durante el período 1999-2008, entre el 28% y 34% del total de energía consumida fue de origen nacional, mientras que entre el 66% y 72% de la energía fue de origen importado. • Del consumo de energía secundaria del año 2008, los principales grupos consumidores fueron industrial y minero (26%), transporte (25%), comercial, público y residencial (18%). Ese mismo año el consumo en centros de transformación representó el 28% de la energía secundaria total. • Aproximadamente el 50% del consumo total de energía secundaria del año 2008 corresponde a derivados del petróleo. • Aproximadamente el 62% del consumo bruto de energía primaria del año 2008 corresponde a combustibles fósiles. A partir de esta información destaca lo siguiente: En el Anexo 1 de esta ponencia se incluye información estadística sobre fuentes y usos de energía en Chile, elaborada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que se entregan en los Balances de Energía que ella publica periódicamente. II. ALGUNOS NÚMEROS SOBRE SEGURIDAD DE SUMINISTRO Obviamente, aunque no se ha mencionado todavía, en esta discusión es imprescindible incluir el más importante de los criterios: el precio económico al cual se obtiene determinada seguridad de suministro eléctrico. El valor de esta variable será el que otorgará no sólo validez pública, en el largo plazo, a una u otra opción de seguridad deseada de suministro, sino que más importante aún, puede transformarse en el motor o en el freno de toda la economía del país. En este contexto, la discusión sobre la inclusión o no de la energía nuclear en la matriz energética y su efecto en la seguridad de suministro eléctrico, es una tarea necesariamente urgente en Chile. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

Por otra parte, se observa que entre 1978 y 1998 el carbón como consumo neto de energía primaria pasa de un 10% a un 16%, momento en que comienza a perder participación hasta mínimos de 8% a 9% cerca de 2004. En los hechos, desde la introducción del gas natural no se estudian o consideran nuevas centrales a carbón, y se desmantelan muchos de los equipos de ingeniería especializados en esta fuente de energía, y el futuro de la matriz energética chilena se basó en el gas natural argentino. Esta participación del gas natural desde Argentina, hace pasar en un año al gas natural de 7% a 13% del total de consumo neto de energía primaria, entre 1998 y 1999, llegando a un máximo de 21% en 2004, el año de inicio de la crisis del gas natural desde Argentina. A partir de 2004, el carbón vuelve a tomar mayor importancia en

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Ello se reÀeja, por una parte, en que la participación de la hidroelectricidad llega a 22% del consumo neto de energía primaria en 1988, el valor más alto en toda la serie, aunque ella está sujeta a las variaciones que le son características y una de cuyas sequías se observa en los años 1998 y 1999, cuando su participación relativa cae al 12%, el menor valor en toda la serie de datos.

Hasta antes de la llegada del gas natural desde Argentina a Chile, el sector eléctrico en Chile se desarrollaba principalmente en base a centrales de generación hidráulica o térmica a carbón.

Hasta antes de la llegada del gas natural desde Argentina a Chile, el sector eléctrico en Chile se desarrollaba principalmente en base a centrales de generación hidráulica o térmica a carbón.

Ello se reÀeja, por una parte, en que la participación de la hidroelectricidad llega a 22% del consumo neto de energía primaria en 1988, el valor más alto en toda la serie, aunque ella está sujeta a las variaciones que le son características y una de cuyas sequías se observa en los años 1998 y 1999, cuando su participación relativa cae al 12%, el menor valor en toda la serie de datos.

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

Por otra parte, se observa que entre 1978 y 1998 el carbón como consumo neto de energía primaria pasa de un 10% a un 16%, momento en que comienza a perder participación hasta mínimos de 8% a 9% cerca de 2004. En los hechos, desde la introducción del gas natural no se estudian o consideran nuevas centrales a carbón, y se desmantelan muchos de los equipos de ingeniería especializados en esta fuente de energía, y el futuro de la matriz energética chilena se basó en el gas natural argentino. Esta participación del gas natural desde Argentina, hace pasar en un año al gas natural de 7% a 13% del total de consumo neto de energía primaria, entre 1998 y 1999, llegando a un máximo de 21% en 2004, el año de inicio de la crisis del gas natural desde Argentina. A partir de 2004, el carbón vuelve a tomar mayor importancia en

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la matriz energética llegando a 13% en 2008, y transformándose una vez más en la llave maestra de la seguridad de suministro de electricidad, para lo cual previamente fue necesario modi¿car la Ley Eléctrica mediante la Ley Corta II. Mientras tanto, el gas natural redujo su participación a 5% en 2008, el valor más bajo en toda la serie de datos. Durante todo este período, 1978-2008, el petróleo tiene una participación importante y casi siempre superior a 38%, básicamente, por su uso en los sectores transporte, residencial, industrial y minero. Sin embargo, se observan variaciones importantes que están directamente relacionadas con la disponibilidad de otros energéticos como hidroelectricidad y gas natural. En efecto, durante la sequía de 1998-1999 el petróleo alcanza participaciones de 46%, para llegar a su valor más alto e igual a 49% en 2008, cuando el suministro de gas natural desde Argentina fue casi nulo y además se registraron años hidrológicos secos. El menor valor registrado en esta serie para el petróleo, 37% en 2001, se explica por la fuerte introducción del gas natural desde Argentina en los sectores residencial e industrial. A lo largo de la serie de datos se observa una participación decreciente de la leña y otros, aunque estas cifras no son del todo con¿ables dada la alta informalidad prevaleciente en el mercado de la leña. En resumen, hasta 2008 la seguridad de suministro se basó en hidroelectricidad complementada por carbón o gas natural, este último como una apuesta muy arriesgada, y con el petróleo jugando un rol de respaldo ante sequías y/o crisis de abastecimiento de gas natural. Revisando los criterios descritos en la introducción, puede argumentarse que en los últimos 30 años (i) la diversi¿cación de la matriz energética en base a gas natural desde Argentina, no ha signi¿cado una mayor seguridad de suministro, y se encuentra pendiente una diversi¿cación económica y con mayor certidumbre, (ii) disminuyó la variedad de las fuentes externas desde las cuales se importan los combustibles, y se encuentra pendiente introducir mejoras en este criterio, y (iii) es altamente frágil el desarrollo de inversiones que garanticen una oferta acorde a la evolución de la demanda de energía, tanto en generación como en transmisión de electricidad.

Revisando los criterios descritos en la introducción, puede argumentarse que en los últimos 30 años (i) la diversi¿cación de la matriz energética en base a gas natural desde Argentina, no ha signi¿cado una mayor seguridad de suministro, y se encuentra pendiente una diversi¿cación económica y con mayor certidumbre, (ii) disminuyó la variedad de las fuentes externas desde las cuales se importan los combustibles, y se encuentra pendiente introducir mejoras en este criterio, y (iii) es altamente frágil el desarrollo de inversiones que garanticen una oferta acorde a la evolución de la demanda de energía, tanto en generación como en transmisión de electricidad. En resumen, hasta 2008 la seguridad de suministro se basó en hidroelectricidad complementada por carbón o gas natural, este último como una apuesta muy arriesgada, y con el petróleo jugando un rol de respaldo ante sequías y/o crisis de abastecimiento de gas natural. A lo largo de la serie de datos se observa una participación decreciente de la leña y otros, aunque estas cifras no son del todo con¿ables dada la alta informalidad prevaleciente en el mercado de la leña. Durante todo este período, 1978-2008, el petróleo tiene una participación importante y casi siempre superior a 38%, básicamente, por su uso en los sectores transporte, residencial, industrial y minero. Sin embargo, se observan variaciones importantes que están directamente relacionadas con la disponibilidad de otros energéticos como hidroelectricidad y gas natural. En efecto, durante la sequía de 1998-1999 el petróleo alcanza participaciones de 46%, para llegar a su valor más alto e igual a 49% en 2008, cuando el suministro de gas natural desde Argentina fue casi nulo y además se registraron años hidrológicos secos. El menor valor registrado en esta serie para el petróleo, 37% en 2001, se explica por la fuerte introducción del gas natural desde Argentina en los sectores residencial e industrial. la matriz energética llegando a 13% en 2008, y transformándose una vez más en la llave maestra de la seguridad de suministro de electricidad, para lo cual previamente fue necesario modi¿car la Ley Eléctrica mediante la Ley Corta II. Mientras tanto, el gas natural redujo su participación a 5% en 2008, el valor más bajo en toda la serie de datos. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

III. ESCENARIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA Y SEGURIDAD DE SUMINISTRO

Con el propósito de de¿nir un contexto de análisis de la seguridad de suministro, se ha preparado un sencillo escenario de consumo neto de energía primaria. El mismo consiste en aplicar a cada fuente de energía su tasa anual de crecimiento promedio del período 1978-2008. Esto se traduce en una tasa total de crecimiento de consumo de energía igual a 4,3%. III. ESCENARIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA Y SEGURIDAD DE SUMINISTRO 56

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

En relación con este aspecto, en el cuadro siguiente se compara el consumo de electricidad de Chile con el de otros 134 países, en 2008, a partir de información publicada por el Banco Mundial.

Este sencillo ejercicio muestra que en los próximos 30 años, a contar de 2008, sería necesario contar con casi cuatro veces más petróleo que ahora, el doble de gas natural, más de cuatro veces carbón, poco más de tres veces hidroelectricidad, y cerca de tres veces leña y otros. Las importaciones de combustible crecerían hasta el 72% del consumo neto.

Cabe destacar que este escenario puede considerarse muy conservador si se recuerda que para transformar a Chile en un país con estándares desarrollados, se requiere sostener un crecimiento económico en torno a 6% anual, lo que signi¿ca crecimientos del consumo de energía a tasas anuales de 6% o superiores.

A la luz de la discusión que se lleva hoy en día acerca de la disponibilidad futura de petróleo, de medio ambiente, uso de suelos, entre otras variables, es altamente improbable que pueda obtenerse una matriz de energía como la que se muestra en el cuadro anterior, concentrada fuertemente en petróleo y carbón, o incrementando la presión sobre los bosques para usarlos como combustible.

A la luz de la discusión que se lleva hoy en día acerca de la disponibilidad futura de petróleo, de medio ambiente, uso de suelos, entre otras variables, es altamente improbable que pueda obtenerse una matriz de energía como la que se muestra en el cuadro anterior, concentrada fuertemente en petróleo y carbón, o incrementando la presión sobre los bosques para usarlos como combustible.

Cabe destacar que este escenario puede considerarse muy conservador si se recuerda que para transformar a Chile en un país con estándares desarrollados, se requiere sostener un crecimiento económico en torno a 6% anual, lo que signi¿ca crecimientos del consumo de energía a tasas anuales de 6% o superiores.

Este sencillo ejercicio muestra que en los próximos 30 años, a contar de 2008, sería necesario contar con casi cuatro veces más petróleo que ahora, el doble de gas natural, más de cuatro veces carbón, poco más de tres veces hidroelectricidad, y cerca de tres veces leña y otros. Las importaciones de combustible crecerían hasta el 72% del consumo neto.

En relación con este aspecto, en el cuadro siguiente se compara el consumo de electricidad de Chile con el de otros 134 países, en 2008, a partir de información publicada por el Banco Mundial.

Con el propósito de de¿nir un contexto de análisis de la seguridad de suministro, se ha preparado un sencillo escenario de consumo neto de energía primaria. El mismo consiste en aplicar a cada fuente de energía su tasa anual de crecimiento promedio del período 1978-2008. Esto se traduce en una tasa total de crecimiento de consumo de energía igual a 4,3%.

• El consumo de petróleo en la matriz energética crecería hasta la estimación realizada para el año 2018, 275.448 Tcal, y en los decenios siguientes

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

• El consumo de carbón en la matriz energética crecería hasta la estimación realizada para el año 2018, 76.315 Tcal, y de ahí en adelante se mantendría constante en ese nivel. Lo anterior signi¿ca que para reemplazar en 2028 y 2038 el mayor consumo de carbón estimado inicialmente, se debe encontrar una nueva fuente de energía por 47.994 y 126.171 Tcal, respectivamente.

En Chile se consumieron 3.318 kWh per cápita, ocupando el lugar 57 entre 134 países, mientras que los 56 países con mayor consumo per cápita consumieron, en promedio, 8.438 kWh. Este antecedente hace destacar aún más que el desafío en Chile es obtener y asegurar el suministro de energía, antes que focalizarse en planes de e¿ciencia energética que, a partir de cifras públicas y en el mejor de los casos, aportarían una disminución de consumo en torno a 7% del total anual actual, es decir, poco más de un año del crecimiento de consumo de energía necesario para ser un país desarrollado.

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En su elaboración se ha supuesto lo siguiente:

Volviendo al escenario de consumo neto de energía primaria, un caso alternativo que se haga cargo de un menor uso relativo de carbón, petróleo y leña, es el que se muestra en el siguiente cuadro.

Volviendo al escenario de consumo neto de energía primaria, un caso alternativo que se haga cargo de un menor uso relativo de carbón, petróleo y leña, es el que se muestra en el siguiente cuadro. En su elaboración se ha supuesto lo siguiente:

En Chile se consumieron 3.318 kWh per cápita, ocupando el lugar 57 entre 134 países, mientras que los 56 países con mayor consumo per cápita consumieron, en promedio, 8.438 kWh. Este antecedente hace destacar aún más que el desafío en Chile es obtener y asegurar el suministro de energía, antes que focalizarse en planes de e¿ciencia energética que, a partir de cifras públicas y en el mejor de los casos, aportarían una disminución de consumo en torno a 7% del total anual actual, es decir, poco más de un año del crecimiento de consumo de energía necesario para ser un país desarrollado.

• El consumo de carbón en la matriz energética crecería hasta la estimación realizada para el año 2018, 76.315 Tcal, y de ahí en adelante se mantendría constante en ese nivel. Lo anterior signi¿ca que para reemplazar en 2028 y 2038 el mayor consumo de carbón estimado inicialmente, se debe encontrar una nueva fuente de energía por 47.994 y 126.171 Tcal, respectivamente.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

• El consumo de petróleo en la matriz energética crecería hasta la estimación realizada para el año 2018, 275.448 Tcal, y en los decenios siguientes

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SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

En resumen, el mejoramiento de la seguridad de suministro en el mediano y largo plazo, es una exigencia o requisito básico para que, efectivamente, Chile se transforme en un país desarrollado, y ello está necesariamente asociado a la introducción de nuevas fuentes e¿cientes de energía.

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Al convertir a su equivalente eléctrico (TWh) las cantidades totales anteriores (Tcal) signi¿caría haber instalado 9.000 MW en nuevas centrales de generación eléctrica en 2028, y 23.200 MW en 2038, y todas ellas adicionales a las que se requerirán para generar hidroelectricidad y con gas natural (como referencia, el total de la capacidad instalada en Chile actualmente es cercano a 15.000 MW).

crecería sólo la mitad del mayor consumo estimado inicialmente. Lo anterior signi¿ca que para reemplazar en 2028 y 2038 el 50% del mayor consumo de petróleo estimado inicialmente, se debe encontrar una nueva fuente de energía por 76.157 y 194.427 Tcal, respectivamente.

Lo anterior es posible de imaginar si en 2018 ha comenzado la masi¿cación del uso de automóviles eléctricos en las grandes ciudades, y si el equipamiento de las viviendas se concentra cada vez más en el empleo de electricidad en lugar de derivados del petróleo, gas natural o leña. En el caso del carbón, empleado casi en su totalidad en centros de transformación, sólo cabe imaginar que éste sea sustituido por nuevas fuentes e¿cientes de generación de electricidad de base, como por ejemplo, energía nuclear.

• El consumo de leña en la matriz energética crecería hasta la estimación realizada para el año 2018, 72.180 Tcal, y en los decenios siguientes crecería sólo la mitad del mayor consumo estimado inicialmente. Lo anterior signi¿ca que para reemplazar en 2028 y 2038 el 50% del mayor consumo de leña estimado inicialmente, se debe encontrar una nueva fuente de energía por 14.818 y 35.721 Tcal, respectivamente.

Los supuestos anteriores se traducen en la necesidad de identi¿car una nueva fuente de energía primaria, e implementada a partir de 2018, que permita sustituir 138.969 Tcal en 2028 y 356.319 Tcal en 2038. Cabe destacar que esta última cifra es casi igual al total del consumo neto de energía primaria registrada en 2008.

Los supuestos anteriores se traducen en la necesidad de identi¿car una nueva fuente de energía primaria, e implementada a partir de 2018, que permita sustituir 138.969 Tcal en 2028 y 356.319 Tcal en 2038. Cabe destacar que esta última cifra es casi igual al total del consumo neto de energía primaria registrada en 2008.

• El consumo de leña en la matriz energética crecería hasta la estimación realizada para el año 2018, 72.180 Tcal, y en los decenios siguientes crecería sólo la mitad del mayor consumo estimado inicialmente. Lo anterior signi¿ca que para reemplazar en 2028 y 2038 el 50% del mayor consumo de leña estimado inicialmente, se debe encontrar una nueva fuente de energía por 14.818 y 35.721 Tcal, respectivamente.

Lo anterior es posible de imaginar si en 2018 ha comenzado la masi¿cación del uso de automóviles eléctricos en las grandes ciudades, y si el equipamiento de las viviendas se concentra cada vez más en el empleo de electricidad en lugar de derivados del petróleo, gas natural o leña. En el caso del carbón, empleado casi en su totalidad en centros de transformación, sólo cabe imaginar que éste sea sustituido por nuevas fuentes e¿cientes de generación de electricidad de base, como por ejemplo, energía nuclear.

crecería sólo la mitad del mayor consumo estimado inicialmente. Lo anterior signi¿ca que para reemplazar en 2028 y 2038 el 50% del mayor consumo de petróleo estimado inicialmente, se debe encontrar una nueva fuente de energía por 76.157 y 194.427 Tcal, respectivamente.

Al convertir a su equivalente eléctrico (TWh) las cantidades totales anteriores (Tcal) signi¿caría haber instalado 9.000 MW en nuevas centrales de generación eléctrica en 2028, y 23.200 MW en 2038, y todas ellas adicionales a las que se requerirán para generar hidroelectricidad y con gas natural (como referencia, el total de la capacidad instalada en Chile actualmente es cercano a 15.000 MW).

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

En resumen, el mejoramiento de la seguridad de suministro en el mediano y largo plazo, es una exigencia o requisito básico para que, efectivamente, Chile se transforme en un país desarrollado, y ello está necesariamente asociado a la introducción de nuevas fuentes e¿cientes de energía.

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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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Los plazos involucrados muestran, además, que el tiempo para tomar decisiones es ahora, y por supuesto no se trata de decisiones sobre nuevos estudios. Se requieren decisiones sobre planes de acción concretos, con resultados medibles al menos a contar de 2018. IV. COSTOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Durante el desarrollo de la ponencia se ha enfatizado la necesidad de resolver económicamente entre las opciones disponibles para satisfacer los criterios de seguridad de suministro. En el contexto latinoamericano, e incluso en comparación con países desarrollados, actualmente Chile presenta una desventaja económica por el mayor costo de la energía eléctrica. Además, no sólo los costos que deben asumir los clientes o consumidores ¿nales son más altos en comparación con otros países, sino que además la seguridad de suministro es frágil desde el punto de vista de generación y transmisión. Es decir, se están pagando altos costos por un servicio que no es el esperado. En el siguiente cuadro se muestra una estimación de costos de desarrollo de generación de energía eléctrica a partir de distintas fuentes de energía. El costo, en US$/MWh, reÀeja el total de desembolsos para desarrollar, ¿nanciar, construir, operar, mantener y desmantelar (caso nuclear) cada tecnología, en condiciones razonablemente esperadas en Chile en cuanto a factores de planta, plazos de construcción, y otros parámetros técnicos. En la elaboración de estos costos de desarrollo se ha empleado información pública de fuentes nacionales e internacionales, así como también información preparada por Surenergía. Los cálculos se han hecho para dos niveles de tasa de descuento: 5% y 10% anual. El valor promedio se obtuvo a partir de todos los valores conocidos y una vez puestos en condiciones locales; se eliminaron aquellos datos desviados en más de dos veces respecto del promedio. Los valores máximo y mínimo son los valores extremos que forman parte del cálculo del valor promedio.

El valor promedio se obtuvo a partir de todos los valores conocidos y una vez puestos en condiciones locales; se eliminaron aquellos datos desviados en más de dos veces respecto del promedio. Los valores máximo y mínimo son los valores extremos que forman parte del cálculo del valor promedio. Los cálculos se han hecho para dos niveles de tasa de descuento: 5% y 10% anual. En la elaboración de estos costos de desarrollo se ha empleado información pública de fuentes nacionales e internacionales, así como también información preparada por Surenergía. En el siguiente cuadro se muestra una estimación de costos de desarrollo de generación de energía eléctrica a partir de distintas fuentes de energía. El costo, en US$/MWh, reÀeja el total de desembolsos para desarrollar, ¿nanciar, construir, operar, mantener y desmantelar (caso nuclear) cada tecnología, en condiciones razonablemente esperadas en Chile en cuanto a factores de planta, plazos de construcción, y otros parámetros técnicos. Durante el desarrollo de la ponencia se ha enfatizado la necesidad de resolver económicamente entre las opciones disponibles para satisfacer los criterios de seguridad de suministro. En el contexto latinoamericano, e incluso en comparación con países desarrollados, actualmente Chile presenta una desventaja económica por el mayor costo de la energía eléctrica. Además, no sólo los costos que deben asumir los clientes o consumidores ¿nales son más altos en comparación con otros países, sino que además la seguridad de suministro es frágil desde el punto de vista de generación y transmisión. Es decir, se están pagando altos costos por un servicio que no es el esperado. IV. COSTOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Los plazos involucrados muestran, además, que el tiempo para tomar decisiones es ahora, y por supuesto no se trata de decisiones sobre nuevos estudios. Se requieren decisiones sobre planes de acción concretos, con resultados medibles al menos a contar de 2018. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

La variabilidad de costo en el caso hidráulico, se explica principalmente por los factores de planta posibles de alcanzar en Chile y el tamaño del proyecto en sí.

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Los ciclos combinados a gas natural hoy en día son menos competitivos que la hidroelectricidad, energía nuclear o carbón. La poca dispersión del costo CCGN se explica porque más del 75% del costo total es el costo del gas natural, para el cual se ha supuesto un precio similar al vigente en octubre 2010. En lo que sigue se analizan los costos resultantes para una tasa de descuento de 10%.

Sin embargo, en el caso del carbón el costo considera el cumplimiento de la normativa vigente en octubre 2010 y no incluye costos adicionales por captura de CO2 ni por pagos asociados a emisiones de CO2. De introducirse normas de emisiones más restrictivas, como las que se encuentran en estudio, o el pago de gastos asociados a las emisiones de CO2, se espera que la generación de electricidad en base a carbón resulte más costosa que la hidráulica y la nuclear.

Desde el punto de vista económico son muy similares los costos de desarrollo hidráulico y nuclear, y un poco más competitiva sería la energía a partir de carbón.

Desde el punto de vista económico son muy similares los costos de desarrollo hidráulico y nuclear, y un poco más competitiva sería la energía a partir de carbón.

Sin embargo, en el caso del carbón el costo considera el cumplimiento de la normativa vigente en octubre 2010 y no incluye costos adicionales por captura de CO2 ni por pagos asociados a emisiones de CO2. De introducirse normas de emisiones más restrictivas, como las que se encuentran en estudio, o el pago de gastos asociados a las emisiones de CO2, se espera que la generación de electricidad en base a carbón resulte más costosa que la hidráulica y la nuclear.

En lo que sigue se analizan los costos resultantes para una tasa de descuento de 10%.

Los ciclos combinados a gas natural hoy en día son menos competitivos que la hidroelectricidad, energía nuclear o carbón. La poca dispersión del costo CCGN se explica porque más del 75% del costo total es el costo del gas natural, para el cual se ha supuesto un precio similar al vigente en octubre 2010.

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La variabilidad de costo en el caso hidráulico, se explica principalmente por los factores de planta posibles de alcanzar en Chile y el tamaño del proyecto en sí.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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En el caso nuclear, la variabilidad de costos se explica por la amplitud de costos de inversión conocidos para las distintas tecnologías, los que representan inclusive hasta el 95% del costo total nuclear. De las otras dos fuentes de energía, solar y fotovoltaica, y al nivel de costos conocido para 2010, sólo la energía eólica podría encontrar algunos nichos de mercado que, por características de su estrategia comercial o de otra índole, estén dispuestos a pagar un mayor precio por esta fuente de energía respecto de otras de menor costo. En ambos casos, eólica y fotovoltaica, su bajo factor de planta e incertidumbre de disponibilidad del recurso primario, son desventajas absolutas para competir con otros generadores en mercados de contratos de suministro, excepto si los niveles de precios de la electricidad fuesen puntualmente muy altos. En el Anexo 2 se muestra en forma grá¿ca la información de costos unitarios para las primeras cinco opciones tecnológicas. V. OPORTUNIDADES La introducción de una nueva fuente de energía primaria en la matriz energética, requiere que ella se sustente económicamente en satisfacer una demanda real, en condiciones de mercado, y que con ello se mejore la seguridad de suministro en el sistema, o que al menos ella no empeore. Ello no debe ocurrir en base a subsidios o barreras económicas que distorsionen los precios en el mercado de energía, particularmente en un país en desarrollo que, sin duda, tiene otras prioridades de mayor valor social en las cuales usar sus escasos recursos. Tampoco es aconsejable introducir una nueva fuente de energía primaria sin atender a los criterios de seguridad de suministro, como ocurrió en el caso del gas natural argentino. Actualmente, se dan al menos dos condiciones que harían posible sustentar económicamente la inclusión de una nueva fuente de energía primaria. En efecto, periódicamente, las empresas concesionarias de servicio público de distribución deben conducir procesos de licitación pública de suministro de electricidad para los consumos de sus clientes regulados y cuyos montos esperados se muestran en el siguiente cuadro.

Actualmente, se dan al menos dos condiciones que harían posible sustentar económicamente la inclusión de una nueva fuente de energía primaria. En efecto, periódicamente, las empresas concesionarias de servicio público de distribución deben conducir procesos de licitación pública de suministro de electricidad para los consumos de sus clientes regulados y cuyos montos esperados se muestran en el siguiente cuadro. La introducción de una nueva fuente de energía primaria en la matriz energética, requiere que ella se sustente económicamente en satisfacer una demanda real, en condiciones de mercado, y que con ello se mejore la seguridad de suministro en el sistema, o que al menos ella no empeore. Ello no debe ocurrir en base a subsidios o barreras económicas que distorsionen los precios en el mercado de energía, particularmente en un país en desarrollo que, sin duda, tiene otras prioridades de mayor valor social en las cuales usar sus escasos recursos. Tampoco es aconsejable introducir una nueva fuente de energía primaria sin atender a los criterios de seguridad de suministro, como ocurrió en el caso del gas natural argentino. V. OPORTUNIDADES En el Anexo 2 se muestra en forma grá¿ca la información de costos unitarios para las primeras cinco opciones tecnológicas. En ambos casos, eólica y fotovoltaica, su bajo factor de planta e incertidumbre de disponibilidad del recurso primario, son desventajas absolutas para competir con otros generadores en mercados de contratos de suministro, excepto si los niveles de precios de la electricidad fuesen puntualmente muy altos. De las otras dos fuentes de energía, solar y fotovoltaica, y al nivel de costos conocido para 2010, sólo la energía eólica podría encontrar algunos nichos de mercado que, por características de su estrategia comercial o de otra índole, estén dispuestos a pagar un mayor precio por esta fuente de energía respecto de otras de menor costo. En el caso nuclear, la variabilidad de costos se explica por la amplitud de costos de inversión conocidos para las distintas tecnologías, los que representan inclusive hasta el 95% del costo total nuclear. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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Si en Chile se llegase a tomar la decisión de explorar la opción de energía nuclear, seriamente, entonces deberá incluirse en los análisis el que otros países, inclusive en el cono sur del continente, están desarrollando acciones muy concretas para iniciar o aumentar su capacidad de generación nuclear. Ello podría traducirse en que cuando Chile decida pasar a la acción se encuentre con poca o nula capacidad disponible en ingeniería, abastecimiento de equipos y construcción de energía nuclear, o bien que deba aceptar condiciones de negociación menos convenientes para quienes en de¿nitiva pagarán los costos, los consumidores. Antes que destinar recursos a preparar cuadros técnicos en energía nuclear, los que por lo demás se pueden formar a partir de la llegada al país de profesionales con la experiencia y conocimientos

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a) Amenazas

De acuerdo la estimación anterior, durante el período 2017-2021 se espera la licitación de 17,2 TWh/año, poco más de 3.000 MW, cantidad que a un nivel de precio cercano a 76 US$/MWh, su¿ciente para hacer factible centrales de energía nuclear, es equivalente a ventas por 1.300 millones de dólares anuales.

Las cifras anteriores muestran la existencia de un mercado en cantidad y precio que admite ser disputado en condiciones abiertas y competitivas por todas las fuentes posibles de energía, incluyendo la alternativa nuclear; esta última es una de las más e¿cientes y sin duda sería la que mayor aporte haría a la diversi¿cación de la matriz energética.

En la medida que los contratos suscritos por las distribuidoras continúen llegando a su término el consumo de electricidad sin contratos, a incluir en nuevos procesos de licitación, sería el que se muestran en el cuadro anterior, alcanzando sumas de hasta 13.000 millones de dólares anuales.

En la medida que los contratos suscritos por las distribuidoras continúen llegando a su término el consumo de electricidad sin contratos, a incluir en nuevos procesos de licitación, sería el que se muestran en el cuadro anterior, alcanzando sumas de hasta 13.000 millones de dólares anuales.

Las cifras anteriores muestran la existencia de un mercado en cantidad y precio que admite ser disputado en condiciones abiertas y competitivas por todas las fuentes posibles de energía, incluyendo la alternativa nuclear; esta última es una de las más e¿cientes y sin duda sería la que mayor aporte haría a la diversi¿cación de la matriz energética.

De acuerdo la estimación anterior, durante el período 2017-2021 se espera la licitación de 17,2 TWh/año, poco más de 3.000 MW, cantidad que a un nivel de precio cercano a 76 US$/MWh, su¿ciente para hacer factible centrales de energía nuclear, es equivalente a ventas por 1.300 millones de dólares anuales.

a) Amenazas

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Si en Chile se llegase a tomar la decisión de explorar la opción de energía nuclear, seriamente, entonces deberá incluirse en los análisis el que otros países, inclusive en el cono sur del continente, están desarrollando acciones muy concretas para iniciar o aumentar su capacidad de generación nuclear. Ello podría traducirse en que cuando Chile decida pasar a la acción se encuentre con poca o nula capacidad disponible en ingeniería, abastecimiento de equipos y construcción de energía nuclear, o bien que deba aceptar condiciones de negociación menos convenientes para quienes en de¿nitiva pagarán los costos, los consumidores. Antes que destinar recursos a preparar cuadros técnicos en energía nuclear, los que por lo demás se pueden formar a partir de la llegada al país de profesionales con la experiencia y conocimientos

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necesarios, debidamente localizados y ¿nanciados, se requiere organizar un pequeño grupo de profesionales a cargo de elaborar y proponer estrategias de solución y de implantar oportunamente las decisiones políticas que se tomen. Otra amenaza potencial a la diversi¿cación de la matriz energética en base a energía nuclear, podría ser la evolución del costo de los combustibles. Si bien en los últimos años el precio de los combustibles fósiles se ha mantenido en niveles superiores a los del promedio histórico de largo plazo, dando sustento económico a nuevas fuentes de energía, entre ellas la nuclear, nada garantiza que ellos se mantengan en el futuro o que el precio de los combustibles disminuya en un nuevo ciclo, poniendo nuevamente en entredicho cuáles debieran ser las fuentes primarias de energía en la matriz energética. Otra dimensión del problema de seguridad de suministro es la evolución de los costos de construcción. Hoy en día resulta difícil aventurar cuáles serían los costos de construcción de las distintas fuentes de energía en los próximos años. Las especulaciones actuales, por ejemplo, atribuyen una posible reducción en el caso eólico y fotovoltaico, mientras que en los casos hidráulico, nuclear, carbón y gas natural, si bien existe incertidumbre al parecer no se verían reducciones de costos de construcción. Finalmente, otra fuente de amenazas al desarrollo de la energía nuclear son los cambios tecnológicos que se esperan en generación fotovoltaica, en particular, aumentos en la e¿ciencia de conversión y del factor de planta. b) Fortalezas Además de la buena cali¿cación de Chile en términos de riesgo, lo que se reÀejaría en mejores condiciones de ¿nanciamiento de proyectos de inversión en centrales nucleares, y de las condiciones discutidas anteriormente, la factibilidad de incorporar energía nuclear en la matriz energética requiere que se pueda dar en un determinado instante del tiempo un conjunto muy especí¿co de características: • Existencia de un lugar o lugares donde sea posible minimizar los riesgos asociados a la construcción y operación de una o más centrales nucleares,

• Existencia de un lugar o lugares donde sea posible minimizar los riesgos asociados a la construcción y operación de una o más centrales nucleares, Además de la buena cali¿cación de Chile en términos de riesgo, lo que se reÀejaría en mejores condiciones de ¿nanciamiento de proyectos de inversión en centrales nucleares, y de las condiciones discutidas anteriormente, la factibilidad de incorporar energía nuclear en la matriz energética requiere que se pueda dar en un determinado instante del tiempo un conjunto muy especí¿co de características: b) Fortalezas Finalmente, otra fuente de amenazas al desarrollo de la energía nuclear son los cambios tecnológicos que se esperan en generación fotovoltaica, en particular, aumentos en la e¿ciencia de conversión y del factor de planta. Otra dimensión del problema de seguridad de suministro es la evolución de los costos de construcción. Hoy en día resulta difícil aventurar cuáles serían los costos de construcción de las distintas fuentes de energía en los próximos años. Las especulaciones actuales, por ejemplo, atribuyen una posible reducción en el caso eólico y fotovoltaico, mientras que en los casos hidráulico, nuclear, carbón y gas natural, si bien existe incertidumbre al parecer no se verían reducciones de costos de construcción. Otra amenaza potencial a la diversi¿cación de la matriz energética en base a energía nuclear, podría ser la evolución del costo de los combustibles. Si bien en los últimos años el precio de los combustibles fósiles se ha mantenido en niveles superiores a los del promedio histórico de largo plazo, dando sustento económico a nuevas fuentes de energía, entre ellas la nuclear, nada garantiza que ellos se mantengan en el futuro o que el precio de los combustibles disminuya en un nuevo ciclo, poniendo nuevamente en entredicho cuáles debieran ser las fuentes primarias de energía en la matriz energética. necesarios, debidamente localizados y ¿nanciados, se requiere organizar un pequeño grupo de profesionales a cargo de elaborar y proponer estrategias de solución y de implantar oportunamente las decisiones políticas que se tomen. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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La totalidad de esas playas están deshabitadas, alejadas de centros poblados, y en principio no forman parte de zonas protegidas o de futuro interés ecológico relevante. Esta característica será importante cuando se tengan que de¿nir los planes de manejo de emergencias de la central nuclear. En

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Aproximadamente 50 km al sur de la ciudad de Antofagasta es posible identi¿car una serie de pequeñas playas rocosas y que se extienden prácticamente hasta la ciudad de Taltal. En la ¿gura anterior esa zona se destaca en un óvalo.

alejados de zonas habitadas, y que no formen parte de suelos con restricciones ambientales o ecológicas relevantes.

Si bien cada una de estas características requiere detallados análisis de ingeniería especializada para encontrar la mejor solución factible, en una primera aproximación conceptual es posible plantear al menos una alternativa en Chile de una extensa zona en que se cumplen tales características, localizada entre las ciudades de Antofagasta y Taltal. Ella se muestra en la siguiente ¿gura.

• Nivel de demanda del sistema al que se interconectará la central igual o superior a 10.000 MW, para hacer posible la conexión de unidades de capacidad próxima a 1.000 MW, hoy en día las más e¿cientes.

Una zona geográ¿ca que cumpliese en forma simultánea con todas estas características sería, sin duda, una gran fortaleza para Chile. Ello permitiría pasar de la intención de estudiar la energía nuclear como parte de la matriz energética, a la posibilidad de de¿nir un plan concreto de desarrollo de la energía nuclear en Chile.

• Alto nivel de consumo de electricidad a menos de 500 km de distancia de la central, de modo que no se requieran sistemas de transmisión mayores a 500 kV en corriente alterna.

• Disponibilidad o facilidades de terrenos para la construcción de sistemas de transmisión que permitan transportar grandes bloques de potencia, por ejemplo 2.000 a 4.000 MW, entre las centrales y el sistema interconectado.

• Disponibilidad o facilidades de terrenos para la construcción de sistemas de transmisión que permitan transportar grandes bloques de potencia, por ejemplo 2.000 a 4.000 MW, entre las centrales y el sistema interconectado.

• Alto nivel de consumo de electricidad a menos de 500 km de distancia de la central, de modo que no se requieran sistemas de transmisión mayores a 500 kV en corriente alterna.

Una zona geográ¿ca que cumpliese en forma simultánea con todas estas características sería, sin duda, una gran fortaleza para Chile. Ello permitiría pasar de la intención de estudiar la energía nuclear como parte de la matriz energética, a la posibilidad de de¿nir un plan concreto de desarrollo de la energía nuclear en Chile.

• Nivel de demanda del sistema al que se interconectará la central igual o superior a 10.000 MW, para hacer posible la conexión de unidades de capacidad próxima a 1.000 MW, hoy en día las más e¿cientes.

Si bien cada una de estas características requiere detallados análisis de ingeniería especializada para encontrar la mejor solución factible, en una primera aproximación conceptual es posible plantear al menos una alternativa en Chile de una extensa zona en que se cumplen tales características, localizada entre las ciudades de Antofagasta y Taltal. Ella se muestra en la siguiente ¿gura.

alejados de zonas habitadas, y que no formen parte de suelos con restricciones ambientales o ecológicas relevantes.

Aproximadamente 50 km al sur de la ciudad de Antofagasta es posible identi¿car una serie de pequeñas playas rocosas y que se extienden prácticamente hasta la ciudad de Taltal. En la ¿gura anterior esa zona se destaca en un óvalo.

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La totalidad de esas playas están deshabitadas, alejadas de centros poblados, y en principio no forman parte de zonas protegidas o de futuro interés ecológico relevante. Esta característica será importante cuando se tengan que de¿nir los planes de manejo de emergencias de la central nuclear. En

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efecto, en caso de una emergencia o accidente nuclear que requiera evacuar a la totalidad de la población en un radio de hasta algunas decenas de kilómetros, ello involucraría exclusivamente al personal y contratistas de las plantas nucleares.

efecto, en caso de una emergencia o accidente nuclear que requiera evacuar a la totalidad de la población en un radio de hasta algunas decenas de kilómetros, ello involucraría exclusivamente al personal y contratistas de las plantas nucleares. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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En tal sentido, es pertinente recordar que entre 1940 y 1980 el Estado ejecutó una política de desarrollo eléctrico, iniciada en Corfo y luego tras-

El nivel de nuevas demandas que se espera en torno de la subestación Cardones del SIC (Copiapó) en 2016 y 2026, se estima alcanzará a 1.000 y 2.000 MW, respectivamente. En esos mismos años en torno de la subestacion Crucero del SING (Calama) se estiman nuevos consumos por 1.000 y 3.000 MW. Todos estos nuevos consumos están asociados al desarrollo de proyectos de explotación minera.

Sin embargo, el hecho de que queden múltiples temas sobre los cuales resta acopiar antecedentes y tomar decisiones, en nuestra opinión, no es excusa para evitar hacer bien las tareas en tiempo y forma.

Cabe recordar que esta ponencia sólo pretende mostrar a nivel conceptual algunos elementos que hacen aconsejable que Chile tome en serio analizar la alternativa de diversi¿car su matriz energética en base a energía nuclear. Por supuesto que la decisión ¿nal requerirá de los estudios y análisis previos que se hagan cargo de la multiplicidad de aspectos que deben resolverse, tanto regulatorios como institucionales, en ámbitos como tecnología, combustible nuclear, manejo de residuos, operación y mantención, seguros, ¿nanciamiento, propiedad (pública, privada, mixta) y otros.

Ante tal nivel de demandas, adicionales a las que actualmente se registran, cabe esperar que sea mayor la posibilidad que resulte económicamente conveniente la interconexión de los sistemas SIC y SING. Hacia 2016 ello garantizaría que la demanda del nuevo sistema interconectado sea superior a 12.000 MW, por lo que unidades nucleares de 1.000 MW cumplirían con la restricciones de ser inferiores al 10% de la demanda del sistema, para no agregar eventuales problemas ante salidas forzadas de las mismas.

El terreno en que sería necesario construir los nuevos sistemas de transmisión presenta varias ventajas para ello: lugares deshabitados, prácticamente sin vegetación o fauna, con pocos accidentes geográ¿cos.

Los centros de consumo Cardones y Crucero se localizan aproximadamente a 300 kilómetros del centro del área identi¿cada. Es decir, sería factible transportar bloques de potencia de varios TW hacia cada centro mediante uno o más sistemas en 550 kV.

Los centros de consumo Cardones y Crucero se localizan aproximadamente a 300 kilómetros del centro del área identi¿cada. Es decir, sería factible transportar bloques de potencia de varios TW hacia cada centro mediante uno o más sistemas en 550 kV.

El terreno en que sería necesario construir los nuevos sistemas de transmisión presenta varias ventajas para ello: lugares deshabitados, prácticamente sin vegetación o fauna, con pocos accidentes geográ¿cos.

Ante tal nivel de demandas, adicionales a las que actualmente se registran, cabe esperar que sea mayor la posibilidad que resulte económicamente conveniente la interconexión de los sistemas SIC y SING. Hacia 2016 ello garantizaría que la demanda del nuevo sistema interconectado sea superior a 12.000 MW, por lo que unidades nucleares de 1.000 MW cumplirían con la restricciones de ser inferiores al 10% de la demanda del sistema, para no agregar eventuales problemas ante salidas forzadas de las mismas.

Cabe recordar que esta ponencia sólo pretende mostrar a nivel conceptual algunos elementos que hacen aconsejable que Chile tome en serio analizar la alternativa de diversi¿car su matriz energética en base a energía nuclear. Por supuesto que la decisión ¿nal requerirá de los estudios y análisis previos que se hagan cargo de la multiplicidad de aspectos que deben resolverse, tanto regulatorios como institucionales, en ámbitos como tecnología, combustible nuclear, manejo de residuos, operación y mantención, seguros, ¿nanciamiento, propiedad (pública, privada, mixta) y otros.

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Sin embargo, el hecho de que queden múltiples temas sobre los cuales resta acopiar antecedentes y tomar decisiones, en nuestra opinión, no es excusa para evitar hacer bien las tareas en tiempo y forma.

El nivel de nuevas demandas que se espera en torno de la subestación Cardones del SIC (Copiapó) en 2016 y 2026, se estima alcanzará a 1.000 y 2.000 MW, respectivamente. En esos mismos años en torno de la subestacion Crucero del SING (Calama) se estiman nuevos consumos por 1.000 y 3.000 MW. Todos estos nuevos consumos están asociados al desarrollo de proyectos de explotación minera.

En tal sentido, es pertinente recordar que entre 1940 y 1980 el Estado ejecutó una política de desarrollo eléctrico, iniciada en Corfo y luego tras-

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SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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pasada a Endesa, a través de gobiernos de muy distinta índole. Aunque se pudiesen identi¿car algunas sombras en esos 40 años, es evidente que los bene¿cios de esa política llegan hasta la actualidad. No tan sólo por los activos construidos en ese período y casi todos ellos en operación todavía, mediante los cuales los consumidores tuvieron acceso a energía eléctrica en las cantidades deseadas y con precios competitivos en el contexto internacional, sino que también por los cuadros de profesionales que se formaron en esa etapa y muchos de ellos plenamente vigentes.

Actualmente, Chile no dispone de capacidad en términos institucionales y profesionales para llevar adelante un programa de desarrollo de energía C)

Desventajas

Las reservas conocidas de uranio equivalen a 100 años de consumo actual. En el caso del torio, para el cual se espera próximamente plantas comerciales, las reservas conocidas equivalen a quinientos años.

Resultaría extraño que ahora, año 2010, Chile no pudiese ser capaz de de¿nir una política de diversi¿cación económica de su matriz energética, para abocarse luego a las tareas de mediano y largo plazo que se requerirán para implantarla. Es un desafío de Estado, ineludible si efectivamente deseamos transformar la nación en un país desarrollado. Por otra parte, y en relación con las reservas disponibles de combustibles fósiles y de combustible nuclear, estos últimos permitirían una mayor serguridad de suministro en el largo plazo, tal como se observa en el cuadro siguiente.

Por otra parte, y en relación con las reservas disponibles de combustibles fósiles y de combustible nuclear, estos últimos permitirían una mayor serguridad de suministro en el largo plazo, tal como se observa en el cuadro siguiente. Resultaría extraño que ahora, año 2010, Chile no pudiese ser capaz de de¿nir una política de diversi¿cación económica de su matriz energética, para abocarse luego a las tareas de mediano y largo plazo que se requerirán para implantarla. Es un desafío de Estado, ineludible si efectivamente deseamos transformar la nación en un país desarrollado.

Las reservas conocidas de uranio equivalen a 100 años de consumo actual. En el caso del torio, para el cual se espera próximamente plantas comerciales, las reservas conocidas equivalen a quinientos años. C)

Desventajas

Actualmente, Chile no dispone de capacidad en términos institucionales y profesionales para llevar adelante un programa de desarrollo de energía

pasada a Endesa, a través de gobiernos de muy distinta índole. Aunque se pudiesen identi¿car algunas sombras en esos 40 años, es evidente que los bene¿cios de esa política llegan hasta la actualidad. No tan sólo por los activos construidos en ese período y casi todos ellos en operación todavía, mediante los cuales los consumidores tuvieron acceso a energía eléctrica en las cantidades deseadas y con precios competitivos en el contexto internacional, sino que también por los cuadros de profesionales que se formaron en esa etapa y muchos de ellos plenamente vigentes. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

nuclear, aunque se esperan cambios en este sentido en lo que queda del presente año.

De ellas quizá la más relevante sea la formación de la capacidad institucional; en particular, la formación del organismo responsable de la seguridad nuclear. Sin la formación de este organismo, dotado de los recursos necesarios, es altamente improbable conseguir la su¿ciente credibilidad internacional acerca de la intencionalidad de Chile de explorar la opción nuclear para diversi¿car su matriz energética. nuclear, aunque se esperan cambios en este sentido en lo que queda del presente año. 68

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

En primer término, en el siguiente cuadro se muestra información de gasto mensual por hogar, en Santiago, de la encuesta Casen correspondiente al período noviembre 2006-octubre 2007.

Respecto de la falta de capacidad de profesionales con experiencia en la industria nuclear, ello no debiera constituir una desventaja absoluta que postergue un eventual plan de desarrollo nuclear. Una opción posible es contar en un comienzo con profesionales expertos de países que cuentan con industria nuclear, habida consideración de restricciones estratégicas.

Finalmente, se destacarán dos efectos de orden económico para ilustrar la importancia de no olvidar el objetivo de una política de seguridad de suministro. A partir de la evidencia mostrada en el capítulo de costos de desarrollo de las distintas tecnologías, dicha política debiera incluir la opción nuclear.

VI. Y TAMBIÉN EL COSTO

VI. Y TAMBIÉN EL COSTO

Finalmente, se destacarán dos efectos de orden económico para ilustrar la importancia de no olvidar el objetivo de una política de seguridad de suministro. A partir de la evidencia mostrada en el capítulo de costos de desarrollo de las distintas tecnologías, dicha política debiera incluir la opción nuclear.

Respecto de la falta de capacidad de profesionales con experiencia en la industria nuclear, ello no debiera constituir una desventaja absoluta que postergue un eventual plan de desarrollo nuclear. Una opción posible es contar en un comienzo con profesionales expertos de países que cuentan con industria nuclear, habida consideración de restricciones estratégicas.

En primer término, en el siguiente cuadro se muestra información de gasto mensual por hogar, en Santiago, de la encuesta Casen correspondiente al período noviembre 2006-octubre 2007.

De ellas quizá la más relevante sea la formación de la capacidad institucional; en particular, la formación del organismo responsable de la seguridad nuclear. Sin la formación de este organismo, dotado de los recursos necesarios, es altamente improbable conseguir la su¿ciente credibilidad internacional acerca de la intencionalidad de Chile de explorar la opción nuclear para diversi¿car su matriz energética.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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Se observa que a nivel del total de hogares de Santiago el gasto mensual en pan, frutas y generación de electricidad es de similar orden de magnitud. El gasto en generación de electricidad (compras a los generadores a través de las distribuidoras) es una estimación propia obtenida a partir del gasto total Casen en electricidad por hogar menos el gasto en las redes de transmisión y distribución, y los gastos de operación y comercialización, considerando para ello la estructura de costos válida durante dicho período. Sin embargo, los hogares más pobres muestran que el gasto en pan es proporcionalmente más alto, y que el gasto en generación de electricidad es muy superior al gasto en frutas. Es decir, los pobres destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de generación de electricidad, y ello se traduce en menor gasto en alimentos como fruta. Cabe recordar que a partir de 2006 el costo de la generación de electricidad ha aumentado fuertemente, por el mayor uso de centrales ine¿cientes a petróleo, y que a contar de 2011 el gasto en electricidad de los clientes quedará en niveles altos, excepto que el precio de los combustibles fósiles se desplome a niveles anteriores a 2005. Si la matriz energética hubiese tenido una componente importante de energía nuclear, a los actuales niveles de precio, y ello hubiese sido posible reÀejarlo en los contratos vigentes durante 2006-2007, conservadoramente, es posible estimar un 20% de menor gasto en generación de electricidad en los hogares de Santiago. Es decir, los quintiles más pobres hubiesen podido gastar un 13% más en pan, o alternativamente entre un 26 y 29% de más gasto en frutas. Esta es la importancia que podría llegar a tener, para los más pobres, el que la seguridad de suministro mejore y al mismo tiempo ello se haga en forma e¿ciente. Sin olvidar la conveniencia que tiene para todas las actividades económicas contar con fuentes de suministro de largo plazo con¿ables y económicas. En segundo lugar, se destacarán las conclusiones de un reciente trabajo del Instituto Libertad y Desarrollo, denominado Crecimiento Económico y Precio de la Electricidad (serie IE 206, junio 2010).

En segundo lugar, se destacarán las conclusiones de un reciente trabajo del Instituto Libertad y Desarrollo, denominado Crecimiento Económico y Precio de la Electricidad (serie IE 206, junio 2010). Esta es la importancia que podría llegar a tener, para los más pobres, el que la seguridad de suministro mejore y al mismo tiempo ello se haga en forma e¿ciente. Sin olvidar la conveniencia que tiene para todas las actividades económicas contar con fuentes de suministro de largo plazo con¿ables y económicas. Es decir, los quintiles más pobres hubiesen podido gastar un 13% más en pan, o alternativamente entre un 26 y 29% de más gasto en frutas. Si la matriz energética hubiese tenido una componente importante de energía nuclear, a los actuales niveles de precio, y ello hubiese sido posible reÀejarlo en los contratos vigentes durante 2006-2007, conservadoramente, es posible estimar un 20% de menor gasto en generación de electricidad en los hogares de Santiago. Cabe recordar que a partir de 2006 el costo de la generación de electricidad ha aumentado fuertemente, por el mayor uso de centrales ine¿cientes a petróleo, y que a contar de 2011 el gasto en electricidad de los clientes quedará en niveles altos, excepto que el precio de los combustibles fósiles se desplome a niveles anteriores a 2005. Sin embargo, los hogares más pobres muestran que el gasto en pan es proporcionalmente más alto, y que el gasto en generación de electricidad es muy superior al gasto en frutas. Es decir, los pobres destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de generación de electricidad, y ello se traduce en menor gasto en alimentos como fruta. Se observa que a nivel del total de hogares de Santiago el gasto mensual en pan, frutas y generación de electricidad es de similar orden de magnitud. El gasto en generación de electricidad (compras a los generadores a través de las distribuidoras) es una estimación propia obtenida a partir del gasto total Casen en electricidad por hogar menos el gasto en las redes de transmisión y distribución, y los gastos de operación y comercialización, considerando para ello la estructura de costos válida durante dicho período. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

Finalmente, en materia energética y a lo largo de su historia Chile ha sido un país, en mayor o menor grado, tradicionalmente dependiente de fuentes externas. Con algo más de visión y mucho más trabajo, en un futuro no

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Chile presenta ciertas fortalezas en relación con la energía nuclear. Si se buscan y obtienen las condiciones para explorar seriamente la opción de energía nuclear, es altamente probable que ella se pueda incorporar en plazos menores a diez años. Por supuesto, siempre que el país aspire a ello.

Textualmente, ellas dicen: “La relación obtenida sugiere que en el largo plazo el PIB depende positivamente del stock de capital, trabajo y patentes, y negativamente del precio de la energía. La elasticidad precio del PIB Àuctúa entre -0,027 y -0,04, dependiendo del modelo especi¿cado. Esto signi¿ca que incrementos sostenidos en el precio de la energía en torno al 100% podrían restar a la tasa de crecimiento de largo plazo aproximadamente un rango de 2% a 4%. Sin embargo, en el corto plazo la tasa de crecimiento del PIB no depende del precio de la energía. Además, los resultados del modelo dinámico indican que la economía se ajusta lentamente a los shocks externos”.

Las opciones de fuentes de energía que en principio resultan más económicas son hidráulica, nuclear y carbón.

Cabe razonablemente esperar que los resultados de largo plazo de este estudio se tengan en consideración en la de¿nición de las políticas energéticas y de la seguridad de suministro.

Chile tiene la imperiosa necesidad de resolver su futura seguridad de suministro de energía, entendiendo por ello diversi¿cación de la matriz energética, variedad de las fuentes externas desde las cuales se importan los combustibles, desarrollo de inversiones que garanticen una oferta acorde a la evolución de la demanda esperada y, principalmente, al mínimo costo económico y no a cualquier precio.

VII. CONCLUSIONES

A partir de los diferentes elementos que se incluyen en esta ponencia, es posible concluir lo siguiente:

A partir de los diferentes elementos que se incluyen en esta ponencia, es posible concluir lo siguiente:

VII. CONCLUSIONES

Chile tiene la imperiosa necesidad de resolver su futura seguridad de suministro de energía, entendiendo por ello diversi¿cación de la matriz energética, variedad de las fuentes externas desde las cuales se importan los combustibles, desarrollo de inversiones que garanticen una oferta acorde a la evolución de la demanda esperada y, principalmente, al mínimo costo económico y no a cualquier precio.

Cabe razonablemente esperar que los resultados de largo plazo de este estudio se tengan en consideración en la de¿nición de las políticas energéticas y de la seguridad de suministro.

Las opciones de fuentes de energía que en principio resultan más económicas son hidráulica, nuclear y carbón.

Textualmente, ellas dicen: “La relación obtenida sugiere que en el largo plazo el PIB depende positivamente del stock de capital, trabajo y patentes, y negativamente del precio de la energía. La elasticidad precio del PIB Àuctúa entre -0,027 y -0,04, dependiendo del modelo especi¿cado. Esto signi¿ca que incrementos sostenidos en el precio de la energía en torno al 100% podrían restar a la tasa de crecimiento de largo plazo aproximadamente un rango de 2% a 4%. Sin embargo, en el corto plazo la tasa de crecimiento del PIB no depende del precio de la energía. Además, los resultados del modelo dinámico indican que la economía se ajusta lentamente a los shocks externos”.

Chile presenta ciertas fortalezas en relación con la energía nuclear. Si se buscan y obtienen las condiciones para explorar seriamente la opción de energía nuclear, es altamente probable que ella se pueda incorporar en plazos menores a diez años. Por supuesto, siempre que el país aspire a ello.

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

Finalmente, en materia energética y a lo largo de su historia Chile ha sido un país, en mayor o menor grado, tradicionalmente dependiente de fuentes externas. Con algo más de visión y mucho más trabajo, en un futuro no

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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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muy lejano el norte de Chile podría llegar a ser una fuente de generación nucleoeléctrica con¿able para el cono sur latinoamericano. Esta visión abre una discusión que supera largamente el objetivo de esta ponencia y quizá otros en el futuro quieran iniciarla. NORMA CITADA Ley Nº 20.257 (2008) “Ley Corta II”, modi¿ca la Ley General de Servicios Eléctricos.

Ley Nº 20.257 (2008) “Ley Corta II”, modi¿ca la Ley General de Servicios Eléctricos. NORMA CITADA muy lejano el norte de Chile podría llegar a ser una fuente de generación nucleoeléctrica con¿able para el cono sur latinoamericano. Esta visión abre una discusión que supera largamente el objetivo de esta ponencia y quizá otros en el futuro quieran iniciarla. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, FORTALEZAS Y DESVENTAJAS… Y EL COSTO

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ANEXO 1

ANEXO 1 72

SERGIO BARRIENTOS BURGUÉ

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ANEXO 2

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Abogado,

Socio Allende, Bascuñán & Cía. Ltda.

Trabajo presentado en las VI Jornadas de Derecho Eléctrico (2006) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES. ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES COMERCIALES, REVISIÓN DE PRECIOS Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A LA LUZ DE LA

Pero además de los cambios legislativos, y muchas veces a partir de ellos, se han venido suscitando una serie de conÀictos relacionados con los contratos de suministro de energía eléctrica, derivados del acaecimiento de ciertos eventos que afectan las previsiones comerciales iniciales de

LEY Nº 20.018

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

Las modi¿caciones que introdujo la Ley Nº 20.018 al D.F.L. Nº 1 de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante LGSE o la Ley) responden a esta tendencia del legislador, en cuanto intentan hacer frente a problemas que afectan a todo el quehacer nacional y que comprometen la posibilidad de lograr mayores niveles de desarrollo.

1. INTRODUCCIÓN

La industria eléctrica constituye actualmente una de las áreas de interés jurídico más dinámicas, como lo revelan las recientes y profundas modi¿caciones a la legislación sectorial, inspiradas en el propósito de ajustarla a una realidad que supera las previsiones del legislador y que le plantea permanentemente desafíos que urge responder. La materia no es simple, por cuanto se deben considerar tanto las peculiares características de la actividad eléctrica, como su gravitante incidencia en el desenvolvimiento del resto de las actividades económicas.

La industria eléctrica constituye actualmente una de las áreas de interés jurídico más dinámicas, como lo revelan las recientes y profundas modi¿caciones a la legislación sectorial, inspiradas en el propósito de ajustarla a una realidad que supera las previsiones del legislador y que le plantea permanentemente desafíos que urge responder. La materia no es simple, por cuanto se deben considerar tanto las peculiares características de la actividad eléctrica, como su gravitante incidencia en el desenvolvimiento del resto de las actividades económicas.

1. INTRODUCCIÓN

Las modi¿caciones que introdujo la Ley Nº 20.018 al D.F.L. Nº 1 de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante LGSE o la Ley) responden a esta tendencia del legislador, en cuanto intentan hacer frente a problemas que afectan a todo el quehacer nacional y que comprometen la posibilidad de lograr mayores niveles de desarrollo.

Pero además de los cambios legislativos, y muchas veces a partir de ellos, se han venido suscitando una serie de conÀictos relacionados con los contratos de suministro de energía eléctrica, derivados del acaecimiento de ciertos eventos que afectan las previsiones comerciales iniciales de

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES COMERCIALES, REVISIÓN DE PRECIOS Y LEY Nº 20.018

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A LA LUZ DE LA

LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES.

Trabajo presentado en las VI Jornadas de Derecho Eléctrico (2006) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Abogado,

Socio Allende, Bascuñán & Cía. Ltda.

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

Se ha planteado por parte de algunas empresas generadoras que la alteración del suministro de gas natural procedente de Argentina, unido a la falta de inversiones en el sector eléctrico, las alzas en el precio del carbón y de los Àetes en el mercado mundial, entre otras, constituyen un conjunto de circunstancias que han producido un cambio estructural del mercado eléctrico, con un alcance tal que el cumplimiento de los contratos de suministro de energía eléctrica suscritos bajo otras condiciones de mercado, se hace inviable, pues se produce el desequilibrio de las prestaciones recíprocas entre las partes. Se agrega, enseguida, que el incumplimiento de la obligación de suministrar energía eléctrica no generaría responsabilidad para las generadoras deudoras, por concurrir una causal de exoneración convencional o legal, a saber, un caso fortuito o fuerza mayor, constituido por el conjunto de circunstancias que alteraron las condiciones del mercado eléctrico.

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CONTRATO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

los contratantes o de uno de ellos, acompañado muchas veces del intento de modi¿car judicialmente la convención o, aún más, de ponerle término anticipadamente.

2. TÉRMINO ANTICIPADO DEL

Así, con ocasión de las restricciones, interrupciones y recortes de suministro de gas natural desde Argentina a nuestro país y ante la falta de un acuerdo con sus cocontratantes, varias empresas generadoras han planteado la supuesta existencia de una obligación jurídica de modi¿car los precios establecidos en sus contratos de suministro con clientes libres, solicitando que los tribunales los ajusten al “precio de mercado” actual. Alternativamente, también se ha sostenido la terminación de los respectivos contratos por la con¿guración de un “caso fortuito o fuerza mayor” que extingue las obligaciones derivadas de la convención.

Como ya se puede vislumbrar, el asunto planteado incide en los aspectos más fundamentales de la Teoría General de los Contratos, que radica en el acuerdo de voluntades, la fuente y medida de las obligaciones que las partes asumen, lo cual introduce la cuestión de la admisibilidad dentro del derecho chileno de la teoría de la imprevisión y obliga a dilucidar el alcance del “caso fortuito o fuerza mayor” en materia eléctrica.

Como ya se puede vislumbrar, el asunto planteado incide en los aspectos más fundamentales de la Teoría General de los Contratos, que radica en el acuerdo de voluntades, la fuente y medida de las obligaciones que las partes asumen, lo cual introduce la cuestión de la admisibilidad dentro del derecho chileno de la teoría de la imprevisión y obliga a dilucidar el alcance del “caso fortuito o fuerza mayor” en materia eléctrica.

Así, con ocasión de las restricciones, interrupciones y recortes de suministro de gas natural desde Argentina a nuestro país y ante la falta de un acuerdo con sus cocontratantes, varias empresas generadoras han planteado la supuesta existencia de una obligación jurídica de modi¿car los precios establecidos en sus contratos de suministro con clientes libres, solicitando que los tribunales los ajusten al “precio de mercado” actual. Alternativamente, también se ha sostenido la terminación de los respectivos contratos por la con¿guración de un “caso fortuito o fuerza mayor” que extingue las obligaciones derivadas de la convención.

2. TÉRMINO ANTICIPADO DEL

los contratantes o de uno de ellos, acompañado muchas veces del intento de modi¿car judicialmente la convención o, aún más, de ponerle término anticipadamente.

CONTRATO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

Se ha planteado por parte de algunas empresas generadoras que la alteración del suministro de gas natural procedente de Argentina, unido a la falta de inversiones en el sector eléctrico, las alzas en el precio del carbón y de los Àetes en el mercado mundial, entre otras, constituyen un conjunto de circunstancias que han producido un cambio estructural del mercado eléctrico, con un alcance tal que el cumplimiento de los contratos de suministro de energía eléctrica suscritos bajo otras condiciones de mercado, se hace inviable, pues se produce el desequilibrio de las prestaciones recíprocas entre las partes. Se agrega, enseguida, que el incumplimiento de la obligación de suministrar energía eléctrica no generaría responsabilidad para las generadoras deudoras, por concurrir una causal de exoneración convencional o legal, a saber, un caso fortuito o fuerza mayor, constituido por el conjunto de circunstancias que alteraron las condiciones del mercado eléctrico.

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LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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El caso fortuito o la fuerza mayor, de¿nidos en el Código Civil (art. 45) como aquel imprevisto al que no es posible resistir, habitualmente ha sido indicado normalmente en los contratos de suministro como una causal de exención de responsabilidad para las partes, señalando, a título ejemplar, determinados hechos tales como expropiaciones, con¿scaciones, guerra, rebelión, sabotaje, motines, inundaciones, terremotos, avalanchas, incendios u otras catástrofes u otras ocurrencias similares que no estén bajo el control de la parte y que no se puedan razonablemente prever con alguna certeza. Pero, si se analizan a fondo, normalmente esas cláusulas del contrato de suministro, que reproducen el concepto legal de caso fortuito o fuerza mayor e indican algunos hechos que los constituyen, sólo tienen el alcance especí¿co de regular las consecuencias de los cortes, interrupciones o suspensiones del suministro eléctrico que puedan producirse en el curso de la ejecución del contrato, sin llegar a comprometer la validez, existencia y aplicabilidad del contrato. Siendo contratos de largo plazo, que crean y regulan una situación jurídica más o menos estable en el tiempo, las cláusulas sobre el caso fortuito deben interpretarse en un sentido de permanencia y continuidad del contrato, sin extenderla a la terminación del mismo. Por otro lado, la enunciación de un “conjunto de circunstancias” que afectan al contrato, cada una de ellas distinta e independiente de las demás, con un origen propio y diverso, no reúne el requisito de ser un hecho especí¿co, imprevisto e imposible de resistir. El efecto conjunto de fenómenos concomitantes tan variados como las restricciones al abastecimiento de gas argentino, el aumento de los Àetes marinos o el alza del carbón, no puede así constituir un caso fortuito o fuerza mayor. Cada uno de ellos en forma particular, y de manera fundada, tal vez, pero no la concurrencia genérica y plural de tales circunstancias. Especí¿camente, en lo que se re¿ere a las restricciones al abastecimiento de gas argentino, su falta de idoneidad para con¿gurar un caso fortuito, la con¿rma la Ley Nº 20.018 (D.O. 19.05.2005) que modi¿có el artículo 99 bis de la LGSE, introduciendo una nueva oración a su inciso cuarto, en los siguientes términos:

Especí¿camente, en lo que se re¿ere a las restricciones al abastecimiento de gas argentino, su falta de idoneidad para con¿gurar un caso fortuito, la con¿rma la Ley Nº 20.018 (D.O. 19.05.2005) que modi¿có el artículo 99 bis de la LGSE, introduciendo una nueva oración a su inciso cuarto, en los siguientes términos: Por otro lado, la enunciación de un “conjunto de circunstancias” que afectan al contrato, cada una de ellas distinta e independiente de las demás, con un origen propio y diverso, no reúne el requisito de ser un hecho especí¿co, imprevisto e imposible de resistir. El efecto conjunto de fenómenos concomitantes tan variados como las restricciones al abastecimiento de gas argentino, el aumento de los Àetes marinos o el alza del carbón, no puede así constituir un caso fortuito o fuerza mayor. Cada uno de ellos en forma particular, y de manera fundada, tal vez, pero no la concurrencia genérica y plural de tales circunstancias. Siendo contratos de largo plazo, que crean y regulan una situación jurídica más o menos estable en el tiempo, las cláusulas sobre el caso fortuito deben interpretarse en un sentido de permanencia y continuidad del contrato, sin extenderla a la terminación del mismo. Pero, si se analizan a fondo, normalmente esas cláusulas del contrato de suministro, que reproducen el concepto legal de caso fortuito o fuerza mayor e indican algunos hechos que los constituyen, sólo tienen el alcance especí¿co de regular las consecuencias de los cortes, interrupciones o suspensiones del suministro eléctrico que puedan producirse en el curso de la ejecución del contrato, sin llegar a comprometer la validez, existencia y aplicabilidad del contrato. El caso fortuito o la fuerza mayor, de¿nidos en el Código Civil (art. 45) como aquel imprevisto al que no es posible resistir, habitualmente ha sido indicado normalmente en los contratos de suministro como una causal de exención de responsabilidad para las partes, señalando, a título ejemplar, determinados hechos tales como expropiaciones, con¿scaciones, guerra, rebelión, sabotaje, motines, inundaciones, terremotos, avalanchas, incendios u otras catástrofes u otras ocurrencias similares que no estén bajo el control de la parte y que no se puedan razonablemente prever con alguna certeza. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

También en relación a las restricciones totales o parciales de gas natural provenientes del exterior y teniendo en cuenta que el caso fortuito debe ser imprevisible, resulta que esta circunstancia no reúne ese fundamental requisito, impidiendo la con¿guración y alegación del mismo. En efecto, y tal como se consigna en el Mensaje con que se dio inicio a la tramitación de la Ley Nº 20.018, las di¿cultades derivadas de la falta de disponibilidad del gas natural proveniente del extranjero, eran previsibles, a lo menos a contar de los años 2002-2003, después del congelamiento de precios del

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Esta norma se re¿ere a las facultades de la Superintendencia, estableciendo el citado Nº 11 que le corresponde comprobar los casos en que la falta de calidad o continuidad del servicio se deban a caso fortuito o fuerza mayor, estableciéndose, por mandato legal y como criterio ineludible para el órgano administrativo, que no lo constituirán las restricciones totales o parciales de gas natural provenientes del exterior.

“Tampoco se considerarán fuerza mayor o caso fortuito, las fallas de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural provenientes de gasoductos internacionales”.

“Para los efectos del artículo 16B, las faltas de seguridad y calidad de servicio provocadas por indisponibilidad de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural proveniente de gasoductos internacionales, no serán calificadas como caso fortuito o fuerza mayor”.

Es decir, la actual Ley Eléctrica, expresa y categóricamente, excluye como evento de fuerza mayor o caso fortuito, las restricciones totales o parciales de gas natural provenientes del exterior, que es la principal circunstancia constitutiva del caso fortuito invocado por algunas generadoras. Si bien es cierto esta norma legal se aplica a las fallas de las centrales en relación a las compensaciones que deben efectuar los generadores en caso de dictación de un decreto de racionamiento por parte de la autoridad, revela claramente la idea de que para el legislador la restricción de gas natural desde el exterior, no constituye caso fortuito o fuerza mayor.

Lo corrobora la misma Ley Nº 20.018 (artículo 2º) al modi¿car a la Ley Nº 18.410, que regula a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, agregando al Nº 11 del artículo 3º de esa ley, un nuevo inciso, del siguiente tenor:

Lo corrobora la misma Ley Nº 20.018 (artículo 2º) al modi¿car a la Ley Nº 18.410, que regula a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, agregando al Nº 11 del artículo 3º de esa ley, un nuevo inciso, del siguiente tenor:

Es decir, la actual Ley Eléctrica, expresa y categóricamente, excluye como evento de fuerza mayor o caso fortuito, las restricciones totales o parciales de gas natural provenientes del exterior, que es la principal circunstancia constitutiva del caso fortuito invocado por algunas generadoras. Si bien es cierto esta norma legal se aplica a las fallas de las centrales en relación a las compensaciones que deben efectuar los generadores en caso de dictación de un decreto de racionamiento por parte de la autoridad, revela claramente la idea de que para el legislador la restricción de gas natural desde el exterior, no constituye caso fortuito o fuerza mayor.

“Para los efectos del artículo 16B, las faltas de seguridad y calidad de servicio provocadas por indisponibilidad de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural proveniente de gasoductos internacionales, no serán calificadas como caso fortuito o fuerza mayor”.

“Tampoco se considerarán fuerza mayor o caso fortuito, las fallas de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural provenientes de gasoductos internacionales”.

Esta norma se re¿ere a las facultades de la Superintendencia, estableciendo el citado Nº 11 que le corresponde comprobar los casos en que la falta de calidad o continuidad del servicio se deban a caso fortuito o fuerza mayor, estableciéndose, por mandato legal y como criterio ineludible para el órgano administrativo, que no lo constituirán las restricciones totales o parciales de gas natural provenientes del exterior.

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

También en relación a las restricciones totales o parciales de gas natural provenientes del exterior y teniendo en cuenta que el caso fortuito debe ser imprevisible, resulta que esta circunstancia no reúne ese fundamental requisito, impidiendo la con¿guración y alegación del mismo. En efecto, y tal como se consigna en el Mensaje con que se dio inicio a la tramitación de la Ley Nº 20.018, las di¿cultades derivadas de la falta de disponibilidad del gas natural proveniente del extranjero, eran previsibles, a lo menos a contar de los años 2002-2003, después del congelamiento de precios del

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LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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gas natural en Argentina, habiéndose cometido de paso el error de con¿ar excesivamente en una sola fuente de suministro. De ahí que según consta en la historia ¿dedigna de su establecimiento, los cambios introducidos por la Ley Nº 20.018 a la Ley General de Servicios Eléctricos, tiendan a fomentar y facilitar las inversiones en nuevas centrales generadoras eléctricas, para lo cual se establece un sistema de licitación pública de los contratos de suministro para los clientes regulados de las empresas distribuidoras, en que el precio de la energía se indexará en base a fórmulas que expresen la variación de los costos de los combustibles y de otros insumos relevantes para la generación eléctrica (art. 79, inciso 3 ¿nal). Esto demuestra, primero, que dicha medida sólo se aplicará para los contratos de suministro eléctrico que celebren las generadoras con las empresas distribuidoras, a ¿n de suministrar a los clientes regulados de éstas, por lo que no rige para los clientes libres; segundo, que ello sólo será aplicable a partir del año 2010 y, tercero, que la ley ha incentivado a las empresas generadoras para que desarrollen nuevas centrales. De este modo, la Ley Nº 20.018 ha conseguido dinamizar el mercado eléctrico, favoreciendo la diversi¿cación de la matriz energética, pero ninguna de sus disposiciones constata la ocurrencia de situaciones imprevisibles. Al contrario, insisto, ella revela la absoluta previsibilidad de la falta de disponibilidad del gas natural proveniente del extranjero. Como se anunció, especí¿camente en lo que se re¿ere al suministro de gas proveniente de Argentina a partir del año 2002, este hecho tampoco puede considerarse imprevisto, por cuanto la situación de dé¿cit de oferta del mercado de gas natural de ese país, tiene su origen, al menos desde ese año, al decretarse por la autoridad argentina la pesi¿cación y congelamiento de los precios internos regulados de dicho combustible, a través de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, el 6 de enero de 2002. Esta señal de precios incentivó, por una parte, un fuerte aumento del consumo interno de gas natural en Argentina, a valores que no hicieron rentables nuevas inversiones en exploración, explotación y transporte, todo lo cual era de público conocimiento y totalmente previsible por los agentes y actores del mercado eléctrico y del gas natural. El desequilibrio entre oferta y demanda de gas natural en Argentina, que tuvo su punto crítico durante el año 2004, motivando restricciones a las exportaciones, no extrañó

Como se anunció, especí¿camente en lo que se re¿ere al suministro de gas proveniente de Argentina a partir del año 2002, este hecho tampoco puede considerarse imprevisto, por cuanto la situación de dé¿cit de oferta del mercado de gas natural de ese país, tiene su origen, al menos desde ese año, al decretarse por la autoridad argentina la pesi¿cación y congelamiento de los precios internos regulados de dicho combustible, a través de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, el 6 de enero de 2002. Esta señal de precios incentivó, por una parte, un fuerte aumento del consumo interno de gas natural en Argentina, a valores que no hicieron rentables nuevas inversiones en exploración, explotación y transporte, todo lo cual era de público conocimiento y totalmente previsible por los agentes y actores del mercado eléctrico y del gas natural. El desequilibrio entre oferta y demanda de gas natural en Argentina, que tuvo su punto crítico durante el año 2004, motivando restricciones a las exportaciones, no extrañó De este modo, la Ley Nº 20.018 ha conseguido dinamizar el mercado eléctrico, favoreciendo la diversi¿cación de la matriz energética, pero ninguna de sus disposiciones constata la ocurrencia de situaciones imprevisibles. Al contrario, insisto, ella revela la absoluta previsibilidad de la falta de disponibilidad del gas natural proveniente del extranjero. De ahí que según consta en la historia ¿dedigna de su establecimiento, los cambios introducidos por la Ley Nº 20.018 a la Ley General de Servicios Eléctricos, tiendan a fomentar y facilitar las inversiones en nuevas centrales generadoras eléctricas, para lo cual se establece un sistema de licitación pública de los contratos de suministro para los clientes regulados de las empresas distribuidoras, en que el precio de la energía se indexará en base a fórmulas que expresen la variación de los costos de los combustibles y de otros insumos relevantes para la generación eléctrica (art. 79, inciso 3 ¿nal). Esto demuestra, primero, que dicha medida sólo se aplicará para los contratos de suministro eléctrico que celebren las generadoras con las empresas distribuidoras, a ¿n de suministrar a los clientes regulados de éstas, por lo que no rige para los clientes libres; segundo, que ello sólo será aplicable a partir del año 2010 y, tercero, que la ley ha incentivado a las empresas generadoras para que desarrollen nuevas centrales. gas natural en Argentina, habiéndose cometido de paso el error de con¿ar excesivamente en una sola fuente de suministro. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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Nº 2 de 1995.

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

1 Acuerdo de Complementación Económica –ACE– Nº 16 de 1991, y Protocolo Sustitutivo

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La teoría de la imprevisión o del riesgo imprevisto ha sido un tema recurrente en los estudios teóricos del derecho. En el derecho comparado varios

a ningún experto y conocedor de ese mercado. Ya en el invierno del año 2002, en Argentina hubo restricciones internas de gas natural que fueron un 186.7% superiores a la del año anterior. Luego en el invierno de 2003, tales restricciones fueron un 473.3% superiores a las que hubo el año 2001 (Fuente: Ente Nacional Regulador del Gas de Argentina, ENRE).

Complementaria a la alegación de caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad del incumplimiento de los contratos de suministro, las empresas generadoras han venido sosteniendo la terminación de las respectivas convenciones en los términos de la teoría de la imprevisión, por excesiva onerosidad sobreviniente.

La opción argentina por privilegiar su mercado local interno, por sobre las exportaciones, tampoco era algo imprevisible, a pesar de los acuerdos y protocolos ¿rmados con Chile1, a la luz de lo que dispone la ley argentina Nº 24.076 del año 1992, la que privilegia siempre el consumo local interno, estableciendo en su art. 3º que: “Las exportaciones de gas natural deberán, en cada caso, ser autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, dentro del plazo de noventa días de recibida la solicitud, en la medida que no se afecte el abastecimiento interno”, lo cual es reiterado en la parte ¿nal del art. 2º del Protocolo Sustitutivo del Protocolo Nº 2 del ACE Nº 16 del año 1995, suscrito entre ambos gobiernos. Si bien, es evidente que Argentina infringió los acuerdos celebrados con Chile, especialmente lo relativo a la no discriminación, también es un dato que ello fue perfectamente previsible a partir del año 2002 con la dictación de la referida ley.

3. TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS POR EXCESIVA ONEROSIDAD

Por lo demás, la situación de riesgo en el suministro de gas natural desde Argentina a Chile era un asunto de dominio público, tal como dan cuenta las numerosas noticias, entrevistas e informaciones aparecidas en los medios de prensa de los dos países.

Por lo demás, la situación de riesgo en el suministro de gas natural desde Argentina a Chile era un asunto de dominio público, tal como dan cuenta las numerosas noticias, entrevistas e informaciones aparecidas en los medios de prensa de los dos países.

3. TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS POR EXCESIVA ONEROSIDAD

La opción argentina por privilegiar su mercado local interno, por sobre las exportaciones, tampoco era algo imprevisible, a pesar de los acuerdos y protocolos ¿rmados con Chile1, a la luz de lo que dispone la ley argentina Nº 24.076 del año 1992, la que privilegia siempre el consumo local interno, estableciendo en su art. 3º que: “Las exportaciones de gas natural deberán, en cada caso, ser autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, dentro del plazo de noventa días de recibida la solicitud, en la medida que no se afecte el abastecimiento interno”, lo cual es reiterado en la parte ¿nal del art. 2º del Protocolo Sustitutivo del Protocolo Nº 2 del ACE Nº 16 del año 1995, suscrito entre ambos gobiernos. Si bien, es evidente que Argentina infringió los acuerdos celebrados con Chile, especialmente lo relativo a la no discriminación, también es un dato que ello fue perfectamente previsible a partir del año 2002 con la dictación de la referida ley.

Complementaria a la alegación de caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad del incumplimiento de los contratos de suministro, las empresas generadoras han venido sosteniendo la terminación de las respectivas convenciones en los términos de la teoría de la imprevisión, por excesiva onerosidad sobreviniente.

a ningún experto y conocedor de ese mercado. Ya en el invierno del año 2002, en Argentina hubo restricciones internas de gas natural que fueron un 186.7% superiores a la del año anterior. Luego en el invierno de 2003, tales restricciones fueron un 473.3% superiores a las que hubo el año 2001 (Fuente: Ente Nacional Regulador del Gas de Argentina, ENRE).

La teoría de la imprevisión o del riesgo imprevisto ha sido un tema recurrente en los estudios teóricos del derecho. En el derecho comparado varios

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

1 Acuerdo de Complementación Económica –ACE– Nº 16 de 1991, y Protocolo Sustitutivo Nº 2 de 1995.

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códigos civiles han incorporado expresamente esta ¿gura, con el propósito de hacerse cargo del problema del denominado “riesgo imprevisto”. En nuestro país, en cambio, no ha habido incorporación expresa de esa teoría a nuestra legislación positiva, discutiéndose a nivel doctrinal si su aplicación procede sin texto legal que la ampare. La posición de la Corte Suprema ha consistido en rechazar sistemáticamente las pretensiones que impliquen readecuar los efectos de una relación contractual, fundado en la existencia del hecho imprevisto. El valor que se atribuye al artículo 1545 del Código Civil ha sido, para los jueces de derecho, el límite legal para rechazar esta ¿gura y otras de similar cuño. Aplicando dicho precepto, se ha entendido que no resultaría lícito que un juez de derecho pudiera cambiar los efectos propios de un contrato celebrado por las partes. El artículo 1545 del Código Civil, al conceder fuerza de ley al contrato válidamente celebrado, restringe toda posibilidad a que éste sea modi¿cado si ello no proviene del mutuo acuerdo de las partes o por una causa legal. En el campo doctrinal, existen trabajos clásicos que han demostrado que nuestro Código Civil no acepta la doctrina de la imprevisión. Entre ellos se destaca la aportación del profesor Lorenzo DE LA MAZA (1933). Para este autor, dentro de otras razones, “en nuestra legislación vigente no existe ninguna disposición que permita de un modo expreso y franco la aplicación de la teoría de la imprevisión”. Reitera que nuestro Código Civil, siguiendo las tendencias individualistas que imperaban en la época de su dictación, sólo se preocupó de asegurar la estabilidad de las relaciones económicas, dando fuerza obligatoria y haciendo intangibles los contratos una vez concluidos. Aunque el autor considera la doctrina de la imprevisión como una tendencia aceptable y fundada, igualmente concluye que ella no es admisible, a menos que se modi¿que el Código Civil. En igual línea doctrinal se encuentra don René Abeliuk.2 Este autor, que concibe a la imprevisión en el campo de las de¿niciones como “la facultad del deudor de solicitar la resolución o revisión del contrato de 2 ABELIUK

(2001), pp. 755 y ss.

2 ABELIUK

(2001), pp. 755 y ss.

En igual línea doctrinal se encuentra don René Abeliuk.2 Este autor, que concibe a la imprevisión en el campo de las de¿niciones como “la facultad del deudor de solicitar la resolución o revisión del contrato de En el campo doctrinal, existen trabajos clásicos que han demostrado que nuestro Código Civil no acepta la doctrina de la imprevisión. Entre ellos se destaca la aportación del profesor Lorenzo DE LA MAZA (1933). Para este autor, dentro de otras razones, “en nuestra legislación vigente no existe ninguna disposición que permita de un modo expreso y franco la aplicación de la teoría de la imprevisión”. Reitera que nuestro Código Civil, siguiendo las tendencias individualistas que imperaban en la época de su dictación, sólo se preocupó de asegurar la estabilidad de las relaciones económicas, dando fuerza obligatoria y haciendo intangibles los contratos una vez concluidos. Aunque el autor considera la doctrina de la imprevisión como una tendencia aceptable y fundada, igualmente concluye que ella no es admisible, a menos que se modi¿que el Código Civil. Aplicando dicho precepto, se ha entendido que no resultaría lícito que un juez de derecho pudiera cambiar los efectos propios de un contrato celebrado por las partes. El artículo 1545 del Código Civil, al conceder fuerza de ley al contrato válidamente celebrado, restringe toda posibilidad a que éste sea modi¿cado si ello no proviene del mutuo acuerdo de las partes o por una causa legal. La posición de la Corte Suprema ha consistido en rechazar sistemáticamente las pretensiones que impliquen readecuar los efectos de una relación contractual, fundado en la existencia del hecho imprevisto. El valor que se atribuye al artículo 1545 del Código Civil ha sido, para los jueces de derecho, el límite legal para rechazar esta ¿gura y otras de similar cuño. En nuestro país, en cambio, no ha habido incorporación expresa de esa teoría a nuestra legislación positiva, discutiéndose a nivel doctrinal si su aplicación procede sin texto legal que la ampare. códigos civiles han incorporado expresamente esta ¿gura, con el propósito de hacerse cargo del problema del denominado “riesgo imprevisto”. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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MARCHAL (2002), p. 78.

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

MARCHAL (2002), p. 78.

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ejecución postergada, cuando un imprevisto ajeno a la voluntad de las partes ha transformado la obligación en exageradamente onerosa”, no la acepta como una realidad positiva. Abeliuk no duda en a¿rmar que los Códigos del siglo XIX privilegiaron, sobre toda otra consideración, la seguridad contractual. Dicha seguridad está rea¿rmada en nuestro Código Civil por el artículo 1545, y que se traduce en el principio conocido como pacta sunt servanda.

En derecho comparado se ha ido introduciendo el concepto de las cláusulas hardship que son aquellas que tienen por objeto readaptar y renegociar el contrato cuando una alteración de las circunstancias inicialmente presentes provoca un desequilibrio sustancial de las obligaciones de las partes.3

De un modo concluyente, Abeliuk expresa que la imprevisión choca con la estructura legal y que sólo ha sido acogida en leyes especiales.

3.2. Las denominadas cláusulas hardship

3.1. Requisitos de aplicación de la Teoría de la Imprevisión

Si no se acreditan esos dos requisitos, es imposible plantear siquiera dicha Teoría.

Existen, sin embargo, algunos autores que en forma minoritaria han sostenido la admisibilidad de la teoría de la imprevisión en Chile, incluso sin necesidad de una formal y explícita consagración en la ley, para lo cual exigen la concurrencia de ciertas condiciones. Aun admitiendo esa posibilidad y sólo para los efectos del examen teórico de la cuestión, resulta que las circunstancias básicas que deben acreditarse por las empresas generadoras para eximirse de cumplir los contratos de suministro vigentes, son las siguientes: a) que el hecho que modi¿có la relación contractual alegada, sea totalmente imprevisto e imprevisible a la época de la contratación, y b) que haya un empobrecimiento de la parte afectada o una excesiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación contractual, que impidan su continuación.

Existen, sin embargo, algunos autores que en forma minoritaria han sostenido la admisibilidad de la teoría de la imprevisión en Chile, incluso sin necesidad de una formal y explícita consagración en la ley, para lo cual exigen la concurrencia de ciertas condiciones. Aun admitiendo esa posibilidad y sólo para los efectos del examen teórico de la cuestión, resulta que las circunstancias básicas que deben acreditarse por las empresas generadoras para eximirse de cumplir los contratos de suministro vigentes, son las siguientes: a) que el hecho que modi¿có la relación contractual alegada, sea totalmente imprevisto e imprevisible a la época de la contratación, y b) que haya un empobrecimiento de la parte afectada o una excesiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación contractual, que impidan su continuación.

Si no se acreditan esos dos requisitos, es imposible plantear siquiera dicha Teoría.

3.1. Requisitos de aplicación de la Teoría de la Imprevisión

3.2. Las denominadas cláusulas hardship

De un modo concluyente, Abeliuk expresa que la imprevisión choca con la estructura legal y que sólo ha sido acogida en leyes especiales.

En derecho comparado se ha ido introduciendo el concepto de las cláusulas hardship que son aquellas que tienen por objeto readaptar y renegociar el contrato cuando una alteración de las circunstancias inicialmente presentes provoca un desequilibrio sustancial de las obligaciones de las partes.3

ejecución postergada, cuando un imprevisto ajeno a la voluntad de las partes ha transformado la obligación en exageradamente onerosa”, no la acepta como una realidad positiva. Abeliuk no duda en a¿rmar que los Códigos del siglo XIX privilegiaron, sobre toda otra consideración, la seguridad contractual. Dicha seguridad está rea¿rmada en nuestro Código Civil por el artículo 1545, y que se traduce en el principio conocido como pacta sunt servanda.

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Conceptualmente, estas cláusulas lo que hacen es convenir de manera contractual la revisión y eventual renegociación de un contrato derivado del acontecimiento de hechos o circunstancias inexistentes o imprevistas al momento de contratar, que alteren de manera sustancial las prestaciones de las partes. No se trata de cláusulas de ajuste de precios, de cliente más favorecido o de adaptación, en las que se produce una adaptación automática del contrato una vez ocurridos determinados hechos o circunstancias, sin intervención de las partes. En las cláusulas hardship, sí se produce una negociación de las partes destinada a la readaptación del contrato. Sin embargo, este tipo de cláusulas puede establecerse bajo múltiples formas, obligando en algunos casos a efectuar modi¿caciones al contrato, sólo obligando a efectuar los mejores esfuerzos para buscar una adaptación del mismo, o sencillamente estableciendo procedimientos de negociación que no obliguen a un resultado concreto. También se diferencian de las cláusulas de fuerza mayor o caso fortuito, en cuanto las condiciones o circunstancias nuevas establecidas en una cláusula hardship por lo general no impiden el cumplimiento de una obligación, sino que solamente lo hace más gravosa u onerosa. La importancia de este tipo de cláusulas en derecho comparado, es que debido al desarrollo que han tenido, se estima que cuando no se pactan, jamás de podrá alegar válidamente la teoría de la imprevisión, puesto que las partes tuvieron todo el derecho a convenir contractualmente las consecuencias derivadas del acaecimiento de hechos posteriores que alteraren signi¿cativamente las prestaciones de alguna de las partes, haciéndolas más onerosas. Si no lo hicieron, se presume que no es aplicable al contrato en cuestión la referida teoría.4

4 Laudo parcial de 1 de septiembre de 1988 y laudo final de 19 de diciembre de 1989 del Tribunal de Arbitraje de la C.C. asunto Nº 5.953, el Tribunal consideró: “Es cierto que en la ejecución de contratos a largo plazo cuyo precio ha sido fijado es frecuente prever una renegociación para el caso en que las condiciones económicas evolucionen de tal forma que el equilibrio del contrato inicialmente celebrado entre las partes no se altere. Pero, en la ausencia del tal cláusula debe, por el contrario presumirse que las partes, familiarizadas con el comercio internacional, no han querido la renegociación”.

4 Laudo parcial de 1 de septiembre de 1988 y laudo final de 19 de diciembre de 1989 del Tribunal de Arbitraje de la C.C. asunto Nº 5.953, el Tribunal consideró: “Es cierto que en la ejecución de contratos a largo plazo cuyo precio ha sido fijado es frecuente prever una renegociación para el caso en que las condiciones económicas evolucionen de tal forma que el equilibrio del contrato inicialmente celebrado entre las partes no se altere. Pero, en la ausencia del tal cláusula debe, por el contrario presumirse que las partes, familiarizadas con el comercio internacional, no han querido la renegociación”.

La importancia de este tipo de cláusulas en derecho comparado, es que debido al desarrollo que han tenido, se estima que cuando no se pactan, jamás de podrá alegar válidamente la teoría de la imprevisión, puesto que las partes tuvieron todo el derecho a convenir contractualmente las consecuencias derivadas del acaecimiento de hechos posteriores que alteraren signi¿cativamente las prestaciones de alguna de las partes, haciéndolas más onerosas. Si no lo hicieron, se presume que no es aplicable al contrato en cuestión la referida teoría.4 También se diferencian de las cláusulas de fuerza mayor o caso fortuito, en cuanto las condiciones o circunstancias nuevas establecidas en una cláusula hardship por lo general no impiden el cumplimiento de una obligación, sino que solamente lo hace más gravosa u onerosa. No se trata de cláusulas de ajuste de precios, de cliente más favorecido o de adaptación, en las que se produce una adaptación automática del contrato una vez ocurridos determinados hechos o circunstancias, sin intervención de las partes. En las cláusulas hardship, sí se produce una negociación de las partes destinada a la readaptación del contrato. Sin embargo, este tipo de cláusulas puede establecerse bajo múltiples formas, obligando en algunos casos a efectuar modi¿caciones al contrato, sólo obligando a efectuar los mejores esfuerzos para buscar una adaptación del mismo, o sencillamente estableciendo procedimientos de negociación que no obliguen a un resultado concreto. Conceptualmente, estas cláusulas lo que hacen es convenir de manera contractual la revisión y eventual renegociación de un contrato derivado del acontecimiento de hechos o circunstancias inexistentes o imprevistas al momento de contratar, que alteren de manera sustancial las prestaciones de las partes. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

La existencia de una doctrina consolidada de la Excma. Corte Suprema sobre la intangibilidad del contrato, la prohibición de las modi¿caciones unilaterales y de la terminación anticipada también por voluntad unilateral,

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3.4. La jurisprudencia establecida de la Excma. Corte Suprema y su valor como precedente

3.3. La ley como fuente principal del Derecho

Ello no obsta a que las partes, dentro de su autonomía de la voluntad y de la libertad contractual que tienen, puedan pactar todas las previsiones que les aparezcan adecuadas. Pero si no lo hacen, no será procedente intentar integrar esos contratos mediante la aplicación de una teoría, como la de la imprevisión, que cambia sustancialmente principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico como es el pacta sunt servanda. Ello requeriría de una modi¿cación legal.

Por otro lado, existe acuerdo entre los autores respecto de la prioridad que nuestro Código Civil otorga a la ley la fuente preponderante del Derecho, lo que respondía al pensamiento de Bello y a la doctrina general que consideraba a la ley como la fuente del Derecho por excelencia. Bajo este prisma, las omisiones en que incurra el Código o las nuevas instituciones que se desarrollen, deben ser recogidas e incorporadas por el legislador, o por los propios contratantes en su ley del contrato. El Mensaje del Código Civil no puede ser más clari¿cador del pensamiento de Bello en este tema:

En consideración a lo anterior, no resulta procedente admitir y aplicar un instituto que, como la teoría de la imprevisión, introduce cambios fundamentales a la regulación de los contratos en Chile, cuando desde el mismo Mensaje del autor del Código Civil se señala que las imperfecciones del mismo es tarea de la legislatura.

“Yo no presumo ofreceros bajo estos respectos una obra perfecta; ninguna tal ha salido hasta ahora de las manos del hombre... La práctica descubrirá sin duda defectos en la ejecución de tan ardua empresa; pero la Legislatura, podrá fácilmente corregirlos con conocimiento de causa, como se ha hecho en otros países y en la misma Francia...”.

“Yo no presumo ofreceros bajo estos respectos una obra perfecta; ninguna tal ha salido hasta ahora de las manos del hombre... La práctica descubrirá sin duda defectos en la ejecución de tan ardua empresa; pero la Legislatura, podrá fácilmente corregirlos con conocimiento de causa, como se ha hecho en otros países y en la misma Francia...”.

En consideración a lo anterior, no resulta procedente admitir y aplicar un instituto que, como la teoría de la imprevisión, introduce cambios fundamentales a la regulación de los contratos en Chile, cuando desde el mismo Mensaje del autor del Código Civil se señala que las imperfecciones del mismo es tarea de la legislatura.

Por otro lado, existe acuerdo entre los autores respecto de la prioridad que nuestro Código Civil otorga a la ley la fuente preponderante del Derecho, lo que respondía al pensamiento de Bello y a la doctrina general que consideraba a la ley como la fuente del Derecho por excelencia. Bajo este prisma, las omisiones en que incurra el Código o las nuevas instituciones que se desarrollen, deben ser recogidas e incorporadas por el legislador, o por los propios contratantes en su ley del contrato. El Mensaje del Código Civil no puede ser más clari¿cador del pensamiento de Bello en este tema:

Ello no obsta a que las partes, dentro de su autonomía de la voluntad y de la libertad contractual que tienen, puedan pactar todas las previsiones que les aparezcan adecuadas. Pero si no lo hacen, no será procedente intentar integrar esos contratos mediante la aplicación de una teoría, como la de la imprevisión, que cambia sustancialmente principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico como es el pacta sunt servanda. Ello requeriría de una modi¿cación legal.

3.3. La ley como fuente principal del Derecho

3.4. La jurisprudencia establecida de la Excma. Corte Suprema y su valor como precedente

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

La existencia de una doctrina consolidada de la Excma. Corte Suprema sobre la intangibilidad del contrato, la prohibición de las modi¿caciones unilaterales y de la terminación anticipada también por voluntad unilateral,

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Entre otras, cfr. CS., 15 de mayo de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 1ª, p. 119; CS., 30 de enero de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 3ª, p. 42; CS. 28 de agosto de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 3ª, XCVIII, p. 42.

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5

En suma, el respeto a los precedentes de la Corte Suprema constituye un principio organizativo de la función jurisdiccional, que evita que se concrete una infracción al artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto impide la discriminación por parte de toda autoridad y asegura, no sólo la igualdad ante la ley, sino también la igualdad en la aplicación de la ley. La modi¿cación de 1995 ha puesto de mani¿esto el necesario fortalecimiento de la jurisprudencia en el sistema de fuentes, cuyo verdadero lugar se encontraba algo oscurecido por una comprensión super¿cial del artículo 3º del Código Civil. Para que no se crea que este planteamiento es meramente teórico, conviene observar que son cada día más frecuentes las decisiones de la Corte Suprema que expresamente se fundamentan en su propia doctrina.5 En síntesis, una de las mayores modi¿caciones que ha experimentado nuestro sistema procesal civil ha consistido en potenciar el valor de la jurisprudencia emanada de nuestro máximo tribunal. Así la Ley Nº 19.374 de 18 de febrero de 1995, modi¿catoria de los Códigos Orgánico de Tribunales y de Procedimiento Civil, estableció un nuevo régimen de funcionamiento para la Corte Suprema, que contempla la especialización de las salas en determinadas materias (civiles, penales, constitucionales, laborales, de menores, entre otras) con el objeto preciso y declarado de “avanzar sólidamente hacia la uniformidad de la jurisprudencia en las diversas materias que debe conocer la Corte” (Palabras del Mensaje de la Ley Nº 19.374). En efecto, la doctrina que emana de esas sentencias constituye una línea consolidada que sienta un precedente en cuanto a los límites en la interpretación de un contrato. Lo anterior nos obliga a referirnos, aunque sea brevemente, al valor que reviste para cualquier juez de derecho la existencia de un criterio jurisprudencial consolidado. constituye un hecho jurídico de enorme relevancia que debería ser considerado en las causas que se han suscitado y se suscitarán en esta materia. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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constituye un hecho jurídico de enorme relevancia que debería ser considerado en las causas que se han suscitado y se suscitarán en esta materia. En efecto, la doctrina que emana de esas sentencias constituye una línea consolidada que sienta un precedente en cuanto a los límites en la interpretación de un contrato. Lo anterior nos obliga a referirnos, aunque sea brevemente, al valor que reviste para cualquier juez de derecho la existencia de un criterio jurisprudencial consolidado. En síntesis, una de las mayores modi¿caciones que ha experimentado nuestro sistema procesal civil ha consistido en potenciar el valor de la jurisprudencia emanada de nuestro máximo tribunal. Así la Ley Nº 19.374 de 18 de febrero de 1995, modi¿catoria de los Códigos Orgánico de Tribunales y de Procedimiento Civil, estableció un nuevo régimen de funcionamiento para la Corte Suprema, que contempla la especialización de las salas en determinadas materias (civiles, penales, constitucionales, laborales, de menores, entre otras) con el objeto preciso y declarado de “avanzar sólidamente hacia la uniformidad de la jurisprudencia en las diversas materias que debe conocer la Corte” (Palabras del Mensaje de la Ley Nº 19.374). La modi¿cación de 1995 ha puesto de mani¿esto el necesario fortalecimiento de la jurisprudencia en el sistema de fuentes, cuyo verdadero lugar se encontraba algo oscurecido por una comprensión super¿cial del artículo 3º del Código Civil. Para que no se crea que este planteamiento es meramente teórico, conviene observar que son cada día más frecuentes las decisiones de la Corte Suprema que expresamente se fundamentan en su propia doctrina.5 En suma, el respeto a los precedentes de la Corte Suprema constituye un principio organizativo de la función jurisdiccional, que evita que se concrete una infracción al artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto impide la discriminación por parte de toda autoridad y asegura, no sólo la igualdad ante la ley, sino también la igualdad en la aplicación de la ley. 5 Entre otras, cfr. CS., 15 de mayo de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 1ª, p. 119; CS., 30 de enero de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 3ª, p. 42; CS. 28 de agosto de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 3ª, XCVIII, p. 42.

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

Una posición, sería que el precio de mercado de la potencia y energía eléctrica sería aquél aplicable al momento en que se analiza el tema, es decir, el

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Aun cuando se estimara aplicable de manera genérica la posibilidad de invocar la teoría de la imprevisión o causales de caso fortuito o fuerza mayor a contratos de suministro eléctrico de largo plazo celebrados con clientes libres, no regulados contractualmente, ello obligaría a revisar los precios de los contratos vigentes en relación a los supuestos precios a los que el contrato debería acceder, tomando en cuenta las nuevas circunstancias del mercado. Es decir, habría que de¿nir qué se entiende por precio de mercado para contratos de suministro eléctrico de un determinado sistema interconectado.

4. EL BENEFICIO DE OPORTUNIDAD QUE SUBYACE EN LA APLICACIÓN

PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON CLIENTES LIBRES

DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN O DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

5. EL PRECIO DE MERCADO EN LA LEY Nº 20.018

Por sobre las cuestiones jurídicas que se han empezado a ventilar y de los planteamientos teóricos que se intentan hoy por hoy justi¿car, la alteración de contratos válidamente celebrados conllevan generalmente el propósito de obtener por parte de las empresas generadoras, por la vía de una declaración judicial, un bene¿cio de oportunidad o un costo de oportunidad, según sea el caso, en el sistema eléctrico, dejando sin efecto un contrato válidamente celebrado y vigente, con el objeto fundamental de aprovechar los mejores precios actuales del mercado spot y poder vender la energía eléctrica a través de este mercado de corto plazo, a las empresas generadoras de¿citarias del CDEC-SIC, o bien de celebrar nuevos contratos de suministro con nuevos clientes a mejores precios, en perjuicio de sus contrapartes.

Aceptar que el cambio en las condiciones de mercado permite alterar lo pactado en contratos de suministro de energía de largo plazo, llevaría a desconocer la ¿nalidad económica que tienen las partes al distribuir los riesgos en la siempre cambiante situación futura. Por lo mismo, dicho contrato sólo puede ser interpretado atendiendo a su naturaleza, esto es, a la luz de las obligaciones asumidas recíprocamente, a un precio que durante la vigencia del contrato puede ser mayor o menor que el de mercado, pero que, sin embargo, resulta conveniente para ambas partes al momento de convenirlo.

Aceptar que el cambio en las condiciones de mercado permite alterar lo pactado en contratos de suministro de energía de largo plazo, llevaría a desconocer la ¿nalidad económica que tienen las partes al distribuir los riesgos en la siempre cambiante situación futura. Por lo mismo, dicho contrato sólo puede ser interpretado atendiendo a su naturaleza, esto es, a la luz de las obligaciones asumidas recíprocamente, a un precio que durante la vigencia del contrato puede ser mayor o menor que el de mercado, pero que, sin embargo, resulta conveniente para ambas partes al momento de convenirlo.

Por sobre las cuestiones jurídicas que se han empezado a ventilar y de los planteamientos teóricos que se intentan hoy por hoy justi¿car, la alteración de contratos válidamente celebrados conllevan generalmente el propósito de obtener por parte de las empresas generadoras, por la vía de una declaración judicial, un bene¿cio de oportunidad o un costo de oportunidad, según sea el caso, en el sistema eléctrico, dejando sin efecto un contrato válidamente celebrado y vigente, con el objeto fundamental de aprovechar los mejores precios actuales del mercado spot y poder vender la energía eléctrica a través de este mercado de corto plazo, a las empresas generadoras de¿citarias del CDEC-SIC, o bien de celebrar nuevos contratos de suministro con nuevos clientes a mejores precios, en perjuicio de sus contrapartes.

5. EL PRECIO DE MERCADO EN LA LEY Nº 20.018

DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN O DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON CLIENTES LIBRES

4. EL BENEFICIO DE OPORTUNIDAD QUE SUBYACE EN LA APLICACIÓN

Aun cuando se estimara aplicable de manera genérica la posibilidad de invocar la teoría de la imprevisión o causales de caso fortuito o fuerza mayor a contratos de suministro eléctrico de largo plazo celebrados con clientes libres, no regulados contractualmente, ello obligaría a revisar los precios de los contratos vigentes en relación a los supuestos precios a los que el contrato debería acceder, tomando en cuenta las nuevas circunstancias del mercado. Es decir, habría que de¿nir qué se entiende por precio de mercado para contratos de suministro eléctrico de un determinado sistema interconectado.

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

Una posición, sería que el precio de mercado de la potencia y energía eléctrica sería aquél aplicable al momento en que se analiza el tema, es decir, el

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LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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que se le cobraría a un nuevo cliente por la contratación eléctrica efectuada en el momento en que se hace el análisis. Ello haría coincidente el concepto de precio de mercado del suministro eléctrico, con el precio spot o el costo marginal instantáneo establecido en el artículo 91 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que se cobran a interior de los CDEC las empresas generadoras (precio que deben pagar las empresas de¿citarias a las excedentarias). Una segunda posición, es que el precio de mercado de la potencia y energía eléctrica debiera ser el precio de nudo de corto plazo ¿jado por la autoridad, en conformidad al artículo 99 de la Ley. Sin embargo, mi opinión es que el precio de mercado de un contrato de suministro eléctrico de largo plazo celebrado con un cliente libre, en caso de tener que revisarse este concepto e acuerdo al respectivo contrato, no puede ser otro que el establecido en el artículo 101 bis de la ley, introducido por la Ley Nº 20.018, bajo la denominación de precio medio de mercado. Este se origina del cuociente entre la suma de las facturaciones efectuadas por todos los suministros de energía y potencia a clientes libres y distribuidoras indicados en el artículo 101 y el total de la energía asociada dichos suministros, ambas ocurridas en el período de 4 meses que termina en el mes anterior al de la ¿jación de los precios de nudo referido en el artículo 99. Queda claro, en dicho concepto legal de precio de mercado, que éste queda integrado por las tarifas de todos los contratos vigentes de suministro, incluyendo las relativas a las licitaciones de las distribuidoras, por lo que el legislador vino a poner claridad en este asunto, al eliminar la posibilidad de aplicar precios de spot o de nudo como equivalentes a precio de mercado para clientes libres de largo plazo. Ello tiene una lógica que va en estrecha relación con la naturaleza jurídica de este tipo de contratos de suministro, en que se contrata por períodos largos de tiempo, en los que ocurren diversos eventos, por lo que no es lícito asociar en ese tipo de contratos el precio a uno de tipo spot, salvo que así se hubiere convenido, debiendo considerarse todos los precios o tarifas pactadas con anterioridad por los distintos clientes y generadores 6. CONCLUSIONES En momentos en que la estabilidad de los contratos y el respeto cabal de los acuerdos libremente convenidos se ha visto algo desconocida, puesto que

En momentos en que la estabilidad de los contratos y el respeto cabal de los acuerdos libremente convenidos se ha visto algo desconocida, puesto que 6. CONCLUSIONES Queda claro, en dicho concepto legal de precio de mercado, que éste queda integrado por las tarifas de todos los contratos vigentes de suministro, incluyendo las relativas a las licitaciones de las distribuidoras, por lo que el legislador vino a poner claridad en este asunto, al eliminar la posibilidad de aplicar precios de spot o de nudo como equivalentes a precio de mercado para clientes libres de largo plazo. Ello tiene una lógica que va en estrecha relación con la naturaleza jurídica de este tipo de contratos de suministro, en que se contrata por períodos largos de tiempo, en los que ocurren diversos eventos, por lo que no es lícito asociar en ese tipo de contratos el precio a uno de tipo spot, salvo que así se hubiere convenido, debiendo considerarse todos los precios o tarifas pactadas con anterioridad por los distintos clientes y generadores Sin embargo, mi opinión es que el precio de mercado de un contrato de suministro eléctrico de largo plazo celebrado con un cliente libre, en caso de tener que revisarse este concepto e acuerdo al respectivo contrato, no puede ser otro que el establecido en el artículo 101 bis de la ley, introducido por la Ley Nº 20.018, bajo la denominación de precio medio de mercado. Este se origina del cuociente entre la suma de las facturaciones efectuadas por todos los suministros de energía y potencia a clientes libres y distribuidoras indicados en el artículo 101 y el total de la energía asociada dichos suministros, ambas ocurridas en el período de 4 meses que termina en el mes anterior al de la ¿jación de los precios de nudo referido en el artículo 99. Una segunda posición, es que el precio de mercado de la potencia y energía eléctrica debiera ser el precio de nudo de corto plazo ¿jado por la autoridad, en conformidad al artículo 99 de la Ley. que se le cobraría a un nuevo cliente por la contratación eléctrica efectuada en el momento en que se hace el análisis. Ello haría coincidente el concepto de precio de mercado del suministro eléctrico, con el precio spot o el costo marginal instantáneo establecido en el artículo 91 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que se cobran a interior de los CDEC las empresas generadoras (precio que deben pagar las empresas de¿citarias a las excedentarias). LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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Las situaciones de restricción de suministro de gas natural desde Argentina fueron previsibles a partir del año 2002.

La Ley Nº 20.018 vino en todo caso a clari¿car algunos aspectos que van en la misma dirección al excluir ciertos eventos de la clasi¿cación de caso fortuito o fuerza mayor y al de¿nir lo que se entiende por precio medio de mercado, aplicable a contratos de suministro de clientes libres.

La teoría de la imprevisión atenta contra la naturaleza de los contratos de suministro eléctrico de largo plazo con clientes libres. Los contratos deben ejecutarse de acuerdo a lo pactado en ello. Si no existen cláusulas hardship, debe presumirse una voluntad de las partes en cuanto a no aplicar renegociación del mismo, independientemente del cambio de circunstancias que puedan ocurrir. Si se pactaron ese tipo de cláusulas, debe estarse al contenido de las mismas.

precisamente la crisis de suministro del gas argentino obedece a esa anomalía, se hace más necesario reiterar los principios tradicionales que sustentan nuestro sistema jurídico contractual, basados en el respeto y el cumplimiento ¿el de los contratos válidamente celebrados. Una de las ventajas comparativas de nuestro país en la región consiste, justamente, en el valor de la certeza y seguridad jurídica para los operadores económicos, misma que se asienta de un modo primordial en la estabilidad de los contratos, tanto de los que sustentan las inversiones extranjeras, como los propios de la actividad de cada uno de los agentes que aquí se desenvuelven.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

ABELIUK MANACEVICH, René (2001): Las Obligaciones, T. 1 (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

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Los contratos deben cumplirse siempre que sea posible, independientemente de la carga que ello imponga a la parte obligada.

El caso fortuito o fuerza mayor debe aplicarse considerando los aspectos generales contenidos en el artículo 45 del Código Civil y especialmente de acuerdo a las convenciones establecidas por las partes sobre el particular.

El caso fortuito o fuerza mayor debe aplicarse considerando los aspectos generales contenidos en el artículo 45 del Código Civil y especialmente de acuerdo a las convenciones establecidas por las partes sobre el particular.

Los contratos deben cumplirse siempre que sea posible, independientemente de la carga que ello imponga a la parte obligada. FELIPE BASCUÑÁN MONTANER

ABELIUK MANACEVICH, René (2001): Las Obligaciones, T. 1 (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

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BIBLIOGRAFÍA CITADA

precisamente la crisis de suministro del gas argentino obedece a esa anomalía, se hace más necesario reiterar los principios tradicionales que sustentan nuestro sistema jurídico contractual, basados en el respeto y el cumplimiento ¿el de los contratos válidamente celebrados. Una de las ventajas comparativas de nuestro país en la región consiste, justamente, en el valor de la certeza y seguridad jurídica para los operadores económicos, misma que se asienta de un modo primordial en la estabilidad de los contratos, tanto de los que sustentan las inversiones extranjeras, como los propios de la actividad de cada uno de los agentes que aquí se desenvuelven.

La teoría de la imprevisión atenta contra la naturaleza de los contratos de suministro eléctrico de largo plazo con clientes libres. Los contratos deben ejecutarse de acuerdo a lo pactado en ello. Si no existen cláusulas hardship, debe presumirse una voluntad de las partes en cuanto a no aplicar renegociación del mismo, independientemente del cambio de circunstancias que puedan ocurrir. Si se pactaron ese tipo de cláusulas, debe estarse al contenido de las mismas.

La Ley Nº 20.018 vino en todo caso a clari¿car algunos aspectos que van en la misma dirección al excluir ciertos eventos de la clasi¿cación de caso fortuito o fuerza mayor y al de¿nir lo que se entiende por precio medio de mercado, aplicable a contratos de suministro de clientes libres.

Las situaciones de restricción de suministro de gas natural desde Argentina fueron previsibles a partir del año 2002.

LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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DE LA MAZA, Lorenzo (1933): “La teoría de la Imprevisión”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. XXX, pp. 73-119. MARCHAL ESCALONA, Nuria (2002): La Cláusula de Hardship en la Contratación Internacional, en Revista de la Corte Española de Arbitraje, Vol. XVII, pp. 75-104. CS. 28 de agosto de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 3ª, XCVIII, p. 42. NORMAS CITADAS Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 16 de 1991 y Protocolo Sustitutivo Nº 2 de 1995. Artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Artículos 45 y 1545 del C. C. chileno.

CS. 30 de enero de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 3ª, p. 42. 15 de mayo de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 1ª, p. 119. Laudo parcial de 1 de septiembre de 1988 y laudo ¿nal de 19 de diciembre de 1989 del Tribunal de Arbitraje de la C.C. asunto Nº 5.953. JURISPRUDENCIA CITADA

D.F.L. Nº 1 de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos. Ley Nº 20.018. Ley argentina Nº 24.076 Regulación del transporte y distribución de gas natural - Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado Noticias accesorias, de 1992. Ley Nº 19.734 de 18 de febrero de 1995, modi¿ca de los Códigos Orgánico de Tribunales y de Procedimiento Civil. Ley Nº 20.018, Ley General de Servicios Eléctricos, artículos 91, 99 y 101.

Ley Nº 20.018, Ley General de Servicios Eléctricos, artículos 91, 99 y 101. Ley Nº 19.734 de 18 de febrero de 1995, modi¿ca de los Códigos Orgánico de Tribunales y de Procedimiento Civil. Ley argentina Nº 24.076 Regulación del transporte y distribución de gas natural - Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado Noticias accesorias, de 1992. D.F.L. Nº 1 de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos. Ley Nº 20.018.

JURISPRUDENCIA CITADA Laudo parcial de 1 de septiembre de 1988 y laudo ¿nal de 19 de diciembre de 1989 del Tribunal de Arbitraje de la C.C. asunto Nº 5.953. 15 de mayo de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 1ª, p. 119. CS. 30 de enero de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 3ª, p. 42.

Artículos 45 y 1545 del C. C. chileno. Artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 16 de 1991 y Protocolo Sustitutivo Nº 2 de 1995. NORMAS CITADAS

CS. 28 de agosto de 2001, RDJ, t. XCVIII, sec. 3ª, XCVIII, p. 42. MARCHAL ESCALONA, Nuria (2002): La Cláusula de Hardship en la Contratación Internacional, en Revista de la Corte Española de Arbitraje, Vol. XVII, pp. 75-104. DE LA MAZA, Lorenzo (1933): “La teoría de la Imprevisión”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. XXX, pp. 73-119. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ENTRE GENERADORAS Y CLIENTES LIBRES

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2 En adelante simplemente LGSE. Su texto refundido, coordinado y sistematizado fue ¿jado mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario O¿cial con fecha 5 de febrero de 2007.

REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD DE LOS DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS

1

También denominada como Ley Corta Eléctrica I.

Abogado,

RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

Doctor (C) en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.9401 se incorpora a la Ley General de Servicios Eléctricos2 la ¿gura del Panel de Expertos, como una instancia independiente de resolución de conÀictos en materia eléctrica. El INTRODUCCIÓN

RESUMEN Se analiza la declaración de inaplicabilidad de los dictámenes del Panel de Expertos que puede ser hecha por el Ministro de Energía a través de una resolución exenta fundada. Con este objeto se revisa la historia legislativa del artículo 211 de la Ley General de Servicios Eléctricos y los alcances que tiene la resolución de inaplicabilidad. Además, se revisa la jurisprudencia judicial relativa a los dictámenes del Panel de Expertos, a través de la cual se ha comenzado a sostener que éstos pueden ser impugnados mediante la acción constitucional de protección. Del análisis se concluye la necesidad de realizar reformas tanto a la declaración de inaplicabilidad, a ¿n de perfeccionarla, eliminando el elemento temporal a que ella se encuentra sujeta y, eventualmente, estableciendo un recurso contencioso administrativo especial para aquellos casos en que se considere que el dictamen adolece de algún vicio de legalidad.

Se analiza la declaración de inaplicabilidad de los dictámenes del Panel de Expertos que puede ser hecha por el Ministro de Energía a través de una resolución exenta fundada. Con este objeto se revisa la historia legislativa del artículo 211 de la Ley General de Servicios Eléctricos y los alcances que tiene la resolución de inaplicabilidad. Además, se revisa la jurisprudencia judicial relativa a los dictámenes del Panel de Expertos, a través de la cual se ha comenzado a sostener que éstos pueden ser impugnados mediante la acción constitucional de protección. Del análisis se concluye la necesidad de realizar reformas tanto a la declaración de inaplicabilidad, a ¿n de perfeccionarla, eliminando el elemento temporal a que ella se encuentra sujeta y, eventualmente, estableciendo un recurso contencioso administrativo especial para aquellos casos en que se considere que el dictamen adolece de algún vicio de legalidad. RESUMEN

INTRODUCCIÓN Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.9401 se incorpora a la Ley General de Servicios Eléctricos2 la ¿gura del Panel de Expertos, como una instancia independiente de resolución de conÀictos en materia eléctrica. El

Abogado, 1 2

Doctor (C) en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

También denominada como Ley Corta Eléctrica I.

En adelante simplemente LGSE. Su texto refundido, coordinado y sistematizado fue ¿jado mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario O¿cial con fecha 5 de febrero de 2007.

RODRIGO BERMÚDEZ SOTO DE LOS DICTÁMENES DEL

PANEL DE EXPERTOS

REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

El proyecto fue ingresado por el Presidente de la República a través del Mensaje Nº 102346 de fecha 6 de mayo de 2002. 5

marco jurídico para su funcionamiento se encuentra compuesto por el Título VI de la LGSE, el Decreto Supremo Nº 181 del año 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción3 y la normativa interna aprobada por el propio panel con fecha 27 de octubre de 2005. Los dictámenes del Panel de Expertos son, de acuerdo a lo que dispone el inciso 3º del artículo 211 de la LGSE, intangibles. En efecto, la mencionada norma dispone: “El dictamen del panel de expertos se pronunciará sobre los aspectos en que exista discrepancia, debiendo optar por una u otra alternativa en discusión, sin que pueda adoptar valores intermedios. Será vinculante para todos los que participen en el procedimiento respectivo y no procederá ninguna clase de recursos, jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria”.4

Sin embargo, tal naturaleza de los dictámenes presenta una excepción. La misma norma antes citada, en su inciso ¿nal dispone: “No obstante, el Ministro de Energía, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación del dictamen, declararlo inaplicable, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 208, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 11) de dicho artículo”.

El objetivo de este trabajo es analizar la declaración de inaplicabilidad que el Ministro de Energía puede hacer. Con este ¿n, analizaremos la historia legislativa de la atribución para luego entrar al análisis de la declaración de inaplicabilidad y sus elementos esenciales para ¿nalizar con una referencia a los problemas que ella presenta. I. HISTORIA LEGISLATIVA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD El proyecto original de la Ley Nº 19.9405 por la cual se creó el Panel de Expertos, no contemplaba dentro de su articulado la incorporación del

El destacado es nuestro.

En adelante D.S. Nº 181.

3

El destacado es nuestro. 4

En adelante D.S. Nº 181.

4

RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

5 El proyecto fue ingresado por el Presidente de la República a través del Mensaje Nº 102346 de fecha 6 de mayo de 2002.

3

El proyecto original de la Ley Nº 19.9405 por la cual se creó el Panel de Expertos, no contemplaba dentro de su articulado la incorporación del I. HISTORIA LEGISLATIVA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD El objetivo de este trabajo es analizar la declaración de inaplicabilidad que el Ministro de Energía puede hacer. Con este ¿n, analizaremos la historia legislativa de la atribución para luego entrar al análisis de la declaración de inaplicabilidad y sus elementos esenciales para ¿nalizar con una referencia a los problemas que ella presenta. “No obstante, el Ministro de Energía, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación del dictamen, declararlo inaplicable, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 208, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 11) de dicho artículo”.

Sin embargo, tal naturaleza de los dictámenes presenta una excepción. La misma norma antes citada, en su inciso ¿nal dispone: “El dictamen del panel de expertos se pronunciará sobre los aspectos en que exista discrepancia, debiendo optar por una u otra alternativa en discusión, sin que pueda adoptar valores intermedios. Será vinculante para todos los que participen en el procedimiento respectivo y no procederá ninguna clase de recursos, jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria”.4

Los dictámenes del Panel de Expertos son, de acuerdo a lo que dispone el inciso 3º del artículo 211 de la LGSE, intangibles. En efecto, la mencionada norma dispone: marco jurídico para su funcionamiento se encuentra compuesto por el Título VI de la LGSE, el Decreto Supremo Nº 181 del año 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción3 y la normativa interna aprobada por el propio panel con fecha 27 de octubre de 2005. 98

La referencia que se hacía al artículo 130 debemos entenderla al actual artículo 208 de la LGSE en su texto refundido por el D.F.L. Nº 4 del año 2007.

REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

99

6

En su segundo trámite constitucional, el proyecto en el Senado sufrió dos modi¿caciones: la primera, fue la eliminación de la expresión “tempo-

mismo. Sólo a través de una indicación posterior del Ejecutivo se produjo la incorporación de esta institución al proyecto. En lo que nos interesa, la indicación original del Ejecutivo, respecto del artículo en comento era la siguiente:

2. Tramitación en el Senado De esta forma, el texto aprobado en dicho primer trámite y posteriormente aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados quedó redactado de la siguiente forma: “No obstante, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con acuerdo del Consejo Directivo, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contado desde la noti¿cación del dictamen, declararlo inaplicable temporalmente, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se re¿era a materias ajenas a las señaladas en el artículo 130 o cuando ponga en riesgo mani¿esto la seguridad del suministro eléctrico”. En su primer trámite constitucional, este inciso sufrió su primera modi¿cación: a través de una indicación formulada por los diputados doña Rosa González y don Cristián Leay en el sentido de incorporar la frase “temporalmente, por el período que determine la resolución exenta”. El fundamento de la indicación era que con ello se limitaba las atribuciones de la autoridad –en este caso de la CNE– y se lograba obtener certeza jurídica. 1. Tramitación en la Cámara de Diputados “No obstante, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con acuerdo del Consejo Directivo, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación del dictamen, declararlo inaplicable en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 130 o cuando ponga en riesgo manifiesto la seguridad del suministro eléctrico”.6

En lo que nos interesa, la indicación original del Ejecutivo, respecto del artículo en comento era la siguiente: mismo. Sólo a través de una indicación posterior del Ejecutivo se produjo la incorporación de esta institución al proyecto. REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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“No obstante, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con acuerdo del Consejo Directivo, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación del dictamen, declararlo inaplicable en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 130 o cuando ponga en riesgo manifiesto la seguridad del suministro eléctrico”.6

1. Tramitación en la Cámara de Diputados En su primer trámite constitucional, este inciso sufrió su primera modi¿cación: a través de una indicación formulada por los diputados doña Rosa González y don Cristián Leay en el sentido de incorporar la frase “temporalmente, por el período que determine la resolución exenta”. El fundamento de la indicación era que con ello se limitaba las atribuciones de la autoridad –en este caso de la CNE– y se lograba obtener certeza jurídica. De esta forma, el texto aprobado en dicho primer trámite y posteriormente aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados quedó redactado de la siguiente forma: “No obstante, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con acuerdo del Consejo Directivo, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contado desde la noti¿cación del dictamen, declararlo inaplicable temporalmente, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se re¿era a materias ajenas a las señaladas en el artículo 130 o cuando ponga en riesgo mani¿esto la seguridad del suministro eléctrico”. 2. Tramitación en el Senado En su segundo trámite constitucional, el proyecto en el Senado sufrió dos modi¿caciones: la primera, fue la eliminación de la expresión “tempo6 La referencia que se hacía al artículo 130 debemos entenderla al actual artículo 208 de la LGSE en su texto refundido por el D.F.L. Nº 4 del año 2007.

Publicada en el Diario O¿cial el 3 de diciembre de 2009.

RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

Con esto, el texto ¿nalmente aprobado de este inciso quedó redactado de la siguiente forma: ralmente” y la frase “o cuando ponga en riesgo mani¿esto la seguridad del suministro eléctrico”,7 la segunda fue la incorporación de la frase “, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 12 de dicho artículo”.8

Tales propuestas fueron hechas por los senadores Jaime Orpis y Hosaín Sabag.

8 Además, dentro de la tramitación se eliminó uno de los numerales del artículo 130 original,

“No obstante, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con acuerdo del Consejo Directivo, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación del dictamen, declararlo inaplicable, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 130, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 11 de dicho artículo”.

7

Finalmente, a través de la Ley Nº 20.4029 que creó el Ministerio de Energía, estableciendo modi¿caciones al D.L. Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales, se le dio su redacción actual que establece:

El Ministerio de Energía fue creado a través de la Ley Nº 20.402 que, en su artículo 1º lo de¿ne como “(…) el órgano superior de colaboración del

“No obstante, el Ministro de Energía, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación del dictamen, declararlo inaplicable, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 208º, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 11) de dicho artículo”.

1. Órgano a quien se le entrega la atribución: el Ministro de Energía

II. ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

Respecto de ella, en su texto actualmente vigente analizaremos los aspectos relativos al órgano que se le entrega tal competencia, la naturaleza del acto administrativo y los casos en que ella procede.

Respecto de ella, en su texto actualmente vigente analizaremos los aspectos relativos al órgano que se le entrega tal competencia, la naturaleza del acto administrativo y los casos en que ella procede.

II. ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

1. Órgano a quien se le entrega la atribución: el Ministro de Energía

“No obstante, el Ministro de Energía, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación del dictamen, declararlo inaplicable, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 208º, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 11) de dicho artículo”.

El Ministerio de Energía fue creado a través de la Ley Nº 20.402 que, en su artículo 1º lo de¿ne como “(…) el órgano superior de colaboración del

Finalmente, a través de la Ley Nº 20.4029 que creó el Ministerio de Energía, estableciendo modi¿caciones al D.L. Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales, se le dio su redacción actual que establece:

Tales propuestas fueron hechas por los senadores Jaime Orpis y Hosaín Sabag.

“No obstante, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con acuerdo del Consejo Directivo, mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación del dictamen, declararlo inaplicable, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 130, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 11 de dicho artículo”.

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Con esto, el texto ¿nalmente aprobado de este inciso quedó redactado de la siguiente forma:

8 Además, dentro de la tramitación se eliminó uno de los numerales del artículo 130 original, hoy artículo 208.

ralmente” y la frase “o cuando ponga en riesgo mani¿esto la seguridad del suministro eléctrico”,7 la segunda fue la incorporación de la frase “, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 12 de dicho artículo”.8

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hoy artículo 208. RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

Publicada en el Diario O¿cial el 3 de diciembre de 2009.

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En adelante, LBPA.

11 A partir de las modi¿caciones introducidas por la Ley Nº 20.402, conforme con el artículo 6º del D.L. Nº 2.224 la CNE es una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada y con patrimonio propio. Luego el inciso segundo de este mismo artículo dispone que se trata de “(…) un organismo técnico, encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica.”

Por una cuestión de técnica legislativa, si bien la Ley Nº 20.402 crea el Ministerio de Energía, su regulación en cuanto a su competencia se estableció a través de modificaciones en el D.L. Nº 2.224 que, originalmente, regulaba a la Comisión Nacional de Energía. De esta forma, este cuerpo legal regula en la actualidad al Ministerio y a la CNE. 10

El acto por el cual se declara la inaplicabilidad de un dictamen del Panel de Expertos es una resolución. La Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado12, en su artículo 3º de¿ne las resoluciones 2. Naturaleza del acto administrativo La atribución par declarar inaplicable un dictamen del Panel de Expertos es entregada al Ministro de Energía mediante una resolución exenta fundada. Tal atribución le corresponde a esta autoridad por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 20.402. A la cabeza del Ministerio está el Ministro de Energía y la administración interna del Ministerio corresponde al Subsecretario de Energía, como jefe superior del servicio (artículo 5º del D.L. Nº 2.224). A través de este Ministerio se relacionan con el Presidente de la República la Comisión Nacional de Energía11, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión de Energía Nuclear (artículo 2º inciso segundo del D.L. Nº 2.224). Presidente de la República en las Funciones de Gobierno y Administración del sector de energía.”. Este Ministerio pasa a ejercer una serie de funciones que antes le correspondían a la CNE. Así, el artículo 2º inciso segundo del D.L. Nº 2.224 de 1978, desarrollando el artículo 1º de la Ley Nº 20.40210, establece que le corresponde, en general, a este Ministerio “(…) elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía” . REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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Presidente de la República en las Funciones de Gobierno y Administración del sector de energía.”. Este Ministerio pasa a ejercer una serie de funciones que antes le correspondían a la CNE. Así, el artículo 2º inciso segundo del D.L. Nº 2.224 de 1978, desarrollando el artículo 1º de la Ley Nº 20.40210, establece que le corresponde, en general, a este Ministerio “(…) elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía” . A la cabeza del Ministerio está el Ministro de Energía y la administración interna del Ministerio corresponde al Subsecretario de Energía, como jefe superior del servicio (artículo 5º del D.L. Nº 2.224). A través de este Ministerio se relacionan con el Presidente de la República la Comisión Nacional de Energía11, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión de Energía Nuclear (artículo 2º inciso segundo del D.L. Nº 2.224). La atribución par declarar inaplicable un dictamen del Panel de Expertos es entregada al Ministro de Energía mediante una resolución exenta fundada. Tal atribución le corresponde a esta autoridad por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 20.402. 2. Naturaleza del acto administrativo El acto por el cual se declara la inaplicabilidad de un dictamen del Panel de Expertos es una resolución. La Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado12, en su artículo 3º de¿ne las resoluciones 10 Por una cuestión de técnica legislativa, si bien la Ley Nº 20.402 crea el Ministerio de Energía, su regulación en cuanto a su competencia se estableció a través de modificaciones en el D.L. Nº 2.224 que, originalmente, regulaba a la Comisión Nacional de Energía. De esta forma, este cuerpo legal regula en la actualidad al Ministerio y a la CNE. 11 A partir de las modi¿caciones introducidas por la Ley Nº 20.402, conforme con el artículo 6º del D.L. Nº 2.224 la CNE es una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada y con patrimonio propio. Luego el inciso segundo de este mismo artículo dispone que se trata de “(…) un organismo técnico, encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica.” 12

En adelante, LBPA.

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RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

como aquellos actos administrativos que consisten en órdenes escritas que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. Consideramos correcta la cali¿cación que se hace en el caso en estudio pues la denominación de Decretos Supremos se encuentra reservada únicamente para aquellos actos que son dictados por el Presidente de la República o sus Ministros de Estados por orden del primero. Esta resolución reviste además el carácter de exenta, es decir, no se encuentra sometida al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Además, se trata de un acto que debe ser fundado, lo que no es otra cosa que la aplicación de la regla general para todo acto administrativo establecida en el inciso cuarto del artículo 41 de la LBPA que señala: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.13 Por otra parte, se trata de un potestad sujeta a un plazo de caducidad, pues sólo puede ser ejercida en el plazo de 10 días contados desde la noti¿cación del dictamen.14 Finalmente, se trata de un acto administrativo que siempre se encuentra sujeta a una modalidad, esto es, a un plazo. En otras palabras, la resolución que declara la inaplicabilidad de un dictamen tiene una naturaleza transitoria, luego de lo cual, lo resuelto por el Panel de Expertos, cobra nuevamente vigencia. 3. Dictámenes contra los que procede la declaración de inaplicabilidad Procede la declaración de inaplicabilidad en contra de todo dictamen que se re¿ere a materias que quedan fuera del artículo 208 de la LGSE con 13 Cabe tener presente también el artículo 16 de la LBPA que dispone: “Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial”.

RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

14 Cabe hacer presente que la LGSE no señala si los plazos de días son de días hábiles o corridos, con lo que se deberían aplicar las reglas generales para su cómputo, contenidas en el Código Civil. Sin embargo, el D.S. Nº 181 modi¿ca esta regla legal a través de su artículo 43, que dispone: “Los plazos de días a que se re¿ere este reglamento, deben entenderse de días hábiles.”.

Cabe hacer presente que la LGSE no señala si los plazos de días son de días hábiles o corridos, con lo que se deberían aplicar las reglas generales para su cómputo, contenidas en el Código Civil. Sin embargo, el D.S. Nº 181 modi¿ca esta regla legal a través de su artículo 43, que dispone: “Los plazos de días a que se re¿ere este reglamento, deben entenderse de días hábiles.”. 14

parencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial”. 13 Cabe tener presente también el artículo 16 de la LBPA que dispone: “Principio de Trans-

Procede la declaración de inaplicabilidad en contra de todo dictamen que se re¿ere a materias que quedan fuera del artículo 208 de la LGSE con 3. Dictámenes contra los que procede la declaración de inaplicabilidad Finalmente, se trata de un acto administrativo que siempre se encuentra sujeta a una modalidad, esto es, a un plazo. En otras palabras, la resolución que declara la inaplicabilidad de un dictamen tiene una naturaleza transitoria, luego de lo cual, lo resuelto por el Panel de Expertos, cobra nuevamente vigencia. Esta resolución reviste además el carácter de exenta, es decir, no se encuentra sometida al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Además, se trata de un acto que debe ser fundado, lo que no es otra cosa que la aplicación de la regla general para todo acto administrativo establecida en el inciso cuarto del artículo 41 de la LBPA que señala: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.13 Por otra parte, se trata de un potestad sujeta a un plazo de caducidad, pues sólo puede ser ejercida en el plazo de 10 días contados desde la noti¿cación del dictamen.14 como aquellos actos administrativos que consisten en órdenes escritas que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. Consideramos correcta la cali¿cación que se hace en el caso en estudio pues la denominación de Decretos Supremos se encuentra reservada únicamente para aquellos actos que son dictados por el Presidente de la República o sus Ministros de Estados por orden del primero. 102

REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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excepción de las señaladas en el numeral 11 de ese artículo.15 Para Vergara Blanco los dictámenes que quedan sujetos a una declaración de inaplicabilidad son aquellos en que el panel ha excedido su competencia16, es decir, todos aquellos en que el Panel se haya pronunciado sin tener la atribución legal para hacerlo. Se trata, entonces, de actos que constituyen una infracción al principio de legalidad para los que se establece una sanción especial, cual es, la declaración de inaplicabilidad por parte del Presidente de la Comisión Nacional de Energía. III. PROBLEMAS DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD Para hacer este análisis es necesario, en primer término, volver a transcribir el texto del inciso ¿nal del artículo 211 de la LGSE: “No obstante, el Ministro de Energía mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación del dictamen, 15 El artículo 208 de la LGSE dispone: “Serán sometidas al dictamen de un panel de expertos

las discrepancias que se produzcan en relación con: 1.- La determinación de las bases técnicas y administrativas de¿nitivas previstas en el artículo 86; 2.- El informe técnico basado en los resultados del estudio de transmisión troncal que le corresponde a la Comisión, de acuerdo al artículo 91; 3.- Las bases de los estudios para la determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión, indicado en el artículo 111; 4.- La ¿jación del peaje de distribución, referido en el artículo 115; 5.- La ¿jación de los peajes de subtransmisión, indicados en el artículo 112; 6.- Las bases de los estudios para la determinación del valor anual de los sistemas eléctricos cuyo tamaño es inferior a 200 megawatts y superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en conformidad al artículo 159; 7.- La ¿jación de los precios de los servicios no consistentes en suministros de energía a que se re¿ere el número 4 del artículo 147, en conformidad al artículo 184; 8.- La determinación de los costos de explotación para las empresas distribuidoras de acuerdo a lo señalado en el artículo 193; 9.- La ¿jación del VNR, según lo previsto en el artículo 195; 10.- Las discrepancias que surjan en la aplicación del régimen de acceso abierto en las líneas de los sistemas adicionales, señalados en el inciso segundo del artículo 77, y 11.- Las demás discrepancias que las empresas eléctricas tengan entre sí con motivo de la aplicación técnica o económica de la normativa del sector eléctrico y que, de común acuerdo, sometan a su dictamen, y las demás que indique la ley. Asimismo, se someterá a dictamen del panel de expertos los conÀictos que se susciten en el interior de un CDEC, respecto de aquellas materias que se determinen reglamentariamente”. 16

Cfr. VERGARA (2004), p. 36.

16

Cfr. VERGARA (2004), p. 36.

15 El artículo 208 de la LGSE dispone: “Serán sometidas al dictamen de un panel de expertos las discrepancias que se produzcan en relación con: 1.- La determinación de las bases técnicas y administrativas de¿nitivas previstas en el artículo 86; 2.- El informe técnico basado en los resultados del estudio de transmisión troncal que le corresponde a la Comisión, de acuerdo al artículo 91; 3.- Las bases de los estudios para la determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión, indicado en el artículo 111; 4.- La ¿jación del peaje de distribución, referido en el artículo 115; 5.- La ¿jación de los peajes de subtransmisión, indicados en el artículo 112; 6.- Las bases de los estudios para la determinación del valor anual de los sistemas eléctricos cuyo tamaño es inferior a 200 megawatts y superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en conformidad al artículo 159; 7.- La ¿jación de los precios de los servicios no consistentes en suministros de energía a que se re¿ere el número 4 del artículo 147, en conformidad al artículo 184; 8.- La determinación de los costos de explotación para las empresas distribuidoras de acuerdo a lo señalado en el artículo 193; 9.- La ¿jación del VNR, según lo previsto en el artículo 195; 10.- Las discrepancias que surjan en la aplicación del régimen de acceso abierto en las líneas de los sistemas adicionales, señalados en el inciso segundo del artículo 77, y 11.- Las demás discrepancias que las empresas eléctricas tengan entre sí con motivo de la aplicación técnica o económica de la normativa del sector eléctrico y que, de común acuerdo, sometan a su dictamen, y las demás que indique la ley. Asimismo, se someterá a dictamen del panel de expertos los conÀictos que se susciten en el interior de un CDEC, respecto de aquellas materias que se determinen reglamentariamente”.

“No obstante, el Ministro de Energía mediante resolución exenta fundada, podrá, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación del dictamen,

Para hacer este análisis es necesario, en primer término, volver a transcribir el texto del inciso ¿nal del artículo 211 de la LGSE: III. PROBLEMAS DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD excepción de las señaladas en el numeral 11 de ese artículo.15 Para Vergara Blanco los dictámenes que quedan sujetos a una declaración de inaplicabilidad son aquellos en que el panel ha excedido su competencia16, es decir, todos aquellos en que el Panel se haya pronunciado sin tener la atribución legal para hacerlo. Se trata, entonces, de actos que constituyen una infracción al principio de legalidad para los que se establece una sanción especial, cual es, la declaración de inaplicabilidad por parte del Presidente de la Comisión Nacional de Energía. REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

Un segundo problema que presenta, de corte formal, es en relación con la falta de establecimiento del período de vigencia para la resolución de la inaplicabilidad: si entendemos que se trata de un elemento de la esencia o de la naturaleza de la resolución el establecimiento del período de duración

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Consideramos que esta temporalidad se entendía en el contexto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en que se permitía la declaración de inaplicabilidad para los casos en que el dictamen del Panel de Expertos pusiese en riesgo mani¿esto la seguridad del suministro eléctrico, es decir en que la inaplicabilidad cumplía, además de una función de sanción, el constituir una herramienta para asegurar el suministro eléctrico, cosa que en la ley ¿nalmente no se considera. Con esto tenemos que la temporalidad de la resolución de inaplicabilidad no tiene sentido y más bien constituye un error que debe ser mejorado antes que nos encontremos con dictámenes ilegales del Panel de Experto que adquieren vigencia, luego de transcurrido el plazo de la resolución que declaró su inaplicabilidad. Dejamos abierta, en todo caso, la discusión respecto a la posibilidad que tal resolución ¿je un plazo inde¿nido, pues tal discusión es para otro trabajo.

declararlo inaplicable, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 208, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 11) de dicho artículo”.

El texto de la ley es claro: la resolución debe determinar el período por el cual se declara la inaplicabilidad, es decir, ¿jar el principio y término de tal declaratoria. Con esto tenemos que, cumplido dicho plazo, el acto considerado como ilegal adquiere vigencia y por lo tanto es aplicable, sin que exista posibilidad para que nuevamente sea declarado inaplicable.

Dejando de lado dos aspectos que pueden resultar interesantes de analizar, como lo son el hecho que se trate de un acto exento del trámite de toma de razón y el que se entrega una atribución a un ente eminentemente político como lo es el Ministro de Energía respecto de dictámenes de un órgano de naturaleza eminentemente técnico, queremos centrar nuestra atención en un aspecto, relativo a la temporalidad de la declaratoria de inaplicabilidad.

Si la ¿nalidad de esta declaratoria de inaplicabilidad es dejar sin efecto dictámenes en que el Panel de Expertos ha excedido su competencia, ¿qué sentido tiene que sea temporal?

Si la ¿nalidad de esta declaratoria de inaplicabilidad es dejar sin efecto dictámenes en que el Panel de Expertos ha excedido su competencia, ¿qué sentido tiene que sea temporal?

Dejando de lado dos aspectos que pueden resultar interesantes de analizar, como lo son el hecho que se trate de un acto exento del trámite de toma de razón y el que se entrega una atribución a un ente eminentemente político como lo es el Ministro de Energía respecto de dictámenes de un órgano de naturaleza eminentemente técnico, queremos centrar nuestra atención en un aspecto, relativo a la temporalidad de la declaratoria de inaplicabilidad.

El texto de la ley es claro: la resolución debe determinar el período por el cual se declara la inaplicabilidad, es decir, ¿jar el principio y término de tal declaratoria. Con esto tenemos que, cumplido dicho plazo, el acto considerado como ilegal adquiere vigencia y por lo tanto es aplicable, sin que exista posibilidad para que nuevamente sea declarado inaplicable.

declararlo inaplicable, por el período que determine la resolución exenta, en caso que se refiera a materias ajenas a las señaladas en el artículo 208, con excepción de aquellas materias señaladas en el Nº 11) de dicho artículo”.

Consideramos que esta temporalidad se entendía en el contexto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en que se permitía la declaración de inaplicabilidad para los casos en que el dictamen del Panel de Expertos pusiese en riesgo mani¿esto la seguridad del suministro eléctrico, es decir en que la inaplicabilidad cumplía, además de una función de sanción, el constituir una herramienta para asegurar el suministro eléctrico, cosa que en la ley ¿nalmente no se considera. Con esto tenemos que la temporalidad de la resolución de inaplicabilidad no tiene sentido y más bien constituye un error que debe ser mejorado antes que nos encontremos con dictámenes ilegales del Panel de Experto que adquieren vigencia, luego de transcurrido el plazo de la resolución que declaró su inaplicabilidad. Dejamos abierta, en todo caso, la discusión respecto a la posibilidad que tal resolución ¿je un plazo inde¿nido, pues tal discusión es para otro trabajo.

RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

Un segundo problema que presenta, de corte formal, es en relación con la falta de establecimiento del período de vigencia para la resolución de la inaplicabilidad: si entendemos que se trata de un elemento de la esencia o de la naturaleza de la resolución el establecimiento del período de duración

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Esta misma Corte de Apelaciones ha conocido de otros recursos de protección en contra de dictámenes del Panel de Expertos. En concreto, en el fallo del recurso de protección Rol

REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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19 17

Chilectra S.A. con Panel de Expertos.

18

El destacado es nuestro.

Así, la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso de protección Rol Nº 585-200717, sostuvo la procedencia de esta acción constitucional por cuanto “siendo el recurso de protección una acción de rango constitucional, sólo nuestra Carta Fundamental podría limitarlo, consecuencialmente, ninguna norma de rango inferior, como sería una ley, podría impedir su interposición, ya que ello atentaría gravemente contra el principio de supremacía constitucional y dejaría al arbitrio del legislador una materia que es propia y excluyente del constituyente”.18 (Considerando 7º). Concluye la Corte de Apelaciones que “el acto impugnado puede ser, por su propia naturaleza, motivo del recurso de protección consignado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que cabe al respecto desestimar la pretensión de la recurrida en cuanto a la prevalencia del inciso tercero, parte ¿nal, del artículo 133 invocado en el caso sub judice”. (Considerando 8º)19. Pese a que el inciso tercero del artículo 211 de la LGSE establece que en contra de lo resuelto por el Panel de Expertos no procede recurso alguno y que la única forma en que se pueden dejar sin efecto tales resoluciones es a través de su declaración de inaplicabilidad, en determinados casos nuestros Tribunales de Justicia se han pronunciado respecto de los dictámenes del Panel de Expertos, conociendo de recursos de protección. IV. JURISPRUDENCIA JUDICIAL Consideramos a la primera como la interpretación correcta: el período de vigencia es un elemento de la esencia de la resolución o, al menos de la naturaleza, con lo que la falta del mismo hace que se pueda impugnar por las vías antes señaladas. de la misma, su falta haría al acto impugnable por la vía de los recursos administrativos y jurisdiccionales pertinentes, mientras que si se considera como la falta de un elemento accidental del acto administrativo, ello no procedería. REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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de la misma, su falta haría al acto impugnable por la vía de los recursos administrativos y jurisdiccionales pertinentes, mientras que si se considera como la falta de un elemento accidental del acto administrativo, ello no procedería. Consideramos a la primera como la interpretación correcta: el período de vigencia es un elemento de la esencia de la resolución o, al menos de la naturaleza, con lo que la falta del mismo hace que se pueda impugnar por las vías antes señaladas. IV. JURISPRUDENCIA JUDICIAL Pese a que el inciso tercero del artículo 211 de la LGSE establece que en contra de lo resuelto por el Panel de Expertos no procede recurso alguno y que la única forma en que se pueden dejar sin efecto tales resoluciones es a través de su declaración de inaplicabilidad, en determinados casos nuestros Tribunales de Justicia se han pronunciado respecto de los dictámenes del Panel de Expertos, conociendo de recursos de protección. Así, la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso de protección Rol Nº 585-200717, sostuvo la procedencia de esta acción constitucional por cuanto “siendo el recurso de protección una acción de rango constitucional, sólo nuestra Carta Fundamental podría limitarlo, consecuencialmente, ninguna norma de rango inferior, como sería una ley, podría impedir su interposición, ya que ello atentaría gravemente contra el principio de supremacía constitucional y dejaría al arbitrio del legislador una materia que es propia y excluyente del constituyente”.18 (Considerando 7º). Concluye la Corte de Apelaciones que “el acto impugnado puede ser, por su propia naturaleza, motivo del recurso de protección consignado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que cabe al respecto desestimar la pretensión de la recurrida en cuanto a la prevalencia del inciso tercero, parte ¿nal, del artículo 133 invocado en el caso sub judice”. (Considerando 8º)19. 17 18

Chilectra S.A. con Panel de Expertos. El destacado es nuestro.

19 Esta misma Corte de Apelaciones ha conocido de otros recursos de protección en contra de dictámenes del Panel de Expertos. En concreto, en el fallo del recurso de protección Rol

Artículo 16 de Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (LBPA).

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA CITADA Creemos que la existencia de un mecanismo especí¿co de impugnación de los dictámenes del Panel de Expertos es necesario para aquellos casos en que este se extiende a materias que están fuera de su ámbito de atribuciones. Sin embargo, estimamos que, como se encuentra consagrado tal mecanismo en nuestra legislación vigente, hace que no constituya una herramienta completamente e¿caz para lograr tal ¿nalidad. Por esto, estimamos necesaria la perfección del sistema, eliminando el elemento temporal que hasta hoy se considera para la declaratoria de inaplicabilidad de los dictámenes del Panel de Expertos. Asimismo, una fórmula adicional sería establecer un recurso contencioso administrativo especial respecto de este tipo de materias, para aquellos casos en que los particulares consideren que lo resuelto por el Panel de Expertos adolece de algún vicio de legalidad.

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): Derecho Eléctrico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 440 pp.

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): Derecho Eléctrico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 440 pp.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

NORMAS CITADAS

Creemos que la existencia de un mecanismo especí¿co de impugnación de los dictámenes del Panel de Expertos es necesario para aquellos casos en que este se extiende a materias que están fuera de su ámbito de atribuciones. Sin embargo, estimamos que, como se encuentra consagrado tal mecanismo en nuestra legislación vigente, hace que no constituya una herramienta completamente e¿caz para lograr tal ¿nalidad. Por esto, estimamos necesaria la perfección del sistema, eliminando el elemento temporal que hasta hoy se considera para la declaratoria de inaplicabilidad de los dictámenes del Panel de Expertos. Asimismo, una fórmula adicional sería establecer un recurso contencioso administrativo especial respecto de este tipo de materias, para aquellos casos en que los particulares consideren que lo resuelto por el Panel de Expertos adolece de algún vicio de legalidad.

NORMAS CITADAS

RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

Continuación nota 19 Nº 7.956-2009, si bien no se acogió la pretensión del recurrente, por no considerarse ni ilegal ni arbitraria la actuación del Panel, se rea¿rma la línea jurisprudencial señalada en cuanto a la procedencia de esta acción constitucional.

Del fallo transcrito se desprende que el recurso de protección puede ser un mecanismo de impugnación válido de los dictámenes del Panel de Expertos, pero siempre que dicha resolución afecte en alguna forma una garantía constitucional de aquellas protegidas por dicha acción constitucional y siempre que dicha resolución sea ilegal o arbitraria.

Artículos 181, 208 y 211 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) en su texto refundido por el D.F.L. Nº 4 del año 2007.

CONCLUSIONES

Artículo 16 de Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (LBPA).

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Del fallo transcrito se desprende que el recurso de protección puede ser un mecanismo de impugnación válido de los dictámenes del Panel de Expertos, pero siempre que dicha resolución afecte en alguna forma una garantía constitucional de aquellas protegidas por dicha acción constitucional y siempre que dicha resolución sea ilegal o arbitraria.

Artículos 181, 208 y 211 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) en su texto refundido por el D.F.L. Nº 4 del año 2007.

RODRIGO BERMÚDEZ SOTO

Continuación nota 19 Nº 7.956-2009, si bien no se acogió la pretensión del recurrente, por no considerarse ni ilegal ni arbitraria la actuación del Panel, se rea¿rma la línea jurisprudencial señalada en cuanto a la procedencia de esta acción constitucional.

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D.S. Nº 181. Decreto con Fuerza de Ley Nº 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, D.O. 5.02.2007. Ley Nº 19.940 (2004) “Ley Corta I”, regula sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos. Ley Nº 20.402 que crea el Ministerio de Energía. JURISPRUDENCIA CITADA Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 16 de mayo de 2007. Recurso de Protección caratulado Chilectra S.A. con Panel de Expertos, Rol Nº 585-2007. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 6 de octubre de 2009. Recurso de Protección caratulado Chilectra S.A. con Panel de Expertos, Rol Nº 7.956-2009.

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 6 de octubre de 2009. Recurso de Protección caratulado Chilectra S.A. con Panel de Expertos, Rol Nº 7.956-2009. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 16 de mayo de 2007. Recurso de Protección caratulado Chilectra S.A. con Panel de Expertos, Rol Nº 585-2007. JURISPRUDENCIA CITADA Ley Nº 20.402 que crea el Ministerio de Energía. Ley Nº 19.940 (2004) “Ley Corta I”, regula sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos. Decreto con Fuerza de Ley Nº 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, D.O. 5.02.2007. D.S. Nº 181. REFLEXIONES ACERCA DE LA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD

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de la P. Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho de la Universidad de Georgetown. El texto corresponde a una transcripción de la presentación hecha en las IX Jornadas de Derecho Eléctrico (2009) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. * Abogado

Igualmente, es importante destacar que existen normas jurídicas complementarias o aplicables por analogía a las actividades propias de un proyecto de energía geotérmica, tales como el Código de Minería y el Código de Procedimiento Civil en lo que respecta al otorgamiento de servidumbres; el Código de Aguas en la parte relativa al alumbramiento de aguas subterráneas; la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; la Ley La industria de la energía geotérmica se encuentra regulada por la Ley Nº 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica (en adelante, “la Ley”) y su Reglamento, contenido en los Decretos Supremos Nº 32 de 2004 y Nº 224 de 2008. Adicionalmente, hay materias relevantes para esta industria que han sido reguladas en otros cuerpos legales tales como (a) el Decreto Supremo Nº 142 de 2000, que identi¿ca las “fuentes probables”, modi¿cado mediante el Decreto Supremo Nº 78 de 2001; (b) el Decreto Supremo Nº 205 de 2000, sobre el Registro Público y Emisiones Radiales, y (c) la Resolución Nº 660 de 2000, que aprueba el texto o¿cial del extracto de una solicitud de concesión de energía geotérmica. I. MARCO REGULATORIO DE LA GEOTERMIA EN CHILE

GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

JERÓNIMO CARCELÉN PACHECO*

I. MARCO REGULATORIO DE LA GEOTERMIA EN CHILE La industria de la energía geotérmica se encuentra regulada por la Ley Nº 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica (en adelante, “la Ley”) y su Reglamento, contenido en los Decretos Supremos Nº 32 de 2004 y Nº 224 de 2008. Adicionalmente, hay materias relevantes para esta industria que han sido reguladas en otros cuerpos legales tales como (a) el Decreto Supremo Nº 142 de 2000, que identi¿ca las “fuentes probables”, modi¿cado mediante el Decreto Supremo Nº 78 de 2001; (b) el Decreto Supremo Nº 205 de 2000, sobre el Registro Público y Emisiones Radiales, y (c) la Resolución Nº 660 de 2000, que aprueba el texto o¿cial del extracto de una solicitud de concesión de energía geotérmica. Igualmente, es importante destacar que existen normas jurídicas complementarias o aplicables por analogía a las actividades propias de un proyecto de energía geotérmica, tales como el Código de Minería y el Código de Procedimiento Civil en lo que respecta al otorgamiento de servidumbres; el Código de Aguas en la parte relativa al alumbramiento de aguas subterráneas; la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; la Ley

JERÓNIMO CARCELÉN PACHECO* REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

* Abogado de la P. Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho de la Universidad de Georgetown. El texto corresponde a una transcripción de la presentación hecha en las IX Jornadas de Derecho Eléctrico (2009) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO

JERÓNIMO CARCELÉN PACHECO

En este contexto conviene repasar algunas cifras que nos indican el interés que ha despertado la geotermia en Chile: (i) el año 2001 se solicitaron 14 concesiones de exploración, con una estimación de inversión de US$ 2

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En consideración a esta etapa de incipiente desarrollo o desarrollo inicial, es importante que el sector público y el sector privado trabajen conjuntamente en la obtención de algunos resultados sumamente importantes para la geotermia en Chile, tales como el desarrollo de competencias técnicas y profesionales, así como también de normas regulatorias complementarias.

que creará el Ministerio de Energía; y, las Bases de Licitación dictadas por la Administración para el otorgamiento de concesiones de energía geotérmica.

En el ámbito privado, una serie de compañías extranjeras han arribado a Chile con la clara intención de aportar a esta discusión por consolidar el marco regulatorio de la energía geotérmica. Estos nuevos actores son principalmente desarrolladores de proyectos.

II. GEOTERMIA: UNA INDUSTRIA EN DESARROLLO

Así, tanto el Gobierno como los actores privados y el mundo académico se encuentran dando sus primeros pasos para obtener la consolidación de esta industria, la que ha sido fuertemente incentivada a partir de las crisis energéticas sufridas por Chile en los últimos años y, en particular, desde la aprobación de las llamadas Ley Corta I (2004) y Ley Corta II (2005) que no sólo de¿nieron las energías que pueden considerarse de fuente no convencional (geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras similares determinadas fundadamente por la Comisión Nacional de Energía), sino que también propiciaron la incorporación de este tipo de energías al mercado de generación y establecieron ciertos incentivos regulatorios relacionados a su capacidad de acceso al mercado eléctrico.

La energía geotérmica es una industria joven en nuestro país. Por de pronto, su marco regulatorio se inicia con la ley dictada el año 2000 y los cuerpos legales referidos en el título anterior.

La energía geotérmica es una industria joven en nuestro país. Por de pronto, su marco regulatorio se inicia con la ley dictada el año 2000 y los cuerpos legales referidos en el título anterior.

Así, tanto el Gobierno como los actores privados y el mundo académico se encuentran dando sus primeros pasos para obtener la consolidación de esta industria, la que ha sido fuertemente incentivada a partir de las crisis energéticas sufridas por Chile en los últimos años y, en particular, desde la aprobación de las llamadas Ley Corta I (2004) y Ley Corta II (2005) que no sólo de¿nieron las energías que pueden considerarse de fuente no convencional (geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras similares determinadas fundadamente por la Comisión Nacional de Energía), sino que también propiciaron la incorporación de este tipo de energías al mercado de generación y establecieron ciertos incentivos regulatorios relacionados a su capacidad de acceso al mercado eléctrico.

II. GEOTERMIA: UNA INDUSTRIA EN DESARROLLO

En el ámbito privado, una serie de compañías extranjeras han arribado a Chile con la clara intención de aportar a esta discusión por consolidar el marco regulatorio de la energía geotérmica. Estos nuevos actores son principalmente desarrolladores de proyectos.

que creará el Ministerio de Energía; y, las Bases de Licitación dictadas por la Administración para el otorgamiento de concesiones de energía geotérmica.

En consideración a esta etapa de incipiente desarrollo o desarrollo inicial, es importante que el sector público y el sector privado trabajen conjuntamente en la obtención de algunos resultados sumamente importantes para la geotermia en Chile, tales como el desarrollo de competencias técnicas y profesionales, así como también de normas regulatorias complementarias.

JERÓNIMO CARCELÉN PACHECO

En este contexto conviene repasar algunas cifras que nos indican el interés que ha despertado la geotermia en Chile: (i) el año 2001 se solicitaron 14 concesiones de exploración, con una estimación de inversión de US$ 2

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GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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millones; (ii) el año 2008 se solicitaron 95 concesiones de exploración, con una estimación de inversión de US$ 60 millones; (iii) a diciembre 2008, se acumulaban 193 concesiones de exploración, con una estimación de inversión de casi US$ 87 millones; (iv) las solicitudes presentadas a diciembre de 2008, representan una super¿cie de más de 5.000.000 de hectáreas. III. FACTORES CRÍTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA A modo de contexto, antes de analizar el Proyecto de Ley de fecha 7 de enero de 2009, que contiene modi¿caciones a la ley (en adelante, el “Proyecto”) y la modi¿caciones que se efectuaron al Reglamento para la aplicación de la ley, mediante el Decreto Supremo Nº 224 de fecha 4 de diciembre de 2008, es importante referirse a ciertas características inherentes a la industria de la energía geotérmica. En primer lugar, la exploración de energía geotérmica es una actividad de largo plazo y alto riesgo, por lo que requiere grandes inversiones. Así, es fundamental contar con un marco regulatorio estable que otorgue seguridad jurídica a los inversionistas. Parte de la seguridad jurídica buscada por los inversionistas, se relaciona con los procedimientos y tiempos requeridos para la obtención de una concesión de energía geotérmica; éstas deben comprender procedimientos claros, transparentes, competitivos y exentos de discrecionalidad administrativa. Igualmente, este marco legal debe contemplar el derecho a acceder a los terrenos super¿ciales necesarios para el desarrollo del proyecto y a poder realizar las obras de conectividad e integración con otros proyectos, incluidos de energías renovables no convencionales. En este ámbito, se tornan fundamentales los procedimientos para obtención de servidumbres y las eventuales limitaciones a las que podrán estar expuestos los concesionarios con la próxima entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Finalmente, desde el punto de vista del desarrollo de la industria, es necesario profundizar las competencias profesionales y técnicas requeridas por la geotermia, así como también propiciar la participación de proveedores de bienes y servicios a este mercado.

Finalmente, desde el punto de vista del desarrollo de la industria, es necesario profundizar las competencias profesionales y técnicas requeridas por la geotermia, así como también propiciar la participación de proveedores de bienes y servicios a este mercado. Igualmente, este marco legal debe contemplar el derecho a acceder a los terrenos super¿ciales necesarios para el desarrollo del proyecto y a poder realizar las obras de conectividad e integración con otros proyectos, incluidos de energías renovables no convencionales. En este ámbito, se tornan fundamentales los procedimientos para obtención de servidumbres y las eventuales limitaciones a las que podrán estar expuestos los concesionarios con la próxima entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Parte de la seguridad jurídica buscada por los inversionistas, se relaciona con los procedimientos y tiempos requeridos para la obtención de una concesión de energía geotérmica; éstas deben comprender procedimientos claros, transparentes, competitivos y exentos de discrecionalidad administrativa. En primer lugar, la exploración de energía geotérmica es una actividad de largo plazo y alto riesgo, por lo que requiere grandes inversiones. Así, es fundamental contar con un marco regulatorio estable que otorgue seguridad jurídica a los inversionistas. A modo de contexto, antes de analizar el Proyecto de Ley de fecha 7 de enero de 2009, que contiene modi¿caciones a la ley (en adelante, el “Proyecto”) y la modi¿caciones que se efectuaron al Reglamento para la aplicación de la ley, mediante el Decreto Supremo Nº 224 de fecha 4 de diciembre de 2008, es importante referirse a ciertas características inherentes a la industria de la energía geotérmica. III. FACTORES CRÍTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA millones; (ii) el año 2008 se solicitaron 95 concesiones de exploración, con una estimación de inversión de US$ 60 millones; (iii) a diciembre 2008, se acumulaban 193 concesiones de exploración, con una estimación de inversión de casi US$ 87 millones; (iv) las solicitudes presentadas a diciembre de 2008, representan una super¿cie de más de 5.000.000 de hectáreas. GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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El principal fundamento del procedimiento de licitación pública para fuentes probables según lo señalado en el párrafo anterior, estaría dado por el hecho de que las referidas fuentes probables representan una manifesta-

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a) Eliminación del concepto de “Fuentes Probables”: En los actuales términos de la ley y el Reglamento, si una solicitud recae sobre una fuente probable (de aquellas identi¿cadas como tales en el artículo 16 de la ley o bien, el Ministerio de Minería tiene interés en otorgar una concesión sobre una fuente de esa naturaleza) el procedimiento establecido para tales efectos es el llamado a licitación pública.

IV. CAMBIOS AL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA GEOTERMIA

Sin perjuicio que el Proyecto contiene una serie de modi¿caciones a la ley, sólo nos referiremos a aquellas que revisten mayor importancia, las que procedemos a enumerar y explicar a continuación:

1. Objetivos del proyecto

2. Principales modificaciones que pretende introducir el Proyecto

El Proyecto tiene como principales objetivos, entre otros, los siguientes:

d) Generar condiciones de sustentabilidad para el desarrollo de las energías geotérmicas.

a) Facilitar e incentivar la inversión de recursos en la generación de proyectos de exploración y explotación, agilizando para tales efectos la tramitación de las solicitudes de concesiones de energía geotérmica;

c) Implementar mecanismos destinados a asegurar el debido cumplimiento por parte de los concesionarios de las obligaciones contraídas por los mismos, y

b) Asegurar la participación de empresas que tengan real interés en desarrollar exploración y, eventualmente, explotación de recursos geotérmicos, evitando en la medida de lo posible la especulación;

b) Asegurar la participación de empresas que tengan real interés en desarrollar exploración y, eventualmente, explotación de recursos geotérmicos, evitando en la medida de lo posible la especulación;

c) Implementar mecanismos destinados a asegurar el debido cumplimiento por parte de los concesionarios de las obligaciones contraídas por los mismos, y

a) Facilitar e incentivar la inversión de recursos en la generación de proyectos de exploración y explotación, agilizando para tales efectos la tramitación de las solicitudes de concesiones de energía geotérmica;

d) Generar condiciones de sustentabilidad para el desarrollo de las energías geotérmicas.

El Proyecto tiene como principales objetivos, entre otros, los siguientes:

2. Principales modificaciones que pretende introducir el Proyecto

1. Objetivos del proyecto

Sin perjuicio que el Proyecto contiene una serie de modi¿caciones a la ley, sólo nos referiremos a aquellas que revisten mayor importancia, las que procedemos a enumerar y explicar a continuación:

IV. CAMBIOS AL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA GEOTERMIA

a) Eliminación del concepto de “Fuentes Probables”: En los actuales términos de la ley y el Reglamento, si una solicitud recae sobre una fuente probable (de aquellas identi¿cadas como tales en el artículo 16 de la ley o bien, el Ministerio de Minería tiene interés en otorgar una concesión sobre una fuente de esa naturaleza) el procedimiento establecido para tales efectos es el llamado a licitación pública.

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El principal fundamento del procedimiento de licitación pública para fuentes probables según lo señalado en el párrafo anterior, estaría dado por el hecho de que las referidas fuentes probables representan una manifesta-

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ción evidente de recursos geotérmicos, suponiendo en consecuencia la ley que dichas áreas son de mayor interés. Sin perjuicio de lo anterior, las fuentes probables no siempre constituyen áreas de mayor valor, ya que se trata de manifestaciones super¿ciales que no siempre permiten concluir en forma de¿nitiva que exista un yacimiento con potencial productivo y, en consecuencia, dichas áreas requerirán de igual manera el desarrollo de labores de exploración para determinar si existen o no recursos geotérmicos susceptibles de ser explotados económicamente. b) Plazos de tramitación para el otorgamiento de concesiones: La Ley contempla para la tramitación de las concesiones ciertos plazos que en algunos casos son excesivamente largos e injusti¿cados para el mérito de la tramitación de una concesión, los cuales únicamente dilatan los procedimientos de otorgamiento de las mismas. Concordante con lo señalado en el párrafo anterior, el Proyecto busca acotar aquellos plazos en las siguientes materias: (i) Se reduce de 60 a 30 días el plazo que tienen las autoridades para evacuar los informes que al efecto les solicite el Ministerio de Minería, según lo establecido en el artículo 12 inciso 2º de la ley; (ii) Se reduce de 90 a 60 días el plazo que tiene el Ministerio de Minería para llamar a licitación en caso de existir superposición de solicitudes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 inciso 2º de la ley; (iii) Se reduce de 60 a 30 días el plazo que tiene el Ministerio de Minería para resolver las reclamaciones que tengan lugar en virtud de los derechos y procedimientos consagrados en el artículo 18 de la ley. Cabe señalar que no existiendo norma especial que regule la materia, se debe aplicar lo establecido en el artículo 64 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado. En virtud de la disposición antes citada, y, en caso que la Administración no resolviera acerca de una solicitud dentro del plazo legal, tiene lugar el

En virtud de la disposición antes citada, y, en caso que la Administración no resolviera acerca de una solicitud dentro del plazo legal, tiene lugar el Cabe señalar que no existiendo norma especial que regule la materia, se debe aplicar lo establecido en el artículo 64 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado. (iii) Se reduce de 60 a 30 días el plazo que tiene el Ministerio de Minería para resolver las reclamaciones que tengan lugar en virtud de los derechos y procedimientos consagrados en el artículo 18 de la ley. (ii) Se reduce de 90 a 60 días el plazo que tiene el Ministerio de Minería para llamar a licitación en caso de existir superposición de solicitudes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 inciso 2º de la ley; (i) Se reduce de 60 a 30 días el plazo que tienen las autoridades para evacuar los informes que al efecto les solicite el Ministerio de Minería, según lo establecido en el artículo 12 inciso 2º de la ley; Concordante con lo señalado en el párrafo anterior, el Proyecto busca acotar aquellos plazos en las siguientes materias: b) Plazos de tramitación para el otorgamiento de concesiones: La Ley contempla para la tramitación de las concesiones ciertos plazos que en algunos casos son excesivamente largos e injusti¿cados para el mérito de la tramitación de una concesión, los cuales únicamente dilatan los procedimientos de otorgamiento de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, las fuentes probables no siempre constituyen áreas de mayor valor, ya que se trata de manifestaciones super¿ciales que no siempre permiten concluir en forma de¿nitiva que exista un yacimiento con potencial productivo y, en consecuencia, dichas áreas requerirán de igual manera el desarrollo de labores de exploración para determinar si existen o no recursos geotérmicos susceptibles de ser explotados económicamente. ción evidente de recursos geotérmicos, suponiendo en consecuencia la ley que dichas áreas son de mayor interés. GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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e) Exclusión de los pequeños proyectos geotérmicos del procedimiento establecido por la ley: Con el objeto de fomentar el uso directo de la geotermia, el Proyecto pretende excluir del procedimiento de otorgamiento de concesiones regidos por la ley, aquellos proyectos geotérmicos que cumplan copulativamente con los siguientes requisitos: (i) que utilicen energía en una cantidad inferior a 20 GWh anuales, y (ii) que no se encuentren destinados

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Atendido lo señalado en los párrafos precedentes, el Proyecto propone que las licitaciones públicas se resuelvan únicamente sobre la base de una evaluación técnica que cali¿que la factibilidad técnica-económica del proyecto respectivo, mediante factores objetivos y previamente determinados, otorgando además la facultad al Presidente de la República para que dicte un reglamento regulando dichos aspectos técnicos-económicos.

silencio administrativo positivo, procedimiento en virtud del cual el interesado deberá denunciar el incumplimiento a la autoridad que debía resolver el asunto dentro de un plazo para que se pronuncie al respecto. Luego, si la misma autoridad no se pronuncia dentro del plazo de 5 días contados desde la fecha de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aprobada.

Cabe señalar que la mecánica de evaluación antes señalada, genera incentivos para sobreestimar el proyecto técnico con el único objetivo de avanzar derechamente hacia la etapa de la oferta económica, la cual como bien es sabido, se resuelve básicamente sobre la base del elemento precio.

c) Eliminación de comunicación de extracto mediante la emisión de mensajes radiales: El Proyecto pretende, con justa razón, eliminar el inciso 3º del artículo 13 de la ley, respecto de efectuar la emisión de tres mensajes radiales para aquellos sectores de difícil acceso, limitando la obligación de publicidad únicamente a medios escritos, principalmente atendida la inde¿nición y subjetividad que subyace bajo el concepto de “sectores de difícil acceso”.

d) Ponderación de aspectos técnicos y económicos en las licitaciones públicas: Actualmente la ley establece para los procedimientos de licitaciones públicas una etapa de evaluación técnica y otra etapa de evaluación económica. Concordante con lo anterior, la ley contempla que la fase económica se resuelva sobre la base del precio ofrecido por la concesión.

d) Ponderación de aspectos técnicos y económicos en las licitaciones públicas: Actualmente la ley establece para los procedimientos de licitaciones públicas una etapa de evaluación técnica y otra etapa de evaluación económica. Concordante con lo anterior, la ley contempla que la fase económica se resuelva sobre la base del precio ofrecido por la concesión.

c) Eliminación de comunicación de extracto mediante la emisión de mensajes radiales: El Proyecto pretende, con justa razón, eliminar el inciso 3º del artículo 13 de la ley, respecto de efectuar la emisión de tres mensajes radiales para aquellos sectores de difícil acceso, limitando la obligación de publicidad únicamente a medios escritos, principalmente atendida la inde¿nición y subjetividad que subyace bajo el concepto de “sectores de difícil acceso”.

Cabe señalar que la mecánica de evaluación antes señalada, genera incentivos para sobreestimar el proyecto técnico con el único objetivo de avanzar derechamente hacia la etapa de la oferta económica, la cual como bien es sabido, se resuelve básicamente sobre la base del elemento precio.

silencio administrativo positivo, procedimiento en virtud del cual el interesado deberá denunciar el incumplimiento a la autoridad que debía resolver el asunto dentro de un plazo para que se pronuncie al respecto. Luego, si la misma autoridad no se pronuncia dentro del plazo de 5 días contados desde la fecha de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aprobada.

Atendido lo señalado en los párrafos precedentes, el Proyecto propone que las licitaciones públicas se resuelvan únicamente sobre la base de una evaluación técnica que cali¿que la factibilidad técnica-económica del proyecto respectivo, mediante factores objetivos y previamente determinados, otorgando además la facultad al Presidente de la República para que dicte un reglamento regulando dichos aspectos técnicos-económicos.

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e) Exclusión de los pequeños proyectos geotérmicos del procedimiento establecido por la ley: Con el objeto de fomentar el uso directo de la geotermia, el Proyecto pretende excluir del procedimiento de otorgamiento de concesiones regidos por la ley, aquellos proyectos geotérmicos que cumplan copulativamente con los siguientes requisitos: (i) que utilicen energía en una cantidad inferior a 20 GWh anuales, y (ii) que no se encuentren destinados

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a la generación de electricidad con el objeto de fomentar el uso directo de la geotermia. No obstante lo anterior, aquellos proyectos que cumplan con los requisitos antes mencionados deberán inscribirse igualmente en el Registro Nacional de Proyectos Geotérmicos a cargo del Ministerio de Minería. f) Modi¿caciones al área de las concesiones: Actualmente la ley establece que: “La extensión territorial de la concesión de energía geotérmica configura un sólido cuya cara superior es, en el plano horizontal, un paralelogramo de ángulos rectos, en el que dos de sus lados tienen orientación U.T.M. norte sur, y cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que lo limitan”.

Por su parte y atendida la poca Àexibilidad que presenta la fórmula señalada en el párrafo anterior, es que el Proyecto pretende modi¿car la misma, estableciendo que las áreas de la concesión sean un polígono de ángulos y lados rectos y en que al menos dos de sus lados tengan orientación U.T.M. norte sur. Con la modi¿cación pretendida por el Proyecto, se permitiría de¿nir áreas de concesión que representen de una mejor manera los intereses de los concesionarios, considerando las características geográ¿cas de los lugares, evitando además la solicitud de concesiones sobre territorios inútiles que se incluyen en las solicitudes de concesiones con el único propósito de cumplir con el mandato legal destinado a la con¿guración del paralelógramo. Adicionalmente, cabe señalar que la ley establece que tratándose de concesiones de explotación, el área de la concesión no puede exceder 20.000 hectáreas. Teniendo en consideración lo anterior, el Proyecto pretende que tratándose de concesiones de exploración, la determinación del área de la misma se justi¿que teniendo en consideración tanto la extensión del reservorio de la misma como también la magnitud y características del proyecto de explotación, no pudiendo exceder en todo caso de 100.000 hectáreas, todo lo cual es concordante con la extensión que la ley actualmente permite para las concesiones de exploración.

Adicionalmente, cabe señalar que la ley establece que tratándose de concesiones de explotación, el área de la concesión no puede exceder 20.000 hectáreas. Teniendo en consideración lo anterior, el Proyecto pretende que tratándose de concesiones de exploración, la determinación del área de la misma se justi¿que teniendo en consideración tanto la extensión del reservorio de la misma como también la magnitud y características del proyecto de explotación, no pudiendo exceder en todo caso de 100.000 hectáreas, todo lo cual es concordante con la extensión que la ley actualmente permite para las concesiones de exploración. Con la modi¿cación pretendida por el Proyecto, se permitiría de¿nir áreas de concesión que representen de una mejor manera los intereses de los concesionarios, considerando las características geográ¿cas de los lugares, evitando además la solicitud de concesiones sobre territorios inútiles que se incluyen en las solicitudes de concesiones con el único propósito de cumplir con el mandato legal destinado a la con¿guración del paralelógramo. Por su parte y atendida la poca Àexibilidad que presenta la fórmula señalada en el párrafo anterior, es que el Proyecto pretende modi¿car la misma, estableciendo que las áreas de la concesión sean un polígono de ángulos y lados rectos y en que al menos dos de sus lados tengan orientación U.T.M. norte sur. “La extensión territorial de la concesión de energía geotérmica configura un sólido cuya cara superior es, en el plano horizontal, un paralelogramo de ángulos rectos, en el que dos de sus lados tienen orientación U.T.M. norte sur, y cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que lo limitan”.

f) Modi¿caciones al área de las concesiones: Actualmente la ley establece que: No obstante lo anterior, aquellos proyectos que cumplan con los requisitos antes mencionados deberán inscribirse igualmente en el Registro Nacional de Proyectos Geotérmicos a cargo del Ministerio de Minería. a la generación de electricidad con el objeto de fomentar el uso directo de la geotermia. GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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Si bien estos mecanismos proveen al Estado con un mayor grado de certeza en el cumplimiento de las obligaciones comprometidas por el concesionario en su solicitud, es importante considerar que una exigencia excesiva, por ejemplo en el monto de la garantía, puede terminar por

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(iii) para los efectos de poder solicitar una prórroga de la concesión de exploración, el Proyecto pretende aumentar el porcentaje de cumplimiento de los trabajos e inversiones de un 25% a un 50%. En adición a lo anterior, el Proyecto contempla una prórroga automática de la concesión de exploración en el evento que se acredite un avance superior al 75% de las inversiones y trabajos originalmente comprometidos y en adición se obliguen a realizar labores de perforación y prueba de pozos exploratorios profundos.

g) Obligaciones de los concesionarios de exploración: En los términos actualmente consagrados en la ley, los concesionarios tienen como principal obligación ejecutar los trabajos e inversiones que justi¿caron el otorgamiento de la concesión respectiva.

(ii) entrega semestral por parte del concesionario de un informe detallando el estado de avance y cumplimiento de las obligaciones e inversiones originalmente comprometidas, existiendo además una sanción administrativa en caso de incumplimiento de dicha obligación, y

Sin perjuicio de lo anterior, no existen en la legislación vigente, mecanismos que permitan exigir de manera e¿caz y oportuna el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los concesionarios, lo que trae como consecuencia que extensos territorios con un eventual potencial geotérmico no sean debidamente explotados.

(i) exigencia a los concesionarios del otorgamiento de una boleta bancaria de garantía o una póliza de seguro que asegure el cumplimiento de los trabajos e inversiones inicialmente ofrecidas, garantías que en todo caso podrán ser reducidas proporcionalmente en la medida que se acredite el cumplimiento de las inversiones y trabajos antes mencionados;

Con el ¿n de evitar la especulación y la tenencia pasiva de áreas, el Proyecto propone, entre otras, las siguientes soluciones:

Con el ¿n de evitar la especulación y la tenencia pasiva de áreas, el Proyecto propone, entre otras, las siguientes soluciones:

(i) exigencia a los concesionarios del otorgamiento de una boleta bancaria de garantía o una póliza de seguro que asegure el cumplimiento de los trabajos e inversiones inicialmente ofrecidas, garantías que en todo caso podrán ser reducidas proporcionalmente en la medida que se acredite el cumplimiento de las inversiones y trabajos antes mencionados;

Sin perjuicio de lo anterior, no existen en la legislación vigente, mecanismos que permitan exigir de manera e¿caz y oportuna el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los concesionarios, lo que trae como consecuencia que extensos territorios con un eventual potencial geotérmico no sean debidamente explotados.

(ii) entrega semestral por parte del concesionario de un informe detallando el estado de avance y cumplimiento de las obligaciones e inversiones originalmente comprometidas, existiendo además una sanción administrativa en caso de incumplimiento de dicha obligación, y

g) Obligaciones de los concesionarios de exploración: En los términos actualmente consagrados en la ley, los concesionarios tienen como principal obligación ejecutar los trabajos e inversiones que justi¿caron el otorgamiento de la concesión respectiva.

(iii) para los efectos de poder solicitar una prórroga de la concesión de exploración, el Proyecto pretende aumentar el porcentaje de cumplimiento de los trabajos e inversiones de un 25% a un 50%. En adición a lo anterior, el Proyecto contempla una prórroga automática de la concesión de exploración en el evento que se acredite un avance superior al 75% de las inversiones y trabajos originalmente comprometidos y en adición se obliguen a realizar labores de perforación y prueba de pozos exploratorios profundos.

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Si bien estos mecanismos proveen al Estado con un mayor grado de certeza en el cumplimiento de las obligaciones comprometidas por el concesionario en su solicitud, es importante considerar que una exigencia excesiva, por ejemplo en el monto de la garantía, puede terminar por

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desincentivar las inversiones iniciales que se enfocan, principalmente, en trabajos de exploración. h) Concesiones de explotación: El Proyecto también incluye aspectos que afectarían ciertos derechos y obligaciones de los titulares de una concesión de energía geotérmica, tales como: (i) Derecho exclusivo artículo 14 de la ley: Inciso 1º establece que: “El titular de una concesión de exploración tendrá el derecho exclusivo a que el Estado le otorgue la concesión de explotación sobre la respectiva área de exploración. Este derecho podrá ejercerse durante la vigencia de la concesión de exploración y hasta dos años después de vencida. El derecho establecido en este inciso será transferible a cualquier título”.

(ii) Régimen de Amparo y Caducidad de las concesiones: Por otra parte, en lo que dice relación con el régimen de amparo, la ley contempla un doble Para efectos de evitar interpretaciones erradas y eventuales conÀictos posteriores, el Proyecto propone que se especi¿que en el respectivo decreto de exploración las actividades e inversiones que serían representativas del 75% de las obligaciones originalmente comprometidas por el concesionario. Con la ¿nalidad de limitar los efectos y alcances del actual texto del artículo 14 de la ley, el Proyecto propone, entre otras medidas, que para que el concesionario de exploración pueda acceder al derecho otorgado por el artículo 14 de la ley, el mismo deberá acreditar un avance de al menos un 75% de las actividades e inversiones de exploración comprometidas, así como también deberá acreditar la existencia de recursos geotérmicos que justi¿quen la magnitud del eventual proyecto de explotación cuya concesión se solicita. Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener en consideración que la redacción del citado artículo es bastante amplia, pudiendo incluso interpretarse que el Estado tenga la obligación de otorgar una concesión de explotación por el mero hecho de haber sido concesionario de exploración, aun cuando en la etapa de exploración no hubiera efectuado descubrimientos de recursos susceptibles de ser explotados o bien no hubiera dado cumplimiento con los compromisos de exploración originalmente pactados.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener en consideración que la redacción del citado artículo es bastante amplia, pudiendo incluso interpretarse que el Estado tenga la obligación de otorgar una concesión de explotación por el mero hecho de haber sido concesionario de exploración, aun cuando en la etapa de exploración no hubiera efectuado descubrimientos de recursos susceptibles de ser explotados o bien no hubiera dado cumplimiento con los compromisos de exploración originalmente pactados.

“El titular de una concesión de exploración tendrá el derecho exclusivo a que el Estado le otorgue la concesión de explotación sobre la respectiva área de exploración. Este derecho podrá ejercerse durante la vigencia de la concesión de exploración y hasta dos años después de vencida. El derecho establecido en este inciso será transferible a cualquier título”.

Con la ¿nalidad de limitar los efectos y alcances del actual texto del artículo 14 de la ley, el Proyecto propone, entre otras medidas, que para que el concesionario de exploración pueda acceder al derecho otorgado por el artículo 14 de la ley, el mismo deberá acreditar un avance de al menos un 75% de las actividades e inversiones de exploración comprometidas, así como también deberá acreditar la existencia de recursos geotérmicos que justi¿quen la magnitud del eventual proyecto de explotación cuya concesión se solicita. Para efectos de evitar interpretaciones erradas y eventuales conÀictos posteriores, el Proyecto propone que se especi¿que en el respectivo decreto de exploración las actividades e inversiones que serían representativas del 75% de las obligaciones originalmente comprometidas por el concesionario. (ii) Régimen de Amparo y Caducidad de las concesiones: Por otra parte, en lo que dice relación con el régimen de amparo, la ley contempla un doble

(i) Derecho exclusivo artículo 14 de la ley: Inciso 1º establece que: h) Concesiones de explotación: El Proyecto también incluye aspectos que afectarían ciertos derechos y obligaciones de los titulares de una concesión de energía geotérmica, tales como: desincentivar las inversiones iniciales que se enfocan, principalmente, en trabajos de exploración. GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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b) Respecto de los antecedentes ¿nancieros y comerciales que se deben acompañar a la presentación, el solicitante deberá acreditar al Ministerio de Minería mediante la entrega de los mismos que cuenta con los recursos ¿nancieros su¿cientes para atender en forma regular y continua las actividades propias de su giro y aquellas que contraería en caso de otorgársele la concesión;

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a) En cuanto a los requisitos de forma que deben cumplir las solicitudes de concesiones, deberán acompañarse además de un original, tres copias de la presentación en un medio digital en vez de un original y dos copias además de un medio magnético;

mecanismo de protección, el que está dado, por una parte, por el pago de la patente anual a bene¿cio ¿scal equivalente a 1 UTM por cada hectárea, y, por la otra, por el deber del concesionario de realizar los trabajos comprometidos que justi¿caron el otorgamiento de la concesión, pudiendo el Ministerio de Minería en caso de incumplimiento, solicitar la caducidad de la concesión ante los Tribunales de Justicia.

El día 26 de marzo de 2009 se publicó en el Diario O¿cial el Decreto Supremo Nº 224 de fecha 4 de diciembre de 2008, siendo sus principales aspectos los siguientes:

No obstante lo anterior, cabe tener en consideración que el pago de la patente en ningún caso tiene la naturaleza de un incentivo al concesionario para explotar, y además el régimen de caducidad a través de los Tribunales de Justicia puede ser un procedimiento complejo y en ciertos casos difícil de probar.

3. Principales modificaciones que se efectuaron al Reglamento en virtud del Decreto Supremo Nº 224 de fecha 4 de diciembre de 2008

Para los efectos de dar una solución a los problemas antes descritos, el Proyecto propone establecer la existencia de una patente incremental a partir de la cuarta patente, la cual volvería a su valor inicial de 1/10 de UTM (equivalente a USD 8 aproximadamente) por hectárea una vez que se dé inicio al proyecto de explotación.

Para los efectos de dar una solución a los problemas antes descritos, el Proyecto propone establecer la existencia de una patente incremental a partir de la cuarta patente, la cual volvería a su valor inicial de 1/10 de UTM (equivalente a USD 8 aproximadamente) por hectárea una vez que se dé inicio al proyecto de explotación.

3. Principales modificaciones que se efectuaron al Reglamento en virtud del Decreto Supremo Nº 224 de fecha 4 de diciembre de 2008

No obstante lo anterior, cabe tener en consideración que el pago de la patente en ningún caso tiene la naturaleza de un incentivo al concesionario para explotar, y además el régimen de caducidad a través de los Tribunales de Justicia puede ser un procedimiento complejo y en ciertos casos difícil de probar.

El día 26 de marzo de 2009 se publicó en el Diario O¿cial el Decreto Supremo Nº 224 de fecha 4 de diciembre de 2008, siendo sus principales aspectos los siguientes:

mecanismo de protección, el que está dado, por una parte, por el pago de la patente anual a bene¿cio ¿scal equivalente a 1 UTM por cada hectárea, y, por la otra, por el deber del concesionario de realizar los trabajos comprometidos que justi¿caron el otorgamiento de la concesión, pudiendo el Ministerio de Minería en caso de incumplimiento, solicitar la caducidad de la concesión ante los Tribunales de Justicia.

a) En cuanto a los requisitos de forma que deben cumplir las solicitudes de concesiones, deberán acompañarse además de un original, tres copias de la presentación en un medio digital en vez de un original y dos copias además de un medio magnético;

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b) Respecto de los antecedentes ¿nancieros y comerciales que se deben acompañar a la presentación, el solicitante deberá acreditar al Ministerio de Minería mediante la entrega de los mismos que cuenta con los recursos ¿nancieros su¿cientes para atender en forma regular y continua las actividades propias de su giro y aquellas que contraería en caso de otorgársele la concesión;

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c) En el caso de las concesiones de explotación y sin perjuicio de los demás antecedentes técnicos que se deben acompañar, se exige que se presenten aquellos antecedentes relativos al modelo conceptual del reservorio geotérmico en su dimensión del plano horizontal y profundidad; d) Concordante con lo señalado en la letra c) anterior, respecto de los antecedentes técnicos que se deben acompañar, además de tener que incluirse en la evaluación económica del proyecto los indicadores VAN y TIR, se debe incluir un Àujo de caja; e) Para los efectos de acreditar la capacidad ¿nanciera del proponente para emprender el respectivo proyecto, además de los antecedentes que presente, dicha capacidad ¿nanciera debe encontrarse respaldada por un informe de un auditor externo con acreditación vigente ante la Superintendencia de Valores y Seguros; f) En lo que dice relación con el contenido de la Propuesta Económica, antes de ser modi¿cado el artículo 28 letra a) del Reglamento, el mismo señalaba que: “El Sobre Nº 3 denominado ‘Propuesta Económica’ debe contener la siguiente información: a) El precio total ofrecido por la concesión a adjudicarse. Este precio es a beneficio fiscal y corresponderá a un porcentaje de la inversión total comprometida en el proyecto, el cual se definirá en las bases de licitación, y que variará entre 0,01% y 1% de la inversión total comprometida”.

Como consecuencia de la modi¿cación efectuada al Reglamento, la letra a) del artículo señalado en el párrafo anterior quedó como sigue: “El Sobre Nº 3 denominado ‘Propuesta Económica’ debe contener la siguiente información: El precio total ofrecido por la concesión a adjudicarse. Este precio es a beneficio fiscal, y se definirá en las respectivas bases de licitación en función de las características y potencialidades del área a licitar”;

Al respecto cabe tener en consideración que no existe certeza respecto de qué se entiende por “características y potencialidades del área a licitar”, ya que no se señala si se re¿ere a características y potencialidades técnicas o relativas a otros aspectos que no están directamente relacionados con un proyecto geotérmico (por ejemplo, sociales, indígenas, etc.).

Al respecto cabe tener en consideración que no existe certeza respecto de qué se entiende por “características y potencialidades del área a licitar”, ya que no se señala si se re¿ere a características y potencialidades técnicas o relativas a otros aspectos que no están directamente relacionados con un proyecto geotérmico (por ejemplo, sociales, indígenas, etc.). “El Sobre Nº 3 denominado ‘Propuesta Económica’ debe contener la siguiente información: El precio total ofrecido por la concesión a adjudicarse. Este precio es a beneficio fiscal, y se definirá en las respectivas bases de licitación en función de las características y potencialidades del área a licitar”;

Como consecuencia de la modi¿cación efectuada al Reglamento, la letra a) del artículo señalado en el párrafo anterior quedó como sigue: “El Sobre Nº 3 denominado ‘Propuesta Económica’ debe contener la siguiente información: a) El precio total ofrecido por la concesión a adjudicarse. Este precio es a beneficio fiscal y corresponderá a un porcentaje de la inversión total comprometida en el proyecto, el cual se definirá en las bases de licitación, y que variará entre 0,01% y 1% de la inversión total comprometida”.

f) En lo que dice relación con el contenido de la Propuesta Económica, antes de ser modi¿cado el artículo 28 letra a) del Reglamento, el mismo señalaba que: e) Para los efectos de acreditar la capacidad ¿nanciera del proponente para emprender el respectivo proyecto, además de los antecedentes que presente, dicha capacidad ¿nanciera debe encontrarse respaldada por un informe de un auditor externo con acreditación vigente ante la Superintendencia de Valores y Seguros; d) Concordante con lo señalado en la letra c) anterior, respecto de los antecedentes técnicos que se deben acompañar, además de tener que incluirse en la evaluación económica del proyecto los indicadores VAN y TIR, se debe incluir un Àujo de caja; c) En el caso de las concesiones de explotación y sin perjuicio de los demás antecedentes técnicos que se deben acompañar, se exige que se presenten aquellos antecedentes relativos al modelo conceptual del reservorio geotérmico en su dimensión del plano horizontal y profundidad; GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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g) Se establecen obligaciones de efectuar publicaciones de cargo del concesionario para hacer uso del derecho exclusivo que concede el artículo 14 de la ley, así como también se establecen obligaciones de publicación respecto del decreto mediante el cual se otorgue la concesión respectiva, y

Consideramos que este punto merece una mayor discusión, ya que eventualmente un proyecto de energía geotérmica podría desarrollarse con una intervención mínima de un parque nacional, siempre y cuando su plan de trabajo no contemple, materialmente, obras que impliquen detrimento a los fundamentos de la declaración de un parque nacional, tales como caza, matanza y captura de especímenes de fauna, destrucción y recolección de ejemplares de Àora, ni la explotación de riquezas existentes en el mencionado parque con ¿nes comerciales.

h) Respecto de los informes anuales que deben ser entregados en relación a la ejecución del proyecto, el solo hecho de no cumplir con dicha obligación será causal su¿ciente para denegar la solicitud de prórroga del artículo 36 de la ley, mientras que antes se requería no haber podido acreditar el cumplimento del 25% de las inversiones proyectadas para el plazo de la concesión.

Adicionalmente al análisis hecho anteriormente, quisiéramos plantear un punto para ser discutido entre los actores de la industria: los alcances de la facultad, contenida en el Reglamento, de denegar las solicitudes que recaigan sobre parques nacionales (art. 18 Nº 6), por cuanto existe un gran número de volcanes en parques nacionales, siendo común que los reservorios de energía geotérmica se encuentren asociados a áreas volcánicas.

V. EMPLAZAMIENTO DE PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN PARQUES NACIONALES

Es importante destacar que varias de las iniciativas y criterios antes señalados, ya han sido incluidos tanto en las modi¿caciones al Reglamento de la Ley Nº 19.657, publicadas el día 26 de marzo de 2009 en el Diario O¿cial, como en las bases de la licitación a la que ha llamado el Ministerio de Minería para el otorgamiento de 20 concesiones de exploración de energía geotérmica.

Es importante destacar que varias de las iniciativas y criterios antes señalados, ya han sido incluidos tanto en las modi¿caciones al Reglamento de la Ley Nº 19.657, publicadas el día 26 de marzo de 2009 en el Diario O¿cial, como en las bases de la licitación a la que ha llamado el Ministerio de Minería para el otorgamiento de 20 concesiones de exploración de energía geotérmica.

V. EMPLAZAMIENTO DE PROYECTOS DE

JERÓNIMO CARCELÉN PACHECO

ENERGÍA GEOTÉRMICA EN PARQUES NACIONALES

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Adicionalmente al análisis hecho anteriormente, quisiéramos plantear un punto para ser discutido entre los actores de la industria: los alcances de la facultad, contenida en el Reglamento, de denegar las solicitudes que recaigan sobre parques nacionales (art. 18 Nº 6), por cuanto existe un gran número de volcanes en parques nacionales, siendo común que los reservorios de energía geotérmica se encuentren asociados a áreas volcánicas.

h) Respecto de los informes anuales que deben ser entregados en relación a la ejecución del proyecto, el solo hecho de no cumplir con dicha obligación será causal su¿ciente para denegar la solicitud de prórroga del artículo 36 de la ley, mientras que antes se requería no haber podido acreditar el cumplimento del 25% de las inversiones proyectadas para el plazo de la concesión.

Consideramos que este punto merece una mayor discusión, ya que eventualmente un proyecto de energía geotérmica podría desarrollarse con una intervención mínima de un parque nacional, siempre y cuando su plan de trabajo no contemple, materialmente, obras que impliquen detrimento a los fundamentos de la declaración de un parque nacional, tales como caza, matanza y captura de especímenes de fauna, destrucción y recolección de ejemplares de Àora, ni la explotación de riquezas existentes en el mencionado parque con ¿nes comerciales.

g) Se establecen obligaciones de efectuar publicaciones de cargo del concesionario para hacer uso del derecho exclusivo que concede el artículo 14 de la ley, así como también se establecen obligaciones de publicación respecto del decreto mediante el cual se otorgue la concesión respectiva, y 120

JERÓNIMO CARCELÉN PACHECO

GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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En el mismo sentido, cabe hacer presente que la Ley Nº 19.300 dispone que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos que consistan en “ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquier otras áreas colocadas bajo protección o¿cial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita” (artículo 10, literal p). Así, la ejecución de proyectos susceptibles de causar impacto ambiental en un parque nacional no está prohibida per sé, sino que tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, debe someterse a una “rigurosa evaluación de parte de la autoridad ambiental, a ¿n que sólo pueda ejecutarse bajo ciertas condiciones y exigencias en defensa del uso racional de los recursos naturales existentes” (sentencia causa Rol Nº 6379-2008, de fecha 8 de enero de 2008). A mayor abundamiento, la citada jurisprudencia con¿rmó la viabilidad legal de un proyecto consistente en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada, cuyas obras de bocatoma y parte de las tuberías de conducción de las aguas estarían ubicadas en un parque nacional, desde donde éstas se transportarían a la planta generadora de energía, ubicada fuera de dicha área protegida. Así, podría argumentarse que en el caso de un proyecto de energía geotérmica, los pozos desde donde se tomaría el recurso (agua y vapor) y cierto tramo de las tuberías estarían dentro de un parque nacional, pero la generación de energía, en tanto actividad comercial, se localizaría fuera del mismo. V. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

Tal como lo señalábamos al inicio, la industria de la energía geotérmica está en una etapa inicial de su desarrollo y su marco legal y regulatorio aún no termina de conformarse completamente. Sin perjuicio de las propuestas contenidas en el Proyecto y en los recientes cambios al Reglamento, existen ciertas medidas cuya aplicación podría mejorar la consolidación de esta industria: a) Consolidación de la Institucionalidad Administrativa a partir del traspaso de la Unidad de CEOPs y Geotermia desde el Ministerio de Minería al

a) Consolidación de la Institucionalidad Administrativa a partir del traspaso de la Unidad de CEOPs y Geotermia desde el Ministerio de Minería al Sin perjuicio de las propuestas contenidas en el Proyecto y en los recientes cambios al Reglamento, existen ciertas medidas cuya aplicación podría mejorar la consolidación de esta industria: Tal como lo señalábamos al inicio, la industria de la energía geotérmica está en una etapa inicial de su desarrollo y su marco legal y regulatorio aún no termina de conformarse completamente. EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

V. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA A mayor abundamiento, la citada jurisprudencia con¿rmó la viabilidad legal de un proyecto consistente en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada, cuyas obras de bocatoma y parte de las tuberías de conducción de las aguas estarían ubicadas en un parque nacional, desde donde éstas se transportarían a la planta generadora de energía, ubicada fuera de dicha área protegida. Así, podría argumentarse que en el caso de un proyecto de energía geotérmica, los pozos desde donde se tomaría el recurso (agua y vapor) y cierto tramo de las tuberías estarían dentro de un parque nacional, pero la generación de energía, en tanto actividad comercial, se localizaría fuera del mismo. En el mismo sentido, cabe hacer presente que la Ley Nº 19.300 dispone que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos que consistan en “ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquier otras áreas colocadas bajo protección o¿cial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita” (artículo 10, literal p). Así, la ejecución de proyectos susceptibles de causar impacto ambiental en un parque nacional no está prohibida per sé, sino que tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, debe someterse a una “rigurosa evaluación de parte de la autoridad ambiental, a ¿n que sólo pueda ejecutarse bajo ciertas condiciones y exigencias en defensa del uso racional de los recursos naturales existentes” (sentencia causa Rol Nº 6379-2008, de fecha 8 de enero de 2008). GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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JERÓNIMO CARCELÉN PACHECO

Decreto Supremo Nº 205 de 2000, sobre el Registro Público y Emisiones Radiales.

Ministerio de Energía, de manera de darle continuidad a los procedimientos actualmente en curso.

Decreto Supremo Nº 142 de 2000, modi¿cado mediante el Decreto Supremo Nº 78 de 2001.

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Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. b) Elaboración de “Guías-Criterio de Exploración Geotérmica” donde se reÀejen adecuadamente las obligaciones ambientales aplicables a los concesionarios en el desarrollo de sus proyectos y los permisos ambientales y sectoriales que deberán ser obtenidos al efecto, incluida la etapa del cierre de faenas.

NORMAS CITADAS

c) Creación de un Sistema de Valorización y Cali¿cación de Reservas Geotérmicas, equivalente o complementario al sistema de personas competentes establecido para la industria minera, de manera de permitir la acreditación y reconocimiento de dichas personas competentes, las que emitirían sus informes técnicos y económicos para que posteriormente puedan ser utilizados por el mercado, inversionistas y entes reguladores.

e) De¿nición e implementación de programas de capacitación de profesionales y técnicos que contribuyan al desarrollo de la energía geotérmica.

d) Elaboración de un Reglamento de Seguridad para Geotermia o al menos la remisión expresa a ciertas normas del Reglamento de Seguridad Minera que pudieran ser aplicables a las actividades relacionadas con la geotermia, tales como la perforación de pozos exploratorios. Complementariamente, deberían otorgarse facultades de ¿scalización al Sernageomin.

e) Difusión de los fondos Corfo destinados a la inversión en capital de riesgo para las energías renovables no convencionales y al reembolso de un porcentaje de los gastos de exploraciones fallidas.

e) Difusión de los fondos Corfo destinados a la inversión en capital de riesgo para las energías renovables no convencionales y al reembolso de un porcentaje de los gastos de exploraciones fallidas.

d) Elaboración de un Reglamento de Seguridad para Geotermia o al menos la remisión expresa a ciertas normas del Reglamento de Seguridad Minera que pudieran ser aplicables a las actividades relacionadas con la geotermia, tales como la perforación de pozos exploratorios. Complementariamente, deberían otorgarse facultades de ¿scalización al Sernageomin.

e) De¿nición e implementación de programas de capacitación de profesionales y técnicos que contribuyan al desarrollo de la energía geotérmica.

c) Creación de un Sistema de Valorización y Cali¿cación de Reservas Geotérmicas, equivalente o complementario al sistema de personas competentes establecido para la industria minera, de manera de permitir la acreditación y reconocimiento de dichas personas competentes, las que emitirían sus informes técnicos y económicos para que posteriormente puedan ser utilizados por el mercado, inversionistas y entes reguladores.

NORMAS CITADAS

b) Elaboración de “Guías-Criterio de Exploración Geotérmica” donde se reÀejen adecuadamente las obligaciones ambientales aplicables a los concesionarios en el desarrollo de sus proyectos y los permisos ambientales y sectoriales que deberán ser obtenidos al efecto, incluida la etapa del cierre de faenas.

Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Decreto Supremo Nº 142 de 2000, modi¿cado mediante el Decreto Supremo Nº 78 de 2001.

Ministerio de Energía, de manera de darle continuidad a los procedimientos actualmente en curso.

Decreto Supremo Nº 205 de 2000, sobre el Registro Público y Emisiones Radiales.

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JERÓNIMO CARCELÉN PACHECO

GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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Decreto Supremo Nº 32 de 2004. Decreto Supremo Nº 224 de fecha 4 de diciembre de 2008. Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ley Nº 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica; artículos 10 p, de los artículos 13, 14, 15 inciso 2º de la ley; artículo 18, artículo 36, de la ley. Reglamento de la Ley Nº 19.657, artículo 18 Nº 6. Resolución Nº 660 de 2000. JURISPRUDENCIA CITADA Sentencia causa Rol Nº 6.379-2008, de fecha 8 de enero de 2008. Corte Suprema.

Sentencia causa Rol Nº 6.379-2008, de fecha 8 de enero de 2008. Corte Suprema. JURISPRUDENCIA CITADA Resolución Nº 660 de 2000. Reglamento de la Ley Nº 19.657, artículo 18 Nº 6. Ley Nº 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica; artículos 10 p, de los artículos 13, 14, 15 inciso 2º de la ley; artículo 18, artículo 36, de la ley. Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Decreto Supremo Nº 224 de fecha 4 de diciembre de 2008. Decreto Supremo Nº 32 de 2004. GEOTERMIA: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

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Abreviaturas: LBGMA, Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; SEIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; RSEIA, Decreto Supremo Nº 95 de 2001, 1

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Ponti¿cia Universidad Católica de Valparaíso. **

* Trabajo presentado en las X Jornadas de Derecho Eléctrico (20101) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El presente trabajo ha sido actualizado al 17/01/11 y desarrollado en mayor extensión.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS* IGNACIO DÍAZ SAHR**

Actualmente, más del 19% del territorio nacional corresponde sólo a áreas protegidas integrantes del SNASPE,2-3 porcentaje que puede aumentar incluso al 30% si se toman en consideración todas las áreas protegidas exis1. Antecedentes generales1 RESUMEN

I. INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis acerca de la posibilidad jurídica de situar proyectos de generación eléctrica dentro de algunas áreas protegidas. Para esto, se realiza un estudio acerca del actual marco normativo general sobre el cual se estructuran las áreas protegidas y, posteriormente, se analiza el estatuto especí¿co de reservas nacionales, parques nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y zonas de interés turístico. Finalmente, se concluirá la urgente necesidad de actualizar el listado de áreas colocadas bajo protección o¿cial y se indique claramente el tipo de actividad que se permitirá en cada área.

El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis acerca de la posibilidad jurídica de situar proyectos de generación eléctrica dentro de algunas áreas protegidas. Para esto, se realiza un estudio acerca del actual marco normativo general sobre el cual se estructuran las áreas protegidas y, posteriormente, se analiza el estatuto especí¿co de reservas nacionales, parques nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y zonas de interés turístico. Finalmente, se concluirá la urgente necesidad de actualizar el listado de áreas colocadas bajo protección o¿cial y se indique claramente el tipo de actividad que se permitirá en cada área. I. INTRODUCCIÓN

RESUMEN

1. Antecedentes generales1 Actualmente, más del 19% del territorio nacional corresponde sólo a áreas protegidas integrantes del SNASPE,2-3 porcentaje que puede aumentar incluso al 30% si se toman en consideración todas las áreas protegidas exis* Trabajo presentado en las X Jornadas de Derecho Eléctrico (20101) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El presente trabajo ha sido actualizado al 17/01/11 y desarrollado en mayor extensión.

IGNACIO DÍAZ SAHR**

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS*

** Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Ponti¿cia Universidad Católica de Valparaíso. 1 Abreviaturas: LBGMA, Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; SEIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; RSEIA, Decreto Supremo Nº 95 de 2001,

OCDE - CEPAL, ob. cit., p. 111.

4

Que incluye parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.

3

OCDE-CEPAL, Evaluaciones del desempeño ambiental-Chile (2005), p. 110.

2

IGNACIO DÍAZ SAHR

OCDE-CEPAL, Evaluaciones del desempeño ambiental-Chile (2005), p. 110.

3

Que incluye parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.

4

OCDE - CEPAL, ob. cit., p. 111.

IGNACIO DÍAZ SAHR

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Continuación notas 1 a 3 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

tentes en Chile. Si bien estas cifras pueden considerarse como positivas, no es novedad que existen diversos problemas asociados a su implementación y gestión, ya que no existe una administración integrada; las áreas que se protegen no representan la totalidad de los ecosistemas relevantes en Chile (hay ecosistemas sobreprotegidos)4 y, ¿nalmente, existe una carencia de regulación normativa integral, puesto que los instrumentos son dispersos y en ellos no se indica claramente qué puede o no llevarse a cabo dentro de cada área protegida. Lo anterior se traduce en problemas de certeza jurídica y ¿nalmente de inversión.2-34

Es en virtud de lo anterior que el presente estudio tiene por ¿nalidad realizar un análisis jurídico de la posibilidad de situar proyectos de generación eléctrica dentro de algunas áreas protegidas. Para tal efecto, se examinarán algunas áreas protegidas identi¿cadas por el O¿cio Nº 43.710, de 2004, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, especí¿camente parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y santuarios de la naturaleza. Además, se examinará el especial caso de las nuevas zonas de interés turístico creadas al alero de Ley Nº 20.423, y que en la práctica debiesen reemplazar a las zonas y centros de interés turístico nacional, en el sentido de analizar si pueden o no ser consideradas como áreas protegidas o¿cialmente. Finalmente, se concluirá la urgente necesidad de renovar el listado de áreas colocadas bajo protección o¿cial, proponiendo que sólo se consideren como protegidas aquellas áreas más importantes y que, además, se indique con claridad qué tipo de actividades o proyectos se podrán desarrollar en dichas áreas colocadas bajo protección o¿cial.

En vistas a la gran cantidad de áreas protegidas, tanto en número como en porcentaje del territorio ocupado, es muy probable que proyectos de generación eléctrica busquen o contemplen estar situados dentro de ellas, sobre todo aquellos que para su generación dependen de un recurso natural que existe o se presenta en grandes cantidades sólo en áreas determinadas.

En vistas a la gran cantidad de áreas protegidas, tanto en número como en porcentaje del territorio ocupado, es muy probable que proyectos de generación eléctrica busquen o contemplen estar situados dentro de ellas, sobre todo aquellos que para su generación dependen de un recurso natural que existe o se presenta en grandes cantidades sólo en áreas determinadas.

Es en virtud de lo anterior que el presente estudio tiene por ¿nalidad realizar un análisis jurídico de la posibilidad de situar proyectos de generación eléctrica dentro de algunas áreas protegidas. Para tal efecto, se examinarán algunas áreas protegidas identi¿cadas por el O¿cio Nº 43.710, de 2004, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, especí¿camente parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y santuarios de la naturaleza. Además, se examinará el especial caso de las nuevas zonas de interés turístico creadas al alero de Ley Nº 20.423, y que en la práctica debiesen reemplazar a las zonas y centros de interés turístico nacional, en el sentido de analizar si pueden o no ser consideradas como áreas protegidas o¿cialmente. Finalmente, se concluirá la urgente necesidad de renovar el listado de áreas colocadas bajo protección o¿cial, proponiendo que sólo se consideren como protegidas aquellas áreas más importantes y que, además, se indique con claridad qué tipo de actividades o proyectos se podrán desarrollar en dichas áreas colocadas bajo protección o¿cial.

tentes en Chile. Si bien estas cifras pueden considerarse como positivas, no es novedad que existen diversos problemas asociados a su implementación y gestión, ya que no existe una administración integrada; las áreas que se protegen no representan la totalidad de los ecosistemas relevantes en Chile (hay ecosistemas sobreprotegidos)4 y, ¿nalmente, existe una carencia de regulación normativa integral, puesto que los instrumentos son dispersos y en ellos no se indica claramente qué puede o no llevarse a cabo dentro de cada área protegida. Lo anterior se traduce en problemas de certeza jurídica y ¿nalmente de inversión.2-34

Continuación notas 1 a 3 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

126

Por su parte, el Convenio sobre Diversidad Biológica, promulgado por Decreto Supremo Nº 1.963, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, contempla un concepto general de área protegida en el inciso segundo del Art. 2º, indicando que es “un área de¿nida geográ¿camente que haya sido designada o regulada y administrada a ¿n de alcanzar objetivos especí¿cos de conservación”. 9

7 Artículo

3º letra p) RSEIA.

8 Artículo

2º letra a) RSEIA.

6 Que en el caso de proyectos de generación eléctrica dentro de áreas protegidas serían todos, en virtud del artículo 10 letra p) LBGMA.

En ausencia de una ley marco que estructure un verdadero sistema de áreas protegidas (la Ley Nº 18.362, que crea el SNASPE se encuentra suspendida) y sin perjuicio de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, mediante uno o más proyectos que deberán ser ingresados al Congreso por el Presidente de la República antes del 26 de enero de 2011, de conformidad a lo dispuesto por el artículo octavo transitorio de la Ley Nº 20.417. 5

Por su parte, el Decreto Supremo Nº 75, de 2001, del MINSEGPRES, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aparte de rea¿rmar la entrada al SEIA en estos casos,7 entrega un concepto de área protegida para efectos del SEIA, indicando que es “cualquier porción de territorio, delimitada geográ¿camente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección o¿cial con la ¿nalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”.8-9 Lo anterior (al disponer el artículo 10, letra p) de la LBGMA que la “ejecución de programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otras áreas colocadas bajo protección o¿cial, en los casos que la legislación respectiva lo permita”, deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En la actualidad, el sistema chileno de áreas protegidas se estructura, por defecto, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.5 En efecto, es en dicho sistema donde se discute y se decide si un proyecto de los que deberán ingresar al SEIA6 puede o no situarse dentro de áreas protegidas, sea en razón de la normativa aplicable o en consideración a los impactos que genera. 2. Áreas protegidas ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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2. Áreas protegidas En la actualidad, el sistema chileno de áreas protegidas se estructura, por defecto, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.5 En efecto, es en dicho sistema donde se discute y se decide si un proyecto de los que deberán ingresar al SEIA6 puede o no situarse dentro de áreas protegidas, sea en razón de la normativa aplicable o en consideración a los impactos que genera. Lo anterior (al disponer el artículo 10, letra p) de la LBGMA que la “ejecución de programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otras áreas colocadas bajo protección o¿cial, en los casos que la legislación respectiva lo permita”, deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por su parte, el Decreto Supremo Nº 75, de 2001, del MINSEGPRES, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aparte de rea¿rmar la entrada al SEIA en estos casos,7 entrega un concepto de área protegida para efectos del SEIA, indicando que es “cualquier porción de territorio, delimitada geográ¿camente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección o¿cial con la ¿nalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”.8-9 5 En ausencia de una ley marco que estructure un verdadero sistema de áreas protegidas (la Ley Nº 18.362, que crea el SNASPE se encuentra suspendida) y sin perjuicio de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, mediante uno o más proyectos que deberán ser ingresados al Congreso por el Presidente de la República antes del 26 de enero de 2011, de conformidad a lo dispuesto por el artículo octavo transitorio de la Ley Nº 20.417. 6 Que en el caso de proyectos de generación eléctrica dentro de áreas protegidas serían todos, en virtud del artículo 10 letra p) LBGMA.

2º letra a) RSEIA.

8 Artículo

3º letra p) RSEIA.

7 Artículo

9 Por su parte, el Convenio sobre Diversidad Biológica, promulgado por Decreto Supremo Nº 1.963, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, contempla un concepto general de área protegida en el inciso segundo del Art. 2º, indicando que es “un área de¿nida geográ¿camente que haya sido designada o regulada y administrada a ¿n de alcanzar objetivos especí¿cos de conservación”.

IGNACIO DÍAZ SAHR

Como indicamos anteriormente, el actual sistema de áreas protegidas se estructura básicamente dentro del SEIA. La relación que existe entre proyectos de generación eléctrica, áreas protegidas y el SEIA puede analizarse desde dos puntos de vista. La primera dice relación con qué proyectos eléctricos deberán ingresar a este sistema para su evaluación ambiental cuando

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II. PROYECTOS ELÉCTRICOS EN ÁREAS PROTEGIDAS

En virtud del concepto indicado anteriormente, se ha entendido tradicionalmente que tres son los requisitos que debe contemplar una porción de territorio o área para ser considerada como protegida: i) creación mediante acto formal por autoridad con competencia para tal efecto; ii) ¿nalidad de protección ambiental, y iii) que el área comprenda un territorio geográ¿camente delimitado.

Por consiguiente, para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y en la actualidad, para el Servicio de Evaluación Ambiental, éstas son las áreas que en el marco del SEIA tienen el carácter de protegidas, y por consiguiente, los proyectos o actividades situados en estas áreas y susceptibles de causar impacto ambiental deberán ingresar al SEIA.

Bajo estos supuestos, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, mediante O¿cio Nº 43.710, de 2004, identi¿có una serie de áreas protegidas, señalando que este concepto es homólogo al de área colocada bajo protección o¿cial. El referido O¿cio contempla 17 tipos de áreas protegidas de las más diversas índoles consagradas en distintos instrumentos normativos: Reserva Nacional; Parque Nacional; Reserva de Regiones Vírgenes; Monumento Natural; Santuario de la Naturaleza; Parques Marinos; Reservas Marinas; Reserva Forestal; Monumentos Históricos; Zonas Típicas o Pintorescas; Zonas o Centros de Interés Turístico Nacional; Zonas de Conservación Histórica; Áreas de Preservación Ecológica contenidas en los Instrumentos de Plani¿cación Territorial; Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas; Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta; Inmuebles Fiscales destinados por el Ministerio de Bienes Nacionales, para ¿nes de conservación ambiental, protección del patrimonio y/o plani¿cación, gestión y manejo sustentable de sus recursos, y Áreas Marino y Costero Protegidas.

Bajo estos supuestos, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, mediante O¿cio Nº 43.710, de 2004, identi¿có una serie de áreas protegidas, señalando que este concepto es homólogo al de área colocada bajo protección o¿cial. El referido O¿cio contempla 17 tipos de áreas protegidas de las más diversas índoles consagradas en distintos instrumentos normativos: Reserva Nacional; Parque Nacional; Reserva de Regiones Vírgenes; Monumento Natural; Santuario de la Naturaleza; Parques Marinos; Reservas Marinas; Reserva Forestal; Monumentos Históricos; Zonas Típicas o Pintorescas; Zonas o Centros de Interés Turístico Nacional; Zonas de Conservación Histórica; Áreas de Preservación Ecológica contenidas en los Instrumentos de Plani¿cación Territorial; Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas; Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta; Inmuebles Fiscales destinados por el Ministerio de Bienes Nacionales, para ¿nes de conservación ambiental, protección del patrimonio y/o plani¿cación, gestión y manejo sustentable de sus recursos, y Áreas Marino y Costero Protegidas.

Por consiguiente, para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y en la actualidad, para el Servicio de Evaluación Ambiental, éstas son las áreas que en el marco del SEIA tienen el carácter de protegidas, y por consiguiente, los proyectos o actividades situados en estas áreas y susceptibles de causar impacto ambiental deberán ingresar al SEIA.

En virtud del concepto indicado anteriormente, se ha entendido tradicionalmente que tres son los requisitos que debe contemplar una porción de territorio o área para ser considerada como protegida: i) creación mediante acto formal por autoridad con competencia para tal efecto; ii) ¿nalidad de protección ambiental, y iii) que el área comprenda un territorio geográ¿camente delimitado.

II. PROYECTOS ELÉCTRICOS EN ÁREAS PROTEGIDAS

IGNACIO DÍAZ SAHR

Como indicamos anteriormente, el actual sistema de áreas protegidas se estructura básicamente dentro del SEIA. La relación que existe entre proyectos de generación eléctrica, áreas protegidas y el SEIA puede analizarse desde dos puntos de vista. La primera dice relación con qué proyectos eléctricos deberán ingresar a este sistema para su evaluación ambiental cuando

128

Aprovechamos de hacer presente la inconveniencia de estructurar este literal bajo un criterio de capacidad. Lo anterior constituye claramente una barrera de entrada para algunos tipos de generación a pequeña escala que no producen impacto ambiental signi¿cativo.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

129

11

10

Artículo 10 letra c) LBGMA.

El primer punto está expresamente reconocido en la LBGMA, bajo la expresión “en los casos que la legislación respectiva lo permita”. Por consiguiente, al indicar el artículo 10 letra p) que la ejecución de programas o actividades en áreas protegidas ingresarán al SEIA en los casos que la legislación respectiva lo permita, signi¿ca que existen determinadas acti-

estén situados dentro de áreas protegidas, y la segunda, es si es posible conforme a la actual normativa, situar proyectos eléctricos en algunas de estas áreas.

El segundo aspecto que consiste en si es posible que un proyecto eléctrico se sitúe dentro de un área protegida determinada, dependerá de dos variables. La primera, si el instrumento jurídico que consagra cada área protegida permite o no la instalación de un proyecto determinado; y la segunda, el impacto ambiental que genera es compatible con la ¿nalidad de protección ambiental que subyace en cada área protegida.

En relación al primer aspecto, no obstante que la LBGMA destine un literal especí¿co para disponer el ingreso al SEIA de las centrales eléctricas superiores a 3 MW,10-11 en este caso todos los proyectos de generación eléctrica, sin importar su capacidad, deberán ser objeto de evaluación ambiental preventiva. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 letra p) de la LBGMA que establece que la ejecución de programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otras áreas colocadas bajo protección o¿cial, en los casos que la legislación respectiva lo permita, deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Por consiguiente, conforme a este literal, el desarrollo de proyectos de generación eléctrica dentro cualquier área colocada bajo protección o¿cial deberá necesariamente ingresar al SEIA, sin importar el tipo de central, su potencia o sus efectos adversos sobre el medio ambiente.

Por consiguiente, conforme a este literal, el desarrollo de proyectos de generación eléctrica dentro cualquier área colocada bajo protección o¿cial deberá necesariamente ingresar al SEIA, sin importar el tipo de central, su potencia o sus efectos adversos sobre el medio ambiente.

En relación al primer aspecto, no obstante que la LBGMA destine un literal especí¿co para disponer el ingreso al SEIA de las centrales eléctricas superiores a 3 MW,10-11 en este caso todos los proyectos de generación eléctrica, sin importar su capacidad, deberán ser objeto de evaluación ambiental preventiva. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 letra p) de la LBGMA que establece que la ejecución de programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otras áreas colocadas bajo protección o¿cial, en los casos que la legislación respectiva lo permita, deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El segundo aspecto que consiste en si es posible que un proyecto eléctrico se sitúe dentro de un área protegida determinada, dependerá de dos variables. La primera, si el instrumento jurídico que consagra cada área protegida permite o no la instalación de un proyecto determinado; y la segunda, el impacto ambiental que genera es compatible con la ¿nalidad de protección ambiental que subyace en cada área protegida. estén situados dentro de áreas protegidas, y la segunda, es si es posible conforme a la actual normativa, situar proyectos eléctricos en algunas de estas áreas. ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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El primer punto está expresamente reconocido en la LBGMA, bajo la expresión “en los casos que la legislación respectiva lo permita”. Por consiguiente, al indicar el artículo 10 letra p) que la ejecución de programas o actividades en áreas protegidas ingresarán al SEIA en los casos que la legislación respectiva lo permita, signi¿ca que existen determinadas acti10

Artículo 10 letra c) LBGMA.

11 Aprovechamos de hacer presente la inconveniencia de estructurar este literal bajo un criterio de capacidad. Lo anterior constituye claramente una barrera de entrada para algunos tipos de generación a pequeña escala que no producen impacto ambiental signi¿cativo.

2º letra b) LBGMA.

IGNACIO DÍAZ SAHR

IGNACIO DÍAZ SAHR

2º letra b) LBGMA.

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12 Artículo

vidades o proyectos que no están permitidos en algunas áreas colocadas bajo protección o¿cial.

El concepto que está detrás de esta categoría de protección es el de conservación del patrimonio ambiental, de¿nido por la LBGMA como “el uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración”.12

Es por lo anterior que es menester conocer si la normativa sectorial aplicable a cada área permite proyectos de generación eléctrica, caso en el cual, previo a su ejecución, deberán ingresar necesariamente al SEIA. Por áreas protegidas más importantes entenderemos en este trabajo aquellas que se den en mayor número, aquellas que en términos abstractos tiendan a una mayor protección ambiental o, ¿nalmente, aquellas respecto de las cuales sea necesario hacer presente algunas consideraciones, las que en resumen serán reservas nacionales, parques nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y zonas de interés turístico.

En el primero de ellos encontramos las reservas nacionales, que conforme al artículo I de la Convención de Washington son “las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia o¿cial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la Àora y la fauna toda protección que sea compatible con los ¿nes para los que son creadas estas reservas”.

1. Reservas nacionales

La Convención para la protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocida como “Convención de Washington”, señala cuatro áreas de protección: reserva nacional, parque nacional, reserva de regiones vírgenes y monumento natural. Cada una de estas áreas, tienen un tratamiento jurídico y supuestos de protección distintos.

La Convención para la protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocida como “Convención de Washington”, señala cuatro áreas de protección: reserva nacional, parque nacional, reserva de regiones vírgenes y monumento natural. Cada una de estas áreas, tienen un tratamiento jurídico y supuestos de protección distintos.

1. Reservas nacionales

En el primero de ellos encontramos las reservas nacionales, que conforme al artículo I de la Convención de Washington son “las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia o¿cial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la Àora y la fauna toda protección que sea compatible con los ¿nes para los que son creadas estas reservas”.

Es por lo anterior que es menester conocer si la normativa sectorial aplicable a cada área permite proyectos de generación eléctrica, caso en el cual, previo a su ejecución, deberán ingresar necesariamente al SEIA. Por áreas protegidas más importantes entenderemos en este trabajo aquellas que se den en mayor número, aquellas que en términos abstractos tiendan a una mayor protección ambiental o, ¿nalmente, aquellas respecto de las cuales sea necesario hacer presente algunas consideraciones, las que en resumen serán reservas nacionales, parques nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y zonas de interés turístico.

El concepto que está detrás de esta categoría de protección es el de conservación del patrimonio ambiental, de¿nido por la LBGMA como “el uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración”.12

vidades o proyectos que no están permitidos en algunas áreas colocadas bajo protección o¿cial.

12 Artículo

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ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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Por consiguiente, la posibilidad jurídica de desarrollar proyectos de generación eléctrica dentro de áreas no está descartada de antemano, precisamente porque son regiones establecidas para la utilización de las riquezas naturales, siempre bajo vigilancia o¿cial y procurando otorgar toda la protección a la Àora y fauna que sea compatible con los ¿nes establecidos. Sobre el particular, cabe agregar que en este sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, mediante Dictamen Nº 56.465, de 28 de noviembre de 2008 y la Comisión Regional del Medio Ambiente de la IV Región, ambas respecto de un proyecto hidroeléctrico ubicado en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses.13 En cuanto a los ¿nes de las reservas nacionales, es necesario remitirse en primer lugar al acto administrativo que las crea y posteriormente al plan de manejo para cada reserva nacional. La vigilancia o¿cial está reservada a la Corporación Nacional Forestal, en calidad de órgano administrador de las áreas protegidas, y la respectiva autorización ambiental, en conformidad con el artículo 8º de la LBGMA, se debe otorgar en el procedimiento del SEIA. 2. Parques nacionales En relación a la posibilidad jurídica de situar proyectos eléctricos dentro de parques nacionales, es necesario hacer presente que el tema es un poco más complejo y confuso de lo que parece y existen opiniones que se pronuncian tanto en favor como en contra con diversas argumentaciones. El artículo I de Convención de Washington señala en su numeral primero que se entenderá por parques nacionales “Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la Àora y fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia o¿cial”. Posteriormente, su artículo III indica que “…los límites de los parques nacionales no serán alterados 13 Véase el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Chacayes”,

que contenía parte de sus instalaciones en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses. Aprobado por Resolución Exenta Nº 162 de 2008, COREMA, VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Disponible en www.sea.gob.cl.

13 Véase el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Chacayes”, que contenía parte de sus instalaciones en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses. Aprobado por Resolución Exenta Nº 162 de 2008, COREMA, VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Disponible en www.sea.gob.cl.

El artículo I de Convención de Washington señala en su numeral primero que se entenderá por parques nacionales “Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la Àora y fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia o¿cial”. Posteriormente, su artículo III indica que “…los límites de los parques nacionales no serán alterados En relación a la posibilidad jurídica de situar proyectos eléctricos dentro de parques nacionales, es necesario hacer presente que el tema es un poco más complejo y confuso de lo que parece y existen opiniones que se pronuncian tanto en favor como en contra con diversas argumentaciones. 2. Parques nacionales En cuanto a los ¿nes de las reservas nacionales, es necesario remitirse en primer lugar al acto administrativo que las crea y posteriormente al plan de manejo para cada reserva nacional. La vigilancia o¿cial está reservada a la Corporación Nacional Forestal, en calidad de órgano administrador de las áreas protegidas, y la respectiva autorización ambiental, en conformidad con el artículo 8º de la LBGMA, se debe otorgar en el procedimiento del SEIA. Sobre el particular, cabe agregar que en este sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, mediante Dictamen Nº 56.465, de 28 de noviembre de 2008 y la Comisión Regional del Medio Ambiente de la IV Región, ambas respecto de un proyecto hidroeléctrico ubicado en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses.13 Por consiguiente, la posibilidad jurídica de desarrollar proyectos de generación eléctrica dentro de áreas no está descartada de antemano, precisamente porque son regiones establecidas para la utilización de las riquezas naturales, siempre bajo vigilancia o¿cial y procurando otorgar toda la protección a la Àora y fauna que sea compatible con los ¿nes establecidos. ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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IGNACIO DÍAZ SAHR

ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con ¿nes comerciales”. Dentro de la legislación propiamente nacional, podemos encontrar diversas alusiones a parques nacionales, entre éstos, el Decreto Ley Nº 1.939 de 1977, que establece normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en especial, los artículos 15 y 21. En esta última disposición se señala que los predios que hubieren sido comprendidos en la declaración de parque nacional no podrán ser destinados a otro objeto ni perderán esta calidad, sino en virtud de decreto del Ministerio de Bienes Nacionales previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o del Medio Ambiente, según corresponda. Ambos artículos fueron derogados por la Ley Nº 18.362 que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que como sabemos, se encuentra suspendida en su aplicación.14-15 Conforme a la de¿nición de parque nacional, el concepto que subyace en esta categoría es el de preservación del medio ambiente, de¿nido por la LBGMA “el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país”.16 14 La Ley Nº 18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado también define parque nacional, que aunque no puede invocarse como derecho positivo, sirve para comprender la finalidad para la cual es creada este tipo de área protegida. El artículo 5º indica: “Denomínase Parque Nacional un área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados signi¿cativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y en que las especies de Àora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, cientí¿co o recreativo. Los objetivos de esta categoría de manejo son la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y, en la medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación” (lo subrayado es nuestro). 15 Existe una categoría denominada “parques nacionales de turismo”, el cual se encuentra consagrado en el artículo 10 de la Ley de Bosques. Al respecto, no existe claridad ni consenso en cuanto a si es una categoría independiente o si deben ser considerados como parques nacionales creados alero de la Convención de Washington.

2º letra p) LBGMA. IGNACIO DÍAZ SAHR

16 Artículo

16 Artículo

Existe una categoría denominada “parques nacionales de turismo”, el cual se encuentra consagrado en el artículo 10 de la Ley de Bosques. Al respecto, no existe claridad ni consenso en cuanto a si es una categoría independiente o si deben ser considerados como parques nacionales creados alero de la Convención de Washington. 15

14 La Ley Nº 18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado también define parque nacional, que aunque no puede invocarse como derecho positivo, sirve para comprender la finalidad para la cual es creada este tipo de área protegida. El artículo 5º indica: “Denomínase Parque Nacional un área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados signi¿cativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y en que las especies de Àora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, cientí¿co o recreativo. Los objetivos de esta categoría de manejo son la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y, en la medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación” (lo subrayado es nuestro).

Conforme a la de¿nición de parque nacional, el concepto que subyace en esta categoría es el de preservación del medio ambiente, de¿nido por la LBGMA “el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país”.16 Dentro de la legislación propiamente nacional, podemos encontrar diversas alusiones a parques nacionales, entre éstos, el Decreto Ley Nº 1.939 de 1977, que establece normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en especial, los artículos 15 y 21. En esta última disposición se señala que los predios que hubieren sido comprendidos en la declaración de parque nacional no podrán ser destinados a otro objeto ni perderán esta calidad, sino en virtud de decreto del Ministerio de Bienes Nacionales previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o del Medio Ambiente, según corresponda. Ambos artículos fueron derogados por la Ley Nº 18.362 que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que como sabemos, se encuentra suspendida en su aplicación.14-15 ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con ¿nes comerciales”.

2º letra p) LBGMA.

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“Artículo 17.- Sin perjuicio de los permisos de que trata el artículo 15, para ejecutar labores mineras en los lugares que a continuación se señalan, se necesitará el permiso escrito de las autoridades que respectivamente se indican, otorgados en la forma que en cada caso se dispone: (…) 2º.- Del Intendente respectivo, para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales”. 18

En virtud de este argumento no serían todos los proyectos eléctricos incompatibles con esta categoría de área protegida. Por ejemplo, no sería ilegal el desarrollo y construcción de una central hidroeléctrica de pasada por parte de algunos organismos de la Administración del Estado y no sería ilegal el desarrollo de un proyecto eléctrico para uso particular.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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Tal como indicamos anteriormente, existen al menos dos posiciones respecto de la posibilidad de situar proyectos de generación eléctrica dentro de parques nacionales, con distintos argumentos, de las cuales podemos mencionar algunas.

17

iii) El Decreto Supremo Nº 32 de 2004, del Ministerio de Minería, Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 19.657 sobre concesiones de exploración y explotación de energía geotérmica, señala expresamente en el numeral 6 del artículo 18, que serán causales su¿cientes para denegar total o parcialmente la concesión solicitada, que la solicitud de energía geotérmica recaiga sobre terrenos declarados parques nacionales. ii) En Chile no existiría una norma de rango legal que permita expresamente el desarrollo de proyectos eléctricos en parques nacionales, y por consiguiente, que con¿gure una excepción a lo dispuesto por la Convención de Washington, como ocurre en el caso de la actividad minería en virtud del artículo 17 del Código de Minería.18 i) Lo anterior contravendría expresamente lo dispuesto por la Convención de Washington, en cuanto a que la explotación comercial de las riquezas es incompatible con el ¿n de preservación de los recursos al interior de parques nacionales. La explotación de las riquezas se produciría porque todo proyecto de generación eléctrica necesita de movimientos de tierra, construcción de caminos, despeje de terrenos, excavaciones, etc., y el sentido comercial de la explotación es porque estas actividades son realizadas con ¿nes de lucro.17 2.1. Argumentos para prohibir proyectos eléctricos en parques nacionales Tal como indicamos anteriormente, existen al menos dos posiciones respecto de la posibilidad de situar proyectos de generación eléctrica dentro de parques nacionales, con distintos argumentos, de las cuales podemos mencionar algunas. ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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2.1. Argumentos para prohibir proyectos eléctricos en parques nacionales i) Lo anterior contravendría expresamente lo dispuesto por la Convención de Washington, en cuanto a que la explotación comercial de las riquezas es incompatible con el ¿n de preservación de los recursos al interior de parques nacionales. La explotación de las riquezas se produciría porque todo proyecto de generación eléctrica necesita de movimientos de tierra, construcción de caminos, despeje de terrenos, excavaciones, etc., y el sentido comercial de la explotación es porque estas actividades son realizadas con ¿nes de lucro.17 ii) En Chile no existiría una norma de rango legal que permita expresamente el desarrollo de proyectos eléctricos en parques nacionales, y por consiguiente, que con¿gure una excepción a lo dispuesto por la Convención de Washington, como ocurre en el caso de la actividad minería en virtud del artículo 17 del Código de Minería.18 iii) El Decreto Supremo Nº 32 de 2004, del Ministerio de Minería, Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 19.657 sobre concesiones de exploración y explotación de energía geotérmica, señala expresamente en el numeral 6 del artículo 18, que serán causales su¿cientes para denegar total o parcialmente la concesión solicitada, que la solicitud de energía geotérmica recaiga sobre terrenos declarados parques nacionales. 17 En virtud de este argumento no serían todos los proyectos eléctricos incompatibles con esta categoría de área protegida. Por ejemplo, no sería ilegal el desarrollo y construcción de una central hidroeléctrica de pasada por parte de algunos organismos de la Administración del Estado y no sería ilegal el desarrollo de un proyecto eléctrico para uso particular. 18 “Artículo 17.- Sin perjuicio de los permisos de que trata el artículo 15, para ejecutar labores mineras en los lugares que a continuación se señalan, se necesitará el permiso escrito de las autoridades que respectivamente se indican, otorgados en la forma que en cada caso se dispone: (…) 2º.- Del Intendente respectivo, para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales”.

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IGNACIO DÍAZ SAHR

iv) El Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 56.465 de 2008, hace plenamente aplicable la prohibición establecida en la Convención de Washington, ya que al hacer un análisis positivo acerca de la legalidad de un proyecto hidroeléctrico ubicado dentro de una reserva nacional, indicó lo contrario respecto de los parques nacionales, a través de la expresión “mientras que tratándose de parques nacionales, se prohíbe expresamente la explotación comercial de dichas riquezas”.19

20 Una crítica que podemos formular a esta sentencia es que al indicar que los proyectos en áreas protegidas deben ser objeto de una rigurosa evaluación ambiental, equivaldría a decir que en Chile existirían evaluaciones rigurosas y evaluaciones no rigurosas, en circunstancias que conforme a la LBGMA, la evaluación ambiental es una sola (art. 2º letra j). Además, omite el análisis del artículo 10 letra p) de la LBGMA al no considerar la expresión “en los casos que la legislación respectiva lo permita”. En este último punto véase DE LA PIEDRA (2010), p. 366.

“En efecto, conforme a las respectivas normativas, y en lo que concierne a las reservas nacionales, en ellas se permite la utilización, bajo vigilancia oficial, de sus riquezas naturales, pudiendo, por lo tanto, llevarse a cabo emprendimientos económicos siempre que se otorgue a la flora y fauna allí existente una protección que resulte compatible con los fines para los que han sido creadas; mientras que tratándose de parques nacionales, se prohíbe expresamente la explotación comercial de dichas riquezas”. 19

2.2. Argumentos para permitir proyectos eléctricos en parques nacionales i) Resoluciones de Cali¿cación Ambiental y sentencias que han permitido el desarrollo de proyectos de generación eléctrica dentro de los límites de parques nacionales. Entre estos encontramos la Resolución Exenta Nº 380 de 2008 y Nº 390 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la X Región de los Lagos, que aprobó el Proyecto “Minicentrales hidroeléctricas de pasada Palmar-Correntoso”, ubicadas en el Parque Nacional Puyehue y la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de fecha 08 de enero de 2009, que se pronuncia acerca de un recurso de protección deducido en contra del mismo proyecto, en el cual señaló respecto de parques nacionales y otras áreas protegidas: “lo exigido, conforme al marco jurídico que rige a esas unidades o áreas, es que la cali¿cación favorable de tales proyectos sea precedida de una rigurosa evaluación de parte de la autoridad ambiental, a ¿n que sólo pueda ejecutarse bajo ciertas condiciones y exigencias en defensa del uso racional de los recursos naturales existentes”.20 19 “En efecto, conforme a las respectivas normativas, y en lo que concierne a las reservas nacionales, en ellas se permite la utilización, bajo vigilancia oficial, de sus riquezas naturales, pudiendo, por lo tanto, llevarse a cabo emprendimientos económicos siempre que se otorgue a la flora y fauna allí existente una protección que resulte compatible con los fines para los que han sido creadas; mientras que tratándose de parques nacionales, se prohíbe expresamente la explotación comercial de dichas riquezas”.

IGNACIO DÍAZ SAHR

20 Una crítica que podemos formular a esta sentencia es que al indicar que los proyectos en áreas protegidas deben ser objeto de una rigurosa evaluación ambiental, equivaldría a decir que en Chile existirían evaluaciones rigurosas y evaluaciones no rigurosas, en circunstancias que conforme a la LBGMA, la evaluación ambiental es una sola (art. 2º letra j). Además, omite el análisis del artículo 10 letra p) de la LBGMA al no considerar la expresión “en los casos que la legislación respectiva lo permita”. En este último punto véase DE LA PIEDRA (2010), p. 366.

i) Resoluciones de Cali¿cación Ambiental y sentencias que han permitido el desarrollo de proyectos de generación eléctrica dentro de los límites de parques nacionales. Entre estos encontramos la Resolución Exenta Nº 380 de 2008 y Nº 390 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la X Región de los Lagos, que aprobó el Proyecto “Minicentrales hidroeléctricas de pasada Palmar-Correntoso”, ubicadas en el Parque Nacional Puyehue y la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de fecha 08 de enero de 2009, que se pronuncia acerca de un recurso de protección deducido en contra del mismo proyecto, en el cual señaló respecto de parques nacionales y otras áreas protegidas: “lo exigido, conforme al marco jurídico que rige a esas unidades o áreas, es que la cali¿cación favorable de tales proyectos sea precedida de una rigurosa evaluación de parte de la autoridad ambiental, a ¿n que sólo pueda ejecutarse bajo ciertas condiciones y exigencias en defensa del uso racional de los recursos naturales existentes”.20 2.2. Argumentos para permitir proyectos eléctricos en parques nacionales iv) El Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 56.465 de 2008, hace plenamente aplicable la prohibición establecida en la Convención de Washington, ya que al hacer un análisis positivo acerca de la legalidad de un proyecto hidroeléctrico ubicado dentro de una reserva nacional, indicó lo contrario respecto de los parques nacionales, a través de la expresión “mientras que tratándose de parques nacionales, se prohíbe expresamente la explotación comercial de dichas riquezas”.19 134

Cristhian de la Piedra, comentando este fallo, indica que la falta de ejecutabilidad de la Convención de Washington es al menos errónea en cuanto a parques nacionales, puesto que la prohibición de explotación comercial de recursos naturales se trata de una prohibición que no requiere ningún desarrollo normativo posterior, indicando además que el mismo fallo en otras oportunidades parece reconocer esto, al menos en cuanto a esta categoría de área (DE LA PIEDRA, ob. cit., p. 363). Además, es necesario hacer presente que no existe uniformidad jurisprudencial en esta materia, puesto que ha habido fallos que han aplicado como legislación vigente la Convención de Washington. Es el caso, por ejemplo, de la Sentencia de la Corte Suprema de fecha 12 de diciembre de 1985, respecto de extracción de agua de lago en el Parque Nacional Lauca. 22 21

Cf. FERNÁNDEZ (2009), pp. 69 y ss.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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ii) Las disposiciones de la Convención de Washington no serían autoejecutables.21 Al respecto, la sentencia dictada por la Corte Suprema de fecha 27 de mayo de 2008, resolviendo un recurso de protección respecto de una prospección minera en la Reserva Nacional Las Vicuñas, indicó en el considerando decimocuarto que los Convenios sobre Diversidad Biológica, Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente Hábitat de las Aves Acuáticas, y la Convención de Washington establecen obligaciones de derecho internacional para el estado nacional y, por ende, no son autoejecutables, pues requieren de desarrollo legislativo interno.22

3. Monumentos naturales

3. Monumentos naturales

iii) Términos poco precisos en relación a qué se entiende por riquezas o por explotación de éstas dentro de un parque nacional, lo que conllevaría a que necesariamente debiera examinarse en el SEIA si la intervención de un proyecto eléctrico equivaldría a explotación de las riquezas de cada parque nacional, en relación a criterios de magnitud, intervención en zonas núcleo, zonas buffer, etc.

En cuanto a los monumentos naturales, el artículo I de la Convención de Washington indica que son “las regiones, los objetos o las especies vivas de los animales o plantas de interés estético o valor histórico o cientí¿co, a los cuales se les da protección absoluta. Éstos se crean con el ¿n de conservar un objeto especí¿co o una especie determinada de Àora o fauna, declarando una región, un objeto o una especie aislada monumento natural inviolable, excepto para realizar investigaciones cientí¿cas debidamente autorizadas o inspecciones gubernamentales”. iii) Términos poco precisos en relación a qué se entiende por riquezas o por explotación de éstas dentro de un parque nacional, lo que conllevaría a que necesariamente debiera examinarse en el SEIA si la intervención de un proyecto eléctrico equivaldría a explotación de las riquezas de cada parque nacional, en relación a criterios de magnitud, intervención en zonas núcleo, zonas buffer, etc. ii) Las disposiciones de la Convención de Washington no serían autoejecutables.21 Al respecto, la sentencia dictada por la Corte Suprema de fecha 27 de mayo de 2008, resolviendo un recurso de protección respecto de una prospección minera en la Reserva Nacional Las Vicuñas, indicó en el considerando decimocuarto que los Convenios sobre Diversidad Biológica, Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente Hábitat de las Aves Acuáticas, y la Convención de Washington establecen obligaciones de derecho internacional para el estado nacional y, por ende, no son autoejecutables, pues requieren de desarrollo legislativo interno.22 ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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En cuanto a los monumentos naturales, el artículo I de la Convención de Washington indica que son “las regiones, los objetos o las especies vivas de los animales o plantas de interés estético o valor histórico o cientí¿co, a los cuales se les da protección absoluta. Éstos se crean con el ¿n de conservar un objeto especí¿co o una especie determinada de Àora o fauna, declarando una región, un objeto o una especie aislada monumento natural inviolable, excepto para realizar investigaciones cientí¿cas debidamente autorizadas o inspecciones gubernamentales”. 21

Cf. FERNÁNDEZ (2009), pp. 69 y ss.

22 Cristhian de la Piedra, comentando este fallo, indica que la falta de ejecutabilidad de la Convención de Washington es al menos errónea en cuanto a parques nacionales, puesto que la prohibición de explotación comercial de recursos naturales se trata de una prohibición que no requiere ningún desarrollo normativo posterior, indicando además que el mismo fallo en otras oportunidades parece reconocer esto, al menos en cuanto a esta categoría de área (DE LA PIEDRA, ob. cit., p. 363). Además, es necesario hacer presente que no existe uniformidad jurisprudencial en esta materia, puesto que ha habido fallos que han aplicado como legislación vigente la Convención de Washington. Es el caso, por ejemplo, de la Sentencia de la Corte Suprema de fecha 12 de diciembre de 1985, respecto de extracción de agua de lago en el Parque Nacional Lauca.

Por consiguiente, no sería jurídicamente posible realizar proyectos de generación eléctrica dentro de regiones declaradas monumentos naturales, por no ser compatible con el estatuto protector de dichas áreas colocadas bajo protección o¿cial y, además, por no encontrarse estas actividades dentro de los supuestos de excepción.

23 Pese a que no se alude a un Servicio en específico, resulta claro que dicha remisión fue efectuada al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y no al Servicio de Evaluación Ambiental, órgano encargado de la administración del SEIA. Conforme a lo anterior, no se sabe con certeza a quién le correspondería autorizar las actividades dentro de esta área protegida en la actualidad, al encontrarse plenamente vigente la modificación a pesar de que aún no existe el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Previo a la modificación de la Ley Nº 20.417, el órgano encargado de autorizar los trabajos o actividades era el Consejo de Monumentos Nacionales.

IGNACIO DÍAZ SAHR

24 Autorización contemplada como permiso ambiental sectorial dentro del SEIA de conformidad a lo dispuesto por el artículo 78 del RSEIA.

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4. Santuarios de la naturaleza

Entre algunos proyectos eléctricos aprobados por la autoridad ambiental dentro de esta categoría de área encontramos el proyecto “Parque Eólico

Los santuarios de la naturaleza están consagrados en el artículo 31 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. La referida disposición indica que son “todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado”.

Por consiguiente, para poder instalar proyectos de generación eléctrica dentro de santuarios de la naturaleza, se deberá previa autorización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, quien deberá evaluar sus impactos ambientales y asegurar que las medidas de mitigación y compensación sean apropiadas. El inciso tercero del artículo 31 dispone que no se podrá sin la autorización previa del Servicio,23 iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera alterar su estado natural.24

El inciso tercero del artículo 31 dispone que no se podrá sin la autorización previa del Servicio,23 iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera alterar su estado natural.24 Por consiguiente, para poder instalar proyectos de generación eléctrica dentro de santuarios de la naturaleza, se deberá previa autorización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, quien deberá evaluar sus impactos ambientales y asegurar que las medidas de mitigación y compensación sean apropiadas.

Los santuarios de la naturaleza están consagrados en el artículo 31 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. La referida disposición indica que son “todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado”.

Entre algunos proyectos eléctricos aprobados por la autoridad ambiental dentro de esta categoría de área encontramos el proyecto “Parque Eólico

4. Santuarios de la naturaleza

midad a lo dispuesto por el artículo 78 del RSEIA.

IGNACIO DÍAZ SAHR

24 Autorización contemplada como permiso ambiental sectorial dentro del SEIA de confor-

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tuada al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y no al Servicio de Evaluación Ambiental, órgano encargado de la administración del SEIA. Conforme a lo anterior, no se sabe con certeza a quién le correspondería autorizar las actividades dentro de esta área protegida en la actualidad, al encontrarse plenamente vigente la modificación a pesar de que aún no existe el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Previo a la modificación de la Ley Nº 20.417, el órgano encargado de autorizar los trabajos o actividades era el Consejo de Monumentos Nacionales.

Por consiguiente, no sería jurídicamente posible realizar proyectos de generación eléctrica dentro de regiones declaradas monumentos naturales, por no ser compatible con el estatuto protector de dichas áreas colocadas bajo protección o¿cial y, además, por no encontrarse estas actividades dentro de los supuestos de excepción.

23 Pese a que no se alude a un Servicio en específico, resulta claro que dicha remisión fue efec-

26

Salvo en pocos casos, estos planes de ordenamiento turístico nunca se dictaron.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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En todo caso, la discusión en este proyecto en cuanto a su legalidad estuvo relacionado con el Plan Regulador Metropolitano de Concepción. 25

No obstante que las zonas y centros de interés turístico nacional hayan sido incluidas dentro del listado de áreas protegidas de CONAMA, era cuestionable su verdadera calidad de áreas colocadas bajo protección o¿cial, puesto que su creación no coincidía estrictamente con una ¿nalidad de protección ambiental (asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental), ya que buscaba principalmente proteger el potencial turístico de una zona (condiciones Entre algunos proyectos eléctricos aprobados por la autoridad ambiental conforme a la otrora normativa y que hayan estado emplazados en zonas o centros de interés turístico nacional, se encuentra el proyecto “Central Hidroeléctrica San Pedro”, aprobado por Resolución Exenta Nº 118 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la XIV Región de los Ríos. La antigua normativa que regía a las zonas y centros de interés turístico nacional se encontraba en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 1.224, de 1975, que indicaba que las áreas del territorio que tengan condiciones especiales para la atracción del turismo, podrían ser declaradas zonas o centros de interés turístico nacional. El principal efecto de la declaración de un área como zona o centro de interés turístico nacional consistía en que los proyectos a realizarse en dicha área debían ajustarse al Plan de Ordenamiento Territorial que elaboraba el Servicio Nacional de Turismo.26 La inclusión de las zonas de interés turístico en el presente trabajo se justi¿ca en la reciente modi¿cación efectuada por la Ley Nº 20.423 al Decreto Ley Nº 1.224 de 1975. 5. Zonas de interés turístico Chome”,25 ubicado en el Santuario de la Naturaleza de Hualpén, aprobado por Resolución Exenta Nº 83 de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la VIII Región. ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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Chome”,25 ubicado en el Santuario de la Naturaleza de Hualpén, aprobado por Resolución Exenta Nº 83 de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la VIII Región. 5. Zonas de interés turístico La inclusión de las zonas de interés turístico en el presente trabajo se justi¿ca en la reciente modi¿cación efectuada por la Ley Nº 20.423 al Decreto Ley Nº 1.224 de 1975. La antigua normativa que regía a las zonas y centros de interés turístico nacional se encontraba en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 1.224, de 1975, que indicaba que las áreas del territorio que tengan condiciones especiales para la atracción del turismo, podrían ser declaradas zonas o centros de interés turístico nacional. El principal efecto de la declaración de un área como zona o centro de interés turístico nacional consistía en que los proyectos a realizarse en dicha área debían ajustarse al Plan de Ordenamiento Territorial que elaboraba el Servicio Nacional de Turismo.26 Entre algunos proyectos eléctricos aprobados por la autoridad ambiental conforme a la otrora normativa y que hayan estado emplazados en zonas o centros de interés turístico nacional, se encuentra el proyecto “Central Hidroeléctrica San Pedro”, aprobado por Resolución Exenta Nº 118 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la XIV Región de los Ríos. No obstante que las zonas y centros de interés turístico nacional hayan sido incluidas dentro del listado de áreas protegidas de CONAMA, era cuestionable su verdadera calidad de áreas colocadas bajo protección o¿cial, puesto que su creación no coincidía estrictamente con una ¿nalidad de protección ambiental (asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental), ya que buscaba principalmente proteger el potencial turístico de una zona (condiciones 25 En todo caso, la discusión en este proyecto en cuanto a su legalidad estuvo relacionado con el Plan Regulador Metropolitano de Concepción. 26

Salvo en pocos casos, estos planes de ordenamiento turístico nunca se dictaron.

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IGNACIO DÍAZ SAHR

Por consiguiente, no es necesario que el informe del Servicio Nacional de Turismo sea favorable. 28

ZOIT las comunas de Pucón y Villarrica y la Resolución Exenta Nº 465 de 2001, que declara ZOIT al río Futaleufú y sus alrededores, todas del Servicio Nacional de Turismo.

La declaración de un territorio como zona de interés turístico, deriva en que la formulación o modi¿cación de un instrumento de plani¿cación territorial en aquella área requerirá informe del Servicio Nacional de Turismo; el cambio de uso de suelo en dichas zonas requerirá informe previo del Servicio Nacional de Turismo,28 y que las zonas de interés turístico tendrán carácter prioritario para la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como asimismo para la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios.

“Los territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del sector privado, podrán ser declarados Zonas de Interés Turístico”.

Estimamos sería perfectamente posible situar proyectos de generación eléctrica en estas nuevas zonas de interés turístico, sobre todo, en atención a que la nueva normativa elimina el plan de ordenamiento que debía proceder a la declaratoria de una zona o centro de interés turístico nacional. Lo anterior refuerza aún más la teoría de que este tipo de categoría no sería en

especiales para la atracción del turismo).27 Además, puesto que al haberse considerado como área colocada bajo protección o¿cial, derivaba en que ellas se encontraban doblemente reguladas en el SEIA como circunstancia que debía ser evaluada para el ingreso de un proyecto el SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental, tanto como área protegida (art. 9º letra c RSEIA) como por la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en un área declarada zona o centro de interés turístico (art. 10 letra d RSEIA). En relación a las nuevas zonas de interés turístico, éstas se encuentran en el artículo 13 de la Ley Nº 20.423, que crea un Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo. Esta disposición indica que

La declaración de un territorio como zona de interés turístico, deriva en que la formulación o modi¿cación de un instrumento de plani¿cación territorial en aquella área requerirá informe del Servicio Nacional de Turismo; el cambio de uso de suelo en dichas zonas requerirá informe previo del Servicio Nacional de Turismo,28 y que las zonas de interés turístico tendrán carácter prioritario para la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como asimismo para la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios. Estimamos sería perfectamente posible situar proyectos de generación eléctrica en estas nuevas zonas de interés turístico, sobre todo, en atención a que la nueva normativa elimina el plan de ordenamiento que debía proceder a la declaratoria de una zona o centro de interés turístico nacional. Lo anterior refuerza aún más la teoría de que este tipo de categoría no sería en 27 Así queda claro al analizar, por ejemplo, la Resolución Exenta Nº 547 de 2003, que declara ZOIT las comunas de Pucón y Villarrica y la Resolución Exenta Nº 465 de 2001, que declara ZOIT al río Futaleufú y sus alrededores, todas del Servicio Nacional de Turismo.

IGNACIO DÍAZ SAHR

28 Por consiguiente, no es necesario que el informe del Servicio Nacional de Turismo sea favorable.

27 Así queda claro al analizar, por ejemplo, la Resolución Exenta Nº 547 de 2003, que declara

“Los territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del sector privado, podrán ser declarados Zonas de Interés Turístico”.

En relación a las nuevas zonas de interés turístico, éstas se encuentran en el artículo 13 de la Ley Nº 20.423, que crea un Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo. Esta disposición indica que especiales para la atracción del turismo).27 Además, puesto que al haberse considerado como área colocada bajo protección o¿cial, derivaba en que ellas se encontraban doblemente reguladas en el SEIA como circunstancia que debía ser evaluada para el ingreso de un proyecto el SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental, tanto como área protegida (art. 9º letra c RSEIA) como por la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en un área declarada zona o centro de interés turístico (art. 10 letra d RSEIA). 138

Hacemos presente que la Ley Nº 20.423 no resuelve expresamente el estatuto aplicable a las antiguas zonas y centros de interés turístico nacional.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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3. De lo indicado en los capítulos anteriores, en lo que sí existe consenso es en la urgente actualizar el listado de áreas protegidas, incluyéndose sólo aquellas que realmente sean más importantes, creando para esto un verdadero sistema nacional de áreas protegidas, en el cual se indique claramente qué tipos de actividades estarán permitidas, siendo sólo aquellas últimas las que deberán ser objeto de evaluación ambiental. 2. En cuanto a la posibilidad jurídica de situar proyectos de generación eléctrica dentro de áreas protegidas, se concluyó positivamente respecto de reservas nacionales, santuarios de la naturaleza y zonas de interés turístico. Por el contrario, en virtud de las disposiciones de la Convención de Washington, se concluyó que no sería jurídicamente posible situar proyectos de generación eléctrica dentro de monumentos naturales, no existiendo consenso en la actualidad si en parques nacionales se permitiría el desarrollo de estos proyectos. 1. El sistema actual de áreas protegidas se estructura, por defecto, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es en dicho procedimiento donde se determina y decide si un proyecto que debe ser objeto de evaluación ambiental se puede situar en alguna categoría de área colocada bajo protección o¿cial. III. CONCLUSIONES Lo anterior es solo un ejemplo de algunas categorías que han sido reconocidas tradicionalmente como áreas protegidas, siendo discutible su incorporación como tales, como ocurre además en el caso de los inmuebles ¿scales destinados por el Ministerio de Bienes Nacionales para ¿nes de conservación ambiental, protección del patrimonio y/o plani¿cación, gestión y manejo sustentable de sus recursos. realidad un área protegida o colocada bajo protección o¿cial, al indicar el artículo 13 de la Ley Nº 20.423 que son aquellas zonas que tengan condiciones especiales para la atracción turística, ya que busca especí¿camente proteger la actividad económica turismo.29 ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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realidad un área protegida o colocada bajo protección o¿cial, al indicar el artículo 13 de la Ley Nº 20.423 que son aquellas zonas que tengan condiciones especiales para la atracción turística, ya que busca especí¿camente proteger la actividad económica turismo.29 Lo anterior es solo un ejemplo de algunas categorías que han sido reconocidas tradicionalmente como áreas protegidas, siendo discutible su incorporación como tales, como ocurre además en el caso de los inmuebles ¿scales destinados por el Ministerio de Bienes Nacionales para ¿nes de conservación ambiental, protección del patrimonio y/o plani¿cación, gestión y manejo sustentable de sus recursos. III. CONCLUSIONES 1. El sistema actual de áreas protegidas se estructura, por defecto, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es en dicho procedimiento donde se determina y decide si un proyecto que debe ser objeto de evaluación ambiental se puede situar en alguna categoría de área colocada bajo protección o¿cial. 2. En cuanto a la posibilidad jurídica de situar proyectos de generación eléctrica dentro de áreas protegidas, se concluyó positivamente respecto de reservas nacionales, santuarios de la naturaleza y zonas de interés turístico. Por el contrario, en virtud de las disposiciones de la Convención de Washington, se concluyó que no sería jurídicamente posible situar proyectos de generación eléctrica dentro de monumentos naturales, no existiendo consenso en la actualidad si en parques nacionales se permitiría el desarrollo de estos proyectos. 3. De lo indicado en los capítulos anteriores, en lo que sí existe consenso es en la urgente actualizar el listado de áreas protegidas, incluyéndose sólo aquellas que realmente sean más importantes, creando para esto un verdadero sistema nacional de áreas protegidas, en el cual se indique claramente qué tipos de actividades estarán permitidas, siendo sólo aquellas últimas las que deberán ser objeto de evaluación ambiental. 29 Hacemos presente que la Ley Nº 20.423 no resuelve expresamente el estatuto aplicable a las antiguas zonas y centros de interés turístico nacional.

IGNACIO DÍAZ SAHR

BIBLIOGRAFÍA CITADA CAMPUSANO DROGUETT, Raúl (2008): Áreas protegidas y minería, en Desarrollo sustentable: Gobernanza y Derecho, actas de las Cuartas Jornadas de Derecho Ambiental (Santiago, LegalPublishing), pp. 185-206. CORREA M., Eduardo (2008): Ejecución de proyectos en áreas protegidas: ¿Cuánta protección y cuánto desarrollo?, en Desarrollo sustentable: Gobernanza y Derecho, actas de las Cuartas Jornadas de Derecho Ambiental (Santiago, LegalPublishing), pp. 207-225. CORREA M., Eduardo (2010): Diseño y creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: desafíos y oportunidades, en Derecho Ambiental en tiempos de reformas, actas de las V Jornadas de Derecho Ambiental (Santiago, LegalPublishing), pp. 329-352. DE LA PIEDRA R., Cristhian (2010): Violación del Estado de Chile de su obligación de preservar los parques nacionales, en Derecho Ambiental en tiempos de reformas, actas de las V Jornadas de Derecho Ambiental (Santiago, LegalPublishing), pp. 53-377. DÍAZ SAHR, Ignacio (2010): Régimen jurídico ambiental de proyectos hidroeléctricos (Santiago, Librotecnia), 186 pp. FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, Natalia (2009): Actividades mineras en parques nacionales, Memoria de Magíster en Derecho Ambiental U. de Chile (Santiago). OCDE-CEPAL: Evaluaciones del desempeño ambiental-Chile (2005). NORMAS CITADAS Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 531, de 1967. Decreto Ley Nº 1.224, de 1975, artículo 11.

PIEDRA R., Cristhian (2010): Violación del Estado de Chile de su obligación de preservar los parques nacionales, en Derecho Ambiental en tiempos de reformas, actas de las V Jornadas de Derecho Ambiental (Santiago, LegalPublishing), pp. 53-377. LA

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4. Es de esperarse que el proyecto de ley que cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas cumpla cada uno de los requerimientos y articule un verdadero sistema integrado de áreas protegidas. De lo contrario, seguiremos sin saber exactamente qué podemos hacer en ellas.

Decreto Ley Nº 1.224, de 1975, artículo 11. Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 531, de 1967. NORMAS CITADAS OCDE-CEPAL: Evaluaciones del desempeño ambiental-Chile (2005). FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, Natalia (2009): Actividades mineras en parques nacionales, Memoria de Magíster en Derecho Ambiental U. de Chile (Santiago). DÍAZ SAHR, Ignacio (2010): Régimen jurídico ambiental de proyectos hidroeléctricos (Santiago, Librotecnia), 186 pp. DE

CORREA M., Eduardo (2010): Diseño y creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: desafíos y oportunidades, en Derecho Ambiental en tiempos de reformas, actas de las V Jornadas de Derecho Ambiental (Santiago, LegalPublishing), pp. 329-352. CORREA M., Eduardo (2008): Ejecución de proyectos en áreas protegidas: ¿Cuánta protección y cuánto desarrollo?, en Desarrollo sustentable: Gobernanza y Derecho, actas de las Cuartas Jornadas de Derecho Ambiental (Santiago, LegalPublishing), pp. 207-225. CAMPUSANO DROGUETT, Raúl (2008): Áreas protegidas y minería, en Desarrollo sustentable: Gobernanza y Derecho, actas de las Cuartas Jornadas de Derecho Ambiental (Santiago, LegalPublishing), pp. 185-206. BIBLIOGRAFÍA CITADA 4. Es de esperarse que el proyecto de ley que cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas cumpla cada uno de los requerimientos y articule un verdadero sistema integrado de áreas protegidas. De lo contrario, seguiremos sin saber exactamente qué podemos hacer en ellas. 140

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ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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Decreto Supremo Nº 75, de 2001, del MINSEGPRES. O¿cio Nº 43.710 de 2004, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Resolución Exenta Nº 83 de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la VIII Región. Resolución Exenta Nº 118 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la XIV Región de los Ríos. Ley Nº 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ley Nº 20.423, que crea un Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, artículo 13. JURISPRUDENCIA CITADA Dictamen de Contraloría General de la República. Rol Nº 56.465-2008. Rol Nº 56.465-2008. Dictamen de Contraloría General de la República. JURISPRUDENCIA CITADA Ley Nº 20.423, que crea un Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, artículo 13. Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ley Nº 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Resolución Exenta Nº 118 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la XIV Región de los Ríos. Resolución Exenta Nº 83 de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la VIII Región. O¿cio Nº 43.710 de 2004, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Decreto Supremo Nº 75, de 2001, del MINSEGPRES. ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

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CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MARÍA DE LA LUZ DOMPER RODRÍGUEZ* GONZALO BLÜMEL MAC-IVER - RICARDO ESPINOZA GONZÁLEZ

I. INTRODUCCIÓN ¿Afecta el precio de la energía la actividad económica real? Este trabajo investiga la relación entre el crecimiento económico, los precios de la energía y la innovación tecnológica en Chile. Para esto examinamos la interacción dinámica entre estas variables, usando una versión modi¿cada de una función de producción neoclásica. El objetivo de este trabajo es evaluar los posibles efectos de corto y largo plazo de las variaciones de los precios de la energía en el producto, extendiendo trabajos previos al considerar las series, tanto en niveles como en diferencias, mediante estimaciones que siguen el método de cointegración y modelos de corrección de error (MCE). Además, se incorpora el efecto de la innovación tecnológica por medio de series de patentes de invención registradas en los últimos años. Esta metodología permite evaluar el impacto de la implementación de determinadas políticas energéticas en el proceso de industrialización y desarrollo económico, algo que es de sumo interés para países con niveles de ingreso bajo y medio, como el caso de Chile y * Asesora Jefe del Ministerio de Obras Públicas. Ministro Suplente del TDLC y Profesora del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex investigadora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo. Trabajo preparado en conjunto con Gonzalo Blümel (Jefe División de Estudios, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ex investigador del Programa de Medio Ambiente de Libertad y Desarrollo) y Ricardo A. Espinoza (Profesor Asistente, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes). Trabajo presentado en las IX Jornadas de Derecho Eléctrico (2009) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

* Asesora Jefe del Ministerio de Obras Públicas. Ministro Suplente del TDLC y Profesora del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex investigadora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo. Trabajo preparado en conjunto con Gonzalo Blümel (Jefe División de Estudios, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ex investigador del Programa de Medio Ambiente de Libertad y Desarrollo) y Ricardo A. Espinoza (Profesor Asistente, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes). Trabajo presentado en las IX Jornadas de Derecho Eléctrico (2009) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El objetivo de este trabajo es evaluar los posibles efectos de corto y largo plazo de las variaciones de los precios de la energía en el producto, extendiendo trabajos previos al considerar las series, tanto en niveles como en diferencias, mediante estimaciones que siguen el método de cointegración y modelos de corrección de error (MCE). Además, se incorpora el efecto de la innovación tecnológica por medio de series de patentes de invención registradas en los últimos años. Esta metodología permite evaluar el impacto de la implementación de determinadas políticas energéticas en el proceso de industrialización y desarrollo económico, algo que es de sumo interés para países con niveles de ingreso bajo y medio, como el caso de Chile y ¿Afecta el precio de la energía la actividad económica real? Este trabajo investiga la relación entre el crecimiento económico, los precios de la energía y la innovación tecnológica en Chile. Para esto examinamos la interacción dinámica entre estas variables, usando una versión modi¿cada de una función de producción neoclásica. I. INTRODUCCIÓN MARÍA DE LA LUZ DOMPER RODRÍGUEZ* GONZALO BLÜMEL MAC-IVER - RICARDO ESPINOZA GONZÁLEZ PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CRECIMIENTO ECONÓMICO,

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MARÍA DE LA LUZ DOMPER R. - GONZALO BLÜMEL M-I - RICARDO ESPINOZA G.

Comisión Nacional de Energía, “Encuestas Balance de Energía a Empresas del Sector”, 2008. 2

Estadísticas del FMI corregidas por paridad del poder de compra.

otros países latinoamericanos. Además, permite observar los efectos que la innovación y el cambio tecnológico tienen sobre la tasa de crecimiento de la economía. Este estudio se organiza de la siguiente manera. La sección II describe brevemente las principales características del sector energético chileno. La sección III revisa la literatura teórica y empírica en energía, innovación y crecimiento económico. En la sección IV se presenta el modelo y las series de datos considerados. Los resultados de las estimaciones son presentados en la sección V. Finalmente, en la sección VI se presentan las conclusiones. II. EL CONTEXTO ENERGÉTICO CHILENO 2.1. Aspectos generales Desde el año 1986, la economía creció a una tasa promedio del 5,7%, alcanzando un PIB por habitante de US$ 14.510 en el año 20081. Paralelo a este hecho, la demanda energética ha aumentado notoriamente. Desde 1990 hasta el 2007, por ejemplo, el consumo de energía secundario ha crecido a una tasa promedio anual cercana al 5%, en tanto el consumo de electricidad ha crecido a una tasa promedio de 7,6%. Sin embargo, una de las características esenciales de Chile es su alta dependencia energética de los mercados internacionales. En promedio, un 70% del consumo primario proviene de importaciones de energía y prácticamente el 100% del consumo de derivados del petróleo es importado2. Esto hace que las Àuctuaciones de los precios de la energía dependan básicamente de la coyuntura económica mundial. De acuerdo a los Balances Anuales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) del año 2008, el consumo ¿nal de energía se descompone en derivados del petróleo (55%), electricidad (19%), leña (18%), gas natural (4%) y otras fuentes (1,7%). Al descomponer el consumo por sector se observa que está determinado por cuatro grandes actores: transporte, industrial y

Estadísticas del FMI corregidas por paridad del poder de compra.

2 Comisión Nacional de Energía, “Encuestas Balance de Energía a Empresas del Sector”, 2008.

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De acuerdo a los Balances Anuales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) del año 2008, el consumo ¿nal de energía se descompone en derivados del petróleo (55%), electricidad (19%), leña (18%), gas natural (4%) y otras fuentes (1,7%). Al descomponer el consumo por sector se observa que está determinado por cuatro grandes actores: transporte, industrial y Desde el año 1986, la economía creció a una tasa promedio del 5,7%, alcanzando un PIB por habitante de US$ 14.510 en el año 20081. Paralelo a este hecho, la demanda energética ha aumentado notoriamente. Desde 1990 hasta el 2007, por ejemplo, el consumo de energía secundario ha crecido a una tasa promedio anual cercana al 5%, en tanto el consumo de electricidad ha crecido a una tasa promedio de 7,6%. Sin embargo, una de las características esenciales de Chile es su alta dependencia energética de los mercados internacionales. En promedio, un 70% del consumo primario proviene de importaciones de energía y prácticamente el 100% del consumo de derivados del petróleo es importado2. Esto hace que las Àuctuaciones de los precios de la energía dependan básicamente de la coyuntura económica mundial. 2.1. Aspectos generales II. EL CONTEXTO ENERGÉTICO CHILENO Este estudio se organiza de la siguiente manera. La sección II describe brevemente las principales características del sector energético chileno. La sección III revisa la literatura teórica y empírica en energía, innovación y crecimiento económico. En la sección IV se presenta el modelo y las series de datos considerados. Los resultados de las estimaciones son presentados en la sección V. Finalmente, en la sección VI se presentan las conclusiones. otros países latinoamericanos. Además, permite observar los efectos que la innovación y el cambio tecnológico tienen sobre la tasa de crecimiento de la economía. 144

CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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minero, comercial-público-residencial (rescom) y energético. El consumo sectorial se muestra en la ¿gura N° 1. Figura N° 1: Consumo Final de Energía por Sector. Año 2007.

Respecto a la intensidad del consumo, en Chile durante el año 2007 se consumieron 31,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Tep), mientras que en los países de la OECD consumen en promedio 186,4 millones de Tep. Sin embargo, al comparar la intensidad energética de la economía las diferencias no son tan notorias, ya que en el mismo año Chile tuvo una intensidad energética de 0,166 Tep/MUS$, y la intensidad promedio de los países de la OECD fue de 0,175 Tep/MUS$ (Tokman, 2008). La demanda del sector industrial y minero es la más signi¿cativa, representando el 36,5% del consumo ¿nal total, seguida del sector transporte con un 34,6%. Sin embargo, este último sector demanda prácticamente en su totalidad combustibles fósiles derivados del petróleo, mientras el sector industrial y minero distribuye su consumo entre los derivados de petróleo (37,7%) y la electricidad (33,6%) en proporciones similares. Asimismo, el sector rescom representa el 25% del total, y consume fundamentalmente leña (47,1%), electricidad (22,8%), derivados del petróleo (20,3%) y gas natural (9,0%). Fuente: Comisión Nacional de Energía, 2007.

Fuente: Comisión Nacional de Energía, 2007.

La demanda del sector industrial y minero es la más signi¿cativa, representando el 36,5% del consumo ¿nal total, seguida del sector transporte con un 34,6%. Sin embargo, este último sector demanda prácticamente en su totalidad combustibles fósiles derivados del petróleo, mientras el sector industrial y minero distribuye su consumo entre los derivados de petróleo (37,7%) y la electricidad (33,6%) en proporciones similares. Asimismo, el sector rescom representa el 25% del total, y consume fundamentalmente leña (47,1%), electricidad (22,8%), derivados del petróleo (20,3%) y gas natural (9,0%). Respecto a la intensidad del consumo, en Chile durante el año 2007 se consumieron 31,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Tep), mientras que en los países de la OECD consumen en promedio 186,4 millones de Tep. Sin embargo, al comparar la intensidad energética de la economía las diferencias no son tan notorias, ya que en el mismo año Chile tuvo una intensidad energética de 0,166 Tep/MUS$, y la intensidad promedio de los países de la OECD fue de 0,175 Tep/MUS$ (Tokman, 2008).

Figura N° 1: Consumo Final de Energía por Sector. Año 2007.

minero, comercial-público-residencial (rescom) y energético. El consumo sectorial se muestra en la ¿gura N° 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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MARÍA DE LA LUZ DOMPER R. - GONZALO BLÜMEL M-I - RICARDO ESPINOZA G.

Los consumidores que demandan entre 0,5 y 2 MW pueden elegir libremente entre régimen libre y regulado. 4

TOKMAN, M. (2008).

Estos antecedentes permiten suponer que Chile es un país altamente expuesto en materia energética, ya sea por las necesidades de desarrollo de la economía como por la exposición a las alzas y volatilidad de los precios internacionales en su condición de importador neto de energía. De hecho, la Comisión Nacional de Energía proyecta que para el año 2030 el consumo ¿nal anual aumentará a una tasa promedio anual de 5,4%3. 2.2. El Sector Eléctrico en Chile Un elemento relevante en la caracterización energética de Chile es el mercado eléctrico, ya que éste presenta particularidades regulatorias que son signi¿cativas para el desempeño de la economía. El mercado eléctrico chileno está separado en tres segmentos diferenciados: generación, distribución y transmisión de electricidad. La estructura regulatoria vigente data de comienzos de la década de los 80 y busca establecer mecanismos que permitan el desarrollo de estas actividades por parte del sector privado, especialmente en lo que respecta al segmento de generación, en donde la regulación busca crear un entorno competitivo basado en un sistema de precios que reÀeje las condiciones de mercado. En este segmento, las decisiones de inversión y operación no son plani¿cadas centralmente en su totalidad, sino que responden a incentivos de mercado. Las generadoras establecen contratos de largo plazo para suministrar potencia y energía. Sin embargo, los términos de los contratos dependen del tipo de consumidor atendido: regulados y no regulados. Los consumidores regulados son aquellos que demandan menos de 2 MW de potencia4. Los precios de la energía y potencia para este sector son ¿jados regularmente por la Comisión Nacional de Energía. Además, los precios pagados por los consumidores incluyen cargos por transmisión y por el Valor Agregado de Distribución (VAD), y consideran diferentes opciones tarifarias, dependiendo del nivel de voltaje de mando. Por otro lado, los clientes libres o no regulados son aquellos que demandan más de 2 MW. Éstos negocian directamente el precio de la energía y potencia con las empresas TOKMAN, M. (2008).

4 Los consumidores que demandan entre 0,5 y 2 MW pueden elegir libremente entre régimen libre y regulado.

MARÍA DE LA LUZ DOMPER R. - GONZALO BLÜMEL M-I - RICARDO ESPINOZA G.

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En este segmento, las decisiones de inversión y operación no son plani¿cadas centralmente en su totalidad, sino que responden a incentivos de mercado. Las generadoras establecen contratos de largo plazo para suministrar potencia y energía. Sin embargo, los términos de los contratos dependen del tipo de consumidor atendido: regulados y no regulados. Los consumidores regulados son aquellos que demandan menos de 2 MW de potencia4. Los precios de la energía y potencia para este sector son ¿jados regularmente por la Comisión Nacional de Energía. Además, los precios pagados por los consumidores incluyen cargos por transmisión y por el Valor Agregado de Distribución (VAD), y consideran diferentes opciones tarifarias, dependiendo del nivel de voltaje de mando. Por otro lado, los clientes libres o no regulados son aquellos que demandan más de 2 MW. Éstos negocian directamente el precio de la energía y potencia con las empresas Un elemento relevante en la caracterización energética de Chile es el mercado eléctrico, ya que éste presenta particularidades regulatorias que son signi¿cativas para el desempeño de la economía. El mercado eléctrico chileno está separado en tres segmentos diferenciados: generación, distribución y transmisión de electricidad. La estructura regulatoria vigente data de comienzos de la década de los 80 y busca establecer mecanismos que permitan el desarrollo de estas actividades por parte del sector privado, especialmente en lo que respecta al segmento de generación, en donde la regulación busca crear un entorno competitivo basado en un sistema de precios que reÀeje las condiciones de mercado. 2.2. El Sector Eléctrico en Chile Estos antecedentes permiten suponer que Chile es un país altamente expuesto en materia energética, ya sea por las necesidades de desarrollo de la economía como por la exposición a las alzas y volatilidad de los precios internacionales en su condición de importador neto de energía. De hecho, la Comisión Nacional de Energía proyecta que para el año 2030 el consumo ¿nal anual aumentará a una tasa promedio anual de 5,4%3. 146

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generadoras de acuerdo a las condiciones de mercado, teniendo que pagar también cargos por transmisión. Las actividades de transmisión y distribución, en tanto, están altamente reguladas por la autoridad, ya que el mercado tiene claras economías de escala y características monopólicas. Para una descripción detallada del mercado eléctrico chileno se recomienda consultar a GALETOVIC y MUÑOZ (2009) y TOKMAN (2008). 2.3. Aspectos institucionales y regulatorios Durante los últimos años los precios de la energía en Chile se han incrementado de manera signi¿cativa. Esta situación se ha generado por diferentes factores, tanto internos como externos. Al alza mundial en los precios de los combustibles fósiles experimentada durante el 2008, se sumó la crisis energética vivida por Chile durante los últimos dos años, originada por los cortes de suministro de gas natural argentino y la falta de proyectos de generación eléctrica sobre la base de insumos energéticos alternativos de bajo costo. Esto generó un importante alza en los precios de la energía, especialmente en el caso de la eléctrica, que pasó de poco más de US$30 por MWh en el año 2000 a más de US$ 120 por MWh a ¿nes de 20085. ¿Cuáles son los factores internos, regulatorios e institucionales, asociados a este fenómeno?

Datos sobre la base del precio monómico de la energía del Sistema Interconectado Cen-

La llegada del gas natural desde Argentina en 1995 produjo en nuestro país una importante disminución en los precios de energía, especialmente en los precios de la energía eléctrica reÀejada en los contratos de los clientes libres como en los precios de nudo. Esta baja en los precios, de US$ 65 por MWh a US$ 30-32 US$/MWh, respondió a la competencia que se generó por instalar centrales de ciclo combinado a gas natural. Con la llegada de este nuevo insumo, se abandonaron prácticamente todos los proyectos de generación sobre la base de insumos alternativos. ¿Cuáles son los factores internos, regulatorios e institucionales, asociados a este fenómeno? Durante los últimos años los precios de la energía en Chile se han incrementado de manera signi¿cativa. Esta situación se ha generado por diferentes factores, tanto internos como externos. Al alza mundial en los precios de los combustibles fósiles experimentada durante el 2008, se sumó la crisis energética vivida por Chile durante los últimos dos años, originada por los cortes de suministro de gas natural argentino y la falta de proyectos de generación eléctrica sobre la base de insumos energéticos alternativos de bajo costo. Esto generó un importante alza en los precios de la energía, especialmente en el caso de la eléctrica, que pasó de poco más de US$30 por MWh en el año 2000 a más de US$ 120 por MWh a ¿nes de 20085. 2.3. Aspectos institucionales y regulatorios

La llegada del gas natural desde Argentina en 1995 produjo en nuestro país una importante disminución en los precios de energía, especialmente en los precios de la energía eléctrica reÀejada en los contratos de los clientes libres como en los precios de nudo. Esta baja en los precios, de US$ 65 por MWh a US$ 30-32 US$/MWh, respondió a la competencia que se generó por instalar centrales de ciclo combinado a gas natural. Con la llegada de este nuevo insumo, se abandonaron prácticamente todos los proyectos de generación sobre la base de insumos alternativos.

Las actividades de transmisión y distribución, en tanto, están altamente reguladas por la autoridad, ya que el mercado tiene claras economías de escala y características monopólicas. Para una descripción detallada del mercado eléctrico chileno se recomienda consultar a GALETOVIC y MUÑOZ (2009) y TOKMAN (2008). generadoras de acuerdo a las condiciones de mercado, teniendo que pagar también cargos por transmisión.

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Por otra parte, en los últimos años, consideraciones ambientales y estratégicas han llevado a las autoridades locales a introducir cambios en la estructura regulatoria nacional, en particular, para incentivar la adopción

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Adicionalmente, dicha ley permitió que los precios de nudo se despegaran de los precios de los contratos de clientes libres, hasta en un 30%, con lo cual los precios pudieron incrementarse reÀejando, en parte, las mayores alzas de los costos marginales derivados de la crisis del gas.

En este escenario, el repentino corte de suministro de gas natural desde Argentina que comenzó paulatinamente el 2004 y se fue incrementando hasta ser casi total durante los años 2008 y 2009, paralizó las iniciativas de inversión existentes y generó un clima de incertidumbre en el mercado de generación. En este contexto, se sustituyó el gas natural por petróleo diésel, dado que gran parte de las unidades generadoras eran duales y podían operar con ambos insumos. Es así como en enero de 2008 en el Sistema Interconectado Central (SIC) el 34% de la matriz operaba con diésel, siendo que un año antes era sólo un 2%. Igual situación se vivió en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

Esta situación llevó a la autoridad a desregular el precio de nudo, al cual venden las generadoras su suministro a clientes regulados, mediante la denominada “Ley Corta II” (N° 20.018). Esta ley, promulgada en mayo de 2005, permitió que las empresas distribuidoras licitaran el suministro para sus contratos con empresas generadoras a partir de 2010, con una anticipación de 3 años. A raíz de esta modi¿cación legal, entre el 2006 y 2008 se realizaron cinco procesos de licitación de suministro de las empresas distribuidoras, siendo el precio promedio ofertado, a junio de 2009, 72,4 US$/MWh y el total de energía licitada, 27.473,3 GWh.

Por otra parte, los precios se demoraron en reaccionar ante esta situación, dado que los precios de los contratos de suministro de las generadoras a sus grandes clientes de precio libre no contemplaban la posibilidad de no disponer de este combustible, con lo cual a pesar de que el costo de generación de sustitución por petróleo diésel alcanzó los US$ 150 por MWh, el precio de la componente de energía de estos contratos apenas se incrementó. En este contexto, no existía incentivo para invertir en nuevos proyectos de generación.

Por otra parte, los precios se demoraron en reaccionar ante esta situación, dado que los precios de los contratos de suministro de las generadoras a sus grandes clientes de precio libre no contemplaban la posibilidad de no disponer de este combustible, con lo cual a pesar de que el costo de generación de sustitución por petróleo diésel alcanzó los US$ 150 por MWh, el precio de la componente de energía de estos contratos apenas se incrementó. En este contexto, no existía incentivo para invertir en nuevos proyectos de generación.

Esta situación llevó a la autoridad a desregular el precio de nudo, al cual venden las generadoras su suministro a clientes regulados, mediante la denominada “Ley Corta II” (N° 20.018). Esta ley, promulgada en mayo de 2005, permitió que las empresas distribuidoras licitaran el suministro para sus contratos con empresas generadoras a partir de 2010, con una anticipación de 3 años. A raíz de esta modi¿cación legal, entre el 2006 y 2008 se realizaron cinco procesos de licitación de suministro de las empresas distribuidoras, siendo el precio promedio ofertado, a junio de 2009, 72,4 US$/MWh y el total de energía licitada, 27.473,3 GWh.

En este escenario, el repentino corte de suministro de gas natural desde Argentina que comenzó paulatinamente el 2004 y se fue incrementando hasta ser casi total durante los años 2008 y 2009, paralizó las iniciativas de inversión existentes y generó un clima de incertidumbre en el mercado de generación. En este contexto, se sustituyó el gas natural por petróleo diésel, dado que gran parte de las unidades generadoras eran duales y podían operar con ambos insumos. Es así como en enero de 2008 en el Sistema Interconectado Central (SIC) el 34% de la matriz operaba con diésel, siendo que un año antes era sólo un 2%. Igual situación se vivió en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

Adicionalmente, dicha ley permitió que los precios de nudo se despegaran de los precios de los contratos de clientes libres, hasta en un 30%, con lo cual los precios pudieron incrementarse reÀejando, en parte, las mayores alzas de los costos marginales derivados de la crisis del gas.

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Por otra parte, en los últimos años, consideraciones ambientales y estratégicas han llevado a las autoridades locales a introducir cambios en la estructura regulatoria nacional, en particular, para incentivar la adopción

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De acuerdo al artículo 150 bis, las empresas eléctricas que no acrediten el cumplimiento de las cuotas de generación de ERNC deberán pagar un cargo, cuyo monto será de 0,4 UTM por cada MWh de dé¿cit respecto de su obligación, el que aumentará a 0,6 MWh si al cabo de los tres años siguientes se mantiene el incumplimiento. 8 7

De acuerdo a datos disponibles en noviembre de 2008 en www.e-seia.cl.

De acuerdo a cifras oficiales de la Comisión Nacional de Energía para el año 2008, más del 60% de la capacidad instalada del SIC y el SING proviene de combustibles fósiles, y aproximadamente un 37% corresponde de generación hidráulica. Esto representa un cambio significativo en la estructura de la matriz eléctrica, ya que en la última década la generación hidráulica representó aproximadamente el 60% de la matriz, siendo sustituida progresivamente por gas natural, respaldado por diésel, y carbón. 6

Estas políticas de fomento de las ERNC fueron reforzadas con la promulgación de la Ley N° 20.257, publicada el 1° de abril de 2008, la que estableció una cuota mínima de generación de 5% sobre la base de energías no convencionales para las empresas del sector, desde el 2010 hasta el 2014, la que se incrementará un 0,5% cada año a partir de 2015 hasta alcanzar una cuota mínima de 10% en el año 2024. Estas cuotas podrán ser completadas mediante generación propia o subcontratadas a terceros, y en caso de incumplimiento las generadoras estarán expuestas a multas dependiendo del nivel de incumplimiento8. Las primeras modi¿caciones se introdujeron con las llamadas leyes “Corta I” (Ley N° 19.940) y “Corta II”, que establecieron condiciones especiales para el desarrollo de ERNC (viento, solar, biomasa, entre otras). El primer cuerpo legal suprimió los cargos de conexión a los sistemas de transmisión para proyectos de energías no convencionales menores a 9 MW. El segundo, en tanto, incorporó reglas especí¿cas para limitar el riesgo asociado a volatilidad de los precios de estas alternativas de suministro. Todas estas iniciativas han inducido un aumento en los proyectos de generación a partir de ERNC. Esto se reÀeja en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde los proyectos eólicos representan aproximadamente el 8% de los Estudios de Impacto Ambiental en cali¿cación7. de Energías Renovables no Convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica. Esto, en parte, por la alta dependencia de la matriz de los combustibles fósiles y de las condiciones hidrológicas, lo que ha condicionado la seguridad y calidad del suministro eléctrico6. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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de Energías Renovables no Convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica. Esto, en parte, por la alta dependencia de la matriz de los combustibles fósiles y de las condiciones hidrológicas, lo que ha condicionado la seguridad y calidad del suministro eléctrico6. Las primeras modi¿caciones se introdujeron con las llamadas leyes “Corta I” (Ley N° 19.940) y “Corta II”, que establecieron condiciones especiales para el desarrollo de ERNC (viento, solar, biomasa, entre otras). El primer cuerpo legal suprimió los cargos de conexión a los sistemas de transmisión para proyectos de energías no convencionales menores a 9 MW. El segundo, en tanto, incorporó reglas especí¿cas para limitar el riesgo asociado a volatilidad de los precios de estas alternativas de suministro. Todas estas iniciativas han inducido un aumento en los proyectos de generación a partir de ERNC. Esto se reÀeja en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde los proyectos eólicos representan aproximadamente el 8% de los Estudios de Impacto Ambiental en cali¿cación7. Estas políticas de fomento de las ERNC fueron reforzadas con la promulgación de la Ley N° 20.257, publicada el 1° de abril de 2008, la que estableció una cuota mínima de generación de 5% sobre la base de energías no convencionales para las empresas del sector, desde el 2010 hasta el 2014, la que se incrementará un 0,5% cada año a partir de 2015 hasta alcanzar una cuota mínima de 10% en el año 2024. Estas cuotas podrán ser completadas mediante generación propia o subcontratadas a terceros, y en caso de incumplimiento las generadoras estarán expuestas a multas dependiendo del nivel de incumplimiento8.

6 De acuerdo a cifras oficiales de la Comisión Nacional de Energía para el año 2008, más del 60% de la capacidad instalada del SIC y el SING proviene de combustibles fósiles, y aproximadamente un 37% corresponde de generación hidráulica. Esto representa un cambio significativo en la estructura de la matriz eléctrica, ya que en la última década la generación hidráulica representó aproximadamente el 60% de la matriz, siendo sustituida progresivamente por gas natural, respaldado por diésel, y carbón. 7

De acuerdo a datos disponibles en noviembre de 2008 en www.e-seia.cl.

8 De acuerdo al artículo 150 bis, las empresas eléctricas que no acrediten el cumplimiento de las cuotas de generación de ERNC deberán pagar un cargo, cuyo monto será de 0,4 UTM por cada MWh de dé¿cit respecto de su obligación, el que aumentará a 0,6 MWh si al cabo de los tres años siguientes se mantiene el incumplimiento.

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Cifras basadas en las estimaciones del Panel de Expertos del Comité del Producto de Tendencia del Ministerio de Hacienda. 10

Todos los elementos descritos han presionado al alza los precios de la energía, especialmente en el caso de la energía eléctrica9, lo que ha coincidido con la caída observada en la tasa de crecimiento potencial de la economía, así como con el paulatino descenso de la productividad total de los factores, que pasó de una tasa promedio de crecimiento anual cercana al 2% en la década de los 90 a una caída del orden del 0,7% en el año 200810, lo que se resume en la ¿gura N° 2. Figura N° 2: Consumo Final de Energía por Sector. 2007

Fuente: Panel de Expertos, Ministerio de Hacienda.

9 Un ejemplo de esto es la Ley N° 20.257 de fomento a las ERNC. Según Galetovic y Muñoz (2008), la implementación de la ley incrementará el costo del suministro eléctrico en el SIC en aproximadamente US$ 4.000 millones en valor presente neto. Basados en estas cifras, es posible estimar que, sin mediar subsidios, el precio del suministro eléctrico podría incrementarse aproximadamente entre un 6 a 10%, en tanto, las tarifas residenciales (BT1), podrían incrementarse entre un 3 a 5%.

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10 Cifras basadas en las estimaciones del Panel de Expertos del Comité del Producto de Tendencia del Ministerio de Hacienda.

9 Un ejemplo de esto es la Ley N° 20.257 de fomento a las ERNC. Según Galetovic y Muñoz (2008), la implementación de la ley incrementará el costo del suministro eléctrico en el SIC en aproximadamente US$ 4.000 millones en valor presente neto. Basados en estas cifras, es posible estimar que, sin mediar subsidios, el precio del suministro eléctrico podría incrementarse aproximadamente entre un 6 a 10%, en tanto, las tarifas residenciales (BT1), podrían incrementarse entre un 3 a 5%.

Fuente: Panel de Expertos, Ministerio de Hacienda.

Figura N° 2: Consumo Final de Energía por Sector. 2007

Todos los elementos descritos han presionado al alza los precios de la energía, especialmente en el caso de la energía eléctrica9, lo que ha coincidido con la caída observada en la tasa de crecimiento potencial de la economía, así como con el paulatino descenso de la productividad total de los factores, que pasó de una tasa promedio de crecimiento anual cercana al 2% en la década de los 90 a una caída del orden del 0,7% en el año 200810, lo que se resume en la ¿gura N° 2. 150

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III. CRECIMIENTO ECONÓMICO En las últimas décadas, muchos investigadores han enfocado su estudio en la comprensión de la dinámica del crecimiento económico y sus principales determinantes. El modelo básico de crecimiento económico, conocido como modelo neoclásico, fue desarrollado por SOLOW (1956) y examina la evolución del producto de una economía de un sector que produce bienes, usando dos factores de producción: capital y trabajo. El modelo neoclásico asume que los retornos del capital son decrecientes, esto es, el producto se incrementa a tasas decrecientes a medida que el stock de capital se incrementa. La dinámica del modelo conduce a un equilibrio estacionario en el cual la inversión en nuevo capital es igual a la depreciación del capital, por lo que éste deja de acumularse, es decir, en el largo plazo no hay incentivos para acumular capital inde¿nidamente. De acuerdo al modelo de SOLOW, la única fuente sostenida de crecimiento económico es el avance tecnológico, el que se de¿ne como la e¿ciencia con que el capital y el trabajo se combinan en la producción. A medida que la tecnología avanza, la relación funcional de los factores de producción cambia y es posible aumentar los niveles de producción usando las mismas cantidades de insumos, lo que permite sostener el crecimiento del producto per cápita en el largo plazo. Desde entonces, se han desarrollado numerosas extensiones del modelo, incorporando diferentes elementos para permitir una mejor descripción del funcionamiento de la economía real. Entre éstas se incluyen la presencia de spillovers, modelos multisectoriales con crecimiento endógeno, entre otras. Sin embargo, la estructura neoclásica básica no considera la fuerza primaria que conduce todas las actividades económicas: la energía. La energía proveniente de fuentes externas al hombre (“extra somática”), como el petróleo, el carbón, el agua, entre otras, son consideradas en las cuentas nacionales sólo como factores de producción intermedios, ignorando el hecho que la energía per se puede constituirse como un factor de producción. WOLDE-RUFEAL (2009) señala que históricamente ha sido descartada la energía como factor de producción independiente, ya que el costo de ésta representa una proporción muy menor del PIB total en comparación, por ejemplo, al costo de la fuerza laboral.

La energía proveniente de fuentes externas al hombre (“extra somática”), como el petróleo, el carbón, el agua, entre otras, son consideradas en las cuentas nacionales sólo como factores de producción intermedios, ignorando el hecho que la energía per se puede constituirse como un factor de producción. WOLDE-RUFEAL (2009) señala que históricamente ha sido descartada la energía como factor de producción independiente, ya que el costo de ésta representa una proporción muy menor del PIB total en comparación, por ejemplo, al costo de la fuerza laboral. Desde entonces, se han desarrollado numerosas extensiones del modelo, incorporando diferentes elementos para permitir una mejor descripción del funcionamiento de la economía real. Entre éstas se incluyen la presencia de spillovers, modelos multisectoriales con crecimiento endógeno, entre otras. Sin embargo, la estructura neoclásica básica no considera la fuerza primaria que conduce todas las actividades económicas: la energía. De acuerdo al modelo de SOLOW, la única fuente sostenida de crecimiento económico es el avance tecnológico, el que se de¿ne como la e¿ciencia con que el capital y el trabajo se combinan en la producción. A medida que la tecnología avanza, la relación funcional de los factores de producción cambia y es posible aumentar los niveles de producción usando las mismas cantidades de insumos, lo que permite sostener el crecimiento del producto per cápita en el largo plazo. En las últimas décadas, muchos investigadores han enfocado su estudio en la comprensión de la dinámica del crecimiento económico y sus principales determinantes. El modelo básico de crecimiento económico, conocido como modelo neoclásico, fue desarrollado por SOLOW (1956) y examina la evolución del producto de una economía de un sector que produce bienes, usando dos factores de producción: capital y trabajo. El modelo neoclásico asume que los retornos del capital son decrecientes, esto es, el producto se incrementa a tasas decrecientes a medida que el stock de capital se incrementa. La dinámica del modelo conduce a un equilibrio estacionario en el cual la inversión en nuevo capital es igual a la depreciación del capital, por lo que éste deja de acumularse, es decir, en el largo plazo no hay incentivos para acumular capital inde¿nidamente. III. CRECIMIENTO ECONÓMICO CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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Históricamente, los incrementos de los precios de la energía han tenido efectos negativos sobre el nivel de actividad económica. La evidencia em-

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Aun cuando ningún modelo teórico explica por completo el proceso de crecimiento económico incorporando la energía como factor primario de producción, existe una vasta literatura empírica que ha intentado examinar el rol de la energía en el crecimiento desde diferentes perspectivas. Algunos han analizado la relación de causalidad entre consumo energético y crecimiento económico. Otros, en tanto, han veri¿cado la incidencia del nivel de precios de la energía en el producto agregado.

Dado que la aproximación neoclásica no considera directamente la energía como factor de producción, algunos autores han desarrollado diferentes teorías para incorporarla. SAUNDERS (1984; 1992) incluye la energía como factor de producción y por medio de simulaciones muestra la transición del producto desde el corto al largo plazo. STERN Y CLEVELAND (2004), y ALAM (2006) también incluyen la energía en el proceso de producción. Alam argumenta que la economía está constituida por un conjunto de actividades “productoras de energía” y “consumidoras de energía”, por lo que ignorar el rol de ésta en el proceso de producción distorsiona el análisis del crecimiento económico y sus fuentes, di¿cultando también la de¿nición del capital y del trabajo, dado que estos factores juegan roles de soporte en la economía que pueden ser entendidos sólo en relación a la energía. De la misma manera, STERN (1997) argumenta que la energía es un factor crucial en la producción, ya que todas las actividades involucran la transformación o movimiento de materia, para lo que se requiere energía.

FINN (2000) presenta un modelo de una economía con competencia perfecta que produce un bien ¿nal a partir de tres factores de producción: capital, trabajo y energía, y que está sujeta a choques exógenos y estocásticos que afectan la tecnología y los precios de la energía; y que pueden ser dos posibles fuentes de Àuctuaciones de la economía, estableciendo las bases para discriminar la utilidad de considerar modelos de competencia perfecta o imperfecta con energía como factor de producción. Un incremento en el precio de la energía afecta el nivel de uso de ésta, así como el empleo y la productividad marginal del capital, disminuyendo el retorno sobre las inversiones y, por ende, los niveles de inversión y de stock de capital. Finn también encuentra un canal indirecto de transmisión relacionado, el que denomina como el “costo marginal energético del capital”.

FINN (2000) presenta un modelo de una economía con competencia perfecta que produce un bien ¿nal a partir de tres factores de producción: capital, trabajo y energía, y que está sujeta a choques exógenos y estocásticos que afectan la tecnología y los precios de la energía; y que pueden ser dos posibles fuentes de Àuctuaciones de la economía, estableciendo las bases para discriminar la utilidad de considerar modelos de competencia perfecta o imperfecta con energía como factor de producción. Un incremento en el precio de la energía afecta el nivel de uso de ésta, así como el empleo y la productividad marginal del capital, disminuyendo el retorno sobre las inversiones y, por ende, los niveles de inversión y de stock de capital. Finn también encuentra un canal indirecto de transmisión relacionado, el que denomina como el “costo marginal energético del capital”.

Dado que la aproximación neoclásica no considera directamente la energía como factor de producción, algunos autores han desarrollado diferentes teorías para incorporarla. SAUNDERS (1984; 1992) incluye la energía como factor de producción y por medio de simulaciones muestra la transición del producto desde el corto al largo plazo. STERN Y CLEVELAND (2004), y ALAM (2006) también incluyen la energía en el proceso de producción. Alam argumenta que la economía está constituida por un conjunto de actividades “productoras de energía” y “consumidoras de energía”, por lo que ignorar el rol de ésta en el proceso de producción distorsiona el análisis del crecimiento económico y sus fuentes, di¿cultando también la de¿nición del capital y del trabajo, dado que estos factores juegan roles de soporte en la economía que pueden ser entendidos sólo en relación a la energía. De la misma manera, STERN (1997) argumenta que la energía es un factor crucial en la producción, ya que todas las actividades involucran la transformación o movimiento de materia, para lo que se requiere energía.

Aun cuando ningún modelo teórico explica por completo el proceso de crecimiento económico incorporando la energía como factor primario de producción, existe una vasta literatura empírica que ha intentado examinar el rol de la energía en el crecimiento desde diferentes perspectivas. Algunos han analizado la relación de causalidad entre consumo energético y crecimiento económico. Otros, en tanto, han veri¿cado la incidencia del nivel de precios de la energía en el producto agregado.

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Históricamente, los incrementos de los precios de la energía han tenido efectos negativos sobre el nivel de actividad económica. La evidencia em-

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pírica muestra que en EE.UU. el residuo de Solow tiende a caer cuando los precios de la energía se incrementan, estableciéndose una relación directa entre energía y producción (FINN, 1995). Asimismo, ROTEMBERG Y WOODFORD (1996) encuentran que un aumento de un 1% en el precio de la energía genera una declinación de 0,25% en el producto agregado y 0,09% en los salarios reales. Estos últimos, además, presentan un modelo teórico con competencia imperfecta que puede explicar satisfactoriamente estos sucesos. Existe también una vasta literatura macroeconómica que sugiere la existencia de una relación negativa entre el nivel de precios de la energía y el producto (DARBY, 1982; BURBIDGE y HARRISON, 1984). RASCHE y TATOOM (1981), tomando datos de seis países desarrollados (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Occidental, Francia, Canadá y Japón) encontraron que la elasticidad precio del producto en relación a la energía era negativa, oscilando entre -0,05 y -0,11. Las estimaciones se basaron en un modelo de oferta agregada con energía como factor de producción. HAMILTON (1983), y BOYD y CAPORALE (1996) extendieron esta línea de investigación y encontraron algunos hallazgos adicionales: el crecimiento del producto está signi¿cativamente inÀuenciado tanto por la volatilidad como por el nivel de precios de la energía. TATOM (1987; 1988; 1991) encuentra una respuesta asimétrica del producto ante los shocks de precios del petróleo, y argumenta que ellos alteran los incentivos para usar recursos energéticos, cambiando los métodos óptimos de producción de diferentes maneras. También encuentra que un shock positivo en el precio del petróleo tiene un impacto mucho más profundo que uno negativo. Sin embargo, el contrapunto a estos resultados es obtenido por BOHI (1989), quien encuentra que los shock de precios de la energía más relevantes no explican mayormente el desempeño macroeconómico de los EE.UU. y otros países desarrollados, usando un modelo clásico de crecimiento con datos de corte transversal para diferentes países. Dado que las regresiones lineales ordinarias pueden no ser del todo apropiadas para establecer la o las relaciones existentes entre ciertas variables en ciertos casos, algunos investigadores han usado técnicas más so¿sticadas para explorar la relación energía-crecimiento económico. Una alternativa bastante popular ha sido la detección de cointegración y causalidad por medio de las metodologías de ENGEL y GRANGER (1987) y JOHANSEN y JUSELIUS (1990), las que permiten, en primer lugar, determinar la existencia de

Dado que las regresiones lineales ordinarias pueden no ser del todo apropiadas para establecer la o las relaciones existentes entre ciertas variables en ciertos casos, algunos investigadores han usado técnicas más so¿sticadas para explorar la relación energía-crecimiento económico. Una alternativa bastante popular ha sido la detección de cointegración y causalidad por medio de las metodologías de ENGEL y GRANGER (1987) y JOHANSEN y JUSE(1990), las que permiten, en primer lugar, determinar la existencia de

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Sin embargo, el contrapunto a estos resultados es obtenido por BOHI (1989), quien encuentra que los shock de precios de la energía más relevantes no explican mayormente el desempeño macroeconómico de los EE.UU. y otros países desarrollados, usando un modelo clásico de crecimiento con datos de corte transversal para diferentes países. Existe también una vasta literatura macroeconómica que sugiere la existencia de una relación negativa entre el nivel de precios de la energía y el producto (DARBY, 1982; BURBIDGE y HARRISON, 1984). RASCHE y TATOOM (1981), tomando datos de seis países desarrollados (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Occidental, Francia, Canadá y Japón) encontraron que la elasticidad precio del producto en relación a la energía era negativa, oscilando entre -0,05 y -0,11. Las estimaciones se basaron en un modelo de oferta agregada con energía como factor de producción. HAMILTON (1983), y BOYD y CAPORALE (1996) extendieron esta línea de investigación y encontraron algunos hallazgos adicionales: el crecimiento del producto está signi¿cativamente inÀuenciado tanto por la volatilidad como por el nivel de precios de la energía. TATOM (1987; 1988; 1991) encuentra una respuesta asimétrica del producto ante los shocks de precios del petróleo, y argumenta que ellos alteran los incentivos para usar recursos energéticos, cambiando los métodos óptimos de producción de diferentes maneras. También encuentra que un shock positivo en el precio del petróleo tiene un impacto mucho más profundo que uno negativo. pírica muestra que en EE.UU. el residuo de Solow tiende a caer cuando los precios de la energía se incrementan, estableciéndose una relación directa entre energía y producción (FINN, 1995). Asimismo, ROTEMBERG Y WOODFORD (1996) encuentran que un aumento de un 1% en el precio de la energía genera una declinación de 0,25% en el producto agregado y 0,09% en los salarios reales. Estos últimos, además, presentan un modelo teórico con competencia imperfecta que puede explicar satisfactoriamente estos sucesos. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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El análisis bivariado de la relación crecimiento económico-energía ha estado sujeto a críticas, debido a las limitaciones que supone una relación de este tipo para describir adecuadamente las interacciones económicas reales. Algunos autores (STERN, 1997; ASAFU-ADJAYE, 2000; GLASURE, 2002; STERN y CLEVELAND, 2004) han hecho ver la importancia de las variables omitidas. Por ejemplo, YUAN et al. (2008) argumentan que una aproximación

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Más recientemente, examinando la relación de causalidad entre energía y crecimiento económico en 11 países del África sub-sahariana, AKINLO (2008) encuentra que en la mayoría de los países analizados el consumo de energía cointegra con el producto, con¿rmando la existencia de una relación de largo plazo entre energía y crecimiento económico, la que varía caso a caso tanto en magnitud como dirección. Esto con¿rma los hallazgos de GLASURE y LEE (1997), quienes encontraron causalidad bidireccional entre el PIB y el consumo de energía en Corea del Sur y Singapur. Jumbe (2004) y YANG (2000) también llegaron a resultados similares para Malawi y Taiwán, en tanto, ASAFU-ADJAYE (2000) estableció la existencia de causalidad unidireccional en India e Indonesia, y causalidad bidireccional en Tailandia y Filipinas, sugiriendo que las economías con mayor dependencia energética son más vulnerables a los shocks de energía. CHONTANAWAT et al. (2008) encuentran que la relación entre crecimiento económico y consumo de energía se hace más fuerte en países desarrollados que en países en vías de desarrollo.

relaciones de largo plazo entre las variables y, en segundo lugar, explorar la endogeneidad de éstas. Esto, en de¿nitiva, entrega una aproximación de la magnitud y la dirección de los efectos que tienen las innovaciones de una variable sobre el resto, lo que permite estimar los potenciales resultados de las políticas económicas y energéticas que desarrollan los países.

A la fecha, los resultados han sido diversos. KRAFT y KRAFT (1978), tomando datos del período 1947-1974 para los EE.UU., encuentran que hay causalidad desde el PIB al consumo de energía, resultado posteriormente rati¿cado por AKARCA y LONG (1979), quienes encontraron causalidad unidireccional desde el consumo de energía al empleo. EROL y YOU (1987), usando una base de datos que cubre un importante grupo de países industrializados, encontraron una relación causal que va desde el consumo de energía al producto. YU y CHOI (1985) hallaron resultados similares para Filipinas, descubriendo además causalidad desde el PIB al uso de energía en Corea del Sur.

A la fecha, los resultados han sido diversos. KRAFT y KRAFT (1978), tomando datos del período 1947-1974 para los EE.UU., encuentran que hay causalidad desde el PIB al consumo de energía, resultado posteriormente rati¿cado por AKARCA y LONG (1979), quienes encontraron causalidad unidireccional desde el consumo de energía al empleo. EROL y YOU (1987), usando una base de datos que cubre un importante grupo de países industrializados, encontraron una relación causal que va desde el consumo de energía al producto. YU y CHOI (1985) hallaron resultados similares para Filipinas, descubriendo además causalidad desde el PIB al uso de energía en Corea del Sur.

relaciones de largo plazo entre las variables y, en segundo lugar, explorar la endogeneidad de éstas. Esto, en de¿nitiva, entrega una aproximación de la magnitud y la dirección de los efectos que tienen las innovaciones de una variable sobre el resto, lo que permite estimar los potenciales resultados de las políticas económicas y energéticas que desarrollan los países.

Más recientemente, examinando la relación de causalidad entre energía y crecimiento económico en 11 países del África sub-sahariana, AKINLO (2008) encuentra que en la mayoría de los países analizados el consumo de energía cointegra con el producto, con¿rmando la existencia de una relación de largo plazo entre energía y crecimiento económico, la que varía caso a caso tanto en magnitud como dirección. Esto con¿rma los hallazgos de GLASURE y LEE (1997), quienes encontraron causalidad bidireccional entre el PIB y el consumo de energía en Corea del Sur y Singapur. Jumbe (2004) y YANG (2000) también llegaron a resultados similares para Malawi y Taiwán, en tanto, ASAFU-ADJAYE (2000) estableció la existencia de causalidad unidireccional en India e Indonesia, y causalidad bidireccional en Tailandia y Filipinas, sugiriendo que las economías con mayor dependencia energética son más vulnerables a los shocks de energía. CHONTANAWAT et al. (2008) encuentran que la relación entre crecimiento económico y consumo de energía se hace más fuerte en países desarrollados que en países en vías de desarrollo.

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El análisis bivariado de la relación crecimiento económico-energía ha estado sujeto a críticas, debido a las limitaciones que supone una relación de este tipo para describir adecuadamente las interacciones económicas reales. Algunos autores (STERN, 1997; ASAFU-ADJAYE, 2000; GLASURE, 2002; STERN y CLEVELAND, 2004) han hecho ver la importancia de las variables omitidas. Por ejemplo, YUAN et al. (2008) argumentan que una aproximación

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multivariada “puede ofrecer múltiples canales de causalidad, los que bajo un esquema de análisis bivariado pueden permanecer ocultos o conducir a correlaciones espurias y conclusiones erróneas”. Ante esto, algunos autores han optado por incluir el consumo de energía como un tercer factor de producción en funciones de producción neoclásicas (ver STERN, 2000; GHALI y EL-SAKKA, 2004; SOYTAS y SARI, 2006; LEE y CHANG, 2008; LEE et al., 2008; NARAYAN y SMYTH, 2008; WOLDE-RUFAEL, 2008; WOLDE-RUFAEL, 2009). La principal conclusión de estos estudios es que en el largo plazo las variables cointegran, y que se pueden establecer relaciones de causalidad entre el producto y consumo de energía. Una aproximación ligeramente diferente es la que toman GARDNER y JOUTZ (1996), quienes analizan el impacto del precio de la energía en el crecimiento económico, siguiendo un enfoque multivariado centrado en la oferta agregada, al considerar una función de producción con energía como factor de producción, además de trabajo y capital. Los autores encuentran que el precio real de la energía está negativamente relacionado con el producto. Además, establecen que shocks positivos de precios deterioran la actividad económica, mientras que shocks negativos no tienen incidencias signi¿cativas en el nivel de actividad. Otro factor fundamental a la hora de analizar el proceso de crecimiento económico es el cambio tecnológico o productividad total de factores (PTF) como fuente de crecimiento. Desde un enfoque neoclásico se de¿ne la tecnología como la capacidad con la que los factores primarios son combinados para producir un determinado nivel de producto. En estos modelos es usual considerar que el cambio tecnológico sigue un proceso determinístico en el tiempo y es estimado como residuo mediante el método de descomposición de Solow. Con este enfoque, FUENTES, LARRAÍN y SCHMIDT-HEBBEL (2004) descomponen las fuentes de crecimiento de la economía chilena para el período 1960-2003 y estiman el efecto de diversas variables macroeconómicas y reformas estructurales sobre la dinámica de la PTF. Ante las eventuales limitaciones de estimar el cambio tecnológico como residuo, surge la alternativa de canalizar el cambio tecnológico por otras vías. En esta línea, el gasto nacional en investigación y desarrollo, o R&D por sus siglas en inglés, ha sido ampliamente utilizado como proxy para plasmar el cambio tecnológico en los modelos de crecimiento. Alternativa-

Ante las eventuales limitaciones de estimar el cambio tecnológico como residuo, surge la alternativa de canalizar el cambio tecnológico por otras vías. En esta línea, el gasto nacional en investigación y desarrollo, o R&D por sus siglas en inglés, ha sido ampliamente utilizado como proxy para plasmar el cambio tecnológico en los modelos de crecimiento. AlternativaOtro factor fundamental a la hora de analizar el proceso de crecimiento económico es el cambio tecnológico o productividad total de factores (PTF) como fuente de crecimiento. Desde un enfoque neoclásico se de¿ne la tecnología como la capacidad con la que los factores primarios son combinados para producir un determinado nivel de producto. En estos modelos es usual considerar que el cambio tecnológico sigue un proceso determinístico en el tiempo y es estimado como residuo mediante el método de descomposición de Solow. Con este enfoque, FUENTES, LARRAÍN y SCHMIDT-HEBBEL (2004) descomponen las fuentes de crecimiento de la economía chilena para el período 1960-2003 y estiman el efecto de diversas variables macroeconómicas y reformas estructurales sobre la dinámica de la PTF. Una aproximación ligeramente diferente es la que toman GARDNER y JOUTZ (1996), quienes analizan el impacto del precio de la energía en el crecimiento económico, siguiendo un enfoque multivariado centrado en la oferta agregada, al considerar una función de producción con energía como factor de producción, además de trabajo y capital. Los autores encuentran que el precio real de la energía está negativamente relacionado con el producto. Además, establecen que shocks positivos de precios deterioran la actividad económica, mientras que shocks negativos no tienen incidencias signi¿cativas en el nivel de actividad. multivariada “puede ofrecer múltiples canales de causalidad, los que bajo un esquema de análisis bivariado pueden permanecer ocultos o conducir a correlaciones espurias y conclusiones erróneas”. Ante esto, algunos autores han optado por incluir el consumo de energía como un tercer factor de producción en funciones de producción neoclásicas (ver STERN, 2000; GHALI y EL-SAKKA, 2004; SOYTAS y SARI, 2006; LEE y CHANG, 2008; LEE et al., 2008; NARAYAN y SMYTH, 2008; WOLDE-RUFAEL, 2008; WOLDE-RUFAEL, 2009). La principal conclusión de estos estudios es que en el largo plazo las variables cointegran, y que se pueden establecer relaciones de causalidad entre el producto y consumo de energía. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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Yt = f ( Lt , K t , Et , At ) (1)

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Tal como mencionamos previamente y siguiendo el modelo planteado por GARDNER y JOUTZ (1996), para nuestras estimaciones consideramos una función de producción neoclásica para representación de una economía de un sector en la que, además de capital y trabajo, se incluye energía como factor de producción. Adicionalmente, incluimos el efecto del cambio tecnológico por medio de la solicitud de patentes como proxy para la innovación tecnológica.

mente, otros proxies han sido utilizados para este propósito. Así, GRILICHES, PAKES y HALL(1987), ARCHBUGI (1991), GARDNER y JOUTZ (1996), entre otros, resaltan la conveniencia de utilizar el registro de patentes en vez del gasto en R&D para cuanti¿car cambios tecnológicos en el marco de una modelación del crecimiento económico. Especí¿camente, GARDNER y JOUTZ (1996) sostienen que las patentes son un reÀejo más claro de cambio tecnológico, ya que consiste en un output, mientras que el gasto en R&D es más bien un input para dicho cambio. En línea con CORDES (1989), sostienen también que existirían errores en las mediciones de gasto en R&D que haría más aconsejable el registro de patentes.

El canal de la oferta agregada asume que un shock de precios de la energía modi¿ca el uso óptimo del stock de capital existente, incentivando el uso de capital menos intensivo en energía. Esto genera una reasignación de la fuerza de trabajo, modi¿cando la tasa óptima capital-trabajo. El nivel de producto disminuye en relación a los niveles previos al shock, debido que la curva de oferta agregada se desplaza verticalmente. A esta situación se le conoce usualmente como una “declinación del producto natural o potencial”.

IV. EL MODELO Y LOS DATOS

Este estudio considera que los incrementos en el precio de la energía afectan al producto por medio de la oferta agregada. Esta estructura de análisis ha recibido una enorme atención por parte de los economistas de la energía en los últimos años (ver sección anterior). RASCHE y TATOM (1981), y TATOM (1987) realizan una minuciosa discusión acerca del rol de la energía en el proceso de crecimiento económico, y analizan los diferentes canales por los cuales ésta inÀuye en el producto agregado.

Este estudio considera que los incrementos en el precio de la energía afectan al producto por medio de la oferta agregada. Esta estructura de análisis ha recibido una enorme atención por parte de los economistas de la energía en los últimos años (ver sección anterior). RASCHE y TATOM (1981), y TATOM (1987) realizan una minuciosa discusión acerca del rol de la energía en el proceso de crecimiento económico, y analizan los diferentes canales por los cuales ésta inÀuye en el producto agregado.

IV. EL MODELO Y LOS DATOS

El canal de la oferta agregada asume que un shock de precios de la energía modi¿ca el uso óptimo del stock de capital existente, incentivando el uso de capital menos intensivo en energía. Esto genera una reasignación de la fuerza de trabajo, modi¿cando la tasa óptima capital-trabajo. El nivel de producto disminuye en relación a los niveles previos al shock, debido que la curva de oferta agregada se desplaza verticalmente. A esta situación se le conoce usualmente como una “declinación del producto natural o potencial”.

mente, otros proxies han sido utilizados para este propósito. Así, GRILICHES, PAKES y HALL(1987), ARCHBUGI (1991), GARDNER y JOUTZ (1996), entre otros, resaltan la conveniencia de utilizar el registro de patentes en vez del gasto en R&D para cuanti¿car cambios tecnológicos en el marco de una modelación del crecimiento económico. Especí¿camente, GARDNER y JOUTZ (1996) sostienen que las patentes son un reÀejo más claro de cambio tecnológico, ya que consiste en un output, mientras que el gasto en R&D es más bien un input para dicho cambio. En línea con CORDES (1989), sostienen también que existirían errores en las mediciones de gasto en R&D que haría más aconsejable el registro de patentes.

Tal como mencionamos previamente y siguiendo el modelo planteado por GARDNER y JOUTZ (1996), para nuestras estimaciones consideramos una función de producción neoclásica para representación de una economía de un sector en la que, además de capital y trabajo, se incluye energía como factor de producción. Adicionalmente, incluimos el efecto del cambio tecnológico por medio de la solicitud de patentes como proxy para la innovación tecnológica.

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Yt = f ( Lt , K t , Et , At ) (1)

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Yt corresponde al producto real agregado (PIB), Lt representa el empleo total, Kt es el stock real de capital, y Et es la energía total consumida y At el Àujo de patentes solicitadas con un rezago de 4 períodos. Diferenciando la ecuación anterior obtenemos que:

dY t = YA dAt + YL dL t + YK dK t + YE dE t (2) donde Yi es la derivada parcial de Y con respecto al argumento i. El precio real de la energía entra en la ecuación por medio de una “condición de primer orden” para el uso de energía, tal como es descrito en los trabajos de TATOM (1987; 1988; 1991) y BOHI. Con esto, la transformación logarítmica de esta relación puede ser expresada convenientemente de la siguiente manera: (3) ln Yt = a 0 + a 1 ln At + a 2 ln Lt + a 3 ln K t + a 4 ln Pet Donde Pet representa el precio real de la energía y el coe¿ciente a 4 puede ser interpretado como la elasticidad precio del producto a la energía. Los primeros estudios en este campo usualmente estimaban esta relación, linealizando una función de producción y estimando los coe¿cientes mediante el método de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Sin embargo, las regresiones de series no estacionarias pueden producir resultados espurios por la simple aplicación de esta técnica. Esto es resuelto en este estudio por medio de la aplicación de un modelo de corrección de error (MCE), lo que se explica con detalle en la siguiente sección. En relación a los datos considerados, las series corresponden a estimaciones trimestrales desde 1992:1 hasta 2007:4 del PIB, la fuerza laboral, el stock de capital y diferentes series de precios de la energía (ver ¿gura N° 3). Para el PIB, los datos son obtenidos a partir de las series reportadas por el Banco Central en pesos de 2003. En el caso de la fuerza de trabajo, se consideraron las series de ocupados reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Estas dos series se pueden obtener estacionalizadas o desestacionalizadas, lo cual se tomó en consideración para la estimación del modelo. Para el registro de patentes, los datos provienen del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), y el dato considera la totalidad

En relación a los datos considerados, las series corresponden a estimaciones trimestrales desde 1992:1 hasta 2007:4 del PIB, la fuerza laboral, el stock de capital y diferentes series de precios de la energía (ver ¿gura N° 3). Para el PIB, los datos son obtenidos a partir de las series reportadas por el Banco Central en pesos de 2003. En el caso de la fuerza de trabajo, se consideraron las series de ocupados reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Estas dos series se pueden obtener estacionalizadas o desestacionalizadas, lo cual se tomó en consideración para la estimación del modelo. Para el registro de patentes, los datos provienen del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), y el dato considera la totalidad Los primeros estudios en este campo usualmente estimaban esta relación, linealizando una función de producción y estimando los coe¿cientes mediante el método de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Sin embargo, las regresiones de series no estacionarias pueden producir resultados espurios por la simple aplicación de esta técnica. Esto es resuelto en este estudio por medio de la aplicación de un modelo de corrección de error (MCE), lo que se explica con detalle en la siguiente sección. Donde Pet representa el precio real de la energía y el coe¿ciente a 4 puede ser interpretado como la elasticidad precio del producto a la energía. (3) ln Yt = a 0 + a 1 ln At + a 2 ln Lt + a 3 ln K t + a 4 ln Pet El precio real de la energía entra en la ecuación por medio de una “condición de primer orden” para el uso de energía, tal como es descrito en los trabajos de TATOM (1987; 1988; 1991) y BOHI. Con esto, la transformación logarítmica de esta relación puede ser expresada convenientemente de la siguiente manera: donde Yi es la derivada parcial de Y con respecto al argumento i.

dY t = YA dAt + YL dL t + YK dK t + YE dE t (2) Diferenciando la ecuación anterior obtenemos que: Yt corresponde al producto real agregado (PIB), Lt representa el empleo total, Kt es el stock real de capital, y Et es la energía total consumida y At el Àujo de patentes solicitadas con un rezago de 4 períodos. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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El precio monómico, pmon, es una aproximación del precio de la energía y potencia eléctrica por medio de un solo índice. 11

de patentes solicitadas al Instituto en forma trimestral. Para el stock de capital se consideraron los reportes anuales del Ministerio de Hacienda, que incluyen correcciones por intensidad de uso y están expresadas en pesos de 2003. Como las series son construidas anualmente fue necesario realizar interpolaciones para obtener series trimestrales. Los mejores resultados se obtuvieron por medio de ajustes (splines) cúbicos. Figura N° 3: PIB Real, Stock de Capital, Empleo Total y Precio de la Energía

En el caso de los precios de la energía se consideraron diferentes series obtenidas a partir de los reportes anuales que elabora la Comisión Nacional de Energía (CNE, 2008), y que son representativas de las principales fuentes de energía secundaria consumidas en el país. Estas series fueron representadas como índices con valor real igual a 100 en enero de 1986. En el caso de la electricidad, que representa poco más del 18% del consumo secundario, se consideraron dos índices: el precio nudo y el precio monómico de la energía eléctrica11. Éstos fueron obtenidos a partir de los

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11 El precio monómico, pmon, es una aproximación del precio de la energía y potencia eléctrica por medio de un solo índice.

En el caso de los precios de la energía se consideraron diferentes series obtenidas a partir de los reportes anuales que elabora la Comisión Nacional de Energía (CNE, 2008), y que son representativas de las principales fuentes de energía secundaria consumidas en el país. Estas series fueron representadas como índices con valor real igual a 100 en enero de 1986. En el caso de la electricidad, que representa poco más del 18% del consumo secundario, se consideraron dos índices: el precio nudo y el precio monómico de la energía eléctrica11. Éstos fueron obtenidos a partir de los Figura N° 3: PIB Real, Stock de Capital, Empleo Total y Precio de la Energía

de patentes solicitadas al Instituto en forma trimestral. Para el stock de capital se consideraron los reportes anuales del Ministerio de Hacienda, que incluyen correcciones por intensidad de uso y están expresadas en pesos de 2003. Como las series son construidas anualmente fue necesario realizar interpolaciones para obtener series trimestrales. Los mejores resultados se obtuvieron por medio de ajustes (splines) cúbicos. 158

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precios que ¿ja la CNE a los clientes regulados en sus procesos tarifarios. Para el caso de los combustibles fósiles, que representan alrededor del 55% del consumo secundario de energía, se consideró el precio del barril de petróleo (WTI). La siguiente tabla detalla la nomenclatura usada para cada variable y las fuentes usadas. Todas las variables fueron transformadas a logaritmo natural.

El hecho de que un grupo de variables cointegre implica que existe una relación de equilibrio estable en el largo plazo. Es decir, aun cuando las variables sean no estacionarias individualmente, su evolución temporal es común y los residuos de la regresión que explican la relación entre las variables resultan estacionarios. La importancia estadística de este concepto radica en que la estimación por medio de MCO presenta buenas propiedades, Tal como señalamos previamente, la estrategia empírica de este trabajo consiste en estimar la relación de corto y largo plazo de las variables por medio de cointegración y modelos de corrección de error (MCE), lo que constituye una aproximación habitual en este tipo de estudios (GARDNER y JOUTZ, 1996; GLASURE y LEE, 1997; ASAFU-ADSAYE, 2000; JUMBE 2004).

Nomenclatura

Nombre de la Variable

Fuente

PIB

Producto Interno Bruto

Banco Central de Chile

k

Stock de capital sin correcciones

Ministerio de Hacienda

l

Fuerza de Trabajo (ocupados)

Instituto Nacional de Estadísticas

pmon

pat

Patentes Solicitadas

Instituto Nacional de Propiedad Intelectual

pene

pene

Precio Nudo de la Electricidad

Comisión Nacional de Energía

pat

pmon

Precio Monómico de la Energía

Comisión Nacional de Energía

pp

Precio del Petróleo

Comisión Nacional de Energía

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Tal como señalamos previamente, la estrategia empírica de este trabajo consiste en estimar la relación de corto y largo plazo de las variables por medio de cointegración y modelos de corrección de error (MCE), lo que constituye una aproximación habitual en este tipo de estudios (GARDNER y JOUTZ, 1996; GLASURE y LEE, 1997; ASAFU-ADSAYE, 2000; JUMBE 2004). El hecho de que un grupo de variables cointegre implica que existe una relación de equilibrio estable en el largo plazo. Es decir, aun cuando las variables sean no estacionarias individualmente, su evolución temporal es común y los residuos de la regresión que explican la relación entre las variables resultan estacionarios. La importancia estadística de este concepto radica en que la estimación por medio de MCO presenta buenas propiedades,

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN pp

Comisión Nacional de Energía

Precio del Petróleo

Comisión Nacional de Energía

Precio Monómico de la Energía

Comisión Nacional de Energía

Precio Nudo de la Electricidad

Instituto Nacional de Propiedad Intelectual

Patentes Solicitadas

Instituto Nacional de Estadísticas

Fuerza de Trabajo (ocupados)

l

Ministerio de Hacienda

Stock de capital sin correcciones

k

Producto Interno Bruto

PIB

Nombre de la Variable

Nomenclatura

Banco Central de Chile Fuente

La siguiente tabla detalla la nomenclatura usada para cada variable y las fuentes usadas. Todas las variables fueron transformadas a logaritmo natural. precios que ¿ja la CNE a los clientes regulados en sus procesos tarifarios. Para el caso de los combustibles fósiles, que representan alrededor del 55% del consumo secundario de energía, se consideró el precio del barril de petróleo (WTI). CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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y los coe¿cientes obtenidos en la regresión serán superconsistentes a pesar de las variables no estacionarias12. Para que dos o más variables cointegren es necesario que tengan el mismo orden de integración, lo que habitualmente se veri¿ca mediante los contrastes de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) y de Phillips-Perron (PP). En ambos casos, la hipótesis nula es que la serie tiene raíz unitaria, es decir, es no estacionaria. En el caso del test de DFA, el número óptimo de rezagos es elegido de acuerdo al Criterio de Información de Akaike (CIA)13. En el caso de PP, el ancho de banda óptimo es elegido de acuerdo al método de Newey-West, usando Bertlett Kernel para el estimador espectral. La Tabla N° 2 presenta los resultados de estas pruebas. Tabla N° 2: Test de Raíz Unitaria (ADF y PP)

Variable

Augmented Dickey-Fuller test (ADF) Level Form -1.226(5)

First Differences -3.246 (4)**

Pkillips-Perron test (PP) Level Form -1,337(13)

First Differences -18,972(51)***

-6,001(2)***

PIB

pp

-2.614(1)*

-6,093(0)***

-0,349(3)

-0.822(5)

0,770(0)

-6,036(0)***

-2.252(0)

-6,093(0)***

0.062(0)

-0,474(1)

1,130(0)

k

pmon

-8,791(15)***

-6,173(1)***

-0,142(16)

0,751(1)

-2,688(62)*

-6,186(0)***

-14,306(1)***

0,962(0)

-2,139(7)

pene

-0,033(2)

-17,605(9)*** -1.858(8)

-8,791(15)***

-2,688(62)*

l

-0,142(16)

-2,139(7)

Pat

-14,306(1)***

-1.858(8)

0,751(1)

-0,033(2)

Pat

-6,186(0)***

l

0,962(0)

-2.614(1)*

0,770(0)

-0.822(5)

-6,093(0)***

-2.252(0)

1,130(0)

-0,474(1)

pene

k

-0,349(3)

-18,972(51)*** First Differences

-6,036(0)***

-1,337(13) Level Form

0.062(0)

-3.246 (4)** First Differences

Pkillips-Perron test (PP)

pmon

-1.226(5) Level Form

Augmented Dickey-Fuller test (ADF)

-17,605(9)*** -6,173(1)*** -6,093(0)*** -6,001(2)***

Nota: los valores reportados en la tabla corresponden a los estadísticos t para cada serie. Todas las regresiones incluyen un intercepto. La muestra es desde 1992:Q1 hasta 2007:Q4. *** / ** / * indica el rechazo de la hipótesis nula con un nivel de signi¿cación de 1%, 5 % o 10%, respectivamente. Los números entre paréntesis corresponden a la selección óptima de rezagos en el caso de la prueba de DFA, y el ancho de banda óptimo en el caso de la prueba de PP. Los valores críticos son los reportados por EViews a partir de MacKinnon (1996).

12 Esto implica que los estimadores convergen al verdadero valor Į y ȕ a una tasa 1/T, en lugar de la habitual 1/¥T 13 Patterson (2000) sugiere que un procedimiento adecuado para determinar la estructura optima de rezagos es eligiendo aquella que entregue los menores valores de los test de Akaike (CIA) y Schwartz (CIS), sujeto a que no se rechace la hipótesis nula de innovaciones tipo ruido blanco.

MARÍA DE LA LUZ DOMPER R. - GONZALO BLÜMEL M-I - RICARDO ESPINOZA G.

pp

Patterson (2000) sugiere que un procedimiento adecuado para determinar la estructura optima de rezagos es eligiendo aquella que entregue los menores valores de los test de Akaike (CIA) y Schwartz (CIS), sujeto a que no se rechace la hipótesis nula de innovaciones tipo ruido blanco. 13

Esto implica que los estimadores convergen al verdadero valor Į y ȕ a una tasa 1/T, en lugar de la habitual 1/¥T 12

Nota: los valores reportados en la tabla corresponden a los estadísticos t para cada serie. Todas las regresiones incluyen un intercepto. La muestra es desde 1992:Q1 hasta 2007:Q4. *** / ** / * indica el rechazo de la hipótesis nula con un nivel de signi¿cación de 1%, 5 % o 10%, respectivamente. Los números entre paréntesis corresponden a la selección óptima de rezagos en el caso de la prueba de DFA, y el ancho de banda óptimo en el caso de la prueba de PP. Los valores críticos son los reportados por EViews a partir de MacKinnon (1996). PIB Variable

Tabla N° 2: Test de Raíz Unitaria (ADF y PP)

Para que dos o más variables cointegren es necesario que tengan el mismo orden de integración, lo que habitualmente se veri¿ca mediante los contrastes de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) y de Phillips-Perron (PP). En ambos casos, la hipótesis nula es que la serie tiene raíz unitaria, es decir, es no estacionaria. En el caso del test de DFA, el número óptimo de rezagos es elegido de acuerdo al Criterio de Información de Akaike (CIA)13. En el caso de PP, el ancho de banda óptimo es elegido de acuerdo al método de Newey-West, usando Bertlett Kernel para el estimador espectral. La Tabla N° 2 presenta los resultados de estas pruebas. y los coe¿cientes obtenidos en la regresión serán superconsistentes a pesar de las variables no estacionarias12. 160

CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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La tabla muestra que todos los estadísticos t de las variables en niveles son mayores que los valores críticos para cualquier nivel de signi¿cación, tanto para el test de DFA como PP, lo que no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, salvo en el caso de la serie de registro de patentes (pat), por el test de PP. Es decir, exceptuando este último caso, las variables no serían estacionarias cuando se encuentran en su nivel. Sin embargo, cuando las variables se encuentran en primeras diferencias prácticamente todos los estadísticos t de los test de DFA y PP son mayores, en valor absoluto, que los respectivos valores críticos al 5%, salvo los casos de las series de capital y patentes mediante el test de DFA, aunque en estos dos últimos casos los resultados de ambas pruebas son contradictorios. Estos resultados implican que la mayoría las series serían integradas de primer orden o I (1), y en particular podemos asumir que el producto, el capital, el trabajo, las patentes y las series de precios de la energía son I (1) al 5% de signi¿cación. Estos resultados también fueron contrastados con la prueba de raíz unitaria de KPSS, que asume bajo la hipótesis nula que las series son estacionarias, obteniéndose conclusiones consistentes con las obtenidas con los test de DFA y PP (resultados no reportados). Dado que la mayoría de las series tienen el mismo orden de integración, procedemos a realizar las pruebas de cointegración, en primer lugar, mediante el procedimiento desarrollado por ENGLE-GRANGER. Básicamente, lo que la metodología de ENGLE-GRANGER sugiere es que es posible construir combinaciones lineales no espurias de series de tiempo no estacionarias si es que son integradas del mismo orden, esto independientemente de las relaciones de causalidad entre las variables. Para testear la existencia de cointegración entre las variables se tiene que proceder mediante dos etapas: inicialmente, se estima el vector cointegración a partir de una regresión por medio de MCO entre los valores contemporáneos de las variables que componen el vector zt (en este caso PIB, k, l, pat y las series de precios de la energía). Luego, si el residuo resultante es estacionario entonces los estimadores de MCO del vector zt son consistentes. La estacionariedad del residuo se puede testear mediante la prueba de DFA, aunque los valores críticos estándares no son del todo apropiados para compararlos con los estadísticos t obtenidos de las regresiones (GUJARATI,

La estacionariedad del residuo se puede testear mediante la prueba de DFA, aunque los valores críticos estándares no son del todo apropiados para compararlos con los estadísticos t obtenidos de las regresiones (GUJARATI, Dado que la mayoría de las series tienen el mismo orden de integración, procedemos a realizar las pruebas de cointegración, en primer lugar, mediante el procedimiento desarrollado por ENGLE-GRANGER. Básicamente, lo que la metodología de ENGLE-GRANGER sugiere es que es posible construir combinaciones lineales no espurias de series de tiempo no estacionarias si es que son integradas del mismo orden, esto independientemente de las relaciones de causalidad entre las variables. Para testear la existencia de cointegración entre las variables se tiene que proceder mediante dos etapas: inicialmente, se estima el vector cointegración a partir de una regresión por medio de MCO entre los valores contemporáneos de las variables que componen el vector zt (en este caso PIB, k, l, pat y las series de precios de la energía). Luego, si el residuo resultante es estacionario entonces los estimadores de MCO del vector zt son consistentes. Sin embargo, cuando las variables se encuentran en primeras diferencias prácticamente todos los estadísticos t de los test de DFA y PP son mayores, en valor absoluto, que los respectivos valores críticos al 5%, salvo los casos de las series de capital y patentes mediante el test de DFA, aunque en estos dos últimos casos los resultados de ambas pruebas son contradictorios. Estos resultados implican que la mayoría las series serían integradas de primer orden o I (1), y en particular podemos asumir que el producto, el capital, el trabajo, las patentes y las series de precios de la energía son I (1) al 5% de signi¿cación. Estos resultados también fueron contrastados con la prueba de raíz unitaria de KPSS, que asume bajo la hipótesis nula que las series son estacionarias, obteniéndose conclusiones consistentes con las obtenidas con los test de DFA y PP (resultados no reportados). La tabla muestra que todos los estadísticos t de las variables en niveles son mayores que los valores críticos para cualquier nivel de signi¿cación, tanto para el test de DFA como PP, lo que no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, salvo en el caso de la serie de registro de patentes (pat), por el test de PP. Es decir, exceptuando este último caso, las variables no serían estacionarias cuando se encuentran en su nivel. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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La endogeneidad implica que el valor que toman las variables depende del valor que toman las otras variables implícitas en el modelo. 14

2004). En este estudio consideramos los valores críticos propuestos por ENGLE y YOO (1987). La importancia de este test radica en que, en primer lugar, si las series cointegran es posible establecer que variables seleccionadas tienen una relación en el largo plazo, es decir, se determinan endógenamente en el modelo14 y, en segundo lugar, los coe¿cientes del vector de cointegración pueden ser interpretados como relaciones de equilibrio entre las variables, o bien, como las elasticidades de largo plazo. En la tabla Nº 3 se presentan los resultados de las pruebas de cointegración mediante Engle-Granger para tres especi¿caciones diferentes del modelo (se mantienen constantes las series de producto, trabajo y capital, cambiando en cada caso las series de precios de la energía). Al analizar los resultados de las pruebas de DFA sobre los residuos es posible establecer que las series cointegran al 5% de signi¿cación cuando el precio de energía es representado por las series de precios monómico (pmon) y el precio nudo de la electricidad (pene), ya que el estadístico t es menor que el valor crítico propuesto para ese nivel de signi¿cación (-3.32). Es decir, es posible asumir que hay una relación de largo plazo entre el producto, capital, trabajo, las patentes y precio de la energía. Sólo cuando se considera el precio del petróleo (pp) las series no cointegran al 10% de signi¿cación. En cuanto a los signos de los coe¿cientes obtenidos, son consistentes con las predicciones teóricas (positivos en los casos de trabajo, capital y patentes, y negativo en el caso del precio de la energía). Es decir, la economía crece mediante la acumulación de factores de producción, así como a partir del cambio tecnológico que experimenta a lo largo del tiempo. Las elasticidades precio del producto a la energía sugeridas por los resultados de la prueba de Engle-Granger para los modelos 1 y 2 son bastante homogéneas, y toman valores de -0.027 y -0.041, respectivamente. Estos resultados implican que, en el largo plazo, un aumento sostenido en el precio de la energía de un 100% puede reducir la tasa de crecimiento del producto en un rango de 2 a 4%.

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14 La endogeneidad implica que el valor que toman las variables depende del valor que toman las otras variables implícitas en el modelo.

Estos resultados implican que, en el largo plazo, un aumento sostenido en el precio de la energía de un 100% puede reducir la tasa de crecimiento del producto en un rango de 2 a 4%. Las elasticidades precio del producto a la energía sugeridas por los resultados de la prueba de Engle-Granger para los modelos 1 y 2 son bastante homogéneas, y toman valores de -0.027 y -0.041, respectivamente. En cuanto a los signos de los coe¿cientes obtenidos, son consistentes con las predicciones teóricas (positivos en los casos de trabajo, capital y patentes, y negativo en el caso del precio de la energía). Es decir, la economía crece mediante la acumulación de factores de producción, así como a partir del cambio tecnológico que experimenta a lo largo del tiempo. Al analizar los resultados de las pruebas de DFA sobre los residuos es posible establecer que las series cointegran al 5% de signi¿cación cuando el precio de energía es representado por las series de precios monómico (pmon) y el precio nudo de la electricidad (pene), ya que el estadístico t es menor que el valor crítico propuesto para ese nivel de signi¿cación (-3.32). Es decir, es posible asumir que hay una relación de largo plazo entre el producto, capital, trabajo, las patentes y precio de la energía. Sólo cuando se considera el precio del petróleo (pp) las series no cointegran al 10% de signi¿cación. La importancia de este test radica en que, en primer lugar, si las series cointegran es posible establecer que variables seleccionadas tienen una relación en el largo plazo, es decir, se determinan endógenamente en el modelo14 y, en segundo lugar, los coe¿cientes del vector de cointegración pueden ser interpretados como relaciones de equilibrio entre las variables, o bien, como las elasticidades de largo plazo. En la tabla Nº 3 se presentan los resultados de las pruebas de cointegración mediante Engle-Granger para tres especi¿caciones diferentes del modelo (se mantienen constantes las series de producto, trabajo y capital, cambiando en cada caso las series de precios de la energía). 2004). En este estudio consideramos los valores críticos propuestos por ENGLE y YOO (1987). 162

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Estos valores son menores que los obtenidos por algunos estudios para EE.UU. y otros países desarrollados (TATOM, 1987, GARDNER, 1996). Por otro lado, las elasticidades del producto a los factores de producción son algo mayores que los resultados habituales obtenidos para Chile, ya sea por contabilidad del crecimiento o algún otro método. 4

4

4

4

4

i =1

i =0

i =0

i =0

i =0

' PIBt =a + ¦ b i 'PIBt i + ¦ di 'l t i + ¦ f i 'k tini + ¦t i ' pat t  4i + ¦ j i ptondex + r ecmt 1 + x t i

(4)

Estos resultados nos permiten construir un modelo condicional de corrección de error (MCE) basado en el teorema de representación de GRANGER (ENGLE y GRANGER, 1987), el que señala que es posible representar en un MCE un conjunto de variables que cointegran. 4

4

4

4

4

i =1

i =0

i =0

i =0

i =0

' PIBt =a + ¦ b i 'PIBt i + ¦ di 'l t i + ¦ f i 'k tini + ¦t i ' pat t 4i + ¦ j i ptondex + r ecmt 1 + x t i

En estos casos, el modelo puede ser estimado mediante métodos estadísticos simples (MCO), y entrega estimaciones consistentes que permiten realizar inferencias estadísticas. El MCE se construye sobre las variables del Nota: La muestra es de desde 1992Q:1 hasta 2007Q:4. *** / ** / * indica el rechazo de la hipótesis nula con un nivel de signi¿cación de 1%, 5% o 10%, respectivamente. Los números entre paréntesis corresponden a la selección óptima de rezagos para el test DFA, considerando el Criterio de Información de Akaike (CIA).La estructura de la prueba de DFA incluye una constante sin tendencia. Estadístico F

697.124

710.023

0.981

R2

-3.45*

-3.53*

Estadístico t - DFA (Residuos)

-

-

pp

-

pmon

-0.027

pene Pat(-4)

0.981

0.785

l

0.965

C Variable

-3.280 0.004 -

-

-

0.054

0.447

0.069

0.445

0.477

0.820

0.617

0.780

Modelo 1

671.245 0.980

-0.041

0.059

k

Tabla N° 3: Resultados de las Pruebas de Cointegración mediante Engle-Granger

1.683

Modelo 2

Modelo 3

Variable

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

C

0.965

0.780

1.683

l

0.785

0.820

0.617

k

0.447

0.445

0.477

Pat(-4)

0.059

0.054

0.069

pene

-0.027

-

-

pmon

-

-0.041

-

pp

-

-

0.004

Estadístico t - DFA (Residuos)

-3.53*

-3.45*

-3.280

R2

0.981

0.981

0.980

697.124

710.023

671.245

Estadístico F

Nota: La muestra es de desde 1992Q:1 hasta 2007Q:4. *** / ** / * indica el rechazo de la hipótesis nula con un nivel de signi¿cación de 1%, 5% o 10%, respectivamente. Los números entre paréntesis corresponden a la selección óptima de rezagos para el test DFA, considerando el Criterio de Información de Akaike (CIA).La estructura de la prueba de DFA incluye una constante sin tendencia.

En estos casos, el modelo puede ser estimado mediante métodos estadísticos simples (MCO), y entrega estimaciones consistentes que permiten realizar inferencias estadísticas. El MCE se construye sobre las variables del

Tabla N° 3: Resultados de las Pruebas de Cointegración mediante Engle-Granger i =1

i =0

i =0

i =0

i =0

' PIBt =a + ¦ b i 'PIBt i + ¦ di 'l t i + ¦ f i 'k tini + ¦t i ' pat t 4i + ¦ j i ptondex + r ecmt 1 + x t i 4

4

4

4

4

Estos resultados nos permiten construir un modelo condicional de corrección de error (MCE) basado en el teorema de representación de GRANGER (ENGLE y GRANGER, 1987), el que señala que es posible representar en un MCE un conjunto de variables que cointegran. i =0

i =1

4

4

i =0

i =0

i =0

' PIBt =a + ¦ b i 'PIBt i + ¦ di 'l t i + ¦ f i 'k tini + ¦t i ' pat t  4i + ¦ j i ptondex + r ecmt 1 + x t i 4

4

4

(4)

Estos valores son menores que los obtenidos por algunos estudios para EE.UU. y otros países desarrollados (TATOM, 1987, GARDNER, 1996). Por otro lado, las elasticidades del producto a los factores de producción son algo mayores que los resultados habituales obtenidos para Chile, ya sea por contabilidad del crecimiento o algún otro método. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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Una forma de obtener una versión más representativa e interpretable de la versión dinámica del modelo es estimando la ecuación parsimoniosa del MCE siguiendo una metodología “de lo general a lo especí¿co”, que consiste en eliminar variables poco signi¿cativas mediante una reducción secuencial. Los resultados (no reportados) muestran que el coe¿ciente del término de corrección de error es igualmente negativo y signi¿cativo al 5%, y que la magnitud de éste implica que el desequilibrio se ajustará un 8% en

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Además, el coe¿ciente del término de corrección de error es negativo (-0,291), lo que es consistente con el requerimiento teórico de estabilidad dinámica del modelo, aunque no es signi¿cativo a ningún nivel relevante.

vector de cointegración en sus versiones estacionarias (primeras diferencias) y está representado por la siguiente ecuación:

Los resultados obtenidos implican que los movimientos de la condición de equilibrio serán determinantes en el comportamiento de corto plazo del modelo. La versión dinámica del modelo tiene buenas propiedades estadísticas de acuerdo a los resultados de las diferentes pruebas y no presenta signos de autocorrelación, heterocedasticidad y no normalidad de los residuos. Asimismo, las variables independientes explican en gran medida las variaciones de la tasa de crecimiento del PIB de acuerdo al valor obtenido del coe¿ciente de determinación (0,87), aun cuando muchas variables no son signi¿cativas. Pese a esto, el estadístico F de signi¿cación conjunta es altamente signi¿cativo.

mon 0.041pt-1 0.78 (5)

En el MCE la tasa de crecimiento del PIB es función de su valor contemporáneo y sus rezagos, además de los valores contemporáneos y rezagos de las tasas de crecimiento de k, l, pat y pmon, más ecmt-1. Esta especi¿cación nos permite observar la relación dinámica de las variables, ya que los coe¿cientes estimados se interpretan económicamente como elasticidades de corto plazo.

0.054patt-4

Donde el término de corrección de error (ecmt-1) es derivado de las ecuaciones de cointegración obtenidas a partir de la Tabla N° 3 (en este caso consideramos el modelo 2, con el precio monómico como proxy del precio de la energía).

ecmt-1 = log PIBt-1 0.445 kt-1 0.82lt-1

mon 0.041pt-1 0.78 (5)

Donde el término de corrección de error (ecmt-1) es derivado de las ecuaciones de cointegración obtenidas a partir de la Tabla N° 3 (en este caso consideramos el modelo 2, con el precio monómico como proxy del precio de la energía).

0.054patt-4

En el MCE la tasa de crecimiento del PIB es función de su valor contemporáneo y sus rezagos, además de los valores contemporáneos y rezagos de las tasas de crecimiento de k, l, pat y pmon, más ecmt-1. Esta especi¿cación nos permite observar la relación dinámica de las variables, ya que los coe¿cientes estimados se interpretan económicamente como elasticidades de corto plazo.

ecmt-1 = log PIBt-1 0.445 kt-1 0.82lt-1

Los resultados obtenidos implican que los movimientos de la condición de equilibrio serán determinantes en el comportamiento de corto plazo del modelo. La versión dinámica del modelo tiene buenas propiedades estadísticas de acuerdo a los resultados de las diferentes pruebas y no presenta signos de autocorrelación, heterocedasticidad y no normalidad de los residuos. Asimismo, las variables independientes explican en gran medida las variaciones de la tasa de crecimiento del PIB de acuerdo al valor obtenido del coe¿ciente de determinación (0,87), aun cuando muchas variables no son signi¿cativas. Pese a esto, el estadístico F de signi¿cación conjunta es altamente signi¿cativo.

vector de cointegración en sus versiones estacionarias (primeras diferencias) y está representado por la siguiente ecuación:

Además, el coe¿ciente del término de corrección de error es negativo (-0,291), lo que es consistente con el requerimiento teórico de estabilidad dinámica del modelo, aunque no es signi¿cativo a ningún nivel relevante.

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Una forma de obtener una versión más representativa e interpretable de la versión dinámica del modelo es estimando la ecuación parsimoniosa del MCE siguiendo una metodología “de lo general a lo especí¿co”, que consiste en eliminar variables poco signi¿cativas mediante una reducción secuencial. Los resultados (no reportados) muestran que el coe¿ciente del término de corrección de error es igualmente negativo y signi¿cativo al 5%, y que la magnitud de éste implica que el desequilibrio se ajustará un 8% en

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cada período. Este valor es bastante menor al estimado por Gardner (1996), para EE.UU. (-0.29), y podría estar reÀejando cierta rigidez estructural de la economía chilena para ajustarse a shocks aleatorios, posiblemente por la existencia de costos de ajuste sobre los factores productivos.

Nota: Las ¿guras muestran los residuos recursivos en torno a la línea cero, ± 2 desviaciones estándar. El grá¿co superior corresponde a la estimación sin la variable dummy, en tanto, el inferior incluye la variable dummy que considera los efectos de las crisis asiática (“dummy 98”).

Además, los resultados señalan que la tasa de crecimiento del producto depende de las variaciones de la fuerza de trabajo fundamentalmente, siendo éste el factor más relevante a la hora de determinar las variaciones del producto. Nuevamente, la ecuación no muestra signos de autocorrelación, heterocedasticidad, no normalidad de los residuos o problemas de especi¿cación. Finalmente, para analizar la estabilidad del modelo dinámico consideramos el método de los Mínimos Cuadrados Recursivos, herramienta que permite investigar la constancia de los parámetros y residuos a partir de innovaciones secuenciales (“one-step innovations”), lo que resulta consistente en procesos dinámicos. Los resultados de las estimaciones muestran que todos los coe¿cientes recursivos permanecen al interior de la banda construida en torno a los valores ex ante (± 2 desviaciones estándar), con¿rmando razonablemente la estabilidad de los parámetros (ver ¿gura N° 4). Figura N° 4: Estimación Recursiva del Residuo del Modelo Dinámico Parsimonioso

Figura N° 4: Estimación Recursiva del Residuo del Modelo Dinámico Parsimonioso

Finalmente, para analizar la estabilidad del modelo dinámico consideramos el método de los Mínimos Cuadrados Recursivos, herramienta que permite investigar la constancia de los parámetros y residuos a partir de innovaciones secuenciales (“one-step innovations”), lo que resulta consistente en procesos dinámicos. Los resultados de las estimaciones muestran que todos los coe¿cientes recursivos permanecen al interior de la banda construida en torno a los valores ex ante (± 2 desviaciones estándar), con¿rmando razonablemente la estabilidad de los parámetros (ver ¿gura N° 4). Además, los resultados señalan que la tasa de crecimiento del producto depende de las variaciones de la fuerza de trabajo fundamentalmente, siendo éste el factor más relevante a la hora de determinar las variaciones del producto. Nuevamente, la ecuación no muestra signos de autocorrelación, heterocedasticidad, no normalidad de los residuos o problemas de especi¿cación.

Nota: Las ¿guras muestran los residuos recursivos en torno a la línea cero, ± 2 desviaciones estándar. El grá¿co superior corresponde a la estimación sin la variable dummy, en tanto, el inferior incluye la variable dummy que considera los efectos de las crisis asiática (“dummy 98”).

cada período. Este valor es bastante menor al estimado por Gardner (1996), para EE.UU. (-0.29), y podría estar reÀejando cierta rigidez estructural de la economía chilena para ajustarse a shocks aleatorios, posiblemente por la existencia de costos de ajuste sobre los factores productivos. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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En relación al efecto del cambio tecnológico sobre el crecimiento, medidas que tiendan a fomentar las innovaciones tendrán efectos signi¿cativos

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Además, es sumamente necesario seguir la evolución de los costos de generación eléctrica e implementar medidas que aseguren que los cambios regulatorios no afectarán mayormente el precio de la matriz energética. Más aún, medidas que fortalezcan la competencia y que permitan reducir los precios de largo plazo permitirán adicionalmente incrementar la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía.

VI. CONCLUSIONES

¿Cuáles son las implicancias de estos resultados en relación al diseño de políticas energéticas y ambientales? En primer lugar, la tasa de crecimiento de la economía se determina fundamentalmente en el corto plazo por la acumulación de factores de producción, en particular trabajo. Variaciones transitorias en el precio de la energía no tendrían efectos signi¿cativos sobre el producto. Esto sugiere que el uso de mecanismos estabilizadores de corto plazo de los precios no tendría efectos signi¿cativos directos sobre la tasa de crecimiento.

El propósito de este trabajo ha sido evaluar el impacto de las variaciones de los precios de la energía sobre la tasa de crecimiento, en el contexto de la evolución económica de Chile por un período de 15 años. Los resultados indican que la mayoría de las series son integradas de primer orden y que cointegran, con¿rmando la existencia de una relación o equilibrio de largo plazo entre las variables. Esto implica que la tasa de crecimiento de la economía chilena no es independiente de los precios de la energía.

La relación obtenida sugiere que en el largo plazo el PIB depende positivamente del stock de capital, trabajo y patentes, y negativamente del precio de la energía. La elasticidad precio del PIB Àuctúa entre -0,027 y -0,04, dependiendo del modelo especi¿cado. Esto signi¿ca que incrementos sostenidos en el precio de la energía en torno al 100% podrían restar a la tasa de crecimiento de largo plazo aproximadamente un rango de 2 a 4%. Sin embargo, en el corto plazo la tasa de crecimiento del PIB no depende del precio de la energía. Además, los resultados del modelo dinámico indican que la economía se ajusta lentamente a los shocks externos.

La relación obtenida sugiere que en el largo plazo el PIB depende positivamente del stock de capital, trabajo y patentes, y negativamente del precio de la energía. La elasticidad precio del PIB Àuctúa entre -0,027 y -0,04, dependiendo del modelo especi¿cado. Esto signi¿ca que incrementos sostenidos en el precio de la energía en torno al 100% podrían restar a la tasa de crecimiento de largo plazo aproximadamente un rango de 2 a 4%. Sin embargo, en el corto plazo la tasa de crecimiento del PIB no depende del precio de la energía. Además, los resultados del modelo dinámico indican que la economía se ajusta lentamente a los shocks externos.

El propósito de este trabajo ha sido evaluar el impacto de las variaciones de los precios de la energía sobre la tasa de crecimiento, en el contexto de la evolución económica de Chile por un período de 15 años. Los resultados indican que la mayoría de las series son integradas de primer orden y que cointegran, con¿rmando la existencia de una relación o equilibrio de largo plazo entre las variables. Esto implica que la tasa de crecimiento de la economía chilena no es independiente de los precios de la energía.

¿Cuáles son las implicancias de estos resultados en relación al diseño de políticas energéticas y ambientales? En primer lugar, la tasa de crecimiento de la economía se determina fundamentalmente en el corto plazo por la acumulación de factores de producción, en particular trabajo. Variaciones transitorias en el precio de la energía no tendrían efectos signi¿cativos sobre el producto. Esto sugiere que el uso de mecanismos estabilizadores de corto plazo de los precios no tendría efectos signi¿cativos directos sobre la tasa de crecimiento.

VI. CONCLUSIONES

Además, es sumamente necesario seguir la evolución de los costos de generación eléctrica e implementar medidas que aseguren que los cambios regulatorios no afectarán mayormente el precio de la matriz energética. Más aún, medidas que fortalezcan la competencia y que permitan reducir los precios de largo plazo permitirán adicionalmente incrementar la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía.

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En relación al efecto del cambio tecnológico sobre el crecimiento, medidas que tiendan a fomentar las innovaciones tendrán efectos signi¿cativos

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y positivos sobre las variaciones del producto en el largo plazo, por lo que es fundamental promover la innovación, ya sea mediante la adopción de tecnologías importadas, o bien, fomentando el proceso de invención y licenciamiento en los cientí¿cos nacionales. Otro hallazgo interesante es la lentitud con que se ajusta la economía a los shocks, aunque esto posiblemente tiene que ver más con las posibilidades de reasignación de factores productivos que con los cambios en los precios de la energía. Iniciativas que fomenten la Àexibilidad en la reasignación de factores tendrían un positivo impacto en la capacidad de respuesta de la economía.

BURBIDGE, J. y A. HARRISON (1984): Testing for the effects of oil-price rises using vector autoregressions. International Economic Review Nº 25 Vol. 2, pp. 459-484. BOYD, R. y T. CAPORALE (1996): Scarcity, resource price uncertainty, and economic growth. Land Economics Nº 72, Vol. 3 pp. 326-335. BOHI, D. R. (1989): Energy price shocks and macroeconomic performance. Washington, D.C. resource for the Future. ASAFU-ADJAYE, J. (2000): The relationship between energy consumption, energy prices and economic growth: time series evidence from Asian developing countries. Energy Economics Nº 22, Vol. 6, pp. 615-625. ALAM, M. S. (2006): Economic growth with energy MPRA paper, pp. 1-25. AKINLO, A. E. (2008): Energy consumption and economic growth: Evidence from 11 Sub-Sahara African countries. Energy Economics Nº 30, pp. 2391-2400. AKARCA, A. T. y T. LONG (1979): Energy and employment: a time-series analysis of the causal relationship. Resources and Energy Nº 2, Vol. 2-3, pp. 151-162.

Una posible línea de investigación que surge a partir de este trabajo es la estimación de los impactos sociales (empleo, pobreza y distribución del ingreso) que genera la reducción de la tasa de crecimiento del producto, debido a las alzas de los precios de la energía.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Una posible línea de investigación que surge a partir de este trabajo es la estimación de los impactos sociales (empleo, pobreza y distribución del ingreso) que genera la reducción de la tasa de crecimiento del producto, debido a las alzas de los precios de la energía.

AKARCA, A. T. y T. LONG (1979): Energy and employment: a time-series analysis of the causal relationship. Resources and Energy Nº 2, Vol. 2-3, pp. 151-162. AKINLO, A. E. (2008): Energy consumption and economic growth: Evidence from 11 Sub-Sahara African countries. Energy Economics Nº 30, pp. 2391-2400. ALAM, M. S. (2006): Economic growth with energy MPRA paper, pp. 1-25. ASAFU-ADJAYE, J. (2000): The relationship between energy consumption, energy prices and economic growth: time series evidence from Asian developing countries. Energy Economics Nº 22, Vol. 6, pp. 615-625. BOHI, D. R. (1989): Energy price shocks and macroeconomic performance. Washington, D.C. resource for the Future. BOYD, R. y T. CAPORALE (1996): Scarcity, resource price uncertainty, and economic growth. Land Economics Nº 72, Vol. 3 pp. 326-335. BURBIDGE, J. y A. HARRISON (1984): Testing for the effects of oil-price rises using vector autoregressions. International Economic Review Nº 25 Vol. 2, pp. 459-484.

Otro hallazgo interesante es la lentitud con que se ajusta la economía a los shocks, aunque esto posiblemente tiene que ver más con las posibilidades de reasignación de factores productivos que con los cambios en los precios de la energía. Iniciativas que fomenten la Àexibilidad en la reasignación de factores tendrían un positivo impacto en la capacidad de respuesta de la economía. y positivos sobre las variaciones del producto en el largo plazo, por lo que es fundamental promover la innovación, ya sea mediante la adopción de tecnologías importadas, o bien, fomentando el proceso de invención y licenciamiento en los cientí¿cos nacionales. CRECIMIENTO ECONÓMICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA. APLICACIÓN DE LAS LEYES Nº 19.940 Y Nº 20.018 EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ*

* Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidato a Magíster en Derecho, mención Derecho Económico de la Universidad de Chile. Profesor de Derecho Económico y de Derecho de las Regulaciones Económicas en la Universidad Diego Portales y asesor de la División Jurídica del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (las ideas y opiniones expresadas en esta ponencia son de exclusiva responsabilidad de su autor, y no representan ni comprometen de manera alguna al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción). Trabajo presentado en las V Jornadas de Derecho Eléctrico (2005) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los órganos de la Administración del Estado con potestades regulatorias, por su naturaleza jurídica, están sujetos a los principios de supremacía RESUMEN El ejercicio de la potestad reglamentaria por el Presidente de la República en la dictación de los reglamentos dispuestos por el Legislador, es una atribución exclusiva, cuya ejecución está determinada por disposiciones generales de carácter constitucional y por las normas particulares contenidas en las leyes que, de manera especí¿ca, le con¿eren la facultad de reglamentarlas. Además, por mandato igualmente constitucional y, en ciertos casos, por disposiciones contenidas en leyes orgánicas de determinados órganos de la Administración del Estado, la potestad reglamentaria aludida se debe ejercer a través y mediante tales órganos, a quienes se les identi¿ca propiamente como los “reguladores” de una determinada actividad económica.

Además, por mandato igualmente constitucional y, en ciertos casos, por disposiciones contenidas en leyes orgánicas de determinados órganos de la Administración del Estado, la potestad reglamentaria aludida se debe ejercer a través y mediante tales órganos, a quienes se les identi¿ca propiamente como los “reguladores” de una determinada actividad económica. El ejercicio de la potestad reglamentaria por el Presidente de la República en la dictación de los reglamentos dispuestos por el Legislador, es una atribución exclusiva, cuya ejecución está determinada por disposiciones generales de carácter constitucional y por las normas particulares contenidas en las leyes que, de manera especí¿ca, le con¿eren la facultad de reglamentarlas. RESUMEN

Los órganos de la Administración del Estado con potestades regulatorias, por su naturaleza jurídica, están sujetos a los principios de supremacía

* Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidato a Magíster en Derecho, mención Derecho Económico de la Universidad de Chile. Profesor de Derecho Económico y de Derecho de las Regulaciones Económicas en la Universidad Diego Portales y asesor de la División Jurídica del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (las ideas y opiniones expresadas en esta ponencia son de exclusiva responsabilidad de su autor, y no representan ni comprometen de manera alguna al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción). Trabajo presentado en las V Jornadas de Derecho Eléctrico (2005) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ* APLICACIÓN DE LAS LEYES Nº 19.940 Y Nº 20.018

EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA.

172

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

En adelante, nos referiremos exclusivamente a la “potestad reglamentaria de ejecución”, en cuanto es el eje del presente trabajo por las reiteradas remisiones que señalamos al iniciar4

constitucional y de legalidad, de manera que sus actuaciones deben ceñirse a la Constitución y las leyes, correspondiéndoles, por una parte, participar activamente y de o¿cio en la elaboración de los reglamentos que inciden en el ámbito de su competencia y, por otra parte, ajustarse a los mandatos de carácter sustantivo del Legislador en las leyes que les corresponde contribuir a reglamentar, así como a los procedimientos establecidos para ejercer sus competencias regulatorias. Lo expuesto precedentemente, constituye el marco regulatorio esencial conforme al cual el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y la Comisión Nacional de Energía contribuyen, en la esfera de sus atribuciones, a ejercer la potestad reglamentaria del Presidente de la República en aplicación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018, que modi¿caron la Ley General de Servicios Eléctricos y que, por su relevancia para la economía nacional, tecnicismo e interacción de diversos agentes y organismos, públicos y privados, requiere un análisis exhaustivo de todas las alternativas posibles para ejecutar, desarrollar, determinar, complementar, precisar y especi¿car los mandatos generales y abstractos contenidos en dichas leyes. Tales premisas básicas se analizarán en la presente ponencia con la profundidad que permite su extensión, para ¿nalizar con un análisis empírico del ejercicio de las potestades regulatorias en el sector eléctrico, a la luz de la práctica desarrollada por los organismos de la Administración del Estado que intervienen en las distintas fases de un reglamento y, asimismo, sobre la base de los reglamentos dictados y en actual elaboración para aplicar las leyes citadas, todo ello confrontado con doctrina y jurisprudencia relevante. Con motivo de la dictación de las Leyes Nº 19.9401 y Nº 20.018,2 que modi¿caron la Ley General de Servicios Eléctricos en adelante, “LGSE”,3 nos parece conveniente introducirnos en el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución4 del Presidente de la República, dado que, la primera de las leyes 1 Publicada 2

en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2004.

Publicada en el Diario O¿cial el 19 de mayo de 2005.

3 Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del Ministerio de Minería, publicado en el Diario O¿cial el 13 de septiembre de 1982.

Publicada en el Diario O¿cial el 19 de mayo de 2005. en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2004. EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

4 En adelante, nos referiremos exclusivamente a la “potestad reglamentaria de ejecución”, en cuanto es el eje del presente trabajo por las reiteradas remisiones que señalamos al iniciar-

Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del Ministerio de Minería, publicado en el Diario O¿cial el 13 de septiembre de 1982. 3 2

1 Publicada

Con motivo de la dictación de las Leyes Nº 19.9401 y Nº 20.018,2 que modi¿caron la Ley General de Servicios Eléctricos en adelante, “LGSE”,3 nos parece conveniente introducirnos en el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución4 del Presidente de la República, dado que, la primera de las leyes Tales premisas básicas se analizarán en la presente ponencia con la profundidad que permite su extensión, para ¿nalizar con un análisis empírico del ejercicio de las potestades regulatorias en el sector eléctrico, a la luz de la práctica desarrollada por los organismos de la Administración del Estado que intervienen en las distintas fases de un reglamento y, asimismo, sobre la base de los reglamentos dictados y en actual elaboración para aplicar las leyes citadas, todo ello confrontado con doctrina y jurisprudencia relevante. Lo expuesto precedentemente, constituye el marco regulatorio esencial conforme al cual el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y la Comisión Nacional de Energía contribuyen, en la esfera de sus atribuciones, a ejercer la potestad reglamentaria del Presidente de la República en aplicación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018, que modi¿caron la Ley General de Servicios Eléctricos y que, por su relevancia para la economía nacional, tecnicismo e interacción de diversos agentes y organismos, públicos y privados, requiere un análisis exhaustivo de todas las alternativas posibles para ejecutar, desarrollar, determinar, complementar, precisar y especi¿car los mandatos generales y abstractos contenidos en dichas leyes. constitucional y de legalidad, de manera que sus actuaciones deben ceñirse a la Constitución y las leyes, correspondiéndoles, por una parte, participar activamente y de o¿cio en la elaboración de los reglamentos que inciden en el ámbito de su competencia y, por otra parte, ajustarse a los mandatos de carácter sustantivo del Legislador en las leyes que les corresponde contribuir a reglamentar, así como a los procedimientos establecidos para ejercer sus competencias regulatorias. 172

Esta relación ha dado lugar a diferentes doctrinas jurídicas, en torno a los siguientes temas: (1) En cuanto a la distribución de materias previstas por el Constituyente, SOTO KLOSS ha renovado el sistema de dominio mínimo legal a propósito de la Carta Fundamental de 1980, pese a que casi unánimemente se daba por superado con las declaraciones contenidas en las Actas de la Comisión de Estudio para la Nueva Constitución, en adelante, “Comisión Ortúzar”, orientadas a diferenciarla claramente de la Constitución de 1925, donde sí se contemplaban potestades amplias para legislar, SOTO KLOSS (1999), pp. 39-47; en la misma línea se pronuncia RIBERA, pero con motivación reaccionaria ante el cambio jurisprudencial del Tribunal Constitucional desde 1997 a la fecha, RIBERA NEUMANN (2002), pp. 471-488 y adhiriéndose con posterioridad a la publicación de su “Derecho Constitucional Económico”, FERMANDOIS (2001a), pp. 287-298. Pues bien, al dominio mínimo apuntado, se opone en nuestra doctrina el sistema de dominio máximo legal, al cual se adhieren, entre otros, CARMONA (2001), pp. 30-62; CEA EGAÑA (1998), pp. 65-104; VERDUGO; PFFEFER y NOGUEIRA (1997), pp. 100; CALDERA (2001), pp. 187-194). Y, como normalmente sucede en las doctrinas jurídicas, es posible identi¿car una intermedia más que ecléctica (pues las posiciones se acercan a uno u otro polo dependiendo de su autor) que agruparemos en dominio máximo legal atenuado: CEA EGAÑA (1984), pp. 417-431, quien lo cali¿ca “mera apariencia de innovación” p. 430; MOLINA GUAITA (1988), pp. 31-37, para quien es “heterogéneo, híbrido” p. 37; BASCUÑÁN RODRÍGUEZ (1998), pp. 33-44, para quien “…en un contexto constitucional tan de¿citario como el chileno, debe asumirse como principio que en todo el orden de las materias de ley, las demás potestades normativas serán prima facie potestades concurrentes con la potestad legislativa y jerárquicamente subordinadas a ella” (p. 43, énfasis en el original); y, para cerrar los ejemplos pero aún lejos de concluir, MUÑOZ DÍAZ (2002), pp. 205-211, quien juzga que “la amplitud del dominio legal establecido en la Constitución de 1980 ha transformado a la potestad reglamentaria autónoma, virtualmente, en una hipótesis de laboratorio”. (2) En cuanto a la extensión de la expresión “regular” con motivo de los derechos y garantías constitucionales y, en particular, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita (artículo 19 Nº 21 de la CPR) si “regular” es una reserva absoluta a favor de la ley SOTO 6

Si bien durante la discusión del proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados el 6 de mayo de 2002, se incrementaron las referencias al reglamento, el proyecto original ya contenía cincuenta y cinco. Empleamos la expresión “remisión”, en virtud que no todas implican convocatoria de la ley al reglamento, pues algunas sólo se re¿eren a él de modo genérico, pero, de todos modos, un alto porcentaje son remisiones susceptibles de ejercer en el futuro. 5

Continuación nota 4 lo, sin perjuicio que, mediante referencia expresa, abordemos notas comunes con la potestad reglamentaria autónoma. Sobre esta distinción y sólo para efectos de este estudio, adoptaremos el concepto de potestad reglamentaria autónoma de CLAVERO, “La potestad de la Administración de dictar normas reglamentarias cuando no existen normas de rango legal sobre una determinada materia, sintiéndose la necesidad de que tal materia encuentre una regulación jurídica”, citado por GARCÍA DE ENTERRÍA (2004), p. 160 y el concepto de potestad reglamentaria de ejecución desprendido a partir del reglamento ejecutivo, entendido como “…los que se dictan en virtud de (…) remisiones normativas de la Ley en favor del Reglamento” GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (1999), pp. 206.

citadas, contiene setenta5 referencias a “reglamento”, mientras que, la segunda de ellas, las tiene en catorce de sus disposiciones. Sin embargo, sustraeremos de nuestro objeto de estudio la revisión obligada de la siempre interesante y renovada discusión sobre las relaciones entre la Ley y el Reglamento,6 EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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citadas, contiene setenta5 referencias a “reglamento”, mientras que, la segunda de ellas, las tiene en catorce de sus disposiciones. Sin embargo, sustraeremos de nuestro objeto de estudio la revisión obligada de la siempre interesante y renovada discusión sobre las relaciones entre la Ley y el Reglamento,6 Continuación nota 4 lo, sin perjuicio que, mediante referencia expresa, abordemos notas comunes con la potestad reglamentaria autónoma. Sobre esta distinción y sólo para efectos de este estudio, adoptaremos el concepto de potestad reglamentaria autónoma de CLAVERO, “La potestad de la Administración de dictar normas reglamentarias cuando no existen normas de rango legal sobre una determinada materia, sintiéndose la necesidad de que tal materia encuentre una regulación jurídica”, citado por GARCÍA DE ENTERRÍA (2004), p. 160 y el concepto de potestad reglamentaria de ejecución desprendido a partir del reglamento ejecutivo, entendido como “…los que se dictan en virtud de (…) remisiones normativas de la Ley en favor del Reglamento” GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (1999), pp. 206. 5 Si bien durante la discusión del proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados el 6 de mayo de 2002, se incrementaron las referencias al reglamento, el proyecto original ya contenía cincuenta y cinco. Empleamos la expresión “remisión”, en virtud que no todas implican convocatoria de la ley al reglamento, pues algunas sólo se re¿eren a él de modo genérico, pero, de todos modos, un alto porcentaje son remisiones susceptibles de ejercer en el futuro. 6 Esta relación ha dado lugar a diferentes doctrinas jurídicas, en torno a los siguientes temas: (1) En cuanto a la distribución de materias previstas por el Constituyente, SOTO KLOSS ha renovado el sistema de dominio mínimo legal a propósito de la Carta Fundamental de 1980, pese a que casi unánimemente se daba por superado con las declaraciones contenidas en las Actas de la Comisión de Estudio para la Nueva Constitución, en adelante, “Comisión Ortúzar”, orientadas a diferenciarla claramente de la Constitución de 1925, donde sí se contemplaban potestades amplias para legislar, SOTO KLOSS (1999), pp. 39-47; en la misma línea se pronuncia RIBERA, pero con motivación reaccionaria ante el cambio jurisprudencial del Tribunal Constitucional desde 1997 a la fecha, RIBERA NEUMANN (2002), pp. 471-488 y adhiriéndose con posterioridad a la publicación de su “Derecho Constitucional Económico”, FERMANDOIS (2001a), pp. 287-298. Pues bien, al dominio mínimo apuntado, se opone en nuestra doctrina el sistema de dominio máximo legal, al cual se adhieren, entre otros, CARMONA (2001), pp. 30-62; CEA EGAÑA (1998), pp. 65-104; VERDUGO; PFFEFER y NOGUEIRA (1997), pp. 100; CALDERA (2001), pp. 187-194). Y, como normalmente sucede en las doctrinas jurídicas, es posible identi¿car una intermedia más que ecléctica (pues las posiciones se acercan a uno u otro polo dependiendo de su autor) que agruparemos en dominio máximo legal atenuado: CEA EGAÑA (1984), pp. 417-431, quien lo cali¿ca “mera apariencia de innovación” p. 430; MOLINA GUAITA (1988), pp. 31-37, para quien es “heterogéneo, híbrido” p. 37; BASCUÑÁN RODRÍGUEZ (1998), pp. 33-44, para quien “…en un contexto constitucional tan de¿citario como el chileno, debe asumirse como principio que en todo el orden de las materias de ley, las demás potestades normativas serán prima facie potestades concurrentes con la potestad legislativa y jerárquicamente subordinadas a ella” (p. 43, énfasis en el original); y, para cerrar los ejemplos pero aún lejos de concluir, MUÑOZ DÍAZ (2002), pp. 205-211, quien juzga que “la amplitud del dominio legal establecido en la Constitución de 1980 ha transformado a la potestad reglamentaria autónoma, virtualmente, en una hipótesis de laboratorio”. (2) En cuanto a la extensión de la expresión “regular” con motivo de los derechos y garantías constitucionales y, en particular, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita (artículo 19 Nº 21 de la CPR) si “regular” es una reserva absoluta a favor de la ley SOTO

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exclusivamente por la extensión que ello implicaría, sin perjuicio de lo cual, las posiciones doctrinarias y sentencias relevantes del Tribunal Constitucional y de los Tribunales Superiores de Justicia constituyen (parafraseando el artículo 71-6 introducido por la Ley Nº 19.940) las instalaciones sobre las cuales inyectamos y retiramos nuestros argumentos jurídicos frente a cualquier diferencia que se suscita con motivo de un reglamento y, por lo tanto, presumiremos en Derecho, que todos hacemos uso de esta red. Para el análisis casuístico que desarrollaremos, conviene tener presente un hecho relevante: ambas leyes (especialmente la Ley Nº 19.940) han sido redactadas, en varias de sus disposiciones, con la especi¿cidad y tecnicismo que el Constituyente ha con¿ado a un reglamento7, atribuyéndose en parte Continuación nota 6 KLOSS (1996), pp. 77-99 o es una reserva relativa (GARCÍA PINO. Ob. cit., pp. 125 y siguientes) aunque también se ha sostenido una tesis ecléctica o neutra FERMANDOIS (2001a), pp. 132-133, en virtud de la cual, “…la ejecución administrativa de la ley reguladora podría conllevar también cierto grado de regulación, entendida como “ajustar a regla o someter a reglamentación”, pero la esencia de la ejecución –que la separa de la regulación– consiste en que esta norma ejecutora no podrá jamás imponer parámetros, regulaciones, requisitos, formalidades u ordenaciones que sean más exigentes, gravosos o di¿cultosos que los que ha impuesto previamente la ley”, p. 133. (3) En cuanto al grado o quantum de intervención del reglamento en la regulación de derechos, CARMONA atribuye al Presidente de la República la teoría del complemento indispensable, desarrollada en el requerimiento formulado ante el Tribunal Constitucional en el caso conocido como “Letreros Camineros II”, la teoría de la razonabilidad técnica al Tribunal Constitucional en las sentencias Rol 253 de 15 de abril de 1997 y rol 254, de 26 de abril de 1997 y, en ¿n, la teoría de la intensidad de la reserva a GARCÍA PINO en su tesis de posgrado “¿La Reserva legal de los Derechos Constitucionales: Poder Legislativo contra la Administración?” que citamos supra en su versión publicada como libro, CARMONA (2002), pp. 154-190 (4). Finalmente, en cuanto a la competencia del Tribunal Constitucional para controlar un reglamento por disconformidad con la CPR aunque se ajuste perfectamente a la ley, CARMONA las denomina tesis de la competencia amplia, manifestada en el voto de mayoría redactado por la Ministra Bulnes Aldunate en los requerimientos contra el Decreto Supremo Nº 171 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1997 y contra el Decreto Supremo Nº 1.412 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó el Décimo Protocolo Adicional con Bolivia, de 1999, y tesis de la competencia restringida, expresada en las mismas sentencias, pero con decisión de mayoría redactadas por los Ministros Valenzuela y Álvarez, respectivamente, CARMONA, pp. 189-193.

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

7 Ejemplos que demuestran esta a¿rmación son algunas de las disposiciones introducidas por el artículo 1º de la Ley Nº 19.940 a la LGSE: El inciso segundo del artículo 71-2, en cuanto especi¿ca las características que deben reunir las instalaciones pertenecientes a cada uno de los tramos del sistema de transmisión troncal; la enumeración prevista en el artículo 71-12 con las materias que debe contener el estudio de transmisión troncal; y los antecedentes que deben tener las bases técnicas preliminares del señalado estudio de acuerdo al inciso segundo del artículo 71-14, además de las especi¿caciones que deben tener tales bases administrativas preliminares elaboradas por la Comisión, según el inciso tercero de la misma norma.

Ejemplos que demuestran esta a¿rmación son algunas de las disposiciones introducidas por el artículo 1º de la Ley Nº 19.940 a la LGSE: El inciso segundo del artículo 71-2, en cuanto especi¿ca las características que deben reunir las instalaciones pertenecientes a cada uno de los tramos del sistema de transmisión troncal; la enumeración prevista en el artículo 71-12 con las materias que debe contener el estudio de transmisión troncal; y los antecedentes que deben tener las bases técnicas preliminares del señalado estudio de acuerdo al inciso segundo del artículo 71-14, además de las especi¿caciones que deben tener tales bases administrativas preliminares elaboradas por la Comisión, según el inciso tercero de la misma norma. 7

Continuación nota 6 KLOSS (1996), pp. 77-99 o es una reserva relativa (GARCÍA PINO. Ob. cit., pp. 125 y siguientes) aunque también se ha sostenido una tesis ecléctica o neutra FERMANDOIS (2001a), pp. 132-133, en virtud de la cual, “…la ejecución administrativa de la ley reguladora podría conllevar también cierto grado de regulación, entendida como “ajustar a regla o someter a reglamentación”, pero la esencia de la ejecución –que la separa de la regulación– consiste en que esta norma ejecutora no podrá jamás imponer parámetros, regulaciones, requisitos, formalidades u ordenaciones que sean más exigentes, gravosos o di¿cultosos que los que ha impuesto previamente la ley”, p. 133. (3) En cuanto al grado o quantum de intervención del reglamento en la regulación de derechos, CARMONA atribuye al Presidente de la República la teoría del complemento indispensable, desarrollada en el requerimiento formulado ante el Tribunal Constitucional en el caso conocido como “Letreros Camineros II”, la teoría de la razonabilidad técnica al Tribunal Constitucional en las sentencias Rol 253 de 15 de abril de 1997 y rol 254, de 26 de abril de 1997 y, en ¿n, la teoría de la intensidad de la reserva a GARCÍA PINO en su tesis de posgrado “¿La Reserva legal de los Derechos Constitucionales: Poder Legislativo contra la Administración?” que citamos supra en su versión publicada como libro, CARMONA (2002), pp. 154-190 (4). Finalmente, en cuanto a la competencia del Tribunal Constitucional para controlar un reglamento por disconformidad con la CPR aunque se ajuste perfectamente a la ley, CARMONA las denomina tesis de la competencia amplia, manifestada en el voto de mayoría redactado por la Ministra Bulnes Aldunate en los requerimientos contra el Decreto Supremo Nº 171 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1997 y contra el Decreto Supremo Nº 1.412 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó el Décimo Protocolo Adicional con Bolivia, de 1999, y tesis de la competencia restringida, expresada en las mismas sentencias, pero con decisión de mayoría redactadas por los Ministros Valenzuela y Álvarez, respectivamente, CARMONA, pp. 189-193.

Para el análisis casuístico que desarrollaremos, conviene tener presente un hecho relevante: ambas leyes (especialmente la Ley Nº 19.940) han sido redactadas, en varias de sus disposiciones, con la especi¿cidad y tecnicismo que el Constituyente ha con¿ado a un reglamento7, atribuyéndose en parte exclusivamente por la extensión que ello implicaría, sin perjuicio de lo cual, las posiciones doctrinarias y sentencias relevantes del Tribunal Constitucional y de los Tribunales Superiores de Justicia constituyen (parafraseando el artículo 71-6 introducido por la Ley Nº 19.940) las instalaciones sobre las cuales inyectamos y retiramos nuestros argumentos jurídicos frente a cualquier diferencia que se suscita con motivo de un reglamento y, por lo tanto, presumiremos en Derecho, que todos hacemos uso de esta red. 174

las responsabilidades y efectos que conlleva, además de su democrática elección, suprimen por completo la crítica consistente en que las normas que emanan de la potestad reglamentaria “…

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13 La entidad constitucional y el ejercicio radicado en la máxima autoridad de Gobierno, con

Según el inciso quinto del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, “Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza (orden escrita) que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión”. 12

11 De acuerdo al inciso cuarto del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, “el decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro ‘Por orden del Presidente de la República’, sobre asuntos propios de su competencia”.

El inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 19.880 dispone: “Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”. 10

9 Ley Nº 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, publicada en el Diario O¿cial el 29 de mayo de 2003. 8 El sentido de esta afirmación es, según se desarrolla infra, evitar elefantiasis (avizorado por el comisionado Bertelsen según dan cuenta las Actas de la Comisión Ortúzar, citadas por CEA EGAÑA (1984), p. 421, en textos de contenido esencialmente económico como las leyes eléctricas, en aquellas materias que no importan regulación per se de derechos y garantías constitucionales, a objeto de evitar que la función legislativa sea la vía de escape para cualquier problema regulatorio del sector y no está orientada, por consiguiente, a lo que podría entenderse a simple vista: sustraer de la esfera de la ley toda regulación aplicable al sector. Por el contrario, tiene implícita la aceptación de que “Ni el Tribunal Constitucional ni la Corte Suprema han sancionado (ni sancionarán) jamás la inconstitucionalidad de un intento legislativo encaminado a invadir el dominio reservado al reglamento, MUÑOZ, ob. cit., p. 210, puesto que el problema no se produce con los proyectos de ley o leyes en su globalidad, sino con artículos o incisos determinados que, en su contexto, son pormenorizados o específicos, pero coherentes materialmente con el proyecto de ley o ley. Más aún si, en el sector energético, justamente en virtud de su especificidad y complejidad técnica, los proyectos de ley probablemente siempre serán presentados por el Ejecutivo.

materias propias de la potestad reglamentaria8 y, adicionalmente, motivando en casos particulares que los controles de legalidad de los reglamentos se reduzcan a cautelar que se reiteren ino¿ciosamente diversas normas de la ley, constriñendo en sus efectos la naturaleza jurídica de un acto normativo de entidad constitucional diversa a la de un simple decreto y que, en consecuencia, se ajusta a preceptos de carácter igualmente constitucional (en los cuales se enmarcan los mandatos especí¿cos de la ley que los convoca) con procedimientos identi¿cables por la práctica y costumbre administrativa que no se subordinan a la Ley Nº 19.880,9 en cuanto ésta se re¿ere a ciertos actos administrativos:10 decretos11 y resoluciones12 en sentido material y no meramente formal.13 8 El sentido de esta afirmación es, según se desarrolla infra, evitar elefantiasis (avizorado por el comisionado Bertelsen según dan cuenta las Actas de la Comisión Ortúzar, citadas por CEA EGAÑA (1984), p. 421, en textos de contenido esencialmente económico como las leyes eléctricas, en aquellas materias que no importan regulación per se de derechos y garantías constitucionales, a objeto de evitar que la función legislativa sea la vía de escape para cualquier problema regulatorio del sector y no está orientada, por consiguiente, a lo que podría entenderse a simple vista: sustraer de la esfera de la ley toda regulación aplicable al sector. Por el contrario, tiene implícita la aceptación de que “Ni el Tribunal Constitucional ni la Corte Suprema han sancionado (ni sancionarán) jamás la inconstitucionalidad de un intento legislativo encaminado a invadir el dominio reservado al reglamento, MUÑOZ, ob. cit., p. 210, puesto que el problema no se produce con los proyectos de ley o leyes en su globalidad, sino con artículos o incisos determinados que, en su contexto, son pormenorizados o específicos, pero coherentes materialmente con el proyecto de ley o ley. Más aún si, en el sector energético, justamente en virtud de su especificidad y complejidad técnica, los proyectos de ley probablemente siempre serán presentados por el Ejecutivo. 9 Ley Nº 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, publicada en el Diario O¿cial el 29 de mayo de 2003.

13 La entidad constitucional y el ejercicio radicado en la máxima autoridad de Gobierno, con las responsabilidades y efectos que conlleva, además de su democrática elección, suprimen por completo la crítica consistente en que las normas que emanan de la potestad reglamentaria “…

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12 Según el inciso quinto del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, “Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza (orden escrita) que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión”.

materias propias de la potestad reglamentaria8 y, adicionalmente, motivando en casos particulares que los controles de legalidad de los reglamentos se reduzcan a cautelar que se reiteren ino¿ciosamente diversas normas de la ley, constriñendo en sus efectos la naturaleza jurídica de un acto normativo de entidad constitucional diversa a la de un simple decreto y que, en consecuencia, se ajusta a preceptos de carácter igualmente constitucional (en los cuales se enmarcan los mandatos especí¿cos de la ley que los convoca) con procedimientos identi¿cables por la práctica y costumbre administrativa que no se subordinan a la Ley Nº 19.880,9 en cuanto ésta se re¿ere a ciertos actos administrativos:10 decretos11 y resoluciones12 en sentido material y no meramente formal.13 175

10 El inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 19.880 dispone: “Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”. 11 De acuerdo al inciso cuarto del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, “el decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro ‘Por orden del Presidente de la República’, sobre asuntos propios de su competencia”.

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Esta base de la institucionalidad dispone que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

Estas premisas nos permitirán comprender, de la mano de algunos reglamentos que nos servirán de apoyo, el estado actual del “arte de reglamentar” esas leyes fundamentales para el sector energético, cuya producción no es atemporal, sino coetánea o contingente a las inestabilidades que ha sufrido este mercado por causas que a todos nos son conocidas (v. gr. crisis de abastecimiento de gas natural, riesgo de sequía y alza de precios de los combustibles) y que conviven, asimismo, con un régimen normativo transitorio previsto en estas mismas leyes que no sólo se extiende a la simple entrada en vigencia de algunas de sus instituciones o preceptos, según prevén sus diversas disposiciones transitorias, sino también respecto del uso de ciertos actos normativos distintos al reglamento que, en su conjunto, permiten cumplir las convocatorias a la potestad reglamentaria de ejecución del Presidente de la República y de ciertos órganos mandatados por el Legislador en determinadas materias.

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I. NATURALEZA JURÍDICA Y CONTENIDOS DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE EJECUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA DICTACIÓN DE

14 El artículo 32 de la CPR dispone que “Son atribuciones especiales del Presidente de la República: (…) 8º Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”.

LEGISLADOR

Continuación nota 13 emanan de una sola persona, en un proceso deliberadamente inconsulto ante la Constitución y que por de¿nición no es transparente –aunque pueda ser voluntariamente prístino y mancomunado– y en que la categoría de sus contrapesos institucionales es por de¿nición inferior a la potestad legislativa”, FERMANDOIS (2001), p. 122.

REGLAMENTOS DISPUESTOS POR EL

Esta atribución es exclusiva, esto es, no puede ejercerse por otro órgano sin que se excedan los artículos 615 y 716 de la CPR, deviniendo por consiguiente en un actuar nulo por sanción expresa de la misma Carta Fundamental.

La potestad reglamentaria de ejecución del Presidente de la República es una atribución de rango constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 Nº 814 de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR).

La potestad reglamentaria de ejecución del Presidente de la República es una atribución de rango constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 Nº 814 de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR).

Esta atribución es exclusiva, esto es, no puede ejercerse por otro órgano sin que se excedan los artículos 615 y 716 de la CPR, deviniendo por consiguiente en un actuar nulo por sanción expresa de la misma Carta Fundamental.

I. NATURALEZA JURÍDICA Y CONTENIDOS DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE EJECUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA DICTACIÓN DE REGLAMENTOS DISPUESTOS POR EL LEGISLADOR

Continuación nota 13 emanan de una sola persona, en un proceso deliberadamente inconsulto ante la Constitución y que por de¿nición no es transparente –aunque pueda ser voluntariamente prístino y mancomunado– y en que la categoría de sus contrapesos institucionales es por de¿nición inferior a la potestad legislativa”, FERMANDOIS (2001), p. 122.

Estas premisas nos permitirán comprender, de la mano de algunos reglamentos que nos servirán de apoyo, el estado actual del “arte de reglamentar” esas leyes fundamentales para el sector energético, cuya producción no es atemporal, sino coetánea o contingente a las inestabilidades que ha sufrido este mercado por causas que a todos nos son conocidas (v. gr. crisis de abastecimiento de gas natural, riesgo de sequía y alza de precios de los combustibles) y que conviven, asimismo, con un régimen normativo transitorio previsto en estas mismas leyes que no sólo se extiende a la simple entrada en vigencia de algunas de sus instituciones o preceptos, según prevén sus diversas disposiciones transitorias, sino también respecto del uso de ciertos actos normativos distintos al reglamento que, en su conjunto, permiten cumplir las convocatorias a la potestad reglamentaria de ejecución del Presidente de la República y de ciertos órganos mandatados por el Legislador en determinadas materias.

14 El artículo 32 de la CPR dispone que “Son atribuciones especiales del Presidente de la República: (…) 8º Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”.

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15 Esta base de la institucionalidad dispone que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

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En forma expresa, el referido artículo 32 Nº 8 de la CPR contiene una distinción clara entre tres entidades o actos normativos conocidos por todos: reglamentos, decretos e instrucciones. Esta entidad, por consiguiente, es de carácter constitucional, a diferencia de otros actos normativos creados o ya reconocidos en virtud de una ley, como es el caso de las resoluciones, circulares, o¿cios y, con relevancia para este sector, normas técnicas. Tal entidad y distinción de los decretos, por lo demás, no es creación de la Carta vigente, sino que se encontraba en la Constitución de 1925,17 que lo reprodujo, a su vez, de la de 1833.18 16

Además, el diseño constitucional admite, en forma parcial, la delegación de algunos actos normativos de la potestad reglamentaria, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3519 de la CPR. Parcial, por cuanto el primer inciso añade al acto normativo del Presidente de la República expresado en un reglamento o en un decreto (que lo suscribe en virtud de su necesaria autoría por pertenecer a la esfera de sus atribuciones) la ¿rma del Ministro respectivo, so pena de no ser obedecido si falta este requisito cali¿cado de esencial, mientras que el inciso segundo reitera el distingo que apuntamos párrafos atrás: Sólo los decretos e instrucciones, no los reglamentos, pueden expedirse con la sola ¿rma del Ministro respectivo, ajustándose siempre a Continuación notas 15-16 La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”. 16 Este artículo determina que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 17 El artículo 72 disponía que: “Son atribuciones especiales del Presidente: (…) 2. Dictar los

reglamentos, decretos e instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes”. 18 Su artículo 82 señalaba que: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República: (…) 2º Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. 19 Señala la citada norma que: “Los reglamentos y decretos del Presidente de la República de-

berán ¿rmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola ¿rma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley”.

19 Señala la citada norma que: “Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán ¿rmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola ¿rma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley”. 18 Su artículo 82 señalaba que: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República: (…) 2º Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. 17 El artículo 72 disponía que: “Son atribuciones especiales del Presidente: (…) 2. Dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes”. 16 Este artículo determina que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

Continuación notas 15-16 La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Además, el diseño constitucional admite, en forma parcial, la delegación de algunos actos normativos de la potestad reglamentaria, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3519 de la CPR. Parcial, por cuanto el primer inciso añade al acto normativo del Presidente de la República expresado en un reglamento o en un decreto (que lo suscribe en virtud de su necesaria autoría por pertenecer a la esfera de sus atribuciones) la ¿rma del Ministro respectivo, so pena de no ser obedecido si falta este requisito cali¿cado de esencial, mientras que el inciso segundo reitera el distingo que apuntamos párrafos atrás: Sólo los decretos e instrucciones, no los reglamentos, pueden expedirse con la sola ¿rma del Ministro respectivo, ajustándose siempre a 16En forma expresa, el referido artículo 32 Nº 8 de la CPR contiene una distinción clara entre tres entidades o actos normativos conocidos por todos: reglamentos, decretos e instrucciones. Esta entidad, por consiguiente, es de carácter constitucional, a diferencia de otros actos normativos creados o ya reconocidos en virtud de una ley, como es el caso de las resoluciones, circulares, o¿cios y, con relevancia para este sector, normas técnicas. Tal entidad y distinción de los decretos, por lo demás, no es creación de la Carta vigente, sino que se encontraba en la Constitución de 1925,17 que lo reprodujo, a su vez, de la de 1833.18

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las normas que al efecto establezca la ley.20 Luego, el reglamento no sólo tiene entidad constitucional independiente del decreto, sino también formalidades esenciales diferentes. Tal distinción es, igualmente, reconocida por la doctrina nacional21 y extranjera,22 a partir de cada uno de sus elementos de¿nitorios: (1) formalmente y por el carácter de atribución exclusiva, sólo existe un órgano habilitado para la dictación de un reglamento, el Presidente de la República; (2) de ello se desprende, además, que es discrecional, pues sólo el Presidente de la República decide, cuando estima conveniente, ejercer tal potestad reglamentaria; (3) respecto de su contenido, el reglamento es creador de normas jurídicas, de carácter secundario respecto de la ley, pero se encuentra

22 En efecto, se sostiene que “Reglamento y actos administrativos son, como veremos, ¿guras radicalmente diferentes e irreductibles. Los primeros se integran en el ordenamiento jurídico; los actos, en cambio, no; son algo ordenado y no ordinamental. Por lo demás, es claro que no todos los órganos administrativos que tienen poder de mando están habilitados para dictar reglamentos. Se trata de poderes cualitativamente –y no sólo cuantitativamente– diferentes”, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (1999), p. 178.

“Aun cuando, en la terminología de la Constitución, la diferencia entre reglamento y decreto conduce a apreciar que se trataría de normas jurídicas de distinta naturaleza, no puede olvidarse que en la tradición y en el lenguaje jurídico, la expresión “decreto” goza de una intención expresiva genérica que pretende incluir también al reglamento. Es importante no olvidar este hábito porque al recordarlo se evitarán repeticiones innecesarias. Decreto y reglamento son ambas manifestaciones de un tronco y un alcance comunes con semejantes características, sin perjuicio de sus diferencias” SILVA BASCUÑÁN (2000), p. 128. Es obvio adelantar que los argumentos de tradición y lenguaje jurídico son inaceptables conforme a las normas de hermenéutica de nuestro Ordenamiento Jurídico, pero aún más grave es el criterio que comparte con SILVA a renglón seguido. Dice este último: “En términos generales, entendemos por decreto la resolución dictada por cualquier autoridad sobre los asuntos o negocios de su competencia. Cuando esta resolución es dictada por el Presidente de la República, toma el nombre de Decreto Supremo, que según sea su mayor o menor generalidad se denomina Decreto Reglamentario o simple Decreto Supremo”, SILVA CIMMA (1992), p. 178. 20

21 El siguiente ejemplo parece no llamar la atención de toda la doctrina nacional consultada: “Aun cuando, en la terminología de la Constitución, la diferencia entre reglamento y decreto conduce a apreciar que se trataría de normas jurídicas de distinta naturaleza, no puede olvidarse que en la tradición y en el lenguaje jurídico, la expresión “decreto” goza de una intención expresiva genérica que pretende incluir también al reglamento. Es importante no olvidar este hábito porque al recordarlo se evitarán repeticiones innecesarias. Decreto y reglamento son ambas manifestaciones de un tronco y un alcance comunes con semejantes características, sin perjuicio de sus diferencias” SILVA BASCUÑÁN (2000), p. 128. Es obvio adelantar que los argumentos de tradición y lenguaje jurídico son inaceptables conforme a las normas de hermenéutica de nuestro Ordenamiento Jurídico, pero aún más grave es el criterio que comparte con SILVA a renglón seguido. Dice este último: “En términos generales, entendemos por decreto la resolución dictada por cualquier autoridad sobre los asuntos o negocios de su competencia. Cuando esta resolución es dictada por el Presidente de la República, toma el nombre de Decreto Supremo, que según sea su mayor o menor generalidad se denomina Decreto Reglamentario o simple Decreto Supremo”, SILVA CIMMA (1992), p. 178.

21 El siguiente ejemplo parece no llamar la atención de toda la doctrina nacional consultada:

20 En este punto, conviene tener presente, igualmente, el Decreto Supremo Nº 19 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente de la República”, publicado en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2001, expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución convocada por el artículo 65 de la Ley Nº 16.840, que dispone: “Autorízase al Presidente de la República para disponer nuevas delegaciones de la firma del despacho y documentación correspondiente a las Secretarías de Estado y Servicios de su dependencia, mediante el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 5º de la ley 16.436”, la que señala en la disposición referida, que se efectuará “…mediante decreto supremo que deberá comunicarse a la Cámara de Diputados”.

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

22 En efecto, se sostiene que “Reglamento y actos administrativos son, como veremos, ¿guras radicalmente diferentes e irreductibles. Los primeros se integran en el ordenamiento jurídico; los actos, en cambio, no; son algo ordenado y no ordinamental. Por lo demás, es claro que no todos los órganos administrativos que tienen poder de mando están habilitados para dictar reglamentos. Se trata de poderes cualitativamente –y no sólo cuantitativamente– diferentes”, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (1999), p. 178.

En este punto, conviene tener presente, igualmente, el Decreto Supremo Nº 19 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente de la República”, publicado en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2001, expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución convocada por el artículo 65 de la Ley Nº 16.840, que dispone: “Autorízase al Presidente de la República para disponer nuevas delegaciones de la firma del despacho y documentación correspondiente a las Secretarías de Estado y Servicios de su dependencia, mediante el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 5º de la ley 16.436”, la que señala en la disposición referida, que se efectuará “…mediante decreto supremo que deberá comunicarse a la Cámara de Diputados”.

Tal distinción es, igualmente, reconocida por la doctrina nacional21 y extranjera,22 a partir de cada uno de sus elementos de¿nitorios: (1) formalmente y por el carácter de atribución exclusiva, sólo existe un órgano habilitado para la dictación de un reglamento, el Presidente de la República; (2) de ello se desprende, además, que es discrecional, pues sólo el Presidente de la República decide, cuando estima conveniente, ejercer tal potestad reglamentaria; (3) respecto de su contenido, el reglamento es creador de normas jurídicas, de carácter secundario respecto de la ley, pero se encuentra las normas que al efecto establezca la ley.20 Luego, el reglamento no sólo tiene entidad constitucional independiente del decreto, sino también formalidades esenciales diferentes. 178

Su origen casi bicentenario lo a¿rmamos en virtud que no es posible endosar responsabilidad al Constituyente de 1980 por haber establecido en el artículo 88 que: “En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deban tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer;…” (el énfasis nos pertenece). Tal práctica se aprecia, incluso, en la época previa a la creación de la Contraloría General de la República y encontrándose en vigor la Constitución de 1833. A modo de ejemplo, el reglamento más conocido y aún en vigencia de esa época, denominado Reglamento para la O¿cina del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, dictado con fecha 24 de junio de 1857 por el Presidente Manuel Montt, Se expidió bajo la fórmula sacramental “En virtud de lo dispuesto en el artículo 695 del Código Civil, vengo en decretar el siguiente” (el énfasis nos pertenece), demostrándose que la ritualidad de la época para obligar en forma general a los chilenos, era mediante la voz “decreto”, que proviene del latín decretum y que signi¿ca, en su primera acepción, “decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en que tengan competencia” (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición en sitio de dominio electrónico www.rae.es). Luego, lo determinante para el uso de la expresión es la relación decisión-autoridad-competencia, excluyéndose el acto mismo en sentido material, motivo por el cual se identi¿ca tanto con el gobernante como con el juez. Historia aparte es la discusión civilista respecto de la legalidad del referido reglamento, a partir del artículo 695 del Código Civil, que dispone: “Un reglamento especial determinará en lo demás los deberes y funciones del Conservador, y la forma y solemnidades de las inscripciones”, ya consensuada en torno a lo que, conforme al Derecho Público, jamás podría ser: “El Reglamento del Registro Conservador de Bienes Raíces, como vemos, fue dictado por autorización de una ley, el Código Civil, y se ajusta a los términos de éste. Es un decreto con fuerza de ley, produce los mismos efectos que ésta. Así lo ha dicho y reconocido la Corte Suprema” (ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC (1993), p. 224 (el énfasis nos pertenece). 24 23

Vid. cita de SILVA en nota 21.

Ahora bien, ¿por qué el Constituyente es celoso en distinguir estos actos normativos? Formulamos esta pregunta, atendido que una práctica casi bicentenaria de nuestra Administración24 se ha constituido en costumbre contra legem o, en propiedad, en contra de la Constitución: el reglamento es el acto normativo principal dentro de la jerarquía de normas identi¿cadas Igualmente, creemos que el adjetivo utilizado para nominar el decreto en función de quien lo expide, esto es, “supremo”, no es argumento sustantivo para agrupar, bajo la composición “decreto supremo” tanto al reglamento como al decreto pues confunde en tal nomenclatura a dos actos normativos constitucionalmente diversos23. por encima de todos los actos administrativos; y ¿nalmente (4), en cuanto a sus efectos, comparte el carácter general de la ley, a diferencia del decreto que es esencialmente singular. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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por encima de todos los actos administrativos; y ¿nalmente (4), en cuanto a sus efectos, comparte el carácter general de la ley, a diferencia del decreto que es esencialmente singular. Igualmente, creemos que el adjetivo utilizado para nominar el decreto en función de quien lo expide, esto es, “supremo”, no es argumento sustantivo para agrupar, bajo la composición “decreto supremo” tanto al reglamento como al decreto pues confunde en tal nomenclatura a dos actos normativos constitucionalmente diversos23. Ahora bien, ¿por qué el Constituyente es celoso en distinguir estos actos normativos? Formulamos esta pregunta, atendido que una práctica casi bicentenaria de nuestra Administración24 se ha constituido en costumbre contra legem o, en propiedad, en contra de la Constitución: el reglamento es el acto normativo principal dentro de la jerarquía de normas identi¿cadas 23

Vid. cita de SILVA en nota 21.

24 Su origen casi bicentenario lo a¿rmamos en virtud que no es posible endosar responsabilidad al Constituyente de 1980 por haber establecido en el artículo 88 que: “En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deban tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer;…” (el énfasis nos pertenece). Tal práctica se aprecia, incluso, en la época previa a la creación de la Contraloría General de la República y encontrándose en vigor la Constitución de 1833. A modo de ejemplo, el reglamento más conocido y aún en vigencia de esa época, denominado Reglamento para la O¿cina del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, dictado con fecha 24 de junio de 1857 por el Presidente Manuel Montt, Se expidió bajo la fórmula sacramental “En virtud de lo dispuesto en el artículo 695 del Código Civil, vengo en decretar el siguiente” (el énfasis nos pertenece), demostrándose que la ritualidad de la época para obligar en forma general a los chilenos, era mediante la voz “decreto”, que proviene del latín decretum y que signi¿ca, en su primera acepción, “decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en que tengan competencia” (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición en sitio de dominio electrónico www.rae.es). Luego, lo determinante para el uso de la expresión es la relación decisión-autoridad-competencia, excluyéndose el acto mismo en sentido material, motivo por el cual se identi¿ca tanto con el gobernante como con el juez. Historia aparte es la discusión civilista respecto de la legalidad del referido reglamento, a partir del artículo 695 del Código Civil, que dispone: “Un reglamento especial determinará en lo demás los deberes y funciones del Conservador, y la forma y solemnidades de las inscripciones”, ya consensuada en torno a lo que, conforme al Derecho Público, jamás podría ser: “El Reglamento del Registro Conservador de Bienes Raíces, como vemos, fue dictado por autorización de una ley, el Código Civil, y se ajusta a los términos de éste. Es un decreto con fuerza de ley, produce los mismos efectos que ésta. Así lo ha dicho y reconocido la Corte Suprema” (ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC (1993), p. 224 (el énfasis nos pertenece).

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

Para explicar su necesidad y urgencia, permítasenos una digresión a nuestra secuencia argumentativa: la potestad reglamentaria de ejecución que desarrollamos en este trabajo, ha sido en virtud de múltiples remisiones o convocatorias de las normas generales contenidas en las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018, tales como establecer “exigencias de calidad y seguridad de servicio” y “procedimientos para cali¿car instalaciones pertenecientes a tramos de la transmisión troncal” (artículo 71-2), otorgar “facultades (…) al centro de despacho económico de carga” (artículo 71-5), indicar cómo se “calculará (la anualidad del valor de inversión del tramo) considerando la vida útil económica de cada tipo de instalación que lo componga” (artículo 71-10), especi¿car “…el mecanismo a través del cual se hará público el llamado a los usuarios e instituciones interesadas, y los requisitos e información que éstos deberán presentar para su registro (en el de “usuarios e instituciones interesadas” en participar en los procesos de tari¿cación de la transmisión troncal, subtransmisión y sistemas medianos, según señala el artículo 71-13) nuevamente establecer “…el procedimiento y las demás normas a que se sujetará la audiencia pública (en que se exponen los resultados del estudio de transmisión troncal, de acuerdo al artículo 71-18), señalar “…el horizonte de tiempo” (en que les corresponderá pagar el aumento de costos porcentualmente a los usuarios por las obras propuestas en el Estudio de Transmisión Troncal, en adelante, “ETT”, de acuerdo al artículo 71-27), determinar “…la forma y periodicidad” (de la boleta o factura que extienda la concesionaria de servicio público de distribución que tenga los cobros que indica el artículo 71-30 inciso ¿nal), disponer (el cálculo del peaje a que el transmisor tiene derecho) “…en base a un valor de transmisión anual, equivalente al valor presente de las inversiones menos el valor residual, más los costos proyectados de operación y mantenimiento, más los costos de administración” (artículo 71-41, indicar (la información según la norma que deben enviar a la Comisión y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante, “Superintendencia” y publicar

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No es posible concebir un acto de la Administración independiente, denominado “reglamento” conforme a la Constitución, con independencia de un “decreto”? Creemos que sí, más aún, lo estimamos necesario y de manera urgente.

con la potestad reglamentaria, no obstante lo cual, se expide formalmente como decreto.

con la potestad reglamentaria, no obstante lo cual, se expide formalmente como decreto.

No es posible concebir un acto de la Administración independiente, denominado “reglamento” conforme a la Constitución, con independencia de un “decreto”? Creemos que sí, más aún, lo estimamos necesario y de manera urgente.

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

Para explicar su necesidad y urgencia, permítasenos una digresión a nuestra secuencia argumentativa: la potestad reglamentaria de ejecución que desarrollamos en este trabajo, ha sido en virtud de múltiples remisiones o convocatorias de las normas generales contenidas en las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018, tales como establecer “exigencias de calidad y seguridad de servicio” y “procedimientos para cali¿car instalaciones pertenecientes a tramos de la transmisión troncal” (artículo 71-2), otorgar “facultades (…) al centro de despacho económico de carga” (artículo 71-5), indicar cómo se “calculará (la anualidad del valor de inversión del tramo) considerando la vida útil económica de cada tipo de instalación que lo componga” (artículo 71-10), especi¿car “…el mecanismo a través del cual se hará público el llamado a los usuarios e instituciones interesadas, y los requisitos e información que éstos deberán presentar para su registro (en el de “usuarios e instituciones interesadas” en participar en los procesos de tari¿cación de la transmisión troncal, subtransmisión y sistemas medianos, según señala el artículo 71-13) nuevamente establecer “…el procedimiento y las demás normas a que se sujetará la audiencia pública (en que se exponen los resultados del estudio de transmisión troncal, de acuerdo al artículo 71-18), señalar “…el horizonte de tiempo” (en que les corresponderá pagar el aumento de costos porcentualmente a los usuarios por las obras propuestas en el Estudio de Transmisión Troncal, en adelante, “ETT”, de acuerdo al artículo 71-27), determinar “…la forma y periodicidad” (de la boleta o factura que extienda la concesionaria de servicio público de distribución que tenga los cobros que indica el artículo 71-30 inciso ¿nal), disponer (el cálculo del peaje a que el transmisor tiene derecho) “…en base a un valor de transmisión anual, equivalente al valor presente de las inversiones menos el valor residual, más los costos proyectados de operación y mantenimiento, más los costos de administración” (artículo 71-41, indicar (la información según la norma que deben enviar a la Comisión y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante, “Superintendencia” y publicar

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en el Diario O¿cial “los propietarios de instalaciones de los sistemas de transmisión” (artículo 71-42), desarrollar “…los procedimientos y materias que sean necesarios para ejecutar las disposiciones contenidas en este título” (del Panel de Expertos, artículo 134 inciso ¿nal), emanar (más bien, precisar) “…las obligaciones” (de los integrantes de cada Centro de Despacho Económico de Carga, según el artículo 81 bis), ¿jar “…la antelación” (para licitar el suministro necesario para abastecer los consumos de los clientes sometidos a regulación de precios, de acuerdo al 79-1) y, ¿nalmente, contener “…los procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido…” (el artículo relativo, al promedio de los precios vigentes para los suministros a clientes sometidos a regulación de precios, según el artículo 96 ter). En total, doce verbos rectores diferentes para ejecutar las disposiciones legales mediante reglamento, reiterándose en la gran mayoría de las demás, el verbo establecer. La citas efectuadas, tienen por objeto llamar la atención sobre lo que realmente debe constituir el centro del debate respecto del ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución: la sujeción de las disposiciones de un reglamento a la Constitución y las leyes y, en particular, a la ley que ejecuta, desarrolla, especi¿ca, determina, complementa o precisa, interpretadas (aunque pueda estar correctamente escrito, se hace confuso el párrafo al intentar leer desde “interpretadas”) en forma teleológica para escudriñar su auténtico contenido, de manera que forme un todo con la ley que ejecuta. Demasiada tinta se ha gastado en discusiones sobre el tenor literal ante el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y los Tribunales Superiores de Justicia, por lo que proponemos el “racionamiento” de este argumento para que, de vez en cuando, surta efectos, ya que, en el campo de la reglamentación de leyes energéticas, su especi¿cación viene dada por la naturaleza misma del sector, esto es, su alta complejidad técnica que hace impracticable “regular” plenamente la actividad mediante ley. Volvamos entonces sobre la necesidad y urgencia esbozada, respecto de independizar el reglamento del decreto. Ello es así, porque el sector energético se ha caracterizado por invocar la regulación mediante ley de las diferentes alternativas técnicas y económicas surgidas en medio de crisis, desnaturalizando por completo el propósito del Constituyente de limitar este tipo de leyes a estatuir, exclusivamente, las bases esenciales

Volvamos entonces sobre la necesidad y urgencia esbozada, respecto de independizar el reglamento del decreto. Ello es así, porque el sector energético se ha caracterizado por invocar la regulación mediante ley de las diferentes alternativas técnicas y económicas surgidas en medio de crisis, desnaturalizando por completo el propósito del Constituyente de limitar este tipo de leyes a estatuir, exclusivamente, las bases esenciales La citas efectuadas, tienen por objeto llamar la atención sobre lo que realmente debe constituir el centro del debate respecto del ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución: la sujeción de las disposiciones de un reglamento a la Constitución y las leyes y, en particular, a la ley que ejecuta, desarrolla, especi¿ca, determina, complementa o precisa, interpretadas (aunque pueda estar correctamente escrito, se hace confuso el párrafo al intentar leer desde “interpretadas”) en forma teleológica para escudriñar su auténtico contenido, de manera que forme un todo con la ley que ejecuta. Demasiada tinta se ha gastado en discusiones sobre el tenor literal ante el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y los Tribunales Superiores de Justicia, por lo que proponemos el “racionamiento” de este argumento para que, de vez en cuando, surta efectos, ya que, en el campo de la reglamentación de leyes energéticas, su especi¿cación viene dada por la naturaleza misma del sector, esto es, su alta complejidad técnica que hace impracticable “regular” plenamente la actividad mediante ley. en el Diario O¿cial “los propietarios de instalaciones de los sistemas de transmisión” (artículo 71-42), desarrollar “…los procedimientos y materias que sean necesarios para ejecutar las disposiciones contenidas en este título” (del Panel de Expertos, artículo 134 inciso ¿nal), emanar (más bien, precisar) “…las obligaciones” (de los integrantes de cada Centro de Despacho Económico de Carga, según el artículo 81 bis), ¿jar “…la antelación” (para licitar el suministro necesario para abastecer los consumos de los clientes sometidos a regulación de precios, de acuerdo al 79-1) y, ¿nalmente, contener “…los procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido…” (el artículo relativo, al promedio de los precios vigentes para los suministros a clientes sometidos a regulación de precios, según el artículo 96 ter). En total, doce verbos rectores diferentes para ejecutar las disposiciones legales mediante reglamento, reiterándose en la gran mayoría de las demás, el verbo establecer. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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del ordenamiento jurídico eléctrico, en el sentido previsto en el artículo 60 número 20 de la CPR.25 Y ello ha sido así por la descon¿anza que produce el decreto, en cuanto acto normativo singular expedido por autoridades que no son elegidos directamente por los ciudadanos, más que por la descon¿anza en los mismos reglamentos que, por el contrario, se dictan por quien ha sido investido en virtud de una elección directa y con mayoría absoluta26. Pero esto nos conduce (como se demostró especialmente con la elaboración del proyecto de ley que ¿nalizó con la promulgación de la Ley Nº 20.018) a que se dé por descontado que la potestad reglamentaria de ejecución está maniatada para responder a nuevas crisis, pues si materias propias de reglamento han sido reguladas por ley, analógicamente debería recurrirse al mismo acto normativo en el futuro. Ejemplos de lo indicado son las regulaciones relativas a las licitaciones de suministro para abastecer los consumos de los clientes sometidos a regulación de precios (cuya base esencial se encuentra en el artículo 79 de la LGSE, al cual se le agregaron por la Ley Nº 20.018 cinco artículos nuevos a continuación, más la introducción de diversas normas de adecuación esencialmente reglamentarias para hacerlas operativas) y, especialmente, los convenios de aumentos o reducciones temporales de consumo entre generadoras con clientes sujetos a regulación de precios, regulado en el artículo 90 bis27 (introducido también 25 El artículo 60 referido señala que: “Sólo son materias de ley: (…) 20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”. 26 O también por la descon¿anza en el “regulador” en sentido económico, no obstante lo cual, es al mismo regulador a quien se le clama por elaborar y presentar proyectos de ley, formularles indicaciones e, incluso, hacer presente urgencias al mismo.

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27 Disposición que señala en su inciso primero: “Los generadores que suministren energía eléctrica a consumidores sujetos a regulación de precios, conforme a los números 1º y 2º del artículo 90, y cuya potencia conectada del usuario ¿nal sea superior a 500 kilowatts, podrán convenir con éstos, reducciones o aumentos temporales de sus consumos, las que se imputarán a los suministros comprometidos por el respectivo generador” y, a renglón seguido, “asimismo, los generadores, en forma directa o a través de las empresas concesionarias de servicio público de distribución, podrán ofrecer y/o convenir con los consumidores de menos de 500 kilowatts reducciones o aumentos temporales de consumo, las que se imputarán a los suministros comprometidos por el respectivo generador”, detallando a continuación los resguardos necesarios para los consumidores y, ¿nalizando, con la siguiente convocatoria amplísima al ejercicio de potestad reglamentaria de ejecución a la Comisión Nacional de Energía: “La Comisión establecerá las normas que sean necesarias para la adecuada aplicación del mecanismo previsto en este artículo, regulando los procedimientos, plazos y demás condiciones que se requieran para su ejecución”.

27 Disposición que señala en su inciso primero: “Los generadores que suministren energía eléctrica a consumidores sujetos a regulación de precios, conforme a los números 1º y 2º del artículo 90, y cuya potencia conectada del usuario ¿nal sea superior a 500 kilowatts, podrán convenir con éstos, reducciones o aumentos temporales de sus consumos, las que se imputarán a los suministros comprometidos por el respectivo generador” y, a renglón seguido, “asimismo, los generadores, en forma directa o a través de las empresas concesionarias de servicio público de distribución, podrán ofrecer y/o convenir con los consumidores de menos de 500 kilowatts reducciones o aumentos temporales de consumo, las que se imputarán a los suministros comprometidos por el respectivo generador”, detallando a continuación los resguardos necesarios para los consumidores y, ¿nalizando, con la siguiente convocatoria amplísima al ejercicio de potestad reglamentaria de ejecución a la Comisión Nacional de Energía: “La Comisión establecerá las normas que sean necesarias para la adecuada aplicación del mecanismo previsto en este artículo, regulando los procedimientos, plazos y demás condiciones que se requieran para su ejecución”.

O también por la descon¿anza en el “regulador” en sentido económico, no obstante lo cual, es al mismo regulador a quien se le clama por elaborar y presentar proyectos de ley, formularles indicaciones e, incluso, hacer presente urgencias al mismo. 26

El artículo 60 referido señala que: “Sólo son materias de ley: (…) 20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”. 25

del ordenamiento jurídico eléctrico, en el sentido previsto en el artículo 60 número 20 de la CPR.25 Y ello ha sido así por la descon¿anza que produce el decreto, en cuanto acto normativo singular expedido por autoridades que no son elegidos directamente por los ciudadanos, más que por la descon¿anza en los mismos reglamentos que, por el contrario, se dictan por quien ha sido investido en virtud de una elección directa y con mayoría absoluta26. Pero esto nos conduce (como se demostró especialmente con la elaboración del proyecto de ley que ¿nalizó con la promulgación de la Ley Nº 20.018) a que se dé por descontado que la potestad reglamentaria de ejecución está maniatada para responder a nuevas crisis, pues si materias propias de reglamento han sido reguladas por ley, analógicamente debería recurrirse al mismo acto normativo en el futuro. Ejemplos de lo indicado son las regulaciones relativas a las licitaciones de suministro para abastecer los consumos de los clientes sometidos a regulación de precios (cuya base esencial se encuentra en el artículo 79 de la LGSE, al cual se le agregaron por la Ley Nº 20.018 cinco artículos nuevos a continuación, más la introducción de diversas normas de adecuación esencialmente reglamentarias para hacerlas operativas) y, especialmente, los convenios de aumentos o reducciones temporales de consumo entre generadoras con clientes sujetos a regulación de precios, regulado en el artículo 90 bis27 (introducido también 182

FELIÚ SEGOVIA, Olga. Opinión Jurídica sobre la Constitucionalidad del artículo 90 bis que incorpora el Proyecto de Ley Boletín Nº 3806-08, presentado en el segundo trámite constitucional del proyecto de ley que Introduce Modificaciones al Marco Normativo del Sector Eléctrico, Santiago, 2005. 28

Desarrollaremos a continuación, aunque brevemente, una síntesis de las normas orgánicas o que dotan de atribuciones a los órganos que se les suele II. MANDATOS CONSTITUCIONALES Y DE LEYES ORGÁNICAS ESTADO QUE COLABORAN EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA: LOS “REGULADORES” DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESPECÍFICAS

A DETERMINADOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

Un receptor informado del desarrollo de los actos normativos podrá, con la ansiedad y conÀictividad propia del sector energético, reprochar que la solución de distinguir el reglamento del decreto es meramente formalista y con escasa operatividad para regular el sector, introduciendo incertidumbre en virtud que los derechos constitucionales podrían ser regulados mediante este acto normativo secundario; sin embargo, con el aporte de las secciones siguientes, veremos que, muy por el contrario, permitirá recoger aquello que el Legislador, indirectamente, ha previsto mediante una serie de dotaciones de atribuciones a otros órganos “reguladores” para agilizar la ejecución de las normas legales que son auténticamente bases esenciales del ordenamiento jurídico eléctrico. La práctica descrita del sector energético ignora, por consiguiente, que el reglamento es un acto normativo general y abstracto, al igual que la ley, cuyo propósito es conformar un todo coherente y sistemático con la ley para permitir su auténtica aplicación, lo que representa, justamente, su capacidad de adaptarse permanentemente a los hechos que, por abstracción y no por literalidad o identidad, son susceptibles de subsumirse a las consecuencias jurídicas previstas en la norma. por la Ley Nº 20.018) cali¿cado hasta de inconstitucional,28 en circunstancias que sólo explicita un mecanismo que no está prohibido en la ley, opcional y sin costo para las distribuidoras, afectando sólo hipotéticamente las proyecciones de demanda que, de acuerdo a su nombre, son proyecciones y no un derecho adquirido. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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por la Ley Nº 20.018) cali¿cado hasta de inconstitucional,28 en circunstancias que sólo explicita un mecanismo que no está prohibido en la ley, opcional y sin costo para las distribuidoras, afectando sólo hipotéticamente las proyecciones de demanda que, de acuerdo a su nombre, son proyecciones y no un derecho adquirido. La práctica descrita del sector energético ignora, por consiguiente, que el reglamento es un acto normativo general y abstracto, al igual que la ley, cuyo propósito es conformar un todo coherente y sistemático con la ley para permitir su auténtica aplicación, lo que representa, justamente, su capacidad de adaptarse permanentemente a los hechos que, por abstracción y no por literalidad o identidad, son susceptibles de subsumirse a las consecuencias jurídicas previstas en la norma. Un receptor informado del desarrollo de los actos normativos podrá, con la ansiedad y conÀictividad propia del sector energético, reprochar que la solución de distinguir el reglamento del decreto es meramente formalista y con escasa operatividad para regular el sector, introduciendo incertidumbre en virtud que los derechos constitucionales podrían ser regulados mediante este acto normativo secundario; sin embargo, con el aporte de las secciones siguientes, veremos que, muy por el contrario, permitirá recoger aquello que el Legislador, indirectamente, ha previsto mediante una serie de dotaciones de atribuciones a otros órganos “reguladores” para agilizar la ejecución de las normas legales que son auténticamente bases esenciales del ordenamiento jurídico eléctrico. II. MANDATOS CONSTITUCIONALES Y DE LEYES ORGÁNICAS A DETERMINADOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO QUE COLABORAN EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA: LOS “REGULADORES” DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESPECÍFICAS Desarrollaremos a continuación, aunque brevemente, una síntesis de las normas orgánicas o que dotan de atribuciones a los órganos que se les suele 28 FELIÚ SEGOVIA, Olga. Opinión Jurídica sobre la Constitucionalidad del artículo 90 bis que incorpora el Proyecto de Ley Boletín Nº 3806-08, presentado en el segundo trámite constitucional del proyecto de ley que Introduce Modificaciones al Marco Normativo del Sector Eléctrico, Santiago, 2005.

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identi¿car con el “regulador”, fruto de la recepción ya obligada para nuestra ciencia de conceptos propios de la económica, pero que, strictu sensu, nos provocan algunas distorsiones conceptuales que, con el tiempo, se han transformado en lugar común, pero jamás un error común que constituya derecho para exculparnos. En primer lugar, el “regulador” por excelencia del sector energético es la Comisión Nacional de Energía, en adelante, la “Comisión”. Pues bien, su potestad normativa emana de su Ley Orgánica29 y de las leyes que la han dotado para actos especí¿cos, ya que no ha sido la CPR quien la ha atribuido para ejercer la potestad reglamentaria. De acuerdo a la letra d) del artículo 4º de la Ley Orgánica de la Comisión, para ejecutar sus funciones requiere la colaboración de instituciones y organismos que tienen competencia normativa. Luego, en principio, carece de esta atribución, en cuanto se expresa en actos administrativos, ya que se ejecutan por intermedio del Ministerio de Minería. No obstante ello, esta ley orgánica, como toda ley, puede ser modi¿cada o adicionada por otra para otorgarle nuevas atribuciones, de acuerdo a la letra i) del artículo 4º. Y esto ha sucedido con las leyes que analizamos en

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

29 Decreto Ley Nº 2.224, publicado en el Diario Oficial el 8 de junio de 1978. De especial interés para nuestras afirmaciones, son los artículos 1º, en la parte que indica que “…se relacionará directamente con el Presidente de la República. Sin perjuicio de la relación señalada, todos aquellos actos jurídicos administrativos de la Comisión Nacional de Energía, en los que, según las leyes, se exija la intervención de un Ministerio, utilizando expresiones tales como ‘Ministerio del ramo’, ‘Ministerio correspondiente’, u otras semejantes, se realizarán a través del Ministerio de Minería”; 2º, en cuanto señala que “Corresponderá, en general, a la Comisión Nacional de Energía, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía”; 3º, en cuanto determina qué comprende el sector de energía para determinar su competencia; y 4º, cuyo encabezado señala que: “Para el cumplimiento de su objetivo corresponderá a la Comisión, en particular las siguientes funciones y atribuciones:”, destacándose su letra d), en cuanto dispone: “Elaborar, coordinar y proponer al Gobierno las normas técnicas aplicables al sector energía que sea necesario dictar para el cumplimiento de los planes y políticas energéticas de carácter general así como para la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema en su conjunto. Al efecto, podrá requerir la colaboración de las instituciones y organismos que tengan competencia normativa, de fiscalización o ejecución en materias relacionadas con la energía”, y de su letra i) que señala: “Cumplir las demás funciones y tareas que las leyes o el Gobierno le encomienden concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector energía”.

Decreto Ley Nº 2.224, publicado en el Diario Oficial el 8 de junio de 1978. De especial interés para nuestras afirmaciones, son los artículos 1º, en la parte que indica que “…se relacionará directamente con el Presidente de la República. Sin perjuicio de la relación señalada, todos aquellos actos jurídicos administrativos de la Comisión Nacional de Energía, en los que, según las leyes, se exija la intervención de un Ministerio, utilizando expresiones tales como ‘Ministerio del ramo’, ‘Ministerio correspondiente’, u otras semejantes, se realizarán a través del Ministerio de Minería”; 2º, en cuanto señala que “Corresponderá, en general, a la Comisión Nacional de Energía, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía”; 3º, en cuanto determina qué comprende el sector de energía para determinar su competencia; y 4º, cuyo encabezado señala que: “Para el cumplimiento de su objetivo corresponderá a la Comisión, en particular las siguientes funciones y atribuciones:”, destacándose su letra d), en cuanto dispone: “Elaborar, coordinar y proponer al Gobierno las normas técnicas aplicables al sector energía que sea necesario dictar para el cumplimiento de los planes y políticas energéticas de carácter general así como para la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema en su conjunto. Al efecto, podrá requerir la colaboración de las instituciones y organismos que tengan competencia normativa, de fiscalización o ejecución en materias relacionadas con la energía”, y de su letra i) que señala: “Cumplir las demás funciones y tareas que las leyes o el Gobierno le encomienden concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector energía”. 29

No obstante ello, esta ley orgánica, como toda ley, puede ser modi¿cada o adicionada por otra para otorgarle nuevas atribuciones, de acuerdo a la letra i) del artículo 4º. Y esto ha sucedido con las leyes que analizamos en De acuerdo a la letra d) del artículo 4º de la Ley Orgánica de la Comisión, para ejecutar sus funciones requiere la colaboración de instituciones y organismos que tienen competencia normativa. Luego, en principio, carece de esta atribución, en cuanto se expresa en actos administrativos, ya que se ejecutan por intermedio del Ministerio de Minería. En primer lugar, el “regulador” por excelencia del sector energético es la Comisión Nacional de Energía, en adelante, la “Comisión”. Pues bien, su potestad normativa emana de su Ley Orgánica29 y de las leyes que la han dotado para actos especí¿cos, ya que no ha sido la CPR quien la ha atribuido para ejercer la potestad reglamentaria. identi¿car con el “regulador”, fruto de la recepción ya obligada para nuestra ciencia de conceptos propios de la económica, pero que, strictu sensu, nos provocan algunas distorsiones conceptuales que, con el tiempo, se han transformado en lugar común, pero jamás un error común que constituya derecho para exculparnos. 184

Resolución Exenta Nº 341 de la Comisión Nacional de Energía, de 13 de junio de 2005, que “Establece los plazos y condiciones para formar el registro de usuarios e instituciones interesadas en el primer proceso de determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión y su tari¿cación, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.940”. 35

que “Establece los plazos y condiciones para formar el registro de usuarios e instituciones interesadas e implementar la modalidad de participación ciudadana en el primer proceso de tari¿cación en generación y transmisión de sistemas medianos de Aysén y Magallanes”. 34 Resolución Exenta Nº 139 de la Comisión Nacional de Energía, de 11 de marzo de 2005, 33

Vid. nota 28.

32 El inciso tercero de esta norma señala: “Las diferencias positivas o negativas que se produzcan serán determinadas con ocasión del decreto señalado en el artículo 103º y absorbidas por el total de los consumidores regulados del sistema eléctrico, en proporción a sus consumos de energía. Los procedimientos para la determinación de los cargos o abonos a que da lugar este ajuste, los aplicará la Dirección de Peajes del CDEC respectivo y serán determinados mediante resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía” (el énfasis nos pertenece).

Este artículo dispone que: “Las licitaciones para abastecer suministros regulados que las distribuidoras efectúen durante el primer año de vigencia de esta ley se sujetarán, en cuanto a sus plazos, requisitos y condiciones, a las disposiciones de esta ley y a las que se establezcan por resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía” (el énfasis nos pertenece). 31

30 Señala el inciso segundo de esta disposición que: “Los plazos y condiciones dispuestos en los artículos 71-12 y siguientes ya indicados, que deban ser contabilizados a partir de la vigencia de las tarifas respectivas y que requieran para su aplicación la dictación de un reglamento, mientras el mismo no se encuentre vigente, deberán estar expresa y previamente contenidos en una resolución exenta de la Comisión, a fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior” (el énfasis nos pertenece).

Los mejores ejemplos de estas atribuciones, son las resoluciones exentas que ya ha dictado en ejecución de la Ley Nº 19.940 durante este año: La que da inicio al proceso de tari¿cación de los sistemas medianos,34 la que establece los plazos y condiciones para formar el registro de usuarios e instituciones interesadas con que se inicia el primer proceso de determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión y su tari¿cación35 y, este trabajo, en cuanto expresamente la han dotado de potestad normativa, preferentemente mediante un acto administrativo concreto: la resolución, eximiéndola incluso de la toma de razón de la Contraloría General de la República, en adelante, la “Contraloría”. Tal es el caso del artículo 2º transitorio30 de la Ley Nº 19.940 y de los artículos transitorios 2º31 y 3º32 de la Ley Nº 20.018, además del inciso ¿nal del artículo 90 bis33 de la última ley referida. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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este trabajo, en cuanto expresamente la han dotado de potestad normativa, preferentemente mediante un acto administrativo concreto: la resolución, eximiéndola incluso de la toma de razón de la Contraloría General de la República, en adelante, la “Contraloría”. Tal es el caso del artículo 2º transitorio30 de la Ley Nº 19.940 y de los artículos transitorios 2º31 y 3º32 de la Ley Nº 20.018, además del inciso ¿nal del artículo 90 bis33 de la última ley referida. Los mejores ejemplos de estas atribuciones, son las resoluciones exentas que ya ha dictado en ejecución de la Ley Nº 19.940 durante este año: La que da inicio al proceso de tari¿cación de los sistemas medianos,34 la que establece los plazos y condiciones para formar el registro de usuarios e instituciones interesadas con que se inicia el primer proceso de determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión y su tari¿cación35 y, 30 Señala el inciso segundo de esta disposición que: “Los plazos y condiciones dispuestos en los artículos 71-12 y siguientes ya indicados, que deban ser contabilizados a partir de la vigencia de las tarifas respectivas y que requieran para su aplicación la dictación de un reglamento, mientras el mismo no se encuentre vigente, deberán estar expresa y previamente contenidos en una resolución exenta de la Comisión, a fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior” (el énfasis nos pertenece). 31 Este artículo dispone que: “Las licitaciones para abastecer suministros regulados que las distribuidoras efectúen durante el primer año de vigencia de esta ley se sujetarán, en cuanto a sus plazos, requisitos y condiciones, a las disposiciones de esta ley y a las que se establezcan por resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía” (el énfasis nos pertenece). 32 El inciso tercero de esta norma señala: “Las diferencias positivas o negativas que se produzcan serán determinadas con ocasión del decreto señalado en el artículo 103º y absorbidas por el total de los consumidores regulados del sistema eléctrico, en proporción a sus consumos de energía. Los procedimientos para la determinación de los cargos o abonos a que da lugar este ajuste, los aplicará la Dirección de Peajes del CDEC respectivo y serán determinados mediante resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía” (el énfasis nos pertenece). 33

Vid. nota 28.

34 Resolución Exenta Nº 139 de la Comisión Nacional de Energía, de 11 de marzo de 2005, que “Establece los plazos y condiciones para formar el registro de usuarios e instituciones interesadas e implementar la modalidad de participación ciudadana en el primer proceso de tari¿cación en generación y transmisión de sistemas medianos de Aysén y Magallanes”. 35 Resolución Exenta Nº 341 de la Comisión Nacional de Energía, de 13 de junio de 2005, que “Establece los plazos y condiciones para formar el registro de usuarios e instituciones interesadas en el primer proceso de determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión y su tari¿cación, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.940”.

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recientemente, la Resolución CNE Nº 376,36 por la cual determina plazos y condiciones para las etapas del nuevo primer proceso de tari¿cación troncal, en virtud de haberse declarado desierta la primera licitación del ETT. Por su parte, en ejecución de la Ley Nº 20.018, la Comisión dictará en breve tiempo, la resolución exenta que determinará los plazos, contenidos y requisitos de las bases de licitación para abastecer suministros regulados. En segundo lugar, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en adelante, “Economía”, ejerce las atribuciones que le fueron concedidas en su ley orgánica,37 aunque su potestad normativa emana directamente de los artículos 33, 35 y 36 de la CPR, en cuanto el Ministro que encabeza esta Secretaría de Estado, creada conforme a la Ley Nº 7.200,38 es colaborador del Presidente de la República y debe ¿rmar los reglamentos y decretos, así como expedir las instrucciones en conformidad a las normas que establezca la ley. Un ejemplo adicional a la dictación de decretos que, por su naturaleza le es propia, respecto de las materias previstas en la LGSE y sus leyes mo36 Resolución Exenta Nº 376 de la Comisión Nacional de Energía, de 23 de junio de 2005, que “Refunde y complementa Resoluciones Exentas CNE/ Nº 219, 452 y 509 en todo lo pertinente para los plazos y condiciones para las etapas del nuevo proceso de tarificación troncal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio y 71-13 y siguientes de la Ley 19.940”. 37 Decreto con Fuerza de Ley Nº 88, publicado en el Diario O¿cial el 1 de junio de 1953. Conforme a su artículo 1º, “Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en el artículo 12º de la ley 7.200, el Ministerio de Economía y Comercio, en lo sucesivo se denominará ‘Ministerio de Economía’, tendrá a su cargo toda la intervención que realiza actualmente el Estado a través de sus diversas reparticiones en las actividades del comercio, de la industria y los transportes, en virtud de leyes y reglamentos vigentes y los que se dicten en el futuro”. El artículo citado de la Ley Nº 7.200, publicada en el Diario O¿cial el 21 de julio de 1942, señala: “Apruébase la creación del Ministerio de Comercio y Abastecimiento, hecha por decreto supremo Nº 5.149, de 6 de octubre de 1941”. La creación por decreto de esta Secretaría de Estado fue subsanada justamente por dicha ley. Finalmente, debe tenerse presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 14.171, publicada el 26 de octubre de 1960, el Ministerio de Economía pasa a denominarse “Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” y se le con¿ere, entre otras amplias potestades, la de “elaborar los proyectos de fomento y desarrollo de las actividades económicas del país”.

Vid. nota anterior. EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

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37 Decreto con Fuerza de Ley Nº 88, publicado en el Diario O¿cial el 1 de junio de 1953. Conforme a su artículo 1º, “Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en el artículo 12º de la ley 7.200, el Ministerio de Economía y Comercio, en lo sucesivo se denominará ‘Ministerio de Economía’, tendrá a su cargo toda la intervención que realiza actualmente el Estado a través de sus diversas reparticiones en las actividades del comercio, de la industria y los transportes, en virtud de leyes y reglamentos vigentes y los que se dicten en el futuro”. El artículo citado de la Ley Nº 7.200, publicada en el Diario O¿cial el 21 de julio de 1942, señala: “Apruébase la creación del Ministerio de Comercio y Abastecimiento, hecha por decreto supremo Nº 5.149, de 6 de octubre de 1941”. La creación por decreto de esta Secretaría de Estado fue subsanada justamente por dicha ley. Finalmente, debe tenerse presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 14.171, publicada el 26 de octubre de 1960, el Ministerio de Economía pasa a denominarse “Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” y se le con¿ere, entre otras amplias potestades, la de “elaborar los proyectos de fomento y desarrollo de las actividades económicas del país”.

Resolución Exenta Nº 376 de la Comisión Nacional de Energía, de 23 de junio de 2005, que “Refunde y complementa Resoluciones Exentas CNE/ Nº 219, 452 y 509 en todo lo pertinente para los plazos y condiciones para las etapas del nuevo proceso de tarificación troncal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio y 71-13 y siguientes de la Ley 19.940”. 36

Un ejemplo adicional a la dictación de decretos que, por su naturaleza le es propia, respecto de las materias previstas en la LGSE y sus leyes moEn segundo lugar, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en adelante, “Economía”, ejerce las atribuciones que le fueron concedidas en su ley orgánica,37 aunque su potestad normativa emana directamente de los artículos 33, 35 y 36 de la CPR, en cuanto el Ministro que encabeza esta Secretaría de Estado, creada conforme a la Ley Nº 7.200,38 es colaborador del Presidente de la República y debe ¿rmar los reglamentos y decretos, así como expedir las instrucciones en conformidad a las normas que establezca la ley. Por su parte, en ejecución de la Ley Nº 20.018, la Comisión dictará en breve tiempo, la resolución exenta que determinará los plazos, contenidos y requisitos de las bases de licitación para abastecer suministros regulados. recientemente, la Resolución CNE Nº 376,36 por la cual determina plazos y condiciones para las etapas del nuevo primer proceso de tari¿cación troncal, en virtud de haberse declarado desierta la primera licitación del ETT.

Vid. nota anterior.

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Resolución Ministerial Exenta Nº 9, de 14 de marzo de 2005, publicada en extracto en el Diario Oficial el día 21 de marzo de 2005.Posteriormente, fue modificada por la Resolución Ministerial Exenta Nº 40, de 16 de mayo de 2005, publicada en el Diario Oficial en extracto el 28 de mayo de 2005. 39

Los órganos de la Administración del Estado con potestades regulatorias, por su naturaleza jurídica, están sujetos a los principios de supremacía constitucional y de legalidad, de manera que sus actuaciones deben ceñirse a la Constitución y las leyes, correspondiéndoles, por una parte, participar activamente y de o¿cio en la elaboración de los reglamentos que inciden en el ámbito de su competencia y, por otra parte, ajustarse a los mandatos de carácter sustantivo del Legislador en las leyes que les corresponde contribuir a reglamentar, así como a los procedimientos establecidos para ejercer sus competencias regulatorias. “EL MARCO REGULATORIO DEL REGULADOR” ADMINISTRATIVOS QUE ESTÁN DENTRO DE SU COMPETENCIA: RESPECTO DE LA GENERACIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y ACTOS

III. PRINCIPIOS APLICABLES A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CON POTESTADES REGULATORIAS Como se puede apreciar, en virtud de la LGSE y sus modi¿caciones, estos órganos de la Administración del Estado colaboran con el Presidente de la República en el ejercicio de la potestad reglamentaria, tanto en la elaboración de los reglamentos como en la dictación, directamente o por delegación, de los actos administrativos que las leyes han atribuido como perteneciente a la esfera de sus atribuciones. Ello se traduce en que, por una parte, la Comisión proponga, mediante informes técnicos, los reglamentos que elabora Economía para que sean dictados por el Presidente de la República y, por otra parte, que la Comisión emita los informes técnicos que servirán de base para la dictación de decretos “por orden del Presidente de la República” que expide Economía, en las materias de carácter singular que ha determinado la ley, así como proponga las normas técnicas (rol que en ciertos casos también compete a la Superintendencia) que serán dictadas por Economía. di¿catorias, es la Resolución Ministerial Exenta Nº 9,39 que dictó la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio para el Sistema Interconectado del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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di¿catorias, es la Resolución Ministerial Exenta Nº 9,39 que dictó la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio para el Sistema Interconectado del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central. Como se puede apreciar, en virtud de la LGSE y sus modi¿caciones, estos órganos de la Administración del Estado colaboran con el Presidente de la República en el ejercicio de la potestad reglamentaria, tanto en la elaboración de los reglamentos como en la dictación, directamente o por delegación, de los actos administrativos que las leyes han atribuido como perteneciente a la esfera de sus atribuciones. Ello se traduce en que, por una parte, la Comisión proponga, mediante informes técnicos, los reglamentos que elabora Economía para que sean dictados por el Presidente de la República y, por otra parte, que la Comisión emita los informes técnicos que servirán de base para la dictación de decretos “por orden del Presidente de la República” que expide Economía, en las materias de carácter singular que ha determinado la ley, así como proponga las normas técnicas (rol que en ciertos casos también compete a la Superintendencia) que serán dictadas por Economía. III. PRINCIPIOS APLICABLES A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CON POTESTADES REGULATORIAS RESPECTO DE LA GENERACIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTÁN DENTRO DE SU COMPETENCIA:

“EL MARCO REGULATORIO DEL REGULADOR” Los órganos de la Administración del Estado con potestades regulatorias, por su naturaleza jurídica, están sujetos a los principios de supremacía constitucional y de legalidad, de manera que sus actuaciones deben ceñirse a la Constitución y las leyes, correspondiéndoles, por una parte, participar activamente y de o¿cio en la elaboración de los reglamentos que inciden en el ámbito de su competencia y, por otra parte, ajustarse a los mandatos de carácter sustantivo del Legislador en las leyes que les corresponde contribuir a reglamentar, así como a los procedimientos establecidos para ejercer sus competencias regulatorias. 39 Resolución Ministerial Exenta Nº 9, de 14 de marzo de 2005, publicada en extracto en el Diario Oficial el día 21 de marzo de 2005.Posteriormente, fue modificada por la Resolución Ministerial Exenta Nº 40, de 16 de mayo de 2005, publicada en el Diario Oficial en extracto el 28 de mayo de 2005.

de generación conectados al sistema eléctrico respectivo cuya fuente sea no convencional, tales

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

40 De acuerdo al artículo 71-7, son aquellas que pertenecen a “…propietarios de los medios

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En el caso de los reglamentos propuestos al Presidente de la República, como se ha dicho, por la Comisión y elaborado por Economía previa conformidad técnica y jurídica, bajo la denominación de decreto, como la atribución de expedirlos es exclusiva de la primera Magistratura, se remite a su conocimiento a través del Ministerio Secretaría General de la República que, obviamente, lo analiza con extrema rigurosidad. Tal es el caso actual del que Aprueba Reglamento de Valorización y Expansión de Sistemas Medianos de la Ley General de Servicios Eléctricos, cuya revisión y ¿rma por el Presidente de la República se espera para los próximos días y, próximamente, lo seguirán los reglamentos de “centrales de generación no convencionales”, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71-740 y 91

Sujetarse estrictamente a la Constitución y las leyes signi¿ca que cada órgano: (1) actúa dentro de la esfera de sus atribuciones; (2) emite o dicta los actos normativos previstos en la CPR y en la ley; (3) expedidos con las formalidades que establecen las disposiciones contenidas en ellas; (4) sujetándose a los procedimientos propios de los actos, según se trate de un reglamento o de un acto administrativo; (5) en la oportunidad o plazo previstos; (6) con los contenidos determinados en sus preceptos, ejecutándolos ¿elmente, lo que signi¿ca, ante todo, permitir que la ley sea plenamente aplicable y no meramente programática porque es incapaz de prever las situaciones técnicas que se mani¿estan circunstanciadamente al momento de implementarlas; y (7) actuando en forma coordinada para evitar duplicidad de cometidos, coordinación que en la práctica va más allá del mero intercambio o¿cial de los resultados de sus actividades, pues se desarrolla un trabajo interdisciplinario e interinstitucional permanente.

Estos signi¿cados, presentes en el actuar de todo órgano de la Administración del Estado y muy particularmente en la contribución al ejercicio de la “potestad regulatoria” por los órganos que interactúan en el sector eléctrico, al que se suma la Superintendencia cada vez que un acto incide en sus atribuciones, representan el “marco regulatorio del regulador”, esencial para develar las motivaciones y antecedentes considerados en los actos normativos que, previo a describirlos en la sección siguiente, requieren una somera revisión de sus procedimientos y controles externos a tales órganos.

Estos signi¿cados, presentes en el actuar de todo órgano de la Administración del Estado y muy particularmente en la contribución al ejercicio de la “potestad regulatoria” por los órganos que interactúan en el sector eléctrico, al que se suma la Superintendencia cada vez que un acto incide en sus atribuciones, representan el “marco regulatorio del regulador”, esencial para develar las motivaciones y antecedentes considerados en los actos normativos que, previo a describirlos en la sección siguiente, requieren una somera revisión de sus procedimientos y controles externos a tales órganos.

Sujetarse estrictamente a la Constitución y las leyes signi¿ca que cada órgano: (1) actúa dentro de la esfera de sus atribuciones; (2) emite o dicta los actos normativos previstos en la CPR y en la ley; (3) expedidos con las formalidades que establecen las disposiciones contenidas en ellas; (4) sujetándose a los procedimientos propios de los actos, según se trate de un reglamento o de un acto administrativo; (5) en la oportunidad o plazo previstos; (6) con los contenidos determinados en sus preceptos, ejecutándolos ¿elmente, lo que signi¿ca, ante todo, permitir que la ley sea plenamente aplicable y no meramente programática porque es incapaz de prever las situaciones técnicas que se mani¿estan circunstanciadamente al momento de implementarlas; y (7) actuando en forma coordinada para evitar duplicidad de cometidos, coordinación que en la práctica va más allá del mero intercambio o¿cial de los resultados de sus actividades, pues se desarrolla un trabajo interdisciplinario e interinstitucional permanente.

En el caso de los reglamentos propuestos al Presidente de la República, como se ha dicho, por la Comisión y elaborado por Economía previa conformidad técnica y jurídica, bajo la denominación de decreto, como la atribución de expedirlos es exclusiva de la primera Magistratura, se remite a su conocimiento a través del Ministerio Secretaría General de la República que, obviamente, lo analiza con extrema rigurosidad. Tal es el caso actual del que Aprueba Reglamento de Valorización y Expansión de Sistemas Medianos de la Ley General de Servicios Eléctricos, cuya revisión y ¿rma por el Presidente de la República se espera para los próximos días y, próximamente, lo seguirán los reglamentos de “centrales de generación no convencionales”, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71-740 y 91

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40 De acuerdo al artículo 71-7, son aquellas que pertenecen a “…propietarios de los medios de generación conectados al sistema eléctrico respectivo cuya fuente sea no convencional, tales

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En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por ley o el reglamento, son públicos los actos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento esencial”. Su texto es el siguiente: “Principio de transparencia y publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. 43

Esta norma dispone que: “La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. El inciso siguiente también alude a los documentos que sirven de sustento o complemento directo y esencial, según la nota siguiente. 42

Señala este inciso que “Los concesionarios de servicio público de distribución de electricidad, así como aquellas empresas que posean líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público, deberán permitir la conexión a sus instalaciones de distribución correspondientes de los medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico no superen los 9.000 kilowatts, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de seguridad y calidad de servicio vigentes. Las obras adicionales que sean necesarias para permitir la inyección de dichos excedentes de potencia deberán ser ejecutadas por los propietarios de los sistemas de distribución correspondientes y sus costos serán de cargo de los propietarios de los medios de generación indicados, conforme a las modalidades que establezca el reglamento. Para el cálculo de estos costos se considerarán tanto los costos adicionales en las zonas adyacentes a los puntos de inyección, como los ahorros de costos en el resto de la red de distribución, conforme a los procedimientos que para ello establezca el reglamento. El valor de estas instalaciones adicionales no se considerará parte del valor nuevo de reemplazo de la empresa distribuidora correspondiente”. 41

Continuación nota 40 como geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras similares determinadas fundamente por la Comisión…”.

De acuerdo a lo descrito hasta ahora, el trabajo “puertas adentro de la Administración”, por expresa disposición constitucional, no nace o genera efectos jurídicos sino hasta la ¿rma del Presidente de la República, constituyendo éste su principio de existencia y, por ende, exteriorización de la potestad reglamentaria. Luego, desde su despacho por el Ministerio de Economía a la Contraloría General de la República, aunque no se encuentre tomado de razón, sería posible, a raíz de la expedición formal como decreto, conocerlo en virtud del principio de transparencia contenido en el inciso segundo del artículo 1342 de la Ley Nº 18.575 y de la extensión, elevada a principio, de publicidad, a que se re¿ere el artículo 1643 de la Ley Nº 19.880.

EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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inciso quinto41 de la Ley Nº 19.940, así como con mayor retraso por sus importantes consecuencias técnicas y económicas, los de Subtransmisión y Potencia Firme. De acuerdo a lo descrito hasta ahora, el trabajo “puertas adentro de la Administración”, por expresa disposición constitucional, no nace o genera efectos jurídicos sino hasta la ¿rma del Presidente de la República, constituyendo éste su principio de existencia y, por ende, exteriorización de la potestad reglamentaria. Luego, desde su despacho por el Ministerio de Economía a la Contraloría General de la República, aunque no se encuentre tomado de razón, sería posible, a raíz de la expedición formal como decreto, conocerlo en virtud del principio de transparencia contenido en el inciso segundo del artículo 1342 de la Ley Nº 18.575 y de la extensión, elevada a principio, de publicidad, a que se re¿ere el artículo 1643 de la Ley Nº 19.880. Continuación nota 40 como geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras similares determinadas fundamente por la Comisión…”. 41 Señala este inciso que “Los concesionarios de servicio público de distribución de electricidad, así como aquellas empresas que posean líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público, deberán permitir la conexión a sus instalaciones de distribución correspondientes de los medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico no superen los 9.000 kilowatts, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de seguridad y calidad de servicio vigentes. Las obras adicionales que sean necesarias para permitir la inyección de dichos excedentes de potencia deberán ser ejecutadas por los propietarios de los sistemas de distribución correspondientes y sus costos serán de cargo de los propietarios de los medios de generación indicados, conforme a las modalidades que establezca el reglamento. Para el cálculo de estos costos se considerarán tanto los costos adicionales en las zonas adyacentes a los puntos de inyección, como los ahorros de costos en el resto de la red de distribución, conforme a los procedimientos que para ello establezca el reglamento. El valor de estas instalaciones adicionales no se considerará parte del valor nuevo de reemplazo de la empresa distribuidora correspondiente”. 42 Esta norma dispone que: “La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. El inciso siguiente también alude a los documentos que sirven de sustento o complemento directo y esencial, según la nota siguiente.

En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por ley o el reglamento, son públicos los actos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento esencial”.

EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

43 Su texto es el siguiente: “Principio de transparencia y publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

inciso quinto41 de la Ley Nº 19.940, así como con mayor retraso por sus importantes consecuencias técnicas y económicas, los de Subtransmisión y Potencia Firme. 189

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Ello sin perjuicio de lo que se establezca en virtud de la ley de quórum cali¿cado que deberá dictarse en virtud del nuevo artículo 8,44 introducido por la Ley Nº 20.050. Una vez expedido, corresponde el ejercicio del control de legalidad que, a la luz de la identi¿cación práctica y consuetudinaria de reglamento y decreto, la Contraloría General de la República lo ejerce, precisamente, bajo la modalidad de examinar un decreto.45 Este examen, en la práctica, se desarrolla mediante la interacción de dos divisiones de la Contraloría: La División de Vivienda, Urbanismo y Obras Públicas y la División Jurídica, encargadas de informarlo al Contralor para su toma de razón de¿nitiva. Evidentemente, mientras más técnicas sean las disposiciones del reglamento de que se trate, tendrá una mayor participación la primera de ellas, cuestión que demuestra, para tranquilidad de los regulados, que el examen de legalidad se extiende incluso más allá de la sujeción estricta a la CPR y a la ley del acto normativo, pero que, por lo mismo, una vez que un reglamento ha sido tomado de razón, la presunción de legalidad debiera extenderse a tales aspectos. Posteriormente y como es sabido, tratándose de un acto normativo de carácter general y obligatorio, debe publicarse íntegramente en el Diario O¿cial.

44 El artículo 1º de la Ley Nº 20.050 de Reforma Constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la República, publicada en el Diario Oficial el 26 de agosto de 2005, en su numeral 3, incorpora el siguiente artículo 8º, nuevo: “Artículo 8º El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum cali¿cado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

45 En este sentido, se ha indicado que: “La jurisprudencia administrativa ha entendido que las expresiones “decretos” y “resoluciones” que emplea el citado artículo 88 (de la CPR) tienen un signi¿cado amplio y, por lo tanto, no sólo comprenden los actos administrativos de carácter particular, sino también los actos generales o de tipo reglamentario” AYLWIN (1984), p. 450.

En este sentido, se ha indicado que: “La jurisprudencia administrativa ha entendido que las expresiones “decretos” y “resoluciones” que emplea el citado artículo 88 (de la CPR) tienen un signi¿cado amplio y, por lo tanto, no sólo comprenden los actos administrativos de carácter particular, sino también los actos generales o de tipo reglamentario” AYLWIN (1984), p. 450. 45

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum cali¿cado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 44 El artículo 1º de la Ley Nº 20.050 de Reforma Constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la República, publicada en el Diario Oficial el 26 de agosto de 2005, en su numeral 3, incorpora el siguiente artículo 8º, nuevo: “Artículo 8º El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Posteriormente y como es sabido, tratándose de un acto normativo de carácter general y obligatorio, debe publicarse íntegramente en el Diario O¿cial. Este examen, en la práctica, se desarrolla mediante la interacción de dos divisiones de la Contraloría: La División de Vivienda, Urbanismo y Obras Públicas y la División Jurídica, encargadas de informarlo al Contralor para su toma de razón de¿nitiva. Evidentemente, mientras más técnicas sean las disposiciones del reglamento de que se trate, tendrá una mayor participación la primera de ellas, cuestión que demuestra, para tranquilidad de los regulados, que el examen de legalidad se extiende incluso más allá de la sujeción estricta a la CPR y a la ley del acto normativo, pero que, por lo mismo, una vez que un reglamento ha sido tomado de razón, la presunción de legalidad debiera extenderse a tales aspectos. Una vez expedido, corresponde el ejercicio del control de legalidad que, a la luz de la identi¿cación práctica y consuetudinaria de reglamento y decreto, la Contraloría General de la República lo ejerce, precisamente, bajo la modalidad de examinar un decreto.45 Ello sin perjuicio de lo que se establezca en virtud de la ley de quórum cali¿cado que deberá dictarse en virtud del nuevo artículo 8,44 introducido por la Ley Nº 20.050. 190

EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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IV. EXPOSICIÓN DEL EJERCICIO DE LA EJECUCIÓN REGLAMENTARIA EN EL SECTOR ELÉCTRICO, A LA LUZ DE LA PRÁCTICA DESARROLLADA POR LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO QUE CONTRIBUYEN A ELLA Y QUE EJERCEN POTESTADES ATRIBUIDAS POR LAS LEYES Nº 19.940 Y Nº 20.018 Conforme a lo expuesto y a propósito del Panel de Expertos, que será latamente analizado en estas Jornadas, su Reglamento46 también nos deja enseñanzas respecto de la práctica contralora en su toma de razón. En efecto, se discutió durante su tramitación en Contraloría, entre otras materias, si podía precisarse una sanción respecto del incumplimiento de pago por parte de una empresa, ejecutando por consiguiente el inciso segundo del artículo 134 que introdujo la Ley Nº 19.940. La opinión inicial, consistía en que reglamentariamente no podía establecerse una sanción, en virtud de los principios generales de carácter sancionatorio aplicables a los ilícitos administrativos. Sin embargo, correctamente a nuestro juicio, primó la tesis en virtud de la cual la obligación legal de pago está contenida en una disposición legal, el citado artículo 134, en relación con la sanción por incumplimiento de carácter residual que establece la Ley Nº 18.410 en su inciso ¿nal. Si la ley ha determinado que constituyen infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravienen cualquier precepto obligatorio, como es el artículo 134 de la LGSE, la descripción de la conducta y la sanción están descritas en normas legales que se complementan, y cuya única ejecución en el artículo 27 del Reglamento del Panel de Expertos, fue establecer que la Superintendencia iniciará un proceso sancionatorio luego de tomar conocimiento por el órgano público que recauda los pagos (la Comisión), pues lo único difuso en las normas legales referidas era el momento en que se iniciaba la investigación. Por su parte, es interesante tener a la vista el Reglamento de Financiamiento del Estudio de Transmisión Troncal,47 particularmente en cuanto al siguiente contenido que, gramatical y conservadoramente, podrían suscitar

47 Decreto Supremo Nº 233 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario O¿cial el día 20 de diciembre de 2004. 46 Decreto Supremo Nº 181 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial el día 16 de septiembre de 2004 y modificado por el Decreto Supremo Nº 285 del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial el día 29 de noviembre de 2004.

Por su parte, es interesante tener a la vista el Reglamento de Financiamiento del Estudio de Transmisión Troncal,47 particularmente en cuanto al siguiente contenido que, gramatical y conservadoramente, podrían suscitar Conforme a lo expuesto y a propósito del Panel de Expertos, que será latamente analizado en estas Jornadas, su Reglamento46 también nos deja enseñanzas respecto de la práctica contralora en su toma de razón. En efecto, se discutió durante su tramitación en Contraloría, entre otras materias, si podía precisarse una sanción respecto del incumplimiento de pago por parte de una empresa, ejecutando por consiguiente el inciso segundo del artículo 134 que introdujo la Ley Nº 19.940. La opinión inicial, consistía en que reglamentariamente no podía establecerse una sanción, en virtud de los principios generales de carácter sancionatorio aplicables a los ilícitos administrativos. Sin embargo, correctamente a nuestro juicio, primó la tesis en virtud de la cual la obligación legal de pago está contenida en una disposición legal, el citado artículo 134, en relación con la sanción por incumplimiento de carácter residual que establece la Ley Nº 18.410 en su inciso ¿nal. Si la ley ha determinado que constituyen infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravienen cualquier precepto obligatorio, como es el artículo 134 de la LGSE, la descripción de la conducta y la sanción están descritas en normas legales que se complementan, y cuya única ejecución en el artículo 27 del Reglamento del Panel de Expertos, fue establecer que la Superintendencia iniciará un proceso sancionatorio luego de tomar conocimiento por el órgano público que recauda los pagos (la Comisión), pues lo único difuso en las normas legales referidas era el momento en que se iniciaba la investigación. POTESTADES ATRIBUIDAS POR LAS

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Decreto Supremo Nº 181 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial el día 16 de septiembre de 2004 y modificado por el Decreto Supremo Nº 285 del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial el día 29 de noviembre de 2004.

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

LEYES Nº 19.940 Y Nº 20.018

ESTADO QUE CONTRIBUYEN A ELLA Y QUE EJERCEN

ELÉCTRICO, A LA LUZ DE LA PRÁCTICA DESARROLLADA POR LOS ORGANISMOS

IV. EXPOSICIÓN DEL EJERCICIO DE LA EJECUCIÓN REGLAMENTARIA EN EL SECTOR

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Decreto Supremo Nº 233 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario O¿cial el día 20 de diciembre de 2004.

EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

dudas de legalidad: El simple hecho de determinar la prorrata de los valores a pagar por las empresas en el ¿nanciamiento del ETT. En efecto, recordamos la demora innecesaria que tuvo en Contraloría el citado reglamento (más de dos meses desde su expedición) casi exclusivamente en virtud de la prorrata de pago establecida en el artículo único transitorio48 que, hasta donde tuvimos conocimiento, fue casi irrelevante para las empresas que concurren a su pago. Pues bien, en cumplimiento del artículo 2º transitorio de la Ley Nº 19.940, la Comisión propuso un borrador de reglamento, concordado y redactado por Economía que, ¿nalmente, fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria de ejecución, correspondiendo determinar la prorrata indicada, bajo los parámetros señalados. Sin embargo, ello motivó informes con explicaciones para justi¿car la elección del regulador (concretamente, 70% de costo del SIC y 30% de costo del SING) ya que, reconociendo la facultad de determinarlo por primera vez, la falta de precedente administrativo hacía dudar sobre una posible exacción discriminatoria o afección del derecho de propiedad de los destinatarios de la norma. Para terminar esta breve síntesis de los actos a través de los cuales se ha ejercido la potestad reglamentaria de ejecución, podemos citar dos grupos de decretos igualmente trascendentes, pero bajo la forma de mandatos del Legislador directos al Ministerio de Economía, siempre con informes técnicos previos de la Comisión: los decretos49 que determinaron las denominadas “obras urgentes” para preservar la seguridad del suministro, en sus modalidades de nuevas y ampliaciones y, asimismo, el decreto que ¿jó los peajes de distribución aplicable al servicio de transporte que prestan las 48 El inciso más problemático era el primero: “Para el financiamiento por parte de los participantes del costo total del primer Estudio de Transmisión Troncal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio de la Ley Nº 19.940, de 2004, se aplicarán las prorratas siguientes: corresponderá al conjunto de participantes que integren el Sistema Interconectado Central, en adelante, indistintamente, el ‘SIC’, soportar el 70% del costo total del Estudio; por su parte, el conjunto de participantes que integren el Sistema Interconectado del Norte Grande, en adelante, indistintamente, el ‘SING’, deberán soportar el 30% del costo total de tal Estudio”.

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

49 Decreto Nº 231 y Decreto Nº 232, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicados en el Diario O¿cial el 12 de octubre de 2004 y modi¿cados posteriormente por Decreto Nº 309 y Decreto Nº 310, del mismo Ministerio, publicados en el Diario O¿cial el 21 y 17 de enero de 2005, respectivamente.

trucción, publicados en el Diario O¿cial el 12 de octubre de 2004 y modi¿cados posteriormente por Decreto Nº 309 y Decreto Nº 310, del mismo Ministerio, publicados en el Diario O¿cial el 21 y 17 de enero de 2005, respectivamente. 49 Decreto Nº 231 y Decreto Nº 232, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-

El inciso más problemático era el primero: “Para el financiamiento por parte de los participantes del costo total del primer Estudio de Transmisión Troncal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio de la Ley Nº 19.940, de 2004, se aplicarán las prorratas siguientes: corresponderá al conjunto de participantes que integren el Sistema Interconectado Central, en adelante, indistintamente, el ‘SIC’, soportar el 70% del costo total del Estudio; por su parte, el conjunto de participantes que integren el Sistema Interconectado del Norte Grande, en adelante, indistintamente, el ‘SING’, deberán soportar el 30% del costo total de tal Estudio”. 48

Para terminar esta breve síntesis de los actos a través de los cuales se ha ejercido la potestad reglamentaria de ejecución, podemos citar dos grupos de decretos igualmente trascendentes, pero bajo la forma de mandatos del Legislador directos al Ministerio de Economía, siempre con informes técnicos previos de la Comisión: los decretos49 que determinaron las denominadas “obras urgentes” para preservar la seguridad del suministro, en sus modalidades de nuevas y ampliaciones y, asimismo, el decreto que ¿jó los peajes de distribución aplicable al servicio de transporte que prestan las En efecto, recordamos la demora innecesaria que tuvo en Contraloría el citado reglamento (más de dos meses desde su expedición) casi exclusivamente en virtud de la prorrata de pago establecida en el artículo único transitorio48 que, hasta donde tuvimos conocimiento, fue casi irrelevante para las empresas que concurren a su pago. Pues bien, en cumplimiento del artículo 2º transitorio de la Ley Nº 19.940, la Comisión propuso un borrador de reglamento, concordado y redactado por Economía que, ¿nalmente, fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria de ejecución, correspondiendo determinar la prorrata indicada, bajo los parámetros señalados. Sin embargo, ello motivó informes con explicaciones para justi¿car la elección del regulador (concretamente, 70% de costo del SIC y 30% de costo del SING) ya que, reconociendo la facultad de determinarlo por primera vez, la falta de precedente administrativo hacía dudar sobre una posible exacción discriminatoria o afección del derecho de propiedad de los destinatarios de la norma. dudas de legalidad: El simple hecho de determinar la prorrata de los valores a pagar por las empresas en el ¿nanciamiento del ETT. 192

de Nudo para Suministros de Electricidad de 28 de abril de 2005, publicado el 20 de mayo de 2005.

EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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53 Decreto Nº 152 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija Precios

Decreto Nº 164 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario O¿cial el 11 de junio de 2005. 52

51 Publicada en el Diario O¿cial el 9 de julio de 2005 y que aún no se ha implementado, porque se encuentra pendiente en Contraloría para su toma de razón.

Decreto Nº 99 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija Peajes de Distribución Aplicable al Servicio de Transporte que Presten los Concesionarios de Servicio Público de Distribución que señala, publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo de 2005. 50

Se a¿rma lo anterior, en virtud que el reconocimiento independiente de su entidad constitucional respecto del decreto, atendidos sus contenidos, lo podrá convertir en un mecanismo expedito para que pueda ejercerse la potestad reglamentaria con la especi¿cidad y tecnicismo propio del sector, Para concluir, retomaremos el desafío planteado en la primera sección: el reglamento expedido como tal y no bajo la modalidad de decreto, permite, de lege ferenda, contribuir al desarrollo del marco regulatorio del sector eléctrico. V. CONCLUSIONES Como se ha señalado, el ejercicio de la potestad reglamentaria ha convivido con diversas situaciones adversas, lo que motivó, además de la misma Ley Nº 20.018, la Ley Nº 20.040,51 que modi¿có el régimen vigente del subsidio eléctrico para efectos de otorgar, esencialmente, mayor Àexibilidad al Presidente de la República para su concesión, pues la primera aplicación de la Ley Nº 20.018, cumpliendo su artículo 4º transitorio, fue ajustar los precios de nudo vigentes,52 con lo cual, los usuarios sometidos a regulación de precios contribuyeron signi¿cativamente a paliar los efectos, principalmente, de la crisis de abastecimiento de gas natural, modi¿cándose por disposición legal el “derecho adquirido” que tenían en virtud del Decreto Nº 15253 de Precios de Nudo para el período mayo-octubre de 2005.

distribuidoras,50 que estableció los peajes de distribución para que terceros den suministro a usuarios no sometidos a regulación de precios dentro de su área de concesión. Como se ha señalado, el ejercicio de la potestad reglamentaria ha convivido con diversas situaciones adversas, lo que motivó, además de la misma Ley Nº 20.018, la Ley Nº 20.040,51 que modi¿có el régimen vigente del subsidio eléctrico para efectos de otorgar, esencialmente, mayor Àexibilidad al Presidente de la República para su concesión, pues la primera aplicación de la Ley Nº 20.018, cumpliendo su artículo 4º transitorio, fue ajustar los precios de nudo vigentes,52 con lo cual, los usuarios sometidos a regulación de precios contribuyeron signi¿cativamente a paliar los efectos, principalmente, de la crisis de abastecimiento de gas natural, modi¿cándose por disposición legal el “derecho adquirido” que tenían en virtud del Decreto Nº 15253 de Precios de Nudo para el período mayo-octubre de 2005. V. CONCLUSIONES Para concluir, retomaremos el desafío planteado en la primera sección: el reglamento expedido como tal y no bajo la modalidad de decreto, permite, de lege ferenda, contribuir al desarrollo del marco regulatorio del sector eléctrico. Se a¿rma lo anterior, en virtud que el reconocimiento independiente de su entidad constitucional respecto del decreto, atendidos sus contenidos, lo podrá convertir en un mecanismo expedito para que pueda ejercerse la potestad reglamentaria con la especi¿cidad y tecnicismo propio del sector, 50 Decreto Nº 99 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija Peajes de Distribución Aplicable al Servicio de Transporte que Presten los Concesionarios de Servicio Público de Distribución que señala, publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo de 2005. 51 Publicada en el Diario O¿cial el 9 de julio de 2005 y que aún no se ha implementado, porque se encuentra pendiente en Contraloría para su toma de razón.

53 Decreto Nº 152 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija Precios de Nudo para Suministros de Electricidad de 28 de abril de 2005, publicado el 20 de mayo de 2005.

EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

52 Decreto Nº 164 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario O¿cial el 11 de junio de 2005.

distribuidoras,50 que estableció los peajes de distribución para que terceros den suministro a usuarios no sometidos a regulación de precios dentro de su área de concesión. 193

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

cuyo conocimiento exhaustivo para el Legislador es irrelevante, dado que su competencia está determinada por estatuir las bases esenciales del ordenamiento jurídico eléctrico, con la generalidad y abstracción que facilite su comprensión por los ciudadanos y no sólo por algunos de los agentes del mercado.

Esto permitirá sustraer del conocimiento de los Tribunales de Justicia causas ajenas a los conÀictos propios entre partes, en cuanto inciden

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De esta forma, la ley no será una camisa de fuerza para el regulador que, en tiempos de crisis, sólo pueda aportar con la elaboración de un proyecto de ley que, normalmente, llegará tarde en la solución e¿ciente. Además, el inÀacionismo legislativo en el sector conducirá, inevitablemente, a inmovilismo, pues toda solución a los problemas de mercado, antes que emanar del mismo o del regulador sectorial interactuando con sus agentes, deberá ser objeto de discusión parlamentaria, allí donde se diluyen luego las responsabilidades si las soluciones planteadas no fueron e¿cientes.

Y para ello, el contenido material de la distinción entre reglamento y decreto, es que el primero sea, ante todo, un mecanismo de certeza jurídica, complementario en sentido ¿nalista con la ley: plena y e¿caz ejecución de sus preceptos, con un control preventivo especialmente expedito y de análisis técnico profundo, no super¿cial. Esto se traduce en que el reglamento, al compartir características de la ley y estar íntimamente ligado a ella, requiere un control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional especialmente e¿caz, sobre la base de los argumentos de los agentes del mercado y de la comunidad en general y no de alguna de las Cámaras del Congreso Nacional, ya que sus intereses esencialmente políticos conllevan a que, o lo invocan por motivos ajenos a los que el mercado tiene, o los agentes del mercado deben “politizar” sus relaciones con congresistas para reunir la cantidad necesaria que les permita recurrir oportunamente en contra del reglamento.

Lo anterior, en todo caso, no está concebido en función de ampliar las competencias de los reguladores, sino que, muy por el contrario, está orientado a que ellos las puedan cumplir de acuerdo a tales competencias, con pleno respeto a los derechos y garantías individuales y, en general, a la Constitución y las leyes.

Lo anterior, en todo caso, no está concebido en función de ampliar las competencias de los reguladores, sino que, muy por el contrario, está orientado a que ellos las puedan cumplir de acuerdo a tales competencias, con pleno respeto a los derechos y garantías individuales y, en general, a la Constitución y las leyes.

Y para ello, el contenido material de la distinción entre reglamento y decreto, es que el primero sea, ante todo, un mecanismo de certeza jurídica, complementario en sentido ¿nalista con la ley: plena y e¿caz ejecución de sus preceptos, con un control preventivo especialmente expedito y de análisis técnico profundo, no super¿cial. Esto se traduce en que el reglamento, al compartir características de la ley y estar íntimamente ligado a ella, requiere un control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional especialmente e¿caz, sobre la base de los argumentos de los agentes del mercado y de la comunidad en general y no de alguna de las Cámaras del Congreso Nacional, ya que sus intereses esencialmente políticos conllevan a que, o lo invocan por motivos ajenos a los que el mercado tiene, o los agentes del mercado deben “politizar” sus relaciones con congresistas para reunir la cantidad necesaria que les permita recurrir oportunamente en contra del reglamento.

De esta forma, la ley no será una camisa de fuerza para el regulador que, en tiempos de crisis, sólo pueda aportar con la elaboración de un proyecto de ley que, normalmente, llegará tarde en la solución e¿ciente. Además, el inÀacionismo legislativo en el sector conducirá, inevitablemente, a inmovilismo, pues toda solución a los problemas de mercado, antes que emanar del mismo o del regulador sectorial interactuando con sus agentes, deberá ser objeto de discusión parlamentaria, allí donde se diluyen luego las responsabilidades si las soluciones planteadas no fueron e¿cientes. cuyo conocimiento exhaustivo para el Legislador es irrelevante, dado que su competencia está determinada por estatuir las bases esenciales del ordenamiento jurídico eléctrico, con la generalidad y abstracción que facilite su comprensión por los ciudadanos y no sólo por algunos de los agentes del mercado. 194

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

Esto permitirá sustraer del conocimiento de los Tribunales de Justicia causas ajenas a los conÀictos propios entre partes, en cuanto inciden

Situación que, de acuerdo a la experiencia del sector, se puede manifestar a través de la acción constitucional de protección, la acción legal de amparo económico e, incluso, a través de demandas de nulidad de derecho público. Ejemplos especialmente relevantes de la segunda alternativa señalada, son los recursos de amparo económico de Norgener en contra del Reglamento del D.F.L. Nº 1 de Minería, de 1982, aprobado por el Decreto Supremo Nº 327 de Minería, de 1997 y el recurso de amparo económico de Colbún en contra del Decreto Supremo Nº 158 de Economía y Minería, de 2003, que modificó el citado Reglamento. Ambos recursos, como es sabido, fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmados por la Corte Suprema. 54

Finalmente, la constitucionalidad del reglamento debe permitirse que se plantee al Tribunal Constitucional por cualquier interesado y no sólo por alguna de las Cámaras del Congreso Nacional, según dispone el nuevo artículo 82 de la Constitución. Y para ello, de acuerdo al artículo 8º nuevo de la Carta Fundamental, es indispensable institución. Situación que, de acuerdo a la experiencia del sector, se puede manifestar a través de la acción constitucional de protección, la acción legal de amparo económico e, incluso, a través de demandas de nulidad de derecho público. Ejemplos especialmente relevantes de la segunda alternativa señalada, son los recursos de amparo económico de Norgener en contra del Reglamento del D.F.L. Nº 1 de Minería, de 1982, aprobado por el Decreto Supremo Nº 327 de MiEste control previo por el Tribunal Constitucional permitirá centrarse, exclusivamente, en los problemas que son propios de un reglamento: su respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece, que con¿gura el marco impenetrable por el reglamento. No es la legalidad en el sentido analizado por Contraloría, sino la constitucionalidad de sus preceptos, ya que su desarrollo es precisamente en virtud de leyes y, por consiguiente, éstas per se deben conciliarse con las que previamente se hubieren dictado, incluso sobre las mismas materias. exclusivamente en la regulación, obteniendo una sentencia pronta, motivada adecuadamente y preventiva antes que reactiva.54 Sólo de esta forma estimamos que se resguardan y respetan adecuadamente las reglas del juego del mercado energético, a lo que sólo podría adicionarse el establecimiento de Tribunales especializados y agencias reguladoras con integrantes designados al estilo del Panel de Expertos, con períodos que excedan y no coincidan con las elecciones de Presidente de la República y parlamentarios. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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exclusivamente en la regulación, obteniendo una sentencia pronta, motivada adecuadamente y preventiva antes que reactiva.54 Sólo de esta forma estimamos que se resguardan y respetan adecuadamente las reglas del juego del mercado energético, a lo que sólo podría adicionarse el establecimiento de Tribunales especializados y agencias reguladoras con integrantes designados al estilo del Panel de Expertos, con períodos que excedan y no coincidan con las elecciones de Presidente de la República y parlamentarios. Este control previo por el Tribunal Constitucional permitirá centrarse, exclusivamente, en los problemas que son propios de un reglamento: su respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece, que con¿gura el marco impenetrable por el reglamento. No es la legalidad en el sentido analizado por Contraloría, sino la constitucionalidad de sus preceptos, ya que su desarrollo es precisamente en virtud de leyes y, por consiguiente, éstas per se deben conciliarse con las que previamente se hubieren dictado, incluso sobre las mismas materias. Finalmente, la constitucionalidad del reglamento debe permitirse que se plantee al Tribunal Constitucional por cualquier interesado y no sólo por alguna de las Cámaras del Congreso Nacional, según dispone el nuevo artículo 82 de la Constitución. Y para ello, de acuerdo al artículo 8º nuevo de la Carta Fundamental, es indispensable institución. Situación que, de acuerdo a la experiencia del sector, se puede manifestar a través de la acción constitucional de protección, la acción legal de amparo económico e, incluso, a través de demandas de nulidad de derecho público. Ejemplos especialmente relevantes de la segunda alternativa señalada, son los recursos de amparo económico de Norgener en contra del Reglamento del D.F.L. Nº 1 de Minería, de 1982, aprobado por el Decreto Supremo Nº 327 de Mi-

54 Situación que, de acuerdo a la experiencia del sector, se puede manifestar a través de la acción constitucional de protección, la acción legal de amparo económico e, incluso, a través de demandas de nulidad de derecho público. Ejemplos especialmente relevantes de la segunda alternativa señalada, son los recursos de amparo económico de Norgener en contra del Reglamento del D.F.L. Nº 1 de Minería, de 1982, aprobado por el Decreto Supremo Nº 327 de Minería, de 1997 y el recurso de amparo económico de Colbún en contra del Decreto Supremo Nº 158 de Economía y Minería, de 2003, que modificó el citado Reglamento. Ambos recursos, como es sabido, fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmados por la Corte Suprema.

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

55 Señala el artículo 82 que: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional: (…) Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60”. Luego, se distingue expresamente la potestad reglamentaria autónoma de la de ejecución, elevando a la categoría de conjunto el mero adjetivo de “supremo”, y reconociendo por tanto una identidad que es contraria a los artículos 32 Nº 8 y 35 de la misma CPR.

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2. Sabemos que esta propuesta, paradójicamente, atendido lo dispuesto en el número 16 del artículo 8255 de la CPR, paradójicamente, requerirá una ley, pues la práctica asentada parece conformar al Constituyente y que, pese al interés que puede despertar, podrá ser motejada de extemporánea, dada la reciente aprobación de la Ley Nº 20.050 de reforma constitucional; pero ello se debe a que, como se previno al comenzar este texto, las ideas son personales, meramente académicas y, por ende, ajenas a las agendas legislativas o de cualquier órgano de la Administración del Estado.

nería, de 1997 y el recurso de amparo económico de Colbún en contra del Decreto Supremo Nº 158 de Economía y Minería, de 2003, que modi¿có el citado Reglamento. Ambos recursos, como es sabido, fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago y con¿rmados por la Corte Suprema.

1. Señala el artículo 82 que: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional: (…) Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se re¿eran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60”. Luego, se distingue expresamente la potestad reglamentaria autónoma de la de ejecución, elevando a la categoría de conjunto el mero adjetivo de “supremo”, y reconociendo por tanto una identidad que es contraria al artículo 32 Nº 8 y 35 de la misma CPR analizar un proceso de conocimiento previo por parte de los interesados y comunidad en general de los reglamentos que se dicten, para efectos que se resguarde el acceso a la información antes que comience a producir efectos, evitando de esta forma que la Contraloría sea el órgano llamado a dirimir las diferencias legítimas que pueden darse respecto de normas reglamentarias, control que ha ejercido, de acuerdo a sus atribuciones, con la misma prioridad y análisis que las de un decreto.

1. Señala el artículo 82 que: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional: (…) Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se re¿eran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60”. Luego, se distingue expresamente la potestad reglamentaria autónoma de la de ejecución, elevando a la categoría de conjunto el mero adjetivo de “supremo”, y reconociendo por tanto una identidad que es contraria al artículo 32 Nº 8 y 35 de la misma CPR analizar un proceso de conocimiento previo por parte de los interesados y comunidad en general de los reglamentos que se dicten, para efectos que se resguarde el acceso a la información antes que comience a producir efectos, evitando de esta forma que la Contraloría sea el órgano llamado a dirimir las diferencias legítimas que pueden darse respecto de normas reglamentarias, control que ha ejercido, de acuerdo a sus atribuciones, con la misma prioridad y análisis que las de un decreto.

nería, de 1997 y el recurso de amparo económico de Colbún en contra del Decreto Supremo Nº 158 de Economía y Minería, de 2003, que modi¿có el citado Reglamento. Ambos recursos, como es sabido, fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago y con¿rmados por la Corte Suprema.

2. Sabemos que esta propuesta, paradójicamente, atendido lo dispuesto en el número 16 del artículo 8255 de la CPR, paradójicamente, requerirá una ley, pues la práctica asentada parece conformar al Constituyente y que, pese al interés que puede despertar, podrá ser motejada de extemporánea, dada la reciente aprobación de la Ley Nº 20.050 de reforma constitucional; pero ello se debe a que, como se previno al comenzar este texto, las ideas son personales, meramente académicas y, por ende, ajenas a las agendas legislativas o de cualquier órgano de la Administración del Estado.

EDUARDO ESCALONA VÁSQUEZ

55 Señala el artículo 82 que: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional: (…) Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60”. Luego, se distingue expresamente la potestad reglamentaria autónoma de la de ejecución, elevando a la categoría de conjunto el mero adjetivo de “supremo”, y reconociendo por tanto una identidad que es contraria a los artículos 32 Nº 8 y 35 de la misma CPR.

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EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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BIBLIOGRAFÍA CITADA

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ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio (1993): Tratado de los Derechos Reales, Tomo I, quinta ed. (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), p. 224

CEA EGAÑA, José Luis (1984): “Dominio Legal y Reglamentario en la Constitución de 1980”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 11 (Santiago, Escuela de Derecho Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), pp. 417-431.

AYLWIN AZÓCAR, Arturo (1984): “Límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. XI (Santiago, Facultad de Derecho Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), p. 45).

CARMONA SANTANDER, Carlos (2002): Un Nuevo Estadio en la Relación LeyReglamento: El Ámbito del Reglamento, ponencia presentada en las XXXI Jornadas de Derecho Público, Universidad de Chile 2000, en Revista de Derecho Público Vol. 63, Tomo II (Santiago, Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho Universidad de Chile), pp. 154-190.

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CARMONA SANTANDER, Carlos (2001): “Tres Problemas de la Potestad Reglamentaria: Legitimidad, Intensidad y Control”, en Revista de Derecho, Nº 3 año 1 (Santiago, Consejo de Defensa del Estado), pp. 30-62. CALDERA DELGADO, Hugo (2001): Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II (Santiago, Ediciones Parlamento Ltda.), pp. 187-194. BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, Antonio (1998): El Principio de la Distribución de Competencia como Criterio de Solución de ConÀictos de Normas Jurídicas, ponencia presentada en las XXIX Jornadas de Derecho Público, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile, en Revista Chilena de Derecho, Número Especial (Santiago, Escuela de Derecho Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), pp. 33-44. AYLWIN AZÓCAR, Arturo (1984): “Límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. XI (Santiago, Facultad de Derecho Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), p. 45).

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197

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MOLINA GUAITA, Hernán (1988): “La Distribución de Materias entre el Dominio Legal y el Dominio Reglamentario”, ponencia presentada en las XVIII Jornadas de Derecho Público, Concepción, Universidad de Concepción, pp. 31-37.

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MUÑOZ DÍAZ, Patricio (2002): “La Potestad Reglamentaria Autónoma. La Revolución que no Tuvo Lugar”, en Ius Publicum Nº 8 (Santiago, Escuela de Derecho Universidad Santo Tomás), pp. 205-211.

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EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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VERDUGO, Mario; PFEFFER, Emilio y NOGUEIRA, Humberto (1997): Derecho Constitucional, Tomo II, reimpresión (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 100 pp. NORMAS CITADAS Artículos 8º, 32 Nº 8, 35, 82 y 88 de la CPR. Ley Nº 19.940. Ley Nº 20.018. Ley Nº 20.040. Ley Nº 20.050.

Ley Nº 20.050. Ley Nº 20.040. Ley Nº 20.018. Ley Nº 19.940. Artículos 8º, 32 Nº 8, 35, 82 y 88 de la CPR. NORMAS CITADAS VERDUGO, Mario; PFEFFER, Emilio y NOGUEIRA, Humberto (1997): Derecho Constitucional, Tomo II, reimpresión (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 100 pp. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MATERIA ELÉCTRICA

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2 Acerca

de la Reforma 2005 ver ZÚÑIGA (2005) y PFEFFER (2005).

La eliminación de senadores designados y vitalicios, los cambios al art. 45 y un nuevo estatuto del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros, son ejemplos de un semblante más democrático dado al texto de la Constitución. 1

Abogado,

Profesor de Derecho UC.

Trabajo presentado en el marco de las VI Jornadas de Derecho Eléctrico, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2006) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Especialmente relevante, al menos para los efectos de este artículo, es la reforma al Tribunal Constitucional (TC), concretamente, a la facultad que hoy se le atribuye para conocer del recurso de inaplicabilidad de las leyes, el que previamente era de la competencia de la Corte Suprema. Remedio esencial para velar por el principio de supremacía jerárquica de las normas de la Constitución, el señalado recurso al cabo de la reforma 2005 “permite conjugar dos principios básicos, la e¿cacia directa de la Constitución y el La Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050 del año 2005 introdujo a la Constitución Política un saludable conjunto de reformas a su texto. Decimos saludable pues a la par de dejar atrás ciertos rasgos autoritarios del texto original,1 contribuyó al objetivo de acercar a la Constitución con los ciudadanos y ello por varias razones. Entre ellas, por tratarse de unas reformas pactadas entre casi todos los sectores políticos, por recoger algunos ideales de derecho presentes en la sociedad, en ¿n, por hacer realidad en el texto de la Carta Fundamental los mejores remedios insistentemente propuestos por la doctrina constitucional desde que ella comenzara a regir.2

LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

EFECTOS DE UN CAMBIO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

La Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050 del año 2005 introdujo a la Constitución Política un saludable conjunto de reformas a su texto. Decimos saludable pues a la par de dejar atrás ciertos rasgos autoritarios del texto original,1 contribuyó al objetivo de acercar a la Constitución con los ciudadanos y ello por varias razones. Entre ellas, por tratarse de unas reformas pactadas entre casi todos los sectores políticos, por recoger algunos ideales de derecho presentes en la sociedad, en ¿n, por hacer realidad en el texto de la Carta Fundamental los mejores remedios insistentemente propuestos por la doctrina constitucional desde que ella comenzara a regir.2 Especialmente relevante, al menos para los efectos de este artículo, es la reforma al Tribunal Constitucional (TC), concretamente, a la facultad que hoy se le atribuye para conocer del recurso de inaplicabilidad de las leyes, el que previamente era de la competencia de la Corte Suprema. Remedio esencial para velar por el principio de supremacía jerárquica de las normas de la Constitución, el señalado recurso al cabo de la reforma 2005 “permite conjugar dos principios básicos, la e¿cacia directa de la Constitución y el

Trabajo presentado en el marco de las VI Jornadas de Derecho Eléctrico, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2006) organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

EFECTOS DE UN CAMBIO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Abogado,

LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y

Profesor de Derecho UC.

1 La eliminación de senadores designados y vitalicios, los cambios al art. 45 y un nuevo estatuto del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros, son ejemplos de un semblante más democrático dado al texto de la Constitución. 2 Acerca

de la Reforma 2005 ver ZÚÑIGA (2005) y PFEFFER (2005).

NOGUEIRA (2005).

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

NOGUEIRA (2005).

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principio de respeto a la ley por parte de los tribunales ordinarios, posibilitando al tribunal ordinario elevar a la consideración del Tribunal Constitucional todo precepto legal en el cual haya dudas de constitucionalidad”.3

Adicionalmente, interesa destacar dos órdenes de reÀexiones. Por un lado la perceptible proliferación de potestades sancionadoras de la administración, especialmente, de las superintendencias ¿scalizadoras de las actividades económicas sujetas a estatutos regulatorios especiales y por la

Los méritos de la reforma constitucional, en concreto, acerca de la regulación del recurso de inaplicabilidad, deben ser ponderados en función de los efectos que esa reforma ha generado. Tratándose de la inconstitucionalidad de las leyes vigentes, esa declaración había ido perdiendo ejecutividad por la excesiva demora de su tramitación ante la Corte Suprema y por la no coincidente jurisprudencia que existía sobre materias que por la vía de la inaplicabilidad llegaban a conocimiento de ese tribunal. En ese entendido, que conÀictos de constitucionalidad de las leyes puedan resolverse en plazos acotados y que exista una mayor eventual observancia del precedente constitucional son caracteres de mérito que valoran la reforma que atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso de inaplicabilidad de las leyes.

Desde la perspectiva anotada, pasar al TC la discusión acerca de las sanciones administrativas es, en el ámbito del derecho de la regulación económica, una de las cuestiones de más actualidad en estos tiempos. En efecto, y cómo se verá más adelante, la regulación de las actividades económicas no dice relación únicamente con la precisa de¿nición por la ley acerca del modo como se entra, se desarrolla y se retira un agente de una actividad empresarial cualquiera, sino que, además, con la necesidad de determinar por el intérprete cuál es el ámbito de la reserva que la Constitución establece para la regulación de las actividades económicas (v. gr. por ley, por reglamento de ejecución, reglamentos autónomos o no subordinados a una ley que ejecutan, instrucciones, etc.), la fuente normativa que legitima la aplicación de sanciones, la naturaleza y extensión de éstas, en ¿n, determinar si fuere ello posible, hasta dónde podrá llegar legítimamente el campo de la discrecionalidad administrativa para describir obligaciones a los agentes económicos regulados y aplicar sanciones por infracción o incumplimiento de tales obligaciones.

Desde la perspectiva anotada, pasar al TC la discusión acerca de las sanciones administrativas es, en el ámbito del derecho de la regulación económica, una de las cuestiones de más actualidad en estos tiempos. En efecto, y cómo se verá más adelante, la regulación de las actividades económicas no dice relación únicamente con la precisa de¿nición por la ley acerca del modo como se entra, se desarrolla y se retira un agente de una actividad empresarial cualquiera, sino que, además, con la necesidad de determinar por el intérprete cuál es el ámbito de la reserva que la Constitución establece para la regulación de las actividades económicas (v. gr. por ley, por reglamento de ejecución, reglamentos autónomos o no subordinados a una ley que ejecutan, instrucciones, etc.), la fuente normativa que legitima la aplicación de sanciones, la naturaleza y extensión de éstas, en ¿n, determinar si fuere ello posible, hasta dónde podrá llegar legítimamente el campo de la discrecionalidad administrativa para describir obligaciones a los agentes económicos regulados y aplicar sanciones por infracción o incumplimiento de tales obligaciones.

Los méritos de la reforma constitucional, en concreto, acerca de la regulación del recurso de inaplicabilidad, deben ser ponderados en función de los efectos que esa reforma ha generado. Tratándose de la inconstitucionalidad de las leyes vigentes, esa declaración había ido perdiendo ejecutividad por la excesiva demora de su tramitación ante la Corte Suprema y por la no coincidente jurisprudencia que existía sobre materias que por la vía de la inaplicabilidad llegaban a conocimiento de ese tribunal. En ese entendido, que conÀictos de constitucionalidad de las leyes puedan resolverse en plazos acotados y que exista una mayor eventual observancia del precedente constitucional son caracteres de mérito que valoran la reforma que atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso de inaplicabilidad de las leyes.

Adicionalmente, interesa destacar dos órdenes de reÀexiones. Por un lado la perceptible proliferación de potestades sancionadoras de la administración, especialmente, de las superintendencias ¿scalizadoras de las actividades económicas sujetas a estatutos regulatorios especiales y por la

principio de respeto a la ley por parte de los tribunales ordinarios, posibilitando al tribunal ordinario elevar a la consideración del Tribunal Constitucional todo precepto legal en el cual haya dudas de constitucionalidad”.3

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En materia eléctrica el D.S. Nº 327, de 1997, es un ejemplo de la extensa normatividad reglamentaria que más se asemeja a una efectiva regulación sustitutiva de la ley (D.F.L. Nº 1, Minería de 1982) que a una mera ejecución de sus disposiciones.

LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

203

4

De ese modo, al parecer quedan a salvo y serían legítimas las regulaciones de ciertos derechos (entre ellos, la libertad para desarrollar actividades económicas) por la vía del reglamento subordinado o de ejecución de la ley, lo que por lo demás ha sido normalmente aceptado y generalmente utilizado.4 El problema de la reserva legal en la regulación de los derechos fundamentales no es fácil de resolver. Por lo pronto, parece ser un aspecto superado el que no sea admisible la regulación de los derechos que reconoce la Constitución por una fuente normativa inferior a los decretos supremos reglamentarios de ejecución de la ley (art. 32 Nº 6, segunda parte), es decir, que no es posible reglamentar el ejercicio de los derechos públicos subjetivos por la vía de los reglamentos autónomos, de las instrucciones o bien, por medio de resoluciones o instrucciones de carácter general emitidas por funcionarios titulares de funciones dotadas de potestades normativas. La cuestión de determinar la extensión de la reserva legal que consagra el numeral 21 de la Constitución ha pasado de ser una materia controvertida a constituirse en una de la mayor relevancia, dada la relación entre la regulación económica y la sanción administrativa. Es decir, será el marco legítimo de la regulación el que ¿je el ámbito legítimo de la sanción y por ello, la extensión de una será, por natural efecto, la extensión de la otra. Dentro de la normatividad económica de la Constitución se encuentra reconocida la más amplia libertad de emprendimiento de las actividades económicas. Esa libertad de emprendimiento empresarial no será legítima en cuanto sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y para la licitud de su ejercicio, deberá someterse a las normas legales que la regulen (art. 19, Nº 21). 1. REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA otra, la innegable relación existente entre la sanción administrativa y los derechos fundamentales de las personas, temas ambos a los que también destinaremos algunos comentarios. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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otra, la innegable relación existente entre la sanción administrativa y los derechos fundamentales de las personas, temas ambos a los que también destinaremos algunos comentarios. 1. REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA Dentro de la normatividad económica de la Constitución se encuentra reconocida la más amplia libertad de emprendimiento de las actividades económicas. Esa libertad de emprendimiento empresarial no será legítima en cuanto sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y para la licitud de su ejercicio, deberá someterse a las normas legales que la regulen (art. 19, Nº 21). La cuestión de determinar la extensión de la reserva legal que consagra el numeral 21 de la Constitución ha pasado de ser una materia controvertida a constituirse en una de la mayor relevancia, dada la relación entre la regulación económica y la sanción administrativa. Es decir, será el marco legítimo de la regulación el que ¿je el ámbito legítimo de la sanción y por ello, la extensión de una será, por natural efecto, la extensión de la otra. El problema de la reserva legal en la regulación de los derechos fundamentales no es fácil de resolver. Por lo pronto, parece ser un aspecto superado el que no sea admisible la regulación de los derechos que reconoce la Constitución por una fuente normativa inferior a los decretos supremos reglamentarios de ejecución de la ley (art. 32 Nº 6, segunda parte), es decir, que no es posible reglamentar el ejercicio de los derechos públicos subjetivos por la vía de los reglamentos autónomos, de las instrucciones o bien, por medio de resoluciones o instrucciones de carácter general emitidas por funcionarios titulares de funciones dotadas de potestades normativas. De ese modo, al parecer quedan a salvo y serían legítimas las regulaciones de ciertos derechos (entre ellos, la libertad para desarrollar actividades económicas) por la vía del reglamento subordinado o de ejecución de la ley, lo que por lo demás ha sido normalmente aceptado y generalmente utilizado.4 4 En materia eléctrica el D.S. Nº 327, de 1997, es un ejemplo de la extensa normatividad reglamentaria que más se asemeja a una efectiva regulación sustitutiva de la ley (D.F.L. Nº 1, Minería de 1982) que a una mera ejecución de sus disposiciones.

FERMANDOIS (2006), p. 163.

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

FERMANDOIS (2006), p. 163.

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Fermandois5 tiende a aceptar en cierta medida la actuación de la potestad reglamentaria de ejecución, tratándose de la regulación económica, pero bajo ciertas condiciones. Enfrentado a las tesis que divisan en el numeral 21 del art. 19 de la Constitución una reserva legal absoluta (Sentencia TC Bases del Medio Ambiente de 1994) o bien una reserva relativa (sostenida por autores como E. Silva Cimma y G. Camacho), este autor visualiza una reserva legal que denomina poderosa y que describe como aquella en que “la ejecución administrativa de la ley reguladora podría conllevar también cierto grado de regulación, entendida como ‘ajustar a regla o someter a reglamentación’; pero la esencia de la ejecución –que la separa de la regulación– consiste en que esta norma ejecutora no podrá imponer jamás parámetros, regulaciones, requisitos, formalidades u ordenaciones que sean más exigentes, gravosos o di¿cultosos que los que ha impuesto previamente la ley. He ahí la esencia de la potestad reglamentaria de ejecución tolerada por la Constitución y he ahí la frontera entre lo constitucional y lo inocuo, ilegítimo o inconstitucional”.

Pero, y referido al mismo tema, el TC ha limitado el campo de la potestad reglamentaria estableciendo mayores exigencias al legislador al normar sobre los derechos fundamentales. Es así que en la sentencia Rol 370 señaló “el legislador debe conciliar la generalidad, abstracción e igualdad de la ley, así como sus características de normativa básica y permanente, por un lado, con la incorporación a su texto de los principios y preceptos, sean

Es interesante citar al mismo TC, quien en más de una oportunidad ha hecho análisis de la relación reserva legal y potestad reglamentaria en sus fallos. En la sentencia Rol 254 señaló “que la Constitución establece que, en ciertos casos, la regulación de algunas materias por parte del legislador no debe tener la misma amplitud y profundidad que otras. Es por ello que hay casos en que la fuerza de la reserva legal puede ser cali¿cada de absoluta o relativa. En este último caso, incumbe un mayor campo de acción a la potestad reglamentaria subordinada, siendo propio de la ley señalar sólo las bases, criterios o parámetros generales que encuadran el ejercicio de aquella potestad. Ello ocurre cada vez que la Constitución emplea expresiones como ‘con arreglo a la ley’, ‘de acuerdo con las leyes’, ‘con sujeción a la ley’ o ‘en conformidad a la ley’…” (Considerando 26)

Es interesante citar al mismo TC, quien en más de una oportunidad ha hecho análisis de la relación reserva legal y potestad reglamentaria en sus fallos. En la sentencia Rol 254 señaló “que la Constitución establece que, en ciertos casos, la regulación de algunas materias por parte del legislador no debe tener la misma amplitud y profundidad que otras. Es por ello que hay casos en que la fuerza de la reserva legal puede ser cali¿cada de absoluta o relativa. En este último caso, incumbe un mayor campo de acción a la potestad reglamentaria subordinada, siendo propio de la ley señalar sólo las bases, criterios o parámetros generales que encuadran el ejercicio de aquella potestad. Ello ocurre cada vez que la Constitución emplea expresiones como ‘con arreglo a la ley’, ‘de acuerdo con las leyes’, ‘con sujeción a la ley’ o ‘en conformidad a la ley’…” (Considerando 26)

Pero, y referido al mismo tema, el TC ha limitado el campo de la potestad reglamentaria estableciendo mayores exigencias al legislador al normar sobre los derechos fundamentales. Es así que en la sentencia Rol 370 señaló “el legislador debe conciliar la generalidad, abstracción e igualdad de la ley, así como sus características de normativa básica y permanente, por un lado, con la incorporación a su texto de los principios y preceptos, sean

Fermandois5 tiende a aceptar en cierta medida la actuación de la potestad reglamentaria de ejecución, tratándose de la regulación económica, pero bajo ciertas condiciones. Enfrentado a las tesis que divisan en el numeral 21 del art. 19 de la Constitución una reserva legal absoluta (Sentencia TC Bases del Medio Ambiente de 1994) o bien una reserva relativa (sostenida por autores como E. Silva Cimma y G. Camacho), este autor visualiza una reserva legal que denomina poderosa y que describe como aquella en que “la ejecución administrativa de la ley reguladora podría conllevar también cierto grado de regulación, entendida como ‘ajustar a regla o someter a reglamentación’; pero la esencia de la ejecución –que la separa de la regulación– consiste en que esta norma ejecutora no podrá imponer jamás parámetros, regulaciones, requisitos, formalidades u ordenaciones que sean más exigentes, gravosos o di¿cultosos que los que ha impuesto previamente la ley. He ahí la esencia de la potestad reglamentaria de ejecución tolerada por la Constitución y he ahí la frontera entre lo constitucional y lo inocuo, ilegítimo o inconstitucional”.

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Ejemplos de servicios u órganos con facultades normativas sobran: Está el D.F.L. Nº 7 (Hacienda) de 1980 (art. 7º letra b) y el Código Tributario (art. 6º Nº 1 letra A), que permiten al Director del Servicio de Impuestos Internos interpretar administrativamente las normas tributarias. El D.F.L. Nº 2 (Trabajo) de 1967 (art. 1º) y el Código del Trabajo (art. 476), que facultan a la Dirección del Trabajo para ¿jar de o¿cio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el sentido y alcance de las leyes laborales. Luego, los estatutos orgánicos de las Superintendencias: de Seguridad Social, Ley Nº 16.396 (art. 38, letra f); Bancos e Instituciones Financieras (art. 12, D.F.L. Nº 3 de 1997); de la Superintendencia de Valores y Seguros, D.L. Nº 3.538 de 1980 (art. 4º, letra a); de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Ley Nº 18.410 (art. 7

nómicas, su naturaleza jurídica y efectos frente a la reserva legal del numeral 21 del art. 19 de la Constitución ver: EVANS (2003) y (2002). También SOTO KLOSS (2005) y ARÓSTICA (2006). 6 Acerca de las potestades normativas de los servicios fiscalizadores de las actividades eco-

Quedando así establecido el amparo de la Carta Fundamental a la potestad reglamentaria subordinada para complementar la regulación de los derechos fundamentales, eso sí, con las limitaciones revisadas, queda por a¿rmar que no estimamos que queden amparadas por esa atribución presidencial las normas que dictan los jefes de servicio en ejercicio de la potestad normativa que usualmente les reconocen las leyes orgánicas que rigen su organización y funcionamiento. Dicho de otro modo, las normas que dictan los jefes de servicios, éstos son, el director del Servicio de Impuestos Internos, los superintendentes (Bancos, AFP, Valores y Seguros, Electricidad y Combustibles, etc.), entre otros, no constituyen emanación de la potestad reglamentaria presidencial, sino que de sus propios estatutos orgánicos y son el resultado de las potestades que se les con¿ere para interpretar las normas legales y reglamentarias cuyo cumplimiento les corresponde ¿scalizar. Ello no obsta, sin embargo, que tales normas puedan llegar a ser igualmente imperativas que la legislación regular, pero que de su incumplimiento deriven sanciones administrativas será otra de las cuestiones que deberemos revisar.6-7 cientí¿cos, técnicos o de otra naturaleza, que permitan sobre todo a los órganos de control de supremacía, concluir que el mandato constitucional ha sido plena y no sólo parcialmente cumplido. No puede la ley, por ende, reputarse tal en su forma y sustancia si el legislador ha creído haber realizado su función con meros enunciados globales, plasmados en cláusulas abiertas, o a través de fórmulas que se remiten, en blanco, a la potestad reglamentaria, sea aduciendo o no que se trata de asuntos mutables, complejos o circunstanciales. Obrar así implica, en realidad, ampliar el margen limitado que cabe reconocer a la discrecionalidad administrativa, con detrimento ostensible de la seguridad jurídica”. (Considerando 19) LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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cientí¿cos, técnicos o de otra naturaleza, que permitan sobre todo a los órganos de control de supremacía, concluir que el mandato constitucional ha sido plena y no sólo parcialmente cumplido. No puede la ley, por ende, reputarse tal en su forma y sustancia si el legislador ha creído haber realizado su función con meros enunciados globales, plasmados en cláusulas abiertas, o a través de fórmulas que se remiten, en blanco, a la potestad reglamentaria, sea aduciendo o no que se trata de asuntos mutables, complejos o circunstanciales. Obrar así implica, en realidad, ampliar el margen limitado que cabe reconocer a la discrecionalidad administrativa, con detrimento ostensible de la seguridad jurídica”. (Considerando 19) Quedando así establecido el amparo de la Carta Fundamental a la potestad reglamentaria subordinada para complementar la regulación de los derechos fundamentales, eso sí, con las limitaciones revisadas, queda por a¿rmar que no estimamos que queden amparadas por esa atribución presidencial las normas que dictan los jefes de servicio en ejercicio de la potestad normativa que usualmente les reconocen las leyes orgánicas que rigen su organización y funcionamiento. Dicho de otro modo, las normas que dictan los jefes de servicios, éstos son, el director del Servicio de Impuestos Internos, los superintendentes (Bancos, AFP, Valores y Seguros, Electricidad y Combustibles, etc.), entre otros, no constituyen emanación de la potestad reglamentaria presidencial, sino que de sus propios estatutos orgánicos y son el resultado de las potestades que se les con¿ere para interpretar las normas legales y reglamentarias cuyo cumplimiento les corresponde ¿scalizar. Ello no obsta, sin embargo, que tales normas puedan llegar a ser igualmente imperativas que la legislación regular, pero que de su incumplimiento deriven sanciones administrativas será otra de las cuestiones que deberemos revisar.6-7 6 Acerca de las potestades normativas de los servicios fiscalizadores de las actividades económicas, su naturaleza jurídica y efectos frente a la reserva legal del numeral 21 del art. 19 de la Constitución ver: EVANS (2003) y (2002). También SOTO KLOSS (2005) y ARÓSTICA (2006). 7 Ejemplos de servicios u órganos con facultades normativas sobran: Está el D.F.L. Nº 7 (Hacienda) de 1980 (art. 7º letra b) y el Código Tributario (art. 6º Nº 1 letra A), que permiten al Director del Servicio de Impuestos Internos interpretar administrativamente las normas tributarias. El D.F.L. Nº 2 (Trabajo) de 1967 (art. 1º) y el Código del Trabajo (art. 476), que facultan a la Dirección del Trabajo para ¿jar de o¿cio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el sentido y alcance de las leyes laborales. Luego, los estatutos orgánicos de las Superintendencias: de Seguridad Social, Ley Nº 16.396 (art. 38, letra f); Bancos e Instituciones Financieras (art. 12, D.F.L. Nº 3 de 1997); de la Superintendencia de Valores y Seguros, D.L. Nº 3.538 de 1980 (art. 4º, letra a); de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Ley Nº 18.410 (art.

LORENZO DE VIEGA (1996). op. cit.

op. cit.

LORENZO DE VIEGA (1996).

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8 ARÓSTICA,

Por ahora, debemos hacer notar que esa imperatividad de las regulaciones que emanan de los órganos administrativos señalados, además de contrariar el texto expreso de la Constitución, lesionan la necesaria certeza y seguridad jurídica que, por lo general, sólo la ley con¿ere. “Es que esta es, justamente, la garantía normativa concebida por esta y todas las Cartas Fundamentales para asegurar los derechos reconocidos a las personas: que su legítimo ejercicio únicamente puede ser disciplinado ley mediante. Y si bien se ¿ja, siempre que la competencia para interpretar una ley sectorial se deriva a algún órgano administrativo, de una u otra forma, a la postre, quedan comprometidos los derechos de las personas afectas a esa normativa (derechos propietarios, laborales, previsionales, tributarios, empresariales, etc.), precisamente porque la e¿cacia práctica de tales derechos pende, en de¿nitiva, del sentido y alcance que se atribuya a dicha ley que los regula o complementa”.8

Continuación nota 7 3º, Nº 34), por citar algunos casos, se les con¿eren, respectivamente, la facultad de interpretar las leyes y dictar normas que deriven de esa interpretación.

Por su parte, la sanción administrativa es el castigo aplicado por una autoridad (por lo general administrativa), en uso de sus facultades legales en razón del incumplimiento de un deber impuesto por una norma. Constituye la manifestación de la potestad sancionadora de la Administración del Estado y alude adicionalmente, conforme con esa de¿nición y potestad, a los principios de legalidad y a la discrecionalidad. En efecto, “entre potestad sancionadora de la Administración y legalidad, entendida en sentido estricto, hay una relación no contingente y Àexible, sino necesaria y recta, diferente de la que se entiende para la actividad administrativa en general. Si no hay norma habilitante la Administración no podrá sancionar, y tal norma deberá establecer la sanción o, en su defecto, un repertorio de sanciones, dentro del cual la Administración podrá elegir la que fuere adecuada, en aquellos casos en que además se determine la posibilidad de elección”.9

Por lo tanto, legalidad y sanción administrativa se inscriben en un doble ámbito de relación. En el primero, sólo la ley puede atribuir facultades sancionadoras a los órganos de la administración del Estado y luego, en el segundo, a la ley corresponderá la precisión de las sanciones y la concreta

Por lo tanto, legalidad y sanción administrativa se inscriben en un doble ámbito de relación. En el primero, sólo la ley puede atribuir facultades sancionadoras a los órganos de la administración del Estado y luego, en el segundo, a la ley corresponderá la precisión de las sanciones y la concreta

Por su parte, la sanción administrativa es el castigo aplicado por una autoridad (por lo general administrativa), en uso de sus facultades legales en razón del incumplimiento de un deber impuesto por una norma. Constituye la manifestación de la potestad sancionadora de la Administración del Estado y alude adicionalmente, conforme con esa de¿nición y potestad, a los principios de legalidad y a la discrecionalidad. En efecto, “entre potestad sancionadora de la Administración y legalidad, entendida en sentido estricto, hay una relación no contingente y Àexible, sino necesaria y recta, diferente de la que se entiende para la actividad administrativa en general. Si no hay norma habilitante la Administración no podrá sancionar, y tal norma deberá establecer la sanción o, en su defecto, un repertorio de sanciones, dentro del cual la Administración podrá elegir la que fuere adecuada, en aquellos casos en que además se determine la posibilidad de elección”.9

Continuación nota 7 3º, Nº 34), por citar algunos casos, se les con¿eren, respectivamente, la facultad de interpretar las leyes y dictar normas que deriven de esa interpretación.

Por ahora, debemos hacer notar que esa imperatividad de las regulaciones que emanan de los órganos administrativos señalados, además de contrariar el texto expreso de la Constitución, lesionan la necesaria certeza y seguridad jurídica que, por lo general, sólo la ley con¿ere. “Es que esta es, justamente, la garantía normativa concebida por esta y todas las Cartas Fundamentales para asegurar los derechos reconocidos a las personas: que su legítimo ejercicio únicamente puede ser disciplinado ley mediante. Y si bien se ¿ja, siempre que la competencia para interpretar una ley sectorial se deriva a algún órgano administrativo, de una u otra forma, a la postre, quedan comprometidos los derechos de las personas afectas a esa normativa (derechos propietarios, laborales, previsionales, tributarios, empresariales, etc.), precisamente porque la e¿cacia práctica de tales derechos pende, en de¿nitiva, del sentido y alcance que se atribuya a dicha ley que los regula o complementa”.8

8 ARÓSTICA,

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Acerca del decaimiento del principio de legalidad en la legislación baste constatar que el art. 15 de la Ley Nº 18. 410 atribuye a la SEC facultades para sancionar infracciones a las órdenes e instrucciones que dicte; que el art. 11 de la Ley Nº 18.902 que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios otorga idéntica facultad, circunstancia que con matices se repite en los restantes estatutos de organización de superintendencias. 11

10

Véase VERGARA (2004).

11º. Que, en este sentido, ambos principios se encuentran consagrados en los incisos séptimo y octavo del Nº 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, de 10º. Que, entre ellos, es necesario destacar los principios de legalidad y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido propio como modo de realización del primero. La legalidad se cumple con la previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere de algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizándose así el principio constitucional de seguridad jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta. 9º. Que los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado.

En efecto, para lo que hemos señalado la jurisprudencia más directamente vinculada con la relación principio de legalidad-sanción administrativa había sido la sentencia Rol 244 de 1996 dictada por el TC a propósito de la Ley de Caza. El fallo, en un texto expresivo y dando una interpretación amplia de los derechos fundamentales de las personas había señalado en sus considerandos 9º, 10º, 11º, 12º y 14º: de¿nición de las conductas que hacen procedente su imposición. Así de concreta y cierta podía resultar, en su doble ámbito, la relación principio de legalidad y sanción, por lo menos, si atendíamos la jurisprudencia del TC cuando había conocido del tema y era a partir de esa jurisprudencia que se habían elaborado doctrinas que en buena medida vigorizaban, en el derecho administrativo sancionador, los principios de legalidad y tipicidad de¿nitivamente relativizados por las leyes orgánicas de los servicios públicos ¿scalizadores de las actividades económicas dotados de potestades sancionadoras.10-11 LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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de¿nición de las conductas que hacen procedente su imposición. Así de concreta y cierta podía resultar, en su doble ámbito, la relación principio de legalidad y sanción, por lo menos, si atendíamos la jurisprudencia del TC cuando había conocido del tema y era a partir de esa jurisprudencia que se habían elaborado doctrinas que en buena medida vigorizaban, en el derecho administrativo sancionador, los principios de legalidad y tipicidad de¿nitivamente relativizados por las leyes orgánicas de los servicios públicos ¿scalizadores de las actividades económicas dotados de potestades sancionadoras.10-11 En efecto, para lo que hemos señalado la jurisprudencia más directamente vinculada con la relación principio de legalidad-sanción administrativa había sido la sentencia Rol 244 de 1996 dictada por el TC a propósito de la Ley de Caza. El fallo, en un texto expresivo y dando una interpretación amplia de los derechos fundamentales de las personas había señalado en sus considerandos 9º, 10º, 11º, 12º y 14º: 9º. Que los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado. 10º. Que, entre ellos, es necesario destacar los principios de legalidad y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido propio como modo de realización del primero. La legalidad se cumple con la previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere de algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizándose así el principio constitucional de seguridad jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta. 11º. Que, en este sentido, ambos principios se encuentran consagrados en los incisos séptimo y octavo del Nº 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, de 10

Véase VERGARA (2004).

11 Acerca del decaimiento del principio de legalidad en la legislación baste constatar que el art. 15 de la Ley Nº 18. 410 atribuye a la SEC facultades para sancionar infracciones a las órdenes e instrucciones que dicte; que el art. 11 de la Ley Nº 18.902 que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios otorga idéntica facultad, circunstancia que con matices se repite en los restantes estatutos de organización de superintendencias.

VERGARA, op. cit. Supra.

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VERGARA, op. cit. Supra.

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acuerdo a los cuales: ‘Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado’. ‘Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella’.

Acerca de lo anterior se había a¿rmado que “podemos desprender claramente que el ius puniendi del Estado, ya sea en su manifestación penal o administrativa, dada la evidente naturaleza común, en su ejercicio debe respetar los mismos principios de legalidad y tipicidad, y sus derivados, que ya veremos (culpabilidad y non bis in idem). En otras palabras, aunque exista una dualidad de sistemas represivos del Estado, en ambos casos, por su unidad material, aunque el procedimiento sea distinto, se han de respetar estos principios de fondo: es el mismo ius puniendi del Estado. Entonces, los principios conocidos generalmente como del derecho penal, hay que considerarlos como principios generales del derecho sancionador, y el Tribunal Constitucional ha señalado que tales principios tradicionales del derecho penal se aplican a la esfera sancionatoria administrativa”. También, y a propósito del tema que nos convoca, se señalaba concluyendo: “La llamada ‘colaboración reglamentaria’ está no sólo limitada sino que virtualmente proscrita en materia de ius puniendi estatal, ya sea penal o sancionatorio administrativo, y no cabe, en ningún caso, considerar al reglamento como origen de algún ilícito administrativo o de alguna pena”.12

12º. Que, de esta forma, la Constitución precisa de manera clara que corresponde a la ley y sólo a ella establecer al menos el núcleo esencial de las conductas que se sancionan, materia que es, de exclusiva y excluyente reserva legal, en términos tales, que no procede a su respecto ni siquiera la delegación de facultades legislativas al Presidente de la República, en conformidad a lo que dispone el artículo 61, inciso 2º, de la Constitución Política.

14º. Que, en consecuencia, el artículo 37, inciso 2º, del proyecto en análisis, al atribuir competencia al Servicio Agrícola y Ganadero para conocer y sancionar administrativamente no sólo las ‘contravenciones a esta ley’, sino también ‘a su reglamento’, resulta contrario a la Constitución Política al vulnerar la reserva legal que las normas constitucionales antes indicadas consagran, en relación con las conductas que pueden ser objeto de sanción”.

14º. Que, en consecuencia, el artículo 37, inciso 2º, del proyecto en análisis, al atribuir competencia al Servicio Agrícola y Ganadero para conocer y sancionar administrativamente no sólo las ‘contravenciones a esta ley’, sino también ‘a su reglamento’, resulta contrario a la Constitución Política al vulnerar la reserva legal que las normas constitucionales antes indicadas consagran, en relación con las conductas que pueden ser objeto de sanción”.

12º. Que, de esta forma, la Constitución precisa de manera clara que corresponde a la ley y sólo a ella establecer al menos el núcleo esencial de las conductas que se sancionan, materia que es, de exclusiva y excluyente reserva legal, en términos tales, que no procede a su respecto ni siquiera la delegación de facultades legislativas al Presidente de la República, en conformidad a lo que dispone el artículo 61, inciso 2º, de la Constitución Política.

Acerca de lo anterior se había a¿rmado que “podemos desprender claramente que el ius puniendi del Estado, ya sea en su manifestación penal o administrativa, dada la evidente naturaleza común, en su ejercicio debe respetar los mismos principios de legalidad y tipicidad, y sus derivados, que ya veremos (culpabilidad y non bis in idem). En otras palabras, aunque exista una dualidad de sistemas represivos del Estado, en ambos casos, por su unidad material, aunque el procedimiento sea distinto, se han de respetar estos principios de fondo: es el mismo ius puniendi del Estado. Entonces, los principios conocidos generalmente como del derecho penal, hay que considerarlos como principios generales del derecho sancionador, y el Tribunal Constitucional ha señalado que tales principios tradicionales del derecho penal se aplican a la esfera sancionatoria administrativa”. También, y a propósito del tema que nos convoca, se señalaba concluyendo: “La llamada ‘colaboración reglamentaria’ está no sólo limitada sino que virtualmente proscrita en materia de ius puniendi estatal, ya sea penal o sancionatorio administrativo, y no cabe, en ningún caso, considerar al reglamento como origen de algún ilícito administrativo o de alguna pena”.12

acuerdo a los cuales: ‘Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado’. ‘Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella’.

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Ingresos Rol 479 y 480 de 2006 del Tribunal Constitucional. Las causas pendientes en que incidían ambos recursos eran acciones de reclamación de ilegalidad del art. 19 de la Ley Nº 18.410 que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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3.- Hayan afectado a la generalidad de los usuarios o clientes abastecidos por el infractor, en forma significativa; 2.- Hayan entregado información falseada que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precios; 1.- Hayan producido la muerte o lesión grave a las personas, en los términos del artículo 397, Nº 1, del Código Penal; Son infracciones gravísimas, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente: “Para los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refiere el inciso anterior, las infracciones administrativas se clasifican en gravísimas, graves y leves. “Las empresas, entidades o personas naturales, sujetas a la fiscalización o supervisión de la Superintendencia, que incurrieren en infracciones de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta de las sanciones que se señalan en este Título, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales”.

Pues bien, 10 años después el TC ha cambiado esa doctrina y lo ha hecho con ocasión de dos recursos de inaplicabilidad que le fueran sometidos a su conocimiento por empresas productoras de energía eléctrica, ello al amparo de lo establecido por el art. 93, Nº 6 de la Constitución Política. En concreto, y con el objeto de simpli¿car la exposición, ambos recursos coincidían en solicitar la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y su fundamento esencial estaba radicado, precisamente, en la doctrina de la sentencia Rol 244 que transcribiera más atrás.13 El precepto impugnado por las recurrentes señala: LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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Pues bien, 10 años después el TC ha cambiado esa doctrina y lo ha hecho con ocasión de dos recursos de inaplicabilidad que le fueran sometidos a su conocimiento por empresas productoras de energía eléctrica, ello al amparo de lo establecido por el art. 93, Nº 6 de la Constitución Política. En concreto, y con el objeto de simpli¿car la exposición, ambos recursos coincidían en solicitar la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y su fundamento esencial estaba radicado, precisamente, en la doctrina de la sentencia Rol 244 que transcribiera más atrás.13 El precepto impugnado por las recurrentes señala: “Las empresas, entidades o personas naturales, sujetas a la fiscalización o supervisión de la Superintendencia, que incurrieren en infracciones de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta de las sanciones que se señalan en este Título, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales”. “Para los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refiere el inciso anterior, las infracciones administrativas se clasifican en gravísimas, graves y leves. Son infracciones gravísimas, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente: 1.- Hayan producido la muerte o lesión grave a las personas, en los términos del artículo 397, Nº 1, del Código Penal; 2.- Hayan entregado información falseada que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precios; 3.- Hayan afectado a la generalidad de los usuarios o clientes abastecidos por el infractor, en forma significativa;

13 Ingresos Rol 479 y 480 de 2006 del Tribunal Constitucional. Las causas pendientes en que incidían ambos recursos eran acciones de reclamación de ilegalidad del art. 19 de la Ley Nº 18.410 que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

5.- Hayan ocasionado una falla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrico o de combustibles,

7.- Conlleven alteración de los precios o de las cantidades suministradas, en perjuicio de los usuarios,

6.- Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como graves de acuerdo con este artículo.

6.- Constituyan una negativa a entregar información en los casos que la ley autorice a la Superintendencia o a la Comisión Nacional de Energía para exigirla; Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente:

5.- No acaten las órdenes e instrucciones de la autoridad y, en el caso de un sistema eléctrico, incumplan las órdenes impartidas por el respectivo organismo coordinador de la operación, de lo cual se deriven los riesgos a que se refieren los números anteriores;

1.- Hayan causado lesiones que no sean las señaladas en el Nº 1 del inciso anterior, o signifiquen peligro para la seguridad o salud de las personas;

4.- Involucren peligro o riesgo de ocasionar una falla generalizada del sistema eléctrico o de combustibles;

2.- Hayan causado daño a los bienes de un número significativo de usuarios;

3.- Pongan en peligro la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo;

3.- Pongan en peligro la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo;

2.- Hayan causado daño a los bienes de un número significativo de usuarios;

4.- Involucren peligro o riesgo de ocasionar una falla generalizada del sistema eléctrico o de combustibles;

1.- Hayan causado lesiones que no sean las señaladas en el Nº 1 del inciso anterior, o signifiquen peligro para la seguridad o salud de las personas;

5.- No acaten las órdenes e instrucciones de la autoridad y, en el caso de un sistema eléctrico, incumplan las órdenes impartidas por el respectivo organismo coordinador de la operación, de lo cual se deriven los riesgos a que se refieren los números anteriores;

Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente:

6.- Constituyan una negativa a entregar información en los casos que la ley autorice a la Superintendencia o a la Comisión Nacional de Energía para exigirla;

6.- Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como graves de acuerdo con este artículo.

7.- Conlleven alteración de los precios o de las cantidades suministradas, en perjuicio de los usuarios,

5.- Hayan ocasionado una falla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrico o de combustibles,

8.- Constituyan persistente reiteración de una misma infracción calificada como leve de acuerdo con este artículo.

4.- Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora; EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

Son infracciones leves, los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto obligatorio y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los incisos anteriores”.

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4.- Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora;

8.- Constituyan persistente reiteración de una misma infracción calificada como leve de acuerdo con este artículo.

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

Son infracciones leves, los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto obligatorio y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los incisos anteriores”.

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Para estos efectos, utilizaremos exclusivamente la sentencia Rol 480-2006 por ser la más antigua y por cuanto la doctrina contenida en ella se reprodujo casi literalmente en la del recurso Rol 479-2006.

LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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“8º: Que, en la especie, la aplicación del principio de legalidad a la actividad sancionadora del Estado viene también exigida por lo dispuesto en el artículo 19 Nº 21 en relación al 19 Nº 26 y al 63 Nº 2 de la Carta Fundamental. Para llegar a esta conclusión basta aceptar la premisa de que las normas que establecen deberes y vinculan sanciones a su incumplimiento, como las descritas en las letras a) y b) del considerando tercero que antecede, limitan el ejercicio del

Señaló el TC en los considerandos 8º al 11º de la sentencia Rol 480-2006: a) Derecho a desarrollar actividades económicas y sanciones: Es interesante hacer una simpli¿cada clasi¿cación que lo resuelto por el TC respecto de ambos recursos de inaplicabilidad. Por una parte haremos referencia a la exposición acerca de la relación de la garantía del numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental con las sanciones administrativas; luego acerca de la naturaleza de la reserva legal o extensión del principio de legalidad a que se re¿eren los dos últimos incisos del numeral 3 del señalado artículo 19. En ¿n, extraeremos aquella parte que permite la colaboración reglamentaria para de¿nir obligaciones y de ahí, derivar sanciones a los administrados.14 La disposición efectúa una clasi¿cación de las infracciones administrativas, considerando entre éstas, tanto a las infracciones legales, como a las reglamentarias, y las referidas a incumplimientos de órdenes o instrucciones emanadas de la Superintendencia, respecto de todas las cuales, en términos generales y amplios, indica parámetros de gravedad que las harán subsumirse en una de las tres clasi¿caciones estipuladas, según los resultados, o potenciales resultados, de la acción u omisión de que se trate. Se aprecia que no existe en la ley una descripción concreta de la conducta especí¿ca sancionada, sino que simplemente de acuerdo a ciertas conductas genéricas, o en la mayoría de los casos, ciertos resultados negativos derivados de la conducta de que se trate, se indica una clasi¿cación de gravedad, según la cual se ameritará una mayor o menor sanción. Esta norma, no obstante la sentencia Rol 244 de 1996 había sido incluida en la Ley Nº 18.410 por la Ley Nº 19.613 del año 1999, o sea, tres años después y en una formulación abiertamente contraria a lo sostenido por el TC en la sentencia tanto revisada. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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La disposición efectúa una clasi¿cación de las infracciones administrativas, considerando entre éstas, tanto a las infracciones legales, como a las reglamentarias, y las referidas a incumplimientos de órdenes o instrucciones emanadas de la Superintendencia, respecto de todas las cuales, en términos generales y amplios, indica parámetros de gravedad que las harán subsumirse en una de las tres clasi¿caciones estipuladas, según los resultados, o potenciales resultados, de la acción u omisión de que se trate. Se aprecia que no existe en la ley una descripción concreta de la conducta especí¿ca sancionada, sino que simplemente de acuerdo a ciertas conductas genéricas, o en la mayoría de los casos, ciertos resultados negativos derivados de la conducta de que se trate, se indica una clasi¿cación de gravedad, según la cual se ameritará una mayor o menor sanción. Esta norma, no obstante la sentencia Rol 244 de 1996 había sido incluida en la Ley Nº 18.410 por la Ley Nº 19.613 del año 1999, o sea, tres años después y en una formulación abiertamente contraria a lo sostenido por el TC en la sentencia tanto revisada. Es interesante hacer una simpli¿cada clasi¿cación que lo resuelto por el TC respecto de ambos recursos de inaplicabilidad. Por una parte haremos referencia a la exposición acerca de la relación de la garantía del numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental con las sanciones administrativas; luego acerca de la naturaleza de la reserva legal o extensión del principio de legalidad a que se re¿eren los dos últimos incisos del numeral 3 del señalado artículo 19. En ¿n, extraeremos aquella parte que permite la colaboración reglamentaria para de¿nir obligaciones y de ahí, derivar sanciones a los administrados.14 a) Derecho a desarrollar actividades económicas y sanciones: Señaló el TC en los considerandos 8º al 11º de la sentencia Rol 480-2006: “8º: Que, en la especie, la aplicación del principio de legalidad a la actividad sancionadora del Estado viene también exigida por lo dispuesto en el artículo 19 Nº 21 en relación al 19 Nº 26 y al 63 Nº 2 de la Carta Fundamental. Para llegar a esta conclusión basta aceptar la premisa de que las normas que establecen deberes y vinculan sanciones a su incumplimiento, como las descritas en las letras a) y b) del considerando tercero que antecede, limitan el ejercicio del 14 Para estos efectos, utilizaremos exclusivamente la sentencia Rol 480-2006 por ser la más antigua y por cuanto la doctrina contenida en ella se reprodujo casi literalmente en la del recurso Rol 479-2006.

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

11º.- Que, al razonar de este modo, el Tribunal reafirma lo ya dicho en sentencia de 21 de abril de 1992, Rol Nº 146, al resolver sobre la constitucionalidad del Decreto Supremo Nº 357, de 19 de febrero de 1992, en la que señaló: “Que, si bien es efectivo que el legislador haciendo uso de su facultad de “regular” puede establecer limitaciones y restricciones al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, esta facultad no le corresponde al administrador, pues de acuerdo al texto constitucional, por el artículo 60, Nº 2º, que establece “Sólo son materias de ley: las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley”, estas atribuciones están entregadas expresamente al legislador, al disponer el constituyente que el derecho a desarrollar una actividad económica se asegura “respetando las normas legales que la “regulen’”. En otras palabras, el constituyente entrega al legislador y no al administrador la facultad

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10º.- Que, congruente con lo anterior, el numeral 2º del artículo 63 de la Constitución, invocado en esta sentencia, al establecer la reserva legal dispuso que eran materias de ley ‘las que la propia Constitución exija que sean reguladas por una ley’. Entre ellas, por las razones ya expuestas, se debe considerar las que regulen el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.

derecho a desarrollar una actividad económica lícita. En efecto, todo precepto que establece un deber para quien ejerce el derecho a desarrollar una actividad económica, sujeta ese ejercicio a una regulación, toda vez que el sujeto que desarrolle la actividad no será libre para ejercerla del modo que le plazca, sino que deberá hacerlo del modo en que ella ha quedado regulada. En la especie, quien desarrolle una actividad de generación, transporte o distribución eléctrica deberá hacerlo de manera “interconectada” y “coordinada”, según lo regula el artículo 81 de la “Ley Eléctrica”, bajo amenaza de las sanciones establecidas en el artículo 16 y 16 A, a aplicarse por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 15, ambos de la Ley Nº 18.410. De este razonamiento resulta ineludible concluir que los artículos impugnados como inconstitucionales regulan, para el caso, el ejercicio de una actividad económica lícita.

9º.-Que las normas que regulen el ejercicio de una actividad económica lícita deben estar contenidos en preceptos de rango legal, según lo dispone expresamente el numeral 21 del artículo 19 al establecer que ‘El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional’, debe hacerse ‘respetando las normas legales que la regulen’ (énfasis añadido). En consecuencia, la Constitución reserva a la ley la regulación de la actividad económica lícita.

9º.-Que las normas que regulen el ejercicio de una actividad económica lícita deben estar contenidos en preceptos de rango legal, según lo dispone expresamente el numeral 21 del artículo 19 al establecer que ‘El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional’, debe hacerse ‘respetando las normas legales que la regulen’ (énfasis añadido). En consecuencia, la Constitución reserva a la ley la regulación de la actividad económica lícita.

derecho a desarrollar una actividad económica lícita. En efecto, todo precepto que establece un deber para quien ejerce el derecho a desarrollar una actividad económica, sujeta ese ejercicio a una regulación, toda vez que el sujeto que desarrolle la actividad no será libre para ejercerla del modo que le plazca, sino que deberá hacerlo del modo en que ella ha quedado regulada. En la especie, quien desarrolle una actividad de generación, transporte o distribución eléctrica deberá hacerlo de manera “interconectada” y “coordinada”, según lo regula el artículo 81 de la “Ley Eléctrica”, bajo amenaza de las sanciones establecidas en el artículo 16 y 16 A, a aplicarse por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 15, ambos de la Ley Nº 18.410. De este razonamiento resulta ineludible concluir que los artículos impugnados como inconstitucionales regulan, para el caso, el ejercicio de una actividad económica lícita.

10º.- Que, congruente con lo anterior, el numeral 2º del artículo 63 de la Constitución, invocado en esta sentencia, al establecer la reserva legal dispuso que eran materias de ley ‘las que la propia Constitución exija que sean reguladas por una ley’. Entre ellas, por las razones ya expuestas, se debe considerar las que regulen el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.

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11º.- Que, al razonar de este modo, el Tribunal reafirma lo ya dicho en sentencia de 21 de abril de 1992, Rol Nº 146, al resolver sobre la constitucionalidad del Decreto Supremo Nº 357, de 19 de febrero de 1992, en la que señaló: “Que, si bien es efectivo que el legislador haciendo uso de su facultad de “regular” puede establecer limitaciones y restricciones al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, esta facultad no le corresponde al administrador, pues de acuerdo al texto constitucional, por el artículo 60, Nº 2º, que establece “Sólo son materias de ley: las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley”, estas atribuciones están entregadas expresamente al legislador, al disponer el constituyente que el derecho a desarrollar una actividad económica se asegura “respetando las normas legales que la “regulen’”. En otras palabras, el constituyente entrega al legislador y no al administrador la facultad

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de disponer como deben realizarse las actividades económicas y a qué reglas deben someterse;” (considerando 11).

b) El principio de legalidad y la sanción administrativa: El TC se pronuncia acerca de este tema en los considerandos 4º al 7º que señalan: “4º: Que los artículos impugnados, como todos los que regulan la actividad sancionadora de la Administración, están sujetos al principio de legalidad; desde luego, en virtud de los preceptos básicos contenidos en el Capítulo I de la Constitución, particularmente en sus artículos 6º y 7º que establecen la sujeción de toda actividad de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico y muy especialmente, en cuanto los dos primeros incisos del artículo 7º de la Constitución, los sujetan a la Carta Fundamental y a la ley, al disponer que los órganos del Estado sólo actúan válidamente si lo hacen dentro de su competencia y en la forma prescrita en la ley y que ninguna magistratura puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad que la que se le haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Complementa este principio básico de exigencia de legalidad de los actos de la administración el precepto contenido en el numeral 18 del artículo 63, en cuanto exige que sean de jerarquía legal las normas que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública y el inciso cuarto del artículo 65 en cuanto reserva al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de las leyes que crean nuevos servicios públicos. 5º: Que el principio de legalidad es igualmente aplicable a la actividad sancionadora de la administración en virtud de lo prescrito en los dos últimos incisos del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Aún cuando las sanciones administrativas y las penas difieren en algunos aspectos, ambas pertenecen a una misma actividad sancionadora del Estado –el llamado ius puniendi– y están, con matices, sujetas al estatuto constitucional establecido en el numeral 3º del artículo 19. Como ha establecido este Tribunal, a propósito de la aplicación a Clodomiro Almeyda de las sanciones contempladas en el artículo octavo entonces vigente, “…se hace necesario, también, traer a colación el principio de “nulla poena sine lege” que expresa el artículo 19 Nº 3 inciso séptimo de la Carta Fundamental, ya que si bien es cierto que dicho precepto sólo se refiere a los delitos penales, no lo es menos que él debe estar presente para determinar el alcance del artículo 8º, ya que difícilmente, en una interpretación razonable, pueden sustraerse al concepto de pena las graves sanciones que el precepto impone a quien incurre en el ilícito constitucional que contempla.” (sentencia de 21 de diciembre de 1987, Rol Nº 46, considerando 18)

5º: Que el principio de legalidad es igualmente aplicable a la actividad sancionadora de la administración en virtud de lo prescrito en los dos últimos incisos del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Aún cuando las sanciones administrativas y las penas difieren en algunos aspectos, ambas pertenecen a una misma actividad sancionadora del Estado –el llamado ius puniendi– y están, con matices, sujetas al estatuto constitucional establecido en el numeral 3º del artículo 19. Como ha establecido este Tribunal, a propósito de la aplicación a Clodomiro Almeyda de las sanciones contempladas en el artículo octavo entonces vigente, “…se hace necesario, también, traer a colación el principio de “nulla poena sine lege” que expresa el artículo 19 Nº 3 inciso séptimo de la Carta Fundamental, ya que si bien es cierto que dicho precepto sólo se refiere a los delitos penales, no lo es menos que él debe estar presente para determinar el alcance del artículo 8º, ya que difícilmente, en una interpretación razonable, pueden sustraerse al concepto de pena las graves sanciones que el precepto impone a quien incurre en el ilícito constitucional que contempla.” (sentencia de 21 de diciembre de 1987, Rol Nº 46, considerando 18) “4º: Que los artículos impugnados, como todos los que regulan la actividad sancionadora de la Administración, están sujetos al principio de legalidad; desde luego, en virtud de los preceptos básicos contenidos en el Capítulo I de la Constitución, particularmente en sus artículos 6º y 7º que establecen la sujeción de toda actividad de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico y muy especialmente, en cuanto los dos primeros incisos del artículo 7º de la Constitución, los sujetan a la Carta Fundamental y a la ley, al disponer que los órganos del Estado sólo actúan válidamente si lo hacen dentro de su competencia y en la forma prescrita en la ley y que ninguna magistratura puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad que la que se le haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Complementa este principio básico de exigencia de legalidad de los actos de la administración el precepto contenido en el numeral 18 del artículo 63, en cuanto exige que sean de jerarquía legal las normas que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública y el inciso cuarto del artículo 65 en cuanto reserva al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de las leyes que crean nuevos servicios públicos.

b) El principio de legalidad y la sanción administrativa: El TC se pronuncia acerca de este tema en los considerandos 4º al 7º que señalan: de disponer como deben realizarse las actividades económicas y a qué reglas deben someterse;” (considerando 11). LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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“7º: Que la aplicación de las garantías constitucionales del Derecho Penal al Derecho Administrativo sancionador tiene una larga tradición en el derecho chileno, pues ya hace cuarenta años, la Corte Suprema interpretó que la voz “condenados” del artículo 11 de la Constitución de 1925 era aplicable a quienes sufrían sanciones administrativas. En efecto la Corte Suprema en fallo de 31 de marzo de 1966 señalaba que “…existe en verdad jurisprudencia ya establecida por esta Corte en el sentido de que el vocablo “condenado” de que se sirve el artículo 11 de la Constitución Política , no significa por sí solo una condena por delito penal porque de diversos artículos del Código Civil y del de Procedimiento Civil aparece que las expresiones “condenar”, “condenarse” y otras análogas, se emplean en el sentido amplio comprensivo del hecho de imponerse a una persona una pena o sanción, sea de carácter penal, civil o administrativo, cualquiera que sea la causa que la haga procedente, por lo que no se comprende porqué la palabra “condenado”, sin otro calificativo `puede limitarse en su alcance a la condena por delito penal, máxime cuando el precepto de que se trata se refiere al hecho sobre que recae el juicio y ese hecho puede revestir diversa naturaleza” (considerando 9). En igual sentido se pronunció la misma Corte en fallo de inaplicabilidad de 12 de julio de 1966, agregando además que: “Como se ha dicho, el mencionado precepto comprende la condenación de una persona por cualquier hecho al que la ley sanciona con una pena, y la multa… es una pena pecuniaria, y esta calidad punitiva no se desnaturaliza por el hecho de que la sanción sea aplicada administrativamente” (considerando 7º). De ese modo, hace ya cuarenta años nuestra Corte

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“6º: Que no es obstáculo a lo afirmado el hecho que los incisos finales del numeral tercero empleen un lenguaje penal, pues como ha tenido oportunidad de establecer este Tribunal, “… sustantiva y procesalmente, el artículo 19 Nº 3 de la Constitución tiene que ser entendido y aplicado con significado amplio y no estricto ni restrictivo, porque sólo así es posible cumplir, cabalmente, cuanto exige la serie de principios fundamentales analizados en los considerandos precedentes. Consecuentemente, cabe concluir que dentro de los parámetros de razonabilidad y legitimidad a que se hizo referencia, lo cierto e indudable es que la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos fundamentales, como asimismo, las concreciones de ese principio que aparecen en los incisos siguientes del mismo numeral, deben ser entendidas en su acepción amplia, sin reducirlas por efecto de interpretaciones exegéticas, o sobre la base de distinciones ajenas al espíritu garantista de los derechos esenciales que se halla, nítida y reiteradamente, proclamado en la Carta Fundamental vigente;” (sentencia de 21 de abril de 2005, Rol Nº 437, considerando 16º)

“6º: Que no es obstáculo a lo afirmado el hecho que los incisos finales del numeral tercero empleen un lenguaje penal, pues como ha tenido oportunidad de establecer este Tribunal, “… sustantiva y procesalmente, el artículo 19 Nº 3 de la Constitución tiene que ser entendido y aplicado con significado amplio y no estricto ni restrictivo, porque sólo así es posible cumplir, cabalmente, cuanto exige la serie de principios fundamentales analizados en los considerandos precedentes. Consecuentemente, cabe concluir que dentro de los parámetros de razonabilidad y legitimidad a que se hizo referencia, lo cierto e indudable es que la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos fundamentales, como asimismo, las concreciones de ese principio que aparecen en los incisos siguientes del mismo numeral, deben ser entendidas en su acepción amplia, sin reducirlas por efecto de interpretaciones exegéticas, o sobre la base de distinciones ajenas al espíritu garantista de los derechos esenciales que se halla, nítida y reiteradamente, proclamado en la Carta Fundamental vigente;” (sentencia de 21 de abril de 2005, Rol Nº 437, considerando 16º)

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

“7º: Que la aplicación de las garantías constitucionales del Derecho Penal al Derecho Administrativo sancionador tiene una larga tradición en el derecho chileno, pues ya hace cuarenta años, la Corte Suprema interpretó que la voz “condenados” del artículo 11 de la Constitución de 1925 era aplicable a quienes sufrían sanciones administrativas. En efecto la Corte Suprema en fallo de 31 de marzo de 1966 señalaba que “…existe en verdad jurisprudencia ya establecida por esta Corte en el sentido de que el vocablo “condenado” de que se sirve el artículo 11 de la Constitución Política , no significa por sí solo una condena por delito penal porque de diversos artículos del Código Civil y del de Procedimiento Civil aparece que las expresiones “condenar”, “condenarse” y otras análogas, se emplean en el sentido amplio comprensivo del hecho de imponerse a una persona una pena o sanción, sea de carácter penal, civil o administrativo, cualquiera que sea la causa que la haga procedente, por lo que no se comprende porqué la palabra “condenado”, sin otro calificativo `puede limitarse en su alcance a la condena por delito penal, máxime cuando el precepto de que se trata se refiere al hecho sobre que recae el juicio y ese hecho puede revestir diversa naturaleza” (considerando 9). En igual sentido se pronunció la misma Corte en fallo de inaplicabilidad de 12 de julio de 1966, agregando además que: “Como se ha dicho, el mencionado precepto comprende la condenación de una persona por cualquier hecho al que la ley sanciona con una pena, y la multa… es una pena pecuniaria, y esta calidad punitiva no se desnaturaliza por el hecho de que la sanción sea aplicada administrativamente” (considerando 7º). De ese modo, hace ya cuarenta años nuestra Corte

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Suprema hacía aplicables al derecho administrativo sancionador las garantías constitucionales propias del derecho penal.

c) La reserva legal y las sanciones administrativas: El TC a¿rma que, “en la especie, el estatuto jurídico de la actividad sancionadora de la administración admite la colaboración de la potestad reglamentaria”, idea que desarrolla en los considerandos 13 al 18 exponiendo: “13º: Que afirmar que una determinada materia está regida por el principio de legalidad no equivale necesariamente a excluir que la potestad reglamentaria de ejecución pueda, dentro de los márgenes constitucionales, normar esa misma materia. La potestad reglamentaria de ejecución de las leyes le está expresamente conferida al Presidente de la República en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución. El ámbito de regulación de la potestad reglamentaria de ejecución coincide con aquel que la propia Constitución reserva al dominio legal, si bien le está subordinada. En efecto, teniendo presente que la Carta de 1980 consagra el sistema de dominio legal máximo en el artículo 63 y además otorga al Ejecutivo la facultad de dictar reglamentos, decretos e instrucciones en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal en el artículo 32 Nº 6, resulta evidente que la potestad reglamentaria de ejecución no puede sino dar aplicación a los preceptos legales en las mismas materias reservadas al dominio legal. Este es el único entendimiento armónico de lo dispuesto por la Carta Fundamental en los artículos 63 y 32 Nº 6 ya referidos: el primero establece las únicas materias que pueden y deben ser reguladas por la ley (materias de reserva legal), mientras el segundo distingue dos categorías excluyentes de decretos: los autónomos, llamados a regular “todas aquellas materias que no sean del dominio legal” y los de ejecución, consagrados a través de la facultad de dictar “los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. De la sola lectura de los dos preceptos resulta evidente que la potestad reglamentaria de ejecución sólo puede darse en materias reservadas al dominio legal, pues en las demás el legislador está vedado y deben ser reguladas por la potestad reglamentaria autónoma. Si esta facultad de dictar “los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes” está concedida por la propia Constitución al Presidente de la República, es evidente que la Carta Fundamental acepta, salvo los casos en que lo excluya expresamente, la regulación normativa subordinada de la administración en materias reservadas al dominio legal. 14º: Que, al reservar la Carta Fundamental una determinada materia a la ley no priva, por este hecho, a ésta de su esencia de norma general y abstracta,

14º: Que, al reservar la Carta Fundamental una determinada materia a la ley no priva, por este hecho, a ésta de su esencia de norma general y abstracta, “13º: Que afirmar que una determinada materia está regida por el principio de legalidad no equivale necesariamente a excluir que la potestad reglamentaria de ejecución pueda, dentro de los márgenes constitucionales, normar esa misma materia. La potestad reglamentaria de ejecución de las leyes le está expresamente conferida al Presidente de la República en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución. El ámbito de regulación de la potestad reglamentaria de ejecución coincide con aquel que la propia Constitución reserva al dominio legal, si bien le está subordinada. En efecto, teniendo presente que la Carta de 1980 consagra el sistema de dominio legal máximo en el artículo 63 y además otorga al Ejecutivo la facultad de dictar reglamentos, decretos e instrucciones en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal en el artículo 32 Nº 6, resulta evidente que la potestad reglamentaria de ejecución no puede sino dar aplicación a los preceptos legales en las mismas materias reservadas al dominio legal. Este es el único entendimiento armónico de lo dispuesto por la Carta Fundamental en los artículos 63 y 32 Nº 6 ya referidos: el primero establece las únicas materias que pueden y deben ser reguladas por la ley (materias de reserva legal), mientras el segundo distingue dos categorías excluyentes de decretos: los autónomos, llamados a regular “todas aquellas materias que no sean del dominio legal” y los de ejecución, consagrados a través de la facultad de dictar “los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. De la sola lectura de los dos preceptos resulta evidente que la potestad reglamentaria de ejecución sólo puede darse en materias reservadas al dominio legal, pues en las demás el legislador está vedado y deben ser reguladas por la potestad reglamentaria autónoma. Si esta facultad de dictar “los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes” está concedida por la propia Constitución al Presidente de la República, es evidente que la Carta Fundamental acepta, salvo los casos en que lo excluya expresamente, la regulación normativa subordinada de la administración en materias reservadas al dominio legal.

c) La reserva legal y las sanciones administrativas: El TC a¿rma que, “en la especie, el estatuto jurídico de la actividad sancionadora de la administración admite la colaboración de la potestad reglamentaria”, idea que desarrolla en los considerandos 13 al 18 exponiendo: Suprema hacía aplicables al derecho administrativo sancionador las garantías constitucionales propias del derecho penal. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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17º: Que, a igual conclusión de aceptar por regla general la colaboración reglamentaria en materias reservadas por la Constitución al dominio legal, debe llegarse en virtud de lo dispuesto en el inciso final del numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental. En efecto, y tal como ha tenido oportunidad de desarrollar este Tribunal en sentencia de 4 diciembre de 1984, Rol Nº 24, re-

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16º: Que esta lectura de la Constitución ha sido recogida en diversos fallos de este Tribunal; desde luego hace pocos meses este Tribunal lo estableció al validar normas que reglamentaron preceptos legales en materia de educación parvularia, en sentencia de 30 de marzo de 2006, Rol Nº 465. Igual doctrina fue establecida, entre otros, en las sentencias de 25 de abril de 2000, Rol 306 y de 15 de abril de 1997, Rol Nº 253.

atributos que le son reconocidos como esenciales desde tiempos antiguos. La Constitución de 1980, a través del sistema de dominio legal máximo reafirmó estas características de la ley. En efecto, la Carta Fundamental, por medio de su artículo 63, estableció el dominio legal máximo, listando las únicas materias que podían ser tratadas por el legislador. Si bien el numeral 20 de ese precepto abrió esa enumeración con un lenguaje genérico, estableció con claridad que la ley debía ser una norma general que estatuyera las bases esenciales de un ordenamiento jurídico (énfasis añadido). Si en el sistema de dominio legal máximo de la Constitución de 1980, el legislador debe limitarse a establecer las bases de un ordenamiento jurídico, queda entregada, salvo disposición expresa en contrario del propio Texto Fundamental, a la potestad reglamentaria del Presidente de la República la dictación de los “reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. Reafirman la voluntad de la Constitución de que la ley mantenga el carácter general y abstracto, lo dispuesto en los numerales 4, 16 y 18 del mismo artículo 63.

15º: Que, como efecto de las consideraciones precedentes, la colaboración reglamentaria, no se encuentra entonces excluida por el principio de reserva legal, salvo los casos en que la propia Constitución ha dispuesto que sólo la ley puede regular una cierta materia o disponer en ciertas cuestiones. Como lo afirma la doctrina especializada, “…por intenso que sea el Principio de Reserva Legal, nunca excluirá del todo o por completo la intervención de los órganos administrativos. Imaginar lo contrario equivale a convertir la ley en reglamento y a concentrar en el órgano legislativo las dos potestades aludidas, quebrantando el Principio de Separación de Órganos y lesionando la eficiencia que se gana, con sujeción al mismo Principio, en la división de las funciones estatales.” (Cea Egaña, José Luis, los Principios de Reserva Legal y Complementaria en la Constitución Chilena; Rev. de Derecho de la Universidad de Valdivia, dic. 1998, Vol. 9, Nº 1, pp. 65-104).

15º: Que, como efecto de las consideraciones precedentes, la colaboración reglamentaria, no se encuentra entonces excluida por el principio de reserva legal, salvo los casos en que la propia Constitución ha dispuesto que sólo la ley puede regular una cierta materia o disponer en ciertas cuestiones. Como lo afirma la doctrina especializada, “…por intenso que sea el Principio de Reserva Legal, nunca excluirá del todo o por completo la intervención de los órganos administrativos. Imaginar lo contrario equivale a convertir la ley en reglamento y a concentrar en el órgano legislativo las dos potestades aludidas, quebrantando el Principio de Separación de Órganos y lesionando la eficiencia que se gana, con sujeción al mismo Principio, en la división de las funciones estatales.” (Cea Egaña, José Luis, los Principios de Reserva Legal y Complementaria en la Constitución Chilena; Rev. de Derecho de la Universidad de Valdivia, dic. 1998, Vol. 9, Nº 1, pp. 65-104).

atributos que le son reconocidos como esenciales desde tiempos antiguos. La Constitución de 1980, a través del sistema de dominio legal máximo reafirmó estas características de la ley. En efecto, la Carta Fundamental, por medio de su artículo 63, estableció el dominio legal máximo, listando las únicas materias que podían ser tratadas por el legislador. Si bien el numeral 20 de ese precepto abrió esa enumeración con un lenguaje genérico, estableció con claridad que la ley debía ser una norma general que estatuyera las bases esenciales de un ordenamiento jurídico (énfasis añadido). Si en el sistema de dominio legal máximo de la Constitución de 1980, el legislador debe limitarse a establecer las bases de un ordenamiento jurídico, queda entregada, salvo disposición expresa en contrario del propio Texto Fundamental, a la potestad reglamentaria del Presidente de la República la dictación de los “reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. Reafirman la voluntad de la Constitución de que la ley mantenga el carácter general y abstracto, lo dispuesto en los numerales 4, 16 y 18 del mismo artículo 63.

16º: Que esta lectura de la Constitución ha sido recogida en diversos fallos de este Tribunal; desde luego hace pocos meses este Tribunal lo estableció al validar normas que reglamentaron preceptos legales en materia de educación parvularia, en sentencia de 30 de marzo de 2006, Rol Nº 465. Igual doctrina fue establecida, entre otros, en las sentencias de 25 de abril de 2000, Rol 306 y de 15 de abril de 1997, Rol Nº 253.

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17º: Que, a igual conclusión de aceptar por regla general la colaboración reglamentaria en materias reservadas por la Constitución al dominio legal, debe llegarse en virtud de lo dispuesto en el inciso final del numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental. En efecto, y tal como ha tenido oportunidad de desarrollar este Tribunal en sentencia de 4 diciembre de 1984, Rol Nº 24, re-

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lativo a un requerimiento sobre la Ley de Drogas, el texto del artículo 19 Nº 3 exige que la conducta se encuentre “expresamente” descrita en la ley, pero no que esté “completamente” descrita en el precepto legal. Este último adjetivo calificativo fue incluido en la propuesta de precepto constitucional hecho por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, pero deliberadamente eliminado por la Junta de Gobierno, lo que debe necesariamente interpretarse como una aceptación, en esta materia, de la colaboración de la potestad reglamentaria en la descripción de la conducta sancionable. 18º: Que, en consecuencia, ha de concluirse que el principio de legalidad no excluye la colaboración de la potestad reglamentaria de ejecución, salvo en aquellos casos en que la propia Constitución ha reservado a la ley y sólo a ella disponer en todos sus detalles en una determinada materia, que no es el caso que se examina en estos autos. Lo anterior no dilucida la extensión de la reserva legal; esto es, no determina cuanto de la regulación puede entregar la ley a la potestad reglamentaria, lo que exige, en cada caso, revisar el sentido y alcance con que el constituyente ha establecido la reserva legal en la determinada materia, lo que se desarrollará más adelante”.

d) No obstante el TC deja establecido que la colaboración de la potestad reglamentaria está limitada a los reglamentos subordinados o de ejecución de la ley que regula una actividad económica y por ello, en el campo del derecho administrativo sancionador está excluida la potestad autónoma. Señala el considerando 19º: “Que, de igual forma, de los considerandos anteriores debe seguirse que la colaboración reglamentaria está, a todo evento, restringida por la Constitución en los casos, como lo es el derecho administrativo sancionador, en que rige el principio de legalidad. Si en el estatuto jurídico de la actividad sancionatoria de la administración está legitimada la potestad reglamentaria de ejecución, no lo está la autónoma, en el sentido que sin suficiente cobertura legal, un decreto, reglamento o instrucción no puede constitucionalmente establecer deberes administrativos que limiten el ejercicio del derecho a llevar a cabo una actividad económica lícita y a cuyo incumplimiento se vinculen sanciones. El estatuto de las garantías constitucionales establece claros límites a la manera en que la ley debe describir conductas infractoras de deberes administrativos y no entrega a la discrecionalidad administrativa la creación autónoma de tales deberes o la fijación de sus sanciones”.

El ostensible cambio de doctrina del TC relativiza el principio de legalidad y con él, la certeza y seguridad jurídica que confería la jurisprudencia

El ostensible cambio de doctrina del TC relativiza el principio de legalidad y con él, la certeza y seguridad jurídica que confería la jurisprudencia “Que, de igual forma, de los considerandos anteriores debe seguirse que la colaboración reglamentaria está, a todo evento, restringida por la Constitución en los casos, como lo es el derecho administrativo sancionador, en que rige el principio de legalidad. Si en el estatuto jurídico de la actividad sancionatoria de la administración está legitimada la potestad reglamentaria de ejecución, no lo está la autónoma, en el sentido que sin suficiente cobertura legal, un decreto, reglamento o instrucción no puede constitucionalmente establecer deberes administrativos que limiten el ejercicio del derecho a llevar a cabo una actividad económica lícita y a cuyo incumplimiento se vinculen sanciones. El estatuto de las garantías constitucionales establece claros límites a la manera en que la ley debe describir conductas infractoras de deberes administrativos y no entrega a la discrecionalidad administrativa la creación autónoma de tales deberes o la fijación de sus sanciones”.

d) No obstante el TC deja establecido que la colaboración de la potestad reglamentaria está limitada a los reglamentos subordinados o de ejecución de la ley que regula una actividad económica y por ello, en el campo del derecho administrativo sancionador está excluida la potestad autónoma. Señala el considerando 19º: 18º: Que, en consecuencia, ha de concluirse que el principio de legalidad no excluye la colaboración de la potestad reglamentaria de ejecución, salvo en aquellos casos en que la propia Constitución ha reservado a la ley y sólo a ella disponer en todos sus detalles en una determinada materia, que no es el caso que se examina en estos autos. Lo anterior no dilucida la extensión de la reserva legal; esto es, no determina cuanto de la regulación puede entregar la ley a la potestad reglamentaria, lo que exige, en cada caso, revisar el sentido y alcance con que el constituyente ha establecido la reserva legal en la determinada materia, lo que se desarrollará más adelante”. lativo a un requerimiento sobre la Ley de Drogas, el texto del artículo 19 Nº 3 exige que la conducta se encuentre “expresamente” descrita en la ley, pero no que esté “completamente” descrita en el precepto legal. Este último adjetivo calificativo fue incluido en la propuesta de precepto constitucional hecho por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, pero deliberadamente eliminado por la Junta de Gobierno, lo que debe necesariamente interpretarse como una aceptación, en esta materia, de la colaboración de la potestad reglamentaria en la descripción de la conducta sancionable. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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de 1996. Por lo pronto, al declarar que el inciso ¿nal del numeral 3 del art. 19 de la Constitución consagra una reserva relativa de legalidad controvierte aún más los alcances de esa disposición. Si bien ya no era categórica en la proscripción de las leyes penales en blanco, esta jurisprudencia la mengua de¿nitivamente en lo tocante a la sanción administrativa, pues abre la descripción de las conductas sancionadas a deberes expresados en reglamentos, los que en casos de ciertas industrias, pueden ser numerosos en cantidad y en normas, los que, además, se aprueban y modi¿can a sola voluntad de la autoridad de turno.15 2. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Valga preguntarse si es que las sanciones administrativas tienen alguna relación con la Constitución y con el orden garantístico que ella consagra. Por lo pronto, el ejercicio de cualquier potestad afecta la esfera de la libertad de las personas y de sus derechos y por ello, es perentoria la exigencia de una habilitación competencial previa para el ejercicio de una potestad pública. Pero si tal potestad es de contenido sancionatorio, la exigencia se extrema tanto en su contenido abstracto de¿nido por el legislador como en el ejercicio concreto por parte del órgano habilitado para sancionar. Lo anterior, dado que la sanción envuelve de suyo una severa limitación al ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Si es penal, podrá conllevar privaciones de libertad y afectaciones al patrimonio y si es administrativa, desde cesaciones de empleos funcionarios, cierres, comisos, multas u otras que comprometerán desde la libertad empresarial hasta el derecho de propiedad, dependiendo de la magnitud de la sanción impuesta. La evidencia nos muestra que lamentablemente en nuestro país campea cierta incomprensión del fenómeno sancionatorio en sus relaciones e implicancias constitucionales. Ocurre en la materia lo que el tratadista GARCÍA DE ENTERRÍA denunciara años atrás al a¿rmar: “El capítulo de la actividad sancionatoria de la administración es uno de los más imperfectos de nuestro

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

15 Por ejemplo y para el caso de la industria eléctrica, además de la ley regulatoria (D.F.L. Nº 1 de Minería/1982) al mes de agosto de 2006, hay 4 reglamentos de ejecución vigentes, quedando a los menos 5 más por dictarse, es decir, un vasto campo normativo que en su conjunto superará, por mucho, las 1.000 disposiciones.

Por ejemplo y para el caso de la industria eléctrica, además de la ley regulatoria (D.F.L. Nº 1 de Minería/1982) al mes de agosto de 2006, hay 4 reglamentos de ejecución vigentes, quedando a los menos 5 más por dictarse, es decir, un vasto campo normativo que en su conjunto superará, por mucho, las 1.000 disposiciones. 15

La evidencia nos muestra que lamentablemente en nuestro país campea cierta incomprensión del fenómeno sancionatorio en sus relaciones e implicancias constitucionales. Ocurre en la materia lo que el tratadista GARCÍA DE ENTERRÍA denunciara años atrás al a¿rmar: “El capítulo de la actividad sancionatoria de la administración es uno de los más imperfectos de nuestro Lo anterior, dado que la sanción envuelve de suyo una severa limitación al ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Si es penal, podrá conllevar privaciones de libertad y afectaciones al patrimonio y si es administrativa, desde cesaciones de empleos funcionarios, cierres, comisos, multas u otras que comprometerán desde la libertad empresarial hasta el derecho de propiedad, dependiendo de la magnitud de la sanción impuesta. Valga preguntarse si es que las sanciones administrativas tienen alguna relación con la Constitución y con el orden garantístico que ella consagra. Por lo pronto, el ejercicio de cualquier potestad afecta la esfera de la libertad de las personas y de sus derechos y por ello, es perentoria la exigencia de una habilitación competencial previa para el ejercicio de una potestad pública. Pero si tal potestad es de contenido sancionatorio, la exigencia se extrema tanto en su contenido abstracto de¿nido por el legislador como en el ejercicio concreto por parte del órgano habilitado para sancionar. 2. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de 1996. Por lo pronto, al declarar que el inciso ¿nal del numeral 3 del art. 19 de la Constitución consagra una reserva relativa de legalidad controvierte aún más los alcances de esa disposición. Si bien ya no era categórica en la proscripción de las leyes penales en blanco, esta jurisprudencia la mengua de¿nitivamente en lo tocante a la sanción administrativa, pues abre la descripción de las conductas sancionadas a deberes expresados en reglamentos, los que en casos de ciertas industrias, pueden ser numerosos en cantidad y en normas, los que, además, se aprueban y modi¿can a sola voluntad de la autoridad de turno.15 218

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actual Derecho Público ya que contraría abiertamente postulados elementales del Derecho; frente al re¿namiento de los criterios y de los métodos del Derecho Penal, el derecho sancionatorio administrativo ha aparecido durante mucho tiempo como un derecho represivo, primario y arcaico, donde seguían teniendo cabida las antiguas y groseras técnicas”; y concluye señalando “sin hipérbole puede decirse que el Derecho Administrativo sancionador es un derecho represivo prebeccariano”.16 Lo dicho por García de Enterría es reconducible plenamente para el caso de nuestro derecho administrativo sancionador. Al punto, baste una somera revisión de las leyes orgánicas de las superintendencias que ¿scalizan a los agentes económicos para concluir que no sólo campea el desorden, sino que severos quebrantos a garantías consagradas por el artículo 19 de la Constitución. En efecto, para algunos casos aparece el solve et repete como condición previa a la revisión judicial de las sanciones; en otros, los reclamos se presentan directamente ante las Cortes de Apelaciones o bien ante los juzgados de letras; en ¿n, en algunos casos y con mani¿esta inconstitucionalidad, las multas generan expropiatorios intereses no obstante haber sido reclamadas en sede jurisdiccional ordinaria, o sea, claros quebrantos a los numerales 2, 3, 22, 24 y 26 del art. 19 de la Carta Fundamental. Pero, adicionalmente para una mayor incertidumbre regulatoria y en lo que todos los ordenamientos sectoriales coinciden, es en otorgar potestades normativas a las superintendencias, es decir, dictar normas de aplicación general a los ¿scalizados y, además, como ocurre en todos los casos, poder sancionar por ese incumplimiento. O sea, trátase de casos en que el titular de turno del servicio es legislador, ¿scalizador, acusador y juez al mismo tiempo, todo ello en una envidiable concentración de potestades. Esa clase de normas no han sido objeto de revisión de constitucionalidad; para el caso del art. 15 de la Ley Nº 18.410 no lo fue dado que las sanciones aplicadas en su mérito lo fueron por infracción al Decreto Supremo 327 de 1997, reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, por lo que el TC no hizo mención sobre el tema, salvas las prevenciones de los Ministros señores Enrique Navarro y Marcelo Venegas, con cuyo contenido debemos coincidir.

16

GARCÍA DE ENTERRÍA (1976).

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GARCÍA DE ENTERRÍA (1976).

Pero, adicionalmente para una mayor incertidumbre regulatoria y en lo que todos los ordenamientos sectoriales coinciden, es en otorgar potestades normativas a las superintendencias, es decir, dictar normas de aplicación general a los ¿scalizados y, además, como ocurre en todos los casos, poder sancionar por ese incumplimiento. O sea, trátase de casos en que el titular de turno del servicio es legislador, ¿scalizador, acusador y juez al mismo tiempo, todo ello en una envidiable concentración de potestades. Esa clase de normas no han sido objeto de revisión de constitucionalidad; para el caso del art. 15 de la Ley Nº 18.410 no lo fue dado que las sanciones aplicadas en su mérito lo fueron por infracción al Decreto Supremo 327 de 1997, reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, por lo que el TC no hizo mención sobre el tema, salvas las prevenciones de los Ministros señores Enrique Navarro y Marcelo Venegas, con cuyo contenido debemos coincidir. Lo dicho por García de Enterría es reconducible plenamente para el caso de nuestro derecho administrativo sancionador. Al punto, baste una somera revisión de las leyes orgánicas de las superintendencias que ¿scalizan a los agentes económicos para concluir que no sólo campea el desorden, sino que severos quebrantos a garantías consagradas por el artículo 19 de la Constitución. En efecto, para algunos casos aparece el solve et repete como condición previa a la revisión judicial de las sanciones; en otros, los reclamos se presentan directamente ante las Cortes de Apelaciones o bien ante los juzgados de letras; en ¿n, en algunos casos y con mani¿esta inconstitucionalidad, las multas generan expropiatorios intereses no obstante haber sido reclamadas en sede jurisdiccional ordinaria, o sea, claros quebrantos a los numerales 2, 3, 22, 24 y 26 del art. 19 de la Carta Fundamental. actual Derecho Público ya que contraría abiertamente postulados elementales del Derecho; frente al re¿namiento de los criterios y de los métodos del Derecho Penal, el derecho sancionatorio administrativo ha aparecido durante mucho tiempo como un derecho represivo, primario y arcaico, donde seguían teniendo cabida las antiguas y groseras técnicas”; y concluye señalando “sin hipérbole puede decirse que el Derecho Administrativo sancionador es un derecho represivo prebeccariano”.16 LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

Que evidentemente la conducta debe estar descrita en su esencia en la ley, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de este mismo Tribunal y la doctrina referida en los razonamientos precedentes, en estricta armonía con lo ordenado imperativamente en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de tipicidad, el que como se ha indicado resulta plenamente aplicable en materia sancionatoria administrativa. De modo tal que, si bien es posible que la potestad reglamentaria pueda complementar al legislador en aspectos no esenciales, ello resulta inadmisible de manera autónoma respecto de las órdenes e instrucciones que imparta la propia Superintendencia, normativa ésta que usualmente carece de la debida publicidad y ni siquiera se encuentra sujeta al control de juridicidad por parte de la Contraloría General de la República, como sí ocurre en principio respecto de la potestad reglamentaria de ejecución de ley. Un razonamiento contrario importaría establecer una verdadera ‘legislación irregular’, ajena por completo al mandato soberano que el Constituyente entrega exclusiva y excluyentemente a los colegisladores, democráticamente elegidos por los ciudadanos. La adecuada descripción por parte del legislador ciertamente constituye un imperativo constitucional que se vincula estrechamente con la circunstancia que las sanciones importan afectación de derechos fundamentales, como la

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Que así las cosas, el precepto legal referido precedentemente autoriza al propio organismo fiscalizador sectorial, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a sancionar eventualmente no sólo las conductas tipificadas en la ley y en los reglamentos dictados por expreso mandato del legislador, sino que incluso aquellas que pudieren establecerse en instrucciones y órdenes emanadas de la propia Superintendencia; todo lo cual no parece conciliable con el principio de legalidad, desde el momento que la autoridad administrativa por sí y ante sí –y sin suficiente respaldo legal– estaría determinando la conducta a sancionar, la que puede llevar aparejado multas de hasta diez mil unidades tributarias anuales, y respecto de cuya imposición puede reclamarse a los tribunales de justicia, siempre que se consigne previamente un determinado porcentaje de la misma.

Expusieron los citados ministros:

“Que específicamente en relación al requerimiento que motiva estos autos, el artículo 15 de la Ley Nº 18.410 faculta a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para sancionar a las empresas sujetas a su fiscalización no sólo por las infracciones de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, sino que además incluso frente a un mero “incumplimiento de las instrucciones y órdenes que imparta la propia Superintendencia”.

“Que específicamente en relación al requerimiento que motiva estos autos, el artículo 15 de la Ley Nº 18.410 faculta a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para sancionar a las empresas sujetas a su fiscalización no sólo por las infracciones de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, sino que además incluso frente a un mero “incumplimiento de las instrucciones y órdenes que imparta la propia Superintendencia”.

Expusieron los citados ministros:

Que así las cosas, el precepto legal referido precedentemente autoriza al propio organismo fiscalizador sectorial, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a sancionar eventualmente no sólo las conductas tipificadas en la ley y en los reglamentos dictados por expreso mandato del legislador, sino que incluso aquellas que pudieren establecerse en instrucciones y órdenes emanadas de la propia Superintendencia; todo lo cual no parece conciliable con el principio de legalidad, desde el momento que la autoridad administrativa por sí y ante sí –y sin suficiente respaldo legal– estaría determinando la conducta a sancionar, la que puede llevar aparejado multas de hasta diez mil unidades tributarias anuales, y respecto de cuya imposición puede reclamarse a los tribunales de justicia, siempre que se consigne previamente un determinado porcentaje de la misma.

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

Que evidentemente la conducta debe estar descrita en su esencia en la ley, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de este mismo Tribunal y la doctrina referida en los razonamientos precedentes, en estricta armonía con lo ordenado imperativamente en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de tipicidad, el que como se ha indicado resulta plenamente aplicable en materia sancionatoria administrativa. De modo tal que, si bien es posible que la potestad reglamentaria pueda complementar al legislador en aspectos no esenciales, ello resulta inadmisible de manera autónoma respecto de las órdenes e instrucciones que imparta la propia Superintendencia, normativa ésta que usualmente carece de la debida publicidad y ni siquiera se encuentra sujeta al control de juridicidad por parte de la Contraloría General de la República, como sí ocurre en principio respecto de la potestad reglamentaria de ejecución de ley. Un razonamiento contrario importaría establecer una verdadera ‘legislación irregular’, ajena por completo al mandato soberano que el Constituyente entrega exclusiva y excluyentemente a los colegisladores, democráticamente elegidos por los ciudadanos. La adecuada descripción por parte del legislador ciertamente constituye un imperativo constitucional que se vincula estrechamente con la circunstancia que las sanciones importan afectación de derechos fundamentales, como la

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d) Esa doctrina, en caso de relevantes actividades económicas, intensamente reglamentadas como ocurre con la industria eléctrica, deriva en c) Ahora, con ocasión de los recursos de inaplicabilidad 479 y 480, ambos de 2006, el TC abandona esa doctrina y permite la colaboración reglamentaria, eso sí subordinada o de ejecución de las leyes que regulan el ejercicio de una actividad económica. Con ello, la reserva legal a que se re¿eren los incisos ¿nal del numeral 3 y el primer inciso del numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental es, para ese tribunal, simplemente relativa;

propiedad, la libertad de emprender e incluso en ciertos casos la propia libertad personal, los que sólo admiten limitaciones a través de normas legales y siempre y cuando no afecten los derechos en su esencia, como lo preceptúa el artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política de la República. Cierto es que el Estado debe ejercer severamente sus funciones fiscalizadoras, pero ella jamás debe importar la afectación de los derechos fundamentales de la persona, sea esta natural o jurídica”.

b) El año 1996, con ocasión del examen de constitucionalidad de un precepto de la Ley de Caza, el Tribunal Constitucional había proscrito la colaboración reglamentaria para imponer sanciones administrativas. Sin expresarlo formalmente, la reserva legal era absoluta en materia de ius puniendi, cualquiera sea la manifestación de esa potestad estatal;

De ese modo, relacionando el considerando 19 de la sentencia ya transcrito y esta prevención queda abierta la posibilidad de solicitar la declaración de inconstitucionalidad de las normas legales que otorgan facultades a los órganos de la administración del Estado para sancionar a personas o entidades por infracción a las normas, resoluciones o instrucciones que ellas dicten en ejercicio de sus potestades normativas. 3. CONCLUSIONES a) Existe una directa relación entre la libertad económica y la sanción administrativa como también existe una estrecha relación entre la apreciación de la reserva legal, relativa o absoluta, y esa misma libertad y el principio de legalidad y la tipicidad a que se re¿eren los últimos incisos del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución;

a) Existe una directa relación entre la libertad económica y la sanción administrativa como también existe una estrecha relación entre la apreciación de la reserva legal, relativa o absoluta, y esa misma libertad y el principio de legalidad y la tipicidad a que se re¿eren los últimos incisos del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución; 3. CONCLUSIONES De ese modo, relacionando el considerando 19 de la sentencia ya transcrito y esta prevención queda abierta la posibilidad de solicitar la declaración de inconstitucionalidad de las normas legales que otorgan facultades a los órganos de la administración del Estado para sancionar a personas o entidades por infracción a las normas, resoluciones o instrucciones que ellas dicten en ejercicio de sus potestades normativas.

b) El año 1996, con ocasión del examen de constitucionalidad de un precepto de la Ley de Caza, el Tribunal Constitucional había proscrito la colaboración reglamentaria para imponer sanciones administrativas. Sin expresarlo formalmente, la reserva legal era absoluta en materia de ius puniendi, cualquiera sea la manifestación de esa potestad estatal;

propiedad, la libertad de emprender e incluso en ciertos casos la propia libertad personal, los que sólo admiten limitaciones a través de normas legales y siempre y cuando no afecten los derechos en su esencia, como lo preceptúa el artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política de la República. Cierto es que el Estado debe ejercer severamente sus funciones fiscalizadoras, pero ella jamás debe importar la afectación de los derechos fundamentales de la persona, sea esta natural o jurídica”.

c) Ahora, con ocasión de los recursos de inaplicabilidad 479 y 480, ambos de 2006, el TC abandona esa doctrina y permite la colaboración reglamentaria, eso sí subordinada o de ejecución de las leyes que regulan el ejercicio de una actividad económica. Con ello, la reserva legal a que se re¿eren los incisos ¿nal del numeral 3 y el primer inciso del numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental es, para ese tribunal, simplemente relativa; d) Esa doctrina, en caso de relevantes actividades económicas, intensamente reglamentadas como ocurre con la industria eléctrica, deriva en

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SOTO KLOSS, Eduardo: “La concentración del poder administrativo en Chile”, en La Semana Jurídica Nº 221, 31 de enero-6 de febrero.

un reconocimiento de la amplitud a la discrecionalidad del regulador y de paso, por obvio efecto, un decaimiento en la certeza y seguridad jurídica necesarias para el ejercicio de esa actividad empresarial;

PFEFFER URQUIAGA, Emilio (2005): Reformas Constitucionales: Antecedentes-Debates-Informes (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 688 pp.

NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2005): “El control represivo, concreto y abstracto de inconstitucionalidad de leyes en la reforma de sus competencias del Tribunal Constitucional y los efectos de las sentencias”, en Estudios Constitucionales, Año/Vol. 3 Nº 1, pp. 11-35.

e) No obstante, esa relativización de la reserva legal no ampara a los reglamentos autónomos ni a las disposiciones regulatorias dictadas por los jefes de servicio en ejercicio de sus potestades normativas.

LORENZO DE VIEGA, Susana (1996): Sanciones administrativas (Montevideo, Ediciones), 151 pp.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1976): “El problema jurídico de las sanciones administrativas”, en Revista Española de Derecho Administrativo Nº 10, pp. 399-430.

ARÓSTICA, Iván (2006): “Los dictámenes y la interpretación de la ley en sede administrativa”, en Revista Actualidad Jurídica Nº 14, pp. 149-160.

FERMANDOIS VÖHRINGER, Arturo (2006): Derecho Constitucional Económico, Tomo I, Segunda Edición Actualizada, Ediciones Universidad Católica de Chile, 250 pp.

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio (2003): “La Ley, su ejecución y la interpretación normativa por los órganos del Estado”, en Revista de Derecho Público Nº 65, pp. 56-74.

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio (2002): “Las Actividades Económicas de las Empresas en la Constitución y las Facultades Normativas de los Órganos de la Administración y Fiscalización del Estado”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 29, Nº 3, pp. 673-683.

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio (2002): “Las Actividades Económicas de las Empresas en la Constitución y las Facultades Normativas de los Órganos de la Administración y Fiscalización del Estado”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 29, Nº 3, pp. 673-683.

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio (2003): “La Ley, su ejecución y la interpretación normativa por los órganos del Estado”, en Revista de Derecho Público Nº 65, pp. 56-74.

FERMANDOIS VÖHRINGER, Arturo (2006): Derecho Constitucional Económico, Tomo I, Segunda Edición Actualizada, Ediciones Universidad Católica de Chile, 250 pp.

ARÓSTICA, Iván (2006): “Los dictámenes y la interpretación de la ley en sede administrativa”, en Revista Actualidad Jurídica Nº 14, pp. 149-160.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1976): “El problema jurídico de las sanciones administrativas”, en Revista Española de Derecho Administrativo Nº 10, pp. 399-430.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

LORENZO DE VIEGA, Susana (1996): Sanciones administrativas (Montevideo, Ediciones), 151 pp.

e) No obstante, esa relativización de la reserva legal no ampara a los reglamentos autónomos ni a las disposiciones regulatorias dictadas por los jefes de servicio en ejercicio de sus potestades normativas.

NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2005): “El control represivo, concreto y abstracto de inconstitucionalidad de leyes en la reforma de sus competencias del Tribunal Constitucional y los efectos de las sentencias”, en Estudios Constitucionales, Año/Vol. 3 Nº 1, pp. 11-35.

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PFEFFER URQUIAGA, Emilio (2005): Reformas Constitucionales: Antecedentes-Debates-Informes (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 688 pp.

un reconocimiento de la amplitud a la discrecionalidad del regulador y de paso, por obvio efecto, un decaimiento en la certeza y seguridad jurídica necesarias para el ejercicio de esa actividad empresarial;

SOTO KLOSS, Eduardo: “La concentración del poder administrativo en Chile”, en La Semana Jurídica Nº 221, 31 de enero-6 de febrero.

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LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): “Esquema de los Principios del Derecho Administrativo Sancionador”, en Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, año 11 Nº 2, pp. 137-147. ZÚÑIGA URBINA, Francisco [coord.] (2005): Reforma Constitucional (Santiago, LexisNexis), 820 pp.

Ley Nº 16.396 de las Superintendencias: de Seguridad Social, artículo 38, letra f. Ley Nº 18.902 crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, artículo 11. Ley Nº 18.410, artículos 3º Nº 34 y 19.

JURISPRUDENCIA CITADA

D.S. Nº 327, de 1997.

Rol 480-2006. Acciones de reclamación de ilegalidad. Corte de Apelaciones de Santiago. Rol 479-2006. Acciones de reclamación de ilegalidad. Corte de Apelaciones de Santiago.

D.L. Nº 3.538 de 1980, de la Superintendencia de Valores y Seguros, artículo 4º, letra a. D.F.L. Nº 7 de Hacienda, de 1980, artículo 7º letra b. D.F.L. Nº 3 de 1997 Bancos e Instituciones Financieras, artículo 12. D.F.L. Nº 2 del Trabajo, de 1967, artículo 1º. D.F.L. Nº 1 de Minería, de 1982.

NORMAS CITADAS Artículo 19 Nº 21, Constitución Política de la República. Artículo 6º Nº 1 letra A, Código Tributario. Código del Trabajo, artículo 476. D.F.L. Nº 1 de Minería, de 1982. D.F.L. Nº 2 del Trabajo, de 1967, artículo 1º. D.F.L. Nº 3 de 1997 Bancos e Instituciones Financieras, artículo 12. D.F.L. Nº 7 de Hacienda, de 1980, artículo 7º letra b. D.L. Nº 3.538 de 1980, de la Superintendencia de Valores y Seguros, artículo 4º, letra a. D.S. Nº 327, de 1997.

Código del Trabajo, artículo 476. Artículo 6º Nº 1 letra A, Código Tributario. Artículo 19 Nº 21, Constitución Política de la República. NORMAS CITADAS Rol 479-2006. Acciones de reclamación de ilegalidad. Corte de Apelaciones de Santiago. Rol 480-2006. Acciones de reclamación de ilegalidad. Corte de Apelaciones de Santiago. JURISPRUDENCIA CITADA

Ley Nº 18.410, artículos 3º Nº 34 y 19. Ley Nº 18.902 crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, artículo 11. Ley Nº 16.396 de las Superintendencias: de Seguridad Social, artículo 38, letra f.

ZÚÑIGA URBINA, Francisco [coord.] (2005): Reforma Constitucional (Santiago, LexisNexis), 820 pp. VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): “Esquema de los Principios del Derecho Administrativo Sancionador”, en Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, año 11 Nº 2, pp. 137-147. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES.

Egresada de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Este trabajo ha sido realizado durante el segundo semestre de 2010, dentro del Seminario de Investigación del Profesor Dr. Alejandro Vergara Blanco como requisito para la obtención del grado académico de Licenciado en Derecho y actualizado debido a las últimas modificaciones en la materia.

INTERVENCIÓN DEL BOSQUE NATIVO POR LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE TRAZADO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

NATALIA FRANCO PEREIRA

INTRODUCCIÓN Exposición del caso: corte de bosque nativo y trazado de líneas eléctricas (CONAF con Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A.) Aun cuando el bosque nativo ha sido protegido por nuestra legislación, ésta misma permite su explotación e intervención bajo ciertos parámetros. Es lo que sucede en el caso de las empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica, a favor de las cuales nuestro ordenamiento jurídico establece servidumbres de distintos tipos, que intervienen con mayor o menor intensidad el bosque nativo. Esto suele originar contiendas judiciales en que entran en conÀicto al menos dos derechos: el derecho del titular de la concesión de la energía eléctrica como servicio público, habilitado por ley para explotar el recurso porque ha cumplido con todos los requisitos en ella expuestos; y el de conservación y recuperación del bosque nativo, al cual se trata de mantener incólume, dada su enorme importancia como ecosistema inalterable en algunos casos, o explotar razonablemente como fuente de recursos forestales en otras circunstancias. Un caso de jurisprudencia ilustra mejor este conÀicto. Se trata de la apelación deducida ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, en que se conoce el caso de la denuncia efectuada por CONAF de la VI Región, en contra

Egresada de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Este trabajo ha sido realiza-

do durante el segundo semestre de 2010, dentro del Seminario de Investigación del Profesor Dr. Alejandro Vergara Blanco como requisito para la obtención del grado académico de Licenciado en Derecho y actualizado debido a las últimas modificaciones en la materia.

Un caso de jurisprudencia ilustra mejor este conÀicto. Se trata de la apelación deducida ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, en que se conoce el caso de la denuncia efectuada por CONAF de la VI Región, en contra Aun cuando el bosque nativo ha sido protegido por nuestra legislación, ésta misma permite su explotación e intervención bajo ciertos parámetros. Es lo que sucede en el caso de las empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica, a favor de las cuales nuestro ordenamiento jurídico establece servidumbres de distintos tipos, que intervienen con mayor o menor intensidad el bosque nativo. Esto suele originar contiendas judiciales en que entran en conÀicto al menos dos derechos: el derecho del titular de la concesión de la energía eléctrica como servicio público, habilitado por ley para explotar el recurso porque ha cumplido con todos los requisitos en ella expuestos; y el de conservación y recuperación del bosque nativo, al cual se trata de mantener incólume, dada su enorme importancia como ecosistema inalterable en algunos casos, o explotar razonablemente como fuente de recursos forestales en otras circunstancias. Exposición del caso: corte de bosque nativo y trazado de líneas eléctricas (CONAF con Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A.) INTRODUCCIÓN NATALIA FRANCO PEREIRA DE TRAZADO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES. INTERVENCIÓN DEL BOSQUE NATIVO POR LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE

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NATALIA FRANCO PEREIRA

D.F.L. Nº 1 de 1982: “Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica”, cuyo texto refundido es el D.F.L. Nº 4. Para efectos de este trabajo, haremos referencia al D.F.L. Nº 1, en adelante LSE. 1

de la Empresa eléctrica Colbún Machicura S.A., a la que acusa de haber talado parte del bosque nativo del predio denominado Parcela Nº 2 P/P “La Moralina y La Verdad”, provincia de Cachapoal, no obstante tener a su favor una servidumbre de trazado de línea eléctrica. En este caso, CONAF alega que la tala se habría producido con anterioridad a la aprobación del plan de manejo exigido por la ley, lo que la haría merecedora de las sanciones que el D.L. Nº 701 sobre fomento forestal, impone en su artículo 21 (Corte de Apelaciones de Rancagua, “Corporación Nacional Forestal con Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A., Rol 853-2000). La empresa por su parte, al alegar que prevalece la aplicación de la Ley de Servicios Eléctricos,1 por sobre el D.L. Nº 701 ya citado, pone en evidencia el conÀicto existente entre su derecho a constituir servidumbre e instalar el tendido eléctrico (para lo cual debe talar parte del bosque nativo del predio sirviente) y la protección que se da a las especies nativas del predio sirviente. Pese a que en primera instancia se desestimó la denuncia efectuada por CONAF, la Corte de Apelaciones revocó dicho fallo, resolviendo el tema en base al criterio de la ley especial por sobre la general, es decir, se optó por aplicar el D.L. Nº 701 sobre fomento forestal por sobre la LSE, condenando en los términos del D.L. Nº 701 a pagar como multa a bene¿cio ¿scal el doble del valor tasado de las especies taladas por le empresa. No obstante, dicha sentencia no desarrolla con profundidad la colisión de derechos del concesionario y del bosque nativo, más bien se limita a aplicar la ley especial que le da la legitimidad necesaria para aplicar la multa por la falta de plan de manejo. En efecto, la empresa concesionaria alegaba haberse amparado en el artículo 147 de la LSE, cuya redacción aplica un estándar de protección mucho menor al propuesto por el D.L. Nº 701, ya que en el primero las empresas eléctricas sólo deben “evitar” la poda o tala de especies, mientras que la segunda norma exige al menos la elaboración y consecuente aprobación de un plan de manejo, temas que serán desarrollados en esta exposición.

NATALIA FRANCO PEREIRA

1 D.F.L. Nº 1 de 1982: “Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica”, cuyo texto refundido es el D.F.L. Nº 4. Para efectos de este trabajo, haremos referencia al D.F.L. Nº 1, en adelante LSE.

En efecto, la empresa concesionaria alegaba haberse amparado en el artículo 147 de la LSE, cuya redacción aplica un estándar de protección mucho menor al propuesto por el D.L. Nº 701, ya que en el primero las empresas eléctricas sólo deben “evitar” la poda o tala de especies, mientras que la segunda norma exige al menos la elaboración y consecuente aprobación de un plan de manejo, temas que serán desarrollados en esta exposición. Pese a que en primera instancia se desestimó la denuncia efectuada por CONAF, la Corte de Apelaciones revocó dicho fallo, resolviendo el tema en base al criterio de la ley especial por sobre la general, es decir, se optó por aplicar el D.L. Nº 701 sobre fomento forestal por sobre la LSE, condenando en los términos del D.L. Nº 701 a pagar como multa a bene¿cio ¿scal el doble del valor tasado de las especies taladas por le empresa. No obstante, dicha sentencia no desarrolla con profundidad la colisión de derechos del concesionario y del bosque nativo, más bien se limita a aplicar la ley especial que le da la legitimidad necesaria para aplicar la multa por la falta de plan de manejo. La empresa por su parte, al alegar que prevalece la aplicación de la Ley de Servicios Eléctricos,1 por sobre el D.L. Nº 701 ya citado, pone en evidencia el conÀicto existente entre su derecho a constituir servidumbre e instalar el tendido eléctrico (para lo cual debe talar parte del bosque nativo del predio sirviente) y la protección que se da a las especies nativas del predio sirviente. de la Empresa eléctrica Colbún Machicura S.A., a la que acusa de haber talado parte del bosque nativo del predio denominado Parcela Nº 2 P/P “La Moralina y La Verdad”, provincia de Cachapoal, no obstante tener a su favor una servidumbre de trazado de línea eléctrica. En este caso, CONAF alega que la tala se habría producido con anterioridad a la aprobación del plan de manejo exigido por la ley, lo que la haría merecedora de las sanciones que el D.L. Nº 701 sobre fomento forestal, impone en su artículo 21 (Corte de Apelaciones de Rancagua, “Corporación Nacional Forestal con Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A., Rol 853-2000). 226

SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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Una primera solución a problemas jurídicos como éstos podría extraerse del análisis del contexto del conÀicto de derechos ya planteado. Dicho análisis nos permitiría descubrir criterios de solución, aplicables no sólo al tema de la intervención del bosque nativo con motivo de la instalación de tendido eléctrico, sino que también a los casos de explotación de otros recursos que igualmente podrían signi¿car la tala de especies del bosque. La idea de este trabajo es ir más allá de la aplicación de técnicas normativas, como puede serlo, por ejemplo, el principio de la especialidad de las leyes, resolviendo la colisión de derechos desde un punto de vista material o de fondo. Para ello es menester hacer un breve análisis del derecho de bosques y del derecho eléctrico (especí¿camente sobre concesiones y servidumbres) que nos llevará al análisis acerca del estándar de protección del bosque nativo que actualmente está presente en ambos ordenamientos jurídicos. Quizás dicho análisis nos permita responder a la siguiente pregunta: ¿es uniforme la protección del bosque nativo presente en la Ley del Bosque Nativo, en el D.L. Nº 701 y en la LSE? I. DERECHO DE BOSQUES

2

VARGAS (1995), p. 15.

Una primera aproximación al tema que nos convoca, proviene de la Ley Nº 20.283 sobre Bosque Nativo, que de¿ne el bosque nativo en su artículo 2º de la siguiente forma: “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”. A esta de¿nición se suman otras, como la del Reglamento del D.L. Nº 701, contenido en el Decreto Nº 259, que agrega la noción de tipos forestales, antes no regulados “agrupación arbórea que crece en un área determinada, caracterizada por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque o porque éstas tengan una altura mínima dada”.2 A la luz de estas de¿niciones ya podemos advertir que el tema del bosque está regulado muy dispersamente, en comparación con otros recursos naturales como el caso del Derecho minero o de aguas, que incluso tienen Códigos propios, lo que aún no ocurre en materia forestal. 1. Qué se entiende por bosque nativo I. DERECHO DE BOSQUES

1. Qué se entiende por bosque nativo Una primera aproximación al tema que nos convoca, proviene de la Ley Nº 20.283 sobre Bosque Nativo, que de¿ne el bosque nativo en su artículo 2º de la siguiente forma: “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”. A esta de¿nición se suman otras, como la del Reglamento del D.L. Nº 701, contenido en el Decreto Nº 259, que agrega la noción de tipos forestales, antes no regulados “agrupación arbórea que crece en un área determinada, caracterizada por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque o porque éstas tengan una altura mínima dada”.2 A la luz de estas de¿niciones ya podemos advertir que el tema del bosque está regulado muy dispersamente, en comparación con otros recursos naturales como el caso del Derecho minero o de aguas, que incluso tienen Códigos propios, lo que aún no ocurre en materia forestal. 2

VARGAS (1995), p. 15.

Una primera solución a problemas jurídicos como éstos podría extraerse del análisis del contexto del conÀicto de derechos ya planteado. Dicho análisis nos permitiría descubrir criterios de solución, aplicables no sólo al tema de la intervención del bosque nativo con motivo de la instalación de tendido eléctrico, sino que también a los casos de explotación de otros recursos que igualmente podrían signi¿car la tala de especies del bosque. La idea de este trabajo es ir más allá de la aplicación de técnicas normativas, como puede serlo, por ejemplo, el principio de la especialidad de las leyes, resolviendo la colisión de derechos desde un punto de vista material o de fondo. Para ello es menester hacer un breve análisis del derecho de bosques y del derecho eléctrico (especí¿camente sobre concesiones y servidumbres) que nos llevará al análisis acerca del estándar de protección del bosque nativo que actualmente está presente en ambos ordenamientos jurídicos. Quizás dicho análisis nos permita responder a la siguiente pregunta: ¿es uniforme la protección del bosque nativo presente en la Ley del Bosque Nativo, en el D.L. Nº 701 y en la LSE? SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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Por su parte, el artículo 7º de la Ley Nº 20.283 menciona expresamente a las servidumbres de servicios eléctricos, para cuyo ejercicio exige pre-

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No obstante la restricción que establece el artículo 19 en su inciso primero, el inciso segundo de la misma norma permite la intervención del bosque nativo de preservación previa aprobación del respectivo plan de manejo. Eso sí, dicho permiso está planteado de manera indirecta, reemplazando la mención del bosque nativo de preservación, por la del hábitat de los individuos que lo componen. Dice la norma: “Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación (…)”. Además se acepta la intervención “siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones cientí¿cas, ¿nes sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7, siempre que tales obras sean de interés nacional”.

Pero no todo bosque nativo recibe la misma protección. En efecto, el mismo artículo 2º de la Ley Nº 20.283, nos presenta una primera clasi¿cación del bosque nativo en bosque nativo de preservación, conservación y protección, y de uso múltiple, de los cuales sólo el bosque nativo de preservación es el que recibe el mayor nivel de protección. De hecho, es a este tipo de bosque al que hace mención el artículo 19 de la Ley Nº 20.283, que señala: “prohíbase la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasi¿cadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley Nº 19.300 y su reglamento, en la categorías de ‘peligro de extinción’, ‘vulnerables’, ‘raras’, ‘insu¿cientemente conocidas’ o ‘fuera de peligro’, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat’, y por de¿nición, el bosque nativo de preservación es ‘aquel, cualquiera sea su super¿cie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasi¿cadas en las categorías de en ‘peligro de extinción’, ‘vulnerables”’, ‘raras’, ‘insu¿cientemente conocidas’ o ‘fuera de peligro’ (…)”. Dicha prohibición se extiende, además, a todas las categorías de manejo con ¿nes de preservación que establezca en lo sucesivo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado lo que da cierta amplitud a la norma en cuanto al bien jurídico protegido, que en sí es bastante limitado, como lo es el “bosque nativo de preservación”.

Pero no todo bosque nativo recibe la misma protección. En efecto, el mismo artículo 2º de la Ley Nº 20.283, nos presenta una primera clasi¿cación del bosque nativo en bosque nativo de preservación, conservación y protección, y de uso múltiple, de los cuales sólo el bosque nativo de preservación es el que recibe el mayor nivel de protección. De hecho, es a este tipo de bosque al que hace mención el artículo 19 de la Ley Nº 20.283, que señala: “prohíbase la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasi¿cadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley Nº 19.300 y su reglamento, en la categorías de ‘peligro de extinción’, ‘vulnerables’, ‘raras’, ‘insu¿cientemente conocidas’ o ‘fuera de peligro’, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat’, y por de¿nición, el bosque nativo de preservación es ‘aquel, cualquiera sea su super¿cie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasi¿cadas en las categorías de en ‘peligro de extinción’, ‘vulnerables”’, ‘raras’, ‘insu¿cientemente conocidas’ o ‘fuera de peligro’ (…)”. Dicha prohibición se extiende, además, a todas las categorías de manejo con ¿nes de preservación que establezca en lo sucesivo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado lo que da cierta amplitud a la norma en cuanto al bien jurídico protegido, que en sí es bastante limitado, como lo es el “bosque nativo de preservación”.

No obstante la restricción que establece el artículo 19 en su inciso primero, el inciso segundo de la misma norma permite la intervención del bosque nativo de preservación previa aprobación del respectivo plan de manejo. Eso sí, dicho permiso está planteado de manera indirecta, reemplazando la mención del bosque nativo de preservación, por la del hábitat de los individuos que lo componen. Dice la norma: “Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación (…)”. Además se acepta la intervención “siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones cientí¿cas, ¿nes sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7, siempre que tales obras sean de interés nacional”.

NATALIA FRANCO PEREIRA

Por su parte, el artículo 7º de la Ley Nº 20.283 menciona expresamente a las servidumbres de servicios eléctricos, para cuyo ejercicio exige pre-

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viamente la aprobación de un plan de manejo. Este artículo habría sido un muy buen argumento jurídico para condenar a la Empresa Colbún en el caso que analizamos, ya que el artículo 7º inciso cuarto parece reunir en una sola norma lo exigido por la LSE y por el D.L. Nº 701 en cuanto a la intervención de los bosques en bene¿cio de instalaciones eléctricas, es decir, la obligación de contar con un plan de manejo previamente aprobado para proceder a la tala del bosque nativo del predio sirviente. Así lo señala expresamente el inciso 4º del artículo 7º: “Cuando la construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por la ley, según corresponda, implique corta de bosque nativo, el plan de manejo correspondiente, deberá ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre, según los casos, quien será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él”

Pero, volviendo a la de¿nición de bosque nativo, la tecnicidad de las de¿niciones legales expuestas no enfatiza las importantes funciones que cumple el bosque nativo como ecosistema, y que son algunas de las razones por las cuales se protege en Chile. Dichas funciones son, entre otras, la función biológica (son reservas genéticas, protegen los suelos de la erosión, sirven de hábitat para la vida silvestre, etc.), la función de producción (no sólo limitada a los recursos madereros, sino que también se extiende a elementos tales como hojas, hongos y miel), entre otras.3 Un aspecto importante a considerar, es la naturaleza jurídica del bosque nativo, ya que su consideración dentro de nuestro ordenamiento nos permitirá compararlo luego con el derecho a intervenirlo en pos de una concesión eléctrica. Para ello, se debe distinguir la cali¿cación del bosque como una sola unidad, de aquella que se debe atribuir a los árboles que forman parte de él, diciendo al respecto que “…los árboles del bosque son inmuebles por adherencia, y la madera producto de ellos puede reputarse mueble por anticipación aun antes de su separación; pero el bosque, en sí mismo, siempre es una cosa mueble”.4 Esta primera cali¿cación jurídica parece insu¿ciente y plantea la necesidad de crear un estatuto jurídico propio del bosque nativo, ya que ni siquiera la Ley de Protección del Bosque Nativo 3

VARGAS (1995), pp. 27-50.

4

VARGAS (1995), pp. 122 y 123.

VARGAS (1995), pp. 122 y 123.

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VARGAS (1995), pp. 27-50.

3

Un aspecto importante a considerar, es la naturaleza jurídica del bosque nativo, ya que su consideración dentro de nuestro ordenamiento nos permitirá compararlo luego con el derecho a intervenirlo en pos de una concesión eléctrica. Para ello, se debe distinguir la cali¿cación del bosque como una sola unidad, de aquella que se debe atribuir a los árboles que forman parte de él, diciendo al respecto que “…los árboles del bosque son inmuebles por adherencia, y la madera producto de ellos puede reputarse mueble por anticipación aun antes de su separación; pero el bosque, en sí mismo, siempre es una cosa mueble”.4 Esta primera cali¿cación jurídica parece insu¿ciente y plantea la necesidad de crear un estatuto jurídico propio del bosque nativo, ya que ni siquiera la Ley de Protección del Bosque Nativo Pero, volviendo a la de¿nición de bosque nativo, la tecnicidad de las de¿niciones legales expuestas no enfatiza las importantes funciones que cumple el bosque nativo como ecosistema, y que son algunas de las razones por las cuales se protege en Chile. Dichas funciones son, entre otras, la función biológica (son reservas genéticas, protegen los suelos de la erosión, sirven de hábitat para la vida silvestre, etc.), la función de producción (no sólo limitada a los recursos madereros, sino que también se extiende a elementos tales como hojas, hongos y miel), entre otras.3 “Cuando la construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por la ley, según corresponda, implique corta de bosque nativo, el plan de manejo correspondiente, deberá ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre, según los casos, quien será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él”

viamente la aprobación de un plan de manejo. Este artículo habría sido un muy buen argumento jurídico para condenar a la Empresa Colbún en el caso que analizamos, ya que el artículo 7º inciso cuarto parece reunir en una sola norma lo exigido por la LSE y por el D.L. Nº 701 en cuanto a la intervención de los bosques en bene¿cio de instalaciones eléctricas, es decir, la obligación de contar con un plan de manejo previamente aprobado para proceder a la tala del bosque nativo del predio sirviente. Así lo señala expresamente el inciso 4º del artículo 7º: SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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VARGAS (1995), pp. 134 y 135.

se re¿ere a este punto, que es fundamental no sólo para su protección, sino que también para limitar su intervención.

URRUTIA (2008), pp. 63 y 64.

6

2. Protección del bosque nativo

5

No obstante lo anterior, se puede decir que nuestro país ha evolucionado mucho en materia de protección del bosque nativo. Antes, si bien existía la obligación de reponer los especímenes para quien intervenía o explotaba especies arbóreas del bosque, no existía preocupación sobre el tipo de árboles que se plantaban en reemplazo de los talados, razón por la cual los obligados solían plantar especies exóticas distintas, produciendo un daño irreparable al ecosistema. Luego esto cambió, gracias a la creación de zonas de diversidad biológica natural, por la suscripción que hizo Chile de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas. Por lo demás, hoy en día nuestro ordenamiento jurídico protege el bosque nativo con miras a lograr un equilibrio entre la conservación y la explotación sustentable del mismo.5

Si bien la referencia al perjuicio estético habría sido eliminada del texto de¿nitivo de la Constitución por ser considerado como más propio del plano artístico y paisajístico6, su importancia es trascendental, ya que precisa-

De manera amplia, la Constitución establece una protección al medio ambiente en el artículo 19 Nº 8 que reza:

Este numeral es importante, porque el concepto “contaminación” está tomado en sentido amplio, es decir, no sólo comprende la descarga de desechos, sino que también la tala de árboles, que implica un desequilibrio del ecosistema y también un perjuicio estético.

“La Constitución asegura a todas las personas: 8º El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la conservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

“La Constitución asegura a todas las personas: 8º El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la conservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Este numeral es importante, porque el concepto “contaminación” está tomado en sentido amplio, es decir, no sólo comprende la descarga de desechos, sino que también la tala de árboles, que implica un desequilibrio del ecosistema y también un perjuicio estético.

De manera amplia, la Constitución establece una protección al medio ambiente en el artículo 19 Nº 8 que reza:

Si bien la referencia al perjuicio estético habría sido eliminada del texto de¿nitivo de la Constitución por ser considerado como más propio del plano artístico y paisajístico6, su importancia es trascendental, ya que precisa-

No obstante lo anterior, se puede decir que nuestro país ha evolucionado mucho en materia de protección del bosque nativo. Antes, si bien existía la obligación de reponer los especímenes para quien intervenía o explotaba especies arbóreas del bosque, no existía preocupación sobre el tipo de árboles que se plantaban en reemplazo de los talados, razón por la cual los obligados solían plantar especies exóticas distintas, produciendo un daño irreparable al ecosistema. Luego esto cambió, gracias a la creación de zonas de diversidad biológica natural, por la suscripción que hizo Chile de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas. Por lo demás, hoy en día nuestro ordenamiento jurídico protege el bosque nativo con miras a lograr un equilibrio entre la conservación y la explotación sustentable del mismo.5

URRUTIA (2008), pp. 63 y 64.

2. Protección del bosque nativo

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se re¿ere a este punto, que es fundamental no sólo para su protección, sino que también para limitar su intervención.

VARGAS (1995), pp. 134 y 135.

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VARGAS (1995), p. 136.

Ya de manera más especí¿ca, la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo, Nº 20.283 y el D.L. Nº 701 sobre Fomento Forestal, establecen protecciones concretas a favor del bosque nativo. En el primer caso, la Ley de Bosques contempla en su Título II normas relativas a los planes de manejo que deban ser presentados ante CONAF en ciertos casos de intervención de la vegetación (tema que trataremos más adelante), así como también normas generales de protección ambiental (Título III) en que se regula expresamente el tema de la tala de especies arbóreas, la creación de un fondo de conservación, recuperación y manejo sustentable del bosque nativo (Título IV) entre otras medidas de carácter general. A su vez, el D.L.

mente el valor paisajístico del bosque nativo es uno de los elementos que constituye su riqueza patrimonial. Esta riqueza patrimonial es evidente en cuanto al valor turístico del bosque nativo, y los bene¿cios económicos que se derivan de tal actividad, que no es de menor importancia. Así, podríamos decir que el bosque pierde parte de su atractivo si está cruzado por una serie de torres de alta tensión, hecho que también debería ser considerado un factor contaminante. Ese valor paisajístico, es considerado como una de las razones por las cuales un proyecto que intervenga el bosque nativo, debe entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como se explicará luego.

Las limitaciones que impone la Constitución para proteger el bosque nativo están dirigidas fundamentalmente al poder legislativo, ya que este poder del Estado podrá “imponer normas reguladoras del derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 Nº 21, inciso 1º) y limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes y de uso y goce (art. 19 Nº 23, inciso 2º). Especialmente, podrá el legislador contemplar limitaciones al derecho de propiedad, establecidas expresamente en el art. 19 Nº 24, inciso 2º…”.7 En el contexto de la transmisión de energía eléctrica, estas limitaciones también están dirigidas al dueño del predio sirviente que tiene un bosque nativo o parte de él, ya que no sólo tendrá que soportar la instalación de torres de alta tensión y cableado eléctrico en razón de una servidumbre de trazado eléctrico, sino que, además, tendrá la obligación de admitir visitas inspectivas de CONAF, que controlen periódicamente el estado del bosque según lo disponga la ley.

Las limitaciones que impone la Constitución para proteger el bosque nativo están dirigidas fundamentalmente al poder legislativo, ya que este poder del Estado podrá “imponer normas reguladoras del derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 Nº 21, inciso 1º) y limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes y de uso y goce (art. 19 Nº 23, inciso 2º). Especialmente, podrá el legislador contemplar limitaciones al derecho de propiedad, establecidas expresamente en el art. 19 Nº 24, inciso 2º…”.7 En el contexto de la transmisión de energía eléctrica, estas limitaciones también están dirigidas al dueño del predio sirviente que tiene un bosque nativo o parte de él, ya que no sólo tendrá que soportar la instalación de torres de alta tensión y cableado eléctrico en razón de una servidumbre de trazado eléctrico, sino que, además, tendrá la obligación de admitir visitas inspectivas de CONAF, que controlen periódicamente el estado del bosque según lo disponga la ley.

mente el valor paisajístico del bosque nativo es uno de los elementos que constituye su riqueza patrimonial. Esta riqueza patrimonial es evidente en cuanto al valor turístico del bosque nativo, y los bene¿cios económicos que se derivan de tal actividad, que no es de menor importancia. Así, podríamos decir que el bosque pierde parte de su atractivo si está cruzado por una serie de torres de alta tensión, hecho que también debería ser considerado un factor contaminante. Ese valor paisajístico, es considerado como una de las razones por las cuales un proyecto que intervenga el bosque nativo, debe entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como se explicará luego.

Ya de manera más especí¿ca, la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo, Nº 20.283 y el D.L. Nº 701 sobre Fomento Forestal, establecen protecciones concretas a favor del bosque nativo. En el primer caso, la Ley de Bosques contempla en su Título II normas relativas a los planes de manejo que deban ser presentados ante CONAF en ciertos casos de intervención de la vegetación (tema que trataremos más adelante), así como también normas generales de protección ambiental (Título III) en que se regula expresamente el tema de la tala de especies arbóreas, la creación de un fondo de conservación, recuperación y manejo sustentable del bosque nativo (Título IV) entre otras medidas de carácter general. A su vez, el D.L. 7

VARGAS (1995), p. 136.

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Resolución Nº 98, CONAF, diciembre de 2009.

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Página de internet http://www.conaf.cl/conaf/seccion-programas-de-conservacion-deespecies-amenazadas.html

Nº 701 exige a los concesionarios en general, y a los de servicios eléctricos en especial, la elaboración del plan de manejo en las circunstancias descritas en la Ley de Bosques (artículos 22 y 30). En estrecha relación con los planes de manejo se encuentra el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). Este organismo fue establecido en la Ley Nº 18.362, y su importancia radica en la creación de las siguientes unidades de manejo: Parques de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.8 Como veremos más adelante al hablar de los planes de manejo, el SNASPE esta íntimamente relacionado con éstos, ya que los planes de manejo suelen ser exigidos para los bosques de las unidades de manejo establecidas por el SNASPE.9 La labor de este organismo se ha visto potenciada gracias al Programa para la Conservación de la Flora y la Fauna Silvestre Amenazada de Chile, que fue creado en el año 1999 por CONAF y que según este mismo organismo “pretende: contribuir a la conservación de la diversidad biológica, con énfasis en las especies de Àora y fauna nativa amenazada presentes en el SNASPE, en otros sitios de alto valor ecológico y en sectores ligados a la actividad forestal”.10 Otro medio de protección de las especies que conforman el bosque nativo es el llamado “Libro Rojo” del año 1989 en el que existen distintas clasi¿caciones de Àora, que sirven como parámetro a la hora de establecer medidas tendientes a la conservación.11 Especí¿camente, en materia de concesiones eléctricas, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.300, identi¿ca a los proyectos eléctricos entre aquellos que deben someterse al SEIA, en lo que se re¿era a “la ejecución de obras, programas o actividades en áreas colocadas bajo protección o¿cial tales como parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, etc.”, es decir, actividades que una empresa eléctrica podría desarrollar y que pondrían en peligro al bosque nativo (artículo 10 letra p).

URRUTIA (2008), p. 66.

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URRUTIA (2008), p. 68.

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URRUTIA (2008), p. 66.

10 Página de internet http://www.conaf.cl/conaf/seccion-programas-de-conservacion-deespecies-amenazadas.html

URRUTIA (2008), p. 68.

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Especí¿camente, en materia de concesiones eléctricas, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.300, identi¿ca a los proyectos eléctricos entre aquellos que deben someterse al SEIA, en lo que se re¿era a “la ejecución de obras, programas o actividades en áreas colocadas bajo protección o¿cial tales como parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, etc.”, es decir, actividades que una empresa eléctrica podría desarrollar y que pondrían en peligro al bosque nativo (artículo 10 letra p). Otro medio de protección de las especies que conforman el bosque nativo es el llamado “Libro Rojo” del año 1989 en el que existen distintas clasi¿caciones de Àora, que sirven como parámetro a la hora de establecer medidas tendientes a la conservación.11 En estrecha relación con los planes de manejo se encuentra el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). Este organismo fue establecido en la Ley Nº 18.362, y su importancia radica en la creación de las siguientes unidades de manejo: Parques de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.8 Como veremos más adelante al hablar de los planes de manejo, el SNASPE esta íntimamente relacionado con éstos, ya que los planes de manejo suelen ser exigidos para los bosques de las unidades de manejo establecidas por el SNASPE.9 La labor de este organismo se ha visto potenciada gracias al Programa para la Conservación de la Flora y la Fauna Silvestre Amenazada de Chile, que fue creado en el año 1999 por CONAF y que según este mismo organismo “pretende: contribuir a la conservación de la diversidad biológica, con énfasis en las especies de Àora y fauna nativa amenazada presentes en el SNASPE, en otros sitios de alto valor ecológico y en sectores ligados a la actividad forestal”.10 Nº 701 exige a los concesionarios en general, y a los de servicios eléctricos en especial, la elaboración del plan de manejo en las circunstancias descritas en la Ley de Bosques (artículos 22 y 30).

Resolución Nº 98, CONAF, diciembre de 2009.

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HENRÍQUEZ (2001), p. 735.

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HENRÍQUEZ (2001), pp. 732 y 733.

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En efecto, dice el fallo a favor de Hidroaustral S.A. en su séptimo considerando “que, como surge del tenor de la norma transcrita, se puede concluir que es posible realizar proyectos u obras en parques nacionales y otras áreas protegidas. Lo exigido, conforme al marco jurídico que rige a esas unidades o áreas, es que la cali¿cación favorable de tales proyectos sea precedida de una rigurosa evaluación de parte de la autoridad ambiental (…). En otras palabras, por lo que se debe velar es que las actividades que se realicen dentro de los parques nacionales sean compatibles con los objetivos de dichos espacios de preservación de las bellezas naturales y de la Àora y fauna asociadas (…)” Corte Suprema, Rol Nº 6397-2008.

Agrega la ley en su artículo 11, la obligación que tendrá el concesionario eléctrico de presentar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental si sus labores se localizan peligrosamente cerca de áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, o pudieren alterar signi¿cativamente el valor paisajístico o turístico de una zona12. Luego, con la Resolución de Cali¿cación Ambiental, CONAMA podrá imponer el cumplimiento de una serie de normas ambientales sectoriales, por ejemplo, la presentación de un plan de manejo forestal en caso de intervención de vegetación nativa, según las normas del D.L. Nº 701,13 tal y como se impuso a la empresa Colbún Machicura, demostrando con ello que existe una iniciativa importante para proteger el bosque nativo de manera permanente y no sólo durante el proceso del SEIA.

Y es el cumplimiento de esta normativa ambiental el requisito más importante a la hora de desarrollar un proyecto eléctrico que intervenga el bosque nativo. De hecho, a la luz de algunos fallos, el cumplimiento de una RCA parece ser más importante que el plan de manejo mismo. En efecto, en un Recurso de Protección presentado en contra de la resolución Exenta Nº 380 de 2008 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que aprueba la construcción de centrales de pasada a favor de la Empresa Hidroaustral S.A., la Corte Suprema al resolver el recurso argumenta que es posible intervenir ciertas categorías de bosques (categorías establecidas por el SNASPE) si se ha cumplido con el requisito que exige la Ley Nº 19.300 en su artículo 10 letra p) sin hacer mención alguna al plan de manejo.

Y es el cumplimiento de esta normativa ambiental el requisito más importante a la hora de desarrollar un proyecto eléctrico que intervenga el bosque nativo. De hecho, a la luz de algunos fallos, el cumplimiento de una RCA parece ser más importante que el plan de manejo mismo. En efecto, en un Recurso de Protección presentado en contra de la resolución Exenta Nº 380 de 2008 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, que aprueba la construcción de centrales de pasada a favor de la Empresa Hidroaustral S.A., la Corte Suprema al resolver el recurso argumenta que es posible intervenir ciertas categorías de bosques (categorías establecidas por el SNASPE) si se ha cumplido con el requisito que exige la Ley Nº 19.300 en su artículo 10 letra p) sin hacer mención alguna al plan de manejo.

Agrega la ley en su artículo 11, la obligación que tendrá el concesionario eléctrico de presentar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental si sus labores se localizan peligrosamente cerca de áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, o pudieren alterar signi¿cativamente el valor paisajístico o turístico de una zona12. Luego, con la Resolución de Cali¿cación Ambiental, CONAMA podrá imponer el cumplimiento de una serie de normas ambientales sectoriales, por ejemplo, la presentación de un plan de manejo forestal en caso de intervención de vegetación nativa, según las normas del D.L. Nº 701,13 tal y como se impuso a la empresa Colbún Machicura, demostrando con ello que existe una iniciativa importante para proteger el bosque nativo de manera permanente y no sólo durante el proceso del SEIA.

En efecto, dice el fallo a favor de Hidroaustral S.A. en su séptimo considerando “que, como surge del tenor de la norma transcrita, se puede concluir que es posible realizar proyectos u obras en parques nacionales y otras áreas protegidas. Lo exigido, conforme al marco jurídico que rige a esas unidades o áreas, es que la cali¿cación favorable de tales proyectos sea precedida de una rigurosa evaluación de parte de la autoridad ambiental (…). En otras palabras, por lo que se debe velar es que las actividades que se realicen dentro de los parques nacionales sean compatibles con los objetivos de dichos espacios de preservación de las bellezas naturales y de la Àora y fauna asociadas (…)” Corte Suprema, Rol Nº 6397-2008. 12

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NATALIA FRANCO PEREIRA

Finalmente, ha surgido en el derecho comparado la posibilidad de establecer la certi¿cación forestal como un mecanismo e¿caz y complementario

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Por tanto, se puede decir que la protección que aquí se establece en favor de los bosques es débil, ya que ni siquiera impone categóricamente la prohibición de talar, sino que lo impide en la medida de lo posible, siendo por este motivo, más bene¿ciosa su aplicación por el concesionario eléctrico.

Esto podría encontrar explicación, a nuestro juicio, en la distinta legitimación que tienen la RCA y el plan de manejo, ya que la cali¿cación ambiental de un proyecto implica que su EIA ha sido aprobado por una serie de instituciones administrativas del Estado, de las más diversas áreas relacionadas con el medio ambiente, en cambio el plan de manejo en principio sólo requiere el visto bueno de CONAF. De esta forma, podríamos decir que, aun cuando el plan de manejo está enfocado directamente a la protección del bosque nativo, es la RCA la que cumple a mayor cabalidad con el mandato constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación y protección del medio ambiente, ya que su enfoque es el ecosistema, y no sólo el bosque nativo.

“El trazado de las líneas aéreas por bienes nacionales de uso público deberá efectuarse de modo que, en lo posible, no se corten o poden los árboles ubicados a lo largo del trazado de la línea…”.

Por otra parte, es el propio artículo 19 de la Ley Nº 20.283 el que concede una vital importancia a la RCA hasta el punto de ampliar la protección del bosque nativo de preservación a las especies plantadas por el hombre, en virtud de una medida de mitigación o compensación ordenada por una RCA. Al respecto dice el inciso primero de la norma que

A su vez, la LSE también contempla normas de protección al bosque, pero siempre considerando a este recurso como un subordinado en función de la instalación de una servidumbre eléctrica, tal y como lo expresa el artículo 147 al decir que

“Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra autoridad competente”.

“Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra autoridad competente”.

A su vez, la LSE también contempla normas de protección al bosque, pero siempre considerando a este recurso como un subordinado en función de la instalación de una servidumbre eléctrica, tal y como lo expresa el artículo 147 al decir que

Por otra parte, es el propio artículo 19 de la Ley Nº 20.283 el que concede una vital importancia a la RCA hasta el punto de ampliar la protección del bosque nativo de preservación a las especies plantadas por el hombre, en virtud de una medida de mitigación o compensación ordenada por una RCA. Al respecto dice el inciso primero de la norma que

“El trazado de las líneas aéreas por bienes nacionales de uso público deberá efectuarse de modo que, en lo posible, no se corten o poden los árboles ubicados a lo largo del trazado de la línea…”.

Esto podría encontrar explicación, a nuestro juicio, en la distinta legitimación que tienen la RCA y el plan de manejo, ya que la cali¿cación ambiental de un proyecto implica que su EIA ha sido aprobado por una serie de instituciones administrativas del Estado, de las más diversas áreas relacionadas con el medio ambiente, en cambio el plan de manejo en principio sólo requiere el visto bueno de CONAF. De esta forma, podríamos decir que, aun cuando el plan de manejo está enfocado directamente a la protección del bosque nativo, es la RCA la que cumple a mayor cabalidad con el mandato constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación y protección del medio ambiente, ya que su enfoque es el ecosistema, y no sólo el bosque nativo.

Por tanto, se puede decir que la protección que aquí se establece en favor de los bosques es débil, ya que ni siquiera impone categóricamente la prohibición de talar, sino que lo impide en la medida de lo posible, siendo por este motivo, más bene¿ciosa su aplicación por el concesionario eléctrico.

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Finalmente, ha surgido en el derecho comparado la posibilidad de establecer la certi¿cación forestal como un mecanismo e¿caz y complementario

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de protección al bosque nativo. Sin embargo, este método sólo es aplicable a las actividades de tala y venta de madera de bosque nativo, ya que se trata de hacer que el consumidor de maderas pre¿era productos que son amigables con el medio ambiente, es decir, que cuenten con una certi¿cación forestal, para lo cual existe “un proceso en que un tercero independiente se ocupa de otorgar una etiqueta que atestigua el origen de la materia prima y su categoría de clasi¿cación”, de modo que “el consumidor es quien ejerce por medio de la demanda una presión sobre ciertas industrias de tal manera que ellas modi¿quen sus productos y procesos nocivos”.14 Este sistema de certi¿cación sería inaplicable en materia de concesiones y servidumbre eléctricas que impliquen la tala del bosque nativo, ya que no es posible someter a las reglas de regulación del mercado, materias que son de servicio público, como lo es la distribución de energía eléctrica, servicio que por lo demás no está sometido al arbitrio del consumidor como para que sea éste el que llegue a inÀuir en la decisión de cortar o no especies del bosque para instalar postes del tendido eléctrico. No obstante, los partidarios de este sistema lo ven como un complemento a la legislación vigente, que podría incluso solucionar algunas de¿ciencias legislativas, incluso algunas empresas forestales ya estarían aplicando este sistema de certi¿cación, por lo que el gobierno chileno debiera estar dispuesto a tomar medidas para su implementación de¿nitiva.15 3. Concesiones que pueden afectar al bosque nativo El bosque nativo puede verse afectado por diversas concesiones, tales como las concesiones mineras, los derechos de aprovechamiento de aguas, las concesiones eléctricas y de energía geotérmica, entre otras.16 Todas ellas coinciden en el medio a través del cual intervienen el bosque, es decir, en las servidumbres. A continuación, nos referiremos brevemente a las servidumbres de las concesiones antedichas, pero sólo a modo ilustrativo y en lo que se relacione con los bosques.

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SHEPPARD (2000), p. 105.

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SHEPPARD (2000), pp. 103-133.

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URRUTIA (2008), pp. 85 y 86.

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SHEPPARD (2000), pp. 103-133.

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SHEPPARD (2000), p. 105.

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El bosque nativo puede verse afectado por diversas concesiones, tales como las concesiones mineras, los derechos de aprovechamiento de aguas, las concesiones eléctricas y de energía geotérmica, entre otras.16 Todas ellas coinciden en el medio a través del cual intervienen el bosque, es decir, en las servidumbres. A continuación, nos referiremos brevemente a las servidumbres de las concesiones antedichas, pero sólo a modo ilustrativo y en lo que se relacione con los bosques. 3. Concesiones que pueden afectar al bosque nativo Este sistema de certi¿cación sería inaplicable en materia de concesiones y servidumbre eléctricas que impliquen la tala del bosque nativo, ya que no es posible someter a las reglas de regulación del mercado, materias que son de servicio público, como lo es la distribución de energía eléctrica, servicio que por lo demás no está sometido al arbitrio del consumidor como para que sea éste el que llegue a inÀuir en la decisión de cortar o no especies del bosque para instalar postes del tendido eléctrico. No obstante, los partidarios de este sistema lo ven como un complemento a la legislación vigente, que podría incluso solucionar algunas de¿ciencias legislativas, incluso algunas empresas forestales ya estarían aplicando este sistema de certi¿cación, por lo que el gobierno chileno debiera estar dispuesto a tomar medidas para su implementación de¿nitiva.15 de protección al bosque nativo. Sin embargo, este método sólo es aplicable a las actividades de tala y venta de madera de bosque nativo, ya que se trata de hacer que el consumidor de maderas pre¿era productos que son amigables con el medio ambiente, es decir, que cuenten con una certi¿cación forestal, para lo cual existe “un proceso en que un tercero independiente se ocupa de otorgar una etiqueta que atestigua el origen de la materia prima y su categoría de clasi¿cación”, de modo que “el consumidor es quien ejerce por medio de la demanda una presión sobre ciertas industrias de tal manera que ellas modi¿quen sus productos y procesos nocivos”.14 SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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NATALIA FRANCO PEREIRA

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En el caso de las concesiones mineras, las servidumbres son un derecho a favor del titular de una concesión minera, que se fundamenta en diversas normas tales como el artículo 19 Nº 24 inciso 6º de la Constitución Política de la República, acerca de las obligaciones y limitaciones para facilitar la exploración, explotación y bene¿cio de las minas; y por supuesto el Código de Minería en su artículo 15 inciso ¿nal, su Reglamento y las demás leyes asociadas. Cabe destacar en este tema que, si bien las servidumbres mineras son legales y por tanto obligatorias, la ley exige el consentimiento del dueño del predio super¿cial en “aquellos lugares con casas y dependencias, o en terrenos que contengan arbolados o viñedos”, según los artículos 7º, 10 Nºs. 1 y 11 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Sin perjuicio de lo anterior, si el dueño no aprueba la servidumbre, su voluntad puede ser suplida por el juez.17

Es interesante observar que la existencia de vegetación o plantaciones, con¿ere al dueño del predio sirviente el derecho de prestar o no su consentimiento en la constitución de una servidumbre minera. De hecho, en cierto fallo, ni siquiera se exige que el “arbolado” sea propiamente un bosque nativo, según la de¿nición que ya analizamos en el capítulo anterior. En tal fallo de la Corte Suprema, se recurrió de casación en el fondo por existir conÀictos entre la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras

Cabe aclarar que cuando la ley se re¿ere a los “arbolados” en este caso, está aludiendo a una protección que va dirigida a la industria forestal y no al bosque nativo directamente. Así lo ha con¿rmado un fallo reciente que a propósito de las concesiones mineras señala “en efecto, y tal como acertadamente se ha asentado en autos, el concepto ‘arbolado’, que contempla el artículo 7º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras como limitación para el establecimiento de la servidumbre requerida alude a un factor de índole económica, como sería el aprovechamiento de especies arbóreas en actividades como la industria forestal”. Además, la Corte refuerza esta idea diciendo que “el ámbito de la restricción al derecho del concesionario es más acotado en el Código de Minería, en pro de la salvaguarda de los derechos del propietario del terreno en aspectos tan esenciales como la vivienda o sus dependencias, o plantaciones con clara signi¿cación económica, como lo son las vides y los árboles frutales…” (Corte Suprema, Rol 3905/2010).

Cabe aclarar que cuando la ley se re¿ere a los “arbolados” en este caso, está aludiendo a una protección que va dirigida a la industria forestal y no al bosque nativo directamente. Así lo ha con¿rmado un fallo reciente que a propósito de las concesiones mineras señala “en efecto, y tal como acertadamente se ha asentado en autos, el concepto ‘arbolado’, que contempla el artículo 7º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras como limitación para el establecimiento de la servidumbre requerida alude a un factor de índole económica, como sería el aprovechamiento de especies arbóreas en actividades como la industria forestal”. Además, la Corte refuerza esta idea diciendo que “el ámbito de la restricción al derecho del concesionario es más acotado en el Código de Minería, en pro de la salvaguarda de los derechos del propietario del terreno en aspectos tan esenciales como la vivienda o sus dependencias, o plantaciones con clara signi¿cación económica, como lo son las vides y los árboles frutales…” (Corte Suprema, Rol 3905/2010).

Es interesante observar que la existencia de vegetación o plantaciones, con¿ere al dueño del predio sirviente el derecho de prestar o no su consentimiento en la constitución de una servidumbre minera. De hecho, en cierto fallo, ni siquiera se exige que el “arbolado” sea propiamente un bosque nativo, según la de¿nición que ya analizamos en el capítulo anterior. En tal fallo de la Corte Suprema, se recurrió de casación en el fondo por existir conÀictos entre la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras

En el caso de las concesiones mineras, las servidumbres son un derecho a favor del titular de una concesión minera, que se fundamenta en diversas normas tales como el artículo 19 Nº 24 inciso 6º de la Constitución Política de la República, acerca de las obligaciones y limitaciones para facilitar la exploración, explotación y bene¿cio de las minas; y por supuesto el Código de Minería en su artículo 15 inciso ¿nal, su Reglamento y las demás leyes asociadas. Cabe destacar en este tema que, si bien las servidumbres mineras son legales y por tanto obligatorias, la ley exige el consentimiento del dueño del predio super¿cial en “aquellos lugares con casas y dependencias, o en terrenos que contengan arbolados o viñedos”, según los artículos 7º, 10 Nºs. 1 y 11 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Sin perjuicio de lo anterior, si el dueño no aprueba la servidumbre, su voluntad puede ser suplida por el juez.17

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y el Código de Minería, en un juicio sobre constitución de servidumbre minera, en que el máximo Tribunal reconoció que “de las disposiciones antes indicadas, aparece con meridiana claridad que las limitaciones al derecho de propiedad, consagrado en la Constitución, cuando se encuentra involucrada la actividad minera, está en esencia regulada en la citada ley orgánica, la cual establece, como se ha visto, que el concesionario minero puede explorar y explotar libremente su pertenencia, pero tratándose de terrenos que contengan arbolados, como en el caso de autos, sólo el dueño del suelo podrá permitir la realización de dicha actividad”.18 Cabe destacar que en dicho fallo el problema de fondo, sobre la aplicación de la Ley Orgánica Constitucional o del Código de Minería en materia de servidumbres, coincide con la sentencia de la Corte de Apelaciones que es objeto de esta investigación. En ambas sentencias se privilegió la protección a los “arbolados”, que según el fallo referido a las servidumbres mineras, se entendía como sinónimos de los terrenos forestales del predio sirviente. Además, se estableció que la aplicación de las normas se daría en el siguiente orden: Constitución, Ley Orgánica y Código de Minería.19 Los derechos de aprovechamiento de agua, según el artículo 8º del Código de Aguas, otorgan servidumbres pero no exclusivamente, sino como uno más de los gravámenes que pueden necesitarse para ejercitar tales derechos. Así, nos dice el artículo 8º que “el que tiene un derecho de aprovechamiento, lo tiene igualmente, a los medios necesarios para ejercitarlos”.20 Estas servidumbres están en los artículos 69 y siguientes y 96 y siguientes del Código de Aguas. En cuanto a las servidumbres a favor de los derechos de aprovechamiento de aguas, vemos una pugna entre dos bienes nacionales de uso público, como son las aguas y los bosques, con la salvedad de que dicho carácter jurídico le es reconocido a las aguas expresamente en el Código Civil, en su artículo 595. En cambio, el caso de los bosques debe deducirse de los dos primeros incisos del artículo 589, lo que no signi¿ca que no se les reconozca dicho estatus en otros cuerpos legales, como lo hace ver la propia empresa demandada (Colbún Machicura) a la Corte de Apelaciones de Rancagua, al citar el artículo 147 inciso 1º de la Ley de Servicios Eléc18

CORTÉS (2000), p. 602.

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CORTÉS (2000), pp. 603 y 604.

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URRUTIA (2008), p. 24.

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CORTÉS (2000), pp. 603 y 604.

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CORTÉS (2000), p. 602.

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Los derechos de aprovechamiento de agua, según el artículo 8º del Código de Aguas, otorgan servidumbres pero no exclusivamente, sino como uno más de los gravámenes que pueden necesitarse para ejercitar tales derechos. Así, nos dice el artículo 8º que “el que tiene un derecho de aprovechamiento, lo tiene igualmente, a los medios necesarios para ejercitarlos”.20 Estas servidumbres están en los artículos 69 y siguientes y 96 y siguientes del Código de Aguas. En cuanto a las servidumbres a favor de los derechos de aprovechamiento de aguas, vemos una pugna entre dos bienes nacionales de uso público, como son las aguas y los bosques, con la salvedad de que dicho carácter jurídico le es reconocido a las aguas expresamente en el Código Civil, en su artículo 595. En cambio, el caso de los bosques debe deducirse de los dos primeros incisos del artículo 589, lo que no signi¿ca que no se les reconozca dicho estatus en otros cuerpos legales, como lo hace ver la propia empresa demandada (Colbún Machicura) a la Corte de Apelaciones de Rancagua, al citar el artículo 147 inciso 1º de la Ley de Servicios ElécCabe destacar que en dicho fallo el problema de fondo, sobre la aplicación de la Ley Orgánica Constitucional o del Código de Minería en materia de servidumbres, coincide con la sentencia de la Corte de Apelaciones que es objeto de esta investigación. En ambas sentencias se privilegió la protección a los “arbolados”, que según el fallo referido a las servidumbres mineras, se entendía como sinónimos de los terrenos forestales del predio sirviente. Además, se estableció que la aplicación de las normas se daría en el siguiente orden: Constitución, Ley Orgánica y Código de Minería.19 y el Código de Minería, en un juicio sobre constitución de servidumbre minera, en que el máximo Tribunal reconoció que “de las disposiciones antes indicadas, aparece con meridiana claridad que las limitaciones al derecho de propiedad, consagrado en la Constitución, cuando se encuentra involucrada la actividad minera, está en esencia regulada en la citada ley orgánica, la cual establece, como se ha visto, que el concesionario minero puede explorar y explotar libremente su pertenencia, pero tratándose de terrenos que contengan arbolados, como en el caso de autos, sólo el dueño del suelo podrá permitir la realización de dicha actividad”.18 SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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URRUTIA (2008), pp. 44-56.

NATALIA FRANCO PEREIRA

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tricos, a saber “el trazado de líneas aéreas por bienes nacionales de uso público deberá efectuarse de modo que, en lo posible no se corten o poden los árboles ubicados a lo largo del trazado de la línea”.

Los servicios eléctricos concesionados han sido abordados por la legislación desde tres puntos de vista: producción, transporte y distribución de energía eléctrica, que en su conjunto con¿guran el llamado ciclo eléctrico.

Otras servidumbres que pueden afectar al bosque nativo son las que sirven para explotar la energía geotérmica. Estas se encuentran reguladas en la Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica Nº 19.657; sin embargo, las similitudes con las concesiones mineras son evidentes, sobre todo en lo que respecta a los tipos de concesiones de energía geotérmica, que al igual que las mineras también pueden ser de exploración y de explotación, además de los derechos que emanan de ambos tipos de concesiones, como el derecho a explorar y a explotar, derivados exclusivamente del otorgamiento, entre otros.

1. Título concesional para realizar servicios eléctricos

Sin perjuicio de lo anterior, las servidumbres en materia de energía geotérmica limitan las facultades que tiene el concesionario para explorar o explotar, no siendo por tanto tan amplias como las servidumbres mineras. En lo que sí coinciden ambos gravámenes es en el límite establecido con respecto a predios en que existan casas o terrenos plantados de vides o de árboles frutales, ya que en dichos casos también se necesita la autorización del dueño.

II. DERECHO ELÉCTRICO

Asimismo, es evidente la relación que existe entre la energía geotérmica y la eléctrica, sobre todo en materia de servidumbres. De hecho, el artículo 26 Nº 2 de la Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica, permite que se constituyan servidumbres en “bene¿cio de las empresas concesionarias de servicios eléctricos, de acuerdo con la legislación respectiva…”,21 de lo que se puede deducir la estrecha relación entre ambas concesiones, ya que las otras no hacen expresa referencia a servidumbres eléctricas.

Asimismo, es evidente la relación que existe entre la energía geotérmica y la eléctrica, sobre todo en materia de servidumbres. De hecho, el artículo 26 Nº 2 de la Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica, permite que se constituyan servidumbres en “bene¿cio de las empresas concesionarias de servicios eléctricos, de acuerdo con la legislación respectiva…”,21 de lo que se puede deducir la estrecha relación entre ambas concesiones, ya que las otras no hacen expresa referencia a servidumbres eléctricas.

II. DERECHO ELÉCTRICO

Sin perjuicio de lo anterior, las servidumbres en materia de energía geotérmica limitan las facultades que tiene el concesionario para explorar o explotar, no siendo por tanto tan amplias como las servidumbres mineras. En lo que sí coinciden ambos gravámenes es en el límite establecido con respecto a predios en que existan casas o terrenos plantados de vides o de árboles frutales, ya que en dichos casos también se necesita la autorización del dueño.

1. Título concesional para realizar servicios eléctricos

Otras servidumbres que pueden afectar al bosque nativo son las que sirven para explotar la energía geotérmica. Estas se encuentran reguladas en la Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica Nº 19.657; sin embargo, las similitudes con las concesiones mineras son evidentes, sobre todo en lo que respecta a los tipos de concesiones de energía geotérmica, que al igual que las mineras también pueden ser de exploración y de explotación, además de los derechos que emanan de ambos tipos de concesiones, como el derecho a explorar y a explotar, derivados exclusivamente del otorgamiento, entre otros.

Los servicios eléctricos concesionados han sido abordados por la legislación desde tres puntos de vista: producción, transporte y distribución de energía eléctrica, que en su conjunto con¿guran el llamado ciclo eléctrico.

tricos, a saber “el trazado de líneas aéreas por bienes nacionales de uso público deberá efectuarse de modo que, en lo posible no se corten o poden los árboles ubicados a lo largo del trazado de la línea”.

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De estas tres etapas, la que necesariamente requiere del otorgamiento de concesión es la de distribución de energía eléctrica, porque es un servicio público que impone más limitaciones a los particulares que pretendan desarrollarlo.22 Recordemos que en el caso de la empresa Colbún Machicura, ésta tiene a su favor al menos dos de las tres concesiones (según el Considerando 8º es “titular de las concesiones para la generación, producción y distribución”), argumento que invoca a favor de la aplicación exclusiva del D.F.L. Nº 1, en vez del D.L. Nº 701. Al parecer, la empresa no hizo la distinción entre las obligaciones especiales en materia de servidumbres, que se exigen a la concesión de distribución por su carácter de servicio público, ya que al menos en el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua (considerando 9º) no se hace la distinción. Si bien es cierto, la concesión no es un requisito necesario para realizar la actividad de generación y transporte de energía eléctrica, es conveniente para quien realizará tales actividades, ya que obteniendo una concesión se accede a los derechos que ésta otorga y que trataremos más adelante. En efecto, aunque el procedimiento concesional es el mismo para las tres concesiones del ciclo eléctrico, de la lectura del artículo 2º de la ley se entiende que los derechos concedidos son distintos, ya que para la generación y la transmisión de energía el verbo rector es “establecer”, mientras que para la distribución, es el “establecer, operar y explotar”.23 A pesar de que en el fallo que analizamos no hay muchos datos acerca de la concesión a favor de la empresa denunciada por CONAF, diremos algunas cosas acerca de las concesiones eléctricas. En primer lugar, el otorgamiento de una concesión eléctrica es un acto que emana de la Administración Eléctrica, es decir, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El procedimiento de constitución está consagrado entre los artículos 11 y 33 de la LSE, y 30 a 51 del Reglamento de la misma ley.24 Las concesiones se dividen en aquellas que son provisionales y las de¿nitivas, de acuerdo a su permanencia en el tiempo y la categoría de los derechos que otorga, sin distinguir entre las actividades de generación, transporte y distribución. De este modo, las concesiones serán provisionales si son otorgadas 22

EVANS (2006), pp. 2 y 3.

23

VERGARA (2004), p. 89.

24

VERGARA (2004), pp. 85 y 86.

VERGARA (2004), pp. 85 y 86.

24

VERGARA (2004), p. 89.

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EVANS (2006), pp. 2 y 3.

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A pesar de que en el fallo que analizamos no hay muchos datos acerca de la concesión a favor de la empresa denunciada por CONAF, diremos algunas cosas acerca de las concesiones eléctricas. En primer lugar, el otorgamiento de una concesión eléctrica es un acto que emana de la Administración Eléctrica, es decir, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El procedimiento de constitución está consagrado entre los artículos 11 y 33 de la LSE, y 30 a 51 del Reglamento de la misma ley.24 Las concesiones se dividen en aquellas que son provisionales y las de¿nitivas, de acuerdo a su permanencia en el tiempo y la categoría de los derechos que otorga, sin distinguir entre las actividades de generación, transporte y distribución. De este modo, las concesiones serán provisionales si son otorgadas Si bien es cierto, la concesión no es un requisito necesario para realizar la actividad de generación y transporte de energía eléctrica, es conveniente para quien realizará tales actividades, ya que obteniendo una concesión se accede a los derechos que ésta otorga y que trataremos más adelante. En efecto, aunque el procedimiento concesional es el mismo para las tres concesiones del ciclo eléctrico, de la lectura del artículo 2º de la ley se entiende que los derechos concedidos son distintos, ya que para la generación y la transmisión de energía el verbo rector es “establecer”, mientras que para la distribución, es el “establecer, operar y explotar”.23 De estas tres etapas, la que necesariamente requiere del otorgamiento de concesión es la de distribución de energía eléctrica, porque es un servicio público que impone más limitaciones a los particulares que pretendan desarrollarlo.22 Recordemos que en el caso de la empresa Colbún Machicura, ésta tiene a su favor al menos dos de las tres concesiones (según el Considerando 8º es “titular de las concesiones para la generación, producción y distribución”), argumento que invoca a favor de la aplicación exclusiva del D.F.L. Nº 1, en vez del D.L. Nº 701. Al parecer, la empresa no hizo la distinción entre las obligaciones especiales en materia de servidumbres, que se exigen a la concesión de distribución por su carácter de servicio público, ya que al menos en el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua (considerando 9º) no se hace la distinción. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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por un plazo de 2 años y con el solo ¿n de hacer estudios y mediciones, ya sea en terrenos ¿scales, municipales o particulares, que luego servirán de base para elaborar un proyecto eléctrico, tal como lo dice el artículo 22 de la LSE. Sin embargo, esta concesión no da la posibilidad de establecer una servidumbre sobre tales terrenos, por lo que debemos concluir que, aun cuando los estudios y mediciones recaigan en un bosque nativo, no se podría instalar tendido eléctrico alegando algún gravamen.25 Por lo demás, en nuestro caso de jurisprudencia, el estudio a realizar era parte del plan de manejo ordenado por la LSE y no tenía como ¿n principal el proyecto eléctrico, sino más bien las repercusiones que tendría sobre la vegetación protegida, además de servir para evaluar si se permitiría o no la tala de algunos especímenes.

Aunque la ley del ramo no se pronuncia acerca del real alcance de las concesiones de¿nitivas, se deduce de las normas relacionadas que su ¿n

Asimismo, si bien los artículos citados de la LSE y del Reglamento nos llevan a pensar que sólo una concesión habilita a su titular para imponer una servidumbre sobre un bien público o privado, no debemos olvidar que para el caso de los bosques el ordenamiento jurídico es más estricto, ya que no sólo exigiría un título concesional, con el que se podría establecer una servidumbre, sino que en ciertos casos también se requiere el consentimiento del dueño del predio que posee un “arbolado”, además de su deber de adecuarse a la normativa sectorial de protección del bosque nativo, a cargo de CONAF. De no cumplirse estas últimas exigencias, llegaríamos a la absurda situación de encontrarnos con un titular de una concesión, habilitado para generar, transportar, e incluso distribuir energía eléctrica, que tendría sus derechos paralizados por encontrarse frente a un bien nacional de uso público para el que se ha establecido una especial protección.

En cambio, las concesiones de¿nitivas son las que según el artículo 16 del Reglamento de la LSE, “tienen por objeto el establecimiento, operación y explotación de centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica, subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía eléctrica o instalaciones de servicio público de distribución. Las concesiones de¿nitivas se otorgarán por plazo inde¿nido”.

En cambio, las concesiones de¿nitivas son las que según el artículo 16 del Reglamento de la LSE, “tienen por objeto el establecimiento, operación y explotación de centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica, subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía eléctrica o instalaciones de servicio público de distribución. Las concesiones de¿nitivas se otorgarán por plazo inde¿nido”.

Asimismo, si bien los artículos citados de la LSE y del Reglamento nos llevan a pensar que sólo una concesión habilita a su titular para imponer una servidumbre sobre un bien público o privado, no debemos olvidar que para el caso de los bosques el ordenamiento jurídico es más estricto, ya que no sólo exigiría un título concesional, con el que se podría establecer una servidumbre, sino que en ciertos casos también se requiere el consentimiento del dueño del predio que posee un “arbolado”, además de su deber de adecuarse a la normativa sectorial de protección del bosque nativo, a cargo de CONAF. De no cumplirse estas últimas exigencias, llegaríamos a la absurda situación de encontrarnos con un titular de una concesión, habilitado para generar, transportar, e incluso distribuir energía eléctrica, que tendría sus derechos paralizados por encontrarse frente a un bien nacional de uso público para el que se ha establecido una especial protección.

Aunque la ley del ramo no se pronuncia acerca del real alcance de las concesiones de¿nitivas, se deduce de las normas relacionadas que su ¿n

por un plazo de 2 años y con el solo ¿n de hacer estudios y mediciones, ya sea en terrenos ¿scales, municipales o particulares, que luego servirán de base para elaborar un proyecto eléctrico, tal como lo dice el artículo 22 de la LSE. Sin embargo, esta concesión no da la posibilidad de establecer una servidumbre sobre tales terrenos, por lo que debemos concluir que, aun cuando los estudios y mediciones recaigan en un bosque nativo, no se podría instalar tendido eléctrico alegando algún gravamen.25 Por lo demás, en nuestro caso de jurisprudencia, el estudio a realizar era parte del plan de manejo ordenado por la LSE y no tenía como ¿n principal el proyecto eléctrico, sino más bien las repercusiones que tendría sobre la vegetación protegida, además de servir para evaluar si se permitiría o no la tala de algunos especímenes.

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es instalar obras de aprovechamiento, como las mismas centrales hidroeléctricas o las líneas de tendido eléctrico, ya sea sobre terrenos públicos o privados.26 En todo caso, y a pesar de la estrecha relación existente entre la concesión provisional y la de¿nitiva, al menos en cuanto a su ¿nalidad, la provisional no es requisito para luego otorgar la de¿nitiva. De lo anterior, surge la importancia que tiene para un particular el obtener la concesión, aun cuando se trate de las actividades de generación o producción, puesto que sólo en virtud de una concesión que debe ser de¿nitiva, se puede gravar con servidumbre un terreno público o privado, lo que es especialmente útil para las centrales hidráulicas, que siempre necesitan instalar y explotar obras anexas.27 Esto nos hace presumir que la ley, no hace sino revestir de opcional un requisito que en la práctica es obligatorio al menos para la mayoría de los casos, ya que no muchas personas naturales se dedican a generar, transportar, ni menos aún, distribuir energía, y si lo hacen, probablemente sea con ¿nes de autoabastecimiento sin tener que gravar un predio vecino. Para estas personas naturales no es necesaria la concesión. En cambio, sí será necesaria la concesión para una empresa grande que se dedique a generar energía, ya que necesitará de vastas extensiones de terreno para instalar una central hidráulica, cuyo producto ¿nal tendrá que transportar y en ciertos casos, distribuir a la población, por lo que es imperioso que obtenga una concesión con derecho a imponer servidumbres. No olvidemos que para dichas actividades de distribución de energía eléctrica, se necesita una concesión especial de servicio público, de¿nida por el artículo 5º del Reglamento de la LSE, como sigue: “las concesiones de servicio público de distribución son aquellas que habilitan a su titular para establecer, operar y explotar instalaciones de distribución de electricidad dentro de una zona determinada y efectuar suministro de energía eléctrica a usuarios finales ubicados dentro dicha zona y a los que, ubicados fuera de ella, se conecten a sus instalaciones mediante líneas propias o de terceros”.

Sin perjuicio de lo bene¿cioso que puede resultar contar con un título concesional, hay casos de distribución de energía en que la ley permite que 26

VERGARA (2004), pp. 92 y 93.

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CHARME (2002), p. 108.

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Sin perjuicio de lo bene¿cioso que puede resultar contar con un título concesional, hay casos de distribución de energía en que la ley permite que “las concesiones de servicio público de distribución son aquellas que habilitan a su titular para establecer, operar y explotar instalaciones de distribución de electricidad dentro de una zona determinada y efectuar suministro de energía eléctrica a usuarios finales ubicados dentro dicha zona y a los que, ubicados fuera de ella, se conecten a sus instalaciones mediante líneas propias o de terceros”.

No olvidemos que para dichas actividades de distribución de energía eléctrica, se necesita una concesión especial de servicio público, de¿nida por el artículo 5º del Reglamento de la LSE, como sigue: De lo anterior, surge la importancia que tiene para un particular el obtener la concesión, aun cuando se trate de las actividades de generación o producción, puesto que sólo en virtud de una concesión que debe ser de¿nitiva, se puede gravar con servidumbre un terreno público o privado, lo que es especialmente útil para las centrales hidráulicas, que siempre necesitan instalar y explotar obras anexas.27 Esto nos hace presumir que la ley, no hace sino revestir de opcional un requisito que en la práctica es obligatorio al menos para la mayoría de los casos, ya que no muchas personas naturales se dedican a generar, transportar, ni menos aún, distribuir energía, y si lo hacen, probablemente sea con ¿nes de autoabastecimiento sin tener que gravar un predio vecino. Para estas personas naturales no es necesaria la concesión. En cambio, sí será necesaria la concesión para una empresa grande que se dedique a generar energía, ya que necesitará de vastas extensiones de terreno para instalar una central hidráulica, cuyo producto ¿nal tendrá que transportar y en ciertos casos, distribuir a la población, por lo que es imperioso que obtenga una concesión con derecho a imponer servidumbres. es instalar obras de aprovechamiento, como las mismas centrales hidroeléctricas o las líneas de tendido eléctrico, ya sea sobre terrenos públicos o privados.26 En todo caso, y a pesar de la estrecha relación existente entre la concesión provisional y la de¿nitiva, al menos en cuanto a su ¿nalidad, la provisional no es requisito para luego otorgar la de¿nitiva. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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NATALIA FRANCO PEREIRA

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se lleve a cabo la actividad sin la necesidad de solicitar una concesión de servicio público. Estos casos están reunidos en el artículo 16 de la LSE y entre ellos encontramos los siguientes casos: 1º los suministros a usuarios no sometidos a regulación de precios, indicados en los artículos 147 y 149 de la presente ley; 2º los suministros que se efectúan sin utilizar bienes nacionales de uso público; 3º los suministros que se efectúan utilizando bienes nacionales de uso público mediante permisos otorgados previamente al establecimiento de una concesión, y 4º todo otro suministro que se efectúe mediante un contrato que acuerden directamente las partes, incluidos los concesionarios.28

Dice el artículo 4º del Reglamento que “para los efectos de este reglamento, existirán dos tipos de permisos a líneas de transporte o distribución de energía eléctrica, los que se conferirán conforme a lo establecido en los artículos 64 y siguientes: b) permisos para que las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica no sujetas a concesión, puedan usar y/o cruzar calles, otras líneas eléctricas y otros bienes nacionales de uso público”. Por su parte, el artículo 64 antes aludido complementa esta disposición diciendo que “los permisos para que las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica no sujetas a concesión puedan usar o cruzar calles, otras líneas eléctricas u otros bienes nacionales de uso público, deberán ser solicitados por las Municipalidades respectivas o a la Dirección de Vialidad, en su caso”.

Volviendo al caso de Colbún Machicura, podríamos preguntarnos por qué no se aplicó a su favor el tercer caso de los enumerados en el artículo 16 de la LSE, ya que de la primera lectura de este artículo se entiende que a la empresa sólo le habría bastado con la obtención de los permisos otorgados por CONAF, para talar algunas especies del bosque nativo, entendiendo que estas son en sí mismas bienes nacionales. En ese sentido parecería absurdo que la empresa no haya hecho los trámites para la aprobación del plan de manejo con anterioridad a la obtención de la concesión de servicio público, la que por lo demás, no habría sido necesaria según lo indica el mismo artículo 16 Nº 3. Sin embargo, nos parece que la interpretación correcta de los permisos a que se re¿ere este artículo de la ley, está en los artículos 4º y 64 del Reglamento de la misma.

Volviendo al caso de Colbún Machicura, podríamos preguntarnos por qué no se aplicó a su favor el tercer caso de los enumerados en el artículo 16 de la LSE, ya que de la primera lectura de este artículo se entiende que a la empresa sólo le habría bastado con la obtención de los permisos otorgados por CONAF, para talar algunas especies del bosque nativo, entendiendo que estas son en sí mismas bienes nacionales. En ese sentido parecería absurdo que la empresa no haya hecho los trámites para la aprobación del plan de manejo con anterioridad a la obtención de la concesión de servicio público, la que por lo demás, no habría sido necesaria según lo indica el mismo artículo 16 Nº 3. Sin embargo, nos parece que la interpretación correcta de los permisos a que se re¿ere este artículo de la ley, está en los artículos 4º y 64 del Reglamento de la misma.

Dice el artículo 4º del Reglamento que “para los efectos de este reglamento, existirán dos tipos de permisos a líneas de transporte o distribución de energía eléctrica, los que se conferirán conforme a lo establecido en los artículos 64 y siguientes: b) permisos para que las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica no sujetas a concesión, puedan usar y/o cruzar calles, otras líneas eléctricas y otros bienes nacionales de uso público”. Por su parte, el artículo 64 antes aludido complementa esta disposición diciendo que “los permisos para que las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica no sujetas a concesión puedan usar o cruzar calles, otras líneas eléctricas u otros bienes nacionales de uso público, deberán ser solicitados por las Municipalidades respectivas o a la Dirección de Vialidad, en su caso”.

se lleve a cabo la actividad sin la necesidad de solicitar una concesión de servicio público. Estos casos están reunidos en el artículo 16 de la LSE y entre ellos encontramos los siguientes casos: 1º los suministros a usuarios no sometidos a regulación de precios, indicados en los artículos 147 y 149 de la presente ley; 2º los suministros que se efectúan sin utilizar bienes nacionales de uso público; 3º los suministros que se efectúan utilizando bienes nacionales de uso público mediante permisos otorgados previamente al establecimiento de una concesión, y 4º todo otro suministro que se efectúe mediante un contrato que acuerden directamente las partes, incluidos los concesionarios.28

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“Proyecto de ley que establece la obligatoriedad para las empresas que utilicen sistema de postes y cables que atraviesen bienes nacionales de uso público”, Boletín Nº 5871-12, ingresado por moción al Senado con fecha 13 de mayo de 2008. Desde el 3 de agosto de 2010 se encuentra en trámite en la Comisión de Vivienda y Urbanismo. 29

En cuanto a los permisos, nos dice un autor que éstos tienen como objetivo permitir instalaciones eléctricas sobre bienes nacionales o dejar que “Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, las empresas que tengan líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público, deberán trasladar dichas líneas a espacios subterráneos en un plazo de 2 años a contar de la fecha de publicación de la presente ley. Las empresas que dentro del plazo señalado no trasladen sus líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, estarán obligadas al pago anual de una multa que irá de 1000 a 5000 UTM, la que fijará la autoridad respectiva de conformidad con el Reglamento que se dictará para tal efecto, destinándose los montos recaudados a las arcas de la municipalidad correspondiente”.29

Esta alusión a los bienes nacionales de uso público, que a nuestro juicio suele ser incompleta por no considerar al bosque nativo, ha provocado la indefensión de éste en muchas ocasiones. Notable es el caso del Proyecto de ley que establece una modi¿cación al D.F.L. Nº 1 en orden a obligar a las empresas eléctricas a trasladar a espacios subterráneos, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público, entendiendo por tales sólo a calles o caminos. Lo anterior se desprende de los antecedentes descritos en el proyecto, en los que se considera que los postes y cables de distribución de energía afectan la calidad de vida de los habitantes de los grandes centros urbanos, razón por la cual pretende agregar como último inciso al artículo 54 de la LSE, lo siguiente: Lo anterior nos sugiere que los permisos solicitados como requisito por el artículo 16 de la Ley son los que la Municipalidad o la Dirección de Vialidad exigen para que los trazados de energía eléctrica intervengan bienes públicos, pero sólo respecto del bien público “caminos” o “calles”, por lo que de haber aplicado a su favor el ya aludido artículo 16 Nº 3, Colbún no habría estado exenta de la responsabilidad de solicitar concesión de servicio público, aunque hubiera tenido un plan de manejo aprobado previamente por CONAF. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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Lo anterior nos sugiere que los permisos solicitados como requisito por el artículo 16 de la Ley son los que la Municipalidad o la Dirección de Vialidad exigen para que los trazados de energía eléctrica intervengan bienes públicos, pero sólo respecto del bien público “caminos” o “calles”, por lo que de haber aplicado a su favor el ya aludido artículo 16 Nº 3, Colbún no habría estado exenta de la responsabilidad de solicitar concesión de servicio público, aunque hubiera tenido un plan de manejo aprobado previamente por CONAF. Esta alusión a los bienes nacionales de uso público, que a nuestro juicio suele ser incompleta por no considerar al bosque nativo, ha provocado la indefensión de éste en muchas ocasiones. Notable es el caso del Proyecto de ley que establece una modi¿cación al D.F.L. Nº 1 en orden a obligar a las empresas eléctricas a trasladar a espacios subterráneos, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público, entendiendo por tales sólo a calles o caminos. Lo anterior se desprende de los antecedentes descritos en el proyecto, en los que se considera que los postes y cables de distribución de energía afectan la calidad de vida de los habitantes de los grandes centros urbanos, razón por la cual pretende agregar como último inciso al artículo 54 de la LSE, lo siguiente: “Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, las empresas que tengan líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público, deberán trasladar dichas líneas a espacios subterráneos en un plazo de 2 años a contar de la fecha de publicación de la presente ley. Las empresas que dentro del plazo señalado no trasladen sus líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, estarán obligadas al pago anual de una multa que irá de 1000 a 5000 UTM, la que fijará la autoridad respectiva de conformidad con el Reglamento que se dictará para tal efecto, destinándose los montos recaudados a las arcas de la municipalidad correspondiente”.29

En cuanto a los permisos, nos dice un autor que éstos tienen como objetivo permitir instalaciones eléctricas sobre bienes nacionales o dejar que 29 “Proyecto de ley que establece la obligatoriedad para las empresas que utilicen sistema de postes y cables que atraviesen bienes nacionales de uso público”, Boletín Nº 5871-12, ingresado por moción al Senado con fecha 13 de mayo de 2008. Desde el 3 de agosto de 2010 se encuentra en trámite en la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

EVANS (2006), p. 32.

NATALIA FRANCO PEREIRA

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crucen otras líneas eléctricas, sin que ello signi¿que que por su intermedio se explote un servicio público de distribución. Esto quiere decir que no se puede renunciar a la concesión de servicio público, en conformidad al artículo 2º Nº 2 de la LSE.30

La producción de energía eléctrica está regulada en el artículo 2º Nº 1, letra a) de la LSE y luego de¿nido en su Reglamento, que en el artículo 3º dice que la concesión de producción de energía eléctrica es la que permite “establecer centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica”, teniendo en cuenta que la concesionaria deberá estar al tanto del Código de Aguas en cuanto a los derechos de aprovechamiento sobre aguas terrestres para uso de estas centrales. La concesión de transporte de energía eléctrica, es la que de¿ne el artículo 3º del Reglamento de la LSE: “la concesión de transporte

Nuevamente, comprobamos que el ordenamiento jurídico es mucho más exigente con la protección del bosque nativo en comparación a otros bienes nacionales de uso público, los que reciben distinto tratamiento. Así, una empresa eléctrica que contara con un permiso de la Municipalidad para instalar un tendido eléctrico que debe cruzar un camino, no necesitaría de concesión de servicio público, pero si ese tendido luego atravesara un bosque nativo, no sólo necesitaría esa concesión, sino que también la necesaria autorización de CONAF, conforme al D.L. Nº 701. En ese caso, lo lógico sería que la empresa no perdiera tiempo ni dinero en obtener tales permisos, y se preocupara de obtener el título concesional de servicio público, con el requisito adicional exigido sólo para el caso del bien nacional de uso público bosque nativo.

Tal como se mencionó en el apartado anterior, la concesión eléctrica abarca también a las actividades de producción de energía eléctrica y de transporte de la misma, pero en estos dos casos no existe una obligación tan categórica de obtener una concesión, puesto que no siempre se trata de servicios públicos, como en el caso de la distribución de energía eléctrica.

2. Títulos exigidos para realizar las actividades de transporte y distribución

2. Títulos exigidos para realizar las actividades de transporte y distribución

Tal como se mencionó en el apartado anterior, la concesión eléctrica abarca también a las actividades de producción de energía eléctrica y de transporte de la misma, pero en estos dos casos no existe una obligación tan categórica de obtener una concesión, puesto que no siempre se trata de servicios públicos, como en el caso de la distribución de energía eléctrica.

Nuevamente, comprobamos que el ordenamiento jurídico es mucho más exigente con la protección del bosque nativo en comparación a otros bienes nacionales de uso público, los que reciben distinto tratamiento. Así, una empresa eléctrica que contara con un permiso de la Municipalidad para instalar un tendido eléctrico que debe cruzar un camino, no necesitaría de concesión de servicio público, pero si ese tendido luego atravesara un bosque nativo, no sólo necesitaría esa concesión, sino que también la necesaria autorización de CONAF, conforme al D.L. Nº 701. En ese caso, lo lógico sería que la empresa no perdiera tiempo ni dinero en obtener tales permisos, y se preocupara de obtener el título concesional de servicio público, con el requisito adicional exigido sólo para el caso del bien nacional de uso público bosque nativo.

La producción de energía eléctrica está regulada en el artículo 2º Nº 1, letra a) de la LSE y luego de¿nido en su Reglamento, que en el artículo 3º dice que la concesión de producción de energía eléctrica es la que permite “establecer centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica”, teniendo en cuenta que la concesionaria deberá estar al tanto del Código de Aguas en cuanto a los derechos de aprovechamiento sobre aguas terrestres para uso de estas centrales. La concesión de transporte de energía eléctrica, es la que de¿ne el artículo 3º del Reglamento de la LSE: “la concesión de transporte

crucen otras líneas eléctricas, sin que ello signi¿que que por su intermedio se explote un servicio público de distribución. Esto quiere decir que no se puede renunciar a la concesión de servicio público, en conformidad al artículo 2º Nº 2 de la LSE.30

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Corresponde al texto refundido del D.F.L. Nº 1 que contiene la ya aludida LSE.

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VERGARA (2004), pp. 71 y 72.

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EVANS (2006), p. 4.

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Un papel distinto cumplen las concesiones de generación y transporte de energía eléctrica, aunque esta última actividad es un caso especial, ya que comparte con la distribución su carácter de servicio público, pero aun así no necesita obtener una concesión. Dicho carácter de servicio público está contenido en el D.F.L. Nº 4,33 que en el artículo 7º inciso tercero dice “asimismo, es servicio público eléctrico el transporte de electricidad…”. Esta concesión de transporte, permite que el concesionario pueda “emplazar instalaciones de transmisión de energía desde los centros de producción

es aquella que permite al concesionario establecer líneas de transporte de energía eléctrica”, y permite la instalación de trazados eléctricos que pueden ocupar bienes nacionales de uso público, con el ¿n de llegar a centros de producción o de transformación. Es importante observar la diferencia entre esta actividad y la que permite la concesión de distribución de energía eléctrica, puesto que en el caso del transporte, la concesión sólo permite ocupar bienes para las instalaciones, pero no el transporte de energía propiamente tal, es decir, sólo fundamenta la constitución de las servidumbres eléctricas. El transporte de energía eléctrica es lo que se considera un servicio público y pertenece al ámbito de la distribución.31

Si bien en algún momento las tres actividades del ciclo eléctrico eran exclusivamente públicas, esto ha cambiado con el correr del tiempo. Hoy estas actividades pueden ser desempeñadas por los particulares pero siguen siendo de gran interés de la Administración, que utiliza la técnica del servicio público para poder intervenir en la actividad de los particulares. Esto es lo que ocurre especí¿camente en el caso de la distribución de la energía eléctrica, actividad que no puede ser realizada de manera espontánea, sino que sólo en virtud de una concesión de servicio público, que no es otra cosa que la manifestación de la potestad estatal administrativa en el ámbito privado. En este caso por tanto, la concesión de servicio público permite por una parte, que el titular adquiera un derecho ex novo, que le permite hacer uso de suelos públicos y privados, pero que también conlleva la obligación de ejercer la actividad de determinada forma y sólo con la extensión que la administración decida.32

Si bien en algún momento las tres actividades del ciclo eléctrico eran exclusivamente públicas, esto ha cambiado con el correr del tiempo. Hoy estas actividades pueden ser desempeñadas por los particulares pero siguen siendo de gran interés de la Administración, que utiliza la técnica del servicio público para poder intervenir en la actividad de los particulares. Esto es lo que ocurre especí¿camente en el caso de la distribución de la energía eléctrica, actividad que no puede ser realizada de manera espontánea, sino que sólo en virtud de una concesión de servicio público, que no es otra cosa que la manifestación de la potestad estatal administrativa en el ámbito privado. En este caso por tanto, la concesión de servicio público permite por una parte, que el titular adquiera un derecho ex novo, que le permite hacer uso de suelos públicos y privados, pero que también conlleva la obligación de ejercer la actividad de determinada forma y sólo con la extensión que la administración decida.32

es aquella que permite al concesionario establecer líneas de transporte de energía eléctrica”, y permite la instalación de trazados eléctricos que pueden ocupar bienes nacionales de uso público, con el ¿n de llegar a centros de producción o de transformación. Es importante observar la diferencia entre esta actividad y la que permite la concesión de distribución de energía eléctrica, puesto que en el caso del transporte, la concesión sólo permite ocupar bienes para las instalaciones, pero no el transporte de energía propiamente tal, es decir, sólo fundamenta la constitución de las servidumbres eléctricas. El transporte de energía eléctrica es lo que se considera un servicio público y pertenece al ámbito de la distribución.31

Un papel distinto cumplen las concesiones de generación y transporte de energía eléctrica, aunque esta última actividad es un caso especial, ya que comparte con la distribución su carácter de servicio público, pero aun así no necesita obtener una concesión. Dicho carácter de servicio público está contenido en el D.F.L. Nº 4,33 que en el artículo 7º inciso tercero dice “asimismo, es servicio público eléctrico el transporte de electricidad…”. Esta concesión de transporte, permite que el concesionario pueda “emplazar instalaciones de transmisión de energía desde los centros de producción 31

EVANS (2006), p. 4.

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VERGARA (2004), pp. 71 y 72.

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Corresponde al texto refundido del D.F.L. Nº 1 que contiene la ya aludida LSE.

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CHARME (2002), p. 107.

NATALIA FRANCO PEREIRA

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–generadoras– o de transformación a los de consumo…”. En otras palabras, aunque el nombre de esta concesión sugiere que el titular puede desplazar la electricidad de un punto a otro, la función permitida no es propiamente la de transportar, sino más bien está centrada en la ocupación de terrenos públicos o privados según sea el caso.34

Cabe destacar que el Máximo Tribunal también hizo referencia a la servidumbre sobre el predio “Piedras Blancas de las Condes”, rati¿cando el hecho de que la concesión de transmisión da la posibilidad a su titular de

Sin perjuicio de lo anterior, en ocasiones no parece estar muy clara la diferencia entre una y otra concesión. Así lo demuestra un fallo de la Corte Suprema en que dos particulares presentaron un recurso de protección en contra del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ya que consideraron que la concesión que se le había otorgado a la empresa Colbún Machicura, no era de transporte, sino de distribución, la que por lo demás no podía tratarse de un servicio público porque sólo bene¿ciaría a la Minera Disputada de Las Condes. El fundamento de fondo de los particulares al deducir este recurso era la afectación de las líneas de transporte, sobre el predio denominado “Piedras Blancas de Las Condes”, que sería objeto de una servidumbre (Recurso de protección presentado ante la Corte Suprema, “Raúl Du Belloy Faulhaber y otra c/Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”, Rol Nº 6199-1999).

La Corte Suprema aceptó el argumento del recurrido, en virtud del cual la concesión que favorecería a la empresa Colbún era efectivamente de transmisión de energía eléctrica y no de distribución. Se llegó a tal conclusión aludiendo a la de¿nición de voltaje o línea de alto voltaje de distribución de energía eléctrica, que según los artículos transitorios 13 y 150 letra o) del D.F.L. Nº 4, eran aquellas capaces de soportar un voltaje superior a 400 volts, e inferior a 23.000 (artículo 13) a lo que se agrega que según el artículo 150 letra o) una “subestación de distribución primaria (es aquella) que reduce el voltaje desde el nivel de transporte al de alta tensión en distribución”. Y como la instalación en cuestión soportaba una tensión de 220.000 volts, la concesión fue considerada como de transmisión de energía eléctrica.

La Corte Suprema aceptó el argumento del recurrido, en virtud del cual la concesión que favorecería a la empresa Colbún era efectivamente de transmisión de energía eléctrica y no de distribución. Se llegó a tal conclusión aludiendo a la de¿nición de voltaje o línea de alto voltaje de distribución de energía eléctrica, que según los artículos transitorios 13 y 150 letra o) del D.F.L. Nº 4, eran aquellas capaces de soportar un voltaje superior a 400 volts, e inferior a 23.000 (artículo 13) a lo que se agrega que según el artículo 150 letra o) una “subestación de distribución primaria (es aquella) que reduce el voltaje desde el nivel de transporte al de alta tensión en distribución”. Y como la instalación en cuestión soportaba una tensión de 220.000 volts, la concesión fue considerada como de transmisión de energía eléctrica.

Sin perjuicio de lo anterior, en ocasiones no parece estar muy clara la diferencia entre una y otra concesión. Así lo demuestra un fallo de la Corte Suprema en que dos particulares presentaron un recurso de protección en contra del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ya que consideraron que la concesión que se le había otorgado a la empresa Colbún Machicura, no era de transporte, sino de distribución, la que por lo demás no podía tratarse de un servicio público porque sólo bene¿ciaría a la Minera Disputada de Las Condes. El fundamento de fondo de los particulares al deducir este recurso era la afectación de las líneas de transporte, sobre el predio denominado “Piedras Blancas de Las Condes”, que sería objeto de una servidumbre (Recurso de protección presentado ante la Corte Suprema, “Raúl Du Belloy Faulhaber y otra c/Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”, Rol Nº 6199-1999).

Cabe destacar que el Máximo Tribunal también hizo referencia a la servidumbre sobre el predio “Piedras Blancas de las Condes”, rati¿cando el hecho de que la concesión de transmisión da la posibilidad a su titular de

–generadoras– o de transformación a los de consumo…”. En otras palabras, aunque el nombre de esta concesión sugiere que el titular puede desplazar la electricidad de un punto a otro, la función permitida no es propiamente la de transportar, sino más bien está centrada en la ocupación de terrenos públicos o privados según sea el caso.34

34

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SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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usar predios privados. Al respecto dice la Corte que: “no existe, tampoco, amenaza o perturbación del derecho de propiedad, pues aquí se trata de una servidumbre que como tal (…) limita el derecho de dominio pero está consagrada en la misma ley”. Por lo demás, este fallo también hace una importante referencia al tema medioambiental, por lo que puede relacionarse con el fallo que es objeto de esta investigación y que tiene por demandada a la misma empresa. En efecto, aun cuando no habla directamente del bosque nativo, la Corte sienta un precedente importante al reconocer de alguna forma la importancia que tiene la aplicación de la legislación ambiental en materia de concesiones, sean éstas de transporte o de distribución, diciendo que en la concesión a ejercer por la empresa Colbún Machicura “No hay daño estético, ecológico ni económico, pues el decreto de la concesión en su artículo 13 dispone que debe acatarse la legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras amparadas por la concesión”. Asimismo, este fallo niega que estemos en presencia de una concesión de servicio público, por aplicación del artículo 8º de la LSE. Para terminar, la concesión de distribución tiene la ventaja de otorgar exclusividad dentro de la zona de concesión, esto es, se impide toda distribución no concesional con excepción de las consignadas en el artículo 16 de la ley del ramo. La excepción a esta exclusividad viene de la mano de las superposiciones. En caso de superposición, ambas concesiones estarán sujetas a las mismas obligaciones y gozarán de los mismos derechos, según los artículos 17 y 74.35 Esto quiere decir que un mismo territorio puede ser compartido por varios concesionarios para la distribución, ya que ésta puede ser otorgada parcialmente a favor de cada uno, según se desprende de los artículos citados y de la jurisprudencia, que ha justi¿cado la posibilidad de la superposición en que “el espíritu de la legislación económica es el de fomentar la participación de los diversos agentes en los distintos mercados y no favorecer el monopolio”.36

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VERGARA (2004), p. 76.

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EVANS (2006), pp. 29 y 30.

EVANS (2006), pp. 29 y 30.

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VERGARA (2004), p. 76.

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Para terminar, la concesión de distribución tiene la ventaja de otorgar exclusividad dentro de la zona de concesión, esto es, se impide toda distribución no concesional con excepción de las consignadas en el artículo 16 de la ley del ramo. La excepción a esta exclusividad viene de la mano de las superposiciones. En caso de superposición, ambas concesiones estarán sujetas a las mismas obligaciones y gozarán de los mismos derechos, según los artículos 17 y 74.35 Esto quiere decir que un mismo territorio puede ser compartido por varios concesionarios para la distribución, ya que ésta puede ser otorgada parcialmente a favor de cada uno, según se desprende de los artículos citados y de la jurisprudencia, que ha justi¿cado la posibilidad de la superposición en que “el espíritu de la legislación económica es el de fomentar la participación de los diversos agentes en los distintos mercados y no favorecer el monopolio”.36 Asimismo, este fallo niega que estemos en presencia de una concesión de servicio público, por aplicación del artículo 8º de la LSE. Por lo demás, este fallo también hace una importante referencia al tema medioambiental, por lo que puede relacionarse con el fallo que es objeto de esta investigación y que tiene por demandada a la misma empresa. En efecto, aun cuando no habla directamente del bosque nativo, la Corte sienta un precedente importante al reconocer de alguna forma la importancia que tiene la aplicación de la legislación ambiental en materia de concesiones, sean éstas de transporte o de distribución, diciendo que en la concesión a ejercer por la empresa Colbún Machicura “No hay daño estético, ecológico ni económico, pues el decreto de la concesión en su artículo 13 dispone que debe acatarse la legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras amparadas por la concesión”. usar predios privados. Al respecto dice la Corte que: “no existe, tampoco, amenaza o perturbación del derecho de propiedad, pues aquí se trata de una servidumbre que como tal (…) limita el derecho de dominio pero está consagrada en la misma ley”. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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NATALIA FRANCO PEREIRA

En el caso especial de la concesión de distribución de energía eléctrica, el artículo 40 de la LSE prescribe su caducidad en los siguientes casos: a) si la calidad del servicio suministrado no corresponde a las exigencias prees-

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Sin perjuicio de lo anterior, el capítulo IV de la LSE contempla la caducidad de los derechos que otorgan las concesiones de¿nitivas de servicio eléctrico. Para estos efectos, el artículo 38 contempla tres causales; 1º si el concesionario no redujere a escritura pública el decreto de concesión; 2º si no se iniciaren los trabajos dentro de los plazos señalados, y 3º si no se hubiesen ejecutado por lo menos los dos tercios de las obras dentro de los plazos establecidos y no mediare fuerza mayor. El mismo artículo indica que el Presidente de la República es quien declara caduca la concesión mediante un decreto fundado, en base a un informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que indica la causal invocada. A esto se suma el artículo 39 de la Ley sobre retiro de las obras por parte de los ex concesionarios.

3. Derechos para quien obtiene concesión: servidumbres

En un apartado anterior mencionamos que los derechos que otorga una concesión dependen del tipo de concesión, es decir, si es provisional o de¿nitiva. Decíamos que con la concesión provisional se tenía el derecho a obtener una autorización del juez de letras respectivo, para poder usar terrenos públicos o privados, pero con el solo propósito de realizar los estudios necesarios para la actividad que se quiere realizar, tal como lo contempla el artículo 15 del Reglamento y el artículo 22 de la LSE. En cambio, la concesión de¿nitiva otorga el derecho de ocupar efectivamente esos terrenos, lo que incluye el derecho a gravarlos con servidumbres, por lo que se deduce que este tipo de concesiones sirve más a quienes realizarán labores de transporte y distribución, porque podrán hacer las instalaciones correspondientes.

Antes de tratar el tema de las servidumbres, cabe hacer una breve recapitulación acerca de las concesiones y dedicar algunos párrafos a la caducidad. La vinculación de dichos temas con las servidumbres es evidente, dado que este gravamen surge de una concesión, en este caso de distribución de energía eléctrica, y puede extinguirse como consecuencia de la caducidad de la misma.

Antes de tratar el tema de las servidumbres, cabe hacer una breve recapitulación acerca de las concesiones y dedicar algunos párrafos a la caducidad. La vinculación de dichos temas con las servidumbres es evidente, dado que este gravamen surge de una concesión, en este caso de distribución de energía eléctrica, y puede extinguirse como consecuencia de la caducidad de la misma.

En un apartado anterior mencionamos que los derechos que otorga una concesión dependen del tipo de concesión, es decir, si es provisional o de¿nitiva. Decíamos que con la concesión provisional se tenía el derecho a obtener una autorización del juez de letras respectivo, para poder usar terrenos públicos o privados, pero con el solo propósito de realizar los estudios necesarios para la actividad que se quiere realizar, tal como lo contempla el artículo 15 del Reglamento y el artículo 22 de la LSE. En cambio, la concesión de¿nitiva otorga el derecho de ocupar efectivamente esos terrenos, lo que incluye el derecho a gravarlos con servidumbres, por lo que se deduce que este tipo de concesiones sirve más a quienes realizarán labores de transporte y distribución, porque podrán hacer las instalaciones correspondientes.

3. Derechos para quien obtiene concesión: servidumbres

Sin perjuicio de lo anterior, el capítulo IV de la LSE contempla la caducidad de los derechos que otorgan las concesiones de¿nitivas de servicio eléctrico. Para estos efectos, el artículo 38 contempla tres causales; 1º si el concesionario no redujere a escritura pública el decreto de concesión; 2º si no se iniciaren los trabajos dentro de los plazos señalados, y 3º si no se hubiesen ejecutado por lo menos los dos tercios de las obras dentro de los plazos establecidos y no mediare fuerza mayor. El mismo artículo indica que el Presidente de la República es quien declara caduca la concesión mediante un decreto fundado, en base a un informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que indica la causal invocada. A esto se suma el artículo 39 de la Ley sobre retiro de las obras por parte de los ex concesionarios.

NATALIA FRANCO PEREIRA

En el caso especial de la concesión de distribución de energía eléctrica, el artículo 40 de la LSE prescribe su caducidad en los siguientes casos: a) si la calidad del servicio suministrado no corresponde a las exigencias prees-

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tablecidas en esta ley o en sus Reglamentos, o a las condiciones estipuladas en los decretos de concesión, a no ser que el concesionario requerido por la Superintendencia remediare tales situaciones en los plazos que esta exija; b) por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la presente ley (por haberse transferido la concesión o su explotación sin mediar las autorizaciones administrativas correspondientes).37 Por otra parte, un titular de una concesión de distribución, que además tenga derecho a gravar un predio con una servidumbre de trazado eléctrico, se verá expuesto a sanciones especí¿cas dependiendo del tipo de bienes que afecte con sus instalaciones. Sabemos que en el caso de la empresa Colbún, ésta fue condenada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, a la sanción que para el caso de la tala del bosque nativo impone el D.L. Nº 701. De hecho, en el caso en cuestión, la titular de la concesión se vio expuesta a sanciones por no esperar la aprobación del plan de manejo presentado ante CONAF. En otras palabras, un concesionario de distribución de energía eléctrica, así como se hace merecedor de más derechos para explotar su actividad, también debe soportar un control de doble índole: administrativa, presente en la posibilidad de que el Presidente de la República decrete la caducidad de su Concesión, o condene a una multa a bene¿cio ¿scal por incumplimiento del D.L. Nº 701 y judicial, si se ha efectuado una denuncia en sede jurisdiccional, de acuerdo al artículo 24 del D.L. Nº 701. Del análisis del artículo 40 sobre caducidad de una concesión de distribución, vemos que el legislador no incluyó dentro de las causales una que hiciera expresa referencia a la contravención a los planes de manejo exigidos por CONAF, como requisito indispensable para tala de árboles, aun cuando sabemos que el bosque nativo es un bien nacional, que por su gran riqueza y fragilidad, está especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico. Es verdad que, de haber establecido dicha causal de caducidad, se habría interrumpido e incluso paralizado muchos proyectos de distribución afectando gravemente a la comunidad, pero también es verdad el hecho de que la sanción pecuniaria del D.L. Nº 701 no es lo su¿cientemente disuasiva como para que una empresa eléctrica se abstenga de talar especies protegidas antes de contar con una autorización de CONAF. En ese sentido, la caducidad sí podría tener el efecto disuasivo que se requiere para evitar la 37

URRUTIA (2008), p. 36.

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URRUTIA (2008), p. 36.

Del análisis del artículo 40 sobre caducidad de una concesión de distribución, vemos que el legislador no incluyó dentro de las causales una que hiciera expresa referencia a la contravención a los planes de manejo exigidos por CONAF, como requisito indispensable para tala de árboles, aun cuando sabemos que el bosque nativo es un bien nacional, que por su gran riqueza y fragilidad, está especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico. Es verdad que, de haber establecido dicha causal de caducidad, se habría interrumpido e incluso paralizado muchos proyectos de distribución afectando gravemente a la comunidad, pero también es verdad el hecho de que la sanción pecuniaria del D.L. Nº 701 no es lo su¿cientemente disuasiva como para que una empresa eléctrica se abstenga de talar especies protegidas antes de contar con una autorización de CONAF. En ese sentido, la caducidad sí podría tener el efecto disuasivo que se requiere para evitar la Por otra parte, un titular de una concesión de distribución, que además tenga derecho a gravar un predio con una servidumbre de trazado eléctrico, se verá expuesto a sanciones especí¿cas dependiendo del tipo de bienes que afecte con sus instalaciones. Sabemos que en el caso de la empresa Colbún, ésta fue condenada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, a la sanción que para el caso de la tala del bosque nativo impone el D.L. Nº 701. De hecho, en el caso en cuestión, la titular de la concesión se vio expuesta a sanciones por no esperar la aprobación del plan de manejo presentado ante CONAF. En otras palabras, un concesionario de distribución de energía eléctrica, así como se hace merecedor de más derechos para explotar su actividad, también debe soportar un control de doble índole: administrativa, presente en la posibilidad de que el Presidente de la República decrete la caducidad de su Concesión, o condene a una multa a bene¿cio ¿scal por incumplimiento del D.L. Nº 701 y judicial, si se ha efectuado una denuncia en sede jurisdiccional, de acuerdo al artículo 24 del D.L. Nº 701. tablecidas en esta ley o en sus Reglamentos, o a las condiciones estipuladas en los decretos de concesión, a no ser que el concesionario requerido por la Superintendencia remediare tales situaciones en los plazos que esta exija; b) por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la presente ley (por haberse transferido la concesión o su explotación sin mediar las autorizaciones administrativas correspondientes).37 SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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NATALIA FRANCO PEREIRA

URRUTIA (2008), pp. 37 y 38.

tala del bosque nativo, acorde con el estándar de protección exigido por la legislación en esta materia.

VERGARA (2004), pp. 124-130.

39

Volviendo al tema de las servidumbres, este derecho real lo constituye la concesión por el solo ministerio de la ley, lo que se desprende del tenor literal de normas como el artículo 14 (“otorgan” el derecho a imponer servidumbres) 48 y 50 (las concesiones “crean” este derecho) de la LSE. En la práctica, se requiere la aprobación de los planos de la servidumbre por parte del decreto de concesión, tal como lo indican los artículos 28 inciso 2º y 47 de la LSE. Es importante que la solicitud de concesión incluya el trazado y ubicación de los terrenos que serán gravados (artículos 18 letra d y 24 letras e y h) de la LSE) y dentro del proceso siempre existirá la instancia para oír a los afectados (artículos 19 y 26 de la LSE). Una vez aprobadas, las servidumbres otorgarán ciertos derechos a los titulares de la concesión, según se trate de una concesión para la generación de energía eléctrica, para el transporte y la distribución; y para todo tipo de instalaciones eléctricas, según sea el caso. En cuanto al dueño del predio gravado, éste también tendrá ciertos derechos que puede invocar ante la Administración, como son las servidumbres prohibidas del artículo 53 de la LSE; derecho a recibir una indemnización que cubra el valor de los terrenos ocupados por las instalaciones del concesionario (artículo 68 de la ley) y a modi¿car el trazado cuando quiera construir en su predio, lo que tendrá que asumir económicamente (artículo 53 inciso 3º). Por el contrario, el dueño del predio estará obligado no sólo a soportar las servidumbres, sino también a no alterarlas con plantaciones o construcciones.38

38

Haremos una breve mención a la constitución de las servidumbres, la que puede ser administrativa, convencional o judicial. Una servidumbre se puede constituir administrativamente si se solicita en el mismo acto concesional, tal como se mencionó anteriormente. Sólo agregaremos que “a ¿n de que el derecho de servidumbre se concrete de manera estable, es preciso realizar toda la tramitación para constituir la concesión, además de la emisión del correspondiente decreto, su publicación y reducción a escritura pública”.39

Haremos una breve mención a la constitución de las servidumbres, la que puede ser administrativa, convencional o judicial. Una servidumbre se puede constituir administrativamente si se solicita en el mismo acto concesional, tal como se mencionó anteriormente. Sólo agregaremos que “a ¿n de que el derecho de servidumbre se concrete de manera estable, es preciso realizar toda la tramitación para constituir la concesión, además de la emisión del correspondiente decreto, su publicación y reducción a escritura pública”.39

VERGARA (2004), pp. 124-130.

Volviendo al tema de las servidumbres, este derecho real lo constituye la concesión por el solo ministerio de la ley, lo que se desprende del tenor literal de normas como el artículo 14 (“otorgan” el derecho a imponer servidumbres) 48 y 50 (las concesiones “crean” este derecho) de la LSE. En la práctica, se requiere la aprobación de los planos de la servidumbre por parte del decreto de concesión, tal como lo indican los artículos 28 inciso 2º y 47 de la LSE. Es importante que la solicitud de concesión incluya el trazado y ubicación de los terrenos que serán gravados (artículos 18 letra d y 24 letras e y h) de la LSE) y dentro del proceso siempre existirá la instancia para oír a los afectados (artículos 19 y 26 de la LSE). Una vez aprobadas, las servidumbres otorgarán ciertos derechos a los titulares de la concesión, según se trate de una concesión para la generación de energía eléctrica, para el transporte y la distribución; y para todo tipo de instalaciones eléctricas, según sea el caso. En cuanto al dueño del predio gravado, éste también tendrá ciertos derechos que puede invocar ante la Administración, como son las servidumbres prohibidas del artículo 53 de la LSE; derecho a recibir una indemnización que cubra el valor de los terrenos ocupados por las instalaciones del concesionario (artículo 68 de la ley) y a modi¿car el trazado cuando quiera construir en su predio, lo que tendrá que asumir económicamente (artículo 53 inciso 3º). Por el contrario, el dueño del predio estará obligado no sólo a soportar las servidumbres, sino también a no alterarlas con plantaciones o construcciones.38

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tala del bosque nativo, acorde con el estándar de protección exigido por la legislación en esta materia.

URRUTIA (2008), pp. 37 y 38.

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VIAL (2001), p. 767.

Nos queda claro por tanto que, según cierta clasi¿cación, la empresa denunciada por CONAF constituyó una servidumbre predial, especí¿camente una servidumbre eléctrica de postación, y no una de paso de líneas y energía. Decimos que es una servidumbre predial porque en ella el dueño del predio sirviente debe soportar las instalaciones que haga el titular de la concesión. Distinto es el caso de las servidumbres de paso de líneas y energía eléctrica, en que si bien se menciona expresamente a las concesiones de distribución “no afectan o no son constituidos sobre predios, sino que afectan a instala-

Asimismo, notamos que el artículo 18 del D.F.L. Nº 1, que menciona algunos de los bienes nacionales de uso público que pueden verse afectados por una servidumbre eléctrica, es de carácter amplio y no taxativo. Dice este artículo en su letra d) a propósito del contenido de la solicitud de concesión que “en el caso de líneas de transporte, de distribución y subestaciones se indicará su ubicación, con indicación de los caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán…”, por lo que consideramos incluido al bosque nativo, como uno de esos bienes nacionales.

En su considerando 8º, la Corte de Apelaciones de Rancagua nos dice que la empresa denunciada Colbún Machicura, constituyó una “servidumbre para construir una línea de alta tensión”, que según otros antecedentes entregados por la sentencia, fue de índole convencional con el dueño del predio en que se hallaba el bosque nativo intervenido. 1. Servidumbres de líneas eléctricas

Sin embargo, esto último no está muy claro en el artículo 16 de la LSE, pues algunos entienden de la lectura de esta norma que la “utilización de los bienes nacionales de uso público se con¿ere por el solo hecho del otorgamiento de la concesión respectiva, no siendo necesaria autorización adicional alguna”,40 sin contemplar los permisos sectoriales que se exigen en materia de bosques, para poder establecer una servidumbre de trazado eléctrico.

III. SERVIDUMBRES ELÉCTRICAS

III. SERVIDUMBRES ELÉCTRICAS

Sin embargo, esto último no está muy claro en el artículo 16 de la LSE, pues algunos entienden de la lectura de esta norma que la “utilización de los bienes nacionales de uso público se con¿ere por el solo hecho del otorgamiento de la concesión respectiva, no siendo necesaria autorización adicional alguna”,40 sin contemplar los permisos sectoriales que se exigen en materia de bosques, para poder establecer una servidumbre de trazado eléctrico.

1. Servidumbres de líneas eléctricas En su considerando 8º, la Corte de Apelaciones de Rancagua nos dice que la empresa denunciada Colbún Machicura, constituyó una “servidumbre para construir una línea de alta tensión”, que según otros antecedentes entregados por la sentencia, fue de índole convencional con el dueño del predio en que se hallaba el bosque nativo intervenido.

Asimismo, notamos que el artículo 18 del D.F.L. Nº 1, que menciona algunos de los bienes nacionales de uso público que pueden verse afectados por una servidumbre eléctrica, es de carácter amplio y no taxativo. Dice este artículo en su letra d) a propósito del contenido de la solicitud de concesión que “en el caso de líneas de transporte, de distribución y subestaciones se indicará su ubicación, con indicación de los caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán…”, por lo que consideramos incluido al bosque nativo, como uno de esos bienes nacionales.

Nos queda claro por tanto que, según cierta clasi¿cación, la empresa denunciada por CONAF constituyó una servidumbre predial, especí¿camente una servidumbre eléctrica de postación, y no una de paso de líneas y energía. Decimos que es una servidumbre predial porque en ella el dueño del predio sirviente debe soportar las instalaciones que haga el titular de la concesión. Distinto es el caso de las servidumbres de paso de líneas y energía eléctrica, en que si bien se menciona expresamente a las concesiones de distribución “no afectan o no son constituidos sobre predios, sino que afectan a instala-

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La denominación “servidumbre predial” tiene algunos detractores. Por ejemplo, un autor destaca el hecho de que este término sólo puede ser aplicado a los casos de servidumbres que bene¿cien a un predio en desmedro de otro, que son las servidumbres del Código Civil, y no las servidumbres eléctricas, porque éstas se establecen “a favor de una persona determinada, en este caso el concesionario, y recaen en unos casos en predios, y en otros casos sobre instalaciones de transmisión como líneas y postes”.42 ciones eléctricas existentes y que ya ocupan predios particulares o bienes nacionales de uso público”.41 252

NATALIA FRANCO PEREIRA

VERGARA (2004), pp. 164 y 165.

El artículo 51 de la LSE ahonda más en el tema, identi¿cando dos tipos de servidumbres de paso de energía eléctrica: las servidumbres de líneas eléctricas, y las de paso de energía eléctrica, indicando además que los posibles sujetos pasivos de ambos tipos de servidumbres son, por una parte, aquellas líneas que hagan uso los titulares de concesiones de transmisión y del servicio público de distribución; y por otra, las líneas que usen bienes nacionales de uso público.43

EVANS (2006), p. 85.

44

Pues bien, dice el fallo que sobre el predio denominado Parcela Nº 2 P/P “La Moralina y La Verdad”, se construiría una línea de alta tensión, es decir, una instalación de acuerdo al concepto amplio que se acepta para el caso de la distribución y teniendo como límite los sinónimos de instalación enumerados en el artículo 2º de la LSE. Estas instalaciones debieron incluirse en el proyecto que el particular presentó ante la Administración para obtener la concesión eléctrica.44 Creemos que debe ser en esta fase en donde la administración vele efectivamente por la conservación del bosque nativo y no ex post, cuando las especies ya han sido taladas para construir dichas instalaciones. La Administración debió saber que las líneas de alta tensión que pretendía construir la empresa titular de la concesión sobre los predios antes mencionados, implicaban la tala de árboles del bosque nativo; sin embargo, la protección de éste queda a cargo del titular, toda vez que es éste el que luego debe presentar el plan de manejo para realizar

(1998), p. 480.

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CHARME (2002), pp. 116-118.

CHARME (2002), pp. 116-118.

42 ABARA

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(1998), p. 480.

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Pues bien, dice el fallo que sobre el predio denominado Parcela Nº 2 P/P “La Moralina y La Verdad”, se construiría una línea de alta tensión, es decir, una instalación de acuerdo al concepto amplio que se acepta para el caso de la distribución y teniendo como límite los sinónimos de instalación enumerados en el artículo 2º de la LSE. Estas instalaciones debieron incluirse en el proyecto que el particular presentó ante la Administración para obtener la concesión eléctrica.44 Creemos que debe ser en esta fase en donde la administración vele efectivamente por la conservación del bosque nativo y no ex post, cuando las especies ya han sido taladas para construir dichas instalaciones. La Administración debió saber que las líneas de alta tensión que pretendía construir la empresa titular de la concesión sobre los predios antes mencionados, implicaban la tala de árboles del bosque nativo; sin embargo, la protección de éste queda a cargo del titular, toda vez que es éste el que luego debe presentar el plan de manejo para realizar

EVANS (2006), p. 85.

El artículo 51 de la LSE ahonda más en el tema, identi¿cando dos tipos de servidumbres de paso de energía eléctrica: las servidumbres de líneas eléctricas, y las de paso de energía eléctrica, indicando además que los posibles sujetos pasivos de ambos tipos de servidumbres son, por una parte, aquellas líneas que hagan uso los titulares de concesiones de transmisión y del servicio público de distribución; y por otra, las líneas que usen bienes nacionales de uso público.43

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ciones eléctricas existentes y que ya ocupan predios particulares o bienes nacionales de uso público”.41 La denominación “servidumbre predial” tiene algunos detractores. Por ejemplo, un autor destaca el hecho de que este término sólo puede ser aplicado a los casos de servidumbres que bene¿cien a un predio en desmedro de otro, que son las servidumbres del Código Civil, y no las servidumbres eléctricas, porque éstas se establecen “a favor de una persona determinada, en este caso el concesionario, y recaen en unos casos en predios, y en otros casos sobre instalaciones de transmisión como líneas y postes”.42

VERGARA (2004), pp. 164 y 165.

NATALIA FRANCO PEREIRA

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las actividades ante CONAF, corriendo el riesgo de que en el intertanto la empresa tale los árboles de todas maneras. Existe, por tanto, un vacío de protección del bosque nativo mientras CONAF no apruebe este plan de manejo, lo que a su vez podría ser el origen de la infracción del particular, si éste se ve en la obligación de talar los árboles y hacer las instalaciones para poder cumplir la tarea de servicio público que le fue concedida por la Administración, evitando así la caducidad de su concesión por incumplimiento. Con esto, no decimos que la Administración debió haber rechazado el otorgamiento de la concesión de distribución de energía eléctrica a favor de Colbún sólo porque las instalaciones eventualmente implicarían tala de cierto número de especímenes, sino que más bien extrañamos que la Administración no haya puesto en práctica el principio de unidad y coherencia de la actuación, hoy día presente en la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, derivando directamente los antecedentes relativos a la amenaza al bosque nativo a la institución encargada de ello, tal como suele hacerse en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando se somete a consulta de los diversos órganos administrativos involucrados, la viabilidad del proyecto. 2. Requisitos para constituir servidumbres eléctricas, que afecten el bosque nativo Si bien la fuente jurídica principal que rige las servidumbres eléctricas es la LSE, cuando éstas intervienen un bosque nativo, predomina el D.L. Nº 701 sobre actividad forestal e iniciativa a la forestación. Al menos esto es lo que resolvió la Corte de Apelaciones de Rancagua en su sentencia en contra de Colbún, ya que si bien el artículo 147 de la LSE se re¿ere expresamente al caso de que las instalaciones eléctricas impliquen la tala de árboles, por aplicación del artículo 42 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, Nº 19.300, la Corte decidió aplicar el régimen más estricto previsto en el D.L. Nº 701. En efecto, dice el artículo 147 de la LSE, en su inciso 1º que “el trazado de líneas aéreas por bienes nacionales de uso público deberá efectuarse de modo que, en lo posible no se corten o poden los árboles ubicados a

En efecto, dice el artículo 147 de la LSE, en su inciso 1º que “el trazado de líneas aéreas por bienes nacionales de uso público deberá efectuarse de modo que, en lo posible no se corten o poden los árboles ubicados a Si bien la fuente jurídica principal que rige las servidumbres eléctricas es la LSE, cuando éstas intervienen un bosque nativo, predomina el D.L. Nº 701 sobre actividad forestal e iniciativa a la forestación. Al menos esto es lo que resolvió la Corte de Apelaciones de Rancagua en su sentencia en contra de Colbún, ya que si bien el artículo 147 de la LSE se re¿ere expresamente al caso de que las instalaciones eléctricas impliquen la tala de árboles, por aplicación del artículo 42 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, Nº 19.300, la Corte decidió aplicar el régimen más estricto previsto en el D.L. Nº 701. 2. Requisitos para constituir servidumbres eléctricas, que afecten el bosque nativo Con esto, no decimos que la Administración debió haber rechazado el otorgamiento de la concesión de distribución de energía eléctrica a favor de Colbún sólo porque las instalaciones eventualmente implicarían tala de cierto número de especímenes, sino que más bien extrañamos que la Administración no haya puesto en práctica el principio de unidad y coherencia de la actuación, hoy día presente en la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, derivando directamente los antecedentes relativos a la amenaza al bosque nativo a la institución encargada de ello, tal como suele hacerse en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando se somete a consulta de los diversos órganos administrativos involucrados, la viabilidad del proyecto. Existe, por tanto, un vacío de protección del bosque nativo mientras CONAF no apruebe este plan de manejo, lo que a su vez podría ser el origen de la infracción del particular, si éste se ve en la obligación de talar los árboles y hacer las instalaciones para poder cumplir la tarea de servicio público que le fue concedida por la Administración, evitando así la caducidad de su concesión por incumplimiento. las actividades ante CONAF, corriendo el riesgo de que en el intertanto la empresa tale los árboles de todas maneras. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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NATALIA FRANCO PEREIRA

El plan de manejo debe ser presentado por el titular de la servidumbre eléctrica, tal como lo dispone que al respecto señala lo siguiente: “cuando la construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, (…) implique corta de bosque nativo,

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Nótese que en este caso la protección está dirigida al terreno y no precisamente al bosque nativo, el que sólo recibe protección por encontrarse dentro de este terreno. Aun cuando la cali¿cación del predio dentro del artículo 2º del D.L. Nº 701 implicaba protección a las especies taladas por la denunciada, la Corte invoca el artículo 21 que se re¿ere más directamente al bosque nativo.

lo largo del trazado de la línea”; mientras que el artículo 42 de la Ley Nº 19.300 dispone en su texto actual que “ el Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el organismo estatal encargado por la ley de regular el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, la presentación y cumplimiento de los planes de manejo de los mismos, a ¿n de asegurar su conservación…”.

En segundo lugar, el D.L. Nº 701 en su artículo 21 exige que CONAF apruebe un plan de manejo, el cual es exigido para la corta y explotación de un bosque nativo, pero también para el caso de las plantaciones existentes en un terreno de aptitud preferentemente forestal. Esta última categoría de suelos también cumple con el principio recogido en el artículo 37 de la Ley Nº 19.300 antes mencionada, y está de¿nido en el artículo 2º como “todos aquellos terrenos que por las condiciones del clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”.

De la lectura del artículo 37 de la Ley Nº 19.300, por remisión del artículo 47 letra c) se desprende que el primer paso para proteger el bosque nativo está en la clasi¿cación que se dé a las especies arbóreas que lo componen, de acuerdo a estándares cientí¿cos y de conservación, tomando como modelo las categorías recomendadas por la UICN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza) u otro organismo internacional relacionado. Principio recogido precisamente por entidades como la SNASPE de la Ley Nº 18.362.

De la lectura del artículo 37 de la Ley Nº 19.300, por remisión del artículo 47 letra c) se desprende que el primer paso para proteger el bosque nativo está en la clasi¿cación que se dé a las especies arbóreas que lo componen, de acuerdo a estándares cientí¿cos y de conservación, tomando como modelo las categorías recomendadas por la UICN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza) u otro organismo internacional relacionado. Principio recogido precisamente por entidades como la SNASPE de la Ley Nº 18.362.

En segundo lugar, el D.L. Nº 701 en su artículo 21 exige que CONAF apruebe un plan de manejo, el cual es exigido para la corta y explotación de un bosque nativo, pero también para el caso de las plantaciones existentes en un terreno de aptitud preferentemente forestal. Esta última categoría de suelos también cumple con el principio recogido en el artículo 37 de la Ley Nº 19.300 antes mencionada, y está de¿nido en el artículo 2º como “todos aquellos terrenos que por las condiciones del clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”.

lo largo del trazado de la línea”; mientras que el artículo 42 de la Ley Nº 19.300 dispone en su texto actual que “ el Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el organismo estatal encargado por la ley de regular el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, la presentación y cumplimiento de los planes de manejo de los mismos, a ¿n de asegurar su conservación…”.

Nótese que en este caso la protección está dirigida al terreno y no precisamente al bosque nativo, el que sólo recibe protección por encontrarse dentro de este terreno. Aun cuando la cali¿cación del predio dentro del artículo 2º del D.L. Nº 701 implicaba protección a las especies taladas por la denunciada, la Corte invoca el artículo 21 que se re¿ere más directamente al bosque nativo.

NATALIA FRANCO PEREIRA

El plan de manejo debe ser presentado por el titular de la servidumbre eléctrica, tal como lo dispone que al respecto señala lo siguiente: “cuando la construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, (…) implique corta de bosque nativo,

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el plan de manejo deberá ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre…” ante CONAF. Este plan de manejo debe contener los objetivos de la corta, la de¿nición del trazado de la obra y otros elementos indicados en el artículo 21 de la Ley Nº 20.283.45 El artículo 21 es importante, porque indica que para el caso de las servidumbres eléctricas y otras actividades del artículo 7º inciso 4º, el plan de manejo debe incluir un programa de reforestación. Esta es la principal infracción de la empresa denunciada, ya que podría decirse que el plan de manejo pretende precisamente que se trate de dejar indemne el bosque nativo, restituyendo las especies taladas en lo posible. Refuerza este argumento el artículo 22 del D.L. Nº 701 que obliga a la reforestación, en base a lo propuesto en el plan de manejo aprobado por CONAF. Del análisis del plan de manejo que presente la empresa, el Director Ejecutivo de CONAF permitirá o no la corta, y si se trata de las actividades del artículo 7º inciso 4º que a la vez sean de interés nacional, como en nuestro caso lo es la distribución (salvo la excepción del artículo 16 de la LSE, antes mencionada) emitirá una resolución fundada para poder intervenir hábitat o cortar especies en casos en que dicha corta sea imprescindible y siempre que no se afecte la continuidad de la especie.46 En caso de que el particular obtenga una negativa de CONAF, sobre todo cuando en que estemos en presencia de prohibiciones de corta del Decreto Nº 4.363, artículo 5º, podrá pedir al Servicio Agrícola Ganadero que “restrinja la extensión de las zonas de vegetación que debe mantener y (que) reglamente su explotación de manera ordenada”.47 Por otra parte, si se trata de un aprovechamiento simple o reducido de árboles, para autoconsumo o mejoras prediales, CONAF podrá otorgar al titular una autorización simple, según el artículo 57 de la Ley Nº 20.283,48 argumento que Colbún no habría podido alegar en su favor, puesto que la naturaleza de la actividad que se aprestaba a desarrollar no implicaba un aprovechamiento de la madera obtenida de la tala de las especies. 45

URRUTIA (2008), p. 70.

46

URRUTIA (2008), pp. 71 y 72.

47

VERGARA (2004), pp. 164 y 165.

48

URRUTIA (2008), p. 74.

URRUTIA (2008), p. 74.

48

VERGARA (2004), pp. 164 y 165.

47

URRUTIA (2008), pp. 71 y 72.

46

URRUTIA (2008), p. 70.

45

En caso de que el particular obtenga una negativa de CONAF, sobre todo cuando en que estemos en presencia de prohibiciones de corta del Decreto Nº 4.363, artículo 5º, podrá pedir al Servicio Agrícola Ganadero que “restrinja la extensión de las zonas de vegetación que debe mantener y (que) reglamente su explotación de manera ordenada”.47 Por otra parte, si se trata de un aprovechamiento simple o reducido de árboles, para autoconsumo o mejoras prediales, CONAF podrá otorgar al titular una autorización simple, según el artículo 57 de la Ley Nº 20.283,48 argumento que Colbún no habría podido alegar en su favor, puesto que la naturaleza de la actividad que se aprestaba a desarrollar no implicaba un aprovechamiento de la madera obtenida de la tala de las especies. Del análisis del plan de manejo que presente la empresa, el Director Ejecutivo de CONAF permitirá o no la corta, y si se trata de las actividades del artículo 7º inciso 4º que a la vez sean de interés nacional, como en nuestro caso lo es la distribución (salvo la excepción del artículo 16 de la LSE, antes mencionada) emitirá una resolución fundada para poder intervenir hábitat o cortar especies en casos en que dicha corta sea imprescindible y siempre que no se afecte la continuidad de la especie.46 El artículo 21 es importante, porque indica que para el caso de las servidumbres eléctricas y otras actividades del artículo 7º inciso 4º, el plan de manejo debe incluir un programa de reforestación. Esta es la principal infracción de la empresa denunciada, ya que podría decirse que el plan de manejo pretende precisamente que se trate de dejar indemne el bosque nativo, restituyendo las especies taladas en lo posible. Refuerza este argumento el artículo 22 del D.L. Nº 701 que obliga a la reforestación, en base a lo propuesto en el plan de manejo aprobado por CONAF. el plan de manejo deberá ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre…” ante CONAF. Este plan de manejo debe contener los objetivos de la corta, la de¿nición del trazado de la obra y otros elementos indicados en el artículo 21 de la Ley Nº 20.283.45 SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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NATALIA FRANCO PEREIRA

“la corta o explotación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el

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Por su parte, la obligación de reforestación de zonas de aptitud preferentemente forestal, está regulada en el artículo 22 del D.L. Nº 701, inciso primero:

Es obvio que los requisitos impuestos por las leyes relativas a la protección del bosque nativo, casi no afectan el derecho a desarrollar libremente una actividad económica (artículo 19 Nº 21 de la Constitución) pues obedecen a mínimos y a veces insu¿cientes estándares de protección, por lo que el incumplimiento de algo tan sencillo como la presentación de un plan de manejo no se justi¿ca. Además, la corta no permitida del bosque nativo da origen en ciertos casos, a la paralización de las faenas del tendido eléctrico que se está instalando, lo que junto con los costos de llevar la defensa en juicio de la empresa, más la multa a pagar, sobrepasan con creces el gasto en que podría haber incurrido la denunciada en la elaboración del plan de manejo. Al parecer las normas antes expuestas pretenden inducir a la protección del bosque nativo en base a argumentos del análisis económico del derecho, que siempre son considerados por las empresas.

El mismo artículo 21 del D.L. Nº 701 contempla la posibilidad de que CONAF ordene la inmediata paralización de las faenas, recurriendo incluso a la fuerza pública mediante la correspondiente orden del juez.

El particular que tale el bosque nativo sin autorización previa, estará sometido a diversas sanciones, que en su mayoría son multas y en algunos casos comisos de las especies taladas. En el caso jurisprudencial que da origen a este trabajo, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la sentencia apelada, y por aplicación del artículo 21 del D.L. Nº 701 impuso una multa equivalente al doble del valor asignado a las especies, cuyo cálculo se hizo en base al valor comercial de éstas “cualesquiera fuera su estado o su grado de explotación o elaboración” (art. 21 D.L. Nº 701) lo que pudo probar en base a informes periciales. No se aplicó el comiso, porque las especies no estaban en poder de la denunciada y no se probó que fueron objeto de enajenación. De haberse comprobado la enajenación de las especies, el valor de la multa habría ascendido al triple del valor comercial de los árboles talados.

El particular que tale el bosque nativo sin autorización previa, estará sometido a diversas sanciones, que en su mayoría son multas y en algunos casos comisos de las especies taladas. En el caso jurisprudencial que da origen a este trabajo, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la sentencia apelada, y por aplicación del artículo 21 del D.L. Nº 701 impuso una multa equivalente al doble del valor asignado a las especies, cuyo cálculo se hizo en base al valor comercial de éstas “cualesquiera fuera su estado o su grado de explotación o elaboración” (art. 21 D.L. Nº 701) lo que pudo probar en base a informes periciales. No se aplicó el comiso, porque las especies no estaban en poder de la denunciada y no se probó que fueron objeto de enajenación. De haberse comprobado la enajenación de las especies, el valor de la multa habría ascendido al triple del valor comercial de los árboles talados.

El mismo artículo 21 del D.L. Nº 701 contempla la posibilidad de que CONAF ordene la inmediata paralización de las faenas, recurriendo incluso a la fuerza pública mediante la correspondiente orden del juez.

Es obvio que los requisitos impuestos por las leyes relativas a la protección del bosque nativo, casi no afectan el derecho a desarrollar libremente una actividad económica (artículo 19 Nº 21 de la Constitución) pues obedecen a mínimos y a veces insu¿cientes estándares de protección, por lo que el incumplimiento de algo tan sencillo como la presentación de un plan de manejo no se justi¿ca. Además, la corta no permitida del bosque nativo da origen en ciertos casos, a la paralización de las faenas del tendido eléctrico que se está instalando, lo que junto con los costos de llevar la defensa en juicio de la empresa, más la multa a pagar, sobrepasan con creces el gasto en que podría haber incurrido la denunciada en la elaboración del plan de manejo. Al parecer las normas antes expuestas pretenden inducir a la protección del bosque nativo en base a argumentos del análisis económico del derecho, que siempre son considerados por las empresas.

Por su parte, la obligación de reforestación de zonas de aptitud preferentemente forestal, está regulada en el artículo 22 del D.L. Nº 701, inciso primero:

NATALIA FRANCO PEREIRA

“la corta o explotación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el

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plan de manejo aprobado por la Corporación, o en su caso, presentado en la misma para aquellas excepciones consideradas en el inciso segundo del artículo anterior”.

3. Plan de manejo exigido por la CONAF Según el artículo 2º del D.L. Nº 701, un plan de manejo es un “instrumento que, reuniendo los requisitos que se establecen en este cuerpo legal, regula el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de un terreno determinado, con el ¿n de obtener el máximo bene¿cio de ellos, asegurando al mismo tiempo la preservación, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de dichos recursos y su ecosistema”. Una de¿nición semejante, aunque más acotada se encuentra en el primer párrafo del Nº 18 del artículo 2 de la Ley de Bosques. Existen al menos dos tipos de planes de manejo según este último artículo: los de preservación y los forestales, en que los primeros son aquellos que tienen “como objetivo fundamental resguardar la diversidad biológica, asegurando la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas contenidos en el área objeto de su acción”, mientras que los segundos son los que pretenden “el aprovechamiento del bosque nativo para la obtención de bienes madereros y no madereros, considerando la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica”. Suponemos que el plan de manejo que se exigía a Colbún se acercaba más a uno del tipo de preservación. En resumen, se puede decir que un plan de manejo es una obligación que se impone al titular de la servidumbre eléctrica en este caso, y debe contar con la aprobación de CONAF en los términos del artículo 10 del D.L. Nº 701. La norma anterior, aplica en cierto modo el silencio administrativo positivo para quien lo presenta, ya que si no es aprobado dentro de un plazo de 120 días, se entenderá aprobado otorgándose el certi¿cado respectivo.49 Para efectos de la Ley de Bosques (artículo 8º inciso 2º) el plazo que tiene la Corporación para aprobar o rechazar el plan de manejo es, en realidad, de 90 días, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud, con el mismo 49

HONORATO (1982), p. 99.

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HONORATO (1982), p. 99.

En resumen, se puede decir que un plan de manejo es una obligación que se impone al titular de la servidumbre eléctrica en este caso, y debe contar con la aprobación de CONAF en los términos del artículo 10 del D.L. Nº 701. La norma anterior, aplica en cierto modo el silencio administrativo positivo para quien lo presenta, ya que si no es aprobado dentro de un plazo de 120 días, se entenderá aprobado otorgándose el certi¿cado respectivo.49 Para efectos de la Ley de Bosques (artículo 8º inciso 2º) el plazo que tiene la Corporación para aprobar o rechazar el plan de manejo es, en realidad, de 90 días, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud, con el mismo Existen al menos dos tipos de planes de manejo según este último artículo: los de preservación y los forestales, en que los primeros son aquellos que tienen “como objetivo fundamental resguardar la diversidad biológica, asegurando la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas contenidos en el área objeto de su acción”, mientras que los segundos son los que pretenden “el aprovechamiento del bosque nativo para la obtención de bienes madereros y no madereros, considerando la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica”. Suponemos que el plan de manejo que se exigía a Colbún se acercaba más a uno del tipo de preservación. Según el artículo 2º del D.L. Nº 701, un plan de manejo es un “instrumento que, reuniendo los requisitos que se establecen en este cuerpo legal, regula el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de un terreno determinado, con el ¿n de obtener el máximo bene¿cio de ellos, asegurando al mismo tiempo la preservación, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de dichos recursos y su ecosistema”. Una de¿nición semejante, aunque más acotada se encuentra en el primer párrafo del Nº 18 del artículo 2 de la Ley de Bosques. 3. Plan de manejo exigido por la CONAF plan de manejo aprobado por la Corporación, o en su caso, presentado en la misma para aquellas excepciones consideradas en el inciso segundo del artículo anterior”. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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NATALIA FRANCO PEREIRA

Si bien en Chile existen diversas normas que pretenden proteger el bosque nativo, la dispersión de éstas muchas veces impide que dicha protección sea e¿caz. En el ámbito de las servidumbres eléctricas que se otorgan a

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III. CONCLUSIÓN

efecto de la norma del D.L. Nº 701, es decir, un silencio administrativo positivo a favor del titular de la concesión eléctrica.

Del contenido del artículo 147 se in¿ere que la protección no está dirigida a especies protegidas, sino más bien a los propietarios de predios que se vieron afectados económicamente por la tala de árboles que probablemente plantaron con ¿nes comerciales. Prueba de ello es que mientras el D.L. Nº 701 impone una multa a bene¿cio ¿scal por la corta sin autorización, la LSE sólo dispone una indemnización y en casos en que el propietario de las líneas eléctricas estaba obligado a efectuar la tala en bene¿cio de su propia actividad, no existiendo por tanto parámetros medioambientales.

Tal diferencia de plazos es contradictoria con respecto a los objetivos de la Ley de Bosques y el D.L. Nº 701, ya que si la Ley Nº 20.283 pretende proteger el bosque, CONAF debería tener más tiempo para evaluar el plan de manejo presentado por el interesado, o en su defecto, establecer un silencio negativo, es decir, que se entienda por rechazado el plan de manejo ante la mínima posibilidad de afectar un bosque nativo, sobre todo si éste contiene especies en peligro. Sin embargo, y en cuanto al silencio positivo consagrado igualmente en las dos leyes mencionadas, es comprensible que el legislador haya buscado esa solución, en orden a la aplicación del principio conclusivo y para no afectar el derecho a ejercer una libre actividad económica (19 Nº 21 en relación con el Nº 26 de la Constitución).

Haciendo un paralelo con la LSE, ésta no exige la aprobación expresa o tácita de un plan de manejo para cortar los árboles que interrumpan la instalación de la línea eléctrica. Así lo prescribe el artículo 147 del D.F.L. Nº 1 invocado por la empresa eléctrica denunciada, que ni siquiera alude al bosque nativo, exigiendo sólo un aviso que debe dar el propietario de las líneas aéreas y que debe ser enviado por carta certi¿cada a la Dirección de Vialidad o a la Municipalidad, y a los propietarios afectados, regulando además el monto de la indemnización que se les pagará.

Haciendo un paralelo con la LSE, ésta no exige la aprobación expresa o tácita de un plan de manejo para cortar los árboles que interrumpan la instalación de la línea eléctrica. Así lo prescribe el artículo 147 del D.F.L. Nº 1 invocado por la empresa eléctrica denunciada, que ni siquiera alude al bosque nativo, exigiendo sólo un aviso que debe dar el propietario de las líneas aéreas y que debe ser enviado por carta certi¿cada a la Dirección de Vialidad o a la Municipalidad, y a los propietarios afectados, regulando además el monto de la indemnización que se les pagará.

Tal diferencia de plazos es contradictoria con respecto a los objetivos de la Ley de Bosques y el D.L. Nº 701, ya que si la Ley Nº 20.283 pretende proteger el bosque, CONAF debería tener más tiempo para evaluar el plan de manejo presentado por el interesado, o en su defecto, establecer un silencio negativo, es decir, que se entienda por rechazado el plan de manejo ante la mínima posibilidad de afectar un bosque nativo, sobre todo si éste contiene especies en peligro. Sin embargo, y en cuanto al silencio positivo consagrado igualmente en las dos leyes mencionadas, es comprensible que el legislador haya buscado esa solución, en orden a la aplicación del principio conclusivo y para no afectar el derecho a ejercer una libre actividad económica (19 Nº 21 en relación con el Nº 26 de la Constitución).

Del contenido del artículo 147 se in¿ere que la protección no está dirigida a especies protegidas, sino más bien a los propietarios de predios que se vieron afectados económicamente por la tala de árboles que probablemente plantaron con ¿nes comerciales. Prueba de ello es que mientras el D.L. Nº 701 impone una multa a bene¿cio ¿scal por la corta sin autorización, la LSE sólo dispone una indemnización y en casos en que el propietario de las líneas eléctricas estaba obligado a efectuar la tala en bene¿cio de su propia actividad, no existiendo por tanto parámetros medioambientales.

efecto de la norma del D.L. Nº 701, es decir, un silencio administrativo positivo a favor del titular de la concesión eléctrica.

III. CONCLUSIÓN

NATALIA FRANCO PEREIRA

Si bien en Chile existen diversas normas que pretenden proteger el bosque nativo, la dispersión de éstas muchas veces impide que dicha protección sea e¿caz. En el ámbito de las servidumbres eléctricas que se otorgan a

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favor del concesionario de distribución de energía eléctrica, se produce una colisión de derechos, entre el bosque nativo como un bien nacional de uso público, y la distribución misma, considerada en sí un servicio público. La solución de esta colisión presenta grandes di¿cultades, ya que por una parte la protección del bosque nativo no sólo tiene propósitos estéticos o de valor paisajístico, sino que también es una forma de resguardar una fuente biológica y de recursos económicos importantes; mientras que la concesión y la servidumbre de distribución de energía eléctrica, son pilares fundamentales para que un particular desarrolle una actividad en bene¿cio de la comunidad, siendo por tanto una ayuda que el Estado no puede desechar en orden a su deber de servicialidad y de propender al bien común. Entre las normas que pretenden establecer una efectiva protección del bosque nativo, se encuentran la Constitución, que en su artículo 19 Nº 8 protege el medio ambiente en general; la Ley Nº 19.300, la Ley de Bosques, el D.L. Nº 701, y en el ámbito de los servicios eléctricos, la LSE. Del análisis de estas normas, se desprende que existe una gran diferencia en cuanto a la valoración del bosque nativo, sobre todo en la LSE, que en su artículo 147 impone al concesionario de energía eléctrica una especie de deber en conciencia al solicitarle que “en lo posible” se abstenga de la tala de árboles, sin siquiera hacer una referencia expresa al bosque nativo como bien nacional. En atención a esto último, llama la atención que cuerpos normativos tan importantes como la Constitución y el Código Civil, consideren expresamente a las aguas y a los yacimientos mineros como bienes nacionales, sin hacer mención al bosque nativo, pese a la importancia que éste tiene y a su importante presencia en gran parte del territorio nacional. Una justa valoración del bosque nativo, permitiría a los jueces discernir mejor qué ley se debe aplicar en casos de colisión de derechos. En la sentencia expuesta, si bien la Corte de Apelaciones de Rancagua invalidó la sentencia de primera instancia que no acogía la denuncia presentada por CONAF, no lo hizo en consideración a que la tala de las especies del predio sirviente representaba un daño a un bien nacional, sino que más bien, consideró que era un caso en que el D.L. Nº 701 como ley especial, primaba por sobre la LSE como ley general. El estándar de protección del bosque nativo de dicha LSE, fue el que pretendió resguardar la empresa concesionaria, que es evidentemente menos gravoso que el propuesto por el D.L. Nº 701.

Una justa valoración del bosque nativo, permitiría a los jueces discernir mejor qué ley se debe aplicar en casos de colisión de derechos. En la sentencia expuesta, si bien la Corte de Apelaciones de Rancagua invalidó la sentencia de primera instancia que no acogía la denuncia presentada por CONAF, no lo hizo en consideración a que la tala de las especies del predio sirviente representaba un daño a un bien nacional, sino que más bien, consideró que era un caso en que el D.L. Nº 701 como ley especial, primaba por sobre la LSE como ley general. El estándar de protección del bosque nativo de dicha LSE, fue el que pretendió resguardar la empresa concesionaria, que es evidentemente menos gravoso que el propuesto por el D.L. Nº 701. Entre las normas que pretenden establecer una efectiva protección del bosque nativo, se encuentran la Constitución, que en su artículo 19 Nº 8 protege el medio ambiente en general; la Ley Nº 19.300, la Ley de Bosques, el D.L. Nº 701, y en el ámbito de los servicios eléctricos, la LSE. Del análisis de estas normas, se desprende que existe una gran diferencia en cuanto a la valoración del bosque nativo, sobre todo en la LSE, que en su artículo 147 impone al concesionario de energía eléctrica una especie de deber en conciencia al solicitarle que “en lo posible” se abstenga de la tala de árboles, sin siquiera hacer una referencia expresa al bosque nativo como bien nacional. En atención a esto último, llama la atención que cuerpos normativos tan importantes como la Constitución y el Código Civil, consideren expresamente a las aguas y a los yacimientos mineros como bienes nacionales, sin hacer mención al bosque nativo, pese a la importancia que éste tiene y a su importante presencia en gran parte del territorio nacional. favor del concesionario de distribución de energía eléctrica, se produce una colisión de derechos, entre el bosque nativo como un bien nacional de uso público, y la distribución misma, considerada en sí un servicio público. La solución de esta colisión presenta grandes di¿cultades, ya que por una parte la protección del bosque nativo no sólo tiene propósitos estéticos o de valor paisajístico, sino que también es una forma de resguardar una fuente biológica y de recursos económicos importantes; mientras que la concesión y la servidumbre de distribución de energía eléctrica, son pilares fundamentales para que un particular desarrolle una actividad en bene¿cio de la comunidad, siendo por tanto una ayuda que el Estado no puede desechar en orden a su deber de servicialidad y de propender al bien común. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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HENRÍQUEZ (2001), p. 735.

NATALIA FRANCO PEREIRA

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Tamaña diferencia se debe tal vez a esta profusa legislación en materia de bosques, que muchas veces no está debidamente sistematizada o concordada, por lo que no siempre responde a las necesidades de conservación de las especies. Como consecuencia de esto, muchas veces la solución de los conÀictos entre los derechos de quien tiene a su favor una servidumbre eléctrica, y el bosque nativo, queda íntegramente en manos del juez, quien sólo se limita a resolver en base a consideraciones accesorias como el criterio de especialidad de una norma, sin hacer un análisis más profundizado del problema ambiental que signi¿caría una tala irresponsable del bosque nativo, por una parte, y la limitación al libre ejercicio de los derechos por la otra.

Asimismo, la Corte de Apelaciones condenó a la concesionaria a pagar la multa del artículo 21 del D.L. Nº 701, incisos 4º y 5º; sin embargo, esta sanción no incluye la obligación de reforestar, por lo que el daño al medio ambiente permanece. Asumimos que la Administración no quiere imponer

Sin perjuicio de lo anterior, sería bene¿cioso que se aplicaran efectivamente otras medidas de protección del bosque nativo que podrían ser incluso más e¿caces, y no sólo la vía judicial. Así, por ejemplo, el plan de manejo que el D.L. Nº 701 exige como requisito para la tala de árboles en áreas preferentemente forestales, es una medida impuesta por la RCA, como resultado de haber sido sometido el proyecto de distribución de energía eléctrica a la CONAMA, en virtud de los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 19.300 que mandan a que los proyectos eléctricos, entre otras actividades, sean sometidos al SEIA, si su desarrollo pone en peligro el medio ambiente. En este sentido, la aprobación del plan de manejo no era una mera recomendación por parte de la autoridad administrativa ambiental, sino que era una medida obligatoria de ésta, sujeta por tanto a la ¿scalización y que de no ser cumplida derivaría incluso en la revocación de la RCA, según el artículo 64 de la Ley Nº 19.300.50 Esta medida podría ser incluso más efectiva que las multas que establece el D.L. Nº 701, ya que implica una imposibilidad de seguir desarrollando el proyecto, pese a tener la concesión de energía eléctrica. Las multas, por su parte, muchas veces son gastos que las empresas pueden llegar a contemplar dentro de su actividad, e incluso que pueden traspasar a los consumidores, sin que sea un verdadero elemento de persuasión para no dañar el bosque nativo.

Sin perjuicio de lo anterior, sería bene¿cioso que se aplicaran efectivamente otras medidas de protección del bosque nativo que podrían ser incluso más e¿caces, y no sólo la vía judicial. Así, por ejemplo, el plan de manejo que el D.L. Nº 701 exige como requisito para la tala de árboles en áreas preferentemente forestales, es una medida impuesta por la RCA, como resultado de haber sido sometido el proyecto de distribución de energía eléctrica a la CONAMA, en virtud de los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 19.300 que mandan a que los proyectos eléctricos, entre otras actividades, sean sometidos al SEIA, si su desarrollo pone en peligro el medio ambiente. En este sentido, la aprobación del plan de manejo no era una mera recomendación por parte de la autoridad administrativa ambiental, sino que era una medida obligatoria de ésta, sujeta por tanto a la ¿scalización y que de no ser cumplida derivaría incluso en la revocación de la RCA, según el artículo 64 de la Ley Nº 19.300.50 Esta medida podría ser incluso más efectiva que las multas que establece el D.L. Nº 701, ya que implica una imposibilidad de seguir desarrollando el proyecto, pese a tener la concesión de energía eléctrica. Las multas, por su parte, muchas veces son gastos que las empresas pueden llegar a contemplar dentro de su actividad, e incluso que pueden traspasar a los consumidores, sin que sea un verdadero elemento de persuasión para no dañar el bosque nativo.

Asimismo, la Corte de Apelaciones condenó a la concesionaria a pagar la multa del artículo 21 del D.L. Nº 701, incisos 4º y 5º; sin embargo, esta sanción no incluye la obligación de reforestar, por lo que el daño al medio ambiente permanece. Asumimos que la Administración no quiere imponer

Tamaña diferencia se debe tal vez a esta profusa legislación en materia de bosques, que muchas veces no está debidamente sistematizada o concordada, por lo que no siempre responde a las necesidades de conservación de las especies. Como consecuencia de esto, muchas veces la solución de los conÀictos entre los derechos de quien tiene a su favor una servidumbre eléctrica, y el bosque nativo, queda íntegramente en manos del juez, quien sólo se limita a resolver en base a consideraciones accesorias como el criterio de especialidad de una norma, sin hacer un análisis más profundizado del problema ambiental que signi¿caría una tala irresponsable del bosque nativo, por una parte, y la limitación al libre ejercicio de los derechos por la otra.

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más gravámenes ni gastos excesivos a las concesionarias de energía eléctrica que necesiten instalar tendido eléctrico y se vean en la obligación de cortar árboles, en orden a resguardar el derecho a la libre iniciativa económica, del artículo 19 Nº 21 de la Constitución, a lo que debemos sumar el hecho de que no es posible que frente a cada tala de bosque nativo se paralice una faena de instalación de servicio eléctrico, paralizando con ello la distribución de energía, en circunstancias de que ésta, por su calidad de servicio público, sólo puede dejar de prestarse en casos cali¿cados. Sin perjuicio de lo anterior, lo expuesto en el párrafo precedente suele tomarse como una excusa para privilegiar el bien económico en perjuicio del medio ambiente y en especial del bosque nativo. Esto es evidente en el caso de las llamadas zonas preferentemente forestales, en que la protección está dirigida al terreno como fuente de producción agrícola, más que al bosque nativo que en ella se contenga, que sería más bien un elemento accesorio, que podría añadir una protección especial. Frente a este problema, una solución podría ser la de incentivar el establecimiento de servidumbres de paso de líneas y energía eléctrica, cuyas instalaciones ya han intervenido bienes nacionales de uso público, por lo que no sería necesaria para la empresa sirviente la tala de árboles de un bosque nativo para hacer sus propias instalaciones. Otra forma de reforzar la protección del bosque nativo frente a las servidumbres de postación, sería la inclusión de éstos dentro de los bienes nacionales de uso público en proyectos como el que actualmente se discute en el Senado bajo el nombre de “Proyecto de ley que establece la obligatoriedad para las empresas que utilicen sistemas de postes y cables que atraviesen bienes nacionales de uso público”. Recordemos que dicho proyecto obliga a trasladar a espacios subterráneos, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, que atraviesen calles o caminos de uso público, por lo que sólo se aplicaría a zonas urbanas. Finalmente, es interesante observar cómo en el derecho comparado se están creando mecanismos de protección del bosque nativo, que incluso se basan más en el tema económico, que en el deber de cuidar el patrimonio medioambiental. Un claro ejemplo de esto ha sido la certi¿cación forestal, cuya lógica es similar a la venta de bonos de carbono, con la diferencia de que en el caso de la certi¿cación forestal, más que comprar el derecho a contaminar, se premia pecuniariamente la elección de métodos más amiga-

Finalmente, es interesante observar cómo en el derecho comparado se están creando mecanismos de protección del bosque nativo, que incluso se basan más en el tema económico, que en el deber de cuidar el patrimonio medioambiental. Un claro ejemplo de esto ha sido la certi¿cación forestal, cuya lógica es similar a la venta de bonos de carbono, con la diferencia de que en el caso de la certi¿cación forestal, más que comprar el derecho a contaminar, se premia pecuniariamente la elección de métodos más amigaFrente a este problema, una solución podría ser la de incentivar el establecimiento de servidumbres de paso de líneas y energía eléctrica, cuyas instalaciones ya han intervenido bienes nacionales de uso público, por lo que no sería necesaria para la empresa sirviente la tala de árboles de un bosque nativo para hacer sus propias instalaciones. Otra forma de reforzar la protección del bosque nativo frente a las servidumbres de postación, sería la inclusión de éstos dentro de los bienes nacionales de uso público en proyectos como el que actualmente se discute en el Senado bajo el nombre de “Proyecto de ley que establece la obligatoriedad para las empresas que utilicen sistemas de postes y cables que atraviesen bienes nacionales de uso público”. Recordemos que dicho proyecto obliga a trasladar a espacios subterráneos, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, que atraviesen calles o caminos de uso público, por lo que sólo se aplicaría a zonas urbanas. Sin perjuicio de lo anterior, lo expuesto en el párrafo precedente suele tomarse como una excusa para privilegiar el bien económico en perjuicio del medio ambiente y en especial del bosque nativo. Esto es evidente en el caso de las llamadas zonas preferentemente forestales, en que la protección está dirigida al terreno como fuente de producción agrícola, más que al bosque nativo que en ella se contenga, que sería más bien un elemento accesorio, que podría añadir una protección especial. más gravámenes ni gastos excesivos a las concesionarias de energía eléctrica que necesiten instalar tendido eléctrico y se vean en la obligación de cortar árboles, en orden a resguardar el derecho a la libre iniciativa económica, del artículo 19 Nº 21 de la Constitución, a lo que debemos sumar el hecho de que no es posible que frente a cada tala de bosque nativo se paralice una faena de instalación de servicio eléctrico, paralizando con ello la distribución de energía, en circunstancias de que ésta, por su calidad de servicio público, sólo puede dejar de prestarse en casos cali¿cados. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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NATALIA FRANCO PEREIRA

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): Derecho Eléctrico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 439 pp.

bles con el bosque nativo. Si bien la certi¿cación forestal sólo es aplicable a la actividad forestal de explotación de madera, urge crear mecanismos análogos, que se puedan aplicar a los casos de servidumbres que impliquen la tala de bosque nativo sin ¿nes eminentemente comerciales.

VARGAS PÉREZ, Matías (1995): “El Bosque Nativo como Riqueza Nacional: su protección jurídica y limitaciones al derecho de propiedad” (Tesis, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), 172 pp.

URRUTIA BARRERA, Jorge Daniel (2008): “Protección del bosque frente a servidumbres de los títulos concesionales¨ (Tesis, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), 88 pp.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

SHEPPARD HALE, E. (2000): “Certi¿cación forestal: un mecanismo de mercado para la protección de los bosques chilenos”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 27, pp. 103-133.

ABARA ELÍAS, Fernando (1998): “El área de inÀuencia en las servidumbres de paso de electricidad”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 25, pp. 489.

HONORATO DUMAY, Max (1982): “Objetivos de la legislación forestal en el derecho comparado” (Tesis, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), pp. 223.

CHARME ACKERMANN, Camilo (2002): “La servidumbre eléctrica como limitación al derecho de propiedad privada: análisis de su legitimidad constitucional” (Tesis, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), 172 pp.

HENRÍQUEZ CASTILLO, Karina (2001): “Regulación Ambiental y empresas eléctricas”, en Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales, Vol. 3, pp. 731-737.

CORTÉS NIEME, Alberto (2000): “Labores y servidumbres mineras en terrenos con arbolados y bosques”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 27, pp. 597-619.

EVANS, Eugenio y SEEGER, María Carolina (2006): Derecho Eléctrico (Santiago, LexisNexis), 607 pp.

EVANS, Eugenio y SEEGER, María Carolina (2006): Derecho Eléctrico (Santiago, LexisNexis), 607 pp.

CORTÉS NIEME, Alberto (2000): “Labores y servidumbres mineras en terrenos con arbolados y bosques”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 27, pp. 597-619.

HENRÍQUEZ CASTILLO, Karina (2001): “Regulación Ambiental y empresas eléctricas”, en Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales, Vol. 3, pp. 731-737.

CHARME ACKERMANN, Camilo (2002): “La servidumbre eléctrica como limitación al derecho de propiedad privada: análisis de su legitimidad constitucional” (Tesis, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), 172 pp.

HONORATO DUMAY, Max (1982): “Objetivos de la legislación forestal en el derecho comparado” (Tesis, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), pp. 223.

ABARA ELÍAS, Fernando (1998): “El área de inÀuencia en las servidumbres de paso de electricidad”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 25, pp. 489.

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URRUTIA BARRERA, Jorge Daniel (2008): “Protección del bosque frente a servidumbres de los títulos concesionales¨ (Tesis, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), 88 pp.

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VARGAS PÉREZ, Matías (1995): “El Bosque Nativo como Riqueza Nacional: su protección jurídica y limitaciones al derecho de propiedad” (Tesis, Ponti¿cia Universidad Católica de Chile), 172 pp.

bles con el bosque nativo. Si bien la certi¿cación forestal sólo es aplicable a la actividad forestal de explotación de madera, urge crear mecanismos análogos, que se puedan aplicar a los casos de servidumbres que impliquen la tala de bosque nativo sin ¿nes eminentemente comerciales.

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): Derecho Eléctrico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 439 pp.

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NATALIA FRANCO PEREIRA

SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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VIAL VIAL, Gonzalo (2001): “Regulación Ambiental y empresas eléctricas”, en Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales, Vol. 3. pp. 765-770. NORMAS CITADAS

Corte Suprema. Rol Nº 6199-1999. Recurso de protección, Raúl Du Belloy Faulhaber y otra con Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Corte Suprema, Rol Nº 6397-2008. Corte de Apelaciones de Rancagua. Rol 853-2000, Corporación Nacional Forestal con Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A. JURISPRUDENCIA CITADA Resolución Exenta Nº 380 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos.

Artículos 19 Nºs. 8, 21, inciso 1º, 23 inciso 2º, 24, inciso 2º y 26 de la Constitucion Política de la República.

Reglamento del D.L. Nº 701, contenido en el Decreto Nº 259, artículo 21.

Artículos 7º y 10 Nºs. 1 y 11 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Artículos 69 y ss. y 96 y ss. del Código de Aguas.

Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo, cuyo texto refundido es el D.F.L. Nº 4, artículos 2º Nº 18, 7, 8º inciso 2, 19, 21, 22, 30 y 57. Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica Nº 19.657; artículo 26 Nº 2.

Artículos 595 y 589 del Código Civil.

Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, artículos 10 letra p, 11, 22, 30, 37, 42, 47 letra c, y 64.

Artículos 10, 21 y 22 del D.L. Nº 701 sobre fomento forestal. Decreto Supremo Nº 4.363 (1931) aprueba texto de¿nitivo de Ley de bosques, artículo 5º. Ley General de Servicios Eléctricos (LSE) D.F.L. Nº 1 de 1982; en materia de energía eléctrica, artículos 1º, 2º Nº 2, 8º, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 33, 48, 50, 51, 53, 54, 68 y 147.

Ley General de Servicios Eléctricos (LSE) D.F.L. Nº 1 de 1982; en materia de energía eléctrica, artículos 1º, 2º Nº 2, 8º, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 33, 48, 50, 51, 53, 54, 68 y 147. Decreto Supremo Nº 4.363 (1931) aprueba texto de¿nitivo de Ley de bosques, artículo 5º. Artículos 10, 21 y 22 del D.L. Nº 701 sobre fomento forestal.

Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, artículos 10 letra p, 11, 22, 30, 37, 42, 47 letra c, y 64.

Artículos 595 y 589 del Código Civil.

Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica Nº 19.657; artículo 26 Nº 2.

Artículos 69 y ss. y 96 y ss. del Código de Aguas.

Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo, cuyo texto refundido es el D.F.L. Nº 4, artículos 2º Nº 18, 7, 8º inciso 2, 19, 21, 22, 30 y 57. Reglamento del D.L. Nº 701, contenido en el Decreto Nº 259, artículo 21. Resolución Exenta Nº 380 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos. JURISPRUDENCIA CITADA Corte de Apelaciones de Rancagua. Rol 853-2000, Corporación Nacional Forestal con Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A. Corte Suprema, Rol Nº 6397-2008. Corte Suprema. Rol Nº 6199-1999. Recurso de protección, Raúl Du Belloy Faulhaber y otra con Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

Artículos 7º y 10 Nºs. 1 y 11 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Artículos 19 Nºs. 8, 21, inciso 1º, 23 inciso 2º, 24, inciso 2º y 26 de la Constitucion Política de la República. NORMAS CITADAS VIAL VIAL, Gonzalo (2001): “Regulación Ambiental y empresas eléctricas”, en Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales, Vol. 3. pp. 765-770. SISTEMA CONCESIONAL Y AUTORIZACIONAL EN MATERIA DE BOSQUES

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Abogada, Universidad de Chile. MSc in Regulation, London School of Economics and Political Science. *

EN CONTRA DE LA CORRIENTE.

Los reguladores independientes se han transformado en la solución institucional “modelo”, al ser considerados como una solución e¿ciente a diversos problemas y desafíos, como el de inconsistencia temporal, que según alguna teoría económica impide a los actores políticos establecer compromisos de largo plazo respecto de sus políticas, las asimetrías de información entre el sector público y la industria a regular, las presiones supra e internacionales hacia modelos institucionales que cumplan ciertos estándares e incluso por la necesidad de transferir la responsabilidad por decisiones impopulares necesarias para mejorar la e¿ciencia de los sectores económicos involucrados en profundos procesos de reforma. Los problemas antes reseñados son especialmente críticos en los servicios de infraestructura, que se caracterizan por largas economías de escala y de

LAS DECISIONES INSTITUCIONALES EN RELACIÓN AL REGULADOR ELÉCTRICO

La existencia de agencias regulatorias independientes es considerada por una parte de la literatura académica, gestores públicos y organismos internacionales como la principal característica del actual estado del arte en el ámbito regulatorio. Ello es consecuencia del giro observado desde un Estado que ejecuta, en la forma de organismos públicos proveedores de un amplio rango de servicios, hacia otro denominado Estado regulador que “marca el rumbo” o conduce, trans¿riendo esos servicios al sector privado, bajo estándares y normas formales en mercados crecientemente abiertos.

La existencia de agencias regulatorias independientes es considerada por una parte de la literatura académica, gestores públicos y organismos internacionales como la principal característica del actual estado del arte en el ámbito regulatorio. Ello es consecuencia del giro observado desde un Estado que ejecuta, en la forma de organismos públicos proveedores de un amplio rango de servicios, hacia otro denominado Estado regulador que “marca el rumbo” o conduce, trans¿riendo esos servicios al sector privado, bajo estándares y normas formales en mercados crecientemente abiertos.

RESUMEN

Los reguladores independientes se han transformado en la solución institucional “modelo”, al ser considerados como una solución e¿ciente a diversos problemas y desafíos, como el de inconsistencia temporal, que según alguna teoría económica impide a los actores políticos establecer compromisos de largo plazo respecto de sus políticas, las asimetrías de información entre el sector público y la industria a regular, las presiones supra e internacionales hacia modelos institucionales que cumplan ciertos estándares e incluso por la necesidad de transferir la responsabilidad por decisiones impopulares necesarias para mejorar la e¿ciencia de los sectores económicos involucrados en profundos procesos de reforma. Los problemas antes reseñados son especialmente críticos en los servicios de infraestructura, que se caracterizan por largas economías de escala y de RESUMEN DANIELA GONZÁLEZ DURÁN*

EN CONTRA DE LA CORRIENTE.

LAS DECISIONES INSTITUCIONALES EN RELACIÓN AL REGULADOR ELÉCTRICO DANIELA GONZÁLEZ DURÁN*

* Abogada, Universidad de Chile. MSc in Regulation, London School of Economics and Political Science.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

Las agencias regulatorias independientes se consideran la principal característica del actual estado del arte a nivel internacional en lo que se re¿ere al rol que ejerce el Estado respecto de diversos sectores económicos. En efecto, desde hace décadas en diversas partes del mundo se dio un giro desde un Estado que ejecutaba, proveyendo de una amplia gama de bienes y servicios hacia un modelo de Estado que “guía”, trans¿riendo esos servicios al sector privado bajo normas y estándares formales en mercados crecientemente más abiertos. Los énfasis en las políticas públicas redistributivas y de estabilización macroeconómicas han dado paso a uno

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I. INTRODUCCIÓN

alcance, fuertes costos hundidos y activos no reutilizables. Además, ellos usualmente se consideran esenciales para un estándar mínimo de vida de la población, por lo que están habitualmente expuestos a altos niveles de interferencia política.

En Chile, es posible sostener que las características de sus instituciones han inÀuido en las opciones del regulador. Los esfuerzos realizados en reformar el sector eléctrico en especí¿co han sido radicales, pioneros y generalmente exitosos. Las características de la con¿guración institucional chilena han permitido al país establecer un régimen regulatorio creíble aun sin una genuina delegación a una agencia regulatoria independiente. En este caso, un sistema basado en incentivos establecidos por normas detalladas apoyado por una gobernanza regulatoria de buena calidad han podido proveer a los inversores privados de señales de compromiso creíbles.

Sin embargo, tras la aparente tendencia a un modelo de agencia independiente que se observa en países de occidente y en otras regiones del mundo, pueden hallarse grandes diferencias en torno a las decisiones adoptadas por estos países en su delegación a este tipo de organismos, la amplitud de las responsabilidades delegadas, el momento de creación de las agencias y su diseño especí¿co. Esto ocurre porque la decisión de introducir un regulador independiente se ve afectada por las características nacionales. En países con una con¿guración institucional que restringe la discrecionalidad regulatoria, los legisladores tienen a su alcance mayores alternativas regulatorias.

Sin embargo, tras la aparente tendencia a un modelo de agencia independiente que se observa en países de occidente y en otras regiones del mundo, pueden hallarse grandes diferencias en torno a las decisiones adoptadas por estos países en su delegación a este tipo de organismos, la amplitud de las responsabilidades delegadas, el momento de creación de las agencias y su diseño especí¿co. Esto ocurre porque la decisión de introducir un regulador independiente se ve afectada por las características nacionales. En países con una con¿guración institucional que restringe la discrecionalidad regulatoria, los legisladores tienen a su alcance mayores alternativas regulatorias.

En Chile, es posible sostener que las características de sus instituciones han inÀuido en las opciones del regulador. Los esfuerzos realizados en reformar el sector eléctrico en especí¿co han sido radicales, pioneros y generalmente exitosos. Las características de la con¿guración institucional chilena han permitido al país establecer un régimen regulatorio creíble aun sin una genuina delegación a una agencia regulatoria independiente. En este caso, un sistema basado en incentivos establecidos por normas detalladas apoyado por una gobernanza regulatoria de buena calidad han podido proveer a los inversores privados de señales de compromiso creíbles.

alcance, fuertes costos hundidos y activos no reutilizables. Además, ellos usualmente se consideran esenciales para un estándar mínimo de vida de la población, por lo que están habitualmente expuestos a altos niveles de interferencia política.

I. INTRODUCCIÓN

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

Las agencias regulatorias independientes se consideran la principal característica del actual estado del arte a nivel internacional en lo que se re¿ere al rol que ejerce el Estado respecto de diversos sectores económicos. En efecto, desde hace décadas en diversas partes del mundo se dio un giro desde un Estado que ejecutaba, proveyendo de una amplia gama de bienes y servicios hacia un modelo de Estado que “guía”, trans¿riendo esos servicios al sector privado bajo normas y estándares formales en mercados crecientemente más abiertos. Los énfasis en las políticas públicas redistributivas y de estabilización macroeconómicas han dado paso a uno

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3

LODGE y STIRTON (2006), p. 491.

4

SCHAMIS (2002).

5

POLLIT (2004), p. 1.

Sobre el Estado Regulador se ha consultado GILARDI (2008), JORDANA y LEVI-FAUR, 2004, LEVI-FAUR (2005); LODGE y STIRTON (2008) MAJONE (1994) y STERN (2007). 2

1 CUBBIN

y STERN (2006). El énfasis es nuestro.

En segundo lugar, aunque Chile fue el primer país en América Latina en “consolidar la regulación como un sistema de gobernanza sobre una amplia gama de sectores”, y pese a ello “tendió a no dotar a sus agencias El cuadro recién delineado será analizado en el contexto de un caso: el regulador eléctrico chileno. El caso chileno es interesante por dos razones. Primero, nuestro país fue pionero en la implementación de un proceso amplio de privatización especialmente enfocado en los servicios públicos4 y el primero en el mundo en desarrollar una “reforma comprehensiva de su sector eléctrico en el pasado reciente” que han inÀuido posteriores reformas en otros países de América Latina.5 Aunque los aspectos económicos de las reformas implementadas en Chile durante los años 70 y 80 han llamado la atención de economistas y cientistas políticos por muchos años, los aspectos institucionales del proceso no han recibido la misma atención. Sin embargo, profundas diferencias entre países, respecto a los tiempos en que han introducido sus reformas, la profundidad de las mismas y el diseño institucional que las ha acompañado ponen en duda explicaciones puramente económicas que abogan por la existencia de este modelo institucional estándar. Se ha cuestionado por qué algunos países no han realizado una genuina delegación hacia agencias independientes y por qué esos países no han pagado el costo de esta omisión.3 Esa es la controversia a analizar en este trabajo. enfocado en la creación de reglas, es decir, en la regulación. Esto, a su turno, ha conducido a un nuevo modelo de gobernanza a través de los reguladores autónomos que se ha convertido en “la solución institucional estándar”.1 Es lo que se ha denominado el surgimiento del Estado Regulador,2 que parece ser el camino común que se ha seguido en Europa Occidental y en otras regiones del mundo. Los países de América Latina habrían seguido el mismo patrón. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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enfocado en la creación de reglas, es decir, en la regulación. Esto, a su turno, ha conducido a un nuevo modelo de gobernanza a través de los reguladores autónomos que se ha convertido en “la solución institucional estándar”.1 Es lo que se ha denominado el surgimiento del Estado Regulador,2 que parece ser el camino común que se ha seguido en Europa Occidental y en otras regiones del mundo. Los países de América Latina habrían seguido el mismo patrón. Sin embargo, profundas diferencias entre países, respecto a los tiempos en que han introducido sus reformas, la profundidad de las mismas y el diseño institucional que las ha acompañado ponen en duda explicaciones puramente económicas que abogan por la existencia de este modelo institucional estándar. Se ha cuestionado por qué algunos países no han realizado una genuina delegación hacia agencias independientes y por qué esos países no han pagado el costo de esta omisión.3 Esa es la controversia a analizar en este trabajo. El cuadro recién delineado será analizado en el contexto de un caso: el regulador eléctrico chileno. El caso chileno es interesante por dos razones. Primero, nuestro país fue pionero en la implementación de un proceso amplio de privatización especialmente enfocado en los servicios públicos4 y el primero en el mundo en desarrollar una “reforma comprehensiva de su sector eléctrico en el pasado reciente” que han inÀuido posteriores reformas en otros países de América Latina.5 Aunque los aspectos económicos de las reformas implementadas en Chile durante los años 70 y 80 han llamado la atención de economistas y cientistas políticos por muchos años, los aspectos institucionales del proceso no han recibido la misma atención. En segundo lugar, aunque Chile fue el primer país en América Latina en “consolidar la regulación como un sistema de gobernanza sobre una amplia gama de sectores”, y pese a ello “tendió a no dotar a sus agencias 1 CUBBIN

y STERN (2006). El énfasis es nuestro.

2 Sobre el Estado Regulador se ha consultado GILARDI (2008), JORDANA y LEVI-FAUR, 2004, LEVI-FAUR (2005); LODGE y STIRTON (2008) MAJONE (1994) y STERN (2007).

POLLIT (2004), p. 1.

5

SCHAMIS (2002).

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LODGE y STIRTON (2006), p. 491.

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de demasiada autonomía”.6 No obstante este hecho, las reformas en Chile han sido consideradas en general exitosas.7 268

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

HENNEMEYER (1998), p. 255.

Este trabajo no intenta invalidar la hipótesis del Estado regulador, sino analizar por qué el sector privado pudo encontrar creíble o con¿able un sistema regulatorio particular, aun en ausencia de un regulador independiente contra la corriente de lo que se ha instalado como modelo. La experiencia chilena puede ofrecer algún elemento analítico respecto del rol de las instituciones regulatorias nacionales que puedan tomarse en cuenta al diseñar un modelo universal que pueda tender a considerar a las agencias regulatorias independientes como una medida en sí misma su¿ciente para un sistema regulatorio e¿ciente, ignorando otras consideraciones.

Ver entre otros OCDE (2005) y POLLIT (2004).

8

El caso seleccionado será analizado usando el prisma de la teoría del “institucional endowment” o atributos institucionales, desarrollada por LEVY y SPILLER (1994), el cual reconoce que las instituciones políticas y otras características nacionales apoyan los compromisos de la clase política respecto de sus decisiones de políticas públicas. Estas características pueden actuar como un equivalente a la delegación. Así, el éxito del marco regulatorio, no descansaría sobre un determinado modelo de agencia regulatoria, sino en una buena combinación entre la gobernanza regulatoria y sus incentivos con la con¿guración institucional del país. Este documento concluye que el marco regulatorio chileno fue el resultado de un buen tándem entre medidas innovadoras y tradiciones de larga data que se han armonizado razonablemente bien desde un punto de vista institucional y han creado un sustituto aceptable a la delegación al momento de diseñar un modelo creíble.

and LEVI-FAUR (2006), p. 13.

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II. REGÍMENES CREÍBLES

6 JORDANA

En América Latina, las reformas económicas de gran escala que ocurrieron a contar de los años 80, promovieron la privatización, la liberalización y la integración de las economías nacionales al mundo, poniendo freno a la hiperinÀación y la crisis de la deuda.8 Este proceso representa

En América Latina, las reformas económicas de gran escala que ocurrieron a contar de los años 80, promovieron la privatización, la liberalización y la integración de las economías nacionales al mundo, poniendo freno a la hiperinÀación y la crisis de la deuda.8 Este proceso representa

and LEVI-FAUR (2006), p. 13.

II. REGÍMENES CREÍBLES

6 JORDANA

El caso seleccionado será analizado usando el prisma de la teoría del “institucional endowment” o atributos institucionales, desarrollada por LEVY y SPILLER (1994), el cual reconoce que las instituciones políticas y otras características nacionales apoyan los compromisos de la clase política respecto de sus decisiones de políticas públicas. Estas características pueden actuar como un equivalente a la delegación. Así, el éxito del marco regulatorio, no descansaría sobre un determinado modelo de agencia regulatoria, sino en una buena combinación entre la gobernanza regulatoria y sus incentivos con la con¿guración institucional del país. Este documento concluye que el marco regulatorio chileno fue el resultado de un buen tándem entre medidas innovadoras y tradiciones de larga data que se han armonizado razonablemente bien desde un punto de vista institucional y han creado un sustituto aceptable a la delegación al momento de diseñar un modelo creíble.

Ver entre otros OCDE (2005) y POLLIT (2004).

Este trabajo no intenta invalidar la hipótesis del Estado regulador, sino analizar por qué el sector privado pudo encontrar creíble o con¿able un sistema regulatorio particular, aun en ausencia de un regulador independiente contra la corriente de lo que se ha instalado como modelo. La experiencia chilena puede ofrecer algún elemento analítico respecto del rol de las instituciones regulatorias nacionales que puedan tomarse en cuenta al diseñar un modelo universal que pueda tender a considerar a las agencias regulatorias independientes como una medida en sí misma su¿ciente para un sistema regulatorio e¿ciente, ignorando otras consideraciones.

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de demasiada autonomía”.6 No obstante este hecho, las reformas en Chile han sido consideradas en general exitosas.7

HENNEMEYER (1998), p. 255.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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un cambio fundamental desde el modelo que predominó en las décadas de posguerra. El antiguo modelo de desarrollo regional enfatizaba la industrialización liderada por el Estado y la sustitución de importaciones. El Estado ejerció diferentes roles como regulador, operador y propietario de los medios de producción en diversos sectores económicos, incluyendo los servicios públicos, que son el foco de este trabajo. La intervención política en las compañías públicas para satisfacer demandas sociales de empleo o de cobertura universal fue frecuente. Luego de años de subinversiones las compañías estatales ofrecían muchas veces servicios de¿cientes, altos dé¿cits públicos y necesitaban de inversiones signi¿cativas para expandir y modernizar sus redes.9 Ese fue el contexto en el que se iniciaron las reformas. Alguna aproximación económica a este tema indica que las condiciones de los períodos electorales, el oportunismo político y los posibles cambios de preferencias en la clase dirigente impiden a los políticos contraer lo que ciertos autores denominan “compromiso creíble”, concepto referido a la estabilidad de las reglas del juego como una garantía para los inversionistas nacionales y extranjeros de que las decisiones regulatorias que se toman por un gobierno no serán fácilmente afectadas por los vaivenes políticos.10 Bajo este prisma, los inversionistas privados sólo con¿arán en que los gobiernos no variarán los procesos de privatización y liberalización si sus compromisos son creíbles. A su turno, la habilidad de un gobierno para diseñar un régimen creíble dependerá de las salvaguardas institucionales “que aumenten el costo de abjurar de un compromiso político previo”.11 Por lo anterior, los países en que las limitaciones para la reversión de las decisiones de política son bajos, serán menos e¿cientes atrayendo Àujos de inversión. La lógica funcional de la delegación a las agencias regulatorias independientes descansa sobre la idea de que la mayor parte de los países han enfrentado los mismos problemas y han sabido superarlos con la misma solución: el diseño apropiado de una institucionalidad –las agencias regulatorias independientes– capaz de resolver el problema de credibilidad y predeterminar 9

LEVI-FAUR and JORDANA (2005).

10

GILARDI (2008).

11

HENISZ and ZEKNER (2001), p. 127. La traducción es nuestra.

HENISZ and ZEKNER (2001), p. 127. La traducción es nuestra.

11

GILARDI (2008).

10 9

LEVI-FAUR and JORDANA (2005).

La lógica funcional de la delegación a las agencias regulatorias independientes descansa sobre la idea de que la mayor parte de los países han enfrentado los mismos problemas y han sabido superarlos con la misma solución: el diseño apropiado de una institucionalidad –las agencias regulatorias independientes– capaz de resolver el problema de credibilidad y predeterminar Alguna aproximación económica a este tema indica que las condiciones de los períodos electorales, el oportunismo político y los posibles cambios de preferencias en la clase dirigente impiden a los políticos contraer lo que ciertos autores denominan “compromiso creíble”, concepto referido a la estabilidad de las reglas del juego como una garantía para los inversionistas nacionales y extranjeros de que las decisiones regulatorias que se toman por un gobierno no serán fácilmente afectadas por los vaivenes políticos.10 Bajo este prisma, los inversionistas privados sólo con¿arán en que los gobiernos no variarán los procesos de privatización y liberalización si sus compromisos son creíbles. A su turno, la habilidad de un gobierno para diseñar un régimen creíble dependerá de las salvaguardas institucionales “que aumenten el costo de abjurar de un compromiso político previo”.11 Por lo anterior, los países en que las limitaciones para la reversión de las decisiones de política son bajos, serán menos e¿cientes atrayendo Àujos de inversión. El antiguo modelo de desarrollo regional enfatizaba la industrialización liderada por el Estado y la sustitución de importaciones. El Estado ejerció diferentes roles como regulador, operador y propietario de los medios de producción en diversos sectores económicos, incluyendo los servicios públicos, que son el foco de este trabajo. La intervención política en las compañías públicas para satisfacer demandas sociales de empleo o de cobertura universal fue frecuente. Luego de años de subinversiones las compañías estatales ofrecían muchas veces servicios de¿cientes, altos dé¿cits públicos y necesitaban de inversiones signi¿cativas para expandir y modernizar sus redes.9 Ese fue el contexto en el que se iniciaron las reformas. un cambio fundamental desde el modelo que predominó en las décadas de posguerra. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

269

270

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

“futuros patrones de acción”.12 En la era del Estado Regulador, la regulación y la creación de este tipo de organizaciones han ido de la mano.13 Esta es la aproximación tomada por MAJONE al de¿nir las agencias reguladoras independientes como organizaciones que no están sujetas a las mayorías políticas, especializadas, mono-propósito e independientes, que buscan la e¿ciencia económica como objetivo y como medida del bien común. La creación de estas agencias es la respuesta racional a los requerimientos de expertiz técnica y al problema de la inconsistencia temporal que afecta a los actores políticos. Las agencias reguladoras independientes son también herramientas útiles para redirigir la culpa por las decisiones impopulares que se requieren adoptar para mejorar la e¿ciencia de la industria y una adecuada reacción a las demandas de organismos internacionales y supranacionales por la adopción de ciertos estándares regulatorios.14 El rol de las agencias regulatorias independientes parece ser crítico cuando se re¿ere a las industrias de servicios públicos. Como enfatiza THATCHER,15 en estos sectores la necesidad de separar las políticas públicas y la regulación es esencial para generar políticas creíbles. Son sectores intensivos en el uso de capital, de fuertes costos hundidos, los activos son en su mayor parte no reutilizables y necesitan de economías de escala y alcance para operar con e¿ciencia. Además, constituyen servicios esenciales para alcanzar un estándar de vida mínimo para la ciudadanía. Estas características proveen fuertes incentivos para la expropiación directa o a través del control de precios o de costosas obligaciones de servicio universal. El estándar institucional adoptado para responder a estos desafíos forma parte de los nuevos regímenes regulatorios alrededor del mundo, a pesar de las diferencias nacionales en “el estilo de hacer políticas públicas” a decir de BARTLE.16 Los países de Latinoamérica no han sido la excepción. En esta línea MONTOYA y TRILLAS han señalado que el principal desafío enfrentado

CHRISTENSEN and LAEGREID (2006), p. 10. La traducción es nuestra.

13

WILKS y BARTLE (2002), p. 153. La traducción es nuestra.

12

14 Sobre el particular consultar MAJONE (1994 y 1999); THATCHER y SWEET (2002) y GILARDI (2008).

THATCHER (2002).

15

BARTLE (2002). CHRISTENSEN and LAEGREID (2006), p. 10. La traducción es nuestra.

BARTLE (2002).

THATCHER (2002).

16

(1994 y 1999); THATCHER y SWEET (2002) y GILARDI

WILKS y BARTLE (2002), p. 153. La traducción es nuestra.

13

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

16

15

(2008). 14 Sobre el particular consultar MAJONE 12

El estándar institucional adoptado para responder a estos desafíos forma parte de los nuevos regímenes regulatorios alrededor del mundo, a pesar de las diferencias nacionales en “el estilo de hacer políticas públicas” a decir de BARTLE.16 Los países de Latinoamérica no han sido la excepción. En esta línea MONTOYA y TRILLAS han señalado que el principal desafío enfrentado El rol de las agencias regulatorias independientes parece ser crítico cuando se re¿ere a las industrias de servicios públicos. Como enfatiza THATCHER,15 en estos sectores la necesidad de separar las políticas públicas y la regulación es esencial para generar políticas creíbles. Son sectores intensivos en el uso de capital, de fuertes costos hundidos, los activos son en su mayor parte no reutilizables y necesitan de economías de escala y alcance para operar con e¿ciencia. Además, constituyen servicios esenciales para alcanzar un estándar de vida mínimo para la ciudadanía. Estas características proveen fuertes incentivos para la expropiación directa o a través del control de precios o de costosas obligaciones de servicio universal. Esta es la aproximación tomada por MAJONE al de¿nir las agencias reguladoras independientes como organizaciones que no están sujetas a las mayorías políticas, especializadas, mono-propósito e independientes, que buscan la e¿ciencia económica como objetivo y como medida del bien común. La creación de estas agencias es la respuesta racional a los requerimientos de expertiz técnica y al problema de la inconsistencia temporal que afecta a los actores políticos. Las agencias reguladoras independientes son también herramientas útiles para redirigir la culpa por las decisiones impopulares que se requieren adoptar para mejorar la e¿ciencia de la industria y una adecuada reacción a las demandas de organismos internacionales y supranacionales por la adopción de ciertos estándares regulatorios.14 “futuros patrones de acción”.12 En la era del Estado Regulador, la regulación y la creación de este tipo de organizaciones han ido de la mano.13 270

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

271

por los países de la región en su proceso de reforma de diversos sectores de la economía fue precisamente crear marcos regulatorios que pudiesen ofrecer garantías contra la expropiación.17 JORDANA y LEVI-FAUR, basados en sus estudios de los procesos de reforma desarrollados en 19 países latinoamericanos, han con¿rmado la emergencia del Estado Regulador en la región. Los autores han observado un patrón común hacia la privatización, la liberalización y el modelo de agencias regulatorias independientes a pesar de las diferencias de desempeño, tradiciones jurídicas o del contexto económico de esos países.18 La difusión de los reguladores independientes en esta región según estos autores se habría producido o propiciado por procesos de emulación y aprendizaje social a través de las redes de la clase dirigente y de las comunidades de expertos.19 En el sector eléctrico, los esfuerzos de reforma se iniciaron en Chile a comienzos de los años 80. De ahí en adelante otros países se movieron en una dirección similar. Argentina en 1991, Perú en 1992, Bolivia en 1994, Colombia y Brasil en 1995 y así sucesivamente. Cuadro 1: Elementos comunes de las reformas •

Separación de roles entre la propiedad, la operación y la regulación

•

Reestructura de la integración vertical de las industrias

•

Acceso a las redes de transporte

•

Sistema de precios por incentivos

•

Propiedad y operación en manos del sector privado de la existente y nueva infraestructura.

Basada en HENNEMEYER (1998) y FISHER y SERRA (2000).

Como era de esperar, el nuevo marco regulatorio adoptado en los países latinoamericanos incluyó la creación de agencias regulatorias independientes, al menos en la forma. Así, ANDRÉS y otros, en su estudio sobre las agencias regulatorias eléctricas en América Latina y el Caribe, muestran que la región optó por este modelo. 17

MONTOYA y TRILLAS (2007).

18 JORDANA

y LEVI-FAUR (2004), p. 18.

19 JORDANA

y LEVI-FAUR (2004), p. 33.

y LEVI-FAUR (2004), p. 33.

19 JORDANA

y LEVI-FAUR (2004), p. 18.

18 JORDANA 17

MONTOYA y TRILLAS (2007).

Como era de esperar, el nuevo marco regulatorio adoptado en los países latinoamericanos incluyó la creación de agencias regulatorias independientes, al menos en la forma. Así, ANDRÉS y otros, en su estudio sobre las agencias regulatorias eléctricas en América Latina y el Caribe, muestran que la región optó por este modelo. Basada en HENNEMEYER (1998) y FISHER y SERRA (2000).

Propiedad y operación en manos del sector privado de la existente y nueva infraestructura.

•

Sistema de precios por incentivos

•

Acceso a las redes de transporte

•

Reestructura de la integración vertical de las industrias

•

Separación de roles entre la propiedad, la operación y la regulación

•

Cuadro 1: Elementos comunes de las reformas

En el sector eléctrico, los esfuerzos de reforma se iniciaron en Chile a comienzos de los años 80. De ahí en adelante otros países se movieron en una dirección similar. Argentina en 1991, Perú en 1992, Bolivia en 1994, Colombia y Brasil en 1995 y así sucesivamente. JORDANA y LEVI-FAUR, basados en sus estudios de los procesos de reforma desarrollados en 19 países latinoamericanos, han con¿rmado la emergencia del Estado Regulador en la región. Los autores han observado un patrón común hacia la privatización, la liberalización y el modelo de agencias regulatorias independientes a pesar de las diferencias de desempeño, tradiciones jurídicas o del contexto económico de esos países.18 La difusión de los reguladores independientes en esta región según estos autores se habría producido o propiciado por procesos de emulación y aprendizaje social a través de las redes de la clase dirigente y de las comunidades de expertos.19 por los países de la región en su proceso de reforma de diversos sectores de la economía fue precisamente crear marcos regulatorios que pudiesen ofrecer garantías contra la expropiación.17 EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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La Figura 1 ilustra esta a¿rmación.20

20 ANDRÉS

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

21 Ver Apéndice. Entre 19 países latinoamericanos incluidos en la Figura 1, Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay y Cuba no han creado una agencia regulatoria independiente. De estos países, sólo Chile y Colombia se embarcaron en reformas hacia la privatización y liberalización de su mercado eléctrico. El resto ha mantenido un modelo donde el Estado juega un rol central en el funcionamiento del sector.

272

y otros (2007).

La ¿ebre por las agencias y la explosión de agencias a que se re¿ere POLLIT et al. (2001) bien puede considerarse como representativa del estado actual en los países de la región. Sin embargo, el análisis del caso chileno parece mostrar que, detrás de esta tendencia común, existe espacio su¿ciente para diseños regulatorios divergentes.21 En efecto, los impulsores de la reforma chilena enfrentaron las mismas presiones y desafíos observados por el acercamiento económico antes descrito. En nuestro país también existió la necesidad de atraer inversión privada para mejorar y extender la red eléctrica, el deseo de aislar las tareas técnicas de las consideraciones políticas y los requerimientos de mayor experticia. Sin embargo, en Chile no se creó un órgano regulador independiente. Se puede cuestionar, entonces, la a¿rmación que los Estados encaran presiones y problemas estándares estableciendo soluciones institucionales estándares. Basado en ANDRÉS, GUASCH, DIOP and LÓPEZ (2007) y SIFONTES (2004) (Véase Apéndice). Basado en ANDRÉS, GUASCH, DIOP and LÓPEZ (2007) y SIFONTES (2004) (Véase Apéndice).

La ¿ebre por las agencias y la explosión de agencias a que se re¿ere POLLIT et al. (2001) bien puede considerarse como representativa del estado actual en los países de la región. Sin embargo, el análisis del caso chileno parece mostrar que, detrás de esta tendencia común, existe espacio su¿ciente para diseños regulatorios divergentes.21 En efecto, los impulsores de la reforma chilena enfrentaron las mismas presiones y desafíos observados por el acercamiento económico antes descrito. En nuestro país también existió la necesidad de atraer inversión privada para mejorar y extender la red eléctrica, el deseo de aislar las tareas técnicas de las consideraciones políticas y los requerimientos de mayor experticia. Sin embargo, en Chile no se creó un órgano regulador independiente. Se puede cuestionar, entonces, la a¿rmación que los Estados encaran presiones y problemas estándares estableciendo soluciones institucionales estándares. y otros (2007).

21 Ver Apéndice. Entre 19 países latinoamericanos incluidos en la Figura 1, Chile, Colombia,

La Figura 1 ilustra esta a¿rmación.20 DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

Venezuela, Paraguay y Cuba no han creado una agencia regulatoria independiente. De estos países, sólo Chile y Colombia se embarcaron en reformas hacia la privatización y liberalización de su mercado eléctrico. El resto ha mantenido un modelo donde el Estado juega un rol central en el funcionamiento del sector.

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20 ANDRÉS

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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Datos CNE 2009.

III. ESTUDIO DE CASO: EL REGULADOR ELÉCTRICO CHILENO 1. Datos generales En Chile existen 4 sistemas eléctricos, dos de los cuales tienen la característica de ser interconectados: El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) que cubre las prácticamente las tres primeras regiones del país; el Sistema Interconectado Central que abastece desde la rada de Paposo en la Región de Antofagasta hasta la localidad de Quellón en Chiloé, el sistema de Aysén y el sistema de Magallanes que cubren las respectivas regiones. El SIC es el más importante sistema eléctrico dada su extensión territorial y cobertura, sin perjuicio que el SING abastece importantes sectores de la economía como es la minería. La Figura 2 gra¿ca lo anteriormente reseñado.

La Figura 2 gra¿ca lo anteriormente reseñado. En Chile existen 4 sistemas eléctricos, dos de los cuales tienen la característica de ser interconectados: El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) que cubre las prácticamente las tres primeras regiones del país; el Sistema Interconectado Central que abastece desde la rada de Paposo en la Región de Antofagasta hasta la localidad de Quellón en Chiloé, el sistema de Aysén y el sistema de Magallanes que cubren las respectivas regiones. El SIC es el más importante sistema eléctrico dada su extensión territorial y cobertura, sin perjuicio que el SING abastece importantes sectores de la economía como es la minería. 1. Datos generales III. ESTUDIO DE CASO: EL REGULADOR ELÉCTRICO CHILENO Datos CNE 2009.

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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SOTO (1999), p. 25.

24

Datos desarrollados por HACHETTE y LÜDERS, (1992); POLLIT (2004) y SCHAMIS (2002).

23

HACHETTE y LÜDERS (1992).

22

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

2. Escenario pre-reforma

Datos desarrollados por HACHETTE y LÜDERS, (1992); POLLIT (2004) y SCHAMIS (2002).

24

SOTO (1999), p. 25.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

HACHETTE y LÜDERS (1992).

23

2. Escenario pre-reforma

22

Hasta la Gran Depresión, las empresas públicas jugaron un rol menor en la economía chilena. Después de ésta, sucesivos gobiernos incrementaron la intervención estatal en la economía, especialmente en la forma de empresas públicas, creadas por ley u otros instrumentos jurídicos. En esta misma línea se produjo la nacionalización de la gran minería del cobre, ocurrida entre 1964 y 1971, y la reforma agraria llevada a cabo entre 1962 y 1973.

Luego del golpe de Estado, el gobierno militar de¿nió una agenda económica que consideró un giro desde un modelo centrado en el Estado hacia uno impulsado por el sector privado, con una economía de mercado y donde el Estado jugase un rol subsidiario.24 Bajo este prisma, el gobierno

El gobierno de Salvador Allende intensi¿có el control de los medios de producción, a ¿n de cumplir su programa económico y político. La Unidad Popular persiguió, entre otros objetivos, mejorar la distribución del ingreso. Salarios, bene¿cios sociales, subsidios y empleos públicos aumentaron signi¿cativamente. Enfrentado a la oposición del Congreso para aprobar sus medidas tributarias para ¿nanciar el aumento del gasto público, el Gobierno optó por aumentar el dé¿cit público a través de préstamos del Banco Central. Además, a ¿n de controlar la inÀación, el Gobierno desarrolló una estrategia general de control de precios. Por último, en una muy disputada decisión, más de 300 empresas privadas fueron requisadas por el Estado a ¿n de aumentar los ingresos ¿scales.22

Dejando de lado el debate sobre la legalidad de las medidas adoptadas, en 1973 las empresas controladas por el Estado representaban el 39% del Producto Interno Bruto (PIB) versus el 14.2% del PIB que constituía en 1965. El Estado también controlaba el 100% de las empresas de servicios públicos y el 85% de los servicios ¿nancieros y de la industria minera. Para el ¿n del gobierno de Allende, el dé¿cit ¿scal nacional excedió el 20% del PIB, las pérdidas de las empresas estatales representaban el 7.8% del PIB y la inÀación alcanzó un tasa anual del 1.000%.23

Dejando de lado el debate sobre la legalidad de las medidas adoptadas, en 1973 las empresas controladas por el Estado representaban el 39% del Producto Interno Bruto (PIB) versus el 14.2% del PIB que constituía en 1965. El Estado también controlaba el 100% de las empresas de servicios públicos y el 85% de los servicios ¿nancieros y de la industria minera. Para el ¿n del gobierno de Allende, el dé¿cit ¿scal nacional excedió el 20% del PIB, las pérdidas de las empresas estatales representaban el 7.8% del PIB y la inÀación alcanzó un tasa anual del 1.000%.23

El gobierno de Salvador Allende intensi¿có el control de los medios de producción, a ¿n de cumplir su programa económico y político. La Unidad Popular persiguió, entre otros objetivos, mejorar la distribución del ingreso. Salarios, bene¿cios sociales, subsidios y empleos públicos aumentaron signi¿cativamente. Enfrentado a la oposición del Congreso para aprobar sus medidas tributarias para ¿nanciar el aumento del gasto público, el Gobierno optó por aumentar el dé¿cit público a través de préstamos del Banco Central. Además, a ¿n de controlar la inÀación, el Gobierno desarrolló una estrategia general de control de precios. Por último, en una muy disputada decisión, más de 300 empresas privadas fueron requisadas por el Estado a ¿n de aumentar los ingresos ¿scales.22

Luego del golpe de Estado, el gobierno militar de¿nió una agenda económica que consideró un giro desde un modelo centrado en el Estado hacia uno impulsado por el sector privado, con una economía de mercado y donde el Estado jugase un rol subsidiario.24 Bajo este prisma, el gobierno

Hasta la Gran Depresión, las empresas públicas jugaron un rol menor en la economía chilena. Después de ésta, sucesivos gobiernos incrementaron la intervención estatal en la economía, especialmente en la forma de empresas públicas, creadas por ley u otros instrumentos jurídicos. En esta misma línea se produjo la nacionalización de la gran minería del cobre, ocurrida entre 1964 y 1971, y la reforma agraria llevada a cabo entre 1962 y 1973.

274

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

275

reestructuró la economía nacional en un esfuerzo que incluyó el sistema de salud, de pensiones, la legislación laboral y los mercados ¿nancieros, entre otros sectores.

28

FISHER y SERRA (2007).

27 Las condiciones internacionales y nacionales y probablemente algunos errores del primer round privatizador, como la falta de regulaciones ¿nancieras condujo a dos graves crisis económicas en 1975 y 1981. Como resultado, alguna de las empresas recientemente privatizadas, especialmente los bancos, volvieron al control estatal y luego de cambios regulatorios sustanciales fueron re-privatizados entre 1982 y 1983, HACHETTE y LÜDERS (1992). 26

Dada la situación económica del país, las medidas gubernamentales estuvieron orientadas a contener los graves desbalances económicos y la escasez de bienes. La devaluación de las tasas de cambio se acompañó por el cese de los controles de precios. Se redujo el gasto público. Se tomaron importantes medidas impositivas a ¿n de disminuir el dé¿cit ¿scal y reactivar la inversión privada. Se obtuvo una mayor apertura comercial removiendo las barreras arancelarias y reduciendo trabas al comercio exterior.25 En relación a las compañías de propiedad pública, los primeros pasos tomados por el gobierno de Pinochet en 1974 buscaron revertir las políticas de Allende, devolviendo las empresas con¿scadas a sus anteriores dueños. El siguiente paso, denominado por HACHETTE y LÜDERS como el “primer round” de privatizaciones, ocurrió entre 1974 y 1979.26 Este escenario involucró a más de 200 empresas, potencialmente competitivas.27 Un segundo round privatizador se implementó entre 1985 y 1990 y abarcó el núcleo central de las compañías estatales, incluyendo las del sector eléctrico. En esos días, dos empresas dominaban el sector: Chilectra de propiedad privada hasta los 70 y Endesa empresa pública creada en 1944. Ambas abastecían los dos mayores sistemas eléctricos del país, representados en la Figura 2: el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC). De acuerdo a FISHER y SERRA28, juntas, Chilectra y Endesa, controlaban el 80% de la distribución, el 90% de la generación y el 100% de la transmisión. Ambas empresas estaban integradas verticalmente y operaban en los 3 segmentos del mercado. Chilectra era la 25

PAREDES (2001).

26

HACHETTE y LÜDERS (1992).

27 Las condiciones internacionales y nacionales y probablemente algunos errores del primer

round privatizador, como la falta de regulaciones ¿nancieras condujo a dos graves crisis económicas en 1975 y 1981. Como resultado, alguna de las empresas recientemente privatizadas, especialmente los bancos, volvieron al control estatal y luego de cambios regulatorios sustanciales fueron re-privatizados entre 1982 y 1983, HACHETTE y LÜDERS (1992). 28

FISHER y SERRA (2007).

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HACHETTE y LÜDERS (1992). PAREDES (2001).

En esos días, dos empresas dominaban el sector: Chilectra de propiedad privada hasta los 70 y Endesa empresa pública creada en 1944. Ambas abastecían los dos mayores sistemas eléctricos del país, representados en la Figura 2: el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC). De acuerdo a FISHER y SERRA28, juntas, Chilectra y Endesa, controlaban el 80% de la distribución, el 90% de la generación y el 100% de la transmisión. Ambas empresas estaban integradas verticalmente y operaban en los 3 segmentos del mercado. Chilectra era la En relación a las compañías de propiedad pública, los primeros pasos tomados por el gobierno de Pinochet en 1974 buscaron revertir las políticas de Allende, devolviendo las empresas con¿scadas a sus anteriores dueños. El siguiente paso, denominado por HACHETTE y LÜDERS como el “primer round” de privatizaciones, ocurrió entre 1974 y 1979.26 Este escenario involucró a más de 200 empresas, potencialmente competitivas.27 Un segundo round privatizador se implementó entre 1985 y 1990 y abarcó el núcleo central de las compañías estatales, incluyendo las del sector eléctrico. Dada la situación económica del país, las medidas gubernamentales estuvieron orientadas a contener los graves desbalances económicos y la escasez de bienes. La devaluación de las tasas de cambio se acompañó por el cese de los controles de precios. Se redujo el gasto público. Se tomaron importantes medidas impositivas a ¿n de disminuir el dé¿cit ¿scal y reactivar la inversión privada. Se obtuvo una mayor apertura comercial removiendo las barreras arancelarias y reduciendo trabas al comercio exterior.25 reestructuró la economía nacional en un esfuerzo que incluyó el sistema de salud, de pensiones, la legislación laboral y los mercados ¿nancieros, entre otros sectores. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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BERNSTEIN (2003). BERNSTEIN (2003). 2º, previo a la dictación de la Ley Nº 20.402 que creó el Ministerio de Energía.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

30 Artículo

276

29

compañía de distribución más relevante, mientras Endesa el actor principal en los segmentos de generación y transmisión.

La CNE fue creada como una institución descentralizada, dependiente directamente del Presidente de la República y constituida por dos cuerpos. Primero, por un Consejo de Ministros integrado por un representante del Presidente, quien servía como su presidente y los ministros de Hacienda, Minería, Economía, Defensa, Secretario General de la Presidencia y el de Plani¿cación, siendo políticamente responsable por las funciones antes referidas. Segundo, la Secretaría Ejecutiva, designada discrecionalmente por el Presidente. En el modelo diseñado subyacía la idea de que la institución sería integrada por un staff reducido y altamente profesional –la mayor parte ingenieros– responsables de la implementación de las tareas administrativas y técnicas de la CNE.

Antes de la privatización, el gobierno tomó medidas para mejorar la e¿ciencia de estas empresas, externalizando algunas de sus actividades y reduciendo la fuerza de trabajo. El éxito de esta estrategia, sin embargo, no resolvió los problemas estructurales del sector.

En 1978, el Decreto Ley Nº 2.224 creó la Comisión Nacional de Energía (CNE) para elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector eléctrico, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas las materias relacionadas con la energía.30

Según BERNSTEIN la confusión de roles entre los distintos actores, la creciente concentración del sector por Endesa y la necesidad de 200 millones de dólares anuales para modernizar y expandir la red, en un contexto de un presupuesto ¿scal restrictivo, demandaron mayores cambios. El autor agrega que la distorsión de precios debido a consideraciones políticas conducía a tarifas discriminadoras e ine¿cientes que no remuneraban los costos de oportunidad de generar, transportar o distribuir electricidad y no incentivaban a compañías e¿cientes de la misma forma como ocurriría en un mercado competitivo.29

3. LA CREACIÓN DEL REGULADOR ELÉCTRICO

3. LA CREACIÓN DEL REGULADOR ELÉCTRICO

Según BERNSTEIN la confusión de roles entre los distintos actores, la creciente concentración del sector por Endesa y la necesidad de 200 millones de dólares anuales para modernizar y expandir la red, en un contexto de un presupuesto ¿scal restrictivo, demandaron mayores cambios. El autor agrega que la distorsión de precios debido a consideraciones políticas conducía a tarifas discriminadoras e ine¿cientes que no remuneraban los costos de oportunidad de generar, transportar o distribuir electricidad y no incentivaban a compañías e¿cientes de la misma forma como ocurriría en un mercado competitivo.29

En 1978, el Decreto Ley Nº 2.224 creó la Comisión Nacional de Energía (CNE) para elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector eléctrico, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas las materias relacionadas con la energía.30

Antes de la privatización, el gobierno tomó medidas para mejorar la e¿ciencia de estas empresas, externalizando algunas de sus actividades y reduciendo la fuerza de trabajo. El éxito de esta estrategia, sin embargo, no resolvió los problemas estructurales del sector.

La CNE fue creada como una institución descentralizada, dependiente directamente del Presidente de la República y constituida por dos cuerpos. Primero, por un Consejo de Ministros integrado por un representante del Presidente, quien servía como su presidente y los ministros de Hacienda, Minería, Economía, Defensa, Secretario General de la Presidencia y el de Plani¿cación, siendo políticamente responsable por las funciones antes referidas. Segundo, la Secretaría Ejecutiva, designada discrecionalmente por el Presidente. En el modelo diseñado subyacía la idea de que la institución sería integrada por un staff reducido y altamente profesional –la mayor parte ingenieros– responsables de la implementación de las tareas administrativas y técnicas de la CNE.

compañía de distribución más relevante, mientras Endesa el actor principal en los segmentos de generación y transmisión.

29

2º, previo a la dictación de la Ley Nº 20.402 que creó el Ministerio de Energía.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

30 Artículo

276

33

POLLIT (2004).

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

277

Ministerio de Minería de Chile (1982) D.F.L. Nº 1 Ley General para Servicios Eléctricos. 32

31 ARELLANO

(2008), p. 61. La traducción es nuestra.

La “Ley Eléctrica”,32 promulgada en 1982, estableció el nuevo marco regulatorio. Aunque algunos elementos del modelo fueron adoptados teniendo a la vista la experiencia internacional como señala POLLIT, el esquema fue en varios aspectos revolucionario.33

La CNE no fue creada como resultado de la reforma; sino establecida para diseñarla e implementarla. Así, “un aspecto distintivo de la reforma chilena es que el desarrollo institucional regulatorio se implementó antes que la reforma en sí”.31 El primer equipo de la CNE asumió este desafío guiado por los principios reseñados en el cuadro 2. Cuadro 2: Principios rectores de la reforma. •

4. EL MARCO REGULATORIO SUSTANTIVO: LA LEY ELÉCTRICA Basado en BERSTEIN, 1988 y 2003, OCDE, 2005

•

Una clara división entre las tareas regulatorias y operativas, a fin de evitar la interferencia política respecto de precios, inversiones y operaciones.

•

El segmento de generación eléctrica debe ser privatizado y sus tarifas deben cubrir los costos de generación.

•

La cobertura universal debe ser financiada por transferencias de ingreso antes que por precios subsidiados.

•

El precio a pagar por un servicio debe reflejar los costos de oportunidad sociales de proveerlos. El sistema de precios se basará en los costos marginales.

•

Cuando la competencia sea posible –básicamente la generación– el mercado debe ser liberado. En las áreas que exhiban características monopólicas – transmisión, distribución y venta a consumidores regulados–, los precios necesitan ser regulados emulando la competencia.

•

Desintegración vertical y horizontal.

•

La coordinación de las actividades de generación y la transmisión debe estar orientada a asegurar un funcionamiento seguro y eficiente del sistema. Cuadro 2: Principios rectores de la reforma.

La CNE no fue creada como resultado de la reforma; sino establecida para diseñarla e implementarla. Así, “un aspecto distintivo de la reforma chilena es que el desarrollo institucional regulatorio se implementó antes que la reforma en sí”.31 El primer equipo de la CNE asumió este desafío guiado por los principios reseñados en el cuadro 2. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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• •

Una clara división entre las tareas regulatorias y operativas, a fin de evitar la interferencia política respecto de precios, inversiones y operaciones. El segmento de generación eléctrica debe ser privatizado y sus tarifas deben cubrir los costos de generación. La cobertura universal debe ser financiada por transferencias de ingreso antes que por precios subsidiados.

Cuando la competencia sea posible –básicamente la generación– el mercado debe ser liberado. En las áreas que exhiban características monopólicas – transmisión, distribución y venta a consumidores regulados–, los precios necesitan ser regulados emulando la competencia.

•

El precio a pagar por un servicio debe reflejar los costos de oportunidad sociales de proveerlos. El sistema de precios se basará en los costos marginales.

•

La coordinación de las actividades de generación y la transmisión debe estar orientada a asegurar un funcionamiento seguro y eficiente del sistema.

•

Desintegración vertical y horizontal.

•

Basado en BERSTEIN, 1988 y 2003, OCDE, 2005

4. EL MARCO REGULATORIO SUSTANTIVO: LA LEY ELÉCTRICA La “Ley Eléctrica”,32 promulgada en 1982, estableció el nuevo marco regulatorio. Aunque algunos elementos del modelo fueron adoptados teniendo a la vista la experiencia internacional como señala POLLIT, el esquema fue en varios aspectos revolucionario.33 31 ARELLANO

(2008), p. 61. La traducción es nuestra.

32 Ministerio de Minería de Chile (1982) D.F.L. Nº 1 Ley General para Servicios Eléctricos. 33

POLLIT (2004).

FISHER y SERRA (2000), p. 2.

36

HENNMEYER (1998) y BERNSTEIN (2003).

35

Adaptado de ARELLANO (2008), p. 62.

34

Figura 3. Arquitectura del Modelo Eléctrico Chileno34

LALOR y GARCÍA (1996).

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

37

278

El desarrollo de la generación fue dejada a la iniciativa del sector privado. La generación se consideró una actividad potencialmente competitiva. Así, el cimiento de la reforma chilena fue precisamente la introducción de la competencia en el mercado de contratos mayoristas entre generadores y grandes consumidores (el óvalo oblicuo ubicado a la izquierda de la Figura 3) en donde los precios serían libremente negociados.36 A los denominados consumidores libres se les permitió comprar de cualquier empresa generadora, dando a los oferentes un incentivo a competir por este mercado a través de costos más bajos. Como indica LALOR y GARCÍA, los precios desregulados operaron como una señal a la inversión, así las decisiones de expansión reÀejarían las fuerzas del mercado.37 Chile fue el primer país donde el dogma entonces prevaleciente sobre cómo las economías de escala y alcance hacían que la integración vertical del operador monopolista fuese la mejor opción fue por primera vez desa¿ada. En su lugar, se privatizó con la idea de que la desintegración horizontal y vertical podría mejorar el desempeño del sector eléctrico.35

Chile fue el primer país donde el dogma entonces prevaleciente sobre cómo las economías de escala y alcance hacían que la integración vertical del operador monopolista fuese la mejor opción fue por primera vez desa¿ada. En su lugar, se privatizó con la idea de que la desintegración horizontal y vertical podría mejorar el desempeño del sector eléctrico.35 El desarrollo de la generación fue dejada a la iniciativa del sector privado. La generación se consideró una actividad potencialmente competitiva. Así, el cimiento de la reforma chilena fue precisamente la introducción de la competencia en el mercado de contratos mayoristas entre generadores y grandes consumidores (el óvalo oblicuo ubicado a la izquierda de la Figura 3) en donde los precios serían libremente negociados.36 A los denominados consumidores libres se les permitió comprar de cualquier empresa generadora, dando a los oferentes un incentivo a competir por este mercado a través de costos más bajos. Como indica LALOR y GARCÍA, los precios desregulados operaron como una señal a la inversión, así las decisiones de expansión reÀejarían las fuerzas del mercado.37

FISHER y SERRA (2000), p. 2.

37

LALOR y GARCÍA (1996).

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

HENNMEYER (1998) y BERNSTEIN (2003).

36

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Adaptado de ARELLANO (2008), p. 62.

35

Figura 3. Arquitectura del Modelo Eléctrico Chileno34

34

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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42

FISHER y SERRA (2000), p. 3.

41 ARELLANO

La tercera innovación regulatoria fue el Centro de Despacho Económico de Carga, CDEC, que constituye un ente autónomo integrado por las empresas de generación y transmisión que operan en un sistema interconectado especí¿co. Este ente autónomo coordina y selecciona las órdenes de despacho de las unidades generadoras teniendo a la vista los menores costos. Los mecanismos de precio fueron la cuarta innovación. Chile fue el primer país en introducir explícitamente en su marco normativo una regulación por incentivos como alternativa al modelo estadounidense de tasa de retorno.38 A nivel de generación, el CDEC calcula los precios spot usados en las transacciones entre generadores (el óvalo horizontal superior en la Figura 3) basándose en los costos marginales de corto plazo del sistema interconectado donde dichas empresas se encuentran.39 Se consideró que un precio del sistema basado en los costos marginales podría permitir a las compañías generadoras “tomar decisiones operacionales descentralizadas”,40 que tenderían hacia el óptimo global. El modelo también enlazó el precio regulado al precio de mercado, permitiendo a los pequeños consumidores compartir las e¿ciencias resultantes de la competencia. Las compañías distribuidoras y generadoras requerían celebrar contratos de largo plazo a un precio regulado, precio nudo, calculado por la CNE cada 6 meses (el óvalo oblicuo derecha en la Figura 3). El precio nudo consistía en el costo marginal promedio del sistema proyectado para los siguientes 48 meses para el SIC y para 24 meses en el SING.41 Los precios ¿nales para clientes regulados incluyen el valor agregado de distribución (VAD) que remunera los servicios proveídos por las empresas de distribución. Las tarifas se calculan usando el estándar de “la empresa modelo” como representativa de los costos operacionales en una de las áreas de distribución eléctrica. Este sistema permite a las empresas de distribución que pueden alcanzar tasas predeterminadas de retorno aumentando su e¿ciencia.42 38

FISHER y SERRA (2000), p. 29.

39

BERNSTEIN (1988), p. 374.

40

BERNSTEIN (1988), p. 372.

(2008), p. 61.

BERNSTEIN (1988), p. 372.

40

BERNSTEIN (1988), p. 374.

39

FISHER y SERRA (2000), p. 29.

38

El modelo también enlazó el precio regulado al precio de mercado, permitiendo a los pequeños consumidores compartir las e¿ciencias resultantes de la competencia. Las compañías distribuidoras y generadoras requerían celebrar contratos de largo plazo a un precio regulado, precio nudo, calculado por la CNE cada 6 meses (el óvalo oblicuo derecha en la Figura 3). El precio nudo consistía en el costo marginal promedio del sistema proyectado para los siguientes 48 meses para el SIC y para 24 meses en el SING.41 Los precios ¿nales para clientes regulados incluyen el valor agregado de distribución (VAD) que remunera los servicios proveídos por las empresas de distribución. Las tarifas se calculan usando el estándar de “la empresa modelo” como representativa de los costos operacionales en una de las áreas de distribución eléctrica. Este sistema permite a las empresas de distribución que pueden alcanzar tasas predeterminadas de retorno aumentando su e¿ciencia.42 Los mecanismos de precio fueron la cuarta innovación. Chile fue el primer país en introducir explícitamente en su marco normativo una regulación por incentivos como alternativa al modelo estadounidense de tasa de retorno.38 A nivel de generación, el CDEC calcula los precios spot usados en las transacciones entre generadores (el óvalo horizontal superior en la Figura 3) basándose en los costos marginales de corto plazo del sistema interconectado donde dichas empresas se encuentran.39 Se consideró que un precio del sistema basado en los costos marginales podría permitir a las compañías generadoras “tomar decisiones operacionales descentralizadas”,40 que tenderían hacia el óptimo global. La tercera innovación regulatoria fue el Centro de Despacho Económico de Carga, CDEC, que constituye un ente autónomo integrado por las empresas de generación y transmisión que operan en un sistema interconectado especí¿co. Este ente autónomo coordina y selecciona las órdenes de despacho de las unidades generadoras teniendo a la vista los menores costos.

41 ARELLANO 42

(2008), p. 61.

FISHER y SERRA (2000), p. 3.

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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PAREDES (2001).

45

POLLIT (2004), p. 5. La traducción es nuestra.

44

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

PAREDES (2001).

280

POLLIT (2004), p. 5. La traducción es nuestra.

45

Los precios por el uso de las líneas de transmisión inicialmente no fueron regulados, sino que se dejaron para negociaciones directas entre las partes correspondientes.43

(2008), p. 63.

44

Como se dijo, el sistema chileno de precios fue pionero. Según POLLIT “en la regulación de tarifas de distribución había poca experiencia en que apoyarse y sólo principios generales de regulación por incentivos en sí mismos, subdesarrollados como disciplina en ese momento”.44 El autor agrega que el documento pionero al respecto no fue publicado sino hasta 1982 y la propuesta RPI-X de LITTLECHILD, representativa del modelo alternativo de regulación por incentivos utilizada en Inglaterra, vio la luz recién en 1983. En Chile, entonces, la práctica precedió a los desarrollos teóricos como acertadamente a¿rma PAREDES. 45

43 ARELLANO

5. LA DISTRIBUCIÓN DE LEY ELÉCTRICA

La supervigilancia del sector fue con¿ada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), institución descentralizada dependiente a la época del Ministerio de Economía. La Ley Nº 18.804, de 1985, actualizó las competencias del SEC de acuerdo con el nuevo marco regulatorio y modernizó su estructura. En particular, la SEC controla la calidad del servicio, aplica multas en caso de incumplimiento y determina las compensaciones al consumidor. También tiene responsabilidades en la contabilidad regulatoria

COMPETENCIAS DESPUÉS DE LA

La Ley Eléctrica y las leyes complementarias relativas a otros sectores energéticos establecieron las competencias regulatorias de la CNE. Este Servicio asumió la mayor parte de las funciones normativas y regulatorias para el sector eléctrico, incluyendo la elaboración de la regulación técnica sectorial y los estándares de servicio, el planeamiento indicativo para la expansión de la generación y el estudio y cálculo de tarifas, sin perjuicio de las atribuciones que respecto de la dictación de los actos administrativos que las ¿jan recayeron en el Ministerio de Economía.

La Ley Eléctrica y las leyes complementarias relativas a otros sectores energéticos establecieron las competencias regulatorias de la CNE. Este Servicio asumió la mayor parte de las funciones normativas y regulatorias para el sector eléctrico, incluyendo la elaboración de la regulación técnica sectorial y los estándares de servicio, el planeamiento indicativo para la expansión de la generación y el estudio y cálculo de tarifas, sin perjuicio de las atribuciones que respecto de la dictación de los actos administrativos que las ¿jan recayeron en el Ministerio de Economía.

5. LA DISTRIBUCIÓN DE LEY ELÉCTRICA

COMPETENCIAS DESPUÉS DE LA

La supervigilancia del sector fue con¿ada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), institución descentralizada dependiente a la época del Ministerio de Economía. La Ley Nº 18.804, de 1985, actualizó las competencias del SEC de acuerdo con el nuevo marco regulatorio y modernizó su estructura. En particular, la SEC controla la calidad del servicio, aplica multas en caso de incumplimiento y determina las compensaciones al consumidor. También tiene responsabilidades en la contabilidad regulatoria

Como se dijo, el sistema chileno de precios fue pionero. Según POLLIT “en la regulación de tarifas de distribución había poca experiencia en que apoyarse y sólo principios generales de regulación por incentivos en sí mismos, subdesarrollados como disciplina en ese momento”.44 El autor agrega que el documento pionero al respecto no fue publicado sino hasta 1982 y la propuesta RPI-X de LITTLECHILD, representativa del modelo alternativo de regulación por incentivos utilizada en Inglaterra, vio la luz recién en 1983. En Chile, entonces, la práctica precedió a los desarrollos teóricos como acertadamente a¿rma PAREDES. 45

(2008), p. 63.

Los precios por el uso de las líneas de transmisión inicialmente no fueron regulados, sino que se dejaron para negociaciones directas entre las partes correspondientes.43

43 ARELLANO

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

281

y de manejar los reclamos de los consumidores. Finalmente, la SEC procesa las solicitudes de concesión, necesarias para llevar a cabo las actividades de distribución y transmisión, aunque la decisión formal correspondía hasta hace poco al Ministerio de Economía. La supervisión del funcionamiento competitivo del sector permaneció dentro de la esfera de la agencia general que vela por la competencia (Fiscalía Nacional Económica-FNE) creada en 1973 y las Comisiones Antimonopolios reemplazada luego por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que revisaban los cargos y los casos sometidos a su conocimiento por la FNE o los actores del mercado. Finalmente, los procedimientos de resolución de disputas consideraban al Ministerio de Economía y los tribunales superiores de justicia. 6. PRIVATIZACIÓN Antes de la privatización, Endesa y Chilectra fueron divididas en varias subsidiarias con miras a desintegrarlas vertical y horizontalmente. Gradualmente se les aplicó el nuevo marco regulatorio. El Gobierno en este caso desplegó una gama más amplia de mecanismos de venta que en experiencias previas buscando lograr el apoyo público, reducir las posibilidades de reversión política y mejorar la distribución de la riqueza, por ejemplo, a través del uso de mecanismos como la venta de acciones a los funcionarios públicos y empleados de las empresas privatizadas.46 Saesa y Frontel –las subsidiarias preexistentes de Endesa– se vendieron en 1980. Sin embargo, la recesión económica de 1981 retrasó el proceso hasta la plena recuperación del mercado ¿nanciero. El proceso de privatización sistemática se inició sólo en 1986 e incluyó 14 subsidiarias de Endesa, 3 de Chilectra y una generadora (Tocopilla) en ese momento propiedad de Codelco.47 La mayor parte de las empresas se vendieron entre 1986 y 1990. 46

HACHETTE y LÜDERS (1992).

47

Corporación Nacional del Cobre, la mayor compañía estatal chilena.

Corporación Nacional del Cobre, la mayor compañía estatal chilena.

47

HACHETTE y LÜDERS (1992).

46

Saesa y Frontel –las subsidiarias preexistentes de Endesa– se vendieron en 1980. Sin embargo, la recesión económica de 1981 retrasó el proceso hasta la plena recuperación del mercado ¿nanciero. El proceso de privatización sistemática se inició sólo en 1986 e incluyó 14 subsidiarias de Endesa, 3 de Chilectra y una generadora (Tocopilla) en ese momento propiedad de Codelco.47 La mayor parte de las empresas se vendieron entre 1986 y 1990. El Gobierno en este caso desplegó una gama más amplia de mecanismos de venta que en experiencias previas buscando lograr el apoyo público, reducir las posibilidades de reversión política y mejorar la distribución de la riqueza, por ejemplo, a través del uso de mecanismos como la venta de acciones a los funcionarios públicos y empleados de las empresas privatizadas.46 Antes de la privatización, Endesa y Chilectra fueron divididas en varias subsidiarias con miras a desintegrarlas vertical y horizontalmente. Gradualmente se les aplicó el nuevo marco regulatorio. 6. PRIVATIZACIÓN La supervisión del funcionamiento competitivo del sector permaneció dentro de la esfera de la agencia general que vela por la competencia (Fiscalía Nacional Económica-FNE) creada en 1973 y las Comisiones Antimonopolios reemplazada luego por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que revisaban los cargos y los casos sometidos a su conocimiento por la FNE o los actores del mercado. Finalmente, los procedimientos de resolución de disputas consideraban al Ministerio de Economía y los tribunales superiores de justicia. y de manejar los reclamos de los consumidores. Finalmente, la SEC procesa las solicitudes de concesión, necesarias para llevar a cabo las actividades de distribución y transmisión, aunque la decisión formal correspondía hasta hace poco al Ministerio de Economía. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

Los gobiernos de la Concertación continuaron el proceso de privatización con precaución pero exitosamente, llegándose a la completa privatización el 2001, como se muestra en la Tabla 1.

Sobre el particular ver ARELLANO (2008).

Tabla 1. Proceso de Privatización

49

de la desintegración llevada a cabo durante la reforma, a fines de los 80, Enersis, propietaria de Chilectra, se convirtió en el mayor accionista de Endesa (la empresa generadora y dueña del sistema de transmisión en el SIC). En 1999 luego de una recomendación de la Comisión Antimonopolio, Endesa vendió su subsidiaria de transmisión –Transelec– voluntariamente. Con la Ley Corta I, la desintegración adquirió carácter legal. 48 A pesar

El nuevo marco regulatorio operó exitosamente por 20 años. Sin embargo, algunos problemas que no fueron cruciales en un principio se tornaron, en algún momento, críticos. La intensidad de la competencia en el segmento de generación fue menor que la óptima, algunas empresas se integraron verticalmente48 y los incentivos para expandir la capacidad de generación y transmisión probaron ser inadecuadas en ciertos contextos, como aquellos de extrema sequía o de restricciones en el suministro de gas.49 7. DESARROLLOS POSTERIORES Basado en SERRA (2002) y BERNSTEIN (1988).

Basado en SERRA (2002) y BERNSTEIN (1988).

7. DESARROLLOS POSTERIORES El nuevo marco regulatorio operó exitosamente por 20 años. Sin embargo, algunos problemas que no fueron cruciales en un principio se tornaron, en algún momento, críticos. La intensidad de la competencia en el segmento de generación fue menor que la óptima, algunas empresas se integraron verticalmente48 y los incentivos para expandir la capacidad de generación y transmisión probaron ser inadecuadas en ciertos contextos, como aquellos de extrema sequía o de restricciones en el suministro de gas.49 48 A pesar de la desintegración llevada a cabo durante la reforma, a fines de los 80, Enersis, propietaria de Chilectra, se convirtió en el mayor accionista de Endesa (la empresa generadora y dueña del sistema de transmisión en el SIC). En 1999 luego de una recomendación de la Comisión Antimonopolio, Endesa vendió su subsidiaria de transmisión –Transelec– voluntariamente. Con la Ley Corta I, la desintegración adquirió carácter legal.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

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Tabla 1. Proceso de Privatización

Los gobiernos de la Concertación continuaron el proceso de privatización con precaución pero exitosamente, llegándose a la completa privatización el 2001, como se muestra en la Tabla 1.

Sobre el particular ver ARELLANO (2008).

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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La Ley Corta I dictada en 2004, limitó la participación de las empresas generadoras y distribuidoras en el sistema troncal. Introdujo también un cambio sustantivo en la regulación de los peajes para la transmisión y distribución y mejoró la resolución de conÀictos creando el Panel de Expertos. La ley incorporó mecanismos para aumentar la competencia en el segmento de generación y mejorar el tratamiento regulatorio de los sistemas medianos.50 En 2005, después de una crisis energética que incluyó racionamiento eléctrico, se aprobó la Ley Corta II. Esta iniciativa buscó eliminar algunas incertidumbres en el segmento de generación provocadas por la restricción al suministro de gas. Se cambió el modelo de los precios nudo por licitaciones de largo plazo, públicas y transparentes, y se introdujeron mecanismos para incentivar las reducciones del consumo. Adicionalmente, en 2010, la ley Nº 20.402, abolió el Consejo de Ministros en la CNE y creó el Ministerio de Energía. La ley signi¿có una sustantiva relocalización de responsabilidades dentro del Gobierno. El ministerio asumió la tarea de diseño de las políticas públicas sectoriales y la CNE permaneció como el regulador del desempeño del sector, especialmente en las funciones relativas a la ¿jación de tarifas. La SEC mantuvo su rol ¿scalizador y actualmente funciona bajo este nuevo ministerio. La evolución del sector se representa en la Figura 4. Figura 4. Evolución del sector eléctrico.

Presidente

Presidente

Ministerio de Economía

Ministerio de Economía

CNE Consejo Servicio

CNE Consejo Servicio

50 ARELLANO

(2008).

Presidente

SEC

Ministerio de Energía CNE

SEC

50 ARELLANO

(2008).

CNE Consejo Servicio

CNE Consejo Servicio Ministerio de Economía

Presidente

SEC Ministerio de Economía

Presidente

SEC

CNE Ministerio de Energía

Presidente

Figura 4. Evolución del sector eléctrico.

La evolución del sector se representa en la Figura 4. Adicionalmente, en 2010, la ley Nº 20.402, abolió el Consejo de Ministros en la CNE y creó el Ministerio de Energía. La ley signi¿có una sustantiva relocalización de responsabilidades dentro del Gobierno. El ministerio asumió la tarea de diseño de las políticas públicas sectoriales y la CNE permaneció como el regulador del desempeño del sector, especialmente en las funciones relativas a la ¿jación de tarifas. La SEC mantuvo su rol ¿scalizador y actualmente funciona bajo este nuevo ministerio. En 2005, después de una crisis energética que incluyó racionamiento eléctrico, se aprobó la Ley Corta II. Esta iniciativa buscó eliminar algunas incertidumbres en el segmento de generación provocadas por la restricción al suministro de gas. Se cambió el modelo de los precios nudo por licitaciones de largo plazo, públicas y transparentes, y se introdujeron mecanismos para incentivar las reducciones del consumo. La Ley Corta I dictada en 2004, limitó la participación de las empresas generadoras y distribuidoras en el sistema troncal. Introdujo también un cambio sustantivo en la regulación de los peajes para la transmisión y distribución y mejoró la resolución de conÀictos creando el Panel de Expertos. La ley incorporó mecanismos para aumentar la competencia en el segmento de generación y mejorar el tratamiento regulatorio de los sistemas medianos.50 EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

Resultados La reforma chilena ha sido considerada en términos generales como un éxito, sin perjuicio de la observación de debilidades e ine¿ciencias a las que también nos referiremos sucintamente. De acuerdo a POLLIT, la privatización condujo a nuevas y signi¿cativas inversiones.51 Entre 1982 y 2008, la capacidad instalada del SIC se incrementó desde 2.713 MW a 8.842 MW. El SING también expandió su capacidad instalada desde 428 MW a 3.596 MW en el mismo período. Sólo Endesa invirtió más de US$ 2.300 millones entre 1991 y 2000. El sistema de transmisión se expandió también desde 4.310 km a 8.555 km en el SIC y desde 363 km a 5.093 km en el SING entre 1982 y 2002. El porcentaje de viviendas con electricidad aumentó en las áreas urbanas52 desde el 95% al 98% entre 1982 y 2002. En suma, como indica MONTOYA y TRILLAS, entre los “pocos países que han sido efectivos en atraer inversión privada sin un regulador independiente, el más notable es Chile”.53 GALAL et al., en su estudio sobre las implicancias en el bienestar social del proceso de privatización llevado a cabo en ciertos países, concluyó que la privatización de las empresas eléctricas en Chile produjo un signi¿cativo bienestar, pero al costo de potenciales mayores ganancias ¿scales que podrían haber sido obtenidas de la venta de esas empresas.54 A su turno, el estudio llevado a cabo por FISHER, GUTIÉRREZ y SERRA concluyó que la privatización del sector condujo a una disminución de los costos por unidad y de pérdidas de energía, a la mejora de la productividad laboral y a menores precios a los usuarios ¿nales.55 Por ejemplo, según a¿rma SERRA, las pérdidas de energía de la principal empresa de distribución (Chilectra) cayeron desde 19.8% en 1988 a 5.4% en 2001 y el número de

51

POLLIT (2004).

52 Las viviendas con electricidad en las zonas rurales pasaron entre 1982 y 2002 desde un 38% a un 86%. Sin embargo, este desempeño es el resultado de los subsidios estatales más que el efecto de las reformas.

GALAL y otros (1994), p. 285.

MONTOYA y TRILLAS (2007), p. 183.

53

FISHER, GUTIÉRREZ y SERRA (2003).

54

GALAL y otros (1994), p. 285.

55

FISHER, GUTIÉRREZ y SERRA (2003).

MONTOYA y TRILLAS (2007), p. 183.

54

POLLIT (2004). DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

55

53

Las viviendas con electricidad en las zonas rurales pasaron entre 1982 y 2002 desde un 38% a un 86%. Sin embargo, este desempeño es el resultado de los subsidios estatales más que el efecto de las reformas. 52 51

A su turno, el estudio llevado a cabo por FISHER, GUTIÉRREZ y SERRA concluyó que la privatización del sector condujo a una disminución de los costos por unidad y de pérdidas de energía, a la mejora de la productividad laboral y a menores precios a los usuarios ¿nales.55 Por ejemplo, según a¿rma SERRA, las pérdidas de energía de la principal empresa de distribución (Chilectra) cayeron desde 19.8% en 1988 a 5.4% en 2001 y el número de GALAL et al., en su estudio sobre las implicancias en el bienestar social del proceso de privatización llevado a cabo en ciertos países, concluyó que la privatización de las empresas eléctricas en Chile produjo un signi¿cativo bienestar, pero al costo de potenciales mayores ganancias ¿scales que podrían haber sido obtenidas de la venta de esas empresas.54 La reforma chilena ha sido considerada en términos generales como un éxito, sin perjuicio de la observación de debilidades e ine¿ciencias a las que también nos referiremos sucintamente. De acuerdo a POLLIT, la privatización condujo a nuevas y signi¿cativas inversiones.51 Entre 1982 y 2008, la capacidad instalada del SIC se incrementó desde 2.713 MW a 8.842 MW. El SING también expandió su capacidad instalada desde 428 MW a 3.596 MW en el mismo período. Sólo Endesa invirtió más de US$ 2.300 millones entre 1991 y 2000. El sistema de transmisión se expandió también desde 4.310 km a 8.555 km en el SIC y desde 363 km a 5.093 km en el SING entre 1982 y 2002. El porcentaje de viviendas con electricidad aumentó en las áreas urbanas52 desde el 95% al 98% entre 1982 y 2002. En suma, como indica MONTOYA y TRILLAS, entre los “pocos países que han sido efectivos en atraer inversión privada sin un regulador independiente, el más notable es Chile”.53 Resultados 284

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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clientes por trabajador se incrementó de 3.5 GWh a 18.1 GWh en el mismo período.56 Los precios de la electricidad en Chile fueron bajos después de la reforma en comparación con los estándares internacionales, especialmente para los clientes industriales. Los precios de la energía cayeron 39% en el SIC y 79% en el SING entre 1985 y 2000, particularmente con la llegada del gas natural en 1998 y la caída de los precios del petróleo, pero se elevaron de nuevo a partir de 2004 como consecuencia de los cortes del suministro de gas desde Argentina. En relación con el desempeño ¿nanciero de las empresas, la tasa de retorno de las empresas de distribución ha crecido notoriamente desde la privatización en contraste con las compañías de generación que han obtenido retornos más discretos. Por ejemplo, entre 1987 y 2001 la mayor empresa de distribución alcanzó tasas del 32% entre 1996 y 1998.57 Esta situación puede signi¿car que la reforma no ha implicado el traspaso de todos los bene¿cios posibles a los consumidores como han concluido algunos estudios.58 En este sentido, Serra ha señalado que lo anterior es “una indicación de que, a diferencia de lo ocurrido con el precio de nudo, la regulación del valor agregado de distribución no ha sido totalmente exitosa, en el sentido de que las tarifas exceden el costo social de dar el servicio”.59 Fernández y Paunov a¿rman que la liberalización, privatización y desregulación emprendidas en Chile “abrieron su economía al comercio y la inversión más que cualquier otro país de Latinoamérica”.60 Los montos de Inversión Extranjera Directa en los sectores sanitario y eléctrico en Chile crecieron desde menos de US$ 200 millones en 1989 a US$7.000 en 2002. Los resultados arriba descritos indican que Chile ha sido capaz de llevar a cabo una reforma en general exitosa, de tal manera que uno se puede preguntar de nuevo por qué el sector privado ha considerado creíble el modelo, aun en la ausencia de un regulador independiente. 56

SERRA (2002).

57

FISHER y SERRA (2007).

58

OCDE (2005) y PAREDES (2001).

59

SERRA (2002), p. 36.

60

FERNÁNDEZ y PAUNOV (2008), p. 6.

FERNÁNDEZ y PAUNOV (2008), p. 6.

60

SERRA (2002), p. 36.

59

OCDE (2005) y PAREDES (2001).

58

FISHER y SERRA (2007).

57

SERRA (2002).

56

Los resultados arriba descritos indican que Chile ha sido capaz de llevar a cabo una reforma en general exitosa, de tal manera que uno se puede preguntar de nuevo por qué el sector privado ha considerado creíble el modelo, aun en la ausencia de un regulador independiente. Fernández y Paunov a¿rman que la liberalización, privatización y desregulación emprendidas en Chile “abrieron su economía al comercio y la inversión más que cualquier otro país de Latinoamérica”.60 Los montos de Inversión Extranjera Directa en los sectores sanitario y eléctrico en Chile crecieron desde menos de US$ 200 millones en 1989 a US$7.000 en 2002. En relación con el desempeño ¿nanciero de las empresas, la tasa de retorno de las empresas de distribución ha crecido notoriamente desde la privatización en contraste con las compañías de generación que han obtenido retornos más discretos. Por ejemplo, entre 1987 y 2001 la mayor empresa de distribución alcanzó tasas del 32% entre 1996 y 1998.57 Esta situación puede signi¿car que la reforma no ha implicado el traspaso de todos los bene¿cios posibles a los consumidores como han concluido algunos estudios.58 En este sentido, Serra ha señalado que lo anterior es “una indicación de que, a diferencia de lo ocurrido con el precio de nudo, la regulación del valor agregado de distribución no ha sido totalmente exitosa, en el sentido de que las tarifas exceden el costo social de dar el servicio”.59 Los precios de la electricidad en Chile fueron bajos después de la reforma en comparación con los estándares internacionales, especialmente para los clientes industriales. Los precios de la energía cayeron 39% en el SIC y 79% en el SING entre 1985 y 2000, particularmente con la llegada del gas natural en 1998 y la caída de los precios del petróleo, pero se elevaron de nuevo a partir de 2004 como consecuencia de los cortes del suministro de gas desde Argentina. clientes por trabajador se incrementó de 3.5 GWh a 18.1 GWh en el mismo período.56 EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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LEVY y SPILLER (1996), p. 4. La traducción es nuestra. LEVY y SPILLER (1996), p. 1. La traducción es nuestra.

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DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

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IV. EXPLICACIONES DE LAS DECISIONES INSTITUCIONALES CHILENAS (LEVY y SPILLER (1996), p. 4).

1. Teoría del contexto institucional

1. Teoría del contexto institucional

(LEVY y SPILLER (1996), p. 4).

LEVY y SPILLER señalan que la credibilidad y efectividad del esquema regulatorio y su capacidad de fomentar la inversión privada di¿eren en atención a las instituciones políticas y sociales de cada país.61 Los autores explican que la regulación es un problema de diseño con dos componentes principales: la gobernanza regulatoria, esto es, “los mecanismos que una sociedad usa para restringir la discrecionalidad del regulador y resolver las disputas que esta restricción pueda ocasionar” y los incentivos regulatorios, es decir, “las normas respecto de los precios, competencia, barreras de entrada y demás”.62 Estos dos elementos son las variables en juego para quienes diseñan las políticas públicas, pero estas elecciones están directamente unidas al contexto, características o los atributos institucionales del país, es lo que los autores denominan “institucional endowment”.

s La capacidad administrativa del país: la habilidad de los profesionales del país para manejar procesos y conceptos regulatorios complejos.

Cuadro 3: Elementos del Institutional Endowment.

s Los mecanismos para contener los conflictos sociales dentro de la sociedad y el balance entre éstos.

s Instituciones legislativas y ejecutivas: comprende los mecanismos de designación de los legisladores y de quienes toman las decisiones respecto de la concepción e implementación del derecho y la regulación y la forma en que se relacionan estos dos poderes del Estado en este ámbito.

s Costumbres y normas informales que restringen la actividad de los individuos y las instituciones, incluyendo el rol de las ideologías.

s Instituciones Judiciales: comprende los mecanismos de designación de los jueces, la estructura interna de la judicatura y su imparcialidad al dirimir disputas entre privados y frente al Estado.

s Instituciones Judiciales: comprende los mecanismos de designación de los jueces, la estructura interna de la judicatura y su imparcialidad al dirimir disputas entre privados y frente al Estado.

s Costumbres y normas informales que restringen la actividad de los individuos y las instituciones, incluyendo el rol de las ideologías.

s Instituciones legislativas y ejecutivas: comprende los mecanismos de designación de los legisladores y de quienes toman las decisiones respecto de la concepción e implementación del derecho y la regulación y la forma en que se relacionan estos dos poderes del Estado en este ámbito.

s Los mecanismos para contener los conflictos sociales dentro de la sociedad y el balance entre éstos.

Cuadro 3: Elementos del Institutional Endowment.

s La capacidad administrativa del país: la habilidad de los profesionales del país para manejar procesos y conceptos regulatorios complejos.

LEVY y SPILLER señalan que la credibilidad y efectividad del esquema regulatorio y su capacidad de fomentar la inversión privada di¿eren en atención a las instituciones políticas y sociales de cada país.61 Los autores explican que la regulación es un problema de diseño con dos componentes principales: la gobernanza regulatoria, esto es, “los mecanismos que una sociedad usa para restringir la discrecionalidad del regulador y resolver las disputas que esta restricción pueda ocasionar” y los incentivos regulatorios, es decir, “las normas respecto de los precios, competencia, barreras de entrada y demás”.62 Estos dos elementos son las variables en juego para quienes diseñan las políticas públicas, pero estas elecciones están directamente unidas al contexto, características o los atributos institucionales del país, es lo que los autores denominan “institucional endowment”.

IV. EXPLICACIONES DE LAS DECISIONES INSTITUCIONALES CHILENAS LEVY y SPILLER (1996), p. 4. La traducción es nuestra.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

LEVY y SPILLER (1996), p. 1. La traducción es nuestra.

62

286

61

64 En 2003, la Ley Nº 19.882 creó la Alta Dirección Pública (SADP). Se buscó reducir la discrecionalidad del Presidente para designar ciertas autoridades públicas. Bajo este sistema el Presidente selecciona a las jefaturas de los servicios públicos –no sólo de los reguladores– de una lista suministrada por el SADP. Los designados son nombrados por un período de 3 años, renovable dos veces. La remoción del cargo continúa a discreción del Presidente. La SEC fue incorporada al SADP desde la creación del sistema. La CNE es parte del sistema sólo desde 2010.

En contraste la reforma del sector de telecomunicaciones consideró la creación de una Subsecretaría en 1977. En el sector hídrico se creó una superintendencia en 1986. 63

La creación de la CNE ocurrió en el contexto de una extensa modernización llevada a cabo por el gobierno de la época y en ésta no se buscó el otorgamiento de mayores niveles de autonomía a los nacientes organismos regulatorios. De hecho, resulta curioso que el informe de la Comisión de Reforma de la Administración Pública (CONARA, 1975) indique que uno de los problemas a corregir fue el surgimiento de numerosas agencias autónomas desde los años 40 que operaban sin ningún control ministerial. Los órganos descentralizados como la CNE que nacieron en este contexto de ajuste institucional no cumplen, por cierto, con los criterios mínimos de independencia, al menos hasta hace pocos años,64 según se describe en la Tabla 2 y eso se explica porque ellos fueron creados para preservar niveles aceptables de Àexibilidad en la administración y, al mismo tiempo, aumentar el control político sobre éstos y no al revés. Como se mencionó más arriba, el marco regulatorio para el sector eléctrico chileno no consideró un regulador independiente. A pesar de su falta de autonomía, la CNE fue una solución institucional innovadora y única en su tipo,63 diferente de la que dio forma a otros sectores. 2. La opción chilena Los autores estudiaron 5 marcos regulatorios nacionales en telecomunicaciones –incluyendo Chile– mostrando que la clave de un marco regulatorio exitoso es el establecimiento de un esquema que restrinja efectivamente el ejercicio arbitrario de la discrecionalidad. Ellos concluyen que el desempeño de los servicios públicos mejora en países donde existe una buena complementación entre la estructura regulatoria gobernanza e incentivos y el contexto institucional. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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Los autores estudiaron 5 marcos regulatorios nacionales en telecomunicaciones –incluyendo Chile– mostrando que la clave de un marco regulatorio exitoso es el establecimiento de un esquema que restrinja efectivamente el ejercicio arbitrario de la discrecionalidad. Ellos concluyen que el desempeño de los servicios públicos mejora en países donde existe una buena complementación entre la estructura regulatoria gobernanza e incentivos y el contexto institucional. 2. La opción chilena Como se mencionó más arriba, el marco regulatorio para el sector eléctrico chileno no consideró un regulador independiente. A pesar de su falta de autonomía, la CNE fue una solución institucional innovadora y única en su tipo,63 diferente de la que dio forma a otros sectores. La creación de la CNE ocurrió en el contexto de una extensa modernización llevada a cabo por el gobierno de la época y en ésta no se buscó el otorgamiento de mayores niveles de autonomía a los nacientes organismos regulatorios. De hecho, resulta curioso que el informe de la Comisión de Reforma de la Administración Pública (CONARA, 1975) indique que uno de los problemas a corregir fue el surgimiento de numerosas agencias autónomas desde los años 40 que operaban sin ningún control ministerial. Los órganos descentralizados como la CNE que nacieron en este contexto de ajuste institucional no cumplen, por cierto, con los criterios mínimos de independencia, al menos hasta hace pocos años,64 según se describe en la Tabla 2 y eso se explica porque ellos fueron creados para preservar niveles aceptables de Àexibilidad en la administración y, al mismo tiempo, aumentar el control político sobre éstos y no al revés.

63 En contraste la reforma del sector de telecomunicaciones consideró la creación de una Subsecretaría en 1977. En el sector hídrico se creó una superintendencia en 1986. 64 En 2003, la Ley Nº 19.882 creó la Alta Dirección Pública (SADP). Se buscó reducir la discrecionalidad del Presidente para designar ciertas autoridades públicas. Bajo este sistema el Presidente selecciona a las jefaturas de los servicios públicos –no sólo de los reguladores– de una lista suministrada por el SADP. Los designados son nombrados por un período de 3 años, renovable dos veces. La remoción del cargo continúa a discreción del Presidente. La SEC fue incorporada al SADP desde la creación del sistema. La CNE es parte del sistema sólo desde 2010.

1985-2003 Sin períodos ¿jos.

1978-2010 sin períodos ¿jos.

Período en el cargo Criterio

CNE

SEC

Usando el índice de independencia formal de la agencia regulatoria desarrollada por GILARDI (2002) se puede observar que: Tabla 2 288

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

El modelo de la CNE es la consecuencia de los objetivos más amplios de los reformadores que superaban el mero establecimiento de un regulador. En la con¿guración institucional previa no había contrapartes efectivas a las compañías estatales dentro de los ministerios. Las compañías operaban dentro de los distintos ministerios sin coordinación, autorregulándose y desviándose de los objetivos del Gobierno. Además, no existía una política energética coherente, estable y de largo plazo, independiente de las con-

Desde 2003, 3 años 1985-2003 por el Presidente

La agencia y el Estado.

Desde 2010, 3 años 1978-2010 por el Presidente.

La agencia y el Estado.

Desde 2003 por el Presidente de acuerdo a propuesta de la SADP.

Estado Por la agencia y el gobierno. La agencia, limitada por el marco legislativo.

Desde 2010 por el Presidente de acuerdo a la propuesta de la SADP.

Estado Por la agencia y el gobierno. La agencia, limitada por el marco legislativo.

Procedimiento de nombramiento

Órgano especializado

Quiénes, además de los tribunales, pueden revertir una decisión. Fuente de ¿nanciamiento. Control del presupuesto. Quién determina su organización interna. Quién es competente por la regulación del sector.

A discreción del Presidente.

Órgano especializado

Relación agencia/Parlamento

A discreción del Presidente

Formalmente no dependiente, pero en la práctica bajo control. Reporta. Sólo entrega información

Procedimiento de destitución

Formalmente no dependiente, pero en la práctica bajo control. Reporta. Sólo entrega información.

Relación agencia/gobierno.

No

No

No

No

¿Existe incompatibilidad para ocupar otros cargos por parte de su jefatura

No

Entre 1985-2003 sí, discreción de quien lo nombra.

No

Desde 2010 sí, dos veces.

Desde 2010 sí, dos veces.

Entre 1978-2010 sí, discreción de quien lo nombra.

Desde 2010 sí, dos veces.

¿Es la independencia un requerimiento formal? ¿Está establecida formalmente la independencia de la agencia?

Desde 2010 sí, dos veces.

Entre 1985-2003 sí, discreción de quien lo nombra.

¿Es renovable el nombramiento?

Entre 1978-2010 sí, discreción de quien lo nombra.

¿Es renovable el nombramiento?

No

No

No

No

No

A discreción del Presidente.

No

A discreción del Presidente

¿Existe incompatibilidad para ocupar otros cargos por parte de su jefatura

Formalmente no dependiente, pero en la práctica bajo control. Reporta. Sólo entrega información

Procedimiento de destitución

Formalmente no dependiente, pero en la práctica bajo control. Reporta. Sólo entrega información.

Desde 2003 por el Presidente de acuerdo a propuesta de la SADP.

Órgano especializado

Desde 2010 por el Presidente de acuerdo a la propuesta de la SADP.

Órgano especializado

Procedimiento de nombramiento

Estado Por la agencia y el gobierno. La agencia, limitada por el marco legislativo.

Desde 2003, 3 años 1985-2003 por el Presidente

Estado Por la agencia y el gobierno. La agencia, limitada por el marco legislativo.

Desde 2010, 3 años 1978-2010 por el Presidente.

Período en el cargo

¿Es la independencia un requerimiento formal? ¿Está establecida formalmente la independencia de la agencia?

SEC 1985-2003 Sin períodos ¿jos.

La agencia y el Estado.

CNE 1978-2010 sin períodos ¿jos.

La agencia y el Estado.

Criterio

Relación agencia/gobierno.

Usando el índice de independencia formal de la agencia regulatoria desarrollada por GILARDI (2002) se puede observar que:

Relación agencia/Parlamento

Tabla 2

Quiénes, además de los tribunales, pueden revertir una decisión. Fuente de ¿nanciamiento. Control del presupuesto. Quién determina su organización interna. Quién es competente por la regulación del sector.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

El modelo de la CNE es la consecuencia de los objetivos más amplios de los reformadores que superaban el mero establecimiento de un regulador. En la con¿guración institucional previa no había contrapartes efectivas a las compañías estatales dentro de los ministerios. Las compañías operaban dentro de los distintos ministerios sin coordinación, autorregulándose y desviándose de los objetivos del Gobierno. Además, no existía una política energética coherente, estable y de largo plazo, independiente de las con-

288

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

289

65

PHILLIPI (1992).

Los incentivos regulatorios, aunque con algunos problemas, en términos generales han provisto de una señal razonable al mercado respecto del compromiso gubernamental con sus políticas. Primero, el modelo está altamente detallado en la ley, lo que deja al regulador poco espacio de discrecionalidad para comportamientos oportunistas. Segundo, en los segmentos que están más regulados –la

sideraciones políticas de corto plazo. Por todas estas razones se concluyó que la solución institucional debía ser una organización multisectorial que funcionase al más alto nivel político pero gozando de cierto nivel de independencia, combinada con una fuerte experticia técnica.65

El esquema regulatorio descrito en la Parte II del presente trabajo buscó el establecimiento de una política de precios coherente y económicamente e¿ciente. El marco debía ser capaz de situar los incentivos adecuados a la inversión privada, promover la e¿ciencia y reducir las asimetrías de información entre el regulador y la industria. Por ejemplo, la empresa modelo podría ser usada sin depender prácticamente de la información suministrada por las empresas.

Desde el punto de vista de los reformadores el nuevo marco regulatorio debía ser implementado por el sector público. Sin embargo, en ese momento, la creación de una agencia independiente no se consideró una alternativa realista debido a la falta de capacidad administrativa. La CNE no fue el resultado de la reforma, sino el actor clave es su diseño e implementación. Consecuentemente, los desafíos iniciales de esta institución se enfocaron en el diseño del modelo y en la coordinación, antes que en la generación de estándares de independencia. Sus creadores, sin embargo, no ignoraron que el problema de la discrecionalidad administrativa o el problema de inconsistencia temporal que pudiese minar la credibilidad del nuevo régimen. Por el contrario, el contrapeso para la mantención de las competencias regulatorias dentro del Estado fue el establecimiento de limitaciones a través de la desregulación en ciertos ámbitos y de leyes exhaustivas en otros. Esa es la razón que explicaría por qué la Ley Eléctrica es tan detallista. 3. Los Incentivos regulatorios

3. Los Incentivos regulatorios Sus creadores, sin embargo, no ignoraron que el problema de la discrecionalidad administrativa o el problema de inconsistencia temporal que pudiese minar la credibilidad del nuevo régimen. Por el contrario, el contrapeso para la mantención de las competencias regulatorias dentro del Estado fue el establecimiento de limitaciones a través de la desregulación en ciertos ámbitos y de leyes exhaustivas en otros. Esa es la razón que explicaría por qué la Ley Eléctrica es tan detallista. Desde el punto de vista de los reformadores el nuevo marco regulatorio debía ser implementado por el sector público. Sin embargo, en ese momento, la creación de una agencia independiente no se consideró una alternativa realista debido a la falta de capacidad administrativa. La CNE no fue el resultado de la reforma, sino el actor clave es su diseño e implementación. Consecuentemente, los desafíos iniciales de esta institución se enfocaron en el diseño del modelo y en la coordinación, antes que en la generación de estándares de independencia.

El esquema regulatorio descrito en la Parte II del presente trabajo buscó el establecimiento de una política de precios coherente y económicamente e¿ciente. El marco debía ser capaz de situar los incentivos adecuados a la inversión privada, promover la e¿ciencia y reducir las asimetrías de información entre el regulador y la industria. Por ejemplo, la empresa modelo podría ser usada sin depender prácticamente de la información suministrada por las empresas.

sideraciones políticas de corto plazo. Por todas estas razones se concluyó que la solución institucional debía ser una organización multisectorial que funcionase al más alto nivel político pero gozando de cierto nivel de independencia, combinada con una fuerte experticia técnica.65

Los incentivos regulatorios, aunque con algunos problemas, en términos generales han provisto de una señal razonable al mercado respecto del compromiso gubernamental con sus políticas. Primero, el modelo está altamente detallado en la ley, lo que deja al regulador poco espacio de discrecionalidad para comportamientos oportunistas. Segundo, en los segmentos que están más regulados –la 65

PHILLIPI (1992).

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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GALAL y otros (1994) y LEVY y SPILLER (1996).

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

GALAL y otros (1994) y LEVY y SPILLER (1996).

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66

distribución– el modelo de tarifas ha permitido altas tasas de retorno. Tercero, cualquier cambio a la estructura del mercado requiere de una modi¿cación de la Ley Eléctrica, lo que se ha demostrado engorroso. En suma, los incentivos regulatorios han sido adecuados para promover la e¿ciencia y atraer la inversión, y aun cuando en el tiempo han mostrado debilidades han sido objeto de cambios cuando las condiciones del mercado así lo han demandado.

En el campo económico, la Constitución incorporó un capítulo otorgando y regulando la independencia del Banco Central. La Constitución estableció también una fuerte protección a la propiedad privada (artículo 19, numerales 23 y 24) y garantizó la libertad de crear empresas, contratar y desarrollar toda actividad económica lícita (artículo 19, Nºs. 16 y 21). Adicionalmente, la Constitución limitó el poder del Estado a expropiar sin autorización legal previa y compensación justa (art. 19 Nº 24). La Carta Fundamental estableció que sólo es posible por ley y sin discriminación alguna el establecimiento de impuestos y otras cargas públicas (art. 19 Nº 21). Finalmente, las limi-

4. La Gobernanza Regulatoria y el contexto institucional chileno

La Constitución de 1980 institucionalizó la visión del gobierno. Mientras mantuvo varias de las tradiciones constitucionales, se modeló para reforzar la sujeción de los distintos poderes públicos al orden institucional, guiando sus acciones por los principios de legalidad y subsidiariedad.

a) Instituciones Legislativas y Ejecutivas

Aunque el gobierno militar gobernó el país sin un sistema formal de controles, la privatización y liberalización del sector eléctrico se llevó a cabo dentro de un proceso de reforma económica y política, cuyas bases quedaron garantizadas por una nueva Constitución y una gran cantidad de leyes.

En casi 200 años de vida independiente, el país ha mantenido en general un sistema republicano multipartidista, traspasos de gobierno por la vía institucional la mayoría de las veces y elecciones parlamentarias regulares con separación de poderes, establecida en la Constitución desde 1833, siendo la única excepción notable, la dictadura militar.66

En casi 200 años de vida independiente, el país ha mantenido en general un sistema republicano multipartidista, traspasos de gobierno por la vía institucional la mayoría de las veces y elecciones parlamentarias regulares con separación de poderes, establecida en la Constitución desde 1833, siendo la única excepción notable, la dictadura militar.66

Aunque el gobierno militar gobernó el país sin un sistema formal de controles, la privatización y liberalización del sector eléctrico se llevó a cabo dentro de un proceso de reforma económica y política, cuyas bases quedaron garantizadas por una nueva Constitución y una gran cantidad de leyes.

a) Instituciones Legislativas y Ejecutivas

La Constitución de 1980 institucionalizó la visión del gobierno. Mientras mantuvo varias de las tradiciones constitucionales, se modeló para reforzar la sujeción de los distintos poderes públicos al orden institucional, guiando sus acciones por los principios de legalidad y subsidiariedad.

4. La Gobernanza Regulatoria y el contexto institucional chileno

En el campo económico, la Constitución incorporó un capítulo otorgando y regulando la independencia del Banco Central. La Constitución estableció también una fuerte protección a la propiedad privada (artículo 19, numerales 23 y 24) y garantizó la libertad de crear empresas, contratar y desarrollar toda actividad económica lícita (artículo 19, Nºs. 16 y 21). Adicionalmente, la Constitución limitó el poder del Estado a expropiar sin autorización legal previa y compensación justa (art. 19 Nº 24). La Carta Fundamental estableció que sólo es posible por ley y sin discriminación alguna el establecimiento de impuestos y otras cargas públicas (art. 19 Nº 21). Finalmente, las limi-

distribución– el modelo de tarifas ha permitido altas tasas de retorno. Tercero, cualquier cambio a la estructura del mercado requiere de una modi¿cación de la Ley Eléctrica, lo que se ha demostrado engorroso. En suma, los incentivos regulatorios han sido adecuados para promover la e¿ciencia y atraer la inversión, y aun cuando en el tiempo han mostrado debilidades han sido objeto de cambios cuando las condiciones del mercado así lo han demandado.

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290

En 2009, el candidato de derecha ganó las elecciones presidenciales. El nuevo gobierno asumió en marzo de 2010.

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

291

69 67

SCHAMIS (2002), p. 73. La traducción es nuestra.

68

ESPINOSA-VEGA y PHILLIPS (2004).

Las instituciones políticas y la Constitución de 1980 han sido signi¿cativas para las instituciones y políticas económicas. En primer lugar, aunque la Constitución dotó de más poderes al Ejecutivo, el sistema electoral conduce hacia gobiernos de coaliciones donde las dos principales alianzas se disputan la presidencia y el Congreso, sin que ninguna tenga la mayoría necesaria para cambiar los fundamentos del modelo. En segundo lugar, el Como mecanismo adicional de salvaguarda, la Constitución creó un Tribunal Constitucional (TC) un cuerpo autónomo que realiza el control ex-ante de constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso y un control ex-post a solicitud del Ejecutivo o del Congreso. Los preceptos legales considerados inconstitucionales por el TC son nulos. El TC ha fallado contra el Congreso y el Ejecutivo en numerosos casos. Este esquema electoral ha operado como sus diseñadores esperaron. Desde el regreso del gobierno civil,69 la Concertación ganó todas las elecciones presidenciales, pero no el control del Congreso. Esta situación impidió a sus gobiernos realizar sustantivos cambios constitucionales que requieren de dos tercios o tres quintas partes de ambas Cámaras que no gozasen de consenso con los partidos de oposición. El Congreso ha aprobado sólo dos reformas constitucionales sustanciales desde 1989. Además, la Constitución estableció un sistema electoral con ciertas características que impactan la elaboración de políticas públicas. En primer lugar, el Presidente es electo directamente por la población y no requiere de la con¿anza del Congreso para permanecer en el cargo. En segundo lugar, el sistema es mayoritario, favoreciendo las coaliciones políticas y desincentivando la polarización. Según algunos autores, el esquema electoral incentiva a moderar las demandas particulares de los partidos políticos a favor del interés común.68 taciones o cargas legales no pueden, en caso alguno, afectar “la esencia” de estos derechos (art. 19 Nº 26). Así “los componentes centrales del programa de reforma económica adoptaron un cariz constitucional”.67 EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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taciones o cargas legales no pueden, en caso alguno, afectar “la esencia” de estos derechos (art. 19 Nº 26). Así “los componentes centrales del programa de reforma económica adoptaron un cariz constitucional”.67 Además, la Constitución estableció un sistema electoral con ciertas características que impactan la elaboración de políticas públicas. En primer lugar, el Presidente es electo directamente por la población y no requiere de la con¿anza del Congreso para permanecer en el cargo. En segundo lugar, el sistema es mayoritario, favoreciendo las coaliciones políticas y desincentivando la polarización. Según algunos autores, el esquema electoral incentiva a moderar las demandas particulares de los partidos políticos a favor del interés común.68 Este esquema electoral ha operado como sus diseñadores esperaron. Desde el regreso del gobierno civil,69 la Concertación ganó todas las elecciones presidenciales, pero no el control del Congreso. Esta situación impidió a sus gobiernos realizar sustantivos cambios constitucionales que requieren de dos tercios o tres quintas partes de ambas Cámaras que no gozasen de consenso con los partidos de oposición. El Congreso ha aprobado sólo dos reformas constitucionales sustanciales desde 1989. Como mecanismo adicional de salvaguarda, la Constitución creó un Tribunal Constitucional (TC) un cuerpo autónomo que realiza el control ex-ante de constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso y un control ex-post a solicitud del Ejecutivo o del Congreso. Los preceptos legales considerados inconstitucionales por el TC son nulos. El TC ha fallado contra el Congreso y el Ejecutivo en numerosos casos. Las instituciones políticas y la Constitución de 1980 han sido signi¿cativas para las instituciones y políticas económicas. En primer lugar, aunque la Constitución dotó de más poderes al Ejecutivo, el sistema electoral conduce hacia gobiernos de coaliciones donde las dos principales alianzas se disputan la presidencia y el Congreso, sin que ninguna tenga la mayoría necesaria para cambiar los fundamentos del modelo. En segundo lugar, el 67 68

SCHAMIS (2002), p. 73. La traducción es nuestra. ESPINOSA-VEGA y PHILLIPS (2004).

69 En 2009, el candidato de derecha ganó las elecciones presidenciales. El nuevo gobierno asumió en marzo de 2010.

de Patricio Aylwin.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

70 Dicha la ley fue promulgada el 10 de marzo de 1990, el mismo día que asumió el gobierno

292

Sin perjuicio de que la real independencia del Poder Judicial a efectos de resolver los conÀictos de los particulares con el poder público resultó controversial durante la dictadura, especialmente respecto a la protección de los derechos humanos si es posible a¿rmar que las reformas económicas fueron acompañadas de un diseño político institucional en el cual los tribunales superiores de justicia han jugado un rol más relevante en la protección de los derechos económicos. El recurso de protección fue creado por la Constitución de 1980 para proveer de un remedio judicial en contra de las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de las autoridades públicas o particulares, que pudiesen afectar, limitar o amenazar los derechos y garantías establecidos en la Constitución, incluidos los mencionados en el acápite y, en la práctica, también ha actuado como un mal remedo de un contencioso administrativo. El derecho a la libertad económica fue, además, objeto de una protección reforzada mediante el establecimiento del recurso de amparo económico en 1990.70

principio de subsidiariedad impide al Estado reemplazar a los privados en el desarrollo de actividades económicas sin la aprobación de una amplia mayoría parlamentaria. En tercer lugar, el principio de reserva legal de acuerdo al cual cualquier limitación a los derechos debe ser establecida en sus aspectos principales por ley implica una legislación ampliamente detallada. En cuarto lugar, con la creación del TC se incorporó un nuevo actor en el proceso legislativo, incrementando el número de actores con poderes de veto o veto players, lo que implica que existen más actores que participan de una decisión y, por tanto, tienen capacidad para bloquear los cambios y favorecer el status quo. En consecuencia, la reversión de decisiones de política respecto de las bases del sistema regulatorio parece difícil.

Según LEVY y SPILLER, la judicatura chilena, en comparación con otras, ha gozado de altos niveles de independencia, siendo capaz de efectivamente proteger los derechos de los particulares (1994). Para fundamentar esta a¿rmación los autores aluden a la acción emprendida por la Corte Suprema durante el gobierno de Salvador Allende al bloquear frecuentemente las acciones del Ejecutivo por considerarlas inconstitucionales.

b) Las Instituciones Judiciales

b) Las Instituciones Judiciales

Según LEVY y SPILLER, la judicatura chilena, en comparación con otras, ha gozado de altos niveles de independencia, siendo capaz de efectivamente proteger los derechos de los particulares (1994). Para fundamentar esta a¿rmación los autores aluden a la acción emprendida por la Corte Suprema durante el gobierno de Salvador Allende al bloquear frecuentemente las acciones del Ejecutivo por considerarlas inconstitucionales.

principio de subsidiariedad impide al Estado reemplazar a los privados en el desarrollo de actividades económicas sin la aprobación de una amplia mayoría parlamentaria. En tercer lugar, el principio de reserva legal de acuerdo al cual cualquier limitación a los derechos debe ser establecida en sus aspectos principales por ley implica una legislación ampliamente detallada. En cuarto lugar, con la creación del TC se incorporó un nuevo actor en el proceso legislativo, incrementando el número de actores con poderes de veto o veto players, lo que implica que existen más actores que participan de una decisión y, por tanto, tienen capacidad para bloquear los cambios y favorecer el status quo. En consecuencia, la reversión de decisiones de política respecto de las bases del sistema regulatorio parece difícil.

Sin perjuicio de que la real independencia del Poder Judicial a efectos de resolver los conÀictos de los particulares con el poder público resultó controversial durante la dictadura, especialmente respecto a la protección de los derechos humanos si es posible a¿rmar que las reformas económicas fueron acompañadas de un diseño político institucional en el cual los tribunales superiores de justicia han jugado un rol más relevante en la protección de los derechos económicos. El recurso de protección fue creado por la Constitución de 1980 para proveer de un remedio judicial en contra de las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de las autoridades públicas o particulares, que pudiesen afectar, limitar o amenazar los derechos y garantías establecidos en la Constitución, incluidos los mencionados en el acápite y, en la práctica, también ha actuado como un mal remedo de un contencioso administrativo. El derecho a la libertad económica fue, además, objeto de una protección reforzada mediante el establecimiento del recurso de amparo económico en 1990.70

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

70 Dicha la ley fue promulgada el 10 de marzo de 1990, el mismo día que asumió el gobierno de Patricio Aylwin.

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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Dado este contexto, el sector privado puede controvertir las decisiones del Gobierno y los Tribunales han fallado a su favor en diversas ocasiones. Un ejemplo de esto es la acción decidida a favor de Endesa en contra de la Dirección de Aguas por la omisión en pronunciarse sobre sus solicitudes a derechos de aguas.71

STARK (2002).

73

NORTH (1993), p. 21. La traducción es nuestra.

72

Ver NAVARRO (2007).

71

El modelo introducido integró diversos controles contra la discrecionalidad. Además de las acciones legales y constitucionales reseñadas más arriba, las decisiones administrativas pueden ser recurridas ante la Aunque existieron dudas respecto de la privatización de los servicios públicos, especialmente entre los miembros militares del gobierno, el proyecto económico prevaleció con el apoyo de la élite económica del país y de un grupo inÀuenciado por la escuela de Chicago a cargo de posiciones estratégicas dentro del gobierno. La base ideológica de la reforma introdujo un factor que ordenó el modelo y el desenvolvimiento práctico de las agencias públicas envueltas en ese proceso.

En suma, en un contexto de reformas económicas radicales que implican la reasignación de los derechos, la forma en que se crean las normas formales no es el único aspecto a considerar. Es decir, no sólo es relevante el contexto institucional de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que es necesario, también, un sistema judicial que aplique imparcialmente el derecho.72 En Chile, la tradición de una judicatura independiente se complementó con nuevas acciones legales y constitucionales destinadas a hacer valer la regulación que garantiza el nuevo modelo económico.

Coetáneamente con los procesos de cambio que hemos examinado, se introdujo en el país una extensa reforma administrativa en búsqueda de una coherencia entre las “reglas del juego” sustantivas promovidas por la reforma económica y la capacidad de las organizaciones públicas.73

c) La costumbre y otras reglas informales

c) La costumbre y otras reglas informales

Coetáneamente con los procesos de cambio que hemos examinado, se introdujo en el país una extensa reforma administrativa en búsqueda de una coherencia entre las “reglas del juego” sustantivas promovidas por la reforma económica y la capacidad de las organizaciones públicas.73

En suma, en un contexto de reformas económicas radicales que implican la reasignación de los derechos, la forma en que se crean las normas formales no es el único aspecto a considerar. Es decir, no sólo es relevante el contexto institucional de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que es necesario, también, un sistema judicial que aplique imparcialmente el derecho.72 En Chile, la tradición de una judicatura independiente se complementó con nuevas acciones legales y constitucionales destinadas a hacer valer la regulación que garantiza el nuevo modelo económico.

Aunque existieron dudas respecto de la privatización de los servicios públicos, especialmente entre los miembros militares del gobierno, el proyecto económico prevaleció con el apoyo de la élite económica del país y de un grupo inÀuenciado por la escuela de Chicago a cargo de posiciones estratégicas dentro del gobierno. La base ideológica de la reforma introdujo un factor que ordenó el modelo y el desenvolvimiento práctico de las agencias públicas envueltas en ese proceso. El modelo introducido integró diversos controles contra la discrecionalidad. Además de las acciones legales y constitucionales reseñadas más arriba, las decisiones administrativas pueden ser recurridas ante la 71

Ver NAVARRO (2007).

72

NORTH (1993), p. 21. La traducción es nuestra.

73

STARK (2002).

Dado este contexto, el sector privado puede controvertir las decisiones del Gobierno y los Tribunales han fallado a su favor en diversas ocasiones. Un ejemplo de esto es la acción decidida a favor de Endesa en contra de la Dirección de Aguas por la omisión en pronunciarse sobre sus solicitudes a derechos de aguas.71 EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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EIU (2009).

74

Contraloría General de la República (CGR), cuerpo autónomo que audita el presupuesto público, controla ex-ante la legalidad de diversas normas administrativas y, además, revisa ex-post el desempeño de las instituciones de la Administración del Estado a solicitud de cualquier individuo, en el ámbito de su competencia.

GALAL (1994).

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

75

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d) Intereses sociales en conflicto

No obstante los problemas de inequidad, la sociedad chilena permanece estable. Los grupos a favor de las demostraciones violentas tienen poco apoyo popular, las instituciones democráticas aún se consideran capaces de dar respuestas y los conÀictos sociales se resuelven a través de los canales institucionales.74 La polarización política que condujo al país a la crisis constitucional y al golpe militar de 1973 fue una lección importante para la sociedad y la clase política. Por ello Chile ha desarrollado un estilo político conciliatorio. La Constitución establece la necesidad de crear acuerdos entre los dos conglomerados políticos más importantes respecto del modelo de desarrollo a seguir. Esta dinámica también se fortaleció por la motivación al consenso y la reconciliación de la clase política.75

En el campo económico, Chile ha exhibido un fuerte desempeño, estableciendo una tendencia al crecimiento robusto, el mejoramiento de los estándares de vida y controles sobre la inÀación y el gasto público. El rápido crecimiento del PIB per cápita hasta US$ 13.043, la reducción del desempleo al 7,7% en 2006 y la reducción de la pobreza desde un 30% en los años 80 a un 16,4% hacia el 2000, contribuyeron a la cohesión social. Sin embargo, la inequidad en el ingreso ha permanecido muy alta para los estándares internacionales y el PIB es aún un 40% más bajo que la media de los países de la OCDE (2009).

En el campo económico, Chile ha exhibido un fuerte desempeño, estableciendo una tendencia al crecimiento robusto, el mejoramiento de los estándares de vida y controles sobre la inÀación y el gasto público. El rápido crecimiento del PIB per cápita hasta US$ 13.043, la reducción del desempleo al 7,7% en 2006 y la reducción de la pobreza desde un 30% en los años 80 a un 16,4% hacia el 2000, contribuyeron a la cohesión social. Sin embargo, la inequidad en el ingreso ha permanecido muy alta para los estándares internacionales y el PIB es aún un 40% más bajo que la media de los países de la OCDE (2009).

No obstante los problemas de inequidad, la sociedad chilena permanece estable. Los grupos a favor de las demostraciones violentas tienen poco apoyo popular, las instituciones democráticas aún se consideran capaces de dar respuestas y los conÀictos sociales se resuelven a través de los canales institucionales.74 La polarización política que condujo al país a la crisis constitucional y al golpe militar de 1973 fue una lección importante para la sociedad y la clase política. Por ello Chile ha desarrollado un estilo político conciliatorio. La Constitución establece la necesidad de crear acuerdos entre los dos conglomerados políticos más importantes respecto del modelo de desarrollo a seguir. Esta dinámica también se fortaleció por la motivación al consenso y la reconciliación de la clase política.75

d) Intereses sociales en conflicto DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

GALAL (1994).

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EIU (2009).

75

Contraloría General de la República (CGR), cuerpo autónomo que audita el presupuesto público, controla ex-ante la legalidad de diversas normas administrativas y, además, revisa ex-post el desempeño de las instituciones de la Administración del Estado a solicitud de cualquier individuo, en el ámbito de su competencia.

74

Así, durante el proceso de reestructuración el factor ideológico permitió coordinar los objetivos gubernamentales y las reglas informales. Actualmente, el sistema incluye varios actores con derecho a veto restringiendo la arbitrariedad pública.

Así, durante el proceso de reestructuración el factor ideológico permitió coordinar los objetivos gubernamentales y las reglas informales. Actualmente, el sistema incluye varios actores con derecho a veto restringiendo la arbitrariedad pública.

EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

295

Todo lo anterior indica que aun existiendo conÀictos sociales el país es capaz de contenerlos adecuadamente, lo que contribuye a la estabilidad de las reglas del juego ¿jadas a través de esa institucionalidad que no es severamente desa¿ada. e) La Capacidad Administrativa

76

STARK (2001).

Fuente: Economist Intelligence Unit, MarketIndicators & Forecast 2009.

Tabla 4. Desempeño de la administración en países desarrollados y Chile

STARK en su estudio sobre los desarrollos institucionales en América Latina, señala que al momento de comenzar las reformas, el nivel de desarrollo de las instituciones chilenas era más alto que en el resto de los países de América Latina. Según el autor, las características autoritarias del gobierno de Pinochet permitieron llevar a cabo una estrategia de modernización administrativa, que implicó un cambio radical de las instituciones públicas y recortes masivos a la burocracia.76 A mayor abundamiento, Chile ha tenido una clase profesional respetada y cali¿cada, como reconocen autores y estudios internacionales. Aún hoy, el país muestra los más altos niveles de calidad administrativa, superando a cualquier país latinoamericano (Tabla 3) similares a países desarrollados (Tabla 4). Tabla 3. Desempeño de la administración en América Latina

Tabla 3. Desempeño de la administración en América Latina

A mayor abundamiento, Chile ha tenido una clase profesional respetada y cali¿cada, como reconocen autores y estudios internacionales. Aún hoy, el país muestra los más altos niveles de calidad administrativa, superando a cualquier país latinoamericano (Tabla 3) similares a países desarrollados (Tabla 4). STARK en su estudio sobre los desarrollos institucionales en América Latina, señala que al momento de comenzar las reformas, el nivel de desarrollo de las instituciones chilenas era más alto que en el resto de los países de América Latina. Según el autor, las características autoritarias del gobierno de Pinochet permitieron llevar a cabo una estrategia de modernización administrativa, que implicó un cambio radical de las instituciones públicas y recortes masivos a la burocracia.76

Tabla 4. Desempeño de la administración en países desarrollados y Chile

e) La Capacidad Administrativa

Fuente: Economist Intelligence Unit, MarketIndicators & Forecast 2009.

76

STARK (2001).

Todo lo anterior indica que aun existiendo conÀictos sociales el país es capaz de contenerlos adecuadamente, lo que contribuye a la estabilidad de las reglas del juego ¿jadas a través de esa institucionalidad que no es severamente desa¿ada. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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POLLIT (2004), p. 23. La traducción es nuestra.

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

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POLLIT (2004), p. 23. La traducción es nuestra.

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77

La con¿guración especí¿ca del personal de la CNE también habría inÀuido en las opciones del regulador en otros sentidos. Curiosamente, el hecho de que la mayoría de los profesionales de la CNE involucrados en los procesos regulatorios tradicionalmente sean ingenieros eléctricos ha producido “un sesgo hacia un modelo ideal”.77

GILARDI en su análisis comparativo sobre credibilidad política y agencias independientes en Europa y América Latina, concluyó que el número de actores con posibilidad de veto tiene una relación negativa con el nivel de inde-

En resumen, la capacidad administrativa en Chile permite a los funcionarios el uso de un marco regulatorio detallado y elaborado, pero también introduce una con¿anza en modelos ingenieriles de regulación.

El impacto de las características de las instituciones de un país en el diseño de marcos regulatorios o en las opciones regulatorias disponibles capaces de dar cuenta de un compromiso creíble es apoyado por otras opiniones según veremos a continuación.

f) El contexto institucional y el Marco Regulatorio

La última sección se dedica a mostrar cómo las opciones regulatorias en Chile, han sido impactadas por el contexto institucional del país. Según hemos señalado, las características de las instituciones chilenas parecen ser e¿cientes en establecer límites a la arbitrariedad administrativa y a los cambios legislativos. Esta con¿guración ha ampliado las opciones regulatorias disponibles para quienes diseñan las políticas sectoriales para establecer un marco regulatorio creíble. Por ejemplo, Levy y Spiller han indicado que en el sector de telecomunicaciones nuestra con¿guración institucional nos hubiese permitido optar tanto por un modelo de licencias o contratos de largo plazo, como el utilizado en Inglaterra o en algunos países del Caribe angloparlante como por un modelo que se basa en el establecimiento de una normativa sectorial. Lo mismo no ocurriría con otros países como Filipinas o Argentina, en los que sea porque los tribunales no son capaces de ofrecer garantías a la protección de los contratos o porque no existen restricciones a las reversiones de las decisiones normativas, las opciones son limitadas.

La última sección se dedica a mostrar cómo las opciones regulatorias en Chile, han sido impactadas por el contexto institucional del país. Según hemos señalado, las características de las instituciones chilenas parecen ser e¿cientes en establecer límites a la arbitrariedad administrativa y a los cambios legislativos. Esta con¿guración ha ampliado las opciones regulatorias disponibles para quienes diseñan las políticas sectoriales para establecer un marco regulatorio creíble. Por ejemplo, Levy y Spiller han indicado que en el sector de telecomunicaciones nuestra con¿guración institucional nos hubiese permitido optar tanto por un modelo de licencias o contratos de largo plazo, como el utilizado en Inglaterra o en algunos países del Caribe angloparlante como por un modelo que se basa en el establecimiento de una normativa sectorial. Lo mismo no ocurriría con otros países como Filipinas o Argentina, en los que sea porque los tribunales no son capaces de ofrecer garantías a la protección de los contratos o porque no existen restricciones a las reversiones de las decisiones normativas, las opciones son limitadas.

f) El contexto institucional y el Marco Regulatorio

El impacto de las características de las instituciones de un país en el diseño de marcos regulatorios o en las opciones regulatorias disponibles capaces de dar cuenta de un compromiso creíble es apoyado por otras opiniones según veremos a continuación.

En resumen, la capacidad administrativa en Chile permite a los funcionarios el uso de un marco regulatorio detallado y elaborado, pero también introduce una con¿anza en modelos ingenieriles de regulación.

GILARDI en su análisis comparativo sobre credibilidad política y agencias independientes en Europa y América Latina, concluyó que el número de actores con posibilidad de veto tiene una relación negativa con el nivel de inde-

La con¿guración especí¿ca del personal de la CNE también habría inÀuido en las opciones del regulador en otros sentidos. Curiosamente, el hecho de que la mayoría de los profesionales de la CNE involucrados en los procesos regulatorios tradicionalmente sean ingenieros eléctricos ha producido “un sesgo hacia un modelo ideal”.77

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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pendencia otorgado a las agencias regulatorias. En una publicación posterior, GILARDI agregó que el análisis estadístico sobre el surgimiento de las agencias regulatorias en Europa Occidental con¿rma que la delegación en éstas como mecanismo de solución a los problemas sobre credibilidad respecto de los compromisos y de incertidumbre política reversiones políticas por los mismos o futuros actores políticos, respectivamente está sujeta a las limitaciones del contexto institucional. El autor argumenta que los actores con capacidad de veto actúan como “equivalentes funcionales a la delegación”.78 Es decir, a mayor cantidad de actores con veto menos delegación. Así, tanto las agencias regulatorias independientes, como los actores con veto, facilitan el dotar de credibilidad a los compromisos y limitan la incertidumbre política. CUBBIN y STERN señalan que la gobernanza regulatoria ha impactado en el desempeño de la industria eléctrica en los países desarrollados.79 En la misma línea GUAL y TRILLAS80, en su estudio sobre las barreras de entrada e independencia regulatoria en el sector de las telecomunicaciones en los países desarrollados, concluyen que el Estado de Derecho –esto es, “la medida en que los particulares se someten y ponen su con¿anza en las reglas de la sociedad”–81 tiene un impacto negativo en la delegación. Es decir, mientras más robusto un Estado de Derecho menos necesidad existe de delegar. Estos últimos autores concluyen que “la independencia es un sustituto a otras vías para obtener un compromiso de no expropiar”.82 Los autores incluso sostienen que en algunos casos el establecimiento de agencias regulatorias independientes resulta “redundante y por tanto no costo-efectiva si existe cualquier costo asociado a la delegación”.83 En esta línea, es posible sostener que tales costos sí existen y de ello da cuenta el amplio debate que este tipo de organizaciones ha generado en relación a la legitimidad democrática de sus decisiones y la capacidad de controlarlas y ejercer responsabilidad sobre ellas. De manera similar, STERN a¿rma que el Estado de Derecho es el indicador más sobresaliente de gobernanza en la regulación de la infraestructura. Según 78

GILARDI (2008), p. 67. La traducción es nuestra.

79

CUBBIN y STERN (2006).

80

GUAL y TRILLAS (2006).

81

KAUFFMAN et al. (2007), p. 5. La traducción es nuestra.

82

GUAL y TRILLAS (2006), p. 261.

83

GUAL y TRILLAS (2006), p. 262.

GUAL y TRILLAS (2006), p. 262.

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GUAL y TRILLAS (2006), p. 261.

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KAUFFMAN et al. (2007), p. 5. La traducción es nuestra.

81

GUAL y TRILLAS (2006).

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CUBBIN y STERN (2006).

79

GILARDI (2008), p. 67. La traducción es nuestra.

78

De manera similar, STERN a¿rma que el Estado de Derecho es el indicador más sobresaliente de gobernanza en la regulación de la infraestructura. Según CUBBIN y STERN señalan que la gobernanza regulatoria ha impactado en el desempeño de la industria eléctrica en los países desarrollados.79 En la misma línea GUAL y TRILLAS80, en su estudio sobre las barreras de entrada e independencia regulatoria en el sector de las telecomunicaciones en los países desarrollados, concluyen que el Estado de Derecho –esto es, “la medida en que los particulares se someten y ponen su con¿anza en las reglas de la sociedad”–81 tiene un impacto negativo en la delegación. Es decir, mientras más robusto un Estado de Derecho menos necesidad existe de delegar. Estos últimos autores concluyen que “la independencia es un sustituto a otras vías para obtener un compromiso de no expropiar”.82 Los autores incluso sostienen que en algunos casos el establecimiento de agencias regulatorias independientes resulta “redundante y por tanto no costo-efectiva si existe cualquier costo asociado a la delegación”.83 En esta línea, es posible sostener que tales costos sí existen y de ello da cuenta el amplio debate que este tipo de organizaciones ha generado en relación a la legitimidad democrática de sus decisiones y la capacidad de controlarlas y ejercer responsabilidad sobre ellas. pendencia otorgado a las agencias regulatorias. En una publicación posterior, GILARDI agregó que el análisis estadístico sobre el surgimiento de las agencias regulatorias en Europa Occidental con¿rma que la delegación en éstas como mecanismo de solución a los problemas sobre credibilidad respecto de los compromisos y de incertidumbre política reversiones políticas por los mismos o futuros actores políticos, respectivamente está sujeta a las limitaciones del contexto institucional. El autor argumenta que los actores con capacidad de veto actúan como “equivalentes funcionales a la delegación”.78 Es decir, a mayor cantidad de actores con veto menos delegación. Así, tanto las agencias regulatorias independientes, como los actores con veto, facilitan el dotar de credibilidad a los compromisos y limitan la incertidumbre política. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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STERN (2007).

Fuente: Governance Matters 2009. Worldwide Governance Indicator 1996-2008 World Bank.

este economista, es difícil que ciertos países mantengan un esquema regulatorio efectivo si su puntaje en el Índice Kauffmann es menor al 25%.84

84

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

85 Los rankings indican el porcentaje de países que se sitúan por debajo el país seleccionado, KAUFFMANN (2007), p. 2.

298

El Índice Kauffman de Gobernanza Global mide 6 indicadores de la gobernabilidad por país desde 1996. De acuerdo a este estudio, Chile se sitúa en un 90 a 100% en Calidad Regulatoria, 75 a 90% en Participación y Control, Efectividad Gubernamental, Estado de Derecho y Control de la Corrupción y 50 a 75% en Estabilidad Política.85 Estos puntajes son más altos que el promedio de los puntajes de los países latinoamericanos y para países de ingresos similares, como se muestra en la Figura 5.

El Índice Kauffman de Gobernanza Global mide 6 indicadores de la gobernabilidad por país desde 1996. De acuerdo a este estudio, Chile se sitúa en un 90 a 100% en Calidad Regulatoria, 75 a 90% en Participación y Control, Efectividad Gubernamental, Estado de Derecho y Control de la Corrupción y 50 a 75% en Estabilidad Política.85 Estos puntajes son más altos que el promedio de los puntajes de los países latinoamericanos y para países de ingresos similares, como se muestra en la Figura 5. STERN (2007).

KAUFFMANN (2007), p. 2.

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85 Los rankings indican el porcentaje de países que se sitúan por debajo el país seleccionado,

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este economista, es difícil que ciertos países mantengan un esquema regulatorio efectivo si su puntaje en el Índice Kauffmann es menor al 25%.84

Fuente: Governance Matters 2009. Worldwide Governance Indicator 1996-2008 World Bank.

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Así, estas observaciones empíricas y aproximaciones teóricas permiten plantear que la introducción de las agencias regulatorias independientes no es la única medida o por sí sola su¿ciente para dotar a las políticas públicas de credibilidad, ya que otros mecanismos como las características de la gobernanza regulatoria, el Estado de Derecho y el número de actores con capacidad de veto, pueden ofrecer garantías de estabilidad de las reglas del juego e incentivar adecuadamente la inversión. Ello es especialmente relevante si se considera que la independencia del regulador no resuelve el problema de credibilidad de los compromisos, sino que simplemente los relocaliza, según enfatiza MONTOYA y TRILLAS.86 Los gobiernos deben ahora comprometerse a no debilitar la independencia otorgada al regulador. Así, se puede argumentar que existen otras salvaguardas institucionales que limitan las reversiones de las decisiones más que la sola creación de organizaciones autónomas. Esto sería precisamente un más amplio contexto institucional. V. CONCLUSIONES Las agencias regulatorias han sido caracterizadas como una solución esencial para el establecimiento de compromisos creíbles en el sector de los servicios públicos, ya que permiten a los actores políticos lidiar con distintas presiones y con el problema de la inconsistencia temporal. Sin embargo, las explicaciones funcionales y las a¿rmaciones de convergencia hacia el modelo de las agencias autónomas, no pueden explicar completamente las grandes diferencias nacionales en relación a las decisiones de delegación, de responsabilidades delegadas, el momento de creación de las agencias y a su diseño especí¿co. La “convergencia divergente”, a decir de TENBÜCKEN87 y otros, que se nota cuando se observa el nivel nacional puede ser mejor entendida si se considera que la decisión de introducir una agencia regulatoria independiente se ve afectada por factores institucionales. En países donde el contexto institucional restringe la discrecionalidad regulatoria, la clase política puede optar entre diferentes modelos de regulación. En Chile, la reestructuración del sector eléctrico fue parte de un amplio proceso llevado a cabo por el gobierno militar que persiguió instalar un 86

MONTOYA y TRILLAS (2007).

87

TENBÜCKEN y otros (2004).

TENBÜCKEN y otros (2004).

87

MONTOYA y TRILLAS (2007).

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En Chile, la reestructuración del sector eléctrico fue parte de un amplio proceso llevado a cabo por el gobierno militar que persiguió instalar un Sin embargo, las explicaciones funcionales y las a¿rmaciones de convergencia hacia el modelo de las agencias autónomas, no pueden explicar completamente las grandes diferencias nacionales en relación a las decisiones de delegación, de responsabilidades delegadas, el momento de creación de las agencias y a su diseño especí¿co. La “convergencia divergente”, a decir de TENBÜCKEN87 y otros, que se nota cuando se observa el nivel nacional puede ser mejor entendida si se considera que la decisión de introducir una agencia regulatoria independiente se ve afectada por factores institucionales. En países donde el contexto institucional restringe la discrecionalidad regulatoria, la clase política puede optar entre diferentes modelos de regulación. Las agencias regulatorias han sido caracterizadas como una solución esencial para el establecimiento de compromisos creíbles en el sector de los servicios públicos, ya que permiten a los actores políticos lidiar con distintas presiones y con el problema de la inconsistencia temporal. V. CONCLUSIONES Así, estas observaciones empíricas y aproximaciones teóricas permiten plantear que la introducción de las agencias regulatorias independientes no es la única medida o por sí sola su¿ciente para dotar a las políticas públicas de credibilidad, ya que otros mecanismos como las características de la gobernanza regulatoria, el Estado de Derecho y el número de actores con capacidad de veto, pueden ofrecer garantías de estabilidad de las reglas del juego e incentivar adecuadamente la inversión. Ello es especialmente relevante si se considera que la independencia del regulador no resuelve el problema de credibilidad de los compromisos, sino que simplemente los relocaliza, según enfatiza MONTOYA y TRILLAS.86 Los gobiernos deben ahora comprometerse a no debilitar la independencia otorgada al regulador. Así, se puede argumentar que existen otras salvaguardas institucionales que limitan las reversiones de las decisiones más que la sola creación de organizaciones autónomas. Esto sería precisamente un más amplio contexto institucional. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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Un compromiso creíble implican restringir las opciones del legislador y la discrecionalidad del regulador y las vías para alcanzar ese objetivo son

300

Los Estados serán capaces de lograr compromisos creíbles que den paso a buenos resultados en los sectores económicos regulados si son capaces de crear una estructura regulatoria que se adapte bien a su propio contexto institucional. En el caso chileno, el compromiso creíble se logró estableciendo un sistema basado en incentivos a través de leyes detalladas apuntaladas por una buena calidad de gobernanza regulatoria. Esta situación hace que el establecimiento de una agencia regulatoria independiente en nuestro contexto no haya sido un requisito sine qua non para llevar adelante la privatización y liberalización del sector eléctrico y otros como telecomunicaciones, donde tampoco ha existido nunca un regulador independiente.

modelo orientado al mercado, donde el sector privado jugase el rol principal en la economía y con el Estado desempeñando una función subsidiaria. Las instituciones nacionales impactaron este proceso y de¿nieron el modelo regulatorio resultante.

Primero, la coincidencia entre los objetivos del gobierno, la élite social y los actores relevantes de la reforma favorecieron el cambio regulatorio. Segundo, las características de las instituciones políticas, el número de actores con capacidad de veto y la imparcialidad de la judicatura al momento de proteger los derechos económicos permitieron a los reformadores elegir un modelo basado en la generación de una normativa sectorial como instrumento regulatorio, teniendo en consideración la fuerte protección que esta alternativa otorgaba frente a reversiones políticas o arbitrariedades administrativas. En tercer lugar, la capacidad administrativa presente en el país permitió el diseño de un sistema complejo y detallado de regulación.

El contexto institucional chileno permitió establecer un régimen regulatorio creíble en el sector eléctrico a pesar de la falta de un regulador independiente. Esta a¿rmación no signi¿ca que la opción de los reformadores fuese la correcta o que el desempeño del sector pudiese haber sido mejor de mediar una auténtica delegación u una regulación diferente en algunos aspectos. El análisis del caso chileno simplemente sugiere que las tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejercita la autoridad fueron su¿cientes para favorecer el éxito de las reformas económicas.

El contexto institucional chileno permitió establecer un régimen regulatorio creíble en el sector eléctrico a pesar de la falta de un regulador independiente. Esta a¿rmación no signi¿ca que la opción de los reformadores fuese la correcta o que el desempeño del sector pudiese haber sido mejor de mediar una auténtica delegación u una regulación diferente en algunos aspectos. El análisis del caso chileno simplemente sugiere que las tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejercita la autoridad fueron su¿cientes para favorecer el éxito de las reformas económicas.

Primero, la coincidencia entre los objetivos del gobierno, la élite social y los actores relevantes de la reforma favorecieron el cambio regulatorio. Segundo, las características de las instituciones políticas, el número de actores con capacidad de veto y la imparcialidad de la judicatura al momento de proteger los derechos económicos permitieron a los reformadores elegir un modelo basado en la generación de una normativa sectorial como instrumento regulatorio, teniendo en consideración la fuerte protección que esta alternativa otorgaba frente a reversiones políticas o arbitrariedades administrativas. En tercer lugar, la capacidad administrativa presente en el país permitió el diseño de un sistema complejo y detallado de regulación.

modelo orientado al mercado, donde el sector privado jugase el rol principal en la economía y con el Estado desempeñando una función subsidiaria. Las instituciones nacionales impactaron este proceso y de¿nieron el modelo regulatorio resultante.

Los Estados serán capaces de lograr compromisos creíbles que den paso a buenos resultados en los sectores económicos regulados si son capaces de crear una estructura regulatoria que se adapte bien a su propio contexto institucional. En el caso chileno, el compromiso creíble se logró estableciendo un sistema basado en incentivos a través de leyes detalladas apuntaladas por una buena calidad de gobernanza regulatoria. Esta situación hace que el establecimiento de una agencia regulatoria independiente en nuestro contexto no haya sido un requisito sine qua non para llevar adelante la privatización y liberalización del sector eléctrico y otros como telecomunicaciones, donde tampoco ha existido nunca un regulador independiente.

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Un compromiso creíble implican restringir las opciones del legislador y la discrecionalidad del regulador y las vías para alcanzar ese objetivo son

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varias. Sin duda, dotar a los reguladores de mayores niveles de autonomía ofrece ventajas que son innegables, más aún cuando ellas van acompañadas de mejores estándares de transparencia y participación en el quehacer regulatorio. Sin embargo, la sola creación de ellas no asegura los resultados buscados, pues la mejor alternativa parece ser aquella que toma en cuenta el contexto institucional particular del país en donde la regulación será diseñada e implementada. BIBLIOGRAFÍA CITADA ANDRÉS, L., GUASCH, J., DIOP, M. y LÓPEZ, S. (2007): “Assessing the Governance of Electricity Regulatory Agencies in the Latin American and Caribbean Region”, Policy Research Working Paper Nº 4380, The World Bank, 55 pp. ARELLANO, M. S. (2008): “The Old and New Reform of Chile’s Power Industry”, International Journal of Global Energy Issues, Vol. 1-2, Nº 29, pp. 55-74. AROCA, P. y HEWINGS, G. (2006): Structure and Structural Change in the Chilean Economy (Palgrave Macmillan), 304 pp. BARTLE, I. (2002): “When institutions no longer matter; Reform of Telecommunications and Electricity in Germany, France and Britain”, Journal of Public Policy, Vol. 1, Nº 22, pp. 1-27. BERNSTEIN, S. (1988): “Competition, Marginal Cost Tariffs and Spot Pricing in the Chilean Electric Power Sector”, Energy Policy, Vol. 4, Nº 16, pp. 369-377. BERNSTEIN, S. (2003): Sector Eléctrico en Larroulet C., Soluciones Privadas a Problemas Públicos (Santiago, Ediciones Instituto Libertad y Desarrollo), pp. 175-214. CHRISTENSEN, T. y LAEGREID, P. (2006a): “Agenci¿cation and Regulatory Reforms” en CHRISTENSEN, T. and LAEGREID, P. (eds.) Autonomy and Regulation: Coping with Agencies in the Modern State (Cheltenham, Edward Elgar), pp. 8-49. CONSEJO NACIONAL DE REFORMA ADMINISTRATIVA (1975): Chile hacia un nuevo destino; su reforma administrativa integral y el proceso de regionalización, Presidencia de la República, 176 pp.

CONSEJO NACIONAL DE REFORMA ADMINISTRATIVA (1975): Chile hacia un nuevo destino; su reforma administrativa integral y el proceso de regionalización, Presidencia de la República, 176 pp. CHRISTENSEN, T. y LAEGREID, P. (2006a): “Agenci¿cation and Regulatory Reforms” en CHRISTENSEN, T. and LAEGREID, P. (eds.) Autonomy and Regulation: Coping with Agencies in the Modern State (Cheltenham, Edward Elgar), pp. 8-49. BERNSTEIN, S. (2003): Sector Eléctrico en Larroulet C., Soluciones Privadas a Problemas Públicos (Santiago, Ediciones Instituto Libertad y Desarrollo), pp. 175-214. BERNSTEIN, S. (1988): “Competition, Marginal Cost Tariffs and Spot Pricing in the Chilean Electric Power Sector”, Energy Policy, Vol. 4, Nº 16, pp. 369-377. BARTLE, I. (2002): “When institutions no longer matter; Reform of Telecommunications and Electricity in Germany, France and Britain”, Journal of Public Policy, Vol. 1, Nº 22, pp. 1-27. AROCA, P. y HEWINGS, G. (2006): Structure and Structural Change in the Chilean Economy (Palgrave Macmillan), 304 pp. ARELLANO, M. S. (2008): “The Old and New Reform of Chile’s Power Industry”, International Journal of Global Energy Issues, Vol. 1-2, Nº 29, pp. 55-74. ANDRÉS, L., GUASCH, J., DIOP, M. y LÓPEZ, S. (2007): “Assessing the Governance of Electricity Regulatory Agencies in the Latin American and Caribbean Region”, Policy Research Working Paper Nº 4380, The World Bank, 55 pp. BIBLIOGRAFÍA CITADA varias. Sin duda, dotar a los reguladores de mayores niveles de autonomía ofrece ventajas que son innegables, más aún cuando ellas van acompañadas de mejores estándares de transparencia y participación en el quehacer regulatorio. Sin embargo, la sola creación de ellas no asegura los resultados buscados, pues la mejor alternativa parece ser aquella que toma en cuenta el contexto institucional particular del país en donde la regulación será diseñada e implementada. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

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EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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WILKS, S. y BARTLE, I. (2002): “The Unanticipated Consequences of Creating Independent Competition Agencies”, West European Politics, Vol. 1, Nº 25, pp. 148-72. THATCHER, M. y SWEET, A. S. (2002): “Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions”, West European Politics, Vol. 1, Nº 25, pp. 1-22. THATCHER, M. (2002): “Delegation to Independent Regulatory Agencies; Pressures, Functions and Contextual Mediation”, West European Politics, Vol. 1, Nº 25, pp. 125-147. TENBÜCKEN, M. y SCHNEIDER, V. (2004): “Divergent convergence: structures and functions of national regulatory authorities in the telecommunications sector”, en Jordana, J. and Levi-Faur, D., editores, Politics of Regulation (Cheltenham, Edward Elgar), pp. 245-272. STERN, J. (2007): “Evaluating Regulatory Decisions and Sector Outcomes in Infraestructure Industries: result from Africa and Other Developing Countries”, Working Paper Nº 3, PPIAF/The World Bank. STARK, Carlos (2001): “Regulación, agencias reguladoras e innovación de la gestión pública en América Latina”, en CLAD Nueva Gestión Pública y Regulación en América Latina. Balances y Desafíos, 255 pp. SOTO, R. (1999): “Institutional Reforms in the Electricity Sector”, ILADESGeorgetown University Working Papers 120, ILADES-Georgetown University, School of Economics and Business, 52 pp. EN CONTRA DE LA CORRIENTE. LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

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Reguladores Eléctricos en América Latina

Year of creation

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

Centralizado

2009

1996

Reguladores Eléctricos en América Latina APÉNDICE 306

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

Basado en ANDRÉS, GUASCH, DIOP y LÓPEZ (2007) SIFONTES (2204). La información de algunos países fue actualizada (Venezuela) o con¿rmada a junio de 2010 (Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú y Paraguay) de acuerdo a la información pública normativa disponible en los sitios web de estas organizaciones.

Status

1993

Venezuela

ARI

2000

Argentina

ARI

ARI

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

Superintendencia de Electricidad

Uruguay

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

1997

1998

Bolivia

NA ARI

ARI

1978

Superintendencia de Electricidad

Agencia Nacional do Energía Eléctrica

1994

R. Dominicana

Brasil

1997 1996

1996

NA

1997

1993

ARI

NA

1996 Centralizado

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

Cuba

1995 1995

Vice-Ministro de Energía y Minas

Perú

Centralizado

1998

Paraguay

Chile

1996

Comisión Nacional de Energía Superintendencia de Electricidad y Combustibles

ARI

Centralizado

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos

Comisión de Regulación de Energía y Gas Superintendencia de Servicios Públicos

Panamá

Colombia

1998

ARI

ARI

ARI

Instituto Nicaragüense de Electricidad

Consejo Nacional de Electricidad

Nicaragua

Unidad Reguladora de Servicios Públicos

1995

Costa Rica

1995

ARI

Ecuador

ARI

Comisión Reguladora de Energía

ARI

Comisión Nacional de Energía

México

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

Honduras

El Salvador

1996

ARI

ARI

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Guatemala

Guatemala

ARI

1997

ARI

ARI

Comisión Nacional de Energía

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

Comisión Reguladora de Energía

El Salvador

Honduras

1997

México

1996

ARI

ARI

ARI

Consejo Nacional de Electricidad

Instituto Nicaragüense de Electricidad

Unidad Reguladora de Servicios Públicos

Ecuador

Nicaragua

Costa Rica

1996

1994

ARI

Centralizado

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos

Comisión de Regulación de Energía y Gas Superintendencia de Servicios Públicos

Panamá

Colombia

1993

1978

1996

Centralizado

ARI

Comisión Nacional de Energía Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Centralizado

Chile

Vice-Ministro de Energía y Minas

NA

Paraguay

NA

Perú

NA

1998

Cuba

ARI

1997

Superintendencia de Electricidad

1996

ARI

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

ARI

Agencia Nacional do Energía Eléctrica

R. Dominicana

Superintendencia de Electricidad

Brasil

2000

Bolivia

ARI

1993

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

ARI

Uruguay

2009 Year of creation

Centralizado

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Status

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

Argentina

Name

Venezuela

Country

Name

APÉNDICE

Country

DANIELA GONZÁLEZ DURÁN

Basado en ANDRÉS, GUASCH, DIOP y LÓPEZ (2007) SIFONTES (2204). La información de algunos países fue actualizada (Venezuela) o con¿rmada a junio de 2010 (Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú y Paraguay) de acuerdo a la información pública normativa disponible en los sitios web de estas organizaciones.

306

a continuación de la letra z) las siguientes letras aa)/ ab) y ac). La letra aa) de¿ne los “Medios de generación renovables no convencionales” como aquellos que presentan cualquiera de las siguientes características: “3) Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía geotérmica, entendiéndose por tal la que se obtiene del calor natural del interior de la tierra”. 1 Dicha ley modi¿có la Ley General de Servicios Eléctricos, incluyendo en su artículo 225,

Doctor (c) en Derecho (Pontificia Universidad Católica de Chile), Magíster en Ciencia Jurídica (Pontificia Universidad Católica de Chile), Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (Instituto de Empresa, España) Diploma de Estudios Avanzados (Universidad Complutense de Madrid, España), Abogado.

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA MARCELO MARDONES OSORIO*

*

En dicho contexto es que la energía geotérmica se ha convertido en una de las opciones a considerar, habida cuenta de la existencia desde Como es sabido, desde hace varios años nuestro país pasa por una importante crisis energética, la cual, si bien ha tenido altos y bajos, es una constante. De ahí que se haya vuelto común escuchar a nuestras autoridades, en los diferentes medios de prensa, hablar sobre la imperatividad de diversi¿car la matriz energética, de forma que las necesidades de energía de nuestro país puedan verse satisfechas gracias a una variada gama de fuentes energéticas, evitando así tanto la dependencia de una única fuente, como de un único proveedor de la misma. Junto a ello, debe recordarse que la Ley Nº 20.257, publicada en el Diario O¿cial del 1º de abril de 2008, obliga a las empresas generadoras eléctricas, con capacidad instalada superior a 200 megawatts, a comercializar desde un 5% en el año 2010 hasta un 10% en el año 2024, de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales.1 1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN Como es sabido, desde hace varios años nuestro país pasa por una importante crisis energética, la cual, si bien ha tenido altos y bajos, es una constante. De ahí que se haya vuelto común escuchar a nuestras autoridades, en los diferentes medios de prensa, hablar sobre la imperatividad de diversi¿car la matriz energética, de forma que las necesidades de energía de nuestro país puedan verse satisfechas gracias a una variada gama de fuentes energéticas, evitando así tanto la dependencia de una única fuente, como de un único proveedor de la misma. Junto a ello, debe recordarse que la Ley Nº 20.257, publicada en el Diario O¿cial del 1º de abril de 2008, obliga a las empresas generadoras eléctricas, con capacidad instalada superior a 200 megawatts, a comercializar desde un 5% en el año 2010 hasta un 10% en el año 2024, de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales.1 En dicho contexto es que la energía geotérmica se ha convertido en una de las opciones a considerar, habida cuenta de la existencia desde * Doctor (c) en Derecho (Pontificia Universidad Católica de Chile), Magíster en Ciencia Jurídica (Pontificia Universidad Católica de Chile), Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (Instituto de Empresa, España) Diploma de Estudios Avanzados (Universidad Complutense de Madrid, España), Abogado.

MARCELO MARDONES OSORIO* UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

1 Dicha ley modi¿có la Ley General de Servicios Eléctricos, incluyendo en su artículo 225, a continuación de la letra z) las siguientes letras aa)/ ab) y ac). La letra aa) de¿ne los “Medios de generación renovables no convencionales” como aquellos que presentan cualquiera de las siguientes características: “3) Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía geotérmica, entendiéndose por tal la que se obtiene del calor natural del interior de la tierra”.

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA.

308

MARCELO MARDONES OSORIO

Concesiones de Energía Geotérmica, ingresado a la Cámara de Diputados el 21 de enero del año 2009. 4 Boletín Nº 6379-08, proyecto de ley que introduce modi¿caciones a Ley Nº 19.657, sobre

hace ya varios años de un régimen normativo aplicable a la exploración y explotación de dicha energía, pudiendo contarse un elevado número de concesiones otorgadas desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica, publicada en el Diario O¿cial el día 7 de enero de 2000. Sin embargo, si ello ofrece en principio un panorama prometedor, a poco andar es posible realizar dos constataciones que derrumban tal promesa. La primera, consistente en que al día de hoy sólo existen 6 concesiones vigentes de explotación geotérmica, y la segunda, relativa a que dichas concesionarias no han generado un solo megawatt de energía eléctrica en base a energía geotérmica.2 Las explicaciones en relación a los nulos resultados alcanzados son variadas y se re¿eren esencialmente a una mala estructura regulatoria,3 la cual, además, carece de incentivos: Así, como se señala en el Mensaje con que se acompañó el primer proyecto de ley modi¿catorio de la Ley Nº 19.6574, el esquema normativo actual ha generado espacio para supuestas especulaciones, atendidas las reducidas atribuciones que se entregan a la autoridad administrativa a ¿n de otorgar concesiones para el desarrollo de proyectos de calidad, que sean técnicamente viables y apunten al ¿n último de la concesión, que es determinar la potencialidad de un reservorio. Asimismo, se suele hacer referencia a la falta de incentivos a la inversión, carencia que se aprecia principalmente en lo relativo a la asunción de riesgos exploratorios; a la incertidumbre en relación a la conexión de las plantas geotérmicas a los sistemas eléctricos, o la operatoria de las tarifas eléctricas en relación a la energía eléctrica generada en base a la energía geotérmica.

se aduce como causal la mani¿esta falta de información geológica disponible, a ¿n de poder evaluar en forma clara la existencia de eventuales plays y, en de¿nitiva, evitar costos innecesarios de exploración. En todo caso, tal problemática no es particular de la geotermia, sino que también es una de las grandes de¿ciencias existente en el sector minero, pese a que el artículo 21 del Código de Minería faculta expresamente al Servicio Nacional de Geología y Minería para solicitar a toda persona que realice trabajos de exploración geológica básica la información de carácter general que al respecto obtenga. 3 Adicionalmente,

de la actual matriz energética, según el Mensaje del proyecto de ley que introduce modificaciones a Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica (Boletín Nº 7162-08). 2 Lo cual contrasta con el potencial de nuestro país, equivalente a 16.000 MW, casi el doble

MARCELO MARDONES OSORIO

4 Boletín Nº 6379-08, proyecto de ley que introduce modi¿caciones a Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica, ingresado a la Cámara de Diputados el 21 de enero del año 2009.

hace ya varios años de un régimen normativo aplicable a la exploración y explotación de dicha energía, pudiendo contarse un elevado número de concesiones otorgadas desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica, publicada en el Diario O¿cial el día 7 de enero de 2000.

3 Adicionalmente, se aduce como causal la mani¿esta falta de información geológica disponible, a ¿n de poder evaluar en forma clara la existencia de eventuales plays y, en de¿nitiva, evitar costos innecesarios de exploración. En todo caso, tal problemática no es particular de la geotermia, sino que también es una de las grandes de¿ciencias existente en el sector minero, pese a que el artículo 21 del Código de Minería faculta expresamente al Servicio Nacional de Geología y Minería para solicitar a toda persona que realice trabajos de exploración geológica básica la información de carácter general que al respecto obtenga.

Sin embargo, si ello ofrece en principio un panorama prometedor, a poco andar es posible realizar dos constataciones que derrumban tal promesa. La primera, consistente en que al día de hoy sólo existen 6 concesiones vigentes de explotación geotérmica, y la segunda, relativa a que dichas concesionarias no han generado un solo megawatt de energía eléctrica en base a energía geotérmica.2 Las explicaciones en relación a los nulos resultados alcanzados son variadas y se re¿eren esencialmente a una mala estructura regulatoria,3 la cual, además, carece de incentivos: Así, como se señala en el Mensaje con que se acompañó el primer proyecto de ley modi¿catorio de la Ley Nº 19.6574, el esquema normativo actual ha generado espacio para supuestas especulaciones, atendidas las reducidas atribuciones que se entregan a la autoridad administrativa a ¿n de otorgar concesiones para el desarrollo de proyectos de calidad, que sean técnicamente viables y apunten al ¿n último de la concesión, que es determinar la potencialidad de un reservorio. Asimismo, se suele hacer referencia a la falta de incentivos a la inversión, carencia que se aprecia principalmente en lo relativo a la asunción de riesgos exploratorios; a la incertidumbre en relación a la conexión de las plantas geotérmicas a los sistemas eléctricos, o la operatoria de las tarifas eléctricas en relación a la energía eléctrica generada en base a la energía geotérmica.

2 Lo cual contrasta con el potencial de nuestro país, equivalente a 16.000 MW, casi el doble de la actual matriz energética, según el Mensaje del proyecto de ley que introduce modificaciones a Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica (Boletín Nº 7162-08).

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LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

309

Pese a ello, y con el ¿n de reducir el otorgamiento de concesiones inconducentes, si bien en la actualidad existe una nueva iniciativa legal en curso, que reemplazó la presentada en el año 2009,5 es necesario sentar criterios sobre la base de la legislación vigente en cuanto a cuáles son las exigencias que la propia Ley Nº 19.657 permite establecer en relación a los proyectos exploratorios de energía geotérmica. Para ello, el presente trabajo analiza el concepto de discrecionalidad técnica, en relación con el artículo 6º inciso segundo de dicha ley, que de¿ne a la exploración geotérmica como “…el conjunto de operaciones que tienen el objetivo de determinar la potencialidad de la energía geotérmica, considerando entre ellas la perforación y medición de pozos de gradiente y los pozos exploratorios profundos”. De un simple análisis literal del precepto pareciera desprenderse que el legislador ha de¿nido el objeto de la concesión de exploración geotérmica, al señalar que el objetivo de la exploración es determinar la potencialidad de la energía geotérmica. Sin embargo, en estricto rigor, lo que ha hecho la norma en análisis es con¿gurar a la concesión de exploración geotérmica como un acto administrativo con un ¿n especí¿co: la determinación de la potencialidad de la energía geotérmica. Fin el cual ha sido de¿nido de forma técnica por la norma, por lo que la determinación exacta de qué ha de entenderse por ¿n del acto concesional geotérmico de exploración ha de realizarse recurriendo a las normas técnicas aplicables. De esta forma, con tal declaración, la ley ha entregado a la Administración un margen de apreciación técnica, con el objeto de que decida si los trabajos exploratorios presentados por el solicitante de una concesión de exploración geotérmica son cali¿cables como técnicamente idóneos para llevar a cabo tal determinación. En virtud de lo indicado es que la Administración está no sólo facultada, sino que obligada a otorgar una concesión de energía geotérmica, si el proyecto presentado reúne las actividades que, como mínimo, son necesarias para cumplir con el señalado ¿n. Y la cali¿cación de ello se realiza única y exclusivamente atendiendo a criterios técnicos y en ningún caso de mérito u oportunidad. Siguiendo un orden lógico, primeramente se analizará el contexto general de las potestades, abordando las facultades discrecionales, la discrecionalidad técnica y los conceptos jurídicos indeterminados, siguiendo con un aná-

5 Boletín Nº 7162-08, proyecto de ley que introduce modificaciones a Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica, ingresado a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre del año 2010.

Siguiendo un orden lógico, primeramente se analizará el contexto general de las potestades, abordando las facultades discrecionales, la discrecionalidad técnica y los conceptos jurídicos indeterminados, siguiendo con un anáPese a ello, y con el ¿n de reducir el otorgamiento de concesiones inconducentes, si bien en la actualidad existe una nueva iniciativa legal en curso, que reemplazó la presentada en el año 2009,5 es necesario sentar criterios sobre la base de la legislación vigente en cuanto a cuáles son las exigencias que la propia Ley Nº 19.657 permite establecer en relación a los proyectos exploratorios de energía geotérmica. Para ello, el presente trabajo analiza el concepto de discrecionalidad técnica, en relación con el artículo 6º inciso segundo de dicha ley, que de¿ne a la exploración geotérmica como “…el conjunto de operaciones que tienen el objetivo de determinar la potencialidad de la energía geotérmica, considerando entre ellas la perforación y medición de pozos de gradiente y los pozos exploratorios profundos”. De un simple análisis literal del precepto pareciera desprenderse que el legislador ha de¿nido el objeto de la concesión de exploración geotérmica, al señalar que el objetivo de la exploración es determinar la potencialidad de la energía geotérmica. Sin embargo, en estricto rigor, lo que ha hecho la norma en análisis es con¿gurar a la concesión de exploración geotérmica como un acto administrativo con un ¿n especí¿co: la determinación de la potencialidad de la energía geotérmica. Fin el cual ha sido de¿nido de forma técnica por la norma, por lo que la determinación exacta de qué ha de entenderse por ¿n del acto concesional geotérmico de exploración ha de realizarse recurriendo a las normas técnicas aplicables. De esta forma, con tal declaración, la ley ha entregado a la Administración un margen de apreciación técnica, con el objeto de que decida si los trabajos exploratorios presentados por el solicitante de una concesión de exploración geotérmica son cali¿cables como técnicamente idóneos para llevar a cabo tal determinación. En virtud de lo indicado es que la Administración está no sólo facultada, sino que obligada a otorgar una concesión de energía geotérmica, si el proyecto presentado reúne las actividades que, como mínimo, son necesarias para cumplir con el señalado ¿n. Y la cali¿cación de ello se realiza única y exclusivamente atendiendo a criterios técnicos y en ningún caso de mérito u oportunidad.

5 Boletín Nº 7162-08, proyecto de ley que introduce modificaciones a Ley Nº 19.657, sobre

Concesiones de Energía Geotérmica, ingresado a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre del año 2010.

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lisis de los elementos del acto administrativo, distinguiendo especialmente entre ¿n y objeto del acto, para posteriormente en forma inversa, por así imponerlo la misma lógica, estudiar el ¿n de la concesión de exploración geotérmica y la eventual discrecionalidad técnica existente a su respecto. 2. EL CONTEXTO GENERAL: LAS POTESTADES 2.1. Las potestades discrecionales De forma tradicional la potestad ha sido considerada como una especie dentro del género poderes jurídicos, verdadera manifestación del principio de legalidad, en cuya virtud la Administración es dotada de poderes facultades de actuación, que se encuentran delimitadas precisamente en virtud del mismo principio de legalidad, y que de forma genérica apuntan a la satisfacción de objetivos de interés público; se trata, por ende, de un poder jurídico ¿nalizado (cfr. los artículos 1º inciso 4º y 5º inciso 2º de la Constitución Política). En tal calidad, aun cuando forman parte del mismo género poderes jurídicos, las potestades constituyen el contrapunto de los derechos subjetivos, en tanto que no se generan como consecuencia de una relación jurídica, no recaen sobre un objeto especí¿co y no implican per se un deber de cargo de un sujeto pasivo obligado6. En el contexto de las potestades es que la Ley Nº 19.657 ha premunido a la Administración de la facultad/deber de ordenar7 en forma general el acceso al aprovechamiento de la energía geotérmica proveniente del calor de la tierra. Para ello, en primer lugar, declaró la energía geotérmica como bien del Estado (sic)8; en segundo lugar, dispuso que su aprovechamiento sólo puede llevarse a cabo mediando un título habilitante para ello (la con6 CASSAGNE (1998), pp. 116-117, COSCULLUELA (1998), pp. 322-323, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), p. 451 y PAREJO (2008), pp. 253-255. En nuestro país, FERRADA (2007), pp. 75-81, MINSEGPRES (2008), pp. 91-93 y SOTO KLOSS (2009), pp. 218-219. 7

Para un análisis general de las técnicas de ordenación, vid. SANTAMARÍA (2004), pp. 244-290.

Para un análisis general de las técnicas de ordenación, vid. SANTAMARÍA (2004), pp. 244-290. MARCELO MARDONES OSORIO

8 A este respecto se ha señalado que “Una de las modalidades utilizadas por el Estado para atribuirse potestades de ordenación respecto de ciertos bienes, con el objeto de obtener determinados ¿nes públicos, es la previa declaración de dominio público…”. CELAYA (2002), pp. 315-366. La doctrina considera que tal declaración representa “…un soporte jurídico de potestades; un título jurídico de intervención que lo que permite es que la Administración titular esté en posición jurídica hábil para disciplinar las conductas de quienes utilicen las cosas cali¿-

A este respecto se ha señalado que “Una de las modalidades utilizadas por el Estado para atribuirse potestades de ordenación respecto de ciertos bienes, con el objeto de obtener determinados ¿nes públicos, es la previa declaración de dominio público…”. CELAYA (2002), pp. 315-366. La doctrina considera que tal declaración representa “…un soporte jurídico de potestades; un título jurídico de intervención que lo que permite es que la Administración titular esté en posición jurídica hábil para disciplinar las conductas de quienes utilicen las cosas cali¿8 7

CASSAGNE (1998), pp. 116-117, COSCULLUELA (1998), pp. 322-323, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), p. 451 y PAREJO (2008), pp. 253-255. En nuestro país, FERRADA (2007), pp. 75-81, MINSEGPRES (2008), pp. 91-93 y SOTO KLOSS (2009), pp. 218-219. 6

En el contexto de las potestades es que la Ley Nº 19.657 ha premunido a la Administración de la facultad/deber de ordenar7 en forma general el acceso al aprovechamiento de la energía geotérmica proveniente del calor de la tierra. Para ello, en primer lugar, declaró la energía geotérmica como bien del Estado (sic)8; en segundo lugar, dispuso que su aprovechamiento sólo puede llevarse a cabo mediando un título habilitante para ello (la conDe forma tradicional la potestad ha sido considerada como una especie dentro del género poderes jurídicos, verdadera manifestación del principio de legalidad, en cuya virtud la Administración es dotada de poderes facultades de actuación, que se encuentran delimitadas precisamente en virtud del mismo principio de legalidad, y que de forma genérica apuntan a la satisfacción de objetivos de interés público; se trata, por ende, de un poder jurídico ¿nalizado (cfr. los artículos 1º inciso 4º y 5º inciso 2º de la Constitución Política). En tal calidad, aun cuando forman parte del mismo género poderes jurídicos, las potestades constituyen el contrapunto de los derechos subjetivos, en tanto que no se generan como consecuencia de una relación jurídica, no recaen sobre un objeto especí¿co y no implican per se un deber de cargo de un sujeto pasivo obligado6. 2.1. Las potestades discrecionales 2. EL CONTEXTO GENERAL: LAS POTESTADES lisis de los elementos del acto administrativo, distinguiendo especialmente entre ¿n y objeto del acto, para posteriormente en forma inversa, por así imponerlo la misma lógica, estudiar el ¿n de la concesión de exploración geotérmica y la eventual discrecionalidad técnica existente a su respecto. 310

La Contraloría General ha de¿nido a la potestad discrecional como “…la voluntad de elección de la administración, dentro del marco legal y en su ámbito de competencia, de llevar a cabo tales actuaciones cuando la situación lo amerite” (Dictamen Nº 50.183, de 2007). Por su parte, recientemente nuestro Tribunal Constitucional (fallo causa Rol Nº 1.341, de 2010, considerando 14) se ha referido a la discrecionalidad, indicando que ésta “…en primer lugar, 12

De frente a las denominadas potestades regladas, que son aquellas que la norma legal tipi¿ca de manera completa, determinando a priori el momento, contenido y forma de la actividad administrativa, de manera tal que la labor de la Administración se limita a una mera constatación de que el supuesto de hecho cumple con las exigencias legalmente previstas; se trata por tanto de una mera aplicación de la norma. MADARIAGA (1993), pp. 45-46; COSCULLUELA (1998), P. 327; BALZÁN (2000), p. 9; CALDERA (2001), pp. 110-117 y GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), p. 463. 11

Recuérdese al efecto el inciso segundo del artículo 22 del D.F.L. Nº 1/19.653, que ¿ja el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LBGAE) que indica que para el cumplimiento de sus funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los Ministerios “…deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y ¿scalizar las actividades del respectivo sector”. 10

9 Sobre esta categoría jurídica es posible consultar: GONZÁLEZ (1957) y DE REINA (2009). En nuestro país, VERGARA (1992) id. (1989) y MONTT (2002).

Continuación nota 8 cadas como públicas, ordenándolas de acuerdo con las exigencias de los intereses generales...”. PAREJO y RODRÍGUEZ (1976), p.7, citados por PAREJO (1983), pp. 2398-2399.

Ahora bien, de forma general, las facultades entregadas a la Administración no agotan necesariamente el espectro de actuación de ella, ya que determinados aspectos de tal actuación pueden no encontrarse establecidos en la ley o pueden encontrarse establecidos de forma genérica, requiriendo un grado de especi¿cación por parte de la autoridad administrativa. De esta forma es que se con¿guran las potestades discrecionales,11 en las que, por así disponerlo el legislador, la autoridad administrativa cuenta con la facultad (margen de libertad) de optar por una u otra opción en el contexto decisorio particular, atendido el mérito, oportunidad o pertinencia apreciados por dicha autoridad en el caso concreto,12 considerándose tradicionalmente cesión, acto administrativo generador de derechos reales administrativos de aprovechamiento)9 y en tercer lugar, encargó al Ministerio de Energía la aplicación, control y cumplimiento de la Ley Nº 19.657 y sus reglamentos, por medio de la ¿scalización y supervisión del cumplimiento de las normas de dicha ley y de los reglamentos que se dicten, y de las obligaciones de los concesionarios que se estipulen en los decretos de concesión (artículo 8º).10 LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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cesión, acto administrativo generador de derechos reales administrativos de aprovechamiento)9 y en tercer lugar, encargó al Ministerio de Energía la aplicación, control y cumplimiento de la Ley Nº 19.657 y sus reglamentos, por medio de la ¿scalización y supervisión del cumplimiento de las normas de dicha ley y de los reglamentos que se dicten, y de las obligaciones de los concesionarios que se estipulen en los decretos de concesión (artículo 8º).10 Ahora bien, de forma general, las facultades entregadas a la Administración no agotan necesariamente el espectro de actuación de ella, ya que determinados aspectos de tal actuación pueden no encontrarse establecidos en la ley o pueden encontrarse establecidos de forma genérica, requiriendo un grado de especi¿cación por parte de la autoridad administrativa. De esta forma es que se con¿guran las potestades discrecionales,11 en las que, por así disponerlo el legislador, la autoridad administrativa cuenta con la facultad (margen de libertad) de optar por una u otra opción en el contexto decisorio particular, atendido el mérito, oportunidad o pertinencia apreciados por dicha autoridad en el caso concreto,12 considerándose tradicionalmente Continuación nota 8 cadas como públicas, ordenándolas de acuerdo con las exigencias de los intereses generales...”. PAREJO y RODRÍGUEZ (1976), p.7, citados por PAREJO (1983), pp. 2398-2399. 9 Sobre esta categoría jurídica es posible consultar: GONZÁLEZ (1957) y DE REINA (2009). En nuestro país, VERGARA (1992) id. (1989) y MONTT (2002). 10 Recuérdese al efecto el inciso segundo del artículo 22 del D.F.L. Nº 1/19.653, que ¿ja el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LBGAE) que indica que para el cumplimiento de sus funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los Ministerios “…deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y ¿scalizar las actividades del respectivo sector”. 11 De frente a las denominadas potestades regladas, que son aquellas que la norma legal tipi¿ca de manera completa, determinando a priori el momento, contenido y forma de la actividad administrativa, de manera tal que la labor de la Administración se limita a una mera constatación de que el supuesto de hecho cumple con las exigencias legalmente previstas; se trata por tanto de una mera aplicación de la norma. MADARIAGA (1993), pp. 45-46; COSCULLUE(1998), P. 327; BALZÁN (2000), p. 9; CALDERA (2001), pp. 110-117 y GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), p. 463. LA

12 La Contraloría General ha de¿nido a la potestad discrecional como “…la voluntad de elección de la administración, dentro del marco legal y en su ámbito de competencia, de llevar a cabo tales actuaciones cuando la situación lo amerite” (Dictamen Nº 50.183, de 2007). Por su parte, recientemente nuestro Tribunal Constitucional (fallo causa Rol Nº 1.341, de 2010, considerando 14) se ha referido a la discrecionalidad, indicando que ésta “…en primer lugar,

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que existe un abanico de opciones, todas ellas igualmente justas.13 Dicha libertad se mani¿esta normalmente en las consecuencias jurídicas aplicables a un supuesto de hecho, en la decisión de actuar o no o en el sentido de la actuación.14 La ¿nalidad de este margen de apreciación entregado a la Administración no es otra que permitir un manejo más adecuado de la cosa administrativa, de forma que, siempre dentro de los márgenes ¿jados por el Estado de Derecho y los límites propios derivados de él,15 la Administración esté Continuación nota 12 se ubica en el terreno de la con¿guración de las potestades públicas. La potestad es un poder de actuación que da una norma jurídica a un órgano del Estado con una ¿nalidad determinada. Las potestades son atribuciones con¿guradas por la norma, que a su vez son entregadas a un órgano de¿nido del Estado. No se trata, por tanto, de una atribución que espontánea o libremente cree o se autoatribuya el órgano respectivo. La potestad la otorga el ordenamiento jurídico. Es por eso, un caso de remisión legal. En segundo lugar, no hay potestades discrecionales absolutas; lo que existe son elementos de dicha atribución que pueden tener rasgos de ese carácter. Por eso, se a¿rma que en la potestades íntegramente regladas, los elementos que las con¿guran (su titular, la forma en que se ejercen, su ¿nalidad, la forma que adoptan los actos que se dictan en su ejercicio, la oportunidad de su ejercicio, los hechos y fundamentos en que se fundan, etc.) están detalladamente de¿nidos por la norma que las con¿ere. En la potestad discrecional, en cambio, hay uno o más de dichos elementos abiertos, entregados al órgano respectivo para ser completados por su apreciación subjetiva. Ello implica que el órgano debe optar entre elementos igualmente justos o equivalentes”. BOCANEGRA (2002), pp. 55-56.

Vid. la posición de ALONSO (1998).

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BOCANEGRA (2002), pp. 55-56.

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Vid. la posición de ALONSO (1998).

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15 En cuanto a los límites de la potestad discrecional, el órgano de control ha señalado que “…el ejercicio de tales potestades discrecionales no puede signi¿car arbitrariedad, de modo que la autoridad debe fundamentar las decisiones que adopte, pues, en tal caso, la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración de motivar sus actos adquiere una especial relevancia…” (Dictámenes Nºs. 42.257, de 2009; 30.307, de 2004; 16.741, de 2003, y 46.934, de 2001). Con más detenimiento, ha señalado asimismo que “…la dictación de actos administrativos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exigen especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración de motivar sus actos y su objetivo es asegurar que éstos no se desvíen del ¿n considerado por la normativa que con¿ere las respectivas atribuciones, esto es, que dichos actos cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, lo cual impide, por cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que estén en la misma situación, como ocurre con el solicitante…” (Dictamen Nº 61.632, de 2009). Junto a ello, ha indicado que “…el ejercicio de facultades discrecionales debe enmarcarse, por una parte, dentro de los principios de racionalidad y proporcionalidad que rigen los actos de los órganos de la Administración y, por otra, no exceder las atribuciones que, en lo pertinente, se les han conferido, debiendo adoptar procedimientos generales y objetivos…” (Dictamen Nº 52.966, de 2009). Por su parte y en esta misma materia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “…la

En cuanto a los límites de la potestad discrecional, el órgano de control ha señalado que “…el ejercicio de tales potestades discrecionales no puede signi¿car arbitrariedad, de modo que la autoridad debe fundamentar las decisiones que adopte, pues, en tal caso, la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración de motivar sus actos adquiere una especial relevancia…” (Dictámenes Nºs. 42.257, de 2009; 30.307, de 2004; 16.741, de 2003, y 46.934, de 2001). Con más detenimiento, ha señalado asimismo que “…la dictación de actos administrativos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exigen especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración de motivar sus actos y su objetivo es asegurar que éstos no se desvíen del ¿n considerado por la normativa que con¿ere las respectivas atribuciones, esto es, que dichos actos cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, lo cual impide, por cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que estén en la misma situación, como ocurre con el solicitante…” (Dictamen Nº 61.632, de 2009). Junto a ello, ha indicado que “…el ejercicio de facultades discrecionales debe enmarcarse, por una parte, dentro de los principios de racionalidad y proporcionalidad que rigen los actos de los órganos de la Administración y, por otra, no exceder las atribuciones que, en lo pertinente, se les han conferido, debiendo adoptar procedimientos generales y objetivos…” (Dictamen Nº 52.966, de 2009). Por su parte y en esta misma materia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “…la 15 13

Continuación nota 12 se ubica en el terreno de la con¿guración de las potestades públicas. La potestad es un poder de actuación que da una norma jurídica a un órgano del Estado con una ¿nalidad determinada. Las potestades son atribuciones con¿guradas por la norma, que a su vez son entregadas a un órgano de¿nido del Estado. No se trata, por tanto, de una atribución que espontánea o libremente cree o se autoatribuya el órgano respectivo. La potestad la otorga el ordenamiento jurídico. Es por eso, un caso de remisión legal. En segundo lugar, no hay potestades discrecionales absolutas; lo que existe son elementos de dicha atribución que pueden tener rasgos de ese carácter. Por eso, se a¿rma que en la potestades íntegramente regladas, los elementos que las con¿guran (su titular, la forma en que se ejercen, su ¿nalidad, la forma que adoptan los actos que se dictan en su ejercicio, la oportunidad de su ejercicio, los hechos y fundamentos en que se fundan, etc.) están detalladamente de¿nidos por la norma que las con¿ere. En la potestad discrecional, en cambio, hay uno o más de dichos elementos abiertos, entregados al órgano respectivo para ser completados por su apreciación subjetiva. Ello implica que el órgano debe optar entre elementos igualmente justos o equivalentes”.

La ¿nalidad de este margen de apreciación entregado a la Administración no es otra que permitir un manejo más adecuado de la cosa administrativa, de forma que, siempre dentro de los márgenes ¿jados por el Estado de Derecho y los límites propios derivados de él,15 la Administración esté que existe un abanico de opciones, todas ellas igualmente justas.13 Dicha libertad se mani¿esta normalmente en las consecuencias jurídicas aplicables a un supuesto de hecho, en la decisión de actuar o no o en el sentido de la actuación.14 312

18 En este sentido, enfáticamente, FERNÁNDEZ (2003), pp. 5-6; BREWER-CARÍAS (2007), p. 3. Vid. a este respecto el inciso segundo del artículo 7º de la Constitución Política, que señala que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

MARIENHOFF (1981) Nº 456. Sin embargo, como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, ello no siempre es así. En el fallo causa Rol Nº 465, de 30 de marzo de 2006, dicho Tribunal señaló que: “En primer término, el sentido en que la expresión podrá es empleada en la letra k) del artículo único del decreto supremo Nº 181, dado el contexto fáctico y jurídico en que esta disposición está inserta, atendido todo lo relacionado en los considerandos anteriores. Para ello debe recurrirse al signi¿cado de la voz poder que, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, en su acepción más pertinente es “facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa”. De allí que sea lícito concluir que, en su debido contexto e interpretando la norma de buena fe, al señalar el reglamento cuestionado que el funcionario “podrá otorgar” el reconocimiento cuando se cumplan las condiciones que indica, lo que está señalando es que la atribución que dicho funcionario ya tiene de otorgar dicho reconocimiento, será ejercida en forma legítima únicamente cuando se hayan cumplido los presupuestos allí señalados, y no antes o en ausencia de ellos. Entendida de la manera indicada, la expresión podrá no es sinónimo de discrecionalidad. El fallo se cita en MORAGA (2010), p. 36. 17

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En nuestro país, vid. MORAGA (2010), pp. 35-36.

Continuación nota 15 potestad discrecional no puede tener validez alguna cuando sobrepasa o desborda la Constitución Política y ello ocurre cuando la disposición legal que la concede, coloca al funcionario o servicio que puede ejercerla, sin sujeción a control judicial alguno, en posición de que con su actuación, afecte o desconozca las libertades y derechos que la Constitución asegura a todas las personas…” (Causa Rol Nº 198, de 4 de enero de 1995, considerando 10).

Lo señalado no es sino consecuencia de que al ser la discrecionalidad una forma de atribución de potestades, la misma queda sometida al principio de atribución expresa que informa el otorgamiento de facultades (vinculación positiva o positive bindung).18 En esta línea es que nuestro Tribunal ConsLa doctrina ha destacado que, en general, se está ante la atribución de una potestad discrecional cuando el texto normativo utiliza vocablos del tipo puede, podrá, autoriza, etc.16 En efecto, a falta de otros elementos de juicio, la redacción literal de la norma puede dar la clave para resolver si se está en presencia de actividad reglada o discrecional. El empleo de ciertas expresiones como “facúltase”, “permítese”, “autorízase”, “podrá” y otras equivalentes, pueden decidir la cuestión en favor de la discrecionalidad17. efectivamente al servicio de la persona, pueda cumplir con su ¿n último que es la satisfacción de los intereses públicos generales y no sea un prisionero de una mal comprendida legalidad. LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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efectivamente al servicio de la persona, pueda cumplir con su ¿n último que es la satisfacción de los intereses públicos generales y no sea un prisionero de una mal comprendida legalidad. La doctrina ha destacado que, en general, se está ante la atribución de una potestad discrecional cuando el texto normativo utiliza vocablos del tipo puede, podrá, autoriza, etc.16 En efecto, a falta de otros elementos de juicio, la redacción literal de la norma puede dar la clave para resolver si se está en presencia de actividad reglada o discrecional. El empleo de ciertas expresiones como “facúltase”, “permítese”, “autorízase”, “podrá” y otras equivalentes, pueden decidir la cuestión en favor de la discrecionalidad17. Lo señalado no es sino consecuencia de que al ser la discrecionalidad una forma de atribución de potestades, la misma queda sometida al principio de atribución expresa que informa el otorgamiento de facultades (vinculación positiva o positive bindung).18 En esta línea es que nuestro Tribunal ConsContinuación nota 15 potestad discrecional no puede tener validez alguna cuando sobrepasa o desborda la Constitución Política y ello ocurre cuando la disposición legal que la concede, coloca al funcionario o servicio que puede ejercerla, sin sujeción a control judicial alguno, en posición de que con su actuación, afecte o desconozca las libertades y derechos que la Constitución asegura a todas las personas…” (Causa Rol Nº 198, de 4 de enero de 1995, considerando 10). 16

En nuestro país, vid. MORAGA (2010), pp. 35-36.

17 MARIENHOFF (1981) Nº 456. Sin embargo, como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, ello no siempre es así. En el fallo causa Rol Nº 465, de 30 de marzo de 2006, dicho Tribunal señaló que: “En primer término, el sentido en que la expresión podrá es empleada en la letra k) del artículo único del decreto supremo Nº 181, dado el contexto fáctico y jurídico en que esta disposición está inserta, atendido todo lo relacionado en los considerandos anteriores. Para ello debe recurrirse al signi¿cado de la voz poder que, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, en su acepción más pertinente es “facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa”. De allí que sea lícito concluir que, en su debido contexto e interpretando la norma de buena fe, al señalar el reglamento cuestionado que el funcionario “podrá otorgar” el reconocimiento cuando se cumplan las condiciones que indica, lo que está señalando es que la atribución que dicho funcionario ya tiene de otorgar dicho reconocimiento, será ejercida en forma legítima únicamente cuando se hayan cumplido los presupuestos allí señalados, y no antes o en ausencia de ellos. Entendida de la manera indicada, la expresión podrá no es sinónimo de discrecionalidad. El fallo se cita en MORAGA (2010), p. 36. 18 En este sentido, enfáticamente, FERNÁNDEZ (2003), pp. 5-6; BREWER-CARÍAS (2007), p. 3. Vid. a este respecto el inciso segundo del artículo 7º de la Constitución Política, que señala que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

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titucional ha indicado que “La potestad es un poder de actuación que da una norma jurídica a un órgano del Estado con una ¿nalidad determinada. Las potestades son atribuciones con¿guradas por la norma, que a su vez son entregadas a un órgano de¿nido del Estado. No se trata, por tanto, de una atribución que espontánea o libremente cree o se autoatribuya el órgano respectivo. La potestad la otorga el ordenamiento jurídico. Es, por eso, un caso de remisión legal” (Rol Nº 1341, de 2010, considerando 14). En términos similares, el fallo de la Corte Suprema de fecha 27 de diciembre de 2004 (Rol Nº 2458, considerando 16) señala que “…las decisiones de la Administración, ejercidas en virtud de potestades discrecionales autorizadas por el ordenamiento jurídico, deben ajustarse, so riesgo de incurrir en arbitrariedad a criterios de racionalidad y prudencia…”. Como quedó ya esbozado, la discrecionalidad no es un atributo predicable respecto de la integridad de una potestad, sino que sólo respecto de algunos aspectos de ella, existiendo, por ende, elementos que siempre serán reglados. En efecto, la doctrina administrativista es unánime en señalar que la discrecionalidad administrativa nunca es absoluta, sino que sólo afecta a ciertos elementos, quedando otros fuera del radio de acción de la misma. Así, cuando se está ante el ejercicio de una potestad discrecional se aprecia la coexistencia de la misma con elementos necesariamente reglados, de forma tal que en el acto administrativo de que se trate es posible vislumbrar tanto elementos reglados como discrecionales. De esta forma es que se a¿rma que los aspectos que normalmente son reglados son los siguientes:19 la existencia misma y ex lege de la potestad, la extensión o alcance de la potestad, la competencia, el ¿n,20 la forma, el plazo y el objeto, que es uno de los elementos en los que la discrecionalidad opera con mayor intensidad, según se verá posteriormente.

19 COSCULLUELA (1998), pp. 330-331; MENDOZA y ODDÓ (2006), pp. 165-166 y GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), pp. 464-465.

MARCELO MARDONES OSORIO

20 Dichos elementos son los que en todo caso son reglados, a decir de GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), p. 464. De forma similar, la Sentencia de 12 de enero de 2006 de la Corte de Apelaciones de Santiago (Causa Rol Nº 6493-05) señala en su Considerando 14 que “… en efecto, un acto administrativo puede ejercerse en virtud de una potestad discrecional y la discrecionalidad consiste en la opción para decidir en uno u otro sentido, otorgada por la ley al órgano habilitado para ello, pero hay dos elementos que nunca pueden quedar entregados a la discrecionalidad administrativa: la competencia del órgano y la ¿nalidad que debe ser cumplida; elementos que no caben dentro de la opción…”.

20 Dichos elementos son los que en todo caso son reglados, a decir de GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), p. 464. De forma similar, la Sentencia de 12 de enero de 2006 de la Corte de Apelaciones de Santiago (Causa Rol Nº 6493-05) señala en su Considerando 14 que “… en efecto, un acto administrativo puede ejercerse en virtud de una potestad discrecional y la discrecionalidad consiste en la opción para decidir en uno u otro sentido, otorgada por la ley al órgano habilitado para ello, pero hay dos elementos que nunca pueden quedar entregados a la discrecionalidad administrativa: la competencia del órgano y la ¿nalidad que debe ser cumplida; elementos que no caben dentro de la opción…”.

COSCULLUELA (1998), pp. 330-331; MENDOZA y ODDÓ (2006), pp. 165-166 y GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), pp. 464-465. 19

Como quedó ya esbozado, la discrecionalidad no es un atributo predicable respecto de la integridad de una potestad, sino que sólo respecto de algunos aspectos de ella, existiendo, por ende, elementos que siempre serán reglados. En efecto, la doctrina administrativista es unánime en señalar que la discrecionalidad administrativa nunca es absoluta, sino que sólo afecta a ciertos elementos, quedando otros fuera del radio de acción de la misma. Así, cuando se está ante el ejercicio de una potestad discrecional se aprecia la coexistencia de la misma con elementos necesariamente reglados, de forma tal que en el acto administrativo de que se trate es posible vislumbrar tanto elementos reglados como discrecionales. De esta forma es que se a¿rma que los aspectos que normalmente son reglados son los siguientes:19 la existencia misma y ex lege de la potestad, la extensión o alcance de la potestad, la competencia, el ¿n,20 la forma, el plazo y el objeto, que es uno de los elementos en los que la discrecionalidad opera con mayor intensidad, según se verá posteriormente. titucional ha indicado que “La potestad es un poder de actuación que da una norma jurídica a un órgano del Estado con una ¿nalidad determinada. Las potestades son atribuciones con¿guradas por la norma, que a su vez son entregadas a un órgano de¿nido del Estado. No se trata, por tanto, de una atribución que espontánea o libremente cree o se autoatribuya el órgano respectivo. La potestad la otorga el ordenamiento jurídico. Es, por eso, un caso de remisión legal” (Rol Nº 1341, de 2010, considerando 14). En términos similares, el fallo de la Corte Suprema de fecha 27 de diciembre de 2004 (Rol Nº 2458, considerando 16) señala que “…las decisiones de la Administración, ejercidas en virtud de potestades discrecionales autorizadas por el ordenamiento jurídico, deben ajustarse, so riesgo de incurrir en arbitrariedad a criterios de racionalidad y prudencia…”. 314

Wien) ya habría sostenido la existencia de determinados aspectos técnicos que quedaban fuera del control judicial, ya que ello implicaría entregar al juez una facultad de valoración técnica por sobre la otorgada previamente a la Administración. Habría por tanto un supuesto de doble Administración o “Doppelverwaltung”. Vid. al respecto SAINZ (1976), pp. 231-232. TZIK (1886): Rechtsprechung Und Materielle Rechtskraft: Verwaltungsrechtliche Studien (Manz,

24 Si bien se ha indicado por la doctrina que en el siglo XIX el autor alemán Edmund BERNA-

Lo señalado en todo caso no excluye la existencia de otros sistemas de reducción de la inmunidad jurisdiccional de la discrecionalidad, entre los que se citan el control de los hechos determinantes, el del ¿n de la potestad (aunque el mismo cabe incluirlo en el control de los elementos reglados del acto) o el control del respeto a los principios generales del derecho. Al respecto puede verse en nuestro país, PIERRY (1984), pp. 481-491 y BERMÚDEZ (1996), pp. 278-281. 23 21

SCHMIDT-ASSMANN (2003), p. 219.

22

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), pp. 167-169 y PIERRY (1984), p. 480.

Terminológicamente cercana a la discrecionalidad, pero conceptualmente diversa a ella es la denominada discrecionalidad técnica (discrezionalità técnica). Esta categoría, desarrollada por la doctrina italiana,24 ha sido considerada como un particular tipo de discrecionalidad, caracterizada por el hecho de que la elección entre varias alternativas se lleva a cabo en base a reglas, conocimientos y recursos proporcionados por una ciencia o 2.2. La discrecionalidad técnica y los conceptos jurídicos indeterminados Precisamente, esta distinción entre elementos reglados y discrecionales es la que ha permitido erradicar la idea de la existencia de actos discrecionales, los que, en tanto tales, estarían íntegramente excluidos del control judicial, según la consideración clásica de la inmunidad jurisdiccional de las facultades discrecionales, en cuya virtud la discrecionalidad operaba como un “concepto delimitador de ámbitos competenciales”.21 El reconocimiento de la coexistencia de elementos reglados y discrecionales en un mismo acto administrativo ha ayudado a operar una reducción paulatina de los elementos excluidos del control judicial, al permitir someter a éste los aspectos reglados de los actos administrativos, los cuales, como se vio, conviven con otros elementos discrecionales22 El señalado proceso de reducción prosiguió a través de las categorías de la discrecionalidad técnica y de los conceptos jurídicos indeterminados, a las que nos referimos seguidamente, por ser las que interesan a los efectos de este análisis23. LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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Precisamente, esta distinción entre elementos reglados y discrecionales es la que ha permitido erradicar la idea de la existencia de actos discrecionales, los que, en tanto tales, estarían íntegramente excluidos del control judicial, según la consideración clásica de la inmunidad jurisdiccional de las facultades discrecionales, en cuya virtud la discrecionalidad operaba como un “concepto delimitador de ámbitos competenciales”.21 El reconocimiento de la coexistencia de elementos reglados y discrecionales en un mismo acto administrativo ha ayudado a operar una reducción paulatina de los elementos excluidos del control judicial, al permitir someter a éste los aspectos reglados de los actos administrativos, los cuales, como se vio, conviven con otros elementos discrecionales22 El señalado proceso de reducción prosiguió a través de las categorías de la discrecionalidad técnica y de los conceptos jurídicos indeterminados, a las que nos referimos seguidamente, por ser las que interesan a los efectos de este análisis23. 2.2. La discrecionalidad técnica y los conceptos jurídicos indeterminados Terminológicamente cercana a la discrecionalidad, pero conceptualmente diversa a ella es la denominada discrecionalidad técnica (discrezionalità técnica). Esta categoría, desarrollada por la doctrina italiana,24 ha sido considerada como un particular tipo de discrecionalidad, caracterizada por el hecho de que la elección entre varias alternativas se lleva a cabo en base a reglas, conocimientos y recursos proporcionados por una ciencia o

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), pp. 167-169 y PIERRY (1984), p. 480.

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SCHMIDT-ASSMANN (2003), p. 219.

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23 Lo señalado en todo caso no excluye la existencia de otros sistemas de reducción de la inmunidad jurisdiccional de la discrecionalidad, entre los que se citan el control de los hechos determinantes, el del ¿n de la potestad (aunque el mismo cabe incluirlo en el control de los elementos reglados del acto) o el control del respeto a los principios generales del derecho. Al respecto puede verse en nuestro país, PIERRY (1984), pp. 481-491 y BERMÚDEZ (1996), pp. 278-281. 24 Si bien se ha indicado por la doctrina que en el siglo XIX el autor alemán Edmund BERNATZIK (1886): Rechtsprechung Und Materielle Rechtskraft: Verwaltungsrechtliche Studien (Manz, Wien) ya habría sostenido la existencia de determinados aspectos técnicos que quedaban fuera del control judicial, ya que ello implicaría entregar al juez una facultad de valoración técnica por sobre la otorgada previamente a la Administración. Habría por tanto un supuesto de doble Administración o “Doppelverwaltung”. Vid. al respecto SAINZ (1976), pp. 231-232.

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arte.25 Así, toda vez que la adopción de una medida administrativa implique la realización de evaluaciones de orden técnico, o exija la aplicación de una lex artis que no tenga un resultado matemáticamente unívoco, se señala que existe discrecionalidad técnica. Si bien tradicionalmente la doctrina italiana consideraba a la discrecionalidad técnica como una especie de discrecionalidad, M. S. GIANNINI puso de mani¿esto que tal consideración era simplemente un error histórico de cali¿cación, entendiéndose actualmente que la discrecionalidad técnica, mejor denominada valoración técnica (valutazione técnica) no es una manifestación de la discrecionalidad, sino que es simplemente una cali¿cación de un hecho; una posibilidad de opinabilidad26 otorgada a la Administración, basada en criterios técnicos o cientí¿cos y ejercitable al momento de la aprehensión de los hechos relevantes para la decisión administrativa (fase preparatoria del procedimiento administrativo). No se trata por tanto de una manifestación de voluntad, como ocurre en la discrecionalidad, que se da, por lo demás, en la fase constitutiva o de elección/adopción del contenido del acto, sino que es más bien una operación de juicio, en la que no hay ponderación de intereses.27 25

VIRGA (2001), pp. 8-9.

26 Entendida ésta como la eventual existencia de una pluralidad de soluciones posibles, pero no todas ellas igualmente justas. ALONSO (1998), p. 340.

VIRGA (2001), pp. 8-9. MARCELO MARDONES OSORIO

27 LEVITA (2008), pp. 141-142, LAPERUTA (2009), p. 27 y ALONSO (1998), p. 339. En sentido es que GARCÍA TREVIJANO ha señalado que, precisamente, el término “discrecionalidad técnica” constituye una contradictio in terminis, ya que mientras lo técnico no se valora, sino que se comprueba, lo discrecional no se comprueba, sino que se valora. GARCÍA-TREVIJANO (1964), pp. 374 y ss., citado por GAMBIER (1988), p. 752, nota al pie Nº 44. Esta contradicción es la que ha motivado a MARIENHOFF a derechamente negar la existencia de esta categoría, “…1º Porque las reglas técnicas no pueden estar supeditadas a la discrecionalidad. La técnica escapa a ésta y la excluye (…). A lo sumo la técnica puede quedar supeditada a la elección de un método, sistema o procedimiento cientí¿co, pero nunca a la discrecionalidad. Las reglas técnicas obedecen a conclusiones cientí¿cas, y éstas derivan de criterios que nada tienen que ver con la discrecionalidad. 2º Porque aun cuando una conclusión “técnica” pueda lograrse mediante distintos métodos, sistemas o procedimientos, igualmente e¿caces, ello no siempre sucede así, pues puede ocurrir que para llegar a la conclusión deseada exista un método, sistema o procedimiento, único, cuya utilización o empleo sea entonces ineludible. 3º Porque para llegar a una conclusión cientí¿ca o técnica, el elemento o factor interés público es irrelevante. Este interés sólo se valora y entra en juego cuando, conocido un informe técnico, haya de resolverse si, en base a tal informe, corresponde o no dictar determinado acto administrativo para satisfacer exigencias del interés público. No hay, pues, discrecionalidad técnica (…). Tampoco puede haber “discrecionalidad” para requerir o no un dictamen técnico indispensable para resolver una cuestión administrativa. Si ésta se resolviere con prescindencia de tal dictamen “técnico”, la Administración Pública habría procedido indebidamente, porque no habría agotado los medios

LEVITA (2008), pp. 141-142, LAPERUTA (2009), p. 27 y ALONSO (1998), p. 339. En sentido es que GARCÍA TREVIJANO ha señalado que, precisamente, el término “discrecionalidad técnica” constituye una contradictio in terminis, ya que mientras lo técnico no se valora, sino que se comprueba, lo discrecional no se comprueba, sino que se valora. GARCÍA-TREVIJANO (1964), pp. 374 y ss., citado por GAMBIER (1988), p. 752, nota al pie Nº 44. Esta contradicción es la que ha motivado a MARIENHOFF a derechamente negar la existencia de esta categoría, “…1º Porque las reglas técnicas no pueden estar supeditadas a la discrecionalidad. La técnica escapa a ésta y la excluye (…). A lo sumo la técnica puede quedar supeditada a la elección de un método, sistema o procedimiento cientí¿co, pero nunca a la discrecionalidad. Las reglas técnicas obedecen a conclusiones cientí¿cas, y éstas derivan de criterios que nada tienen que ver con la discrecionalidad. 2º Porque aun cuando una conclusión “técnica” pueda lograrse mediante distintos métodos, sistemas o procedimientos, igualmente e¿caces, ello no siempre sucede así, pues puede ocurrir que para llegar a la conclusión deseada exista un método, sistema o procedimiento, único, cuya utilización o empleo sea entonces ineludible. 3º Porque para llegar a una conclusión cientí¿ca o técnica, el elemento o factor interés público es irrelevante. Este interés sólo se valora y entra en juego cuando, conocido un informe técnico, haya de resolverse si, en base a tal informe, corresponde o no dictar determinado acto administrativo para satisfacer exigencias del interés público. No hay, pues, discrecionalidad técnica (…). Tampoco puede haber “discrecionalidad” para requerir o no un dictamen técnico indispensable para resolver una cuestión administrativa. Si ésta se resolviere con prescindencia de tal dictamen “técnico”, la Administración Pública habría procedido indebidamente, porque no habría agotado los medios 27

26 Entendida ésta como la eventual existencia de una pluralidad de soluciones posibles, pero no todas ellas igualmente justas. ALONSO (1998), p. 340. 25

arte.25 Así, toda vez que la adopción de una medida administrativa implique la realización de evaluaciones de orden técnico, o exija la aplicación de una lex artis que no tenga un resultado matemáticamente unívoco, se señala que existe discrecionalidad técnica. Si bien tradicionalmente la doctrina italiana consideraba a la discrecionalidad técnica como una especie de discrecionalidad, M. S. GIANNINI puso de mani¿esto que tal consideración era simplemente un error histórico de cali¿cación, entendiéndose actualmente que la discrecionalidad técnica, mejor denominada valoración técnica (valutazione técnica) no es una manifestación de la discrecionalidad, sino que es simplemente una cali¿cación de un hecho; una posibilidad de opinabilidad26 otorgada a la Administración, basada en criterios técnicos o cientí¿cos y ejercitable al momento de la aprehensión de los hechos relevantes para la decisión administrativa (fase preparatoria del procedimiento administrativo). No se trata por tanto de una manifestación de voluntad, como ocurre en la discrecionalidad, que se da, por lo demás, en la fase constitutiva o de elección/adopción del contenido del acto, sino que es más bien una operación de juicio, en la que no hay ponderación de intereses.27 316

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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Como se adelantó, esta construcción se enmarca en el contexto del alejamiento de las inmunidades del poder28 y tiene por ¿nalidad permitir que la jurisdicción contencioso-administrativa pueda revisar tanto la corrección del criterio técnico aplicado como del procedimiento aplicativo del mismo, lo cual, de tratarse de un simple supuesto de discrecionalidad, le estaría en principio vedado29. Así, “…en esta modalidad de la administración activa el contenido técnico impregna de objetividad a la decisión y, a su vez, esa circunstancia permite su control judicial a través de la demostración del error en que ha incurrido la administración pública al formular ese juicio cientí¿co (…). Es que, evidentemente, a pesar del carácter técnico de tales decisiones, tales actos deben ser pasibles de revisión judicial a través del control de la veri¿cación de los hechos invocados y de la aplicación de pautas cientí¿cas o académicas razonables…”.30 En nuestro país, la revisabilidad de los actos dictados en virtud de consideraciones técnicamente discrecionales ha sido sostenida parcialmente por la Contraloría General, re¿riendo la misma a los aspectos reglados del acto, olvidándose sin embargo del carácter reglado que también implica la discrecionalidad técnica, al confundirla con valoraciones de mérito u oportunidad (mera discrecionalidad administrativa). En su Dictamen Nº 30.516, de 30 de junio de 2006, señaló el máximo órgano de control que “…Es necesario precisar al respecto que la ponderación de dichos estudios (cientí¿cos) e informes (técnicos) –cuya consideración es exigida por el ordenamiento jurídico para elaborar y fundamentar debidamente las normas de emisión– corresponde efectivamente a la Administración activa”. Sin perjuicio de ello, este Organismo de Control, en el ejercicio de su deber constitucional de veri¿car la juridicidad de una norma de emisión dictada conforme a lo dispuesto en Ley Nº 19.300, debe por cierto examinar los antecedentes que constituyen el respectivo expediente, a ¿n de veri¿car el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo, así como de las diversas etapas contempladas para la aprobación de este tipo de instrumentos de Continuación nota 27 de conocimiento necesarios (…). El acto administrativo que deba basarse en un dictamen o informe técnico o cientí¿co, de conclusiones incontrovertibles, es en cuanto a su “contenido” un acto “reglado” y no “discrecional”, pues las conclusiones de ese dictamen o informe constituyen los “hechos” a considerar para la emisión del acto (…). En tales condiciones, la falta de acatamiento al informe técnico vicia de ilegitimidad al acto que se emitiere, pues éste habríase emitido al margen de los verdaderos “hechos” a considerar…”. MARIENHOFF (1981) Nº 464. 28

Sobre las inmunidades del poder, vid. el clásico trabajo de GARCÍA DE ENTERRÍA (1962).

29

CASETTA (2005), pp. 349-350 y NAPOLITANO (2008), pp. 208-209.

30

BUTELER (2008), p. 2.

BUTELER (2008), p. 2.

30

CASETTA (2005), pp. 349-350 y NAPOLITANO (2008), pp. 208-209.

29

Sobre las inmunidades del poder, vid. el clásico trabajo de GARCÍA DE ENTERRÍA (1962).

28

Continuación nota 27 de conocimiento necesarios (…). El acto administrativo que deba basarse en un dictamen o informe técnico o cientí¿co, de conclusiones incontrovertibles, es en cuanto a su “contenido” un acto “reglado” y no “discrecional”, pues las conclusiones de ese dictamen o informe constituyen los “hechos” a considerar para la emisión del acto (…). En tales condiciones, la falta de acatamiento al informe técnico vicia de ilegitimidad al acto que se emitiere, pues éste habríase emitido al margen de los verdaderos “hechos” a considerar…”. MARIENHOFF (1981) Nº 464.

Como se adelantó, esta construcción se enmarca en el contexto del alejamiento de las inmunidades del poder28 y tiene por ¿nalidad permitir que la jurisdicción contencioso-administrativa pueda revisar tanto la corrección del criterio técnico aplicado como del procedimiento aplicativo del mismo, lo cual, de tratarse de un simple supuesto de discrecionalidad, le estaría en principio vedado29. Así, “…en esta modalidad de la administración activa el contenido técnico impregna de objetividad a la decisión y, a su vez, esa circunstancia permite su control judicial a través de la demostración del error en que ha incurrido la administración pública al formular ese juicio cientí¿co (…). Es que, evidentemente, a pesar del carácter técnico de tales decisiones, tales actos deben ser pasibles de revisión judicial a través del control de la veri¿cación de los hechos invocados y de la aplicación de pautas cientí¿cas o académicas razonables…”.30 En nuestro país, la revisabilidad de los actos dictados en virtud de consideraciones técnicamente discrecionales ha sido sostenida parcialmente por la Contraloría General, re¿riendo la misma a los aspectos reglados del acto, olvidándose sin embargo del carácter reglado que también implica la discrecionalidad técnica, al confundirla con valoraciones de mérito u oportunidad (mera discrecionalidad administrativa). En su Dictamen Nº 30.516, de 30 de junio de 2006, señaló el máximo órgano de control que “…Es necesario precisar al respecto que la ponderación de dichos estudios (cientí¿cos) e informes (técnicos) –cuya consideración es exigida por el ordenamiento jurídico para elaborar y fundamentar debidamente las normas de emisión– corresponde efectivamente a la Administración activa”. Sin perjuicio de ello, este Organismo de Control, en el ejercicio de su deber constitucional de veri¿car la juridicidad de una norma de emisión dictada conforme a lo dispuesto en Ley Nº 19.300, debe por cierto examinar los antecedentes que constituyen el respectivo expediente, a ¿n de veri¿car el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo, así como de las diversas etapas contempladas para la aprobación de este tipo de instrumentos de LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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LEVITA (2008), pp. 142-143.

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gestión ambiental. Dicho examen es indispensable para determinar que la autoridad administrativa haya ejercido sus atribuciones con pleno sometimiento a las normas jurídicas. Por lo tanto, la revisión que a propósito de la toma de razón efectúe este Órgano de Control de los antecedentes, estudios e informes de carácter cientí¿co y técnico, o de cualquier otro orden, que consten en el expediente, no tiene por ¿nalidad evaluar el mérito o conveniencia de la norma ambiental, cuestiones que quedan, como se ha dicho, dentro de la órbita de atribuciones de la Administración activa, conforme a lo señalado en la reiterada jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador, y tal como se ha recogido en el artículo 21 B de Ley Nº 10.336. Por el contrario, esos estudios permiten completar el juicio que la Contraloría General debe formular sobre la juridicidad del acto, “tanto en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo del mismo, como en cuanto a su fundamentación. Todo ello, a ¿n de cautelar que el ejercicio de las facultades otorgadas a la Administración activa en materia de normas ambientales sea motivado, fundamentado y concuerde con el objetivo considerado por el ordenamiento jurídico al conferirlas…”.

Sin perjuicio de lo señalado, cuando pese a la aplicación de una máxima cientí¿ca o técnica, la Administración igualmente ostenta un grado de libertad para optar, por así reconocerlo la ley o por cuanto la ciencia o técnica no imponen una única solución, se está ante un supuesto de verdadera discrecionalidad. Es lo que la doctrina italiana ha venido en denominar como “discrezionalità mista”, en la que se diferencia entre la evaluación y apreciación de los datos cientí¿cos y técnicos, y el posterior equilibrio de los intereses públicos y privados que concurren en los procedimientos administrativos.31 Si, a la inversa, la Administración carece de ese margen de libertad y por ende queda obligada por lo que sobre la materia diga una ciencia o técnica, estaremos más bien ante un verdadero supuesto de discrecionalidad técnica, en cuyo caso el acto será reglado. En este sentido, se ha señalado que “...Puede, entonces, existir actividad administrativa fundada en razones cientí¿cas o técnicas, que generarán, o no, discrecionalidad, según su grado de univocidad y/o de vinculación con un objeto reglado, o no. Desde esta perspectiva, entonces, la denominada discrecionalidad técnica será, en rigor, una especie de la discrecionalidad en general, cuando el accionar administrativo, cumplido con arreglo a parámetros cientí¿cos o

Sin perjuicio de lo señalado, cuando pese a la aplicación de una máxima cientí¿ca o técnica, la Administración igualmente ostenta un grado de libertad para optar, por así reconocerlo la ley o por cuanto la ciencia o técnica no imponen una única solución, se está ante un supuesto de verdadera discrecionalidad. Es lo que la doctrina italiana ha venido en denominar como “discrezionalità mista”, en la que se diferencia entre la evaluación y apreciación de los datos cientí¿cos y técnicos, y el posterior equilibrio de los intereses públicos y privados que concurren en los procedimientos administrativos.31 Si, a la inversa, la Administración carece de ese margen de libertad y por ende queda obligada por lo que sobre la materia diga una ciencia o técnica, estaremos más bien ante un verdadero supuesto de discrecionalidad técnica, en cuyo caso el acto será reglado. En este sentido, se ha señalado que “...Puede, entonces, existir actividad administrativa fundada en razones cientí¿cas o técnicas, que generarán, o no, discrecionalidad, según su grado de univocidad y/o de vinculación con un objeto reglado, o no. Desde esta perspectiva, entonces, la denominada discrecionalidad técnica será, en rigor, una especie de la discrecionalidad en general, cuando el accionar administrativo, cumplido con arreglo a parámetros cientí¿cos o

gestión ambiental. Dicho examen es indispensable para determinar que la autoridad administrativa haya ejercido sus atribuciones con pleno sometimiento a las normas jurídicas. Por lo tanto, la revisión que a propósito de la toma de razón efectúe este Órgano de Control de los antecedentes, estudios e informes de carácter cientí¿co y técnico, o de cualquier otro orden, que consten en el expediente, no tiene por ¿nalidad evaluar el mérito o conveniencia de la norma ambiental, cuestiones que quedan, como se ha dicho, dentro de la órbita de atribuciones de la Administración activa, conforme a lo señalado en la reiterada jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador, y tal como se ha recogido en el artículo 21 B de Ley Nº 10.336. Por el contrario, esos estudios permiten completar el juicio que la Contraloría General debe formular sobre la juridicidad del acto, “tanto en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo del mismo, como en cuanto a su fundamentación. Todo ello, a ¿n de cautelar que el ejercicio de las facultades otorgadas a la Administración activa en materia de normas ambientales sea motivado, fundamentado y concuerde con el objetivo considerado por el ordenamiento jurídico al conferirlas…”. MARCELO MARDONES OSORIO

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técnicos, reconozca, en éstos, más de una posibilidad, o cuando, siendo la valoración técnica unívoca, esté ligada a una actuación elegible...”.32 Las consecuencias de la distinción expuesta constituyen una extrapolación de los criterios generales de control judicial de las potestades discrecionales, en cuanto que mientras las consideraciones técnicas son susceptibles de revisión judicial, las consideraciones relativas a la discrecionalidad propiamente tal quedarían excluidas de dicho control33. Lo hasta aquí desarrollado pone de mani¿esto la proximidad de la categoría de la discrecionalidad técnica con la de los conceptos jurídicos indeterminados (“unbestimmter Rechtsbegriff” o más apropiadamente, “unbestimmter Gesetzesbegriff” (concepto legal indeterminado) construida por la doctrina alemana. Con dicho término la literatura germana hace alusión a aquellos conceptos legales cuyo ámbito y contenido, prima facie, aparecen como generales y vagos,34 como consecuencia natural derivada de la propia imprecisión del lenguaje normativo35. Ahora bien, esa imprecisión o indeterminación en los conceptos no implica ausencia de signi¿cado (ya que por el solo hecho de ser un concepto, el mismo tiene un signi¿cado)36, sino más bien que “…la medida concreta para la aplicación de los mismos en un caso particular no nos la resuelve o determina con exactitud la propia Ley que los ha creado y de cuya aplicación se trata…”37. La característica principal de esta categoría, que la diferencia claramente con la discrecionalidad administrativa, radica en que mientras en ésta las opciones que puede adoptar la Administración son variadas e igualmente justas, ante un concepto jurídico indeterminado existe una única solución susceptible de ser cali¿cada como justa. Tal distinción ha sido acogida en España,38 Argentina39 y recientemente por nuestro Tribunal Constitucional en 32

COMADIRA (2003), p. 516.

33

LEVITA (2008), pp. 143-144, atendido lo señalado por el Consiglio di Stato italiano.

34

RASCHAUER (2009), pp. 214-215.

35 ALONSO

(1998), p. 276.

36 ALONSO

(1998), p. 284.

37

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), p. 171.

38

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), passim.

39

GAMBIER (1988), pp. 747-749 y GORDILLO (2003), p. 17.

GAMBIER (1988), pp. 747-749 y GORDILLO (2003), p. 17.

39

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), passim.

38

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), p. 171.

37

(1998), p. 284.

36 ALONSO

(1998), p. 276.

35 ALONSO

RASCHAUER (2009), pp. 214-215.

34

LEVITA (2008), pp. 143-144, atendido lo señalado por el Consiglio di Stato italiano.

33

COMADIRA (2003), p. 516.

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La característica principal de esta categoría, que la diferencia claramente con la discrecionalidad administrativa, radica en que mientras en ésta las opciones que puede adoptar la Administración son variadas e igualmente justas, ante un concepto jurídico indeterminado existe una única solución susceptible de ser cali¿cada como justa. Tal distinción ha sido acogida en España,38 Argentina39 y recientemente por nuestro Tribunal Constitucional en Lo hasta aquí desarrollado pone de mani¿esto la proximidad de la categoría de la discrecionalidad técnica con la de los conceptos jurídicos indeterminados (“unbestimmter Rechtsbegriff” o más apropiadamente, “unbestimmter Gesetzesbegriff” (concepto legal indeterminado) construida por la doctrina alemana. Con dicho término la literatura germana hace alusión a aquellos conceptos legales cuyo ámbito y contenido, prima facie, aparecen como generales y vagos,34 como consecuencia natural derivada de la propia imprecisión del lenguaje normativo35. Ahora bien, esa imprecisión o indeterminación en los conceptos no implica ausencia de signi¿cado (ya que por el solo hecho de ser un concepto, el mismo tiene un signi¿cado)36, sino más bien que “…la medida concreta para la aplicación de los mismos en un caso particular no nos la resuelve o determina con exactitud la propia Ley que los ha creado y de cuya aplicación se trata…”37. técnicos, reconozca, en éstos, más de una posibilidad, o cuando, siendo la valoración técnica unívoca, esté ligada a una actuación elegible...”.32 Las consecuencias de la distinción expuesta constituyen una extrapolación de los criterios generales de control judicial de las potestades discrecionales, en cuanto que mientras las consideraciones técnicas son susceptibles de revisión judicial, las consideraciones relativas a la discrecionalidad propiamente tal quedarían excluidas de dicho control33. LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), pp. 171-172.

MARCELO MARDONES OSORIO

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), p. 173; BREWER-CARÍAS (2007), pp. 7-8.

La idea de esta construcción, al igual que en la italiana discrecionalidad técnica, es reducir el ámbito de inmunidad de los poderes que de forma tradicional se reconocía a las actuaciones administrativas discrecionales42, en las que usualmente se confundía la existencia de un concepto jurídico indeterminado con la atribución de una facultad discrecional, con las consecuencias de inmunidad que ello conllevaba43. Esta facultad jurisdiccional de revisión de los conceptos jurídicos indeterminados ha sido reconocida por nuestra Corte Suprema en su fallo de fecha 1º de junio de 2009 (Rol Nº 1.297-08, considerando 6º) en el que se indica que “…Del mismo modo la labor de cali¿cación de un suceso acreditado en el juicio es también jurídica y queda dentro del dominio de la Corte Suprema, cuando el legislador echa mano de los denominados conceptos jurídicos indeterminados”, o como los denomina cierta doctrina alemana conceptos legales indeterminados, esto es, de eventos no de¿nidos expresamente por la ley, pero que ésta incorpora en la descripción de la hipótesis de aplicación de la norma. La subsunción del hecho material que se ha tenido por probado en ese su fallo causa Rol Nº 1.341, de 2010 (considerando 14) en el que ha señalado que “…En la potestad discrecional, en cambio, hay uno o más de dichos elementos abiertos, entregados al órgano respectivo para ser completados por su apreciación subjetiva. Ello implica que el órgano debe optar entre elementos igualmente justos o equivalentes. Mientras que los conceptos jurídicos indeterminados no admiten un enunciado preciso y el órgano que los interpreta tiene una sola opción válida, en la discrecionalidad, en cambio, el órgano puede optar entre alternativas igualmente legítimas; hay, en este sentido, una suerte de libertad de opción entre alternativas intercambiables o equivalentes…”. Lo expuesto determina que ante un concepto jurídico indeterminado, al igual que en los supuestos de discrecionalidad técnica, la operación que realiza la Administración no es de naturaleza volitiva, sino que de carácter intelectivo, vale decir, de estimación, juzgamiento o determinación.40 Las circunstancias expuestas conllevan que el proceso de aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados sea de carácter reglado41.

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), p. 173 y BREWER-CARÍAS (2007), p. 11.

42 En nuestro país, recientemente sobre la inmunidad de los actos de gobierno, vid. ARTEAGA

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GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), p. 173; BREWER-CARÍAS (2007), pp. 7-8.

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GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), p. 173 y BREWER-CARÍAS (2007), p. 11.

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La idea de esta construcción, al igual que en la italiana discrecionalidad técnica, es reducir el ámbito de inmunidad de los poderes que de forma tradicional se reconocía a las actuaciones administrativas discrecionales42, en las que usualmente se confundía la existencia de un concepto jurídico indeterminado con la atribución de una facultad discrecional, con las consecuencias de inmunidad que ello conllevaba43. Esta facultad jurisdiccional de revisión de los conceptos jurídicos indeterminados ha sido reconocida por nuestra Corte Suprema en su fallo de fecha 1º de junio de 2009 (Rol Nº 1.297-08, considerando 6º) en el que se indica que “…Del mismo modo la labor de cali¿cación de un suceso acreditado en el juicio es también jurídica y queda dentro del dominio de la Corte Suprema, cuando el legislador echa mano de los denominados conceptos jurídicos indeterminados”, o como los denomina cierta doctrina alemana conceptos legales indeterminados, esto es, de eventos no de¿nidos expresamente por la ley, pero que ésta incorpora en la descripción de la hipótesis de aplicación de la norma. La subsunción del hecho material que se ha tenido por probado en ese

42 En nuestro país, recientemente sobre la inmunidad de los actos de gobierno, vid. ARTEAGA (2007), passim.

su fallo causa Rol Nº 1.341, de 2010 (considerando 14) en el que ha señalado que “…En la potestad discrecional, en cambio, hay uno o más de dichos elementos abiertos, entregados al órgano respectivo para ser completados por su apreciación subjetiva. Ello implica que el órgano debe optar entre elementos igualmente justos o equivalentes. Mientras que los conceptos jurídicos indeterminados no admiten un enunciado preciso y el órgano que los interpreta tiene una sola opción válida, en la discrecionalidad, en cambio, el órgano puede optar entre alternativas igualmente legítimas; hay, en este sentido, una suerte de libertad de opción entre alternativas intercambiables o equivalentes…”. Lo expuesto determina que ante un concepto jurídico indeterminado, al igual que en los supuestos de discrecionalidad técnica, la operación que realiza la Administración no es de naturaleza volitiva, sino que de carácter intelectivo, vale decir, de estimación, juzgamiento o determinación.40 Las circunstancias expuestas conllevan que el proceso de aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados sea de carácter reglado41.

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(2007), passim. MARCELO MARDONES OSORIO

GARCÍA DE ENTERRÍA (1962), pp. 171-172.

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LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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46 ALONSO 45

concepto que con¿gura la hipótesis, esto es, su cali¿cación, es siempre un problema de derecho y no de hecho, pues implica, precisamente, una cali¿cación. “No cabría legislar sin utilizar ese tipo de conceptos y cuando las partes en un proceso discrepan sobre su aplicación al caso parece claro que corresponde al juez determinar si el supuesto de hecho discutido se acomoda o no a este tipo de conceptos a los que la ley ha conectado alguna consecuencia jurídica” (Eduardo García de Enterría). Al efectuar el análisis por los jueces de la Corte de Casación lo que están haciendo(sic) es examinar si el hecho reúne las exigencias previstas por la ley, controla que concurra el evento que legitima el actuar y como ese concepto lo entrega la ley, es siempre una cuestión jurídica. Desarrollando lo anterior se ha dicho que “en los términos tradicionales, que distingue en los conceptos indeterminados un núcleo de certeza, de absoluta certeza, un halo de imprecisión o de posible incertidumbre, y un lugar, más o menos alejado del centro, pero inexorable, de certidumbre categóricamente negativa”, de manera que la labor de control de los tribunales se re¿ere a los planos de plena certeza (Eduardo García de Enterría). Como indica el fallo citado, en la determinación del concepto jurídico indeterminado se efectúa una cali¿cación jurídica, es decir, de Derecho, no de hechos; se trata, por ende, de un supuesto de interpretación estrictamente legal.44 Podría verse en ello una diferencia simple pero sustancial entre los conceptos jurídicos indeterminados y la discrecionalidad técnica, consistente en que mientras en el análisis de aquellos la operación hermenéutica es netamente jurídica, en los supuestos de discrecionalidad técnica la interpretación opera en base a criterios técnico/cientí¿cos, vale decir, extrajurídicos. Sin embargo, tal consideración se difumina con la idea de que la remisión que hace una norma a criterios extrajurídicos tiene como efecto, precisamente, su juridi¿cación, haciendo “…de su aplicación una operación de interpretación jurídica en sentido amplio”45. Desde dicha perspectiva es posible a¿rmar que la categoría de la discrecionalidad técnica es equivalente a la de los conceptos jurídicos indeterminados46, sin perjuicio de que, al menos formalmente, se pueda distinguir entre ambas categorías sobre la base expuesta, que es lo que realizamos en este trabajo. 44 ALONSO

(1998), pp. 337-339 y SESIN (2006), p. 6.

MAGIDE (2000), p. 278.

44 ALONSO

(1998), p. 280.

Como indica el fallo citado, en la determinación del concepto jurídico indeterminado se efectúa una cali¿cación jurídica, es decir, de Derecho, no de hechos; se trata, por ende, de un supuesto de interpretación estrictamente legal.44 Podría verse en ello una diferencia simple pero sustancial entre los conceptos jurídicos indeterminados y la discrecionalidad técnica, consistente en que mientras en el análisis de aquellos la operación hermenéutica es netamente jurídica, en los supuestos de discrecionalidad técnica la interpretación opera en base a criterios técnico/cientí¿cos, vale decir, extrajurídicos. Sin embargo, tal consideración se difumina con la idea de que la remisión que hace una norma a criterios extrajurídicos tiene como efecto, precisamente, su juridi¿cación, haciendo “…de su aplicación una operación de interpretación jurídica en sentido amplio”45. Desde dicha perspectiva es posible a¿rmar que la categoría de la discrecionalidad técnica es equivalente a la de los conceptos jurídicos indeterminados46, sin perjuicio de que, al menos formalmente, se pueda distinguir entre ambas categorías sobre la base expuesta, que es lo que realizamos en este trabajo. concepto que con¿gura la hipótesis, esto es, su cali¿cación, es siempre un problema de derecho y no de hecho, pues implica, precisamente, una cali¿cación. “No cabría legislar sin utilizar ese tipo de conceptos y cuando las partes en un proceso discrepan sobre su aplicación al caso parece claro que corresponde al juez determinar si el supuesto de hecho discutido se acomoda o no a este tipo de conceptos a los que la ley ha conectado alguna consecuencia jurídica” (Eduardo García de Enterría). Al efectuar el análisis por los jueces de la Corte de Casación lo que están haciendo(sic) es examinar si el hecho reúne las exigencias previstas por la ley, controla que concurra el evento que legitima el actuar y como ese concepto lo entrega la ley, es siempre una cuestión jurídica. Desarrollando lo anterior se ha dicho que “en los términos tradicionales, que distingue en los conceptos indeterminados un núcleo de certeza, de absoluta certeza, un halo de imprecisión o de posible incertidumbre, y un lugar, más o menos alejado del centro, pero inexorable, de certidumbre categóricamente negativa”, de manera que la labor de control de los tribunales se re¿ere a los planos de plena certeza (Eduardo García de Enterría).

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(1998), p. 280.

MAGIDE (2000), p. 278.

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(1998), pp. 337-339 y SESIN (2006), p. 6.

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MARCELO MARDONES OSORIO

VELASCO (1996), pp. 55-58; BOCANEGRA (2004), p. 70 y DROMI (2008), pp. 55-56.

3. EL FIN Y EL OBJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO

GARCÍA-TREVIJANO (1986), p. 153 y MONTT (2003), pp. 120-122. Debe recordarse a este respecto lo señalado por el artículo 7º de la Constitución en cuanto a que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”. 50 49

47 Perspectiva que, por cierto, no es unánime en la doctrina. Al respecto vid. las interesantes ideas de BOCANEGRA (2005), pp. 41-77, en las que pone de manifiesto las incongruencias de aplicar la consideración iusprivatista de acto/negocio jurídico al acto administrativo, optando por una construcción de éste como una institución con sustantividad propia y con un régimen jurídico operativo, tal y como se hace en el ordenamiento positivo alemán, en su capítulo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz -VwVfG) define al acto administrativo (Verwaltungsakt) como toda disposición, resolución u otra medida de autoridad adoptada por un órgano administrativo y dirigida a la resolución de un caso particular en el ámbito del Derecho Público, con efectos inmediatos frente a terceros. BOCANEGRA (2005), p. 54.

Desde la perspectiva de considerar a los actos administrativos como verdaderos actos jurídicos, es posible a¿rmar que los mismos poseen una estructura conformada por diferentes elementos.47 Doctrinalmente, por inÀujo de los autores italianos, dichos elementos suelen cali¿carse como esenciales o accidentales, entendiéndose por elementos esenciales aquellos cuya concurrencia se estima necesaria en todo acto administrativo, siendo por ello condición de validez del acto,48 y por elementos accidentales del acto aquellos cuya concurrencia no es necesaria como condición de validez, pero que, incluidos en el acto, constituyen condición de e¿cacia de éste.49 A los efectos del presente trabajo, interesa abordar sólo los elementos esenciales del acto administrativo, en los cuales se distingue entre elementos formales, subjetivos y objetivos.

48 Vid. a este respecto el inciso 2 del artículo 13 de la LPA, en cuanto reconoce que los vicios en los requisitos/elementos esenciales del acto afecta la validez del mismo.

3.1. Introducción: los elementos del acto administrativo

En primer lugar, en punto a los denominados elementos formales del acto administrativo, la doctrina entiende que la forma comprende tanto lo relativo al procedimiento administrativo como al método de exteriorización del acto administrativo.50 Esta idea puede verse en el artículo 13 de la Ley Nº 19.880 (LPA) en cuanto al tratar del principio de no formalización, se re¿ere tanto a los vicios relativos al procedimiento como a los vicios forma-

En primer lugar, en punto a los denominados elementos formales del acto administrativo, la doctrina entiende que la forma comprende tanto lo relativo al procedimiento administrativo como al método de exteriorización del acto administrativo.50 Esta idea puede verse en el artículo 13 de la Ley Nº 19.880 (LPA) en cuanto al tratar del principio de no formalización, se re¿ere tanto a los vicios relativos al procedimiento como a los vicios forma3.1. Introducción: los elementos del acto administrativo

48 Vid. a este respecto el inciso 2 del artículo 13 de la LPA, en cuanto reconoce que los vicios en los requisitos/elementos esenciales del acto afecta la validez del mismo.

Desde la perspectiva de considerar a los actos administrativos como verdaderos actos jurídicos, es posible a¿rmar que los mismos poseen una estructura conformada por diferentes elementos.47 Doctrinalmente, por inÀujo de los autores italianos, dichos elementos suelen cali¿carse como esenciales o accidentales, entendiéndose por elementos esenciales aquellos cuya concurrencia se estima necesaria en todo acto administrativo, siendo por ello condición de validez del acto,48 y por elementos accidentales del acto aquellos cuya concurrencia no es necesaria como condición de validez, pero que, incluidos en el acto, constituyen condición de e¿cacia de éste.49 A los efectos del presente trabajo, interesa abordar sólo los elementos esenciales del acto administrativo, en los cuales se distingue entre elementos formales, subjetivos y objetivos.

47 Perspectiva que, por cierto, no es unánime en la doctrina. Al respecto vid. las interesantes ideas de BOCANEGRA (2005), pp. 41-77, en las que pone de manifiesto las incongruencias de aplicar la consideración iusprivatista de acto/negocio jurídico al acto administrativo, optando por una construcción de éste como una institución con sustantividad propia y con un régimen jurídico operativo, tal y como se hace en el ordenamiento positivo alemán, en su capítulo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz -VwVfG) define al acto administrativo (Verwaltungsakt) como toda disposición, resolución u otra medida de autoridad adoptada por un órgano administrativo y dirigida a la resolución de un caso particular en el ámbito del Derecho Público, con efectos inmediatos frente a terceros. BOCANEGRA (2005), p. 54.

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VELASCO (1996), pp. 55-58; BOCANEGRA (2004), p. 70 y DROMI (2008), pp. 55-56.

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50 GARCÍA-TREVIJANO (1986), p. 153 y MONTT (2003), pp. 120-122. Debe recordarse a este respecto lo señalado por el artículo 7º de la Constitución en cuanto a que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”.

3. EL FIN Y EL OBJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO 322

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les stricto sensu de los actos administrativos. En cuanto a la forma desde la perspectiva procedimental debe señalarse que ambos elementos se encuentran íntimamente ligados, desde que el acto administrativo es precisamente la consecuencia de un procedimiento administrativo. En efecto, el artículo 18 de la LPA dispone que el acto administrativo es el resultado ¿nal del procedimiento administrativo. De esta manera, el acto administrativo surge sólo tras la íntegra tramitación del respectivo procedimiento, sin perjuicio, sin embargo, de los eventuales defectos apreciados durante el devenir de dicho procedimiento, los que podrán incidir o no en la validez del acto ¿nal.51 Precisamente por ello se ha señalado que “el procedimiento administrativo viene a ser la forma de la función administrativa”52. La idea de forma relacionada esta vez con la exteriorización de la voluntad administrativa, se re¿ere al medio a través del cual se plasma dicha voluntad y a través del que trasunta el ámbito administrativo interno. A este respecto, la regla de base se encuentra en la propia de¿nición que del acto administrativo contiene el artículo 3 de la LPA, al indicar que los actos administrativos han de constar por escrito. Por ello, los actos administrativos tienen como forma básica la escrita, la que, a decir de la Contraloría, aparece con¿gurada como un requisito de existencia del acto53. El objeto de tal declaración no es añadir formalismos innecesarios a los actos de la Administración, sino más bien asegurar que la voluntad administrativa se materialice de forma objetiva y comprobable, dando debida cuenta de su contenido exacto; se trata, por

51 A este respecto, la Contraloría General ha sostenido en su Dictamen Nº 33.006, de 1984, que el ejercicio de las facultades administrativas se materializa a través de la dictación de actos administrativos, los cuales se encuentran sujetos a un procedimiento preestablecido que permite que el acto se baste a sí mismo y cuyo cumplimiento es esencial para la validez de dichos instrumentos, tales como la indicación en su texto de las normas legales y reglamentarias que le sirven de fundamento, las consideraciones de hecho que hacen aplicable la medida adoptada, la manifestación de voluntad de la autoridad respectiva que resuelve sobre la materia y ordena trámites posteriores como su toma de razón, notificación, comunicación o publicación según proceda, y firma del funcionario facultado para ello que ha dictado el acto administrativo de que se trata. 52

SOTO KLOSS (1982), p. 81.

53 Vid. al respecto el Dictamen Nº 19.476, de 1986, que señala que no es posible invalidar un permiso provisorio de construcción de obra que no consta en ningún acto formal, pues no procede invalidar una autorización que no ha sido concedida regularmente, ya que no existen autorizaciones o permisos tácitos, considerando que la actuación jurídica de la Administración es por regla general solemne, partiendo de la exigencia mínima consistente en la escrituración de los actos de que se trata.

53 Vid. al respecto el Dictamen Nº 19.476, de 1986, que señala que no es posible invalidar un permiso provisorio de construcción de obra que no consta en ningún acto formal, pues no procede invalidar una autorización que no ha sido concedida regularmente, ya que no existen autorizaciones o permisos tácitos, considerando que la actuación jurídica de la Administración es por regla general solemne, partiendo de la exigencia mínima consistente en la escrituración de los actos de que se trata. 52

SOTO KLOSS (1982), p. 81.

51 A este respecto, la Contraloría General ha sostenido en su Dictamen Nº 33.006, de 1984, que el ejercicio de las facultades administrativas se materializa a través de la dictación de actos administrativos, los cuales se encuentran sujetos a un procedimiento preestablecido que permite que el acto se baste a sí mismo y cuyo cumplimiento es esencial para la validez de dichos instrumentos, tales como la indicación en su texto de las normas legales y reglamentarias que le sirven de fundamento, las consideraciones de hecho que hacen aplicable la medida adoptada, la manifestación de voluntad de la autoridad respectiva que resuelve sobre la materia y ordena trámites posteriores como su toma de razón, notificación, comunicación o publicación según proceda, y firma del funcionario facultado para ello que ha dictado el acto administrativo de que se trata.

les stricto sensu de los actos administrativos. En cuanto a la forma desde la perspectiva procedimental debe señalarse que ambos elementos se encuentran íntimamente ligados, desde que el acto administrativo es precisamente la consecuencia de un procedimiento administrativo. En efecto, el artículo 18 de la LPA dispone que el acto administrativo es el resultado ¿nal del procedimiento administrativo. De esta manera, el acto administrativo surge sólo tras la íntegra tramitación del respectivo procedimiento, sin perjuicio, sin embargo, de los eventuales defectos apreciados durante el devenir de dicho procedimiento, los que podrán incidir o no en la validez del acto ¿nal.51 Precisamente por ello se ha señalado que “el procedimiento administrativo viene a ser la forma de la función administrativa”52. La idea de forma relacionada esta vez con la exteriorización de la voluntad administrativa, se re¿ere al medio a través del cual se plasma dicha voluntad y a través del que trasunta el ámbito administrativo interno. A este respecto, la regla de base se encuentra en la propia de¿nición que del acto administrativo contiene el artículo 3 de la LPA, al indicar que los actos administrativos han de constar por escrito. Por ello, los actos administrativos tienen como forma básica la escrita, la que, a decir de la Contraloría, aparece con¿gurada como un requisito de existencia del acto53. El objeto de tal declaración no es añadir formalismos innecesarios a los actos de la Administración, sino más bien asegurar que la voluntad administrativa se materialice de forma objetiva y comprobable, dando debida cuenta de su contenido exacto; se trata, por LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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ende, de una garantía para los ciudadanos y una medida de control para la Administración54. A su vez, el artículo 5º de la LPA consagra normativamente el principio de escrituración (también llamado de expresión documental)55 en cuya virtud tanto el procedimiento administrativo como los actos administrativos a los cuales de origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos56. Sin embargo, el mismo precepto autoriza cualquier otra forma más adecuada de expresión y constancia, si así lo exigiera o permitiera la propia naturaleza del procedimiento o acto. En tal situación se encuentran los actos administrativos surgidos en virtud del silencio administrativo, o los supuestos de actos de carácter urgente, los cuales eventualmente podrían evacuarse oralmente57. Finalmente, los preceptos indicados deben vincularse adicionalmente con el inciso tercero del artículo 18 de la LPA, en cuanto dispone que todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los documentos y se incorporarán las actuaciones que allí se indican. La relación de los preceptos indicados determina que aquello de lo que no exista constancia en dicho expediente, no puede constituir el fundamento de las decisiones adoptadas por la Administración58. En lo tocante a los elementos subjetivos del acto administrativo, se consideran como tales al órgano, la investidura y la competencia. Fundamental en relación a estos elementos es el artículo 7º de la Constitución Política, que dispone que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia…”, norma la cual es reiterada por el artículo 2º de la LBGAE. En cuanto al órgano, entendido éste como el ente a través del cual actúa el Estado, dotado de competencias especí¿camente otorgadas al mismo y que, en 54

CORDERO (2003), pp. 64 y 66.

55 Sobre la positivización de los principios en materia de procedimiento administrativo, vid. in extenso, LÓPEZ (1993), passim. En particular, en relación con nuestra LPA, GONZÁLEZ (2003), pp. 370-371. 56 En relación a los actos electrónicos, debe tenerse presente el artículo 6º de la Ley Nº 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certi¿cación de dicha Firma, que dispone que “Los órganos del Estado podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, suscribiéndolos por medio de ¿rma electrónica…”.

DROMI (2008), p. 97.

57

Dictamen Nº 31.814, de 2010, de la Contraloría General de la República.

Dictamen Nº 31.814, de 2010, de la Contraloría General de la República.

DROMI (2008), p. 97.

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CORDERO (2003), pp. 64 y 66. MARCELO MARDONES OSORIO

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56 En relación a los actos electrónicos, debe tenerse presente el artículo 6º de la Ley Nº 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certi¿cación de dicha Firma, que dispone que “Los órganos del Estado podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, suscribiéndolos por medio de ¿rma electrónica…”.

Sobre la positivización de los principios en materia de procedimiento administrativo, vid. in extenso, LÓPEZ (1993), passim. En particular, en relación con nuestra LPA, GONZÁLEZ (2003), pp. 370-371. 55 54

En lo tocante a los elementos subjetivos del acto administrativo, se consideran como tales al órgano, la investidura y la competencia. Fundamental en relación a estos elementos es el artículo 7º de la Constitución Política, que dispone que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia…”, norma la cual es reiterada por el artículo 2º de la LBGAE. En cuanto al órgano, entendido éste como el ente a través del cual actúa el Estado, dotado de competencias especí¿camente otorgadas al mismo y que, en ende, de una garantía para los ciudadanos y una medida de control para la Administración54. A su vez, el artículo 5º de la LPA consagra normativamente el principio de escrituración (también llamado de expresión documental)55 en cuya virtud tanto el procedimiento administrativo como los actos administrativos a los cuales de origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos56. Sin embargo, el mismo precepto autoriza cualquier otra forma más adecuada de expresión y constancia, si así lo exigiera o permitiera la propia naturaleza del procedimiento o acto. En tal situación se encuentran los actos administrativos surgidos en virtud del silencio administrativo, o los supuestos de actos de carácter urgente, los cuales eventualmente podrían evacuarse oralmente57. Finalmente, los preceptos indicados deben vincularse adicionalmente con el inciso tercero del artículo 18 de la LPA, en cuanto dispone que todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los documentos y se incorporarán las actuaciones que allí se indican. La relación de los preceptos indicados determina que aquello de lo que no exista constancia en dicho expediente, no puede constituir el fundamento de las decisiones adoptadas por la Administración58. 324

GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), p. 557, consideran a la competencia como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano.

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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funcionario en cuestión no sea de iure, sino que de facto (funcionario de hecho). MORAGA (2010), pp. 31-32. Asimismo, MADARIAGA (1993), pp. 160-162; DE LA VALLINA (1959), passim. 61 Y precisamente, el incumplimiento de las formalidades correspondientes conlleva que el 59

Sobre la doctrina o teoría del órgano, COSCULLUELA (1998), pp. 173-174.

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SILVA (1997), p. 139.

La competencia, entendida como la atribución concreta de una potestad a un órgano administrativo,62 se encuentra determinada por tres elementos. Primeramente, el material, que dice relación con el objeto (materia) sobre el que la misma recae. En segundo lugar, el territorial, referido a la zona geográ¿ca o espacial en la que el órgano particular ejerce sus competencias. Y en tercer lugar, el jerárquico, vinculado con la posición en la que determitanto tal, permite imputar a dicha entidad las actuaciones de quienes obran en su representación59, en forma simple es posible indicar que según lo señalado por el artículo 3 de la LPA, el acto administrativo es, precisamente, una decisión formal emitida por los órganos de la Administración del Estado, en los que cabe incluir los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y las municipalidades (artículo 2º de la LPA) de forma que, a contrario, otros tipos de entidades no pueden emitir actos administrativos. Seguidamente, la investidura es el carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades60 e implica la necesidad de que la persona que actúe en representación de un órgano de la Administración lo haga habiendo mediado el correspondiente nombramiento, ya sea a través de un acto administrativo o a través de elección popular. A su vez, dicho nombramiento debe haber sido efectuado en conformidad con las normas que regulan la designación respectiva, lo que en determinadas ocasiones puede implicar la necesidad de aceptación en el cargo. Y, ¿nalmente, implica que la actuación realizada debe operarse precisamente en ejercicio del cargo en cuestión. El cumplimiento de las exigencias indicadas conlleva que la investidura sea previa y regular61, tal y como exige el citado artículo 7º de la Constitución Política. LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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tanto tal, permite imputar a dicha entidad las actuaciones de quienes obran en su representación59, en forma simple es posible indicar que según lo señalado por el artículo 3 de la LPA, el acto administrativo es, precisamente, una decisión formal emitida por los órganos de la Administración del Estado, en los que cabe incluir los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y las municipalidades (artículo 2º de la LPA) de forma que, a contrario, otros tipos de entidades no pueden emitir actos administrativos. Seguidamente, la investidura es el carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades60 e implica la necesidad de que la persona que actúe en representación de un órgano de la Administración lo haga habiendo mediado el correspondiente nombramiento, ya sea a través de un acto administrativo o a través de elección popular. A su vez, dicho nombramiento debe haber sido efectuado en conformidad con las normas que regulan la designación respectiva, lo que en determinadas ocasiones puede implicar la necesidad de aceptación en el cargo. Y, ¿nalmente, implica que la actuación realizada debe operarse precisamente en ejercicio del cargo en cuestión. El cumplimiento de las exigencias indicadas conlleva que la investidura sea previa y regular61, tal y como exige el citado artículo 7º de la Constitución Política. La competencia, entendida como la atribución concreta de una potestad a un órgano administrativo,62 se encuentra determinada por tres elementos. Primeramente, el material, que dice relación con el objeto (materia) sobre el que la misma recae. En segundo lugar, el territorial, referido a la zona geográ¿ca o espacial en la que el órgano particular ejerce sus competencias. Y en tercer lugar, el jerárquico, vinculado con la posición en la que determi-

SILVA (1997), p. 139.

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Sobre la doctrina o teoría del órgano, COSCULLUELA (1998), pp. 173-174.

59

61 Y precisamente, el incumplimiento de las formalidades correspondientes conlleva que el funcionario en cuestión no sea de iure, sino que de facto (funcionario de hecho). MORAGA (2010), pp. 31-32. Asimismo, MADARIAGA (1993), pp. 160-162; DE LA VALLINA (1959), passim. 62 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2008), p. 557, consideran a la competencia como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano.

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MARCELO MARDONES OSORIO

CARRETERO (1969), p. 138; BOQUERA (1986), pp. 75-78; DUQUE (1987), p. 64, y GARCÍATREVIJANO (1986), p. 143. En nuestro país, vid. BOLOÑA (2005), pp. 164-168 y MORAGA (2010), p. 89. 66

nado órgano se sitúa en la Administración63. Según se indicó, de acuerdo al artículo 7º de la Carta Fundamental, la competencia es una de las exigencias constitucionales para la actuación válida de los órganos del Estado, y por ende, las actuaciones realizadas careciendo de competencias al efecto o excediendo las otorgadas, vicia de nulidad el acto correspondiente64. Ya ¿nalmente, en lo tocante a los elementos objetivos del acto administrativo cabe hacer mención a: el presupuesto de hecho, la causa, el ¿n, el contenido y el objeto. El presupuesto de hecho es la hipótesis con¿gurada en la norma jurídica cuyo acaecimiento faculta u obliga a la Administración a ejercer –o no– las potestades vinculadas con dicho supuesto, en virtud de un proceso de cali¿cación de la situación fáctica particular, cuyo objeto es determinar el encuadre de ésta en el presupuesto normativamente contemplado65. El presupuesto como tal constituye un elemento reglado del acto, ya que el mismo se encuentra dispuesto en forma taxativa en la norma correspondiente. En cuanto a la causa o motivo, se ha señalado que la misma apunta a la valoración que la Administración realiza del supuesto de hecho que determina en de¿nitiva la actividad o inactividad de la Administración, constituyéndose de esta manera en el por qué de la actuación administrativa66. Se re¿ere, por ende, a la vinculación existente entre los hechos y la actuación administrativa, entre los cuales debe existir una relación de coherencia o correspondencia. Debido a ello es que el artículo 11 de la LPA ha destacado la necesidad de que los hechos y fundamentos de derecho de un acto deban siempre expresarse cuando el mismo afectare los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. Esta medida permite el control del acto en cuestión en lo atingente a su causa o motivo. El ¿n y el objeto del acto se verán seguidamente en forma particular, por tener mayor relevancia para el análisis que se efectúa.

63

DANIEL (1985), pp. 71-75.

64 A este respecto, el artículo 3º de la LPA de¿ne tanto a los decretos supremos, a las resoluciones, a los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento, precisamente, en base a la existencia de competencia para dictar tales actos. 65 ALONSO

(1998), pp. 115-116.

(1998), pp. 115-116.

DANIEL (1985), pp. 71-75. MARCELO MARDONES OSORIO

66 CARRETERO (1969), p. 138; BOQUERA (1986), pp. 75-78; DUQUE (1987), p. 64, y GARCÍATREVIJANO (1986), p. 143. En nuestro país, vid. BOLOÑA (2005), pp. 164-168 y MORAGA (2010), p. 89.

65 ALONSO

64 A este respecto, el artículo 3º de la LPA de¿ne tanto a los decretos supremos, a las resoluciones, a los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento, precisamente, en base a la existencia de competencia para dictar tales actos. 63

Ya ¿nalmente, en lo tocante a los elementos objetivos del acto administrativo cabe hacer mención a: el presupuesto de hecho, la causa, el ¿n, el contenido y el objeto. El presupuesto de hecho es la hipótesis con¿gurada en la norma jurídica cuyo acaecimiento faculta u obliga a la Administración a ejercer –o no– las potestades vinculadas con dicho supuesto, en virtud de un proceso de cali¿cación de la situación fáctica particular, cuyo objeto es determinar el encuadre de ésta en el presupuesto normativamente contemplado65. El presupuesto como tal constituye un elemento reglado del acto, ya que el mismo se encuentra dispuesto en forma taxativa en la norma correspondiente. En cuanto a la causa o motivo, se ha señalado que la misma apunta a la valoración que la Administración realiza del supuesto de hecho que determina en de¿nitiva la actividad o inactividad de la Administración, constituyéndose de esta manera en el por qué de la actuación administrativa66. Se re¿ere, por ende, a la vinculación existente entre los hechos y la actuación administrativa, entre los cuales debe existir una relación de coherencia o correspondencia. Debido a ello es que el artículo 11 de la LPA ha destacado la necesidad de que los hechos y fundamentos de derecho de un acto deban siempre expresarse cuando el mismo afectare los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. Esta medida permite el control del acto en cuestión en lo atingente a su causa o motivo. El ¿n y el objeto del acto se verán seguidamente en forma particular, por tener mayor relevancia para el análisis que se efectúa. nado órgano se sitúa en la Administración63. Según se indicó, de acuerdo al artículo 7º de la Carta Fundamental, la competencia es una de las exigencias constitucionales para la actuación válida de los órganos del Estado, y por ende, las actuaciones realizadas careciendo de competencias al efecto o excediendo las otorgadas, vicia de nulidad el acto correspondiente64. 326

Vid. el artículo 2º de la LBGAE, el cual dispone que todo abuso o exceso en el ejercicio de las potestades da lugar a las acciones o recursos correspondientes.

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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68 67

CARRETERO (1969), p. 141 y BOQUERA (1986), p. 80.

La vinculación del acto administrativo con el ¿n para cuya satisfacción se previó la actuación administrativa se aprecia en que aquél debe apuntar a la satisfacción del ¿n particular contemplado en la norma en cuestión, y en ningún caso a la de otro ¿n distinto, aun cuando sea también público. De ocurrir tal circunstancia, nos encontraríamos ante un supuesto de desviación de poder68, sometido plenamente al control jurisdiccional. Y el control de tal adecuación es inobjetable, desde que, como hemos señalado, el ¿n constituye un aspecto reglado del acto administrativo respectivo. Ello tiene importantes consecuencias en aquellos sectores normativos en los que se ha efectuado una afectación de cierta actividad, desde que dicha afectación determina la esfera de derechos reconocibles a (o ejercitables por) los particulares. En El ¿n del acto administrativo se vincula con cuál es el interés cuya satisfacción persigue determinada norma. Por de¿nición, de manera general el ¿n del acto administrativo es siempre uno público, en tanto que al emanar de un órgano de la Administración, no puede tener otra ¿nalidad diversa. En este sentido, el artículo 1º inciso 4º de la Constitución Política dispone que el Estado está al servicio de la persona humana y su ¿nalidad es promover el bien común. Ahora bien, el aludido ¿n, que es el destino último al cual se encamina toda la actuación administrativa, i.e., su ¿n mediato, no excluye la existencia de ¿nes inmediatos o especiales, a cuya satisfacción se encamina asimismo la acción administrativa particular. Y ambos ¿nes se encuentran en una relación simbiótica esencial, ya que el ¿n del acto administrativo es un ¿n concreto o particular, cuya satisfacción es de interés público67. Tal vinculación puede verse en el artículo 3º de la LBGAE, al disponer que la Administración del Estado se encuentra al servicio de la persona humana y su ¿nalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente. Y más concretamente, el artículo 10 de la misma norma, al regular el control jerárquico de cargo de las autoridades y jefaturas de la Administración, señala que dicho control se extenderá, entre otros aspectos, a la e¿ciencia y e¿cacia en el cumplimiento de los ¿nes y objetivos establecidos. 3.2. En particular, el fin y el objeto del acto administrativo

3.2. En particular, el fin y el objeto del acto administrativo El ¿n del acto administrativo se vincula con cuál es el interés cuya satisfacción persigue determinada norma. Por de¿nición, de manera general el ¿n del acto administrativo es siempre uno público, en tanto que al emanar de un órgano de la Administración, no puede tener otra ¿nalidad diversa. En este sentido, el artículo 1º inciso 4º de la Constitución Política dispone que el Estado está al servicio de la persona humana y su ¿nalidad es promover el bien común. Ahora bien, el aludido ¿n, que es el destino último al cual se encamina toda la actuación administrativa, i.e., su ¿n mediato, no excluye la existencia de ¿nes inmediatos o especiales, a cuya satisfacción se encamina asimismo la acción administrativa particular. Y ambos ¿nes se encuentran en una relación simbiótica esencial, ya que el ¿n del acto administrativo es un ¿n concreto o particular, cuya satisfacción es de interés público67. Tal vinculación puede verse en el artículo 3º de la LBGAE, al disponer que la Administración del Estado se encuentra al servicio de la persona humana y su ¿nalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente. Y más concretamente, el artículo 10 de la misma norma, al regular el control jerárquico de cargo de las autoridades y jefaturas de la Administración, señala que dicho control se extenderá, entre otros aspectos, a la e¿ciencia y e¿cacia en el cumplimiento de los ¿nes y objetivos establecidos. La vinculación del acto administrativo con el ¿n para cuya satisfacción se previó la actuación administrativa se aprecia en que aquél debe apuntar a la satisfacción del ¿n particular contemplado en la norma en cuestión, y en ningún caso a la de otro ¿n distinto, aun cuando sea también público. De ocurrir tal circunstancia, nos encontraríamos ante un supuesto de desviación de poder68, sometido plenamente al control jurisdiccional. Y el control de tal adecuación es inobjetable, desde que, como hemos señalado, el ¿n constituye un aspecto reglado del acto administrativo respectivo. Ello tiene importantes consecuencias en aquellos sectores normativos en los que se ha efectuado una afectación de cierta actividad, desde que dicha afectación determina la esfera de derechos reconocibles a (o ejercitables por) los particulares. En 67

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CARRETERO (1969), p. 141 y BOQUERA (1986), p. 80.

68 Vid. el artículo 2º de la LBGAE, el cual dispone que todo abuso o exceso en el ejercicio de las potestades da lugar a las acciones o recursos correspondientes.

CALDERA (2001), p. 70.

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MARCELO MARDONES OSORIO

CALDERA (2001), p. 70.

forma certera se ha señalado al respecto que “…la afectación se comporta como el factor que condiciona cada una de las facultades materiales que suelen señalarse para los derechos reales, con el de propiedad a la cabeza. Ningún uso podrá permitirse, ni siquiera a quien se repute como titular o propietario, que no se conforme con el destino de la cosa; ningún aprovechamiento especial, ningún disfrute podrá autorizarse si resulta contrario al ¿n al que el bien se encuentra vinculado; como no será válido ningún acto de enajenación sobre un bien no desafectado, por encontrarse destinado todavía al uso, directo o indirecto, de la comunidad…”69.

75

Por su parte, en relación al objeto del acto administrativo, existen posiciones encontradas en lo que toca a su identi¿cación –o no– con el contenido del acto administrativo70. Así, confundiendo ambos elementos se ha señalado que el objeto del acto administrativo comprende las materias que necesariamente forman parte del acto y sirven para individualizarlo (contenido natural) las cuestiones que deben contenerse por mandato legal y las cláusulas eventuales71. Así, el objeto/contenido del acto administrativo serían sus efectos72. Tal confusión también se aprecia en nuestra doctrina. Nuestros autores han señalado que el objeto del acto administrativo es el efecto que ha de producir la actividad desplegada en forma inmediata y directa73, el conjunto de prestaciones que nacen del acto administrativo, las que pueden ser favorables o desfavorables para los administrados,74 la medida concreta que se contiene directamente en el acto,75 o las consecuencias jurídicas que emanan de un acto administrativo, es decir, la norma jurídico-administrativa que es creada por la decisión del agente público, generando derechos y obligaciones para la Administración o los

p. 53, lo siguiente: “Es el contenido, el objeto del acto (…) el resultado positivo que la Administración persigue como consecuencia de su acción voluntaria, porque siempre deberá existir al respecto, en cuanto Administración Activa, una declaración de voluntad que conduzca a la Administración a perseguir un ¿n cualquiera”.

DE REINA (2009), p. 1696.

MADARIAGA (1993), p. 49.

74 SILVA (1995), p. 114. De forma más elocuente, el mismo autor señala en el mismo trabajo

69

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VELASCO (1996), p. 55.

VELASCO (1996), p. 57.

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DROMI (2008), p. 72.

DROMI (2008), p. 72.

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VELASCO (1996), p. 57.

VELASCO (1996), p. 55.

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DE REINA (2009), p. 1696.

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MADARIAGA (1993), p. 49.

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Por su parte, en relación al objeto del acto administrativo, existen posiciones encontradas en lo que toca a su identi¿cación –o no– con el contenido del acto administrativo70. Así, confundiendo ambos elementos se ha señalado que el objeto del acto administrativo comprende las materias que necesariamente forman parte del acto y sirven para individualizarlo (contenido natural) las cuestiones que deben contenerse por mandato legal y las cláusulas eventuales71. Así, el objeto/contenido del acto administrativo serían sus efectos72. Tal confusión también se aprecia en nuestra doctrina. Nuestros autores han señalado que el objeto del acto administrativo es el efecto que ha de producir la actividad desplegada en forma inmediata y directa73, el conjunto de prestaciones que nacen del acto administrativo, las que pueden ser favorables o desfavorables para los administrados,74 la medida concreta que se contiene directamente en el acto,75 o las consecuencias jurídicas que emanan de un acto administrativo, es decir, la norma jurídico-administrativa que es creada por la decisión del agente público, generando derechos y obligaciones para la Administración o los

74 SILVA (1995), p. 114. De forma más elocuente, el mismo autor señala en el mismo trabajo p. 53, lo siguiente: “Es el contenido, el objeto del acto (…) el resultado positivo que la Administración persigue como consecuencia de su acción voluntaria, porque siempre deberá existir al respecto, en cuanto Administración Activa, una declaración de voluntad que conduzca a la Administración a perseguir un ¿n cualquiera”.

forma certera se ha señalado al respecto que “…la afectación se comporta como el factor que condiciona cada una de las facultades materiales que suelen señalarse para los derechos reales, con el de propiedad a la cabeza. Ningún uso podrá permitirse, ni siquiera a quien se repute como titular o propietario, que no se conforme con el destino de la cosa; ningún aprovechamiento especial, ningún disfrute podrá autorizarse si resulta contrario al ¿n al que el bien se encuentra vinculado; como no será válido ningún acto de enajenación sobre un bien no desafectado, por encontrarse destinado todavía al uso, directo o indirecto, de la comunidad…”69.

75

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GORDILLO (2004) donde además sostiene que “Cabe destacar que los vicios que usualmente son de menos trascendencia, tales como los de forma y de tipo subjetivo de la voluntad

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80 78

GARCÍA-TREVIJANO (1986), p. 138.

79

GARCÍA-TREVIJANO (1986), p. 137.

Fallo de fecha 26 de mayo de 1998 (Considerando 26) de la Corte de Apelaciones de Santiago (causa Rol Nº 5.900) con¿rmado por fallo de fecha 27 de mayo de 1999, de la Corte Suprema (Rol Nº 2.282, Nº LegalPublishing: 15968). Además, vid. posteriormente en términos idénticos el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 4 de enero de 2001 (considerando 13) rati¿cado en lo que aquí interesa por la Corte Suprema, en fallo de fecha 8 de febrero de 2001 (Rol Nº 385, Nº 18097 LegalPublishing). 77 76

BOLOÑA (2005), p. 170. Y en este mismo sentido, vid. MORAGA (2010), pp. 90-91.

El objeto del acto administrativo es uno de aquellos elementos en los cuales puede darse cierto grado de discrecionalidad administrativa, siendo de esta forma los vicios que eventualmente pueden afectar a dicho elemento, de una mayor importancia80. Precisamente por ello es que se ha señalado que Sin embargo, parece necesario distinguir entre el contenido del acto administrativo y su objeto. A este respecto se ha señalado que mientras el “…contenido es el ‘qué’ del acto, es su sustancia, es lo que dice, manda, autoriza, constata, etc.”78, el objeto del acto puede ser una cosa, una actividad, una relación jurídica, un comportamiento, un hecho, una situación jurídica, o un status, pudiendo ser objeto de los actos administrativos, entre otras muchas categorías, los bienes de dominio público79, el objeto es aquello sobre lo cual recaen los efectos del acto. En nuestro ordenamiento, la identi¿cación entre contenido y efectos puede verse en el artículo 51 inciso 2º de la LPA, al indicar que “Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su noti¿cación o publicación, según sean de contenido individual o general”. La alusión al contenido individual o general no es más que una referencia a la particularidad o generalidad de los efectos del acto administrativo. ciudadanos76. Por su parte, nuestros tribunales superiores de justicia han sostenido en varias oportunidades que “…el objeto del acto administrativo es el resultado práctico que el órgano de la administración busca al llevar a cabo su acción. Por supuesto este objeto ha de ser congruente con el ¿n del servicio público a que viene de aludirse con ocasión del tema de la desviación de poder; pero no se identi¿ca necesariamente con él. El objeto del acto administrativo debe ser el deseado por la normativa por la que aquél está naturalmente destinado a regirse”77. LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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ciudadanos76. Por su parte, nuestros tribunales superiores de justicia han sostenido en varias oportunidades que “…el objeto del acto administrativo es el resultado práctico que el órgano de la administración busca al llevar a cabo su acción. Por supuesto este objeto ha de ser congruente con el ¿n del servicio público a que viene de aludirse con ocasión del tema de la desviación de poder; pero no se identi¿ca necesariamente con él. El objeto del acto administrativo debe ser el deseado por la normativa por la que aquél está naturalmente destinado a regirse”77. Sin embargo, parece necesario distinguir entre el contenido del acto administrativo y su objeto. A este respecto se ha señalado que mientras el “…contenido es el ‘qué’ del acto, es su sustancia, es lo que dice, manda, autoriza, constata, etc.”78, el objeto del acto puede ser una cosa, una actividad, una relación jurídica, un comportamiento, un hecho, una situación jurídica, o un status, pudiendo ser objeto de los actos administrativos, entre otras muchas categorías, los bienes de dominio público79, el objeto es aquello sobre lo cual recaen los efectos del acto. En nuestro ordenamiento, la identi¿cación entre contenido y efectos puede verse en el artículo 51 inciso 2º de la LPA, al indicar que “Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su noti¿cación o publicación, según sean de contenido individual o general”. La alusión al contenido individual o general no es más que una referencia a la particularidad o generalidad de los efectos del acto administrativo. El objeto del acto administrativo es uno de aquellos elementos en los cuales puede darse cierto grado de discrecionalidad administrativa, siendo de esta forma los vicios que eventualmente pueden afectar a dicho elemento, de una mayor importancia80. Precisamente por ello es que se ha señalado que 76

BOLOÑA (2005), p. 170. Y en este mismo sentido, vid. MORAGA (2010), pp. 90-91.

77 Fallo de fecha 26 de mayo de 1998 (Considerando 26) de la Corte de Apelaciones de Santiago (causa Rol Nº 5.900) con¿rmado por fallo de fecha 27 de mayo de 1999, de la Corte Suprema (Rol Nº 2.282, Nº LegalPublishing: 15968). Además, vid. posteriormente en términos idénticos el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 4 de enero de 2001 (considerando 13) rati¿cado en lo que aquí interesa por la Corte Suprema, en fallo de fecha 8 de febrero de 2001 (Rol Nº 385, Nº 18097 LegalPublishing). 78 79

GARCÍA-TREVIJANO (1986), p. 138. GARCÍA-TREVIJANO (1986), p. 137.

80 GORDILLO (2004) donde además sostiene que “Cabe destacar que los vicios que usualmente son de menos trascendencia, tales como los de forma y de tipo subjetivo de la voluntad

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MARCELO MARDONES OSORIO

en los casos “…de competencia reglada el objeto está determinado por la norma preexistente, en tanto que en los casos de competencia discrecional el objeto debe encuadrarse en los límites legales de libertad de apreciación que la norma jurídica concede a la administración. De aquí la especial importancia de este elemento en el estudio de la actividad discrecional…”81.

En general, tal concepto responde al avance tecnológico existente a la época de preparación de la ley de energía geotérmica. En dichos años se señalaba que “De acuerdo con la actual tecnología puede considerarse como extraíble y utilizable solamente la energía geotérmica contenida en Àuidos, ya que el calor contenido en rocas aún no es económicamente utilizable con ¿nes industriales…”. LAHSEN (1985), p. 435. 84

En efecto, el artículo 4º de la ley señala que “La energía geotérmica, cualesquiera sea el lugar, forma o condiciones en que se mani¿este o exista, es un bien del Estado, susceptible de ser explorada y explotada, previo otorgamiento de una concesión, en la forma y con cumplimiento de los requisitos previstos en la ley”. 83

técnica de reservar la “energía”, vid. VERGARA (1992a), pp. 1-3.

4. LA LEY DE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 4.1. Consideraciones generales La energía geotérmica puede de¿nirse como la energía que emana del calor de la tierra. De lege data, en la actualidad existen dos conceptos de energía geotérmica. El primero es el contemplado en el artículo 3º de la Ley Nº 19.657, que la de¿ne como “…aquella que se obtenga del calor natural de la tierra, que puede ser extraída del vapor, agua, gases, excluidos los hidrocarburos, o a través de Àuidos inyectados arti¿cialmente para este ¿n”. Trátase de un concepto integrado, en tanto que se conforma por dos elementos esenciales sobre los cuales gravita la reserva82 de la energía geotérmica como bien estatal83. El primero, relativo a la existencia del calor natural de la tierra, y el segundo, relacionado con la posibilidad de que dicha energía pueda ser extraída del vapor, agua, gases (excluidos los hidrocarburos) o Àuidos inyectados arti¿cialmente84. De ello se desprende que, a Continuación nota 80 (desviación de poder, mala fe) son los que a veces reciben más énfasis de los recurrentes, en detrimento de la mejor fundamentación de sus recursos; normalmente, pues, debe atribuirse más importancia a los vicios relativos al objeto y a la competencia, siguiendo por los vicios de tipo objetivo de la voluntad, luego por los de tipo subjetivo y ¿nalmente por los de forma”. 81

MADARIAGA (1993), p. 49.

82 Sobre la inconstitucionalidad de la reserva estatal de la energía geotérmica y la incorrecta técnica de reservar la “energía”, vid. VERGARA (1992a), pp. 1-3. 83 En efecto, el artículo 4º de la ley señala que “La energía geotérmica, cualesquiera sea el lugar, forma o condiciones en que se mani¿este o exista, es un bien del Estado, susceptible de ser explorada y explotada, previo otorgamiento de una concesión, en la forma y con cumplimiento de los requisitos previstos en la ley”.

MADARIAGA (1993), p. 49. MARCELO MARDONES OSORIO

84 En general, tal concepto responde al avance tecnológico existente a la época de preparación de la ley de energía geotérmica. En dichos años se señalaba que “De acuerdo con la actual tecnología puede considerarse como extraíble y utilizable solamente la energía geotérmica contenida en Àuidos, ya que el calor contenido en rocas aún no es económicamente utilizable con ¿nes industriales…”. LAHSEN (1985), p. 435.

82 Sobre la inconstitucionalidad de la reserva estatal de la energía geotérmica y la incorrecta 81

Continuación nota 80 (desviación de poder, mala fe) son los que a veces reciben más énfasis de los recurrentes, en detrimento de la mejor fundamentación de sus recursos; normalmente, pues, debe atribuirse más importancia a los vicios relativos al objeto y a la competencia, siguiendo por los vicios de tipo objetivo de la voluntad, luego por los de tipo subjetivo y ¿nalmente por los de forma”.

La energía geotérmica puede de¿nirse como la energía que emana del calor de la tierra. De lege data, en la actualidad existen dos conceptos de energía geotérmica. El primero es el contemplado en el artículo 3º de la Ley Nº 19.657, que la de¿ne como “…aquella que se obtenga del calor natural de la tierra, que puede ser extraída del vapor, agua, gases, excluidos los hidrocarburos, o a través de Àuidos inyectados arti¿cialmente para este ¿n”. Trátase de un concepto integrado, en tanto que se conforma por dos elementos esenciales sobre los cuales gravita la reserva82 de la energía geotérmica como bien estatal83. El primero, relativo a la existencia del calor natural de la tierra, y el segundo, relacionado con la posibilidad de que dicha energía pueda ser extraída del vapor, agua, gases (excluidos los hidrocarburos) o Àuidos inyectados arti¿cialmente84. De ello se desprende que, a 4.1. Consideraciones generales 4. LA LEY DE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA en los casos “…de competencia reglada el objeto está determinado por la norma preexistente, en tanto que en los casos de competencia discrecional el objeto debe encuadrarse en los límites legales de libertad de apreciación que la norma jurídica concede a la administración. De aquí la especial importancia de este elemento en el estudio de la actividad discrecional…”81. 330

cuando cabe cuestionarse, desde luego, si tal posibilidad sancionatoria cumple con las exigencias mínimas del derecho administrativo sancionador. 87 Aun

En materia minera se ha señalado que “…El aprovechamiento, mirado desde el punto de vista de la facultad, es, entonces, la posibilidad de aprovechar, y según los casos, para el CMi, a través, v. gr., del reconocimiento, exploración, explotación, etc., ya que todas ellas serían formas de aprovechamiento…”. VERGARA (1992), p. 337. 86

En efecto, cabe plantearse si dicho calor constituye una res nullius, y es por tanto susceptible de libre apropiabilidad por los particulares, o si por el contrario, se trata de una res communes omnium, vale decir, una cosa común a todos los hombres, excluida de la apropiabilidad privada, ex artículo 19 Nº 23 de la Constitución Política. A nuestro juicio, esta última es la opción jurídicamente correcta, atendida la naturaleza del calor que desprende la tierra, y así por lo demás se estimó en el Mensaje con que se envió el proyecto de ley original sobre concesiones geotérmicas. En él se indica que “El calor existente en las entrañas de la tierra y que se expresa en la energía geotérmica, constituye una cosa para el derecho, en el amplio sentido expresado. Y constituye una cosa incorpórea, al igual que otras formas de energía tales como la luz, la presión atmosférica, la energía eólica de las mareas, etc. Pero es inapropiable, dado lo dispuesto en el citado artículo 585 del Código Civil y no puede, pues, considerársela como un bien perteneciente al Estado, como son en nuestro sistema las tierras que carecen de dueño (artículo 590 del Código Civil), las sustancias mineras (artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política y artículo 591 del Código Civil), las nuevas islas que se formen en el mar territorial o en ríos de determinado volumen…” (artículo 597 del Código Civil). 85

Sin perjuicio de las distinciones indicadas, lo relevante es que la energía geotérmica es el resultado de un proceso por medio del cual el calor de la tierra es conducido hacia la super¿cie, en la que, en forma de energía, es objeto de aprovechamiento. El aprovechamiento general de esta energía, vale decir, tanto su exploración como explotación86, exigen un título jurídico habilitante, no siendo posible realizar dichas actividades sin él, so pena de incurrir en un ilícito susceptible de ser sancionado de acuerdo al artículo 43 de la Ley Nº 19.65787. A este respecto, el artículo 4º de la Ley Nº 19.657 señala que el único título válido para llevar a cabo tales actividades de contrario sensu, aquel calor natural de la tierra que pueda ser susceptible de ser extraído por otros medios diversos a los señalados, no es energía geotérmica, y no está sujeto a “reserva” estatal, si bien cabe cuestionarse si ello implica que el aprovechamiento de dicho calor no requiere título alguno a tal ¿n85. Y el segundo es el contenido en el artículo 225 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en el que se la de¿ne sin más como aquella “…que se obtiene del calor natural del interior de la tierra”, la cual necesariamente debe provenir de una concesión de energía geotérmica, según lo señalado anteriormente. LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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contrario sensu, aquel calor natural de la tierra que pueda ser susceptible de ser extraído por otros medios diversos a los señalados, no es energía geotérmica, y no está sujeto a “reserva” estatal, si bien cabe cuestionarse si ello implica que el aprovechamiento de dicho calor no requiere título alguno a tal ¿n85. Y el segundo es el contenido en el artículo 225 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en el que se la de¿ne sin más como aquella “…que se obtiene del calor natural del interior de la tierra”, la cual necesariamente debe provenir de una concesión de energía geotérmica, según lo señalado anteriormente. Sin perjuicio de las distinciones indicadas, lo relevante es que la energía geotérmica es el resultado de un proceso por medio del cual el calor de la tierra es conducido hacia la super¿cie, en la que, en forma de energía, es objeto de aprovechamiento. El aprovechamiento general de esta energía, vale decir, tanto su exploración como explotación86, exigen un título jurídico habilitante, no siendo posible realizar dichas actividades sin él, so pena de incurrir en un ilícito susceptible de ser sancionado de acuerdo al artículo 43 de la Ley Nº 19.65787. A este respecto, el artículo 4º de la Ley Nº 19.657 señala que el único título válido para llevar a cabo tales actividades de 85 En efecto, cabe plantearse si dicho calor constituye una res nullius, y es por tanto susceptible de libre apropiabilidad por los particulares, o si por el contrario, se trata de una res communes omnium, vale decir, una cosa común a todos los hombres, excluida de la apropiabilidad privada, ex artículo 19 Nº 23 de la Constitución Política. A nuestro juicio, esta última es la opción jurídicamente correcta, atendida la naturaleza del calor que desprende la tierra, y así por lo demás se estimó en el Mensaje con que se envió el proyecto de ley original sobre concesiones geotérmicas. En él se indica que “El calor existente en las entrañas de la tierra y que se expresa en la energía geotérmica, constituye una cosa para el derecho, en el amplio sentido expresado. Y constituye una cosa incorpórea, al igual que otras formas de energía tales como la luz, la presión atmosférica, la energía eólica de las mareas, etc. Pero es inapropiable, dado lo dispuesto en el citado artículo 585 del Código Civil y no puede, pues, considerársela como un bien perteneciente al Estado, como son en nuestro sistema las tierras que carecen de dueño (artículo 590 del Código Civil), las sustancias mineras (artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política y artículo 591 del Código Civil), las nuevas islas que se formen en el mar territorial o en ríos de determinado volumen…” (artículo 597 del Código Civil). 86 En materia minera se ha señalado que “…El aprovechamiento, mirado desde el punto de vista de la facultad, es, entonces, la posibilidad de aprovechar, y según los casos, para el CMi, a través, v. gr., del reconocimiento, exploración, explotación, etc., ya que todas ellas serían formas de aprovechamiento…”. VERGARA (1992), p. 337. 87 Aun cuando cabe cuestionarse, desde luego, si tal posibilidad sancionatoria cumple con las exigencias mínimas del derecho administrativo sancionador.

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“El concesionario tiene los derechos exclusivos de explorar y de explotar libremente su pertenencia…”. 91

VERGARA (1992), pp. 330-331.

aprovechamiento es la concesión administrativa, no reconociéndose, como sí se hace en materia minera, una facultad de catar y cavar88.

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El artículo 6º del proyecto original contemplaba lo siguiente: “La concesión de energía geotérmica tiene por exclusivo objeto la exploración y explotación de la totalidad de la energía geotérmica que exista dentro de sus límites”. 89

Si bien en sus orígenes el proyecto de ley de concesiones de energía geotérmica contemplaba la existencia de una única concesión que habilitaba a la exploración y explotación geotérmica89, en el texto de¿nitivo de la ley predominó el modelo dual seguido en materia minera, reconociéndose separadamente una concesión de exploración y otra de explotación. Sin embargo, dicha réplica se efectuó de mala manera, ya que: en primer lugar, se cayó en los mismos errores conceptuales en que ha incurrido tradicionalmente nuestra legislación minera (confusión acto administrativo/derechos que de él emanan)90; en segundo lugar, no se permitió al concesionario de explotación, al menos expresamente (siendo además difícilmente colegible por vía interpretativa), explorar en su concesión, como sí lo hace el artículo 116 del Código de Minería91 y en tercer lugar, se de¿ne lo que ha de entenderse por exploración geotérmica, con los problemas interpretativos que ello conlleva, según se verá seguidamente. 4.2. Dimensiones técnica y jurídica de la exploración geotérmica Desde una perspectiva técnica, la exploración geotérmica tiene por objeto de¿nir la existencia y extensión de una zona geotérmica, es decir, su tamaño, forma y estructura, así como determinar sus características principales, vale decir, el tipo de Àuido, su temperatura, composición química y su capacidad de producir energía, siendo este aspecto el más relevante desde la perspectiva del desarrollo geotérmico, desde que es el “gancho” con que es posible atraer la inversión para formalizar el proyecto de generación de 88 Al respecto, vid. VERGARA BLANCO, quien desde hace años ha venido denunciando la abierta inconstitucionalidad del régimen legal de catar y cavar contemplado en los artículos 1º inciso 2º y 14 del Código de Minería. En detalle, recientemente, VERGARA (2010), pp. 430-445. 89 El artículo 6º del proyecto original contemplaba lo siguiente: “La concesión de energía geotérmica tiene por exclusivo objeto la exploración y explotación de la totalidad de la energía geotérmica que exista dentro de sus límites”.

VERGARA (1992), pp. 330-331.

91 “El concesionario tiene los derechos exclusivos de explorar y de explotar libremente su pertenencia…”.

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88 Al respecto, vid. VERGARA BLANCO, quien desde hace años ha venido denunciando la abierta inconstitucionalidad del régimen legal de catar y cavar contemplado en los artículos 1º inciso 2º y 14 del Código de Minería. En detalle, recientemente, VERGARA (2010), pp. 430-445.

Desde una perspectiva técnica, la exploración geotérmica tiene por objeto de¿nir la existencia y extensión de una zona geotérmica, es decir, su tamaño, forma y estructura, así como determinar sus características principales, vale decir, el tipo de Àuido, su temperatura, composición química y su capacidad de producir energía, siendo este aspecto el más relevante desde la perspectiva del desarrollo geotérmico, desde que es el “gancho” con que es posible atraer la inversión para formalizar el proyecto de generación de 4.2. Dimensiones técnica y jurídica de la exploración geotérmica Si bien en sus orígenes el proyecto de ley de concesiones de energía geotérmica contemplaba la existencia de una única concesión que habilitaba a la exploración y explotación geotérmica89, en el texto de¿nitivo de la ley predominó el modelo dual seguido en materia minera, reconociéndose separadamente una concesión de exploración y otra de explotación. Sin embargo, dicha réplica se efectuó de mala manera, ya que: en primer lugar, se cayó en los mismos errores conceptuales en que ha incurrido tradicionalmente nuestra legislación minera (confusión acto administrativo/derechos que de él emanan)90; en segundo lugar, no se permitió al concesionario de explotación, al menos expresamente (siendo además difícilmente colegible por vía interpretativa), explorar en su concesión, como sí lo hace el artículo 116 del Código de Minería91 y en tercer lugar, se de¿ne lo que ha de entenderse por exploración geotérmica, con los problemas interpretativos que ello conlleva, según se verá seguidamente. aprovechamiento es la concesión administrativa, no reconociéndose, como sí se hace en materia minera, una facultad de catar y cavar88. 332

pp. 35 y 41. 95 AUSTIN (1977), p. 23; PROL-LEDESMA (1996); GUPTA y ROY (2007), p. 61, y DIPIPPO (2008), 94

DIPIPPO (2008), p. 20.

PROL-LEDESMA (1996) y DIPIPPO (2008), p. 20. Debe destacarse que las técnicas exploratorias propias para la investigación geotérmica di¿eren de las que en forma usual se utilizan en la exploración de minerales o hidrocarburos, de forma que las técnicas que han probado ser exitosas en la exploración de tales sustancias, pueden no serlo en la exploración geotérmica; y a la inversa, las técnicas menos útiles para la exploración de tales sustancias, pueden resultar más útiles en la exploración geotérmica. COMBS y MUFFLER (1973), pp. 95-96. 93 92

DIPIPPO (2008), p. 20.

Ya en el ámbito normativo, la exploración geotérmica se encuentra expresamente de¿nida por el artículo 6º de la Ley Nº 19.657, el cual señala lo siguiente: “La exploración consiste en el conjunto de operaciones que tienen el objetivo de determinar la potencialidad de la energía geotérmica, considerando entre ellas la perforación y medición de pozos de gradiente y los pozos exploratorios profundos. En consecuencia, la concesión de exploración con¿ere el derecho a realizar los estudios, mediciones y demás investigaciones tendientes a determinar la existencia de fuentes de recursos geotérmicos, sus características físicas y químicas, su extensión geográ¿ca y sus aptitudes y condiciones para su aprovechamiento”. Como se puede apreciar, el precepto hace descansar la de¿nición de exploración en el objetivo de las operaciones que han de realizarse. A tal efecto, la norma recoge Los trabajos de exploración super¿cial pueden ser de geología, hidrología, geoquímica, y geofísica. En razón a los resultados obtenidos a través de todos los métodos cientí¿cos señalados, es que es posible elaborar un modelo para llevar a cabo los trabajos de perforación. En efecto, la determinación de los aspectos básicos de la exploración geotérmica requiere la realización de ambos tipos de trabajos (super¿ciales y perforatorios) sin perjuicio de que en base a un buen programa exploratorio de super¿cie puedan igualmente efectuarse estimaciones razonables94. Por ello se señala que los modelos elaborados exclusivamente en base a datos derivados de exploración super¿cial, requieren ser comprobados por medio de la perforación de pozos, usualmente tres95. energía92. Tales determinaciones se efectúan a través de trabajos iniciales de exploración super¿cial y posteriores perforaciones exploratorias, atendidos los elevados costos de estas últimas93. LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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energía92. Tales determinaciones se efectúan a través de trabajos iniciales de exploración super¿cial y posteriores perforaciones exploratorias, atendidos los elevados costos de estas últimas93. Los trabajos de exploración super¿cial pueden ser de geología, hidrología, geoquímica, y geofísica. En razón a los resultados obtenidos a través de todos los métodos cientí¿cos señalados, es que es posible elaborar un modelo para llevar a cabo los trabajos de perforación. En efecto, la determinación de los aspectos básicos de la exploración geotérmica requiere la realización de ambos tipos de trabajos (super¿ciales y perforatorios) sin perjuicio de que en base a un buen programa exploratorio de super¿cie puedan igualmente efectuarse estimaciones razonables94. Por ello se señala que los modelos elaborados exclusivamente en base a datos derivados de exploración super¿cial, requieren ser comprobados por medio de la perforación de pozos, usualmente tres95. Ya en el ámbito normativo, la exploración geotérmica se encuentra expresamente de¿nida por el artículo 6º de la Ley Nº 19.657, el cual señala lo siguiente: “La exploración consiste en el conjunto de operaciones que tienen el objetivo de determinar la potencialidad de la energía geotérmica, considerando entre ellas la perforación y medición de pozos de gradiente y los pozos exploratorios profundos. En consecuencia, la concesión de exploración con¿ere el derecho a realizar los estudios, mediciones y demás investigaciones tendientes a determinar la existencia de fuentes de recursos geotérmicos, sus características físicas y químicas, su extensión geográ¿ca y sus aptitudes y condiciones para su aprovechamiento”. Como se puede apreciar, el precepto hace descansar la de¿nición de exploración en el objetivo de las operaciones que han de realizarse. A tal efecto, la norma recoge 92

DIPIPPO (2008), p. 20.

93 PROL-LEDESMA (1996) y DIPIPPO (2008), p. 20. Debe destacarse que las técnicas exploratorias propias para la investigación geotérmica di¿eren de las que en forma usual se utilizan en la exploración de minerales o hidrocarburos, de forma que las técnicas que han probado ser exitosas en la exploración de tales sustancias, pueden no serlo en la exploración geotérmica; y a la inversa, las técnicas menos útiles para la exploración de tales sustancias, pueden resultar más útiles en la exploración geotérmica. COMBS y MUFFLER (1973), pp. 95-96. 94

DIPIPPO (2008), p. 20.

95 AUSTIN (1977), p. 23; PROL-LEDESMA (1996); GUPTA y ROY (2007), p. 61, y DIPIPPO (2008), pp. 35 y 41.

Historia de la Ley Nº 19.657, Primer Informe Comisión Minería del Senado, p. 176.

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por ello se les denomina slim-holes), someros, es decir, con profundidades que oscilan entre los 20 y 50 m., o con profundidades relativamente mayores, los cuales no pueden ser utilizados para la producción de un reservorio, y que son más baratos que los pozos exploratorios profundos. La Ley Nº 26.848, Orgánica de Recursos Geotérmicos del Perú define a los pozos de gradiente como “…pozo perforado o (…) excavación realizada expresamente con el fin de adquirir datos geológicos o geofísicos con el fin de encontrar y/o delinear un área favorable de recursos geotérmicos”. Por su parte, los pozos exploratorios profundos son aquellos perforados entre los 1.500 ó 2.000 m. de profundidad, los cuales tienen capacidad no sólo para determinar gradientes, sino que asimismo para extraer fluidos geotérmicos.

lo que técnicamente se ha considerado como el objeto de la exploración geotérmica, es decir, la determinación de la existencia de un reservorio, sus características, aptitudes y condiciones para su aprovechamiento. Pero adicionalmente (de hecho, en primer lugar) el precepto en análisis indica que la exploración geotérmica implica la realización de un conjunto de operaciones, tendientes a un objeto especí¿co: la determinación de la potencialidad de la energía geotérmica. Así, la norma construye la exploración geotérmica como una serie de actividades dirigidas a determinar, vale decir, de¿nir, la cantidad de energía susceptible de ser producida por unidad de tiempo.

96 Los pozos de gradiente son usualmente pozos de diámetro pequeño (15 cm aproximadamente;

Para llevar a cabo la aludida determinación, el citado precepto en general no señala las técnicas exploratorias que pueden utilizarse, con la sola excepción de la alusión expresa a la perforación de pozos de gradiente y de pozos exploratorios profundos96. Ello es muy decidor, si se tiene en cuenta que, según se expuso, técnicamente la única forma de poder determinar la potencialidad de un reservorio es mediante la perforación de pozos exploratorios, los cuales han de tener características técnicas particulares. Y tal idea consta en el informe técnico obrante en la historia legislativa de la Ley Nº 19.657, en el que se señala que en las labores de exploración, el primer paso (…) es situar el recurso, que generalmente se encuentra a profundidades de 1 a 2 Km. en la corteza. “Este recurso accede a la super¿cie mediante sondeos perforados por el hombre…”97. De ello se desprende que la realización de perforaciones forma parte necesaria de los trabajos exploratorios, lo cual, por cierto, justi¿ca la mención a los pozos como medios idóneos para cumplir con el ¿n de la concesión de exploración.

Para llevar a cabo la aludida determinación, el citado precepto en general no señala las técnicas exploratorias que pueden utilizarse, con la sola excepción de la alusión expresa a la perforación de pozos de gradiente y de pozos exploratorios profundos96. Ello es muy decidor, si se tiene en cuenta que, según se expuso, técnicamente la única forma de poder determinar la potencialidad de un reservorio es mediante la perforación de pozos exploratorios, los cuales han de tener características técnicas particulares. Y tal idea consta en el informe técnico obrante en la historia legislativa de la Ley Nº 19.657, en el que se señala que en las labores de exploración, el primer paso (…) es situar el recurso, que generalmente se encuentra a profundidades de 1 a 2 Km. en la corteza. “Este recurso accede a la super¿cie mediante sondeos perforados por el hombre…”97. De ello se desprende que la realización de perforaciones forma parte necesaria de los trabajos exploratorios, lo cual, por cierto, justi¿ca la mención a los pozos como medios idóneos para cumplir con el ¿n de la concesión de exploración.

96 Los pozos de gradiente son usualmente pozos de diámetro pequeño (15 cm aproximadamente; por ello se les denomina slim-holes), someros, es decir, con profundidades que oscilan entre los 20 y 50 m., o con profundidades relativamente mayores, los cuales no pueden ser utilizados para la producción de un reservorio, y que son más baratos que los pozos exploratorios profundos. La Ley Nº 26.848, Orgánica de Recursos Geotérmicos del Perú define a los pozos de gradiente como “…pozo perforado o (…) excavación realizada expresamente con el fin de adquirir datos geológicos o geofísicos con el fin de encontrar y/o delinear un área favorable de recursos geotérmicos”. Por su parte, los pozos exploratorios profundos son aquellos perforados entre los 1.500 ó 2.000 m. de profundidad, los cuales tienen capacidad no sólo para determinar gradientes, sino que asimismo para extraer fluidos geotérmicos.

lo que técnicamente se ha considerado como el objeto de la exploración geotérmica, es decir, la determinación de la existencia de un reservorio, sus características, aptitudes y condiciones para su aprovechamiento. Pero adicionalmente (de hecho, en primer lugar) el precepto en análisis indica que la exploración geotérmica implica la realización de un conjunto de operaciones, tendientes a un objeto especí¿co: la determinación de la potencialidad de la energía geotérmica. Así, la norma construye la exploración geotérmica como una serie de actividades dirigidas a determinar, vale decir, de¿nir, la cantidad de energía susceptible de ser producida por unidad de tiempo.

Historia de la Ley Nº 19.657, Primer Informe Comisión Minería del Senado, p. 176.

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4.3. La discrecionalidad en la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica Lo expuesto permite plantearse si cabe algún grado de discrecionalidad administrativa en cuanto a la consideración de las operaciones susceptibles de cumplir con el ¿n legalmente previsto para la concesión de exploración geotérmica. A este respecto es dable señalar que, con carácter general, la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica contempla supuestos de discrecionalidad administrativa. Constituyen ejemplos de tal facultad discrecional la contenida en el artículo 12 de la ley, en cuanto señala que la autoridad podrá solicitar los informes que estime pertinentes para evitar o precaver conÀictos de derechos o intereses entre el solicitante de una concesión y los titulares de otros derechos en el área pedida, o para una mejor resolución de la solicitud de concesión; la facultad contenida en el inciso ¿nal del artículo 15 de la Ley Nº 19.657, que permite que el Ministerio de Energía pueda, en cualquier tiempo, convocar a licitación para el otorgamiento de una o más concesiones de energía geotérmica de fuente no probable; o la facultad establecida en el inciso ¿nal del artículo 20, relativa a la posibilidad de modi¿car el decreto de concesión a petición del concesionario, en casos cali¿cados. Ahora bien, según nuestro parecer no es posible sostener que exista verdadera discrecionalidad administrativa en lo relativo a la exploración geotérmica, por cuanto tal atribución no se le ha otorgado a la autoridad administrativa de forma expresa, como exige el principio de juridicidad. Es más, el artículo 6º señala expresamente cuál es el ¿n de la concesión de exploración geotérmica, debiendo analizarse técnicamente los trabajos que dan debido cumplimiento a la exigencia de la norma citada. Por otra parte, desde que la discrecionalidad administrativa descansa en un análisis valorativo de intereses, la misma se muestra impropia para la materia a que nos estamos re¿riendo, por cuanto una eventual decisión en relación a qué trabajos son susceptibles de cumplir con la ¿nalidad de la concesión no puede fundamentarse en tal ejercicio volitivo, sino que más bien en una operación de juicio fundada en criterios eminentemente técnicos. Y ¿nalmente, debe considerarse que, precisamente, por tratarse de un supuesto que ha de ser interpretado a la luz de consideraciones propias de una ciencia técnica, nos encontramos ante un elemento reglado del acto administrativo concesional, a saber, su ¿n.

Ahora bien, según nuestro parecer no es posible sostener que exista verdadera discrecionalidad administrativa en lo relativo a la exploración geotérmica, por cuanto tal atribución no se le ha otorgado a la autoridad administrativa de forma expresa, como exige el principio de juridicidad. Es más, el artículo 6º señala expresamente cuál es el ¿n de la concesión de exploración geotérmica, debiendo analizarse técnicamente los trabajos que dan debido cumplimiento a la exigencia de la norma citada. Por otra parte, desde que la discrecionalidad administrativa descansa en un análisis valorativo de intereses, la misma se muestra impropia para la materia a que nos estamos re¿riendo, por cuanto una eventual decisión en relación a qué trabajos son susceptibles de cumplir con la ¿nalidad de la concesión no puede fundamentarse en tal ejercicio volitivo, sino que más bien en una operación de juicio fundada en criterios eminentemente técnicos. Y ¿nalmente, debe considerarse que, precisamente, por tratarse de un supuesto que ha de ser interpretado a la luz de consideraciones propias de una ciencia técnica, nos encontramos ante un elemento reglado del acto administrativo concesional, a saber, su ¿n. Lo expuesto permite plantearse si cabe algún grado de discrecionalidad administrativa en cuanto a la consideración de las operaciones susceptibles de cumplir con el ¿n legalmente previsto para la concesión de exploración geotérmica. A este respecto es dable señalar que, con carácter general, la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica contempla supuestos de discrecionalidad administrativa. Constituyen ejemplos de tal facultad discrecional la contenida en el artículo 12 de la ley, en cuanto señala que la autoridad podrá solicitar los informes que estime pertinentes para evitar o precaver conÀictos de derechos o intereses entre el solicitante de una concesión y los titulares de otros derechos en el área pedida, o para una mejor resolución de la solicitud de concesión; la facultad contenida en el inciso ¿nal del artículo 15 de la Ley Nº 19.657, que permite que el Ministerio de Energía pueda, en cualquier tiempo, convocar a licitación para el otorgamiento de una o más concesiones de energía geotérmica de fuente no probable; o la facultad establecida en el inciso ¿nal del artículo 20, relativa a la posibilidad de modi¿car el decreto de concesión a petición del concesionario, en casos cali¿cados. 4.3. La discrecionalidad en la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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98 Y por tal razón es que el Tribunal Constitucional considera que “…sea perfectamente lícito al legislador regular su ejercicio y disponer, como así ocurre en el precepto en análisis, que el juez competente tiene atribuciones para declarar la extinción de la concesión de explotación si el concesionario no desarrollare las actividades de explotación de su concesión, pudiendo hacerlo en condiciones razonables de rentabilidad, con el fin de obtener utilidades o ventajas adicionales mediante la explotación de otras fuentes energéticas”.

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Según lo expuesto, en el proceso jurídico de cali¿cación del supuesto de hecho contemplado en el artículo 6º de la Ley Nº 19.657, la Administración se encuentra de frente a un concepto jurídicamente impreciso, cuyo contenido ha de ser con¿gurado de acuerdo a las normas técnicas que son de aplicación a los trabajos de exploración geotérmica (geología, geofísica, geoquímica, etc.) de forma que, atendido lo señalado por dichas

4.4. El fin de la concesión de exploración de energía geotérmica: un supuesto de discrecionalidad técnica

Habiéndose descartado la existencia de discrecionalidad administrativa en esta materia, ha quedado expuesto que la determinación del potencial de un reservorio se corresponde con el ¿n del acto administrativo concesional, el que, en tanto tal, es un aspecto reglado del acto. El indicado es el ¿n particular o concreto del acto, el cual no descarta la existencia de un ¿n general a cuya satisfacción aquél responde. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en su fallo de fecha 9 de diciembre de 1999 (Causa Rol Nº 300, considerando 8º) que “…el derecho de dominio del concesionario sobre la concesión de un bien nacional, cual es el caso, presenta determinadas características especí¿cas que derivan de su especial naturaleza y de las obligaciones que asume el concesionario de desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés general de la Nación que justi¿ca su otorgamiento, las cuales, por lo demás, son conocidas y aceptadas por el respectivo peticionario al solicitar la concesión…”. Así, el cumplimiento de la obligación que de forma principal se asume con el otorgamiento de la concesión de exploración, consistente en efectuar las operaciones necesarias para determinar la potencialidad de un reservorio geotérmico (¿n particular) tiene como consecuencia, asimismo, satisfacer el interés general existente tras el otorgamiento de dicha concesión. Y a la inversa, el no cumplir con el ¿n particular de la concesión, implica a su vez separarse de la satisfacción del interés general que precisamente justi¿ca el otorgamiento de la concesión de exploración geotérmica98.

Habiéndose descartado la existencia de discrecionalidad administrativa en esta materia, ha quedado expuesto que la determinación del potencial de un reservorio se corresponde con el ¿n del acto administrativo concesional, el que, en tanto tal, es un aspecto reglado del acto. El indicado es el ¿n particular o concreto del acto, el cual no descarta la existencia de un ¿n general a cuya satisfacción aquél responde. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en su fallo de fecha 9 de diciembre de 1999 (Causa Rol Nº 300, considerando 8º) que “…el derecho de dominio del concesionario sobre la concesión de un bien nacional, cual es el caso, presenta determinadas características especí¿cas que derivan de su especial naturaleza y de las obligaciones que asume el concesionario de desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés general de la Nación que justi¿ca su otorgamiento, las cuales, por lo demás, son conocidas y aceptadas por el respectivo peticionario al solicitar la concesión…”. Así, el cumplimiento de la obligación que de forma principal se asume con el otorgamiento de la concesión de exploración, consistente en efectuar las operaciones necesarias para determinar la potencialidad de un reservorio geotérmico (¿n particular) tiene como consecuencia, asimismo, satisfacer el interés general existente tras el otorgamiento de dicha concesión. Y a la inversa, el no cumplir con el ¿n particular de la concesión, implica a su vez separarse de la satisfacción del interés general que precisamente justi¿ca el otorgamiento de la concesión de exploración geotérmica98.

4.4. El fin de la concesión de exploración de energía geotérmica: un supuesto de discrecionalidad técnica

Según lo expuesto, en el proceso jurídico de cali¿cación del supuesto de hecho contemplado en el artículo 6º de la Ley Nº 19.657, la Administración se encuentra de frente a un concepto jurídicamente impreciso, cuyo contenido ha de ser con¿gurado de acuerdo a las normas técnicas que son de aplicación a los trabajos de exploración geotérmica (geología, geofísica, geoquímica, etc.) de forma que, atendido lo señalado por dichas

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98 Y por tal razón es que el Tribunal Constitucional considera que “…sea perfectamente lícito al legislador regular su ejercicio y disponer, como así ocurre en el precepto en análisis, que el juez competente tiene atribuciones para declarar la extinción de la concesión de explotación si el concesionario no desarrollare las actividades de explotación de su concesión, pudiendo hacerlo en condiciones razonables de rentabilidad, con el fin de obtener utilidades o ventajas adicionales mediante la explotación de otras fuentes energéticas”.

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99 En tal sentido, es innegable que la exigencia de cumplimiento de un porcentaje en la materialización de las inversiones comprometidas (artículo 36 de la Ley Nº 19.657) opera, por cierto, como desincentivo en cuanto a los trabajos a comprometer por los solicitantes de una concesión de exploración geotérmica, por cuanto en la medida que sean mayores los trabajos comprometidos, mayores serán los volúmenes de inversión que se requerirá materializar para acceder a la prórroga. Trátase el indicado de un problema requerido de solución legal.

5. CONCLUSIONES

normas, la Administración podrá determinar si el conjunto de los trabajos de exploración presentados por el solicitante de una concesión, es conducente al cumplimiento del ¿n del acto administrativo concesional, que es la determinación de la potencialidad de un reservorio. En dicho ejercicio la Administración queda perfectamente vinculada por las normas de la ciencia que sean aplicables, no contando con un margen de valoración de los hechos, sino que debiendo simplemente considerar la adecuación o no de los trabajos ofrecidos con el ¿n de la concesión. En este sentido, es que la actividad de la Administración a la hora de determinar si los trabajos exploratorios propuestos son conducentes a determinar la potencialidad de un reservorio es reglada y, por ende, claramente sujeta a control judicial.

En mérito de todo lo expuesto es que debe considerarse que los proyectos de exploración geotérmica deben contemplar necesariamente, cuando menos, la realización de tres pozos exploratorios, salvo que técnicamente se acredite la necesidad de realizar un número inferior de pozos, durante el período de dos años que dura la concesión, prorrogable por otros dos años más99. Lo anterior, debido a que sólo con la realización de dichos pozos exploratorios es posible dar acabado cumplimiento al ¿n de la concesión de exploración geotérmica, que es determinar (no inferir o estimar) la potencialidad de un reservorio geotérmico. El omitir el cumplimiento de la exigencia indicada en la norma conlleva que el acto administrativo adolezca de un vicio de desviación de poder, con las correspondientes consecuencias de nulidad aparejadas al mismo.

En mérito de todo lo expuesto es que debe considerarse que los proyectos de exploración geotérmica deben contemplar necesariamente, cuando menos, la realización de tres pozos exploratorios, salvo que técnicamente se acredite la necesidad de realizar un número inferior de pozos, durante el período de dos años que dura la concesión, prorrogable por otros dos años más99. Lo anterior, debido a que sólo con la realización de dichos pozos exploratorios es posible dar acabado cumplimiento al ¿n de la concesión de exploración geotérmica, que es determinar (no inferir o estimar) la potencialidad de un reservorio geotérmico. El omitir el cumplimiento de la exigencia indicada en la norma conlleva que el acto administrativo adolezca de un vicio de desviación de poder, con las correspondientes consecuencias de nulidad aparejadas al mismo.

normas, la Administración podrá determinar si el conjunto de los trabajos de exploración presentados por el solicitante de una concesión, es conducente al cumplimiento del ¿n del acto administrativo concesional, que es la determinación de la potencialidad de un reservorio. En dicho ejercicio la Administración queda perfectamente vinculada por las normas de la ciencia que sean aplicables, no contando con un margen de valoración de los hechos, sino que debiendo simplemente considerar la adecuación o no de los trabajos ofrecidos con el ¿n de la concesión. En este sentido, es que la actividad de la Administración a la hora de determinar si los trabajos exploratorios propuestos son conducentes a determinar la potencialidad de un reservorio es reglada y, por ende, claramente sujeta a control judicial.

5. CONCLUSIONES En el desarrollo expuesto se ha pretendido poner de mani¿esto la correcta interpretación que ha de darse al artículo 6º de la Ley Nº 19.657, de forma tal que sea posible determinar con certeza cuál es el ¿n de la concesión de exploración geotérmica. Con tal determinación no se ha buscado más que reducir el ámbito de la discrecionalidad administrativa, dejando en claro 99 En tal sentido, es innegable que la exigencia de cumplimiento de un porcentaje en la materialización de las inversiones comprometidas (artículo 36 de la Ley Nº 19.657) opera, por cierto, como desincentivo en cuanto a los trabajos a comprometer por los solicitantes de una concesión de exploración geotérmica, por cuanto en la medida que sean mayores los trabajos comprometidos, mayores serán los volúmenes de inversión que se requerirá materializar para acceder a la prórroga. Trátase el indicado de un problema requerido de solución legal.

En el desarrollo expuesto se ha pretendido poner de mani¿esto la correcta interpretación que ha de darse al artículo 6º de la Ley Nº 19.657, de forma tal que sea posible determinar con certeza cuál es el ¿n de la concesión de exploración geotérmica. Con tal determinación no se ha buscado más que reducir el ámbito de la discrecionalidad administrativa, dejando en claro LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

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MARCELO MARDONES OSORIO

BREWER-CARÍAS, Allan (2007): “Notas sobre la discrecionalidad administrativa y sobre su delimitación y sus límites”, documento para el Taller Estratégico sobre “Procedimientos administrativos y justicia administrativa en América Latina”. Programa Estado de Derecho para América

338

BOQUERA OLIVER, José María (1986): Estudios sobre el acto administrativo, 4ª ed. (España, Civitas), 302 pp.

que en tal materia no es posible hablar en estricto rigor de discrecionalidad administrativa, sino que sólo cabe la aplicación de la categoría de la discrecionalidad técnica, la que reconduce en un principio a la consecución de un procedimiento reglado. Así, en conclusión, cabe señalar que la determinación de la potencialidad de un reservorio geotérmico implica la aplicación de la técnica de la discrecionalidad técnica a lo que constituye el ¿n del acto administrativo concesional geotérmico de exploración.

BOLOÑA KELLY, Germán (2005): El acto administrativo (Chile, LexisNexis), 321 pp.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BOCANEGRA SIERRA, Raúl (2005): La teoría del acto administrativo (Iustel, España), 213 pp.

ALONSO MÁS, María José (1998): La solución justa en las resoluciones administrativas (España, Universitat de València), 688 pp.

BOCANEGRA SIERRA, Raúl (2002): Lecciones sobre el acto administrativo (Civitas, España), 231 pp.

ARTEAGA ECHEVERRÍA, Ignacio (2007): “Los actos de gobierno y su control judicial. Comentario a Sentencia Caso Miranda con Ministerio de Plani¿cación”, en Revista de Derecho Administrativo Nº 1, pp. 147-158.

BERMÚDEZ SOTO, Jorge (1996): “El control de la discrecionalidad administrativa”, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XVII, pp. 275-284.

AUSTIN, Carl (1977): “Technical Overview of Geothermal Resources”, en Land and Water Law Review, Vol. XIII Nº 1, pp. 9-24.

BALZÁN, Juan (2000): “Los límites a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la razonabilidad de la Administración”, en Revista de Derecho Administrativo Nº 9, pp. 7-37.

BALZÁN, Juan (2000): “Los límites a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la razonabilidad de la Administración”, en Revista de Derecho Administrativo Nº 9, pp. 7-37.

AUSTIN, Carl (1977): “Technical Overview of Geothermal Resources”, en Land and Water Law Review, Vol. XIII Nº 1, pp. 9-24.

BERMÚDEZ SOTO, Jorge (1996): “El control de la discrecionalidad administrativa”, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XVII, pp. 275-284.

ARTEAGA ECHEVERRÍA, Ignacio (2007): “Los actos de gobierno y su control judicial. Comentario a Sentencia Caso Miranda con Ministerio de Plani¿cación”, en Revista de Derecho Administrativo Nº 1, pp. 147-158.

BOCANEGRA SIERRA, Raúl (2002): Lecciones sobre el acto administrativo (Civitas, España), 231 pp.

ALONSO MÁS, María José (1998): La solución justa en las resoluciones administrativas (España, Universitat de València), 688 pp.

BOCANEGRA SIERRA, Raúl (2005): La teoría del acto administrativo (Iustel, España), 213 pp.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BOLOÑA KELLY, Germán (2005): El acto administrativo (Chile, LexisNexis), 321 pp.

que en tal materia no es posible hablar en estricto rigor de discrecionalidad administrativa, sino que sólo cabe la aplicación de la categoría de la discrecionalidad técnica, la que reconduce en un principio a la consecución de un procedimiento reglado. Así, en conclusión, cabe señalar que la determinación de la potencialidad de un reservorio geotérmico implica la aplicación de la técnica de la discrecionalidad técnica a lo que constituye el ¿n del acto administrativo concesional geotérmico de exploración.

BOQUERA OLIVER, José María (1986): Estudios sobre el acto administrativo, 4ª ed. (España, Civitas), 302 pp.

MARCELO MARDONES OSORIO

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338

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

339

Latina, Konrad Adenauer Stiftung. Ciudad de México, 28 y 29 de mayo 2007, en línea www.brewercarias.com (04-03-2011). BUTELER, Alfonso (2008): “Control judicial de la discrecionalidad administrativa”, en La Ley año LXXII, Nº 139, pp. 1-7. CALDERA DELGADO, Hugo (2001): Tratado de Derecho Administrativo, T. II (Chile, Ediciones Parlamento Ltda.), 705 pp. CANO CAMPOS, Tomás (2004): La invalidez sobrevenida de los actos administrativos (España, Thomson Civitas), 382 pp. CARRETERO PÉREZ, Adolfo (1969): “Causa, motivo y ¿n del acto administrativo”, en Revista de Administración Pública Nº 58, pp. 127-147. CASETTA, Elio (2005): Manuale di Diritto Amministrativo, 7ª Ed. (Italia, Giuffrè Editorie), 983 pp. CASSAGNE, Juan Carlos (1998): Derecho Administrativo, T. II, 6ª ed. (Argentina, LexisNexis/Abeledo Perrot), 662 pp. CELAYA BASTIDAS, Rodolfo (2002): “Naturaleza jurídica del permiso de emisión transable contemplado como instrumento económico en la Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente”, en Revista Chilena de Derecho Vol. 29 Nº 2, pp. 315-366. COMADIRA, Julio (2003): Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2ª ed. (Argentina, LexisNexisAbeledo Perrot), 864 pp. COMBS, Jim y MUFFLER, L.J.P. (1973): “Exploration for Geothermal Resources”, en KRUGER, Paul y OTTE, Carel (editores) Geothermal energy; resources, production, stimulation (USA, Stanford University Press), pp. 95-128. COSCULLUELA MONTANER, Luis (1998): Manual de Derecho Administrativo, 9ª ed. (España, Civitas), 585 pp. DANIEL ARGANDOÑA, Manuel (1985): La organización administrativa en Chile. Bases fundamentales, 2ª ed. (Chile, Editorial Jurídica), 145 pp. DE LA VALLINA VELARDE, Juan Luis (1959): “Sobre el concepto de funcionario de hecho”, en Revista de Administración Pública Nº 29, pp. 103-158. DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (2009): “Los derechos reales administrativos: fundamentos para una categoría”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Año 85, Nº 714, pp. 1669-1714.

DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (2009): “Los derechos reales administrativos: fundamentos para una categoría”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Año 85, Nº 714, pp. 1669-1714. DE LA VALLINA VELARDE, Juan Luis (1959): “Sobre el concepto de funcionario de hecho”, en Revista de Administración Pública Nº 29, pp. 103-158. DANIEL ARGANDOÑA, Manuel (1985): La organización administrativa en Chile. Bases fundamentales, 2ª ed. (Chile, Editorial Jurídica), 145 pp. COSCULLUELA MONTANER, Luis (1998): Manual de Derecho Administrativo, 9ª ed. (España, Civitas), 585 pp. COMBS, Jim y MUFFLER, L.J.P. (1973): “Exploration for Geothermal Resources”, en KRUGER, Paul y OTTE, Carel (editores) Geothermal energy; resources, production, stimulation (USA, Stanford University Press), pp. 95-128. COMADIRA, Julio (2003): Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2ª ed. (Argentina, LexisNexisAbeledo Perrot), 864 pp. CELAYA BASTIDAS, Rodolfo (2002): “Naturaleza jurídica del permiso de emisión transable contemplado como instrumento económico en la Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente”, en Revista Chilena de Derecho Vol. 29 Nº 2, pp. 315-366. CASSAGNE, Juan Carlos (1998): Derecho Administrativo, T. II, 6ª ed. (Argentina, LexisNexis/Abeledo Perrot), 662 pp. CASETTA, Elio (2005): Manuale di Diritto Amministrativo, 7ª Ed. (Italia, Giuffrè Editorie), 983 pp. CARRETERO PÉREZ, Adolfo (1969): “Causa, motivo y ¿n del acto administrativo”, en Revista de Administración Pública Nº 58, pp. 127-147. CANO CAMPOS, Tomás (2004): La invalidez sobrevenida de los actos administrativos (España, Thomson Civitas), 382 pp. CALDERA DELGADO, Hugo (2001): Tratado de Derecho Administrativo, T. II (Chile, Ediciones Parlamento Ltda.), 705 pp. BUTELER, Alfonso (2008): “Control judicial de la discrecionalidad administrativa”, en La Ley año LXXII, Nº 139, pp. 1-7. Latina, Konrad Adenauer Stiftung. Ciudad de México, 28 y 29 de mayo 2007, en línea www.brewercarias.com (04-03-2011). LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

339

MARCELO MARDONES OSORIO

GORDILLO, Agustín (2003): Tratado de Derecho Administrativo, T. 3, El acto administrativo, 8ª ed. (Argentina, Fundación de Derecho Administrativo).

340

GORDILLO, Agustín (2003): Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, Parte General, 8ª ed. (Argentina, Fundación de Derecho Administrativo).

DIPIPPO, Ronald (2008): Geothermal Power Plants. Principles Applications, Case Studies and Enviromental Impact, 2ª ed. (UK, Elsevier), 493 pp.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús (2003): “La ley chilena de procedimiento administrativo”, en Revista de Administración Pública Nº 162, pp. 359-389.

DROMI, Roberto (2008): Acto Administrativo (Argentina, Ciudad ArgentinaHispania Libros), 458 pp.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús (1957): “Los derechos reales administrativos”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Vol. 346-347, pp. 145-183.

DUQUE CORREDOR, Román (1987): “La causa del acto administrativo” en Revista de Derecho Público Nº 29 (Venezuela), pp. 61-68.

GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio (1986): Los actos administrativos (España, Civitas), 438 pp.

FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2003): “Arbitrariedad y discrecionalidad en la doctrina jurisprudencial constitucional y administrativa”, en Revista General de Derecho Administrativo Nº 4, texto digital obtenido de www. iustel.com, 15 pp.

GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio (1964): Tratado de Derecho Administrativo, T. I (España, Editorial Revista de Derecho Privado).

FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos (2007): “Las potestades y privilegios de la Administración Pública en el régimen administrativo chileno”, en Revista de Derecho, Vol. XX, Nº 2, pp. 69-94.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2008): Curso de Derecho Administrativo, T. I, 14ª ed. (España, Thomson Civitas), 847 pp.

GAMBIER, Beltrán (1988): “El concepto oferta más conveniente en el procedimiento licitatorio público. La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y el control judicial”, en La Ley, T. 1988-D, pp. 744-755.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1962): “La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)”, en Revista de Administración Pública Nº 38, pp. 159-208.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1962): “La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)”, en Revista de Administración Pública Nº 38, pp. 159-208.

GAMBIER, Beltrán (1988): “El concepto oferta más conveniente en el procedimiento licitatorio público. La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y el control judicial”, en La Ley, T. 1988-D, pp. 744-755.

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340

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

341

GUPTA, Harsh y ROY, Sukanta (2007): Geothermal Energy: an Alternative Resource for the 21st Century (UK, Elsevier), 279 pp. JARA SCHNETTLER, Jaime (2004): La nulidad de derecho público ante la doctrina y la jurisprudencia (Chile, Editorial Libromar), 285 pp. LAHSEN, Alfredo (1985): “Origen y potencial de energía geotérmica en los Andes de Chile”, en: FRUTOS, J. et al, Geología y Recursos Minerales de Chile, T. I (Chile, Editorial de la Universidad de Concepción), pp. 424-438. LAPERUTA, Lilla (2009): Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti (Italia, Maggioli Editore), 287 pp. LEVITA, Luigi (2008): L’attività discrezionale della pubblica amministrazione: forme e limiti dell’esercizio del potere amministrativo (Italia, Halley Editrice), 199 pp. LÓPEZ MENUDO, Francisco (1993): “Los principios generales del procedimiento administrativo”, en BARNES VÁZQUEZ, Javier (coord.) El procedimiento administrativo en el Derecho Comparado (España, Editorial Civitas S.A.), pp. 91-158. MADARIAGA GUTIÉRREZ, Mónica (1993): Seguridad jurídica y administración pública en el siglo XXI (Chile, Editorial Jurídica), 242 pp. MAGIDE HERRERO, Mariano (2000): Límites constitucionales de las administraciones independientes (España, INAP), 561 pp. MARIENHOFF, Miguel (1981): Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Servicios Públicos, Actos de la Administración Pública (Argentina, Abeledo Perrot). MENDOZA, Ramiro y ODDÓ, Blanca (2006): “Del transcurso de un plazo y el nacimiento de un acto administrativo presunto de aprobación”, en Revista Actualidad Jurídica, Vol. 14, pp. 161-178. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (2008): Doctrina constitucional del Presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), T. I (Chile), 424 pp. MONTT OYARZÚN, Santiago (2002): El Dominio Público (Chile, LexisNexis), 421 pp. MONTT OYARZÚN, Santiago (2003): “El procedimiento administrativo: Una tarea esencial aún pendiente para el Congreso”, en Revista de Derecho Público Nº 65, pp. 118-133.

MONTT OYARZÚN, Santiago (2003): “El procedimiento administrativo: Una tarea esencial aún pendiente para el Congreso”, en Revista de Derecho Público Nº 65, pp. 118-133. MONTT OYARZÚN, Santiago (2002): El Dominio Público (Chile, LexisNexis), 421 pp. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (2008): Doctrina constitucional del Presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), T. I (Chile), 424 pp. MENDOZA, Ramiro y ODDÓ, Blanca (2006): “Del transcurso de un plazo y el nacimiento de un acto administrativo presunto de aprobación”, en Revista Actualidad Jurídica, Vol. 14, pp. 161-178. MARIENHOFF, Miguel (1981): Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Servicios Públicos, Actos de la Administración Pública (Argentina, Abeledo Perrot). MAGIDE HERRERO, Mariano (2000): Límites constitucionales de las administraciones independientes (España, INAP), 561 pp. MADARIAGA GUTIÉRREZ, Mónica (1993): Seguridad jurídica y administración pública en el siglo XXI (Chile, Editorial Jurídica), 242 pp. LÓPEZ MENUDO, Francisco (1993): “Los principios generales del procedimiento administrativo”, en BARNES VÁZQUEZ, Javier (coord.) El procedimiento administrativo en el Derecho Comparado (España, Editorial Civitas S.A.), pp. 91-158. LEVITA, Luigi (2008): L’attività discrezionale della pubblica amministrazione: forme e limiti dell’esercizio del potere amministrativo (Italia, Halley Editrice), 199 pp. LAPERUTA, Lilla (2009): Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti (Italia, Maggioli Editore), 287 pp. LAHSEN, Alfredo (1985): “Origen y potencial de energía geotérmica en los Andes de Chile”, en: FRUTOS, J. et al, Geología y Recursos Minerales de Chile, T. I (Chile, Editorial de la Universidad de Concepción), pp. 424-438. JARA SCHNETTLER, Jaime (2004): La nulidad de derecho público ante la doctrina y la jurisprudencia (Chile, Editorial Libromar), 285 pp. GUPTA, Harsh y ROY, Sukanta (2007): Geothermal Energy: an Alternative Resource for the 21st Century (UK, Elsevier), 279 pp. LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

341

MARCELO MARDONES OSORIO

SESIN, Domingo (2006): El contenido de la tutela judicial efectiva con relación a la actividad administrativa discrecional, política y técnica, discurso de incorporación como miembro de número en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, pronunciado el 26 de septiembre de 2006, disponible en http://www.acader. unc.edu.ar, fecha de visita 09/03/2011, 27 pp.

342

SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard (2003): La teoría general del derecho administrativo como sistema (España, INAP), 475 pp.

MORAGA KLENNER, Claudio (2010): Tratado de Derecho Administrativo. La actividad formal de la Administración del Estado, T. VII (Santiago, AbeledoPerrot-LegalPublishing), 574 pp.

SANTAMARÍA PASTOR, Juan (2004): Principios de Derecho Administrativo General, T. II (España, Iustel).

NAPOLITANO, Giuseppe (2008): Manuale di diritto amministrativo (Italia, Halley Editrice), 576 pp.

SAINZ MORENO, Fernando (1976): Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa (España, Civitas), 364 pp.

PARADA VÁSQUEZ, Ramón (1992): Derecho Administrativo, Parte General, T. I (España, Marcial Pons).

RASCHAUER, Bernhard (2009): Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ª ed. (Austria, Springer), 485 pp.

PAREJO ALFONSO, Luciano (1983): “Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general”, en Revista de Administración Pública, Vol. 100-102, pp. 2379-2422.

PROL-LEDESMA, Rosa (1996): El calor de la tierra, 5ª Reimpresión (México, Fondo de Cultura Económica) versión digital disponible en: http:// bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/058/htm/ tierra.htm, fecha de visita: 10/03/2011.

PAREJO ALFONSO, Luciano (2008): Lecciones de Derecho Administrativo, 2ª ed. (España, Tirant Lo Blanch), 878 pp.

PIERRY ARRAU, Pedro (1984): “El control de la discrecionalidad administrativa”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 11, pp. 479-491.

PAREJO GAMIR, Roberto y RODRÍGUEZ OLIVER, José María (1976): Lecciones de dominio público (Madrid, Ediciones Instituto Católico de Artes e Industrias ICAI), 315 pp.

PAREJO GAMIR, Roberto y RODRÍGUEZ OLIVER, José María (1976): Lecciones de dominio público (Madrid, Ediciones Instituto Católico de Artes e Industrias ICAI), 315 pp.

PIERRY ARRAU, Pedro (1984): “El control de la discrecionalidad administrativa”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 11, pp. 479-491.

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PARADA VÁSQUEZ, Ramón (1992): Derecho Administrativo, Parte General, T. I (España, Marcial Pons).

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342

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

343

Ley Nº 10.336, artículo 21 B. D.F.L. Nº 1/19.653, artículo 22 inciso segundo.

SILVA BASCUÑÁN, Alejandro (1997): Tratado de Derecho Constitucional, T. IV, La Constitución de 1980, Bases de la institucionalidad, Nacionalidad y ciudadanía, Justicia electoral (Chile, Editorial Jurídica), 376 pp. SILVA CIMMA, Enrique (1995): Derecho Administrativo Chileno y Comparado: Actos, Contratos y Bienes (Chile, Editorial Jurídica), 336 pp.

Decreto Supremo Nº 181. Constitución Política, artículos 1º incisos 2º, 4º y 5º, 7º y 19 Nºs. 23 y 24. Artículos 1º inciso 2º, 14 y 116 del Código de Minería. Artículos 585, 591y 593 del Código Civil. NORMAS CITADAS

SOTO KLOSS, Eduardo (2009): Derecho Administrativo. Temas Fundamentales (Chile, LegalPublishing-Abeledo Perrot), 788 pp.

VIRGA, Pietro (2001): Diritto Amministrativo 2 Atti e Ricorsi, 6ª ed. (Italia, Giuffré Editore), 477 pp.

SOTO KLOSS, Eduardo (1982): “El procedimiento administrativo. Una aproximación a sus bases fundamentales”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, T.LXXIX, Nº 1, pp. 79-94. VELASCO CABALLERO, Francisco (1996): Las cláusulas accesorias del acto administrativo (Tecnos, España), 354 pp. VERGARA BLANCO, Alejandro (1989): “Los derechos mineros como derechos reales administrativos”, en Revista de Derecho Público Nº 115, II (Madrid), pp. 473-493. VERGARA BLANCO, Alejandro (1992): Principios y Sistema del Derecho Minero. Estudio Histórico-Dogmático (Chile, Editorial Jurídica), 433 pp. VERGARA BLANCO, Alejandro (1992a): “Informe sobre el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica”, en Informe Legislativo Nº 37, Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, Universidad Católica de Valparaíso, 9 pp. VERGARA BLANCO, Alejandro (2010): Instituciones de Derecho Minero (Santiago, Abeledo Perrot/LegalPublishing), 821 pp. VIRGA, Pietro (2001): Diritto Amministrativo 2 Atti e Ricorsi, 6ª ed. (Italia, Giuffré Editore), 477 pp.

VERGARA BLANCO, Alejandro (2010): Instituciones de Derecho Minero (Santiago, Abeledo Perrot/LegalPublishing), 821 pp. VERGARA BLANCO, Alejandro (1992a): “Informe sobre el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica”, en Informe Legislativo Nº 37, Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, Universidad Católica de Valparaíso, 9 pp. VERGARA BLANCO, Alejandro (1992): Principios y Sistema del Derecho Minero. Estudio Histórico-Dogmático (Chile, Editorial Jurídica), 433 pp. VERGARA BLANCO, Alejandro (1989): “Los derechos mineros como derechos reales administrativos”, en Revista de Derecho Público Nº 115, II (Madrid), pp. 473-493. VELASCO CABALLERO, Francisco (1996): Las cláusulas accesorias del acto administrativo (Tecnos, España), 354 pp. SOTO KLOSS, Eduardo (1982): “El procedimiento administrativo. Una aproximación a sus bases fundamentales”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, T.LXXIX, Nº 1, pp. 79-94. SOTO KLOSS, Eduardo (2009): Derecho Administrativo. Temas Fundamentales (Chile, LegalPublishing-Abeledo Perrot), 788 pp.

NORMAS CITADAS

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Constitución Política, artículos 1º incisos 2º, 4º y 5º, 7º y 19 Nºs. 23 y 24.

Artículos 1º inciso 2º, 14 y 116 del Código de Minería. Decreto Supremo Nº 181. D.F.L. Nº 1/19.653, artículo 22 inciso segundo. Ley Nº 10.336, artículo 21 B.

LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA. UN SUPUESTO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA

343

344

MARCELO MARDONES OSORIO

Ley Nº 18.575. Ley 19.300. Ley Nº 19.657, artículos 3º, 4º, 6º, 12, 15 inciso ¿nal, 36 y 43. Ley Nº 19.880, artículos 2º, 3º, 11, 13 y 18. Ley Nº 20.018, artículo 225. Ley Nº 20.257. Ley Nº 26.848, Orgánica de Recursos Geotérmicos del Perú.

Dictámenes de la Contraloría General de la República Nºs. 19.476, de 1986; 61.632 de 2009; 52.966 de 2009; 42.257 de 2009; 50.183 de 2007; 30.307 de 2004; 30.516, de 30 de junio de 2006; 16.741 de 2003; 46.934 de 2001 y 31.814, de 2010. Ley Nº 26.848, Orgánica de Recursos Geotérmicos del Perú. Ley Nº 20.257. Ley Nº 20.018, artículo 225. Ley Nº 19.880, artículos 2º, 3º, 11, 13 y 18. Ley Nº 19.657, artículos 3º, 4º, 6º, 12, 15 inciso ¿nal, 36 y 43. Ley 19.300. Ley Nº 18.575. 344

MARCELO MARDONES OSORIO

Sentencia de 12 de enero de 2006 de la Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol Nº 6.493-0, considerando 14.

JURISPRUDENCIA CITADA

Tribunal Constitucional fallos; causa Rol Nº 300, 9 de diciembre de 1999, considerando 8º; causa Rol Nº 198, de 4 de enero de 1995, considerando 10; causa Rol Nº 465, de 30 de marzo de 2006; considerando 14; causa Rol Nº 1.341, de 2010. Fallo de la Corte Suprema de 27 de diciembre de 2004, Rol Nº 2.458, considerando 16.

Tribunal Constitucional fallos; causa Rol Nº 300, 9 de diciembre de 1999, considerando 8º; causa Rol Nº 198, de 4 de enero de 1995, considerando 10; causa Rol Nº 465, de 30 de marzo de 2006; considerando 14; causa Rol Nº 1.341, de 2010. Fallo de la Corte Suprema de 27 de diciembre de 2004, Rol Nº 2.458, considerando 16.

JURISPRUDENCIA CITADA

Sentencia de 12 de enero de 2006 de la Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol Nº 6.493-0, considerando 14.

Dictámenes de la Contraloría General de la República Nºs. 19.476, de 1986; 61.632 de 2009; 52.966 de 2009; 42.257 de 2009; 50.183 de 2007; 30.307 de 2004; 30.516, de 30 de junio de 2006; 16.741 de 2003; 46.934 de 2001 y 31.814, de 2010.

2 Mensaje 1

DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL EN LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS*

ALEJANDRA MOYA BRUZZONE**

INTRODUCCIÓN La Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (LBN) ha tenido un importante efecto sobre los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica en nuestro país. A enero de 2010, al menos 14 proyectos de centrales hidroeléctricas ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus líneas de transmisión podrían ser afectados por esta normativa. Cabe destacar que once de estas obras corresponden a proyectos de centrales de pasada equivalentes a 138.85 MW, en circunstancias que, de acuerdo a recientes evaluaciones, la Ley de Fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) obligará al sector eléctrico a ejecutar proyectos que agreguen al sistema unos 205 MW de capacidad instalada con algún tipo de generación limpia, de aquí a 2015.1 El motivo por el que una ley cuyo objetivo era “incorporar ordenada y racionalmente al bosque nativo a un ciclo productivo que aparezca legitimado por la sociedad toda2” se haya convertido en uno de los inconvenientes que deben superar los proyectos de generación y transmisión eléctrica,

Este trabajo formó parte del “Estudio Identificación de Dificultades en la Tramitación de Permisos de Proyectos del Sector Eléctrico” (presentado en las X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010 organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico, PDAE, de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Chile) desarrollado por “+MG Medio ambiente. Gestión” para el Ministerio de Energía. La versión completa del estudio se encuentra en www.minenergia.cl.

Abogada, 1

empresa DIAGUA.

Noticia aparecida en el Diario Financiero, 3 de mayo de 2010.

2 Mensaje

de Ejecutivo, boletín 669, abril de 1992.

de Ejecutivo, boletín 669, abril de 1992.

Noticia aparecida en el Diario Financiero, 3 de mayo de 2010.

Abogada,

empresa DIAGUA.

Este trabajo formó parte del “Estudio Identificación de Dificultades en la Tramitación de Permisos de Proyectos del Sector Eléctrico” (presentado en las X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010 organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico, PDAE, de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Chile) desarrollado por “+MG Medio ambiente. Gestión” para el Ministerio de Energía. La versión completa del estudio se encuentra en www.minenergia.cl.

La Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (LBN) ha tenido un importante efecto sobre los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica en nuestro país. A enero de 2010, al menos 14 proyectos de centrales hidroeléctricas ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus líneas de transmisión podrían ser afectados por esta normativa. Cabe destacar que once de estas obras corresponden a proyectos de centrales de pasada equivalentes a 138.85 MW, en circunstancias que, de acuerdo a recientes evaluaciones, la Ley de Fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) obligará al sector eléctrico a ejecutar proyectos que agreguen al sistema unos 205 MW de capacidad instalada con algún tipo de generación limpia, de aquí a 2015.1 El motivo por el que una ley cuyo objetivo era “incorporar ordenada y racionalmente al bosque nativo a un ciclo productivo que aparezca legitimado por la sociedad toda2” se haya convertido en uno de los inconvenientes que deben superar los proyectos de generación y transmisión eléctrica, INTRODUCCIÓN ALEJANDRA MOYA BRUZZONE** EN LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS*

DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL

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ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

Historia de la Ley N° 20.402. Tercer Trámite Constitucional. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 94, 28 de octubre de 2009. 3

reside en el hecho de que la norma no contempló en su lógica instituciones establecidas en otras disposiciones normativas, como la Ley N° 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, el D.F.L. Nº 4/20018, Ley General de Servicios Eléctricos y el Código de Aguas, lo que ha ocasionado diversas incompatibilidades y, sobre todo, incertidumbres, respecto a la manera de aplicar la normativa en el contexto de los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica. Desde la publicación de la LBN, en julio de 2008, ha sido necesario clari¿car su texto en dos oportunidades. Por un lado, se introdujo una glosa en la Ley Nº 20.407, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010, especi¿cando que durante el año 2010, los artículos 19 y 2° transitorios de la Ley N° 20.283 no regirán respecto de las especies clasi¿cadas como fuera de peligro, pudiendo la CONAF autorizar planes de manejo para dichas especies. De esta manera se modi¿có, al menos para el año 2010, una de las disposiciones de esta ley que afectan de manera más radical los proyectos productivos, mediante la cual se prohíbe la alteración del hábitat o la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de especies nativas clasi¿cadas como en peligro de extinción, vulnerables, raras, insu¿cientemente conocidas o fuera de peligro, a menos que excepcionalmente se obtenga autorización para ello a través de una resolución fundada de la CONAF. Asimismo, mediante la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio de Energía, se modi¿có la Ley General de Servicios Eléctricos, incorporándose un inciso al artículo 99 que dispone que se entenderá que los obligados a ejecutar las obras de expansión del sistema de transmisión troncal que determine el decreto, cuentan con la calidad de concesionarios de los servicios eléctricos. El propósito de esta modi¿cación fue, como lo señaló el Ministro Tokman en la Cámara de Diputados,3 “permitir la tramitación de las distintas autorizaciones de manera simultánea y no secuencial, de modo que esas líneas (las obras de expansión del sistema troncal) que el Estado determina y que es urgente contar con ellas en el corto plazo, se puedan realizar dentro del plazo de cinco o seis años”. Así, el Parlamento se hizo cargo de la demora que la redacción del inciso cuarto del artículo 7° LBN ha ocasionado en la materialización de los proyectos de generación y transmisión, permitiendo

ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

3 Historia de la Ley N° 20.402. Tercer Trámite Constitucional. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 94, 28 de octubre de 2009.

Asimismo, mediante la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio de Energía, se modi¿có la Ley General de Servicios Eléctricos, incorporándose un inciso al artículo 99 que dispone que se entenderá que los obligados a ejecutar las obras de expansión del sistema de transmisión troncal que determine el decreto, cuentan con la calidad de concesionarios de los servicios eléctricos. El propósito de esta modi¿cación fue, como lo señaló el Ministro Tokman en la Cámara de Diputados,3 “permitir la tramitación de las distintas autorizaciones de manera simultánea y no secuencial, de modo que esas líneas (las obras de expansión del sistema troncal) que el Estado determina y que es urgente contar con ellas en el corto plazo, se puedan realizar dentro del plazo de cinco o seis años”. Así, el Parlamento se hizo cargo de la demora que la redacción del inciso cuarto del artículo 7° LBN ha ocasionado en la materialización de los proyectos de generación y transmisión, permitiendo Desde la publicación de la LBN, en julio de 2008, ha sido necesario clari¿car su texto en dos oportunidades. Por un lado, se introdujo una glosa en la Ley Nº 20.407, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010, especi¿cando que durante el año 2010, los artículos 19 y 2° transitorios de la Ley N° 20.283 no regirán respecto de las especies clasi¿cadas como fuera de peligro, pudiendo la CONAF autorizar planes de manejo para dichas especies. De esta manera se modi¿có, al menos para el año 2010, una de las disposiciones de esta ley que afectan de manera más radical los proyectos productivos, mediante la cual se prohíbe la alteración del hábitat o la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de especies nativas clasi¿cadas como en peligro de extinción, vulnerables, raras, insu¿cientemente conocidas o fuera de peligro, a menos que excepcionalmente se obtenga autorización para ello a través de una resolución fundada de la CONAF. reside en el hecho de que la norma no contempló en su lógica instituciones establecidas en otras disposiciones normativas, como la Ley N° 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, el D.F.L. Nº 4/20018, Ley General de Servicios Eléctricos y el Código de Aguas, lo que ha ocasionado diversas incompatibilidades y, sobre todo, incertidumbres, respecto a la manera de aplicar la normativa en el contexto de los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica. 346

Cuando la construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley, según corresponda, implique corta de bosque nativo, el plan de manejo correspondiente deberá ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre, según los casos, quien será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él. 4

– Que las obras o actividades sean de carácter imprescindible; – Que la intervención de la especie o alteración de su hábitat no amenace la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o excepcionalmente fuera de ella (lo que se avala a través de un informe de experto); Por otro lado, el artículo 19 de la LBN prohíbe la alteración del hábitat o la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de especies nativas clasi¿cadas como “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insu¿cientemente conocidas” o “fuera de peligro”, la que podrá ser autorizada excepcionalmente cuando se cumplan los siguientes requisitos copulativamente: El artículo 5° de la LBN señala que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la CONAF. A su vez, el inciso cuarto del artículo 7° establece que en el caso de proyectos eléctricos, el plan de manejo referido debe ser presentado por el concesionario o titular de la servidumbre, el que será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él.4 GENERACIÓN O TRANSMISIÓN ELÉCTRICOS Y SU NORMATIVA COMPLEMENTARIA

I. DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 20.283, SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL QUE AFECTAN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE la tramitación simultánea de los permisos ambientales y concesiones en caso de obras de expansión del sistema troncal. En efecto, y tal como se explicará en detalle más adelante, la redacción de ese inciso ha vuelto sucesiva la tramitación de permisos que antes se hacía de forma simultánea, alargando así de manera innecesaria el tiempo de tramitación, e incluso, impidiendo por completo la realización de cierto tipo de proyectos energéticos, en particular los de generación de energía renovable no convencional en caso que éstos afecten bosque nativo. DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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la tramitación simultánea de los permisos ambientales y concesiones en caso de obras de expansión del sistema troncal. En efecto, y tal como se explicará en detalle más adelante, la redacción de ese inciso ha vuelto sucesiva la tramitación de permisos que antes se hacía de forma simultánea, alargando así de manera innecesaria el tiempo de tramitación, e incluso, impidiendo por completo la realización de cierto tipo de proyectos energéticos, en particular los de generación de energía renovable no convencional en caso que éstos afecten bosque nativo. I. DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 20.283, SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL QUE AFECTAN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN O TRANSMISIÓN ELÉCTRICOS Y SU NORMATIVA COMPLEMENTARIA

El artículo 5° de la LBN señala que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la CONAF. A su vez, el inciso cuarto del artículo 7° establece que en el caso de proyectos eléctricos, el plan de manejo referido debe ser presentado por el concesionario o titular de la servidumbre, el que será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él.4 Por otro lado, el artículo 19 de la LBN prohíbe la alteración del hábitat o la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de especies nativas clasi¿cadas como “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insu¿cientemente conocidas” o “fuera de peligro”, la que podrá ser autorizada excepcionalmente cuando se cumplan los siguientes requisitos copulativamente: – Que la intervención de la especie o alteración de su hábitat no amenace la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o excepcionalmente fuera de ella (lo que se avala a través de un informe de experto); – Que las obras o actividades sean de carácter imprescindible; 4 Cuando la construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley, según corresponda, implique corta de bosque nativo, el plan de manejo correspondiente deberá ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre, según los casos, quien será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él.

– Decreto Supremo N° 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. – O¿cio Ord. N° 563, de 8 de junio de 2009, de la Sra. Ministra de Agricultura, sobre aplicación de la Ley N° 20.283 en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). – Resolución N° 263, de 15 de junio de 2009, de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, que instruye la puesta en práctica del antes mencionado Ord. N° 563.

b. Fines sanitarios, o a. Investigaciones cientí¿cas; – Que su objeto sea la realización de: ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

– Resolución Exenta N° 122, de 10 de marzo de 2010 de la Dirección Ejecutiva de CONAF, que aprueba el Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del artículo 19 de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (el Manual de Tramitación).

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Tanto el Ministerio de Agricultura como la CONAF han dictado diversas normas cuyo objeto es regular el procedimiento de otorgamiento de la autorización excepcional del artículo 19 y la aprobación del consiguiente plan de manejo de preservación. Estos son:

c. La ejecución de obras o desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7° de la LBN (construcción de caminos, ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos de ductos u otras reguladas por ley) siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.

Una vez obtenida la autorización para realizar la intervención excepcional de los individuos o de su hábitat, debe obtenerse la aprobación de la CONAF de un plan de manejo de preservación antes de realizar cualquier acción de corta (el que, consiguientemente, debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la LBN).

Una vez obtenida la autorización para realizar la intervención excepcional de los individuos o de su hábitat, debe obtenerse la aprobación de la CONAF de un plan de manejo de preservación antes de realizar cualquier acción de corta (el que, consiguientemente, debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la LBN).

c. La ejecución de obras o desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7° de la LBN (construcción de caminos, ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos de ductos u otras reguladas por ley) siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.

Tanto el Ministerio de Agricultura como la CONAF han dictado diversas normas cuyo objeto es regular el procedimiento de otorgamiento de la autorización excepcional del artículo 19 y la aprobación del consiguiente plan de manejo de preservación. Estos son:

b. Fines sanitarios, o

– Decreto Supremo N° 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a. Investigaciones cientí¿cas;

– O¿cio Ord. N° 563, de 8 de junio de 2009, de la Sra. Ministra de Agricultura, sobre aplicación de la Ley N° 20.283 en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

– Que su objeto sea la realización de:

– Resolución N° 263, de 15 de junio de 2009, de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, que instruye la puesta en práctica del antes mencionado Ord. N° 563.

ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

– Resolución Exenta N° 122, de 10 de marzo de 2010 de la Dirección Ejecutiva de CONAF, que aprueba el Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del artículo 19 de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (el Manual de Tramitación).

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DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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– Decreto Exento N° 654 de 2009, del Ministerio de Agricultura, complementa Decretos Exentos N° 490 de 1976, N° 43 de 1990 y N° 13 de 1995, que declararon monumentos nacionales a distintas especies forestales.

5 Artículo

2º numerales 1 y 2, Ley General de Servicios Eléctricos.

– Establecimiento, operación y explotación de las instalaciones de servicio público de distribución. – Líneas de transporte de la energía eléctrica;

II. IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA

– Subestaciones eléctricas;

TRAMITACIÓN DE PERMISOS DEL SECTOR ELÉCTRICO

1. Incertidumbre ¿nal: la LBN establece un trámite ¿nal posterior al SEIA y a la obtención de la concesión que puede poner ¿n al proyecto. La autorización de corta o intervención se tramita con posterioridad al SEIA, por lo tanto termina con la “ventanilla única”. Esto aumenta la incertidumbre de los proyectos, ya que una autoridad (en este caso CONAF) tiene la potestad para detener un proyecto que cuente con concesión y con una resolución de cali¿cación ambiental aprobada. 2. Proyectos eléctricos de generación que no son susceptibles de contar con concesión. Una consecuencia de la ya mencionada falta de correlación de la LBN con otras leyes, y en particular con la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) es que al momento de redactar el artículo 7° no se tomó en consideración que existen casos en que no es posible, ni necesario, obtener una concesión eléctrica para desarrollar determinados proyectos de generación. En efecto, la LGSE sólo considera el establecimiento de concesiones en los siguientes casos:5 – Centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica; – Subestaciones eléctricas;

– Centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica; Una consecuencia de la ya mencionada falta de correlación de la LBN con otras leyes, y en particular con la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) es que al momento de redactar el artículo 7° no se tomó en consideración que existen casos en que no es posible, ni necesario, obtener una concesión eléctrica para desarrollar determinados proyectos de generación. En efecto, la LGSE sólo considera el establecimiento de concesiones en los siguientes casos:5 2. Proyectos eléctricos de generación que no son susceptibles de contar con concesión. La autorización de corta o intervención se tramita con posterioridad al SEIA, por lo tanto termina con la “ventanilla única”. Esto aumenta la incertidumbre de los proyectos, ya que una autoridad (en este caso CONAF) tiene la potestad para detener un proyecto que cuente con concesión y con una resolución de cali¿cación ambiental aprobada. 1. Incertidumbre ¿nal: la LBN establece un trámite ¿nal posterior al SEIA y a la obtención de la concesión que puede poner ¿n al proyecto. TRAMITACIÓN DE PERMISOS DEL SECTOR ELÉCTRICO

II. IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES EN LA

– Líneas de transporte de la energía eléctrica; – Establecimiento, operación y explotación de las instalaciones de servicio público de distribución.

5 Artículo

2º numerales 1 y 2, Ley General de Servicios Eléctricos.

– Decreto Exento N° 654 de 2009, del Ministerio de Agricultura, complementa Decretos Exentos N° 490 de 1976, N° 43 de 1990 y N° 13 de 1995, que declararon monumentos nacionales a distintas especies forestales. DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

Por otro lado, incluso en los casos que se encuentran considerados en la LGSE, debe tenerse presente que ésta establece que las concesiones eléctricas de generación y transmisión no son indispensables para desarrollar la actividad de que se trate. En efecto, como lo señala el artículo 4 de la LGSE, las instalaciones que se mencionan en el Nº 1 del artículo 2º (centrales hidráulicas, subestaciones eléctricas y líneas de transporte) podrán, asimismo, instalarse sin solicitar concesión, cuando el interesado

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En caso que el titular del proyecto sea también dueño del terreno, se verá obligado a constituir una persona jurídica distinta a ¿n de constituir la servidumbre necesaria para contar con el título en cuestión, obligándolo así a usar un resquicio legal para poder presentar el plan de manejo y así llevar a cabo el proyecto, obligación que no obedece a ningún objetivo declarado en la LBN.

Es así como los proyectos de Energías Renovables No Convencionales (eólicos, solares, biomasa) y las centrales de generación térmica, no pueden obtener concesiones de generación, ya que no ¿guran en el artículo 2º de la LGSE. Es por esto que la promulgación de la LBN ha vuelto muy difíciles de implementar este tipo de proyectos en caso que afecten especies nativas, incluso si los interesados en desarrollarlos fueran propietarios de los terrenos, ya que no cuentan con un título para presentar el plan de manejo respectivo de acuerdo al artículo 7° de esta norma. La única alternativa en ese caso consiste en concretar servidumbres voluntarias con los dueños de los terrenos, para con ese título presentar el plan de manejo respectivo y la solicitud de autorización del artículo 19, si corresponde. Esta solución, sin embargo, presenta varios inconvenientes:

Se agrega un trámite adicional a la tramitación de este tipo de proyectos, en circunstancias que lo que se ha buscado en general es potenciarlos, en particular en lo referente a los proyectos de Energías Renovables No Convencionales.

Esta salida desnaturaliza el objetivo que se tuvo en mente al momento de redactar el artículo, toda vez que el único motivo para constituir la servidumbre sería en este caso el tener un título de los requeridos por el artículo 7° de la LBN, lo que sin duda no consistía en un objetivo buscado por el legislador.

Esta salida desnaturaliza el objetivo que se tuvo en mente al momento de redactar el artículo, toda vez que el único motivo para constituir la servidumbre sería en este caso el tener un título de los requeridos por el artículo 7° de la LBN, lo que sin duda no consistía en un objetivo buscado por el legislador.

Se agrega un trámite adicional a la tramitación de este tipo de proyectos, en circunstancias que lo que se ha buscado en general es potenciarlos, en particular en lo referente a los proyectos de Energías Renovables No Convencionales.

Es así como los proyectos de Energías Renovables No Convencionales (eólicos, solares, biomasa) y las centrales de generación térmica, no pueden obtener concesiones de generación, ya que no ¿guran en el artículo 2º de la LGSE. Es por esto que la promulgación de la LBN ha vuelto muy difíciles de implementar este tipo de proyectos en caso que afecten especies nativas, incluso si los interesados en desarrollarlos fueran propietarios de los terrenos, ya que no cuentan con un título para presentar el plan de manejo respectivo de acuerdo al artículo 7° de esta norma. La única alternativa en ese caso consiste en concretar servidumbres voluntarias con los dueños de los terrenos, para con ese título presentar el plan de manejo respectivo y la solicitud de autorización del artículo 19, si corresponde. Esta solución, sin embargo, presenta varios inconvenientes:

En caso que el titular del proyecto sea también dueño del terreno, se verá obligado a constituir una persona jurídica distinta a ¿n de constituir la servidumbre necesaria para contar con el título en cuestión, obligándolo así a usar un resquicio legal para poder presentar el plan de manejo y así llevar a cabo el proyecto, obligación que no obedece a ningún objetivo declarado en la LBN.

ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

Por otro lado, incluso en los casos que se encuentran considerados en la LGSE, debe tenerse presente que ésta establece que las concesiones eléctricas de generación y transmisión no son indispensables para desarrollar la actividad de que se trate. En efecto, como lo señala el artículo 4 de la LGSE, las instalaciones que se mencionan en el Nº 1 del artículo 2º (centrales hidráulicas, subestaciones eléctricas y líneas de transporte) podrán, asimismo, instalarse sin solicitar concesión, cuando el interesado

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DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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así lo desea, favoreciendo así que se logren acuerdos voluntarios con los dueños de los terrenos.6 Así, la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal convirtió en un requisito la obtención de concesiones en todos aquellos proyectos que involucren la corta de bosque nativo, en circunstancias que la LGSE expresamente lo deja a consideración del interesado. 3. La tramitación de procedimientos que antes de la dictación de la ley podían realizarse en paralelo ahora debe ejecutarse de forma sucesiva, lo que puede retardar un proyecto en varios años. Hasta la publicación de la LBN, la tramitación ambiental y la tramitación de las concesiones de generación y transmisión eran procedimientos que se podían realizar simultáneamente. De esta manera, se ingresaba el proyecto al SEIA aproximadamente al mismo tiempo que se presentaba la solicitud de concesión (en el caso que se solicitara concesión, lo que no ocurría en todas las hipótesis). El único caso en que existía una tramitación sucesiva, que era el de las centrales hidroeléctricas, fue solucionado mediante una modi¿cación del año 20077 cuya ¿nalidad justamente consistía en, según se declaró, volver más expedita la tramitación. La autorización de corta del artículo 19 debe preceder al Plan de Manejo de Preservación, toda vez que en éste deben recogerse las medidas que se hayan establecido en la resolución fundada que la otorga. Si se interpreta, como CONAF hace en el Manual de Tramitación de autorizaciones del artículo 19, que para obtener la autorización de intervención es necesario ser concesionario o titular de una servidumbre (además de cumplir con los otros requisitos, esto es, que la intervención no amenace la continuidad de la especie, que sea imprescindible y que las obras o actividades sean de interés nacional) sería necesario proceder a la tramitación completa de la solicitud de concesión antes de poder solicitar la mencionada autorización 6 La concesión eléctrica no constituye un permiso para desarrollar la actividad de generación o transmisión. Su utilidad radica en que su otorgamiento permite suplir la autorización de los dueños de los predios afectados, estableciendo servidumbres legales en el caso de concesiones definitivas o autorizando la entrada a los mismos para la realización de estudios en el caso de concesiones provisionales. Por lo mismo, no es necesario obtenerla si se es dueño de los terrenos o se ha logrado acuerdo con éstos. 7

Ley N° 20.220.

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Ley N° 20.220.

6 La concesión eléctrica no constituye un permiso para desarrollar la actividad de generación o transmisión. Su utilidad radica en que su otorgamiento permite suplir la autorización de los dueños de los predios afectados, estableciendo servidumbres legales en el caso de concesiones definitivas o autorizando la entrada a los mismos para la realización de estudios en el caso de concesiones provisionales. Por lo mismo, no es necesario obtenerla si se es dueño de los terrenos o se ha logrado acuerdo con éstos.

La autorización de corta del artículo 19 debe preceder al Plan de Manejo de Preservación, toda vez que en éste deben recogerse las medidas que se hayan establecido en la resolución fundada que la otorga. Si se interpreta, como CONAF hace en el Manual de Tramitación de autorizaciones del artículo 19, que para obtener la autorización de intervención es necesario ser concesionario o titular de una servidumbre (además de cumplir con los otros requisitos, esto es, que la intervención no amenace la continuidad de la especie, que sea imprescindible y que las obras o actividades sean de interés nacional) sería necesario proceder a la tramitación completa de la solicitud de concesión antes de poder solicitar la mencionada autorización Hasta la publicación de la LBN, la tramitación ambiental y la tramitación de las concesiones de generación y transmisión eran procedimientos que se podían realizar simultáneamente. De esta manera, se ingresaba el proyecto al SEIA aproximadamente al mismo tiempo que se presentaba la solicitud de concesión (en el caso que se solicitara concesión, lo que no ocurría en todas las hipótesis). El único caso en que existía una tramitación sucesiva, que era el de las centrales hidroeléctricas, fue solucionado mediante una modi¿cación del año 20077 cuya ¿nalidad justamente consistía en, según se declaró, volver más expedita la tramitación. 3. La tramitación de procedimientos que antes de la dictación de la ley podían realizarse en paralelo ahora debe ejecutarse de forma sucesiva, lo que puede retardar un proyecto en varios años. así lo desea, favoreciendo así que se logren acuerdos voluntarios con los dueños de los terrenos.6 Así, la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal convirtió en un requisito la obtención de concesiones en todos aquellos proyectos que involucren la corta de bosque nativo, en circunstancias que la LGSE expresamente lo deja a consideración del interesado. DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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de intervención, la que como sabemos, es necesaria para poder solicitar la aprobación del Plan de Manejo de Preservación respectivo. A continuación se expone un diagrama muy simpli¿cado de la relación existente entre las tramitaciones de concesiones eléctricas y de autorizaciones ambientales, previas a la dictación de la LBN. Debe en todo caso enfatizarse que la falta de dependencia entre ambos procesos de ninguna manera implicaba que el patrimonio ambiental se encontrara en riesgo, ya que, evidentemente, la sola concesión no es instrumento su¿ciente para dar inicio a obras en aquellos casos en que se requiere una autorización ambiental.

De la historia de la LBN se puede colegir que el objetivo perseguido por la obligación establecida en el inciso cuarto del artículo 7°, referente a que los planes de manejo (entre los cuales se cuentan los planes de manejo de preservación) que deben presentarse cuando la corta de bosque nativo obedezca al ejercicio de concesiones o servidumbres eléctricas deben ser presentados por los titulares de esa concesión o servidumbre era de¿nir como responsable del cumplimiento de ese plan a aquél interesado en su tramitación. Lamentablemente, la redacción del artículo 19, al establecer los requisitos de la autorización, en vez de detallar las actividades, se limita a hacer una referencia al inciso cuarto del artículo 7°, lo que permite que se interprete que las mencionadas actividades involucran necesariamente una concesión o servidumbre, lo que ha redundado en que exija su acreditación para solicitar la autorización respectiva,8 lo que

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8 Formulario A del Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del artículo 19 de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, “Formulario de Solicitud de Intervención o Alteración Excepcional del artículo 19 de la Ley Nº 20.283”. Al respecto, cabe destacar que este formulario, al solicitar que se acredite el tipo

Formulario A del Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del artículo 19 de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, “Formulario de Solicitud de Intervención o Alteración Excepcional del artículo 19 de la Ley Nº 20.283”. Al respecto, cabe destacar que este formulario, al solicitar que se acredite el tipo 8

De la historia de la LBN se puede colegir que el objetivo perseguido por la obligación establecida en el inciso cuarto del artículo 7°, referente a que los planes de manejo (entre los cuales se cuentan los planes de manejo de preservación) que deben presentarse cuando la corta de bosque nativo obedezca al ejercicio de concesiones o servidumbres eléctricas deben ser presentados por los titulares de esa concesión o servidumbre era de¿nir como responsable del cumplimiento de ese plan a aquél interesado en su tramitación. Lamentablemente, la redacción del artículo 19, al establecer los requisitos de la autorización, en vez de detallar las actividades, se limita a hacer una referencia al inciso cuarto del artículo 7°, lo que permite que se interprete que las mencionadas actividades involucran necesariamente una concesión o servidumbre, lo que ha redundado en que exija su acreditación para solicitar la autorización respectiva,8 lo que A continuación se expone un diagrama muy simpli¿cado de la relación existente entre las tramitaciones de concesiones eléctricas y de autorizaciones ambientales, previas a la dictación de la LBN. Debe en todo caso enfatizarse que la falta de dependencia entre ambos procesos de ninguna manera implicaba que el patrimonio ambiental se encontrara en riesgo, ya que, evidentemente, la sola concesión no es instrumento su¿ciente para dar inicio a obras en aquellos casos en que se requiere una autorización ambiental. de intervención, la que como sabemos, es necesaria para poder solicitar la aprobación del Plan de Manejo de Preservación respectivo. 352

Ley Nº 19.300, artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones; c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW. 10

9 Artículo

9º letra e) Ord. Nº 563 de 2009 del Ministerio de Agricultura.

Continuación nota 8 de obra o actividad, hace mención a instituciones que no existen en la Ley General de Servicios Eléctricos (como la “concesión para la operación de servidumbre otorgada por la SEC”).

a) La autorización ambiental del Plan de Manejo de Preservación debe tramitarse en conjunto con la del proyecto. Sin embargo, incluso si se asume que el Plan de Manejo de Preservación debe ser ingresado al SEIA, la tramitación diferirá dependiendo del momento en el tiempo en que dicho ingreso se produzca. Existen así tres hipótesis: No es claro si es que es necesario contar con la autorización o el plan de manejo de preservación para ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, o si el plan de manejo de preservación debe someterse al SEIA. El Ministerio de Agricultura señaló en el O¿cio Ordinario N° 563, relativo a la aplicación de la LBN en el marco del SEIA que “en caso de ser aprobado el Plan de Manejo de Preservación, éste se constituirá en el instrumento que se someterá al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.9 Esta interpretación es discutible, ya que el listado de proyectos que ingresan al SEIA está taxativamente establecido en el artículo 10 de la Ley de Bases del Medio Ambiente. En dicho artículo, la letra m) hace referencia a proyectos de desarrollo en terrenos cubiertos de bosque nativo, pero limita el sometimiento al SEIA a aquellos “de dimensiones industriales”, indicación que no podría ser modi¿cada mediante un o¿cio ordinario. Ello, por supuesto, no quiere decir que el proyecto eléctrico a que dicho Plan de Manejo de Preservación está relacionado no debe someterse al SEIA (de hecho, se encuentran considerados en otras hipótesis del mismo artículo 10).10 4. Ingreso del Plan de Manejo de Preservación al SEIA en la práctica, ha vuelto sucesivas tramitaciones que antes se realizaban en forma simultánea. DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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en la práctica, ha vuelto sucesivas tramitaciones que antes se realizaban en forma simultánea. 4. Ingreso del Plan de Manejo de Preservación al SEIA No es claro si es que es necesario contar con la autorización o el plan de manejo de preservación para ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, o si el plan de manejo de preservación debe someterse al SEIA. El Ministerio de Agricultura señaló en el O¿cio Ordinario N° 563, relativo a la aplicación de la LBN en el marco del SEIA que “en caso de ser aprobado el Plan de Manejo de Preservación, éste se constituirá en el instrumento que se someterá al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.9 Esta interpretación es discutible, ya que el listado de proyectos que ingresan al SEIA está taxativamente establecido en el artículo 10 de la Ley de Bases del Medio Ambiente. En dicho artículo, la letra m) hace referencia a proyectos de desarrollo en terrenos cubiertos de bosque nativo, pero limita el sometimiento al SEIA a aquellos “de dimensiones industriales”, indicación que no podría ser modi¿cada mediante un o¿cio ordinario. Ello, por supuesto, no quiere decir que el proyecto eléctrico a que dicho Plan de Manejo de Preservación está relacionado no debe someterse al SEIA (de hecho, se encuentran considerados en otras hipótesis del mismo artículo 10).10 Sin embargo, incluso si se asume que el Plan de Manejo de Preservación debe ser ingresado al SEIA, la tramitación diferirá dependiendo del momento en el tiempo en que dicho ingreso se produzca. Existen así tres hipótesis: a) La autorización ambiental del Plan de Manejo de Preservación debe tramitarse en conjunto con la del proyecto. Continuación nota 8 de obra o actividad, hace mención a instituciones que no existen en la Ley General de Servicios Eléctricos (como la “concesión para la operación de servidumbre otorgada por la SEC”). 9 Artículo

9º letra e) Ord. Nº 563 de 2009 del Ministerio de Agricultura.

10 Ley Nº 19.300, artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones; c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

No obstante, al parecer esta sería la interpretación elegida por CONAF, que en el Manual de Tramitación de autorizaciones del artículo 19, contempla en sus Anexos 14 y 15 los modelos de resolución que serán utilizados para

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Por un lado, considerarlo así efectivamente simpli¿caría mucho la tramitación, evitando demoras innecesarias. Sin embargo, esta interpretación es potencialmente peligrosa para el proyecto, el que podría ser cuestionado en razón del recientemente incorporado artículo 11 bis de la Ley de Bases del Medio Ambiente, el que señala que no se pueden fraccionar los proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o eludir el ingreso al SEIA. Ello podría provocar judicializaciones futuras, y así ulteriores demoras.

b) Se considera el Plan de Manejo como un proyecto independiente del proyecto eléctrico que motiva la solicitud de autorización de intervención.

ii) Plan de Manejo de Preservación ingresa al SEIA como proyecto independiente

c) El Plan de Manejo de Preservación no debe ingresar al SEIA.

Si se entiende que el Plan de Manejo de Preservación es un instrumento que debe ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y dado que la ley supone que es necesario contar con la resolución fundada que autoriza la intervención antes de solicitar su aprobación, se obtiene que, en la práctica, debe completarse la tramitación de la concesión eléctrica antes de poder ingresar el proyecto al SEIA. Ello vuelve extremadamente engorrosa la tramitación, e incluso la transforma en imposible, en aquellos casos en que no sea posible contar con concesión o servidumbre.

El tema aún no ha sido zanjado explícitamente por CONAF, si bien podría deducirse de la redacción de un considerando del modelo de resolución que concede la autorización, se insertó en un anexo del Manual de Tramitación CONAF que se ha optado por la segunda opción.

i) Plan de Manejo de Preservación se evalúa en el contexto del proyecto

i) Plan de Manejo de Preservación se evalúa en el contexto del proyecto

El tema aún no ha sido zanjado explícitamente por CONAF, si bien podría deducirse de la redacción de un considerando del modelo de resolución que concede la autorización, se insertó en un anexo del Manual de Tramitación CONAF que se ha optado por la segunda opción.

Si se entiende que el Plan de Manejo de Preservación es un instrumento que debe ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y dado que la ley supone que es necesario contar con la resolución fundada que autoriza la intervención antes de solicitar su aprobación, se obtiene que, en la práctica, debe completarse la tramitación de la concesión eléctrica antes de poder ingresar el proyecto al SEIA. Ello vuelve extremadamente engorrosa la tramitación, e incluso la transforma en imposible, en aquellos casos en que no sea posible contar con concesión o servidumbre.

c) El Plan de Manejo de Preservación no debe ingresar al SEIA.

ii) Plan de Manejo de Preservación ingresa al SEIA como proyecto independiente

b) Se considera el Plan de Manejo como un proyecto independiente del proyecto eléctrico que motiva la solicitud de autorización de intervención.

Por un lado, considerarlo así efectivamente simpli¿caría mucho la tramitación, evitando demoras innecesarias. Sin embargo, esta interpretación es potencialmente peligrosa para el proyecto, el que podría ser cuestionado en razón del recientemente incorporado artículo 11 bis de la Ley de Bases del Medio Ambiente, el que señala que no se pueden fraccionar los proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o eludir el ingreso al SEIA. Ello podría provocar judicializaciones futuras, y así ulteriores demoras.

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No obstante, al parecer esta sería la interpretación elegida por CONAF, que en el Manual de Tramitación de autorizaciones del artículo 19, contempla en sus Anexos 14 y 15 los modelos de resolución que serán utilizados para

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Cabe señalar que esos mismos modelos de resolución contemplan entre sus vistos el Ord. N° 563 ya citado.

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emitir las mencionadas autorizaciones. El texto de los considerandos de dichos modelos supone el que el proyecto se ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y haya sido cali¿cado ambientalmente en el marco de dicho sistema, presumiendo por tanto que la autorización y el Plan de Manejo de Preservación serían posteriores al trámite de evaluación ambiental.11

Esta postura implica que la tramitación y aprobación del Plan de Manejo de Preservación se realicen con completa independencia a la tramitación de la aprobación ambiental del proyecto. Pese a que esto podría hacer sentido desde el ángulo de los proyectos hidroeléctricos, es una interpretación que podría ser resistida por varios órganos del Estado, que consideren que el Plan de Manejo de Preservación tiene un carácter ambiental, y como tal debe otorgarse en el contexto del SEIA o al menos someterse a éste con posterioridad (salvando lo señalado en el art. 11 bis de la Ley N° 19.300).

A continuación se gra¿ca un diagrama de la tramitación en caso que se considere que el Plan de Manejo de Preservación puede ingresar al SEIA como proyecto independiente:

Plan de Manejo de Preservación

Ingreso SEIA Plan de Manejo

iii) No ingreso del Plan de Manejo de Preservación al SEIA iii) No ingreso del Plan de Manejo de Preservación al SEIA Plan de Manejo de Preservación

Ingreso SEIA Plan de Manejo

A continuación se gra¿ca un diagrama de la tramitación en caso que se considere que el Plan de Manejo de Preservación puede ingresar al SEIA como proyecto independiente:

Esta postura implica que la tramitación y aprobación del Plan de Manejo de Preservación se realicen con completa independencia a la tramitación de la aprobación ambiental del proyecto. Pese a que esto podría hacer sentido desde el ángulo de los proyectos hidroeléctricos, es una interpretación que podría ser resistida por varios órganos del Estado, que consideren que el Plan de Manejo de Preservación tiene un carácter ambiental, y como tal debe otorgarse en el contexto del SEIA o al menos someterse a éste con posterioridad (salvando lo señalado en el art. 11 bis de la Ley N° 19.300).

emitir las mencionadas autorizaciones. El texto de los considerandos de dichos modelos supone el que el proyecto se ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y haya sido cali¿cado ambientalmente en el marco de dicho sistema, presumiendo por tanto que la autorización y el Plan de Manejo de Preservación serían posteriores al trámite de evaluación ambiental.11 DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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11 Cabe señalar que esos mismos modelos de resolución contemplan entre sus vistos el Ord. N° 563 ya citado.

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Este artículo fue modificado por la Ley N° 20.220. Su redacción anterior exigía que se presentaran los planos autorizados por la DGA al momento de solicitar la concesión, lo que hacía necesario realizar antes las tramitaciones ambientales y ante la DGA. La actual redacción permite que al momento de solicitar la concesión se acredite que la autorización referida se encuentra en trámite, debiendo acompañarse los planos autorizados antes de la emisión del informe sobre observaciones y oposiciones que emite la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El objeto de esta modificación fue, tal como lo señala el primer informe de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el “permitir que los permisos en materia de concesiones de servidumbre y de autorización de las obras hidráulicas, puedan tramitarse en paralelo a los estudios de impacto ambiental, y no como ocurre actualmente en que son sucesivos”.

III. EL CASO DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

III. EL CASO DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

La falta de compatibilidad de la LBN con otras normas tiene su efecto más importante en la tramitación de centrales hidroeléctricas cuya instalación importe la intervención de individuos de especies nativas, pudiendo incluso –de aplicarse una determinada interpretación– volverla imposible.

Por otro lado, si bien puede parecer razonable que el Plan de Manejo de Preservación se convierta en una autorización sectorial, igual o similar a los PAS, que se otorgue dentro del marco del SEIA, ésta no parece una salida viable al problema desde el punto de vista eléctrico, ya que la exigencia establecida en el inciso cuarto del artículo 7° de la LBN (que todos los planes de manejo relacionados con proyectos eléctricos deben ser presentados por concesionarios o titulares de servidumbre) transforma esta posibilidad en aquella con las consecuencias más lamentables desde el punto de vista de la tramitación de los proyectos eléctricos, gra¿cada en la letra a) anterior. Es por esto que cualquier intento de integración de los planes de manejo establecidos en la LBN al SEIA debe ir acompañada de una modi¿cación del inciso cuarto del artículo 7°. Al respecto, cabe señalar además que actualmente no se exige ser concesionario ni titular de servidumbre para tramitar ninguna de las autorizaciones ambientales necesarias en el caso de proyectos contemplados en dicho inciso, apartándose en esto la LBN de la tramitación ambiental.

La falta de compatibilidad de la LBN con otras normas tiene su efecto más importante en la tramitación de centrales hidroeléctricas cuya instalación importe la intervención de individuos de especies nativas, pudiendo incluso –de aplicarse una determinada interpretación– volverla imposible. En efecto, de acuerdo al art. 25 letra d) de la LGSE, para obtener la concesión de¿nitiva de centrales hidráulicas a la SEC, el peticionario debe contar con los planos de las obras hidráulicas autorizadas por la Dirección General de Aguas (DGA).12 De acuerdo al art. 295 del Código de Aguas, la

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12 Este artículo fue modificado por la Ley N° 20.220. Su redacción anterior exigía que se presentaran los planos autorizados por la DGA al momento de solicitar la concesión, lo que hacía necesario realizar antes las tramitaciones ambientales y ante la DGA. La actual redacción permite que al momento de solicitar la concesión se acredite que la autorización referida se encuentra en trámite, debiendo acompañarse los planos autorizados antes de la emisión del informe sobre observaciones y oposiciones que emite la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El objeto de esta modificación fue, tal como lo señala el primer informe de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el “permitir que los permisos en materia de concesiones de servidumbre y de autorización de las obras hidráulicas, puedan tramitarse en paralelo a los estudios de impacto ambiental, y no como ocurre actualmente en que son sucesivos”.

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En efecto, de acuerdo al art. 25 letra d) de la LGSE, para obtener la concesión de¿nitiva de centrales hidráulicas a la SEC, el peticionario debe contar con los planos de las obras hidráulicas autorizadas por la Dirección General de Aguas (DGA).12 De acuerdo al art. 295 del Código de Aguas, la Por otro lado, si bien puede parecer razonable que el Plan de Manejo de Preservación se convierta en una autorización sectorial, igual o similar a los PAS, que se otorgue dentro del marco del SEIA, ésta no parece una salida viable al problema desde el punto de vista eléctrico, ya que la exigencia establecida en el inciso cuarto del artículo 7° de la LBN (que todos los planes de manejo relacionados con proyectos eléctricos deben ser presentados por concesionarios o titulares de servidumbre) transforma esta posibilidad en aquella con las consecuencias más lamentables desde el punto de vista de la tramitación de los proyectos eléctricos, gra¿cada en la letra a) anterior. Es por esto que cualquier intento de integración de los planes de manejo establecidos en la LBN al SEIA debe ir acompañada de una modi¿cación del inciso cuarto del artículo 7°. Al respecto, cabe señalar además que actualmente no se exige ser concesionario ni titular de servidumbre para tramitar ninguna de las autorizaciones ambientales necesarias en el caso de proyectos contemplados en dicho inciso, apartándose en esto la LBN de la tramitación ambiental. 356

DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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DGA “otorgará la autorización (…) una vez aprobado el proyecto de¿nitivo y siempre que haya comprobado que la obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá la contaminación de las aguas”. En razón de esa disposición, la DGA sólo otorga la autorización de obras mayores cuando el solicitante ya ha obtenido la Resolución de Cali¿cación Ambiental (RCA) respectiva, ya que de esta manera está acreditado que no existen problemas de contaminación de las aguas. Una vez más, la de¿nición del momento en que se presenta una solicitud de las establecidas en la LBN y los requisitos son absolutamente centrales, dependiendo de estas de¿niciones incluso si la ley puede ser aplicada o no. Debe, por tanto, al igual que en el capítulo anterior, hacerse la distinción según cuando se ingresa el Plan de Manejo de Preservación al SEIA. a) Plan de Manejo de Preservación se evalúa en el contexto del proyecto. Si se considera que la solicitud de autorización del artículo 19 sólo puede ser presentada por el titular de una concesión o servidumbre, y que su obtención debe ser anterior al ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental (ya que será evaluada en el marco de éste) se produce una contradicción insalvable entre la Ley de Bosque Nativo y la LGSE, ya que sólo podría solicitarse la autorización una vez que se cuente con concesión, pero dado que la LGSE señala que para obtener la concesión de¿nitiva se requiere la autorización de la DGA y ésta, según el Código de Aguas, sólo se obtiene previa RCA, ello sería imposible de cumplir. Lo anterior queda gra¿cado en el siguiente diagrama:

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Lo anterior queda gra¿cado en el siguiente diagrama: a) Plan de Manejo de Preservación se evalúa en el contexto del proyecto. Si se considera que la solicitud de autorización del artículo 19 sólo puede ser presentada por el titular de una concesión o servidumbre, y que su obtención debe ser anterior al ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental (ya que será evaluada en el marco de éste) se produce una contradicción insalvable entre la Ley de Bosque Nativo y la LGSE, ya que sólo podría solicitarse la autorización una vez que se cuente con concesión, pero dado que la LGSE señala que para obtener la concesión de¿nitiva se requiere la autorización de la DGA y ésta, según el Código de Aguas, sólo se obtiene previa RCA, ello sería imposible de cumplir. Una vez más, la de¿nición del momento en que se presenta una solicitud de las establecidas en la LBN y los requisitos son absolutamente centrales, dependiendo de estas de¿niciones incluso si la ley puede ser aplicada o no. Debe, por tanto, al igual que en el capítulo anterior, hacerse la distinción según cuando se ingresa el Plan de Manejo de Preservación al SEIA. DGA “otorgará la autorización (…) una vez aprobado el proyecto de¿nitivo y siempre que haya comprobado que la obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá la contaminación de las aguas”. En razón de esa disposición, la DGA sólo otorga la autorización de obras mayores cuando el solicitante ya ha obtenido la Resolución de Cali¿cación Ambiental (RCA) respectiva, ya que de esta manera está acreditado que no existen problemas de contaminación de las aguas. DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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b) Plan de Manejo de Preservación ingresa al SEIA como proyecto independiente o no ingresa al SEIA: Si se interpreta que la Resolución de Cali¿cación Ambiental puede obtenerse con anterioridad a la solicitud de autorización del artículo 19, este problema ya no se produce, toda vez que en este caso la concesión eléctrica, que es necesariamente posterior a la RCA, podría ser anterior a la solicitud de autorización del artículo 19: Ingreso Plan

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de Manejo

Como se ha visto, subsisten numerosas dudas respecto a la mejor manera de solucionar las di¿cultades identi¿cadas, las que emanan básicamente de las interpretaciones que se han hecho respecto al momento en que deben realizarse los trámites y procedimientos establecidos en la LBN y su Reglamento, y la relación de los mismos con la tramitación ambiental y la obtención de eventuales concesiones o servidumbres.

ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

Es sin duda importante solucionar estos problemas a la brevedad posible, ya que a esta fecha están en tramitación numerosos proyectos que se podrían ver afectados por estas incertidumbres, y a menos que se realicen rápidamente los cambios necesarios, su tramitación podría dar pie a la generación de precedentes indeseados o contradictorios.

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IV. CONCLUSIONES A la luz de lo señalado en los considerandos de los modelos de resolución que constan en los anexos 14 y 15 del Manual de Tramitaciones de autorizaciones del artículo 19, mencionados, podría pensarse que éste es el curso de tramitación que deben seguir los proyectos hidroeléctricos. Sería, sin embargo, aconsejable hacer más explícita esta interpretación, de modo de eliminar incertidumbres.

A la luz de lo señalado en los considerandos de los modelos de resolución que constan en los anexos 14 y 15 del Manual de Tramitaciones de autorizaciones del artículo 19, mencionados, podría pensarse que éste es el curso de tramitación que deben seguir los proyectos hidroeléctricos. Sería, sin embargo, aconsejable hacer más explícita esta interpretación, de modo de eliminar incertidumbres. IV. CONCLUSIONES

de Manejo Plan Ingreso

b) Plan de Manejo de Preservación ingresa al SEIA como proyecto independiente o no ingresa al SEIA: Si se interpreta que la Resolución de Cali¿cación Ambiental puede obtenerse con anterioridad a la solicitud de autorización del artículo 19, este problema ya no se produce, toda vez que en este caso la concesión eléctrica, que es necesariamente posterior a la RCA, podría ser anterior a la solicitud de autorización del artículo 19: 358

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Es sin duda importante solucionar estos problemas a la brevedad posible, ya que a esta fecha están en tramitación numerosos proyectos que se podrían ver afectados por estas incertidumbres, y a menos que se realicen rápidamente los cambios necesarios, su tramitación podría dar pie a la generación de precedentes indeseados o contradictorios.

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Como se ha visto, subsisten numerosas dudas respecto a la mejor manera de solucionar las di¿cultades identi¿cadas, las que emanan básicamente de las interpretaciones que se han hecho respecto al momento en que deben realizarse los trámites y procedimientos establecidos en la LBN y su Reglamento, y la relación de los mismos con la tramitación ambiental y la obtención de eventuales concesiones o servidumbres.

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Sin duda, una de las primeras acciones a tomar es de¿nir la procedencia del ingreso del Plan de Manejo de Preservación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, toda vez que la ambigüedad actual ha dado pie a interpretaciones diversas. Al momento de realizar esa de¿nición, deberán considerarse no sólo sus consecuencias sobre la tramitación, sino posibles judicializaciones posteriores, emanadas de eventuales inconsistencias con los artículos 10 y 11 bis de la Ley de Bases del Medio Ambiente. En el mediano plazo, deben estudiarse modi¿caciones legales y reglamentarias que tiendan a congeniar de la mejor manera posible las instituciones creadas por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y otras normas, como la Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley de Bases del Medio Ambiente. En este contexto, parece relevante analizar las siguientes acciones: 1. Eliminar el requisito de ser concesionario para presentar un plan de manejo y solicitar la autorización del artículo 19. De este tema depende la viabilidad de todos aquellos proyectos eléctricos que no son susceptibles de obtener concesión de acuerdo a lo señalado en los números 1 y 2 del artículo 2° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en caso que el desarrollo de los mismos implique la corta de bosque nativo, lo que es de común ocurrencia, sobre todo en los proyectos que se realizan en el sur de nuestro país. 2. Reglamentar la autorización del artículo 19, de manera que sea considerada un permiso ambiental sectorial. Si se considera que la LBN es una norma de carácter ambiental, parece ser de todo sentido que la autorización del artículo 19 se entregue en el marco del SEIA, haciéndola consistente con los plazos establecidos en la normativa ambiental. Debe, sin embargo, recalcarse que una reglamentación de esta índole sólo debiera emitirse una vez que se haya modi¿cado el artículo 7° de la LBN, eliminándose el requisito de ser concesionario. De lo contrario, se lograría un efecto absolutamente contrario al deseado, ya que se entrabaría aún más la tramitación de los proyectos eléctricos, volviéndose completamente imposible la tramitación de proyectos hidroeléctricos.

Si se considera que la LBN es una norma de carácter ambiental, parece ser de todo sentido que la autorización del artículo 19 se entregue en el marco del SEIA, haciéndola consistente con los plazos establecidos en la normativa ambiental. Debe, sin embargo, recalcarse que una reglamentación de esta índole sólo debiera emitirse una vez que se haya modi¿cado el artículo 7° de la LBN, eliminándose el requisito de ser concesionario. De lo contrario, se lograría un efecto absolutamente contrario al deseado, ya que se entrabaría aún más la tramitación de los proyectos eléctricos, volviéndose completamente imposible la tramitación de proyectos hidroeléctricos. 2. Reglamentar la autorización del artículo 19, de manera que sea considerada un permiso ambiental sectorial. De este tema depende la viabilidad de todos aquellos proyectos eléctricos que no son susceptibles de obtener concesión de acuerdo a lo señalado en los números 1 y 2 del artículo 2° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en caso que el desarrollo de los mismos implique la corta de bosque nativo, lo que es de común ocurrencia, sobre todo en los proyectos que se realizan en el sur de nuestro país. 1. Eliminar el requisito de ser concesionario para presentar un plan de manejo y solicitar la autorización del artículo 19. En el mediano plazo, deben estudiarse modi¿caciones legales y reglamentarias que tiendan a congeniar de la mejor manera posible las instituciones creadas por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y otras normas, como la Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley de Bases del Medio Ambiente. En este contexto, parece relevante analizar las siguientes acciones: Sin duda, una de las primeras acciones a tomar es de¿nir la procedencia del ingreso del Plan de Manejo de Preservación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, toda vez que la ambigüedad actual ha dado pie a interpretaciones diversas. Al momento de realizar esa de¿nición, deberán considerarse no sólo sus consecuencias sobre la tramitación, sino posibles judicializaciones posteriores, emanadas de eventuales inconsistencias con los artículos 10 y 11 bis de la Ley de Bases del Medio Ambiente. DIFICULTADES GENERADAS POR LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

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NORMAS CITADAS Artículo 295 del Código de Aguas. Decreto Exento N° 654 de 2009, Ministerio de Agricultura, complementa Decretos Exentos N° 490 de 1976, N° 43 de 1990 y N° 13 de 1995. Decreto Supremo Nº 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Ley Nº 20.220. Ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía.

Ord. Nº 563 de 2009, Ministerio de Agricultura. O¿cio Ord. N° 563, de 8 de junio de 2009, de la Sra. Ministra de Agricultura, sobre aplicación de la Ley N° 20.283 en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

O¿cio Ord. N° 563, de 8 de junio de 2009, de la Sra. Ministra de Agricultura, sobre aplicación de la Ley N° 20.283 en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ord. Nº 563 de 2009, Ministerio de Agricultura.

Ley Nº 20.220. Ley Nº 19.300, artículos 10 y 11 bis de la Ley de Bases de Medio Ambiente. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; artículos 5º, 7º, 19. Ley General de Servicios Eléctricos; artículos 2º Nºs. 1 y 2, 19 y 25 letra d. Decreto Supremo Nº 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Decreto Exento N° 654 de 2009, Ministerio de Agricultura, complementa Decretos Exentos N° 490 de 1976, N° 43 de 1990 y N° 13 de 1995. Artículo 295 del Código de Aguas. NORMAS CITADAS ALEJANDRA MOYA BRUZZONE

Resolución N° 263, de 15 de junio de 2009, de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, que instruye la puesta en práctica del antes mencionado Ord. N° 563.

Ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía.

Resolución Exenta N° 122, de 10 de marzo de 2010 de CONAF, aprueba Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del artículo 19 de la Ley Nº 20.283.

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Ley Nº 19.300, artículos 10 y 11 bis de la Ley de Bases de Medio Ambiente.

Resolución Exenta N° 122, de 10 de marzo de 2010 de CONAF, aprueba Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del artículo 19 de la Ley Nº 20.283.

Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; artículos 5º, 7º, 19.

Resolución N° 263, de 15 de junio de 2009, de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, que instruye la puesta en práctica del antes mencionado Ord. N° 563.

Ley General de Servicios Eléctricos; artículos 2º Nºs. 1 y 2, 19 y 25 letra d.

BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO CARLOS PINTO TORRES*

La libertad económica ha sido el pilar esencial sobre el cual se ha basado el orden económico y social del país durante las últimas décadas, ha encontrado una gran aceptación por parte de los ciudadanos, quienes han asimilado el hecho que las directrices de la oferta y la demanda rigen gran parte de la vida económica nacional. Si bien la ¿jación de los precios a través de los equilibrios del mercado se erigen hoy como una norma general en el trá¿co de productos y servicios, existen algunas áreas de la economía en las que, por la conformación de monopolios naturales o por las especiales condiciones que las caracterizan, la Administración debe intervenir en sus precios, a través de complejos procedimientos de ¿jación tarifaria que interpretan y traducen las variables que el mercado no podría asignar e¿cientemente por sí mismo. En paralelo a este fenómeno, nuestro país ha vivido una progresiva privatización de las empresas del Estado, especialmente, en el ámbito de las empresas denominadas “de utilidad pública”, que en las últimas tres décadas han pasado a manos de particulares, como son las del sector de las telecomunicaciones, electricidad y de servicios sanitarios, lo que ha creado la necesidad de ponderar de una manera adecuada, tanto los intereses de los usuarios, como de los particulares que participan en la prestación de dichos servicios. * Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Investigador del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este trabajo ha sido realizado durante el primer semestre de 2009, dentro del Seminario de Investigación del Profesor Dr. Alejandro Vergara Blanco como requisito para la obtención del grado académico de Licenciado en Derecho y actualizado debido a las últimas modificaciones en la materia. Correo electrónico: [email protected]

* Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Investigador del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este trabajo ha sido realizado durante el primer semestre de 2009, dentro del Seminario de Investigación del Profesor Dr. Alejandro Vergara Blanco como requisito para la obtención del grado académico de Licenciado en Derecho y actualizado debido a las últimas modificaciones en la materia. Correo electrónico: [email protected]

Si bien la ¿jación de los precios a través de los equilibrios del mercado se erigen hoy como una norma general en el trá¿co de productos y servicios, existen algunas áreas de la economía en las que, por la conformación de monopolios naturales o por las especiales condiciones que las caracterizan, la Administración debe intervenir en sus precios, a través de complejos procedimientos de ¿jación tarifaria que interpretan y traducen las variables que el mercado no podría asignar e¿cientemente por sí mismo. En paralelo a este fenómeno, nuestro país ha vivido una progresiva privatización de las empresas del Estado, especialmente, en el ámbito de las empresas denominadas “de utilidad pública”, que en las últimas tres décadas han pasado a manos de particulares, como son las del sector de las telecomunicaciones, electricidad y de servicios sanitarios, lo que ha creado la necesidad de ponderar de una manera adecuada, tanto los intereses de los usuarios, como de los particulares que participan en la prestación de dichos servicios. La libertad económica ha sido el pilar esencial sobre el cual se ha basado el orden económico y social del país durante las últimas décadas, ha encontrado una gran aceptación por parte de los ciudadanos, quienes han asimilado el hecho que las directrices de la oferta y la demanda rigen gran parte de la vida económica nacional. CARLOS PINTO TORRES* REGULACIÓN TARIFARIA EN EL

DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA

D. Nº 515, p. 4. Comisión Preventiva Central. (2003), p. 86.

(2003), p. 86.

D. Nº 515, p. 4. Comisión Preventiva Central.

CARLOS PINTO TORRES

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1 AGÜERO

Este artículo se aboca a aquellas empresas que proveen servicios eléctricos y al proceso que se desarrolla para la ¿jación de sus tarifas; trabajo que tiene como objetivo dar una descripción del panorama institucional en el que se desarrolla la ¿jación de las tarifas eléctricas y un análisis jurisprudencial de las materias más conÀictivas que han ocurrido en dicho ámbito.

Un acercamiento histórico permite a¿rmar que desde la aplicación industrial a gran escala de la electricidad a mediados del siglo XIX se ge-

I. INTRODUCCIÓN

II. HISTORIA LEGISLATIVA EN MATERIA ELÉCTRICA

De lo que se desprende de las leyes que regulan los servicios eléctricos, las tarifas constituyen los precios a los que están sujetos los servicios de utilidad pública que regula la ley. La tarifa, en este sentido, constituye un precio máximo ¿jado por la autoridad administrativa para la prestación del respectivo servicio o suministro.

Como consecuencia de esto, se señala que, al ser una tarifa una norma legal, constituye un acto administrativo normativo, de naturaleza reglamentaria1, y por tanto, impugnable desde el punto de vista jurisdiccional. A su vez, como precio, debe cumplir con los requisitos de ser en dinero, real y determinado o determinable; además, al enmarcarse en un mercado regulado debe ser periódico, público, no discriminatorio y ajustado a derecho, en opinión de la extinta Comisión Preventiva Central.2

Dado el carácter de poca competitividad que se da en el mercado eléctrico (discutible en el ámbito de la generación) se estima necesaria la ¿jación por parte del Estado del precio máximo cobrado por las empresas eléctricas a los usuarios, por la prestación que éstas les brindan. De lo anterior se desprende el carácter dual de la naturaleza jurídica de la tarifa, tanto como norma jurídica (al ser una norma obligatoria) como un precio.

Dado el carácter de poca competitividad que se da en el mercado eléctrico (discutible en el ámbito de la generación) se estima necesaria la ¿jación por parte del Estado del precio máximo cobrado por las empresas eléctricas a los usuarios, por la prestación que éstas les brindan. De lo anterior se desprende el carácter dual de la naturaleza jurídica de la tarifa, tanto como norma jurídica (al ser una norma obligatoria) como un precio.

Como consecuencia de esto, se señala que, al ser una tarifa una norma legal, constituye un acto administrativo normativo, de naturaleza reglamentaria1, y por tanto, impugnable desde el punto de vista jurisdiccional. A su vez, como precio, debe cumplir con los requisitos de ser en dinero, real y determinado o determinable; además, al enmarcarse en un mercado regulado debe ser periódico, público, no discriminatorio y ajustado a derecho, en opinión de la extinta Comisión Preventiva Central.2

De lo que se desprende de las leyes que regulan los servicios eléctricos, las tarifas constituyen los precios a los que están sujetos los servicios de utilidad pública que regula la ley. La tarifa, en este sentido, constituye un precio máximo ¿jado por la autoridad administrativa para la prestación del respectivo servicio o suministro.

II. HISTORIA LEGISLATIVA EN MATERIA ELÉCTRICA

I. INTRODUCCIÓN

Un acercamiento histórico permite a¿rmar que desde la aplicación industrial a gran escala de la electricidad a mediados del siglo XIX se ge-

Este artículo se aboca a aquellas empresas que proveen servicios eléctricos y al proceso que se desarrolla para la ¿jación de sus tarifas; trabajo que tiene como objetivo dar una descripción del panorama institucional en el que se desarrolla la ¿jación de las tarifas eléctricas y un análisis jurisprudencial de las materias más conÀictivas que han ocurrido en dicho ámbito.

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neró la necesidad de una legislación que enfrentara esta nueva realidad, lo su¿cientemente compleja como para no poder ser abarcada por la normativa existente. Si bien, los primeros cuerpos legales fueron en un principio breves y acotados a materias especí¿cas, se puede decir que la regulación eléctrica propiamente tal existe desde la dictación del D.L. Nº 252 de 1925, normativa en la cual comienzan a tratarse de modo más integral las prerrogativas otorgadas por la Administración a los desarrolladores de la actividad de suministro eléctrico, como son el otorgamiento de servidumbres y concesiones. La ¿gura de la servidumbre eléctrica se erige en estos términos como una institución dentro de los servicios eléctricos que se ha mantenido casi invariable hasta el día de hoy. El año 1931 se dictó el D.F.L. Nº 244 y sigue en términos generales los principios impuestos por el decreto ley anterior. En este cuerpo legal hacen su entrada las empresas públicas, nueva realidad que en el decreto anterior no se recogía, debido a que los servicios eléctricos eran efectuados por privados, en su mayoría. Se de¿nen, además, los alcances de las indemnizaciones por soportar servidumbres eléctricas en los predios, todo esto mediante una “Comisión de Hombres Buenos”, así como a través mecanismos de reclamo de avalúos. En 1959 se dicta el D.F.L. Nº 4, dentro del cual se hace más evidente la participación del Estado en el sector eléctrico. En cuanto a innovaciones introducidas por esta ley se cuentan el principio de la gratuidad del uso de terrenos públicos para todo tipo de concesión eléctrica, recogido en regulaciones posteriores y la existencia de una comisión de tarifas que ¿jaba indexaciones y precios máximos con el objeto de establecer un tope de utilidad anual del 10% al prestador del servicio. Con el nuevo sistema económico imperante en Chile a partir de mediados de la década de 1970, se hizo necesaria una nueva regulación del sector eléctrico. En 1980 se creó la Comisión Nacional de Energía (CNE), en 1982 se dicta la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y en 1985 se crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ejes institucionales de la nueva realidad en el mercado de la electricidad. Durante la década de 1980 se comenzó una progresiva privatización de las empresas eléctricas, hasta ese momento en manos del Estado.

Con el nuevo sistema económico imperante en Chile a partir de mediados de la década de 1970, se hizo necesaria una nueva regulación del sector eléctrico. En 1980 se creó la Comisión Nacional de Energía (CNE), en 1982 se dicta la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y en 1985 se crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ejes institucionales de la nueva realidad en el mercado de la electricidad. Durante la década de 1980 se comenzó una progresiva privatización de las empresas eléctricas, hasta ese momento en manos del Estado. En 1959 se dicta el D.F.L. Nº 4, dentro del cual se hace más evidente la participación del Estado en el sector eléctrico. En cuanto a innovaciones introducidas por esta ley se cuentan el principio de la gratuidad del uso de terrenos públicos para todo tipo de concesión eléctrica, recogido en regulaciones posteriores y la existencia de una comisión de tarifas que ¿jaba indexaciones y precios máximos con el objeto de establecer un tope de utilidad anual del 10% al prestador del servicio. Se de¿nen, además, los alcances de las indemnizaciones por soportar servidumbres eléctricas en los predios, todo esto mediante una “Comisión de Hombres Buenos”, así como a través mecanismos de reclamo de avalúos. El año 1931 se dictó el D.F.L. Nº 244 y sigue en términos generales los principios impuestos por el decreto ley anterior. En este cuerpo legal hacen su entrada las empresas públicas, nueva realidad que en el decreto anterior no se recogía, debido a que los servicios eléctricos eran efectuados por privados, en su mayoría. neró la necesidad de una legislación que enfrentara esta nueva realidad, lo su¿cientemente compleja como para no poder ser abarcada por la normativa existente. Si bien, los primeros cuerpos legales fueron en un principio breves y acotados a materias especí¿cas, se puede decir que la regulación eléctrica propiamente tal existe desde la dictación del D.L. Nº 252 de 1925, normativa en la cual comienzan a tratarse de modo más integral las prerrogativas otorgadas por la Administración a los desarrolladores de la actividad de suministro eléctrico, como son el otorgamiento de servidumbres y concesiones. La ¿gura de la servidumbre eléctrica se erige en estos términos como una institución dentro de los servicios eléctricos que se ha mantenido casi invariable hasta el día de hoy. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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VERGARA (2004), pp. 63 y ss.

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Así, los criterios de mercado se incorporan con mayor fuerza en la nueva institucionalidad eléctrica y la participación de privados en el área es preponderante. Sin embargo, la distribución se regirá a través de otros estándares, en la imposibilidad de aplicar criterios de mercado para su regulación. De esta manera, el sector eléctrico busca ser más competitivo, menos burocrático y con un rol del Estado acotado al diseño y control del marco regulatorio y las normativas requeridas para su correcto funcionamiento.

Existiendo una publi¿cación de la actividad eléctrica, dada por las características especiales de ésta, entre las que se cuentan su condición de monopolio natural, su condición de servicio indispensable y la ¿gura de la concesión, a través de la cual se otorgan una serie de derechos, se hace necesaria la intervención de la Administración, la que ¿ja los marcos en los cuales los privados deben moverse. Sin embargo, esto siempre debe darse en la presencia de otros principios como son la libertad de empresa y los derechos anexos que tienen los agentes económicos en un sistema de libre mercado.3

La nueva ley permite un ingreso más expedito de nuevos actores, especialmente en lo referido a la generación y transporte de la energía, a través de la posibilidad de superponer concesiones. Asimismo, se introducen algunas modi¿caciones en lo que respecta a la regulación de las tarifas.

La Administración, a través de su potestad prestacional, ha transitado desde un servicio público totalmente desarrollado por el Estado, a ser garante de los estándares de calidad del servicio y velar por el interés general a través de la regulación de los servicios entregados por privados, dejando de lado la prestación misma de la actividad.

De manera reciente se han incorporado nuevas reformas a la Ley Eléctrica en el sentido de fortalecer el rol ¿scalizador del Estado, otorgar al subsector de transmisión eléctrica el carácter de servicio público, crear el Panel de Expertos, promover las energías renovables no convencionales y, recientemente, crear el Ministerio de Energía.

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA TARIFICACIÓN ELÉCTRICA

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA TARIFICACIÓN ELÉCTRICA

De manera reciente se han incorporado nuevas reformas a la Ley Eléctrica en el sentido de fortalecer el rol ¿scalizador del Estado, otorgar al subsector de transmisión eléctrica el carácter de servicio público, crear el Panel de Expertos, promover las energías renovables no convencionales y, recientemente, crear el Ministerio de Energía.

La Administración, a través de su potestad prestacional, ha transitado desde un servicio público totalmente desarrollado por el Estado, a ser garante de los estándares de calidad del servicio y velar por el interés general a través de la regulación de los servicios entregados por privados, dejando de lado la prestación misma de la actividad.

La nueva ley permite un ingreso más expedito de nuevos actores, especialmente en lo referido a la generación y transporte de la energía, a través de la posibilidad de superponer concesiones. Asimismo, se introducen algunas modi¿caciones en lo que respecta a la regulación de las tarifas.

Existiendo una publi¿cación de la actividad eléctrica, dada por las características especiales de ésta, entre las que se cuentan su condición de monopolio natural, su condición de servicio indispensable y la ¿gura de la concesión, a través de la cual se otorgan una serie de derechos, se hace necesaria la intervención de la Administración, la que ¿ja los marcos en los cuales los privados deben moverse. Sin embargo, esto siempre debe darse en la presencia de otros principios como son la libertad de empresa y los derechos anexos que tienen los agentes económicos en un sistema de libre mercado.3

Así, los criterios de mercado se incorporan con mayor fuerza en la nueva institucionalidad eléctrica y la participación de privados en el área es preponderante. Sin embargo, la distribución se regirá a través de otros estándares, en la imposibilidad de aplicar criterios de mercado para su regulación. De esta manera, el sector eléctrico busca ser más competitivo, menos burocrático y con un rol del Estado acotado al diseño y control del marco regulatorio y las normativas requeridas para su correcto funcionamiento.

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Dadas las características del mercado eléctrico, es necesario hacer una distinción entre lo que ocurre con la generación eléctrica y la transmisión, por un lado y la distribución, por otro. Por su especial condición de monopolio natural, esta última es objeto de una mayor regulación por parte de la Administración y tiene el carácter de servicio público, régimen que ha sido extendido últimamente a la transmisión, con objeto de asegurar la seguridad del sistema. En concreto, la labor de la Administración se mani¿esta de diversas maneras en esta materia, a través del sistema concesional en la distribución de energía eléctrica, la ¿jación de precios y tarifas que es materia de este trabajo, el otorgamiento de ciertos privilegios, como el uso de bienes públicos, derechos de servidumbres, así como los derechos de explotación que garantizan las concesiones. IV. ÓRGANOS INTERVINIENTES EN LA REGULACIÓN TARIFARIA

La Comisión Nacional de Energía (CNE) fue creada en el año 1978 mediante el D.L. Nº 2.224 y modi¿cada por la ley que creó el Ministerio de Energía y es el órgano encargado de “analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, Comisión Nacional de Energía Además interviene directamente en la plani¿cación de las políticas generales en materia eléctrica, a través de las leyes y reglamentos que se coordinan en esta Secretaría de Estado. De un modo más concreto, el Ministerio de Energía tiene una intervención directa en la ¿jación de precios de la electricidad a través de la dictación del decreto tarifario, según se señala en el artículo 92 de la LGSE. El Ministerio de Energía, creado a partir de la Ley N° 20.402 de 2009, es el órgano más relevante en la regulación del sector eléctrico en Chile. Él es el encargado de elaborar los planes y políticas en materia eléctrica, además de velar por el cumplimiento de las regulaciones en dicha materia y asesorar a los distintos órganos del Estado en dicho ámbito. Ministerio de Energía

Ministerio de Energía

IV. ÓRGANOS INTERVINIENTES EN LA REGULACIÓN TARIFARIA

El Ministerio de Energía, creado a partir de la Ley N° 20.402 de 2009, es el órgano más relevante en la regulación del sector eléctrico en Chile. Él es el encargado de elaborar los planes y políticas en materia eléctrica, además de velar por el cumplimiento de las regulaciones en dicha materia y asesorar a los distintos órganos del Estado en dicho ámbito. Además interviene directamente en la plani¿cación de las políticas generales en materia eléctrica, a través de las leyes y reglamentos que se coordinan en esta Secretaría de Estado. De un modo más concreto, el Ministerio de Energía tiene una intervención directa en la ¿jación de precios de la electricidad a través de la dictación del decreto tarifario, según se señala en el artículo 92 de la LGSE. Comisión Nacional de Energía La Comisión Nacional de Energía (CNE) fue creada en el año 1978 mediante el D.L. Nº 2.224 y modi¿cada por la ley que creó el Ministerio de Energía y es el órgano encargado de “analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación,

En concreto, la labor de la Administración se mani¿esta de diversas maneras en esta materia, a través del sistema concesional en la distribución de energía eléctrica, la ¿jación de precios y tarifas que es materia de este trabajo, el otorgamiento de ciertos privilegios, como el uso de bienes públicos, derechos de servidumbres, así como los derechos de explotación que garantizan las concesiones. Dadas las características del mercado eléctrico, es necesario hacer una distinción entre lo que ocurre con la generación eléctrica y la transmisión, por un lado y la distribución, por otro. Por su especial condición de monopolio natural, esta última es objeto de una mayor regulación por parte de la Administración y tiene el carácter de servicio público, régimen que ha sido extendido últimamente a la transmisión, con objeto de asegurar la seguridad del sistema. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica”, según lo expresa el inciso 2 del artículo 6º del decreto ley que la creó. En el nuevo orden institucional generado a partir de la creación del Ministerio, la CNE tiene la labor de la supervigilancia económica en materias de energía, excluyendo de su conocimiento el diseño institucional de las políticas y planes energéticos, que quedan hoy en manos de la Secretaría de Estado.

El Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos es un órgano colegiado autónomo creado en el año 2004 por la Ley Nº 19.940, de competencia estricta y reglada. Su función es pronunciarse, mediante dictámenes de efecto vinculante, sobre aquellas discrepancias y conÀictos que, conforme a la ley, se susciten con motivo de la aplicación de la legislación eléctrica y que las empresas eléctricas sometan a su conocimiento y que tengan relación con las bases técnicas de los sistemas de transmisión troncal, subtransmisión, aplicación de régimen de acceso abierto en sistemas adicionales de transporte, ¿jación de peaje de distribución, determinación de los costos de explotación, ¿jación del VNR, entre otros.4

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

Panel del Expertos

La SEC cumple un rol de ¿scalización de los agentes eléctricos y vela por el cumplimiento de las normas que se les aplican. Entre sus funciones especí¿cas se cuentan la de ¿scalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, veri¿car la calidad de los servicios prestados que las operaciones y uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas.

Aplicar e interpretar administrativamente las normas legales, corregir de¿ciencias en relación al cumplimiento de las leyes, requerir información para el ejercicio de sus funciones, así como ¿scalizar preventivamente en lo que respecta a los costos de explotación y VNR.

Aplicar e interpretar administrativamente las normas legales, corregir de¿ciencias en relación al cumplimiento de las leyes, requerir información para el ejercicio de sus funciones, así como ¿scalizar preventivamente en lo que respecta a los costos de explotación y VNR.

La SEC cumple un rol de ¿scalización de los agentes eléctricos y vela por el cumplimiento de las normas que se les aplican. Entre sus funciones especí¿cas se cuentan la de ¿scalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, veri¿car la calidad de los servicios prestados que las operaciones y uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas.

Panel del Expertos

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

El Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos es un órgano colegiado autónomo creado en el año 2004 por la Ley Nº 19.940, de competencia estricta y reglada. Su función es pronunciarse, mediante dictámenes de efecto vinculante, sobre aquellas discrepancias y conÀictos que, conforme a la ley, se susciten con motivo de la aplicación de la legislación eléctrica y que las empresas eléctricas sometan a su conocimiento y que tengan relación con las bases técnicas de los sistemas de transmisión troncal, subtransmisión, aplicación de régimen de acceso abierto en sistemas adicionales de transporte, ¿jación de peaje de distribución, determinación de los costos de explotación, ¿jación del VNR, entre otros.4

transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica”, según lo expresa el inciso 2 del artículo 6º del decreto ley que la creó. En el nuevo orden institucional generado a partir de la creación del Ministerio, la CNE tiene la labor de la supervigilancia económica en materias de energía, excluyendo de su conocimiento el diseño institucional de las políticas y planes energéticos, que quedan hoy en manos de la Secretaría de Estado.

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V. TIPOS DE TARIFAS La LGSE distingue entre precios regulados y precios libres. En su artículo 147 se señala que están sujetos a ¿jación de precios: “1.- Los suministros a usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kilowatts, ubicados en zonas de concesión de servicio público de distribución o que se conecten mediante líneas de su propiedad o de terceros a las instalaciones de distribución de la respectiva concesionaria; 2.- Los suministros a usuarios finales de potencia conectada inferior o igual a 2.000 kilowatts, efectuados desde instalaciones de generación o transporte de una empresa eléctrica, en sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación; 3.- Los suministros que se efectúen a empresas eléctricas que no dispongan de generación propia, en la proporción en que estas últimas efectúen a su vez suministros sometidos a fijación de precios. Lo anterior cuando se trate de sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, y 4.- Los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de servicio público que, mediante resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada a solicitud de la Superintendencia o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria. No obstante, los suministros a que se refieren los números 1 y 2 anteriores podrán ser contratados a precios libres cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando se trate de servicio por menos de doce meses; b) Cuando se trate de calidades especiales de servicio a que se refiere el inciso segundo del artículo 130º; c) Cuando el momento de carga del cliente respecto de la subestación de distribución primaria sea superior a 20 megawatts-kilómetro, y d) Cuando la potencia conectada del usuario final sea superior a 500 kilowatts. En este caso, el usuario final tendrá derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de precio libre, por un período mínimo de cuatro años de permanencia en cada régimen. El cambio de opción deberá ser comunicado a la concesionaria de distribución con una antelación de, al menos, 12 meses. El Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.

Por el contrario, se ha considerado que no están sujetos a ¿jación de precios aquellos suministros a usuarios cuya potencia conectada es superior a los 2.000 kilowatts, por cuanto se entiende que éstos se encuentran en una mejor posición para negociar con las empresas eléctricas las tarifas a las

Por el contrario, se ha considerado que no están sujetos a ¿jación de precios aquellos suministros a usuarios cuya potencia conectada es superior a los 2.000 kilowatts, por cuanto se entiende que éstos se encuentran en una mejor posición para negociar con las empresas eléctricas las tarifas a las “1.- Los suministros a usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kilowatts, ubicados en zonas de concesión de servicio público de distribución o que se conecten mediante líneas de su propiedad o de terceros a las instalaciones de distribución de la respectiva concesionaria; 2.- Los suministros a usuarios finales de potencia conectada inferior o igual a 2.000 kilowatts, efectuados desde instalaciones de generación o transporte de una empresa eléctrica, en sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación; 3.- Los suministros que se efectúen a empresas eléctricas que no dispongan de generación propia, en la proporción en que estas últimas efectúen a su vez suministros sometidos a fijación de precios. Lo anterior cuando se trate de sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, y 4.- Los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de servicio público que, mediante resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada a solicitud de la Superintendencia o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria. No obstante, los suministros a que se refieren los números 1 y 2 anteriores podrán ser contratados a precios libres cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando se trate de servicio por menos de doce meses; b) Cuando se trate de calidades especiales de servicio a que se refiere el inciso segundo del artículo 130º; c) Cuando el momento de carga del cliente respecto de la subestación de distribución primaria sea superior a 20 megawatts-kilómetro, y d) Cuando la potencia conectada del usuario final sea superior a 500 kilowatts. En este caso, el usuario final tendrá derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de precio libre, por un período mínimo de cuatro años de permanencia en cada régimen. El cambio de opción deberá ser comunicado a la concesionaria de distribución con una antelación de, al menos, 12 meses. El Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.

La LGSE distingue entre precios regulados y precios libres. En su artículo 147 se señala que están sujetos a ¿jación de precios: V. TIPOS DE TARIFAS BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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En el caso de los precios de energía, éstos corresponden al promedio de los costos marginales en el sistema mediante un sistema de cálculo que considera el costo mínimo de la operación en un determinado período de

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El precio de nudo promedio, por su parte, es aquel que se paga a las generadoras de electricidad por las empresas distribuidoras. Este precio de nudo promedio, de acuerdo a las últimas modi¿caciones legislativas, corresponde a un valor ponderado de los precios de nudo de largo plazo de energía (PNELP) y potencia (PNPLP) y precios de nudo de corto plazo de energía (PNECP) y potencia de punta (PNPCP). Los primeros son aquellos que debe pagar una empresa concesionaria de distribución a su suministrador en virtud de un contrato de suministro suscrito a partir de licitaciones públicas y los segundos son los precios a nivel de generacióntransporte que son ¿jados semestralmente, en los meses de abril y octubre por la CNE, calculando en base a los costos marginales de satisfacer las demandas en todas las subestaciones de entrega a las redes de distribución de electricidad. Para ello tiene en consideración variables coyunturales, tales como la situación hidrológica, variaciones de la demanda, precio de los combustibles y otros.

cuales serán sometidos, al ponderar el costo que tiene generar autónomamente su energía u obtenerla de dichas empresas, por lo que, en de¿nitiva, se intenta regular las tarifas de aquellos usuarios que no tienen el poder de negociación su¿ciente para acceder a una tarifa idónea.

Los precios de transferencia entre generadores corresponden a los costos marginales de corto plazo, los cuales son calculados por los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) de cada sistema interconectado. Cada CDEC calcula dichos costos marginales en base a la operación óptima del sistema, valorando las transferencias de electricidad entre las empresas, así como el pago que éstos hacen a los propietarios del sistema de transmisión.

Es importante señalar que las tarifas que acuerden las empresas eléctricas con los usuarios libres deberán ser informadas y servirán como una de las referencias para la ¿jación del precio de nudo.

Precios de generación y transporte. Precios de Nudo

Precios de generación y transporte. Precios de Nudo

Es importante señalar que las tarifas que acuerden las empresas eléctricas con los usuarios libres deberán ser informadas y servirán como una de las referencias para la ¿jación del precio de nudo.

Los precios de transferencia entre generadores corresponden a los costos marginales de corto plazo, los cuales son calculados por los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) de cada sistema interconectado. Cada CDEC calcula dichos costos marginales en base a la operación óptima del sistema, valorando las transferencias de electricidad entre las empresas, así como el pago que éstos hacen a los propietarios del sistema de transmisión.

cuales serán sometidos, al ponderar el costo que tiene generar autónomamente su energía u obtenerla de dichas empresas, por lo que, en de¿nitiva, se intenta regular las tarifas de aquellos usuarios que no tienen el poder de negociación su¿ciente para acceder a una tarifa idónea.

El precio de nudo promedio, por su parte, es aquel que se paga a las generadoras de electricidad por las empresas distribuidoras. Este precio de nudo promedio, de acuerdo a las últimas modi¿caciones legislativas, corresponde a un valor ponderado de los precios de nudo de largo plazo de energía (PNELP) y potencia (PNPLP) y precios de nudo de corto plazo de energía (PNECP) y potencia de punta (PNPCP). Los primeros son aquellos que debe pagar una empresa concesionaria de distribución a su suministrador en virtud de un contrato de suministro suscrito a partir de licitaciones públicas y los segundos son los precios a nivel de generacióntransporte que son ¿jados semestralmente, en los meses de abril y octubre por la CNE, calculando en base a los costos marginales de satisfacer las demandas en todas las subestaciones de entrega a las redes de distribución de electricidad. Para ello tiene en consideración variables coyunturales, tales como la situación hidrológica, variaciones de la demanda, precio de los combustibles y otros.

CARLOS PINTO TORRES

En el caso de los precios de energía, éstos corresponden al promedio de los costos marginales en el sistema mediante un sistema de cálculo que considera el costo mínimo de la operación en un determinado período de

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EVANS (2003), p. 225.

BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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http://www.cne.cl/cnewww/opencms/07_Tari¿cacion/01_Electricidad/Otros/Precios_ nudo/precio_nudo_promedio/precio_nudo_promedio.html 6

5 AGÜERO

(2003), p. 415.

Las tarifas de distribución se determinan sobre la base de los precios de nudo del nivel generación transporte, del cargo único por concepto del uso de instalaciones de transporte y por el valor agregado por concepto de costos de distribución, combinándolos de tal manera que el precio resultante corresponda al costo de la utilización por parte del usuario de los recursos a nivel de producción, transporte y distribución empleados. Precios de distribución Los costos que le son retribuidos a los dueños del propietario de la línea de transmisión incluyen un costo anual ligado a la inversión, tomando como base el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) en base a una vida útil no inferior a los 20 años y una tasa de actualización igual a la que se utiliza en el cálculo de los precios de nudo. Asimismo, incluye los costos anuales por explotación de instalaciones.7 Existen los llamados costos de transmisión que son aquellos que deben pagar las empresas eléctricas por hacer uso de las instalaciones al inyectar energía y potencia al sistema, así como retiros de las mismas para comercializarla con las empresas distribuidoras o clientes ¿nales (art. 78 LGSE). Estos precios son liquidados por la Dirección de Peajes del respectivo CDEC. A nivel reglamentario se regulan los peajes por el uso de instalaciones de distribución. Precios de transmisión tiempo. Por su parte, el precio de la potencia de punta considera el costo de aumentar la capacidad instalada del sistema, teniendo en consideración las unidades generadoras más económicas, determinadas para suministrar potencia en las horas de mayor demanda, todo sobre una base anual. La determinación respectiva se calcula en cada subestación. 5-6 BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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tiempo. Por su parte, el precio de la potencia de punta considera el costo de aumentar la capacidad instalada del sistema, teniendo en consideración las unidades generadoras más económicas, determinadas para suministrar potencia en las horas de mayor demanda, todo sobre una base anual. La determinación respectiva se calcula en cada subestación. 5-6 Precios de transmisión Existen los llamados costos de transmisión que son aquellos que deben pagar las empresas eléctricas por hacer uso de las instalaciones al inyectar energía y potencia al sistema, así como retiros de las mismas para comercializarla con las empresas distribuidoras o clientes ¿nales (art. 78 LGSE). Estos precios son liquidados por la Dirección de Peajes del respectivo CDEC. A nivel reglamentario se regulan los peajes por el uso de instalaciones de distribución. Los costos que le son retribuidos a los dueños del propietario de la línea de transmisión incluyen un costo anual ligado a la inversión, tomando como base el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) en base a una vida útil no inferior a los 20 años y una tasa de actualización igual a la que se utiliza en el cálculo de los precios de nudo. Asimismo, incluye los costos anuales por explotación de instalaciones.7 Precios de distribución Las tarifas de distribución se determinan sobre la base de los precios de nudo del nivel generación transporte, del cargo único por concepto del uso de instalaciones de transporte y por el valor agregado por concepto de costos de distribución, combinándolos de tal manera que el precio resultante corresponda al costo de la utilización por parte del usuario de los recursos a nivel de producción, transporte y distribución empleados.

5 AGÜERO

(2003), p. 415.

6 http://www.cne.cl/cnewww/opencms/07_Tari¿cacion/01_Electricidad/Otros/Precios_ nudo/precio_nudo_promedio/precio_nudo_promedio.html 7

EVANS (2003), p. 225.

CARLOS PINTO TORRES

“El VNR se calculará cada cuatro años, en el año anterior al cual corresponda efectuar una fijación de fórmulas tarifarias. Para tal efecto, antes del treinta de junio del año respectivo, el concesionario comunicará a la Superintendencia el VNR correspondiente a las instalaciones de distribución de su concesión, acompañado de un informe auditado. La Superintendencia fijará el VNR, para lo cual podrá aceptar o modificar el valor comunicado por la empresa, en el plazo de tres meses. De no existir acuerdo entre el concesionario y la Superintendencia, el VNR será determinado por el panel de expertos. Los expertos deberán pronunciarse sobre el VNR antes del 31 de diciembre del año respectivo. A falta de comunicación del VNR y del informe auditado, este valor será

370

El Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) comprende los costos de renovación de todas las obras, instalaciones y bienes físicos que brindan el servicio de distribución eléctrica. El VNR es determinado por la SEC cada cuatro años, mediante la información que remiten las mismas empresas a la Superintendencia antes del 31 de junio de cada año, que luego veri¿ca y reconoce o modi¿ca dicho valor en el plazo de 3 meses. Dicho procedimiento está detallado en el artículo 195 de la LGSE, que señala:

A este respecto, el artículo 181 de la LGSE señala que

Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)

“la estructura de los precios a nivel de distribución considerará los precios de nudo establecidos en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, y del cargo único por concepto de uso del sistema de transmisión troncal, señalado en la letra a) del artículo 102 y el valor agregado por concepto de costos de distribución, adicionándolos a través de fórmulas que representen una combinación de dichos valores…”.

Estas tarifas son ¿jadas cada cuatro años por la CNE en base a un determinado número de áreas típicas que son ¿jadas por la misma Comisión y en el proceso de ¿jación, participan tanto las empresas distribuidoras como las consultoras especializadas a las que recurren ambos participantes, quienes valorizan los componentes de los costos de distribución en base a una empresa modelo y un supuesto de e¿ciencia en las inversiones y gestión de cada empresa distribuidora. A esto cabe agregar que de esta determinación quedan excluidos aquellos clientes que tienen libertad para ¿jar sus tarifas.

Estas tarifas son ¿jadas cada cuatro años por la CNE en base a un determinado número de áreas típicas que son ¿jadas por la misma Comisión y en el proceso de ¿jación, participan tanto las empresas distribuidoras como las consultoras especializadas a las que recurren ambos participantes, quienes valorizan los componentes de los costos de distribución en base a una empresa modelo y un supuesto de e¿ciencia en las inversiones y gestión de cada empresa distribuidora. A esto cabe agregar que de esta determinación quedan excluidos aquellos clientes que tienen libertad para ¿jar sus tarifas.

“la estructura de los precios a nivel de distribución considerará los precios de nudo establecidos en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, y del cargo único por concepto de uso del sistema de transmisión troncal, señalado en la letra a) del artículo 102 y el valor agregado por concepto de costos de distribución, adicionándolos a través de fórmulas que representen una combinación de dichos valores…”.

Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)

A este respecto, el artículo 181 de la LGSE señala que

El Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) comprende los costos de renovación de todas las obras, instalaciones y bienes físicos que brindan el servicio de distribución eléctrica. El VNR es determinado por la SEC cada cuatro años, mediante la información que remiten las mismas empresas a la Superintendencia antes del 31 de junio de cada año, que luego veri¿ca y reconoce o modi¿ca dicho valor en el plazo de 3 meses. Dicho procedimiento está detallado en el artículo 195 de la LGSE, que señala:

CARLOS PINTO TORRES

“El VNR se calculará cada cuatro años, en el año anterior al cual corresponda efectuar una fijación de fórmulas tarifarias. Para tal efecto, antes del treinta de junio del año respectivo, el concesionario comunicará a la Superintendencia el VNR correspondiente a las instalaciones de distribución de su concesión, acompañado de un informe auditado. La Superintendencia fijará el VNR, para lo cual podrá aceptar o modificar el valor comunicado por la empresa, en el plazo de tres meses. De no existir acuerdo entre el concesionario y la Superintendencia, el VNR será determinado por el panel de expertos. Los expertos deberán pronunciarse sobre el VNR antes del 31 de diciembre del año respectivo. A falta de comunicación del VNR y del informe auditado, este valor será

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BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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fijado por la Superintendencia antes del 31 de diciembre de ese año. En el plazo que medie entre dos fijaciones de VNR, éste será aumentado o rebajado en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor”.

En este sentido, el Panel de Expertos de la LGSE, es el llamado a dirimir las discrepancias suscitadas en su determinación. En cuanto al procedimiento de su conocimiento por parte del Panel, éste se ha pronunciado señalando que “la determinación del VNR es un proceso complejo, organizado en etapas sucesivas, que incluyen la formación del inventario y su actualización periódica, y la determinación del valor de éste, que deben realizarse en las oportunidades y forma establecidas en la normativa vigente. Particularmente, estos procesos deben ceñirse a los sistemas de cuentas e instrucciones que determine la Superintendencia –que incluirán la metodología, la forma y los medios de presentación de la información– las cuales deben ser dadas a conocer por ésta con al menos seis meses de anticipación a la fecha máxima en que las empresas deben presentar su inventario valorizado”.8 Al aprobar las modi¿caciones legales en las cuales se incluyó la facultad del Panel de Expertos de ver las discrepancias suscitadas entre la Autoridad y las empresas eléctricas, se argumentó que esto contribuiría a mejorar la transparencia de la información de sustento del proceso tarifario completo.9 VI. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS DE LAS TARIFAS Los procedimientos mediante los cuales se regulan las tarifas que rigen el mercado eléctrico chileno están estrechamente relacionados con la clasi¿cación de tipos de tarifas descrita en este trabajo, por lo tanto, cabe realizar un análisis de acuerdo al esquema expuesto. Procedimiento de los precios de nudo Los precios de nudo son ¿jados por la CNE cada semestre. En el artículo 162 de la LGSE se detalla el procedimiento que consiste en que la CNE 8

Panel de Expertos, Dictamen Nº 8-2007.

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Cámara de Diputados. Boletín Nº 5511-03.

Cámara de Diputados. Boletín Nº 5511-03.

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Panel de Expertos, Dictamen Nº 8-2007.

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Los precios de nudo son ¿jados por la CNE cada semestre. En el artículo 162 de la LGSE se detalla el procedimiento que consiste en que la CNE Procedimiento de los precios de nudo Los procedimientos mediante los cuales se regulan las tarifas que rigen el mercado eléctrico chileno están estrechamente relacionados con la clasi¿cación de tipos de tarifas descrita en este trabajo, por lo tanto, cabe realizar un análisis de acuerdo al esquema expuesto. VI. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS DE LAS TARIFAS Al aprobar las modi¿caciones legales en las cuales se incluyó la facultad del Panel de Expertos de ver las discrepancias suscitadas entre la Autoridad y las empresas eléctricas, se argumentó que esto contribuiría a mejorar la transparencia de la información de sustento del proceso tarifario completo.9 En este sentido, el Panel de Expertos de la LGSE, es el llamado a dirimir las discrepancias suscitadas en su determinación. En cuanto al procedimiento de su conocimiento por parte del Panel, éste se ha pronunciado señalando que “la determinación del VNR es un proceso complejo, organizado en etapas sucesivas, que incluyen la formación del inventario y su actualización periódica, y la determinación del valor de éste, que deben realizarse en las oportunidades y forma establecidas en la normativa vigente. Particularmente, estos procesos deben ceñirse a los sistemas de cuentas e instrucciones que determine la Superintendencia –que incluirán la metodología, la forma y los medios de presentación de la información– las cuales deben ser dadas a conocer por ésta con al menos seis meses de anticipación a la fecha máxima en que las empresas deben presentar su inventario valorizado”.8 fijado por la Superintendencia antes del 31 de diciembre de ese año. En el plazo que medie entre dos fijaciones de VNR, éste será aumentado o rebajado en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor”. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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CARLOS PINTO TORRES

La CNE debe calcular un promedio de los valores agregados emanados de sus estudios y los de las empresas, ponderándolos en dos tercios para sus estudios y un tercio para aquellos que resultan del estudio de las empresas o el promedio de éstos, si fueron realizados individualmente por las empresas distribuidoras. Con posterioridad a este cálculo, las empresas

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La CNE ¿ja un número de áreas de distribución típicas para los cuales se calculan los componentes del valor agregado de los costos de distribución. Estos componentes se basan en estudios de costos encargados por la CNE a consultoras. Las empresas de distribución, a su vez, pueden contratar el mismo estudio a otras consultoras, de una lista que elabora la CNE. Así, la CNE puede realizar correcciones en base a la revisión de los informes.

ponga en conocimiento de las empresas de generación y transporte y los CDEC un informe técnico del cálculo de dicho precio, los primeros días de marzo y septiembre de cada año. Éstas, a su vez, deben comunicar a la CNE sus observaciones al informe técnico e informar criterios técnicos y precios de sus consumidores no sometidos a regulación de precios. La CNE puede aceptar o rechazar las observaciones, pero la ¿jación de los precios no puede estar fuera de la banda de precio de mercado establecido en el artículo 168 de la LGSE, parámetros que deben realizarse de acuerdo a criterios técnicos de¿nidos en el artículo 166 de la LGSE. La CNE comunica a las empresas eléctricas y al Ministerio de Energía los precios de nudo, este último publicará los precios de nudo a más tardar el 30 de abril y 31 octubre de cada año (art. 171 LGSE).

Procedimiento de los Precios de Distribución

Peajes de Transmisión

El artículo 199 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos (RLGSE) señala que los propietarios de instalaciones de transmisión interconectadas al respectivo sistema, deberán presentar a la Dirección de Peajes del correspondiente CDEC, sus proposiciones de los valores nuevos de reemplazo y de los costos de operación y mantenimiento aplicables al cálculo de peajes, en los distintos tramos de tales instalaciones. La CNE podrá efectuar estudios independientes en relación a los valores propuestos.

El artículo 199 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos (RLGSE) señala que los propietarios de instalaciones de transmisión interconectadas al respectivo sistema, deberán presentar a la Dirección de Peajes del correspondiente CDEC, sus proposiciones de los valores nuevos de reemplazo y de los costos de operación y mantenimiento aplicables al cálculo de peajes, en los distintos tramos de tales instalaciones. La CNE podrá efectuar estudios independientes en relación a los valores propuestos.

Peajes de Transmisión

Procedimiento de los Precios de Distribución

ponga en conocimiento de las empresas de generación y transporte y los CDEC un informe técnico del cálculo de dicho precio, los primeros días de marzo y septiembre de cada año. Éstas, a su vez, deben comunicar a la CNE sus observaciones al informe técnico e informar criterios técnicos y precios de sus consumidores no sometidos a regulación de precios. La CNE puede aceptar o rechazar las observaciones, pero la ¿jación de los precios no puede estar fuera de la banda de precio de mercado establecido en el artículo 168 de la LGSE, parámetros que deben realizarse de acuerdo a criterios técnicos de¿nidos en el artículo 166 de la LGSE. La CNE comunica a las empresas eléctricas y al Ministerio de Energía los precios de nudo, este último publicará los precios de nudo a más tardar el 30 de abril y 31 octubre de cada año (art. 171 LGSE).

La CNE ¿ja un número de áreas de distribución típicas para los cuales se calculan los componentes del valor agregado de los costos de distribución. Estos componentes se basan en estudios de costos encargados por la CNE a consultoras. Las empresas de distribución, a su vez, pueden contratar el mismo estudio a otras consultoras, de una lista que elabora la CNE. Así, la CNE puede realizar correcciones en base a la revisión de los informes.

CARLOS PINTO TORRES

La CNE debe calcular un promedio de los valores agregados emanados de sus estudios y los de las empresas, ponderándolos en dos tercios para sus estudios y un tercio para aquellos que resultan del estudio de las empresas o el promedio de éstos, si fueron realizados individualmente por las empresas distribuidoras. Con posterioridad a este cálculo, las empresas

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pueden realizar observaciones. De esta manera, con los valores agregados y los precios de nudo que correspondan, la CNE estructura un conjunto de tarifas básicas preliminares, las que serán de¿nitivas si éstas permiten a las empresas distribuidoras una tasa de rentabilidad que no supere los cuatro puntos de diferencia a la tasa de actualización de¿nida en el artículo 182 de la LGSE, que considera costos ¿jos de administración, facturación, pérdidas de energía y costos estándar de inversión y operación. Finalmente, la CNE indexa las tarifas en relación a la cada empresa y sector de distribución que cada empresa haya de¿nido. Luego le informa al Ministerio de Energía las fórmulas, junto a un informe técnico para su posterior ¿jación mediante decreto.10 VII. CONFLICTOS JURÍDICOS MÁS RELEVANTES Los problemas jurídicos que dicen relación con el derecho eléctrico, poseen los más variados alcances, que dicen relación tanto con aspectos relacionados con el derecho civil y administrativo; diferencias en los criterios técnicos utilizados para el cálculo de valores a ser considerados dentro de la estructura de precios y materias de libre competencia. Es por esta razón que tanto los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República (CGR) y paneles técnicos ad-hoc se aboquen a resolver estas diferencias. Para efectos de este artículo, merece el análisis de dictámenes de la CGR debido a que éstos tienen directa relación con el Derecho Administrativo, disciplina desde la cual se ha intentado enfocar este artículo. Mención especial merecen las discrepancias que se dirimen en el Panel de Expertos instituido por la LGSE, en el cual un panel interdisciplinario compuesto por ingenieros y abogados resuelven controversias de un alto nivel técnico, en la aplicación de la legislación eléctrica y que atañen directamente a las empresas de electricidad. Llama la atención que gran parte de la discusiones jurídicas que se alegan ante los pertinentes órganos dicen relación con la interpretación de

10 AGÜERO

(2003), pp. 424-428.

10 AGÜERO

(2003), pp. 424-428.

Llama la atención que gran parte de la discusiones jurídicas que se alegan ante los pertinentes órganos dicen relación con la interpretación de Mención especial merecen las discrepancias que se dirimen en el Panel de Expertos instituido por la LGSE, en el cual un panel interdisciplinario compuesto por ingenieros y abogados resuelven controversias de un alto nivel técnico, en la aplicación de la legislación eléctrica y que atañen directamente a las empresas de electricidad. Para efectos de este artículo, merece el análisis de dictámenes de la CGR debido a que éstos tienen directa relación con el Derecho Administrativo, disciplina desde la cual se ha intentado enfocar este artículo. Los problemas jurídicos que dicen relación con el derecho eléctrico, poseen los más variados alcances, que dicen relación tanto con aspectos relacionados con el derecho civil y administrativo; diferencias en los criterios técnicos utilizados para el cálculo de valores a ser considerados dentro de la estructura de precios y materias de libre competencia. Es por esta razón que tanto los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República (CGR) y paneles técnicos ad-hoc se aboquen a resolver estas diferencias. VII. CONFLICTOS JURÍDICOS MÁS RELEVANTES Finalmente, la CNE indexa las tarifas en relación a la cada empresa y sector de distribución que cada empresa haya de¿nido. Luego le informa al Ministerio de Energía las fórmulas, junto a un informe técnico para su posterior ¿jación mediante decreto.10 pueden realizar observaciones. De esta manera, con los valores agregados y los precios de nudo que correspondan, la CNE estructura un conjunto de tarifas básicas preliminares, las que serán de¿nitivas si éstas permiten a las empresas distribuidoras una tasa de rentabilidad que no supere los cuatro puntos de diferencia a la tasa de actualización de¿nida en el artículo 182 de la LGSE, que considera costos ¿jos de administración, facturación, pérdidas de energía y costos estándar de inversión y operación. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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CARLOS PINTO TORRES

Por otro lado, se ha puesto en conocimiento del órgano contralor ciertos reclamos referentes a la determinación de zonas típicas y al estudio de costos para la determinación de tarifas. En el Dictamen Nº 17.372 de 2009 se abordan una serie de materias que cabe analizar. En primer lugar, se discute la legalidad en la determinación de las llamadas áreas típicas (AT) realizada por un grupo de parlamentarios y una asociación de usuarios que señalan verse vulnerados al haberse realizado una clasi¿cación de áreas típicas por empresa –lo que estaría prohibido por la ley– y no por comuna, como estaba establecido con anterioridad, ante lo cual la CGR señala que “a partir del proceso tarifario del año 2000 (la CNE) efectuó un cambio de metodología en la determinación de las áreas típicas de distribución, esto es, avanzar desde una clasi¿cación “por comuna” –área geográ¿ca comprendida dentro de límites comunales– utilizada en los procesos tarifarios efectuados hasta el

374

La CGR, en diversas oportunidades, se ha visto en la necesidad de resolver a través de dictámenes, las diferencias de interpretación de la Ley y Reglamento Eléctrico entre la Administración y las empresas eléctricas. Es relevante la labor interpretativa del órgano contralor en materias como cómputo de plazos, que en temas eléctricos inciden profundamente en el proceso de tari¿cación eléctrica. En este sentido y a modo de ejemplo, la CGR en su dictamen N° 46.466 de 2006 se inclinó por mantener un criterio uniforme al considerar, luego de ser o¿ciada por la CNE que el plazo de días establecido en el artículo 172 de la LGSE es de días corridos y no hábiles, lo que tiene una gran repercusión en todo el proceso de ¿jación de tarifas, ya que no será indiferente el plazo establecido para que la Comisión calcule y comunique a las empresas eléctricas la variación en el precio de nudo producida en dicho semestre, precios que además comenzarán a tener vigencia desde que se haya realizado dicha comunicación.

los criterios técnicos que ofrece la legislación eléctrica para la determinación de valores agregados, cálculos de costos, impugnación de informes de consultoras y similares, aun cuando la legislación eléctrica es tremendamente minuciosa para regular estas materias. La existencia de órganos especializados y de carácter técnico que diriman las discrepancias de orden técnico como el Panel de Expertos ha permitido una expedita resolución de conÀictos que no podrían ser resueltos por la justicia ordinaria, dado el poco conocimiento de materias tan complejas como ésta y en un tiempo muy superior al requerido por las circunstancias.

los criterios técnicos que ofrece la legislación eléctrica para la determinación de valores agregados, cálculos de costos, impugnación de informes de consultoras y similares, aun cuando la legislación eléctrica es tremendamente minuciosa para regular estas materias. La existencia de órganos especializados y de carácter técnico que diriman las discrepancias de orden técnico como el Panel de Expertos ha permitido una expedita resolución de conÀictos que no podrían ser resueltos por la justicia ordinaria, dado el poco conocimiento de materias tan complejas como ésta y en un tiempo muy superior al requerido por las circunstancias.

La CGR, en diversas oportunidades, se ha visto en la necesidad de resolver a través de dictámenes, las diferencias de interpretación de la Ley y Reglamento Eléctrico entre la Administración y las empresas eléctricas. Es relevante la labor interpretativa del órgano contralor en materias como cómputo de plazos, que en temas eléctricos inciden profundamente en el proceso de tari¿cación eléctrica. En este sentido y a modo de ejemplo, la CGR en su dictamen N° 46.466 de 2006 se inclinó por mantener un criterio uniforme al considerar, luego de ser o¿ciada por la CNE que el plazo de días establecido en el artículo 172 de la LGSE es de días corridos y no hábiles, lo que tiene una gran repercusión en todo el proceso de ¿jación de tarifas, ya que no será indiferente el plazo establecido para que la Comisión calcule y comunique a las empresas eléctricas la variación en el precio de nudo producida en dicho semestre, precios que además comenzarán a tener vigencia desde que se haya realizado dicha comunicación.

CARLOS PINTO TORRES

Por otro lado, se ha puesto en conocimiento del órgano contralor ciertos reclamos referentes a la determinación de zonas típicas y al estudio de costos para la determinación de tarifas. En el Dictamen Nº 17.372 de 2009 se abordan una serie de materias que cabe analizar. En primer lugar, se discute la legalidad en la determinación de las llamadas áreas típicas (AT) realizada por un grupo de parlamentarios y una asociación de usuarios que señalan verse vulnerados al haberse realizado una clasi¿cación de áreas típicas por empresa –lo que estaría prohibido por la ley– y no por comuna, como estaba establecido con anterioridad, ante lo cual la CGR señala que “a partir del proceso tarifario del año 2000 (la CNE) efectuó un cambio de metodología en la determinación de las áreas típicas de distribución, esto es, avanzar desde una clasi¿cación “por comuna” –área geográ¿ca comprendida dentro de límites comunales– utilizada en los procesos tarifarios efectuados hasta el

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BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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año 1996, hacia una clasi¿cación “por empresa” –área geográ¿ca de¿nida por los límites de la zona de concesión de cada empresa– lo cual obedeció a criterios técnicos que persiguen básicamente los siguientes objetivos: 1) permitir a las empresas reales quedar representadas completamente a través de una única empresa modelo de modo de otorgar un nivel tarifario de auto¿nanciamiento e¿ciente, lo cual no necesariamente se logra con una segmentación geográ¿ca diversa que eventualmente conlleva la aplicación de más de un valor agregado de distribución a una empresa y/o a suponer que los costos e¿cientes de una empresa atendiendo una determinada zona son iguales a la agregación de los costos de más de una empresa atendiendo la misma zona, y 2) utilizar información de costos producida por la contabilidad regulatoria que la propia ley ordena construir en el segmento y no aproximaciones funcionales a una delimitación distinta”. A través de esta metodología se ha estimado establecer la de¿nición de las áreas típicas en base a un criterio de empresa y no comuna, lo que sería más e¿ciente desde el punto de vista económico, ya que de esta forma se lograría un nivel tarifario autosustentable y la información de costos estaría más relacionado a la realidad que si la clasi¿cación de las áreas típicas se realizara en base a un criterio geográ¿co. En este sentido, es muy importante comprender que tanto la LGSE, como su Reglamento y las distintas disposiciones legales en materia eléctrica buscan, a través de su regulación, alcanzar los mayores niveles de e¿ciencia económica posible. En un segundo plano, se realiza por los solicitantes una impugnación de los informes que habría utilizado la CNE en el cálculo de los valores agregados. A lo anterior es importante acotar que la ley señala un criterio de ponderación para contrastar los resultados de los informes encargados por la Comisión, promediándose éstos con los que las empresas eléctricas eventualmente encarguen a los consultores autorizados. Este mecanismo se yergue como una manera e¿ciente y transparente de diversi¿car y armonizar los puntos de vista técnicos que tienen los intervinientes en la ¿jación de las tarifas, quedando de mani¿esto el importante rol que juegan las consultoras en este terreno. Al respecto la CGR remarca que “el artículo 183 de la ley en comento (LGSE) consigna, en lo que interesa, que las componentes del valor agregado de distribución para cada área típica, se establecen sobre la base de un estudio de costos que la Comisión Nacional de Energía encarga a una empresa consultora, que las empresas concesionarias pueden encomendar también un estudio de costo a otra empresa, y que los resultados

En un segundo plano, se realiza por los solicitantes una impugnación de los informes que habría utilizado la CNE en el cálculo de los valores agregados. A lo anterior es importante acotar que la ley señala un criterio de ponderación para contrastar los resultados de los informes encargados por la Comisión, promediándose éstos con los que las empresas eléctricas eventualmente encarguen a los consultores autorizados. Este mecanismo se yergue como una manera e¿ciente y transparente de diversi¿car y armonizar los puntos de vista técnicos que tienen los intervinientes en la ¿jación de las tarifas, quedando de mani¿esto el importante rol que juegan las consultoras en este terreno. Al respecto la CGR remarca que “el artículo 183 de la ley en comento (LGSE) consigna, en lo que interesa, que las componentes del valor agregado de distribución para cada área típica, se establecen sobre la base de un estudio de costos que la Comisión Nacional de Energía encarga a una empresa consultora, que las empresas concesionarias pueden encomendar también un estudio de costo a otra empresa, y que los resultados año 1996, hacia una clasi¿cación “por empresa” –área geográ¿ca de¿nida por los límites de la zona de concesión de cada empresa– lo cual obedeció a criterios técnicos que persiguen básicamente los siguientes objetivos: 1) permitir a las empresas reales quedar representadas completamente a través de una única empresa modelo de modo de otorgar un nivel tarifario de auto¿nanciamiento e¿ciente, lo cual no necesariamente se logra con una segmentación geográ¿ca diversa que eventualmente conlleva la aplicación de más de un valor agregado de distribución a una empresa y/o a suponer que los costos e¿cientes de una empresa atendiendo una determinada zona son iguales a la agregación de los costos de más de una empresa atendiendo la misma zona, y 2) utilizar información de costos producida por la contabilidad regulatoria que la propia ley ordena construir en el segmento y no aproximaciones funcionales a una delimitación distinta”. A través de esta metodología se ha estimado establecer la de¿nición de las áreas típicas en base a un criterio de empresa y no comuna, lo que sería más e¿ciente desde el punto de vista económico, ya que de esta forma se lograría un nivel tarifario autosustentable y la información de costos estaría más relacionado a la realidad que si la clasi¿cación de las áreas típicas se realizara en base a un criterio geográ¿co. En este sentido, es muy importante comprender que tanto la LGSE, como su Reglamento y las distintas disposiciones legales en materia eléctrica buscan, a través de su regulación, alcanzar los mayores niveles de e¿ciencia económica posible. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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CARLOS PINTO TORRES

En este ámbito merece la pena analizar el fallo N° 4422-2003 de la Corte Suprema sobre la acción de reclamación interpuesta por una empresa eléctrica en contra de la avaluación realizada por la SEC de los costos de explotación, relevantes para poder calcular los precios de distribución, lo que si bien en la actualidad debiera ser una materia a ser resuelta por el Panel de Expertos, interesa analizarlo desde la interpretación que el máximo tribunal realiza del fundamento del accionar administrativo. En el caso en comento, están en discusión los costos que las empresas concesionarias deben remitir anualmente a la SEC referentes a la explotación del período del año anterior, contemplando el valor de la energía y potencia requerida para la actividad de distribución, su distribución y los costos de operación que incluyen conservación y mantenimiento, administración y generales,

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Si bien, no constituyen la vía más expedita ni idónea para llevarlas a cabo, los tribunales ordinarios también han sido la arena donde se expuesto los conÀictos de orden jurídico más relevantes en materia eléctrica. El recurso de reclamación en contra de las autoridades administrativas ha sido una fórmula para que los particulares puedan reclamar de determinados abusos de los que aleguen haber sido objeto.

de ambos son promediados por la Comisión con una ponderación de dos tercios y un tercio, respectivamente”.

Finalmente, en este mismo dictamen, la CGR deriva el conocimiento de una eventual irregularidad de cobro de tarifas superiores a las ¿jadas por ley a la SEC, no sin antes de¿nir un punto interesante en materia de ¿jación de tarifas al señalar que “las tarifas ¿jadas por la autoridad administrativa con sus respectivas indexaciones, son las máximas a cobrar a los usuarios, lo que permite ofrecer tarifas promocionales por parte de las empresas, ya sea, por ejemplo, para incentivar el ahorro de energía y/o desplazar el consumo de un horario a otro, con la limitante que no sean superiores a las ¿jadas administrativamente”. Lo anterior dice relación con que las empresas eléctricas, como agentes económicos, tienen la facultad para moverse dentro del ámbito de cobro ¿jado, debido a que las tarifas se constituyen como precios máximos, por lo tanto, se encuentran en la posibilidad de hacer cobros menores a los previstos, de manera tal que pueden intentar inÀuir en la demanda de los usuarios para una mayor e¿ciencia del uso de la energía eléctrica, mientras no vulneren el precio máximo ¿jado.

Finalmente, en este mismo dictamen, la CGR deriva el conocimiento de una eventual irregularidad de cobro de tarifas superiores a las ¿jadas por ley a la SEC, no sin antes de¿nir un punto interesante en materia de ¿jación de tarifas al señalar que “las tarifas ¿jadas por la autoridad administrativa con sus respectivas indexaciones, son las máximas a cobrar a los usuarios, lo que permite ofrecer tarifas promocionales por parte de las empresas, ya sea, por ejemplo, para incentivar el ahorro de energía y/o desplazar el consumo de un horario a otro, con la limitante que no sean superiores a las ¿jadas administrativamente”. Lo anterior dice relación con que las empresas eléctricas, como agentes económicos, tienen la facultad para moverse dentro del ámbito de cobro ¿jado, debido a que las tarifas se constituyen como precios máximos, por lo tanto, se encuentran en la posibilidad de hacer cobros menores a los previstos, de manera tal que pueden intentar inÀuir en la demanda de los usuarios para una mayor e¿ciencia del uso de la energía eléctrica, mientras no vulneren el precio máximo ¿jado.

de ambos son promediados por la Comisión con una ponderación de dos tercios y un tercio, respectivamente”.

Si bien, no constituyen la vía más expedita ni idónea para llevarlas a cabo, los tribunales ordinarios también han sido la arena donde se expuesto los conÀictos de orden jurídico más relevantes en materia eléctrica. El recurso de reclamación en contra de las autoridades administrativas ha sido una fórmula para que los particulares puedan reclamar de determinados abusos de los que aleguen haber sido objeto.

CARLOS PINTO TORRES

En este ámbito merece la pena analizar el fallo N° 4422-2003 de la Corte Suprema sobre la acción de reclamación interpuesta por una empresa eléctrica en contra de la avaluación realizada por la SEC de los costos de explotación, relevantes para poder calcular los precios de distribución, lo que si bien en la actualidad debiera ser una materia a ser resuelta por el Panel de Expertos, interesa analizarlo desde la interpretación que el máximo tribunal realiza del fundamento del accionar administrativo. En el caso en comento, están en discusión los costos que las empresas concesionarias deben remitir anualmente a la SEC referentes a la explotación del período del año anterior, contemplando el valor de la energía y potencia requerida para la actividad de distribución, su distribución y los costos de operación que incluyen conservación y mantenimiento, administración y generales,

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gravámenes y contribuciones, seguros, asesoramiento técnico y demás que la SEC considere necesarios para la explotación del servicio, según dispone el artículo 193 LGSE. Del total de los costos reportados, la SEC impugnó un ítem, por considerarlo innecesario o excesivo, pero sin fundamento o justi¿cación alguna y sin especi¿car las partidas rechazadas. La demandante señala que el o¿cio a través del cual la SEC rechaza el ítem “es arbitrario, y además, infringe la normativa legal y constitucional, toda vez que, si bien la S.E.C. tiene la facultad para rechazar los costos que considere innecesarios o la parte de ellos que considere excesivos, dicha cali¿cación no puede ser efectuada en forma caprichosa o carente de un fundamento racional, como en la especie ocurre, puesto que la S.E.C. se ha limitado sólo a señalar que comunica a la recurrente los costos rechazados por considerarse innecesarios o excesivos, los que en una tabla anexa denomina como ‘otros costos’, sin indicar a qué gastos se re¿eren. Añade que dicho actuar es contra ley, toda vez que el artículo 116 (actual art. 193) del D.F.L. Nº 1 de 1982, que faculta a la S.E.C. para rechazar costos que considere innecesarios o excesivos, exige una consideración y estimación de los que merezcan dicha calidad, de modo que no existe una meditación o reÀexión, ni exposición de juicios o razonamientos para llegar a la referida conclusión.”. Efectivamente, el actual artículo 193 LGSE en su inciso 3º parte ¿nal dispone la facultad de la SEC para rechazar los costos que considere innecesarios o excesivos, con la consecuente importancia que aquello acarreará en la determinación ¿nal sobre las tarifas de distribución. El máximo tribunal, a raíz de lo anteriormente expuesto, en el considerando sexto del fallo en cuestión expresa “que si bien del tenor de la norma legal citada, no se señala de manera expresa la obligación de la autoridad administrativa de fundar sus decisiones, en especial, la referente al rechazo de costos por innecesarios o excesivos, no es menos cierto, que según se desprende del contexto institucional administrativo chileno, encabezado por la Constitución Política de la República, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y las garantías fundamentales que protege y consagra nuestra legislación, es obligación de la autoridad administrativa, el fundar y motivar debidamente sus actuaciones, de tal manera que se asegure a la comunidad y a los particulares afectados por sus decisiones, la posibilidad de conocer el fundamento de racionabilidad que se exige a los órganos de la administración, en la ejecución o dictación de sus actos propios, de modo que se permita, además de la ya referida publicidad de las

El máximo tribunal, a raíz de lo anteriormente expuesto, en el considerando sexto del fallo en cuestión expresa “que si bien del tenor de la norma legal citada, no se señala de manera expresa la obligación de la autoridad administrativa de fundar sus decisiones, en especial, la referente al rechazo de costos por innecesarios o excesivos, no es menos cierto, que según se desprende del contexto institucional administrativo chileno, encabezado por la Constitución Política de la República, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y las garantías fundamentales que protege y consagra nuestra legislación, es obligación de la autoridad administrativa, el fundar y motivar debidamente sus actuaciones, de tal manera que se asegure a la comunidad y a los particulares afectados por sus decisiones, la posibilidad de conocer el fundamento de racionabilidad que se exige a los órganos de la administración, en la ejecución o dictación de sus actos propios, de modo que se permita, además de la ya referida publicidad de las gravámenes y contribuciones, seguros, asesoramiento técnico y demás que la SEC considere necesarios para la explotación del servicio, según dispone el artículo 193 LGSE. Del total de los costos reportados, la SEC impugnó un ítem, por considerarlo innecesario o excesivo, pero sin fundamento o justi¿cación alguna y sin especi¿car las partidas rechazadas. La demandante señala que el o¿cio a través del cual la SEC rechaza el ítem “es arbitrario, y además, infringe la normativa legal y constitucional, toda vez que, si bien la S.E.C. tiene la facultad para rechazar los costos que considere innecesarios o la parte de ellos que considere excesivos, dicha cali¿cación no puede ser efectuada en forma caprichosa o carente de un fundamento racional, como en la especie ocurre, puesto que la S.E.C. se ha limitado sólo a señalar que comunica a la recurrente los costos rechazados por considerarse innecesarios o excesivos, los que en una tabla anexa denomina como ‘otros costos’, sin indicar a qué gastos se re¿eren. Añade que dicho actuar es contra ley, toda vez que el artículo 116 (actual art. 193) del D.F.L. Nº 1 de 1982, que faculta a la S.E.C. para rechazar costos que considere innecesarios o excesivos, exige una consideración y estimación de los que merezcan dicha calidad, de modo que no existe una meditación o reÀexión, ni exposición de juicios o razonamientos para llegar a la referida conclusión.”. Efectivamente, el actual artículo 193 LGSE en su inciso 3º parte ¿nal dispone la facultad de la SEC para rechazar los costos que considere innecesarios o excesivos, con la consecuente importancia que aquello acarreará en la determinación ¿nal sobre las tarifas de distribución. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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CARLOS PINTO TORRES

Siguiendo en la esfera de la valoración de los costos, otra sentencia de la Corte Suprema, del año 2008 (Rol 5505-08) condenó a una empresa eléctrica al pago de una multa por haber elevado los precios del servicio eléctrico. La empresa, al adquirir la concesión de distribución, no consideró el hecho que por disposiciones tributarias especiales de la zona en la que se encontraba emplazada, estaba imposibilitada de recuperar el débito ¿scal generado por el impuesto especí¿co del diésel, insumo fundamental para la generación de la energía que distribuye. Pretendió traspasarles a los usuarios los costos no considerados, subiendo las tarifas en un 16% y en un 27% en dos años consecutivos. Sumado, además, a la imposibilidad de los usuarios de optar por otro prestador, el máximo tribunal consideró que “el régimen de recuperación del impuesto especí¿co del diésel en la zona no ha sido modi¿cado desde el año 1986, éste debió ser conocido por la requerida al momento de presentar su oferta en la licitación por el sistema eléctrico de dicha localidad en el año 2002. Ello permite descartar su defensa basada en que, hasta ¿nes del año 2004, consideró que recuperaría el impuesto especí¿co, y que sólo en esa fecha con¿rmó que no era posible, pues su propio error o negligencia no puede eximirla del deber de no abusar de la posición monopólica en que se encuentra”. Agrega que “el hecho de no haber registrado la empresa rentas superiores a las que habría obtenido en caso de haber estado sujeta a regulación tarifaria durante el período en cuestión, incluso después de haber alzado las tarifas en la forma ya acreditada, no es motivo su¿ciente para eximirla de responsabilidad. Lo anterior, toda vez que la licitación de autos, tal como se ha dicho, no garantiza a la empresa una rentabilidad predeterminada, ni tampoco que se cubrirán sus costos efectivos, siendo entonces ambos aspectos un riesgo inherente al negocio. A mayor abundamiento, si la operación de la concesión no cubría

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motivaciones de su obrar, una adecuada defensa judicial o administrativa frente a aquellas actuaciones que se estimen como infractoras”. Por tanto, se desprende la obligación por parte de la autoridad de fundar los actos que motivan sus decisiones, en este caso en lo que respecta a los motivos que tuvo presentes para rechazar una partida de los costos de explotación de la empresa eléctrica, lo que según el máximo tribunal va más allá del tenor literal de la norma sectorial y que está más bien inspirado en la Carta Fundamental y siguiendo el rigor exigido por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado en orden a fundamentar el accionar de los órganos administrativos.

motivaciones de su obrar, una adecuada defensa judicial o administrativa frente a aquellas actuaciones que se estimen como infractoras”. Por tanto, se desprende la obligación por parte de la autoridad de fundar los actos que motivan sus decisiones, en este caso en lo que respecta a los motivos que tuvo presentes para rechazar una partida de los costos de explotación de la empresa eléctrica, lo que según el máximo tribunal va más allá del tenor literal de la norma sectorial y que está más bien inspirado en la Carta Fundamental y siguiendo el rigor exigido por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado en orden a fundamentar el accionar de los órganos administrativos.

CARLOS PINTO TORRES

Siguiendo en la esfera de la valoración de los costos, otra sentencia de la Corte Suprema, del año 2008 (Rol 5505-08) condenó a una empresa eléctrica al pago de una multa por haber elevado los precios del servicio eléctrico. La empresa, al adquirir la concesión de distribución, no consideró el hecho que por disposiciones tributarias especiales de la zona en la que se encontraba emplazada, estaba imposibilitada de recuperar el débito ¿scal generado por el impuesto especí¿co del diésel, insumo fundamental para la generación de la energía que distribuye. Pretendió traspasarles a los usuarios los costos no considerados, subiendo las tarifas en un 16% y en un 27% en dos años consecutivos. Sumado, además, a la imposibilidad de los usuarios de optar por otro prestador, el máximo tribunal consideró que “el régimen de recuperación del impuesto especí¿co del diésel en la zona no ha sido modi¿cado desde el año 1986, éste debió ser conocido por la requerida al momento de presentar su oferta en la licitación por el sistema eléctrico de dicha localidad en el año 2002. Ello permite descartar su defensa basada en que, hasta ¿nes del año 2004, consideró que recuperaría el impuesto especí¿co, y que sólo en esa fecha con¿rmó que no era posible, pues su propio error o negligencia no puede eximirla del deber de no abusar de la posición monopólica en que se encuentra”. Agrega que “el hecho de no haber registrado la empresa rentas superiores a las que habría obtenido en caso de haber estado sujeta a regulación tarifaria durante el período en cuestión, incluso después de haber alzado las tarifas en la forma ya acreditada, no es motivo su¿ciente para eximirla de responsabilidad. Lo anterior, toda vez que la licitación de autos, tal como se ha dicho, no garantiza a la empresa una rentabilidad predeterminada, ni tampoco que se cubrirán sus costos efectivos, siendo entonces ambos aspectos un riesgo inherente al negocio. A mayor abundamiento, si la operación de la concesión no cubría

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los costos incurridos para tal ¿n, la empresa podría haber solicitado una modi¿cación de las tarifas de común acuerdo con su contraparte en el contrato o, derechamente, poner término al contrato de concesión, asumiendo las consecuencias de ello”. La Corte Suprema consideró que la no advertencia por parte de la empresa, en orden a no poder obtener la devolución del impuesto petróleo diésel es negligente, por cuanto es un hecho que debió haber tenido en consideración y su inobservancia la obliga a asumir el costo. No es posible, por tanto, que la empresa transmita estos costos a los usuarios; incluso, si éstos fueran excesivos, podría dejar de prestar el servicio dándole término al contrato, con las consecuencias estipuladas en él. Merece recalcar la posición monopólica de la empresa demandante como un elemento agravante en la determinación de la multa, sin perjuicio que se acogió parcialmente la excepción de prescripción que adujo la empresa. La imposibilidad por parte de los usuarios de tener sustitutos del servicio, encontrándose en una situación cautiva, así como la vulneración de las bases de la licitación y la incorrecta interpretación que hizo la empresa en la determinación de sus costos, parecen su¿cientes para considerar que la Corte interpretó de una manera correcta el abuso que realizó la empresa, con lo cual parecen resguardados los principios administrativos que rigen la actividad de servicio público que realizan los particulares, protegiendo la inequitativa y desmedrada posición en la que se encuentran los usuarios. Desde su creación, a través de la Ley N° 19.940 del año 2004, el Panel de Expertos ha resuelto más de 100 discrepancias de los más variados asuntos que se le han encomendado. La competencia del Panel de Expertos dice relación con las discrepancias relacionadas con la determinación de las bases técnicas y administrativas de¿nitivas del Estudio de Transmisión Troncal, el informe técnico basado en los resultados del estudio de transmisión troncal que le corresponde a la CNE, el plan anual de expansión y con la recaudación anual y pago de peajes correspondiente al valor anual por tramo. También tiene competencia para conocer de las discrepancias relacionadas con las bases técnicas de¿nitivas de los estudios para la determinación del valor anual de cada sistema y con la ¿jación de los peajes de subtransmisión y las discrepancias relacionadas con la aplicación del régimen de acceso abierto. En cuanto a los servicios de distribución, se ponen

Desde su creación, a través de la Ley N° 19.940 del año 2004, el Panel de Expertos ha resuelto más de 100 discrepancias de los más variados asuntos que se le han encomendado. La competencia del Panel de Expertos dice relación con las discrepancias relacionadas con la determinación de las bases técnicas y administrativas de¿nitivas del Estudio de Transmisión Troncal, el informe técnico basado en los resultados del estudio de transmisión troncal que le corresponde a la CNE, el plan anual de expansión y con la recaudación anual y pago de peajes correspondiente al valor anual por tramo. También tiene competencia para conocer de las discrepancias relacionadas con las bases técnicas de¿nitivas de los estudios para la determinación del valor anual de cada sistema y con la ¿jación de los peajes de subtransmisión y las discrepancias relacionadas con la aplicación del régimen de acceso abierto. En cuanto a los servicios de distribución, se ponen La imposibilidad por parte de los usuarios de tener sustitutos del servicio, encontrándose en una situación cautiva, así como la vulneración de las bases de la licitación y la incorrecta interpretación que hizo la empresa en la determinación de sus costos, parecen su¿cientes para considerar que la Corte interpretó de una manera correcta el abuso que realizó la empresa, con lo cual parecen resguardados los principios administrativos que rigen la actividad de servicio público que realizan los particulares, protegiendo la inequitativa y desmedrada posición en la que se encuentran los usuarios. La Corte Suprema consideró que la no advertencia por parte de la empresa, en orden a no poder obtener la devolución del impuesto petróleo diésel es negligente, por cuanto es un hecho que debió haber tenido en consideración y su inobservancia la obliga a asumir el costo. No es posible, por tanto, que la empresa transmita estos costos a los usuarios; incluso, si éstos fueran excesivos, podría dejar de prestar el servicio dándole término al contrato, con las consecuencias estipuladas en él. Merece recalcar la posición monopólica de la empresa demandante como un elemento agravante en la determinación de la multa, sin perjuicio que se acogió parcialmente la excepción de prescripción que adujo la empresa. los costos incurridos para tal ¿n, la empresa podría haber solicitado una modi¿cación de las tarifas de común acuerdo con su contraparte en el contrato o, derechamente, poner término al contrato de concesión, asumiendo las consecuencias de ello”. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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CARLOS PINTO TORRES

Resulta interesante agregar en cuanto a su procedimiento que, según lo establecido en el artículo 39 del D.S. N° 181 de Economía de 2004, que aprobó el Reglamento del Panel de Expertos, éste debe fundamentar sus dictámenes y se pronunciará exclusivamente sobre los aspectos en que exista discrepancia, optando por una u otra alternativa, sin que pueda optar

380

De la centena de dictámenes que han emanado del Panel de Expertos, éstos tienen una estrecha relación con los procedimientos que se han llevado a cabo en los respectivos períodos a considerar. Por nombrar los conÀictos más recurrentes, el año 2007 hubo 28 discrepancias de empresas eléctricas con motivo del VNR ¿jado por la SEC ese año. El año 2008 hubo 12 discrepancias relativas a la determinación de los costos de explotación de las empresas distribuidoras. El año 2009 hubo 6 discrepancias respecto al Informe Técnico emitido por la CNE “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Eléctrica Asociados a la Distribución de Electricidad”; asimismo, son recurrentes las discrepancias relativas al tratamiento de diversas variables por parte de la Dirección de Operación del CDEC-SIC en el cálculo de la potencia ¿rme, interpretación de manuales de procedimientos y determinación de las bases técnicas y administrativas para la realización del estudio de transmisión troncal.

en su conocimiento las discrepancias relacionadas con la ¿jación del peaje de distribución, la ¿jación de los precios de los servicios no consistentes en suministros de energía, la determinación de los costos de explotación y con la ¿jación del VNR. En las materias relacionadas con los sistemas eléctricos medianos, tiene competencia para las discrepancias relacionadas con las bases de los estudios para la determinación del valor anual de dichos sistemas eléctricos y el informe técnico de la CNE con las fórmulas tarifarias para estos sistemas. En cuanto a los CDEC, los conÀictos que se susciten en el interior de un Centro, respecto de aquellas materias que se determinen por sus reglamentos. En cuanto a la energía eléctrica generada con fuentes renovables no convencionales, las controversias que se susciten sobre el cumplimiento de la obligación de que un porcentaje de la energía retirada para ser comercializada corresponda a energía generada con fuentes renovables no convencionales y toda otra discrepancia que las empresas eléctricas tengan entre sí con motivo de la aplicación técnica o económica de la normativa del sector eléctrico y que, de común acuerdo, sometan a su dictamen y demás que indique la ley (art. 208 LGSE).

en su conocimiento las discrepancias relacionadas con la ¿jación del peaje de distribución, la ¿jación de los precios de los servicios no consistentes en suministros de energía, la determinación de los costos de explotación y con la ¿jación del VNR. En las materias relacionadas con los sistemas eléctricos medianos, tiene competencia para las discrepancias relacionadas con las bases de los estudios para la determinación del valor anual de dichos sistemas eléctricos y el informe técnico de la CNE con las fórmulas tarifarias para estos sistemas. En cuanto a los CDEC, los conÀictos que se susciten en el interior de un Centro, respecto de aquellas materias que se determinen por sus reglamentos. En cuanto a la energía eléctrica generada con fuentes renovables no convencionales, las controversias que se susciten sobre el cumplimiento de la obligación de que un porcentaje de la energía retirada para ser comercializada corresponda a energía generada con fuentes renovables no convencionales y toda otra discrepancia que las empresas eléctricas tengan entre sí con motivo de la aplicación técnica o económica de la normativa del sector eléctrico y que, de común acuerdo, sometan a su dictamen y demás que indique la ley (art. 208 LGSE).

De la centena de dictámenes que han emanado del Panel de Expertos, éstos tienen una estrecha relación con los procedimientos que se han llevado a cabo en los respectivos períodos a considerar. Por nombrar los conÀictos más recurrentes, el año 2007 hubo 28 discrepancias de empresas eléctricas con motivo del VNR ¿jado por la SEC ese año. El año 2008 hubo 12 discrepancias relativas a la determinación de los costos de explotación de las empresas distribuidoras. El año 2009 hubo 6 discrepancias respecto al Informe Técnico emitido por la CNE “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Eléctrica Asociados a la Distribución de Electricidad”; asimismo, son recurrentes las discrepancias relativas al tratamiento de diversas variables por parte de la Dirección de Operación del CDEC-SIC en el cálculo de la potencia ¿rme, interpretación de manuales de procedimientos y determinación de las bases técnicas y administrativas para la realización del estudio de transmisión troncal.

CARLOS PINTO TORRES

Resulta interesante agregar en cuanto a su procedimiento que, según lo establecido en el artículo 39 del D.S. N° 181 de Economía de 2004, que aprobó el Reglamento del Panel de Expertos, éste debe fundamentar sus dictámenes y se pronunciará exclusivamente sobre los aspectos en que exista discrepancia, optando por una u otra alternativa, sin que pueda optar

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BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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por valores intermedios, lo que tendrá como consecuencia que quienes soliciten al panel su dictamen, no exageren sus peticiones y se acerquen más al equilibrio de mercado, al menos en aquellas materias que digan relación con valoraciones de costos. VIII. CONCLUSIONES El Derecho Eléctrico, entendido como una disciplina autónoma y de especial relevancia para el funcionamiento de todo el orden económico nacional, ha experimentado vertiginosos cambios desde su relativamente reciente aparición. Dichos cambios se encuentran relacionados estrechamente con la complejización de los agentes intervinientes en la vida económica, con un cambio de paradigmas económicos y con un fortalecimiento de los derechos de los usuarios. Por tales motivos, el Derecho Eléctrico ha redundado en una disciplina que posee un alto nivel técnico, de muy difícil comprensión para los entendidos en Derecho y que posee claros matices de interdisciplinariedad. Ha quedado desarrollado en este artículo que la regulación de las tarifas eléctricas posee un sello muy marcado por la e¿ciencia económica, la cual ha sido buscada por el legislador en las distintas fases de determinación de los precios, intentando interpretar de la mejor manera variables de oferta y demanda en el mercado, las que, dadas las características intrínsecas del sector eléctrico, no se pueden lograr naturalmente. Considero que los objetivos que se propuso originalmente el legislador, se han logrado, al poseer Chile una legislación eléctrica de alto nivel, que sea por una parte atractiva para los inversionistas y, que por otro lado, se garanticen los estándares de servicio y calidad que requieren los usuarios/ ciudadanos. La institucionalidad eléctrica chilena actual ha avanzado enormemente desde su creación hace 30 años hasta nuestros días. Fundamental ha sido la incorporación de elevados criterios técnicos, la activa participación de consultoras especializadas y la intervención de un panel técnico en la resolución de las controversias a lo largo de todo el proceso de ¿jación de tarifas. La Administración cumple de esta manera un rol serio y ajustado a las expectativas del mercado, logrando así una operación óptima del mercado.

La institucionalidad eléctrica chilena actual ha avanzado enormemente desde su creación hace 30 años hasta nuestros días. Fundamental ha sido la incorporación de elevados criterios técnicos, la activa participación de consultoras especializadas y la intervención de un panel técnico en la resolución de las controversias a lo largo de todo el proceso de ¿jación de tarifas. La Administración cumple de esta manera un rol serio y ajustado a las expectativas del mercado, logrando así una operación óptima del mercado. Considero que los objetivos que se propuso originalmente el legislador, se han logrado, al poseer Chile una legislación eléctrica de alto nivel, que sea por una parte atractiva para los inversionistas y, que por otro lado, se garanticen los estándares de servicio y calidad que requieren los usuarios/ ciudadanos. Ha quedado desarrollado en este artículo que la regulación de las tarifas eléctricas posee un sello muy marcado por la e¿ciencia económica, la cual ha sido buscada por el legislador en las distintas fases de determinación de los precios, intentando interpretar de la mejor manera variables de oferta y demanda en el mercado, las que, dadas las características intrínsecas del sector eléctrico, no se pueden lograr naturalmente. El Derecho Eléctrico, entendido como una disciplina autónoma y de especial relevancia para el funcionamiento de todo el orden económico nacional, ha experimentado vertiginosos cambios desde su relativamente reciente aparición. Dichos cambios se encuentran relacionados estrechamente con la complejización de los agentes intervinientes en la vida económica, con un cambio de paradigmas económicos y con un fortalecimiento de los derechos de los usuarios. Por tales motivos, el Derecho Eléctrico ha redundado en una disciplina que posee un alto nivel técnico, de muy difícil comprensión para los entendidos en Derecho y que posee claros matices de interdisciplinariedad. VIII. CONCLUSIONES por valores intermedios, lo que tendrá como consecuencia que quienes soliciten al panel su dictamen, no exageren sus peticiones y se acerquen más al equilibrio de mercado, al menos en aquellas materias que digan relación con valoraciones de costos. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

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CARLOS PINTO TORRES

Dictamen N° 46.466 de 2006 de la Contraloría General de la República.

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Dictamen N° 8 de 2007 del Panel de Expertos. BIBLIOGRAFÍA CITADA

JURISPRUDENCIA CITADA

AGÜERO VARGAS, Francisco (2003): Tarifas de Empresas de Utilidad Pública. Telecomunicaciones, Agua Potable, Electricidad y Gas (Santiago, LexisNexis Chile), 487 pp.

D.S. N° 181 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 2004, Reglamento del Panel de Expertos.

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio (2003): Derecho Eléctrico (Santiago, LexisNexis Chile), 607 pp.

D.S. N° 327 del Ministerio de Minería de 2007, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): Derecho Eléctrico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 439 pp.

D.L. Nº 2.224 de 1978 que crea la Comisión Nacional de Energía.

http://sil.congreso.cl/docsil/proy5900.doc, fecha de consulta: 10 enero 2011.

D.F.L. N° 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2007, Ley General de Servicios Eléctricos.

http://www.cne.cl, fecha de consulta: 10 enero 2011.

Ley Nº 20.402 de 2009 que crea el Ministerio de Energía.

http://www.contraloria.cl, fecha de consulta: 14 al 17 junio 2009.

Ley Nº 19.940 que regula sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos.

http://www.panelexpertos.cl, fecha de consulta: 10 enero 2011.

NORMAS CITADAS

http://www.cne.cl, fecha de consulta: 10 enero 2011. http://www.contraloria.cl, fecha de consulta: 14 al 17 junio 2009. http://www.panelexpertos.cl, fecha de consulta: 10 enero 2011.

Ley Nº 19.940 que regula sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos.

http://sil.congreso.cl/docsil/proy5900.doc, fecha de consulta: 10 enero 2011.

Ley Nº 20.402 de 2009 que crea el Ministerio de Energía.

NORMAS CITADAS

D.F.L. N° 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2007, Ley General de Servicios Eléctricos.

D.L. Nº 2.224 de 1978 que crea la Comisión Nacional de Energía.

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): Derecho Eléctrico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 439 pp.

D.S. N° 327 del Ministerio de Minería de 2007, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio (2003): Derecho Eléctrico (Santiago, LexisNexis Chile), 607 pp.

D.S. N° 181 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 2004, Reglamento del Panel de Expertos.

AGÜERO VARGAS, Francisco (2003): Tarifas de Empresas de Utilidad Pública. Telecomunicaciones, Agua Potable, Electricidad y Gas (Santiago, LexisNexis Chile), 487 pp.

JURISPRUDENCIA CITADA

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Dictamen N° 8 de 2007 del Panel de Expertos. 382

CARLOS PINTO TORRES

Dictamen N° 46.466 de 2006 de la Contraloría General de la República.

BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

383

Dictamen N° 17.372 de 2009 de la Contraloría General de la República. Empresa Eléctrica Atacama S.A. con SEC (2003). Corte Suprema, 30 de octubre. Empresa de Electricidad de Magallanes S.A. con FNE (2008). Corte Suprema, 26 de noviembre.

Empresa de Electricidad de Magallanes S.A. con FNE (2008). Corte Suprema, 26 de noviembre. Empresa Eléctrica Atacama S.A. con SEC (2003). Corte Suprema, 30 de octubre. Dictamen N° 17.372 de 2009 de la Contraloría General de la República. BASES Y CONFLICTOS JURÍDICOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA EN EL DERECHO ELÉCTRICO CHILENO

383

** Profesor

de de Derecho Administrativo de la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile.

* Ponencia dictada en el marco de las VIII Jornadas de Derecho Eléctrico de 2008. Dado ese origen y destino, carece de aparato bibliográfico. Para un análisis más detallado, véase: VERGARA (2004), pp. 34-41 y VERGARA (2005).

BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS EN MATERIA ELÉCTRICA* ALEJANDRO VERGARA BLANCO**

Su estructura y atribuciones se encuentran actualmente regulados por la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante, LGSE), D.F.L. Nº 4/20.018. En cuanto a su conformación se encuentra integrado por siete profesionales, de los cuales cinco deben ser ingenieros o licenciados en Ciencias Econó-

I. INTRODUCCIÓN: CREACIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS El Panel de Expertos corresponde a una instancia de resolución de conÀictos tarifarios y jurídicos especial, fuera del Poder Judicial y de la Administración Pública, independiente, altamente especializado, cuya misión es resolver las discrepancias que se suscitan entre las empresas del sector eléctrico de los tres segmentos: generación, transmisión y distribución; con la Autoridad Administrativa u Órganos Reguladores. Fue instaurado por la Ley Nº 19.940, publicada en marzo de 2004, conocida como Ley Corta I. Esta normativa realizó cambios profundos al mercado regulatorio eléctrico. Su primera conformación fue establecida en 2004 en base a un concurso público realizado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El 16 de septiembre del mismo año se publicó el Decreto Supremo Nº 181, del Ministerio de Economía, estableciendo el Reglamento del Panel de Expertos. Su estructura y atribuciones se encuentran actualmente regulados por la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante, LGSE), D.F.L. Nº 4/20.018. En cuanto a su conformación se encuentra integrado por siete profesionales, de los cuales cinco deben ser ingenieros o licenciados en Ciencias Econó-

Fue instaurado por la Ley Nº 19.940, publicada en marzo de 2004, conocida como Ley Corta I. Esta normativa realizó cambios profundos al mercado regulatorio eléctrico. Su primera conformación fue establecida en 2004 en base a un concurso público realizado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El 16 de septiembre del mismo año se publicó el Decreto Supremo Nº 181, del Ministerio de Economía, estableciendo el Reglamento del Panel de Expertos. El Panel de Expertos corresponde a una instancia de resolución de conÀictos tarifarios y jurídicos especial, fuera del Poder Judicial y de la Administración Pública, independiente, altamente especializado, cuya misión es resolver las discrepancias que se suscitan entre las empresas del sector eléctrico de los tres segmentos: generación, transmisión y distribución; con la Autoridad Administrativa u Órganos Reguladores. I. INTRODUCCIÓN: CREACIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS ALEJANDRO VERGARA BLANCO** DECISIONES DEL

*

Ponencia dictada en el marco de las VIII Jornadas de Derecho Eléctrico de 2008. Dado ese origen y destino, carece de aparato bibliográfico. Para un análisis más detallado, véase: VERGARA (2004), pp. 34-41 y VERGARA (2005). ** Profesor

de de Derecho Administrativo de la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile.

PANEL DE EXPERTOS EN MATERIA ELÉCTRICA*

BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

ii) En segundo lugar, la resolución del Panel de Expertos es vinculante para las partes que han concurrido a solucionar su conÀicto; esto quiere

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micas, tanto nacionales como extranjeros y dos abogados, los que necesitan acreditar un conocimiento en materias técnicas, económicas o jurídicas especializado, además de una experiencia laboral mínima de tres años.

i) En primer lugar, sólo pueden pronunciarse sobre los aspectos en que exista discrepancia, no extenderse a puntos fuera de ella, debiendo para ello elegir ente una u otra posición de las que se le han presentado.

Además de los miembros del Panel, podemos observar la presencia de un Abogado Secretario, cuya misión es realizar labores administrativas, de ¿ltro de admisibilidad, junto a la tramitación de las discrepancias formuladas al Panel. Tanto los miembros del Panel de Expertos, como el Abogado Secretario son designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante un proceso de selección público de antecedentes, por una Resolución del Ministerio de Energía por la cual se efectúa el nombramiento. Los miembros del Panel de Expertos permanecen en sus cargos por 6 años, pudiendo ser designados para un nuevo período, para lo cual deberán participar nuevamente en el proceso de selección antes mencionado. El domicilio del Panel de Expertos se encuentra en la ciudad de Santiago, es imperativo que sesione una vez por semana, para despachar las actuaciones de mero trámite, sin perjuicio de las sesiones que establezcan las bases de trabajo que se conforman al presentarse una discrepancia. El quórum mínimo para sesionar se constituye por la presencia de cinco de sus miembros, tomando sus acuerdos por simple mayoría de votos, ante un empate dirime el Presidente del Panel. Los costos de funcionamiento son asumidos por las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución, mediante un cálculo a prorrata de sus activos, como por el número de discrepancias presentadas.

Los dictámenes efectuados por el Panel de Expertos revisten ciertas características. 1. Reducción de la conflictividad II. BALANCE DE SU ACTUACIÓN

Los dictámenes efectuados por el Panel de Expertos revisten ciertas características.

Además de los miembros del Panel, podemos observar la presencia de un Abogado Secretario, cuya misión es realizar labores administrativas, de ¿ltro de admisibilidad, junto a la tramitación de las discrepancias formuladas al Panel. Tanto los miembros del Panel de Expertos, como el Abogado Secretario son designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante un proceso de selección público de antecedentes, por una Resolución del Ministerio de Energía por la cual se efectúa el nombramiento. Los miembros del Panel de Expertos permanecen en sus cargos por 6 años, pudiendo ser designados para un nuevo período, para lo cual deberán participar nuevamente en el proceso de selección antes mencionado. El domicilio del Panel de Expertos se encuentra en la ciudad de Santiago, es imperativo que sesione una vez por semana, para despachar las actuaciones de mero trámite, sin perjuicio de las sesiones que establezcan las bases de trabajo que se conforman al presentarse una discrepancia. El quórum mínimo para sesionar se constituye por la presencia de cinco de sus miembros, tomando sus acuerdos por simple mayoría de votos, ante un empate dirime el Presidente del Panel. Los costos de funcionamiento son asumidos por las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución, mediante un cálculo a prorrata de sus activos, como por el número de discrepancias presentadas.

i) En primer lugar, sólo pueden pronunciarse sobre los aspectos en que exista discrepancia, no extenderse a puntos fuera de ella, debiendo para ello elegir ente una u otra posición de las que se le han presentado.

micas, tanto nacionales como extranjeros y dos abogados, los que necesitan acreditar un conocimiento en materias técnicas, económicas o jurídicas especializado, además de una experiencia laboral mínima de tres años.

ii) En segundo lugar, la resolución del Panel de Expertos es vinculante para las partes que han concurrido a solucionar su conÀicto; esto quiere

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

1. Reducción de la conflictividad

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II. BALANCE DE SU ACTUACIÓN

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decir que el dictamen cobra fuerza obligatoria desde que es pronunciado, debiendo ser acatado por las partes en conÀicto. iii) En tercer lugar, no es susceptible de recurso alguno, ni jurisdiccional o administrativo, tanto ordinario como extraordinario. Sólo existe una opción de revisión de un dictamen elaborado por el Panel de Expertos; el Ministerio de Energía, por Resolución Exenta fundada podrá, dentro del plazo de diez días desde la noti¿cación del dictamen, declararlo inaplicable por un determinado período de tiempo, cuando la resolución exceda de las competencias establecidas en la ley. Cabe señalar que en la práctica esta situación nunca ha ocurrido, puesto que como veremos, el ámbito de acción del Tribunal se encuentra taxativamente regulado en la LGSE. Sin embargo, se han intentado recursos judiciales contra algunos dictámenes. El Panel de Expertos es una instancia jurisdiccional que ha reducido notablemente la conÀictividad en el sector eléctrico, y más aún, especializa y agiliza la resolución de dichos conÀictos, por su conformación altamente especializada y técnica. 2. Regulación de los conflictos: procedimiento a) Competencia La LGSE establece taxativamente cuáles son las competencias del Panel de Expertos. En cuanto a los sistemas de transmisión troncal: las discrepancias relacionadas con la determinación de las bases técnicas y administrativas de¿nitivas del Estudio de Transmisión Troncal; con el informe técnico basado en los resultados del estudio de transmisión troncal que le corresponde a la Comisión Nacional de Energía; con el plan anual de expansión, y con la recaudación anual y pago de peajes correspondiente al valor anual por tramo. En cuanto a sistemas de subtransmisión: las discrepancias relacionadas con las bases técnicas de¿nitivas de los estudios para la determinación del valor anual de cada sistema y con la ¿jación de los peajes de subtransmisión. En cuanto a los sistemas adicionales de transporte: las discrepancias relacionadas con la aplicación del régimen de acceso abierto. En cuanto a los servicios de distribución: las discrepancias relacionadas con la ¿jación del peaje de distribución; con la ¿jación de los precios de los servicios no consistentes en suministros de energía; con

La LGSE establece taxativamente cuáles son las competencias del Panel de Expertos. En cuanto a los sistemas de transmisión troncal: las discrepancias relacionadas con la determinación de las bases técnicas y administrativas de¿nitivas del Estudio de Transmisión Troncal; con el informe técnico basado en los resultados del estudio de transmisión troncal que le corresponde a la Comisión Nacional de Energía; con el plan anual de expansión, y con la recaudación anual y pago de peajes correspondiente al valor anual por tramo. En cuanto a sistemas de subtransmisión: las discrepancias relacionadas con las bases técnicas de¿nitivas de los estudios para la determinación del valor anual de cada sistema y con la ¿jación de los peajes de subtransmisión. En cuanto a los sistemas adicionales de transporte: las discrepancias relacionadas con la aplicación del régimen de acceso abierto. En cuanto a los servicios de distribución: las discrepancias relacionadas con la ¿jación del peaje de distribución; con la ¿jación de los precios de los servicios no consistentes en suministros de energía; con a) Competencia 2. Regulación de los conflictos: procedimiento El Panel de Expertos es una instancia jurisdiccional que ha reducido notablemente la conÀictividad en el sector eléctrico, y más aún, especializa y agiliza la resolución de dichos conÀictos, por su conformación altamente especializada y técnica. iii) En tercer lugar, no es susceptible de recurso alguno, ni jurisdiccional o administrativo, tanto ordinario como extraordinario. Sólo existe una opción de revisión de un dictamen elaborado por el Panel de Expertos; el Ministerio de Energía, por Resolución Exenta fundada podrá, dentro del plazo de diez días desde la noti¿cación del dictamen, declararlo inaplicable por un determinado período de tiempo, cuando la resolución exceda de las competencias establecidas en la ley. Cabe señalar que en la práctica esta situación nunca ha ocurrido, puesto que como veremos, el ámbito de acción del Tribunal se encuentra taxativamente regulado en la LGSE. Sin embargo, se han intentado recursos judiciales contra algunos dictámenes. decir que el dictamen cobra fuerza obligatoria desde que es pronunciado, debiendo ser acatado por las partes en conÀicto. BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS

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Podemos referirnos a un mandato que contiene la ley respecto del dictamen que emite el Panel de Expertos. En efecto, además de señalar la ley que el dictamen será “fundado” (art. 211 inc. 2º in ¿ne LGSE) y que “se pronunciará exclusivamente sobre los aspectos en que exista discrepancia” (art. 211 inc. 3º) agrega que el Panel de Expertos debe: “optar por una u otra alternativa en discusión, sin que pueda adoptar valores intermedios” (ídem). ¿Qué signi¿ca esta “opción”?

la determinación de los costos de explotación y con la ¿jación del Valor Nuevo de Reemplazo. En cuanto a los sistemas eléctricos medianos: las discrepancias relacionadas con las bases de los estudios para la determinación del valor anual de dichos sistemas eléctricos, y el informe técnico de la Comisión con las fórmulas tarifarias para estos sistemas. En cuanto a los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC): los conÀictos que se susciten en el interior de un CDEC, respecto de aquellas materias que se determinen reglamentariamente. En cuanto a la energía eléctrica generada con fuentes renovables no convencionales: las controversias que se susciten sobre el cumplimiento de la obligación de que un porcentaje de la energía retirada para ser comercializada corresponda a energía generada con fuentes renovables no convencionales (Ley Nº 20.257). Otras discrepancias: las que las empresas eléctricas tengan entre sí con motivo de la aplicación técnica o económica de la normativa del sector eléctrico y que, de común acuerdo, sometan a su dictamen. Además de todas aquellas que la ley le entregue.

El dictamen del Panel de Expertos es una decisión sobre las peticiones de los recurrentes (“alternativas”, dice la ley) y debe elegir una u otra, atendiendo a su racionalidad o coherencia estricta con el sistema jurídico y con los fundamentos que se desarrollan en el dictamen, y por coincidir con las peticiones concretas presentadas por las partes, y no por entender que ha tenido que elegir entre “una u otra” alternativa, como si estuviese obligado a elegir entre la alternativa que establece cada parte.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Si las partes no han presentado ante el Panel de Expertos valores plenamente determinados, o si la sola elección de uno de los valores planteados por las partes no es su¿ciente para resolver la totalidad del asunto sometido

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b) Alternativas de Dictamen

b) Alternativas de Dictamen

Podemos referirnos a un mandato que contiene la ley respecto del dictamen que emite el Panel de Expertos. En efecto, además de señalar la ley que el dictamen será “fundado” (art. 211 inc. 2º in ¿ne LGSE) y que “se pronunciará exclusivamente sobre los aspectos en que exista discrepancia” (art. 211 inc. 3º) agrega que el Panel de Expertos debe: “optar por una u otra alternativa en discusión, sin que pueda adoptar valores intermedios” (ídem). ¿Qué signi¿ca esta “opción”?

la determinación de los costos de explotación y con la ¿jación del Valor Nuevo de Reemplazo. En cuanto a los sistemas eléctricos medianos: las discrepancias relacionadas con las bases de los estudios para la determinación del valor anual de dichos sistemas eléctricos, y el informe técnico de la Comisión con las fórmulas tarifarias para estos sistemas. En cuanto a los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC): los conÀictos que se susciten en el interior de un CDEC, respecto de aquellas materias que se determinen reglamentariamente. En cuanto a la energía eléctrica generada con fuentes renovables no convencionales: las controversias que se susciten sobre el cumplimiento de la obligación de que un porcentaje de la energía retirada para ser comercializada corresponda a energía generada con fuentes renovables no convencionales (Ley Nº 20.257). Otras discrepancias: las que las empresas eléctricas tengan entre sí con motivo de la aplicación técnica o económica de la normativa del sector eléctrico y que, de común acuerdo, sometan a su dictamen. Además de todas aquellas que la ley le entregue. ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Si las partes no han presentado ante el Panel de Expertos valores plenamente determinados, o si la sola elección de uno de los valores planteados por las partes no es su¿ciente para resolver la totalidad del asunto sometido

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El dictamen del Panel de Expertos es una decisión sobre las peticiones de los recurrentes (“alternativas”, dice la ley) y debe elegir una u otra, atendiendo a su racionalidad o coherencia estricta con el sistema jurídico y con los fundamentos que se desarrollan en el dictamen, y por coincidir con las peticiones concretas presentadas por las partes, y no por entender que ha tenido que elegir entre “una u otra” alternativa, como si estuviese obligado a elegir entre la alternativa que establece cada parte.

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a su conocimiento, en consideración del principio del conocimiento pleno de las causas, el Panel podrá resolver libremente la discrepancia para completar la omisión de las partes. De la misma manera, en aquellas materias sometidas a su conocimiento en las que no se discuta la determinación de un valor especí¿co, como en los casos en que corresponda interpretar las normas del sector, ¿jar un procedimiento o sus bases, como los casos señalados por el art. 280 Nº 11 LGSE, la competencia del Panel para resolver la discrepancia estará limitada sólo por las peticiones concretas de las partes. Por esa razón, en una discrepancia en que las partes no plantean ante el Panel “uno u otro valor” sino múltiples posiciones, que no son estrictamente relativas a valores, se debe proceder a acoger o denegar las peticiones de las partes, de acuerdo a lo expresamente solicitado en sus presentaciones, al mérito de los antecedentes y fundamentos aportados en el dictamen. En de¿nitiva, se debe resolver de acuerdo al mérito del proceso y a los antecedentes allegados a él por las partes y los demás aportados al Panel por los recurrentes. Aún más, cuando es perfectamente posible que haya que descomponer las supuestas ‘alternativas’ puestas por las partes para un dictamen más coherente, las cuales además no contienen valores, la decisión o dictamen del Panel debe ser fundado, basado en criterios jurídicos de interpretación. Y la interpretación jurídica, como la de toda ciencia que se basa en evidencias, en este caso del texto, contexto y espíritu de una ley, por sencillo que parezca el esquema conceptual y metodológico, por provenir de textos a la vista de todo lector interesado, no puede ser reducido a una mera elección de ‘una u otra alternativa’, sino que es necesario dictaminar sobre la base de las posibilidades, ya sea que se trate diversas consideraciones o elementos, más sostenibles desde las perspectivas de la ingeniería, de la economía y del derecho, aunque tal posibilidad o ‘alternativa’ no esté contenida íntegramente en la posición de alguno de los discrepantes. El criterio de elegir la decisión más cercana a la óptima, por el solo hecho de haber sido planteado por una de las partes no parece ser apropiado, pues implica una contradicción con el papel esencial de este Tribunal Especial: resolver una discrepancia con apego estricto a evidencias de las ciencias de la ingeniería, economía y del derecho, y podría llegar a transformar a los dictá-

El criterio de elegir la decisión más cercana a la óptima, por el solo hecho de haber sido planteado por una de las partes no parece ser apropiado, pues implica una contradicción con el papel esencial de este Tribunal Especial: resolver una discrepancia con apego estricto a evidencias de las ciencias de la ingeniería, economía y del derecho, y podría llegar a transformar a los dictáEn de¿nitiva, se debe resolver de acuerdo al mérito del proceso y a los antecedentes allegados a él por las partes y los demás aportados al Panel por los recurrentes. Aún más, cuando es perfectamente posible que haya que descomponer las supuestas ‘alternativas’ puestas por las partes para un dictamen más coherente, las cuales además no contienen valores, la decisión o dictamen del Panel debe ser fundado, basado en criterios jurídicos de interpretación. Y la interpretación jurídica, como la de toda ciencia que se basa en evidencias, en este caso del texto, contexto y espíritu de una ley, por sencillo que parezca el esquema conceptual y metodológico, por provenir de textos a la vista de todo lector interesado, no puede ser reducido a una mera elección de ‘una u otra alternativa’, sino que es necesario dictaminar sobre la base de las posibilidades, ya sea que se trate diversas consideraciones o elementos, más sostenibles desde las perspectivas de la ingeniería, de la economía y del derecho, aunque tal posibilidad o ‘alternativa’ no esté contenida íntegramente en la posición de alguno de los discrepantes. Por esa razón, en una discrepancia en que las partes no plantean ante el Panel “uno u otro valor” sino múltiples posiciones, que no son estrictamente relativas a valores, se debe proceder a acoger o denegar las peticiones de las partes, de acuerdo a lo expresamente solicitado en sus presentaciones, al mérito de los antecedentes y fundamentos aportados en el dictamen. De la misma manera, en aquellas materias sometidas a su conocimiento en las que no se discuta la determinación de un valor especí¿co, como en los casos en que corresponda interpretar las normas del sector, ¿jar un procedimiento o sus bases, como los casos señalados por el art. 280 Nº 11 LGSE, la competencia del Panel para resolver la discrepancia estará limitada sólo por las peticiones concretas de las partes. a su conocimiento, en consideración del principio del conocimiento pleno de las causas, el Panel podrá resolver libremente la discrepancia para completar la omisión de las partes. BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS

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ALEJANDRO VERGARA BLANCO

En suma, la técnica jurídica que cabe aplicar en los dictámenes en que no hay dos alternativas de valores o precios (única situación a la que se re¿ere la ley), es la siguiente:

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El criterio de las peticiones concretas que debe contener todo escrito o recurso presentado ante un Tribunal Especial como este es un principio general de derecho, y forma parte de las prácticas más elementales de los ocurrentes ante un órgano de decisión. Lo que implica, además, que si las partes no realizan peticiones concretas, ellas mismas se sitúan en una situación de riesgo procesal, atendido el tenor del artículo 211 inciso 1º LGSE, que exige “claridad” a tales presentaciones, tanto en su sustento como en sus pretensiones. Al respecto, este es, por lo demás, el criterio adoptado en el Dictamen Nº 3-2004 del Panel de Expertos, en que se declaró inadmisible una discrepancia sometida a su conocimiento por carecer la presentación de la claridad exigida por la ley. De este modo, con la aplicación de esta técnica de las peticiones concretas y claras, se solucionan los siguientes problemas: i) el caso de un requirente que presenta varias alternativas a la vez; ii) el caso en que no se presenta ninguna alternativa o petición concreta sino que se le pide al Panel que falle según lo estime que corresponda. En estos casos cabe declarar inadmisible la presentación por no tener alternativas o por no tener peticiones concretas.

menes del Panel de Expertos en simples acercamientos al criterio más cercano a alguna de las “alternativas” puestas por la partes, y no necesariamente a las evidencias constatadas por los expertos, lo que no parece razonable.

Por lo tanto, la técnica jurídica que cabe aplicar en los dictámenes en que no hay dos alternativas de valores o precios (única situación a la que se re¿ere la ley), es la de la decisión atendiendo a las peticiones concretas de los ocurrentes o discrepantes.

Por lo demás, el criterio de las peticiones concretas que debe contener todo escrito o recurso presentado ante un Tribunal Especial como éste, es un principio general de derecho, y forma parte de las prácticas más elementales de los ocurrentes ante un órgano de decisión. Lo que implica, además, que si las partes no realizan peticiones concretas, ellas mismas se colocan en una situación de riesgo procesal, atendido el tenor del artículo 211 inciso 1º LGSE, que exige “claridad” a tales presentaciones, tanto en su sustento como en sus pretensiones.

Por lo demás, el criterio de las peticiones concretas que debe contener todo escrito o recurso presentado ante un Tribunal Especial como éste, es un principio general de derecho, y forma parte de las prácticas más elementales de los ocurrentes ante un órgano de decisión. Lo que implica, además, que si las partes no realizan peticiones concretas, ellas mismas se colocan en una situación de riesgo procesal, atendido el tenor del artículo 211 inciso 1º LGSE, que exige “claridad” a tales presentaciones, tanto en su sustento como en sus pretensiones.

Por lo tanto, la técnica jurídica que cabe aplicar en los dictámenes en que no hay dos alternativas de valores o precios (única situación a la que se re¿ere la ley), es la de la decisión atendiendo a las peticiones concretas de los ocurrentes o discrepantes.

menes del Panel de Expertos en simples acercamientos al criterio más cercano a alguna de las “alternativas” puestas por la partes, y no necesariamente a las evidencias constatadas por los expertos, lo que no parece razonable.

El criterio de las peticiones concretas que debe contener todo escrito o recurso presentado ante un Tribunal Especial como este es un principio general de derecho, y forma parte de las prácticas más elementales de los ocurrentes ante un órgano de decisión. Lo que implica, además, que si las partes no realizan peticiones concretas, ellas mismas se sitúan en una situación de riesgo procesal, atendido el tenor del artículo 211 inciso 1º LGSE, que exige “claridad” a tales presentaciones, tanto en su sustento como en sus pretensiones. Al respecto, este es, por lo demás, el criterio adoptado en el Dictamen Nº 3-2004 del Panel de Expertos, en que se declaró inadmisible una discrepancia sometida a su conocimiento por carecer la presentación de la claridad exigida por la ley. De este modo, con la aplicación de esta técnica de las peticiones concretas y claras, se solucionan los siguientes problemas: i) el caso de un requirente que presenta varias alternativas a la vez; ii) el caso en que no se presenta ninguna alternativa o petición concreta sino que se le pide al Panel que falle según lo estime que corresponda. En estos casos cabe declarar inadmisible la presentación por no tener alternativas o por no tener peticiones concretas.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

En suma, la técnica jurídica que cabe aplicar en los dictámenes en que no hay dos alternativas de valores o precios (única situación a la que se re¿ere la ley), es la siguiente:

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i) debe exigirse a los recurrentes la necesidad de hacer presentaciones con claridad, so pena de inadmisibilidad, para permitir en de¿nitiva que el Panel de Expertos pueda atenerse a las “peticiones concretas” de cada parte, y ii) la decisión debe emitirse en de¿nitiva atendiendo a las peticiones concretas de los ocurrentes o discrepantes, como se hizo por el Panel de Expertos en el Dictamen Nº 3-2004, y en los siguientes de 2004, en que claramente dicho órgano ha ido abandonando la estrictez del criterio de las “alternativas”, y ha ido exponiéndolas formalmente, pero decidiendo no sólo respecto a lo estrictamente planteado por cada parte, sino a lo que más corresponde en justicia; y corresponde en justicia aquello más adecuado a los antecedentes de la causa, analizado desde la triple perspectiva de la ingeniería, de la economía y del derecho. III. NATURALEZA JURÍDICA: ¿ES UN TRIBUNAL? Mucho se ha argumentado doctrinariamente acerca de la naturaleza jurídica del Panel de Expertos, discusión de gran relevancia puesto que clasi¿carlo como un Tribunal ordinario o especial, o como un órgano que ejerce Jurisdicción, o como un órgano de la administración pública, acarrea una serie de repercusiones orgánicas y funcionales diferentes. En relación con este punto hemos señalado en trabajos anteriores que el Panel de Expertos es propiamente un Tribunal especial ubicado fuera del Poder Judicial, por lo tanto, no está sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de acuerdo a la misión que le ha encargado la ley, esto es resolver una disconformidad, un desacuerdo, un conÀicto entre concesionarios o empresas eléctricas, o entre éstos y la autoridad sobre una cuestión de derecho. La base de esta interpretación la podemos encontrar en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, el cual establece que a los Tribunales establecidos por la ley les corresponde resolver conÀictos de relevancia jurídica. Esta potestad jurisdiccional es justamente la que la LGSE le encomendó al Panel de Expertos, pese a que esta norma no lo conceptualizó como Tribunal, no puede negarse su naturaleza de ente juzgador especial. Al observar las discrepancias que la ley le encomienda dirimir, establecidas en el art. 208 de la normativa en comento, se pueden distinguir dos tipos de potestades jurisdiccionales en consideración a quienes va dirigido

Al observar las discrepancias que la ley le encomienda dirimir, establecidas en el art. 208 de la normativa en comento, se pueden distinguir dos tipos de potestades jurisdiccionales en consideración a quienes va dirigido Mucho se ha argumentado doctrinariamente acerca de la naturaleza jurídica del Panel de Expertos, discusión de gran relevancia puesto que clasi¿carlo como un Tribunal ordinario o especial, o como un órgano que ejerce Jurisdicción, o como un órgano de la administración pública, acarrea una serie de repercusiones orgánicas y funcionales diferentes. En relación con este punto hemos señalado en trabajos anteriores que el Panel de Expertos es propiamente un Tribunal especial ubicado fuera del Poder Judicial, por lo tanto, no está sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de acuerdo a la misión que le ha encargado la ley, esto es resolver una disconformidad, un desacuerdo, un conÀicto entre concesionarios o empresas eléctricas, o entre éstos y la autoridad sobre una cuestión de derecho. La base de esta interpretación la podemos encontrar en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, el cual establece que a los Tribunales establecidos por la ley les corresponde resolver conÀictos de relevancia jurídica. Esta potestad jurisdiccional es justamente la que la LGSE le encomendó al Panel de Expertos, pese a que esta norma no lo conceptualizó como Tribunal, no puede negarse su naturaleza de ente juzgador especial. III. NATURALEZA JURÍDICA: ¿ES UN TRIBUNAL? ii) la decisión debe emitirse en de¿nitiva atendiendo a las peticiones concretas de los ocurrentes o discrepantes, como se hizo por el Panel de Expertos en el Dictamen Nº 3-2004, y en los siguientes de 2004, en que claramente dicho órgano ha ido abandonando la estrictez del criterio de las “alternativas”, y ha ido exponiéndolas formalmente, pero decidiendo no sólo respecto a lo estrictamente planteado por cada parte, sino a lo que más corresponde en justicia; y corresponde en justicia aquello más adecuado a los antecedentes de la causa, analizado desde la triple perspectiva de la ingeniería, de la economía y del derecho. i) debe exigirse a los recurrentes la necesidad de hacer presentaciones con claridad, so pena de inadmisibilidad, para permitir en de¿nitiva que el Panel de Expertos pueda atenerse a las “peticiones concretas” de cada parte, y BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS

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ALEJANDRO VERGARA BLANCO

En la actualidad podemos señalar que las dudas sobre la función jurisdiccional del Panel se encuentran dilucidadas, gracia a que el legislador ha oído a la doctrina en relación a cuál es la verdadera naturaleza jurídica del Panel de Expertos, dando respaldo positivo a quienes hemos sostenido que dicho Panel ejerce una verdadera jurisdicción. El inciso segundo del artículo 8º transitorio de la Ley Nº 20.285 sobre acceso a la información, reconoce expresamente al Panel de Expertos en materias eléctricas como

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No obstante la contundencia constitucional y legal de los argumentos esgrimidos anteriormente, se le ha negado el carácter jurisdiccional al Panel de Expertos. La Corte Suprema, en virtud de lo señalado en los artículos 77 inciso segundo de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se pronunció en relación al Proyecto de Ley Nº 19.940, que estableció el Panel de Expertos, a este respecto señaló: “Sólo compete informar en torno a aquellos proyectos que se re¿eren a la organización y atribuciones de los tribunales”, agregando el informe “no es un órgano jurisdiccional en los términos de los artículos 73 y 74 de la Constitución y 5º del Código Orgánico de Tribunales”, por lo tanto, no le es competente emitir un informe sobre la materia consultada. Posteriormente, durante la discusión parlamentaria, que en honor a la verdad fue escasa, el Diputado Sr. Leay señaló en consideración al Panel de Expertos: “No constituye un tribunal, sino una instancia auxiliar de la administración del sistema eléctrico”. Posteriormente agrega: “La opinión o dictamen no puede ser desoído ni por la autoridad ni por las empresas (…) formando parte de un procedimiento administrativo”.

el dictamen. La primera se puede caracterizar como contenciosa-administrativa, en virtud de resolver conÀictos entre la autoridad y los particulares. Encontramos este argumento en lo señalado por el art. 19 Nº 3 al tratar el Debido Proceso, no limitando la aplicación de esta garantía sólo a los Tribunales que integran el Poder Judicial, sino a todo Tribunal establecido por la Ley. Materializando este principio el artículo 38 inciso segundo de la Constitución, establece “cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley”. La segunda es una potestad decidora de naturaleza arbitral, cuya ¿nalidad es resolver conÀictos entre empresas eléctricas, en el supuesto de someterse de común acuerdo al Panel de Expertos mediante un compromiso.

el dictamen. La primera se puede caracterizar como contenciosa-administrativa, en virtud de resolver conÀictos entre la autoridad y los particulares. Encontramos este argumento en lo señalado por el art. 19 Nº 3 al tratar el Debido Proceso, no limitando la aplicación de esta garantía sólo a los Tribunales que integran el Poder Judicial, sino a todo Tribunal establecido por la Ley. Materializando este principio el artículo 38 inciso segundo de la Constitución, establece “cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley”. La segunda es una potestad decidora de naturaleza arbitral, cuya ¿nalidad es resolver conÀictos entre empresas eléctricas, en el supuesto de someterse de común acuerdo al Panel de Expertos mediante un compromiso.

No obstante la contundencia constitucional y legal de los argumentos esgrimidos anteriormente, se le ha negado el carácter jurisdiccional al Panel de Expertos. La Corte Suprema, en virtud de lo señalado en los artículos 77 inciso segundo de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se pronunció en relación al Proyecto de Ley Nº 19.940, que estableció el Panel de Expertos, a este respecto señaló: “Sólo compete informar en torno a aquellos proyectos que se re¿eren a la organización y atribuciones de los tribunales”, agregando el informe “no es un órgano jurisdiccional en los términos de los artículos 73 y 74 de la Constitución y 5º del Código Orgánico de Tribunales”, por lo tanto, no le es competente emitir un informe sobre la materia consultada. Posteriormente, durante la discusión parlamentaria, que en honor a la verdad fue escasa, el Diputado Sr. Leay señaló en consideración al Panel de Expertos: “No constituye un tribunal, sino una instancia auxiliar de la administración del sistema eléctrico”. Posteriormente agrega: “La opinión o dictamen no puede ser desoído ni por la autoridad ni por las empresas (…) formando parte de un procedimiento administrativo”.

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En la actualidad podemos señalar que las dudas sobre la función jurisdiccional del Panel se encuentran dilucidadas, gracia a que el legislador ha oído a la doctrina en relación a cuál es la verdadera naturaleza jurídica del Panel de Expertos, dando respaldo positivo a quienes hemos sostenido que dicho Panel ejerce una verdadera jurisdicción. El inciso segundo del artículo 8º transitorio de la Ley Nº 20.285 sobre acceso a la información, reconoce expresamente al Panel de Expertos en materias eléctricas como

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un “órgano que ejerce jurisdicción”, aunque como hemos señalado reviste la forma de un Tribunal especial. A mayor abundamiento, la Ley Nº 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública dispone en su artículo 8º transitorio que “los demás tribunales especiales de la República, tales como el Tribunal de Contratación Pública o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y los órganos que ejercen jurisdicción, como la Dirección General de Aeronáutica Civil o el Panel de Expertos a que se re¿ere la ley Nº 19.940, cumplirán la obligación dispuesta en el inciso precedente (obligación de mantener a disposición del público los antecedentes señalados en el artículo 7º de dicha ley) mediante sus propios sitios electrónicos o en los del o de los servicios u organismos de que dependan o formen parte o tengan más próxima vinculación, en caso de que no dispongan de un sistema propio”, lo que apoya lo anteriormente expuesto (el destacado es nuestro). IV. EL PANEL DE EXPERTOS NO FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Un segundo conÀicto ha sido determinar si el Panel de Expertos se encuentra ubicado dentro de la Administración Pública, haciéndole extensivas las directrices contenidas en la Ley Nº 19.940, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, y en la Ley Nº 18.675, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Creemos ¿rmemente en la autonomía orgánica del Panel de Expertos como Tribunal especial eléctrico, tanto de la Administración Pública como del Poder Judicial. Con¿rma nuestra posición lo dispuesto por la LGSE en su artículo 212, el cual establece que “los integrantes del Panel, el Secretario abogado y el personal auxiliar del panel, no tendrán carácter de personal de la Administración del Estado. No obstante les serán aplicables las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en el D.F.L. Nº 1/19.653 y las previstas en el Título V del Código Penal”. Es claro el sentido de la disposición citada, esto es, excluir al Panel de Expertos de la aplicación del Estatuto Administrativo, sólo haciendo extensiva la aplicación de éste en lo relacionado a las sanciones administrativas de sus miembros. Este punto ha sido rati¿cado por el propio Tribunal Constitucional, el cual en sentencia de fecha 10 de marzo de 2004, Rol Nº 403, en relación a

Este punto ha sido rati¿cado por el propio Tribunal Constitucional, el cual en sentencia de fecha 10 de marzo de 2004, Rol Nº 403, en relación a Un segundo conÀicto ha sido determinar si el Panel de Expertos se encuentra ubicado dentro de la Administración Pública, haciéndole extensivas las directrices contenidas en la Ley Nº 19.940, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, y en la Ley Nº 18.675, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Creemos ¿rmemente en la autonomía orgánica del Panel de Expertos como Tribunal especial eléctrico, tanto de la Administración Pública como del Poder Judicial. Con¿rma nuestra posición lo dispuesto por la LGSE en su artículo 212, el cual establece que “los integrantes del Panel, el Secretario abogado y el personal auxiliar del panel, no tendrán carácter de personal de la Administración del Estado. No obstante les serán aplicables las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en el D.F.L. Nº 1/19.653 y las previstas en el Título V del Código Penal”. Es claro el sentido de la disposición citada, esto es, excluir al Panel de Expertos de la aplicación del Estatuto Administrativo, sólo haciendo extensiva la aplicación de éste en lo relacionado a las sanciones administrativas de sus miembros. FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADO

IV. EL PANEL DE EXPERTOS NO A mayor abundamiento, la Ley Nº 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública dispone en su artículo 8º transitorio que “los demás tribunales especiales de la República, tales como el Tribunal de Contratación Pública o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y los órganos que ejercen jurisdicción, como la Dirección General de Aeronáutica Civil o el Panel de Expertos a que se re¿ere la ley Nº 19.940, cumplirán la obligación dispuesta en el inciso precedente (obligación de mantener a disposición del público los antecedentes señalados en el artículo 7º de dicha ley) mediante sus propios sitios electrónicos o en los del o de los servicios u organismos de que dependan o formen parte o tengan más próxima vinculación, en caso de que no dispongan de un sistema propio”, lo que apoya lo anteriormente expuesto (el destacado es nuestro). un “órgano que ejerce jurisdicción”, aunque como hemos señalado reviste la forma de un Tribunal especial. BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS

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Sin perjuicio de lo expuesto, parte de la doctrina insiste en incluir al Panel de Expertos dentro de la Administración del Estado. Se ha argumentado que el Panel de Expertos es un órgano colegiado de la Administración del Estado que integra la institucionalidad del sector eléctrico, de naturaleza híbrida en su competencia, de potestad dictaminadora económica y de potestad jurisdiccional, auxiliar, de carácter técnico, independiente, imparcial, pero sometido a las normas de la Ley Nº 18.675, es decir, dentro de la Administración Pública. Siguiendo esta línea argumental, incluso se va más allá, y se ha llegado a a¿rmar que el dictamen es un acto administrativo. Señala que esta calidad antes mencionada deriva de su correspondencia con la tipi¿cación legal y por ser un elemento constituyente de un procedimiento administrativo que culmina en un acto administrativo formal consistente en un Decreto. Continúa señalando que la tipi¿cación antes descrita resulta de aplicar el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, el cual de¿ne acto administrativo, en general, como las decisiones formales que emiten los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Lo anterior es objetable de acuerdo a lo que señalamos anteriormente, el Panel de Expertos no forma parte de la Administración Pública, atendido el tenor literal de la LGSE, que de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil en su artículo 19, cuando su sentido es claro no debe desatenderse el tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. No se trata de incluir al Panel de Expertos en la Administración Pública por una técnica de hermenéutica legislativa, si asumiendo que sólo en lo tocante a la responsabilidad funcionaria será aplicable el Estatuto Administrativo. Es por esta razón que el Tribunal Constitucional de manera enfática señala que el Panel de Expertos no forma parte de la Administración; luego, si no

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la aplicación de las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, indicó que se aplica la ley “no obstante que (los integrantes del panel de expertos) no forman parte de la Administración del Estado”. En el mismo orden de ideas durante la toma de razón del D.S. Nº 181, el cual estableció el Reglamento del Panel de Expertos, fue elaborada la conocida minuta Nº 603, por parte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia donde efectuó un análisis interesante a considerar sobre el Panel de Expertos, dentro del cual estableció que el Panel de Expertos no formaría parte de la Administración Pública, siguiendo lo planteado por el Tribunal Constitucional.

la aplicación de las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, indicó que se aplica la ley “no obstante que (los integrantes del panel de expertos) no forman parte de la Administración del Estado”. En el mismo orden de ideas durante la toma de razón del D.S. Nº 181, el cual estableció el Reglamento del Panel de Expertos, fue elaborada la conocida minuta Nº 603, por parte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia donde efectuó un análisis interesante a considerar sobre el Panel de Expertos, dentro del cual estableció que el Panel de Expertos no formaría parte de la Administración Pública, siguiendo lo planteado por el Tribunal Constitucional.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Sin perjuicio de lo expuesto, parte de la doctrina insiste en incluir al Panel de Expertos dentro de la Administración del Estado. Se ha argumentado que el Panel de Expertos es un órgano colegiado de la Administración del Estado que integra la institucionalidad del sector eléctrico, de naturaleza híbrida en su competencia, de potestad dictaminadora económica y de potestad jurisdiccional, auxiliar, de carácter técnico, independiente, imparcial, pero sometido a las normas de la Ley Nº 18.675, es decir, dentro de la Administración Pública. Siguiendo esta línea argumental, incluso se va más allá, y se ha llegado a a¿rmar que el dictamen es un acto administrativo. Señala que esta calidad antes mencionada deriva de su correspondencia con la tipi¿cación legal y por ser un elemento constituyente de un procedimiento administrativo que culmina en un acto administrativo formal consistente en un Decreto. Continúa señalando que la tipi¿cación antes descrita resulta de aplicar el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, el cual de¿ne acto administrativo, en general, como las decisiones formales que emiten los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Lo anterior es objetable de acuerdo a lo que señalamos anteriormente, el Panel de Expertos no forma parte de la Administración Pública, atendido el tenor literal de la LGSE, que de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil en su artículo 19, cuando su sentido es claro no debe desatenderse el tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. No se trata de incluir al Panel de Expertos en la Administración Pública por una técnica de hermenéutica legislativa, si asumiendo que sólo en lo tocante a la responsabilidad funcionaria será aplicable el Estatuto Administrativo. Es por esta razón que el Tribunal Constitucional de manera enfática señala que el Panel de Expertos no forma parte de la Administración; luego, si no

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forma parte de ésta, y siguiendo la misma argumentación del autor señalado, no puede catalogarse al dictamen como un acto administrativo, ni menos bajo la forma de un decreto. V. RECURRIBILIDAD DE SUS DECISIONES: CASO “CHILECTRA CON PANEL DE EXPERTOS” ANTE LA CORTE SUPREMA A través de sentencia de 16 de mayo de 2007 la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por Chilectra en contra del Dictamen Nº 7 de 2007 del Panel de Expertos. Es una sentencia dividida: la mayoría estuvo por rechazar el recurso, y un disidente estuvo por declarar inadmisible el recurso. En este caso la recurrente (Chilectra) cuestiona la legalidad de un aspecto de un dictamen del Panel de Expertos (recurrido). Dicho dictamen se enmarca en el proceso de ¿jación de las tarifas de subtransmisión, y constituye uno de los hitos relevantes de dicho proceso, en que participa la autoridad administrativa (Comisión Nacional de Energía), las empresas de subtransmisión (entre ellas Chilectra) y demás interesados. Dos aspectos cabe destacar en la sentencia del caso “Chilectra con Panel de Expertos”: La recurribilidad de sus decisiones (a); las razones meramente formales para rechazar el recurso (b). a) La recurribilidad de los dictámenes del Panel de Expertos. Declaración de inconstitucionalidad realizada por el juez de protección Si contra los Dictámenes del Panel de Expertos no procede recurso alguno, sus decisiones son de “única instancia”; es la última palabra en el conÀicto. Es un tema que no ha sido debatido o contradicho en la literatura jurídica que se ha generado después de la creación del Panel, pues en dicha decisión legal estuvieron de acuerdo todos los actores al tramitarse la Ley Corta, lo que estaba dirigido a evitar la “judicialización” de los conÀictos eléctricos. Incluso uno de los aspectos que más han valorado los actores en los tres años de funcionamiento del Panel de Expertos es el cese evidente

Si contra los Dictámenes del Panel de Expertos no procede recurso alguno, sus decisiones son de “única instancia”; es la última palabra en el conÀicto. Es un tema que no ha sido debatido o contradicho en la literatura jurídica que se ha generado después de la creación del Panel, pues en dicha decisión legal estuvieron de acuerdo todos los actores al tramitarse la Ley Corta, lo que estaba dirigido a evitar la “judicialización” de los conÀictos eléctricos. Incluso uno de los aspectos que más han valorado los actores en los tres años de funcionamiento del Panel de Expertos es el cese evidente a) La recurribilidad de los dictámenes del Panel de Expertos. Declaración de inconstitucionalidad realizada por el juez de protección La recurribilidad de sus decisiones (a); las razones meramente formales para rechazar el recurso (b). Dos aspectos cabe destacar en la sentencia del caso “Chilectra con Panel de Expertos”: En este caso la recurrente (Chilectra) cuestiona la legalidad de un aspecto de un dictamen del Panel de Expertos (recurrido). Dicho dictamen se enmarca en el proceso de ¿jación de las tarifas de subtransmisión, y constituye uno de los hitos relevantes de dicho proceso, en que participa la autoridad administrativa (Comisión Nacional de Energía), las empresas de subtransmisión (entre ellas Chilectra) y demás interesados. A través de sentencia de 16 de mayo de 2007 la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por Chilectra en contra del Dictamen Nº 7 de 2007 del Panel de Expertos. Es una sentencia dividida: la mayoría estuvo por rechazar el recurso, y un disidente estuvo por declarar inadmisible el recurso. V. RECURRIBILIDAD DE SUS DECISIONES: CASO “CHILECTRA CON PANEL DE EXPERTOS” ANTE LA CORTE SUPREMA forma parte de ésta, y siguiendo la misma argumentación del autor señalado, no puede catalogarse al dictamen como un acto administrativo, ni menos bajo la forma de un decreto. BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS

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En primer lugar, cabe referirse al argumento literalista que con una razonabilidad muy discutible plantea la sentencia. En este considerando se postula que como la Constitución “no impide” la interposición del recurso de protección, ninguna ley podrá hacerlo, a raíz de lo cual esta acción sería de una universalidad tal que podría presentarse respecto de cualquier acto, persona o autoridad, sólo por el hecho de que el texto constitucional no lo limita en su texto de manera expresa. Con este criterio, dado que tampoco está establecida una limitación constitucional para interponer la acción de protección en contra de una sentencia judicial, ello sería procedente. ¿Y en contra del Congreso Nacional, por la dictación de una ley, dado que no lo limita la Constitución? ¿No es un exceso? La jurisprudencia de protección hasta ahora más bien venía “limitando”, o “¿jando” un marco adecuado para la interposición de recursos de protección, observando la realidad: por ejemplo, si se trataba de potestades constitucionales, como las legislativas, era obvio que quedan fuera; o si se trata de sentencias de los tribunales de justicia, igualmente, sobre todo por encontrarse en medio del imperio del derecho.

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En la sentencia del caso “Chilectra con Panel de Expertos”, la Corte cambia su criterio y ahora estima que sí es recurrible un dictamen del Panel por la vía del recurso de protección, mediante el siguiente argumento (considerando 7º): “[Que] siendo el recurso de protección una acción de rango constitucional, sólo nuestra Carta Constitucional podría limitarlo, consecuencialmente, ninguna norma de rango inferior, como sería una ley, podría impedir su interposición, ya que ello atentaría gravemente contra el principio de la supremacía de la constitucional y dejaría al arbitrio del legislador una materia que es propia y excluyente del constituyente”.

de los litigios en el sector. Incluso, se ha dicho que su propia existencia, y el tenor de sus primeras decisiones marcó un tono de tal magnitud que ha atemperado todo deseo de conÀicto judicial y ha instado al acercamiento de las empresas en conÀicto. En otras palabras, ha operado uno de los objetivos de todo sistema jurisdiccional: desincentivar el conÀicto y propiciar la negociación entre las partes.

Con anterioridad se había presentado un recurso de protección en contra del Panel de Expertos por una empresa del sector eléctrico, el cual fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto es, la Corte había respetado el criterio legal de que los dictámenes no pueden ser objeto de recurso alguno, como lo dice la Ley Eléctrica.

Con anterioridad se había presentado un recurso de protección en contra del Panel de Expertos por una empresa del sector eléctrico, el cual fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto es, la Corte había respetado el criterio legal de que los dictámenes no pueden ser objeto de recurso alguno, como lo dice la Ley Eléctrica.

de los litigios en el sector. Incluso, se ha dicho que su propia existencia, y el tenor de sus primeras decisiones marcó un tono de tal magnitud que ha atemperado todo deseo de conÀicto judicial y ha instado al acercamiento de las empresas en conÀicto. En otras palabras, ha operado uno de los objetivos de todo sistema jurisdiccional: desincentivar el conÀicto y propiciar la negociación entre las partes.

En la sentencia del caso “Chilectra con Panel de Expertos”, la Corte cambia su criterio y ahora estima que sí es recurrible un dictamen del Panel por la vía del recurso de protección, mediante el siguiente argumento (considerando 7º): “[Que] siendo el recurso de protección una acción de rango constitucional, sólo nuestra Carta Constitucional podría limitarlo, consecuencialmente, ninguna norma de rango inferior, como sería una ley, podría impedir su interposición, ya que ello atentaría gravemente contra el principio de la supremacía de la constitucional y dejaría al arbitrio del legislador una materia que es propia y excluyente del constituyente”.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

En primer lugar, cabe referirse al argumento literalista que con una razonabilidad muy discutible plantea la sentencia. En este considerando se postula que como la Constitución “no impide” la interposición del recurso de protección, ninguna ley podrá hacerlo, a raíz de lo cual esta acción sería de una universalidad tal que podría presentarse respecto de cualquier acto, persona o autoridad, sólo por el hecho de que el texto constitucional no lo limita en su texto de manera expresa. Con este criterio, dado que tampoco está establecida una limitación constitucional para interponer la acción de protección en contra de una sentencia judicial, ello sería procedente. ¿Y en contra del Congreso Nacional, por la dictación de una ley, dado que no lo limita la Constitución? ¿No es un exceso? La jurisprudencia de protección hasta ahora más bien venía “limitando”, o “¿jando” un marco adecuado para la interposición de recursos de protección, observando la realidad: por ejemplo, si se trataba de potestades constitucionales, como las legislativas, era obvio que quedan fuera; o si se trata de sentencias de los tribunales de justicia, igualmente, sobre todo por encontrarse en medio del imperio del derecho.

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En segundo lugar, además de ser débil el argumento, las consecuencias: con esta declaración se debilita la irrecurribilidad de los dictámenes establecida en la Ley Eléctrica. La “única instancia” en casos tan cali¿cados como éste se justi¿ca por las razones indicadas más arriba y es común en los sistemas legales. Lo más paradójico, es que la sentencia para apoyar la recurribilidad de los dictámenes del Panel de Expertos se apoya en la opinión de José Luis Cea Egaña, al que la sentencia cita como “profesor de Derecho Constitucional, y actual Presidente del Tribunal Constitucional”, tribunal este último que falla… ¡en única instancia! Por otra parte, a raíz de lo anterior el juez de protección entiende que “el acto impugnado [el dictamen del Panel de Expertos] puede ser, por su propia naturaleza, motivo del recurso de protección”, efectuando en seguida la siguiente declaración de inconstitucionalidad: “(…) por lo que cabe al respecto desestimar la pretensión de la recurrida en cuanto a la prevalencia del inciso 3º, parte final, del artículo 133 [hoy 211] invocado en el caso subjudice”.

¿Qué signi¿ca esta declaración? En los hechos signi¿ca lisa y llanamente que la Corte de Apelaciones ha declarado inaplicable este artículo en la causa, y ha preferido la aplicación de una “base” constitucional que no argumenta su¿cientemente. Ha asumido el papel de un juez que aplica directamente la Constitución, y desaplica la ley por considerarla inconstitucional, papel que hoy día realiza el Tribunal Constitucional. No obstante todo lo anterior, en de¿nitiva la Corte limitará por razones meramente formales su intromisión en la decisión del Panel de Expertos. Cabe preguntarse si existió incoherencia en el Tribunal al aceptar, por una parte, la tesis de admisibilidad del recurso; y por otra, rechazar el recurso basándose en razones meramente formales, casi de intuición. b) Las razones formales para rechazar el recurso La Corte de Apelaciones, una vez declarada la posibilidad de revisar la “ilegalidad o arbitrariedad” del dictamen del Panel de Expertos, y luego de revisar las normas legales que regulan el actuar del Panel de Expertos, como asimismo las funciones que le corresponde desempeñar dentro del marco legal, señala las siguientes declaraciones:

La Corte de Apelaciones, una vez declarada la posibilidad de revisar la “ilegalidad o arbitrariedad” del dictamen del Panel de Expertos, y luego de revisar las normas legales que regulan el actuar del Panel de Expertos, como asimismo las funciones que le corresponde desempeñar dentro del marco legal, señala las siguientes declaraciones: b) Las razones formales para rechazar el recurso No obstante todo lo anterior, en de¿nitiva la Corte limitará por razones meramente formales su intromisión en la decisión del Panel de Expertos. Cabe preguntarse si existió incoherencia en el Tribunal al aceptar, por una parte, la tesis de admisibilidad del recurso; y por otra, rechazar el recurso basándose en razones meramente formales, casi de intuición. ¿Qué signi¿ca esta declaración? En los hechos signi¿ca lisa y llanamente que la Corte de Apelaciones ha declarado inaplicable este artículo en la causa, y ha preferido la aplicación de una “base” constitucional que no argumenta su¿cientemente. Ha asumido el papel de un juez que aplica directamente la Constitución, y desaplica la ley por considerarla inconstitucional, papel que hoy día realiza el Tribunal Constitucional. “(…) por lo que cabe al respecto desestimar la pretensión de la recurrida en cuanto a la prevalencia del inciso 3º, parte final, del artículo 133 [hoy 211] invocado en el caso subjudice”.

Por otra parte, a raíz de lo anterior el juez de protección entiende que “el acto impugnado [el dictamen del Panel de Expertos] puede ser, por su propia naturaleza, motivo del recurso de protección”, efectuando en seguida la siguiente declaración de inconstitucionalidad: En segundo lugar, además de ser débil el argumento, las consecuencias: con esta declaración se debilita la irrecurribilidad de los dictámenes establecida en la Ley Eléctrica. La “única instancia” en casos tan cali¿cados como éste se justi¿ca por las razones indicadas más arriba y es común en los sistemas legales. Lo más paradójico, es que la sentencia para apoyar la recurribilidad de los dictámenes del Panel de Expertos se apoya en la opinión de José Luis Cea Egaña, al que la sentencia cita como “profesor de Derecho Constitucional, y actual Presidente del Tribunal Constitucional”, tribunal este último que falla… ¡en única instancia! BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS

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(i) En el caso de la sentencia de mayoría, es incoherente con la mínima razonabilidad y argumentación que cabe esperar de un Tribunal por su

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Termina señalando que “esta Corte estima que la recurrida al evacuar el dictamen impugnado ha obrado de acuerdo a la normativa legal”, y –sin más, sin entrar al fondo del asunto– rechaza el recurso; de ahí que cabe preguntarse: ¿con qué objeto la Corte de Apelaciones acepta competencia si realmente no revisa el fondo del asunto? ¿No habría sido más coherente declarar inadmisible la acción? Pues, en los hechos, tanto el voto disidente (que declara inadmisible la acción) como la sentencia de mayoría (que rechaza la acción), utilizan un argumento formal o intuitivo para formarse su convicción: en ambos casos declaran, respectivamente, que como no es “evidente” (Considerando 11) o “mani¿esta” (Considerando 3º) su ilegalidad o arbitrariedad no corresponde, atendida la naturaleza cautelar del recurso, dilucidar criterios de aplicación normativa. Esta apelación a lo evidente de la ilegalidad es incoherente en ambos casos:

(i) “[E]vacuando [el panel de expertos] el dictamen 7-2006, al tenor de lo establecido en el artículo 133 [de la Ley Eléctrica], el cual (…) no satisface las expectativas de la recurrente, lo cual, a juicio de esta Corte, no constituye un acto ilegal, pues ha sido emitido formalmente de conformidad a la normativa legal en referencia, ni puede ser calificado de arbitrario, ya que no es producto del capricho de los integrantes del Panel de Expertos, sino del estudio técnico fundado efectuado por éstos y resuelto al tenor de las alternativas en discusión” (Considerando 10º).

Así, no obstante la admisibilidad declarada, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, para el rechazo del recurso no se ha introducido en el análisis de las materias técnicas de ingeniería, economía y jurídicas de alta especialización que destacan a los dictámenes del Panel de Expertos, sino lo ha hecho mediante argumentos meramente formales.

(ii) “[E]l ámbito de la aplicación (del recurso de protección) corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidente (…), lo que en la especie a juicio de esta Corte no ocurre” (Considerando 11º);

(iii) “[A]tendida su naturaleza cautelar, impide que el recurso (de protección) pueda emplearse para dilucidar criterios de aplicación de leyes, en especial, cuando éstos inciden en materias técnicas entregadas por ley a profesionales idóneos”.

(iii) “[A]tendida su naturaleza cautelar, impide que el recurso (de protección) pueda emplearse para dilucidar criterios de aplicación de leyes, en especial, cuando éstos inciden en materias técnicas entregadas por ley a profesionales idóneos”.

(ii) “[E]l ámbito de la aplicación (del recurso de protección) corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidente (…), lo que en la especie a juicio de esta Corte no ocurre” (Considerando 11º);

Así, no obstante la admisibilidad declarada, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, para el rechazo del recurso no se ha introducido en el análisis de las materias técnicas de ingeniería, economía y jurídicas de alta especialización que destacan a los dictámenes del Panel de Expertos, sino lo ha hecho mediante argumentos meramente formales.

(i) “[E]vacuando [el panel de expertos] el dictamen 7-2006, al tenor de lo establecido en el artículo 133 [de la Ley Eléctrica], el cual (…) no satisface las expectativas de la recurrente, lo cual, a juicio de esta Corte, no constituye un acto ilegal, pues ha sido emitido formalmente de conformidad a la normativa legal en referencia, ni puede ser calificado de arbitrario, ya que no es producto del capricho de los integrantes del Panel de Expertos, sino del estudio técnico fundado efectuado por éstos y resuelto al tenor de las alternativas en discusión” (Considerando 10º).

Termina señalando que “esta Corte estima que la recurrida al evacuar el dictamen impugnado ha obrado de acuerdo a la normativa legal”, y –sin más, sin entrar al fondo del asunto– rechaza el recurso; de ahí que cabe preguntarse: ¿con qué objeto la Corte de Apelaciones acepta competencia si realmente no revisa el fondo del asunto? ¿No habría sido más coherente declarar inadmisible la acción? Pues, en los hechos, tanto el voto disidente (que declara inadmisible la acción) como la sentencia de mayoría (que rechaza la acción), utilizan un argumento formal o intuitivo para formarse su convicción: en ambos casos declaran, respectivamente, que como no es “evidente” (Considerando 11) o “mani¿esta” (Considerando 3º) su ilegalidad o arbitrariedad no corresponde, atendida la naturaleza cautelar del recurso, dilucidar criterios de aplicación normativa. Esta apelación a lo evidente de la ilegalidad es incoherente en ambos casos:

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

(i) En el caso de la sentencia de mayoría, es incoherente con la mínima razonabilidad y argumentación que cabe esperar de un Tribunal por su

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BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS

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cometido y sentido de justicia. Es que una vez que un Tribunal ha aceptado competencia para conocer de un asunto, lo que corresponde es que se introduzca completa y fundadamente en el fondo del mismo, para veri¿car con todos los antecedentes aquilatados si existe o no ilegalidad; pero esta técnica Àoja de señalar simplemente que “a juicio” de los sentenciadores no hay ilegalidades mani¿estas, sin fundar dicho aserto en el fondo es decepcionante para cualquier justiciable, que espera fundamentos mínimos de los sentenciadores. Por lo anterior, los “argumentos” super¿ciales esgrimidos por los sentenciadores (que no es “evidente” la ilegalidad) en que no se analiza el fondo del asunto, no ofrecen una real y sana administración de justicia. (ii) En el caso del voto, es incoherente con la inadmisibilidad, pues si por un lado señala que es inadmisible el recurso (cuyas razones son atendibles y escuetamente expuestas), no cabe, por otro lado, introducirse al fondo para declarar que no observa el Tribunal ilegalidades o arbitrariedades “mani¿estas”. ¿Qué habría ocurrido si las hay? ¿En ese caso borrará con el codo las razones de la inadmisibilidad para introducirse en el fondo? ¿Acaso la admisibilidad depende de lo gruesas, evidentes o mani¿estas que sean las posibles ilegalidades? CONCLUSIONES 1º. El Panel de Expertos es un tribunal especial que ejerce jurisdicción, que no integra el Poder Judicial, por lo cual no se encuentra sometido a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, ni tampoco forma parte de la Administración Pública. Independiente, vinculante, aunque sin capacidad de imperio en cuanto a la ejecución de sus resoluciones, siendo su competencia ambivalente, manifestando una faz contencioso-administrativa y otra arbitral. 2º. En lo que respecta al análisis del fallo del Recurso de Protección de Chilectra en contra del Panel de Expertos, es preciso señalar que en ambos casos los sentenciadores no han analizado lo que realmente deben efectuar: las hipótesis por las cuales podría llegar un Tribunal a conocer de un Dictamen del Panel de Expertos, no obstante la irrecurribilidad que establece el artículo 211 de la LGSE. Quizás lo que cabe es distinguir estos dos aspectos:

2º. En lo que respecta al análisis del fallo del Recurso de Protección de Chilectra en contra del Panel de Expertos, es preciso señalar que en ambos casos los sentenciadores no han analizado lo que realmente deben efectuar: las hipótesis por las cuales podría llegar un Tribunal a conocer de un Dictamen del Panel de Expertos, no obstante la irrecurribilidad que establece el artículo 211 de la LGSE. Quizás lo que cabe es distinguir estos dos aspectos: 1º. El Panel de Expertos es un tribunal especial que ejerce jurisdicción, que no integra el Poder Judicial, por lo cual no se encuentra sometido a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, ni tampoco forma parte de la Administración Pública. Independiente, vinculante, aunque sin capacidad de imperio en cuanto a la ejecución de sus resoluciones, siendo su competencia ambivalente, manifestando una faz contencioso-administrativa y otra arbitral. CONCLUSIONES (ii) En el caso del voto, es incoherente con la inadmisibilidad, pues si por un lado señala que es inadmisible el recurso (cuyas razones son atendibles y escuetamente expuestas), no cabe, por otro lado, introducirse al fondo para declarar que no observa el Tribunal ilegalidades o arbitrariedades “mani¿estas”. ¿Qué habría ocurrido si las hay? ¿En ese caso borrará con el codo las razones de la inadmisibilidad para introducirse en el fondo? ¿Acaso la admisibilidad depende de lo gruesas, evidentes o mani¿estas que sean las posibles ilegalidades? Por lo anterior, los “argumentos” super¿ciales esgrimidos por los sentenciadores (que no es “evidente” la ilegalidad) en que no se analiza el fondo del asunto, no ofrecen una real y sana administración de justicia. cometido y sentido de justicia. Es que una vez que un Tribunal ha aceptado competencia para conocer de un asunto, lo que corresponde es que se introduzca completa y fundadamente en el fondo del mismo, para veri¿car con todos los antecedentes aquilatados si existe o no ilegalidad; pero esta técnica Àoja de señalar simplemente que “a juicio” de los sentenciadores no hay ilegalidades mani¿estas, sin fundar dicho aserto en el fondo es decepcionante para cualquier justiciable, que espera fundamentos mínimos de los sentenciadores. BALANCE, NATURALEZA Y RECURRIBILIDAD DE LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS

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ALEJANDRO VERGARA BLANCO

a) Los aspectos técnico-eléctricos, enumerados en la LGSE, como de conocimiento exclusivo del Panel de Expertos; b) Los aspectos que puede controlar un juez de protección: la vulneración de alguna garantía constitucionalidad, directamente, como podría ser la de un justo y racional proceso. La hipótesis de un quebranto del procedimiento de discrepancia que establece la LGSE por el Panel de Expertos, por ejemplo, podría ser objeto de revisión, al tenor del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política (pues, de ese modo, lo convertiría en una “comisión especial”, un juez de estándar rebajado). Una declaración como la anterior cabría esperar de un juez de protección, analizando ésa u otra hipótesis. BIBLIOGRAFÍA CITADA

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): Derecho Eléctrico. (Santiago, Editorial Jurídica), 414 pp. BIBLIOGRAFÍA CITADA b) Los aspectos que puede controlar un juez de protección: la vulneración de alguna garantía constitucionalidad, directamente, como podría ser la de un justo y racional proceso. La hipótesis de un quebranto del procedimiento de discrepancia que establece la LGSE por el Panel de Expertos, por ejemplo, podría ser objeto de revisión, al tenor del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política (pues, de ese modo, lo convertiría en una “comisión especial”, un juez de estándar rebajado). Una declaración como la anterior cabría esperar de un juez de protección, analizando ésa u otra hipótesis. a) Los aspectos técnico-eléctricos, enumerados en la LGSE, como de conocimiento exclusivo del Panel de Expertos; 400

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

VERGARA BLANCO, Alejandro (2005): “El contenciosos administrativo en materia eléctrica: Naturaleza jurisdiccional de las funciones del “Panel de Expertos” en La Justicia Administrativa, Juan Carlos Ferrada coordinador. (Santiago, Lexis Nexis), pp. 241-270.

VERGARA BLANCO, Alejandro (2005): “El contenciosos administrativo en materia eléctrica: Naturaleza jurisdiccional de las funciones del “Panel de Expertos” en La Justicia Administrativa, Juan Carlos Ferrada coordinador. (Santiago, Lexis Nexis), pp. 241-270.

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004): Derecho Eléctrico. (Santiago, Editorial Jurídica), 414 pp.

Profesor Titular de Derecho Administrativo y Derecho Eléctrico Ponti¿cia Universidad Católica de Chile.

Esta ponencia fue dictada en el marco de las X Jornadas de Derecho Eléctrico del año 2010 celebradas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Versión provisoria. *

REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS*

La creación del Ministerio de Energía en el año 2009 ha otorgado autonomía al sector eléctrico, con una Secretaría de Estado encargada de plani¿car las políticas energéticas y coordinando los organismos técnicos intervinientes en el procedimiento concesional eléctrico. Esto se presenta como una oportunidad para encauzar y organizar de mejor manera el papel que juegan los distintos órganos intervinientes en dicho procedimiento y mejorar los estándares en la tramitación de las concesiones eléctricas.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO**

INTRODUCCIÓN La creciente necesidad de contar con nuevas fuentes generadoras de energía eléctrica ha devenido en un considerable aumento de proyectos energéticos que consecuentemente han hecho necesaria la tramitación de un gran número de concesiones y servidumbres eléctricas. La lentitud y “cuellos de botellas” que se generan en la tramitación de dichas concesiones y servidumbres hacen necesario un análisis a partir del cual se puedan obtener propuestas para agilizar el procedimiento concesional eléctrico, mediante modi¿caciones legales, reglamentarias y también a través del cambio en las prácticas administrativas.

La creciente necesidad de contar con nuevas fuentes generadoras de energía eléctrica ha devenido en un considerable aumento de proyectos energéticos que consecuentemente han hecho necesaria la tramitación de un gran número de concesiones y servidumbres eléctricas. La lentitud y “cuellos de botellas” que se generan en la tramitación de dichas concesiones y servidumbres hacen necesario un análisis a partir del cual se puedan obtener propuestas para agilizar el procedimiento concesional eléctrico, mediante modi¿caciones legales, reglamentarias y también a través del cambio en las prácticas administrativas.

INTRODUCCIÓN La creación del Ministerio de Energía en el año 2009 ha otorgado autonomía al sector eléctrico, con una Secretaría de Estado encargada de plani¿car las políticas energéticas y coordinando los organismos técnicos intervinientes en el procedimiento concesional eléctrico. Esto se presenta como una oportunidad para encauzar y organizar de mejor manera el papel que juegan los distintos órganos intervinientes en dicho procedimiento y mejorar los estándares en la tramitación de las concesiones eléctricas.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO** DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS*

REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO.

* Esta ponencia fue dictada en el marco de las X Jornadas de Derecho Eléctrico del año 2010 celebradas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Versión provisoria.

Profesor Titular de Derecho Administrativo y Derecho Eléctrico Ponti¿cia Universidad Católica de Chile.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Asimismo, a partir de la dictación de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, Ley N° 19.880 de 2003, todos los procedimientos administrativos deben estar informados por una serie de principios, entre los cuales cobra relevancia el principio de celeridad, que exige a la autoridad hacer expeditos los trámites para una pronta y debida decisión. Dicho principio se encuentra establecido en el artículo 7º de la ley en comento.

402

De esta forma, el contexto donde se generan los problemas es un procedimiento concesional consistente en una serie de actuaciones de la autoridad y del interesado, cuyo objetivo usual es obtener derechos reales de servidumbres en predios especí¿cos, que se traducen en una servidumbre, que tiene la particularidad de ser constituida por un acto administrativo (Decreto del Ministerio de Energía) y que se ejerce en predios particulares.

Existe una necesidad de generar cambios en el procedimiento concesional y de servidumbres eléctricas, debido a la existencia de una serie de problemas, relacionados con demoras y trámites innecesarios en la tramitación.

Para poder realizar un adecuado diagnóstico, es necesario en primer término de¿nir ciertos conceptos que pueden ser relevantes a la hora de buscar mejoras procedimentales.

Este diagnóstico es compartido por las empresas eléctricas y por los abogados del sector, que ven cómo ciertos órganos intervinientes, tales como la SEC, se han visto sobrepasados por el explosivo aumento de solicitudes de concesión. Esta realidad tiene relación con el hecho que las generadoras y transmisoras de energía eléctrica recurren a la concesión para obtener servidumbres, siendo que la concesión eléctrica sólo es título necesario para el caso de la distribución.

Por lo motivos anteriormente expuestos, es necesario dar forma a los distintos cambios, identi¿cando a través de un diagnóstico los problemas recurrentes en actual procedimiento concesional y servidumbres. Asimismo, se busca proponer modi¿caciones reglamentarias y de prácticas administrativas, que tiendan a optimizar los plazos de procedimientos y dar mayor cabida a la labor de la autoridad.

Por lo motivos anteriormente expuestos, es necesario dar forma a los distintos cambios, identi¿cando a través de un diagnóstico los problemas recurrentes en actual procedimiento concesional y servidumbres. Asimismo, se busca proponer modi¿caciones reglamentarias y de prácticas administrativas, que tiendan a optimizar los plazos de procedimientos y dar mayor cabida a la labor de la autoridad.

Este diagnóstico es compartido por las empresas eléctricas y por los abogados del sector, que ven cómo ciertos órganos intervinientes, tales como la SEC, se han visto sobrepasados por el explosivo aumento de solicitudes de concesión. Esta realidad tiene relación con el hecho que las generadoras y transmisoras de energía eléctrica recurren a la concesión para obtener servidumbres, siendo que la concesión eléctrica sólo es título necesario para el caso de la distribución.

Para poder realizar un adecuado diagnóstico, es necesario en primer término de¿nir ciertos conceptos que pueden ser relevantes a la hora de buscar mejoras procedimentales.

Existe una necesidad de generar cambios en el procedimiento concesional y de servidumbres eléctricas, debido a la existencia de una serie de problemas, relacionados con demoras y trámites innecesarios en la tramitación.

De esta forma, el contexto donde se generan los problemas es un procedimiento concesional consistente en una serie de actuaciones de la autoridad y del interesado, cuyo objetivo usual es obtener derechos reales de servidumbres en predios especí¿cos, que se traducen en una servidumbre, que tiene la particularidad de ser constituida por un acto administrativo (Decreto del Ministerio de Energía) y que se ejerce en predios particulares.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Asimismo, a partir de la dictación de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, Ley N° 19.880 de 2003, todos los procedimientos administrativos deben estar informados por una serie de principios, entre los cuales cobra relevancia el principio de celeridad, que exige a la autoridad hacer expeditos los trámites para una pronta y debida decisión. Dicho principio se encuentra establecido en el artículo 7º de la ley en comento.

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REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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I. DIAGNÓSTICO 1. Situación previa a la solicitud de concesión A. Necesidad actual de constituir concesiones mineras para poder desarrollar proyectos de energía Existe una necesidad actual de constituir concesiones mineras para poder desarrollar proyectos de energía. Desde que se instauró el actual régimen minero en la década de los ochenta, van quedando a la vista respecto a la institución de la concesión minera dos usos ajenos al objeto de esta institución. Por ello, se puede decir que en la actualidad las concesiones mineras tienen tres usos distintos, los que a continuación se señalan: i) Las concesiones mineras son utilizadas de acuerdo a su objeto y ¿nalidad, es decir, por empresas mineras que constituyen y mantienen las concesiones con el objeto de explorar y explotar yacimientos mineros; obtienen las servidumbres respectivas y desarrollan propiamente su giro minero. ii) Pero se ha desarrollado una utilización de las concesiones mineras de carácter especulativo, que intenta adelantarse a los proyectos de inversión de empresas no mineras, lo que puede signi¿car verdaderas extorsiones. Este uso fraudulento tiene lugar cuando el peticionario minero no es una empresa minera, sino que un tercero que, sin tener proyecto minero alguno, constituyen las concesiones mineras y solicitan las servidumbres respectivas con el objeto de obstaculizar los proyectos y obtener compensaciones de las empresas que desarrollen los proyectos, quienes se ven forzadas a acceder a las pretensiones de los terceros ante la sola amenaza de litigios o de vías de hecho, como la solicitud de anotación de litigio en los registros conservatorios del bien raíz, la facultad de auxilio a la fuerza pública a que se re¿ere el artículo 53 del Código de Minería o la constitución de servidumbres mineras provisorias, las cuales permiten su ejercicio, “desde luego”, mientras pende el juicio de servidumbre. Este abuso de las concesiones mineras se debe a que la legislación minera, por su propia lógica, protege e incentiva el descubrimiento de los yacimientos mineros, permitiendo que se presenten peticiones mineras libremente en

Este abuso de las concesiones mineras se debe a que la legislación minera, por su propia lógica, protege e incentiva el descubrimiento de los yacimientos mineros, permitiendo que se presenten peticiones mineras libremente en ii) Pero se ha desarrollado una utilización de las concesiones mineras de carácter especulativo, que intenta adelantarse a los proyectos de inversión de empresas no mineras, lo que puede signi¿car verdaderas extorsiones. Este uso fraudulento tiene lugar cuando el peticionario minero no es una empresa minera, sino que un tercero que, sin tener proyecto minero alguno, constituyen las concesiones mineras y solicitan las servidumbres respectivas con el objeto de obstaculizar los proyectos y obtener compensaciones de las empresas que desarrollen los proyectos, quienes se ven forzadas a acceder a las pretensiones de los terceros ante la sola amenaza de litigios o de vías de hecho, como la solicitud de anotación de litigio en los registros conservatorios del bien raíz, la facultad de auxilio a la fuerza pública a que se re¿ere el artículo 53 del Código de Minería o la constitución de servidumbres mineras provisorias, las cuales permiten su ejercicio, “desde luego”, mientras pende el juicio de servidumbre. i) Las concesiones mineras son utilizadas de acuerdo a su objeto y ¿nalidad, es decir, por empresas mineras que constituyen y mantienen las concesiones con el objeto de explorar y explotar yacimientos mineros; obtienen las servidumbres respectivas y desarrollan propiamente su giro minero. Existe una necesidad actual de constituir concesiones mineras para poder desarrollar proyectos de energía. Desde que se instauró el actual régimen minero en la década de los ochenta, van quedando a la vista respecto a la institución de la concesión minera dos usos ajenos al objeto de esta institución. Por ello, se puede decir que en la actualidad las concesiones mineras tienen tres usos distintos, los que a continuación se señalan: A. Necesidad actual de constituir concesiones mineras para poder desarrollar proyectos de energía 1. Situación previa a la solicitud de concesión I. DIAGNÓSTICO REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Antes de presentar una solicitud de concesión, es esencial que se realice un análisis de los predios que estarán dentro del trazado del proyecto y un acabado estudio de títulos de los mismos. Ahora bien, el estudio de títulos puede transformarse en un gran cuello de botella y demorarse mucho tiempo, en los casos que los propietarios de los predios sean comunidades y eternas sucesiones, más aún cuando no hayan hecho posesión efectiva. Sin embargo, el problema se produce por cuanto la solicitud de concesión debe incluir un listado detallado de los predios afectados, y ese listado obliga en cuanto a que no puede modi¿carse. Es decir, en caso que se olvidó algún propietario, obliga al peticionario a presentar de nuevo la solicitud. Por otra parte, el hecho de ser muchos comuneros o herederos, hace más largo el proceso de noti¿caciones, pues hay que noti¿carlos a todos, y muchas veces ni siquiera se tiene certeza de que realmente no existan más.

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B. Estudios de títulos prediales

cualquier sitio, y por cualquier persona. Además, el peticionario minero no requiere probar ningún interés en el área; no exige demostrar la existencia siquiera de indicios de yacimiento minero; ni tampoco impone la obligación de buscar indicios al concesionario de exploración. Esta situación, que si bien es positiva para el desarrollo minero, ha llevado a una desnaturalización de la concesión minera que ha sido y es utilizada para ¿nes especulativos, en fraude de la ley.

Entonces, para prevenir estos problemas, las empresas no mineras no dudan en asegurar sus proyectos de inversión mediante concesiones mineras, las cuales generan importantes costos a las empresas, barreras de entrada a los mercados y, por tanto, pérdida de e¿ciencia a la economía.

iii) El tercer uso de las concesiones mineras está relacionado con el anterior, y consiste en el empleo por empresas no mineras –como las de electricidad– de las concesiones mineras para prevenir verse extorsionado por terceros, y así evitar conÀictos en la ocupación del suelo en que se construirán las obras de inversión. Estas concesiones son un medio de protección en contra del abuso de la misma institución de las concesiones mineras por parte de terceros mala fe que puedan obstaculizar el desarrollo del proyecto requiriendo una indemnización especulativa.

iii) El tercer uso de las concesiones mineras está relacionado con el anterior, y consiste en el empleo por empresas no mineras –como las de electricidad– de las concesiones mineras para prevenir verse extorsionado por terceros, y así evitar conÀictos en la ocupación del suelo en que se construirán las obras de inversión. Estas concesiones son un medio de protección en contra del abuso de la misma institución de las concesiones mineras por parte de terceros mala fe que puedan obstaculizar el desarrollo del proyecto requiriendo una indemnización especulativa.

Entonces, para prevenir estos problemas, las empresas no mineras no dudan en asegurar sus proyectos de inversión mediante concesiones mineras, las cuales generan importantes costos a las empresas, barreras de entrada a los mercados y, por tanto, pérdida de e¿ciencia a la economía.

cualquier sitio, y por cualquier persona. Además, el peticionario minero no requiere probar ningún interés en el área; no exige demostrar la existencia siquiera de indicios de yacimiento minero; ni tampoco impone la obligación de buscar indicios al concesionario de exploración. Esta situación, que si bien es positiva para el desarrollo minero, ha llevado a una desnaturalización de la concesión minera que ha sido y es utilizada para ¿nes especulativos, en fraude de la ley.

B. Estudios de títulos prediales

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Antes de presentar una solicitud de concesión, es esencial que se realice un análisis de los predios que estarán dentro del trazado del proyecto y un acabado estudio de títulos de los mismos. Ahora bien, el estudio de títulos puede transformarse en un gran cuello de botella y demorarse mucho tiempo, en los casos que los propietarios de los predios sean comunidades y eternas sucesiones, más aún cuando no hayan hecho posesión efectiva. Sin embargo, el problema se produce por cuanto la solicitud de concesión debe incluir un listado detallado de los predios afectados, y ese listado obliga en cuanto a que no puede modi¿carse. Es decir, en caso que se olvidó algún propietario, obliga al peticionario a presentar de nuevo la solicitud. Por otra parte, el hecho de ser muchos comuneros o herederos, hace más largo el proceso de noti¿caciones, pues hay que noti¿carlos a todos, y muchas veces ni siquiera se tiene certeza de que realmente no existan más.

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REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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C. Constitución convencional y anticipada de servidumbres eléctricas Una práctica conocida para las empresas eléctricas es, antes de presentar la solicitud de concesión o en paralelo al procedimiento concesional, celebrar servidumbres convencionales con los propietarios de los predios, con el ¿n de satisfacer varios objetivos, a saber: i) Propender a las buenas relaciones con el afectado, de manera que éste no se entere del proyecto y de la servidumbre que se le impondrá en su predio con la sola noti¿cación de la solicitud de concesión. Se les comunica con anticipación y se comienza a negociar desde antes para que no sea tan agresivo para él. ii) Pagar desde ya la indemnización correspondiente (que satisfaga a ambas partes) de manera de evitarse la futura Comisión de Hombres Buenos, que como veremos es un dolor de cabeza para las empresas. iii) Pactar condiciones y términos adicionales –que bene¿cien a ambas partes–, que las que impone el decreto concesional al ¿nal del procedimiento. Por ejemplo, cláusula de estilo de estos contratos es la renuncia del propietario a presentar oposición ante la SEC, la CONAMA, la CONAF y cualquier otro organismo que tenga potestades relacionadas al proyecto. Con esta cláusula se evitan oposiciones de todo tipo, además que ganan tiempo valioso porque no entorpece el procedimiento. Por estas razones y muchas otras, es común que las empresas intenten como primera opción negociar una servidumbre convencional con el propietario, aun cuando por un tema de seguridad solicitan igualmente la concesión, pero el problema surge después de ¿rmada la misma, al momento de su inscripción en el Conservador respectivo y al momento de su presentación ante la SEC. Una vez celebrada la escritura de servidumbre convencional ante Notario, las empresas suelen concurrir ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo, para solicitar su inscripción al margen del título de la propiedad. Es ahí cuando comienzan los problemas, que se pueden resumir en los siguientes:

Una vez celebrada la escritura de servidumbre convencional ante Notario, las empresas suelen concurrir ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo, para solicitar su inscripción al margen del título de la propiedad. Es ahí cuando comienzan los problemas, que se pueden resumir en los siguientes: Por estas razones y muchas otras, es común que las empresas intenten como primera opción negociar una servidumbre convencional con el propietario, aun cuando por un tema de seguridad solicitan igualmente la concesión, pero el problema surge después de ¿rmada la misma, al momento de su inscripción en el Conservador respectivo y al momento de su presentación ante la SEC. iii) Pactar condiciones y términos adicionales –que bene¿cien a ambas partes–, que las que impone el decreto concesional al ¿nal del procedimiento. Por ejemplo, cláusula de estilo de estos contratos es la renuncia del propietario a presentar oposición ante la SEC, la CONAMA, la CONAF y cualquier otro organismo que tenga potestades relacionadas al proyecto. Con esta cláusula se evitan oposiciones de todo tipo, además que ganan tiempo valioso porque no entorpece el procedimiento. ii) Pagar desde ya la indemnización correspondiente (que satisfaga a ambas partes) de manera de evitarse la futura Comisión de Hombres Buenos, que como veremos es un dolor de cabeza para las empresas. i) Propender a las buenas relaciones con el afectado, de manera que éste no se entere del proyecto y de la servidumbre que se le impondrá en su predio con la sola noti¿cación de la solicitud de concesión. Se les comunica con anticipación y se comienza a negociar desde antes para que no sea tan agresivo para él. Una práctica conocida para las empresas eléctricas es, antes de presentar la solicitud de concesión o en paralelo al procedimiento concesional, celebrar servidumbres convencionales con los propietarios de los predios, con el ¿n de satisfacer varios objetivos, a saber: C. Constitución convencional y anticipada de servidumbres eléctricas REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Dado que no existe una ley que regule un procedimiento concesional para otros tipos de energía distintas a la eléctrica, esto es, la eólica, la solar, la mareomotriz –entre otras–, se ven perjudicadas frente a la eléctrica, por cuanto para poder establecer una central generadora y/o una línea de transmisión, no tienen otra posibilidad que el establecimiento de servidumbres convencionales con los propietarios de los predios que están dentro del trazado proyectado. Ello implica generalmente un encarecimiento del proyecto, por cuanto deja al propietario en posición de negociar por altas sumas

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D. Vacío normativo: Generación de electricidad por medios de generación no convencionales. No cuentan con un procedimiento concesional

a) Dado que se trata de una servidumbre eléctrica, que muchas veces incluye cláusulas atípicas para este tipo de contratos, sucede que ciertos Conservadores se niegan a la inscripción de la servidumbre, porque desconocen el estatuto eléctrico y sus efectos. Ante tal negativa, las empresas intentan convencerlos a través de la presentación de minutas aclarativas, pero que no siempre logran convencerlo. En ese caso, la servidumbre no quedará inscrita, ante lo cual la SEC la rechazará por una errada costumbre de la misma, de exigir la inscripción para eliminar al predio del decreto.

En cuanto a su inscripción, debe quedar claro que sólo en caso excepcional (como lo es la servidumbre de alcantarillado de predios urbanos) la servidumbre debe inscribirse. En general, la servidumbre –y la eléctrica por cierto– es de aquellos títulos que pueden inscribirse, por tanto, dicho trámite queda a la voluntad de las partes, sin que sea legítimo que la SEC exija la inscripción como requisito para eliminar al predio respectivo del decreto. En efecto, su inscripción no es necesaria para la producción de ningún efecto legal, sino que se utiliza únicamente como medida de publicidad.

b) Más que lo anterior incluso, es común que la negativa de la inscripción de la servidumbre esté dada por la existencia de comunidades y largas sucesiones (muchas veces sin posesión efectiva) de los propietarios del predio. En ese contexto, el enredo que se produce con la inscripción por la cantidad de personas que conforman la comunidad, y que muchas de ellas han muerto y no han hecho posesión efectiva, lo cual provoca el rechazo de la inscripción.

b) Más que lo anterior incluso, es común que la negativa de la inscripción de la servidumbre esté dada por la existencia de comunidades y largas sucesiones (muchas veces sin posesión efectiva) de los propietarios del predio. En ese contexto, el enredo que se produce con la inscripción por la cantidad de personas que conforman la comunidad, y que muchas de ellas han muerto y no han hecho posesión efectiva, lo cual provoca el rechazo de la inscripción.

En cuanto a su inscripción, debe quedar claro que sólo en caso excepcional (como lo es la servidumbre de alcantarillado de predios urbanos) la servidumbre debe inscribirse. En general, la servidumbre –y la eléctrica por cierto– es de aquellos títulos que pueden inscribirse, por tanto, dicho trámite queda a la voluntad de las partes, sin que sea legítimo que la SEC exija la inscripción como requisito para eliminar al predio respectivo del decreto. En efecto, su inscripción no es necesaria para la producción de ningún efecto legal, sino que se utiliza únicamente como medida de publicidad.

a) Dado que se trata de una servidumbre eléctrica, que muchas veces incluye cláusulas atípicas para este tipo de contratos, sucede que ciertos Conservadores se niegan a la inscripción de la servidumbre, porque desconocen el estatuto eléctrico y sus efectos. Ante tal negativa, las empresas intentan convencerlos a través de la presentación de minutas aclarativas, pero que no siempre logran convencerlo. En ese caso, la servidumbre no quedará inscrita, ante lo cual la SEC la rechazará por una errada costumbre de la misma, de exigir la inscripción para eliminar al predio del decreto.

D. Vacío normativo: Generación de electricidad por medios de generación no convencionales. No cuentan con un procedimiento concesional

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Dado que no existe una ley que regule un procedimiento concesional para otros tipos de energía distintas a la eléctrica, esto es, la eólica, la solar, la mareomotriz –entre otras–, se ven perjudicadas frente a la eléctrica, por cuanto para poder establecer una central generadora y/o una línea de transmisión, no tienen otra posibilidad que el establecimiento de servidumbres convencionales con los propietarios de los predios que están dentro del trazado proyectado. Ello implica generalmente un encarecimiento del proyecto, por cuanto deja al propietario en posición de negociar por altas sumas

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REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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de dinero, la gran mayoría de las veces por sobre el mercado, e incluso por sobre los valores que ¿jan las Comisiones de Hombres Buenos. Lo anterior, resulta absolutamente discriminatorio, por cuanto no se vislumbra una razón de fondo por la cual este tipo de energías no cuenten con un procedimiento a través del cual puedan obtener un título de ocupación de forzoso para el emplazamiento de sus proyectos, más aún cuando la tendencia actual es a propender las energías renovables no convencionales. Por cierto, que su inclusión sería sólo respecto al procedimiento concesional y no respecto a la LGSE en su totalidad. II. SITUACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL 1. Solicitud de concesión eléctrica a) Presentación de solicitud de concesión definitiva en el Ministerio de Energía El ingreso de la solicitud a través del Ministerio de Energía, es un mero trámite prescindible en el que no hay una gestión útil. Una vez ingresado al Ministerio, éste tiene 15 días hábiles para remitir el expediente a la SEC. No existe ninguna razón que justi¿que este plazo, debido a la naturaleza del trámite. b) Revisión de los documentos incluidos en el “checklist” de la SEC Si bien ya sea la ley o su reglamento, exige todos los documentos que se indican en el checklist, éste –que sólo tiene la categoría de “Anexo”– pormenoriza exigencias que no se desprenden de ninguno de los instrumentos normativos. Adicionalmente, la SEC va cambiando los criterios, sin modi¿car el checklist, lo que provoca dilatar el ingreso de la concesión. c) Admisibilidad de la solicitud de concesión El plazo de 15 días establecido por el artículo 36 del RLGSE para declarar admisible la solicitud de excesivo. La noti¿cación de inadmisibilidad la hace el Ministerio, lo cual es innecesario por cuanto éste podría realizarlo la SEC.

El plazo de 15 días establecido por el artículo 36 del RLGSE para declarar admisible la solicitud de excesivo. La noti¿cación de inadmisibilidad la hace el Ministerio, lo cual es innecesario por cuanto éste podría realizarlo la SEC. c) Admisibilidad de la solicitud de concesión Si bien ya sea la ley o su reglamento, exige todos los documentos que se indican en el checklist, éste –que sólo tiene la categoría de “Anexo”– pormenoriza exigencias que no se desprenden de ninguno de los instrumentos normativos. Adicionalmente, la SEC va cambiando los criterios, sin modi¿car el checklist, lo que provoca dilatar el ingreso de la concesión. b) Revisión de los documentos incluidos en el “checklist” de la SEC El ingreso de la solicitud a través del Ministerio de Energía, es un mero trámite prescindible en el que no hay una gestión útil. Una vez ingresado al Ministerio, éste tiene 15 días hábiles para remitir el expediente a la SEC. No existe ninguna razón que justi¿que este plazo, debido a la naturaleza del trámite. a) Presentación de solicitud de concesión definitiva en el Ministerio de Energía 1. Solicitud de concesión eléctrica II. SITUACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL de dinero, la gran mayoría de las veces por sobre el mercado, e incluso por sobre los valores que ¿jan las Comisiones de Hombres Buenos. Lo anterior, resulta absolutamente discriminatorio, por cuanto no se vislumbra una razón de fondo por la cual este tipo de energías no cuenten con un procedimiento a través del cual puedan obtener un título de ocupación de forzoso para el emplazamiento de sus proyectos, más aún cuando la tendencia actual es a propender las energías renovables no convencionales. Por cierto, que su inclusión sería sólo respecto al procedimiento concesional y no respecto a la LGSE en su totalidad. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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d) Posibilidad de presentar distintas solicitudes de concesión para amparar una misma línea de transmisión por tramos Esto sería conveniente para proyectos de transmisión de mediana y gran envergadura, a través de la posibilidad de presentar progresivamente solicitudes de concesión por tramos de línea. Este criterio ya ha sido acogido por la SEC, mediante el O¿cio N° 5.923 de 2007 . 2. Durante el Procedimiento Concesional a) Incumplimiento de los plazos establecidos por la normativa Una de las grandes críticas al sistema actual de concesiones, es la excesiva demora de la autoridad en evacuar los trámites, además del no cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa eléctrica. En efecto, el primer plazo que aparece en la ley es el establecido para formular reclamos de los afectados por el proyecto1. Lo que debiese hacer la autoridad es dar cumplimiento a ese plazo, y no esperar la cantidad de días que actualmente esperan, para dar lugar a la próxima etapa. Posteriormente, está el plazo para que la Superintendencia resuelva la solicitud de concesión2. Aquí es aún peor, pues la ley habla de “plazo máximo” que, por cierto, nunca se produce. En efecto, los timings actuales de las concesiones son para las provisionales, de 6 meses a 1 año, y para las de¿nitivas, de 1 a 2 años. Si bien es cierto, que dichos tiempos son culpa, en gran parte, del sistema de las noti¿caciones (que son el gran “cuello de botella” del procedimiento) 1 Artículo 20 (concesiones provisionales): “Dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, los dueños de las propiedades que ocuparen o atravesaren las obras proyectadas, u otros interesados, podrán formular a la Superintendencia los reclamos en aquello que los afecte. La Superintendencia pondrá al solicitante en conocimiento de los reclamos para que los conteste en un plazo máximo de treinta días”. Artículo 27 (concesiones de¿nitivas): “Los afectados tendrán treinta días de plazo a contar de la fecha de la noti¿cación, para que formulen las observaciones y oposiciones que fueren del caso”.

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2 Artículo 20 (concesiones provisionales): “El Superintendente resolverá fundadamente acerca de las solicitudes de concesiones provisionales, en un plazo máximo de noventa días contado a partir de la publicación de la solicitud en el Diario O¿cial”. Artículo 29 (concesiones de¿nitivas): “El Ministro de Energía, previo informe de la Superintendencia (…) resolverá fundadamente acerca de la solicitud de concesión de¿nitiva, en un plazo máximo de ciento veinte días a contar de la fecha en que se efectuó la solicitud”.

2 Artículo 20 (concesiones provisionales): “El Superintendente resolverá fundadamente acerca de las solicitudes de concesiones provisionales, en un plazo máximo de noventa días contado a partir de la publicación de la solicitud en el Diario O¿cial”. Artículo 29 (concesiones de¿nitivas): “El Ministro de Energía, previo informe de la Superintendencia (…) resolverá fundadamente acerca de la solicitud de concesión de¿nitiva, en un plazo máximo de ciento veinte días a contar de la fecha en que se efectuó la solicitud”.

20 (concesiones provisionales): “Dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, los dueños de las propiedades que ocuparen o atravesaren las obras proyectadas, u otros interesados, podrán formular a la Superintendencia los reclamos en aquello que los afecte. La Superintendencia pondrá al solicitante en conocimiento de los reclamos para que los conteste en un plazo máximo de treinta días”. Artículo 27 (concesiones de¿nitivas): “Los afectados tendrán treinta días de plazo a contar de la fecha de la noti¿cación, para que formulen las observaciones y oposiciones que fueren del caso”. 1 Artículo

Una de las grandes críticas al sistema actual de concesiones, es la excesiva demora de la autoridad en evacuar los trámites, además del no cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa eléctrica. En efecto, el primer plazo que aparece en la ley es el establecido para formular reclamos de los afectados por el proyecto1. Lo que debiese hacer la autoridad es dar cumplimiento a ese plazo, y no esperar la cantidad de días que actualmente esperan, para dar lugar a la próxima etapa. Posteriormente, está el plazo para que la Superintendencia resuelva la solicitud de concesión2. Aquí es aún peor, pues la ley habla de “plazo máximo” que, por cierto, nunca se produce. En efecto, los timings actuales de las concesiones son para las provisionales, de 6 meses a 1 año, y para las de¿nitivas, de 1 a 2 años. Si bien es cierto, que dichos tiempos son culpa, en gran parte, del sistema de las noti¿caciones (que son el gran “cuello de botella” del procedimiento) a) Incumplimiento de los plazos establecidos por la normativa 2. Durante el Procedimiento Concesional Esto sería conveniente para proyectos de transmisión de mediana y gran envergadura, a través de la posibilidad de presentar progresivamente solicitudes de concesión por tramos de línea. Este criterio ya ha sido acogido por la SEC, mediante el O¿cio N° 5.923 de 2007 . d) Posibilidad de presentar distintas solicitudes de concesión para amparar una misma línea de transmisión por tramos 408

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no es menos cierto, que la autoridad demora excesivamente los trámites que a ella le corresponde evacuar, haciendo ine¿ciente el procedimiento y dilatando mucho cada etapa. Adicionalmente, hay normas que derechamente pareciere que no existan, como es el artículo 45 del RLGSE, que prescribe lo siguiente: “La Superintendencia deberá informar al Ministerio a lo menos 20 días antes de la expiración del plazo señalado en el artículo 46”.

Este plazo se re¿ere al de los 120 días para que el Ministro de Energía resuelva la solicitud. Por tanto, como se observa, los plazos en este procedimiento prácticamente no existen, por lo que no es extraño las excesivas demoras que se producen y que, por cierto, hay que corregir. b) Publicación del extracto de la solicitud de concesión Como consta en el O¿cio “Ordena publicaciones” que confecciona la Superintendencia, ésta exige la publicación (para concesiones provisionales y de¿nitivas) tanto de la solicitud en el Diario O¿cial, como de un extracto de la solicitud en un diario de circulación nacional en dos días consecutivos. Sin embargo, esta última obligación no consta en la LGSE, sino sólo en su Reglamento. De esta manera, se ve cómo el Reglamento impone exigencias al peticionario que no fueron consideradas por el legislador, cuestión que es necesario ajustar. Por lo demás, bastaría con la publicación en el Diario O¿cial, pues ésta es de la solicitud completa y siempre es los días 1 ó 15, de manera que la publicidad es bastante más e¿ciente que la del diario nacional, que es un extracto y cae cualquier día del mes. Esta disposición debe ajustarse, pues los afectados son noti¿cados personalmente, por lo tanto, no quedan en la indefensión. c) Errores en las publicaciones, proyectos de decreto, resoluciones y oficios Dado que todos los antecedentes y/o documentos, además de la solicitud propiamente tal se presentan en papel, sucede que muchas veces la SEC, al traspasarlo al O¿cio que ordena publicar, provoca equivocaciones en números o nombres, lo que perjudica al solicitante, por las dilaciones que ello implica. En efecto, cuando ello sucede, si el solicitante lo descubre, se

Dado que todos los antecedentes y/o documentos, además de la solicitud propiamente tal se presentan en papel, sucede que muchas veces la SEC, al traspasarlo al O¿cio que ordena publicar, provoca equivocaciones en números o nombres, lo que perjudica al solicitante, por las dilaciones que ello implica. En efecto, cuando ello sucede, si el solicitante lo descubre, se c) Errores en las publicaciones, proyectos de decreto, resoluciones y oficios Como consta en el O¿cio “Ordena publicaciones” que confecciona la Superintendencia, ésta exige la publicación (para concesiones provisionales y de¿nitivas) tanto de la solicitud en el Diario O¿cial, como de un extracto de la solicitud en un diario de circulación nacional en dos días consecutivos. Sin embargo, esta última obligación no consta en la LGSE, sino sólo en su Reglamento. De esta manera, se ve cómo el Reglamento impone exigencias al peticionario que no fueron consideradas por el legislador, cuestión que es necesario ajustar. Por lo demás, bastaría con la publicación en el Diario O¿cial, pues ésta es de la solicitud completa y siempre es los días 1 ó 15, de manera que la publicidad es bastante más e¿ciente que la del diario nacional, que es un extracto y cae cualquier día del mes. Esta disposición debe ajustarse, pues los afectados son noti¿cados personalmente, por lo tanto, no quedan en la indefensión. b) Publicación del extracto de la solicitud de concesión Este plazo se re¿ere al de los 120 días para que el Ministro de Energía resuelva la solicitud. Por tanto, como se observa, los plazos en este procedimiento prácticamente no existen, por lo que no es extraño las excesivas demoras que se producen y que, por cierto, hay que corregir. “La Superintendencia deberá informar al Ministerio a lo menos 20 días antes de la expiración del plazo señalado en el artículo 46”.

no es menos cierto, que la autoridad demora excesivamente los trámites que a ella le corresponde evacuar, haciendo ine¿ciente el procedimiento y dilatando mucho cada etapa. Adicionalmente, hay normas que derechamente pareciere que no existan, como es el artículo 45 del RLGSE, que prescribe lo siguiente: REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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Por otra parte, cuando son una lista interminable de comunidades y sucesiones, debiese establecerse una fórmula de noti¿cación por aviso

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Para nadie es un misterio que el procedimiento de noti¿caciones adolece de varias fallas que lo hacen ine¿ciente y extremadamente lento. El primer problema surge por el hecho de que, al inicio del procedimiento, se obliga al solicitante –en el caso de predios de particulares– a elegir el método de noti¿cación, y sólo cuando éste falle para uno o todos los predios, para poder optar por otro. Pero luego de optar por otro, debe comunicarlo a la Superintendencia, y esperar que ésta autorice el cambio para proceder. Si el cambio es para noti¿car a través de Notario Público, debe esperar el o¿cio con el formato de dicha noti¿cación, y si es para noti¿car a través de juzgado de letras, debe esperar que la SEC evacue un O¿cio que ordena al juzgado de letras de turno (de la jurisdicción en donde se emplace el proyecto) para que se noti¿que a los predios respectivos, a través de receptor. Adicionalmente, se obliga al solicitante a señalar el método de noti¿cación para cada predio, pues para solicitar los cambios se debe identi¿car los predios para los cuales se pide el cambio. Todo este engorroso procedimiento provoca ine¿ciencias que se podrían evitar. En efecto, lo que le importa a la autoridad es que todos y cada uno de los predios (y sus propietarios) afectados sean noti¿cados de la solicitud. El que haya que comunicar el método previamente no tiene objeto ni ¿n alguno. En cuanto a los formatos de noti¿cación, bastaría que éstos estuvieran disponibles en el sitio web de la Superintendencia para que el solicitante los pueda descargar y utilizar sin necesidad de obtenerlos a través de un o¿cio.

lo hace saber a la SEC para que confeccione un nuevo O¿cio recti¿cando los errores. Ahora bien, si el solicitante no revisó el O¿cio antes de gestionar las respectivas publicaciones, implicará que éstas contenga errores, por tanto habrá que volver a publicar, lo que conlleva un nuevo gasto de recursos, además de la pérdida de tiempo. Asimismo sucede con los proyectos de decretos (en los casos de las solicitudes de concesión de¿nitiva) que dado que no son noti¿cados al solicitante, la revisión la hará el Ministerio de Energía o derechamente la Contraloría, y en caso de existir errores, también implicará dilaciones innecesarias, perjudicando los timings de los proyectos energéticos.

d) Facilitar el procedimiento de notificaciones a los afectados

d) Facilitar el procedimiento de notificaciones a los afectados

lo hace saber a la SEC para que confeccione un nuevo O¿cio recti¿cando los errores. Ahora bien, si el solicitante no revisó el O¿cio antes de gestionar las respectivas publicaciones, implicará que éstas contenga errores, por tanto habrá que volver a publicar, lo que conlleva un nuevo gasto de recursos, además de la pérdida de tiempo. Asimismo sucede con los proyectos de decretos (en los casos de las solicitudes de concesión de¿nitiva) que dado que no son noti¿cados al solicitante, la revisión la hará el Ministerio de Energía o derechamente la Contraloría, y en caso de existir errores, también implicará dilaciones innecesarias, perjudicando los timings de los proyectos energéticos.

Para nadie es un misterio que el procedimiento de noti¿caciones adolece de varias fallas que lo hacen ine¿ciente y extremadamente lento. El primer problema surge por el hecho de que, al inicio del procedimiento, se obliga al solicitante –en el caso de predios de particulares– a elegir el método de noti¿cación, y sólo cuando éste falle para uno o todos los predios, para poder optar por otro. Pero luego de optar por otro, debe comunicarlo a la Superintendencia, y esperar que ésta autorice el cambio para proceder. Si el cambio es para noti¿car a través de Notario Público, debe esperar el o¿cio con el formato de dicha noti¿cación, y si es para noti¿car a través de juzgado de letras, debe esperar que la SEC evacue un O¿cio que ordena al juzgado de letras de turno (de la jurisdicción en donde se emplace el proyecto) para que se noti¿que a los predios respectivos, a través de receptor. Adicionalmente, se obliga al solicitante a señalar el método de noti¿cación para cada predio, pues para solicitar los cambios se debe identi¿car los predios para los cuales se pide el cambio. Todo este engorroso procedimiento provoca ine¿ciencias que se podrían evitar. En efecto, lo que le importa a la autoridad es que todos y cada uno de los predios (y sus propietarios) afectados sean noti¿cados de la solicitud. El que haya que comunicar el método previamente no tiene objeto ni ¿n alguno. En cuanto a los formatos de noti¿cación, bastaría que éstos estuvieran disponibles en el sitio web de la Superintendencia para que el solicitante los pueda descargar y utilizar sin necesidad de obtenerlos a través de un o¿cio.

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Por otra parte, cuando son una lista interminable de comunidades y sucesiones, debiese establecerse una fórmula de noti¿cación por aviso

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a los dueños de los predios que no sean ubicables. Si bien esta forma impide la noti¿cación de los planos, bastaría que el solicitante los dejara en poder de la Superintendencia y que ésta se los entregara a solicitud de los propietarios que los exija. Así, no quedan éstos en indefensión y desconocimiento de cómo les afectará el procedimiento. Las reglas para noti¿car por avisos debiesen ser las mismas que rigen para los procedimientos civiles. e) Requisitos de admisibilidad de las oposiciones u observaciones a la solicitud de concesión Las oposiciones u observaciones que se presenten debiesen cumplir con dos requisitos, para que la autoridad los declare admisibles: i) Legitimidad activa Sólo son “afectados” los propietarios de los predios que se encuentran dentro del trazado del proyecto que da cuenta el listado de predios que se acompaña a la solicitud. Si bien esto es claro en la ley, existe una norma que da lugar a confusión, esto es, el artículo 20 LGSE, a propósito de las concesiones provisionales, que señale que pueden presentar oposiciones los dueños de las propiedades u “otros interesados”; luego, para las concesiones de¿nitivas, la ley habla de “afectados” (art. 27 LGSE). Estas imprecisiones de la ley, dan lugar a que terceros ajenos a la solicitud, presenten oposiciones indiscriminadamente, dilatando el procedimiento, y obligando a que el peticionario tenga que contestar a terceros que en nada afecta el proyecto. Generalmente, son por temas ambientales, urbanísticos y de índole muy diversa, y lo hacen como medio de aportillar el proyecto de cualquier manera. El procedimiento concesional está hecho para que sólo los afectados por el mismo, que ¿nalmente son los noti¿cados, se opongan mas no cualquier tercero, arguyendo motivos ajenos al ámbito netamente eléctrico. ii) Fundamentos de las oposiciones en las solicitudes de concesión de¿nitiva En el caso de las solicitudes de concesión provisional, las oposiciones no se acotan a una determinada causal, por lo que eventualmente, éstas

En el caso de las solicitudes de concesión provisional, las oposiciones no se acotan a una determinada causal, por lo que eventualmente, éstas ii) Fundamentos de las oposiciones en las solicitudes de concesión de¿nitiva Sólo son “afectados” los propietarios de los predios que se encuentran dentro del trazado del proyecto que da cuenta el listado de predios que se acompaña a la solicitud. Si bien esto es claro en la ley, existe una norma que da lugar a confusión, esto es, el artículo 20 LGSE, a propósito de las concesiones provisionales, que señale que pueden presentar oposiciones los dueños de las propiedades u “otros interesados”; luego, para las concesiones de¿nitivas, la ley habla de “afectados” (art. 27 LGSE). Estas imprecisiones de la ley, dan lugar a que terceros ajenos a la solicitud, presenten oposiciones indiscriminadamente, dilatando el procedimiento, y obligando a que el peticionario tenga que contestar a terceros que en nada afecta el proyecto. Generalmente, son por temas ambientales, urbanísticos y de índole muy diversa, y lo hacen como medio de aportillar el proyecto de cualquier manera. El procedimiento concesional está hecho para que sólo los afectados por el mismo, que ¿nalmente son los noti¿cados, se opongan mas no cualquier tercero, arguyendo motivos ajenos al ámbito netamente eléctrico. i) Legitimidad activa Las oposiciones u observaciones que se presenten debiesen cumplir con dos requisitos, para que la autoridad los declare admisibles: e) Requisitos de admisibilidad de las oposiciones u observaciones a la solicitud de concesión a los dueños de los predios que no sean ubicables. Si bien esta forma impide la noti¿cación de los planos, bastaría que el solicitante los dejara en poder de la Superintendencia y que ésta se los entregara a solicitud de los propietarios que los exija. Así, no quedan éstos en indefensión y desconocimiento de cómo les afectará el procedimiento. Las reglas para noti¿car por avisos debiesen ser las mismas que rigen para los procedimientos civiles. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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En caso de renuncia, no hay imposibilidad jurídica para que la autoridad la autorice. Más aún cuando no perjudica, sino bene¿cia a los afectados, pues ya no tendrá que soportar una servidumbre en su predio. En el caso en que ya se haya noti¿cado la servidumbre, ahora que ya no es afectada, debería ser asimismo noti¿cada al afectado para informarle de este cambio de circunstancia. Esta renuncia, es plenamente concordante con lo prescrito en el artículo 12 del CC, puesto que la renuncia de derechos es libre.

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f) Cambio de trazado del proyecto cuando ya se presentó la solicitud de concesión

podrían dirigirse a distintos ámbitos, pero que digan relación con lo eléctrico y no con aspectos medioambientales o urbanísticos, que no son de competencia de la SEC. Ahora bien, en el caso de las concesiones de¿nitivas, este derecho de reclamo de los dueños de terrenos está dirigido a veri¿car que la central hidráulica o las líneas proyectadas no ocupen o atraviesen terrenos bene¿ciados por una prohibición legal de imposición de servidumbre. En efecto, según se establece en el artículo 54 LGSE, los edi¿cios, corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependen de edi¿cios no podrán ser objeto de servidumbre, o sólo quedan sujetos a la servidumbre de ser cruzados por líneas de distribución de energía eléctrica, según los casos; por lo tanto, todo propietario de terrenos en que existan estas construcciones, podrá reclamar de una línea que se proyecte en estos lugares, pues, a su respecto, no podrá llegar a imponerse servidumbre alguna por existir una prohibición legal que lo bene¿cia. Esta es, entonces, una clara delimitación a la actividad de terceros en el expediente concesional, pues sólo deben ser admisibles dichos reclamos, y no se deben aceptar las observaciones que los terceros juzguen convenientes; sólo pueden decir relación con el tema de los terrenos sobre los que se proyecta imponer servidumbres.

Ambos aspectos no son considerados por la Superintendencia, pues ésta no realiza examen de admisibilidad alguno a las oposiciones que se le presentan, obligando al peticionario a contestar algunas que debiesen haber sido rechazadas de plano por escaparse del ámbito que éstas pueden abarcar. Esto, por cierto, implica una pérdida de tiempo valioso que dilata la obtención de la concesión.

Ambos aspectos no son considerados por la Superintendencia, pues ésta no realiza examen de admisibilidad alguno a las oposiciones que se le presentan, obligando al peticionario a contestar algunas que debiesen haber sido rechazadas de plano por escaparse del ámbito que éstas pueden abarcar. Esto, por cierto, implica una pérdida de tiempo valioso que dilata la obtención de la concesión.

podrían dirigirse a distintos ámbitos, pero que digan relación con lo eléctrico y no con aspectos medioambientales o urbanísticos, que no son de competencia de la SEC. Ahora bien, en el caso de las concesiones de¿nitivas, este derecho de reclamo de los dueños de terrenos está dirigido a veri¿car que la central hidráulica o las líneas proyectadas no ocupen o atraviesen terrenos bene¿ciados por una prohibición legal de imposición de servidumbre. En efecto, según se establece en el artículo 54 LGSE, los edi¿cios, corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependen de edi¿cios no podrán ser objeto de servidumbre, o sólo quedan sujetos a la servidumbre de ser cruzados por líneas de distribución de energía eléctrica, según los casos; por lo tanto, todo propietario de terrenos en que existan estas construcciones, podrá reclamar de una línea que se proyecte en estos lugares, pues, a su respecto, no podrá llegar a imponerse servidumbre alguna por existir una prohibición legal que lo bene¿cia. Esta es, entonces, una clara delimitación a la actividad de terceros en el expediente concesional, pues sólo deben ser admisibles dichos reclamos, y no se deben aceptar las observaciones que los terceros juzguen convenientes; sólo pueden decir relación con el tema de los terrenos sobre los que se proyecta imponer servidumbres.

f) Cambio de trazado del proyecto cuando ya se presentó la solicitud de concesión

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En caso de renuncia, no hay imposibilidad jurídica para que la autoridad la autorice. Más aún cuando no perjudica, sino bene¿cia a los afectados, pues ya no tendrá que soportar una servidumbre en su predio. En el caso en que ya se haya noti¿cado la servidumbre, ahora que ya no es afectada, debería ser asimismo noti¿cada al afectado para informarle de este cambio de circunstancia. Esta renuncia, es plenamente concordante con lo prescrito en el artículo 12 del CC, puesto que la renuncia de derechos es libre.

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g) Presentaciones o solicitudes de pronunciamiento a otros organismos públicos Otra situación que se produce es la solicitud de pronunciamientos o intervenciones a otros organismos públicos, dentro del procedimiento concesional, por parte de terceros ajenos o propietarios afectados. En efecto, no es extraño oposiciones que solicitan a la SEC que o¿cie a CONAMA o la DGA, por ejemplo, para que se pronuncie sobre algún aspecto del proyecto. También, suelen haber casos de presentaciones a Contraloría o a tribunales de justicia (a través de la vía del recurso de protección, en donde muchas veces la Corte solicita un informe a la SEC) reclamando por derechos eventualmente vulnerados. Si bien, sucede que todo esfuerzo de estos terceros inescrupulosos resulta del todo ine¿caz, pues sus reclamos que no son ante la SEC dentro de la instancia que les corresponde, son denegados por el resto de las autoridades, igualmente implica una pérdida de tiempo, pues igualmente, antes de dirimir, las autoridades piden informes tanto al peticionario como a la SEC, que claramente alargan el procedimiento indebidamente. Así las cosas, estos reclamos no pueden originar, dentro del procedimiento, un juicio ni una tramitación no contemplada por la ley. En este procedimiento reglado, la ley le ha dado una posibilidad a los terceros de ser oídos, pero en ningún caso ha establecido una habilitación competencial de la Administración para tramitar un contencioso a propósito de estos reclamos. Lo que debiesen hacer todos los organismos y los tribunales de justicia es desechar de plano todo reclamo de este tipo, sin siquiera dar lugar a informes ni instancias que no están contempladas dentro del procedimiento concesional. 3. Etapa posterior al Decreto Concesional o Resolución a) Naturaleza jurídica de la “resolución” de concesión provisional El artículo 22 LGSE, establece lo siguiente: “La resolución de concesión provisional otorga al concesionario el derecho para obtener del Juez de Letras respectivo el permiso para practicar o hacer practicar en terrenos fiscales, municipales o particulares, las mediciones y estudios que sean necesarios para la preparación del proyecto definitivo de las obras comprendidas en su concesión”.

“La resolución de concesión provisional otorga al concesionario el derecho para obtener del Juez de Letras respectivo el permiso para practicar o hacer practicar en terrenos fiscales, municipales o particulares, las mediciones y estudios que sean necesarios para la preparación del proyecto definitivo de las obras comprendidas en su concesión”.

El artículo 22 LGSE, establece lo siguiente: a) Naturaleza jurídica de la “resolución” de concesión provisional 3. Etapa posterior al Decreto Concesional o Resolución Otra situación que se produce es la solicitud de pronunciamientos o intervenciones a otros organismos públicos, dentro del procedimiento concesional, por parte de terceros ajenos o propietarios afectados. En efecto, no es extraño oposiciones que solicitan a la SEC que o¿cie a CONAMA o la DGA, por ejemplo, para que se pronuncie sobre algún aspecto del proyecto. También, suelen haber casos de presentaciones a Contraloría o a tribunales de justicia (a través de la vía del recurso de protección, en donde muchas veces la Corte solicita un informe a la SEC) reclamando por derechos eventualmente vulnerados. Si bien, sucede que todo esfuerzo de estos terceros inescrupulosos resulta del todo ine¿caz, pues sus reclamos que no son ante la SEC dentro de la instancia que les corresponde, son denegados por el resto de las autoridades, igualmente implica una pérdida de tiempo, pues igualmente, antes de dirimir, las autoridades piden informes tanto al peticionario como a la SEC, que claramente alargan el procedimiento indebidamente. Así las cosas, estos reclamos no pueden originar, dentro del procedimiento, un juicio ni una tramitación no contemplada por la ley. En este procedimiento reglado, la ley le ha dado una posibilidad a los terceros de ser oídos, pero en ningún caso ha establecido una habilitación competencial de la Administración para tramitar un contencioso a propósito de estos reclamos. Lo que debiesen hacer todos los organismos y los tribunales de justicia es desechar de plano todo reclamo de este tipo, sin siquiera dar lugar a informes ni instancias que no están contempladas dentro del procedimiento concesional. g) Presentaciones o solicitudes de pronunciamiento a otros organismos públicos REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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15 RLGSE: “Los plazos de las concesiones provisionales no podrán exceder de dos años contados desde su otorgamiento”.

Es así como la Ley Eléctrica, a diferencia de lo que sucede con las concesiones de¿nitivas, no habla de “servidumbre”, sino de “permiso”. Entonces, la pregunta que surge es, a pesar de los términos de la ley, ¿se trata igualmente de una servidumbre?

Artículo 21 LGSE: “Los plazos de las concesiones provisionales no podrán exceder de dos años, pudiéndose solicitar nuevamente la concesión provisional siguiendo el procedimiento del artículo 19”.

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i) Si se tratara de una autorización de parte del tribunal – El tribunal sería el órgano competente, lo que implica el eventual ingreso de la fuerza pública en caso de negativa del propietario. – Por otro lado, se trataría de un procedimiento voluntario, es decir, no contencioso. ii) Si se tratara de una servidumbre – El ingreso de la fuerza pública estaría condicionado al pago de la indemnización previa, como ocurre en la concesión de¿nitiva. – Se trataría de un procedimiento contencioso. Dichos cuestionamientos se dan por la imprecisión de la ley y dan origen a diversos juicios entre propietarios y concesionarios, cuyos resultados varían según el criterio de cada juez, que interpreta la norma según cánones de derecho privado, ajeno al ámbito de las concesiones eléctricas. Por tanto, la ley debiese precisar la naturaleza jurídica de dicho “permiso” de manera de evitar juicios posteriores que implican una gran pérdida de tiempo para los concesionarios, especialmente si consideramos que los dos años que dura la concesión provisional, se cuentan desde su otorgamiento y no desde el ingreso efectivo a los predios3. A nuestro juicio, se trata de una autorización de parte del tribunal, que sólo implica la remoción de un obstáculo, en razón de la Resolución de la SEC. Lo anterior, por cuanto en el supuesto de concesión provisional aún no hay propiamente un derecho

3 Artículo

Dichos cuestionamientos se dan por la imprecisión de la ley y dan origen a diversos juicios entre propietarios y concesionarios, cuyos resultados varían según el criterio de cada juez, que interpreta la norma según cánones de derecho privado, ajeno al ámbito de las concesiones eléctricas. Por tanto, la ley debiese precisar la naturaleza jurídica de dicho “permiso” de manera de evitar juicios posteriores que implican una gran pérdida de tiempo para los concesionarios, especialmente si consideramos que los dos años que dura la concesión provisional, se cuentan desde su otorgamiento y no desde el ingreso efectivo a los predios3. A nuestro juicio, se trata de una autorización de parte del tribunal, que sólo implica la remoción de un obstáculo, en razón de la Resolución de la SEC. Lo anterior, por cuanto en el supuesto de concesión provisional aún no hay propiamente un derecho – Se trataría de un procedimiento contencioso. – El ingreso de la fuerza pública estaría condicionado al pago de la indemnización previa, como ocurre en la concesión de¿nitiva. ii) Si se tratara de una servidumbre – Por otro lado, se trataría de un procedimiento voluntario, es decir, no contencioso. – El tribunal sería el órgano competente, lo que implica el eventual ingreso de la fuerza pública en caso de negativa del propietario. i) Si se tratara de una autorización de parte del tribunal ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Artículo 21 LGSE: “Los plazos de las concesiones provisionales no podrán exceder de dos años, pudiéndose solicitar nuevamente la concesión provisional siguiendo el procedimiento del artículo 19”.

Es así como la Ley Eléctrica, a diferencia de lo que sucede con las concesiones de¿nitivas, no habla de “servidumbre”, sino de “permiso”. Entonces, la pregunta que surge es, a pesar de los términos de la ley, ¿se trata igualmente de una servidumbre?

3 Artículo 15 RLGSE: “Los plazos de las concesiones provisionales no podrán exceder de dos años contados desde su otorgamiento”.

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2º: Están comprendidas en las disposiciones de la presente ley: 4.- Las servidumbres a que están sujetos: a) Las heredades, para la construcción, establecimiento y explotación de las instalaciones y obras anexas que posean concesión, mencionadas en los números 1 y 2 de este artículo; b) Las postaciones y líneas eléctricas, en aquellas partes que usen bienes nacionales de uso público o heredades haciendo uso de las servidumbres que se mencionan en la letra anterior, para que personas distintas al propietario de esas instalaciones las puedan usar en el tendido de otras líneas o para que las Municipalidades puedan hacer el alumbrado público. 4 Artículo

Esta norma señala que las indemnizaciones procederán en los casos que los afectados lo soliciten, lo que implica que siempre lo solicitarán, salvo cuando hayan pactado acuerdos convencionales con el concesionario, en los cuales siempre hay indemnizaciones involucradas. Por tanto, se da la incongruencia de que a pesar que el concesionario no cuenta con una servidumbre, sino con un permiso bastante más precario cuya fortaleza dista “El mismo Juez determinará, cuando los afectados lo soliciten, las indemnizaciones a que tienen derecho por los perjuicios que les provocaren los permisos referidos en sus predios o heredades”.

El mismo artículo 22 LGSE, establece lo siguiente: b) Improcedencia de indemnización en las concesiones provisionales En ese escenario, en caso de negativa del propietario, el tribunal debiese dar lugar al auxilio de la fuerza pública, pero sin dar traslado a este último, dado que se trata de un procedimiento voluntario y no contencioso. En el fondo, el tribunal sólo debiese observar la Resolución de la SEC y la comprobación de la negativa de ingreso, y ante ello autorizar el ingreso a través de la fuerza pública. No tendría por qué escuchar reclamos de parte de los propietarios, pues tal como se indicó, la instancia para ello ya precluyó en este procedimiento reglado, y una vez otorgada la Resolución de la SEC, no queda más que permitir el ingreso del concesionario al predio. “Las concesiones eléctricas otorgan el derecho a imponer las servidumbres a que se refiere el número 4 del artículo 2º 4 del presente cuerpo legal”.

del concesionario que lo habilite para la ocupación permanente del suelo, lo cual es rea¿rmado por el artículo 14 LGSE: REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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del concesionario que lo habilite para la ocupación permanente del suelo, lo cual es rea¿rmado por el artículo 14 LGSE: “Las concesiones eléctricas otorgan el derecho a imponer las servidumbres a que se refiere el número 4 del artículo 2º 4 del presente cuerpo legal”.

En ese escenario, en caso de negativa del propietario, el tribunal debiese dar lugar al auxilio de la fuerza pública, pero sin dar traslado a este último, dado que se trata de un procedimiento voluntario y no contencioso. En el fondo, el tribunal sólo debiese observar la Resolución de la SEC y la comprobación de la negativa de ingreso, y ante ello autorizar el ingreso a través de la fuerza pública. No tendría por qué escuchar reclamos de parte de los propietarios, pues tal como se indicó, la instancia para ello ya precluyó en este procedimiento reglado, y una vez otorgada la Resolución de la SEC, no queda más que permitir el ingreso del concesionario al predio. b) Improcedencia de indemnización en las concesiones provisionales El mismo artículo 22 LGSE, establece lo siguiente: “El mismo Juez determinará, cuando los afectados lo soliciten, las indemnizaciones a que tienen derecho por los perjuicios que les provocaren los permisos referidos en sus predios o heredades”.

Esta norma señala que las indemnizaciones procederán en los casos que los afectados lo soliciten, lo que implica que siempre lo solicitarán, salvo cuando hayan pactado acuerdos convencionales con el concesionario, en los cuales siempre hay indemnizaciones involucradas. Por tanto, se da la incongruencia de que a pesar que el concesionario no cuenta con una servidumbre, sino con un permiso bastante más precario cuya fortaleza dista 4 Artículo 2º: Están comprendidas en las disposiciones de la presente ley: 4.- Las servidumbres a que están sujetos: a) Las heredades, para la construcción, establecimiento y explotación de las instalaciones y obras anexas que posean concesión, mencionadas en los números 1 y 2 de este artículo; b) Las postaciones y líneas eléctricas, en aquellas partes que usen bienes nacionales de uso público o heredades haciendo uso de las servidumbres que se mencionan en la letra anterior, para que personas distintas al propietario de esas instalaciones las puedan usar en el tendido de otras líneas o para que las Municipalidades puedan hacer el alumbrado público.

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ALEJANDRO VERGARA BLANCO

mucho de un gravamen como aquel, pero debe indemnizar igualmente al propietario del predio. Lo anterior es una incoherencia de la ley, que encarece mucho más este tipo de proyectos. Lo que aparece más lógico es que el juez regule dicho permiso, por ejemplo, ¿jando horas y métodos para la ejecución de los trabajos, y estableciendo que al cabo de los dos años, el predio debe quedar como si nunca se hubiesen realizado trabajos. La indemnización debiese quedar para los casos en que se produzcan transformaciones al predio, como la corta de árboles o cambio de disposición de la casa o plantaciones. c) Problemas de posesión material de los terrenos Los problemas para la toma de posesión de los terrenos, en los casos de concesiones eléctricas, constituyen un gran dolor de cabeza para los concesionarios. En efecto, sucede que si bien el juez debe otorgar la posesión material de los terrenos5, aun cuando el propietario reclame por el avalúo o por cualquier otro motivo, en la práctica hay casos que se transforman en verdaderos contenciosos que van dilatando la entrada del concesionario a los predios, con el consecuente peligro de la caducidad de la concesión.6 En efecto, si se retrasa el ingreso efectivo al predio, se retrasa a su vez la construcción de las obras, provocando el incumplimiento de los plazos señalados en el respectivo decreto.7 5 Artículo 67.- La copia a que se refiere el artículo 65 y el comprobante de haber cancelado el valor fijado por la comisión de Hombres Buenos, de acuerdo al artículo anterior, servirá a éste para obtener del Juez de Letras respectivo que lo ponga en posesión material de los terrenos, no obstante cualquiera reclamación del propietario y aun cuando éste no se hubiere conformado con la tasación. 6 Artículo 62.- Las gestiones para hacer efectivas las servidumbres deberán iniciarse en cada caso dentro de los seis meses siguientes a la fecha de reducción a escritura pública del decreto de concesión de¿nitiva que hubiere aprobado los planos correspondientes, so pena de caducidad del derecho otorgado para imponer la servidumbre.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

7 Artículo 39.- Las concesiones de¿nitivas de servicio eléctrico caducarán, antes de entrar en explotación: 1.- Si el concesionario no redujere a escritura pública el decreto de concesión; 2.- Si no se iniciaren los trabajos dentro de los plazos señalados, y 3.- Si no se hubiesen ejecutado por lo menos los dos tercios de las obras dentro de los plazos establecidos y no mediare fuerza mayor. La caducidad será declarada por el Presidente de la República mediante decreto supremo fundado.

7 Artículo 39.- Las concesiones de¿nitivas de servicio eléctrico caducarán, antes de entrar en explotación: 1.- Si el concesionario no redujere a escritura pública el decreto de concesión; 2.- Si no se iniciaren los trabajos dentro de los plazos señalados, y 3.- Si no se hubiesen ejecutado por lo menos los dos tercios de las obras dentro de los plazos establecidos y no mediare fuerza mayor. La caducidad será declarada por el Presidente de la República mediante decreto supremo fundado.

Artículo 62.- Las gestiones para hacer efectivas las servidumbres deberán iniciarse en cada caso dentro de los seis meses siguientes a la fecha de reducción a escritura pública del decreto de concesión de¿nitiva que hubiere aprobado los planos correspondientes, so pena de caducidad del derecho otorgado para imponer la servidumbre. 6

5 Artículo 67.- La copia a que se refiere el artículo 65 y el comprobante de haber cancelado el valor fijado por la comisión de Hombres Buenos, de acuerdo al artículo anterior, servirá a éste para obtener del Juez de Letras respectivo que lo ponga en posesión material de los terrenos, no obstante cualquiera reclamación del propietario y aun cuando éste no se hubiere conformado con la tasación.

Los problemas para la toma de posesión de los terrenos, en los casos de concesiones eléctricas, constituyen un gran dolor de cabeza para los concesionarios. En efecto, sucede que si bien el juez debe otorgar la posesión material de los terrenos5, aun cuando el propietario reclame por el avalúo o por cualquier otro motivo, en la práctica hay casos que se transforman en verdaderos contenciosos que van dilatando la entrada del concesionario a los predios, con el consecuente peligro de la caducidad de la concesión.6 En efecto, si se retrasa el ingreso efectivo al predio, se retrasa a su vez la construcción de las obras, provocando el incumplimiento de los plazos señalados en el respectivo decreto.7 c) Problemas de posesión material de los terrenos mucho de un gravamen como aquel, pero debe indemnizar igualmente al propietario del predio. Lo anterior es una incoherencia de la ley, que encarece mucho más este tipo de proyectos. Lo que aparece más lógico es que el juez regule dicho permiso, por ejemplo, ¿jando horas y métodos para la ejecución de los trabajos, y estableciendo que al cabo de los dos años, el predio debe quedar como si nunca se hubiesen realizado trabajos. La indemnización debiese quedar para los casos en que se produzcan transformaciones al predio, como la corta de árboles o cambio de disposición de la casa o plantaciones. 416

Ver punto 5 del Nº 3 precedente, sobre “Requisitos de admisibilidad de las oposiciones u observaciones a la solicitud de concesión”.

REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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Artículo 125 Código de Minería.- Mientras se tramita el juicio respectivo, el juez podrá autorizar al solicitante para hacer uso, desde luego, de las servidumbres pedidas, siempre que rinda caución suficiente para responder de las indemnizaciones a que pueda estar obligado. 8

Dada la gravedad de las consecuencias que ello implica, una solución óptima sería el establecimiento de una servidumbre provisional en los mismos términos de la del Código de Minería antes del otorgamiento de la concesión, pero posterior a la elaboración del proyecto de decreto aprobatorio de parte de la Superintendencia, previo pago de caución.8

Primeramente, el nombre de la Comisión es confuso, pues no de¿ne su naturaleza jurídica, dando pie a diversas interpretaciones, que implican darle atribuciones que de por sí no tiene. Primero, corresponde precisar que no es un amigable componedor ni un árbitro, sino un organismo tasador, cuya labor se acota únicamente a avaluar económicamente y de acuerdo a los criterios que otorga la ley en sus artículos 69 y 70 LGSE (esto también es una falencia, pues como se observa en muchos de los avalúos que hacen, consideran otros criterios que no son los de la ley), lo que implica que no debe escuchar a las partes ni intentar llegar a acuerdos, sino sólo tasar el predio y los perjuicios. Ahora bien, dado que puede ocurrir que ciertos perjuicios que corresponde indemnizar según la normativa recién señalada, no sean visibles con la sola visita al predio, sería recomendable que la SEC otorgue a la Comisión, copia de todas las oposiciones y contestaciones que –si bien fueron declaradas inadmisibles de plano, por no ser procedentes9– den cuenta de perjuicios que los propietarios exponen, de manera de revisar si es procedente indemnizar.

Primeramente, el nombre de la Comisión es confuso, pues no de¿ne su naturaleza jurídica, dando pie a diversas interpretaciones, que implican darle atribuciones que de por sí no tiene. Primero, corresponde precisar que no es un amigable componedor ni un árbitro, sino un organismo tasador, cuya labor se acota únicamente a avaluar económicamente y de acuerdo a los criterios que otorga la ley en sus artículos 69 y 70 LGSE (esto también es una falencia, pues como se observa en muchos de los avalúos que hacen, consideran otros criterios que no son los de la ley), lo que implica que no debe escuchar a las partes ni intentar llegar a acuerdos, sino sólo tasar el predio y los perjuicios. Ahora bien, dado que puede ocurrir que ciertos perjuicios que corresponde indemnizar según la normativa recién señalada, no sean visibles con la sola visita al predio, sería recomendable que la SEC otorgue a la Comisión, copia de todas las oposiciones y contestaciones que –si bien fueron declaradas inadmisibles de plano, por no ser procedentes9– den cuenta de perjuicios que los propietarios exponen, de manera de revisar si es procedente indemnizar.

d) Problemas en el funcionamiento de la Comisión de Hombres Buenos

Por otro lado, se debe determinar con claridad el monto de sus honorarios. En efecto, el Decreto N° 113 de 2007, que aprueba el Reglamento sobre integración y funcionamiento de la Comisión de Hombres Buenos, establece en su artículo 7º, lo siguiente: d) Problemas en el funcionamiento de la Comisión de Hombres Buenos Dada la gravedad de las consecuencias que ello implica, una solución óptima sería el establecimiento de una servidumbre provisional en los mismos términos de la del Código de Minería antes del otorgamiento de la concesión, pero posterior a la elaboración del proyecto de decreto aprobatorio de parte de la Superintendencia, previo pago de caución.8 REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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Por otro lado, se debe determinar con claridad el monto de sus honorarios. En efecto, el Decreto N° 113 de 2007, que aprueba el Reglamento sobre integración y funcionamiento de la Comisión de Hombres Buenos, establece en su artículo 7º, lo siguiente:

8 Artículo 125 Código de Minería.- Mientras se tramita el juicio respectivo, el juez podrá autorizar al solicitante para hacer uso, desde luego, de las servidumbres pedidas, siempre que rinda caución suficiente para responder de las indemnizaciones a que pueda estar obligado. 9 Ver punto 5 del Nº 3 precedente, sobre “Requisitos de admisibilidad de las oposiciones u observaciones a la solicitud de concesión”.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Disminuir el plazo que el Ministerio tiene para remitir el expediente a la SEC, de 15 a 5 días hábiles, ya que se trata de un plazo dentro del cual no

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a) Presentación de solicitud de concesión definitiva en el Ministerio de Energía

“El honorario de la comisión de Hombres Buenos será fijado por resolución del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción , precisándose en el considerando de la misma lo que corresponda a cada miembro en la forma que sigue: 20 unidades de fomento como base más 1 unidad de fomento por cada 500 metros del eje de la servidumbre o de la longitud de las líneas eléctricas, según corresponda” (lo referido debe entenderse hecho al Ministerio de Energía, en virtud de la cláusula de traspaso de la ley que le creó).

1. Modificaciones al Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos

Sin embargo, se ha visto cómo se ha interpretado este artículo de manera torcida por las Comisiones, pues entienden que dicho cálculo es por predio avaluado, y no por el total de ellos. Como se observa, en ninguna parte de la norma se indica siquiera la palabra “por predio” y tampoco se puede desprender de manera lógica. Ello ha provocado verdaderas contiendas entre las partes, dejando como ente dictaminador al Ministro de Energía, quien requiere previo informe de la SEC para dirimir. En la práctica, se ha visto que ambos entes rechazan el cobro por predio, como han pretendido algunas Comisiones. Sin embargo, debiese aclararse esta norma, para evitar cualquier procedimiento adicional, como ocurre hoy en día.

III. PROPUESTAS

5) Noti¿cación del informe de tasación

Muchos propietarios alegan no haber sido noti¿cados del Informe de la Comisión de Hombres Buenos. Esta diligencia es de cargo de la SEC y es de suma relevancia. El informe se entiende noti¿cado a contar del tercer día siguiente a su recepción en la o¿cina de correos que corresponda. A partir de esta noti¿cación comienza a correr el plazo para alegar el monto de la indemnización, por lo que el hecho de que no sean noti¿cados los deja en absoluta indefensión, lo cual exige una solución.

Muchos propietarios alegan no haber sido noti¿cados del Informe de la Comisión de Hombres Buenos. Esta diligencia es de cargo de la SEC y es de suma relevancia. El informe se entiende noti¿cado a contar del tercer día siguiente a su recepción en la o¿cina de correos que corresponda. A partir de esta noti¿cación comienza a correr el plazo para alegar el monto de la indemnización, por lo que el hecho de que no sean noti¿cados los deja en absoluta indefensión, lo cual exige una solución.

5) Noti¿cación del informe de tasación

III. PROPUESTAS

Sin embargo, se ha visto cómo se ha interpretado este artículo de manera torcida por las Comisiones, pues entienden que dicho cálculo es por predio avaluado, y no por el total de ellos. Como se observa, en ninguna parte de la norma se indica siquiera la palabra “por predio” y tampoco se puede desprender de manera lógica. Ello ha provocado verdaderas contiendas entre las partes, dejando como ente dictaminador al Ministro de Energía, quien requiere previo informe de la SEC para dirimir. En la práctica, se ha visto que ambos entes rechazan el cobro por predio, como han pretendido algunas Comisiones. Sin embargo, debiese aclararse esta norma, para evitar cualquier procedimiento adicional, como ocurre hoy en día.

1. Modificaciones al Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos

“El honorario de la comisión de Hombres Buenos será fijado por resolución del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción , precisándose en el considerando de la misma lo que corresponda a cada miembro en la forma que sigue: 20 unidades de fomento como base más 1 unidad de fomento por cada 500 metros del eje de la servidumbre o de la longitud de las líneas eléctricas, según corresponda” (lo referido debe entenderse hecho al Ministerio de Energía, en virtud de la cláusula de traspaso de la ley que le creó).

a) Presentación de solicitud de concesión definitiva en el Ministerio de Energía

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Disminuir el plazo que el Ministerio tiene para remitir el expediente a la SEC, de 15 a 5 días hábiles, ya que se trata de un plazo dentro del cual no

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REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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hay mayores exigencias al Ministerio aparte de remitir dicha información al organismo. También se debiese permitir que la SEC dé inicio al trámite de admisibilidad, sin esperar que el Ministerio le envíe el expediente de la solicitud para abreviar los plazos de tramitación. b) Facilitar el procedimiento de notificaciones a los afectados Después de acreditadas las publicaciones, la SEC debiera entregar un solo o¿cio que contenga todos los formatos de noti¿cación, así el solicitante podría elegir a través de qué medio noti¿car, sin que sea necesario comunicarlo previamente a la SEC. Cuando se trate de un gran número de comunidades y sucesiones, se propone una fórmula de noti¿cación por aviso a los dueños de los predios que no sean ubicables.

Introducir la necesidad de que sólo sean admisibles los reclamos que digan relación con el artículo 54 de la LGSE, esto es, con los terrenos sobre los que se proyecta imponer servidumbres, para evitar dilatar los procedimientos por reclamos que no tengan relación directa con las prohibiciones establecidas por la ley para constituir servidumbres. d) Fundamento y contenido de las oposiciones Cuando el afectado presente oposición en virtud de publicación en el Diario O¿cial, no podrá presentar una nueva oposición en virtud de la noti¿cación. Por último, es necesario que se permita que con o sin la respuesta del solicitante, la SEC emita el informe al respectivo Ministerio. En cuanto a las observaciones de terceros, éstas deben ser oportunas, esto es, presentadas dentro del plazo legal. Transcurrido ese plazo, precluirá el derecho de presentar oposiciones, y en caso de presentarse, se declararán inadmisibles por la SEC, sin necesidad de que el solicitante de la concesión le conteste. c) Preclusión del plazo para oponerse

c) Preclusión del plazo para oponerse En cuanto a las observaciones de terceros, éstas deben ser oportunas, esto es, presentadas dentro del plazo legal. Transcurrido ese plazo, precluirá el derecho de presentar oposiciones, y en caso de presentarse, se declararán inadmisibles por la SEC, sin necesidad de que el solicitante de la concesión le conteste. Cuando el afectado presente oposición en virtud de publicación en el Diario O¿cial, no podrá presentar una nueva oposición en virtud de la noti¿cación. Por último, es necesario que se permita que con o sin la respuesta del solicitante, la SEC emita el informe al respectivo Ministerio. d) Fundamento y contenido de las oposiciones Introducir la necesidad de que sólo sean admisibles los reclamos que digan relación con el artículo 54 de la LGSE, esto es, con los terrenos sobre los que se proyecta imponer servidumbres, para evitar dilatar los procedimientos por reclamos que no tengan relación directa con las prohibiciones establecidas por la ley para constituir servidumbres.

Cuando se trate de un gran número de comunidades y sucesiones, se propone una fórmula de noti¿cación por aviso a los dueños de los predios que no sean ubicables. Después de acreditadas las publicaciones, la SEC debiera entregar un solo o¿cio que contenga todos los formatos de noti¿cación, así el solicitante podría elegir a través de qué medio noti¿car, sin que sea necesario comunicarlo previamente a la SEC. b) Facilitar el procedimiento de notificaciones a los afectados hay mayores exigencias al Ministerio aparte de remitir dicha información al organismo. También se debiese permitir que la SEC dé inicio al trámite de admisibilidad, sin esperar que el Ministerio le envíe el expediente de la solicitud para abreviar los plazos de tramitación. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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2. Modificaciones en prácticas administrativas

e) Imposibilidad de transformar el procedimiento en contencioso ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Finalmente, cuando el expediente se remita a Contraloría, no se dilate el trámite por la solicitud de documentos adicionales que no estaban en el checklist.

Enfatizar que la toma de posesión material no es un procedimiento contencioso de evaluación, no dando espacio a la admisión de recursos procesales que entorpezcan el curso de un procedimiento administrativo no contencioso.

Es necesario actualizar el checklist exigido por la SEC, de manera tal que nada de lo que allí no esté, se pida con posterioridad. Asimismo, es preciso veri¿car documentos que solicitará Contraloría para incluirlos en el checklist.

f) Notificación del informe de tasación

a) Revisión de los documentos incluidos en el “checklist” de la SEC

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Posibilitar la admisión de presentaciones progresivas de solicitudes de concesión por tramos de línea, de manera de simpli¿car la revisión de documentos por parte de la SEC y agilizar la tramitación de la concesión tal como se ha permitido a través de ciertos o¿cios.

Al momento de la noti¿cación al propietario, es necesario que se exija la consignación de la dirección real del mismo, para noti¿cación posterior del avalúo.

g) Posibilidad de presentar distintas solicitudes de concesión para amparar una misma línea de transmisión por tramos

g) Posibilidad de presentar distintas solicitudes de concesión para amparar una misma línea de transmisión por tramos

Al momento de la noti¿cación al propietario, es necesario que se exija la consignación de la dirección real del mismo, para noti¿cación posterior del avalúo.

Posibilitar la admisión de presentaciones progresivas de solicitudes de concesión por tramos de línea, de manera de simpli¿car la revisión de documentos por parte de la SEC y agilizar la tramitación de la concesión tal como se ha permitido a través de ciertos o¿cios.

f) Notificación del informe de tasación

2. Modificaciones en prácticas administrativas

Enfatizar que la toma de posesión material no es un procedimiento contencioso de evaluación, no dando espacio a la admisión de recursos procesales que entorpezcan el curso de un procedimiento administrativo no contencioso.

a) Revisión de los documentos incluidos en el “checklist” de la SEC

e) Imposibilidad de transformar el procedimiento en contencioso

Es necesario actualizar el checklist exigido por la SEC, de manera tal que nada de lo que allí no esté, se pida con posterioridad. Asimismo, es preciso veri¿car documentos que solicitará Contraloría para incluirlos en el checklist.

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Finalmente, cuando el expediente se remita a Contraloría, no se dilate el trámite por la solicitud de documentos adicionales que no estaban en el checklist.

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REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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b) Renuncia a servidumbres forzosas sobre predios de la solicitud Permitir la posibilidad de renuncia a la servidumbre que se está solicitando, noti¿cando a quienes corresponda, por cuanto las reglas generales establecidas en el Código Civil lo permiten, ya que se trata de una renuncia a los derechos. c) Modificaciones al Reglamento LGSE Esencialmente, la mayoría de estas propuestas, junto a otras fruto del trabajo del Ministerio de Energía, han sido incorporadas a la modi¿cación en trámite.

Esencialmente, la mayoría de estas propuestas, junto a otras fruto del trabajo del Ministerio de Energía, han sido incorporadas a la modi¿cación en trámite. c) Modificaciones al Reglamento LGSE Permitir la posibilidad de renuncia a la servidumbre que se está solicitando, noti¿cando a quienes corresponda, por cuanto las reglas generales establecidas en el Código Civil lo permiten, ya que se trata de una renuncia a los derechos. b) Renuncia a servidumbres forzosas sobre predios de la solicitud REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL ELÉCTRICO. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

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II. LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO (2001 A 2010)

(2001 A 2010)

II. LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

Han sido tradicionalmente organizadores y promotores de las Jornadas, los profesores universitarios Alejandro Vergara Blanco y Eugenio Evans

ORIGEN Y APORTE DOCTRINARIO DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

ORGANIZACIÓN En razón de lo anterior, desde el año 2001 el Programa de Derecho Administrativo Económico ha organizado las Jornadas de Derecho Eléctrico. Desde entonces e ininterrumpidamente hasta el día de hoy, se ha realizado esta actividad académica, a la cual desde sus inicios se le ha dado un enfoque interdisciplinario donde la academia, la empresa y la autoridad debaten y exponen a la ciudadanía los temas más relevantes del sector eléctrico. Todo esto, con objeto de cumplir el deseo de crear un foro donde puedan encontrarse los citados actores, con una perspectiva que posibilite la mejor comprensión del tema y abarque un conjunto más completo de esta área de la regulación económica.

El Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile, creado en 1998 con objeto de amparar temáticamente el trabajo de académico con líneas de investigación de¿nidas dentro de este clasi¿catorio disciplinario, se ha propuesto dentro de sus objetivos generales impactar en la cultura jurídica, producir nuevos conocimientos, inÀuir en la profesión jurídica y en las políticas públicas, promover vínculos intra y extra universitarios, así como aportar a los sectores público y privado. En este sentido, la realización de Jornadas académicas se constituye como una de las formas a través de las cuales se logran estos objetivos, por cuanto son instancias que promueven el diálogo académico, que exponen con rigor cientí¿co las temáticas más importantes en los distintos sectores a analizar y que sin duda inÀuyen en las políticas públicas del área.

El Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile, creado en 1998 con objeto de amparar temáticamente el trabajo de académico con líneas de investigación de¿nidas dentro de este clasi¿catorio disciplinario, se ha propuesto dentro de sus objetivos generales impactar en la cultura jurídica, producir nuevos conocimientos, inÀuir en la profesión jurídica y en las políticas públicas, promover vínculos intra y extra universitarios, así como aportar a los sectores público y privado. En este sentido, la realización de Jornadas académicas se constituye como una de las formas a través de las cuales se logran estos objetivos, por cuanto son instancias que promueven el diálogo académico, que exponen con rigor cientí¿co las temáticas más importantes en los distintos sectores a analizar y que sin duda inÀuyen en las políticas públicas del área.

En razón de lo anterior, desde el año 2001 el Programa de Derecho Administrativo Económico ha organizado las Jornadas de Derecho Eléctrico. Desde entonces e ininterrumpidamente hasta el día de hoy, se ha realizado esta actividad académica, a la cual desde sus inicios se le ha dado un enfoque interdisciplinario donde la academia, la empresa y la autoridad debaten y exponen a la ciudadanía los temas más relevantes del sector eléctrico. Todo esto, con objeto de cumplir el deseo de crear un foro donde puedan encontrarse los citados actores, con una perspectiva que posibilite la mejor comprensión del tema y abarque un conjunto más completo de esta área de la regulación económica. ORGANIZACIÓN Han sido tradicionalmente organizadores y promotores de las Jornadas, los profesores universitarios Alejandro Vergara Blanco y Eugenio Evans

DE LAS JORNADAS DE

DERECHO ELÉCTRICO

ORIGEN Y APORTE DOCTRINARIO

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Durante la década de existencia de las Jornadas de Derecho Eléctrico uno de los temas más relevantes ha sido la evolución de la legislación eléctrica, entre lo que se cuenta la promoción de energías renovables no convencionales en la generación eléctrica, las novedades en la regulación de la transmisión eléctrica, la creación del Panel de Expertos, el desafío de la energía nuclear, por mencionar sólo algunos, ya que existe un sinnúmero de aspectos de la industria que han sido tratados a lo largo de estos años. Asimismo, el Derecho Eléctrico en sí, entendido como una disciplina autónoma, se ha ido fortaleciendo como tal y ha alcanzado un reconocimiento como cualquier otra área del Derecho.

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TEMÁTICAS

Espiñeira, quienes coincidieron en la necesidad de crear una instancia mediante la cual se debatieran los temas más importantes del sector eléctrico, y que tuvieran relevancia jurídica. Lo anterior, sin que restara la interdisciplinariedad de las Jornadas, en las cuales siempre se ha buscado lograr un equilibrio entre las distintas ramas involucradas en el sector eléctrico; la presentación y participación de visiones jurídicas, doctrinarias, prácticas y técnicas. En este sentido, la preparación de cada Jornada involucra a los actores más relevantes en el área, quienes proponen los temas más actuales, propiciando una discusión desde distintas perspectivas, de las cuales emanen soluciones y contribuciones a la industria.

Finalmente, siempre se ha promovido la participación de funcionarios de la Administración, con objeto de tener una visión más cercana del mundo de las políticas públicas relativas al mercado eléctrico.

Por una parte, se ha intentado que los académicos, tanto abogados, como ingenieros y economistas, aporten desde la vereda de cada una de sus disciplinas una visión del sector eléctrico, provocándose una visión desde la multidisciplinariedad que siempre se ha intentado lograr, evitando de esta manera que las Jornadas se transformen en análisis meramente jurídicos, económicos o ingenieriles. Asimismo, es valorable la contribución realizada por los profesionales que se desempeñan en el ámbito de las empresas, estudios jurídicos y consultoras, debido a que colaboran con una mirada más práctica de los temas que se observan actualmente en el sector.

Por una parte, se ha intentado que los académicos, tanto abogados, como ingenieros y economistas, aporten desde la vereda de cada una de sus disciplinas una visión del sector eléctrico, provocándose una visión desde la multidisciplinariedad que siempre se ha intentado lograr, evitando de esta manera que las Jornadas se transformen en análisis meramente jurídicos, económicos o ingenieriles. Asimismo, es valorable la contribución realizada por los profesionales que se desempeñan en el ámbito de las empresas, estudios jurídicos y consultoras, debido a que colaboran con una mirada más práctica de los temas que se observan actualmente en el sector.

Finalmente, siempre se ha promovido la participación de funcionarios de la Administración, con objeto de tener una visión más cercana del mundo de las políticas públicas relativas al mercado eléctrico.

Espiñeira, quienes coincidieron en la necesidad de crear una instancia mediante la cual se debatieran los temas más importantes del sector eléctrico, y que tuvieran relevancia jurídica. Lo anterior, sin que restara la interdisciplinariedad de las Jornadas, en las cuales siempre se ha buscado lograr un equilibrio entre las distintas ramas involucradas en el sector eléctrico; la presentación y participación de visiones jurídicas, doctrinarias, prácticas y técnicas. En este sentido, la preparación de cada Jornada involucra a los actores más relevantes en el área, quienes proponen los temas más actuales, propiciando una discusión desde distintas perspectivas, de las cuales emanen soluciones y contribuciones a la industria.

TEMÁTICAS

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Durante la década de existencia de las Jornadas de Derecho Eléctrico uno de los temas más relevantes ha sido la evolución de la legislación eléctrica, entre lo que se cuenta la promoción de energías renovables no convencionales en la generación eléctrica, las novedades en la regulación de la transmisión eléctrica, la creación del Panel de Expertos, el desafío de la energía nuclear, por mencionar sólo algunos, ya que existe un sinnúmero de aspectos de la industria que han sido tratados a lo largo de estos años. Asimismo, el Derecho Eléctrico en sí, entendido como una disciplina autónoma, se ha ido fortaleciendo como tal y ha alcanzado un reconocimiento como cualquier otra área del Derecho.

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ORIGEN Y APORTE DOCTRINARIO DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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Queremos retomar el camino iniciado en aquella oportunidad, dado que a la fecha sólo se han publicado las Actas de las Primeras y Segundas Jornadas de Derecho Eléctrico. Lo anterior tiene como explicación, por un lado, la masi¿cación del uso de medios electrónicos de proyección de diapositivas, lo que ha traído como consecuencia que las exposiciones de las Jornadas de ACTAS PUBLICADAS

Por lo anteriormente expuesto, las Jornadas de Derecho Eléctrico han sido fundamentales promotoras de la discusión en la regulación eléctrica y de la energía. Acorde con los distintos sucesos que se han presentado a lo largo de la década de existencia de las Jornadas, éstas se han erigido como un importante foro de discusión en la materia, con excelentes resultados en cuanto a su difusión y acogida, lo cual queda demostrado en el creciente número de asistentes al encuentro académico. La seguridad del suministro eléctrico, la competitividad del sector y la preocupación por el medio ambiente en la concreción de proyectos eléctricos, entre muchos otros temas, han sido ampliamente debatidos por los expositores de las Jornadas, replicándose y concretándose en la realidad las distintas propuestas que se han presentado en su marco, lo que corrobora la gran inÀuencia que ha tenido en la industria eléctrica el debate académico de los distintos temas que se ponen en discusión.

Año a año, previo a la realización de las Jornadas se realiza una convocatoria a los actores más relevantes del sector para que aporten con temas para conformación de paneles, los que debieran reÀejar los asuntos más recientes y que merezcan la atención para ser analizados y discutidos en las Jornadas.

Año a año, previo a la realización de las Jornadas se realiza una convocatoria a los actores más relevantes del sector para que aporten con temas para conformación de paneles, los que debieran reÀejar los asuntos más recientes y que merezcan la atención para ser analizados y discutidos en las Jornadas.

Por lo anteriormente expuesto, las Jornadas de Derecho Eléctrico han sido fundamentales promotoras de la discusión en la regulación eléctrica y de la energía. Acorde con los distintos sucesos que se han presentado a lo largo de la década de existencia de las Jornadas, éstas se han erigido como un importante foro de discusión en la materia, con excelentes resultados en cuanto a su difusión y acogida, lo cual queda demostrado en el creciente número de asistentes al encuentro académico. La seguridad del suministro eléctrico, la competitividad del sector y la preocupación por el medio ambiente en la concreción de proyectos eléctricos, entre muchos otros temas, han sido ampliamente debatidos por los expositores de las Jornadas, replicándose y concretándose en la realidad las distintas propuestas que se han presentado en su marco, lo que corrobora la gran inÀuencia que ha tenido en la industria eléctrica el debate académico de los distintos temas que se ponen en discusión.

ACTAS PUBLICADAS A la fecha se han editado las Actas de las Primeras Jornadas de Derecho Eléctrico, realizadas el año 2001, las que se publicaron en la Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales, Vol. III, Nº 3 del año 2001 y las de las Segundas Jornadas de Derecho Eléctrico, realizadas el año 2002, las que fueron publicadas en la Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales, Vol. IV, Nº 2 del año 2002. PROYECCIÓN Queremos retomar el camino iniciado en aquella oportunidad, dado que a la fecha sólo se han publicado las Actas de las Primeras y Segundas Jornadas de Derecho Eléctrico. Lo anterior tiene como explicación, por un lado, la masi¿cación del uso de medios electrónicos de proyección de diapositivas, lo que ha traído como consecuencia que las exposiciones de las Jornadas de

PROYECCIÓN A la fecha se han editado las Actas de las Primeras Jornadas de Derecho Eléctrico, realizadas el año 2001, las que se publicaron en la Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales, Vol. III, Nº 3 del año 2001 y las de las Segundas Jornadas de Derecho Eléctrico, realizadas el año 2002, las que fueron publicadas en la Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales, Vol. IV, Nº 2 del año 2002. ORIGEN Y APORTE DOCTRINARIO DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Derecho Eléctrico no estén sustentadas necesariamente en notas escritas, y la otra razón es la discontinuidad de la Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales. Por lo expuesto, queremos manifestar nuestro interés en perpetuar la publicación de estas Actas, de manera tal que en ella tengan cabida las ponencias presentadas en las Jornadas de Derecho de Energía, según la denominación adquirida desde su versión 2011. AGRADECIMIENTOS

Es de interés para los organizadores que la excelente recepción que han tenido las Jornadas a lo largo de todos estos años siga replicándose en el futuro, manteniendo para ello el Àuido diálogo académico, interés y relevancia que se ha logrado hasta hoy. Agradecemos a la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile, a los académicos de sus distintas facultades que han colaborado con la organización, a los distintos expositores y asistentes de las Jornadas a lo largo de estos años, a las empresas eléctricas, consultoras y estudios del área, por auspiciar y patrocinar el trabajo realizado durante este tiempo y sin el cual esta exitosa actividad académica no sería posible. AGRADECIMIENTOS Derecho Eléctrico no estén sustentadas necesariamente en notas escritas, y la otra razón es la discontinuidad de la Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos Naturales. Por lo expuesto, queremos manifestar nuestro interés en perpetuar la publicación de estas Actas, de manera tal que en ella tengan cabida las ponencias presentadas en las Jornadas de Derecho de Energía, según la denominación adquirida desde su versión 2011. 428

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Es de interés para los organizadores que la excelente recepción que han tenido las Jornadas a lo largo de todos estos años siga replicándose en el futuro, manteniendo para ello el Àuido diálogo académico, interés y relevancia que se ha logrado hasta hoy. Agradecemos a la Ponti¿cia Universidad Católica de Chile, a los académicos de sus distintas facultades que han colaborado con la organización, a los distintos expositores y asistentes de las Jornadas a lo largo de estos años, a las empresas eléctricas, consultoras y estudios del área, por auspiciar y patrocinar el trabajo realizado durante este tiempo y sin el cual esta exitosa actividad académica no sería posible.

MATTHEI, Hedy: Orígenes y proyección de la institucionalidad jurídica eléctrica

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO RECUENTO DE I A X JORNADAS (2001-2010)

HENRÍQUEZ, Karina: Regulación ambiental y empresas eléctricas GUZMÁN, Rafael: Concesiones eléctricas y caminos públicos. Problemática actual EVANS, Eugenio: Los tipos penales administrativos en la Ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles CIFUENTES, Ramón: Algunos problemas de responsabilidad civil que plantea la legislación eléctrica después de modi¿carse el artículo 99 bis del D.F.L. Nº 1 ABARA, Fernando: Marco regulatorio del mercado de transmisión

• Concesiones, ejercicio y responsabilidad I JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2001 “REGULACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ELÉCTRICA” • Visión pública y privada ESPEJO, Sergio: Aspectos conceptuales y desafíos de la reforma eléctrica: un enfoque desde el análisis económico del derecho BRAVO, Pilar: Nueva institucionalidad jurídica del D.F.L. Nº 1 de 1982 MATTA, Guillermo: Visión de las distribuidoras eléctricas MARTIN, Carlos: Causas de la crisis eléctrica 1998/1999, reacción legislativa y consecuencias en la inversión en el sector eléctrico • Concesiones, ejercicio y responsabilidad ABARA, Fernando: Marco regulatorio del mercado de transmisión CIFUENTES, Ramón: Algunos problemas de responsabilidad civil que plantea la legislación eléctrica después de modi¿carse el artículo 99 bis del D.F.L. Nº 1 EVANS, Eugenio: Los tipos penales administrativos en la Ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles GUZMÁN, Rafael: Concesiones eléctricas y caminos públicos. Problemática actual HENRÍQUEZ, Karina: Regulación ambiental y empresas eléctricas MATTHEI, Hedy: Orígenes y proyección de la institucionalidad jurídica eléctrica

MARTIN, Carlos: Causas de la crisis eléctrica 1998/1999, reacción legislativa y consecuencias en la inversión en el sector eléctrico MATTA, Guillermo: Visión de las distribuidoras eléctricas BRAVO, Pilar: Nueva institucionalidad jurídica del D.F.L. Nº 1 de 1982 ESPEJO, Sergio: Aspectos conceptuales y desafíos de la reforma eléctrica: un enfoque desde el análisis económico del derecho

• Visión pública y privada “REGULACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ELÉCTRICA” I JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2001 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO RECUENTO DE I A X JORNADAS (2001-2010)

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

VIAL, Gonzalo: Rol de las empresas distribuidoras en el sistema eléctrico chileno

DÍAZ, Edgardo: La regulación eléctrica argentina. Antecedentes y perspectivas;

• Derecho comparado SALAS, Rafael: Comercializadoras de energía eléctrica. Visión del anteproyecto VERGARA, Alejandro: Continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica ante la falta de contratos de abastecimiento. El caso de la Resolución Nº 88, de 2001, del Ministerio de Economía SEPÚLVEDA, Enrique: El procedimiento de resolución de divergencias en el centro de despacho económico de carga (CDEC) PALUMBO, Blanca: Libertad en el mercado de la generación eléctrica en Chile. De la teoría a la realidad LECAROS, Raúl: Resolución de controversias en un CDEC ERRÁZURIZ, Juan Manuel: Calidad de servicio y responsabilidad de las empresas generadoras ARANCIBIA, Jaime: Naturaleza jurídica de la comisión de peritos que ¿ja el valor nuevo de reemplazo en materia de distribución eléctrica

• Explotación, precios y tarifas VIAL, Gonzalo: Rol de las empresas distribuidoras en el sistema eléctrico chileno 430

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Derecho comparado DÍAZ, Edgardo: La regulación eléctrica argentina. Antecedentes y perspectivas; GONZÁLEZ-VARAS, Santiago: Mercado y regulación pública en el sector eléctrico español

GONZÁLEZ-VARAS, Santiago: Mercado y regulación pública en el sector eléctrico español

• Explotación, precios y tarifas ARANCIBIA, Jaime: Naturaleza jurídica de la comisión de peritos que ¿ja el valor nuevo de reemplazo en materia de distribución eléctrica ERRÁZURIZ, Juan Manuel: Calidad de servicio y responsabilidad de las empresas generadoras LECAROS, Raúl: Resolución de controversias en un CDEC PALUMBO, Blanca: Libertad en el mercado de la generación eléctrica en Chile. De la teoría a la realidad SEPÚLVEDA, Enrique: El procedimiento de resolución de divergencias en el centro de despacho económico de carga (CDEC) VERGARA, Alejandro: Continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica ante la falta de contratos de abastecimiento. El caso de la Resolución Nº 88, de 2001, del Ministerio de Economía SALAS, Rafael: Comercializadoras de energía eléctrica. Visión del anteproyecto

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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II JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2002 “MARCO REGULATORIO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA” MATTA, Guillermo: La dimensión ética en el servicio público eléctrico • Solución de divergencias CARRILLO, Tulio: Análisis de la resolución exenta Nº 88, del Ministerio de Economía, sobre peajes eléctricos ERRÁZURIZ, Juan Manuel: Análisis crítico de las divergencias como procedimiento de solución de disputas en los CDEC • Régimen de compensaciones VUCHETICH DE CHERNEY, Esteban: Conceptos para una norma técnica de compensaciones VARAS, Felipe: Análisis de la compensación establecida en el artículo 16 B) de la ley Nº 18.410 y sus efectos en las empresas distribuidoras OLMEDO, Juan Carlos; CHÁVEZ, Juan y CHIFFELLE, Pauline: Régimen de compensaciones en la legislación eléctrica • Análisis de los efectos del proyecto de “Ley Corta” SILVA, Patricio: Las barreras de entrada para nuevos generadores en la legislación eléctrica vigente y en la propuesta mediante la “Ley Corta” SILVA, Pablo: Proyecto de Ley Corta. Comentarios sobre sus principales efectos en la subtransmisión DOMPER, María de la Luz: Comentarios al proyecto de Ley Corta en materia de servicios eléctricos • Definición de la matriz energética. El derecho de gas BAHAMÓNDEZ, Felipe: Integración vertical en el mercado del gas natural en Chile ROZAS, Patricio: Antecedentes y fundamentos de un proyecto de ley de uso e¿ciente de energía para Chile MARTELLI, Hugo: Consideraciones legales argentinas del suministro de gas a Chile

MARTELLI, Hugo: Consideraciones legales argentinas del suministro de gas a Chile ROZAS, Patricio: Antecedentes y fundamentos de un proyecto de ley de uso e¿ciente de energía para Chile BAHAMÓNDEZ, Felipe: Integración vertical en el mercado del gas natural en Chile

• Definición de la matriz energética. El derecho de gas DOMPER, María de la Luz: Comentarios al proyecto de Ley Corta en materia de servicios eléctricos SILVA, Pablo: Proyecto de Ley Corta. Comentarios sobre sus principales efectos en la subtransmisión SILVA, Patricio: Las barreras de entrada para nuevos generadores en la legislación eléctrica vigente y en la propuesta mediante la “Ley Corta”

• Análisis de los efectos del proyecto de “Ley Corta” OLMEDO, Juan Carlos; CHÁVEZ, Juan y CHIFFELLE, Pauline: Régimen de compensaciones en la legislación eléctrica VARAS, Felipe: Análisis de la compensación establecida en el artículo 16 B) de la ley Nº 18.410 y sus efectos en las empresas distribuidoras VUCHETICH DE CHERNEY, Esteban: Conceptos para una norma técnica de compensaciones

• Régimen de compensaciones ERRÁZURIZ, Juan Manuel: Análisis crítico de las divergencias como procedimiento de solución de disputas en los CDEC CARRILLO, Tulio: Análisis de la resolución exenta Nº 88, del Ministerio de Economía, sobre peajes eléctricos

• Solución de divergencias MATTA, Guillermo: La dimensión ética en el servicio público eléctrico

“MARCO REGULATORIO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA” II JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2002 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Principios y problemas generales de derecho eléctrico EVANS, Eugenio: Los centros de despacho económico de carga (CDEC) y la solución de divergencias en el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos VERGARA, Alejandro: Régimen jurídico de las concesiones de servicio privado eléctrico

VERGARA, Alejandro: Régimen jurídico de las concesiones de servicio privado eléctrico EVANS, Eugenio: Los centros de despacho económico de carga (CDEC) y la solución de divergencias en el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos

• Principios y problemas generales de derecho eléctrico 432

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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MENDOZA, Ramiro: Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos

III JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2003

BRAVO, Pilar: Marco conceptual y regulación de la con¿abilidad en los sistemas eléctricos

“REGULACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ELÉCTRICA”

EVANS, Eugenio: Técnica legislativa. Efectos de la regulación normativa en la industria eléctrica

• Conferencias CASSAGNE, Juan: El futuro de los servicios públicos VERGARA, Alejandro: Estatuto general y principios del servicio público eléctrico • Sistema de transmisión y pesajes INOSTROZA, Juan Ricardo: Metodología de expansión de transmisión. Análisis comparado TORO, Alfonso: Tari¿cación de sistemas de subtransmisión CONTRERAS, Juan Manuel: Ley Corta, temas relevantes ESPINOSA, Guillermo: Principios económicos en la tari¿cación de la transmisión • Conflictividad en materia eléctrica PERALES, Diego: Algunas cuestiones generales en torno a las sanciones administrativas en la legislación FERNÁNDEZ, Andrés: Pertinencia de los instrumentos de plani¿cación territorial para regular la localización y construcción de la infraestructura eléctrica GALETOVIC, Alexander: Transmisión eléctrica y la “Ley Corta”: una estimación de la redistribución de peajes • Principios generales de la legislación eléctrica EVANS, Eugenio: Técnica legislativa. Efectos de la regulación normativa en la industria eléctrica BRAVO, Pilar: Marco conceptual y regulación de la con¿abilidad en los sistemas eléctricos MENDOZA, Ramiro: Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos

• Principios generales de la legislación eléctrica GALETOVIC, Alexander: Transmisión eléctrica y la “Ley Corta”: una estimación de la redistribución de peajes FERNÁNDEZ, Andrés: Pertinencia de los instrumentos de plani¿cación territorial para regular la localización y construcción de la infraestructura eléctrica PERALES, Diego: Algunas cuestiones generales en torno a las sanciones administrativas en la legislación

• Conflictividad en materia eléctrica ESPINOSA, Guillermo: Principios económicos en la tari¿cación de la transmisión CONTRERAS, Juan Manuel: Ley Corta, temas relevantes TORO, Alfonso: Tari¿cación de sistemas de subtransmisión INOSTROZA, Juan Ricardo: Metodología de expansión de transmisión. Análisis comparado

• Sistema de transmisión y pesajes VERGARA, Alejandro: Estatuto general y principios del servicio público eléctrico CASSAGNE, Juan: El futuro de los servicios públicos

• Conferencias “REGULACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ELÉCTRICA” III JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2003 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Soluciones en el Derecho comparado DÍAZ, Edgardo: Problemas jurisdiccionales que plantean el transporte y la distribución eléctrica en el derecho norteamericano y argentino HANTKE-DOMAS, Michael: Legislación eléctrica y derecho de la competencia en el mercado generador inglés RUDNICK, Hugh: Distribución de pagos de sistemas de transmisión entre generación y demanda: experiencia internacional

VALDÉS, Domingo: Regulación del mercado eléctrico por la honorable Comisión Resolutiva OLMEDO, Juan Carlos: Rol de generadores, transmisores y distribuidores para garantizar la libre competencia ERRÁZURIZ, José Tomás: Manifestaciones restrictivas de la libertad de contratación SEPÚLVEDA, Enrique: Nuevo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y su importancia para el sector eléctrico

• Actividad económica eléctrica y protección de la libre competencia RUDNICK, Hugh: Distribución de pagos de sistemas de transmisión entre generación y demanda: experiencia internacional HANTKE-DOMAS, Michael: Legislación eléctrica y derecho de la competencia en el mercado generador inglés DÍAZ, Edgardo: Problemas jurisdiccionales que plantean el transporte y la distribución eléctrica en el derecho norteamericano y argentino

• Soluciones en el Derecho comparado 434

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Actividad económica eléctrica y protección de la libre competencia SEPÚLVEDA, Enrique: Nuevo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y su importancia para el sector eléctrico ERRÁZURIZ, José Tomás: Manifestaciones restrictivas de la libertad de contratación OLMEDO, Juan Carlos: Rol de generadores, transmisores y distribuidores para garantizar la libre competencia VALDÉS, Domingo: Regulación del mercado eléctrico por la honorable Comisión Resolutiva

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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IV JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2004 “ESTAMOS FRENTE A UNA CRISIS DE ENERGÍA” • Conferencia ESPEJO, Sergio: Principios de regulación y el mercado eléctrico chileno Panel de Expertos. Naturaleza jurídica y ámbito de sus atribuciones ZÚÑIGA, Francisco: Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus atribuciones EVANS, Eugenio: El Panel de Expertos: un órgano sometido a la Constitución • El nuevo régimen jurídico del transporte de electricidad. Los CDEC y la operación coordinada ABARA, Fernando: Cambios jurídicos esenciales en la actividad de transmisión eléctrica, introducidos por la Ley Nº 19.940 GALETOVIC, Alexander: Transmisión eléctrica y la Ley Corta: por qué licitar es (mucho) mejor que regular FINAT, Carlos: La Dirección de Operaciones y la Dirección de Peajes del SING de cara a la aplicación de la Ley Corta CHOTZEN, Patricia: Los integrantes del CDEC y la seguridad del sistema eléctrico SEPÚLVEDA, Enrique: Elementos del nuevo régimen jurídico del transporte de energía eléctrica • Matriz energética de Chile. Su revisión luego de la crisis de abastecimiento de gas natural PIZARRO, Carlos: La fuerza mayor como defensa del deudor. A propósito de la restricción de suministro de gas a Chile DOMPER, María de la Luz: Crisis del gas y el nuevo escenario eléctrico INOSTROZA, Juan Ricardo: Gas y electricidad: ¿qué hacer ahora? VILLARROEL, Carlos: Protocolos de integración gasífera con argentina y su cumplimiento

VILLARROEL, Carlos: Protocolos de integración gasífera con argentina y su cumplimiento INOSTROZA, Juan Ricardo: Gas y electricidad: ¿qué hacer ahora? DOMPER, María de la Luz: Crisis del gas y el nuevo escenario eléctrico PIZARRO, Carlos: La fuerza mayor como defensa del deudor. A propósito de la restricción de suministro de gas a Chile

• Matriz energética de Chile. Su revisión luego de la crisis de abastecimiento de gas natural SEPÚLVEDA, Enrique: Elementos del nuevo régimen jurídico del transporte de energía eléctrica CHOTZEN, Patricia: Los integrantes del CDEC y la seguridad del sistema eléctrico FINAT, Carlos: La Dirección de Operaciones y la Dirección de Peajes del SING de cara a la aplicación de la Ley Corta GALETOVIC, Alexander: Transmisión eléctrica y la Ley Corta: por qué licitar es (mucho) mejor que regular ABARA, Fernando: Cambios jurídicos esenciales en la actividad de transmisión eléctrica, introducidos por la Ley Nº 19.940

• El nuevo régimen jurídico del transporte de electricidad. Los CDEC y la operación coordinada EVANS, Eugenio: El Panel de Expertos: un órgano sometido a la Constitución ZÚÑIGA, Francisco: Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus atribuciones Panel de Expertos. Naturaleza jurídica y ámbito de sus atribuciones ESPEJO, Sergio: Principios de regulación y el mercado eléctrico chileno

• Conferencia “ESTAMOS FRENTE A UNA CRISIS DE ENERGÍA” IV JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2004 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Regulación económica y sanciones administrativas aplicables a los sistemas eléctricos AGÜERO, Francisco y RÍOS, Marcia: Transparencia y acceso a la información en la regulación eléctrica ROMERO, Juan José: Regulación de la e¿ciencia energética: el caso del etiquetado ALCALDE, Enrique: Relaciones entre la pena administrativa y la sanción penal VERGARA, Alejandro: Principios generales de derecho administrativo sancionatorio y sanciones en materia eléctrica

VERGARA, Alejandro: Principios generales de derecho administrativo sancionatorio y sanciones en materia eléctrica ALCALDE, Enrique: Relaciones entre la pena administrativa y la sanción penal ROMERO, Juan José: Regulación de la e¿ciencia energética: el caso del etiquetado AGÜERO, Francisco y RÍOS, Marcia: Transparencia y acceso a la información en la regulación eléctrica

• Regulación económica y sanciones administrativas aplicables a los sistemas eléctricos 436

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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VERGARA, Alejandro: Naturaleza jurisdiccional de las funciones del “Panel de Expertos” MOYA, Alejandra: Marco regulatorio del Panel de Expertos: algunos temas jurídicos a debatir

V JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2005 “BALANCE DE LAS MODIFICACIONES LEGALES. SU IMPLEMENTACIÓN E IMPACTO EN EL SECTOR”

• Conferencias inaugurales SÁNCHEZ, Luis: Hacia una regulación estable pero dinámica JADRESIC, Alejandro: Primer año de funcionamiento del Panel de Expertos • Conferencia CHOTZEN, Patricia: Superintendente (S) de Electricidad y Combustibles. • Implementación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018 en los sectores de generación, transmisión y distribución ESCALONA, Eduardo: Ejercicio de la potestad reglamentaria en la aplicación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018 PÉREZ DEL RÍO, Guillermo: Ley Nº 20.018, Ley Corta II BRAVO, Pilar: Nuevos actores en el sector eléctrico: sus diversos niveles de participación VARGAS, Luis: El nuevo marco legal y la generación a pequeña escala: aspectos críticos para su implementación • Panel de Expertos: ámbito de atribuciones y experiencias a un año de su formación ZÚÑIGA, Francisco: Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus atribuciones ROMERO, Alejandro: El procedimiento del panel de expertos de la LGSE: una lectura procesal LUCO, Nicolás: Creación de valor en el procedimiento ante el Panel de Expertos MOYA, Alejandra: Marco regulatorio del Panel de Expertos: algunos temas jurídicos a debatir VERGARA, Alejandro: Naturaleza jurisdiccional de las funciones del “Panel de Expertos”

LUCO, Nicolás: Creación de valor en el procedimiento ante el Panel de Expertos ROMERO, Alejandro: El procedimiento del panel de expertos de la LGSE: una lectura procesal ZÚÑIGA, Francisco: Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus atribuciones

• Panel de Expertos: ámbito de atribuciones y experiencias a un año de su formación VARGAS, Luis: El nuevo marco legal y la generación a pequeña escala: aspectos críticos para su implementación BRAVO, Pilar: Nuevos actores en el sector eléctrico: sus diversos niveles de participación PÉREZ DEL RÍO, Guillermo: Ley Nº 20.018, Ley Corta II ESCALONA, Eduardo: Ejercicio de la potestad reglamentaria en la aplicación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018

• Implementación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018 en los sectores de generación, transmisión y distribución CHOTZEN, Patricia: Superintendente (S) de Electricidad y Combustibles.

• Conferencia JADRESIC, Alejandro: Primer año de funcionamiento del Panel de Expertos SÁNCHEZ, Luis: Hacia una regulación estable pero dinámica

• Conferencias inaugurales EL SECTOR”

“BALANCE DE LAS MODIFICACIONES LEGALES. SU IMPLEMENTACIÓN E IMPACTO EN V JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2005 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Fiscalización y sanciones administrativas ABARA, Fernando: Las sanciones administrativas y la con¿abilidad del sistema eléctrico VÍLCHEZ, Esteban: Sanciones Administrativas en el Sistema Eléctrico VALDÉS, Domingo: Culpabilidad en el Ilícito Administrativo Eléctrico FOUNROUGE, Máximo: La resolución de conÀictos en el mercado eléctrico argentino

EVANS, Eugenio: Proyecto de Ley que regula el lobby TAPIA, Javier: La incorporación de los derechos al VNR de las instalaciones eléctricas RUDNICK, Hugh: Un nuevo operador independiente de los mercados eléctricos chilenos CUBILLOS, Gonzalo: La extensión de la obligación de coordinación y su relación con la ¿nalidad de preservación de la seguridad en el sistema eléctrico CLAVERÍA, Juan: Abastecimiento eléctrico en el SING

• Coordinación de sistemas eléctricos y CDEC FOUNROUGE, Máximo: La resolución de conÀictos en el mercado eléctrico argentino VALDÉS, Domingo: Culpabilidad en el Ilícito Administrativo Eléctrico VÍLCHEZ, Esteban: Sanciones Administrativas en el Sistema Eléctrico ABARA, Fernando: Las sanciones administrativas y la con¿abilidad del sistema eléctrico

• Fiscalización y sanciones administrativas 438

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Coordinación de sistemas eléctricos y CDEC CLAVERÍA, Juan: Abastecimiento eléctrico en el SING CUBILLOS, Gonzalo: La extensión de la obligación de coordinación y su relación con la ¿nalidad de preservación de la seguridad en el sistema eléctrico RUDNICK, Hugh: Un nuevo operador independiente de los mercados eléctricos chilenos TAPIA, Javier: La incorporación de los derechos al VNR de las instalaciones eléctricas EVANS, Eugenio: Proyecto de Ley que regula el lobby

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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VI JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2006 “POLÍTICAS PÚBLICAS Y ENERGÍA” • Conferencias inaugurales PONIACHIK, Karen: Política de seguridad energética: diagnóstico y líneas de acción SERRA, Pablo y ORPIS Jaime: Presidente de la Comisión de Energía del Senado • Generación GALETOVIC, Alexander: Abastecimiento eléctrico, la menor relevancia del gas natural MUÑOZ, Cristián Marcelo: Regulación de servicios complementarios y planes de seguridad NADRA, Horacio y LÓPEZ, Luis: Responsabilidad de abastecimiento y calidad de servicio: una aproximación a la experiencia argentina VARGAS, Luis: Desarrollo de generación eléctrica en Chile en el período 2006-2025 CUBILLOS, Gonzalo: Seguridad jurídica y regulación eléctrica: propuestas para una mejora regulatoria • Transmisión ABARA, Fernando: Concesión de transporte RUDNICK Hugh y MOCARQUER, Sebastián: Revisión de los cambios regulatorios 2004-05 en materia de tari¿cación de la transmisión, subtransmisión y los sistemas medianos RAMÍREZ, José Antonio: Líneas de transmisión eléctrica; protección de áreas silvestres y comunidades indígenas SAUMA, Enzo: Impacto económico de las inversiones en transmisión eléctrica • Distribución, regulación y CDEC PERALES, Diego: Normas de calidad de servicio y Ley de Protección al Consumidor

PERALES, Diego: Normas de calidad de servicio y Ley de Protección al Consumidor

• Distribución, regulación y CDEC SAUMA, Enzo: Impacto económico de las inversiones en transmisión eléctrica RAMÍREZ, José Antonio: Líneas de transmisión eléctrica; protección de áreas silvestres y comunidades indígenas RUDNICK Hugh y MOCARQUER, Sebastián: Revisión de los cambios regulatorios 2004-05 en materia de tari¿cación de la transmisión, subtransmisión y los sistemas medianos ABARA, Fernando: Concesión de transporte

• Transmisión CUBILLOS, Gonzalo: Seguridad jurídica y regulación eléctrica: propuestas para una mejora regulatoria VARGAS, Luis: Desarrollo de generación eléctrica en Chile en el período 2006-2025 NADRA, Horacio y LÓPEZ, Luis: Responsabilidad de abastecimiento y calidad de servicio: una aproximación a la experiencia argentina MUÑOZ, Cristián Marcelo: Regulación de servicios complementarios y planes de seguridad GALETOVIC, Alexander: Abastecimiento eléctrico, la menor relevancia del gas natural

• Generación SERRA, Pablo y ORPIS Jaime: Presidente de la Comisión de Energía del Senado PONIACHIK, Karen: Política de seguridad energética: diagnóstico y líneas de acción

• Conferencias inaugurales “POLÍTICAS PÚBLICAS Y ENERGÍA” VI JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2006 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

INOSTROZA, Juan Ricardo: Licitaciones y energías renovables no convencionales BASCUÑÁN, Felipe: Los contratos de suministro entre generadoras y clientes libres: adaptación de las condiciones comerciales, revisión de precios y terminación anticipada del contrato a la luz de la Ley Nº 20.018 ESCALONA, Eduardo: Centro de despacho económico de carga: proyecto de reglamento en ejecución del nuevo marco legal

EVANS, Eugenio: La sanción administrativa y la regulación de las actividades económicas. Efectos de un cambio en la jurisprudencia constitucional AVILÉS, Víctor Manuel: Alcances sancionatorios de la obligación de coordinación de las empresas integrantes de los centros económicos de despacho de carga ALCALDE, Enrique: La infracción culposa de la Ley Eléctrica MOYA, Alejandra: Análisis de la jurisprudencia reciente del TC en materia sancionatoria eléctrica

• Fiscalización y sanciones ESCALONA, Eduardo: Centro de despacho económico de carga: proyecto de reglamento en ejecución del nuevo marco legal BASCUÑÁN, Felipe: Los contratos de suministro entre generadoras y clientes libres: adaptación de las condiciones comerciales, revisión de precios y terminación anticipada del contrato a la luz de la Ley Nº 20.018 INOSTROZA, Juan Ricardo: Licitaciones y energías renovables no convencionales 440

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Fiscalización y sanciones MOYA, Alejandra: Análisis de la jurisprudencia reciente del TC en materia sancionatoria eléctrica ALCALDE, Enrique: La infracción culposa de la Ley Eléctrica AVILÉS, Víctor Manuel: Alcances sancionatorios de la obligación de coordinación de las empresas integrantes de los centros económicos de despacho de carga EVANS, Eugenio: La sanción administrativa y la regulación de las actividades económicas. Efectos de un cambio en la jurisprudencia constitucional

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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VII JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2007 “NUEVAS ENERGÍAS Y DESAFÍOS REGULATORIOS” • Presentación de los directores VERGARA, Alejandro: ¿Qué puede hacer el Derecho para que la luz no se apague? EVANS, Eugenio: Regulación eléctrica • Conferencias RUDNICK, Hugh: Abastecimiento de energía eléctrica: tecnologías alternativas y desafíos regulatorios CHOTZEN, Patricia: Institucionalidad eléctrica • Nueva Legislación y Panel de Expertos CASTILLO, Rodrigo: Licitaciones de suministro eléctrico BERMÚDEZ, Rodrigo: ReÀexiones acerca de la declaración de inaplicabilidad de los dictámenes del Panel de Expertos SEPÚLVEDA, Enrique: Panel de Expertos: las dimensiones técnica y jurídica de sus dictámenes • Trabas normativas MOCARQUER, Sebastián: Licitaciones de contratos de abastecimiento en Chile: di¿cultades para la entrada de nuevos generadores DOMPER, María de la Luz: Restricciones legales, burocráticas y políticas a la inversión en el sector eléctrico CORDERO, Luis: El SEIA y los proyectos eléctricos. Mitos y verdades de los “lomos de toro” en materia ambiental ABARA, Fernando: Propuestas para optimizar el procedimiento de concesiones eléctricas • Contratos de suministros y arbitrajes PÉREZ DEL RÍO, Guillermo: Flexibilidad tarifaria GALETOVIC, Alexander: Mecanismo de reducciones de consumo y reciente reglamento

GALETOVIC, Alexander: Mecanismo de reducciones de consumo y reciente reglamento PÉREZ DEL RÍO, Guillermo: Flexibilidad tarifaria

• Contratos de suministros y arbitrajes ABARA, Fernando: Propuestas para optimizar el procedimiento de concesiones eléctricas CORDERO, Luis: El SEIA y los proyectos eléctricos. Mitos y verdades de los “lomos de toro” en materia ambiental DOMPER, María de la Luz: Restricciones legales, burocráticas y políticas a la inversión en el sector eléctrico MOCARQUER, Sebastián: Licitaciones de contratos de abastecimiento en Chile: di¿cultades para la entrada de nuevos generadores

• Trabas normativas SEPÚLVEDA, Enrique: Panel de Expertos: las dimensiones técnica y jurídica de sus dictámenes BERMÚDEZ, Rodrigo: ReÀexiones acerca de la declaración de inaplicabilidad de los dictámenes del Panel de Expertos CASTILLO, Rodrigo: Licitaciones de suministro eléctrico

• Nueva Legislación y Panel de Expertos CHOTZEN, Patricia: Institucionalidad eléctrica RUDNICK, Hugh: Abastecimiento de energía eléctrica: tecnologías alternativas y desafíos regulatorios

• Conferencias EVANS, Eugenio: Regulación eléctrica VERGARA, Alejandro: ¿Qué puede hacer el Derecho para que la luz no se apague?

• Presentación de los directores “NUEVAS ENERGÍAS Y DESAFÍOS REGULATORIOS” VII JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2007 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

ESCALONA, Eduardo: Tarifas, precios, compensaciones, cargas y multas en el suministro eléctrico, para clientes ¿nales PERALES, Diego y TAVERA, Víctor: Análisis crítico al reglamento que establece mecanismos para reducciones y asuntos de consumo

• Estrategias frente a la crisis BARRIENTOS, Sergio: Aspectos pendientes de los cambios a la legislación eléctrica, su relación con la institucionalidad e inversiones del sector TAPIA, Mauricio: Eliminación de trabas normativas. Una revisión comparada de los incentivos regulatorios a los pequeños medios de generación y en particular a las ERNC DONOSO, Guillermo: Horas de punta e impacto en la agroindustria MUÑOZ, Cristián Marcelo: Alternativas de expansión del sistema en el mediano y largo plazo: visión de AES Gener

MUÑOZ, Cristián Marcelo: Alternativas de expansión del sistema en el mediano y largo plazo: visión de AES Gener DONOSO, Guillermo: Horas de punta e impacto en la agroindustria TAPIA, Mauricio: Eliminación de trabas normativas. Una revisión comparada de los incentivos regulatorios a los pequeños medios de generación y en particular a las ERNC BARRIENTOS, Sergio: Aspectos pendientes de los cambios a la legislación eléctrica, su relación con la institucionalidad e inversiones del sector

• Estrategias frente a la crisis PERALES, Diego y TAVERA, Víctor: Análisis crítico al reglamento que establece mecanismos para reducciones y asuntos de consumo ESCALONA, Eduardo: Tarifas, precios, compensaciones, cargas y multas en el suministro eléctrico, para clientes ¿nales 442

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

443

VIII JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2008 “ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ENERGÉTICA” • Conferencia inaugural: Rodrigo Iglesias, Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía • Tratamiento de la escasez energética EVANS, Eugenio: Comparación entre los efectos del racionamiento 1998-99 y 2008 HARCHA, Juan: E¿ciencia energética, avances y experiencias del programa MOCARQUER, Sebastián: Las licitaciones, un camino fuera de la escasez, pero ¿a qué costo? • Resolución de controversias y medio ambiente GALETOVIC, Alexander: El desafío ambiental y su solución e¿ciente VÍLCHEZ, Esteban: Normativas ambientales para proyectos de inversión en energía eléctrica y su comunicación estratégica ABARA, Fernando: Solución de controversias en procesos regulados de transmisión VERGARA, Alejandro: Panel de Expertos, la decisión entre alternativas y recurribilidad de sus decisiones • Nueva institucionalidad regulatoria INOSTROZA, Juan Ricardo: Análisis del comportamiento de la regulación 1982-2008 MÉNDEZ, Gabriel: Fortalecimiento de la institucionalidad energética de Chile, antecedentes y fundamentos del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Energía SEPÚLVEDA, Enrique: Comentarios al nuevo reglamento de los CDEC • Trabas para el desarrollo de proyectos/regulación de los MGNC RUDNICK, Hugh: Líneas de transmisión compartidas –oportunidades y di¿cultades– el caso Aysén

RUDNICK, Hugh: Líneas de transmisión compartidas –oportunidades y di¿cultades– el caso Aysén

• Trabas para el desarrollo de proyectos/regulación de los MGNC SEPÚLVEDA, Enrique: Comentarios al nuevo reglamento de los CDEC MÉNDEZ, Gabriel: Fortalecimiento de la institucionalidad energética de Chile, antecedentes y fundamentos del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Energía INOSTROZA, Juan Ricardo: Análisis del comportamiento de la regulación 1982-2008

• Nueva institucionalidad regulatoria VERGARA, Alejandro: Panel de Expertos, la decisión entre alternativas y recurribilidad de sus decisiones ABARA, Fernando: Solución de controversias en procesos regulados de transmisión VÍLCHEZ, Esteban: Normativas ambientales para proyectos de inversión en energía eléctrica y su comunicación estratégica GALETOVIC, Alexander: El desafío ambiental y su solución e¿ciente

• Resolución de controversias y medio ambiente MOCARQUER, Sebastián: Las licitaciones, un camino fuera de la escasez, pero ¿a qué costo? HARCHA, Juan: E¿ciencia energética, avances y experiencias del programa EVANS, Eugenio: Comparación entre los efectos del racionamiento 1998-99 y 2008

• Tratamiento de la escasez energética • Conferencia inaugural: Rodrigo Iglesias, Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía “ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ENERGÉTICA” VIII JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2008 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

ARANEDA, Rudolf: Contrato de respaldo entre Gas Atacama y compañías mineras clientes del SING ALBURQUENQUE, Winston: Acceso al predio por parte del concesionario eléctrico AGÜERO, Francisco: Políticas en materia de energías renovables no convencionales: neutralidad y fomento

AGÜERO, Francisco: Políticas en materia de energías renovables no convencionales: neutralidad y fomento ALBURQUENQUE, Winston: Acceso al predio por parte del concesionario eléctrico ARANEDA, Rudolf: Contrato de respaldo entre Gas Atacama y compañías mineras clientes del SING 444

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

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DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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IX JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2009 “REGULACIÓN DE LA ENERGÍA: INSTITUCIONALIDAD PARA EL FUTURO” • Conferencia Inaugural: Marcelo Tokman, Ministro de Energía • Control de Juridicidad en el sector eléctrico MENDOZA, Ramiro: Contralor General de la República ESPINOSA, Guillermo: Presidente Panel de Expertos CHOTZEN, Patricia: Superintendente de Electricidad y Combustibles • Políticas Públicas CASTILLO, Rodrigo: Neutralidad tecnológica y políticas públicas en energía SOTOMAYOR, Raúl: Chile: necesidades de desarrollo versus cambio climático RUDNICK, Hugh: Tendencias mundiales en las políticas públicas en energía y el caso chileno DOMPER, María de la Luz: Crecimiento económico, precios de la energía e innovación tecnológica • Energías Renovables GARCÍA, Rodrigo: Vacíos legales para un desarrollo sustantivo de las ERNC GODOY, Rodrigo: Actualización del régimen jurídico de la energía geotérmica en Chile CARCELÉN, Jerónimo: Geotermia: consolidación de su marco regulatorio y desarrollo de la industria POKLEPOVIC, Iván: Facilidades y di¿cultades en la tramitación ambiental de los proyectos eólicos HILDEBRANDT, Vinka: Bonos de carbono: el mecanismo de desarrollo limpio aplicado a proyectos de generación de energía eléctrica en Chile

HILDEBRANDT, Vinka: Bonos de carbono: el mecanismo de desarrollo limpio aplicado a proyectos de generación de energía eléctrica en Chile POKLEPOVIC, Iván: Facilidades y di¿cultades en la tramitación ambiental de los proyectos eólicos CARCELÉN, Jerónimo: Geotermia: consolidación de su marco regulatorio y desarrollo de la industria GODOY, Rodrigo: Actualización del régimen jurídico de la energía geotérmica en Chile GARCÍA, Rodrigo: Vacíos legales para un desarrollo sustantivo de las ERNC

• Energías Renovables DOMPER, María de la Luz: Crecimiento económico, precios de la energía e innovación tecnológica RUDNICK, Hugh: Tendencias mundiales en las políticas públicas en energía y el caso chileno SOTOMAYOR, Raúl: Chile: necesidades de desarrollo versus cambio climático CASTILLO, Rodrigo: Neutralidad tecnológica y políticas públicas en energía

• Políticas Públicas CHOTZEN, Patricia: Superintendente de Electricidad y Combustibles ESPINOSA, Guillermo: Presidente Panel de Expertos MENDOZA, Ramiro: Contralor General de la República

• Control de Juridicidad en el sector eléctrico • Conferencia Inaugural: Marcelo Tokman, Ministro de Energía “REGULACIÓN DE LA ENERGÍA: INSTITUCIONALIDAD PARA EL FUTURO” IX JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2009 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• Normativa eléctrica y transmisión DONOSO, Sergio: Convenio 169 OIT. Efectos en el sector eléctrico ALBURQUENQUE, Winston: Judicialización de los proyectos de energía MOCARQUER, Sebastián: Nuevos desafíos para los sistemas de transmisión chilenos CUBILLOS, Gonzalo: Consideraciones de ordenamiento territorial para localización de centrales generadoras

CUBILLOS, Gonzalo: Consideraciones de ordenamiento territorial para localización de centrales generadoras MOCARQUER, Sebastián: Nuevos desafíos para los sistemas de transmisión chilenos ALBURQUENQUE, Winston: Judicialización de los proyectos de energía DONOSO, Sergio: Convenio 169 OIT. Efectos en el sector eléctrico

• Normativa eléctrica y transmisión 446

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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X JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2010 “10 AÑOS, 10 JORNADAS EN LA UC: BALANCE Y DESAFÍOS DE LA ENERGÍA” Conferencia Inaugural: Ricardo Rainieri, Ministro de Energía • Conferencia BRONFMAN, Jimena: Nueva institucionalidad energética • Transmisión troncal y subtransmisión: fijación tarifaria; servidumbres eléctricas y concesiones ABARA, Fernando: Responsabilidades en los proyectos de transmisión regulados VERGARA, Alejandro: Regulación del procedimiento concesional eléctrico. Diagnóstico de problemas CORTÉS, Aristóteles: ¿Existe un justo y racional procedimiento tarifario en subtransmisión? • Impacto de regulación ambiental en materia eléctrica GUZMÁN, Rodrigo: El concepto de carga ambiental y su vinculación con proyectos energéticos HERNÁNDEZ, José Miguel: Central Nido de Águila, una incorrecta interpretación administrativa de la nueva Ley Ambiental DÍAZ, Ignacio: Actividades eléctricas en áreas protegidas ARANEDA, Rudolf: Norma de emisiones para centrales termoeléctricas. Una iniciativa necesaria y socialmente bene¿ciosa MOYA, Alejandra: Di¿cultades generadas por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en la tramitación de proyectos eléctricos • Seguridad y suministro de energía nuclear BARRIENTOS, Sergio: Oportunidades y amenazas, fortalezas y desventaja… y también el costo RUDNICK, Hugh: Oportunidades para Chile en la energía nuclear: ¿cuánto Estado y cuánto privado?

RUDNICK, Hugh: Oportunidades para Chile en la energía nuclear: ¿cuánto Estado y cuánto privado? BARRIENTOS, Sergio: Oportunidades y amenazas, fortalezas y desventaja… y también el costo

• Seguridad y suministro de energía nuclear MOYA, Alejandra: Di¿cultades generadas por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en la tramitación de proyectos eléctricos ARANEDA, Rudolf: Norma de emisiones para centrales termoeléctricas. Una iniciativa necesaria y socialmente bene¿ciosa DÍAZ, Ignacio: Actividades eléctricas en áreas protegidas HERNÁNDEZ, José Miguel: Central Nido de Águila, una incorrecta interpretación administrativa de la nueva Ley Ambiental GUZMÁN, Rodrigo: El concepto de carga ambiental y su vinculación con proyectos energéticos

• Impacto de regulación ambiental en materia eléctrica CORTÉS, Aristóteles: ¿Existe un justo y racional procedimiento tarifario en subtransmisión? VERGARA, Alejandro: Regulación del procedimiento concesional eléctrico. Diagnóstico de problemas ABARA, Fernando: Responsabilidades en los proyectos de transmisión regulados

• Transmisión troncal y subtransmisión: fijación tarifaria; servidumbres eléctricas y concesiones BRONFMAN, Jimena: Nueva institucionalidad energética

• Conferencia Conferencia Inaugural: Ricardo Rainieri, Ministro de Energía

“10 AÑOS, 10 JORNADAS EN LA UC: BALANCE Y DESAFÍOS DE LA ENERGÍA” X JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 2010 DIEZ AÑOS, DIEZ JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

MONTT, Santiago: Aspectos de la regulación nuclear y su implementación en Chile

• Regulación: vacíos en medios no convencionales de generación BARAÑAO, Pablo y MEDEL, Catalina: Energías renovables no convencionales: propuestas para su desarrollo e¿ciente MIQUEL, Pedro: Barreras a las ERNC en el mercado eléctrico chileno: contratos de suministro y conexión a redes URRUTIA, Juan Pablo: Ley ERNC, perspectiva de un inversionista del sector eléctrico VALDÉS, José Antonio: Balance y desafíos de las energías renovables

VALDÉS, José Antonio: Balance y desafíos de las energías renovables URRUTIA, Juan Pablo: Ley ERNC, perspectiva de un inversionista del sector eléctrico MIQUEL, Pedro: Barreras a las ERNC en el mercado eléctrico chileno: contratos de suministro y conexión a redes BARAÑAO, Pablo y MEDEL, Catalina: Energías renovables no convencionales: propuestas para su desarrollo e¿ciente

• Regulación: vacíos en medios no convencionales de generación MONTT, Santiago: Aspectos de la regulación nuclear y su implementación en Chile 448

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Acceso al predio por parte del concesionario eléctrico, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

ALBURQUENQUE, Winston AGÜERO, Francisco y RÍOS, Marcia: Transparencia y Acceso a la Información en la Regulación Eléctrica, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Políticas en materia de energías renovables no convencionales: neutralidad y fomento, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

AGÜERO, Francisco De la responsabilidad del Estado en los proyectos de transmisión regulados, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

ABARA, Fernando Marco regulatorio del mercado de transmisión, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001. Cambios jurídicos esenciales en la actividad de transmisión eléctrica, introducidos por la Ley Nº 19.940, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Las sanciones administrativas y la con¿abilidad del sistema eléctrico, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Concesión de transporte, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Propuestas para optimizar el procedimiento de concesiones eléctricas, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Solución de controversias en procesos regulados de transmisión, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

Solución de controversias en procesos regulados de transmisión, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008. Propuestas para optimizar el procedimiento de concesiones eléctricas, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Concesión de transporte, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Las sanciones administrativas y la con¿abilidad del sistema eléctrico, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Cambios jurídicos esenciales en la actividad de transmisión eléctrica, introducidos por la Ley Nº 19.940, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Marco regulatorio del mercado de transmisión, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

ABARA, Fernando

De la responsabilidad del Estado en los proyectos de transmisión regulados, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

AGÜERO, Francisco Políticas en materia de energías renovables no convencionales: neutralidad y fomento, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008. AGÜERO, Francisco y RÍOS, Marcia: Transparencia y Acceso a la Información en la Regulación Eléctrica, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

ALBURQUENQUE, Winston Acceso al predio por parte del concesionario eléctrico, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

DE LAS JORNADAS DE

DERECHO ELÉCTRICO

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES

BAHAMÓNDEZ, Felipe

La infracción culposa de la Ley Eléctrica, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Integración vertical en el mercado del gas natural en Chile, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

Relaciones entre la pena administrativa y la sanción penal, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

BARAÑAO, Pablo y MEDEL, Catalina

ALCALDE, Enrique

Energías renovables no convencionales: propuestas para su desarrollo e¿ciente, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Judicialización de los proyectos de energía, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

BARRIENTOS, Sergio

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Aspectos pendientes de los cambios a la legislación eléctrica, su relación con la institucionalidad e inversiones del sector, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

450

ARANCIBIA, Jaime

Alcances sancionatorios de la obligación de coordinación de las empresas integrantes de los centros económicos de despacho de carga, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

AVILÉS, Víctor Manuel

Naturaleza jurídica de la comisión de peritos que ¿ja el valor nuevo de reemplazo en materia de distribución eléctrica, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

ARANEDA, Rudolf Contrato de respaldo entre Gas Atacama y compañías mineras clientes del SING, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

Norma de Emisiones para Centrales Termoeléctricas. Una iniciativa necesaria y socialmente bene¿ciosa, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Norma de Emisiones para Centrales Termoeléctricas. Una iniciativa necesaria y socialmente bene¿ciosa, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Contrato de respaldo entre Gas Atacama y compañías mineras clientes del SING, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

ARANEDA, Rudolf

AVILÉS, Víctor Manuel

Naturaleza jurídica de la comisión de peritos que ¿ja el valor nuevo de reemplazo en materia de distribución eléctrica, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

ARANCIBIA, Jaime

Alcances sancionatorios de la obligación de coordinación de las empresas integrantes de los centros económicos de despacho de carga, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

BAHAMÓNDEZ, Felipe Integración vertical en el mercado del gas natural en Chile, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

La infracción culposa de la Ley Eléctrica, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

BARAÑAO, Pablo y MEDEL, Catalina

Relaciones entre la pena administrativa y la sanción penal, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. 450

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Aspectos pendientes de los cambios a la legislación eléctrica, su relación con la institucionalidad e inversiones del sector, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Judicialización de los proyectos de energía, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

BARRIENTOS, Sergio

ALCALDE, Enrique

Energías renovables no convencionales: propuestas para su desarrollo e¿ciente, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

451

Oportunidades y amenazas, fortalezas y desventajas… y también el costo, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

BASCUÑÁN, Felipe Los contratos de suministro entre generadoras y clientes libres: adaptación de las condiciones comerciales, revisión de precios y terminación anticipada del contrato a la luz de la Ley Nº 20.018, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

BERMÚDEZ, Rodrigo ReÀexiones acerca de la declaración de inaplicabilidad de los dictámenes del Panel de Expertos, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

BRAVO, Pilar

El futuro de los servicios públicos, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

CASSAGNE, Juan Carlos Análisis de la resolución exenta Nº 88, de Economía, sobre peajes eléctricos, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

CARRILLO, Tulio Geotermia: consolidación de su marco regulatorio y desarrollo de la industria, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

CARCELÉN, Jerónimo Conferencia; Nueva institucionalidad energética, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

BRONFMAN, Jimena Nuevos actores en el sector eléctrico: sus diversos niveles de participación, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Nueva institucionalidad jurídica del D.F.L. Nº 1 de 1982, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Marco conceptual y regulación de la con¿abilidad en los sistemas eléctricos, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Marco conceptual y regulación de la con¿abilidad en los sistemas eléctricos, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Nueva institucionalidad jurídica del D.F.L. Nº 1 de 1982, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Nuevos actores en el sector eléctrico: sus diversos niveles de participación, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

BRONFMAN, Jimena Conferencia; Nueva institucionalidad energética, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

CARCELÉN, Jerónimo

BRAVO, Pilar ReÀexiones acerca de la declaración de inaplicabilidad de los dictámenes del Panel de Expertos, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

BERMÚDEZ, Rodrigo Los contratos de suministro entre generadoras y clientes libres: adaptación de las condiciones comerciales, revisión de precios y terminación anticipada del contrato a la luz de la Ley Nº 20.018, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Geotermia: consolidación de su marco regulatorio y desarrollo de la industria, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

BASCUÑÁN, Felipe

Análisis de la resolución exenta Nº 88, de Economía, sobre peajes eléctricos, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

CARRILLO, Tulio

CASSAGNE, Juan Carlos El futuro de los servicios públicos, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Oportunidades y amenazas, fortalezas y desventajas… y también el costo, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010. ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

451

CASTILLO, Rodrigo

CUBILLOS, Gonzalo

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

La extensión de la obligación de coordinación y su relación con la ¿nalidad de preservación de la seguridad en el sistema eléctrico, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

452

Licitaciones de suministro eléctrico, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

¿Existe un justo y racional procedimiento tarifario en subtransmisión?, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

CORTÉS, Aristóteles

Neutralidad tecnológica y políticas públicas en energía, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

CHOTZEN, Patricia Los integrantes del CDEC y la seguridad del sistema eléctrico, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

El SEIA y los proyectos eléctricos. Mitos y verdades de los “lomos de toro” en materia ambiental, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Conferencia; Institucionalidad eléctrica, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

CORDERO, Luis CLAVERÍA, Juan Algunos problemas de responsabilidad civil que plantea la legislación eléctrica después de modi¿carse el artículo 99 bis del D.F.L. Nº 1, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

CIFUENTES, Ramón

CLAVERÍA, Juan

Abastecimiento eléctrico en el SING, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Algunos problemas de responsabilidad civil que plantea la legislación eléctrica después de modi¿carse el artículo 99 bis del D.F.L. Nº 1, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

CONTRERAS, Juan Manuel

CIFUENTES, Ramón

Ley Corta, temas relevantes, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Control de la juridicidad en el sector eléctrico, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

Abastecimiento eléctrico en el SING, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Ley Corta, temas relevantes, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Control de la juridicidad en el sector eléctrico, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

CONTRERAS, Juan Manuel CORDERO, Luis

Conferencia; Institucionalidad eléctrica, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

El SEIA y los proyectos eléctricos. Mitos y verdades de los “lomos de toro” en materia ambiental, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Los integrantes del CDEC y la seguridad del sistema eléctrico, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

CHOTZEN, Patricia

CORTÉS, Aristóteles

CASTILLO, Rodrigo 452

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

La extensión de la obligación de coordinación y su relación con la ¿nalidad de preservación de la seguridad en el sistema eléctrico, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Licitaciones de suministro eléctrico, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

CUBILLOS, Gonzalo

Neutralidad tecnológica y políticas públicas en energía, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

¿Existe un justo y racional procedimiento tarifario en subtransmisión?, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

453

Seguridad Jurídica y Regulación Eléctrica: propuestas para una mejora regulatoria; VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Consideraciones de ordenamiento territorial para localización de centrales generadoras, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

DÍAZ, Edgardo La regulación eléctrica argentina. Antecedentes y perspectivas; I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001. Problemas jurisdiccionales que plantean el transporte y la distribución eléctrica en el derecho norteamericano y argentino, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

DÍAZ, Ignacio Actividades eléctricas en áreas protegidas, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

DOMPER, María de la Luz Comentarios al Proyecto de Ley Corta en materia de servicios eléctricos, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002. Crisis del gas y el nuevo escenario eléctrico, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Restricciones legales, burocráticas y políticas a la inversión en el sector eléctrico, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Crecimiento económico, precios de la energía, e innovación tecnológica, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

DONOSO, Guillermo Horas de punta e impacto en la agroindustria, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

DONOSO, Sergio Convenio 169 OIT. Efectos en el sector eléctrico, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

ERRÁZURIZ, José Tomás Manifestaciones restrictivas de la libertad de contratación, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Manifestaciones restrictivas de la libertad de contratación, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

ERRÁZURIZ, José Tomás Convenio 169 OIT. Efectos en el sector eléctrico, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

DONOSO, Sergio Horas de punta e impacto en la agroindustria, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

DONOSO, Guillermo Crecimiento económico, precios de la energía, e innovación tecnológica, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009. Restricciones legales, burocráticas y políticas a la inversión en el sector eléctrico, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Crisis del gas y el nuevo escenario eléctrico, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Comentarios al Proyecto de Ley Corta en materia de servicios eléctricos, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

DOMPER, María de la Luz Actividades eléctricas en áreas protegidas, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

DÍAZ, Ignacio Problemas jurisdiccionales que plantean el transporte y la distribución eléctrica en el derecho norteamericano y argentino, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003. La regulación eléctrica argentina. Antecedentes y perspectivas; I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

DÍAZ, Edgardo Consideraciones de ordenamiento territorial para localización de centrales generadoras, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009. Seguridad Jurídica y Regulación Eléctrica: propuestas para una mejora regulatoria; VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

453

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

ERRÁZURIZ, Juan Manuel

Los centros de despacho económico de carga (CDEC) y la solución de divergencias en el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

454

Calidad de servicio y responsabilidad de las empresas generadoras, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Los tipos penales administrativos en la Ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Análisis crítico de las divergencias como procedimiento de solución de disputas en los CDEC, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

EVANS, Eugenio

Manifestaciones restrictivas de la libertad de contratación, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2001

Control de la juridicidad en el sector eléctrico, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

ESCALONA, Eduardo

Principios económicos en la tari¿cación de la transmisión, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Ejercicio de la potestad reglamentaria en la aplicación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

ESPINOSA, Guillermo

Centro de Despacho Económico de Carga: proyecto de reglamento en ejecución del nuevo marco legal, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Principios de regulación y el mercado eléctrico chileno, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

Tarifas, precios, compensaciones, cargas y multas en el suministro eléctrico, para clientes ¿nales, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Aspectos conceptuales y desafíos de la reforma eléctrica: un enfoque desde el análisis económico del derecho, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

ESPEJO, Sergio

ESPEJO, Sergio

Aspectos conceptuales y desafíos de la reforma eléctrica: un enfoque desde el análisis económico del derecho, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Tarifas, precios, compensaciones, cargas y multas en el suministro eléctrico, para clientes ¿nales, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Principios de regulación y el mercado eléctrico chileno, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

Centro de Despacho Económico de Carga: proyecto de reglamento en ejecución del nuevo marco legal, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

ESPINOSA, Guillermo

Ejercicio de la potestad reglamentaria en la aplicación de las Leyes Nº 19.940 y Nº 20.018, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Principios económicos en la tari¿cación de la transmisión, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

ESCALONA, Eduardo

Control de la juridicidad en el sector eléctrico, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

Manifestaciones restrictivas de la libertad de contratación, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2001

EVANS, Eugenio

Análisis crítico de las divergencias como procedimiento de solución de disputas en los CDEC, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

Los tipos penales administrativos en la Ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Calidad de servicio y responsabilidad de las empresas generadoras, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

ERRÁZURIZ, Juan Manuel 454

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Los centros de despacho económico de carga (CDEC) y la solución de divergencias en el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

455

Técnica legislativa. Efectos de la regulación normativa en la industria eléctrica, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003. El Panel de Expertos: un órgano sometido a la Constitución, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Proyecto de Ley que regula el lobby, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. La sanción administrativa y la regulación de las actividades económicas. Efectos de un cambio en la jurisprudencia constitucional, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Regulación Eléctrica, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Comparación entre los efectos del racionamiento 1998-99 y 2008, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

FERNÁNDEZ, Andrés Pertinencia de los instrumentos de plani¿cación territorial para regular la localización y construcción de la infraestructura eléctrica, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

FINAT, Carlos La Dirección de Operaciones y la Dirección de Peajes del SING de cara a la aplicación de la Ley Corta, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

FOUNROUGE, Máximo La resolución de conÀictos en el mercado eléctrico argentino, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

GALETOVIC, Alexander Transmisión eléctrica y la “Ley Corta”: una estimación de la redistribución de peajes, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003. Transmisión eléctrica y la Ley Corta: por qué licitar es (mucho) mejor que regular, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Abastecimiento eléctrico, la menor relevancia del gas natural, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Mecanismo de reducciones de consumo y reciente reglamento, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Mecanismo de reducciones de consumo y reciente reglamento, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Abastecimiento eléctrico, la menor relevancia del gas natural, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Transmisión eléctrica y la Ley Corta: por qué licitar es (mucho) mejor que regular, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Transmisión eléctrica y la “Ley Corta”: una estimación de la redistribución de peajes, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

GALETOVIC, Alexander La resolución de conÀictos en el mercado eléctrico argentino, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

FOUNROUGE, Máximo La Dirección de Operaciones y la Dirección de Peajes del SING de cara a la aplicación de la Ley Corta, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

FINAT, Carlos Pertinencia de los instrumentos de plani¿cación territorial para regular la localización y construcción de la infraestructura eléctrica, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

FERNÁNDEZ, Andrés Comparación entre los efectos del racionamiento 1998-99 y 2008, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008. Regulación Eléctrica, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. La sanción administrativa y la regulación de las actividades económicas. Efectos de un cambio en la jurisprudencia constitucional, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Proyecto de Ley que regula el lobby, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. El Panel de Expertos: un órgano sometido a la Constitución, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Técnica legislativa. Efectos de la regulación normativa en la industria eléctrica, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003. ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

455

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Central Nido de Águila, una incorrecta interpretación administrativa de la nueva Ley Ambiental, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

456

HERNÁNDEZ, José Miguel

El desafío ambiental y su solución e¿ciente, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

Regulación ambiental y empresas eléctricas, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

GARCÍA, Rodrigo

HENRÍQUEZ, Karina

Vacíos legales para un desarrollo sustantivo de las ERNC, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

E¿ciencia energética, avances y experiencias del programa, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

GODOY, Rodrigo

HARCHA, Juan

Actualización del régimen jurídico de la energía geotérmica en Chile, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

Legislación eléctrica y derecho de la competencia en el mercado generador inglés, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

GONZÁLEZ-VARAS, Santiago

HANTKE-DOMAS, Michael

Mercado y regulación pública en el sector eléctrico español, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

El concepto de carga ambiental y su vinculación con proyectos energéticos, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

GUZMÁN, Rafael

GUZMÁN, Rodrigo

Concesiones eléctricas y caminos públicos. Problemática actual, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Concesiones eléctricas y caminos públicos. Problemática actual, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

GUZMÁN, Rodrigo

GUZMÁN, Rafael

El concepto de carga ambiental y su vinculación con proyectos energéticos, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Mercado y regulación pública en el sector eléctrico español, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

HANTKE-DOMAS, Michael

GONZÁLEZ-VARAS, Santiago

Legislación eléctrica y derecho de la competencia en el mercado generador inglés, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Actualización del régimen jurídico de la energía geotérmica en Chile, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

HARCHA, Juan

GODOY, Rodrigo

E¿ciencia energética, avances y experiencias del programa, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

Vacíos legales para un desarrollo sustantivo de las ERNC, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

HENRÍQUEZ, Karina

GARCÍA, Rodrigo

Regulación ambiental y empresas eléctricas, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

El desafío ambiental y su solución e¿ciente, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

HERNÁNDEZ, José Miguel

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Central Nido de Águila, una incorrecta interpretación administrativa de la nueva Ley Ambiental, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

456

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

457

HILDEBRANDT, Vinka Bonos de carbono: el mecanismo de desarrollo limpio aplicado a proyectos de generación de energía eléctrica en Chile, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

IGLESIAS, Rodrigo Conferencia inaugural, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

INOSTROZA, Juan Ricardo Metodología de expansión de transmisión. Análisis comparado, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003. Gas y Electricidad: ¿Qué hacer ahora?, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Licitaciones y energías renovables no convencionales, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Análisis del comportamiento de la regulación 1982-2008, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

JADRESIC, Alejandro Conferencia inaugural, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Primer año de funcionamiento del Panel de Expertos, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

LECAROS, Raúl Resolución de controversias en un CDEC, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

LUCO, Nicolás Creación de valor en el procedimiento ante el Panel de Expertos, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

MARTELLI, Hugo Consideraciones legales argentinas del suministro de gas a Chile, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

Consideraciones legales argentinas del suministro de gas a Chile, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

MARTELLI, Hugo Creación de valor en el procedimiento ante el Panel de Expertos, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

LUCO, Nicolás Resolución de controversias en un CDEC, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

LECAROS, Raúl Primer año de funcionamiento del Panel de Expertos, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Conferencia inaugural, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

JADRESIC, Alejandro Análisis del comportamiento de la regulación 1982-2008, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008. Licitaciones y energías renovables no convencionales, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006. Gas y Electricidad: ¿Qué hacer ahora?, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004. Metodología de expansión de transmisión. Análisis comparado, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

INOSTROZA, Juan Ricardo Conferencia inaugural, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

IGLESIAS, Rodrigo Bonos de carbono: el mecanismo de desarrollo limpio aplicado a proyectos de generación de energía eléctrica en Chile, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

HILDEBRANDT, Vinka ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

457

MOCARQUER, Sebastián

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Licitaciones de Contratos de Abastecimiento en Chile: di¿cultades para la entrada de nuevos generadores, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

458

MARTIN, Carlos

Control de la juridicidad en el sector eléctrico, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

MATTA, Guillermo

MIQUEL, Pedro

Ejecutando proyectos de generación en años difíciles. La lección de Ralco, 3 años después, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Barreras a las ERNC en el mercado eléctrico chileno: contratos de suministro y conexión a redes, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Causas de la crisis eléctrica 1998/1999, reacción legislativa y consecuencias en la inversión en el sector eléctrico, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Visión de las distribuidoras eléctricas, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

La dimensión ética en el servicio público eléctrico, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

MENDOZA, Ramiro MATTHEI, Hedy

Fortalecimiento de la institucionalidad energética de Chile, antecedentes y fundamentos del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Energía, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

Orígenes y proyección de la institucionalidad jurídica eléctrica, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

MÉNDEZ, Gabriel

MÉNDEZ, Gabriel

Orígenes y proyección de la institucionalidad jurídica eléctrica, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Fortalecimiento de la institucionalidad energética de Chile, antecedentes y fundamentos del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Energía, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

MATTHEI, Hedy

MENDOZA, Ramiro

La dimensión ética en el servicio público eléctrico, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Visión de las distribuidoras eléctricas, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001. Causas de la crisis eléctrica 1998/1999, reacción legislativa y consecuencias en la inversión en el sector eléctrico, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

MARTIN, Carlos

MOCARQUER, Sebastián ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Licitaciones de Contratos de Abastecimiento en Chile: di¿cultades para la entrada de nuevos generadores, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

458

Barreras a las ERNC en el mercado eléctrico chileno: contratos de suministro y conexión a redes, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Ejecutando proyectos de generación en años difíciles. La lección de Ralco, 3 años después, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

MIQUEL, Pedro

MATTA, Guillermo

Control de la juridicidad en el sector eléctrico, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

459

Las licitaciones, un camino fuera de la escasez, pero ¿a qué costo?, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008. Nuevos desafíos para los sistemas de transmisión chilenos, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

MONTT, Santiago Aspectos de la regulación nuclear y su implementación en Chile, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

MOYA, Alejandra

Rol de generadores, transmisores y distribuidores para garantizar la libre competencia, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

OLMEDO, Juan Carlos Régimen de compensaciones en la legislación eléctrica, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

OLMEDO, Juan Carlos; CHÁVEZ, Juan J. y CHIFFELLE, Pauline Responsabilidad de abastecimiento y calidad de servicio: una aproximación a la experiencia argentina, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

NADRA, Horacio y LÓPEZ, Luis Alternativas de expansión del sistema en el mediano y largo plazo: Visión de AES Gener, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Marco Regulatorio del Panel de Expertos: algunos temas jurídicos a debatir, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Regulación de servicios complementarios y planes de seguridad, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Análisis de la jurisprudencia reciente del TC en materia sancionatoria eléctrica, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

MUÑOZ, Cristián

Di¿cultades generadas por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en la tramitación de proyectos eléctricos, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Di¿cultades generadas por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en la tramitación de proyectos eléctricos, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

MUÑOZ, Cristián

Análisis de la jurisprudencia reciente del TC en materia sancionatoria eléctrica, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Regulación de servicios complementarios y planes de seguridad, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Marco Regulatorio del Panel de Expertos: algunos temas jurídicos a debatir, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Alternativas de expansión del sistema en el mediano y largo plazo: Visión de AES Gener, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

NADRA, Horacio y LÓPEZ, Luis Responsabilidad de abastecimiento y calidad de servicio: una aproximación a la experiencia argentina, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

OLMEDO, Juan Carlos; CHÁVEZ, Juan J. y CHIFFELLE, Pauline Régimen de compensaciones en la legislación eléctrica, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

OLMEDO, Juan Carlos Rol de generadores, transmisores y distribuidores para garantizar la libre competencia, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

MOYA, Alejandra Aspectos de la regulación nuclear y su implementación en Chile, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

MONTT, Santiago Nuevos desafíos para los sistemas de transmisión chilenos, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009. Las licitaciones, un camino fuera de la escasez, pero ¿a qué costo?, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008. ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

459

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Conferencia inaugural, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

460

RAINERI, Ricardo PIZARRO, Carlos

PÉREZ DEL RÍO, Guillermo

La fuerza mayor como defensa del deudor. A propósito de la restricción de suministro de gas a Chile, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

Análisis crítico al reglamento que establece mecanismos para reducciones y asuntos de consumo, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

PONIACHIK, Karen

PERALES, Diego y TAVERA, Víctor

Política de Seguridad Energética Diagnóstico y Líneas de Acción, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Normas de calidad de servicio y Ley de Protección al Consumidor, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

POKLEPOVIC, Iván:

Algunas cuestiones generales en torno a las sanciones administrativas en la legislación, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Facilidades y di¿cultades en la tramitación ambiental de los proyectos eólicos, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

PERALES, Diego

RAMÍREZ, José Antonio

Libertad en el mercado de la generación eléctrica en Chile. De la teoría a la realidad, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Líneas de transmisión eléctrica; protección de áreas silvestres y comunidades indígenas, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

PALUMBO, Blanca

Ley Nº 20.018, Ley Corta II, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Libertad en el mercado de la generación eléctrica en Chile. De la teoría a la realidad, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

PALUMBO, Blanca

Líneas de transmisión eléctrica; protección de áreas silvestres y comunidades indígenas, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

PERALES, Diego

RAMÍREZ, José Antonio

Algunas cuestiones generales en torno a las sanciones administrativas en la legislación, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Facilidades y di¿cultades en la tramitación ambiental de los proyectos eólicos, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

Normas de calidad de servicio y Ley de Protección al Consumidor, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

POKLEPOVIC, Iván:

PERALES, Diego y TAVERA, Víctor

Política de Seguridad Energética Diagnóstico y Líneas de Acción, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Análisis crítico al reglamento que establece mecanismos para reducciones y asuntos de consumo, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

PONIACHIK, Karen

PÉREZ DEL RÍO, Guillermo

La fuerza mayor como defensa del deudor. A propósito de la restricción de suministro de gas a Chile, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

Ley Nº 20.018, Ley Corta II, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

PIZARRO, Carlos

Flexibilidad tarifaria, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Flexibilidad tarifaria, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

RAINERI, Ricardo 460

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Conferencia inaugural, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

461

RODRÍGUEZ, Jorge Conferencia inaugural, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

ROMERO, Alejandro El procedimiento del panel de expertos de la LGSE una lectura procesal, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

ROMERO, Juan José Regulación de la e¿ciencia energética: el caso del etiquetado, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

ROZAS, Patricio Antecedentes y fundamentos de un proyecto de ley de uso e¿ciente de energía para Chile, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

RUDNICK, Hugh Distribución de pagos de sistemas de transmisión entre generación y demanda: experiencia internacional, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003. Un nuevo operador independiente de los mercados eléctricos chilenos, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Conferencia; Abastecimiento de energía eléctrica: tecnologías alternativas y desafíos regulatorios, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Líneas de transmisión compartidas –oportunidades y di¿cultades– el caso Aysén, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008. Tendencias mundiales en las políticas públicas en energía y el caso chileno, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009. Oportunidades para Chile en la energía nuclear: ¿Cuánto Estado y cuánto privado?, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

RUDNICK Hugh y MOCARQUER, Sebastián Revisión de los cambios regulatorios 2004-05 en materia de tari¿cación de la transmisión, subtransmisión y los sistemas medianos, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Revisión de los cambios regulatorios 2004-05 en materia de tari¿cación de la transmisión, subtransmisión y los sistemas medianos, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

RUDNICK Hugh y MOCARQUER, Sebastián Oportunidades para Chile en la energía nuclear: ¿Cuánto Estado y cuánto privado?, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010. Tendencias mundiales en las políticas públicas en energía y el caso chileno, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009. Líneas de transmisión compartidas –oportunidades y di¿cultades– el caso Aysén, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008. Conferencia; Abastecimiento de energía eléctrica: tecnologías alternativas y desafíos regulatorios, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Un nuevo operador independiente de los mercados eléctricos chilenos, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Distribución de pagos de sistemas de transmisión entre generación y demanda: experiencia internacional, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

RUDNICK, Hugh Antecedentes y fundamentos de un proyecto de ley de uso e¿ciente de energía para Chile, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

ROZAS, Patricio Regulación de la e¿ciencia energética: el caso del etiquetado, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

ROMERO, Juan José El procedimiento del panel de expertos de la LGSE una lectura procesal, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

ROMERO, Alejandro Conferencia inaugural, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

RODRÍGUEZ, Jorge ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

461

SILVA, Pablo

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Proyecto de Ley Corta. Comentarios sobre sus principales efectos en la subtransmisión, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

462

SALAS, Rafael

Conferencia Inaugural, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

SERRA, Pablo y ORPIS Jaime

Hacia una Regulación Estable pero Dinámica, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

SILVA, Patricio

SÁNCHEZ, Luis

Las barreras de entrada para nuevos generadores en la legislación eléctrica vigente y en la propuesta mediante la «Ley Corta», II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

Comercializadoras de energía eléctrica. Visión del anteproyecto, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

SAUMA, Enzo Impacto económico de las inversiones en transmisión eléctrica, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Comentarios al nuevo reglamento de los CDEC, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

SEPÚLVEDA, Enrique

Panel de expertos: las dimensiones técnica y jurídica de sus dictámenes, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Impacto económico de las inversiones en transmisión eléctrica, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

SAUMA, Enzo

SERRA, Pablo y ORPIS Jaime

Comercializadoras de energía eléctrica. Visión del anteproyecto, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

SALAS, Rafael

Las barreras de entrada para nuevos generadores en la legislación eléctrica vigente y en la propuesta mediante la «Ley Corta», II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

SÁNCHEZ, Luis

SILVA, Patricio

Hacia una Regulación Estable pero Dinámica, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Conferencia Inaugural, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

SILVA, Pablo ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Proyecto de Ley Corta. Comentarios sobre sus principales efectos en la subtransmisión, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

462

Comentarios al nuevo reglamento de los CDEC, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

SEPÚLVEDA, Enrique

Panel de expertos: las dimensiones técnica y jurídica de sus dictámenes, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

El procedimiento de resolución de divergencias en el centro de despacho económico de carga (CDEC), I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Elementos del nuevo régimen jurídico del transporte de energía eléctrica, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

Nuevo Tribunal de defensa de la libre competencia y su importancia para el sector eléctrico; III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Nuevo Tribunal de defensa de la libre competencia y su importancia para el sector eléctrico; III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Elementos del nuevo régimen jurídico del transporte de energía eléctrica, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

El procedimiento de resolución de divergencias en el centro de despacho económico de carga (CDEC), I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

463

SOTOMAYOR, Raúl Chile: necesidades de desarrollo versus cambio climático, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

TAPIA, Javier La incorporación de los derechos al VNR de las instalaciones eléctricas, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

TAPIA, Mauricio Eliminación de trabas normativas. Una revisión comparada de los incentivos regulatorios a los pequeños medios de generación y en particular a las ERNC, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

TORO, Alfonso Tari¿cación de Sistemas de Subtransmisión, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

URRUTIA, Juan Pablo Ley ERNC, perspectiva de un inversionista del sector eléctrico, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

VALDÉS, Domingo Regulación del Mercado Eléctrico por la H. Comisión Resolutiva, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003. Culpabilidad en el Ilícito Administrativo Eléctrico, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

VALDÉS, José Antonio Balance y desafíos de las energías renovables, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

VARAS, Felipe Análisis de la compensación establecida en el artículo 16 B) de la Ley Nº 18.410 y sus efectos en las empresas distribuidoras, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

Análisis de la compensación establecida en el artículo 16 B) de la Ley Nº 18.410 y sus efectos en las empresas distribuidoras, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

VARAS, Felipe Balance y desafíos de las energías renovables, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

VALDÉS, José Antonio Culpabilidad en el Ilícito Administrativo Eléctrico, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Regulación del Mercado Eléctrico por la H. Comisión Resolutiva, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

VALDÉS, Domingo Ley ERNC, perspectiva de un inversionista del sector eléctrico, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

URRUTIA, Juan Pablo Tari¿cación de Sistemas de Subtransmisión, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

TORO, Alfonso Eliminación de trabas normativas. Una revisión comparada de los incentivos regulatorios a los pequeños medios de generación y en particular a las ERNC, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

TAPIA, Mauricio La incorporación de los derechos al VNR de las instalaciones eléctricas, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

TAPIA, Javier Chile: necesidades de desarrollo versus cambio climático, IX Jornadas de Derecho Eléctrico 2009.

SOTOMAYOR, Raúl ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

463

VERGARA, Alejandro

VIAL, Gonzalo

Desarrollo de Generación Eléctrica en Chile en el período 2006-2025, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Rol de las empresas distribuidoras en el sistema eléctrico chileno, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

El Nuevo Marco Legal y la Generación a Pequeña Escala: Aspectos Críticos para su Implementación, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

VÍLCHEZ, Esteban

VARGAS, Luis

Sanciones Administrativas en el Sistema Eléctrico, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Normativas ambientales para proyectos de inversión en energía eléctrica y su comunicación estratégica, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

464

Continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica ante la falta de contratos de abastecimiento. El caso de la resolución Nº 88, de 2001, del Ministerio de Economía, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

Regulación del procedimiento concesional eléctrico. Diagnóstico de problemas, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Régimen jurídico de las concesiones de servicio privado eléctrico, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

Panel de Expertos, la decisión entre alternativas y recurribilidad de sus decisiones, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

Estatuto general y principios del servicio público eléctrico, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

¿Qué puede hacer el Derecho para que la luz no se apague?, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Principios generales de derecho administrativo sancionatorio y sanciones en materia eléctrica, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

Naturaleza jurisdiccional de las funciones del “Panel de Expertos”, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Naturaleza jurisdiccional de las funciones del “Panel de Expertos”, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

Principios generales de derecho administrativo sancionatorio y sanciones en materia eléctrica, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

¿Qué puede hacer el Derecho para que la luz no se apague?, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Estatuto general y principios del servicio público eléctrico, III Jornadas de Derecho Eléctrico 2003.

Panel de Expertos, la decisión entre alternativas y recurribilidad de sus decisiones, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

Régimen jurídico de las concesiones de servicio privado eléctrico, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

Regulación del procedimiento concesional eléctrico. Diagnóstico de problemas, X Jornadas de Derecho Eléctrico 2010.

Continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica ante la falta de contratos de abastecimiento. El caso de la resolución Nº 88, de 2001, del Ministerio de Economía, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001. 464

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Normativas ambientales para proyectos de inversión en energía eléctrica y su comunicación estratégica, VIII Jornadas de Derecho Eléctrico 2008.

VARGAS, Luis

Sanciones Administrativas en el Sistema Eléctrico, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

El Nuevo Marco Legal y la Generación a Pequeña Escala: Aspectos Críticos para su Implementación, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

VÍLCHEZ, Esteban

Desarrollo de Generación Eléctrica en Chile en el período 2006-2025, VI Jornadas de Derecho Eléctrico 2006.

Rol de las empresas distribuidoras en el sistema eléctrico chileno, I Jornadas de Derecho Eléctrico 2001.

VERGARA, Alejandro

VIAL, Gonzalo

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

465

VILLARROEL, Carlos Protocolos de integración gasífera con argentina y su cumplimiento, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

VUCHETICH DE CHENEY, Esteban Conceptos para una norma técnica de compensaciones, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

ZÚÑIGA, Francisco Panel de Expertos: Naturaleza Jurídica y ámbito de sus atribuciones, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Responsabilidad administrativa del Panel de Expertos, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Recurso de protección y dictámenes del Panel de Expertos, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007.

Recurso de protección y dictámenes del Panel de Expertos, VII Jornadas de Derecho Eléctrico 2007. Responsabilidad administrativa del Panel de Expertos, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005. Panel de Expertos: Naturaleza Jurídica y ámbito de sus atribuciones, V Jornadas de Derecho Eléctrico 2005.

ZÚÑIGA, Francisco Conceptos para una norma técnica de compensaciones, II Jornadas de Derecho Eléctrico 2002.

VUCHETICH DE CHENEY, Esteban Protocolos de integración gasífera con argentina y su cumplimiento, IV Jornadas de Derecho Eléctrico 2004.

VILLARROEL, Carlos ÍNDICE ALFABÉTICO DE EXPOSITORES DE LAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO

465

III. CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DOCUMENTOS

III. CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DOCUMENTOS

BREVE HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

Con fecha 3 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario O¿cial la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modi¿caciones al D.L. N° 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales, los cuales entraron plenamente en vigor con fecha 1º de febrero de 2010. Por medio de dicha ley se vino a operar una ordenación sustancial en el panorama normativo energético nacional. Como consecuencia de tal reorganización administrativa, la Comisión Nacional de Energía (en adelante, CNE) dejó de relacionarse directamente con el Presidente de la República, pasando a relacionarse con el mismo por intermedio del Ministerio de Energía. El cambio orgánico apuntado determinó que las funciones originalmente entregadas a la CNE, consistentes en la elaboración y coordinación de los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético; velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía, pasaran al nuevo Ministerio de Energía. Así, de acuerdo al nuevo artículo 6º del D.L. N° 2.224, la CNE pasó a ser esencialmente un organismo técnico encargado de analizar los precios, tarifas y normas técnicas a las que deberán ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica. El nuevo Ministerio tiene como ¿nalidad elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector de la energía, velar por el buen funcionamiento de éste y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias que digan relación con el sector.

Así, de acuerdo al nuevo artículo 6º del D.L. N° 2.224, la CNE pasó a ser esencialmente un organismo técnico encargado de analizar los precios, tarifas y normas técnicas a las que deberán ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica. El nuevo Ministerio tiene como ¿nalidad elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector de la energía, velar por el buen funcionamiento de éste y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias que digan relación con el sector. El cambio orgánico apuntado determinó que las funciones originalmente entregadas a la CNE, consistentes en la elaboración y coordinación de los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético; velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía, pasaran al nuevo Ministerio de Energía. Con fecha 3 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario O¿cial la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modi¿caciones al D.L. N° 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales, los cuales entraron plenamente en vigor con fecha 1º de febrero de 2010. Por medio de dicha ley se vino a operar una ordenación sustancial en el panorama normativo energético nacional. Como consecuencia de tal reorganización administrativa, la Comisión Nacional de Energía (en adelante, CNE) dejó de relacionarse directamente con el Presidente de la República, pasando a relacionarse con el mismo por intermedio del Ministerio de Energía.

BREVE HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

De acuerdo al artículo 2º del D.L. N° 2.224, corresponde en general, al Ministerio de Energía, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía, asumiendo así las funciones que originalmente se encontraban radicadas en la Comisión Nacional de Energía, servicio que pasó a cumplir estrictamente funciones como órgano técnico. Complementando lo anterior, el artículo 3º del citado D.L. establece que el sector energía comprende todas las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión, transporte,

470

En ¿n, el artículo 5º letra i) del D.F.L. Nº 302, de 1960, ley orgánica del Ministerio de Minería, previo a su modi¿cación por la Ley N° 20.402, establecía que la CNE debía informar favorablemente y de forma previa la suscripción de contratos especiales de operación petrolera, así como los contratos de servicios que tuvieran por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión. Debido a la asunción de funciones en esta materia por el nuevo Ministerio de Energía, la Ley N° 20.402 eliminó la necesidad de este informe previo en materia de suscripción de contratos especiales de operación petrolera.

Se había detectado una serie de de¿ciencias en las competencias de los órganos públicos intervinientes en materias de energía, que hacían necesaria una recon¿guración de las tareas de éstos. Entre las de¿ciencias de la antigua institucionalidad se encontraba la ausencia de una ¿gura central en la coordinación de materias energéticas; existían varios ministerios intervinientes y otras autoridades competentes, lo que iba en desmedro de una mirada global de dichos temas, así como una dilución de las responsabilidades de dichos órganos.

La creación de un Ministerio de Energía busca corregir una anormalidad de nuestra institucionalidad, en la que existía una Comisión encargada de formular las políticas de energía, pero sin las atribuciones correspondientes a un Ministerio, las que se encontraban repartidas a su vez en un grupo de Ministerios, como los de Minería y Economía, Fomento y Reconstrucción. Por lo tanto, era necesaria la creación de un órgano rector que fortaleciera la estructura institucional de la energía y que tuviera todas las atribuciones para impulsar las políticas públicas de su sector.

La creación de un Ministerio de Energía busca corregir una anormalidad de nuestra institucionalidad, en la que existía una Comisión encargada de formular las políticas de energía, pero sin las atribuciones correspondientes a un Ministerio, las que se encontraban repartidas a su vez en un grupo de Ministerios, como los de Minería y Economía, Fomento y Reconstrucción. Por lo tanto, era necesaria la creación de un órgano rector que fortaleciera la estructura institucional de la energía y que tuviera todas las atribuciones para impulsar las políticas públicas de su sector.

Se había detectado una serie de de¿ciencias en las competencias de los órganos públicos intervinientes en materias de energía, que hacían necesaria una recon¿guración de las tareas de éstos. Entre las de¿ciencias de la antigua institucionalidad se encontraba la ausencia de una ¿gura central en la coordinación de materias energéticas; existían varios ministerios intervinientes y otras autoridades competentes, lo que iba en desmedro de una mirada global de dichos temas, así como una dilución de las responsabilidades de dichos órganos.

En ¿n, el artículo 5º letra i) del D.F.L. Nº 302, de 1960, ley orgánica del Ministerio de Minería, previo a su modi¿cación por la Ley N° 20.402, establecía que la CNE debía informar favorablemente y de forma previa la suscripción de contratos especiales de operación petrolera, así como los contratos de servicios que tuvieran por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión. Debido a la asunción de funciones en esta materia por el nuevo Ministerio de Energía, la Ley N° 20.402 eliminó la necesidad de este informe previo en materia de suscripción de contratos especiales de operación petrolera.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

De acuerdo al artículo 2º del D.L. N° 2.224, corresponde en general, al Ministerio de Energía, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía, asumiendo así las funciones que originalmente se encontraban radicadas en la Comisión Nacional de Energía, servicio que pasó a cumplir estrictamente funciones como órgano técnico. Complementando lo anterior, el artículo 3º del citado D.L. establece que el sector energía comprende todas las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión, transporte,

470

BREVE HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

471

almacenamiento, distribución, consumo, uso e¿ciente, importación y exportación, y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas. Es importante destacar que junto a las modi¿caciones expresamente efectuadas por la Ley Nº 20.402, la misma ha contemplado una cláusula general de traspaso, en cuya virtud “Las atribuciones que confieran las leyes y decretos supremos al Ministerio de Minería, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o a la Comisión Nacional de Energía, o al respectivo Ministro, en todas aquellas materias que son de la competencia del Ministerio de Energía en virtud de la presente ley, se entenderán conferidas al Ministerio o Ministro de Energía, según corresponda, por el solo ministerio de la ley” (artículo 15).

Este Ministerio, asumiendo en parte atribuciones que anteriormente se encontraban radicadas en el Ministerio de Minería, vincula a los siguientes Servicios con el Presidente de la República, a saber: la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. En concreto, el Ministerio de Energía tiene las funciones de: 1º. Preparar, dentro del marco del plan nacional de desarrollo, los planes y políticas para el sector energía y proponerlos al Presidente de la República para su aprobación; 2º. Estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía que deriven de la revisión periódica de los planes y políticas del sector; 3º. Contratar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los estudios generales relacionados con el funcionamiento y desarrollo integral del sector, así como los de prefactibilidad y factibilidad que sean necesarios para la formulación y ejecución de los planes y políticas energéticas; 4º. Elaborar, coordinar, proponer y dictar según corresponda, las normas aplicables al sector energía que sea necesario dictar para el cumplimiento

4º. Elaborar, coordinar, proponer y dictar según corresponda, las normas aplicables al sector energía que sea necesario dictar para el cumplimiento 3º. Contratar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los estudios generales relacionados con el funcionamiento y desarrollo integral del sector, así como los de prefactibilidad y factibilidad que sean necesarios para la formulación y ejecución de los planes y políticas energéticas; 2º. Estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía que deriven de la revisión periódica de los planes y políticas del sector; 1º. Preparar, dentro del marco del plan nacional de desarrollo, los planes y políticas para el sector energía y proponerlos al Presidente de la República para su aprobación; En concreto, el Ministerio de Energía tiene las funciones de: Este Ministerio, asumiendo en parte atribuciones que anteriormente se encontraban radicadas en el Ministerio de Minería, vincula a los siguientes Servicios con el Presidente de la República, a saber: la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. “Las atribuciones que confieran las leyes y decretos supremos al Ministerio de Minería, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o a la Comisión Nacional de Energía, o al respectivo Ministro, en todas aquellas materias que son de la competencia del Ministerio de Energía en virtud de la presente ley, se entenderán conferidas al Ministerio o Ministro de Energía, según corresponda, por el solo ministerio de la ley” (artículo 15).

Es importante destacar que junto a las modi¿caciones expresamente efectuadas por la Ley Nº 20.402, la misma ha contemplado una cláusula general de traspaso, en cuya virtud almacenamiento, distribución, consumo, uso e¿ciente, importación y exportación, y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas. BREVE HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

9º. Establecer, mediante resolución los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos o que utilicen cualquier tipo de recurso energético, que deberán contar para su comercialización con un certi¿cado de aprobación o la respectiva etiqueta de consumo energético, conforme lo dispuesto en el número 14 del artículo 3º de la Ley Nº 18.410.

472

8º. Fijar, mediante resolución, los estándares mínimos de e¿ciencia energética que deberán cumplir los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que utilicen cualquier tipo de recurso energético, para su comercialización en el país;

de los planes y políticas energéticas de carácter general así como para la e¿ciencia energética, la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema en su conjunto. Al efecto, podrá requerir la colaboración de las instituciones y organismos que tengan competencia normativa, de ¿scalización o ejecución en materias relacionadas con la energía;

7º. Integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado, sin ¿nes de lucro, a que se re¿ere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya ¿nalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la energía. Del mismo modo, el Ministerio está facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a los estatutos de las mismas;

5º. Velar por el efectivo cumplimiento de las normas sectoriales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los organismos en ella mencionados, a los que deberá impartir instrucciones, pudiendo delegar las atribuciones y celebrar con ellos los convenios que sean necesarios;

6º. Proponer al Presidente de la República y evaluar las políticas, planes y normas relativas a los contratos especiales de operación a que se re¿ere el inciso décimo del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política, tratándose de hidrocarburos o materiales atómicos naturales, lo que deberá hacer en conjunto con el Ministerio de Minería.

6º. Proponer al Presidente de la República y evaluar las políticas, planes y normas relativas a los contratos especiales de operación a que se re¿ere el inciso décimo del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política, tratándose de hidrocarburos o materiales atómicos naturales, lo que deberá hacer en conjunto con el Ministerio de Minería.

5º. Velar por el efectivo cumplimiento de las normas sectoriales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los organismos en ella mencionados, a los que deberá impartir instrucciones, pudiendo delegar las atribuciones y celebrar con ellos los convenios que sean necesarios;

7º. Integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado, sin ¿nes de lucro, a que se re¿ere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya ¿nalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la energía. Del mismo modo, el Ministerio está facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a los estatutos de las mismas;

de los planes y políticas energéticas de carácter general así como para la e¿ciencia energética, la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema en su conjunto. Al efecto, podrá requerir la colaboración de las instituciones y organismos que tengan competencia normativa, de ¿scalización o ejecución en materias relacionadas con la energía;

8º. Fijar, mediante resolución, los estándares mínimos de e¿ciencia energética que deberán cumplir los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que utilicen cualquier tipo de recurso energético, para su comercialización en el país;

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

9º. Establecer, mediante resolución los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos o que utilicen cualquier tipo de recurso energético, que deberán contar para su comercialización con un certi¿cado de aprobación o la respectiva etiqueta de consumo energético, conforme lo dispuesto en el número 14 del artículo 3º de la Ley Nº 18.410.

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BREVE HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

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10º. Suscribir en representación del Estado, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República ¿je por decreto supremo, los contratos especiales de operación relativos a hidrocarburos y materiales atómicos naturales a que se re¿ere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política; ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación antes mencionado le señalen; y celebrar, en representación del Estado, y previo informe favorable del organismo correspondiente, contratos de servicio que tengan por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos de hidrocarburos y materiales atómicos naturales. Tratándose de la suscripción de contratos especiales de operación relativos a materiales atómicos naturales, será necesario el informe previo favorable del Consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 11º. Cumplir las demás funciones y tareas que las leyes o el Gobierno le encomienden concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector energía.

11º. Cumplir las demás funciones y tareas que las leyes o el Gobierno le encomienden concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector energía. 10º. Suscribir en representación del Estado, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República ¿je por decreto supremo, los contratos especiales de operación relativos a hidrocarburos y materiales atómicos naturales a que se re¿ere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política; ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación antes mencionado le señalen; y celebrar, en representación del Estado, y previo informe favorable del organismo correspondiente, contratos de servicio que tengan por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos de hidrocarburos y materiales atómicos naturales. Tratándose de la suscripción de contratos especiales de operación relativos a materiales atómicos naturales, será necesario el informe previo favorable del Consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. BREVE HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

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MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008), ESTABLECIENDO MODIFICACIONES AL D.L. N° 2.224 DE 1978 Y A OTROS CUERPOS LEGALES

En las últimas décadas, muchos países del mundo, incluido Chile, han optado por modelos económicos más abiertos, donde el sector privado ha ido ganando una participación importante en la provisión de servicios básicos, como el energético, y el Estado ha optado por intervenir, principalmente, La energía es un factor crítico para la vida económica de un país. Junto con constituir un bien cuyo consumo está directamente relacionado con la calidad de vida de la población, es un insumo esencial para la producción manufacturera, la agricultura, la minería y gran parte de los servicios que consumimos. En efecto, la energía es fundamental para el transporte, el calentamiento o la refrigeración de nuestros hogares, o el funcionamiento de nuestras fábricas, explotaciones agrícolas y o¿cinas. LA LABOR DE LOS

SANTIAGO, enero 16 de 2008

MENSAJE Nº 1293-355 Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer a esta H. Corporación un proyecto de ley que tiene por objeto crear el Ministerio de Energía, modi¿cando el Decreto Ley Nº 2.224, de 1978 y otros cuerpos legales. LA ENERGÍA COMO ELEMENTO PRIORITARIO EN LA LABOR DE LOS GOBIERNOS EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS La energía es un factor crítico para la vida económica de un país. Junto con constituir un bien cuyo consumo está directamente relacionado con la calidad de vida de la población, es un insumo esencial para la producción manufacturera, la agricultura, la minería y gran parte de los servicios que consumimos. En efecto, la energía es fundamental para el transporte, el calentamiento o la refrigeración de nuestros hogares, o el funcionamiento de nuestras fábricas, explotaciones agrícolas y o¿cinas. En las últimas décadas, muchos países del mundo, incluido Chile, han optado por modelos económicos más abiertos, donde el sector privado ha ido ganando una participación importante en la provisión de servicios básicos, como el energético, y el Estado ha optado por intervenir, principalmente,

GOBIERNOS EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

LA ENERGÍA COMO ELEMENTO PRIORITARIO EN En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer a esta H. Corporación un proyecto de ley que tiene por objeto crear el Ministerio de Energía, modi¿cando el Decreto Ley Nº 2.224, de 1978 y otros cuerpos legales. Honorable Cámara de Diputados:

MENSAJE Nº 1293-355 SANTIAGO, enero 16 de 2008 Y A OTROS CUERPOS LEGALES

MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008), D.L. N° 2.224 DE 1978 ESTABLECIENDO MODIFICACIONES AL

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Dado este panorama mundial, el tema de la seguridad en el abastecimiento de la energía ha pasado a ser un tema central en las agendas de los gobiernos de todo el mundo.

476

En efecto, el panorama internacional se caracteriza en los últimos años por tensiones de precios y crecimiento sostenido de la demanda. Según la Agencia Internacional de Energía, el petróleo, el gas natural y el carbón representan cerca del 85% del consumo actual y futuro, proyectándose un crecimiento de aproximadamente un 40% del consumo total de energía para el año 2025, respecto del año 2006.

a través de la regulación de esos mercados, corrigiendo las fallas que se producen en su funcionamiento. Para cumplir con dicho propósito, se han creado estructuras especializadas, encargadas de formular políticas de desarrollo para el sector y de ejercer la regulación, tratando de optimizar así la competencia y la entrega de servicios del sector privado, bene¿ciando con esto a los ciudadanos.

El panorama energético nacional e internacional presenta desafíos como país, en ámbitos tales como la seguridad en el abastecimiento, la cooperación internacional, la e¿ciencia energética, el fomento de las llamadas “nuevas energías”, entre otras, que requieren analizar las fortalezas y debilidades de nuestro diseño institucional, a ¿n de evaluar la necesidad de modi¿caciones que permitan enfrentar los desafíos.

La rapidez con que han sucedido estos cambios, ha requerido que el diseño de la institucionalidad existente se adecue a la realidad del sistema económico especí¿co en el cual opera, lo que en la práctica no siempre ha sucedido. El cambio de las organizaciones y las competencias que éstas desarrollan, es un elemento clave cuando una institucionalidad dada no es coherente con el entorno en que desarrolla su accionar, sea éste interior o exterior.

La primera década del nuevo siglo, ha instalado en la agenda de todos los Gobiernos el tema energético como uno de los temas principales para enfrentar en la acción gubernativa. Chile no está ajeno a este fenómeno, especialmente por ser un país con un sostenido crecimiento económico, que demanda de manera paralela más energía, como así también por ser un país altamente dependiente del extranjero en la estructura de su matriz energética.

La primera década del nuevo siglo, ha instalado en la agenda de todos los Gobiernos el tema energético como uno de los temas principales para enfrentar en la acción gubernativa. Chile no está ajeno a este fenómeno, especialmente por ser un país con un sostenido crecimiento económico, que demanda de manera paralela más energía, como así también por ser un país altamente dependiente del extranjero en la estructura de su matriz energética.

La rapidez con que han sucedido estos cambios, ha requerido que el diseño de la institucionalidad existente se adecue a la realidad del sistema económico especí¿co en el cual opera, lo que en la práctica no siempre ha sucedido. El cambio de las organizaciones y las competencias que éstas desarrollan, es un elemento clave cuando una institucionalidad dada no es coherente con el entorno en que desarrolla su accionar, sea éste interior o exterior.

El panorama energético nacional e internacional presenta desafíos como país, en ámbitos tales como la seguridad en el abastecimiento, la cooperación internacional, la e¿ciencia energética, el fomento de las llamadas “nuevas energías”, entre otras, que requieren analizar las fortalezas y debilidades de nuestro diseño institucional, a ¿n de evaluar la necesidad de modi¿caciones que permitan enfrentar los desafíos.

a través de la regulación de esos mercados, corrigiendo las fallas que se producen en su funcionamiento. Para cumplir con dicho propósito, se han creado estructuras especializadas, encargadas de formular políticas de desarrollo para el sector y de ejercer la regulación, tratando de optimizar así la competencia y la entrega de servicios del sector privado, bene¿ciando con esto a los ciudadanos.

En efecto, el panorama internacional se caracteriza en los últimos años por tensiones de precios y crecimiento sostenido de la demanda. Según la Agencia Internacional de Energía, el petróleo, el gas natural y el carbón representan cerca del 85% del consumo actual y futuro, proyectándose un crecimiento de aproximadamente un 40% del consumo total de energía para el año 2025, respecto del año 2006.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Dado este panorama mundial, el tema de la seguridad en el abastecimiento de la energía ha pasado a ser un tema central en las agendas de los gobiernos de todo el mundo.

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MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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Por su parte, a nivel nacional, en los últimos años el panorama ha estado marcado por las restricciones al abastecimiento de gas, las alzas de precios de los combustibles y el alza de la energía eléctrica, cuestiones que han inÀuido sobre los precios y la producción, y de manera más profunda sobre las expectativas de consumidores y productores. Una breve mirada al sector energético chileno nos muestra que entre 1990 y 2006, el consumo de energía primaria por habitante en Chile creció en 64.7%. El desarrollo del país ha sido sustentado por una oferta y consumo de energía creciente, consistente con las necesidades que los procesos de modernización y desarrollo económico traen aparejadas. Este mayor requerimiento ha acentuado la fuerte dependencia externa en el ámbito energético. En efecto, al año 2006, el 67.7% de los requerimientos de energía primaria del país se cubrieron con importaciones, proporción que ha ido en aumento a través del tiempo. Esta dependencia externa, ha implicado un crecimiento en el gasto en energía importada (primaria y secundaria) de 140% en 3 años (2006 respecto a 2003) debido fundamentalmente a los mayores precios y la sustitución hacia fuentes de energía más caras (principalmente por las restricciones de gas argentino vigentes desde el 2004). Enmarcados en este entorno, los objetivos básicos que orientan las políticas energéticas de los países desarrollados son la seguridad en el abastecimiento energético, la contribución de la energía al aumento de la competitividad de la economía y la integración de los objetivos medioambientales. En el caso de Chile, podemos señalar que este último objetivo se relaciona con un concepto más global, referido a la sustentabilidad del desarrollo energético, tanto en lo referido a un uso e¿ciente de la energía, como en su incidencia sobre el desarrollo social del país y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Dichos objetivos requieren, desde la mirada pública, adaptar nuestras instituciones para que respondan a las necesidades y desafíos que impone el presente y futuro del sector energético, en relación a su entorno nacional e internacional. Como lo señalamos, la energía es para Chile más que un tema

Dichos objetivos requieren, desde la mirada pública, adaptar nuestras instituciones para que respondan a las necesidades y desafíos que impone el presente y futuro del sector energético, en relación a su entorno nacional e internacional. Como lo señalamos, la energía es para Chile más que un tema En el caso de Chile, podemos señalar que este último objetivo se relaciona con un concepto más global, referido a la sustentabilidad del desarrollo energético, tanto en lo referido a un uso e¿ciente de la energía, como en su incidencia sobre el desarrollo social del país y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Enmarcados en este entorno, los objetivos básicos que orientan las políticas energéticas de los países desarrollados son la seguridad en el abastecimiento energético, la contribución de la energía al aumento de la competitividad de la economía y la integración de los objetivos medioambientales. Este mayor requerimiento ha acentuado la fuerte dependencia externa en el ámbito energético. En efecto, al año 2006, el 67.7% de los requerimientos de energía primaria del país se cubrieron con importaciones, proporción que ha ido en aumento a través del tiempo. Esta dependencia externa, ha implicado un crecimiento en el gasto en energía importada (primaria y secundaria) de 140% en 3 años (2006 respecto a 2003) debido fundamentalmente a los mayores precios y la sustitución hacia fuentes de energía más caras (principalmente por las restricciones de gas argentino vigentes desde el 2004). El desarrollo del país ha sido sustentado por una oferta y consumo de energía creciente, consistente con las necesidades que los procesos de modernización y desarrollo económico traen aparejadas. Una breve mirada al sector energético chileno nos muestra que entre 1990 y 2006, el consumo de energía primaria por habitante en Chile creció en 64.7%. Por su parte, a nivel nacional, en los últimos años el panorama ha estado marcado por las restricciones al abastecimiento de gas, las alzas de precios de los combustibles y el alza de la energía eléctrica, cuestiones que han inÀuido sobre los precios y la producción, y de manera más profunda sobre las expectativas de consumidores y productores. MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

En materia eléctrica le corresponde dictar los decretos de precios de los servicios eléctricos, otorgar concesiones, la determinación de los sistemas de transporte de la energía y racionamientos, entre otras materias.

478

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

coyuntural. Se trata de un determinante de nuestra capacidad para crecer establemente en el largo plazo, por lo que el Estado debe estar preparado para responder a los desafíos presentes y futuros en el ámbito energético.

Posee competencias en la de¿nición de políticas, planes y normas en materia de hidrocarburos, energía nuclear y geotermia.

Situación actual de los organismos públicos en Energía

Ministerio de Minería

Para formular la presente propuesta, se han diagnosticado una serie de problemas que enfrenta la actual con¿guración de la organización y competencias en el sector público de energía.

Esta es un servicio público descentralizado, que tiene a su cargo “elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía”. La Dirección Superior de la Comisión corresponde a un Consejo Directivo, integrado por un representante del Presidente de la República (Presidente de la Comisión) y por los Ministros de Minería, Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Defensa Nacional, Secretario General de la Presidencia y de Plani¿cación. El Presidente de la Comisión tiene el rango de Ministro de Estado.

Modelo vigente

Comisión Nacional de Energía

Los Ministerios y servicios públicos que tienen a su cargo la rectoría, la regulación económica y ¿scalización del sector energético, se estructuran de la siguiente manera:

Los Ministerios y servicios públicos que tienen a su cargo la rectoría, la regulación económica y ¿scalización del sector energético, se estructuran de la siguiente manera:

Comisión Nacional de Energía

Modelo vigente

Esta es un servicio público descentralizado, que tiene a su cargo “elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía”. La Dirección Superior de la Comisión corresponde a un Consejo Directivo, integrado por un representante del Presidente de la República (Presidente de la Comisión) y por los Ministros de Minería, Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Defensa Nacional, Secretario General de la Presidencia y de Plani¿cación. El Presidente de la Comisión tiene el rango de Ministro de Estado.

Para formular la presente propuesta, se han diagnosticado una serie de problemas que enfrenta la actual con¿guración de la organización y competencias en el sector público de energía.

Ministerio de Minería

Situación actual de los organismos públicos en Energía

Posee competencias en la de¿nición de políticas, planes y normas en materia de hidrocarburos, energía nuclear y geotermia.

coyuntural. Se trata de un determinante de nuestra capacidad para crecer establemente en el largo plazo, por lo que el Estado debe estar preparado para responder a los desafíos presentes y futuros en el ámbito energético.

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

En materia eléctrica le corresponde dictar los decretos de precios de los servicios eléctricos, otorgar concesiones, la determinación de los sistemas de transporte de la energía y racionamientos, entre otras materias.

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MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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Superintendencia de Electricidad y Combustibles Es un servicio público descentralizado, cuya función legal es la de ¿scalizar y supervigilar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas sobre combustibles líquidos, gas y electricidad. Está sometida a la supervigilancia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Comisión Chilena de Energía Nuclear Este es un servicio público descentralizado, cuya función legal es el desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear del país, debiendo atender las materias relacionadas con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso pací¿co de la energía atómica. Está sometido a la supervigilancia del Ministerio de Minería. Diagnóstico del modelo vigente En términos generales, la forma en que se ha organizado el Estado en la materia, di¿culta una mirada integral del sector, dada la multiplicidad de organismos, la dispersión de competencias y el menor peso institucional de la Comisión Nacional de Energía frente a los restantes actores. De¿ciente asignación de responsabilidades institucionales. Falta de una autoridad clara en la materia En primer lugar, se evidencia la existencia de variadas autoridades, con diversas competencias y agendas diversi¿cadas entre los sectores; mineros, comerciales, productivos y energéticos. Esta situación origina importantes costos de coordinación y conlleva el riesgo de dilución de las responsabilidades políticas e institucionales, ya que existen agendas y prioridades políticas diversas, lo que ha di¿cultado una mirada integral al tema energético en su conjunto. Incoherencia entre responsabilidades y atribuciones. El modelo es excepcional en el concierto de la Administración Pública Chilena De acuerdo a la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los Ministerios son los órganos superiores de

De acuerdo a la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los Ministerios son los órganos superiores de Incoherencia entre responsabilidades y atribuciones. El modelo es excepcional en el concierto de la Administración Pública Chilena Esta situación origina importantes costos de coordinación y conlleva el riesgo de dilución de las responsabilidades políticas e institucionales, ya que existen agendas y prioridades políticas diversas, lo que ha di¿cultado una mirada integral al tema energético en su conjunto. En primer lugar, se evidencia la existencia de variadas autoridades, con diversas competencias y agendas diversi¿cadas entre los sectores; mineros, comerciales, productivos y energéticos. De¿ciente asignación de responsabilidades institucionales. Falta de una autoridad clara en la materia En términos generales, la forma en que se ha organizado el Estado en la materia, di¿culta una mirada integral del sector, dada la multiplicidad de organismos, la dispersión de competencias y el menor peso institucional de la Comisión Nacional de Energía frente a los restantes actores. Diagnóstico del modelo vigente Este es un servicio público descentralizado, cuya función legal es el desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear del país, debiendo atender las materias relacionadas con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso pací¿co de la energía atómica. Está sometido a la supervigilancia del Ministerio de Minería. Comisión Chilena de Energía Nuclear Es un servicio público descentralizado, cuya función legal es la de ¿scalizar y supervigilar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas sobre combustibles líquidos, gas y electricidad. Está sometida a la supervigilancia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Superintendencia de Electricidad y Combustibles MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Los organismos responden a lineamientos estratégicos diversos. En efecto, si bien la Comisión Nacional de Energía tiene a su cargo elaborar

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Los servicios públicos sectoriales no se encuentran bajo la supervigilancia del organismo rector en materia de Energía

colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, para lo que deben proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y ¿scalizar las actividades del respectivo sector.

Sin embargo, la Comisión no ha podido cumplir cabalmente con su rol de rectoría (generación de política pública, evaluación de éstas, coordinación sectorial e intersectorial, coordinación internacional) debido, entre otros factores, a la acotada presencia institucional dentro de la estructura del sector público, a raíz de su naturaleza jurídica. A eso se suma la creciente demanda de diversos y transversales sectores de la opinión pública, para que el Estado cuente con una visión más prospectiva y de largo plazo para el desarrollo del sector energético, que permita elaborar y ejecutar estrategias que posibiliten enfrentar los desafíos del área de la manera más e¿ciente posible.

En el caso del sector energía, el diseño institucional corresponde a una excepción, ya que, por una parte, se le ha encomendado a un servicio público tareas propias de un Ministerio; y, por otra, las materias relacionadas con un sector (energía) no se encuentran entregadas a una sola autoridad, sino que se encuentran repartidas las competencias. Así, pues, la Comisión Nacional de Energía, organismo encargado de formular las políticas sectoriales y preparar normas, no cuenta con atribuciones para impulsarlas, las cuales recaen esencialmente en los Ministerios de Minería y Economía, Fomento y Reconstrucción.

La labor de la Comisión Nacional de Energía en los últimos años ha estado enfocada en resolver aspectos coyunturales del sector energético y en el análisis y desarrollo de los procesos tarifarios, labor que ha sido cumplida de manera e¿caz y e¿ciente.

Focalización en la regulación económica del sector en desmedro de la generación de políticas públicas

Focalización en la regulación económica del sector en desmedro de la generación de políticas públicas

La labor de la Comisión Nacional de Energía en los últimos años ha estado enfocada en resolver aspectos coyunturales del sector energético y en el análisis y desarrollo de los procesos tarifarios, labor que ha sido cumplida de manera e¿caz y e¿ciente.

En el caso del sector energía, el diseño institucional corresponde a una excepción, ya que, por una parte, se le ha encomendado a un servicio público tareas propias de un Ministerio; y, por otra, las materias relacionadas con un sector (energía) no se encuentran entregadas a una sola autoridad, sino que se encuentran repartidas las competencias. Así, pues, la Comisión Nacional de Energía, organismo encargado de formular las políticas sectoriales y preparar normas, no cuenta con atribuciones para impulsarlas, las cuales recaen esencialmente en los Ministerios de Minería y Economía, Fomento y Reconstrucción.

Sin embargo, la Comisión no ha podido cumplir cabalmente con su rol de rectoría (generación de política pública, evaluación de éstas, coordinación sectorial e intersectorial, coordinación internacional) debido, entre otros factores, a la acotada presencia institucional dentro de la estructura del sector público, a raíz de su naturaleza jurídica. A eso se suma la creciente demanda de diversos y transversales sectores de la opinión pública, para que el Estado cuente con una visión más prospectiva y de largo plazo para el desarrollo del sector energético, que permita elaborar y ejecutar estrategias que posibiliten enfrentar los desafíos del área de la manera más e¿ciente posible.

colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, para lo que deben proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y ¿scalizar las actividades del respectivo sector.

Los servicios públicos sectoriales no se encuentran bajo la supervigilancia del organismo rector en materia de Energía

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Los organismos responden a lineamientos estratégicos diversos. En efecto, si bien la Comisión Nacional de Energía tiene a su cargo elaborar

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y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía y velar por su cumplimiento, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se encuentra bajo la supervigilancia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo que implica que no existe una interacción formal directa con el ente ¿scalizador, cuestión que se replica en el caso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Problemas del modelo de organización de la Comisión Nacional de Energía Respecto a la institucionalidad de la Comisión Nacional de Energía, se observa una serie de di¿cultades en las condiciones actuales que ésta debe operar. El Consejo de Ministros, como órgano rector de la Comisión, ha dejado de cumplir la función que inspiró su creación como uni¿cador de criterios en torno a la política energética del país. Aunque la instancia de un Consejo Directivo como órgano resolutivo, permite un cierto contrapeso de distintas visiones en torno al tema energético, en la práctica la menor especialidad de los Secretarios de Estado en materias de Energía y los problemas prácticos que se generan en la coordinación de las distintas agendas, ha signi¿cado que esta instancia no cumpla en la práctica con la misión que la ley le asigna. Inexistencia de mecanismos formales de coordinación entre la política medioambiental y la política energética Dada la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Energía, ésta no tiene participación formal en la institucionalidad ambiental de Chile, no participando ni del Consejo Directivo de la CONAMA ni de los COREMAS. Incapacidad de acción en el ámbito de la energía en regiones No existe una autoridad en ninguna región del país que pueda representar la actividad de energía, especialmente en la ejecución de programas y la coordinación intersectorial operándose a través de los respectivos Seremis de Minería o Economía, Fomento y Reconstrucción.

No existe una autoridad en ninguna región del país que pueda representar la actividad de energía, especialmente en la ejecución de programas y la coordinación intersectorial operándose a través de los respectivos Seremis de Minería o Economía, Fomento y Reconstrucción. Incapacidad de acción en el ámbito de la energía en regiones Dada la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Energía, ésta no tiene participación formal en la institucionalidad ambiental de Chile, no participando ni del Consejo Directivo de la CONAMA ni de los COREMAS. Inexistencia de mecanismos formales de coordinación entre la política medioambiental y la política energética Aunque la instancia de un Consejo Directivo como órgano resolutivo, permite un cierto contrapeso de distintas visiones en torno al tema energético, en la práctica la menor especialidad de los Secretarios de Estado en materias de Energía y los problemas prácticos que se generan en la coordinación de las distintas agendas, ha signi¿cado que esta instancia no cumpla en la práctica con la misión que la ley le asigna. Respecto a la institucionalidad de la Comisión Nacional de Energía, se observa una serie de di¿cultades en las condiciones actuales que ésta debe operar. El Consejo de Ministros, como órgano rector de la Comisión, ha dejado de cumplir la función que inspiró su creación como uni¿cador de criterios en torno a la política energética del país. Problemas del modelo de organización de la Comisión Nacional de Energía y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía y velar por su cumplimiento, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se encuentra bajo la supervigilancia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo que implica que no existe una interacción formal directa con el ente ¿scalizador, cuestión que se replica en el caso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

La formulación de normas especí¿cas en el ámbito del funcionamiento de la actividad económica, que tengan por objeto corregir las fallas del mercado. En este ámbito hablaremos de “regulación técnico-económica” y nos referiremos en especí¿co al establecimiento de precios o tarifas y normas de calidad en el ejercicio de la actividad.

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La formulación y evaluación de políticas públicas. Estas son el conjunto de actividades de las instituciones de Gobierno que van dirigidas a tener una inÀuencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. En este ámbito se encuentran contemplados los planes (“plani¿cación indicativa”) los programas (fomento y apoyo a determinadas actividades para el cumplimiento de la política) y el establecimiento y aplicación de normas jurídicas, de rango legal o reglamentario, obligatorias para todos los actores, las que determinarán el marco global del funcionamiento de la actividad.

Las Bases de la Nueva institucionalidad pública en el ámbito energético

En primer lugar, debemos distinguir las funciones que el Estado debe cumplir en el ámbito energético:

Como lo señalamos, la energía se presenta como uno de los temas estratégicos de las próximas décadas, y los problemas que presenta el modelo vigente di¿cultan enfrentar de manera correcta los desafíos para Chile. El tema no es coyuntural, por lo que estimamos que requiere y requerirá la atención permanente de la autoridad.

Funciones del Estado

En este sentido, se hace necesaria una reforma a las instituciones que toman decisiones públicas en el ámbito energético, de manera de con¿gurar correctamente las competencias y ámbitos de acción de cada una de ellas, que faciliten una mirada integral del tema para adoptar decisiones coherentes y de largo plazo.

La propuesta que se presenta ha considerado en el análisis el panorama energético nacional e internacional, los desafíos para Chile en la próxima década, el rol que cumple el Estado en materia de energía y la experiencia internacional relevante.

La propuesta que se presenta ha considerado en el análisis el panorama energético nacional e internacional, los desafíos para Chile en la próxima década, el rol que cumple el Estado en materia de energía y la experiencia internacional relevante.

En este sentido, se hace necesaria una reforma a las instituciones que toman decisiones públicas en el ámbito energético, de manera de con¿gurar correctamente las competencias y ámbitos de acción de cada una de ellas, que faciliten una mirada integral del tema para adoptar decisiones coherentes y de largo plazo.

Funciones del Estado

Como lo señalamos, la energía se presenta como uno de los temas estratégicos de las próximas décadas, y los problemas que presenta el modelo vigente di¿cultan enfrentar de manera correcta los desafíos para Chile. El tema no es coyuntural, por lo que estimamos que requiere y requerirá la atención permanente de la autoridad.

En primer lugar, debemos distinguir las funciones que el Estado debe cumplir en el ámbito energético:

Las Bases de la Nueva institucionalidad pública en el ámbito energético

La formulación y evaluación de políticas públicas. Estas son el conjunto de actividades de las instituciones de Gobierno que van dirigidas a tener una inÀuencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. En este ámbito se encuentran contemplados los planes (“plani¿cación indicativa”) los programas (fomento y apoyo a determinadas actividades para el cumplimiento de la política) y el establecimiento y aplicación de normas jurídicas, de rango legal o reglamentario, obligatorias para todos los actores, las que determinarán el marco global del funcionamiento de la actividad.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

La formulación de normas especí¿cas en el ámbito del funcionamiento de la actividad económica, que tengan por objeto corregir las fallas del mercado. En este ámbito hablaremos de “regulación técnico-económica” y nos referiremos en especí¿co al establecimiento de precios o tarifas y normas de calidad en el ejercicio de la actividad.

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MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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La ¿scalización del cumplimiento de las normas y la aplicación de sanciones. La resolución de conÀictos entre agentes privados o entre éstos y el Estado. Principios En cuanto al tipo de organización, competencias y relaciones que deben tener las organizaciones estatales para el desarrollo de las potestades señaladas, debemos señalar que diversos especialistas y las tendencias internacionales en la materia aconsejan seguir los siguientes principios: Segmentación de las funciones, claridad de los roles y los objetivos, donde en general las correspondientes a la formulación de políticas sectoriales, la formulación de leyes y el monitoreo global del sector, corresponden a Ministerios (Gobierno Central) y las labores de regulación técnico-económica (¿jación de tarifas, normas técnicas de calidad) y ¿scalización son entregadas a agencias especializadas (Gobierno Descentralizado). Especialización e independencia del organismo a cargo de la regulación económica, que tienen por objeto mejorar la calidad de estos procesos y reducir el riesgo de captura tanto por parte de las empresas reguladas como de intereses políticos de corto plazo. Capacidad técnica de los organismos estatales. Uno de los principales desafíos que deben enfrentar estos organismos, se re¿ere a la asimetría de información que se produce entre las empresas y el Estado. Para moderar este problema, el nivel técnico de los organismos debe ser similar al de la empresa regulada. Los procesos de políticas públicas, regulación económica y ¿scalización deben estar a cargo de equipos estables, de muy buen nivel que monitoreen permanentemente a la industria regulada. Asimismo, los organismos deben contar con facultades para realizar auditorías técnicas de las empresas reguladas cuando lo requiera para veri¿car la información proporcionada por ellas. Instancias independientes de solución de controversias, que garanticen a los distintos intereses en juego que los procesos de ¿jación tarifaria no

Instancias independientes de solución de controversias, que garanticen a los distintos intereses en juego que los procesos de ¿jación tarifaria no Capacidad técnica de los organismos estatales. Uno de los principales desafíos que deben enfrentar estos organismos, se re¿ere a la asimetría de información que se produce entre las empresas y el Estado. Para moderar este problema, el nivel técnico de los organismos debe ser similar al de la empresa regulada. Los procesos de políticas públicas, regulación económica y ¿scalización deben estar a cargo de equipos estables, de muy buen nivel que monitoreen permanentemente a la industria regulada. Asimismo, los organismos deben contar con facultades para realizar auditorías técnicas de las empresas reguladas cuando lo requiera para veri¿car la información proporcionada por ellas. Especialización e independencia del organismo a cargo de la regulación económica, que tienen por objeto mejorar la calidad de estos procesos y reducir el riesgo de captura tanto por parte de las empresas reguladas como de intereses políticos de corto plazo. Segmentación de las funciones, claridad de los roles y los objetivos, donde en general las correspondientes a la formulación de políticas sectoriales, la formulación de leyes y el monitoreo global del sector, corresponden a Ministerios (Gobierno Central) y las labores de regulación técnico-económica (¿jación de tarifas, normas técnicas de calidad) y ¿scalización son entregadas a agencias especializadas (Gobierno Descentralizado). En cuanto al tipo de organización, competencias y relaciones que deben tener las organizaciones estatales para el desarrollo de las potestades señaladas, debemos señalar que diversos especialistas y las tendencias internacionales en la materia aconsejan seguir los siguientes principios: Principios La resolución de conÀictos entre agentes privados o entre éstos y el Estado. La ¿scalización del cumplimiento de las normas y la aplicación de sanciones. MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• De¿nición y cumplimiento de objetivos en materia de energización rural y social para la próxima década, de manera de asegurar el acceso a

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• De¿nición y cumplimiento de objetivos en materia de e¿ciencia energética para la próxima década.

se desviarán de los objetivos que la ley contempló. En este contexto, la propuesta de nueva institucionalidad energética, debe responder no sólo a las perspectivas y desafíos que presenta el panorama energético nacional e internacional, sino que también a los principios antes enunciados.

• Diseño de Instrumentos que favorezcan la diversi¿cación de la matriz energética (seguridad abastecimiento), conciliando este objetivo con los de e¿ciencia del sistema.

Los desafíos que se busca enfrentar

• Información e inteligencia en materia de energía, para desarrollar capacidades prospectivas que anticipen problemas y soluciones en el área energética.

Así, pues, la propuesta tiene por objeto un reordenamiento del sector energía, para contar con organizaciones que efectivamente permitan impulsar un desarrollo seguro, e¿ciente y sustentable de la energía en nuestro país, estableciendo una correcta separación de funciones, entre la elaboración de políticas, la regulación técnico-económica y la ¿scalización en el ámbito energético.

c. Mejorar la capacidad de rectoría y coordinación del Estado en energía, para responder a los desafíos que existen en materia de:

Los desafíos que intenta satisfacer el diseño que se presenta son los siguientes:

b. Fortalecer una visión internacional del tema energético.

a. Facilitar la mirada integral del tema energético, uni¿cando las decisiones de política pública del sector energía.

a. Facilitar la mirada integral del tema energético, uni¿cando las decisiones de política pública del sector energía.

b. Fortalecer una visión internacional del tema energético.

Los desafíos que intenta satisfacer el diseño que se presenta son los siguientes:

c. Mejorar la capacidad de rectoría y coordinación del Estado en energía, para responder a los desafíos que existen en materia de:

Así, pues, la propuesta tiene por objeto un reordenamiento del sector energía, para contar con organizaciones que efectivamente permitan impulsar un desarrollo seguro, e¿ciente y sustentable de la energía en nuestro país, estableciendo una correcta separación de funciones, entre la elaboración de políticas, la regulación técnico-económica y la ¿scalización en el ámbito energético.

• Información e inteligencia en materia de energía, para desarrollar capacidades prospectivas que anticipen problemas y soluciones en el área energética.

Los desafíos que se busca enfrentar

• Diseño de Instrumentos que favorezcan la diversi¿cación de la matriz energética (seguridad abastecimiento), conciliando este objetivo con los de e¿ciencia del sistema.

se desviarán de los objetivos que la ley contempló. En este contexto, la propuesta de nueva institucionalidad energética, debe responder no sólo a las perspectivas y desafíos que presenta el panorama energético nacional e internacional, sino que también a los principios antes enunciados.

• De¿nición y cumplimiento de objetivos en materia de e¿ciencia energética para la próxima década.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

• De¿nición y cumplimiento de objetivos en materia de energización rural y social para la próxima década, de manera de asegurar el acceso a

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MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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los servicios de energía a todos aquellos grupos sociales vulnerables o con bajo acceso a los mercados. d. Fortalecer la capacidad regulatoria técnica-económica del Estado chileno, cumpliendo estándares internacionales ampliamente aceptados, de manera de garantizar estabilidad y transparencia al sector privado. e. Mejorar los esfuerzos de coordinación y compatibilización de la política medioambiental con la política energética, de manera de asegurar un desarrollo energético dinámico y ambientalmente sustentable. f. Mantener ciertas características distintivas de la institucionalidad actual: altamente especializada y profesional, acorde con el sector en el que interviene. Así, pues, se presenta una propuesta que reestructura el sector energía, dándole una coherencia sectorial que no presenta en la actualidad, cuestión que di¿culta la formulación de políticas públicas de largo plazo y con una visión integral del tema energético. Esta nueva institucionalidad, permitirá responder de mejor manera los desafíos que presenta el panorama energético del país para las próximas décadas. Contenido del proyecto En base al diagnóstico señalado, el contenido del presente proyecto es el siguiente: Separación de funciones y creación del Ministerio de Energía El proyecto, en primer lugar, distingue las funciones de rectoría y regulación técnica-económica que hoy tiene por mandato legal la Comisión Nacional de Energía. Todas las competencias en materias de formulación de políticas, normas legales y reglamentarias, planes y programas son encomendadas a un Ministerio de Energía, el cual tendrá a su cargo la rectoría del sector energía en el país. Las funciones relativas a la regulación técnicaeconómica del sector (análisis de tarifas y determinación de normas técnicas

El proyecto, en primer lugar, distingue las funciones de rectoría y regulación técnica-económica que hoy tiene por mandato legal la Comisión Nacional de Energía. Todas las competencias en materias de formulación de políticas, normas legales y reglamentarias, planes y programas son encomendadas a un Ministerio de Energía, el cual tendrá a su cargo la rectoría del sector energía en el país. Las funciones relativas a la regulación técnicaeconómica del sector (análisis de tarifas y determinación de normas técnicas Separación de funciones y creación del Ministerio de Energía En base al diagnóstico señalado, el contenido del presente proyecto es el siguiente: Contenido del proyecto Esta nueva institucionalidad, permitirá responder de mejor manera los desafíos que presenta el panorama energético del país para las próximas décadas. Así, pues, se presenta una propuesta que reestructura el sector energía, dándole una coherencia sectorial que no presenta en la actualidad, cuestión que di¿culta la formulación de políticas públicas de largo plazo y con una visión integral del tema energético. f. Mantener ciertas características distintivas de la institucionalidad actual: altamente especializada y profesional, acorde con el sector en el que interviene. e. Mejorar los esfuerzos de coordinación y compatibilización de la política medioambiental con la política energética, de manera de asegurar un desarrollo energético dinámico y ambientalmente sustentable. d. Fortalecer la capacidad regulatoria técnica-económica del Estado chileno, cumpliendo estándares internacionales ampliamente aceptados, de manera de garantizar estabilidad y transparencia al sector privado. los servicios de energía a todos aquellos grupos sociales vulnerables o con bajo acceso a los mercados. MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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y de calidad) se mantienen en la competencia de la Comisión Nacional de Energía, de la misma manera en que se desarrollan actualmente.

y de calidad) se mantienen en la competencia de la Comisión Nacional de Energía, de la misma manera en que se desarrollan actualmente. ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

La Dirección Superior del Ministerio corresponderá al Ministro de Energía. La administración interna y la coordinación de los servicios públicos

Visión integral del sector energía y fortalecimiento de la capacidad de rectoría

Organización del Ministerio de Energía

Se le encomienda al Ministerio de Energía elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. En especial, deberá: a) preparar los planes y políticas para el sector energía; b) elaborar, coordinar, proponer y dictar, según corresponda, las normas aplicables al sector energía; c) estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía; d) desarrollar los estudios generales relacionados con el funcionamiento y desarrollo integral del sector; e) velar por el efectivo cumplimiento de las normas sectoriales.

• En general, todas las competencias que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción tenía asignadas en materia de gas y electricidad (concesiones de¿nitivas; sistemas de transporte; explotación de servicios eléctricos y suministro; dictación de reglamentos), salvo en la determinación de los precios de los servicios eléctricos, lo que se hará de manera conjunta.

Asimismo, como efecto de la creación del Ministerio, se trasladan las siguientes competencias radicadas actualmente en los Ministerios de Minería y Economía, Fomento y Reconstrucción, según corresponda:

• Determinación de los precios de paridad contenidos en los fondos de estabilización de precios del petróleo (Leyes Nºs.19.030 y 20.063).

• Suscripción conjunta con el Ministerio de Minería, de los Contratos Especiales de Operación de Hidrocarburos y sustancias nucleares.

• Todas las facultades contenidas en la Ley de Concesiones Geotérmicas al Ministerio de Minería (gestión del sistema de concesiones).

• Todas las facultades contenidas en la Ley de Concesiones Geotérmicas al Ministerio de Minería (gestión del sistema de concesiones).

• Suscripción conjunta con el Ministerio de Minería, de los Contratos Especiales de Operación de Hidrocarburos y sustancias nucleares.

• Determinación de los precios de paridad contenidos en los fondos de estabilización de precios del petróleo (Leyes Nºs.19.030 y 20.063).

Asimismo, como efecto de la creación del Ministerio, se trasladan las siguientes competencias radicadas actualmente en los Ministerios de Minería y Economía, Fomento y Reconstrucción, según corresponda:

• En general, todas las competencias que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción tenía asignadas en materia de gas y electricidad (concesiones de¿nitivas; sistemas de transporte; explotación de servicios eléctricos y suministro; dictación de reglamentos), salvo en la determinación de los precios de los servicios eléctricos, lo que se hará de manera conjunta.

Se le encomienda al Ministerio de Energía elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. En especial, deberá: a) preparar los planes y políticas para el sector energía; b) elaborar, coordinar, proponer y dictar, según corresponda, las normas aplicables al sector energía; c) estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía; d) desarrollar los estudios generales relacionados con el funcionamiento y desarrollo integral del sector; e) velar por el efectivo cumplimiento de las normas sectoriales.

Organización del Ministerio de Energía

Visión integral del sector energía y fortalecimiento de la capacidad de rectoría

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

La Dirección Superior del Ministerio corresponderá al Ministro de Energía. La administración interna y la coordinación de los servicios públicos

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sectoriales le corresponderá al Subsecretario de Energía. Se crean seis Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, las que representarán al Ministerio en una o más regiones, estableciéndose mediante Decreto Supremo las regiones que le corresponderá a cada una de ellas. Las Seremis de Energía estarán focalizadas en la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, integrándose a la Corema; y en todas las acciones de diseño, coordinación y ejecución de los programas relacionados con la e¿ciencia energética.

ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL Coordinación de la política medioambiental y la política energética Con el objeto de establecer canales formales de comunicación entre ambos sectores, se incorpora el Ministro de Energía al Consejo Directivo de CONAMA; como asimismo los Seremis de Energía se integran a las COREMAS. Coherencia sectorial de la acción de los Servicios Públicos del Sector Por otra parte, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, esto es, todos los servicios públicos sectoriales, se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de Energía. Fortalecimiento de la capacidad de regulación técnica-económica La Comisión Nacional de Energía se especializará en los procesos tarifarios y en la determinación de normas técnicas sectoriales. Acorde con la separación de funciones y las tendencias internacionales, se le encomienda a la Comisión, como entidad técnica especializada, las funciones relativas a la regulación técnica-económica del sector. La Comisión será un servicio público descentralizado, encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica.

La Comisión será un servicio público descentralizado, encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica. La Comisión Nacional de Energía se especializará en los procesos tarifarios y en la determinación de normas técnicas sectoriales. Acorde con la separación de funciones y las tendencias internacionales, se le encomienda a la Comisión, como entidad técnica especializada, las funciones relativas a la regulación técnica-económica del sector. Fortalecimiento de la capacidad de regulación técnica-económica Por otra parte, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, esto es, todos los servicios públicos sectoriales, se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de Energía. Coherencia sectorial de la acción de los Servicios Públicos del Sector Con el objeto de establecer canales formales de comunicación entre ambos sectores, se incorpora el Ministro de Energía al Consejo Directivo de CONAMA; como asimismo los Seremis de Energía se integran a las COREMAS. Coordinación de la política medioambiental y la política energética

ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL sectoriales le corresponderá al Subsecretario de Energía. Se crean seis Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, las que representarán al Ministerio en una o más regiones, estableciéndose mediante Decreto Supremo las regiones que le corresponderá a cada una de ellas. Las Seremis de Energía estarán focalizadas en la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, integrándose a la Corema; y en todas las acciones de diseño, coordinación y ejecución de los programas relacionados con la e¿ciencia energética. MENSAJE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA (2008)

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Carácter técnico e independencia de la Comisión Nacional de Energía Acorde con la exigencia de especialidad técnica e independencia de intereses privados y políticos de corto plazo, se establece que la Comisión Nacional de Energía quedará sujeta al sistema de alta dirección pública. Capacidad técnica y recursos humanos Finalmente, el proyecto establece una facultad para que mediante la dictación de decretos con fuerza de ley se establezcan las plantas de personal del Ministerio de Energía y de la Comisión Nacional de Energía. En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente Proyecto de Ley.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente Proyecto de Ley. Finalmente, el proyecto establece una facultad para que mediante la dictación de decretos con fuerza de ley se establezcan las plantas de personal del Ministerio de Energía y de la Comisión Nacional de Energía. Capacidad técnica y recursos humanos Acorde con la exigencia de especialidad técnica e independencia de intereses privados y políticos de corto plazo, se establece que la Comisión Nacional de Energía quedará sujeta al sistema de alta dirección pública. Carácter técnico e independencia de la Comisión Nacional de Energía 488

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

DISCURSO PRESIDENCIAL ACTO DE PROMULGACIÓN DE LA LEY Nº 20.402 (2009) QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

No es casual que surjan precisamente estas dos nuevas carteras, Energía y Medio Ambiente, porque constituyen una síntesis de dos grandes retos que el país tiene en el siglo XXI. Son áreas muy cruciales en el progreso económico de cualquier país, pero también para la sobrevivencia del planeta. Éste es uno de los primeros ministerios creados desde hace mucho tiempo, en mi gobierno son dos las innovaciones ministeriales que se han aprobado. La segunda es la creación del Ministerio del Medio Ambiente, cuya ley acaba de ser aprobada en el Congreso, y que esperamos promulgar muy pronto, cuando salga del Tribunal Constitucional. La nueva ley permitirá que Chile tenga una mejor institucionalidad para hacerse cargo de un desafío tan importante como éste en el mundo actual. Es para Chile, sin duda, una institucionalidad que nos permitirá favorecer un mejor desarrollo energético en la etapa post crisis que se avizora, y en la que nuestra economía va a enfrentar un escenario mundial más competitivo donde necesita potenciar sus posibilidades de crecimiento.

Santiago, 25 de noviembre Amigas y amigos: Acá lo signi¿cativo es este acto de promulgación de la ley que crea el Ministerio de Energía. Yo personalmente siento una gran satisfacción, porque fue un objetivo que nos planteamos en el gobierno y que se ha hecho realidad.

Acá lo signi¿cativo es este acto de promulgación de la ley que crea el Ministerio de Energía. Yo personalmente siento una gran satisfacción, porque fue un objetivo que nos planteamos en el gobierno y que se ha hecho realidad. Amigas y amigos:

La nueva ley permitirá que Chile tenga una mejor institucionalidad para hacerse cargo de un desafío tan importante como éste en el mundo actual. Es para Chile, sin duda, una institucionalidad que nos permitirá favorecer un mejor desarrollo energético en la etapa post crisis que se avizora, y en la que nuestra economía va a enfrentar un escenario mundial más competitivo donde necesita potenciar sus posibilidades de crecimiento. Éste es uno de los primeros ministerios creados desde hace mucho tiempo, en mi gobierno son dos las innovaciones ministeriales que se han aprobado. La segunda es la creación del Ministerio del Medio Ambiente, cuya ley acaba de ser aprobada en el Congreso, y que esperamos promulgar muy pronto, cuando salga del Tribunal Constitucional. No es casual que surjan precisamente estas dos nuevas carteras, Energía y Medio Ambiente, porque constituyen una síntesis de dos grandes retos que el país tiene en el siglo XXI. Son áreas muy cruciales en el progreso económico de cualquier país, pero también para la sobrevivencia del planeta.

Santiago, 25 de noviembre ACTO DE PROMULGACIÓN DE LA LEY Nº 20.402 (2009) MINISTERIO DE ENERGÍA QUE CREA EL

DISCURSO PRESIDENCIAL

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Eso supone generar información, sistematizarla, proponer líneas de acción, remover barreras, enfrentar la regulación desde una mirada moderna y centrada en lograr, justamente, un desarrollo sustentable, pero a la vez equitativo.

490

El Ministerio de Energía tendrá que liderar la de¿nición de una política energética, sin rehuir ninguno de los temas que están en la agenda de Chile y del mundo.

Por lo mismo, Chile necesita una institucionalidad del más alto nivel, que soporte el esfuerzo nacional que debe llevarse a cabo en ambas áreas.

Todo eso es resultado de una línea de acción bien concebida y bien realizada. Y la consecuencia natural del esfuerzo de estos años es, justamente, construir esta nueva institucionalidad que hoy estamos poniendo en marcha y que debe ser capaz de desarrollar e implementar políticas sustentables, políticas coherentes, coordinadas y en forma sistemática, con atribuciones claras para desplegar una gestión e¿caz.

La verdad es que nosotros le hemos dado prioridad al desarrollo energético en mi gobierno. Los hechos son elocuentes. Hemos superado exitosamente la estrechez energética de hace algunos años y tenemos bases más ¿rmes para enfrentar las necesidades.

Hemos impulsado el desarrollo de energías renovables no convencionales; hemos abierto el espacio para nuevas usos de la energía; logramos reducir el consumo de energía implementando medidas de e¿ciencia; abrimos el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos en Magallanes; impulsamos la construcción de las Plantes de GNL de Quintero, que ya inauguramos, y de Mejillones, que inauguraremos a inicios del próximo año; habremos cumplido nuestro compromiso de otorgar acceso a la electricidad para el 96 por ciento de la población rural; moderamos el impacto del alza de los combustibles a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En ¿n, hicimos lo que teníamos que hacer.

Hoy día Chile cuenta, y para mí también eso es satisfactorio, con una matriz más diversi¿cada y más segura.

Hoy día Chile cuenta, y para mí también eso es satisfactorio, con una matriz más diversi¿cada y más segura.

Hemos impulsado el desarrollo de energías renovables no convencionales; hemos abierto el espacio para nuevas usos de la energía; logramos reducir el consumo de energía implementando medidas de e¿ciencia; abrimos el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos en Magallanes; impulsamos la construcción de las Plantes de GNL de Quintero, que ya inauguramos, y de Mejillones, que inauguraremos a inicios del próximo año; habremos cumplido nuestro compromiso de otorgar acceso a la electricidad para el 96 por ciento de la población rural; moderamos el impacto del alza de los combustibles a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En ¿n, hicimos lo que teníamos que hacer.

La verdad es que nosotros le hemos dado prioridad al desarrollo energético en mi gobierno. Los hechos son elocuentes. Hemos superado exitosamente la estrechez energética de hace algunos años y tenemos bases más ¿rmes para enfrentar las necesidades.

Todo eso es resultado de una línea de acción bien concebida y bien realizada. Y la consecuencia natural del esfuerzo de estos años es, justamente, construir esta nueva institucionalidad que hoy estamos poniendo en marcha y que debe ser capaz de desarrollar e implementar políticas sustentables, políticas coherentes, coordinadas y en forma sistemática, con atribuciones claras para desplegar una gestión e¿caz.

Por lo mismo, Chile necesita una institucionalidad del más alto nivel, que soporte el esfuerzo nacional que debe llevarse a cabo en ambas áreas.

El Ministerio de Energía tendrá que liderar la de¿nición de una política energética, sin rehuir ninguno de los temas que están en la agenda de Chile y del mundo.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Eso supone generar información, sistematizarla, proponer líneas de acción, remover barreras, enfrentar la regulación desde una mirada moderna y centrada en lograr, justamente, un desarrollo sustentable, pero a la vez equitativo.

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Hay también una serie de tareas que son la agenda de futuro y para ello Chile tiene que marchar con los tiempos, comprometerse con los procesos

DISCURSO PRESIDENCIAL; ACTO DE PROMULGACIÓN DE LA LEY Nº 20.402 (2009)

Asuntos como el cambio climático, la protección del medio ambiente, el uso e¿ciente de la energía, la competencia por el territorio, la equidad en el acceso a la energía, la integración energética, entre otros, marcarán la agenda en los próximos años en esta materia. Y algunos temas parece que más rápido de lo que creíamos. Según el panel internacional de cambio climático, las últimas investigaciones han demostrado que el proceso va mucho más rápido de lo que hace tres años se decía, y hay una gran preocupación por lo que está pasando en la Antártica.

Y es claro que más allá del rol que compete al sector privado en esto, el rol del Estado es insustituible. Porque sin negar la contribución que puede hacer el mercado, el Estado es quien debe expresar una visión nacional en esta materia, que se haga cargo de los riesgos y de las potencialidades, y que proponga soluciones realistas para hoy y para mañana.

491

Es el Estado el encargado de garantizar la seguridad en el suministro energético, para lo cual tiene que conciliar la protección medioambiental y la igualdad en el acceso a la energía. Han pasado más de 30 años desde que, en 1978, se creó la Comisión Nacional de Energía. Y en aquella época había que hacer frente a otra realidad: se privatizaba el sector eléctrico y era necesario establecer las bases de su regulación. Las competencias de la comisión apuntaban entonces a estructurar una regulación que permitiera un mercado competitivo, en el que la noción de justicia se reÀejara en los precios. Hoy la realidad es otra. Existe consenso en que la dinámica del mercado no basta como garantía de progreso sustentable y sostenible y, por lo tanto, es indispensable que se pueda hacer la mejor conjunción entre el rol del Estado y las tareas del sector privado y del mercado. Las nuevas dimensiones de la energía como elemento vital para la vida, el desarrollo y el crecimiento, obligan al Estado a de¿nir políticas de largo alcance.

Las nuevas dimensiones de la energía como elemento vital para la vida, el desarrollo y el crecimiento, obligan al Estado a de¿nir políticas de largo alcance. Hoy la realidad es otra. Existe consenso en que la dinámica del mercado no basta como garantía de progreso sustentable y sostenible y, por lo tanto, es indispensable que se pueda hacer la mejor conjunción entre el rol del Estado y las tareas del sector privado y del mercado. Las competencias de la comisión apuntaban entonces a estructurar una regulación que permitiera un mercado competitivo, en el que la noción de justicia se reÀejara en los precios. Han pasado más de 30 años desde que, en 1978, se creó la Comisión Nacional de Energía. Y en aquella época había que hacer frente a otra realidad: se privatizaba el sector eléctrico y era necesario establecer las bases de su regulación. Es el Estado el encargado de garantizar la seguridad en el suministro energético, para lo cual tiene que conciliar la protección medioambiental y la igualdad en el acceso a la energía. Y es claro que más allá del rol que compete al sector privado en esto, el rol del Estado es insustituible. Porque sin negar la contribución que puede hacer el mercado, el Estado es quien debe expresar una visión nacional en esta materia, que se haga cargo de los riesgos y de las potencialidades, y que proponga soluciones realistas para hoy y para mañana.

Asuntos como el cambio climático, la protección del medio ambiente, el uso e¿ciente de la energía, la competencia por el territorio, la equidad en el acceso a la energía, la integración energética, entre otros, marcarán la agenda en los próximos años en esta materia. Y algunos temas parece que más rápido de lo que creíamos. Según el panel internacional de cambio climático, las últimas investigaciones han demostrado que el proceso va mucho más rápido de lo que hace tres años se decía, y hay una gran preocupación por lo que está pasando en la Antártica.

DISCURSO PRESIDENCIAL; ACTO DE PROMULGACIÓN DE LA LEY Nº 20.402 (2009)

Hay también una serie de tareas que son la agenda de futuro y para ello Chile tiene que marchar con los tiempos, comprometerse con los procesos

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de cambio, buscar soluciones innovadoras e implementar los ajustes de la regulación que sean necesarios. El Ministerio de Energía va a ser el órgano principal en la de¿nición de las políticas sobre el sector energético. Va a agrupar a todas las instituciones públicas del ámbito energético, permitiendo una conducción coherente, integrada y coordinada del sistema público.

Creemos, entonces, que esta ley representa un paso importante hacia el futuro y una declaración del Estado acerca de la trascendencia de la energía en este proceso que llevamos adelante por construir un país que sea más próspero, pero a la vez más justo.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Signi¿ca, además, que el Estado asume plenamente su responsabilidad de proponer y conducir una estrategia energética que cuente con la participación de todos los sectores de la vida nacional y que sea capaz de responder a la dinámica de un mundo en movimiento.

492

El proceso modernizador también implica extender la mirada y profundizar la capacidad energética del Estado más allá del sector eléctrico, integrando en la discusión de las políticas el abanico de complejidades de un país que es moderno y que está integrado al mundo.

En de¿nitiva, nos parece que esta ley representa un paso resuelto hacia el futuro, y no porque yo crea que los ministerios lo resuelven todo. Yo creo que los ministerios son estructuras, pero que nos permiten enfrentar de mejor manera este desafío aún muy grande que es poder garantizar a nuestro país energía adecuada, a buen precio y sustentable en el tiempo.

Y por cierto, el sector privado tiene una función muy relevante. La matriz energética requiere de inversiones permanentes pare cubrir las necesidades de consumo y allí, como en otras áreas, va a ser crucial la colaboración público-privada.

Tenemos que avanzar hacia una matriz más independiente, aprovechando todo nuestro enorme potencial energético y, muy en especial, las energías renovables no convencionales.

Tenemos que avanzar hacia una matriz más independiente, aprovechando todo nuestro enorme potencial energético y, muy en especial, las energías renovables no convencionales.

Y por cierto, el sector privado tiene una función muy relevante. La matriz energética requiere de inversiones permanentes pare cubrir las necesidades de consumo y allí, como en otras áreas, va a ser crucial la colaboración público-privada.

En de¿nitiva, nos parece que esta ley representa un paso resuelto hacia el futuro, y no porque yo crea que los ministerios lo resuelven todo. Yo creo que los ministerios son estructuras, pero que nos permiten enfrentar de mejor manera este desafío aún muy grande que es poder garantizar a nuestro país energía adecuada, a buen precio y sustentable en el tiempo.

El proceso modernizador también implica extender la mirada y profundizar la capacidad energética del Estado más allá del sector eléctrico, integrando en la discusión de las políticas el abanico de complejidades de un país que es moderno y que está integrado al mundo. de cambio, buscar soluciones innovadoras e implementar los ajustes de la regulación que sean necesarios. 492

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Signi¿ca, además, que el Estado asume plenamente su responsabilidad de proponer y conducir una estrategia energética que cuente con la participación de todos los sectores de la vida nacional y que sea capaz de responder a la dinámica de un mundo en movimiento.

El Ministerio de Energía va a ser el órgano principal en la de¿nición de las políticas sobre el sector energético. Va a agrupar a todas las instituciones públicas del ámbito energético, permitiendo una conducción coherente, integrada y coordinada del sistema público.

Creemos, entonces, que esta ley representa un paso importante hacia el futuro y una declaración del Estado acerca de la trascendencia de la energía en este proceso que llevamos adelante por construir un país que sea más próspero, pero a la vez más justo.

DISCURSO PRESIDENCIAL; ACTO DE PROMULGACIÓN DE LA LEY Nº 20.402 (2009)

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Por todo ello, quisiera, a través del senador Ricardo Núñez, mandar mis agradecimientos al Congreso por la aprobación de este proyecto, y felicitar a los ministros y a sus equipos por este importante logro. Y van a seguir trabajando, pero ahora como ministerio. Así que muchas gracias. MICHELLE BACHELET PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

MICHELLE BACHELET PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y van a seguir trabajando, pero ahora como ministerio. Así que muchas gracias. Por todo ello, quisiera, a través del senador Ricardo Núñez, mandar mis agradecimientos al Congreso por la aprobación de este proyecto, y felicitar a los ministros y a sus equipos por este importante logro. DISCURSO PRESIDENCIAL; ACTO DE PROMULGACIÓN DE LA LEY Nº 20.402 (2009)

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LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA ESTABLECIENDO MODIFICACIONES AL D.L. Nº 2.224, DE 1978 Y A OTROS CUERPOS LEGALES

b) Agrégase el siguiente inciso segundo: “Se relacionarán con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.”. a) Reemplázase la frase “a la Comisión Nacional de Energía” por la siguiente: “al Ministerio de Energía”. 3. En el artículo 2º: 2. Suprímese el artículo 1º. 1. Reemplázase el epígrafe del Título I por el siguiente: “Del Ministerio de Energía”.

Publicada el 3 de diciembre en el Diario O¿cial Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º.- Créase el Ministerio de Energía, el que será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración del sector de energía. Artículo 2º.- Modifícase el Decreto Ley Nº 2.224, de 1978, de la siguiente manera:

Artículo 2º.- Modifícase el Decreto Ley Nº 2.224, de 1978, de la siguiente manera: Artículo 1º.- Créase el Ministerio de Energía, el que será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración del sector de energía. Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Publicada el 3 de diciembre en el Diario O¿cial

1. Reemplázase el epígrafe del Título I por el siguiente: “Del Ministerio de Energía”. 2. Suprímese el artículo 1º. 3. En el artículo 2º: a) Reemplázase la frase “a la Comisión Nacional de Energía” por la siguiente: “al Ministerio de Energía”. b) Agrégase el siguiente inciso segundo: “Se relacionarán con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.”.

Y A OTROS CUERPOS LEGALES

LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA ESTABLECIENDO MODIFICACIONES AL D.L. Nº 2.224, DE 1978

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

“g) Integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado, sin ¿nes de lucro, a que se re¿ere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya ¿nalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la energía. Del mismo modo, el

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v) Reemplázanse las letras g) y h) por las siguientes letras g), h) e i) nuevas:

4. En el artículo 3º:

iv) Reemplázase la letra f) por la siguiente: “f) Proponer al Presidente de la República y evaluar las políticas, planes y normas relativas a los contratos especiales de operación a que se re¿ere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política, tratándose de hidrocarburos o materiales atómicos naturales”.

a) Reemplázase la frase “a la Comisión Nacional de Energía” por la siguiente: “al Ministerio de Energía”.

iii) Reemplázase, en la letra e), la frase “técnicas a que se re¿ere la letra anterior” por la palabra “sectoriales”.

b) Agrégase, después de la palabra “distribución,” las palabras: “consumo, uso e¿ciente,”.

ii) En la letra d), reemplázase la frase “y proponer al Gobierno las normas técnicas” por la siguiente frase, precedida de una coma (,): “proponer y dictar, según corresponda, las normas”; sustitúyese la locución “sea necesario dictar” por “sean necesarias”, y agrégase antes de la frase “la seguridad y adecuado funcionamiento” la frase: “la e¿ciencia energética,”.

5. En el artículo 4º:

“al Ministerio”.

i) Reemplázase, en el encabezamiento, la frase “a la Comisión” por la siguiente:

i) Reemplázase, en el encabezamiento, la frase “a la Comisión” por la siguiente:

“al Ministerio”.

5. En el artículo 4º:

ii) En la letra d), reemplázase la frase “y proponer al Gobierno las normas técnicas” por la siguiente frase, precedida de una coma (,): “proponer y dictar, según corresponda, las normas”; sustitúyese la locución “sea necesario dictar” por “sean necesarias”, y agrégase antes de la frase “la seguridad y adecuado funcionamiento” la frase: “la e¿ciencia energética,”.

b) Agrégase, después de la palabra “distribución,” las palabras: “consumo, uso e¿ciente,”.

iii) Reemplázase, en la letra e), la frase “técnicas a que se re¿ere la letra anterior” por la palabra “sectoriales”.

a) Reemplázase la frase “a la Comisión Nacional de Energía” por la siguiente: “al Ministerio de Energía”.

iv) Reemplázase la letra f) por la siguiente: “f) Proponer al Presidente de la República y evaluar las políticas, planes y normas relativas a los contratos especiales de operación a que se re¿ere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política, tratándose de hidrocarburos o materiales atómicos naturales”.

4. En el artículo 3º:

v) Reemplázanse las letras g) y h) por las siguientes letras g), h) e i) nuevas:

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

“g) Integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado, sin ¿nes de lucro, a que se re¿ere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya ¿nalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la energía. Del mismo modo, el

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LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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Ministerio está facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a los estatutos de las mismas.

iii) El mecanismo de participación del público interesado en la determinación del estándar, considerando las dimensiones informativa, consultiva y resolutiva. ii) La forma cómo se comprobará la adecuación de estándar mínimo de e¿ciencia energética, a los estándares internacionales en la materia. i) Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño del estándar mínimo de e¿ciencia energética, incluida la forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con su determinación.

El Ministro de Energía, mediante resolución, nombrará uno o más representantes del Ministerio, los que estarán facultados para participar en los órganos de dirección y de administración que contemplen los estatutos de las personas jurídicas que se constituyan en virtud de lo dispuesto en la presente disposición.

Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Energía, se establecerá el procedimiento y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra. Dicho reglamento deberá contemplar, a lo menos:

h) Fijar, mediante resolución, los estándares mínimos de e¿ciencia energética que deberán cumplir los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que utilicen cualquier tipo de recurso energético, para su comercialización en el país.

Los importadores, fabricantes y distribuidores, según corresponda, de los bienes señalados en el párrafo anterior, que persigan su comercialización en el territorio nacional, deberán certi¿car para dicho efecto que cumplen con el estándar exigido, por intermedio de entidades autorizadas para ello y etiquetar los respectivos productos con las indicaciones del consumo energético de los mismos, cuando así se establezca de conformidad con lo dispuesto en la letra precedente.

Los importadores, fabricantes y distribuidores, según corresponda, de los bienes señalados en el párrafo anterior, que persigan su comercialización en el territorio nacional, deberán certi¿car para dicho efecto que cumplen con el estándar exigido, por intermedio de entidades autorizadas para ello y etiquetar los respectivos productos con las indicaciones del consumo energético de los mismos, cuando así se establezca de conformidad con lo dispuesto en la letra precedente.

h) Fijar, mediante resolución, los estándares mínimos de e¿ciencia energética que deberán cumplir los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que utilicen cualquier tipo de recurso energético, para su comercialización en el país.

Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Energía, se establecerá el procedimiento y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra. Dicho reglamento deberá contemplar, a lo menos:

El Ministro de Energía, mediante resolución, nombrará uno o más representantes del Ministerio, los que estarán facultados para participar en los órganos de dirección y de administración que contemplen los estatutos de las personas jurídicas que se constituyan en virtud de lo dispuesto en la presente disposición.

i) Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño del estándar mínimo de e¿ciencia energética, incluida la forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con su determinación. ii) La forma cómo se comprobará la adecuación de estándar mínimo de e¿ciencia energética, a los estándares internacionales en la materia. iii) El mecanismo de participación del público interesado en la determinación del estándar, considerando las dimensiones informativa, consultiva y resolutiva.

Ministerio está facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a los estatutos de las mismas. LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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iv) La forma de publicidad del programa de implementación.

iv) La forma de publicidad del programa de implementación. ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

“Artículo 5º.- La conducción del Ministerio corresponderá al Ministro de Energía, en conformidad con las políticas e instrucciones que imparta

i) Establecer, mediante resolución los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos o que utilicen cualquier tipo de recurso energético, que deberán contar para su comercialización con un certi¿cado de aprobación o la respectiva etiqueta de consumo energético, conforme lo dispuesto en el número 14.- del artículo 3º de la Ley Nº 18.410.

7. Reemplázase el artículo 5º por el siguiente:

Mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Energía, se establecerán los procedimientos, el sistema de etiquetado y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra.”.

6. Suprímese el epígrafe: “TÍTULO II De la Organización, Personal y Patrimonio”.

v) Incorpórase la siguiente letra j), nueva, pasando la actual letra i) a ser k):

“j) Suscribir en representación del Estado, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República ¿je por decreto supremo, los contratos especiales de operación relativos a hidrocarburos y materiales atómicos naturales a que se re¿ere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política; ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación antes mencionado le señalen; y celebrar, en representación del Estado, y previo informe favorable del organismo correspondiente, contratos de servicio que tengan por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos de hidrocarburos y materiales atómicos naturales. Tratándose de la suscripción de contratos especiales de operación relativos a materiales atómicos naturales, será necesario el informe previo favorable del Consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.”.

“j) Suscribir en representación del Estado, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República ¿je por decreto supremo, los contratos especiales de operación relativos a hidrocarburos y materiales atómicos naturales a que se re¿ere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política; ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación antes mencionado le señalen; y celebrar, en representación del Estado, y previo informe favorable del organismo correspondiente, contratos de servicio que tengan por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos de hidrocarburos y materiales atómicos naturales. Tratándose de la suscripción de contratos especiales de operación relativos a materiales atómicos naturales, será necesario el informe previo favorable del Consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.”.

v) Incorpórase la siguiente letra j), nueva, pasando la actual letra i) a ser k):

6. Suprímese el epígrafe: “TÍTULO II De la Organización, Personal y Patrimonio”.

Mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Energía, se establecerán los procedimientos, el sistema de etiquetado y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra.”.

7. Reemplázase el artículo 5º por el siguiente:

i) Establecer, mediante resolución los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos o que utilicen cualquier tipo de recurso energético, que deberán contar para su comercialización con un certi¿cado de aprobación o la respectiva etiqueta de consumo energético, conforme lo dispuesto en el número 14.- del artículo 3º de la Ley Nº 18.410.

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

“Artículo 5º.- La conducción del Ministerio corresponderá al Ministro de Energía, en conformidad con las políticas e instrucciones que imparta

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el Presidente de la República. La administración interna del Ministerio corresponderá al Subsecretario de Energía, quien será el Jefe Superior del Servicio y coordinará la acción de los servicios públicos del sector.

La Comisión será un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, “Artículo 6º.- La Comisión Nacional de Energía será una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Energía. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que pudiera establecer. 8. Incorpórase, antes del artículo 6º, el siguiente epígrafe: “TÍTULO II De la Comisión Nacional de Energía”.

La organización interna del Ministerio, las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades que sean establecidas, serán determinadas por resolución del Ministro. Para los efectos de establecer la referida estructura interna, se considerarán como áreas funcionales, entre otras, mercado energético, energías renovables, e¿ciencia energética, medio ambiente y desarrollo sustentable, energización rural y social, estudios y desarrollo energético.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 62 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que ¿ja el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Ministerio de Energía contará con seis Secretarías Regionales Ministeriales, las que representarán al Ministerio en una o más regiones. Mediante decreto supremo se establecerán las regiones que le corresponderán a cada una de ellas, así como la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial. Para estos efectos, se deberán considerar las características comunes del territorio y las condiciones y potencialidades de desarrollo energético de las regiones.”.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 62 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que ¿ja el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Ministerio de Energía contará con seis Secretarías Regionales Ministeriales, las que representarán al Ministerio en una o más regiones. Mediante decreto supremo se establecerán las regiones que le corresponderán a cada una de ellas, así como la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial. Para estos efectos, se deberán considerar las características comunes del territorio y las condiciones y potencialidades de desarrollo energético de las regiones.”.

La organización interna del Ministerio, las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades que sean establecidas, serán determinadas por resolución del Ministro. Para los efectos de establecer la referida estructura interna, se considerarán como áreas funcionales, entre otras, mercado energético, energías renovables, e¿ciencia energética, medio ambiente y desarrollo sustentable, energización rural y social, estudios y desarrollo energético.

8. Incorpórase, antes del artículo 6º, el siguiente epígrafe: “TÍTULO II De la Comisión Nacional de Energía”. 9. Reemplázase el artículo 6º por el siguiente: “Artículo 6º.- La Comisión Nacional de Energía será una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Energía. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que pudiera establecer. La Comisión será un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción,

9. Reemplázase el artículo 6º por el siguiente: el Presidente de la República. La administración interna del Ministerio corresponderá al Subsecretario de Energía, quien será el Jefe Superior del Servicio y coordinará la acción de los servicios públicos del sector. LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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a) Suprímense las letras a) y b).

generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

b) Sustitúyese la letra c), que pasa a ser letra a), por la siguiente:

generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio su¿ciente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica.

a) Suprímense las letras a) y b).

La Comisión estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley Nº 19.882.”.

12. En el artículo 9º:

10. Reemplázase el artículo 7º por el siguiente:

11. Reemplázase en el artículo 8º el párrafo que se encuentra entre el punto seguido y el punto ¿nal por el siguiente: “Será nombrado por el Presidente de la República mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previsto en el párrafo 3º del Título VI de la Ley Nº 19.882.”.

“Artículo 7º.- Para el cumplimiento de su objetivo, y sin perjuicio de las demás atribuciones conferidas en otros cuerpos legales, corresponderá a la Comisión, en particular, las siguientes funciones y atribuciones:

d) Asesorar al Gobierno, por intermedio del Ministerio de Energía, en todas aquellas materias vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo.”.

a) Analizar técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios energéticos, en los casos y forma que establece la ley.

c) Monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector energético, y proponer al Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias que se requieran, en las materias de su competencia.

b) Fijar las normas técnicas y de calidad indispensables para el funcionamiento y la operación de las instalaciones energéticas, en los casos que señala la ley.

b) Fijar las normas técnicas y de calidad indispensables para el funcionamiento y la operación de las instalaciones energéticas, en los casos que señala la ley.

c) Monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector energético, y proponer al Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias que se requieran, en las materias de su competencia.

a) Analizar técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios energéticos, en los casos y forma que establece la ley.

d) Asesorar al Gobierno, por intermedio del Ministerio de Energía, en todas aquellas materias vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo.”.

“Artículo 7º.- Para el cumplimiento de su objetivo, y sin perjuicio de las demás atribuciones conferidas en otros cuerpos legales, corresponderá a la Comisión, en particular, las siguientes funciones y atribuciones:

11. Reemplázase en el artículo 8º el párrafo que se encuentra entre el punto seguido y el punto ¿nal por el siguiente: “Será nombrado por el Presidente de la República mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previsto en el párrafo 3º del Título VI de la Ley Nº 19.882.”.

10. Reemplázase el artículo 7º por el siguiente:

12. En el artículo 9º:

La Comisión estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley Nº 19.882.”.

500

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

b) Sustitúyese la letra c), que pasa a ser letra a), por la siguiente:

500

LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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“a) Preparar el proyecto de presupuesto de la Comisión, incluido el programa anual de acción, ejecutar el que de¿nitivamente se apruebe y proponer las modi¿caciones que se requieran durante su ejecución;”. c) En la letra d), que pasa a ser letra b): i. Reemplázase la frase: “Proponer al Consejo” por la palabra “Disponer”. ii. Suprímese el párrafo que comienza con la palabra “sancionando” y termina con la palabra “Comisión” y la coma (,) que lo precede. d) Suprímese, en la letra e), que pasa a ser letra c), la frase “, sujetándose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte el Consejo”. e) Suprímense las letras f) y g). f) En la letra h), que pasa a ser letra d), reemplázase la frase: “dando cuenta de todo ello al Consejo” por la siguiente: “conforme a la ley”. g) En la letra i), que pasa a ser letra e) suprímese la frase: “, sujetándose a los acuerdos e instrucciones del Consejo”. h) Las letras j), k) y l), pasan a ser letras f), g) y h), respectivamente, sin enmiendas. 13. Incorpórase, antes del artículo 11, el siguiente epígrafe: “TÍTULO III Disposiciones Comunes”. 14. Agrégase el siguiente artículo 12: “Artículo 12.- En el cumplimiento de sus funciones, y para el ejercicio de éstas, tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de Energía podrán requerir de los Ministerios, Servicios Públicos y entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, los antecedentes y la información necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando los funcionarios que dispongan de dichos antecedentes e informaciones, obligados a proporcionarlos en el más breve plazo. El

“Artículo 12.- En el cumplimiento de sus funciones, y para el ejercicio de éstas, tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de Energía podrán requerir de los Ministerios, Servicios Públicos y entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, los antecedentes y la información necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando los funcionarios que dispongan de dichos antecedentes e informaciones, obligados a proporcionarlos en el más breve plazo. El 14. Agrégase el siguiente artículo 12: 13. Incorpórase, antes del artículo 11, el siguiente epígrafe: “TÍTULO III Disposiciones Comunes”. h) Las letras j), k) y l), pasan a ser letras f), g) y h), respectivamente, sin enmiendas. g) En la letra i), que pasa a ser letra e) suprímese la frase: “, sujetándose a los acuerdos e instrucciones del Consejo”. f) En la letra h), que pasa a ser letra d), reemplázase la frase: “dando cuenta de todo ello al Consejo” por la siguiente: “conforme a la ley”. e) Suprímense las letras f) y g). d) Suprímese, en la letra e), que pasa a ser letra c), la frase “, sujetándose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte el Consejo”. ii. Suprímese el párrafo que comienza con la palabra “sancionando” y termina con la palabra “Comisión” y la coma (,) que lo precede. i. Reemplázase la frase: “Proponer al Consejo” por la palabra “Disponer”. c) En la letra d), que pasa a ser letra b): “a) Preparar el proyecto de presupuesto de la Comisión, incluido el programa anual de acción, ejecutar el que de¿nitivamente se apruebe y proponer las modi¿caciones que se requieran durante su ejecución;”. LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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incumplimiento de esta obligación podrá ser administrativamente sancionado, en caso de negligencia, por la Contraloría General de la República, en conformidad a las reglas generales.

incumplimiento de esta obligación podrá ser administrativamente sancionado, en caso de negligencia, por la Contraloría General de la República, en conformidad a las reglas generales. ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

“i) Suscribir en representación del Estado, previo informe favorable del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre, con los requisitos y bajo las

Asimismo, podrán requerir la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones a las entidades y empresas del sector energía y a los usuarios no sujetos a regulación de precios a los que se re¿ere el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, del año 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre Ley General de Servicios Eléctricos, en la medida que no perjudique las funciones propias de las entidades, empresas y usuarios señalados. Las entidades o empresas requeridas en uso de la facultad señalada precedentemente, sólo podrán exceptuarse de entregar la información solicitada, invocando una norma legal vigente sobre secreto. El incumplimiento del requerimiento de información o de la obligación de proporcionarla sin mediar aquél, así como la entrega de información falsa, incompleta o mani¿estamente errónea, serán sancionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley Nº 18.410.

2. Sustitúyese la letra i), por la siguiente:

Los funcionarios de ambas instituciones y las personas que le presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación, deberán guardar reserva de los documentos y antecedentes señalados en los incisos precedentes, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción de esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan. Esta prohibición, en bene¿cio propio o de terceros, obliga hasta tres años después de dejar el cargo funcionario o haber prestado servicios.”.

1. Suprímese la letra g).

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 5º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 302, del año 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Ministerio de Minería, de la siguiente manera:

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 5º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 302, del año 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Ministerio de Minería, de la siguiente manera:

1. Suprímese la letra g).

Los funcionarios de ambas instituciones y las personas que le presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación, deberán guardar reserva de los documentos y antecedentes señalados en los incisos precedentes, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción de esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan. Esta prohibición, en bene¿cio propio o de terceros, obliga hasta tres años después de dejar el cargo funcionario o haber prestado servicios.”.

2. Sustitúyese la letra i), por la siguiente:

Asimismo, podrán requerir la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones a las entidades y empresas del sector energía y a los usuarios no sujetos a regulación de precios a los que se re¿ere el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, del año 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre Ley General de Servicios Eléctricos, en la medida que no perjudique las funciones propias de las entidades, empresas y usuarios señalados. Las entidades o empresas requeridas en uso de la facultad señalada precedentemente, sólo podrán exceptuarse de entregar la información solicitada, invocando una norma legal vigente sobre secreto. El incumplimiento del requerimiento de información o de la obligación de proporcionarla sin mediar aquél, así como la entrega de información falsa, incompleta o mani¿estamente errónea, serán sancionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley Nº 18.410.

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

“i) Suscribir en representación del Estado, previo informe favorable del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre, con los requisitos y bajo las

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LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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condiciones que el Presidente de la República ¿je por decreto supremo, los contratos especiales de operación a que se re¿ere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política que tengan por objeto sustancias minerales metálicas o no metálicas no susceptibles de concesión, con exclusión de los hidrocarburos y los materiales atómicos naturales; ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación antes mencionado le señalen, y celebrar, en representación del Estado, previo informe favorable del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre, contratos de servicio que tengan por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión.”. Artículo 4º.- Modifícase la Ley Nº 16.319, Ley Orgánica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de la siguiente manera: 1. Sustitúyese en el inciso tercero de su artículo 1º, la palabra “Minería” por “Energía”. 2. Sustitúyese en la letra b) del inciso tercero del artículo 9º, la palabra “Minería” por “Energía”. Artículo 5º.- Sustitúyese en la Ley Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear, en todas las disposiciones en que se encuentra, la palabra “Minería” por “Energía”. Artículo 6º.- Modifícase la Ley Nº 19.657, Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica, de la siguiente manera: 1. Sustitúyese, en todas las disposiciones en que se encuentran, salvo en el artículo 9º, las expresiones “Ministerio de Minería” y “Ministro de Minería”, por las expresiones “Ministerio de Energía” y “Ministro de Energía”, respectivamente. 2. En el inciso primero del artículo 8º, reemplázase la frase “la Comisión Nacional de Energía y” por el artículo “los”. 3. Suprímese en el inciso primero del artículo 19, la frase “, previo informe de la Comisión Nacional de Energía”.

3. Suprímese en el inciso primero del artículo 19, la frase “, previo informe de la Comisión Nacional de Energía”. 2. En el inciso primero del artículo 8º, reemplázase la frase “la Comisión Nacional de Energía y” por el artículo “los”. 1. Sustitúyese, en todas las disposiciones en que se encuentran, salvo en el artículo 9º, las expresiones “Ministerio de Minería” y “Ministro de Minería”, por las expresiones “Ministerio de Energía” y “Ministro de Energía”, respectivamente. Artículo 6º.- Modifícase la Ley Nº 19.657, Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica, de la siguiente manera: Artículo 5º.- Sustitúyese en la Ley Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear, en todas las disposiciones en que se encuentra, la palabra “Minería” por “Energía”. 2. Sustitúyese en la letra b) del inciso tercero del artículo 9º, la palabra “Minería” por “Energía”. 1. Sustitúyese en el inciso tercero de su artículo 1º, la palabra “Minería” por “Energía”. Artículo 4º.- Modifícase la Ley Nº 16.319, Ley Orgánica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de la siguiente manera: condiciones que el Presidente de la República ¿je por decreto supremo, los contratos especiales de operación a que se re¿ere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política que tengan por objeto sustancias minerales metálicas o no metálicas no susceptibles de concesión, con exclusión de los hidrocarburos y los materiales atómicos naturales; ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación antes mencionado le señalen, y celebrar, en representación del Estado, previo informe favorable del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre, contratos de servicio que tengan por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión.”. LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

2. Sustitúyense en los incisos tercero y séptimo del artículo 5º la palabra “Minería” por “Energía”.

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4. Suprímese, en el inciso segundo del artículo 36, la frase ¿nal “, y a la Comisión Nacional de Energía”.

1. Sustitúyense en los incisos primero, quinto y noveno del artículo 2º, la palabra “Minería” por “Energía”.

5. Suprímese en el inciso segundo del artículo 39, la frase ¿nal “, y a la Comisión Nacional de Energía”.

Artículo 9º.- Modifícase la Ley Nº 19.030, que Crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, de la siguiente manera:

Artículo 7º.- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1987, del Ministerio de Minería, que establece normas sobre contratos especiales de operación para la exploración y explotación o bene¿cio de yacimientos de hidrocarburos, la palabra “Minería” por “Energía”.

- Sustitúyese en el inciso segundo, la palabra “Minería” por “Energía”.

Artículo 8º.- Modifícase la Ley Nº 20.063, que Crea Fondos de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, de la siguiente manera:

2. En el artículo 6º: 1. En el artículo 2º: Artículo 8º.- Modifícase la Ley Nº 20.063, que Crea Fondos de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, de la siguiente manera:

- Sustitúyese en su inciso tercero la palabra “Minería” por “Energía”.

a) Sustitúyense en los incisos primero y segundo, la palabra “Minería” por “Energía”.

2. En el artículo 6º:

b) Sustitúyese en el inciso noveno la palabra “Minería” por “Energía”.

b) Sustitúyese en el inciso noveno la palabra “Minería” por “Energía”.

- Sustitúyese en su inciso tercero la palabra “Minería” por “Energía”.

a) Sustitúyense en los incisos primero y segundo, la palabra “Minería” por “Energía”.

3. En el artículo 8º:

1. En el artículo 2º:

- Sustitúyese en el inciso segundo, la palabra “Minería” por “Energía”.

Artículo 7º.- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1987, del Ministerio de Minería, que establece normas sobre contratos especiales de operación para la exploración y explotación o bene¿cio de yacimientos de hidrocarburos, la palabra “Minería” por “Energía”.

Artículo 9º.- Modifícase la Ley Nº 19.030, que Crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, de la siguiente manera:

5. Suprímese en el inciso segundo del artículo 39, la frase ¿nal “, y a la Comisión Nacional de Energía”.

1. Sustitúyense en los incisos primero, quinto y noveno del artículo 2º, la palabra “Minería” por “Energía”.

4. Suprímese, en el inciso segundo del artículo 36, la frase ¿nal “, y a la Comisión Nacional de Energía”. ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

2. Sustitúyense en los incisos tercero y séptimo del artículo 5º la palabra “Minería” por “Energía”.

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3. En el artículo 8º:

LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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Artículo 10.- Modifícase la Ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de la siguiente manera: 1. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 1º las palabras “Economía, Fomento y Reconstrucción” por la palabra “Energía”. 2. Reemplázase en el artículo 3º, el numeral 14 por el siguiente: “14.- Autorizar a organismos de certi¿cación, organismos de inspección, laboratorios de ensayos o entidades de control para que realicen o hagan realizar bajo su exclusiva responsabilidad las pruebas y ensayos que la Superintendencia estime necesarios, con el objeto de otorgar un certi¿cado de aprobación a los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos, que acrediten que cumplen con las especi¿caciones de seguridad, e¿ciencia energética y, o calidad establecidas y no constituyen peligro para las personas o cosas. La Superintendencia ¿scalizará el debido cumplimiento de las funciones asignadas a los organismos, laboratorios o entidades autorizadas de acuerdo a este número y mantendrá un registro de las mismas. Los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que, de conformidad con la normativa vigente, deban sujetarse a la certi¿cación prevista en el párrafo anterior, no podrán comercializarse en el país sin contar con el o los respectivos certi¿cados de aprobación que acrediten el cumplimiento de los estándares establecidos en materia de seguridad, calidad, y, o e¿ciencia energética y con la respectiva etiqueta de consumo energético, de ser ésta exigible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.224, de 1978. Cumplidos con los requisitos establecidos por la Superintendencia, deberán integrar el registro a que se re¿ere el inciso primero todos aquellos organismos de certi¿cación, organismos de inspección, laboratorios de ensayos o entidades de control nacionales e internacionales. Dichos organismos, laboratorios o entidades se mantendrán en el registro sólo mientras cumplan con los referidos requisitos. La Superintendencia podrá retirar del comercio, con el auxilio de la fuerza pública, la totalidad de los materiales o productos de cualquier procedencia

La Superintendencia podrá retirar del comercio, con el auxilio de la fuerza pública, la totalidad de los materiales o productos de cualquier procedencia Cumplidos con los requisitos establecidos por la Superintendencia, deberán integrar el registro a que se re¿ere el inciso primero todos aquellos organismos de certi¿cación, organismos de inspección, laboratorios de ensayos o entidades de control nacionales e internacionales. Dichos organismos, laboratorios o entidades se mantendrán en el registro sólo mientras cumplan con los referidos requisitos. Los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que, de conformidad con la normativa vigente, deban sujetarse a la certi¿cación prevista en el párrafo anterior, no podrán comercializarse en el país sin contar con el o los respectivos certi¿cados de aprobación que acrediten el cumplimiento de los estándares establecidos en materia de seguridad, calidad, y, o e¿ciencia energética y con la respectiva etiqueta de consumo energético, de ser ésta exigible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.224, de 1978. “14.- Autorizar a organismos de certi¿cación, organismos de inspección, laboratorios de ensayos o entidades de control para que realicen o hagan realizar bajo su exclusiva responsabilidad las pruebas y ensayos que la Superintendencia estime necesarios, con el objeto de otorgar un certi¿cado de aprobación a los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos, que acrediten que cumplen con las especi¿caciones de seguridad, e¿ciencia energética y, o calidad establecidas y no constituyen peligro para las personas o cosas. La Superintendencia ¿scalizará el debido cumplimiento de las funciones asignadas a los organismos, laboratorios o entidades autorizadas de acuerdo a este número y mantendrá un registro de las mismas. 2. Reemplázase en el artículo 3º, el numeral 14 por el siguiente: 1. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 1º las palabras “Economía, Fomento y Reconstrucción” por la palabra “Energía”. Artículo 10.- Modifícase la Ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de la siguiente manera: LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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4. Agregáse un artículo 17 bis, nuevo, del siguiente tenor:

1. Sustitúyese, en todas las disposiciones en que se encuentran, las expresiones “Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la palabra “Energía”.

3. Intercálase, en el número 6) del inciso cuarto del artículo 15, después de la palabra “Superintendencia” las palabras “Ministerio de Energía”, precedidas por una coma (,).

2. Suprímese, en el artículo 47, las expresiones “, bajo la dependencia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”.

El certi¿cado de aprobación dará derecho al uso de un distintivo en los productos respectivos. El uso indebido de éste será sancionado de conformidad a esta ley.”.

Artículo 12.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del año 1979, del Ministerio de Minería, de la siguiente manera:

que, estando obligados a obtener certi¿cado de aprobación y la respectiva etiqueta, sean comercializados en el país sin contar con aquéllos.

1. Sustitúyese, en todas las disposiciones en que se encuentran, las expresiones “Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la expresión “Energía”.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

2. Reemplázase, en el artículo sexto, las expresiones “conjunto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por las expresiones “del Ministerio de Energía”.

506

“Artículo 17 bis.- La Superintendencia no podrá aplicar sanciones luego de transcurridos tres años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse la infracción o de ocurrir la omisión sancionada.”.

Artículo 11.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 323, del año 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas, de la siguiente manera:

5. Sustitúyese en el inciso ¿nal del artículo 23, las palabras “Economía, Fomento y Reconstrucción” por la palabra “Energía” las dos veces que aparece.

5. Sustitúyese en el inciso ¿nal del artículo 23, las palabras “Economía, Fomento y Reconstrucción” por la palabra “Energía” las dos veces que aparece.

Artículo 11.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 323, del año 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas, de la siguiente manera:

“Artículo 17 bis.- La Superintendencia no podrá aplicar sanciones luego de transcurridos tres años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse la infracción o de ocurrir la omisión sancionada.”. 506

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

2. Reemplázase, en el artículo sexto, las expresiones “conjunto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por las expresiones “del Ministerio de Energía”.

que, estando obligados a obtener certi¿cado de aprobación y la respectiva etiqueta, sean comercializados en el país sin contar con aquéllos.

1. Sustitúyese, en todas las disposiciones en que se encuentran, las expresiones “Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la expresión “Energía”.

El certi¿cado de aprobación dará derecho al uso de un distintivo en los productos respectivos. El uso indebido de éste será sancionado de conformidad a esta ley.”.

Artículo 12.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del año 1979, del Ministerio de Minería, de la siguiente manera:

3. Intercálase, en el número 6) del inciso cuarto del artículo 15, después de la palabra “Superintendencia” las palabras “Ministerio de Energía”, precedidas por una coma (,).

2. Suprímese, en el artículo 47, las expresiones “, bajo la dependencia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”.

4. Agregáse un artículo 17 bis, nuevo, del siguiente tenor:

1. Sustitúyese, en todas las disposiciones en que se encuentran, las expresiones “Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la palabra “Energía”.

LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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3. Suprímese el artículo octavo. Artículo 13.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, del año 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos, de la siguiente manera: 1. Sustitúyese, en el artículo 9º, la expresión “al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por la siguiente: “al Ministerio de Energía”. 2. Sustitúyense, en los artículos 11, 17, 25, 26, 29, 33, 59, 63, 74, 75, 137, 146, 163, 210; 212, inciso ¿nal, y 220, las expresiones “Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la expresión “Energía”. 3. Intercálase, en el inciso séptimo del artículo 94, después de la palabra “Ministerio”, las palabras “de Energía”. 4. Sustitúyese, en los artículos 92, inciso primero; 94, inciso sexto; 112, inciso primero; 169; 178; 189; 203, y 206, la expresión “al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “al Ministerio de Energía”. 5. Sustitúyese, en los artículos 47, incisos segundo y cuarto; 83; 94, inciso quinto; 115, inciso ¿nal; 147, inciso ¿nal; 152; 184, inciso ¿nal, y 190, la expresión “el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “el Ministerio de Energía”. 6. Sustitúyese, en los artículos 92, inciso segundo; 99, inciso ¿nal, y 171, la expresión “el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “el Ministro de Energía”. 7. Sustitúyese, en el artículo 97, la expresión “al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “al Ministro de Energía”. 8. Sustitúyese, en los artículos 47, inciso primero; 112, inciso ¿nal; 151, incisos primero y segundo; 158, y 178, inciso ¿nal, la expresión “del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “del Ministerio de Energía”. 9. Sustitúyese en el artículo 87º la expresión “Economía, Fomento y Reconstrucción” por “Energía”.

9. Sustitúyese en el artículo 87º la expresión “Economía, Fomento y Reconstrucción” por “Energía”. 8. Sustitúyese, en los artículos 47, inciso primero; 112, inciso ¿nal; 151, incisos primero y segundo; 158, y 178, inciso ¿nal, la expresión “del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “del Ministerio de Energía”. 7. Sustitúyese, en el artículo 97, la expresión “al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “al Ministro de Energía”. 6. Sustitúyese, en los artículos 92, inciso segundo; 99, inciso ¿nal, y 171, la expresión “el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “el Ministro de Energía”. 5. Sustitúyese, en los artículos 47, incisos segundo y cuarto; 83; 94, inciso quinto; 115, inciso ¿nal; 147, inciso ¿nal; 152; 184, inciso ¿nal, y 190, la expresión “el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “el Ministerio de Energía”. 4. Sustitúyese, en los artículos 92, inciso primero; 94, inciso sexto; 112, inciso primero; 169; 178; 189; 203, y 206, la expresión “al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por “al Ministerio de Energía”. 3. Intercálase, en el inciso séptimo del artículo 94, después de la palabra “Ministerio”, las palabras “de Energía”. 2. Sustitúyense, en los artículos 11, 17, 25, 26, 29, 33, 59, 63, 74, 75, 137, 146, 163, 210; 212, inciso ¿nal, y 220, las expresiones “Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la expresión “Energía”. 1. Sustitúyese, en el artículo 9º, la expresión “al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por la siguiente: “al Ministerio de Energía”. Artículo 13.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, del año 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos, de la siguiente manera: 3. Suprímese el artículo octavo. LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

507

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

“En caso que sea requerido por otras leyes, se entenderá que los obligados a ejecutar las obras de expansión del sistema de transmisión troncal que determine el decreto, cuentan con la calidad de concesionarios de los servicios eléctricos. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes Nºs. 19.300 y 20.283, y demás normas legales pertinentes.”.

508

17. Agrégase, en el artículo 99, el siguiente inciso ¿nal, nuevo:

10. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 73, la palabra “proponga” por la palabra “determine”.

b) Sustitúyese en su inciso sexto las palabras “a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión” por “a la Subsecretaría de Energía”.

11. Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 135, la frase “el Consejo Directivo de la Comisión podrá acordar” por “el Ministro de Energía podrá disponer”.

a) Sustitúyese en su inciso segundo las palabras “la Comisión” por “la Subsecretaría de Energía”.

12. Sustitúyese, en el inciso tercero del artículo 137, la frase “de acuerdo a las normas y reglamentos que proponga la Comisión” por la siguiente: “de acuerdo a las normas técnicas que determine la Comisión y la reglamentación pertinente”.

16. En el artículo 212:

13. Suprímese, en el inciso segundo del artículo 150, la frase “el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con informe de”.

15. Suprímense, en el inciso cuarto del artículo 211, las frases “Presidente de la Comisión Nacional” y “, con acuerdo del Consejo Directivo”.

14. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 170, la frase “la Comisión, previo acuerdo de su Consejo Directivo” por “el Ministerio de Energía, mediante resolución exenta fundada”.

14. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 170, la frase “la Comisión, previo acuerdo de su Consejo Directivo” por “el Ministerio de Energía, mediante resolución exenta fundada”.

15. Suprímense, en el inciso cuarto del artículo 211, las frases “Presidente de la Comisión Nacional” y “, con acuerdo del Consejo Directivo”.

13. Suprímese, en el inciso segundo del artículo 150, la frase “el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con informe de”.

16. En el artículo 212:

12. Sustitúyese, en el inciso tercero del artículo 137, la frase “de acuerdo a las normas y reglamentos que proponga la Comisión” por la siguiente: “de acuerdo a las normas técnicas que determine la Comisión y la reglamentación pertinente”.

a) Sustitúyese en su inciso segundo las palabras “la Comisión” por “la Subsecretaría de Energía”.

11. Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 135, la frase “el Consejo Directivo de la Comisión podrá acordar” por “el Ministro de Energía podrá disponer”.

b) Sustitúyese en su inciso sexto las palabras “a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión” por “a la Subsecretaría de Energía”.

10. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 73, la palabra “proponga” por la palabra “determine”.

17. Agrégase, en el artículo 99, el siguiente inciso ¿nal, nuevo:

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

“En caso que sea requerido por otras leyes, se entenderá que los obligados a ejecutar las obras de expansión del sistema de transmisión troncal que determine el decreto, cuentan con la calidad de concesionarios de los servicios eléctricos. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes Nºs. 19.300 y 20.283, y demás normas legales pertinentes.”.

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LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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Artículo 14.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 71 de la Ley Nº 19.300, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, antes de las palabras “y Bienes Nacionales”, la palabra “Energía”. Artículo 15.- Las atribuciones que con¿eran las leyes y decretos supremos al Ministerio de Minería, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o a la Comisión Nacional de Energía, o al respectivo Ministro, en todas aquellas materias que son de la competencia del Ministerio de Energía en virtud de la presente ley, se entenderán conferidas al Ministerio o Ministro de Energía, según corresponda, por el solo ministerio de la ley. En especial, el Ministerio de Energía ejercerá todas las competencias que en el sector energía tiene el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, salvo en aquellas materias en las que expresamente la ley dispone la intervención de este último Ministerio, así como las que previamente tenía el Ministerio del Interior, en las materias a que se re¿eren las siguientes disposiciones de rango legal: Decreto con Fuerza de Ley Nº 323, de 1931; Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1979, del Ministerio de Minería, y el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que ¿ja el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias: a) Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Energía, el régimen de remuneraciones que le será aplicable, y las asignaciones, bene¿cios u otros emolumentos que se les asigne. El encasillamiento en esta planta incluirá sólo a personal proveniente de la Comisión Nacional de Energía. b) Modi¿car la planta de personal de la Comisión Nacional de Energía.

b) Modi¿car la planta de personal de la Comisión Nacional de Energía. a) Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Energía, el régimen de remuneraciones que le será aplicable, y las asignaciones, bene¿cios u otros emolumentos que se les asigne. El encasillamiento en esta planta incluirá sólo a personal proveniente de la Comisión Nacional de Energía. Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias: DISPOSICIONES TRANSITORIAS En especial, el Ministerio de Energía ejercerá todas las competencias que en el sector energía tiene el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, salvo en aquellas materias en las que expresamente la ley dispone la intervención de este último Ministerio, así como las que previamente tenía el Ministerio del Interior, en las materias a que se re¿eren las siguientes disposiciones de rango legal: Decreto con Fuerza de Ley Nº 323, de 1931; Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1979, del Ministerio de Minería, y el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que ¿ja el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería. Artículo 15.- Las atribuciones que con¿eran las leyes y decretos supremos al Ministerio de Minería, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o a la Comisión Nacional de Energía, o al respectivo Ministro, en todas aquellas materias que son de la competencia del Ministerio de Energía en virtud de la presente ley, se entenderán conferidas al Ministerio o Ministro de Energía, según corresponda, por el solo ministerio de la ley. Artículo 14.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 71 de la Ley Nº 19.300, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, antes de las palabras “y Bienes Nacionales”, la palabra “Energía”. LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

ii) No podrá signi¿car pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, modi¿cación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado y del que no se traspase. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén

510

i) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado y del que no se traspase.

c) Para ordenar el traspaso de funcionarios titulares de planta y a contrata entre las instituciones señaladas en la letra a), sin alterar la calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, y el traspaso de los recursos que se liberen por este hecho. El traspaso de los funcionarios de planta y contrata y de los cargos que sirven, se realizará en el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. En el respectivo Decreto con Fuerza de Ley se determinará el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo mediante decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Hacienda.

f) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

d) Establecer las normas complementarias al artículo 15 de la Ley Nº 18.834, respecto de los encasillamientos derivados de las plantas que ¿je de conformidad con las atribuciones establecidas en este artículo.

e) Establecer los requisitos para el desempeño de los cargos, sus denominaciones, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de la Ley Nº 19.882, si correspondiere, las fechas de vigencia de las plantas, las dotaciones máximas de personal y todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que ¿je y modi¿que de acuerdo a lo señalado en las letras a) y b).

e) Establecer los requisitos para el desempeño de los cargos, sus denominaciones, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de la Ley Nº 19.882, si correspondiere, las fechas de vigencia de las plantas, las dotaciones máximas de personal y todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que ¿je y modi¿que de acuerdo a lo señalado en las letras a) y b).

d) Establecer las normas complementarias al artículo 15 de la Ley Nº 18.834, respecto de los encasillamientos derivados de las plantas que ¿je de conformidad con las atribuciones establecidas en este artículo.

f) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

c) Para ordenar el traspaso de funcionarios titulares de planta y a contrata entre las instituciones señaladas en la letra a), sin alterar la calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, y el traspaso de los recursos que se liberen por este hecho. El traspaso de los funcionarios de planta y contrata y de los cargos que sirven, se realizará en el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. En el respectivo Decreto con Fuerza de Ley se determinará el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo mediante decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Hacienda.

i) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado y del que no se traspase.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

ii) No podrá signi¿car pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, modi¿cación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado y del que no se traspase. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén

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LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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prestando servicios, salvo con su consentimiento. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada mediante planilla suplementaria, la que mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa y no se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que provengan de promociones que bene¿cien a los funcionarios traspasados o reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. iii) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. iv) El mayor gasto que se derive de la nueva planta que se ¿je y del encasillamiento que se practique, considerando su efecto año completo, no podrá exceder de la cantidad de $ 881.185 miles. Artículo segundo.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el presupuesto de la Subsecretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía y traspasará a la primera los fondos correspondientes al traspaso de personal y bienes para que cumpla sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modi¿car las asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes. El Ministerio de Energía se constituirá para todos los efectos en el sucesor legal de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Minería, respecto de actos administrativos, contratos, procesos licitatorios y otras actuaciones que se deriven del traspaso de funciones en materias de su competencia, de manera que las menciones que la legislación general o especial realice a las precitadas instituciones se entenderán hechas al Ministerio de Energía cuando correspondiese. Al presupuesto de la Subsecretaría de Energía, conformado de la forma indicada en el presente artículo, deberán transferirse los recursos presupuestarios que se liberen por aplicación de las disposiciones de este inciso. Todos los programas, proyectos de inversión, de cooperación o asistencia internacional que a la fecha de vigencia de la presente ley se estén realizando con la participación de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Minería, y que correspondan a funciones cuya competencia

Todos los programas, proyectos de inversión, de cooperación o asistencia internacional que a la fecha de vigencia de la presente ley se estén realizando con la participación de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Minería, y que correspondan a funciones cuya competencia El Ministerio de Energía se constituirá para todos los efectos en el sucesor legal de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Minería, respecto de actos administrativos, contratos, procesos licitatorios y otras actuaciones que se deriven del traspaso de funciones en materias de su competencia, de manera que las menciones que la legislación general o especial realice a las precitadas instituciones se entenderán hechas al Ministerio de Energía cuando correspondiese. Al presupuesto de la Subsecretaría de Energía, conformado de la forma indicada en el presente artículo, deberán transferirse los recursos presupuestarios que se liberen por aplicación de las disposiciones de este inciso. Artículo segundo.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el presupuesto de la Subsecretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía y traspasará a la primera los fondos correspondientes al traspaso de personal y bienes para que cumpla sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modi¿car las asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes. iv) El mayor gasto que se derive de la nueva planta que se ¿je y del encasillamiento que se practique, considerando su efecto año completo, no podrá exceder de la cantidad de $ 881.185 miles. iii) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. prestando servicios, salvo con su consentimiento. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada mediante planilla suplementaria, la que mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa y no se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que provengan de promociones que bene¿cien a los funcionarios traspasados o reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Asimismo, la mencionada Agencia deberá, anualmente, ilustrar a la Cámara de Diputados respecto de las actividades que hubieren sido ¿nanciadas con recursos públicos y que integren sus programas en ejecución, remitiéndole un informe que incluya una memoria respecto al cumplimiento de los objetivos y la inversión de los recursos respectivos. Dicha memoria

512

La entidad que se forme en ningún caso podrá celebrar ninguna clase de operación que pueda comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad ¿nanciera del Estado o sus organismos.

se traspasa al Ministerio de Energía, seguirán ejecutándose por la Subsecretaría de Energía y los recursos y bienes destinados a tales programas, proyectos de inversión, de cooperación o asistencia internacional, ingresarán a su patrimonio.

La referida entidad se denominará “Agencia Chilena de E¿ciencia Energética”, la que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no podrá ejercer potestades públicas.

Artículo tercero.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año se ¿nanciará con cargo a la partida presupuestaria de la Comisión Nacional de Energía. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere ¿nanciar con esos recursos.

Del mismo modo, estos organismos estarán facultados para participar en la disolución y liquidación de dicha entidad, con arreglo a sus estatutos.

Artículo cuarto.- Facúltase a la Comisión Nacional de Energía, representada para estos efectos por su Ministro Presidente, y al Ministerio de Hacienda, para que participen en la formación y constitución de una persona jurídica de derecho privado, sin ¿nes de lucro, regulada en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuyo objetivo fundamental sea el estudio, evaluación, promoción, información y desarrollo de todo tipo de iniciativas relacionadas con la diversi¿cación, ahorro y uso e¿ciente de la energía.

Artículo cuarto.- Facúltase a la Comisión Nacional de Energía, representada para estos efectos por su Ministro Presidente, y al Ministerio de Hacienda, para que participen en la formación y constitución de una persona jurídica de derecho privado, sin ¿nes de lucro, regulada en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuyo objetivo fundamental sea el estudio, evaluación, promoción, información y desarrollo de todo tipo de iniciativas relacionadas con la diversi¿cación, ahorro y uso e¿ciente de la energía.

Del mismo modo, estos organismos estarán facultados para participar en la disolución y liquidación de dicha entidad, con arreglo a sus estatutos.

Artículo tercero.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año se ¿nanciará con cargo a la partida presupuestaria de la Comisión Nacional de Energía. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere ¿nanciar con esos recursos.

La referida entidad se denominará “Agencia Chilena de E¿ciencia Energética”, la que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no podrá ejercer potestades públicas.

se traspasa al Ministerio de Energía, seguirán ejecutándose por la Subsecretaría de Energía y los recursos y bienes destinados a tales programas, proyectos de inversión, de cooperación o asistencia internacional, ingresarán a su patrimonio.

La entidad que se forme en ningún caso podrá celebrar ninguna clase de operación que pueda comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad ¿nanciera del Estado o sus organismos.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Asimismo, la mencionada Agencia deberá, anualmente, ilustrar a la Cámara de Diputados respecto de las actividades que hubieren sido ¿nanciadas con recursos públicos y que integren sus programas en ejecución, remitiéndole un informe que incluya una memoria respecto al cumplimiento de los objetivos y la inversión de los recursos respectivos. Dicha memoria

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deberá contemplar un desglose del gasto efectuado por cada programa, la normativa aplicable, su estructura orgánica, su dotación de personal, los recursos recibidos por organismos públicos, y las auditorías realizadas. Toda la información que deba entregarse en virtud de lo dispuesto en este artículo será pública y deberá encontrarse a disposición permanente del público y en el sitio electrónico de la entidad. En la persona jurídica señalada en los incisos anteriores deberán participar organismos privados representativos de amplios sectores de la economía y la sociedad, tales como universidades, institutos de investigación u organizaciones empresariales transversales y representativas, en una proporción no menor al 30% ni mayor al 50%. Los estatutos de la corporación o fundación deberán contemplar el mecanismo de reemplazo de los organismos privados participantes en caso que su participación sea inferior a la señalada. El directorio de la referida persona jurídica deberá tener como máximo nueve miembros. Los ministros correspondientes, mediante resolución, nombrarán uno o más representantes que estarán facultados para participar en los órganos de dirección y administración, de conformidad con los estatutos de la entidad a que se re¿ere el presente artículo. Las facultades conferidas en este artículo a la Comisión Nacional de Energía se entenderán otorgadas al Ministerio de Energía a contar de la fecha a que se re¿ere el inciso primero del artículo quinto transitorio. De constituirse la entidad a que se re¿ere el presente artículo con anterioridad a dicha fecha, el Ministerio de Energía sucederá, a contar de la misma data, por el solo ministerio de la ley, a la Comisión Nacional de Energía en la señalada entidad, resultando desde entonces plenamente aplicable al efecto lo dispuesto en la letra g) del inciso primero del artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.224, de 1978. Por resolución del Ministerio correspondiente se autorizará formalmente la incorporación de los Ministerios mencionados y de la Comisión Nacional de Energía a dicha entidad. Mediante el acto administrativo que corresponda y encuadrándose en los recursos que anualmente establezca la Ley de Presupuestos para estos ¿nes, se autorizarán los aportes ordinarios que se harán a esa entidad.

Por resolución del Ministerio correspondiente se autorizará formalmente la incorporación de los Ministerios mencionados y de la Comisión Nacional de Energía a dicha entidad. Mediante el acto administrativo que corresponda y encuadrándose en los recursos que anualmente establezca la Ley de Presupuestos para estos ¿nes, se autorizarán los aportes ordinarios que se harán a esa entidad. Las facultades conferidas en este artículo a la Comisión Nacional de Energía se entenderán otorgadas al Ministerio de Energía a contar de la fecha a que se re¿ere el inciso primero del artículo quinto transitorio. De constituirse la entidad a que se re¿ere el presente artículo con anterioridad a dicha fecha, el Ministerio de Energía sucederá, a contar de la misma data, por el solo ministerio de la ley, a la Comisión Nacional de Energía en la señalada entidad, resultando desde entonces plenamente aplicable al efecto lo dispuesto en la letra g) del inciso primero del artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.224, de 1978. Los ministros correspondientes, mediante resolución, nombrarán uno o más representantes que estarán facultados para participar en los órganos de dirección y administración, de conformidad con los estatutos de la entidad a que se re¿ere el presente artículo. En la persona jurídica señalada en los incisos anteriores deberán participar organismos privados representativos de amplios sectores de la economía y la sociedad, tales como universidades, institutos de investigación u organizaciones empresariales transversales y representativas, en una proporción no menor al 30% ni mayor al 50%. Los estatutos de la corporación o fundación deberán contemplar el mecanismo de reemplazo de los organismos privados participantes en caso que su participación sea inferior a la señalada. El directorio de la referida persona jurídica deberá tener como máximo nueve miembros. deberá contemplar un desglose del gasto efectuado por cada programa, la normativa aplicable, su estructura orgánica, su dotación de personal, los recursos recibidos por organismos públicos, y las auditorías realizadas. Toda la información que deba entregarse en virtud de lo dispuesto en este artículo será pública y deberá encontrarse a disposición permanente del público y en el sitio electrónico de la entidad. LEY Nº 20.402 (2009). CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Artículo quinto.- La presente ley comenzará a regir a contar del primer día del mes subsiguiente al de publicación del Decreto con Fuerza de Ley que ¿je la planta de la Subsecretaría de Energía. Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. Santiago, 25 de noviembre de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Santiago González Larraín, Ministro de Minería.Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Jean Jacques Duhart Saurel, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción (S).- Marcelo Tokman Ramos, Ministro Presidente Comisión Nacional de Energía. Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Jorge Gómez Oyarzo, Subsecretario de Minería (S).

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Jorge Gómez Oyarzo, Subsecretario de Minería (S). Santiago, 25 de noviembre de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Santiago González Larraín, Ministro de Minería.Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Jean Jacques Duhart Saurel, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción (S).- Marcelo Tokman Ramos, Ministro Presidente Comisión Nacional de Energía. Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. Artículo quinto.- La presente ley comenzará a regir a contar del primer día del mes subsiguiente al de publicación del Decreto con Fuerza de Ley que ¿je la planta de la Subsecretaría de Energía. 514

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

a) Que la Ley Orgánica del Ministerio de Energía estableció la necesidad de de¿nir la organización interna de la institución, las denominaciones y

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 410

CONSIDERANDO:

MINISTERIO DE ENERGÍA

APRUEBA NUEVO TEXTO QUE FIJA LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA Nº 17, DE 2010, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

Santiago, 15 de julio de 2011 VISTO: Lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 2º de la Ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, que a su vez modi¿ca el artículo 50 del D.L. Nº 2.224, de 1978, del Ministerio de Minería; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que ¿ja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Ley Nº 19.882; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 12, de 2009, del Ministerio de Hacienda; en el Decreto Supremo Nº 12, de 1997, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que crea el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG); en el Instructivo Presidencial Nº 006, de 1994; en el Decreto Supremo Nº 158, de 2010, del Ministerio de Energía; en las Resoluciones Exentas Nº 17, Nº 255, Nº 669 y Nº 791 de 2010, todas del Ministerio de Energía; en el Decreto Supremo Nº 158, de 2010, del Ministerio de Energía, en el Instructivo Presidencial GAB PRES Nº 005, de 2008; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y CONSIDERANDO: a) Que la Ley Orgánica del Ministerio de Energía estableció la necesidad de de¿nir la organización interna de la institución, las denominaciones y

Lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 2º de la Ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, que a su vez modi¿ca el artículo 50 del D.L. Nº 2.224, de 1978, del Ministerio de Minería; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que ¿ja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Ley Nº 19.882; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 12, de 2009, del Ministerio de Hacienda; en el Decreto Supremo Nº 12, de 1997, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que crea el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG); en el Instructivo Presidencial Nº 006, de 1994; en el Decreto Supremo Nº 158, de 2010, del Ministerio de Energía; en las Resoluciones Exentas Nº 17, Nº 255, Nº 669 y Nº 791 de 2010, todas del Ministerio de Energía; en el Decreto Supremo Nº 158, de 2010, del Ministerio de Energía, en el Instructivo Presidencial GAB PRES Nº 005, de 2008; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y VISTO: Santiago, 15 de julio de 2011

APRUEBA NUEVO TEXTO QUE FIJA LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA Nº 17, DE 2010, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES MINISTERIO DE ENERGÍA

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 410

c) Que las Resoluciones Exentas Nº 255, Nº 669, Nº 791, de fechas 11 de junio, 22 de noviembre y 31 de diciembre, de 2010, todas del Ministerio de Energía, modi¿caron la Resolución Nº 17, de 2010, del Ministerio de Energía, creando la Unidad de Asuntos Indígenas, la Unidad de Auditoría Interna Ministerial y la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía, respectivamente.

e) Que uno de los objetivos del Ministerio de Energía es perfeccionar la gestión pública, enfatizando la búsqueda de resultados, compromisos y transparencia en el accionar institucional.

b) Que la Resolución Exenta Nº 17, de fecha 15 de febrero de 2010, del Ministerio de Energía, ¿jó la organización interna del ministerio, las denominaciones y funciones de cada uno de sus Gabinetes, Divisiones y Departamentos y asignó funcionarios a cada una de dichas unidades.

f) Que en atención a lo anterior, es necesario que la Subsecretaria cuente con una unidad especializada en materias de Plani¿cación Estratégica y Control de Gestión, que asesore y facilite la toma de decisiones en el cumplimiento de los objetivos de la Organización, como también de las metas, proyectos y programas de mejoramiento de la gestión.

funciones que correspondan a cada una de las unidades que sean establecidas, mediante una resolución del Ministro.

g) Que, a su vez, es conveniente reestructurar la División de Seguridad y Mercado Energético del Ministerio, creando dos divisiones independientes, para un mejor cumplimiento de los ¿nes de la institución.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

h) Que es necesario modi¿car la denominación de la División de Prospectiva y Política Energética, la denominación y fundones de la División de Energías Renovables No Convencionales y las funciones de la División de Acceso y Equidad Energética.

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d) Que es necesario adecuar la normativa que rige la organización interna del Ministerio, para que éste alcance un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones.

d) Que es necesario adecuar la normativa que rige la organización interna del Ministerio, para que éste alcance un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones.

e) Que uno de los objetivos del Ministerio de Energía es perfeccionar la gestión pública, enfatizando la búsqueda de resultados, compromisos y transparencia en el accionar institucional.

c) Que las Resoluciones Exentas Nº 255, Nº 669, Nº 791, de fechas 11 de junio, 22 de noviembre y 31 de diciembre, de 2010, todas del Ministerio de Energía, modi¿caron la Resolución Nº 17, de 2010, del Ministerio de Energía, creando la Unidad de Asuntos Indígenas, la Unidad de Auditoría Interna Ministerial y la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía, respectivamente. 516

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

h) Que es necesario modi¿car la denominación de la División de Prospectiva y Política Energética, la denominación y fundones de la División de Energías Renovables No Convencionales y las funciones de la División de Acceso y Equidad Energética.

funciones que correspondan a cada una de las unidades que sean establecidas, mediante una resolución del Ministro.

g) Que, a su vez, es conveniente reestructurar la División de Seguridad y Mercado Energético del Ministerio, creando dos divisiones independientes, para un mejor cumplimiento de los ¿nes de la institución.

b) Que la Resolución Exenta Nº 17, de fecha 15 de febrero de 2010, del Ministerio de Energía, ¿jó la organización interna del ministerio, las denominaciones y funciones de cada uno de sus Gabinetes, Divisiones y Departamentos y asignó funcionarios a cada una de dichas unidades.

f) Que en atención a lo anterior, es necesario que la Subsecretaria cuente con una unidad especializada en materias de Plani¿cación Estratégica y Control de Gestión, que asesore y facilite la toma de decisiones en el cumplimiento de los objetivos de la Organización, como también de las metas, proyectos y programas de mejoramiento de la gestión.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 17 (2010) DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

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Artículo 3º. El Jefe de Gabinete y sus asesores, apoyarán al Ministro en la coordinación del trabajo del Ministerio, siendo el órgano de enlace en las Artículo 2º. El Gabinete del Ministro de Energía estará compuesto por su Jefe de Gabinete y los asesores del Ministro, la Unidad de Auditoría Interna Ministerial, la Unidad Internacional, la Unidad de Asuntos Indígenas y la Unidad de Comunicaciones.

i) Que el Programa País E¿ciencia Energética dejó de funcionar a contar del 1 de enero de 2011, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Nº 20.402, se creó la Agencia Chilena de E¿ciencia Energética.

El sector energía comprende todas las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, consumo, uso e¿ciente, importación y exportación, y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas.

j) Que para facilitar el conocimiento y aplicación de la nueva organización interna del Ministerio de Energía, se estima conveniente aprobar un nuevo texto y dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 17, de 2010, del Ministerio de Energía, y sus modi¿caciones posteriores. RESUELVO: I. FÍJASE la organización interna del Ministerio de Energía, denominaciones y funciones de cada uno de sus Gabinetes, Divisiones, Unidades y Secretarías Regionales Ministeriales:

Artículo 1º. El objetivo general del Ministerio de Energía es elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. TÍTULO I DEL GABINETE Y OTRAS UNIDADES SR. MINISTRO DE ENERGÍA

DEPENDIENTES DEL

TÍTULO I DEL GABINETE Y OTRAS UNIDADES SR. MINISTRO DE ENERGÍA

DEPENDIENTES DEL

Artículo 1º. El objetivo general del Ministerio de Energía es elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía.

I. FÍJASE la organización interna del Ministerio de Energía, denominaciones y funciones de cada uno de sus Gabinetes, Divisiones, Unidades y Secretarías Regionales Ministeriales: RESUELVO: j) Que para facilitar el conocimiento y aplicación de la nueva organización interna del Ministerio de Energía, se estima conveniente aprobar un nuevo texto y dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 17, de 2010, del Ministerio de Energía, y sus modi¿caciones posteriores.

El sector energía comprende todas las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, consumo, uso e¿ciente, importación y exportación, y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas.

i) Que el Programa País E¿ciencia Energética dejó de funcionar a contar del 1 de enero de 2011, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Nº 20.402, se creó la Agencia Chilena de E¿ciencia Energética.

Artículo 2º. El Gabinete del Ministro de Energía estará compuesto por su Jefe de Gabinete y los asesores del Ministro, la Unidad de Auditoría Interna Ministerial, la Unidad Internacional, la Unidad de Asuntos Indígenas y la Unidad de Comunicaciones. Artículo 3º. El Jefe de Gabinete y sus asesores, apoyarán al Ministro en la coordinación del trabajo del Ministerio, siendo el órgano de enlace en las

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

2. Evacuar informes en materia de su competencia a petición del Ministro e informar de sus resultados tanto al Ministro como al Auditor General de Gobierno

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1. Proponer al Ministro políticas, planes, programas y/o acciones de aseguramiento orientados al uso económico, e¿ciente y e¿caz de los recursos públicos, al control de la e¿cacia y e¿ciencia de las operaciones ¿nancieras y contables, a la corrección de los procedimientos y a la prevención y administración de riesgos asociados a la gestión de la Administración Pública.

comunicaciones y transmitiendo las instrucciones que el Ministro disponga para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7º. Serán funciones de la Unidad de Auditoría Interna Ministerial las siguientes:

Artículo 4º. La Unidad de Auditoría Interna Ministerial prestará asesoría técnica especializada en materias de auditoría, control interno y gobernanza al Ministro de Energía, de quien dependerá directamente.

Los directivos y/o autoridades, jefaturas, auditores y demás funcionarios del Ministerio de Energía, deberán prestar la información y colaboración que les sea requerida por la Unidad de Auditoría Interna Ministerial.

Artículo 5º. La Misión de la Unidad de Auditoría Interna Ministerial será otorgar apoyo al Ministro de Energía, a objeto de evaluar y contribuir a la mejora de la e¿cacia del proceso de administración, gestión de riesgos y control. Esto lo realizará mediante una estrategia preventiva, proponiendo como producto de su acción políticas, planes, programas y medidas de control para el fortalecimiento de la gestión ministerial, la promoción de la probidad y transparencia, la prevención de la corrupción y el salvaguardo de los recursos que les han sido asignados.

Artículo 6º. Para la ejecución de sus funciones y la consecución de sus objetivos, el ámbito de acción de la Unidad de Auditoría Interna Ministerial comprenderá la totalidad de los estamentos que componen el Ministerio de Energía.

El Jefe de esta Unidad se denominará Auditor Interno Ministerial Jefe.

El Jefe de esta Unidad se denominará Auditor Interno Ministerial Jefe.

Artículo 6º. Para la ejecución de sus funciones y la consecución de sus objetivos, el ámbito de acción de la Unidad de Auditoría Interna Ministerial comprenderá la totalidad de los estamentos que componen el Ministerio de Energía.

Artículo 5º. La Misión de la Unidad de Auditoría Interna Ministerial será otorgar apoyo al Ministro de Energía, a objeto de evaluar y contribuir a la mejora de la e¿cacia del proceso de administración, gestión de riesgos y control. Esto lo realizará mediante una estrategia preventiva, proponiendo como producto de su acción políticas, planes, programas y medidas de control para el fortalecimiento de la gestión ministerial, la promoción de la probidad y transparencia, la prevención de la corrupción y el salvaguardo de los recursos que les han sido asignados.

Los directivos y/o autoridades, jefaturas, auditores y demás funcionarios del Ministerio de Energía, deberán prestar la información y colaboración que les sea requerida por la Unidad de Auditoría Interna Ministerial.

Artículo 4º. La Unidad de Auditoría Interna Ministerial prestará asesoría técnica especializada en materias de auditoría, control interno y gobernanza al Ministro de Energía, de quien dependerá directamente.

Artículo 7º. Serán funciones de la Unidad de Auditoría Interna Ministerial las siguientes:

comunicaciones y transmitiendo las instrucciones que el Ministro disponga para el cumplimiento de sus funciones.

1. Proponer al Ministro políticas, planes, programas y/o acciones de aseguramiento orientados al uso económico, e¿ciente y e¿caz de los recursos públicos, al control de la e¿cacia y e¿ciencia de las operaciones ¿nancieras y contables, a la corrección de los procedimientos y a la prevención y administración de riesgos asociados a la gestión de la Administración Pública.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

2. Evacuar informes en materia de su competencia a petición del Ministro e informar de sus resultados tanto al Ministro como al Auditor General de Gobierno

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3. Plani¿car las auditorías, objetivos ministeriales y otras revisiones, utilizando la metodología de gestión en base a riesgos u otra metodología aprobada por el Consejo que permita la identi¿cación y evaluación de los riesgos relevantes del Ministerio. 4. Efectuar tareas de seguimiento dentro de su ámbito y de coordinación con los Jefes de Servicio del Ministerio de Energía adecuándose a las directrices que imparta el Ministro y el CAIGG. 5. Veri¿car el cumplimiento de las metas y objetivos de resultados de gestión comprometidos para el periodo correspondiente.

b. Asegurar la existencia de controles que permitan prevenir la ocurrencia de situaciones que pudiesen afectar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio, de sus Servicios dependientes y/o relacionados y, en especial, respecto de sus procesos ¿nancieros y contables. a. Evaluar el grado de cumplimiento de los planes, metas y objetivos de gestión del Ministerio de Energía, sus servicios dependientes, relacionados, velando que éstos guarden armonía y coherencia con las políticas gubernamentales y sectoriales. 9. Coordinar políticas, planes y programas de auditoría interna al interior del Ministerio de Energía con un enfoque en base a riesgos con el objetivo de: 8. Promover la coherencia de las políticas y actividades de las Unidades de Auditoría Interna de su sector, respecto de aquellas emanadas de la autoridad presidencial, del Ministro y de las orientaciones entregadas por el CAIGG.

6. Efectuar acciones y/o actividades de aseguramiento en los servicios dependientes y/o relacionados, y en la Subsecretaría, a solicitud del Ministro, e informar de sus resultados al Ministro y al Auditor General de Gobierno.

7. Recopilar, evaluar, analizar y documentar la información que estime relevante para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría u otra acción de aseguramiento, los cuales deberán estar relacionados con los riesgos y controles claves del proceso auditado.

7. Recopilar, evaluar, analizar y documentar la información que estime relevante para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría u otra acción de aseguramiento, los cuales deberán estar relacionados con los riesgos y controles claves del proceso auditado.

6. Efectuar acciones y/o actividades de aseguramiento en los servicios dependientes y/o relacionados, y en la Subsecretaría, a solicitud del Ministro, e informar de sus resultados al Ministro y al Auditor General de Gobierno.

8. Promover la coherencia de las políticas y actividades de las Unidades de Auditoría Interna de su sector, respecto de aquellas emanadas de la autoridad presidencial, del Ministro y de las orientaciones entregadas por el CAIGG. 9. Coordinar políticas, planes y programas de auditoría interna al interior del Ministerio de Energía con un enfoque en base a riesgos con el objetivo de: a. Evaluar el grado de cumplimiento de los planes, metas y objetivos de gestión del Ministerio de Energía, sus servicios dependientes, relacionados, velando que éstos guarden armonía y coherencia con las políticas gubernamentales y sectoriales. b. Asegurar la existencia de controles que permitan prevenir la ocurrencia de situaciones que pudiesen afectar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio, de sus Servicios dependientes y/o relacionados y, en especial, respecto de sus procesos ¿nancieros y contables.

5. Veri¿car el cumplimiento de las metas y objetivos de resultados de gestión comprometidos para el periodo correspondiente. 4. Efectuar tareas de seguimiento dentro de su ámbito y de coordinación con los Jefes de Servicio del Ministerio de Energía adecuándose a las directrices que imparta el Ministro y el CAIGG. 3. Plani¿car las auditorías, objetivos ministeriales y otras revisiones, utilizando la metodología de gestión en base a riesgos u otra metodología aprobada por el Consejo que permita la identi¿cación y evaluación de los riesgos relevantes del Ministerio. RESOLUCIÓN EXENTA N° 17 (2010) DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Artículo 11. La Unidad de Asuntos Indígenas, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Energía, tendrá por objetivo promover y velar por la ejecución de políticas, planes, proyectos y programas orientados a la resolución integral, oportuna y pertinente de las necesidades de la población indígena con un enfoque intercultural a toda la estructura estatal; así

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Artículo 10. La Unidad Internacional dependerá del Ministro de Energía y será la responsable de asegurar la adecuada participación del Ministerio de Energía en instancias y acuerdos multinacionales, así como de elaborar y desarrollar objetivos estratégicos, políticas y programas en conjunto con otros países.

10. Veri¿car, analizar y evaluar los resultados de las auditorías y otras acciones desarrolladas por los servicios dependientes y/o relacionados y mantener informados al Ministro, al Subsecretario y al Auditor General de Gobierno de los resultados de las auditorías internas de dichos servicios, así como de la implementación de acciones correctivas para subsanar las debilidades detectadas.

Artículo 9º. La actuación de la Unidad de Auditoría Interna Ministerial, en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas, debe cumplir con características de transparencia y objetividad, velando por la con¿dencialidad de las materias y de la documentación utilizada en los casos que corresponda según la normativa vigente.

11. Requerir a los auditores internos de cada Servicio y Subsecretaría la ejecución de auditorías de carácter selectivo con el objeto de propender al fortalecimiento de la probidad; el buen uso de los recursos públicos, la corrección de los procedimientos y la prevención de riesgos asociados a la gestión.

Artículo 8º. El Auditor Ministerial no podrá efectuar funciones de línea, aparte de las acciones propias de aseguramiento, ni sumariales.

12. Acoger y seguir las orientaciones y directrices técnicas impartidas por el CAIGG.

13. Informar los resultados de la auditoría u otra acción de aseguramiento al Ministro y al Auditor General de Gobierno.

13. Informar los resultados de la auditoría u otra acción de aseguramiento al Ministro y al Auditor General de Gobierno.

12. Acoger y seguir las orientaciones y directrices técnicas impartidas por el CAIGG.

Artículo 8º. El Auditor Ministerial no podrá efectuar funciones de línea, aparte de las acciones propias de aseguramiento, ni sumariales.

11. Requerir a los auditores internos de cada Servicio y Subsecretaría la ejecución de auditorías de carácter selectivo con el objeto de propender al fortalecimiento de la probidad; el buen uso de los recursos públicos, la corrección de los procedimientos y la prevención de riesgos asociados a la gestión.

Artículo 9º. La actuación de la Unidad de Auditoría Interna Ministerial, en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas, debe cumplir con características de transparencia y objetividad, velando por la con¿dencialidad de las materias y de la documentación utilizada en los casos que corresponda según la normativa vigente.

10. Veri¿car, analizar y evaluar los resultados de las auditorías y otras acciones desarrolladas por los servicios dependientes y/o relacionados y mantener informados al Ministro, al Subsecretario y al Auditor General de Gobierno de los resultados de las auditorías internas de dichos servicios, así como de la implementación de acciones correctivas para subsanar las debilidades detectadas.

Artículo 10. La Unidad Internacional dependerá del Ministro de Energía y será la responsable de asegurar la adecuada participación del Ministerio de Energía en instancias y acuerdos multinacionales, así como de elaborar y desarrollar objetivos estratégicos, políticas y programas en conjunto con otros países.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Artículo 11. La Unidad de Asuntos Indígenas, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Energía, tendrá por objetivo promover y velar por la ejecución de políticas, planes, proyectos y programas orientados a la resolución integral, oportuna y pertinente de las necesidades de la población indígena con un enfoque intercultural a toda la estructura estatal; así

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como velar por la oportuna y e¿caz coordinación de acciones, gestiones e inversiones con otros organismos públicos que persigan tal ¿nalidad. Esta unidad dependerá del Ministro de Energía. Artículo 12. La Unidad de Comunicaciones dependerá del Ministro de Energía y será la responsable de elaborar e implementar la estrategia de comunicaciones para dar a conocer la política energética, los programas, proyectos e iniciativas del Ministerio de Energía. TÍTULO II DEL GABINETE Y OTRAS UNIDADES SR. SUBSECRETARIO DE ENERGÍA

DEPENDIENTES DEL

Artículo 17. El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía, para el ejercicio de sus funciones, dependerá directa y exclusivamente del Subsecretario. Artículo 16. La Misión de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía será asesorar y otorgar apoyo al Subsecretario, mediante una estrategia preventiva, proponiendo como producto de su acción, políticas, planes, programas, acciones y medidas de control para el fortalecimiento de la gestión institucional y el resguardo de los recursos que les han sido asignados a la Subsecretaría. Artículo 15. La Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaria de Energía prestará asesoría técnica especializada, en materias de auditoría interna, gestión, gobierno y control interno al Subsecretario, de quién dependerá directamente. Artículo 14. El Jefe de Gabinete y sus asesores, apoyarán al Subsecretario en la coordinación del trabajo de la Subsecretaria, siendo el órgano de enlace en las comunicaciones y transmitiendo las Instrucciones que el Subsecretario disponga para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 13. El Gabinete del Subsecretario de Energía estará compuesto por su Jefe de Gabinete y los asesores del Subsecretario, la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía y la Unidad de Plani¿cación y Gestión.

Artículo 13. El Gabinete del Subsecretario de Energía estará compuesto por su Jefe de Gabinete y los asesores del Subsecretario, la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía y la Unidad de Plani¿cación y Gestión.

Artículo 14. El Jefe de Gabinete y sus asesores, apoyarán al Subsecretario en la coordinación del trabajo de la Subsecretaria, siendo el órgano de enlace en las comunicaciones y transmitiendo las Instrucciones que el Subsecretario disponga para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 15. La Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaria de Energía prestará asesoría técnica especializada, en materias de auditoría interna, gestión, gobierno y control interno al Subsecretario, de quién dependerá directamente. Artículo 16. La Misión de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía será asesorar y otorgar apoyo al Subsecretario, mediante una estrategia preventiva, proponiendo como producto de su acción, políticas, planes, programas, acciones y medidas de control para el fortalecimiento de la gestión institucional y el resguardo de los recursos que les han sido asignados a la Subsecretaría. Artículo 17. El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía, para el ejercicio de sus funciones, dependerá directa y exclusivamente del Subsecretario.

TÍTULO II DEL GABINETE Y OTRAS UNIDADES SR. SUBSECRETARIO DE ENERGÍA

DEPENDIENTES DEL

Artículo 12. La Unidad de Comunicaciones dependerá del Ministro de Energía y será la responsable de elaborar e implementar la estrategia de comunicaciones para dar a conocer la política energética, los programas, proyectos e iniciativas del Ministerio de Energía. como velar por la oportuna y e¿caz coordinación de acciones, gestiones e inversiones con otros organismos públicos que persigan tal ¿nalidad. Esta unidad dependerá del Ministro de Energía. RESOLUCIÓN EXENTA N° 17 (2010) DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

f) Promover la coherencia de las políticas y actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía, con aquellas emanadas de

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e) Elaborar y proponer al Subsecretario, para su aprobación, el Plan de Auditoría Anual de la Institución.

Artículo 18. La Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía no ejecutará funciones de línea, de representación, labores sumariales o cualquier otra, que afecte su objetividad, independencia y e¿ciencia.

d) Veri¿car la existencia de adecuados sistemas de información, su con¿abilidad y oportunidad.

Artículo 19. Las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía se basarán siempre en análisis de riesgos de la organización.

c) Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la organización.

Artículo 20. La Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaria de Energía deberá otorgar permanente y oportuno aseguramiento al proceso de Gestión de Riesgos de la Institución, según las directrices entregadas por el CAIGG.

b) Evaluar el grado de economía, e¿ciencia, e¿cacia y equidad con que se utilizan los recursos humanos, ¿nancieros y materiales de la Subsecretaría.

Artículo 21. El funcionario a cargo de esta Unidad deberá coordinarse directamente con el CAIGG, manteniendo informado al Auditor Ministerial.

a) Evaluar en forma permanente el sistema de control interno de la Subsecretaría y efectuar las recomendaciones para su mejoramiento.

Artículo 22. Serán funciones de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría las siguientes:

Artículo 22. Serán funciones de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría las siguientes:

a) Evaluar en forma permanente el sistema de control interno de la Subsecretaría y efectuar las recomendaciones para su mejoramiento.

Artículo 21. El funcionario a cargo de esta Unidad deberá coordinarse directamente con el CAIGG, manteniendo informado al Auditor Ministerial.

b) Evaluar el grado de economía, e¿ciencia, e¿cacia y equidad con que se utilizan los recursos humanos, ¿nancieros y materiales de la Subsecretaría.

Artículo 20. La Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaria de Energía deberá otorgar permanente y oportuno aseguramiento al proceso de Gestión de Riesgos de la Institución, según las directrices entregadas por el CAIGG.

c) Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la organización.

Artículo 19. Las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía se basarán siempre en análisis de riesgos de la organización.

d) Veri¿car la existencia de adecuados sistemas de información, su con¿abilidad y oportunidad.

Artículo 18. La Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía no ejecutará funciones de línea, de representación, labores sumariales o cualquier otra, que afecte su objetividad, independencia y e¿ciencia.

e) Elaborar y proponer al Subsecretario, para su aprobación, el Plan de Auditoría Anual de la Institución.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

f) Promover la coherencia de las políticas y actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía, con aquellas emanadas de

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la Autoridad Presidencial, las orientaciones dadas por el CAIGG y respecto de la acción de otros organismos del Estado.

Artículo 24. La Unidad de Plani¿cación y Control de Gestión tendrá como objetivo apoyar al Subsecretario en el fortalecimiento de la gestión organizacional, a través del diseño e implementación de procesos de plani¿cación y sistemas de información para la gestión que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de Artículo 23. Para la ejecución de sus funciones y la consecución de sus objetivos, el ámbito de acción de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía comprenderá la totalidad de la organización. Las jefaturas y funcionarios de la Subsecretaría deberán prestar la colaboración necesaria, cuando les sea solicitada por dicha Unidad.

g) Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas, emanadas de los informes de auditoría, aprobadas por la autoridad.

m) Participar en todas aquellas reuniones y actividades propias de la Subsecretaría, que le permitan cumplir con lo señalado en la letra anterior.

í) Otorgar permanente y oportuno aseguramiento al proceso de gestión de riesgos de la Institución, según las directrices entregadas por el Consejo de Auditoría.

h) Participar obligatoriamente en el Comité de Auditoría Ministerial a través del Jefe de la Unidad o su representante.

j) Realizar su labor apegada a las normativas técnicas elaboradas por el CAIGG. k) Velar por la adecuada coordinación entre las Unidad de Auditoría Interna y el CAIGG. 1) Prestar, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, toda la colaboración que el CAIGG solicite, especialmente, respecto a la entrega de Información permanente del trabajo de la Unidad de Auditoría Interna y de sus resultados, con la debida veracidad, prontitud e Integridad. Igual Información deberá remitirse al Auditor Ministerial. m) Participar en todas aquellas reuniones y actividades propias de la Subsecretaría, que le permitan cumplir con lo señalado en la letra anterior. Artículo 23. Para la ejecución de sus funciones y la consecución de sus objetivos, el ámbito de acción de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Energía comprenderá la totalidad de la organización. Las jefaturas y funcionarios de la Subsecretaría deberán prestar la colaboración necesaria, cuando les sea solicitada por dicha Unidad. Artículo 24. La Unidad de Plani¿cación y Control de Gestión tendrá como objetivo apoyar al Subsecretario en el fortalecimiento de la gestión organizacional, a través del diseño e implementación de procesos de plani¿cación y sistemas de información para la gestión que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de

1) Prestar, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, toda la colaboración que el CAIGG solicite, especialmente, respecto a la entrega de Información permanente del trabajo de la Unidad de Auditoría Interna y de sus resultados, con la debida veracidad, prontitud e Integridad. Igual Información deberá remitirse al Auditor Ministerial. k) Velar por la adecuada coordinación entre las Unidad de Auditoría Interna y el CAIGG. j) Realizar su labor apegada a las normativas técnicas elaboradas por el CAIGG. í) Otorgar permanente y oportuno aseguramiento al proceso de gestión de riesgos de la Institución, según las directrices entregadas por el Consejo de Auditoría. h) Participar obligatoriamente en el Comité de Auditoría Ministerial a través del Jefe de la Unidad o su representante. g) Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas, emanadas de los informes de auditoría, aprobadas por la autoridad. la Autoridad Presidencial, las orientaciones dadas por el CAIGG y respecto de la acción de otros organismos del Estado. RESOLUCIÓN EXENTA N° 17 (2010) DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Artículo 27. La División de Prospectiva y Política Energética tendrá como objetivo el generar información e inteligencia en materia de energía

decisiones respecto de los procesos y resultados de la provisión de sus productos (bienes y servicios), y rendir cuentas de la gestión institucional del Ministerio y Subsecretaría de Energía.

Artículo 26. Las divisiones de línea de la Subsecretaría de Energía serán la División de Prospectiva y Política Energética; la División de Seguridad y Mercado Eléctrico; la División de Seguridad y Mercado de Hidrocarburos; la División de Energías Renovables; la División de E¿ciencia Energética; la División de Desarrollo Sustentable y la División de Acceso y Equidad Energética.

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Artículo 25. Serán funciones de la Unidad de Plani¿cación y Control de Gestión las siguientes: a) Diseñar, implementar y desarrollar sistemas de información y/o herramientas de recolección y sistematización de información, capaces de soportar objetivos, productos e indicadores de desempeño.

TÍTULO III DE LAS DIVISIONES DE LÍNEA DE LA SUBSECRETARIA DE ENERGÍA

b) Apoyar el levantamiento y mejora de los procesos asociados a la provisión de bienes y servicios estratégicos.

e) Analizar y validar información de los instrumentos de gestión de los servidos que dependen del Ministerio de Energía.

c) Generar y monitorear los instrumentos de gestión asociados a la Plani¿cación Estratégica y al Control de Gestión del sector público, tales como Convenios de Desempeño Colectivo (CDC); Balance de Gestión Integral (BGI); De¿niciones Estratégicas (Al); Indicadores de Desempeño de la formulación presupuestaria (H) y Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

d) Coordinar y apoyar el proceso de gestión de riesgos, bajo la metodología del CAIGG.

d) Coordinar y apoyar el proceso de gestión de riesgos, bajo la metodología del CAIGG.

c) Generar y monitorear los instrumentos de gestión asociados a la Plani¿cación Estratégica y al Control de Gestión del sector público, tales como Convenios de Desempeño Colectivo (CDC); Balance de Gestión Integral (BGI); De¿niciones Estratégicas (Al); Indicadores de Desempeño de la formulación presupuestaria (H) y Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

e) Analizar y validar información de los instrumentos de gestión de los servidos que dependen del Ministerio de Energía.

b) Apoyar el levantamiento y mejora de los procesos asociados a la provisión de bienes y servicios estratégicos.

TÍTULO III DE LAS DIVISIONES DE LÍNEA DE LA SUBSECRETARIA DE ENERGÍA

a) Diseñar, implementar y desarrollar sistemas de información y/o herramientas de recolección y sistematización de información, capaces de soportar objetivos, productos e indicadores de desempeño.

Artículo 26. Las divisiones de línea de la Subsecretaría de Energía serán la División de Prospectiva y Política Energética; la División de Seguridad y Mercado Eléctrico; la División de Seguridad y Mercado de Hidrocarburos; la División de Energías Renovables; la División de E¿ciencia Energética; la División de Desarrollo Sustentable y la División de Acceso y Equidad Energética.

decisiones respecto de los procesos y resultados de la provisión de sus productos (bienes y servicios), y rendir cuentas de la gestión institucional del Ministerio y Subsecretaría de Energía.

Artículo 27. La División de Prospectiva y Política Energética tendrá como objetivo el generar información e inteligencia en materia de energía

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Artículo 25. Serán funciones de la Unidad de Plani¿cación y Control de Gestión las siguientes: 524

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Artículo 34. Las divisiones de apoyo de la Subsecretaría de Energía serán la División de Gestión y Finanzas y la División Jurídica. TÍTULO IV DE LAS DIVISIONES DE APOYO DE LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

para desarrollar capacidades prospectivas que anticipen problemas y soluciones en el área energética.

Artículo 33. La División de Acceso y Equidad Energética tendrá como objeto el generar políticas y condiciones para el acceso equitativo a la energía de toda la población, a través de programas y proyectos, además de impulsar el desarrollo de tecnologías solares térmicas.

Artículo 28. La División de Seguridad y Mercado Eléctrico tendrá como objetivo desarrollar políticas, programas y normas que garanticen el suministro de electricidad de forma segura y e¿ciente, mediante el monitoreo de la seguridad y competitividad de los mercados, y la coordinación con la actividad regulatoria. Artículo 29. La División de Seguridad y Mercado de Hidrocarburos tendrá como objetivo desarrollar políticas, programas y normas que garanticen el suministro de hidrocarburos de forma segura y e¿ciente, mediante el monitoreo de la seguridad y competitividad de los mercados, y la coordinación con la actividad regulatoria. Artículo 30. La División de Energías Renovables tendrá como objetivo fundamental desarrollar políticas, planes, programas y normas del sector energético nacional y su mejoramiento continuo, con la ¿nalidad de promover e Incorporar en la matriz energética del país, las distintas tecnologías e innovaciones en lo concerniente a Energías Renovables No Convencionales. Artículo 31. La División de E¿ciencia Energética tendrá como objeto el desarrollar políticas, planes, líneas de acción y estándares en E¿ciencia Energética. Artículo 32. La División de Desarrollo Sustentable tendrá como objeto el coordinar y compatibilizar la política energética con el desarrollo local, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente.

Artículo 32. La División de Desarrollo Sustentable tendrá como objeto el coordinar y compatibilizar la política energética con el desarrollo local, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Artículo 31. La División de E¿ciencia Energética tendrá como objeto el desarrollar políticas, planes, líneas de acción y estándares en E¿ciencia Energética. Artículo 30. La División de Energías Renovables tendrá como objetivo fundamental desarrollar políticas, planes, programas y normas del sector energético nacional y su mejoramiento continuo, con la ¿nalidad de promover e Incorporar en la matriz energética del país, las distintas tecnologías e innovaciones en lo concerniente a Energías Renovables No Convencionales. Artículo 29. La División de Seguridad y Mercado de Hidrocarburos tendrá como objetivo desarrollar políticas, programas y normas que garanticen el suministro de hidrocarburos de forma segura y e¿ciente, mediante el monitoreo de la seguridad y competitividad de los mercados, y la coordinación con la actividad regulatoria. Artículo 28. La División de Seguridad y Mercado Eléctrico tendrá como objetivo desarrollar políticas, programas y normas que garanticen el suministro de electricidad de forma segura y e¿ciente, mediante el monitoreo de la seguridad y competitividad de los mercados, y la coordinación con la actividad regulatoria.

Artículo 33. La División de Acceso y Equidad Energética tendrá como objeto el generar políticas y condiciones para el acceso equitativo a la energía de toda la población, a través de programas y proyectos, además de impulsar el desarrollo de tecnologías solares térmicas.

para desarrollar capacidades prospectivas que anticipen problemas y soluciones en el área energética.

TÍTULO IV DE LAS DIVISIONES DE APOYO DE LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA Artículo 34. Las divisiones de apoyo de la Subsecretaría de Energía serán la División de Gestión y Finanzas y la División Jurídica.

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

5. Regiones de Los Ríos, Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, siendo Coyhaique la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

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4. Regiones del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía, siendo Concepción la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

Artículo 35. la División de Gestión y Finanzas tendrá como misión el procurar, en la cantidad, calidad y oportunidad requerida, los recursos humanos, ¿nancieros y materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos especí¿cos de los Gabinetes, Divisiones y Unidades del Ministerio; ejecutar las acciones tendientes a optimizar su aprovechamiento y veri¿car los resultados.

3. Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O’Higgins, siendo Valparaíso la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

Artículo 36. La División Jurídica es el soporte jurídico necesario para la adecuada toma de decisiones del Ministro y Subsecretario de Energía, asesorando y propendiendo a un adecuado, e¿ciente y legítimo funcionamiento del Ministerio de Energía. Asimismo, prestará la asesoría jurídica que sea necesaria a las Divisiones y Unidades de la Subsecretaría a ¿n que las funciones de éstos se adecuen al marco legal y constitucional vigente.

2. Regiones de Atacama y de Coquimbo, siendo La Serena la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

TÍTULO V DE LAS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

1. Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, siendo Antofagasta la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

Artículo 37. El Ministerio de Energía cuenta con las siguientes seis Secretarías Regionales Ministeriales, que representan al Ministerio en las regiones del país que a continuación se señalan:

Artículo 37. El Ministerio de Energía cuenta con las siguientes seis Secretarías Regionales Ministeriales, que representan al Ministerio en las regiones del país que a continuación se señalan:

1. Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, siendo Antofagasta la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

TÍTULO V DE LAS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

2. Regiones de Atacama y de Coquimbo, siendo La Serena la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

Artículo 36. La División Jurídica es el soporte jurídico necesario para la adecuada toma de decisiones del Ministro y Subsecretario de Energía, asesorando y propendiendo a un adecuado, e¿ciente y legítimo funcionamiento del Ministerio de Energía. Asimismo, prestará la asesoría jurídica que sea necesaria a las Divisiones y Unidades de la Subsecretaría a ¿n que las funciones de éstos se adecuen al marco legal y constitucional vigente.

3. Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O’Higgins, siendo Valparaíso la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

Artículo 35. la División de Gestión y Finanzas tendrá como misión el procurar, en la cantidad, calidad y oportunidad requerida, los recursos humanos, ¿nancieros y materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos especí¿cos de los Gabinetes, Divisiones y Unidades del Ministerio; ejecutar las acciones tendientes a optimizar su aprovechamiento y veri¿car los resultados.

4. Regiones del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía, siendo Concepción la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

5. Regiones de Los Ríos, Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, siendo Coyhaique la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial.

526

RESOLUCIÓN EXENTA N° 17 (2010) DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

527

6. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, siendo Punta Arenas la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial. Artículo 38. Los Secretarios Regionales Ministeriales de Energía, representarán al Ministerio en las regiones señaladas en el artículo precedente. En el cumplimiento de sus funciones deberán sujetarse a lo dispuesto en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. II. DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Exenta Nº 17, y sus modi¿caciones efectuadas por medio de las Resoluciones Exentas Nº 255, Nº 669 y Nº 791, todas de 2010, del Ministerio de Energía. III. NOTIFÍQUESE mediante correo electrónico al personal de la Subsecretaría de Energía, la entrada en vigencia de la presente Resolución y la aplicación de sus disposiciones a contar de su total tramitación. Anótese y notifíquese. LAURENCE GOLBORNE RIVEROS MINISTRO DE ENERGÍA

LAURENCE GOLBORNE RIVEROS MINISTRO DE ENERGÍA Anótese y notifíquese. III. NOTIFÍQUESE mediante correo electrónico al personal de la Subsecretaría de Energía, la entrada en vigencia de la presente Resolución y la aplicación de sus disposiciones a contar de su total tramitación. II. DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Exenta Nº 17, y sus modi¿caciones efectuadas por medio de las Resoluciones Exentas Nº 255, Nº 669 y Nº 791, todas de 2010, del Ministerio de Energía. Artículo 38. Los Secretarios Regionales Ministeriales de Energía, representarán al Ministerio en las regiones señaladas en el artículo precedente. En el cumplimiento de sus funciones deberán sujetarse a lo dispuesto en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 6. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, siendo Punta Arenas la ciudad en la que tendrá su asiento el Secretario Regional Ministerial. RESOLUCIÓN EXENTA N° 17 (2010) DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

527

IV. JURISPRUDENCIA

IV. JURISPRUDENCIA

Procedencia de la representación del embalse Colbún en el cálculo de potencia ¿rme realizado por la Dirección de Operación del CDEC-SIC (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.2-2004 de 14-OCT-2004)

DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004-2010)

Dictamen 6-2004 Aplicación por parte de la Dirección de Operación, en el cálculo de la potencia ¿rme, de lo resuelto por el Panel de Expertos en su Dictamen Nº 1-2004, en relación a la de¿nición de las horas de punta (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.1-2004 de 14-OCT-2004)

Dictamen 05-200 ConÀicto en el Directorio del CDEC-SING planteado por la Dirección de Operación.

Dictamen 04-2004 Discrepancias en el CDEC-SIC respecto del Manual de Procedimientos Nº 23

AÑO 2004 Dictamen 01-2004 Aplicación del Resuelvo Nº 1 de la RM 35. (De¿nición de horas de punta para cálculo de la Potencia Firme)

Dictamen 02-2004 Procedimiento para la determinación de las bases técnicas y administrativas para la realización del estudio de la transmisión troncal

Dictamen 03-2004 Discrepancias en el CDEC-SIC respecto del Manual de Procedimientos Nº 23

Dictamen 03-2004 Procedimiento para la determinación de las bases técnicas y administrativas para la realización del estudio de la transmisión troncal

Dictamen 02-2004 Aplicación del Resuelvo Nº 1 de la RM 35. (De¿nición de horas de punta para cálculo de la Potencia Firme)

Dictamen 01-2004 AÑO 2004

Dictamen 04-2004 ConÀicto en el Directorio del CDEC-SING planteado por la Dirección de Operación.

Dictamen 05-200 Aplicación por parte de la Dirección de Operación, en el cálculo de la potencia ¿rme, de lo resuelto por el Panel de Expertos en su Dictamen Nº 1-2004, en relación a la de¿nición de las horas de punta (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.1-2004 de 14-OCT-2004)

Dictamen 6-2004 Procedencia de la representación del embalse Colbún en el cálculo de potencia ¿rme realizado por la Dirección de Operación del CDEC-SIC (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.2-2004 de 14-OCT-2004)

DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004-2010)

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Tratamiento de la Dirección de Operación, en el cálculo de potencia ¿rme, de las ¿ltraciones de los embalses (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº EX 10.6-2004 de 14-OCT-2004)

Dictamen 10-2004

Dictamen 7-2004 ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Tratamiento por parte de la DO, en el cálculo de la potencia ¿rme, de los aÀuentes para el Cálculo de Potencia Firme de las Centrales Hidráulicas de Pasada (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex-10.10-2004 de 14-OCT-2004)

Tratamiento efectuado por la Dirección de Operación en el cálculo de potencia ¿rme, de los aÀuentes, extracciones, riego y otros elementos que afectan los aÀuentes naturales de embalses (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.3-2004 de 14-OCT-2004)

Dictamen 13-2004

Dictamen 8-2004

Tratamiento de la Dirección de Operación del CDEC-SIC en el cálculo de potencia ¿rme de Potencias Máximas de las centrales hidráulicas (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.8-2004 de 14-OCT-2004).

Discrepancia relacionada con el tratamiento efectuado por la Dirección de Operación del CDEC-SIC en el cálculo de potencia ¿rme en cuanto a la cota mínima de embalse Colbún y cotas mínimas de otros embalses (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.4-2004 de 14-OCT-2004)

Dictamen 12-2004

Dictamen 9-2004

Tratamiento de las energías iniciales de las centrales Pangue y Pehuenche, realizado por la Dirección de Operación en el cálculo de potencia ¿rme (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.7-2004 de 14-OCT-2004)

Aplicación de la Dirección de Operación en el cálculo de potencia ¿rme del acuerdo Ex 6.3-2000 hasta el 27/07/04 en los cálculos de los años 2000, 2001, 2002 y 2003 (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.5-2004 de 14-OCT2004)

Dictamen 11-2004

Dictamen 10-2004

Tratamiento de la Dirección de Operación, en el cálculo de potencia ¿rme, de las ¿ltraciones de los embalses (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº EX 10.6-2004 de 14-OCT-2004)

532

Aplicación de la Dirección de Operación en el cálculo de potencia ¿rme del acuerdo Ex 6.3-2000 hasta el 27/07/04 en los cálculos de los años 2000, 2001, 2002 y 2003 (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.5-2004 de 14-OCT2004)

Dictamen 11-2004

Dictamen 9-2004

Tratamiento de las energías iniciales de las centrales Pangue y Pehuenche, realizado por la Dirección de Operación en el cálculo de potencia ¿rme (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.7-2004 de 14-OCT-2004)

Discrepancia relacionada con el tratamiento efectuado por la Dirección de Operación del CDEC-SIC en el cálculo de potencia ¿rme en cuanto a la cota mínima de embalse Colbún y cotas mínimas de otros embalses (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.4-2004 de 14-OCT-2004)

Dictamen 12-2004

Dictamen 8-2004

Tratamiento de la Dirección de Operación del CDEC-SIC en el cálculo de potencia ¿rme de Potencias Máximas de las centrales hidráulicas (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.8-2004 de 14-OCT-2004).

Tratamiento efectuado por la Dirección de Operación en el cálculo de potencia ¿rme, de los aÀuentes, extracciones, riego y otros elementos que afectan los aÀuentes naturales de embalses (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex 10.3-2004 de 14-OCT-2004)

Dictamen 13-2004

Dictamen 7-2004

Tratamiento por parte de la DO, en el cálculo de la potencia ¿rme, de los aÀuentes para el Cálculo de Potencia Firme de las Centrales Hidráulicas de Pasada (Directorio del CDEC-SIC, Sesión Nº Ex-10.10-2004 de 14-OCT-2004)

532

DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

533

AÑO 2005

Fijación de precios de servicios no consistentes en el suministro de energía a que se re¿ere el número 4 del artículo 90 LGSE, en conformidad al artículo 107 bis LGSE

Dictamen 7-2005 Dictamen 1-2005

Propuesta de adaptación del Manual de Procedimientos Nº 23 “Cálculo de potencia ¿rme y determinación del balance entre empresas generadoras integrantes”, presentando mediante documento CDE-SING, sesión Nº 305 (E) /205

Dictamen 2-2005 Objeciones a los cálculos de la Dirección de Operación relativas a la fecha desde la cual puede aplicarse las modi¿caciones al procedimiento dispuestas por la Resolución Ministerial Nº 106 del año 2003 (Directorio del CDEC-SING, Sesión Nº 305 (E)/2005

Dictamen 3-2005 Objeciones a los cálculos de la Dirección de Operación relativas a la correcta aplicación de las Resoluciones Ministeriales 163 del año 2001 y 106 del año 2003, planteadas por la empresa Norgener

Dictamen 4-2005 Tratamiento de la Dirección de Operación de las cotas mínimas de los embalses Laja y Rapel para el cálculo de Potencia Firme de los años 2000 al 2003, 2004 y 2005 (Acuerdo Ex1.3-2005-01, Directorio CDEC-SIC del 25 de enero de 2005)

Dictamen 5-2005 Proposición de GasAtacama al Directorio del CDEC-SING sobre adopción de acuerdo

Dictamen 6-2005 Aplicación por parte de la Dirección de Operación en el cálculo de Potencia Firme de lo resuelto por el Panel de Expertos en su Dictamen Nº 2/2005

Dictamen 7-2005 Fijación de precios de servicios no consistentes en el suministro de energía a que se re¿ere el número 4 del artículo 90 LGSE, en conformidad al artículo 107 bis LGSE

Aplicación por parte de la Dirección de Operación en el cálculo de Potencia Firme de lo resuelto por el Panel de Expertos en su Dictamen Nº 2/2005

Dictamen 6-2005 Proposición de GasAtacama al Directorio del CDEC-SING sobre adopción de acuerdo

Dictamen 5-2005 Tratamiento de la Dirección de Operación de las cotas mínimas de los embalses Laja y Rapel para el cálculo de Potencia Firme de los años 2000 al 2003, 2004 y 2005 (Acuerdo Ex1.3-2005-01, Directorio CDEC-SIC del 25 de enero de 2005)

Dictamen 4-2005 Objeciones a los cálculos de la Dirección de Operación relativas a la correcta aplicación de las Resoluciones Ministeriales 163 del año 2001 y 106 del año 2003, planteadas por la empresa Norgener

Dictamen 3-2005 Objeciones a los cálculos de la Dirección de Operación relativas a la fecha desde la cual puede aplicarse las modi¿caciones al procedimiento dispuestas por la Resolución Ministerial Nº 106 del año 2003 (Directorio del CDEC-SING, Sesión Nº 305 (E)/2005

Dictamen 2-2005 Propuesta de adaptación del Manual de Procedimientos Nº 23 “Cálculo de potencia ¿rme y determinación del balance entre empresas generadoras integrantes”, presentando mediante documento CDE-SING, sesión Nº 305 (E) /205

Dictamen 1-2005 AÑO 2005 DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

533

Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-4

534

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Dictamen 8-2006 Dictamen 8-2005

Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-3

Determinación de las Bases Técnicas y Administrativas De¿nitivas previstas en el artículo 71-14 de la Ley General de Servicios Eléctricos

Dictamen 7-2006 Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-2

Dictamen 9-2005

Dictamen 6-2006

Bases de los estudios para la determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión, indicadas en el artículo 71-39 de la Ley General de Servicios Eléctricos

Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-1

Dictamen 5-2006 Discrepancias Sistemas de Subtransmisión SING-1

AÑO 2006

Dictamen 4-2006

Dictamen 1-2006

Propuesta efectuada por la empresa Electroandina S.A. para modi¿car los Manuales de Procedimiento Nºs. 23 y 24 del Reglamento Interno, con aplicación a partir del año 2006

Modi¿cación al Reglamento Interno del CDEC-SING para establecer pagos provisionales por transferencias de energía entre empresas generadoras

Dictamen 2-2006

Dictamen 3-2006 Modi¿caciones al Reglamento Interno del CDEC-SING relativas a las consecuencias por no pago de facturas correspondientes a suministro de clientes libres

Modi¿caciones al Reglamento Interno del CDEC-SING relativas a las consecuencias por no pago de facturas correspondientes a suministro de clientes libres

Dictamen 3-2006

Dictamen 2-2006 Modi¿cación al Reglamento Interno del CDEC-SING para establecer pagos provisionales por transferencias de energía entre empresas generadoras

Dictamen 1-2006

Propuesta efectuada por la empresa Electroandina S.A. para modi¿car los Manuales de Procedimiento Nºs. 23 y 24 del Reglamento Interno, con aplicación a partir del año 2006

Dictamen 4-2006 AÑO 2006

Discrepancias Sistemas de Subtransmisión SING-1

Dictamen 6-2006

Dictamen 9-2005

Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-1

Bases de los estudios para la determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión, indicadas en el artículo 71-39 de la Ley General de Servicios Eléctricos

Dictamen 5-2006

Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-2

Dictamen 8-2005

Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-3

Determinación de las Bases Técnicas y Administrativas De¿nitivas previstas en el artículo 71-14 de la Ley General de Servicios Eléctricos

Dictamen 7-2006 Dictamen 8-2006

534

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-4

DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

535

Dictamen 9-2006 Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-5

Dictamen 10-2006 Discrepancia Sistemas de Subtransmisión SIC-6

Dictamen 11-2006 Participación de los Autoproductores en la operación del sistema interconectado y en las transferencias de potencia y energía

Discrepancia de Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 7-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica Puente Alto Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 6-2007 Discrepancia en el CDEC-SIC respecto del tema Objeción de Colbún S.A. a los costos marginales reales determinados por la Dirección de Operación y Peajes

Dictamen 5-2007 Discrepancias en el CDEC-SIC respecto del Manual de Procedimientos relativo a los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD)

AÑO 2007 Dictamen 1-2007 Discrepancias Sistema de Transmisión Troncal

Dictamen 2-2007 Cali¿cación de PMGD que la Dirección de Operación ha realizado de las centrales Cañete, Lebu, Los Sauces, Chufkén, Curacautín y Malleco

Dictamen 3-2007 Discrepancia respecto del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal, Período 2007-2008.

Dictamen 4-2007

Dictamen 4-2007 Discrepancia respecto del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal, Período 2007-2008.

Dictamen 3-2007 Cali¿cación de PMGD que la Dirección de Operación ha realizado de las centrales Cañete, Lebu, Los Sauces, Chufkén, Curacautín y Malleco

Dictamen 2-2007 Discrepancias Sistema de Transmisión Troncal

Dictamen 1-2007

Discrepancias en el CDEC-SIC respecto del Manual de Procedimientos relativo a los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD)

Dictamen 5-2007 Discrepancia en el CDEC-SIC respecto del tema Objeción de Colbún S.A. a los costos marginales reales determinados por la Dirección de Operación y Peajes

Dictamen 6-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica Puente Alto Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 7-2007 Discrepancia de Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

AÑO 2007 Participación de los Autoproductores en la operación del sistema interconectado y en las transferencias de potencia y energía

Dictamen 11-2006 Discrepancia Sistemas de Subtransmisión SIC-6

Dictamen 10-2006 Discrepancias Sistema Subtransmisión SIC-5

Dictamen 9-2006 DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

535

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancia de ELECDA por VNR ¿jados por la SEC

536

Dictamen 19-2007 Discrepancia de EMELARI por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 17-2007

Dictamen 9-2007

Dictamen 18-2007

Discrepancia de Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de ELIQSA por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 8-2007

Discrepancia de Chilquinta Energía S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Chilectra S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 16-2007

Dictamen 10-2007 Discrepancia de Energía de Casablanca S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. CONAFE por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 14-2007

Dictamen 12-2007

Dictamen 15-2007

Discrepancia de Compañía Eléctrica del Litoral S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de CGE Distribución S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 11-2007

Discrepancia de Luzlinares S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Luzparral S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 13-2007

Dictamen 13-2007 Discrepancia de Luzparral S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Compañía Eléctrica del Litoral S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 11-2007

Dictamen 15-2007

Dictamen 12-2007

Discrepancia de Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. CONAFE por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Luzlinares S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 14-2007

Discrepancia de CGE Distribución S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Energía de Casablanca S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 10-2007

Dictamen 16-2007 Discrepancia de Chilectra S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Chilquinta Energía S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 9-2007

Dictamen 17-2007 Discrepancia de EMELARI por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 8-2007

Discrepancia de ELIQSA por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 18-2007 Dictamen 19-2007

536

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancia de ELECDA por VNR ¿jados por la SEC

DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

537

Dictamen 20-2007 Discrepancia de EMELAT por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 21-2007 Discrepancia de EMELECTRIC por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 22-2007 Discrepancia de EMETAL por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 23-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 24-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 25-2007 Discrepancia de Sociedad Austral de Electricidad S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 26-2007 Discrepancia de Compañía Eléctrica de Osorno S.A. por VNR ¿jados por la SEC.

Dictamen 27-200 Discrepancia de Empresa Eléctrica de Aisén S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 28-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica de Casablanca EMELCA S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 29-2007 Discrepancia de Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Socoroma Ltda. COOPERSOL por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 30-2007 Discrepancia de Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda. SOCOEPA por VNR ¿jados por la SEC

Discrepancia de Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda. SOCOEPA por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 30-2007 Discrepancia de Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Socoroma Ltda. COOPERSOL por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 29-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica de Casablanca EMELCA S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 28-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica de Aisén S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 27-200 Discrepancia de Compañía Eléctrica de Osorno S.A. por VNR ¿jados por la SEC.

Dictamen 26-2007 Discrepancia de Sociedad Austral de Electricidad S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 25-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 24-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 23-2007 Discrepancia de EMETAL por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 22-2007 Discrepancia de EMELECTRIC por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 21-2007 Discrepancia de EMELAT por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 20-2007 DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

537

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancias de Chilectra S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

538

Dictamen 5-2008

Dictamen 31-2007

Discrepancias de Empresa Eléctrica Puente Alto Ltda. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Discrepancia de Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda. COOPREL por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 4-2008

Dictamen 32-2007

Dictamen 34-2007 Discrepancia en el CDEC-SIC por cálculo de los costos marginales reales en el período 4 de enero a 4 de junio de 2006

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC respecto de la “Metodología presentada por Campanario S.A. para la valorización de los efectos económicos producidos por la formación y mantención de la reserva hídrica”

Discrepancia de Luz Andes Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 3-2008

Dictamen 33-2007

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC respecto de “Cobros realizados en los balances de transferencias, determinados por la DO y P, por Operaciones Especiales de unidades generadoras, especí¿camente aquellas determinadas por seguridad”

Discrepancia de Empresa Eléctrica de Colina Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 2-2008 Dictamen 1-2008

Dictamen 1-2008

Discrepancia en el CDEC-SING por el tratamiento de la Potencia Firme de componentes ubicados fuera del territorio nacional.

AÑO 2008 Discrepancia en el CDEC-SING por el tratamiento de la Potencia Firme de componentes ubicados fuera del territorio nacional.

AÑO 2008

Dictamen 2-2008

Discrepancia de Luz Andes Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 33-2007 Discrepancia de Empresa Eléctrica de Colina Ltda. por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 32-2007

Dictamen 4-2008

Discrepancia de Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda. COOPREL por VNR ¿jados por la SEC

Dictamen 31-2007

Discrepancias de Empresa Eléctrica Puente Alto Ltda. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 5-2008 ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancias de Chilectra S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

538

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC respecto de “Cobros realizados en los balances de transferencias, determinados por la DO y P, por Operaciones Especiales de unidades generadoras, especí¿camente aquellas determinadas por seguridad”

Dictamen 34-2007

Dictamen 3-2008

Discrepancia en el CDEC-SIC por cálculo de los costos marginales reales en el período 4 de enero a 4 de junio de 2006

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC respecto de la “Metodología presentada por Campanario S.A. para la valorización de los efectos económicos producidos por la formación y mantención de la reserva hídrica”

DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

539

Dictamen 6-2008 Discrepancias de Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 7-2008 Discrepancias de Energía del Limarí S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 8-2008 Discrepancias de Empresa CGE Distribución S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 9-2008 Discrepancias de Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 10-2008 Discrepancias de EMELARI S.A., ELIQSA S.A. y ELECDA S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 11-2008 Discrepancias de Empresa Eléctrica de Atacama S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 12-2008 Discrepancias de Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 13-2008 Discrepancias de Chilquinta Energía S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 14-2008 Discrepancias de Compañía Eléctrica del Litoral S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Discrepancias de Compañía Eléctrica del Litoral S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 14-2008 Discrepancias de Chilquinta Energía S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 13-2008 Discrepancias de Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 12-2008 Discrepancias de Empresa Eléctrica de Atacama S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 11-2008 Discrepancias de EMELARI S.A., ELIQSA S.A. y ELECDA S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 10-2008 Discrepancias de Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 9-2008 Discrepancias de Empresa CGE Distribución S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 8-2008 Discrepancias de Energía del Limarí S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 7-2008 Discrepancias de Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 6-2008 DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

539

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancia de Colbún S.A. con el Procedimiento DO “Implementación de Planes de Seguridad de Abastecimiento” y el Procedimiento DP “Reliquidaciones y

540

Dictamen 4-2009

Dictamen 15-2008

Discrepancia en el CDEC-SING por Procedimiento “Tratamiento Dispositivos Tipo Bess”

Discrepancias del Grupo SAESA con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 3-2009

Dictamen 16-2008

Discrepancia de AES Gener S.A. con la Dirección de Peajes del CDEC-SING respecto del Cálculo De¿nitivo de Potencia Firme 2008

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC respecto de “Aplicación del Criterio N-1 en el tramo Maitencillo-Cardones 220 kV”

Dictamen 2-2009

Dictamen 17-2008

Dictamen 1-2009

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC sobre Corrección a los Informes de Calculo de Peajes por el Sistema de Transmisión Troncal, período 2004 - 2006 y año 2007

Dictamen 18-2008 Discrepancia en el CDEC-SING sobre elección de Director.

Dictamen 17-2008

Discrepancias presentadas respecto del “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal presentado por la CNE. Enero 2009”.

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC sobre Corrección a los Informes de Calculo de Peajes por el Sistema de Transmisión Troncal, período 2004 - 2006 y año 2007

Dictamen 1-2009

Dictamen 19-2008

AÑO 2009

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC respecto de una modi¿cación del artículo 14 del Manual de Procedimientos “Estadísticas de Desconexiones y Cálculo de Indisponibilidad en el SIC”

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC respecto de una modi¿cación del artículo 14 del Manual de Procedimientos “Estadísticas de Desconexiones y Cálculo de Indisponibilidad en el SIC”

AÑO 2009

Dictamen 19-2008

Dictamen 2-2009

Discrepancia presentada por el Directorio del CDEC-SIC respecto de “Aplicación del Criterio N-1 en el tramo Maitencillo-Cardones 220 kV”

Dictamen 16-2008

Discrepancia de AES Gener S.A. con la Dirección de Peajes del CDEC-SING respecto del Cálculo De¿nitivo de Potencia Firme 2008

Dictamen 3-2009

Discrepancias del Grupo SAESA con motivo de la determinación de costos de explotación de las empresas distribuidoras, del año 2007

Dictamen 15-2008

Discrepancia en el CDEC-SING por Procedimiento “Tratamiento Dispositivos Tipo Bess”

Dictamen 4-2009 ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancia de Colbún S.A. con el Procedimiento DO “Implementación de Planes de Seguridad de Abastecimiento” y el Procedimiento DP “Reliquidaciones y

540

Dictamen 18-2008

Discrepancias presentadas respecto del “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal presentado por la CNE. Enero 2009”.

Discrepancia en el CDEC-SING sobre elección de Director.

DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

541

Valorización de la Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento” del CDEC-SIC

Dictamen 5-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 1

Dictamen 6-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 2

Dictamen 7-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 3

Dictamen 8-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 4

Dictamen 9-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 5.

Dictamen 10-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 6

Dictamen 11-2009 Discrepancia de Electroandina S.A. con la Dirección de Peajes del CDECSING respecto al Informe de Valorización de Transferencias (IVT) de¿nitivo correspondiente al mes de abril de 2009

Discrepancia de Electroandina S.A. con la Dirección de Peajes del CDECSING respecto al Informe de Valorización de Transferencias (IVT) de¿nitivo correspondiente al mes de abril de 2009

Dictamen 11-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 6

Dictamen 10-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 5.

Dictamen 9-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 4

Dictamen 8-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 3

Dictamen 7-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 2

Dictamen 6-2009 Discrepancia con el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad” (febrero 2009), emitido por la CNE. Área Típica Nº 1

Dictamen 5-2009 Valorización de la Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento” del CDEC-SIC DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

541

Discrepancias de Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. y de Empresa Eléctrica Cuchildeo S.A. sobre las Bases De¿nitivas para la realización de los Estudios de los Sistemas Medianos, de la Comisión Nacional de Energía

Discrepancias respecto del “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal presentado por la CNE. Enero de 2011”

Dictamen 12-2009

Dictamen 2-2011

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancias respecto del “Informe Técnico para la Determinación del Valor Anual y Expansión de los Sistemas de Transmisión Troncal Cuadrienio 20112014”

542

Dictamen 1-2011

Dictamen 13-2009 AÑO 2011

Discrepancia: Elección de Directorio del CDEC-SIC. Segmento Transmisión Troncal

Discrepancia: Elección de Directorio del CDEC-SIC. Segmento Transmisión Troncal

Dictamen 13-2009

Dictamen 1-2011

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Discrepancias respecto del “Informe Técnico para la Determinación del Valor Anual y Expansión de los Sistemas de Transmisión Troncal Cuadrienio 20112014”

Dictamen 12-2009

Dictamen 2-2011

Discrepancias de Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. y de Empresa Eléctrica Cuchildeo S.A. sobre las Bases De¿nitivas para la realización de los Estudios de los Sistemas Medianos, de la Comisión Nacional de Energía

Discrepancias respecto del “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal presentado por la CNE. Enero de 2011”

542

AÑO 2011

Dictamen 14-2009

Informe Técnico CNE sobre Sistema Mediano Hornopirén. Artículo 177 LGSE

Discrepancias sobre las Bases Técnicas y Administrativas De¿nitivas para la realización del Estudio de Transmisión Troncal

Dictamen 2-2010

Dictamen 15-2009

Presentación de Norvind S.A. que discrepa sobre el texto del nuevo Reglamento Interno acordado en el Directorio del CDEC-SIC

Discrepancia sobre las Bases Técnicas De¿nitivas de Estudios para la determinación del Valor Anual de los Sistemas de Subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014

Dictamen 1-2010

AÑO 2010

AÑO 2010

Dictamen 1-2010

Discrepancia sobre las Bases Técnicas De¿nitivas de Estudios para la determinación del Valor Anual de los Sistemas de Subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014

Presentación de Norvind S.A. que discrepa sobre el texto del nuevo Reglamento Interno acordado en el Directorio del CDEC-SIC

Dictamen 15-2009

Dictamen 2-2010

Discrepancias sobre las Bases Técnicas y Administrativas De¿nitivas para la realización del Estudio de Transmisión Troncal

Informe Técnico CNE sobre Sistema Mediano Hornopirén. Artículo 177 LGSE

Dictamen 14-2009

DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

543

Dictamen 3-2011 Discrepancia presentada por la empresa CODELCO respecto del Procedimiento DO “Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING” del CDEC-SING

Discrepancia presentada por la empresa CODELCO respecto del Procedimiento DO “Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING” del CDEC-SING

Dictamen 3-2011 DICTÁMENES DEL PANEL DE EXPERTOS (2004- 2010)

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V. BIBLIOGRAFÍA

V. BIBLIOGRAFÍA

En este sentido, el Profesor Vergara ha realizado una importante labor recopilatoria que signi¿cará un gran aporte para todos los actores involucra-

RECENSIONES CODIFICACIÓN PRIVADA DEL DERECHO DE ENERGÍA: EL CÓDIGO DE ENERGÍA

En Chile existe una tradición, infundada por cierto, de reservarle exclusivamente al legislador la tarea de codi¿car, es decir, realizar una compilación con objeto de ordenar y sistematizar normas jurídicas. Si bien, el legislador está en el derecho de evitar la dispersión normativa y aplicar la técnica legislativa de agrupar en un solo cuerpo legal de carácter o¿cial las normativas relativas a una materia, esto no obsta la posibilidad que juristas, de manera privada y con el mismo ánimo de compilar y facilitarle el análisis de las normas a los jueces y estudiosos del derecho, sistematicen cuerpos legales dispersos relativos a una misma disciplina. El nombre adoptado por el autor para bautizar su obra no es azaroso; el haber elegido la palabra Código demuestra la existencia de una técnica que no ha sido del todo desarrollada en nuestra comunidad jurídica, la cual podríamos denominar “codi¿cación privada”.

CÓDIGO DE ENERGÍA. SISTEMATIZACIÓN DE LEYES ANOTADAS Y ACTUALIZADAS (2011) VERGARA BLANCO, Alejandro (Santiago, Abeledo Perrot - LegalPublishing Chile), 905 pp.

Se presenta a la comunidad jurídica nacional el Código de Energía, que reúne los más importantes cuerpos legales y reglamentarios y que en su conjunto representan, de manera más relevante, la regulación energética chilena.

Se presenta a la comunidad jurídica nacional el Código de Energía, que reúne los más importantes cuerpos legales y reglamentarios y que en su conjunto representan, de manera más relevante, la regulación energética chilena.

CÓDIGO DE ENERGÍA. SISTEMATIZACIÓN DE LEYES ANOTADAS Y ACTUALIZADAS (2011) VERGARA BLANCO, Alejandro (Santiago, Abeledo Perrot - LegalPublishing Chile), 905 pp.

El nombre adoptado por el autor para bautizar su obra no es azaroso; el haber elegido la palabra Código demuestra la existencia de una técnica que no ha sido del todo desarrollada en nuestra comunidad jurídica, la cual podríamos denominar “codi¿cación privada”. En Chile existe una tradición, infundada por cierto, de reservarle exclusivamente al legislador la tarea de codi¿car, es decir, realizar una compilación con objeto de ordenar y sistematizar normas jurídicas. Si bien, el legislador está en el derecho de evitar la dispersión normativa y aplicar la técnica legislativa de agrupar en un solo cuerpo legal de carácter o¿cial las normativas relativas a una materia, esto no obsta la posibilidad que juristas, de manera privada y con el mismo ánimo de compilar y facilitarle el análisis de las normas a los jueces y estudiosos del derecho, sistematicen cuerpos legales dispersos relativos a una misma disciplina. En este sentido, el Profesor Vergara ha realizado una importante labor recopilatoria que signi¿cará un gran aporte para todos los actores involucra-

RECENSIONES CODIFICACIÓN PRIVADA DEL DERECHO DE ENERGÍA: EL CÓDIGO DE ENERGÍA

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

CARLOS PINTO TORRES Licenciado en Derecho Investigador (PDAE) Ponti¿cia Universidad Católica de Chile

548

Este libro será sin duda un gran aporte práctico para los académicos que estudian tanto la disciplina del derecho eléctrico como las ramas derivadas de ella y para los profesionales que desde el sector gubernamental y en el ámbito privado, ejercen la plani¿cación y asesoría de la industria eléctrica.

dos en el sector eléctrico, ya sean autoridades, académicos y profesionales del área, quienes tendrán a su disposición un texto que condensa toda la legislación relativa a materias energéticas, ya sea de carácter legal, reglamentario y normas técnicas que rigen a esta industria.

La división antes descrita nos ayuda a organizar y sistematizar el Derecho de la Energía, entendido como un clasi¿cador disciplinario y no una disciplina jurídica por sí misma. Como tal, la división ofrecida por el Profesor Vergara puede ser tomada como referencia para el desarrollo de la investigación académica del Derecho Eléctrico y del estudio de las fuentes de generación de energía eléctrica que lo sustentan.

Este libro no sólo constituye un texto recopilatorio de leyes y reglamentos, sino que también entrega un trabajo de reorganización del material legislativo, sistematizando las distintas áreas del Derecho de Energía.

El Código se ha articulado en las siguientes partes: Un Libro Primero, que trata sobre la Energía Eléctrica; el Libro Segundo dedicado a la Energía Geotérmica; el Libro Tercero al Gas y Combustibles; el Libro Cuarto trata los Hidrocarburos y, ¿nalmente, el Libro Quinto, la Energía Nuclear. Se incorporan además índices general y temático, y varias síntesis que cumplen el rol de guía en ciertos temas de la materia.

Un aporte importante y novedoso en este libro es la incorporación de diversas síntesis relativas al origen y evolución de las leyes promulgadas y los reglamentos dictados, así como de las normas técnicas y de seguridad que rigen al sector eléctrico, por cuanto ayudan a tener una comprensión más global del progreso y perfeccionamiento de las normativas sectoriales.

Un aporte importante y novedoso en este libro es la incorporación de diversas síntesis relativas al origen y evolución de las leyes promulgadas y los reglamentos dictados, así como de las normas técnicas y de seguridad que rigen al sector eléctrico, por cuanto ayudan a tener una comprensión más global del progreso y perfeccionamiento de las normativas sectoriales.

El Código se ha articulado en las siguientes partes: Un Libro Primero, que trata sobre la Energía Eléctrica; el Libro Segundo dedicado a la Energía Geotérmica; el Libro Tercero al Gas y Combustibles; el Libro Cuarto trata los Hidrocarburos y, ¿nalmente, el Libro Quinto, la Energía Nuclear. Se incorporan además índices general y temático, y varias síntesis que cumplen el rol de guía en ciertos temas de la materia.

Este libro no sólo constituye un texto recopilatorio de leyes y reglamentos, sino que también entrega un trabajo de reorganización del material legislativo, sistematizando las distintas áreas del Derecho de Energía.

La división antes descrita nos ayuda a organizar y sistematizar el Derecho de la Energía, entendido como un clasi¿cador disciplinario y no una disciplina jurídica por sí misma. Como tal, la división ofrecida por el Profesor Vergara puede ser tomada como referencia para el desarrollo de la investigación académica del Derecho Eléctrico y del estudio de las fuentes de generación de energía eléctrica que lo sustentan.

dos en el sector eléctrico, ya sean autoridades, académicos y profesionales del área, quienes tendrán a su disposición un texto que condensa toda la legislación relativa a materias energéticas, ya sea de carácter legal, reglamentario y normas técnicas que rigen a esta industria.

Este libro será sin duda un gran aporte práctico para los académicos que estudian tanto la disciplina del derecho eléctrico como las ramas derivadas de ella y para los profesionales que desde el sector gubernamental y en el ámbito privado, ejercen la plani¿cación y asesoría de la industria eléctrica.

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

CARLOS PINTO TORRES Licenciado en Derecho Investigador (PDAE) Ponti¿cia Universidad Católica de Chile

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RECENSIONES

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RÉGIMEN JURÍDICO AMBIENTAL DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS, DÍAZ SAHR, Ignacio. Santiago, Librotecnia 2010, 186 pp. El libro que comentamos corresponde a una publicación de gran relevancia y discusión en la actualidad, referente al marco jurídico dentro del cual se desarrollan los proyectos hidroeléctricos en nuestro país. Su autor es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Ponti¿cia Universidad Católica de Valparaíso, ha participado en diversos proyectos de investigación en el área del Derecho Medioambiental, es miembro de la Asociación de Chilena de Derecho Medioambiental (ACHIDAM) y actualmente se desempeña como abogado de dicha área en un estudio jurídico de la plaza. La obra fue elaborada durante el 2009, como memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y recientemente actualizada por las modi¿caciones legales que emanan de la Ley N° 20.417. Está dividida en tres capítulos, el primero de ellos de carácter introductorio, el segundo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos hidroeléctricos y el tercero expone la regulación ambiental de carácter especí¿co aplicable a proyectos hidroeléctricos. El autor realiza en el capítulo introductorio un análisis descriptivo de las necesidades energéticas de nuestro país y las proyecciones a futuro, ligándolas con la relevante posición actual que ocupa la energía hidráulica como medio de generación para nuestro país, que equivale a un 39,7% del total de la generación, y que sigue teniendo un potencial muy importante, no sólo en las grandes cuencas hidrográ¿cas, sino también en cursos menores de agua, como pueden ser los canales de riego. En dichos proyectos, se conjugan tanto el Derecho Eléctrico, encabezado por la Ley General de Servicios Eléctricos, el Derecho de Aguas, gra¿cado en el Código de la materia y el Derecho Medioambiental plasmado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. A renglón seguido realiza una breve descripción de lo que se entiende por régimen jurídico aplicable a proyectos hidroeléctricos y una de¿nición de lo que se entiende por central hidroeléctrica, tanto de pasada como de embalse. Exponiendo en el segundo capítulo un acercamiento sobre el origen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su vinculación con otros instrumentos de evaluación de impacto ambiental en el derecho comparado, se señalan los órganos competentes en la materia, haciendo una primera distinción entre aquellos que tienen competencia para otorgar los permisos

Exponiendo en el segundo capítulo un acercamiento sobre el origen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su vinculación con otros instrumentos de evaluación de impacto ambiental en el derecho comparado, se señalan los órganos competentes en la materia, haciendo una primera distinción entre aquellos que tienen competencia para otorgar los permisos El autor realiza en el capítulo introductorio un análisis descriptivo de las necesidades energéticas de nuestro país y las proyecciones a futuro, ligándolas con la relevante posición actual que ocupa la energía hidráulica como medio de generación para nuestro país, que equivale a un 39,7% del total de la generación, y que sigue teniendo un potencial muy importante, no sólo en las grandes cuencas hidrográ¿cas, sino también en cursos menores de agua, como pueden ser los canales de riego. En dichos proyectos, se conjugan tanto el Derecho Eléctrico, encabezado por la Ley General de Servicios Eléctricos, el Derecho de Aguas, gra¿cado en el Código de la materia y el Derecho Medioambiental plasmado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. A renglón seguido realiza una breve descripción de lo que se entiende por régimen jurídico aplicable a proyectos hidroeléctricos y una de¿nición de lo que se entiende por central hidroeléctrica, tanto de pasada como de embalse. La obra fue elaborada durante el 2009, como memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y recientemente actualizada por las modi¿caciones legales que emanan de la Ley N° 20.417. Está dividida en tres capítulos, el primero de ellos de carácter introductorio, el segundo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos hidroeléctricos y el tercero expone la regulación ambiental de carácter especí¿co aplicable a proyectos hidroeléctricos. El libro que comentamos corresponde a una publicación de gran relevancia y discusión en la actualidad, referente al marco jurídico dentro del cual se desarrollan los proyectos hidroeléctricos en nuestro país. Su autor es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Ponti¿cia Universidad Católica de Valparaíso, ha participado en diversos proyectos de investigación en el área del Derecho Medioambiental, es miembro de la Asociación de Chilena de Derecho Medioambiental (ACHIDAM) y actualmente se desempeña como abogado de dicha área en un estudio jurídico de la plaza. RÉGIMEN JURÍDICO AMBIENTAL DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS, DÍAZ SAHR, Ignacio. Santiago, Librotecnia 2010, 186 pp. RECENSIONES

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Concluye que el régimen jurídico ambiental en esta materia puede dividirse en dos aspectos, el relativo al SEIA por un lado, y el relativo a los permisos

de carácter ambiental, de aquellos que tienen una competencia ambiental material, para luego realizar un pormenorizado análisis de cuáles son las actividades que deben someterse al SEIA y que digan relación con los proyectos hidroeléctricos. Dentro de ese apartado, el autor aporta un análisis crítico acerca del proceder del titular de un proyecto cuando necesita someterse al SEIA y a la solicitud de concesión eléctrica, ya que son procedimientos de carácter independiente. En este sentido, parece concluyente su análisis a la hora de manifestar la necesidad de una obtener la Resolución de Cali¿cación Ambiental (RCA) previo al otorgamiento de una concesión de¿nitiva debido a que una supone la existencia de la otra para su concreción.

Finalmente, el autor cierra su obra, exponiendo los permisos ambientales de carácter especí¿co que regulan materias medioambientales y que dicen relación con proyectos hidroeléctricos, a saber, la generación de emisiones atmosféricas, de ruido, normas de protección del agua, generación de residuos y protección del patrimonio cultural y arqueológico, protección a la biodiversidad y uso del suelo. Esta tarea la realiza a partir de un estudio detallado en normativas que se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico, pero que a la hora de plantear la tramitación de un proyecto de estas características es necesario sistematizarlas y considerarlas parte del conjunto de trámites necesarios para la obtención de la aprobación ambiental.

Más adelante, el autor realiza un análisis crítico de ponderación de normas legales, a la hora de analizar la ejecución de obras, programas o actividades en áreas protegidas, en el caso especí¿co de los parques nacionales, ya que no existe una disposición legal expresa, como sí existe en materia minera, que permita el establecimiento de proyectos eléctricos en estas áreas protegidas, lo cual se encuentra prohibido por la Convención de Washington, rati¿cada por Chile.

A continuación se ofrece una descripción de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, así como un pormenorizado análisis de los permisos sectoriales relevantes en materia de proyectos hidroeléctricos. En este sentido, la obra postula los márgenes y ponderaciones que deben realizar los distintos órganos de la Administración del Estado a la hora de otorgar estos permisos.

A continuación se ofrece una descripción de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, así como un pormenorizado análisis de los permisos sectoriales relevantes en materia de proyectos hidroeléctricos. En este sentido, la obra postula los márgenes y ponderaciones que deben realizar los distintos órganos de la Administración del Estado a la hora de otorgar estos permisos.

Más adelante, el autor realiza un análisis crítico de ponderación de normas legales, a la hora de analizar la ejecución de obras, programas o actividades en áreas protegidas, en el caso especí¿co de los parques nacionales, ya que no existe una disposición legal expresa, como sí existe en materia minera, que permita el establecimiento de proyectos eléctricos en estas áreas protegidas, lo cual se encuentra prohibido por la Convención de Washington, rati¿cada por Chile.

Finalmente, el autor cierra su obra, exponiendo los permisos ambientales de carácter especí¿co que regulan materias medioambientales y que dicen relación con proyectos hidroeléctricos, a saber, la generación de emisiones atmosféricas, de ruido, normas de protección del agua, generación de residuos y protección del patrimonio cultural y arqueológico, protección a la biodiversidad y uso del suelo. Esta tarea la realiza a partir de un estudio detallado en normativas que se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico, pero que a la hora de plantear la tramitación de un proyecto de estas características es necesario sistematizarlas y considerarlas parte del conjunto de trámites necesarios para la obtención de la aprobación ambiental.

de carácter ambiental, de aquellos que tienen una competencia ambiental material, para luego realizar un pormenorizado análisis de cuáles son las actividades que deben someterse al SEIA y que digan relación con los proyectos hidroeléctricos. Dentro de ese apartado, el autor aporta un análisis crítico acerca del proceder del titular de un proyecto cuando necesita someterse al SEIA y a la solicitud de concesión eléctrica, ya que son procedimientos de carácter independiente. En este sentido, parece concluyente su análisis a la hora de manifestar la necesidad de una obtener la Resolución de Cali¿cación Ambiental (RCA) previo al otorgamiento de una concesión de¿nitiva debido a que una supone la existencia de la otra para su concreción.

Concluye que el régimen jurídico ambiental en esta materia puede dividirse en dos aspectos, el relativo al SEIA por un lado, y el relativo a los permisos

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

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Licenciado en Derecho Investigador (PDAE) Ponti¿cia Universidad Católica de Chile

RECENSIONES

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especí¿cos que un proyecto hidroeléctrico debe obtener para su concreción, así como valorar el análisis global que realiza el SEIA de las obras y actividades que se someten a su evaluación, considerándolas como un todo y no como actividades susceptibles de ser aprobadas o rechazadas individualmente. Colige además que la normativa especí¿ca es débil en muchos casos, porque no resguarda debidamente los aspectos comprometidos en la instalación de proyectos hidroeléctricos, debilidad que es aminorada por las medidas de mitigación y compromisos ambientales voluntarios en el SEIA y DIA, respectivamente. También critica el desorden normativo existente en Chile, que tiene relación, en su opinión, a que los instrumentos de protección al medioambiente están asociados a las competencias de cada servicio público involucrado, por lo que debería existir una mayor armonización de las disposiciones especí¿cas que rigen la protección del medio ambiente. La obra expuesta constituye un valioso aporte bibliográ¿co en materia de energía, pero sobre todo en temas medioambientales, ya que carecemos de una doctrina adecuada que sistematice las disposiciones que rigen la institucionalidad ambiental vigente. Asimismo, debido al enfoque que le otorga a los proyectos hidroeléctricos, la obra es una gran contribución a temáticas actuales, que se encuentran en el centro de la discusión medioambiental a raíz de la construcción de mega centrales hidroeléctricas en el sur de Chile, discusión que ha llevado a un debate respecto a las consecuencias medioambientales que éstas podrían producir. Le hace falta una visión más crítica en lo que respecta al procedimiento de evaluación medioambiental en sí, y una perspectiva más global de la institucionalidad ambiental, aunque la exposición de cada una de las actividades susceptibles de realizar y permisos a obtener, es adecuada. Este libro es un buen descriptor del marco jurídico dentro del cual debe moverse cualquier titular de proyectos hidroeléctricos, las consideraciones que deban tenerse a la mano para su aprobación o rechazo y es un gran aporte al estudio del Derecho Medioambiental y de Energía. CARLOS PINTO TORRES Licenciado en Derecho Investigador (PDAE) Ponti¿cia Universidad Católica de Chile

CARLOS PINTO TORRES Este libro es un buen descriptor del marco jurídico dentro del cual debe moverse cualquier titular de proyectos hidroeléctricos, las consideraciones que deban tenerse a la mano para su aprobación o rechazo y es un gran aporte al estudio del Derecho Medioambiental y de Energía. Le hace falta una visión más crítica en lo que respecta al procedimiento de evaluación medioambiental en sí, y una perspectiva más global de la institucionalidad ambiental, aunque la exposición de cada una de las actividades susceptibles de realizar y permisos a obtener, es adecuada. La obra expuesta constituye un valioso aporte bibliográ¿co en materia de energía, pero sobre todo en temas medioambientales, ya que carecemos de una doctrina adecuada que sistematice las disposiciones que rigen la institucionalidad ambiental vigente. Asimismo, debido al enfoque que le otorga a los proyectos hidroeléctricos, la obra es una gran contribución a temáticas actuales, que se encuentran en el centro de la discusión medioambiental a raíz de la construcción de mega centrales hidroeléctricas en el sur de Chile, discusión que ha llevado a un debate respecto a las consecuencias medioambientales que éstas podrían producir. especí¿cos que un proyecto hidroeléctrico debe obtener para su concreción, así como valorar el análisis global que realiza el SEIA de las obras y actividades que se someten a su evaluación, considerándolas como un todo y no como actividades susceptibles de ser aprobadas o rechazadas individualmente. Colige además que la normativa especí¿ca es débil en muchos casos, porque no resguarda debidamente los aspectos comprometidos en la instalación de proyectos hidroeléctricos, debilidad que es aminorada por las medidas de mitigación y compromisos ambientales voluntarios en el SEIA y DIA, respectivamente. También critica el desorden normativo existente en Chile, que tiene relación, en su opinión, a que los instrumentos de protección al medioambiente están asociados a las competencias de cada servicio público involucrado, por lo que debería existir una mayor armonización de las disposiciones especí¿cas que rigen la protección del medio ambiente. RECENSIONES

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Para esta reseña hemos tenido a la vista lo publicado en la Revista Minería Chilena Nº 358, con motivo de la celebración de los 20 años de existencia de la Revista Electricidad. *

LOS 20 AÑOS DE REVISTA Grupo editorial*

DE

ELECTRICIDAD (1991-2011). Santiago, EDITEC

Deseamos destacar una publicación periodística del sector eléctrico, que no sólo para los emprendedores y autoridades del área es relevante, sino también para el mundo académico, pues desde sus páginas es posible extraer la realidad del sector. Realizando un acercamiento histórico, hace veinte años, dentro de la revista Minería Chilena, fue publicado el suplemento denominado “Electricidad & Telecomunicaciones”, el cual consistió en la primera versión de lo que hoy es la Revista Electricidad, publicación líder en cubrir, con acierto y rigor, los distintos temas relacionados con el sector energético. Los primeros números del entonces suplemento reÀejaban las crecientes necesidades energéticas del país, especialmente del sector minero, el cual históricamente ha sido un núcleo de desarrollo económico. Los primeros números del entonces suplemento reÀejaban las necesidades energéticas crecientes que estaba teniendo la minería hace dos décadas. El primer ejemplar trataba especí¿camente acerca del aumento de la demanda energética en 45 MW por parte de Minera Escondida; un informe que la Comisión Nacional de Energía (CNE) estaba preparando y que sería entregado durante el segundo semestre, donde se plantearían las posibles soluciones a la mayor demanda energética del sector antes mencionado; y el proyecto de una central termoeléctrica de 125 MW que fortalecería la entrega de energía en el tramo norte del SIC, iniciativa de Chilgener, CAP, Cocar y Colbún. La construcción se estimaba se iniciaría a mediados de 1992, para ¿nalizar los trabajos en 1995 ó 1996. Hoy ese proyecto es la central Guacolda, que ya tiene cuatro unidades y proyecta construir una quinta.

ELECTRICIDAD (1991-2011). Santiago, EDITEC

El suplemento tuvo una excelente acogida, convirtiéndose al poco tiempo en una revista independiente, la cual dirigió su enfoque a cubrir el sector en su totalidad, debido al dinamismo que adquirió la actividad eléctrica, atendida la estructura de nuestra matriz energética. Este impulso frente a sus lectores, se relaciona con la existencia de nuevos tópicos que

DE

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

* Para esta reseña hemos tenido a la vista lo publicado en la Revista Minería Chilena Nº 358, con motivo de la celebración de los 20 años de existencia de la Revista Electricidad.

El suplemento tuvo una excelente acogida, convirtiéndose al poco tiempo en una revista independiente, la cual dirigió su enfoque a cubrir el sector en su totalidad, debido al dinamismo que adquirió la actividad eléctrica, atendida la estructura de nuestra matriz energética. Este impulso frente a sus lectores, se relaciona con la existencia de nuevos tópicos que Los primeros números del entonces suplemento reÀejaban las necesidades energéticas crecientes que estaba teniendo la minería hace dos décadas. El primer ejemplar trataba especí¿camente acerca del aumento de la demanda energética en 45 MW por parte de Minera Escondida; un informe que la Comisión Nacional de Energía (CNE) estaba preparando y que sería entregado durante el segundo semestre, donde se plantearían las posibles soluciones a la mayor demanda energética del sector antes mencionado; y el proyecto de una central termoeléctrica de 125 MW que fortalecería la entrega de energía en el tramo norte del SIC, iniciativa de Chilgener, CAP, Cocar y Colbún. La construcción se estimaba se iniciaría a mediados de 1992, para ¿nalizar los trabajos en 1995 ó 1996. Hoy ese proyecto es la central Guacolda, que ya tiene cuatro unidades y proyecta construir una quinta. Realizando un acercamiento histórico, hace veinte años, dentro de la revista Minería Chilena, fue publicado el suplemento denominado “Electricidad & Telecomunicaciones”, el cual consistió en la primera versión de lo que hoy es la Revista Electricidad, publicación líder en cubrir, con acierto y rigor, los distintos temas relacionados con el sector energético. Los primeros números del entonces suplemento reÀejaban las crecientes necesidades energéticas del país, especialmente del sector minero, el cual históricamente ha sido un núcleo de desarrollo económico. Deseamos destacar una publicación periodística del sector eléctrico, que no sólo para los emprendedores y autoridades del área es relevante, sino también para el mundo académico, pues desde sus páginas es posible extraer la realidad del sector. LOS 20 AÑOS DE REVISTA Grupo editorial* 552

RECENSIONES

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ocurrían en el país, como los problemas relacionados con el suministro de gas desde Argentina, los nuevos proyectos termo e hidroeléctricos, las nuevas normativas regulatorias del sector, la crisis energética, el arribo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), etc. Otra tendencia en el sector energético que se observó a lo largo de estos 20 años y que fue objeto de cobertura por la Revista Electricidad, fue la entrada de nuevos actores privados nacionales, primero, y extranjeros, después, al negocio de la energía; mientras que el Estado asumió un rol con énfasis en la regulación y promoción de inversiones en el sector. Relacionado con lo anterior, después de la privatización de Endesa, ésta dejó de llevar el anuario energético que publicaba como parte de su rol como empresa del Estado, el anuario contaba con las estadísticas de generación; números desagregados por generación térmica, hidráulica; números de los consumos por distintos sectores industriales, etc. En la actualidad la función registral que era desempeñada por Endesa, ha sido desempeñada mes a mes por la Revista Electricidad, la cual se ha convertido en la bitácora energética de la industria, reportando los crecimientos del sector, además de la diversi¿cación de la matriz eléctrica. Así como fue creciendo la capacidad del sistema energético, también creció Revista Electricidad en circulación y número de lectores. En su primer año de vida, la revista contaba con cuatro ediciones al año, con un contenido aproximado de doce páginas. Con el pasar de los años, el número de ediciones aumentó, de los originales cuatro a seis, siete, ocho, diez, hasta alcanzar las doce este 2011, con un promedio 96 páginas. En términos de suscriptores, aumentó de 2.000 en sus orígenes a más de 6.000 en la actualidad. Con la marca y respaldo de Editec, la Revista Electricidad es hoy en día la principal publicación del sector energético en Chile. De cara al futuro, el desafío no es menor, ya que como país estamos en el momento más dinámico de una nueva etapa en el incremento de la capacidad de producción eléctrica en el país. Si hace veinte años la matriz energética de Chile era esencialmente hidráulica y térmica, estas fuentes han dado paso a la complementación con otras, como los ciclos combinados, el gas y los parques eólicos. No sólo eso, además se espera la entrada de nuevas fuentes de generación para las que el país tiene que estar preparado, como la energía geotérmica o la solar.

Si hace veinte años la matriz energética de Chile era esencialmente hidráulica y térmica, estas fuentes han dado paso a la complementación con otras, como los ciclos combinados, el gas y los parques eólicos. No sólo eso, además se espera la entrada de nuevas fuentes de generación para las que el país tiene que estar preparado, como la energía geotérmica o la solar. Con la marca y respaldo de Editec, la Revista Electricidad es hoy en día la principal publicación del sector energético en Chile. De cara al futuro, el desafío no es menor, ya que como país estamos en el momento más dinámico de una nueva etapa en el incremento de la capacidad de producción eléctrica en el país. Relacionado con lo anterior, después de la privatización de Endesa, ésta dejó de llevar el anuario energético que publicaba como parte de su rol como empresa del Estado, el anuario contaba con las estadísticas de generación; números desagregados por generación térmica, hidráulica; números de los consumos por distintos sectores industriales, etc. En la actualidad la función registral que era desempeñada por Endesa, ha sido desempeñada mes a mes por la Revista Electricidad, la cual se ha convertido en la bitácora energética de la industria, reportando los crecimientos del sector, además de la diversi¿cación de la matriz eléctrica. Así como fue creciendo la capacidad del sistema energético, también creció Revista Electricidad en circulación y número de lectores. En su primer año de vida, la revista contaba con cuatro ediciones al año, con un contenido aproximado de doce páginas. Con el pasar de los años, el número de ediciones aumentó, de los originales cuatro a seis, siete, ocho, diez, hasta alcanzar las doce este 2011, con un promedio 96 páginas. En términos de suscriptores, aumentó de 2.000 en sus orígenes a más de 6.000 en la actualidad. ocurrían en el país, como los problemas relacionados con el suministro de gas desde Argentina, los nuevos proyectos termo e hidroeléctricos, las nuevas normativas regulatorias del sector, la crisis energética, el arribo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), etc. Otra tendencia en el sector energético que se observó a lo largo de estos 20 años y que fue objeto de cobertura por la Revista Electricidad, fue la entrada de nuevos actores privados nacionales, primero, y extranjeros, después, al negocio de la energía; mientras que el Estado asumió un rol con énfasis en la regulación y promoción de inversiones en el sector. RECENSIONES

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

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ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Licenciado en Derecho Investigador (PDAE) Ponti¿cia Universidad Católica de Chile

Por otro lado, el crecimiento sustentable de la economía y las exigencias internacionales también presentan un desafío en desarrollar una matriz energética cada vez más amigable con el medio ambiente. Problemática a la que la Revista Electricidad también le ha dado cobertura, con sus secciones de Medio Ambiente, Energías Renovables No Convencionales y E¿ciencia Energética.

Abogado Asociado Estudio Vergara y Cía.

Ante este panorama, la Revista Electricidad se propone, incrementando periódicamente su cantidad de ejemplares en circulación, además de cubrir las nuevas áreas de negocios del sector energético, como los grandes clientes eléctricos no mineros, por ejemplo, las industrias de la celulosa y el papel.

CARLOS PINTO TORRES

Estas nuevas exigencias y actores del sector eléctrico se han convertido, a su vez, en exigencias para la Revista Electricidad, publicación que ha asumido la responsabilidad de informar a sus lectores, con gusto y compromiso los devenires del mercado energético. Para el cumplimiento de esta misión, la Revista Electricidad cuenta con profesionales de primera línea, que forman los equipos editorial, técnico, comercial y administrativo, unidades que permiten que la publicación llegue a sus lectores. Junto a ellos existen una serie de colaboradores públicos y privados, conformados por distintos actores del sector energía: en las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras, en las asociaciones gremiales, profesionales y de estudio, en las empresas de consultoría, en la academia, en los organismos del Estado, en las empresas proveedoras de bienes y servicios, en las empresas de ingeniería, entre otros, los cuales han permitido que la Revista Electricidad celebre veinte años, quienes han asumido tareas informativas, de comentario y de análisis, relacionadas con el sector.

FELIPE NAVARRO CABRERA

CARLOS PINTO TORRES

Estas nuevas exigencias y actores del sector eléctrico se han convertido, a su vez, en exigencias para la Revista Electricidad, publicación que ha asumido la responsabilidad de informar a sus lectores, con gusto y compromiso los devenires del mercado energético. Para el cumplimiento de esta misión, la Revista Electricidad cuenta con profesionales de primera línea, que forman los equipos editorial, técnico, comercial y administrativo, unidades que permiten que la publicación llegue a sus lectores. Junto a ellos existen una serie de colaboradores públicos y privados, conformados por distintos actores del sector energía: en las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras, en las asociaciones gremiales, profesionales y de estudio, en las empresas de consultoría, en la academia, en los organismos del Estado, en las empresas proveedoras de bienes y servicios, en las empresas de ingeniería, entre otros, los cuales han permitido que la Revista Electricidad celebre veinte años, quienes han asumido tareas informativas, de comentario y de análisis, relacionadas con el sector.

FELIPE NAVARRO CABRERA

Ante este panorama, la Revista Electricidad se propone, incrementando periódicamente su cantidad de ejemplares en circulación, además de cubrir las nuevas áreas de negocios del sector energético, como los grandes clientes eléctricos no mineros, por ejemplo, las industrias de la celulosa y el papel.

Licenciado en Derecho Investigador (PDAE) Ponti¿cia Universidad Católica de Chile

Por otro lado, el crecimiento sustentable de la economía y las exigencias internacionales también presentan un desafío en desarrollar una matriz energética cada vez más amigable con el medio ambiente. Problemática a la que la Revista Electricidad también le ha dado cobertura, con sus secciones de Medio Ambiente, Energías Renovables No Convencionales y E¿ciencia Energética.

Abogado Asociado Estudio Vergara y Cía.

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PUBLICACIONES SOBRE DERECHO DE ENERGÍA EN REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO (REDAE 1999-2006)

ReDAE 2001 Vol. III Nº 1 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago; Mercado y regulación pública en el sector eléctrico español ................................... pp. 161-182 VERGARA BLANCO, Alejandro; Naturaleza jurídica y atribuciones de la comisión pericial que determina el monto del VNR ( Valor Nuevo de Reemplazo) de las instalaciones de distribución eléctrica ............................................. pp. 429-436 MENDOZA, Ramiro; Sobre los requisitos y efectos de un decreto de racionamiento eléctrico adoptado en virtud de lo dispuesto por el art. 99 bis del D.F.L. Nº 1 de 1982. (Notas sobresu aplicación antes y después de la Ley Nº 19.613) ........ pp. 415-428

ReDAE 1999 Vol. I Nº 1 EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Ley Eléctrica versus Reglamento. Ampliación ilegítima de potestades administrativas en desmedro de las facultades de justicia arbitral en servidumbres eléctricas y áreas de influencia............................... pp. 135-139 VERGARA BLANCO, Alejandro; Régimen jurídico de la energía eléctrica. Aspectos generales y problemas actuales .............. pp. 141-159

ReDAE 2000 Vol. II Nº 2 ARÓSTICA MALDONADO, Iván; Reforma de la Ley Eléctrica: Derogación de la sequía como caso fortuito ......................... pp. 407-410 EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Concepto de área de influencia en las servidumbres de paso de energía eléctrica.................. pp. 411-413

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Concepto de área de influencia en las servidumbres de paso de energía eléctrica.................. pp. 411-413 ARÓSTICA MALDONADO, Iván; Reforma de la Ley Eléctrica: Derogación de la sequía como caso fortuito ......................... pp. 407-410

ReDAE 2000 Vol. II Nº 2 VERGARA BLANCO, Alejandro; Régimen jurídico de la energía eléctrica. Aspectos generales y problemas actuales .............. pp. 141-159

ReDAE 1999 Vol. I Nº 1 EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Ley Eléctrica versus Reglamento. Ampliación ilegítima de potestades administrativas en desmedro de las facultades de justicia arbitral en servidumbres eléctricas y áreas de influencia............................... pp. 135-139

MENDOZA, Ramiro; Sobre los requisitos y efectos de un decreto de racionamiento eléctrico adoptado en virtud de lo dispuesto por el art. 99 bis del D.F.L. Nº 1 de 1982. (Notas sobresu aplicación antes y después de la Ley Nº 19.613) ........ pp. 415-428 VERGARA BLANCO, Alejandro; Naturaleza jurídica y atribuciones de la comisión pericial que determina el monto del VNR ( Valor Nuevo de Reemplazo) de las instalaciones de distribución eléctrica ............................................. pp. 429-436

ReDAE 2001 Vol. III Nº 1 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago; Mercado y regulación pública en el sector eléctrico español ................................... pp. 161-182

(REDAE 1999-2006) EN

PUBLICACIONES SOBRE DERECHO DE ENERGÍA REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

VIAL VIAL, Gonzalo; Rol de las empresas distribuidoras en el sistema eléctrico chileno ................................................... pp. 765-770 MATTHEI FORNET, Hedy; Orígenes y proyección de la institucionalidad jurídica eléctrica ............................................... pp. 739- 764

ReDAE 2001 Vol. III Nº 3 ACTAS DE LAS PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO VERGARA BLANCO, Alejandro; Discurso Inaugural de las Primeras Jornadas de Derecho Eléctrico ................................... pp. 647-649

Explotación del servicio eléctrico, precios y tarifas

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

ARANCIBIA MATTAR, Jaime; Naturaleza jurídica de la Comisión de Peritos que fija el VNR en materia de distribución eléctrica ................................................................................. pp. 771-774

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Visión pública y privada de la institucionalidad eléctrica en Chile ESPEJO YAKSIC, Sergio; Aspectos conceptuales y desafíos de la reforma eléctrica.................................................... pp. 651- 656 BRAVO RIVERA, Pilar; Nueva institucionalidad jurídica del D.F.L. Nº 1 de 1982 .............................................................. pp. 657-672. MATTA FUENZALIDA, Guillermo; Visión de las distribuidoras eléctricas ............................................................................... pp. 673-680 VERGARA, Carlos Martín; Causas de la crisis eléctrica 1998 /1999, reacción legislativa y consecuencias en la inversión en el sector eléctrico ................................................. pp. 681-688

CIFUENTES, Ramón; Algunos problemas de responsabilidad civil que plantea la legislación eléctrica ............................... pp. 709-715

Derecho eléctrico en general: Concesiones, ejercicio y responsabilidad ABARA ELÍAS, Fernando; Marco regulatorio del mercado de la transmisión ........................................................................ pp. 689-708

Derecho eléctrico en general: Concesiones, ejercicio y responsabilidad ABARA ELÍAS, Fernando; Marco regulatorio del mercado de la transmisión ........................................................................ pp. 689-708

CIFUENTES, Ramón; Algunos problemas de responsabilidad civil que plantea la legislación eléctrica ............................... pp. 709-715

VERGARA, Carlos Martín; Causas de la crisis eléctrica 1998 /1999, reacción legislativa y consecuencias en la inversión en el sector eléctrico ................................................. pp. 681-688

HENRÍQUEZ CASTILLO, Karina; Regulación ambiental y empresas eléctricas .................................................................... pp. 731-737 GUZMÁN ALONSO, Rafael; Concesiones eléctricas y caminos públicos. Problemática actual ............................................... pp. 725-730 EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Los tipos penales administrativos en la Ley Nº 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ................................................. pp. 717-723 MATTA FUENZALIDA, Guillermo; Visión de las distribuidoras eléctricas ............................................................................... pp. 673-680

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Los tipos penales administrativos en la Ley Nº 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ................................................. pp. 717-723 GUZMÁN ALONSO, Rafael; Concesiones eléctricas y caminos públicos. Problemática actual ............................................... pp. 725-730

BRAVO RIVERA, Pilar; Nueva institucionalidad jurídica del D.F.L. Nº 1 de 1982 .............................................................. pp. 657-672.

HENRÍQUEZ CASTILLO, Karina; Regulación ambiental y empresas eléctricas .................................................................... pp. 731-737

ESPEJO YAKSIC, Sergio; Aspectos conceptuales y desafíos de la reforma eléctrica.................................................... pp. 651- 656

MATTHEI FORNET, Hedy; Orígenes y proyección de la institucionalidad jurídica eléctrica ............................................... pp. 739- 764

Visión pública y privada de la institucionalidad eléctrica en Chile

VIAL VIAL, Gonzalo; Rol de las empresas distribuidoras en el sistema eléctrico chileno ................................................... pp. 765-770

VERGARA BLANCO, Alejandro; Discurso Inaugural de las Primeras Jornadas de Derecho Eléctrico ................................... pp. 647-649

ReDAE 2001 Vol. III Nº 3 ACTAS DE LAS PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO 556

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

Explotación del servicio eléctrico, precios y tarifas ARANCIBIA MATTAR, Jaime; Naturaleza jurídica de la Comisión de Peritos que fija el VNR en materia de distribución eléctrica ................................................................................. pp. 771-774

PUBLICACIONES SOBRE DERECHO DE ENERGÍA EN REDAE 1999-2006

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ERRÁZURIZ GATICA, Juan Manuel; Calidad de servicio y responsabilidad de las empresas generadoras............................ pp. 775-781 LECAROS ZEGERS, Raúl; Resolución de controversias en un CDEC .................................................................................... pp. 783-786 PALUMBO OSSA, Blanca; Libertad en el mercado de la generación eléctrica en Chile ....................................................... pp. 787-791 SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, Enrique; El procedimiento de resolución de divergencias en el CDEC ...................................... pp. 793-798 VERGARA BLANCO, Alejandro; Continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica ante la falta de contratos de abastecimiento .................................................................. pp. 799-810

Institucionalidad jurídica. Análisis del anteproyecto de ley eléctrica SALAS COX, Rafael; Comercializadoras de energía eléctrica. Visión del anteproyecto ........................................................ pp. 811-819

Derecho Comparado DÍAZ ARAUJO, Edgardo; La regulación eléctrica argentina. Antecedentes y perspectivas ................................................. pp. 821-836 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago; Mercado y regulación pública en el sector eléctrico español ................................... pp. 837-858

ERRÁZURIZ GATICA, Juan Manuel; Análisis crítico de las divergencias como procedimiento de solución de disputas en los CDEC .............................................................................. pp. 337-342 CARRILLO T., Tulio; Análisis de la Resolución Exenta Nº 88, Economía, sobre peajes eléctricos ........................................ pp. 329-335

Solución de divergencias en el sector generación-transmisión MATTA FUENZALIDA, Guillermo; La dimensión ética en el servicio público eléctrico ...................................................... pp. 325-328

Marco regulatorio de la industria eléctrica ACTAS DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO ReDAE 2002 Vol. IV Nº 2 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago; Mercado y regulación pública en el sector eléctrico español ................................... pp. 837-858 DÍAZ ARAUJO, Edgardo; La regulación eléctrica argentina. Antecedentes y perspectivas ................................................. pp. 821-836

Derecho Comparado SALAS COX, Rafael; Comercializadoras de energía eléctrica. Visión del anteproyecto ........................................................ pp. 811-819

Institucionalidad jurídica. Análisis del anteproyecto de ley eléctrica VERGARA BLANCO, Alejandro; Continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica ante la falta de contratos de abastecimiento .................................................................. pp. 799-810

ReDAE 2002 Vol. IV Nº 2

SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, Enrique; El procedimiento de resolución de divergencias en el CDEC ...................................... pp. 793-798

Marco regulatorio de la industria eléctrica

ACTAS DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE DERECHO ELÉCTRICO MATTA FUENZALIDA, Guillermo; La dimensión ética en el servicio público eléctrico ...................................................... pp. 325-328

Solución de divergencias en el sector generación-transmisión CARRILLO T., Tulio; Análisis de la Resolución Exenta Nº 88, Economía, sobre peajes eléctricos ........................................ pp. 329-335 ERRÁZURIZ GATICA, Juan Manuel; Análisis crítico de las divergencias como procedimiento de solución de disputas en los CDEC .............................................................................. pp. 337-342

PALUMBO OSSA, Blanca; Libertad en el mercado de la generación eléctrica en Chile ....................................................... pp. 787-791 LECAROS ZEGERS, Raúl; Resolución de controversias en un CDEC .................................................................................... pp. 783-786 ERRÁZURIZ GATICA, Juan Manuel; Calidad de servicio y responsabilidad de las empresas generadoras............................ pp. 775-781 PUBLICACIONES SOBRE DERECHO DE ENERGÍA EN REDAE 1999-2006

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ReDAE 2004 Nº 12

Régimen de compensaciones. Artículos 99 bis del D.F.L. Nº 1 y 16 de la Ley Nº 18.410

pp. 51-60

ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

FERNÁNDEZ A., Andrés; Pertinencia de los instrumentos de planificación territorial para regular la localización y construcción de la infraestructura eléctrica ..........................

558

VUCHETICH DEL C., Esteban; Conceptos para una norma técnica de compensación ........................................................... pp. 343-349

MARTELLI, Hugo; Consideraciones legales argentinas sobre suministro de gas a Chile ...................................................... pp. 439-444

VARAS L., Felipe; Análisis de la compensación establecida en el artículo 16B de la Ley Nº 18.410 ................................. pp. 351-356

ROZAS BALBONTÍN, Patricio; Antecedentes y fundamentos de un proyecto de Ley de uso eficiente de energía para Chile ......... pp. 415-438

OLMEDO H., Juan Carlos; CHÁVEZ DE LA F., Juan; CHIFFELLE H.; Pauline; Régimen de compensaciones en la legislación eléctrica ................................................................................. pp. 357-366

Definición de la matriz energética. El Derecho del gas BAHAMÓNDEZ P., Felipe; Integración vertical en el mercado del gas natural en Chile ......................................................... pp. 409-414 Análisis y efectos del proyecto de “Ley Corta” en la industria eléctrica SILVA B., Patricio; Las barreras de entrada para nuevos generadores en la legislación eléctrica vigente y en la propuesta mediante la “Ley Corta” ....................................... pp. 367-376 OLMEDO H., Juan Carlos; CHÁVEZ DE LA F., Juan; CHIFFELLE H.; Pauline; Régimen de compensaciones en la legislación eléctrica ................................................................................. pp. 357-366 VARAS L., Felipe; Análisis de la compensación establecida en el artículo 16B de la Ley Nº 18.410 ................................. pp. 351-356 VUCHETICH DEL C., Esteban; Conceptos para una norma técnica de compensación ........................................................... pp. 343-349

Régimen de compensaciones. Artículos 99 bis del D.F.L. Nº 1 y 16 de la Ley Nº 18.410 ACTAS DE DERECHO DE ENERGÍA

pp. 51-60

558

ReDAE 2004 Nº 12 FERNÁNDEZ A., Andrés; Pertinencia de los instrumentos de planificación territorial para regular la localización y construcción de la infraestructura eléctrica ..........................

SILVA O., Pablo; Proyecto de Ley Corta. Comentarios sobre sus principales efectos en la subtransmisión......................... pp. 377-384

Definición de la matriz energética. El Derecho del gas BAHAMÓNDEZ P., Felipe; Integración vertical en el mercado del gas natural en Chile ......................................................... pp. 409-414 ROZAS BALBONTÍN, Patricio; Antecedentes y fundamentos de un proyecto de Ley de uso eficiente de energía para Chile ......... pp. 415-438 MARTELLI, Hugo; Consideraciones legales argentinas sobre suministro de gas a Chile ...................................................... pp. 439-444

DOMPER R., María de la Luz; Comentarios al proyecto de Ley Corta en materia de servicios eléctricos ........................ pp. 385-394

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Los centros de despacho económico de carga-CDEC y la solución de divergencias en el reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos ....... pp. 403-407

Principios y problemas generales de Derecho Eléctrico VERGARA BLANCO, Alejandro; Régimen jurídico de las concesiones de servicio privado eléctrico .................................. pp. 395-401

Principios y problemas generales de Derecho Eléctrico VERGARA BLANCO, Alejandro; Régimen jurídico de las concesiones de servicio privado eléctrico .................................. pp. 395-401

EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Los centros de despacho económico de carga-CDEC y la solución de divergencias en el reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos ....... pp. 403-407

Análisis y efectos del proyecto de “Ley Corta” en la industria eléctrica SILVA B., Patricio; Las barreras de entrada para nuevos generadores en la legislación eléctrica vigente y en la propuesta mediante la “Ley Corta” ....................................... pp. 367-376 SILVA O., Pablo; Proyecto de Ley Corta. Comentarios sobre sus principales efectos en la subtransmisión......................... pp. 377-384 DOMPER R., María de la Luz; Comentarios al proyecto de Ley Corta en materia de servicios eléctricos ........................ pp. 385-394

PUBLICACIONES SOBRE DERECHO DE ENERGÍA EN REDAE 1999-2006

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EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Efectos de la regulación normativa en la industria eléctrica: Técnica legislativa ..................

pp. 61-67

AGÜERO V., Francisco y SALAZAR J., Daniel; Marco conceptual y regulación de la confiabilidad en los sistemas eléctricos ........

pp. 69-89

MENDOZA, Ramiro; Costos de explotación a la luz de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo ..........................

pp. 91-102

GIMÉNEZ M., Agustín y DÍAZ ARAUJO, Edgardo; Problemas jurisdiccionales que plantean el transporte y la distribución eléctrica en el Derecho norteamericano y argentino ............. pp. 103-124

BASCUÑÁN, Felipe; Interconexión energética entre países. Caso chileno y algunas experiencias europeas ..................... pp. 121-142

ReDAE 2006 Nº 17 HERNANSANZ, Carmen; Sector eléctrico en España: Un Balance del proceso de liberación ............................................. pp. 145-156

ReDAE 2006 Nº 16 CICERO, Nidia Carolina; La crisis energética argentina y la intervención administrativa en los contratos de exportación, transporte y distribución de gas ...................................

pp. 43-55

ReDAE 2005 Nº 15

HANTKE-DOMAS, Michael; Legislación eléctrica y derecho de la competencia en el mercado generador inglés ................... pp. 125-134

ABARA E., Fernando; La calificación de servicio público de la actividad de transmisión. Efectos y propuestas ................ pp. 165-183

RUDNIK V., Hugh; MOCARQUER, Sebastián y SORE, Franco; Distribución de pagos de sistemas de transmisión entre generación y demanda: experiencia internacional ................ pp. 135-143 SEPÚLVEDA R., Enrique; Nuevo Tribunal de Defensa de la Libre competencia y su importancia para el sector eléctrico ....................................................................................... pp. 145-153. ERRÁZURIZ G., José Tomás; Manifestaciones restrictivas de la libertad de contratación ..................................................... pp. 151-164

ERRÁZURIZ G., José Tomás; Manifestaciones restrictivas de la libertad de contratación ..................................................... pp. 151-164 SEPÚLVEDA R., Enrique; Nuevo Tribunal de Defensa de la Libre competencia y su importancia para el sector eléctrico ....................................................................................... pp. 145-153. RUDNIK V., Hugh; MOCARQUER, Sebastián y SORE, Franco; Distribución de pagos de sistemas de transmisión entre generación y demanda: experiencia internacional ................ pp. 135-143

ABARA E., Fernando; La calificación de servicio público de la actividad de transmisión. Efectos y propuestas ................ pp. 165-183

HANTKE-DOMAS, Michael; Legislación eléctrica y derecho de la competencia en el mercado generador inglés ................... pp. 125-134

ReDAE 2005 Nº 15 CICERO, Nidia Carolina; La crisis energética argentina y la intervención administrativa en los contratos de exportación, transporte y distribución de gas ...................................

pp. 43-55

ReDAE 2006 Nº 16 HERNANSANZ, Carmen; Sector eléctrico en España: Un Balance del proceso de liberación ............................................. pp. 145-156

ReDAE 2006 Nº 17 BASCUÑÁN, Felipe; Interconexión energética entre países. Caso chileno y algunas experiencias europeas ..................... pp. 121-142

GIMÉNEZ M., Agustín y DÍAZ ARAUJO, Edgardo; Problemas jurisdiccionales que plantean el transporte y la distribución eléctrica en el Derecho norteamericano y argentino ............. pp. 103-124 MENDOZA, Ramiro; Costos de explotación a la luz de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo .......................... AGÜERO V., Francisco y SALAZAR J., Daniel; Marco conceptual y regulación de la confiabilidad en los sistemas eléctricos ........ EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio; Efectos de la regulación normativa en la industria eléctrica: Técnica legislativa .................. PUBLICACIONES SOBRE DERECHO DE ENERGÍA EN REDAE 1999-2006

pp. 91-102 pp. 69-89 pp. 61-67 559