Apelacion Con Coa

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RECURSO DE APELACIÓN CON SUSPENSIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

AB. RAÚL CLEMENTE LEDESMA HUERTA MINISTRO DEL TRABAJO CIUDAD I DEL RECURRENTE Y SUS GENERALES DE LEY. ARAM LENNY DUEÑAS RIZZO, de nacionalidad ecuatoriano, con cedula de ciudadanía 091876176-8, de estado civil soltero, de profesión servidor público, domiciliado en la lotización la Jerónima Tercera etapa, con referencia a la Resolución Administrativa dentro del SUMARIO ADMINISTRATIVO NRO. Nro. 0000276- MDT- DTEC -TVI-2018, con fecha 22 de noviembre 2018 y notificado el 29 de noviembre del 2018, por mis propios y personales derechos, en plena facultad física y mental para contratar y obligarse, electrónico [email protected] perteneciente a mi Abogado Patrocinador el Ab. Andres Lenin Ulloa Gutiérrez Msc. ante usted respetuosamente, por estar dentro del plazo, fundamento y presento el RECURSO DE APELACIÓN de conformidad al artículo 217.1, 219, 224 del Código Orgánico Administrativo (COA) en los siguientes términos: II NARRACIÓN DE LOS HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA PRETENSIÓN a.- Pongo en su digno conocimiento que venía cumpliendo satisfactoriamente mis funciones y responsabilidades Inspector de construcción, del departamento de Planificación del GAD PEDERNALES, y actualmente laboro en el Departamento de gestión ambiental y servicios públicos de la misma institución, hasta antes del inicio del procedimiento administrativo y posterior emisión de la Resolución de cese de funciones con fecha 22 de noviembre del 2018 y notificado el 29 de noviembre del 2018, en la cual me imponen la cesación de funciones del cargo como servidor público de inspector en la dirección de planificación del GAD DE PEDERNALES. Acto Administrativo que se basa en un sumario administrativo, en el cual se presentó prueba irrefutable de mi inocencia en la cual el INSPECTOR DE TRABAJO DEL EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, no valoro dichas pruebas, no subsano las excepciones previas planteadas además no emitió, notifico la resolución dentro de los 10 días términos que establece la NORMA TECNICA SUMARIOS ADMINISTRATIVOS PARA SERVIDORES PUBLICO, en su Art. 25, en contra de la Constitución y la Ley, ya que contienen errores de hecho y de derecho, con falta de motivación y que violenta derechos y garantías constitucionales al resolver ha lugar el supuesto cometimiento de haber incurrido en la prohibición determinada en el literal J) del art 48 de la Ley Orgánica de servicio público LOSEP.

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b.- La Resolución recurrida en su parte pertinente considera hechos contradictorios y establece suposiciones abordadas en la etapa en la sumarial que han inducido al error a la autoridad administrativa al momento de resolver ya que las presunciones inexactas se han aclarado con pruebas reales pero no han sido consideradas lo que a su autoridad le hace abordar en conclusiones e interpretaciones equivocadas y en otras falsas lo que está causando vulneración de mis derechos subjetivos relacionados a mi estabilidad laboral e imagen profesional y personal, como a continuación expongo: b.1.- A fjs. 2 de la Resolución se establece: “se convoca a audiencia única para e día miércoles 17 de octubre del 2018, a las 09h00, Audiencia que se llevó a cabo el día y fecha señalado, en la misma que no se llega a ninguna conciliación (…)”: Impugno y rechazo tal aseveración por cuanto en ningún momento procesal el señor inspector insinuó a las partes a realizar la conciliación, es evidente el desconocimiento total del sistema procesal en especial a la norma subjetiva como lo es el COGEP, ya que en ningún momento se llevó acabo la sustancian de la diligencia conforme las reglas procesales de dicho cuerpo legal y se vulneraron solemnidades propias del proceso. b.2.- A fjs 2 de la Resolución se establece: “(…) POR PARTE ACCIONADA: Con su permiso señor inspector dentro de esta etapa procesal, la defensa técnica manifiesta lo siguiente: 1.- en concordancia con nuestro alegato inicial y hasta este momento procesal no se ha resuelto las decisiones previas establecidas en nuestra contestación las cuales consisten en: falta de legitimo contradictor en la causa por la parte demandada y prescripción de la acción, manifestándome la primera parte en concordancia con lo que consta en auto a fs. 5, esto es la especie valorada nro. 0027540 En la cual el señor Gonzaga Lapo Winston, manifiesta de forma clara a la administración que el señor Aram Lenny Dueñas Rizzo, en ningún momento realizó indebido alguno y que la persona que lo está obligando a denunciar es el señor Arquitecto Rubén Molina con la consigna que si no denunciaba esa falsedad, no le iba a dar el permiso de construcción correspondiente, recordándole señor inspector que el abogado de la administración en su alegato final manifestó lo mismo que acabo de indicar yo, a fs. 55, a fs 58, consta la carga probatoria en la cual ante el señor notario da su palabra bajo juramento, que el señor Aram Lenny Dueñas Rizzo en ningún momento le ha hecho cobro indebido alguno con esto claramente se determina que procede la excepción previa de falta legitimo contra vector establecida en nuestra intervención. 2.- hemos planteado también la excepción previa de prescripción establecida en el Art. 153 numeral 6 del COGEP en concordancia Con el art. 14 de la Norma Técnica Sumarios Administrativos de Servidores públicos en la cual manifiesta en su parte pertinente, que las instituciones contempladas en el ámbito de esta presente norma tienen el termino de 30 días contados a partir el presunto cometimiento de la parte grave, llegar 2

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de a conocimiento de la UATH institucional para solicitar el Sumario, siempre y cuando, que dicha acción u omisión se hubiere producido en un plazo no mayor de 2 meses a partir que dicho particular se puso en conocimiento a la UATH, a fs. 71 mediante certificación emitida por el señor abogado Director de Talento Humano, indica que la Dirección aboco conocimiento de la denuncia el 15 de agosto del presente año, esto es del año y el supuesto permiso de construcción, tiene de fecha 15 de mayo de 2017, fecha en la que se presume el supuesto cometimiento de la falta grave, tal como lo dice la . y que a la fecha de hoy han pasado mís de 494 días del supuesto cometimiento de la falta, prescribiendo así en legal y debida forma la acción de solicitud de Sumario”: Señor Ministro, usted como conocedor del derecho, conoce y sabe que dentro del COGEP, no existe las exenciones previas, sino en concordancia con el Art. 153 existe LAS EXCEPCIONES PREVIAS y que solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes: 1. Incompetencia de la o del juzgador. 2. Incapacidad de la parte actora o de su representante. 3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. 4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. 5. Litispendencia. 6. Prescripción. 7. Caducidad. 8. Cosa juzgada. 9. Transacción. 10. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación; pero más allá del error del señor inspector que se podría establecer como errores por desconocimiento normativo, indico a su autoridad que dentro de la contestación del sumario se plantearon las excepciones determinadas en el Art 153, numeral 3 “Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada”, EN ESTE CASO EN PARTICULAR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE SUMARIADA conforme la especie valorada Nº0027540 con fecha de 14 de septiembre del 2018 el señor GONZAGA LAPO WINSTON MONCERIN, con C.I 171297782-4 rectifica su denuncia presentada con fecha 15 de agosto del 2018 ante la municipalidad y declaración juramentada con fecha 14 de septiembre del 2018 ante el Notario Primero del Cantón Pedernales, en la cual bajo juramento ante la autoridad competente declara que en ningún momento yo le he cobrado algún tipo de dinero por el concepto de permiso y mucho menos por planos, lo cual no fue valorado por el Inspector de trabajo es más que por ser copias simples no le da el valor de prueba; también se alegó conforme al Art 153, numeral 6 “Prescripción”. Sin aceptar la responsabilidad de la falta por cuanto la NORMA TECNICA SUMARIOS ADMINISTRATIVOS PARA SERVIDORES PUBLICOS, en su Art 14 establece “.Término para presentar la solicitud de sumario administrativo.- Las instituciones contempladas en el ámbito de la presente norma técnica, tendrán el término de treinta (30) días, contados a partir de que el presunto cometimiento de la falta grave llegare a conocimiento de la UATH institucional, siempre que dicha acción u omisión, se hubiere producido en un plazo no mayor a dos meses antes de que dicho particular se hubiere puesto en conocimiento de la UATH." De la revisión de la solicitud de 3

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sumario administrativo por el presunto cometimiento de la falta se produjo el 15 de mayo del 2017 y el conocimiento por parte de la UATH del GAD PEDERNALES fue de fecha 29 de agosto del 2018, han pasado más de 494 días, prescrito así el derecho de ejercer la acción, por lo cual no se verifico que la solicitud de inicio de sumario administrativo haya sido presentada dentro del término que la norma técnica prevé de manera especial, en concordancia con el art 3 de dicha norma técnica, cabe recalcar señor Ministro que lo antes indicado no se valoró y se sanción con documentación y con alegaciones del GAD Pedernales, las cuales con la copia de la especie valorada Nº 0027540, suscrita por el señor WISTON MONCERIN GONZAGA LAPO, con C.C 171297782-4, dirigida al Ing. NESTOR GABRIEL ALCIVAR ROBLES, Alcalde del GAD Pedernales, CERTIFICA ANTE EL DR. GERARDO ALARCÓN GUILLEN, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN PEDERNALES de fecha 14 de septiembre del 2018 y la copia tercera de la declaración juramentada del señor WISTON MONCERIN GONZAGA LAPO, con C.C 171297782-4 ante EL DR. GERARDO ALARCÓN GUILLEN, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN PEDERNALES de fecha 14 de septiembre del 2018 el mismo señor WISTON MONCERIN GONZAGA LAPO, con C.C 171297782-4 DEMUESTRA MI INOCENCIA Y QUE UN FUNCIONARIO LE OBLIGO A REALIZAR UNA DENUNCIA A BASE DE AMENAZAS LO CUAL NO PUEDE EXISTIR DENTRO DE UNA FUNCIÓN PUBLICA DE CALIDAD Y CALIDEZ. b.3.- A fjs 3 de la resolución determina “En la tramitación del presente Sumario Administrativo, no se observa violación al debido proceso contemplado en el Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, se ha dado cumplimiento a lo prescrito en los Artículos 2, 3 y 4 de la Norma Técnica DE SUSTANCIACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS”. Impugno y rechazo tal aseveración por cuanto si se ha violado el debido proceso, la seguridad jurídica, la esfera de derecho, además el señor Inspector emite su resolución en contra derecho; señor Ministro el inspector de trabajo no resolvió las excepciones previas en la fase inicial de la audiencia única, sino que lo resuelve y lo mal motiva dentro de la resolución que expide FUERA DEL TÉRMINO LEGAL, lo cual causa una nulidad absoluta por cuanto el Art. 112.- Nulidad de sentencia, en este caso la resolución seria nula por cuanto en su numeral 2 establece “Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo que esta se haya planteado y resuelto como excepción previa”, y de la revisión del acta resumen de la audiencia señor Ministro y de lo alegado por la defensa técnica claramente no se resolvieron, no se cumplió con lo determinado en los Art. 3.- Principios rectores.- Los sumarios administrativos que se tramiten ante el Ministerio del Trabajo, observarán los principios de oralidad, motivación, aplicación de lo más favorable a la o el servidor, legalidad, economía procesal, celeridad, oportunidad, seguridad jurídica, transparencia, buena fe y proporcionalidad, respetando las garantías constitucionales de las y los servidores públicos sumariados, señaladas en los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa aplicable, de la NORMA TECNICA SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 4

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PARA SERVIDORES PUBLICO, en este caso señor Ministro no se observó ni aplico principios tan importantes como es el de oralidad, la motivación y en especial la aplicación de lo más favorable a la o el servidor y el principio indubio pro laboralis. b.4.- A fjs 3 se determina “VALIDEZ DEL PROCESO. Se ha observado el trámite de la causa en procedimiento como lo determina La Reforma a la Norma Técnica de Sustanciación de Sumarios Administrativos pata las y los Servidores Públicos, sin que se advierta en su procedimiento omisión de solemnidad sustancial alguna, ni violación de trámite y con los establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República, declaro la validez del proceso”. Señor Ministro de lo ya antes alegado, probado y que consta dentro del expediente administrativo se puede determinar que existió un sin número de violaciones de solemnidades sustanciales, así como falta de seguridad jurídica y una inexistente aplicación de la norma procesal. b.5.- a fjs. 4vts se determina “Copia de la declaración juramentada del Señor Wiston Moncerin Gonzaga Lapo, ante la Notaria Primera del Cantón de Pedernales en fojas 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68; esta autoridad determina que las mismas son copias simples v que el indicado señor Wiston Moncerin Gonzaga Lapo tenía que comparecer a desestimar y ratificarse ante esta autoridad lo manifestado en la declaración juramentada; por lo tanto no constituye prueba alguna. Señor Ministro esta valoración probatoria va en contra del debido proceso y de la seguridad jurídica, ya que no realiza ninguna valoración conforme a derecho es más se puede identificar un escaso o nulo conocimiento de derecho por parte del inspector de trabajo, que manifiesta “tenía que comparecer a desestimar y ratificarse ante esta autoridad lo manifestado en la declaración juramentada por lo tanto no constituye prueba alguna”(…) por algo es una PRUEBA DOCUMENTAL, reconocida ante la AUTORIDAD COMPETENTE ES DECIR ANTES EL NOTARIO, en ningún momento se la ingreso como prueba testimonial, además por ser reconocida ante el NOTARIO, esta documentación es de valor de ORIGINAL y declarada bajo juramento, tiene todas las solemnidades establecidas en el título II de la prueba, art 158, 193, 194, 195, 196 así como también sección II documentos públicos art 205, 206,207,208 del CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, en este estado recalcando nuevamente señor Ministro que la vulneración latente 5

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por parte del INSPECTOR DE TRABAJO, la vulneración a la seguridad jurídica, al debido proceso y en especial a un desconocimiento total de las leyes, el cual ha causa daño difícilmente de reparar con una resolución contraía a derecho. b.6.- a fjs. 5 se determina “en el art. 153 numeral 3 "Falta de legitimación en la causa de la parte actora o de la parte demandada, en cuanto a esta excepción el señor Ing. Néstor Gabriel Alcívar Robles, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedernales, es la persona indicada para realizar esta denuncia mediante tramite sumario administrativo, conforme lo justifica con copia debidamente certificada de credencial de alcalde.”(…) Impugno y rechazo tal aseveración ya que del expediente, en especial del acta resumen de la audiencia se desprende que la defensa técnica enuncia y determina la falta de legitimo contradictor de la parte DEMANDADA, en esta caso de la parte SUMARIADA, no de quien solicita el sumario como lo es el GAD DE PEDERNALES, y de forma errónea de nuevo fundamenta la resolución en contra a la seguridad jurídica del sumariado, con la documentación que se presentó esto es copia de la especie valorada Nº 0027540, suscrita por el señor WISTON MONCERIN GONZAGA LAPO, con C.C 171297782-4, dirigida al Ing. NESTOR GABRIEL ALCIVAR ROBLES, Alcalde del GAD Pedernales, certifica ante el Dr. Gerardo Alarcón Guillen, Notario Primero del Cantón Pedernales de fecha 14 de septiembre del 2018 y la copia tercera de la declaración juramentada del señor WISTON MONCERIN GONZAGA LAPO, con C.C 171297782-4 ante el Dr. Gerardo Alarcón Guillen, Notario Primero del Cantón Pedernales de fecha 14 de septiembre del 2018 el mismo señor WISTON MONCERIN GONZAGA LAPO, con C.C 171297782-4 demuestra mi inocencia y que la persona que le cobro el dinero fue otro funcionario llamado RENE MONCAYO, ( el mismo supuesto perjudicado le informa de manera documentada al alcalde mi inocencia, esto es presentado ante el inspector y este no lo valora) , mismas que no fueron valoradas como pruebas según lo que determina la norma esto es que tiene “Finalidad de la prueba. La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos.” 1 b.7.- a fjs. 5 se determina (…) Ahora bien la excepción Art. 153 numeral 6 (…) (…)." La norma es clara sobre la prescripción, en cuanto al caso que nos atañe la presentación de sumario administrativo ha sido presentada dentro de los términos legales de acuerdo a los documentos constantes a fojas 2 hasta 19, por cuanto se ha procedido a entregar documentación que no existe en archivos del G.A.D de Pedernales al señor Gonzaga Lapo Winston Moncerin, ya que el mismo manifiesta en su denuncia presentada el 15 de agosto de 2018 ".(…)

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CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, art 158.

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señor Ministro en este punto indico que presentamos la excepción previa de prescripción sin que esto sin que esto signifique el aceptamiento de la falta, lo cual consta en el acta resumen, del análisis de la norma realizado por el señor inspector de puede evidenciar una incorrecta interpretación del art 14 de la NORMA TECNICA SUMARIOS ADMINISTRATIVOS PARA SERVIDORES PUBLICO, por cuanto esta es sumamente clara al momento de determinar los términos para interponer la solicitud de sumario administrativo, el Art 14 establece “.- Término para presentar la solicitud de sumario administrativo.- Las instituciones contempladas en el ámbito de la presente norma técnica, tendrán el término de treinta (30) días, contados a partir de que el presunto cometimiento de la falta grave llegare a conocimiento de la UATH institucional, siempre que dicha acción u omisión, se hubiere producido en un plazo no mayor a dos meses antes de que dicho particular se hubiere puesto en conocimiento de la UATH." De la revisión de la solicitud de sumario administrativo por el presunto cometimiento de la falta se produjo el 15 de mayo del 2017 y el conocimiento por parte de la UATH del GAD PEDERNALES fue de fecha 29 de agosto del 2018, han pasado más de 494 días, prescrito así el derecho de ejercer la acción, por lo cual se debió verificar que la solicitud de inicio de sumario administrativo ya presentada dentro del término que la norma técnica prevé de manera especial, en concordancia con el art 3 de dicha norma técnica, y con el análisis del inspector no se respetó principio procesal alguno en especial y el más fundamental en materia laboral como lo es el INDUBIO PRO LABORALIS. c.- En la parte final de la resolución, del análisis realizado y que usted realizara denotara una falta de motivación, además de falta de principios procesales así como también de jurisprudencia vinculante, dando una resolución en base de documento sin autentificar por parte del GAD PEDERNALES, y no valorando DOCUMENTACION RECONOCIDA ANTE LA AUTORIDAD DEL NOTARIO, de forma expresa indica que una declaración juramentada no tiene valor procesal ni probatorio para el inspector de trabajo ya que la persona que realiza la declaración no la sustento ante él, LO CUAL ES UNA CLARA VIOLACION AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURIDICA, d.- Esta resolución realiza una vulneración al debido proceso, seguridad jurídica, esfera de derecho además nunca se respetó mi estado de inocencia como así tampoco se procedió a sustanciar el sumario administrativo conforme las reglas procesales, demostrando un desconocimiento procesal total dentro de este sumario lo cual causo afectación directa a mis derechos personales, en especial a mi derecho laboral consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, el “Art. 44.- Sumario administrativo. - Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual el Ministerio del Trabajo determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas graves establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o un servidor de una institución pública e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente. Su procedimiento se normará a 7

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través del Acuerdo que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo. El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, con la participación de las partes involucradas, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor público. Si el Ministerio del Trabajo establece responsabilidades administrativas impondrá a la servidora o al servidor sumariado las sanciones señaladas en la presente Ley. De encontrar elementos que puedan conllevar una ulterior determinación de responsabilidades civiles o penales, correrá traslado a la Contraloría General del Estado o a los órganos jurisdiccionales competentes, según corresponda” Las negritas y subrayado me pertenecen, lo cual demuestra una vez más los errores de hecho y de derecho dentro del presente sumario. e.- Con lo antes señalado claramente se demuestra mi inocencia dentro de este proceso administrativo, dejando señalado que la prueba documental presentada ratificaba mi estado de inocencia, fue presentada en el sumario administrativo, pero no fue tomada en cuenta como prueba dentro de su sustanciación. e.1 En el caso de las excepciones previas las cuales en el momento procesal oportuno señor ministro no se subsanaron conforme las reglas del debido proceso, en el acta de audiencia oral en ningún momento dentro de esa audiencia se subsano dichas excepciones vulnerando así el debido proceso y seguridad jurídica, ya que por ser excepciones no subsanables conforme el CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, se debió subsanar las excepciones presentadas y ordenar el archivo del proceso administrativo conforme lo establecido en el Art 153, en concordancia del Art 295 del CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP. En estricto apego a las normas procesales vigentes y en especial a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador. y demás normas vigentes para el efecto al tratarse de derechos del recurrente, es decir se aspiraba a encontrar conclusiones objetivas y claras, accionares tipificados y vigentes que prueben y le den la certeza a la autoridad administrativa sobre acciones u omisiones que cuantifiquen la mala conducta profesional del recurrente, pero me encuentro ante una resolución que contiene inferencias sobre acciones que no he cometido. e.2 Al contrario, EL INSPECTOR DE TRABAJO DEL EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, AB. TITO VILLAMIL INTRIAGO, DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO 0000276-MDT-DTEC-TVI-2018 no han considerado ninguna de las pruebas aportadas en las investigaciones que eran útiles y pertinentes para desvirtuar la presunción de cometimiento de los hechos imputados en el sumario, por lo que aprovecho la oportunidad para manifestar nunca he ido sancionado ni mucho menos denunciado por algún tipo de delito o acción administrativa en toda mi vida 8

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profesional, acciones que debieron ser tomados en consideración para calificar mi conducta profesional. f.- Señor ministro, dentro del sumario administrativo 0000277-MDT-DTECTVI-2018, se realizó la audiencia única el día miércoles 17 de octubre del 2018, conforme a la NORMA TECNICA SUMARIOS ADMINISTRATIVOS PARA SERVIDORES PUBLICO, que en Art. 25 determina lo siguiente “Resolución.Concluida la audiencia única, la o el Inspector del Trabajo en el término de diez (10) días, expedirá y notificará la resolución debidamente motivada en la que conste la aplicación de la sanción correspondiente o el archivo del sumario de ser el caso.(…) las negritas y cursivas con mías. (…) En el caso de incumplimiento de los términos establecidos en la presente Norma Técnica, esto se considerará una falta administrativa grave de la o el Inspector de Trabajo, y será sancionado de conformidad al régimen disciplinario, sin que dicho incumplimiento reconozca derecho de prescripción a alguna de las partes, para lo cual se tomará en cuenta los términos de prescripción establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público”. las negritas y cursivas con mías. Con la fundamentación antes indicada de forma clara indico a usted que el AB. TITO VILLAMIL INTRIAGO, en calidad INSPECTOR DE TRABAJO DE EL CARMEN, provincia de MANABÍ, no ha conducido su responsabilidad de inspector de trabajo conforme lo determinando en la norma antes mencionada, ya que el día jueves 29 de noviembre de 2018 a las 12:47 notifica de forma electrónica en mi casillero judicial [email protected] con la resolución administrativa dentro del sumario Nº 0000277-MDT-DTEC-TVI2018, además de la observación del mismo se despende que este es redactado el día 22 de noviembre del 2018, a las 15H10, aun así fuera del termino de 10 días contados a partir de la fecha de realización de la audiencia única, recayendo en una falta grave determinada en el Art. 86 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO mismo que establece como faltas graves “Son aquellas acciones u omisiones que contrarían gravemente el orden jurídico o que alteran gravemente el orden institucional, su cometimiento será sancionado con suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución y se impondrá previa la realización de un sumario administrativo”. las negritas y cursivas con mías. Señor ministro de este particular ya ha sido informado el señor Inspector y no se ha pronunciado del mismo el señor AB. TITO VILLAMIL INTRIAGO, en calidad INSPECTOR DE TRABAJO DE EL CARMEN, provincia de Manabí, ha violado la garantía del debido proceso y la seguridad jurídica. g.- Considerando que la resolución impugnada se fundamente en elementos subjetivos, oscuros, sobre la base de opiniones, suposiciones, interpretaciones y creencias personales tal como he demostrado con este 9

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recurso, contraviene toda norma legal ya que contiene errores de hecho que afectan mis derechos subjetivos; cabe recordar que EL GAD DE PEDERNALES, nunca presento informes laborales en mi contra y los únicos documentos presentados fueron documentos sin certificar por la autoridad competente, que en su momento se basan en presunciones por lo que al realizar los sumarios administrativos se debe aplicar la prueba plena desvirtuando o afirmando cualquier presunción dada en los informes, en el sumario realizado a mi persona se entregó todas las pruebas de descargo pero no han sido consideradas para la resolución final en donde aporté con pruebas objetivas y claras que desvirtuaron las conclusiones equivocadas con que finalizan los agentes investigadores, ha aclarado y se han desvirtuado con pruebas reales pero desconozco el motivo por el cual no se han considerado por ello es mi inconformidad con la resolución y con este recurso apelo al acto administrativo por estar viciado de nulidad ya que esta resolución restringe el derecho subjetivo a la estabilidad laboral, a la garantía constitucional del debido proceso en la falta de motivación. h.- Con independencia del recurso presentado, el acto administrativo recurrido al exponer los errores de hecho, es nulo y según la norma vigente debería ser anulado el acto y el procedimiento administrativo por la máxima autoridad administrativa, en cualquier momento, a iniciativa propia o por insinuación del recurrente como así lo hago. III ANUNCIO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. Pruebas que se ofrecen para acreditar los hechos y como éstos sustentan mi pretensión de conformidad al Art.220.3 del COA DOCUMENTAL: 

Copia cuarta de la declaración juramentada del señor WISTON MONCERIN GONZAGA LAPO, con C.C 171297782-4 ante el Dr. Gerardo Alarcón Guillen, Notario Primero del Cantón Pedernales de fecha 14 de septiembre del 2018

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Calificación de contestación de solicitud de sumario administrativo, de fecha 24 de septiembre del 2018 notificada electrónicamente por el Ab. Tito Villamil Intriago, Inspector de trabajo de El Carmen, provincia de Manabí.

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Notificación de fecha 25 de septiembre del 2018, notificada electrónicamente, en la cual se dispone que la audiencia única se realizará el día 17 de octubre del 2018 a las 09H30. 10

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Acta de audiencia única realizada el día 17 de octubre del 2018, dentro del SUMARIO ADMINISTRATIVO NRO. Nro. 0000276- MDT- DTEC -TVI2018 en contra de ARAM LENNY DUEÑAS RIZZO.

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Resolución, dentro del SUMARIO ADMINISTRATIVO NRO. Nro. 0000276MDT- DTEC -TVI-2018 de fecha 22 de noviembre del 2018 y notificada el día 29 de noviembre del 2018 electrónicamente. Contestación al sumario administrativo

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SOLICITUD DE ACCESO A Pruebas DOCUMENTALES. - De conformidad al Art.220.3 del COA DOCUMENTAL: a) Que se solicite al INSPECTOR DE TRBAJO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, a fin que se adjunte al proceso copia certificada del expediente administrativo abierto contra el recurrente y con el cual se dio a lugar la resolución en contra del recurrente, esta prueba la solicito en virtud de haber ya solicitado y hasta este momento no se me han otorgado.

IV FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamento mi recurso de apelación al amparo de los Art.76 numeral 1), Art.76 numeral 7) literal m); Art.76 numeral 7) literal l); y Art.173 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE); en concordancia con el artículo 217.1, 219, 224 del Código Orgánico Administrativo (COA) por estar vigente al momento de presentado el recurso. a.PROBLEMA JURÍDICO: Resolución, dentro del SUMARIO ADMINISTRATIVO NRO. Nro. 0000276- MDT- DTEC -TVI-2018 de fecha 22 de noviembre del 2018 y notificada el día 29 de noviembre del 2018 electrónicamente, en la cual me imponen LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO COMO SERVIDOR PÚBLICO, DEL SEÑOR ARAM LENNY DUEÑAS RIZZO QUIEN PRESTABA SUS SERVICIOS COMO INSPECTOR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL G.A.D DE PEDERNALES, se observa que entre los considerandos y lo resuelto una falta de concatenación entre las cuestiones de hecho y de derecho planteadas; es más, no se observa una valoración de los problemas jurídicos, no se han probado los hechos incoados que determinen el cometimiento de alguna falta administrativa o de algún delito penal, no se han considerado pruebas de descargo que se aportaron para dar la certeza de los hechos como son y no como equivocadamente arriban la junta de resolución de conflictos, lo que no permite al auditorio social 11

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tener una compresión efectiva del caso, y genera que la resolución no sea inteligible ni clara. Por lo que la resolución no cumple con el parámetro de la comprensibilidad, es decir esta presenta inconsistencias respecto a los parámetros de la razonabilidad, la lógica y la comprensión que configuran la garantía de motivación, por lo que se configura una vulneración a esta garantía, prevista en el artículo 76 numeral 7) literal l) de la Constitución de la República. Nuestra Constitución garantiza que “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos; Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”. He citado estas normas legales por cuanto el inspector del trabajo, si bien tiene jurisdicción y competencia para resolver la conducta profesional del recurrente, esta debe quedar demostrada, que tipo de infracción o prohibición disciplinaria cometió, la sanción que le corresponde, es decir una adecuada motivación de forma clara, pero al revisar la resolución estos presupuestos legales al momento de resolver no se han realizado. Tampoco se ha respetado el principio de proporcionalidad como garantía constitucional de las personas, que en el COA lo establece su Art.16.Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico.

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La sanción que se me está imponiendo en la resolución impugnada no explica ni motiva cual es la falta disciplinaria cometida con mi accionar, y en el supuesto no consentido no guarda proporcionalidad entre lo establecido con lo sancionado, es decir no cumple los requisitos indispensables de discrecionalidad y proporcionalidad, lo que contraviene la norma constitucional en su Art.76 numeral 6. En este punto es necesario establecer, si el pronunciamiento del acto administrativo, en la parte resolutiva, “RESUELVE: LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO COMO SERVIDOR PÚBLICO, DEL SEÑOR ARAM LENNY DUEÑAS RIZZO QUIEN PRESTABA SUS SERVICIOS COMO INSPECTOR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL G.A.D DE PEDERNALES, por haber incurrido en lo dispuesto en el literal j) del Art. 48 de la LOSEP.- 2)La Dirección de Administración del Talento Humano, de la Institución Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedernales elabore la acción de personal respectiva, para la notificación al señor Aram Lenny Dueñas Rizzo conforme lo establece el inciso segundo del Art. 25 de la Norma Técnica de sustanciación de Sumarios Administrativo para las y los Servidor Públicos en concordancia con el Art. 98 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público; además, realice el procedimiento de inscripción de impedimento para ejercer cargo en el Ministerio del Trabajo.- 3) Incorpórese al expediente el escrito presentado por la parte accionada y téngase en cuenta lo que hubiera lugar a derecho; necesita verdaderamente un análisis netamente técnico en materia Constitucional a luz del estado constitucional, para lo cual me permito expresar: El acceso a la justicia forma parte de la seguridad jurídica establecida en el artículo 82 Constitución de la República del Ecuador, en adelante CRE, y que es la certeza de contar con normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, sin embargo, tal principio no se agota en las meras formas, pues en muchos casos dichas formalidades y solemnidades, podrían ser el mecanismo de perpetuación de una injusticia o un sinrazón jurídica. b.- DEBIDO PROCESO. - En el debido proceso previsto en el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución señala entre sus garantías la de: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”, lo que implica. El derecho al debido proceso se debe interpretar como he manifestado en líneas anteriores a la luz de los principios de juicio justo y de igualdad de armas, frente a aquellas situaciones que desequilibran su actuación en el proceso administrativo y que no coinciden estrictamente con los supuestos establecidos en las cláusulas del debido proceso de la 13

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Constitución (supra).

y

los

instrumentos

internacionales

de

Derechos

Humanos

A partir de ello, el principio de contradicción debe garantizar, de tal manera que permita, el desarrollo del procedimiento administrativo, donde se debe tomar medidas para equiparar en el mayor grado. Esto contribuye para la satisfacción del principio de igualdad de medios o igualdad de armas, cuyo desarrollo implica una ampliación, tanto de las garantías para preparar una defensa material y técnica estratégica como es en este caso al ACTO ADMINISTRATIVO DONDE ME DESTITUYEN DE LA INSTITUCIÓN, como de la carga de sustentar las pruebas y la acusación, que me hizo el GAD de Pedernales. Lo cual en la resolución del inspector de trabajo, como autoridad competente, en el pronunciamiento señalado que: “ RESUELVE: LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO COMO SERVIDOR PÚBLICO, DEL SEÑOR ARAM LENNY DUEÑAS RIZZO QUIEN PRESTABA SUS SERVICIOS COMO INSPECTOR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL G.A.D DE PEDERNALES, por haber incurrido en lo dispuesto en el literal j) del Art. 48 de la LOSEP.- 2)La Dirección de Administración del Talento Humano, de la Institución Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedernales elabore la acción de personal respectiva, para la notificación al señor Aram Lenny Dueñas Rizzo conforme lo establece el inciso segundo del Art. 25 de la Norma Técnica de sustanciación de Sumarios Administrativo para las y los Servidor Públicos en concordancia con el Art. 98 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público; además, realice el procedimiento de inscripción de impedimento para ejercer cargo en el Ministerio del Trabajo.- 3) Incorpórese al expediente el escrito presentado por la parte accionada y téngase en cuenta lo que hubiera lugar a derecho”; vulnera la CRE, sin considerar pruebas aportadas por el recurrentes dentro de las investigaciones y que produce que arriben a conclusiones unilaterales equivocadas. En los procesos administrativos, en los cuales existe una confrontación de interés para el administrado como es en este caso, que el efecto es la ACOGER el Informe sobre las Conclusiones y Recomendaciones del Sumario Administrativo previo a la destitución de la Institución Publica por meras presunciones, no con pruebas reales, como parte perjudicada, siempre tendré el derecho de buscar y activar los medios, que me permitan oponerme a que la resolución dictada por la Autoridad Administrativa, adquiera la calidad de acto administrativo firme; y, de esta manera evitar el efecto de inmutabilidad de las resoluciones administrativas. La oposición del acto administrativo se materializa a través de los de nominados recursos, que tienen por objeto modificar una decisión administrativa por una nueva, en cumplimiento del principio de legalidad, el cual exige resoluciones acordes a la Constitución y la ley. Nuestra Constitución al reglar sobre el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa como principio, señala como parte de este derecho 14

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varias garantías y otros derechos y faculta a todas las personas de recurrir el fallo o resolución, en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, como un fundamento del derecho a la defensa artículo 76.7.m. De igual manera, la normativa internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica (CADH) –, distinguen la facultad de recurrir, como un mecanismo legal a través del cual se puede conseguir que el sentido de una sentencia pueda ser modificada, lo cual es un derecho. La facultad para impugnar a una resolución en el ámbito administrativo habilita al administrado bajo el principio de la tutela judicial efectiva, pueda solicitar que su proceso administrativo sea conocido nuevamente, y que la autoridad por la capacidad que tiene de controlar y modificar las resoluciones administrativas (ACTOS ADMINISTRATIVOS). Las impugnaciones, que son a través de recursos, se interponen cuando el recurrente estima que la Autoridad Administrativa en el ACTO ADMINISTRATIVO ha infringido normas legales o contenidos doctrinarios; es por eso que el recurso al fallo o resolución constituye una garantía que configura su derecho constitucional a un proceso justo. En todo medio impugnatorio tiene un proceso que es la admisión, tramitación y resolución. Las resoluciones en el ámbito administrativo son recurribles, por eso está la garantía de que estas pueden ser impugnadas, por eso es necesario que el administrado demuestre que efectivamente sus derechos e intereses han resultado afectados totalmente o parcialmente y no solo que la decisión le es desfavorable; así me presento con esta apelación con la debida fundamentación y motivación sobre las razones que la Resolución recurrida infringió al tomar en consideración conclusiones y en algunos casos presunciones, que viola el debido proceso en la falta de motivación. c.- El espíritu de la norma de la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, además de la Norma técnica de sumario administrativo sobre la sustanciación de informaciones sumarias tiene por objeto principal recoger todas las versiones y medios de prueba que tengan relación con el asunto que se investiga y según el reglamento, deben ser producidas en el acto mismo del sumario , pero en el procedimiento sub judice para resolver el INSPECTOR DE TRABAJO DEL EL CARMEN PROVINCIA DE MANABI considera y se limita a tomar en cuenta las mismas presunciones que sirvieron de base para la investigación ya que en desarrollo del sumario debían sustentarse y demostrarse los hechos, practicar diligencias solicitadas, pero la Administración no las ha considerado; es decir el fin del sumario no se cumplió, se vulneró la garantía constitucional consagrada en el Art. 76.3 de nuestra Constitución que señala: “(…). Sólo se podrá juzgar (…) con observancia del trámite propio de cada procedimiento” para tal efecto es necesario tomar en cuenta que en Derecho Público estamos obligados “hacer lo que se encuentra tipificado hacer lo contrario es prohibido” . d.- Lo expuesto provoca una inseguridad jurídica desvirtuando que el sistema procesal sea un medio para la realización de la justicia, puesto 15

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que no se hacen efectivas las garantías del debido proceso, ya que se considera elementos de convicción que no han sido probados ni corroborados durante la información sumaria; reitero se juzgó mi conducta profesional en base de una denuncia que fue retirada por la supuesta víctima, misma que reconoce e informa al ALCALDE y a TALENTO HUMANO, que soy completamente inocente y que fue otra persona quien hizo un cobro, y mas no en base a las pruebas que se aportó dentro del sumario que desvirtuaban lo incoado al recurrente, y más bien consideran conclusiones inexactas, presunciones no probadas por los agentes investigadores, siendo acogidos por la autoridad encargada de resolver, sin tipificar la falta supuesta, ocasionándome un grave perjuicio, violentando mis derechos y garantías constitucionales consagrados en el artículo 75, 76 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE). e.- Inobservancia del Art.424 de la CRE.- “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica” (…) Es evidente el incumplimiento de la garantía constitucional citada ya que la resolución impugnada inobserva o cumple de manera inadecuada. f.- Por lo expuesto, esta defensa técnica sostiene que la Resolución dentro del SUMARIO ADMINISTRATIVO NRO. Nro. 0000276- MDT- DTEC -TVI-2018 de fecha 22 de noviembre del 2018 y notificada el día 29 de noviembre del 2018 electrónicamente, en la cual me imponen la destitución la cual en su parte principal RESUELVE: “(…) 1.- RESUELVE: LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO COMO SERVIDOR PÚBLICO, DEL SEÑOR ARAM LENNY DUEÑAS RIZZO QUIEN PRESTABA SUS SERVICIOS COMO INSPECTOR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL G.A.D DE PEDERNALES, por haber incurrido en lo dispuesto en el literal j) del Art. 48 de la LOSEP.- 2)La Dirección de Administración del Talento Humano, de la Institución Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedernales elabore la acción de personal respectiva, para la notificación al señor Aram Lenny Dueñas Rizzo conforme lo establece el inciso segundo del Art. 25 de la Norma Técnica de sustanciación de Sumarios Administrativo para las y los Servidor Públicos en concordancia con el Art. 98 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público; además, realice el procedimiento de inscripción de impedimento para ejercer cargo en el Ministerio del Trabajo.- 3) Incorpórese al expediente el escrito presentado por la parte accionada y téngase en cuenta lo que hubiera lugar a derecho (…)”. contiene errores de hecho y de derecho vulnerando derechos subjetivos del recurrente, mi legítima defensa, derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por cuanto se evidencia falta de motivación en la resolución recurrida por defecto de los informes investigativos que sirvieron de fundamento. V

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ÓRGANO ADMINISTRATIVO ANTE EL QUE SE SUSTANCIÓ EL PROCEDIMIENTO QUE HA DADO ORIGEN AL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El órgano administrativo ante el que se sustanció el procedimiento que ha dado origen al acto administrativo impugnado es la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL EL CARMEN. VI DETERMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO EN RECURSO DE APELACIÓN Resolución emitida por el INSPECTOR DE TRABAJO, dentro del SUMARIO ADMINISTRATIVO NRO. Nro. 0000276- MDT- DTEC -TVI-2018 de fecha 22 de noviembre del 2018 y notificada el día 29 de noviembre del 2018 electrónicamente, en la cual me imponen la destitución la cual en su parte principal RESUELVE: “(…) 1.- RESUELVE: LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO COMO SERVIDOR PÚBLICO, DEL SEÑOR ARAM LENNY DUEÑAS RIZZO QUIEN PRESTABA SUS SERVICIOS COMO INSPECTOR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL G.A.D DE PEDERNALES, por haber incurrido en lo dispuesto en el literal j) del Art. 48 de la LOSEP.- 2)La Dirección de Administración del Talento Humano, de la Institución Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedernales elabore la acción de personal respectiva, para la notificación al señor Aram Lenny Dueñas Rizzo conforme lo establece el inciso segundo del Art. 25 de la Norma Técnica de sustanciación de Sumarios Administrativo para las y los Servidor Públicos en concordancia con el Art. 98 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público; además, realice el procedimiento de inscripción de impedimento para ejercer cargo en el Ministerio del Trabajo.- 3) Incorpórese al expediente el escrito presentado por la parte accionada y téngase en cuenta lo que hubiera lugar a derecho (…)” VII RAZÓN DE LA IMPUGNACIÓN La resolución administrativa de considerar ha lugar la prohibición administrativa del recurrente de fecha 22 de noviembre del 2018 y notificada el día 29 de noviembre del 2018 vulnera de forma flagrante el debido proceso, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica ya que contiene errores de hecho y de derecho ya que en el acto administrativo recurrido no se ha evidenciado ni hay pruebas reales que demuestren objetivamente la mala conducta profesional, no hay pruebas que den la certeza a la autoridad administrativa la acción u omisión cometida por el recurrente que encuadren con un tipo de falta administrativa o delito con lo que ha lesionado gravemente la seguridad jurídica, el prestigio de la Institución o haya atentado gravemente contra la moral y las buenas costumbres, por lo que no se puede establecer que el recurrente sea reincidente en el cometimiento de estas, al contrario, el recurrente ha probado que ha trabajado profesionalmente por más de nueve años como funcionario público en consonancia con el alto grado de responsabilidad, cumpliendo satisfactoriamente su misión fundamental de servir con calidad 17

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y calidez, ya sea encontrándome en servicio o fuera de él sin apartarme de la misión constitucional. En el estado constitucional de derechos y justicia de conformidad con el artículo 1 de la Constitución, la consideración comporta varias implicaciones, quizá la más relevante se refiere a que el Estado encuentra su fundamento en el respeto y tutela de los derechos constitucionales de los ciudadanos, considerados normas directamente aplicables por y ante cualquier servidora o servidor público2. Los actos administrativos al ser pronunciados deben ser motivadas, es decir deben ser lógicos, razonados y comprensibles al entorno social (presupuestos del principio de la motivación – corte constitucional del ecuador), caso contrario el acto es nulo. La resolución no contiene el acto realizado que encuadre con la falta tipificada en la norma vigente para que sea reincidente en el cometimiento de las faltas disciplinarias, ni aplican la proporcionalidad necesaria. Las determinaciones arribadas por la delegada de talento humano y acogidas en el inspector de trabajo son subjetivas y no comprobadas, que no deben ser consideradas como acciones que lesionen gravemente mis derechos Constitucionales, ya que están comprobadas que esas determinaciones son equivocadas y que mi actuar como docente se cumplió se cumplió con profesionalismo. VIII PRETENSIÓN CONCRETA En virtud de lo expuesto, debidamente sustentado y motivado este recurso, y considerando que el acto administrativo fue dictado en clara vulneración de los derechos subjetivos y constitucionales, y al ser un acto de plena nulidad, solicito que se declare la nulidad de la resolución del acto y procedimiento administrativo fecha 22 de noviembre del 2018 y notificada el día 29 de noviembre del 2018 dentro del SUMARIO ADMINISTRATIVO: 0000276MDT-DTEC-TVI-2018 y que se deje sin efecto el cese de mis funciones como funcionario del GAD PEDERNLES. En la Instancia superior, previo a resolver mi recurso, solicito se me reciba a fin de poder fundamentar y explicar jurídicamente sobre mi situación profesional a través de mi Abogado Patrocinador, de conformidad con las atribuciones que la Ley confiere. Para mi comparecencia, se notificará a través de la casilla judicial de mi Abogado Patrocinador.

IX SOLICITUD DE SUSPECION DEL ACTO ADMINISTRATIVO

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Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República.

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Señor Ministro en concordancia con el Art. 229 del CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO, solicito dentro del término legal, la Suspensión del acto administrativo, ya que de a ejecución del mismo se concurren en las siguientes circunstancias: 1. Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación Esto es que con la ejecución de del acto administrativo se violaría mi derecho a recurrir ante su autoridad, además a mi derecho constitucional al trabajo, garantizado hasta en tratados internaciones suscrito por el Estado del Ecuador, además se violaría mi estado de presunción de inocencia lo cual sería difícil de reparar ante la administración y ante la sociedad destruyendo así mi bien nombre y honorabilidad. 2. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, previstas en este Código o las normas que rijan el respectivo procedimiento especial. Como le he motivado en esta resolución se viola el debido proceso, la seguridad jurídica y la esfera de derecho, así como también de existe una falta de motivación, no existe valoración probatoria y violaciones de solemnidades procesales sustanciales. X AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACIONES En la instancia administrativa superior recibiré las notificaciones en la casilla electrónico: [email protected] que corresponden a mi abogado patrocinador, Ab. Andres Lenin Ulloa Gutiérrez Msc, a quien autorizo a que presente cuanto escrito sea necesario en defensa de mis intereses. Adjunto copias de cedula de ciudadanía Credencial de abogado. Firmo con mi abogado patrocinador. Por ser legal, Quito, 3 diciembre de 2018.

ARAM LENNY DUEÑAS RIZZO

Ab. Andres Lenin Ulloa Gutiérrez. Msc.

C.C 091876176-8

Mat. 13-2015-52

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