El Nuevo Proceso Laboral

Humbelino Peña Camarena Juan Humberto Peña Acevedo

El nuevo

proceso laboral en sus documentos Teoría, modelos, casos prácticos y jurisprudencia

SOLUCIONES

LABORALES

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proceso laboral en sus documentos Teoría, modelos, casos prácticos y jurisprudencia

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS Teoría, modelos, casos prácticos y jurisprudencia PRIMERA EDICIÓN ENERO 2013 3690 Ejemplares

© Humbelino Peña Camarena © Juan Peña Acevedo © Gaceta Jurídica S.A. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DERECHOS RESERVADOS D.LEG. Nº 822

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2013-00138 LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED ISBN: 978-612-311-019-2 REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 31501221300010 DIAGRAMACIÓN DE CARÁTULA

Martha Hidalgo Rivero DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES

Rosa Alarcón Romero

GACETA JURÍDICA S.A. ANGAMOS OESTE 526-MIRAFLORES LIMA 18-PERÚ CENTRAL TELEFÓNICA 710-8900 www.solucioneslaborales.com.pe Impreso en: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. San Alberto 201–Surquillo Lima 34–Perú

“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados”. (Mateo 5,6)

PRÓLOGO En el mes de junio del año 2011, mis amigos Humbelino Peña Camarena y Juan Peña Acevedo (dos generaciones vinculadas por su amor al Derecho), me confirieron el honor de prologar la primera edición de su Manual para la Aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. En esa ocasión hice referencia a algunas características de la norma procesal que todavía comenzaba a aplicarse tímidamente, luchando para introducir su aplicación dentro de nuestro medio. Ahora, los autores presentan esta renovada publicación que refleja la nueva realidad de tan importante trabajo, en el que ampliando los conceptos expresados en su anterior obra y agregando abundante documentación relacionada con la aplicación de dicha norma que, a pesar de caracterizarse por su tendencia a la oralidad, no deja de requerir actos de soporte escrito. Desde la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, su campo de aplicación se ha expandido, ampliándose el número de distritos judiciales en los que se encuentra vigente, llegando a los más congestionados, como son los de la gran Lima, en donde la NLPT se someterá a una verdadera prueba de resistencia y sobrevivencia. Todavía no existen mayores estadísticas o estudios sobre los efectos de la nueva Ley en nuestra realidad. No sabemos si existe un análisis del resultado de la aplicación de la norma en los distritos judiciales durante el tiempo en que se viene aplicando, ni tampoco se ha hecho una encuesta entre los usuarios para determinar su grado de satisfacción o insatisfacción. Suponemos que si el Poder Judicial, que ha asumido el reto de aplicación de la norma, ha efectuado los estudios del caso, de ser así sería conveniente que los difundiera adecuadamente para que sean de conocimiento público. Como toda institución que comienza a funcionar no se presenta libre de problemas; pero ello no significa que el cambio no sea bueno. El tiempo lo dirá. Lo que sí es importante es que todos (público usuario, abogados y miembros de Poder Judicial) aportemos nuestro mejor esfuerzo para que el nuevo sistema funcione adecuadamente, ya que durante muchos años hemos sufrido los efectos de una legislación inadecuada y un estado de congestión de la actividad del Poder judicial que

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es un elemento que, de no ser controlado, probablemente originará procesos más lentos con las consiguientes frustraciones. Es posible que en el futuro cercano se tenga que introducir cambios para mejorar su funcionamiento, y sobre todo evitar diferencias en su aplicación. Para esto, en su momento, habrá que hacer un alto en el camino para que todos los que la están aplicando, cada uno desde su propia perspectiva, propongan los cambios que estimen convenientes y necesarios. La aplicación de la norma en los diversos distritos judiciales no es uniforme. Teniendo en cuenta la naturaleza genérica de los preceptos que contiene la NLPT, están surgiendo entre los jueces peligrosas interpretaciones con respecto a la aplicación de la norma procesal. Esto no hace más que demostrar la existencia de una regla legal que no es clara y precisa en sus detalles como debería ser una norma procesal, a fin de que todos podamos defender nuestros derechos con seguridad como consecuencia de una sola interpretación de cada norma de la NLPT. Decimos esto porque es fácil advertir que en cada distrito judicial se van generando determinadas prácticas procesales de actuación que no siempre coinciden con la forma de proceder en otros frente a la aparición del mismo problema y la necesidad de solucionarlo. En el derecho, la uniformización de las conductas procesales es importante porque es la única manera de darle a los que intervienen en el proceso laboral un tratamiento igual y una solución uniforme a los diversos problemas que se plantean, no siendo lógico que el juez resuelva un problema procesal de una manera, y otro juez, ante el mismo problema, tenga una conducta procesal radicalmente diferente. La situación descrita posiblemente se haya originado por una serie de factores como son algunos defectos de la norma que deben ser corregidos para lo cual debe plantearse, la propuesta de modificación legal respectiva. Uno de los “defectos” de la Nueva Ley Procesal de Trabajo es su constante remisión al Código Procesal Civil como fuente supletoria. Hubiese sido preferible, y podría contemplarse esta situación para el futuro, la redacción de una Ley Procesal de Trabajo más amplia y detallada que permita solucionar los problemas que se presenten con propuestas específicas, sin tener que hacer remisión constante al Código Procesal Civil, que no necesariamente es el instrumento supletorio más adecuado porque se sustenta un procedimiento que todavía es eminentemente escrito . La falta de reglas procesales claras, que obliguen a que cada juez llene los vacíos a su manera (y generalmente de diferente forma con respecto al criterio de otros abogados o jueces) origina no solo una confusión en los litigantes, sino que estimula el autoritarismo del juez. 8

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Es conveniente invocar a los abogados a que se preparen y capaciten adecuadamente para desarrollar su actividad profesional, dentro de un nuevo esquema de litigación, que por ser oral es esencialmente veloz y que no da mayor margen para la rectificación de errores. También a los jueces para que preparen el desarrollo de las audiencias libres de los prejuicios que se derivan de la sola lectura de la demanda y su contestación en la que cada parte trata de exponer los hechos de acuerdo con su perspectiva y conveniencia para llegar a la verdad procesal a través del análisis de la prueba, teniendo presente que en esta clase de procesos las actuaciones se producen de manera acelerada y el principio de preclusión agota las etapas con rapidez, pudiéndose afectar con facilidad el derecho de defensa de las partes. Volviendo al tema, el manual de los señores Peña, en esta reedición presenta nueva denominación: El nuevo proceso laboral en sus documentos. Teoría, modelos, casos prácticos y jurisprudencia. Cabe indicar que se trata de una versión renovada, corregida, ampliada y, por supuesto, mejorada respecto a su publicación previa, no solo en la descripción de las principales instituciones, sino también en una serie de documentos complementarios del proceso en diversos lugares del territorio nacional. La entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en el distrito judicial de Lima ha llegado de manera más o menos acelerada. Se pensaba que por la complejidad de la aplicación de este instrumento difícilmente entraría en vigencia a corto plazo. En este sentido, no nos queda otra cosa sino prepararnos rápidamente para el inicio de vigencia de la nueva norma procesal y el cambio implique una “reforma en lo mejor”. Al concluir el prólogo a su primera publicación, expresé mi satisfacción al presentar el trabajo de Humbelino y Juan. Ahora, al prologar esta renovada obra, me ratifico en dicha satisfacción y expreso mi felicitación por el trabajo realizado y el esfuerzo que vienen desplegando para mejor.

Lima, noviembre de 2012. FERNANDO ELÍAS MANTERO Doctor en Derecho Profesor Principal Universidad de San Martín de Porres

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PRESENTACIÓN

La benévola acogida que ha tenido, a nivel nacional, nuestro primer libro sobre esta misma materia, intitulada Manual de Derecho Procesal Laboral de acuerdo a la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal Laboral, nos ha comprometido a revisar, aumentar y actualizar su contenido a la luz de las novedades presentadas en la aplicación de la Nueva Ley Procesal Laboral, presentando ahora “El nuevo proceso laboral. Teoría, modelos, casos prácticos y jurisprudencia”. Nuestro propósito inicial de escribir un manual práctico continúa, porque estamos plenamente convencidos de que es necesario contar con un libro que contenga abreviados los aspectos principales de esta nueva norma legal que regula, de manera bastante distinta, el proceso judicial laboral peruano y facilite a los operadores su aplicación cotidiana. Esta nueva publicación responde a la implementación gradual de la ley en comento. Así, consideramos conveniente incluir en todos los artículos analizados las normas legales con las que concuerdan cada una de ellas. Asimismo, hemos introducido nuevos ejemplos de escritos de uso más frecuente, ejemplos de actas de audiencia de conciliación, actas de audiencias de juzgamiento, apelaciones, recursos de casación, las piezas procesales más importantes de un expediente completo, la primera sentencia de casación expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y diversas sentencias de casación con la Nueva Ley Procesal Laboral. Además se incluyen los formatos de demanda laboral sin patrocinio de abogado, diseñados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y –finalmente– alcanzamos una útil comparación entre la ley derogada y la vigente. La Nueva Ley Procesal Laboral tiene muchas innovaciones evidentes, que tienden a dar una mayor celeridad al actual proceso de administración de la justicia laboral, recoge los aportes más recientes de la moderna doctrina procesal que

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merecen ser conocidos de manera sencilla y rápida. De ahí que nuestro propósito es presentar esta nueva entrega práctica, esperando seguir mejorándola más adelante. Por lo dicho precedentemente, sin mayores preámbulos, ponemos a su consideración el trabajo que sigue. LOS AUTORES

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PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I

INNOVACIONES EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 1.

PRINCIPALES INNOVACIONES

La NLPT ha introducido cambios sustanciales que requieren ser conocidos y aplicados por todos los operadores de la justicia laboral, pues implica un cambio trascendental en la forma de litigar y de comportarse en el proceso(1), inspirándose en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. El objetivo principal de la NLPT es solucionar con mayor celeridad los conflictos derivados de la relación de trabajo, Zavala(2) sostiene que “para ello se modifican, las bases del actual proceso laboral regido por la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo (en adelante, LPT), buscando resolver estos conflictos en un periodo estimado de seis meses (que, en la actualidad, se solucionan en cuatro años en promedio). Responden a dicho objetivo la implementación del sistema oral, la maximización de los beneficios que importan las nuevas tecnologías de la información, tales como la reducción de plazos debido a la utilización de un sistema de notificaciones electrónicas, el registro fidedigno de determinados actos procesales, la creación de una base de datos que sistematice los pronunciamientos jurisdiccionales, repercutiendo ello en la predictibilidad de nuestra justicia laboral, en otros aspectos que modificarán a su vez el sistema de relaciones de trabajo”.

(1) (2)

Sin embargo, la NLPT no está exenta de críticas, como puede verse por ejemplo en: MONROY GÁLVEZ, Juan. “Comentarios a la Ley Procesal del Trabajo”. En: Themis. Revista de Derecho. N° 58, Lima, noviembre de 2010, pp. 165-183. ZAVALA COSTA, Jaime. “El Sueño de la celeridad. Breves reflexiones sobre algunos aspectos relevantes de la nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: Revista Análisis Laboral. Lima, febrero de 2010, p. 1.

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Elías(3) anota que: “La expedición de una nueva Norma Procesal del Trabajo era necesaria en tanto que la Ley Nº 26636 resultaba insuficiente para satisfacer las necesidades de solución rápida de los conflictos laborales. El tiempo dirá si el camino trazado es el correcto en la medida que el funcionamiento de la actividad procesal no depende única y exclusivamente de la norma procesal, sino también de la Estructura del Poder Judicial que requiere de un número adecuado de jueces, así como el sustento tecnológico que es base fundamental del proceso, entre otras razones, por la notificación electrónica y el registro grabado de la audiencia”. Del Águila(4), por su parte, al referirse a las innovaciones, señala que las más saltantes son: “(…)

(3) (4)

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•

Cuando se demanda al empleador la competencia corresponde al juez del domicilio principal de aquel o al del último lugar en que se desarrollaron las labores, lo cual obedece a que la dinámica productiva moderna conlleva a que muchas veces la relación laboral se desarrolle en diversos lugares.

•

Cuando se demanda al trabajador la competencia corresponde al juez de su domicilio.

•

El juez de trabajo tiene competencia sobre los casos de indemnización por daños imputable a cualquiera de las partes laborales, por lo cual por expreso mandato legal y ya no solo por criterios jurisprudenciales pueden ser demandados por daños en esta vía tanto el trabajador como el empleador.

•

Pueden ser demandados en sede laboral también las personas relacionadas con derechos de los trabajadores (por ejemplo, las aseguradoras).

•

Los menores de edad no requieren representante legal para comparecer al proceso.

•

Los sindicatos no requieren poder especial de representación para defender a sus afiliados.

ELÍAS MANTERO, Fernando. “Comentario Inicial de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: Actualidad Laboral. Lima, enero de 2010, p. 5. Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497, Robert del Aguila Vela. Fuente: Publicado por Heiner Antonio Rivera Rodríguez en 20:07.

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•

Las embarazadas, los menores de edad y los discapacitados tienen derecho a defensa legal pública.

•

La demanda de reposición laboral se tramita como proceso abreviado si no va acompañada de otras pretensiones.

•

Las notificaciones son mediante correo electrónico, salvo algunas excepciones (como el traslado de la demanda o en caso de zonas de extrema pobreza).

•

El juez puede exonerar de costas y costos al demandado perdedor si actuó de buena fe o tuvo motivos para litigar.

•

Las entidades públicas sí pueden ser condenadas al pago de costas y costos.

•

Si lo demandado no excede 10 Unidades de Referencia Procesal (actualmente 3,600 nuevos soles) no se requiere abogado para litigar.

•

La demanda y la contestación se presentan por escrito, pero el proceso prioriza las actuaciones orales antes que las escritas. Las audiencias son grabadas.

•

El pago de los honorarios del abogado puede ser acumulado a la demanda.

•

Los trabajadores beneficiarios de una sentencia colectiva del Tribunal Constitucional o Corte Suprema pueden iniciar demanda laboral de liquidación de beneficios individuales.

•

No procede la reconvención.

•

Si no se niegan expresamente los hechos alegados en la demanda se entienden admitidos.

•

Los trabajadores públicos no requieren agotar la vía administrativa, salvo que exista norma expresa que lo requiera.

•

No se debe acompañar pliegos interrogatorios al demandar o contestar. Las partes deben llevar sus pruebas, peritos y testigos para la audiencia.

•

La mala conducta procesal puede conllevar a que el juez extraiga conclusiones en contra de los intereses del infractor.

•

El proceso puede concluir por abandono, contrariamente a lo que ocurre actualmente.

•

El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requiere ser demandado.

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•

El juez lleva a cabo una audiencia de conciliación y si no existe acuerdo convoca a una audiencia de juzgamiento que culmina con la sentencia. En el proceso abreviado existe una sola audiencia que agrupa la conciliación y el juzgamiento.

•

En segunda instancia y en sede casatoria el Tribunal emite sentencia el mismo día de la Vista de la Causa o en los 5 días hábiles siguientes.

•

Se establecen dos modalidades de casación: anulatoria y revocatoria.

•

El recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, salvo que el demandado preste garantías.

•

Puede dictarse cualquiera de las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil y también la reposición provisional del trabajador.

•

Los abogados pueden cobrar sus honorarios en vía abreviada ante el juez de la causa principal”.

De otro lado, recientemente la Corte Suprema, en la Sentencia Casatoria N° 4791-2011-MOQUEGUA ha tenido oportunidad de detallar las principales innovaciones contenidas en la NLPT señalando: “Con la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, se reestructuró el proceso judicial laboral, estableciéndose nueva competencia por materia y cuantía de la demanda; menor número de actos procesales; legitimaciones especiales: notificaciones electrónicas; inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando exista un tribunal u órgano administrativo ad hoc y se privilegió a la igualdad material y procesal entre las partes; del fondo sobre la forma; de la interpretación de los jueces de un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, y cumplimiento de los principios pro homine, pro operario, pro actione, oralidad, inmediación, concentración, celeridad, económica procesal, veracidad, socialización, razonabilidad, congruencia, dirección del proceso, entre otros; pero principalmente el propósito de dicha reestructuración fue una real modernización del proceso laboral, privilegiando la igualdad procesal, la efectividad en la resolución de controversias laborales y la oralidad. En ese objetivo, los jueces laborales deben romper el paradigma de procesos ineficaces, de excesiva formalidad, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional realmente efectiva, apostando por la nueva dinámica contenida en la Ley laboral en comento, en resguardo de la protección de los derechos fundamentales de los justiciables”. 2.

LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL NUEVO PROCESO LABORAL

Los principios laborales son las “líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, por lo que

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pueden servir para promover o encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”(5). La NLPT ha señalado que se inspira, entre otros en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. Además la Corte Suprema en su sentencia casatoria N° 4791-2011-MOQUEGUA ha tenido oportunidad de considerar que el principio pro actione inspira también la NLPT, habiendo señalado: “(…) con el rechazo in limine de la demanda se ha transgredido el derecho fundamental a un debido proceso por infracción del principio pro actione, previsto en el artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 (…)”. Resulta muy importante conocer los alcances de los principios, pues ello permitirá su aplicación a situaciones indefinidas y una mejor interpretación de las normas procesales que deben aplicarse a cada caso en concreto. 2.1. EL PRINCIPIO DE LA ORALIDAD Para la NLPT, en la resolución de los conflictos jurídicos laborales prevalece como principio esencial la oralidad en los procesos por audiencias. La Corte Suprema, analizando la NLPT ha tenido ocasión de señalar “(…) con este nuevo sistema procesal, que introduce la oralidad como elemento distintivo y predominante en los procesos laborales, se hace necesario que las partes procesales como la defensa letrada de estas asuman una actitud acorde con los cambios que impone el sistema (…)”(6). Se precisa que las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez quien puede interrogar a las partes, sus abogados y testigos en cualquier momento y las veces que estime conveniente, las audiencias se registran en audio y video garantizando la fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Mayor abundamiento sobre el principio de la oralidad, lo encontramos en el artículo 12 de la ley en comento. Pasco(7) pone de relieve que: “La oralidad no es, como muchos creen, la simple prevalencia de lo hablado frente a lo escrito, sino que es una forma distinta de encarar el

(5) (6) (7)

PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los Principios de Derecho del Trabajo. 2ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 9. Sentencia Casatoria N° 2688-2011-LA LIBERTAD. PASCO COSMÓPOLIS, Mario. “La Nueva Ley Procesal del Trabajo”. Artículo publicado en: .

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proceso, en realidad, un sistema procesal diferente, para el que habrá que exigir diligente capacitación a todos los partícipes: jueces, auxiliares, litigantes, abogados, e, incluso estudiantes de Derecho. El juez, que en los procesos escritos tradicionales era muchas veces un simple espectador inerte del duelo dialéctico de los abogados, pasa a ser ahora el director del proceso, su verdadero protagonista. Para ello tendrá que compenetrarse en los detalles recónditos del caso y conducir la audiencia en forma activa y dinámica, interrogando él mismo a las partes, testigos y peritos en forma directa”. Limas(8) en relación al tema, anota que: “Tal como se advierte del artículo 12 de la ley, la contribución que parece revolucionar el proceso laboral radica en el abandono del medio escrito liderado por los letrados para darle mayor importancia a la oralidad durante el desarrollo de las audiencias que otorgan mayor protagonismo a los justiciables y sus posturas. En efecto, las audiencias serán sustancialmente un debate de posiciones presididas por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes, en cualquier momento, a fin de esclarecer los hechos que originaron la controversia, agilizando así el desarrollo del proceso. El papel del juez como conocedor inmediato de las controversias cobrará real sentido”. Ciudad(9) afirma lo siguiente: “La oralidad es el principio inspirador del proceso laboral moderno y causal de todos los demás: inmediación, concentración y celeridad, a los cuales se le puede añadir la gratuidad. A excepción de la oralidad, en América Latina los demás principios son ya tradicionales dentro del Derecho Procesal del Trabajo, pero plasmados conjuntamente con el principio de la oralidad, cobran una vigencia redoblada (…)”. 2.2. EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN Al respecto, Leopoldo Gamarra señala: “La inmediación y la oralidad constituyen el marco más adecuado para mediatizar, absolver y redefinir el proceso laboral (…). Por ello, existe una estrecha relación entre oralidad e inmediación, pues para que la decisión en el proceso sea real se necesita que los jueces examinen

(8) (9)

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LIMAS VÁSQUEZ, Rocío. “Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: Actualidad Jurídica. N° 194, Lima, enero de 2010, p. 41. Citado por PAREDES INFANZÓN, Jelio. Análisis de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Editora Gráfica Multiservicios La Esperanza, Lima, 2010, p. 96.

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directamente la prueba, contando con la participación de las partes involucradas. En un sentido específico, la inmediación se refiere directamente a la relación entre el juez y los medios de prueba, de tal forma que el juez pueda percibir y conocer directamente la prueba”(10). Agrega que “la inmediación constituye la condición básica para lograr, en la medida de lo posible, la determinación de la verdad de los hechos. La información, el examen de la prueba, debe realizarse con la presencia, comunicación e interacción de los jueces y de las partes intervinientes”(11). “El principio de inmediación implica que el juez que ha presenciado la actuación de los medios probatorios, que ha oído a las partes, y ha apreciado su conducta en el proceso, sea el mismo que dicte la sentencia”(12). 2.3. EL PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN La aplicación de este principio pretende que las actuaciones procesales se realicen en una o más sesiones sucesivas en plazos cortos, a fin de evitar dilaciones innecesarias, permite que “se realicen el máximo de actuaciones en un mínimo de diligencias”(13). La Corte Suprema, en reciente sentencia Casatoria Nº 1324-2012-Junín ha tenido oportunidad de señalar que conforme a la NLPT la celeridad consiste “en realizar diferentes actos procesales en una sola diligencia. A través de este principio se combate la dispersión de trámites, que distrae la atención del Juzgador. Es un principio concomitante con el sistema oral y en el caso peruano cobra singular importancia en el diseño de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en la que el debate se concentra en la audiencia de juzgamiento”. Analizando la institución de la acumulación, que no tiene regulación expresa contenida en la NLPT, como una expresión del principio de concentración, agrega la sentencia comentada que “como una forma de cumplir con los fines de este principio, las normas procesales nos ofrecen el instituto de la acumulación procesal cuya posibilidad de aplicación se da cuando se advierten elementos comunes entre las pretensiones principales o las derivadas de ellas, esto es, cuando existe

(10) GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. “La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497”. En: Derecho y Sociedad. N° 37, Lima, 2011, p. 202. (11) Ibídem, p. 203. (12) BUSTAMENTE ALARCÓN, Reynaldo. El derecho fundamental a probar y su contenido esencial. Citado por Gamarra Vílchez, Leopoldo. Ídem. (13) ACEVEDO MENA, Roberto Luis. La administración de justicia laboral en el Perú. Lima, Editorial Ital Perú, 1989, p. 42.

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conexidad. A través de la acumulación se le permitirá al juez tener una visión de conjunto del conflicto que va a resolver (…) El artículo 88 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por permisión de la Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, prescribe que la acumulación objetiva sucesiva de procesos se presenta cuando de oficio o a petición de parte, se reúnen dos o más procesos en uno, a fin que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos”. 2.4. EL PRINCIPIO DE CELERIDAD El principio de celeridad es una expresión del derecho al debido proceso, implicando el desarrollo del proceso sin dilaciones absurdas o arbitrarias. En tal virtud se concretiza en normas que impiden o sanción las dilaciones innecesarias y de otro lado aquellas que fomentan el avance acelerado del proceso. Por ejemplo, en la NLPT ello se concretiza en la reducción de los tiempos por la aplicación de los sistemas de notificación electrónica, previstos en el artículo 13 de la NLPT. El Tribunal Constitucional ha resaltado que (…) el principio de celeridad procesal resulta de importante aplicación en los procesos judiciales”(14). 2.5. EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL Este principio está vinculado con los principios de celeridad y concentración, pues una la actuación pronta y concentrada de las actuaciones procesales redundará en una disminución de los gastos estatales y particulares. Está también vinculado con la gratuidad procesal, la cual “debe significar una acción tuitiva por parte del Estado a favor de la parte más débil de la relación laboral, cuando surge un conflicto en el cual la facultad o poder del empleador haría que el trabajador sea siempre el perdedor, para conseguir así la igualdad real y efectiva de trabajadores y empleadores. Esto explica la raíz profunda del derecho a la gratuidad procesal de quienes no tienen los medios económicos suficientes para afrontar los gastos que generen un litigio laboral”(15).

(14) Sentencia emitida en el Expediente Nº 6712-2005-PHC/TC, Magaly Medina Vela y Ney Guerrero Orellana. Ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.html. (15) GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. Ob. cit., p. 203.

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2.6. EL PRINCIPIO DE VERACIDAD Este principio es también conocido como el principio de primacía de la realidad, el cual pregona que el juez debe actuar y decidir teniendo en cuenta la verdad de los hechos antes que la apariencia formal de estos. 2.7. EL PRINCIPIO PRO ACTIONE Este principio propugna una interpretación de los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso laboral. La Corte Suprema recientemente en la Sentencia Casatoria N° 4791-2011Moquegua, con relación a la aplicación de este principio en la NLPT, ha precisado que “el juez laboral cuando en cualquier etapa del proceso dude respecto del cumplimiento de algún requisito de admisibilidad o procedencia, lo que implique la inadmisión de la demanda, o la continuación del proceso, deberá interpretar las normas en forma sistemática que permita la continuidad del mismo. De esta manera, los jueces laborales garantizan una real eficacia de la tutela jurisdiccional, al interior de un debido proceso, por su parte, los justiciables han de colaborar con los magistrados, demostrando buena fe en su actuación procesal”. 3.

ÁMBITO DE LA JUSTICIA LABORAL

A diferencia de la normativa anterior, en la NLPT queda claro que la justicia laboral servirá para solucionar todas las controversias que se originan con ocasión de prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa. Están excluidas las prestaciones de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Los conflictos pueden ser individuales, plurales o colectivos y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. En el caso del encubrimiento de relaciones laborales fraudulentas, esta definición del ámbito laboral, es antigua, por ejemplo en el año 1997 en un pronunciamiento de la Corte Suprema, recogido por Arévalo(16) al referirse al contrato de trabajo, la resolución Cas. N° 777-97-Lima señaló que: “Los servicios

(16) ARÉVALO VELA, Javier. Compendio de Jurisprudencia Laboral. Cultural Cuzco Editores, Lima, 2000, p. 17.

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efectuados por el actor revisten carácter laboral si han sido prestados de manera personal dentro de un horario completo y establecido en una jornada de ocho horas diarias dentro del centro de trabajo, con material proporcionado por la propia demandada, sujeto a subordinación y percibiendo una remuneración periódica y permanente”. Recientemente, la Corte Suprema en la sentencia Casatoria Nº 4547-2011-Moquegua, aplicando la NLPT ha señalado “(…) el juez es pues –desde su ámbito competencial– el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado, en la cual se recogen los principios y valores laborales que deben ser objeto de su férrea protección, por lo que no puede abandonar tal encargo impuesto (…)”.

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CAPÍTULO II

COMPETENCIA 1.

COMPETENCIAS DEL FUERO LABORAL

El tema de la competencia está regulada entre los artículos 1 y 6 de la ley en comento y se han determinado en base a la materia, la función y al territorio. Sobre la competencia del fuero laboral Vinatea y Toyama(17) refieren que “Siendo la competencia material un aspecto tan importante ligado con la especialización de nuestros juzgados, nuestra NLPT opta por una regulación de la competencia partiendo no de la relación laboral, más bien se parte de la prestación personal de servicios”. Esto es, una justicia laboral omnicomprensiva que abarca a todo conflicto laboral que tiene su origen en una prestación personal de servicios, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista; sean estos individuales, plurales o colectivos, relacionados con aspectos sustanciales o conexos, anteriores, actuales o posteriores a la prestación de servicios de carácter laboral. Por su parte, Vidal(18) expresa que: “Es destacable, por ejemplo la atribución expresa de competencia a los juzgados laborales para resolución de conflictos sobre responsabilidad por daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, haciendo incluso referencia específica a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, materia en la que actualmente existen posiciones encontradas.

(17) VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p. 53. (18) VIDAL SALAZAR, Michael. La Nueva Ley Procesal del Trabajo y sus principales novedades. 18 de enero de 2010. En: , citado en la separata de la Quinta Jornada Judicial Descentralizada de Capacitación Académica, Huamachuco 21 y 22 de octubre de 2010 organizada por la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

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También es importante la atribución expresa de competencia a los juzgados laborales para la tramitación de procesos contencioso-administrativos derivados de conflictos de trabajo, así como la atribución de competencia a las salas laborales para conocer de procesos de anulación de laudos emitidos en conflictos jurídicos”. Veamos las competencias que regula la NLPT. 2.

COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS LABORALES

Conforme al artículo 1 de la NLPT, los juzgados de paz letrados laborales conocen de los siguientes procesos: a)

En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP)(19) originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.

b) Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador, en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía. c)

Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.

En opinión de Paredes(20) “(…) Lo interesante de este artículo es que el legislador está creando un juez de paz letrado ‘laboral’, es decir, aquel que será un juez con amplios conocimientos en derecho laboral, que conocerá solo las PRETENSIONES LABORALES, es decir, desde el inicio de la jurisdicción laboral, en el primer nivel ya se contará con magistrados que gocen con la especialidad en derecho laboral, esto genera mayor garantía a los justiciables, ya no será un juez de paz letrado que conocía de todo, civil, penal, laboral, familia entre otros”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 138, 139 y 143. Código Civil: Arts. 1132, 1134 y 1135.

(19) Cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP), durante el año 2012, equivalen a S/. 18,250.00. (20) PAREDES INFANZÓN, Jelio. Análisis de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497. Editora Gráfica Multiservicios La Esperanza, Lima, 2010, p. 117.

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Código Procesal Civil: Arts. 9, 486 al 494, 696 y 749. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 26 inc. 4) y 57. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 5, 57, 64 y siguientes. Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones (Ley N° 25897): Arts. 35, 36 y 38. Ley que modifica el Sistema Privado de Pensiones (Ley N° 27242) Art. 4 inc. 3). Decreto Legislativo N° 807 (Aprueba las Facultades, Normas y Organización del Indecopi): Art. 43.

3.

COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO

Conforme al artículo 2 de la NLPT, los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: 3.1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Entendiéndose como reclamaciones individuales a aquellas que formulen solo los trabajadores o los empleadores; plurales, cuando las reclamaciones lo hacen varios trabajadores o empleadores y colectivas, cuando las reclamaciones lo formulen los sindicatos sea de trabajadores o de empleadores. Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las pretensiones relacionadas a los siguientes: a)

El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios, así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio(21).

(21) Esta norma recoge el desarrollo jurisprudencial que fue acogido en el Pleno Jurisdiccional Laboral 2000 (Tarapoto, 5 al 8 de agosto de 2000), en el que se consideró: “Que, siendo el contrato de trabajo un acto jurídico bilateral, en la que ambas partes asumen obligaciones, si en su ejecución se generan daños por dolo, culpa inexcusable o culpa leve que afecten a una de las partes, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual derivada del incumplimiento del contrato de trabajo corresponde ser conocida por el juez especializado en esta materia”. Acciones como la regulada en este inciso se desprenderán por ejemplo de la responsabilidad asumida por los empleadores en aplicación del artículo 1981 del Código Civil.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

c)

Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral(22).

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia(23). e)

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo(24).Al respecto, es pertinente tener en cuenta que en los Acuerdos adoptados por Jueces Supremos de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitoria en el I Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral publicado en el diario oficial El Peruano, el 17 de julio de 2012, sobre este tema, se acordó: “Los jueces que ejercen competencia en el marco de la Ley Procesal del Trabajo número 26636 y en la Nueva Ley Procesal del Trabajo número 29497, conocerán de las demandas de daños y perjuicios por responsabilidad contractual tanto por daño patrimonial que abarca el lucro cesante y el daño emergente, como por daño moral, especialmente en los casos de enfermedad profesional”. Asimismo, acordó: “Que la responsabilidad del empleador por los daños

(22) Conforme al Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo se entiende por discriminación “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación”. Sin perjuicio del tratamiento procesal laboral de la discriminación, también esta implica responsabilidades penales y administrativas reguladas en la Ley Nº 26772 denominada “Disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato”, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-98-TR, y la Ley N° 27270. denominada “Ley contra actos de discriminación”. (23) Mediante Ley N° 27942 se aprobó la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. (24) Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales actualmente se encuentran, regulados en la Ley Nº 26790 denominada Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, su Reglamento, aprobado por el, Decreto Supremo N° 009-97-SA y su correspondiente desarrollo normativo. Si es urgente tener pruebas científicas en la controversia médico-legal para ubicar apodícticamente un mal profesional, debemos antes que todo armar curricularmente el estudio de la medicina ocupacional, a fin de que esta prueba reclame los niveles profesionales que un caso de esta naturaleza exige. Hasta donde se sabe, los organismos administrativos relacionados con el tema: Comisión técnica médica, Dirección General de Seguridad Ambiental (Digesa) y Comisión Médica Evaluadora de Enfermedades Profesionales, carecen de doctorados en Medicina, demostrando el facilismo existente en el reclutamiento de estos profesionales en manos de quien descansa todo el quehacer del tema bajo análisis. Más aún las comisiones existentes antes mencionadas, deberían responder a perfiles profesionales que nos garanticen que en este dominio las cosas se están dirigiendo por el camino científico correcto y dejar de lado los discutibles diagnósticos que sobre el tema se vienen reproduciendo irresponsablemente en el momento actual (...)”. GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497. Editorial San Marcos, Lima, 2010, p. 133.

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y perjuicios derivados de enfermedad profesional es de naturaleza contractual, y así debe ser calificada por el juez, independientemente de la calificación o de la omisión en la calificación por parte del demandante o del demandado”. f)

La impugnación de los reglamentos internos de trabajo(25).

g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluida su disolución(26). h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. i)

El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras(27).

j)

El Sistema Privado de Pensiones(28).

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral(29); y

(25) El Decreto Supremo N° 039-91-TR regula el reglamento interno de trabajo y determina las condiciones a las que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones. (26) La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Texto único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR regula aspectos relacionados con la libertad sindical. (27) Las normas sustantivas que regulan estos derechos’ se encuentran principalmente en el Decreto Ley Nº 19990, por la que se crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social y en la Ley Nº 26790 denominada Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. (28) Las normas sustantivas que regulan estos derechos se encuentran principalmente en la Ley Nº 26790 denominada: Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. (29) Sobre las demandas de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral tenemos que decir que, antes de la presente regulación, su utilización era bastante confusa y divergente en los predios judiciales, pues se basaba en el artículo 179 del Código Procesal Civil y algunas resoluciones de casación sobre la materia. En la doctrina nacional habían opiniones encontradas sobre la inmutabilidad de la cosa juzgada y la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Al decir de Toledo: “Todo el debate concluyó después en la Ley Nº 27021 (El Peruano, 23/12/1998), en cuyo artículo segundo se establece que los juzgados de trabajo son competentes para tramitar las demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral a que se refiere el artículo 178 del Código Procesal Civil, en vía de proceso ordinario laboral. Esta disposición legal, que esencialmente coincide con el acuerdo llegado en el Pleno jurisdiccional Laboral del mes de julio de 1998, clarifica el panorama acerca de lo que se estuvo debatiendo de un tiempo a esta parte”. (TOLEDO TORIBIO, Omar. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta en materia laboral. Editora y librería Jurídica Grijley, Lima, 2009, p. 59). Adelantándose a la NLPT, Toledo agregó en la página 42 de su citada obra: “El objeto de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta no implica la revaloración de la prueba actuada en el proceso primigenio, esto es, se contrae únicamente a determinar si el proceso cuestionado se ha seguido con fraude o colusión que signifique afectación al debido proceso”.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

l)

Aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

3.2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal única y las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. Al respecto, es pertinente tener en cuenta que en los Acuerdos adoptados por Jueces Supremos de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitoria en el I Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de julio de 2012, sobre la procedencia de la pretensión de reposición por despido incausado y despido fraudulento en la vía laboral regulada por la NLPT se acordó: “Los jueces de trabajo están facultados para conocer de la pretensión de reposición en casos de despido incausado o despido fraudulento en el proceso abreviado laboral, siempre que la reposición sea planteada como pretensión única”. En el mencionado Pleno Jurisdiccional, además los jueces supremos tuvieron ocasión de señalar que: “El juez laboral puede dictar una sentencia célere y oportuna en el proceso abreviado diseñado especialmente para la demanda de reposición, que se sustente en la afectación de un derecho fundamental (derecho al trabajo) que amerita una rápida protección y restitución. (…) el proceso abreviado laboral se erige como la vía igualmente satisfactoria para la solución de los conflictos en los que se discuta la existencia de despido incausado o fraudulento y se pretenda exclusivamente como pretensión principal única la reposición al centro de trabajo. i)

Porque se está brindando un tratamiento de ‘urgente’ a la pretensión de reposición, con similar o mayor rapidez procesal a la brindada en un proceso de amparo.

ii) El proceso abreviado permite otorgar la misma consecuencia jurídica que la otorgada en el proceso constitucional de amparo laboral: la reposición (tutela sustitutoria). iii) El proceso abreviado laboral está inspirado en los principios de inmediación, concentración, veracidad, celeridad, economía procesal y principalmente oralidad, cuyo juez es un magistrado especializado en el derecho laboral. iv) Se garantiza la doble instancia y el recurso de casación.

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v) Existe una estación probatoria en la cual el juez laboral determina los hechos materia de controversia y sobre los que recaerá la prueba aportada por ambas partes, evitando distraer la atención respecto de hechos y material probatorio impertinente e inconducente a la solución del conflicto. vi) La posibilidad de la conciliación dentro de un proceso laboral; y, vii) La existencia de medidas cautelares, que pueden ordenarse inmediatamente a juicio del juzgador, cuando se verifique la concurrencia de los elementos de procedencia de las mismas, así como se tenga en consideración lo previsto en el 55 de de la Ley número 29497, sobre Medida Especial de Reposición Provisional dentro del Proceso Cautelar en el que se da atribuciones especiales al juez para ordenar la misma dentro o fuera del proceso, cumpliendo los requisitos ordinarios, y regulándola en casos especiales”. La Corte Suprema, con vocación pedagógica, ha explicado el trámite del proceso abreviado y detallado sus principales características en la sentencia N° 3311-2011-Tacna, de fecha 11 de julio de 2012, señalando lo siguiente: “DÉCIMO SEXTO.- En efecto, las notas características de este proceso y que permiten que ciertamente el mismo sea expedito, son que el juez verificando que la demanda contiene los requisitos respectivos, emite resolución disponiendo su admisión, al mismo tiempo que emplaza al empleador a que conteste la demanda otorgándole un plazo de diez hábiles. Durante dicho lapso (veinte a treinta días hábiles luego de calificada la demanda), se cita a las partes a una Audiencia Única, que concentra etapas: conciliación y juzgamiento. Precísese que la Audiencia de Conciliación, se desarrolla de igual forma que en el proceso ordinario laboral, con la salvedad de que en estos casos la contestación de demanda no se realiza en este acto sino dentro de los diez años hábiles concedidos por ley, correspondiendo en esta ocasión al juez únicamente hacer entrega del escrito con sus anexos respectivos, y otorgarle al demandante un plazo prudencial para su revisión. Tiempo al cabo del cual, el juez fija los hechos controvertidos que no fueron conciliados, y que serán objeto de prueba en la audiencia de juzgamiento, la misma que se realiza acto seguido. Por su parte, la audiencia de juzgamiento sigue las misma reglas establecidas para el proceso ordinario laboral, a saber: la confrontación de posiciones comprende, al menos, la exposición breve y concisa de los hechos expuestos por ambas partes, así como de sus fundamentos de sus pretensiones, pudiendo el juez conceder el derecho a réplica; luego, el juez realiza un filtro de los impertinentes; posteriormente, se mencionan los hechos que sí requieren prueba y como contraparte de 31

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ello, los medios de prueba admitidos. Luego de este esquema, es decir, una vez establecidos los hechos sobre los que versa la actuación probatoria de las partes, estas podrán proponer las cuestiones probatorias que consideren respecto de estos medios de prueba admitidos; finalmente, se actúa la prueba admitida, incluida la de las cuestiones probatorias(*) al cabo del cual se presentan los alegatos de las partes, y el juez debe citar sentencia inmediatamente o en un plazo máximo de 1 hora y notificar la sentencia de cinco días hábiles. DÉCIMO SÉPTIMO.- Precisamente esta naturaleza de vocación sumamente célere, hace que la pretensión sometida al órgano jurisdiccional –y sobre el cual se emitirá su pronunciamiento– tenga que ser necesariamente planteada como reposición bajo la forma de una ‘pretensión principal única’; nomenclatura de la que desprende válidamente, y en la vía abreviada laboral, dos pretensiones principales; la razón de lo antedicho gira en torno fundamentalmente a evitar distraer el pronunciamiento del órgano jurisdiccional a extremos que si bien pueden estar relacionados con la pretensión de reposición, no pueden ser atendidos en una vía procedimental que per se al ser célere, concentra etapas procesales cuya dilación en exceso podría desnaturalizar la esencia misma del proceso abreviado laboral, el que como se reitera, busca primordialmente atender y proteger un derecho fundamental (como lo es el derecho al trabajo) que ha sido vulnerado. DÉCIMO OCTAVO.- En este orden de ideas, interpuestas la demanda, el juez de trabajo está compelido –atendiendo a la naturaleza del proceso abreviado laboral– a verificar: i) si no existe duda respecto a la laboralidad de los servicios del demandante, pues debe resaltarse que el pedido de reposición solo resulta procedente en los casos donde la relación laboral se encuentre establecida y reconocida por la partes: ii) una vez ello, verifica si la demanda planteada contiene únicamente el pedido de ‘reposición’ como pretensión principal única: iii) en virtud de lo anterior, centrar el análisis del conflicto judicializado a determinar la fundabilidad o no de la demanda de reposición planteada, sobre la base de una exhaustiva y diligente realización de las etapas procesales que se prevén en el proceso abreviado laboral, entre las que conviene resaltar la etapa probatoria”. (*)

En el proceso abreviado, si la parte demandante propone una cuestión que requiera la realización de un informe pericial, el juez puede suspender la Audiencia Única hasta por 30 días hábiles.

3.3. En proceso contencioso-administrativo, conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho 32

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público; así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo, por ejemplo, resoluciones emanadas de procedimientos inspectivos laborales. 3.4. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). De todos los procesos que conocerán los juzgados especializados de trabajo, conforme a la nueva regulación, resulta pertinente destacar, que por vez primera en el Perú, conocerán, con nombre propio, las pretensiones sobre enfermedades profesionales y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta; contempladas en los literales e) y k), respectivamente. Ahora, estos conceptos están debidamente ratificados y regulados en la acotada NLPT.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 20, 25, 28 y 148. Convenios OIT: Arts. 87, 98 y 111. Código Civil: Arts. 140, 219, 1132, 1314, 1135, 1969 y 1985. Código Procesal Civil: Arts. 9, 11. 475 al 479 y 486. Código Procesal Constitucional: Art. VII del Título Preliminar. Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 51. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. II. TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: Art. 20. Ley que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Decreto Legislativo N° 1023): Art. 17. TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo: Primera Disposición Complementaria.

4.

COMPETENCIA POR MATERIA DE LAS SALAS LABORALES SUPERIORES

Conforme al artículo 3 de la NLPT, las salas laborales tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes:

4.1. Proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado conforme a la ley que regula los procesos constitucionales. 4.2. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral, a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje. 4.3. Impugnación de laudos arbítrales derivados de una negociación colectiva, a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente Ley. 4.4. Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. 33

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

4.5. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley. 4.6. Las demás que señale la ley.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 28 y 200 inc. 5. Código Procesal Civil: Arts. 9 y 38. Código Procesal Constitucional: Arts. I y V Título preliminar, 75, 76 y 85. Decreto Legislativo que norma el arbitraje: Arts. 63 y 64. TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: Art. 66. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. 50 y siguientes. Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 13.

5.

COMPETENCIA POR FUNCIÓN

Conforme al artículo 4 de la NLPT, la competencia por función es como sigue: 5.1. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República es competente para conocer de los siguientes recursos: a)

Del recurso de casación;

b) del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia; y c)

del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

Si bien la norma comentada no considera en forma específica qué sucede en caso se deniegue el concesorio de un recurso de casación, consideramos que debe entenderse, por aplicación supletoria del artículo 401 del Código Procesal Civil(30) que corresponderá la interposición de un recurso de queja. 5.2. Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para conocer de los siguientes recursos: a)

Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales; y

(30) La supletoriedad en la aplicación del Código Procesal Civil, se ha recogido de manera expresa en la Primera Disposición Complementaria de la NLPT.

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b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. 5.3. Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer de los siguientes recursos: a)

Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrados en materia laboral; y

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 11 y 35.l Código Procesal Civil: Arts. 28, 31, 364, 384 y 401. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 7, 32 y siguientes.

6.

COMPETENCIA POR TERRITORIO

Conforme al artículo 6 de la NLPT la competencia por territorio es como sigue: A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios. Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, solo es competente el juez del domicilio de este. En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo. La competencia por razón de territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 2, incs. 9) y 11). Código Civil: Arts. 33 y 34 Código Procesal Civil: Arts. 17, 24 y 25. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 1, 2, 3 y 7. Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo N° 1071): Art. 8.

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7.

REGULACIÓN EN CASO DE INCOMPETENCIA

Según lo regulado en el artículo 7 de la NLPT, los casos de incompetencia se regulan del modo siguiente: 7.1. El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de la materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción. Sin perjuicio de ello el juez, en cualquier estado y grado del proceso, declara, de oficio, la nulidad de lo actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado. 7.2. Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón de territorio, el demandado puede optar, excluyentemente, por oponer la incompetencia como excepción o como contienda. La competencia de los jueces de paz letrados solo se cuestiona mediante excepción. 7.3. La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime la sala laboral de la corte superior correspondiente. Tratándose de juzgados de diferentes distritos judiciales, la dirime la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Sugiere Monroy(31) que en caso de declaración de incompetencia debería reconocerse la actuación realizada por el juez incompetente; digamos por razón de territorio, porque de lo contrario se afectaría gravemente el principio de economía procesal.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 3,4 y 6. Código Procesal Civil: Arts. 35, 36, 38, 171 y 173 y 461. Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 40 incs. 4 y 67.

(31)

36

MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit., p. 175.

CAPÍTULO III

COMPARECENCIA Conforme a lo señalado en el artículo 8 de la NLPT las reglas especiales de comparecencia son: 1.

REGLAS ESPECIALES DE COMPARECENCIA

1.1. Los menores de edad pueden comparecer sin necesidad de representante legal. En el caso de que un menor de catorce (14) años comparezca al proceso sin representante legal, el juez pone la demanda en conocimiento del Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. La falta de comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso. Conviene recordar que el Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N° 27337, regula el régimen legal para el adolescente trabajador señalando en su artículo 65 que: “Los adolescentes trabajadores podrán reclamar, sin necesidad de apoderado y ante la autoridad competente, el cumplimiento de todas las normas jurídicas relacionadas con su actividad económica”. 1.2. Los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia, en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y afiliados. 1.3. Los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial de representación; sin embargo, en la demanda o contestación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectivas pretensiones. En este caso, el empleador debe poner en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta. La inobservancia de este deber no afecta la prosecución del proceso. La representación del sindicato no habilita al cobro de los derechos económicos que pudiese reconocerse a favor de los afiliados.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

Sobre el particular, Gonzáles(32) refiere que: “De esta manera, la organización sindical no contaría con la facultad para comparecer al proceso laboral en representación de trabajadores cesados (como puede ser en el caso de pretensiones de indemnización por despido arbitrario, pago de beneficios sociales, entre otras); incluso el sindicato perdería la representación legal en el supuesto de que después de iniciado el proceso se extinguiera el vínculo laboral del trabajador afiliado; salvo que medie un mandato de representación voluntario que contenga tal previsión”. Recientemente la Corte Suprema, en la sentencia Casatoria Nº 4781-2011-Moquegua aplicando la NLPT ha señalando “(…) toda persona tiene derecho de requerir la intervención de de la función jurisdiccional para solucionar una controversia, (…) de ahí que este derecho sea considerado como garantía de una convivencia social y pacífica (…)”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Arts. 42 al 45. Código Procesal Civil: Arts. 57, 58, 63, 113 al 118, 424 y 425. TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: Art. 8. Ley Orgánica del Ministerio Público: Arts. 5, 10 y 11. Ley General de Sociedades: Arts. 12 y 184.

2.

LEGITIMACIÓN ESPECIAL El artículo 9 de la NLPT señala lo siguiente:

2.1. Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las prohibiciones de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público. 2.2. Cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y, en general, cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios,

(32) GONZÁLEZ RAMÍREZ, Luis Álvaro. “Nuevas Reglas de Comparecencia en el Proceso Laboral”. En: Revista Soluciones Laborales. N° 52, Lima, agosto de 2010, p. 70.

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pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores, o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 2,7, 23, 26, 28 y 59. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. 18. Código Procesal Civil: Arts. 60, 113 y siguientes. Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 1. Convenios OIT: Arts. 111 y 151.

3.

DEFENSA PÚBLICA A CARGO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

El artículo 10 de la acotada NLPT señala que la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad que trabajan tienen derecho a la defensa pública, regulada por la ley de la materia. Como ley de la materia debe considerarse en la fecha a la Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, la cual señala en su artículo 2 que: “El Servicio de Defensa Pública tiene la finalidad de asegurar el derecho de defensa proporcionando asistencia y asesoría técnico legal gratuita, en las materias expresamente establecidas, a las personas que no cuentan con recursos económicos y en los demás casos que la ley expresamente lo establezca”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 23, 26 y 59. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. III del Título Preliminar. Ley del Servicio de Defensa Pública (Ley N° 29360): Art. 14. Decreto Supremo N° 013-2009-JUS, Reglamento de la Ley 29360 - Ley del Servicio de Defensa Pública: Art. 2.

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CAPÍTULO IV

ACTUACIONES PROCESALES 1.

REGLAS DE CONDUCTA Y ORALIDAD EN LAS AUDIENCIAS

En las audiencias, conforme al artículo 11, el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta: 1.1. Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace uso de la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier expresión de aprobación o censura. 1.2. Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez(33).

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 2, 138 y 139. Código Civil: Art. VII del Título preliminar. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 12, 15 y 29. Código Procesal Civil: Arts. 109, 111 y 112. Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 184.

(33) El Código Procesal Civil regula la temeridad y mala fe procesal en sus artículos 111 y 112.

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2.

PREVALENCIA DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS POR AUDIENCIAS(34) Conforme al artículo 12 de la NLPT prevalece la oralidad del modo siguiente:

2.1. En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en audio y video utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico, a su costo. 2.2. La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el juez deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas las personas que participan en la audiencia, de los medios probatorios que se hubiesen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición. Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de las exposiciones orales se efectúa haciendo constar, en acta, las ideas centrales expuestas.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 139. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. I y III del Título Preliminar. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6 y 184.1. Código Procesal Civil: Arts. I, IV y V Título Preliminar.

(34) Para lograr la prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias que aspira este artículo, resulta imperativo revisar los conceptos sobre oratoria forense, las técnicas e instrumentos de litigación oral en el nuevo Proceso Laboral peruano. Consideramos pertinente señalar que en aplicación de “la Teoría del Caso” se sugiere que los abogados redacten un documento sobre los hechos que pretende probar en el proceso, una especie de historia persuasiva y estratégica. Sin este instrumento, la defensa puede resultar fofa y condenada al fracaso. La Corte Suprema aplicando la NLPT, en la Sentencia Casatoria N 07-2012-LA LIBERTAD ha señalado: “(…) En principio para la construcción de la teoría del caso se exige ‘seguir el orden de lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio, culminando con la fórmula de una historia con sentido (…), y además mantener la misma orientación a lo largo del proceso con la finalidad de que los hechos –sustentada en la prueba indicada– y expuestos ante el juzgador resulten creíbles (…)’”.

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3.

NOTIFICACIONES

Conforme al artículo 13 de la NLPT, las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se trate de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. Las resoluciones mencionadas se notifican mediante cédula. Pese al importante avance que en materia procesal significan las notificaciones electrónicas, coincidimos con Mirlo Briones quien señala: “si no pudiera determinarse a ciencia cierta la recepción de la notificación por el justiciable, lo que implica estar seguros de que lo notificado fue puesto en conocimiento del interesado en forma total y no parcial, así como de la fecha en que se produjo tal notificación, entonces el referido acto procesal de comunicación adolecerá de nulidad y carecerá de toda eficacia. Y ello nos parece plenamente entendible, dado que por ningún motivo puede ponerse en riesgo el derecho al debido proceso de las partes, por lo que deberá tenerse certeza absoluta de que la notificación ha sido correctamente puesta en conocimiento de su destinatario, y bajo ninguna consideración deberá presumirse que ello ha sido así”(35). Para efectos de la notificación electrónica, las partes deben consignar en la demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios, supuesto en el cual, el juzgador en aplicación del artículo 17 de la NLPT concederá un plazo de cinco días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de declarar la conclusión del proceso y el archivo del expediente. Ante la falta de consignación de la dirección electrónica no cabe la admisión provisional de la demanda(36). En las sedes judiciales laborales en las que se ha implementado la NLPT se viene utilizando la casilla electrónica de notificaciones signada con un número otorgado por la Administración del Poder Judicial. La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega a la dirección electrónica. No se requiere tener certeza que el destinatario a dado lectura a la resolución notificada electrónicamente, la certeza surge de la recepción en la dirección electrónica consignada por las partes, lo que diligentemente obligará a los justiciables a la revisión diaria del correo electrónico consignado.

(35) BRIONES QUISPE, Milko. “Las notificaciones, los costos y las costas y las multas”. En: AA.VV. Estudio sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Jurista Editores, Lima, 2011, p. 312. (36) Ibídem, p. 314.

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En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP)(37). Las resoluciones son notificadas por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las notificaciones por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la sede judicial de destino. Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes, en el acto. Limas(38) dice que, “podemos apreciar del texto del artículo 13 que la adecuación a los avances tecnológicos ya no se trata de una elección facultativa de las partes, sino de un presupuesto procesal necesario para proseguir con la tramitación de los actos postulatorios”. Por su parte, Arévalo(39), al comentar las notificaciones en los procesos laborales con la NLPT, dice: “Según el poder Judicial, el procedimiento para la tramitación de una notificación electrónica es el siguiente: El Secretario realiza el proyecto de resolución y, vía el sistema, lo remite al juez, quien evalúa, corrige y, si fuera necesario, lo devuelve para su subsanación. Luego de las correcciones, el magistrado aprueba el proyecto y le coloca su firma electrónica. El Secretario también pone su firma electrónica en la resolución. Después se firma electrónicamente la cédula y se envía a la casilla del abogado. Finalmente, este es notificado en su e-mail personal y chequea su recepción en forma gratuita en http://casillas.pj.gob.pe/sinoe/”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 139. Código Procesal Constitucional: Arts. 104 al 108. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Primera Disposición Transitoria. Código Procesal Civil: Arts. 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163 y 164. Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444): Arts. 16, 18 y 27.

(37) Setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), durante el año 2012, equivalen a S/. 25,550.00. (38) LIMAS VÁSQUEZ, Rocío. Ob. cit., p. 42. (39) ARÉVALO VELA, Javier. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497. Jurista Editores, Lima, 2011, p. 121.

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4.

COSTOS Y COSTAS

La condena en costas y costos, según el artículo 14 de la NLPT, se regula conforme a la norma procesal civil. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), salvo que la parte hubiese obrado con temeridad o mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez determina que hubo motivos razonables para demandar. Conforme lo señala el artículo 31 de la NLPT, en la sentencia debe pronunciarse expresamente sobre la cuantía o el modo de liquidación tanto de los intereses como de las costas y costos.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. IV y VIII Título Preliminar, 110, 410 al 419. Ley orgánica del Poder judicial: Art. 292. Ley General de Sociedades: Arts. 360 y 384. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. III del Título Preliminar, 30 y 31.

5.

MULTAS

Conforme al artículo 15 de la NLPT, en los casos de temeridad o mala fe procesal el juez tiene el deber de imponer a las partes, sus representantes y los abogados una multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP)(40). Se ha cuestionado válidamente que la redacción de la norma no permite, en aplicación del principio de legalidad, aplicar multas a otros participantes en el proceso como son los testigos o peritos(41). La multa por temeridad o mala fe es independiente de aquella otra que se pueda imponer por infracción a las reglas de conducta a ser observadas en las audiencias. La multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP).

(40) Durante el año 2012, la media (1/2) URP equivale a S/. 182,50 y las 5 URP equivale a S/. 1 825,00. (41) BRIONES QUISPE, Milko. Ob. cit., p. 324.

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Adicionalmente a las multas impuestas, el juez debe remitir copias de las actuaciones respectivas a la presidencia de la corte superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugar. Existe responsabilidad solidaria entre las partes, sus representantes y sus abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos. No se extiende la responsabilidad solidaria al prestador de servicios. El juez solo puede exonerar de la multa por temeridad o mala fe si el proceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda instancia, en resolución motivada. El juez puede imponer multa a los testigos o peritos, no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP) cuando estos, habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado, no asisten sin justificación a la audiencia ordenada de oficio por el juez. Antes de la NLPT, multar era una atribución del juez, ahora es un deber. Las partes y los abogados que mienten serán multados.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. IV Título Preliminar, 4, 46, 53, 232, 304, 398, 420 al 423 y 441. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 11 y 29. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 9, 120, 185 inc. 5), 288 y 292.

46

CAPÍTULO V

ADMISIÓN Y PROCEDENCIA DE LA DEMANDA 1.

REQUISITOS DE LA DEMANDA

Según el artículo 16 de la NLPT, la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil(42) con las siguientes precisiones: 1.1. Debe incluirse, cuando corresponda, la indicación del monto total del petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integren la demanda; y 1.2. No debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. Las preguntas se formulan en la audiencia. El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso. Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante debe designarse a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal único. Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad de abogado cuando el total reclamado no supere las diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP) (Ver formato a utilizarse en la sección “Anexos” de este manual). Cuando supere este límite y hasta las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) es facultad del juez, atendiendo a las circunstancias del caso,

(42)

El Código Procesal Civil regula en sus artículos 424 y 425 los requisitos y anexos que deben contener las demandas.

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exigir o no la comparecencia con abogado. En los casos en que se comparezca sin abogado debe emplearse el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial (Ver formato a utilizarse en la sección “Anexos” de este manual). Con relación a los requisitos de la demanda, recientemente la Corte Suprema aplicando la NLPT ha precisado, en la Sentencia Casatoria N° 4791-2011-Moquegua que “deben orientarse los esfuerzos de los jueces a la reivindicación de los derechos reclamados en la demanda, teniendo en cuenta el contenido esencial de la fundamentación fáctica y jurídica en ella desarrollada, a fin de identificar lo pretendido, y el grado de afectación de los derechos invocados, lo contrario desnaturalizaría al nuevo proceso laboral predominante oral y eficaz. Por lo tanto, la exigencia en el cumplimiento de los requisitos de la demanda no debe ser severa y excesiva, debe ceñirse a lo previsto en la Ley N° 29497, privilegiando en cada caso en concreto una tutela jurisdiccional efectiva y la buena fe de las partes. En cuanto al petitorio de la demanda, (…) debemos resaltar que debe ser claro, y debidamente sustentado, de manera que permita al juez apreciarlo en toda su extensión. Y con relación a la admisión de la demanda, el juez deberá verificar que se cumplan los requisitos de forma, dando prevalencia a la celeridad del proceso en esta primera etapa que resulta fundamental para el desarrollo del mismo, evitando un tiempo excesivo, evidentemente perjudicial sobre todo para los trabajadores”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 139 inc. 1). Código Procesal Civil: Arts. 68, 70, 72, 74 al 76, 80, 424 y 425. Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 290. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. 24 y Sétima Disposición Complementaria.

2.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA

Según el artículo 17 de la NLPT, el juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida. Si observa el incumplimiento de alguno de los requisitos, concede al demandante cinco (5) días hábiles para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de declararse la conclusión del proceso y el archivo del expediente. La resolución que disponga la conclusión del proceso es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles. Excepcionalmente, en caso la improcedencia de la demanda sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. La resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes.

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El excesivo celo en la calificación de la demanda ha sido observado por la Corte Suprema, quien en la reciente sentencia casatoria Nº 4561-2011-Moquegua ha señalado: “(…) los jueces de mérito han interpretado las normas referidas a los requisitos de la demanda en forma severa. Si bien el fin del proceso laboral es obtener la restitución del derecho vulnerado, y para el cumplimiento del propósito la nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 exige determinado formalismo, el exceso de atención en la forma ha distorsionado el presente proceso, retardándose la administración efectiva de justicia (…)”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 424 al 427 y 430. Código Procesal Constitucional: Arts. 101 y 102. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 16 y 18. Código Procesal Civil: Arts. 426 y 427.

3.

DEMANDA DE LIQUIDACIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES

Según el artículo 18 de la NLPT, cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, con contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar, sobre la base de dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido, siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República, y haya pasado en autoridad de cosa juzgada(43). En el proceso individual de liquidación del derecho reconocido es improcedente negar el derecho declarado lesivo en la sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República. El demandado puede, en todo caso, demostrar que el demandante no se encuentra en el ámbito fáctico recogido en la sentencia. Arévalo(44)señala al respecto que: “En la práctica existen casos en que una misma afectación de un derecho de carácter patrimonial, ha originado un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Constitucional

(43) Puede considerarse como un antecedente de la presente norma el artículo 60 del Código Procesal Constitucional que regula el procedimiento para la represión de actos homogéneos. (44) AREVALO VELA. Ob. cit., p. 147.

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amparando lo peticionado; en este caso la ley permite que sobre la base de dicha sentencia los prestadores de servicios puedan reclamar el mismo derecho. En estos casos, el demandado no podrá negar el hecho, debiendo su defensa limitarse a demostrar que el actor no se encuentra dentro del ámbito fáctico recogido en la sentencia, es decir que su caso no es similar al contemplado en ella, por lo que sus efectos no le pueden ser aplicables”. La NLPT “ha optado por el camino de la sentencia común que declare la existencia de la afectación y, posteriormente, el camino del proceso individual de liquidación del derecho reconocido”(45).

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 424, 425, 476, 478 incs. 12 y 13, 488, 491 incs. 11 y 12, 494, 547, 548, 555 y 556. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. II del Título Preliminar y 9. Código Procesal Constitucional: Arts. 17, 42 y 44.

4.

REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Conforme al artículo 19 de la NLPT, la contestación de la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, sin incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. La contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que el demandado estime convenientes. Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos. La reconvención es improcedente.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 139 inc. 1 Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 16, 24, 42, 43 y 49. Código Procesal Civil: Arts. 129, 130, 442, 443, 444 y 445. Ley Orgánica del Poder judicial: Arts. 184, 288 y 290.

(45) AA.VV. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ara Editores, Lima, 2011, p. 185.

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5.

CASO ESPECIAL DE PROCEDENCIA SIN AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

Conforme al artículo 20 de la NLPT en el caso de pretensiones referidas a la prestación personal de servicios, de naturaleza laboral o administrativa de derecho público, no es exigible el agotamiento de la vía administrativa establecida según la legislación general del procedimiento administrativo, salvo que en el correspondiente régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal específico, en cuyo caso debe recurrirse ante ellos antes de acudir al proceso contencioso-administrativo. Como bien señala Paul Paredes(46), a partir de la regulación prevista en el mencionado artículo se pude concluir: a) que los trabajadores de las entidades públicas sujetas al régimen privado están fuera de esta discusión y a ellos no les corresponde agotar ninguna vía administrativa; b) que los trabajadores sujetos al régimen público sí necesitan agotar la vía administrativa donde, en segunda y última instancia, tiene competencia el Tribunal del Servicio Civil; y c) que los trabajadores sujetos al régimen CAS no necesitan agotar la vía administrativa previa, pues no existe en su caso vía previa regulada, lo que además ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 3 de la STC Exp. Nº 001187-2010-PS/TC en la que se señala “(...) también la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe desestimarse porque la vía no se encuentra regulada”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política: Art. 148. Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 23. Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444): Art. 1 y siguientes. Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (Ley N° 27584): Art. 42. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 2 y 8.

(46) PAREDES PALACIOS, Paul. “El Tribunal de Servicio Civil enfrentado a la necesidad de regulación de la vía previa, los precedentes del Tribunal Constitucional y la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: Ius et Veritas. Nº 42, Lima, julio de 2011, p. 258.

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CAPÍTULO VI

ACTIVIDAD PROBATORIA 1.

OPORTUNIDAD

Conforme al artículo 21 de la NLPT, los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados. En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada. Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la sentencia.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 76, 121, 188 al 193, 424, 425, 429, 442 y 444. Código Procesal Constitucional: Art. 21. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6 y 8. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 28 y 46

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

2.

PRUEBA DE OFICIO

De acuerdo al artículo 22, excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable. Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. II Título Preliminar, 51 inc. 2), 194, 222, 229 y 238. Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 37. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 21 y 23. Decreto Legislativo N° 1071: Art. 43. Ley que norma el arbitraje: Art. 43.

3.

CARGA DE LA PRUEBA Según el artículo 23 de la NLPT, en la carga de la prueba ocurre lo siguiente:

3.1. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales(47). 3.2. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. 3.3. Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o extrabajador, tiene la carga de la prueba de: a)

La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal.

(47) A manera de ejemplo podemos señalar que el artículo 7 del Decreto Supremo N° 04-2006TR, norma que establece disposiciones sobre el registro de control de asistencia y salida en el Régimen Laboral de la Actividad Privada, establece que “si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso y/o permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo prueba en contrario, objetiva y razonable”.

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b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. c)

La existencia del daño alegado(48).

Con relación a la acreditación de la prestación personal de servicios para presumir la existencia de un vínculo laboral debemos señalar que ello importa un tratamiento legislativo distinto al contenido en la regulación sustantiva laboral de Ley de Fomento del Empleo, Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, la cual en su artículo 4 señala: “Artículo 4.- Elementos esenciales del Contrato de Trabajo. Plazo y formalidad En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)” (resaltado nuestro). Como se puede apreciar, ya no se requiere la probanza del pago de una remuneración ni la subordinación para que opere la presunción a favor de la laboralidad de la prestación personal de servicios. Dicha opción legislativa no está exenta de críticas, así Germán Lora señala: “la NLPT se ha excedido al buscar eliminar la desigualdad procesal y probatoria entre las partes intervinientes en un proceso laboral, al establecer como punto de partida, sin fundamento alguno, que cualquier prestación de servicios es de orden laboral, es decir, subordinada; logrando que esa desigualdad se vuelva a generar en contra de la parte demandante, de las entidades empleadoras en una excesiva y mal entendida, desde nuestro punto de vista, presunción de laboralidad. Por lo tanto, mucho cuidado cuando se contrate personal para la prestación de servicios, pues se presume que estamos frente a una relación de trabajo”(49). 3.4. De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a)

El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.

(48) Por ejemplo, conforme lo viene señalando el Tribunal Constitucional en los procesos de amparo referidos a otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N° 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley N° 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley N° 19990. (49) LORA ÁLVAREZ, Germán. “La desigualdad en la relación laboral y su impacto en el proceso. A propósito de la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: Ius et Veritas. N° 41, Lima, diciembre de 2010, p. 41.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. c)

El estado del vínculo laboral y la causa del despido(50).

Esta carga de la prueba del demandado tiene que ver con la concepción de que el Derecho Procesal de Trabajo “presume la desigualdad de las partes, en la tentativa de equipararlas, otorga superioridad jurídica al trabajador para compensar su inferioridad económica y social ante el empleador”(51). 3.5. En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes. Señala Germán Lora que “la norma descrita indica que los indicios serán suficientes para que nos encontremos ante una presunción iuris tantum, la cual solo podrá ser desvirtuada ante el desarrollo de una importante actividad probatoria por parte del demandado, es decir, la entidad empleadora”(52).

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Arts. 193, 219, 1314 al 1332 y 1969. Código Procesal Civil: Arts. 188 al 194, 196 y 197. Nueva ley Procesal del Trabajo: Arts. 2, 21, 22, 24 al 29.

(50) A manera de ejemplo, podemos mencionar que la Corte Suprema en la sentencia casatoria N° 1642-2012-La Libertad con la NLPT se ha pronunciado señalando que: “(…) El recurso planteado por la demandante deviene en infundado, máxime si, se ha demostrado fehacientemente, conforme la motivación esgrimida por la sentencia de vista objeto del presente recurso, y que es compartida por este Supremo Tribunal, que la demandante antes de la suscripción de los contratos administrativos de servicios - CAS, ostentaba respecto de su empleadora, un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)”. (51) ACEVEDO MENA, Roberto Luis. “Los principios del Proceso Laboral en la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497”. En: . (52) LORA ÁLVAREZ, Germán. Ob. cit., p. 260.

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4.

FORMA DE LOS INTERROGATORIOS

Conforme al artículo 24 de la NLPT, el interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar documentos de apoyo. Los abogados de las partes también pueden preguntar o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad. El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. Impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. I al V, VII, IX Título Preliminar, 112, 129, 138, 188, 192, 210, 213, 214,2 22 y 262. Código de Procedimientos Penales: Art. 122. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6, 8, 132, 185, 289 inc. 5 y 292. Ley General de Sociedades: Arts. 360 y 384. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. I del Título Preliminar y 33.

5.

DECLARACIÓN DE PARTE

De acuerdo al artículo 25 de la NLPT, la parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 122, 213 al 221. Código de Procedimientos Penales: Arts. 68, 75, 76, 94, 97, 118, 119, 196 y 207. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6, 8, 184 y 185. Nueva Ley procesal del Trabajo: Art. 24.

6.

DECLARACIÓN DE TESTIGOS

Conforme al artículo 26 de la NLPT, los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que les corresponda.

57

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

El secretario del juzgado expide al testigo una constancia de asistencia a fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano. Tratándose de un trabajador, dicha constancia sirve para sustentar ante su empleador la inasistencia y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 192, 222 al 232. Código de Procedimientos Penales: Arts. 138, 214, 232, 236, 242, 248, 257 y 270. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 15, 24 y 46.

7.

EXHIBICIÓN DE PLANILLAS

Conforme al artículo 27 de la NLPT, la exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la presentación de las copias legalizadas correspondientes a los periodos necesitados de prueba. La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable de brindar tal información. Es improcedente la tacha de la información de las planillas electrónicas remitida por dicho funcionario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía correspondiente. Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las planillas electrónicas, en lugar de la exhibición electrónica.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 208 inc. 3, 259 al 261, 293, 296 y 300. Ley N° 27029: Art. 1 y siguientes. Ley N° 27886: Art. 25. D. Leg. N° 681: Art. 1 y siguientes. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. 31.

8.

PERICIA

De acuerdo al artículo 28 de la NLPT los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que corresponda efectuar su exposición. Los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y juzgados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar al órgano

58

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

jurisdiccional la información necesaria para calcular, en la sentencia, los montos de los derechos que ampara, por lo que esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio probatorio.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts: 192 inc. 4, 208 inc. 1, 209, 262 al 271 y 300. Código de Procedimientos Penales: Arts. 65, 160, 164, 214, 236 y 259. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 56, 76, 79, 82, 94, 96, 233 y, 249 al 253. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 15, 24 y 31.

9.

PRESUNCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA CONDUCTA DE LAS PARTES

Conforme al artículo 29 de la NLPT, el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente. Al respecto, Germán Lora señala que “una actitud evasora, campante y con la intención de dilatar el desarrollo del proceso, de cualquiera de las partes, va a significar que el juzgador –efectuando una interpretación de los actos y conducta sea del demandante o demandado– pueda extraer e inferir conclusiones sobre los intereses discutidos en el proceso”(53).

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Art. 912. Código Procesal Civil: Arts. 188, 190, 270, 277, 279, 280, 281, 282 y 524. Ley sobre el Derecho de Autor (D. Leg. N° 822): Art. 18.

(53)

LORA ÁLVAREZ, Germán. Ob. cit., p. 260.

59

CAPÍTULO VII

FORMAS ESPECIALES DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO Conforme al artículo 30 de la NLPT, el proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono. También concluye cuando ambas partes no asisten por segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día. Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguientes criterios: 1.

El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles;

2.

Debe ser adoptado por el titular del derecho; y

3.

Debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante.

Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. La demanda de nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del proceso ejecutivo habiendo adquirido, de ese modo, la calidad de cosa juzgada. El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin que se realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido de parte o 61

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

de tercero legitimado, en la segunda oportunidad que se solicite, salvo que en la primera vez el demandante no se haya opuesto al abandono o no haya absuelto el traslado conferido.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Arts. 344, 346, 356 y 1312. Código Procesal Civil: Art. III, X Título Preliminar y 322 al 354. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 64, 66, 67 y 288. Ley de Conciliación (Ley N° 26782).

62

CAPÍTULO VIII

CONTENIDO DE LA SENTENCIA Según el artículo 31 de la NLPT, el juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales para motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos no enerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho. La motivación de las resoluciones judiciales a que se refiere el artículo 31 de la NLPT es un derecho inherente al debido proceso y tiene rango constitucional. El artículo 139 de la Constitución Política del Perú consagra que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”, norma que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de desarrollar señalando en la sentencia Nº 1230-2002-PHC/TC, considerando 11 que: “Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.

63

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

Recientemente, la Corte Suprema, en la sentencia casatoria Nº 4782-2011-Moquegua interpretando la NLPT ha señalando: “(…) El debido proceso (…) comprende entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones (…)”. Asimismo, la Corte Suprema ha señalado, en la sentencia casatoria Nº 47792011-Moquegua: “(…) el principio de congruencia (obliga) al órgano jurisdiccional a emitir un fallo acorde con las pretensiones planteadas, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, así como en el escenario construido a nivel jurisprudencial tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional (…)”. La sentencia debe pronunciarse sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la declare fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las prestaciones que debe cumplir el demandado. Si la prestación ordenada es de dar una suma de dinero, la cual debe estar indicada en monto líquido. El juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables. La falta de análisis de algún hecho relevante dará lugar a la nulidad de la sentencia, conforme lo reconoce la Corte Suprema, que aplicando la NLPT ha señalado en la sentencia casatoria N° 3150-2011-Lambayeque que “(…) la motivación esgrimida por ambas instancias de mérito no analizan un hecho relevante en la controversia (…). En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso casatorio planteado por la causal de inexistencia de motivación o motivación aparente (…)”. Tratándose de pretensiones con pluralidad de demandantes o demandados, el juez debe pronunciarse expresamente por los derechos y obligaciones concretos que corresponda a cada uno de ellos. El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requieren ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso pronunciamiento en la sentencia.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 138 y 139. Código Procesal Civil: Arts. 119, 121, 122, 178, 211, 328, 333, 339, 378, 396 y 470. Código de Procedimientos Penales: Arts. 284 y 285. Ley Orgánica del Poder .Judicial: Art. 266 incs. 6) y 8). Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444): Arts. 186 y 187. Ley del Proceso Penal Sumario (D. Leg. N° 124): Art. 1.

64

CAPÍTULO IX

MEDIOS IMPUGNATORIOS En el esquema de la NLPT no se han contemplado de manera expresa la posibilidad de interponer recursos de reposición y queja; sin embargo, ello no está prohibido, quedando su tratamiento bajo la regulación supletoria del Código Procesal Civil. Es pertinente recordar que el recurso de reposición solo procede para impugnar decretos y que el recurso de queja se interpone ante el superior a fin de que revoque la resolución que denegó la apelación o casación. 1.

APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN LOS PROCESOS ORDINARIO, ABREVIADO Y DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS

El recurso de apelación no requiere ser fundamentado por escrito por lo que los agravios se expondrán oralmente en la audiencia de la vista de la causa. La NLPT solo contempla la apelación en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos, indicando en su artículo 32 que el plazo para interponerla es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación. Con la norma anterior contenida en el artículo 52 de la Ley N° 26636 la notificación era consustancial y condicional, el plazo para apelar corría desde el día siguiente de su notificación; ahora con la NLPT corre desde el día siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación, lo que es distinto.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 138 y 139. Código Civil: Arts. 1424 al 1250. Código Procesal Civil: Arts. 355, 364, 365 inc. 1) 366, 368, 373 y 410 al 419. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 11, 40, 131 y 290. Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444): Arts. 206 y 218.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. 33. Ley de Propiedad industrial (D.Leg. N° 823): Arts. 248, 250 y 251. Ley que norma el Arbitraje (D.Leg. N° 1071): Arts. 52, 59, 60, 62 y 64.

2.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Y AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA EN LOS PROCESOS ORDINARIO, ABREVIADO Y DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS

Conforme al artículo 33 de la NLPT interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a segunda instancia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El órgano jurisdiccional de segunda instancia realiza las siguientes actividades: 2.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente fija día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. La audiencia de vista de la causa debe fijarse entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes de recibido el expediente. 2.2. El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados y los fundamentos en que se sustentan; a continuación, cede el uso de la palabra al abogado de la parte contraria. Puede formular preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales. 2.3. Concluida la exposición oral, dicta sentencia inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan, de modo lacónico. Excepcionalmente, puede diferir su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la sentencia, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista. 2.4. Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 139 inc. 6). Código Procesal Civil: Arts. 56, 147, 357, 373, 375, 494, 556 y 755. Código Procesal Constitucional: Arts. 58 y 108. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 129, 149 y 259 incs. 2) y 3). Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. 32. Ley sobre el Derecho del Autor (D.Leg. N° 822): Art. 205.

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3.

CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme al artículo 34 de la NLPT Limas(54), acerca del recurso de casación, afirma que “la Ley propone un nuevo esquema procesal totalmente novedoso para la casación, ya que reduce de manera significativa los plazos de admisibilidad y resolución. De esta forma, en sede casatoria el Tribunal emite sentencia el mismo día de la Vista de la Causa disponiendo de 60 minutos para ello, o en los cinco días hábiles siguientes en caso el litigio requiera mayor discusión”. La Corte Suprema se ha pronunciado con relación a los fines de la casación en la NLPT en los siguientes términos: “(…) ha quedado sentado en la jurisprudencia de este Tribunal en materia casatoria, que los fines clásicos de la casación reconocidos por la doctrina procesalista son básicamente la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República, los cuales han de procurarse lograrse en materia laboral a través de los mecanismos de control contenidos en el artículo 34 de la Ley N° 29497 (…) el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o revaloración probatoria (…)”(55). El recurso de casación laboral, según el artículo 34 de la nueva NLPT, se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República(56). Los pronunciamientos que no tienen carácter de vinculantes no se consideran para fines casatorios(57). Conforme lo refiere Arévalo(58), los precedentes vinculantes aprobados por el Tribunal Constitucional en materia laboral y previsional son los siguientes:

(54) LIMAS VÁSQUEZ, Rocío. Ob. cit., p. 43. (55) Auto Calificatorio del Recurso de Casación N° 4538-2011-Arequipa. (56) Es pertinente recordar que comete falta grave el juez que desacata los acuerdos de la Corte Suprema que tienen carácter de vinculantes. La Ley de la Carrera Judicial, aprobada por Ley Nº 29277, en su artículo 47, inciso 8) señala “son faltas graves: (…) 8. Desacatar las disposiciones contenidas en Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones que dicte la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional”. (57) La sentencia casatoria N° 38-2012-La Libertad, aplicando la NLPT ha tenido oportunidad de señalar: “(…) la sentencia constitucional antes aludida no tiene tal calidad, sino que constituye –por el contrario– doctrina jurisprudencial, razón por la cual no puede predicarse respecto de la misma “obligatoriedad” y porque además, en esta no se aborda en específico el periodo previo al Contrato Administrativo de Servicios –CAS– (…)”. (58) ARÉVALO VELA, Javier. El recurso de casación en el nuevo proceso laboral peruano. Fuente: .

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

•

STC Exp. N° 2616-2004-AC/TC, caso Amado Santillán Tuesta: Relativa a la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037-94.

•

STC Exp. N° 0206-2005-PA, caso César Baylón Flores: Relativa a la procedencia del amparo en materia laboral y regulación de competencia para conflictos laborales de trabajadores sujetos al régimen laboral público o régimen laboral privado(59).

•

STC Exp. N° 4635-2004-PA, caso Sindicato de Trabajadores de Toquepala: Relativa a la jornada laboral de los trabajadores mineros.

•

STC Exp. N° 1417-2005-PA, caso Manuel Anicama Hernández: Relativa a procedencia del amparo en materia pensionaria como medio de protección del derecho fundamental a la pensión.

•

STC Exp. N° 5189-2005-PA/TC, caso Jacinto Gabriel Angulo: Relativa a pensión mínima o inicial regulada por la Ley Nº 23908.

•

STC Exp. N° 9381-2006-PA/TC, caso Félix Vasi Zevallos: Relativo al Bono de reconocimiento otorgado por la ONP.

•

STC Exp. N° 7281-2006-PA/TC, caso Santiago Terrones Cubas: Relativa a la libre desafiliación de las AFP.

•

STC Exp. Nº 6612-2005-AA/TC, caso Onofre Vilcarima Palomino: Relativa a la pensión vitalicia y pensión de invalidez por enfermedad profesional.

•

STC Exp. Nº 10087-2005-AA/TC, caso Alipio Landa Herrera: Relativa a la pensión vitalicia y pensión de invalidez por enfermedad profesional. Decreto Ley N° 18846 y Ley N° 26790.

•

STC Exp. N° 0061-2008-PA/TC, caso Rímac Internacional: Relativo a arbitraje voluntario y obligatorio del D.S. N° 003-98-SA sobre Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

•

STC Exp. Nº 5430-2006-PA/TC, caso Alfredo de la Cruz Curasma: Relativo a pago de devengados e intereses por pensiones de jubilación.

•

STC Exp. Nº 4762-2007-AA/TC caso Alejandro Tarazona Valverde: Relativo a la acreditación de aportaciones previsionales.

(59) La Corte Suprema ha señalado en la sentencia Casatoria N° 3311-2011-Tacna: “(…) En consecuencia, la causal casatoria de apartamiento del precedente vinculante contenido en la sentencia constitucional recaída en el Expediente N° 0206-2005-AA/TC, denunciada por la demandante corresponde ser declarada fundada (…)”.

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•

STC Exp. N° 04650-2007-PA/TC, caso Cooperativa de Ahorro y Crédito de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú “Santa Rosa de Lima: Relativo al amparo contra amparo, establece que es improcedente en forma liminar la demanda de amparo, si al momento de interponerse el juez constata que no se ha cumplido con lo ordenado en el primer amparo.

•

STC Exp. N° 03052-2009-PA/TC, caso de Yolanda Lara: Relativo al cobro de beneficios sociales, establece que el cobro de los beneficios sociales no impide al trabajador demandar la reposición en la vía de amparo.

La idea que subyace a la infracción normativa consistente en el apartamiento de los precedentes vinculantes es el garantizar la unidad jurisprudencial transmitiendo seguridad jurídica a partir de la transparencia y predictibilidad. Fernández(60) señala al respecto que “el art. 34 de la NLPT es una norma generosa, que acoge con mucha amplitud los posibles tipos de infracción que permiten la interposición del recurso de casación. No distingue lo que serían infracciones normativas relativas al fondo de la resolución impugnada, de lo que serían infracciones procesales, relativas a las reglas de procedimiento. Eso sí, impone que la infracción ‘incida directamente sobre la resolución impugnada’, de manera que una incidencia indirecta o tangencial, que no tuviera conexión directa sobre el pronunciamiento judicial (es decir, que no incida en su ratio decidendi), no tendría cabida como motivo casacional”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 28 inc. 2, 51 139 y 141. Código Procesal Civil: Arts. III, VII T.P., 48, 378, 384 y 386. Código de Procedimientos Penales: Arts. 15 y 16. Código Procesal Penal: Arts. IV T.P. y 345 al 360. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 11, 14, 31 al 33, 129, 146 y 148 al 150. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 35 al 41.

4.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN Conforme al artículo 35 de la NLPT, El recurso de casación se interpone:

4.1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias, el

(60) FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio. “La Nueva Regulación de la Casación Laboral en el Ordenamiento Procesal Peruano”. En: Revista Soluciones Laborales. N° 36, Lima, diciembre de 2010, p. 55.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento. La Corte Suprema ha rechazado el trámite de recurso de casación teniendo en cuenta la cuantía demandada y ha señalado: “(…) monto que no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal, que establece la norma citada en el considerando precedente, precisando que la Unidad de Referencia Procesal (URP) es de S/. 360.00 (trescientos sesenta nuevos soles), según Resolución Administrativa N° 093-2010-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; razón por el cual el recurso no cumple con ese requisito de admisibilidad, debiéndose por tanto, desestimar el mismo (…)”(61). Y en otro pronunciamiento ha señalado: “(…) Por lo tanto, concluyéndose en la inadmisibilidad del recurso de casación por no cumplir con el requisito referido a la cuantía, previsto en el numeral 1) del artículo 35 y en aplicación del texto expreso del artículo 37 de la Ley N° 29497, carece de objeto proceder a analizar los requisitos de procedencia en consecuencia el recurso deviene en inadmisible (…)”(62). 4.2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. La sala superior debe remitir el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite, dentro del plazo de tres (3) días hábiles. 4.3. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna. 4.4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si el recurso no cumple con este requisito, la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de tres (3) días hábiles para subsanarlo. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 141. Código Procesal Civil: Arts. II, IX T.P., 38, 357, 384, 386, 388 y 391. Código de Procesal Penal: Art. 348. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 32 y 34. Nueva ley Procesal Laboral: Arts. 34 y 36 al 41.

(61) Auto Calificatorio del Recurso de Casación. N° 4448–2011-Tacna. (62) Auto Calificatorio del Recurso de Casación. N° 2990–2011-Cusco.

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5.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

Según el artículo 36 de la NLPT son requisitos de procedencia del recurso de casación: 5.1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso. 5.2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes. 5.3. Demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada(63). La Corte Suprema ha rechazado la tramitación de un recurso de casación señalando: “las normas denunciadas no han servido de base para la emisión de la recurrida, por lo que mal puede denunciarse su aplicación indebida”(64). 5.4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisa si es total o parcial, y si es este último, se indica hasta dónde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisa en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, debe entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 141. Código Procesal Civil: Arts. I Título Preliminar, 384 y 388. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 34, 35 y 37 al 41.

(63) Recientemente, aplicando la NLPT la Corte Suprema ha señalado, en la sentencia casatoria Nº 4447-2011-TACNA lo siguiente “(…) la denuncia casatoria de infracción normativa del artículo 31 de la Ley N° 27912 y artículo 30 del Decreto Ley N° 25593, ambas normas que regulan el fuero sindical y que trabajadores que gozan del mismo, no puede predicarse su inaplicación en el caso concreto, ya que dichos dispositivos normativos no eran aplicables a los trabajadores adscritos al régimen CAS, al momento de los hechos materia de controversia (…)”. Asimismo, en la sentencia casatoria Nº 2432-2011-Tacna ha señalado “(…) es factible el control casatorio tratándose de la infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que establecen que el juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada (…)”. (64) Auto Calificatorio del Recurso de Casación N° 4450-2011-Cusco.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

6.

TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme al artículo 37 de la NLPT, el trámite del recurso de casación es como sigue: “Recibido el recurso de casación, la Sala Suprema procede a examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 35 y 36, y resuelve declarando inadmisible, procedente o improcedente el recurso, según sea el caso. Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema fija fecha para la vista de la causa. Las partes pueden solicitar informe oral dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para vista de la causa. Concluida la exposición oral, la Sala Suprema resuelve el recurso inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo. Excepcionalmente, se resuelve dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la vista de la causa se señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la resolución, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la vista de la causa. Si no se hubiese solicitado informe oral o habiéndolo hecho no se concurre a la vista de la causa, la Sala Suprema, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente en su despacho”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 141. Código Procesal Civil: Arts. 142, 357, 388 y 393. Ley Orgánica del Poder .Judicial: Arts. 129, 146, 148 y 149. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 34 al 36 y 38 al 41.

7.

EFECTO DEL RECURSO DE CASACIÓN

A diferencia de la regulación prevista en la LPT que permitía la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada durante la tramitación del recurso de casación, conforme al artículo 38 de la NLPT, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe

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total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable. El importe total reconocido incluye el capital, los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso, los costos y costas, así como los intereses estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de un (1) año de interpuesto el recurso. La liquidación del importe total reconocido es efectuada por un perito contable. En caso de que el demandante tuviese trabada a su favor una medida cautelar, debe notificársele a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, elija entre conservar la medida cautelar trabada o sustituirla por el depósito o la carta fianza ofrecidos. Si el demandante no señala su elección en el plazo concedido, se entiende que sustituye la medida cautelar por el depósito o la carta fianza. En cualquiera de estos casos, el juez de la demanda dispone la suspensión de la ejecución.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 141. Código Civil: Arts. 1242 al 1250. Código Procesal Civil: Arts. 320, 396, 608 al 673, 688, 697, 698 y 703. Ley que norma el Arbitraje (D. Leg. N° 1071): Art. 66. Nueva ley Procesal del Trabajo: Arts. 34 al 37 y 39 al 41.

8.

CONSECUENCIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN DECLARADO FUNDADO

Conforme al artículo 39 de la NLPT si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior, doctrinariamente se conoce a esta como la casación sin reenvío, pues la propia sala casatoria emite un nuevo fallo que sustituye a la resolución casada. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de esta y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. En este supuesto estamos frente a la casación con reenvío, pues se devuelve el proceso a la instancia inferior para que rehaga lo que se declaró nulo.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

La sentencia casatoria Nº 2804-2011-La Libertad aplicando el artículo comentado ha tenido oportunidad de señalar “(…) habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en falta de motivación, corresponde estar a lo previsto en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley N° 29947 (…) siendo así, resulta arreglado a derecho ordenar se expida nuevo pronunciamiento (…)”.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 141. Código Procesal Constitucional Arts. 50 incs. 1) y 6), 171, 173 al 177 y 396. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts.12 y 184. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 34 al 38, 40 y 41.

9.

PRECEDENTE VINCULANTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

Según el artículo 40 de la NLPT, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República que conozca del recurso de casación puede convocar al pleno de los jueces supremos que conformen otras salas en materia constitucional y social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente. Los abogados pueden informar oralmente en la vista de la causa, ante el pleno casatorio. Lo regulado en este artículo, es bastante similar a lo ya establecido en el artículo 400 del Código Procesal Civil, en relación a los plenos casatorios civiles. Los magistrados supremos en materia constitucional y social se reunirán para resolver un caso judicial laboral y lo que aprueben se convertirá en precedente vinculante.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 141. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 22 y 116 Nueva ley Procesal del Trabajo: Arts. 34 al 39 y 41.

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10. PUBLICACIÓN DE SENTENCIAS Según el artículo 41 de la NLPT el texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso de casación se publican obligatoriamente en el diario oficial El Peruano, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace dentro de los sesenta (60) días de expedidas, bajo responsabilidad.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Art. 141. Código Procesal Civil: Arts. II T.P., 384, 386 y 400. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts.10 y 22. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 34 al 40.

11. GRÁFICA DEL PROCESO DE CASACIÓN LABORAL Este recurso es uno de los instrumentos más relevantes en los procesos laborales, gráficamente podemos representarlo de la siguiente manera(65):

Art. 35

Notificación de la sentencia de vista

Recurso de Casación Se interpone ante la Sala Laboral

10 días hábiles plazo Para interponer

(65)

Art. 35

Art. 37 Sala Suprema Declara procedente. Fija fecha para la vista de la causa

Art. 37 Vista de la Causa y Fallo

3 días hábiles para remisión a la Sala Suprema

Notificación de Sentencia

5 días hábiles

Diario Oficial El Peruano, 17 de agosto de 2011, p. 14.

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CAPÍTULO X

PROCESOS LABORALES Conforme al Título II, Capítulo I de la NLPT los procesos laborales son cinco (5): proceso ordinario, proceso abreviado, proceso impugnativo de laudos arbitrales económicos, proceso cautelar y proceso de ejecución. 1.

PROCESO LABORAL ORDINARIO

Si no prospera la audiencia de conciliación dentro de los 30 días hábiles, se lleva a cabo la audiencia de juzgamiento.

Citación a la audiencia entre 20 a 30 días hábiles. ADMISIÓN DE LA DEMANDA

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

Si concilian y el juez lo aprueba, el proceso concluye adquiriendo carácter de cosa juzgada.

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Se realiza en un acto único, concentra las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. La sentencia es emitida dentro de 60 minutos de concluido los alegatos.

1.1. TRASLADO Y CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Verificados los requisitos de la demanda, conforme al artículo 42 de la NLPT, el juez emite resolución disponiendo: a)

La admisión de la demanda;

b) La citación a las partes a audiencia de conciliación, la cual debe ser fijada en día y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda; y

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

c)

El emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de conciliación con el escrito de contestación y sus anexos.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 138 y 139. Código Procesal Civil: Arts. 155 al 178, 424, 425, 430, 442, 444, 475 al 479. Código Procesal Constitucional: Arts. 101 y 102. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 13, 16, 17, 20, 21 y 43 al 47.

1.2. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Conforme al artículo 43 de la NLPT, la audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo: a)

La audiencia inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la demanda, continuando la audiencia. Si el demandado no asiste incurre automáticamente en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. También incurre en rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o el representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. El rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre, sin posibilidad de renovar los actos previos. Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia.

b) El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente. Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesario hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de un (1) mes. Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las partes o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo. c)

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En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio; requiere al demandado para que presente, en el acto, el escrito de contestación y sus anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y hora

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para la audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en el acto. Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento. Como bien señala Sara Campos: “Así, se observa que recién el acto de contestación de la demanda se producirá si la conciliación fracasa y recién se convocará a la audiencia de juzgamiento. Pudiéndose en este caso apreciar que la razón de que la conciliación se produzca en una etapa anterior a la contestación reside en el hecho de que se busca en aras de la economía procesal lograr soluciones a los conflictos sin la necesidad de generarle gastos innecesarios al Estado. Podemos afirmar que la NLPT está a favor de los medios autocompositivos de solución de conflictos, antes de los heterocompositivos que son la solución más extrema cuando los primeros han fallado”(66). Con relación a la posibilidad que el juez proponga una fórmula conciliatoria, Sara Campos considera que “si es posible toda vez que el juez al haber tenido conocimiento de la demanda ya puede prever un resultado favorable o no al trabajador (el cual se reserva) por lo que sería el más indicado para propiciar un acuerdo entre las partes, siempre respetando los principios de imparcialidad, objetividad y el test de protección que deberá tener como juzgador. También, en uso de sus facultades como conductor del proceso y en virtud del principio de oralidad podrá propiciar una conciliación al inicio de la audiencia de juzgamiento”(67). Si el demandado concurre a la audiencia sin la debida representación debe ser considerado rebelde y tenerse por no presentada la contestación(68).

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código procesal Civil: Arts. 57 al 82, 468 al 470, 472 y 526. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 5, 6, 185, 284 al 294. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 11, 12, 13, 19, 30, 31, 42 y 44. Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo N° 823): Art. 159. Ley que norma el Arbitraje (Decreto Legislativo N° 1071): Art. 42.

(66) CAMPOS TORRES, Sara. “La Conciliación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: Derecho y Sociedad. N° 37, Lima, 2011, p. 219. (67) Ídem. (68) Ídem.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.3. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO Conforme al artículo 44 de la NLPT la audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. La audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia. Conforme a la oportunidad que hemos tenido de observar las audiencias de juzgamiento, esquemáticamente, podemos decir que los pasos de la audiencia de juzgamiento se resume en lo siguiente: 1° Introducción del juez con presentación de los datos del expediente. 2° Acreditación de la presencia de los intervinientes (partes o apoderados y de sus abogados). 3° Recomendación del juez sobre las reglas de conducta a observar en la audiencia. 4° Etapa de Confrontación de Posiciones (Alegatos Iniciales) 5° Etapa de Actuación probatoria: 5.1. Determinar hechos no controvertidos. 5.2. Enunciar hechos que no necesiten de actuación probatoria. 5.3. Enunciar los medios probatorios dejados de lado (Resolución de rechazo de medios probatorios). 5.4. Enunciar pruebas admitidas (Resolución de admisión de medios probatorios). 5.5. Determinar y enunciar los hechos controvertidos. 5.6. Actuación de los Medios Probatorios, se comienza con los medios probatorios de las excepciones, y luego los medios probatorios del fondo del asunto. Se actúan primero las pruebas del demandante y luego las del demandado. El orden de actuación de los medios probatorios es como sigue: declaración de parte, declaración de testigo, pericia, reconocimiento y exhibición e inspección judicial. 6° Alegatos finales o de clausura. 7° Sentencia. 8° Cierre. 80

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 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. II T.P., 96, 188, 202, 203, 206 y 208. Código de Procedimientos Penales: Arts. 20, 234 y 280. Código Procesal Penal: Arts. 355, 367, 369 y 371. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 185 inc 1).

1.4. ETAPA DE CONFRONTACIÓN DE POSICIONES De acuerdo al artículo 45 de la NLPT, la etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que las sustentan. Luego, el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que, por razones procesales o de fondo, contradicen la demanda.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 189, 192, 209. Código de Procedimientos Penales: Arts. 130, 131 y 155. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 21 y 44.

1.5. ETAPA DE ACTUACIÓN PROBATORIA Conforme está regulada en el artículo 46 de la NLPT, la etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente modo: a). El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o irrelevantes para la causa. b) El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de actuación probatoria. c)

Inmediatamente después, las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas. El juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa.

d) El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta etapa.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

e)

Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda. La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta con anotación de las observaciones constatadas; al concluirse, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia.

f)

La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 50 al 53, 188,192, 194, 197, 202, 203, 208 y 304. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 5, 187 y 266. Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444): Art. 163. Nueva Ley procesal del Trabajo: Arts. 13, 21 al 29.

1.6. ALEGATOS Y SENTENCIA Según el artículo 47 de la NLPT finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente sus alegatos. Concluidos los alegatos, el juez, en forma inmediata o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de su sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la complejidad del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia. La notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados, bajo responsabilidad.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 138 y 139. Código Procesal Civil: Arts. 21, 28, 34, 41, 87, 103, 104, 106, 122. 211, 212, 328, 339, 350, inc. 1), 375, 376, 393, 394,409, 449, 517, 528, 532, 555, 590, 592 al 594, 605, 713, 762, 784, 801 y 836. Código procesal Penal: Arts. 295 incs. 2), 3) y 4), 300 al 304 y 383. Ley Orgánica del Ministerio Público (D. Leg. N° 124): Art. 1. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 13, 30 al 33.

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PROCESO ORDINARIO LABORAL SEGUNDA INSTANCIA

2.

5 días

5 días

20-30 días

APELACIÓN

ELEVACIÓN

VISTA Audiencia Pública

60 minutos 5 días

SENTENCIA

PROCESO LABORAL ABREVIADO Hasta 10 días hábiles para contestar la demanda

ADMISIÓN DE LA DEMANDA

Citación a la audiencia entre 20 a 30 días hábiles CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Calificada la contestación de la demanda el juez entrega al demandante copia de esta

AUDIENCIA ÚNICA

Comprende la conciliación, confrontación de posiciones, actuación de pruebas, alegatos y sentencia

2.1. TRASLADO Y CITACIÓN A AUDIENCIA ÚNICA Conforme al artículo 48 de la NLPT, verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo: a)

La admisión de la demanda;

b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles; y c)

la citación a las partes a audiencia única, la cual debe ser fijada entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts.138 y 139. Código procesal Civil: Arts. 424, 430, 442, 444, 486 al 493. Código Procesal Constitucional: Arts. 101 y 102. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 42 y 43.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

2.2. AUDIENCIA ÚNICA Conforme al artículo 49 de la NLPT la audiencia única se estructura a partir de las audiencias de conciliación y juzgamiento del proceso ordinario laboral. Comprende y concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, las cuales se realizan, en dicho orden, una seguida de la otra, con las siguientes precisiones: a)

La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia de conciliación del proceso ordinario laboral, con la diferencia de que la contestación de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro del plazo concedido, correspondiendo al juez hacer entrega al demandante de la copia de la contestación y sus anexos, otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos. Sobre este punto, Sara Torres advierte una situación no regulada por la NLPT “en un proceso abreviado en el que el juez ya recibió el escrito de contestación de la demanda y al convocar a la audiencia única el demandado no asiste o asiste sin representación, con lo cual es declarado rebelde, en este caso consideramos que debería ser desestimada la contestación de la demanda porque el escrito que correspondería presentar al demandado sería el de purga de rebeldía con la correspondiente tasa”(69).

b) Ante la proposición de cuestiones probatorias del demandante el juez puede, excepcionalmente, fijar fecha para la continuación de la audiencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes si, para la actuación de aquella se requiriese de la evacuación de un informe pericial, siendo carga del demandante la gestión correspondiente.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 202, 212, 323, 468, 469, 472, 553 al 557. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6 y 187. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. I Título Preliminar, 1, 2, 42 al 46.

(69) CAMPOS TORRES, Sara. Ob. cit., p. 219.

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3.

PROCESO IMPUGNATIVO DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS*

Hasta 10 días hábiles para contestar la demanda ADMISIÓN DE LA DEMANDA

Dentro de los 10 días habiles siguientes la Sala Laboral dicta sentencia CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

ALEGATOS Y SENTENCIAS No procede recurso de casación

* Se tramita ante las Salas Laborales/Mixtas de la Corte Superior

Advertimos que la regulación de la impugnación de laudos arbitrales económicos laborales prevista en la NLPT contiene marcadas diferencias con relación al tratamiento del recurso de anulación de laudos regulada en la Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo N° 1071, dentro de ellas podemos resaltar las siguientes: a)

La impugnación de laudos arbitrales económicos laborales tiene un plazo perentorio de impugnación de 10 días hábiles de notificado el laudo, mientras que el recurso de anulación de laudo puede presentarse dentro de los 20 días hábiles de notificado el laudo(70).

b) Contra lo resuelto por la Sala Laboral en la impugnación de laudos arbitrales económicos laborales puede presentarse un recurso de apelación, siendo luego improcedente el recurso de casación que se presente contra lo resuelto por la Corte Suprema. En el recurso de anulación contra lo resuelto por la Corte Superior no cabe la interposición de un recurso de apelación, solo cabe interponerse recurso de casación en caso el laudo sea anulado parcial o totalmente(71).

(70) Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1071: “Artículo 64.- Trámite del recurso. 1. El recurso de anulación se interpone ante la Corte Superior competente dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del laudo (…)”. (71) Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1071: “Artículo 64.- Trámite del recurso (…) 5. Contra lo resuelto por la Corte Superior solo procede recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema, cuando el laudo hubiera sido anulado en forma total o parcial”.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

c)

En la impugnación de laudos arbitrales económicos laborales se notifica a los árbitros con la demanda para que de expongan su posición de estimarlo conveniente. En el recurso de anulación de laudo no se notifica a los árbitros, únicamente se emplaza a la parte favorecida con el laudo(72).

Si bien la Ley de Arbitraje ha sido emitida con posterioridad a la dación de la NLPT consideramos que por aplicación del principio de especialidad se debe aplicar la regulación prevista en la NLPT con prevalencia sobre la normativa general contenida en la Ley de Arbitraje. 3.1. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Ahora, la NLPT, en su sexta disposición complementaria ha establecido que “las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, siempre y cuando el arbitraje el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual percibida sea, o haya sido superior a las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), es decir, en el 2012, superiores a S/. 25 550,00. Conforme al artículo 50 de la NLPT además de los requisitos de la demanda, la sala laboral verifica si esta se ha interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse notificado el laudo arbitral que haciendo las veces de convenio colectivo resuelve el conflicto económico o de creación de derechos, o su aclaración; en caso contrario, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso. Esta resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles. Los únicos medios probatorios admisibles en este proceso son los documentos, los cuales deben ser acompañados necesariamente con los escritos de demanda y contestación.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 28.2 y 139.1. Código Procesal Civil: Arts. 188, 192 inc. 3), 233, 424, 425 y 430. Código Procesal Constitucional: Arts. 101 y 102.

(72) Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1071: “Artículo 64.- Trámite del recurso (…) 3. (…) Una vez admitido a trámite el recurso de anulación, se dará traslado a la otra parte por el plazo de veinte (20) días para que exponga lo que estime conveniente y ofrezca los medios probatorios correspondientes”.

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Ley que norma el Arbitraje (D. Leg. N° 1071): Arts. 52, 56, 62 al 65 y 67. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 18 al 21, 51 al 53. Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: Art. 58.

3.2. TRASLADO Y CONTESTACIÓN Conforme al artículo 51 de la NLPT verificados los requisitos de la demanda, la sala laboral emite resolución disponiendo: a)

La admisión de la demanda;

b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles; y c)

la notificación a los árbitros para que, de estimarlo conveniente y dentro del mismo plazo, expongan sobre lo que consideren conveniente.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 430, 442 y 444. Ley que norma el Arbitraje (D. Leg. N° 1071): Arts. 19 al 23, 52, 55 y 64. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 16 y 19.

3.3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Conforme al artículo 52 de la NLPT la sala laboral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de contestada la demanda, dicta sentencia por el solo mérito de los escritos de demanda, contestación y los documentos acompañados. Para tal efecto señala día y hora, dentro del plazo indicado, citando a las partes para alegatos y sentencia, lo cual se lleva a cabo de igual modo a lo regulado en el proceso ordinario laboral.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política 1993: Arts. 138 y 139. Código Procesal Civil: Arts. 339, 350, 393, 517, 528, 532, 590, 592 al 594, 605 y 762. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. I Título preliminar, 47, 50, 51 y 53.

3.4. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN Conforme al artículo 53 de la NLPT contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República no procede el recurso de casación. 87

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4.

PROCESO CAUTELAR SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

RESOLUCIÓN ORDENANDO LA MEDIDA CAUTELAR

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 139.6 y 141. Código Procesal Civil: Arts. 392 y 484. Nueva ley Procesal del Trabajo: 4.4. 1 inc. b) y 33.

4.1. ASPECTOS GENERALES A pedido de parte, conforme al artículo 54, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinado a garantizar la eficacia de la pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte. Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal. En consecuencia, son procedentes además de las medidas cautelares reguladas en este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las normas procesales(73). Como se verá más adelante, la NLPT establece que la medida cautelar de reposición provisional puede ser otorgada durante el proceso y que el trabajador durante su permanencia tiene derecho a percibir el pago de una asignación económica hasta que se solucione el conflicto.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. I, II T.P. 33, 96, 181, 200, 463, 485 y 608 al 687. Código Tributario: Arts. 56, 58 y 118. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 4 y 7.

(73) En la LPT no estaba claramente definida la posibilidad de dictar medidas cautelares distintas a las de inscripción y administración consideradas en su artículo 100, lo cual dio lugar inclusive al tratamiento de este tema en el Pleno Jurisdiccional 2008, en el que por mayoría se acordó que “en el proceso laboral son procedentes todas las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente”. En la NLPT se ha considerado expresamente la posibilidad de dictar cualquier medida cautelar necesaria para cautelar la pretensión principal.

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4.2. MEDIDA ESPECIAL DE REPOSICIÓN De acuerdo al artículo 55 de la NLPT, el juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos: a)

Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad;

b) Estar gestionando la conformación de una organización sindical; y c)

El fundamento de la demanda es verosímil.

Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 23, 26 y 27. Convenio 87 OIT: Arts. 3 y 11. Convenio 98 OIT: Art. 1. Código Procesal Civil: Arts. 1,630 y 674. Código procesal Constitucional: Art. V Título Preliminar. Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 26. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Art. 54. Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D.S. N° 003-97-TR): Arts. 29, 30 y 34.

4.3. ASIGNACIÓN PROVISIONAL Según el artículo 56 de la NLPT, de modo especial, en los procesos en los que se pretende la reposición, el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional mensual cuyo monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador, con cargo a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Si la sentencia firme ordena la reposición, el empleador restituye el depósito más sus intereses y, en caso de ordenarse el pago de remuneraciones devengadas, se deduce la asignación percibida.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Constitución Política de 1993: Arts. 26 y 27. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 54 y 55. Ley de Productividad y Competitividad (D.S. N° 003-97-TR): Arts. 29, 30 y 34.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

5.

PROCESO DE EJECUCIÓN

SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE TITULOS EJECUTIVOS

RESOLUCIÓN ORDENANDO LA EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO

Coincidimos con Beltrán, quien analizando el proceso de ejecución en la NLPT señala que: “a. La regulación del Proceso de Ejecución en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, ha seguido el esquema impuesto por el Decreto Legislativo N° 1069, que modificó el Código Procesal Civil, singularizando los Títulos Ejecutivos y estableciendo un proceso único que suprimía la diferencia entre dos procesos: el Ejecutivo y el de ejecución. b.

El capítulo V de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que se ocupa del Proceso de Ejecución que hemos analizado solo contiene disposiciones sobre las características especiales que debe tenerse en cuenta para la ejecución de obligaciones laborales, mas no regula expresamente la estructura del proceso, por lo que se infiere que es tomada del Código Procesal Civil por aplicación supletoria”(74).

5.1. TÍTULOS EJECUTIVOS Conforme al artículo 57 de la NLPT se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos: a)

Las resoluciones judiciales firmes;

b) las actas de conciliación judicial; c)

los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral;

d) las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones; e)

el documento privado que contenga una transacción extrajudicial;

f)

el acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa; y

(74) BELTRÁN QUIROGA, Jaime. “El proceso de ejecución”. En: Estudios sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo, obra colectiva. Jurista Editores, Lima, noviembre de 2011, p. 619.

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g) la liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Constitucional: Arts. 34, 688 y 693 al 696. Código Civil: Art. 1302. Ley General de Sociedades: Arts. 22, 78, 80 y 313. Ley de Títulos Valores: Arts. 1, 10 y 208. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 16, 43, 58, 61 y 59. Ley y Reglamento de Conciliación.

5.2. COMPETENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES Y ACTAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL Conforme al artículo 58 de la NLPT las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral, es competente el juez especializado de trabajo de turno.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 120, 123, 124, 379, 688 y 713 al 716. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 30 y 57 incs. a) y b).

5.3. EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES FIRMES QUE RESUELVEN UN CONFLICTO JURÍDICO De conformidad al artículo 59 de la NLPT los laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico de naturaleza laboral se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje. La norma general de arbitraje aplicable es la Nueva Ley de Arbitraje aprobada por el Decreto Legislativo N° 1071, la cual regula la ejecución de laudos en

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

sus artículos 67(75) y 68(76), debiendo además tenerse en cuenta que esta regulación general establece un trámite que permite la suspensión de la ejecución de un laudo el que se encuentra supeditado, salvo acuerdo en contrario, a la presentación de una fianza bancaria por el valor de la condena contenida en el laudo(77).

(75) Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1071: “Artículo 67.- Ejecución arbitral. 1. A solicitud de parte, el tribunal arbitral está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones, siempre que medie acuerdo de las partes o se encuentre previsto en el reglamento arbitral aplicable. 2. Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral anterior, el caso en el cual, a su sola discreción, el tribunal arbitral considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, cesará en sus funciones sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada, a costo de ésta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente a efectos de la ejecución”. (76) Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo 1071: “Artículo 68.- Ejecución judicial. 1. La parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo ante la autoridad judicial competente acompañando copia de éste y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuada por el tribunal arbitral. 2. La autoridad judicial, por el solo mérito de los documentos referidos en el numeral anterior, dictará mandato de ejecución para que la parte ejecutada cumpla con su obligación dentro de un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución forzada. 3. La parte ejecutada sólo podrá oponerse si acredita con documentos el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución conforme al artículo 66. La autoridad judicial dará traslado de la oposición a la otra parte por el plazo de cinco (5) días. Vencido este plazo, resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes. La resolución que declara fundada la oposición es apelable con efecto suspensivo. 4. La autoridad judicial está prohibida, bajo responsabilidad, de admitir recursos que entorpezcan la ejecución del laudo”. (77) Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1071: “Artículo 66.- Garantía de cumplimiento. 1. La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable. Al examinar la admisión del recurso, la Corte Superior verificará el cumplimiento del requisito y, de ser el caso, concederá la suspensión. 2. Si no se ha acordado requisito alguno, a pedido de parte, la Corte Superior concederá la suspensión, si se constituye fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la otra parte con una vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso y por una cantidad equivalente al valor de la condena contenida en el laudo. 3. Si la condena, en todo o en parte, es puramente declarativa o no es valorizable en dinero o si requiere de liquidación o determinación que no sea únicamente una operación matemática, el tribunal arbitral podrá señalar un monto razonable en el laudo para la constitución de la fianza bancaria en las mismas condiciones referidas en el numeral anterior, como requisito para disponer la suspensión de la ejecución, salvo acuerdo distinto de las partes. 4. La parte impugnante podrá solicitar la determinación del monto de la fianza bancaria prevista en el numeral anterior a la Corte Superior que conoce del recurso, cuando el tribunal arbitral

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 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Ley que norma el Arbitraje (D. Leg. N° 1071): Arts. 67, 68 y 77. Nueva ley Procesal del trabajo: Art. 57.

5.4. SUSPENSIÓN EXTRAORDINARIA DE LA EJECUCIÓN De conformidad al artículo 60 de la NLPT tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamentada.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil : Arts. 317 al 320. Nueva ley Procesal del Trabajo: Art. 60.

5.5. MULTA POR CONTRADICCIÓN TEMERARIA De conformidad al artículo 61 de la NLPT si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en otros momentos procesales.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Arts. 1220 al 1320. Código Procesal Civil: Arts. III, IV Título Preliminar, 109 al 112, 213, 451, 451, 538, 700, 702 y 754. Nueva Ley Procesal del Trabajo: Arts. 15, 57 al 60. Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones: Art. 38.

no lo hubiera determinado. También podrá solicitar su graduación, cuando no estuviere de acuerdo con la determinación efectuada por el tribunal arbitral. La Corte Superior luego de dar traslado a la otra parte por tres (3) días, fijará el monto definitivo en decisión inimpugnable. 5. La garantía constituida deberá renovarse antes de su vencimiento mientras se encuentre en trámite el recurso, bajo apercibimiento de ejecución del laudo. Para tal efecto, la Corte Superior, a pedido de la parte interesada, de ser el caso, oficiará a las entidades financieras para facilitar la renovación. 6. Si el recurso de anulación es desestimado, la Corte Superior, bajo responsabilidad, entregará la fianza bancaria a la parte vencedora del recurso. En caso contrario, bajo responsabilidad, lo devolverá a la parte que interpuso el recurso”.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

5.6. INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO AL MANDATO DE EJECUCIÓN Conforme al artículo 62 de la NLPT tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple, sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Art. 1158. Código Procesal Civil: Arts. 46, 110, 420 al 423, 693, 694 y 706 al 713. Ley General de Sociedades: Art. 75. Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 9, 120 y 185 inc. 5). Código Penal: Art. 368.

5.7. CÁLCULO DE DERECHOS ACCESORIOS Según el artículo 63 de la NLPT, los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa. Vencido el plazo, el juez, con vista a las liquidaciones que se hubiesen presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo. Si hubiese acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando la discusión solo respecto del diferencial.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Arts. 1242 al 1250 y 2003. Ley de Productividad y Competitividad: Arts. 6, 29 y 40.

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CAPÍTULO XI

PROCESOS NO CONTENCIOSOS La NLPT regula en este capítulo tres procesos: La consignación, la autorización judicial para el ingreso a centro de trabajo y la entrega de documentos; a diferencia de la LPT que solo regulaba la consignación. Además, se indica en el numeral 3 del artículo 1 de la NLPT que la competencia para conocer de estas materias corresponde a los Juzgados de Paz Letrados Laborales. 1.

CONSIGNACIÓN

Conforme al artículo 64 de la NLPT la consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago, ni que solicite autorización del juez para hacerlo. La consignación persigue “evitar que el deudor asuma las consecuencias de un pago no realizado en los plazos legales, contractuales o convencionales debidamente establecidos”(78).

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Arts. 1251 a 1255, 1338, 1706 y 1707. Código Procesal Civil: Arts. 802 al 816. Ley de Títulos Valores: Art. 98.

2.

CONTRADICCIÓN

De acuerdo a lo regulado en el artículo 65 de la NLPT, el acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado. Conferido el traslado y absuelto este, el juez resuelve lo

(78) GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Ob. cit., p. 718.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

que corresponda o manda reservar el pronunciamiento para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso respectivo.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 809 y 810.

3.

RETIRO DE LA CONSIGNACIÓN

Conforme al artículo 66 de la NLPT, el retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin trámite alguno, incluso si hubiese formulado contradicción. El retiro de la consignación surte los efectos del pago, salvo que el acreedor hubiese formulado contradicción. Iván Paredes y Giuliana Higuchi plantean una duda con relación al cobro de una consignación por un menor de edad, pues pese a que conforme al artículo 8, inciso 8.1, estos pueden comparecer al proceso,”¿es posible que tal menor de edad pueda cobrar un certificado de consignación judicial ante el Banco de la Nación?”(79), señalando que “[e]n principio la respuesta es negativa. La norma no indica cuáles son los requisitos para que el menor de edad pueda cobrar sus beneficios sociales y pueda efectivizar un certificado de consignación judicial ante el Banco de la Nación”(80) . Corresponderá al juzgador disponer las medidas necesarias para lograr la ejecución de su fallo.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Civil: Art. 1251 y ss. Código Procesal Civil: Arts. 802 y 818. Nueva ley procesal del Trabajo: Arts. 1, 6 y 16.

4.

AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA INGRESO A CENTRO LABORAL

De acuerdo al artículo 67 de la NLPT, en los casos en que las normas de inspección del trabajo exigen autorización judicial previa para ingresar a un centro

(79) PAREDES NEYRA, Iván y HIGUCHI MATSUDA, Giuliana. “Acerca del proceso no contencioso contenido en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: AA.VV. Estudios sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Jurista Editores, Lima, noviembre de 2011, p. 631. (80) Ídem.

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de trabajo, esta es tramitada por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Para tal efecto debe presentar, ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial de actuación, la respectiva solicitud. Esta debe resolverse, bajo responsabilidad, en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado.

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Ley del Ministerio de Trabajo: 4ª Disposición Complementaria y Final. Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del trabajador: Art.1 y ss. Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (D. Leg. N° 25927): Art. 6 incs. a) y b). Ley General de Inspección del Trabajo: Art. 5. Nueva ley procesal del trabajo: Arts. 1, 6 y 16.

5.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

De acuerdo al artículo 68 de la NLPT, la mera solicitud de entrega de documentos se sigue como proceso no contencioso siempre que esta se tramite como pretensión única. Cuando se presente acumuladamente, se siguen las reglas establecidas para las otras pretensiones. Se seguirán en este proceso, entre otras, pretensiones como las relativas a la entrega de certificados de trabajo(81) y certificados de cese de la relación laboral para el cobro de la Compensación por Tiempo de servicios(82).

 NORMAS CON LAS QUE CONCUERDA: Código Procesal Civil: Arts. 297 y 749 al 762. Nueva Ley procesal del Trabajo: Arts. 1, 6 y 16. Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador: Art. 23.2.

(81) La Tercera Disposición Complementaria, Transitoria, Derogatoria y Final del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobada por Decreto Supremo N° 001-96-TR, señala: “Extinguido el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, un certificado en el que se indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. A solicitud del trabajador se indicará la apreciación de su conducta o rendimiento”. (82) El artículo 45 de la Ley de Compensación por Tiempo de servicios, Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, señala: “Para el retiro de los depósitos efectuados y sus intereses, el depositario procederá al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios a solicitud del trabajador quien acompañará la certificación del empleador en la que se acredita el cese. El empleador entregará dicha certificación al trabajador dentro de las 48 horas de producido el cese”.

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CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS La NLPT señala las disposiciones complementarias siguientes: 1.

En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil.

2.

Cuando la presente Ley hace referencia a los juzgados especializados de trabajo y a las salas laborales, entiéndase que también se alude a los juzgados y salas mixtos.

3.

Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley continúan su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron.

4.

Las tercerías de propiedad o de derecho preferente de pago, así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados, se interponen ante el juez de la causa principal y se tramitan conforme a las normas del proceso abreviado laboral.

5.

La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible. El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Promoción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción de la conciliación extrajudicial administrativa y el arbitraje. La Conciliación administrativa se encuentra regulada en el Decreto Legislativo N° 910, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 020-2001TR, y tiene como principales características las siguientes: a)

Está destinada a promover el acuerdo entre empleadores y trabajadores o extrabajadores a fin de encontrar una solución autónoma a los conflictos que surjan en la relación laboral.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

b) La asistencia del trabajador y del empleador a la Audiencia de Conciliación es de carácter obligatorio. c)

La Audiencia de Conciliación puede ser solicitada por el trabajador, extrabajador, la organización sindical, por el empleador o por ambas partes.

d) El plazo de caducidad en materia laboral, se suspende a partir de la fecha en que cualquiera de las partes presenta la solicitud de Audiencia de Conciliación y hasta la fecha en que concluya el procedimiento. e)

Si el empleador o el trabajador no asisten a la conciliación por incapacidad física, caso fortuito o fuerza mayor, deben acreditar por escrito su inasistencia, si el empleador no presenta la justificación pertinente o esta es desestimada, se aplica una multa de hasta una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente.

f)

En la conciliación solo se levanta acta cuando las partes lleguen a un acuerdo total o parcial del tema controvertido, en caso contrario únicamente se expide una constancia de asistencia.

g) El acta de conciliación que debe contener una obligación cierta, expresa y exigible constituye título ejecutivo y tiene mérito de instrumento público. 6.

Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual percibida sea, o haya sido, superior a las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

7.

En los procesos laborales, el Estado puede ser condenado al pago de costos.

8.

Los expedientes que por cualquier razón reingresen a los órganos jurisdiccionales tienen preferencia en su tramitación.

9.

La NLPT entró en vigencia a los seis (6) meses de publicada en el Diario Oficial El Peruano, a excepción de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias, que entran en vigencia al día siguiente de su publicación. La aplicación de la NLPT se hará de forma progresiva en la oportunidad y en los distritos judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En los distritos judiciales, en tanto no se disponga la aplicación de la NLPT, sigue rigiendo la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, y sus modificatorias.

10. Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos laborales, individuales o 100

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colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte. 11. Se precisa que hay exoneración del pago de tasas judiciales para el prestador personal de servicios cuando la cuantía demandada no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), así como cuando las pretensiones son inapreciables en dinero. 12. Se autoriza al Poder Judicial la creación de un fondo de formación de magistrados y de fortalecimiento de la justicia laboral. El fondo tendrá por objeto la implementación de medidas de formación específicamente dirigidas a los magistrados laborales, así como el otorgamiento de incentivos que les permitan desarrollar de manera óptima la función judicial.

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CAPÍTULO XIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Desde el 16 de enero de 2010 están vigentes las disposiciones transitorias siguientes: 1.

El Poder Judicial implementa una red electrónica que permita la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publicación simultánea en la página web del Poder Judicial. Los interesados podrán solicitar al Poder Judicial la asignación de un domicilio electrónico, el cual opera como un buzón electrónico ubicado en el servidor. El acceso al buzón es mediante el uso de una contraseña localizada en la página web del Poder Judicial. De igual modo, implementa un soporte informático para el manejo de los expedientes electrónicos.

2.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la colaboración del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional deberá implementar una base de datos pública actualizada permanentemente, que permita a los jueces y usuarios el acceso a la jurisprudencia y los precedentes vinculantes y que ofrezca información estadística sobre los procesos laborales en curso.

3.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la colaboración del Poder Judicial, debe implementar un sistema informático, de acceso público, que permita el cálculo de los derechos o beneficios sociales.

4.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe implementar un sistema de remisión electrónica de información de las planillas electrónicas. El requerimiento de información es enviado por el juzgado al correo electrónico habilitado para tal fin por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El funcionario responsable da respuesta, también por correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Dicha respuesta debe contener la información solicitada presentada en cuadros tabulados, agregándose las explicaciones que fuesen necesarias.

5.

El Poder Judicial debe disponer la creación e instalación progresiva de juzgados y salas laborales en los distritos judiciales de la República que lo 103

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

requieran, para fortalecer la especialidad laboral a efectos de brindar un servicio de justicia más eficiente. 6.

El Poder Judicial debe disponer el desdoblamiento de las salas laborales en tribunales unipersonales que resuelvan en segunda y última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

7.

El Poder Judicial aprueba los formatos de demanda para los casos de obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

8.

Las acciones necesarias para la aplicación de la NLPT se ejecutan con cargo a los presupuestos institucionales aprobados a los pliegos presupuestarios involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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CAPÍTULO XIV

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS Se ordena la modificación de los artículos 42, 51 y la parte referida a la competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral del artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, en los siguientes términos: “Artículo 42.- Competencia de las salas laborales Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes: a.

Proceso de acción popular en materia laboral.

b.

Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral.

c.

Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva.

d.

Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

e.

Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley.

f.

Las demás que señale la ley.

Conocen, en grado de apelación, de lo resuelto por los juzgados especializados de trabajo”. “Artículo 51.- Competencia de los juzgados especializados de trabajo. Los juzgados especializados de trabajo conocen de todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivas originadas con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa, sea de derecho

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

público o privado, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Se consideran incluidas en dicha competencia las pretensiones relacionadas a: a)

El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño emergente, lucro cesante o daño moral incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. c)

Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral.

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia. e)

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

f)

La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.

g) Los conflictos vinculados a un sindicato y entre sindicatos, incluida su disolución. h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. i)

El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.

j)

El Sistema Privado de Pensiones.

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. l)

Las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público.

m) Las impugnaciones contra actuaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo. n) Los títulos ejecutivos cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). o) Otros asuntos señalados por ley”.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

“Artículo 57.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados Los Juzgados de Paz Letrados conocen: (…) En materia laboral: a)

De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); c)

De las liquidaciones para cobranza de previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador.

d) De los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía”. SEGUNDA.- Se ordena la modificación del artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF, en los siguientes términos: “Artículo 38.- Proceso de ejecución La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación para cobranza se efectúa de acuerdo al Capítulo V del Título II de la Ley Procesal del Trabajo. Para efectos de dicha ejecución, se establecen las siguientes reglas especiales: (...)”.

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CAPÍTULO XV

DISPOSICIONES DEROGATORIAS PRIMERA.- Se ordena la derogación de las siguientes disposiciones: a)

La Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, y sus modificatorias, la Ley Nº 27021, la Ley Nº 27242 y la quinta disposición final y complementaria de la Ley Nº 27942.

b) La Ley Nº 8683 y el Decreto Ley Nº 14404, sobre pago de salarios, reintegro de remuneraciones y beneficios sociales a los apoderados de los trabajadores. c)

La Ley Nº 8930 que otorga autoridad de cosa juzgada y mérito de ejecución a las resoluciones de los tribunales arbitrales.

d) El Decreto Ley Nº 19334, sobre trámite de las reclamaciones de los trabajadores que laboran en órganos del Estado que no sean empresas públicas. e)

El Título III del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-97 -TR, sobre competencia en los conflictos entre cooperativas de trabajo y sus socios-trabajadores.

SEGUNDA.- Se dejan sin efecto las siguientes disposiciones: a)

El artículo 8 del Decreto Supremo Nº 002-98-TR, sobre competencia en las acciones indemnizatorias por discriminación.

b) El artículo 52 del Decreto Supremo Nº 001-96-TR que prohíbe la acumulación de la acción indemnizatoria con la de nulidad de despido.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

Puntriano pone de relieve que “con la entrada en vigencia de la NLPT se confirma la viabilidad de acumular objetiva y subordinadamente las pretensiones de nulidad de despido e indemnización por despido arbitrario, en franca garantía del derecho fundamental al debido proceso de los trabajadores”(83). TERCERA.- Se derogan todas las demás normas legales que se opongan a la NLPT.

(83) PUNTRIANO ROSAS, César. “Procedencia de la acumulación de las pretensiones de reposición y de pago de indemnización por despido arbitrario en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: Actualidad Laboral. N° 194, enero de 2010, p. 40.

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SEGUNDA PARTE PARTE PRÁCTICA

PARTE PRÁCTICA En este apartado se presentan algunos ejemplos de escritos de demandas, contestaciones de demanda, apelaciones, recursos de casación y otros de uso más frecuente, también ejemplos de actas de conciliación y juzgamiento que se vienen levantando en los juzgados donde ya se ha implementado la NLPT; incluyendo las piezas procesales más importantes de un proceso laboral concluido y el texto completo de la Sentencia de Casación Laboral N° 2804-2011 La Libertad, expedida por la Sala de Derecho constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú el dieciocho de enero de dos mil doce, sobre una demanda de beneficios sociales. Asimismo se adjuntan las principales resoluciones casatorias expedidas por la Corte Suprema a la fecha. Estos documentos no están escritos a doble espacio como dispone la normativa correspondiente, sino a espacio simple por cuestión de estructuración del libro en imprenta. 1.

EJEMPLOS DE ESCRITOS DE DEMANDAS Y CONTESTACIONES DE DEMANDAS Y OTROS DE USO MÁS FRECUENTE

La Primera Disposición Complementaria de la NLPT, señala que en todo lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil. Siendo esto así y a manera de facilitar la redacción de los escritos de demandas, contestaciones de demandas y otros de uso más frecuente, ofrecemos algunas basadas en esta norma procesal adjetiva, que tienen el carácter de simple guía, las cuales estamos seguros, serán complementadas y mejoradas por los señores abogados. Para contribuir con la celeridad que propugna la NLPT, resulta de aplicación, en la redacción de los escritos laborales, las reglas del Código Procesal Civil prescritos en sus artículos 424 y 425 y la Resolución Administrativa N° 014-93-CE-PJ, que señalan que los escritos que las partes y terceros presenten en los procesos judiciales, fuere cual fuere su materia y cuantía se sujetarán obligatoriamente a las características siguientes: 113

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1) El folio tendrá las dimensiones: 21 cm. por 29.7 cm. (formato A4). 2) Se escribe en máquina de escribir u otro medio equivalente (computadora), en un solo lado, a doble espacio y debe ser presentado en original al Juzgado o Sala acompañado de tantas copias como partes o terceros deban ser notificados. 3) Deben mantenerse en blanco, sin escritura ni firma, no menos de tres centímetros en el margen izquierdo y dos en el derecho. 4) En la parte superior derecha de los escritos se indicará en orden descendente lo siguiente: nombre del secretario o especialista legal, si es el caso, el número del expediente; cuaderno del expediente en el que el escrito se presenta; numeración del escrito en el orden correspondiente al que sucesivamente sean presentados por la parte y sumilla del pedido (por ejemplo: demanda, contestación de la demanda, ofrecimiento de pruebas, apelación de auto, apelación de sentencia, etc.). 5) Se usará el idioma castellano, salvo que la Ley o el juez autoricen el quechua o aymará. 6) La redacción será clara, breve y precisa. De ser el caso, se hará referencia al número y fecha, escrito o anexo que se cite. 7) En los otrosíes o formulas similares que contengan pedidos, estos deben ser independientes del pedido en el principal. 8) Si se presentan anexos, estos deberán expresamente ser identificados y mencionados en el escrito con la identificación que corresponda al anexo. Por ejemplo: Anexo 1-A, o Anexo 4-A. 9) Además de la firma de la parte, los originales de los escritos deben contener el nombre, firma y el número de colegiación del abogado que lo autoriza. Las copias deben contener, además de la firma de la parte, el nombre y número de colegiación del abogado que ha suscrito el original. Creemos también que ya es hora de retirar de los escritos judiciales el uso innecesario del pronombre relativo “Que”, seguido de un gerundio, muy difundido en nuestro medio al fundamentar los requerimientos, como por ejemplo en las expresiones siguientes: “Que deseando el cese de la hostilidad de parte de mi empleador (…)”, “Que habiendo sido víctima de un despido arbitrario (…)”, Que habiendo solicitado reiteradamente el pago triple por vacaciones no gozadas (…)”. Usar el gerundio después de “que”, a principio de párrafo, es un galicismo rechazado por nuestro idioma. La forma correcta es la conjugación directa del verbo en primera persona de singular, como siempre enseñó, el maestro

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

universitario Quirós(84). Debe decirse: “Deseando el cese de hostilidad de parte de mi empleador (…)”, “Habiendo sido víctima de un despido arbitrario (…)”, “Habiendo solicitado reiteradamente el pago triple por vacaciones no gozadas (…)”. Coincidiendo con lo expresado, Monroy sostiene que “en el Perú, en materia judicial por lo menos, aún no hemos abandonado estilos y pautas coloniales en muchos de sus aspectos”(85). Por estas razones, nos permitimos poner a consideración del Poder Judicial y los señores abogados, esta nueva forma de redacción de los escritos, retirando el uso innecesario del pronombre relativo “que”, seguido del gerundio. A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de los escritos más frecuentes, basados en esta regulación y la sugerencia de mejor uso del idioma, seguros de que ahora, más que nunca, se requiere celeridad de los procesos y menos escritos ampulosos; pareciera que ha llegado el momento de desterrar aquellos escritos de más de cinco páginas con transcripciones de doctrina, jurisprudencia y otros agregados innecesarios. Estamos convencidos que la concisión contribuirá a la facilidad, seguridad y orden en la tarea de administrar justicia por magistrados y auxiliares y que redundará en beneficio de los litigantes y que será base para la puesta en práctica de los sistemas informáticos en las notificaciones y otros procedimientos como lo desea la NLPT. Aclaramos que los datos consignados en los escritos que a continuación ofrecemos, en lo que se refiere a nombre de los juzgados, nombre de los demandantes, nombre de los demandados, direcciones domiciliarias, números de expedientes, nombres de los especialistas, números de los documentos de identidad y otros datos personales son irreales, cualquier parecido es mera coincidencia.

(84) QUIRÓS SÁNCHEZ, Eduardo. Redacción y Ortografía. Editora de la Universidad Nacional de Trujillo, 1963, p. 109. (85) MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit., p. 175.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.1. DEMANDA POR DESPIDO NULO Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda nulidad de despido SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE CAÑETE: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: María Rodríguez Bazán identificada con DNI Nº 09087650, con domicilio real en la calle Isabel La Católica Nº 590 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 158, ambos de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1574.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Fabricación de Calzados Zapatoslindos S.A. domiciliado en Av. Separadora Industrial N° 1122 de Cañete.

III. PETITORIO: Solicito la nulidad del despido del que he sido objeto por motivo de estar embarazada, pese a haber notificado al empleador documentalmente del embarazo en forma previa al despido. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso

:

14 de febrero de 2005

Fecha de cese

:

20 de setiembre de 2010

Motivo de cese

:

Embarazo

Última remuneración

:

S/. 5 000,00

Cargo

:

Secretaria Ejecutiva

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Venía desempeñando el cargo de Secretaría Ejecutiva del Sr. Juan López Alva, Gerente de Ventas de dicha empresa, lo que pruebo con las boletas de pago mensual que adjunto. IV.2.2. Habiendo contraído matrimonio civil, quedé embarazada de mi cónyuge, situación que comuniqué por escrito al entonces Jefe de Recursos Humanos de la empresa, Sr. Manuel Palomares P., mediante carta de fecha 15 de setiembre de 2010, conforme al anexo que adjunto, en el cual se consigna la referida fecha en el sello de recepción. IV.2.3. En una actitud ilegal, el nuevo Jefe de Recursos Humanos Sr. Joaquín López E., el día 20 de setiembre de 2010, me cursa una carta notarial en la cual se me informa que la empresa por motivos de reasignación de personal ha decidido prescindir de mis servicios, notificándome la correspondiente liquidación de mis beneficios laborales. V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. V.2. El inciso e) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que señala que es nulo el

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

despido que tenga por motivo el embarazo si el despido se produce dentro de los 90 días anteriores o posteriores al parto. V.3. El artículo 34 de la norma legal precedente que preceptúa que en los casos que se declare fundada la demanda de despido nulo, el trabajador será repuesto en su empleo. V.4. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. V.5. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII.

MEDIOS PROBATORIOS:

VII.1. Carta dirigida al Jefe de Recursos Humanos, mediante la cual comuniqué mi situación de embarazo. VII.2. Carta de despido que me cursara el nuevo Jefe de Recursos Humanos. VII.3. Boletas de pago de los meses de junio a agosto de 2010. VII.4. Declaración testimonial, que absolverá en forma personal la Sra. Rosa Rucabado Rojas, domiciliada en Calle Piura N° 115, Cañete, de conformidad con el artículo 16 literal b) y artículo 26 de la Ley N° 29497, cuya finalidad está dirigida a probar que ella estuvo presente en la reunión en la que el Gerente de la demandada comentó que mi retiro de la empresa era por causa de mi embarazo. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibos de derecho de notificación judicial. No adjunto recibo de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas por ser la pretensión de cuantía indeterminable al amparo de la Undécima Disposición Complementaria de la NLPT. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterada de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Recibos por derecho de notificación y judicial. 1-C: Copia simple de la carta mediante la cual comuniqué mi situación de embarazo. 1-D: Copia simple de la carta de despido. 1-E: Copia simple de las boletas de remuneraciones de junio, julio y agosto de 2010. Cañete, 24 de setiembre de 2010.

____________________________

____________________________

FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.2. DEMANDA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda de pago de beneficios sociales y otros SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE CAÑETE: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Mario López Bravo identificado con DNI Nº 09087650, con domicilio real en la calle San Martín Nº 590 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 158, ambos de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1122.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Fabricación de Ladrillos Casabarata S.A. domiciliada en Av. Separadora Industrial N° 1122 de Cañete.

III. PETITORIO: Solicito pago de reintegro de beneficios sociales y otros, ascendente a la suma de S/. 22 749,78 (veintidós mil setecientos cuarenta y nueve con 78/100 nuevos soles), conforme a la liquidación que presento más adelante. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso

:

14 de febrero de 2007

Fecha de cese

:

13 de febrero de 2010

Motivo de cese

:

Renuncia voluntaria

Última remuneración

:

S/. 3 500,00

Cargo

:

Administrador

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Hasta el día de mi cese por renuncia voluntaria, desempeñé el cargo de Administrador de dicha empresa, lo que pruebo con las tres últimas boletas de pago mensual que adjunto. IV.2.2. Desde la fecha de mi ingreso hasta mi cese, percibí como contraprestación por mi trabajo la suma de S/. 3 500,00 mensuales, lo cual acredito con las boletas de remuneraciones antes mencionadas. IV.2.3. En lo que respecta a mi compensación por tiempo de servicios, la emplazada me debe el íntegro del citado beneficio porque durante todo el periodo laboral no ha efectuado el depósito en ninguna entidad financiera. IV.2.4. En lo referente a mis vacaciones manifiesto que he laborado 3 años, habiendo gozado vacaciones correspondientes solamente a 2 años, por lo que tengo derecho a la compensación con triple pago por un periodo. IV.2.5. La liquidación del pago que reclamo es la siguiente: a) Compensación por tiempo de servicios:

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Remuneración computable

:

S/. 4 083,30

Sueldo

:

S/. 3 500,00

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1/6 Gratificación

:

S/.

Remun. computable semestral

:

S/. 2 041,66

583,33

Remun. mensual

:

S/.

340,28

Remun. computable diaria

:

S/.

11,34 544,40

Cálculo: Primer período

:

S/.

Segundo período

:

S/. 2 041,66 S/. 1 497,20

Tercer período

:

Total CTS

:

S/. 4 083,26

S/. 4 083,26 x 3 años

:

S/. 12 249,78

b) Vacaciones no gozadas: (vacaciones pendientes) S/. 3 500,00.00 x (triple) = S/. 10 500,00 Monto total que me adeuda la demandada: S/. 22 749,78 V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1.

El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho.

V.2.

El numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 29497, que regula la competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo.

V.3.

Los artículos 2, 56 y ss., aplicables, del TUO del D.Leg. N° 650, aprobado por D.S. N° 001-97-TR-Ley de la CTS y su reglamento.

V.4.

El artículo 10 el D. Leg. N° 713 - Ley de descansos remunerados.

V.5.

La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral.

V.6.

Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral.

VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII.

MEDIOS PROBATORIOS:

VII.1. Copia de las tres últimas boletas de pago, para acreditar mi vínculo laboral. VII.2. Copia del certificado de trabajo, para acreditar la fecha de ingreso y cese. VII.3. Copia de la carta de renuncia y la carta de la aceptación de renuncia, para acreditar la extinción del vínculo laboral. VII.4. La exhibición de las hojas de liquidación de la CTS, si es que mi empleador hubiera cumplido con hacer los depósitos. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI. No adjunto recibo de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas por no superar mi pretensión las 70 URP a que se refiere la Undécima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Derecho de notificación judicial. 1-C: Copia de las tres últimas boletas de pago. 1-D: Copia del certificado de trabajo. 1-E: Copia de la carta de renuncia y la carta de la aceptación de renuncia. Cañete, 24 de setiembre de 2010.

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____________________________

FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.3. DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD PROFESIONAL Sec. : __________ Exp. : __________ Cuaderno : Principal Escrit : N° 1 Demanda indemnización por enfermedad profesional SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE CAÑETE: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Pablo Rodríguez Pérez identificado con DNI Nº 19087651, con domicilio real en la calle San Martín Nº 590 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 158, ambos de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1130.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa Minera Santa María S.A. con domiciliado en Calle Bolívar N° 112 de Cañete.

III. PETITORIO: Solicito pago de indemnización por daño moral o daño a la persona por responsabilidad contractual, ascendente a la suma de S/. 240 000,00 (Doscientos cuarenta mil y 00/100 nuevos soles), más costas y costos del proceso. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso

:

1 de diciembre de 1965

Fecha de cese

:

31 de agosto de 2010

Motivo de cese

:

Renuncia voluntaria con incentivos

Última remuneración

:

S/. 1 500,00

Cargo

:

Vigilante

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Hasta el día de mi cese por renuncia voluntaria con incentivos, desempeñé el cargo de vigilante en dicha empresa, lo que pruebo con las tres últimas boletas de pago mensual que adjunto. IV.2.2. A la fecha de mi cese, percibía la suma de S/. 1 500,00 mensuales, lo cual acredito con las boletas de remuneraciones antes mencionadas. IV.2.3. Actualmente padezco de neumoconiosis silicosis por haber trabajado en ambientes altamente tóxicos, porque la empresa no me proporcionaba equipos de seguridad. IV.2.4. Para el cálculo del monto pretendido se ha tenido en cuenta que a la fecha tengo 65 años de edad, por lo que estadísticamente considero tener una expectativa de vida de 20 años más, en consecuencia, si la afectación de la enfermedad profesional, conforme puede apreciar el juzgador, me ha afectado en un 66%, la posibilidad de recibir ingresos se me ha reducido en S/. 1 000,00 mensuales, es decir que anualmente dejaré de recibir S/. 12 000,00 por lo que en los 20 años dejaré de recibir S/. 240 000,00, lo que me hace falta para mi supervivencia. IV.2.5. La empresa ha incurrido en responsabilidad contractual y por ello debe indemnizarme, por mandato expreso de los artículos 1319, 1320, 1321 y 1322 del Código Civil.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

V. V.1. V.2.

V.3. V.4. V.5. V.6.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes: El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. Los artículos II, III, IV y artículo 2 de la Ley N° 29497 que señala el ámbito de la justicia laboral, los fundamentos del proceso laboral, las normas que debe aplicarse y la competencia de los jueces especializados. Los artículos 1319, 1320, 1321 y 1322 del Código Civil que regulan lo relativo a la culpa, la indemnización y el daño irrogado a la persona. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. La Convención Colectiva de Trabajo de la Empresa Minera Santa María S.A. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral.

VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII.

MEDIOS PROBATORIOS:

VII.1. Copia de las tres últimas boletas de pago, para acreditar mi vínculo laboral. VII.2. Copia del certificado de trabajo, para acreditar la fecha de ingreso y cese. VII.3. Copia del Examen Médico Ocupacional expedido por el CENSOPAS del Ministerio de Salud, para probar la enfermedad profesional que padezco. VII.4. Copia de la Convención Colectiva. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-C: Copia de las tres últimas boletas de pago. 1-D: Copia del certificado de trabajo. 1-E: Copia del Examen Médico Ocupacional expedido por el CENSOPAS. 1-F: Copia de la Convención Colectiva de Trabajo de la Empresa Minera Santa María S.A. Cañete, 24 de setiembre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.4. DEMANDA DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE TRUJILLO: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Jaime Toro López identificado con DNI Nº 29087651, con domicilio real en la calle Grau Nº 570 y domicilio procesal en la calle Almagro Nº 220, ambos de Trujillo y casilla electrónica de notificaciones N° 1010.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Transporte Estrella del Norte S.A. con domicilio real en Calle Bolívar N° 112 de Trujillo.

III. PETITORIO: Dentro del término de ley de haber adquirido la calidad cosa juzgada la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Laboral de Trujillo en el Expediente N° 35-2008 sobre despido arbitrario seguida contra la Empresa Estrella del Norte S.A.; interpongo Demanda de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta contra la Segunda Sala Laboral de La Libertad y la Empresa Estrella del Norte S.A., por haberse expedido esta sentencia de vista, con fraude bilateral a favor de la demandada. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso Fecha de cese Motivo de cese Última remuneración Cargo

: 1 de diciembre de 1990 : 31 de julio de 2010 : Despido arbitrario : S/. 2 500,00 : Despachador

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Hasta el día de mi cese arbitrario trabajaba como Despachador en la indicada empresa. IV.2.2. El 2 de agosto de 2010 interpuse demanda por despido arbitrario, al habérseme despedido por supuesta comisión de falta grave: ausencia injustificada al trabajo. El proceso se ventiló en el Segundo Juzgado Laboral de Trujillo, que declaró fundada mi demanda al comprobar que estuve hospitalizado como consecuencia de un accidente de tránsito. IV.2.3. El 9 de agosto de 2010, la demandada apeló la sentencia del juzgado y la Segunda Sala Laboral de La Libertad después del trámite respectivo, revocando la sentencia de la primera instancia el 30 de setiembre de 2010 declaró infundada la demanda. IV.2.4. A todas luces la sentencia de vista de la Segunda Sala Laboral de La Libertad es irregular, teniendo en cuenta que corre en autos el Certificado Médico expedido por el Médico Cirujano Leoncio Arangure Ricapa CMP N° 1132 de la Clínica Particular Jesús Nazareno de Chepén que certifica que estuve hospitalizado en estado inconciente. IV.2.5. Ha trascendido que el Vocal Ponente en colusión con el dueño de la empresa demandada habrían festinado la sentencia de vista que ahora impugno, por ser fraudulenta e infringir el debido proceso.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. V.2. Los artículos II, III, IV y artículo 2 de la Ley N° 29497 que señala el ámbito de la justicia laboral, los fundamentos del proceso laboral, las normas que debe aplicarse y la competencia de los jueces especializados. V.3. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. V.4. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII. MEDIOS PROBATORIOS: VII.1. Copia de la Sentencia del Segundo Juzgado Laboral de Trujillo que declaró fundada la demanda. VII.2. Copia de la Sentencia de Vista de la Segunda Sala Laboral de La Libertad que declara infundada la demanda. VII.3. Copia del Certificado Médico expedido por el Médico Cirujano Leoncio Arangurí Ricapa CMP N° 1132 de la Clínica Particular Jesús Nazareno de Chepén que certifica que estuve hospitalizado en estado inconsciente. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI. No adjunto recibo de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas por ser mi pretensión inapreciable en dinero al amparo de la Undécima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto cuatro copias de la demanda y sus anexos para su notificación a los demandados. TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: 1-B: 1-C: 1-D: 1-E:

Copia del DNI. Derecho de notificación judicial. Copia de la Sentencia del Segundo Juzgado Laboral de Trujillo. Copia de la Sentencia de Vista de la Segunda Sala Laboral de La Libertad. Copia del Certificado Médico expedido por el Médico Cirujano Leoncio Arangurí Ricapa CMP N° 1132 de la Clínica Particular Jesús Nazareno de Chepén. Trujillo, 28 de marzo de 2011.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.5. DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Sec. : __________ Exp. : __________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda de indemnización por despido arbitrario SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE CAÑETE: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Manuel Salinas Rodríguez identificado con DNI Nº 19087650, con domicilio real en la calle Piura Nº 580 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 158, ambos de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 956.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Fabricación de Ropas Lo Máximo S.A. domiciliado en Av. La Industria N° 154 de Cañete.

III. PETITORIO: Solicito indemnización por despido arbitrario por haber sido objeto de despido ilegal, equivalente a la suma de S/. 37 500,00. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso

: 30 de marzo de 2005

Fecha de cese

: 29 de marzo de 2010

Motivo de cese

: Despido arbitrario

Última remuneración

: S/. 5 000,00

Cargo

: Supervisor de ventas

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Venía desempeñando el cargo de Supervisor de Ventas de dicha empresa, lo que pruebo con las boletas de pago mensual que adjunto. IV.2.2. El 29 de marzo de 2010, mi empleadora me hizo entrega de una carta en la que me indica que por las pérdidas económicas que afronta la empresa han tomado la decisión de resolver el contrato de trabajo a partir de la fecha. IV.2.3. El cálculo del monto adeudado considera que por cada año de servicio se me debe abonar un sueldo y medio, es decir, S/. 7 500,00. Dicho monto multiplicado por los cinco años de servicio hacen un total de S/. 37 500,00. V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. V.2. El artículo 38 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que señala que la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios. V.3. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

V.4. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII. MEDIOS PROBATORIOS VII.1. Carta de despido de fecha 29 de marzo de 2010 que me cursó la empresa, que acredita la consumación del despido arbitrario. VII.2. Copia de la Constatación Policial de fecha 30 de marzo de 2010, efectuada por la Policía Nacional del Perú que certifica la arbitrariedad del despido. VII.3. Boletas de pago de los meses de enero, febrero y marzo de 2010. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibo de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-C: Copia simple de la carta de despido de fecha 29 de marzo de 2010. 1-D: Copia simple de la Constatación Policial de fecha 30 de marzo de 2010, efectuada por la Policía Nacional del Perú. 1-E: Copia simple de las boletas de remuneraciones de enero, febrero y marzo de 2010. Cañete, 24 de abril de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.6. DEMANDA PIDIENDO PAGO DE UTILIDADES Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda de pago de utilidades SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE TRUJILLO: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Mateo Javier López Rivas identificado con DNI Nº 12307650, con domicilio real en la calle Zepita Nº 590 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 158, ambos de Trujillo y casilla electrónica de notificaciones N° 987.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Fabricación de Jugos de Frutas El Almíbar S.A. domiciliado en Av. Separadora Industrial N° 1122 de Trujillo.

III. PETITORIO: Solicito que la demandada me pague la suma de S/. 36 000,00 por concepto de utilidades del ejercicio económico 2009. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso

: 14 de agosto de 2008

Fecha de cese

: 20 de diciembre de 2010

Motivo de cese

: Finalización de contrato

Última remuneración

: S/. 2 000,00

Cargo

: Jefe de Logística

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Desempeñaba el cargo de Jefe de Logística de dicha empresa, lo que pruebo con las tres boletas de pago mensual que adjunto. IV.2.2. Después de haber extinguido mi relación laboral me di cuenta que no me habían pagado las utilidades correspondientes al 2009. Fui a reclamarlas reiteradamente en forma verbal y finalmente lo hice mediante carta notarial. IV.2.3. Al no ser atendido hasta la fecha meo veo precisado a interponer la presente demanda. IV.2.4. Considerando que mi remuneración mensual asciende a S/. 2 000,00 y que el monto que me corresponde ser abonado por concepto de utilidades tiene un tope de 18 remuneraciones, el monto que se me debe abonar asciende a S/. 36 000,00. Me corresponde dicho monto máximo por cuanto la demandada ha percibido en el periodo reclamado utilidades por montos que justifican plenamente el monto reclamado conforme podrá apreciar el Juzgador. V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. V.2. El artículo 1 del D. Leg. N° 892 que regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a participar de las utilidades.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

V.3. El Reglamento del D. Leg. N° 892, aprobado por el D.S. N° 009-98-TR que precisa el derecho a las utilidades. V.4. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. V.5. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII. MEDIOS PROBATORIOS: VII.1. Carta dirigida al Jefe de Recursos Humanos, mediante la cual reclamé formalmente el pago de la utilidad respectiva. VII.2. Copia de la boleta de pago de las utilidades de 2008. VII.3. Boletas de pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010. VII.4. Declaración de parte, que absolverá en forma personal el representante legal de la empresa demandada, de conformidad con el artículo 16 literal B) y artículo 25 de la Ley N° 29497, cuya finalidad está dirigida a probar que en el año 2009 no se me ha abonado el monto correspondiente a mi participación en las utilidades teniendo en cuenta los días laborados. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derechos de notificación. 1-C: Copia simple de la carta mediante la cual solicité formalmente al Jefe de Recursos Humanos el pago de la utilidad 2009. 1-D: Copia de la Boleta de Pago de la Utilidad 2008. 1-E: Copia simple de las boletas de pago de octubre, noviembre y diciembre de 2010. Trujillo, 24 de setiembre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.7. DEMANDA PIDIENDO CESE DE HOSTILIDAD Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda de cese de hostilidad SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE CAÑETE: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Carlos Martínez Pérez identificado con DNI. Nº 11307654, con domicilio real en la calle San Martín Nº 510 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 223, ambos de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 578.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Fabricación de Muebles Acabados S.A. domiciliado en Calle Los Ángeles N° 122 de Cañete.

III. PETITORIO: Demando el cese de los actos de hostilidad de parte de mi empleadora, que continuamente me cambia de puesto de trabajo por mortificarme y de ese modo conseguir mi renuncia. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: - Fecha de ingreso - Cargo según el contrato de trabajo - Remuneración mensual - Situación actual

: 1 de agosto de 2008 : Empleado : S/. 2 000,00 : Continúo trabajando

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Fui contratado para desempeñar el cargo de Asistente Administrativo, el que desempeñé en oficina sin problemas durante los 5 meses del año 2008 y los 11 meses de 2009. IV.2.2. Desde diciembre de 2009 comenzaron los actos de hostilidad, sin mediar motivo justificado, me trasladaron al Área de Almacenes para realizar labores de estiba de muebles hasta agosto de 2010 y desde el primero de setiembre me han transferido al puesto de chofer de los carros que trasladan los muebles. IV.2.3. Al sentirme hostilizado, conforme al artículo 30 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR he emplazado a mi empleadora para que enmiende su conducta sin conseguir ninguna solución, razón por lo que ahora interpongo la presente demanda. V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. V.2. El artículo 30 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 00397-TR que indica cuando se configura la hostilidad laboral. V.3. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. V.4. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII. MEDIOS PROBATORIOS: VII.1. Copia de la Carta de Emplazamiento pidiendo el cese de la hostilidad, la que ha merecido ninguna respuesta. VII.2. Boletas de pago de los meses de junio, julio y agosto de 2010, para probar mi relación laboral. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI. No adjunto recibo de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas por no ser mi pretensión apreciable en dinero, al amparo de la Undécima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Derecho de notificación judicial. 1-C: Copia simple de la carta de emplazamiento pidiendo el cese de la hostilidad. 1-E: Copia simple de las boletas de remuneraciones de junio, julio y agosto de 2010. Cañete, 24 de setiembre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.8. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR Sec. : A. Reyes Exp. : 2-2010 Cuaderno : Cautelar Escrito : N° 1 Solicitud de medida cautelar SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE TRUJILLO: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Juana Chirote Languasco, identificada con DNI Nº 15745335, con domicilio real en la calle Abtao Nº 788, y domicilio procesal en la Avenida España N° 120 Of. 245, ambas de Trujillo y casilla electrónica de notificaciones N° 1000.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Transporte Minero Trabajafácil S.A., domiciliado en la calle San Andrés N° 136 de Trujillo.

III. PETITORIO: Habiéndome informado que el demandado cerraría sus operaciones, solicito dictar medida cautelar dentro del proceso por reintegro de beneficios económicos que gira ante vuestro despacho bajo el N° 2-2010, trabando embargo en forma de retención por el monto de S/. 45 000,00 en las cuentas que pudiera tener el demandado en los bancos Cuzco y el Colombiano, para garantizar la pretensión principal. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso : 12 de marzo de 1997 Fecha de cese : 11 de abril de 2010 Motivo del cese : Terminación de contrato a plazo indeterminado Última remuneración : S/. 4 500,00 Cargo : Analista IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Conforme he acreditado en la demanda principal, adjuntando las boletas mensuales de pago y el documento que contiene el contrato de trabajo, es innegable que he laborado para la empresa demandada en relación de dependencia con el cargo de Jefe de Contabilidad, por lo que al haberme informado que la demandada cerraría sus operaciones y aún está en giro la demanda principal tengo derecho al reintegro de la totalidad de los beneficios laborales que por ley me corresponden. IV.2.2. Debido al estado grave de salud de mi anciana madre Cirila Languasco Tapia de 85 años de edad, quien padece de reumatismo, tal como acredito con el certificado médico que adjunto, y al no tener otra fuente de ingreso para solventar el gasto de curación que mi madre requiere, resulta de imperiosa necesidad que su despacho ordene medida cautelar en forma de retención contra la empresa demandada. IV.2.3. El monto pretendido se justifica con el presupuesto de la Clínica El Ángel Salvador que precisa dicho monto para el tratamiento parcial de la dolencia de mi señora madre. V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo mi solicitud cautelar en el artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497, y en el artículo 674 y demás pertinentes del Código Procesal Civil.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

VI.

OFRECIMIENTO DE CONTRACAUTELA: A fin de cumplir con la normativa prevista en el Código Procesal Civil de aplicación supletoria a los de la materia, ofrezco en calidad de contracautela, caución juratoria, con el objeto de asegurar los posibles resarcimientos por daños y perjuicios que pudiera causar la ejecución de la medida cautelar. Para la validez de este acto cumplo con legalizar mi firma, ante el Secretario cursor en el presente escrito.

VII.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso cautelar.

VIII. MEDIOS PROBATORIOS: VIII.1. Comunicado del Sindicato. VIII.2. Certificado médico expedido por el Dr. Joaquín Rosales Murgia, sobre el delicado estado de salud de mi señora madre. VIII.3. Presupuesto de la Clínica El Ángel Salvador. ANEXOS: 1-A: Copia simple de mi DNI. 1-B: Recibos de arancel judicial por medida cautelar. 1-C: Recibo de derecho de notificación judicial. 1-D: Copia del comunicado del sindicato. 1-E: Certificado Médico expedido por el Dr. Joaquín Rosales Murgia. 1-F: Copia del presupuesto de la Clínica El Ángel Salvador. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla procedente en su oportunidad. Trujillo, 5 de setiembre de 2010.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.9. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda contenciosa administrativa contra la ONP SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE TRUJILLO: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Mariano Valdivieso Rojas identificado con DNI Nº 19907650, con domicilio real en la calle Almagro Nº 690 y domicilio procesal en la calle Zepita Nº 158, ambos de Trujillo y casilla electrónica de notificaciones N° 1111.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Oficina de Normalización Previsional (ONP) con domiciliado real y legal en calle XXX de Trujillo.

III. PETITORIO: III.1. PRETENSIÓN PRINCIPAL: Reconocer mi derecho a pensión de jubilación completa conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley Nº 25009. III.2. PRETENSIONES ACCESORIAS: Se ordene a la demandada el recálculo de mi pensión bajo los alcances del Decreto Ley Nº 19990 y la Ley Nº 25009, el pago de devengados y los intereses moratorios correspondientes. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DEL DEMANDANTE: Fecha de nacimiento

: 2 de julio de 1938

Empresa donde trabajó : Empresa Minera Santa María S.A. Fecha de ingreso

: 14 de agosto de 1960

Fecha de cese

: 15 de abril de 1996

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. El suscrito nació el 2 de julio de 1938, conforme se acredita con la copia del DNI adjunta, y laboré entre los años de 1960 y 1996 en la Empresa Minera Santa María S.A. (Adjunto Declaración Jurada de fecha 26 de noviembre de 2002, expedida por el Jefe de Recursos Humanos y Servicios de la citada empresa, Anexo 1-I), conforme consta en la Resolución Administrativa Nº 21757-97-ONP/DC de fecha 19 de agosto de 1997, la ONP reconoció que el demandante laboró y aportó al Sistema Nacional de Pensiones por más de 35 años habiendo cesado en sus servicios laborales el 15 de abril de 1996. IV.2.2. Mediante escrito de fecha 10 de setiembre de 2008 (anexo 1.F), solicite a la ONP que me otorgue la pensión completa de jubilación con pensiones devengadas e intereses legales dentro del marco del artículo 2 de la Ley Especial de Jubilación de Trabajadores Mineros, Ley N° 25009. Amparé mi pedido en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 80 del Decreto Ley Nº 19990, al haber cumplido 50 años de edad y acreditar 30 años de aportación al 2 de julio de 1990, habiendo laborado durante toda mi vida laboral en la citada empresa minera. IV.2.3. Al no obtener un pronunciamiento expreso de la ONP dentro del plazo de los 30 días que prevé el artículo 207 de la Ley Nº 27444 y haberse configurado el silencio administrativo, con escrito de fecha 23 de octubre de 2008 (anexo 1.G) interpuse recurso de apelación contra la resolución ficta denegatoria de la ONP; asimismo, mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2008

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

(anexo 1.H), comuniqué a la ONP que daba por concluida la vía previa, toda vez que a la fecha de la presentación de este último escrito se encontraban vencidos los plazos para que la autoridad administrativa emita su correspondiente pronunciamiento, tal y como lo establece la Ley Nº 27444. Estando acreditado que el suscrito cumple los requisitos mencionados en las normas aplicables para el otorgamiento de una pensión completa de jubilación, corresponde que el Juzgado ordene su otorgamiento y el pago de los reintegros e intereses legales devengados. Más aún debo señalar que como se puede apreciar en 6 boletas de pago que adjunto, al suscrito se le efectuaban pagos por toxicidad, justamente derivada de la labor desarrollada en las situaciones insalubres que permiten recurrir a una jubilación bajo los alcances de la Ley Nº 25009. V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. V.2. Decreto Ley Nº 19990, en la Ley Nº 25009 y su Reglamento, ya que el demandante fue trabajador de un centro de producción minero metalúrgico. V.3. Los artículos 1, 2, 4, 12, 13, 24 y 295 de la Constitución Política del Perú. V.4. Los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25009 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 02989-TR establecen que los trabajadores de centro de producción minera que tengan 50 años de edad o más, así como el cumplimiento de los requisitos de acreditar 30 años de aportes y 15 años bajo la modalidad de labor realizada en un centro de producción minera, permite acceder a la pensión de jubilación minera. Es por ello, que se debe tener en consideración que antes del 19 de diciembre de 1992 (entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 25967) el accionante tenía más de 50 años, había acreditado más de 30 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones y 15 años bajo la modalidad de labor realizada en un centro de producción minera, por lo que al haber cumplido los requisitos de la Ley Nº 25009 correspondía que la demandada le otorgará al actor una pensión de jubilación minera y bajo los alcances del Decreto Ley Nº 19990. Asimismo, al haberme otorgado pensión de jubilación adelantada y corresponderme la pensión jubilación minera, consecuentemente corresponde un nuevo recálculo de mi pensión sobre mis 12 últimas remuneraciones de conformidad con el Decreto Ley Nº 19990, así como el pago de devengados e intereses al haberse aplicado a mi pensión el Decreto Ley Nº 25967. Es necesario agregar, que conforme lo ha expresado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 007-96-I/TC, debe calcularse y otorgarse la pensión al recurrente según el Decreto Ley Nº 19990, por cuanto al haber reunido los requisitos señalados por la Ley Nº 25009 y su reglamento para obtener su pensión de jubilación minera, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 25967, ha incorporado a su patrimonio dicho derecho, en virtud del mandato expreso de la ley y que no está supeditado al reconocimiento de la Administración; en consecuencia, el nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido en el Decreto Ley Nº 25967 no le es aplicable al demandante. VI. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: De conformidad con el artículo 16 de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, solicito que se le emplace al Ministerio Público para su intervención como dictaminador en el presente proceso. VII. VÍA PROCEDIMENTAL: De conformidad con lo establecido por el artículo 26 del acotado TUO de la Ley N° 27584, la presente demanda debe tramitarse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento especial. VIII. MEDIOS PROBATORIOS: VIII.1. Copia de la Resolución Administrativa Nº 21757-97-ONP/DC de fecha 19 de agosto de 1997, mediante la cual la demandada otorga al demandante una pensión de jubilación adelantada con tope de S/. 600,00 mensuales. VIII.2. Copia de la hoja de liquidación, practicada por la demandada, mediante la cual se puede probar que la ONP otorgó al demandante una pensión de jubilación de S/. 600,00 mensuales pese a corresponderle una pensión de S/. 1 788,86.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

VIII.3. Copia de la Resolución Administrativa Nº 12310-2001-ONP-DC-DL19990 de fecha 4 de octubre de 2001, en la cual se puede apreciar que la demandada otorga en otro caso similar al presente, la pensión de jubilación solicitada por el demandante. VIII.4. Copia de la sentencia Nº 2773-2000 expedida por la Sala de Derecho Público en donde se resuelve un caso similar al presente, fallando a favor del demandante. VIII.5. Copia de la Declaración Jurada de fecha 26 de noviembre de 2002, expedida por el Jefe de Recursos Humanos. VIII.6. Copia del escrito que dirigí a la ONP con fecha 10 de setiembre de 2008. VIII.7. Copia del escrito que dirigí a la ONP con fecha 23 de octubre de 2008. VIII.8. Copia del escrito que dirigí a la ONP con fecha 29 de diciembre de 2008. VIII.9. Copia de las 6 boletas de pago del suscrito. IX.

MONTO PETITORIO El monto del petitorio es indeterminado en atención a la naturaleza de la pretensión.

POR TANTO: Sírvase usted, señor juez, admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Solicito a usted señor juez se sirva ordenar a la ONP la remisión del expediente administrativo que da origen al presente proceso judicial y que se inició con el escrito que dirigí a la ONP con fecha 10 de setiembre de 2008. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. TERCER OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. CUARTO OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. QUINTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: 1-B: 1-C: 1-D: 1-E: 1-F: 1-G: 1-H: 1-I: 1-J:

Copia del DNI. Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. Copia de la resolución N° 28575-97-ONP/DC. Copia de la hoja de liquidación. Copia de la resolución administrativa N° 13210-2001-ONP-DC-DL-19990. Copia de la sentencia N° 2163-2000 expedida por la Sala de Derecho Público. Copia del escrito que dirigí a la ONP con fecha 10 de setiembre de 2008. Copia del escrito que dirigí con fecha 23 de octubre de 2008. Copia de la carta que dirigí a la ONP con fecha 29 de diciembre de 2008. Copia de la declaración jurada de fecha de fecha 26 de noviembre de 2002, expedida por la Empresa Minera Santa María S.A. 1-K: Copia de 6 boletas de pago del suscrito. Trujillo, 24 de setiembre de 2010. ____________________________

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.10. DEMANDA DE REPOSICIÓN Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda por despido nulo SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE CAÑETE: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Guillermo Torres Véliz identificado con DNI Nº 19086650, con domicilio real en la calle Tumbes Nº 123 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 258, ambos de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 2125.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Fabricación de Cemento La Cantera S.A. domiciliado en Av. Los Andes N° 112 de Cañete.

III. PETITORIO: Solicito la nulidad del despido del que he sido objeto y se me reponga a mis labores habituales con todos mis derechos que percibía y los que se devenguen en el transcurso del proceso. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso

: 30 de marzo de 2005

Fecha de cese

: 29 de marzo de 2010

Motivo de cese

: Despido

Última remuneración

: S/. 5 500,00

Cargo

: Supervisor de transportes

IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Venía desempeñando el cargo de Supervisor de Transportes de dicha empresa, lo que pruebo con las boletas de pago mensual que adjunto. IV.2.2. El 29 de marzo de 2010 he sido víctima de un despido nulo por ser dirigente sindical, pues el indicado día me entregaron una carta notarial argumentando falazmente que se había seguido un procedimiento de cese colectivo por pérdidas económicas de la empresa. IV.2.3. En una actitud ilegal, el Jefe de Recursos Humanos dispuso que no me dejaran ingresar al centro de trabajo. IV.2.4. La verdad de los hechos es que yo desempeñaba el cargo de Secretario de Defensa el año 2009 y llevamos a cabo una huelga que duró un mes y logramos nuestras peticiones. V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. V.2. El inciso b) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que señala que es nulo el despido que tenga por motivo ser representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad.

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V.3. El artículo 34 de la norma legal precedente que preceptúa que en los casos que se declare fundada la demanda de despido nulo, el trabajador será repuesto en su empleo. V.4. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. V.5. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII.

MEDIOS PROBATORIOS:

VII.1. Resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo que reconoció a la Junta Directiva del Sindicato del año 2009, donde aparezco como Secretario de Defensa. VII.2. Carta de despido que me cursara el nuevo Jefe de Recursos Humanos, informándome que mi último día de trabajo era el 29 de marzo de 2010. VII.3. Boleta de pago del mes de marzo de 2010. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez, admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI. No adjunto recibo de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas por ser mi pretensión inapreciable en dinero al amparo de la Undécima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Derecho de notificación judicial. 1-C: Copia de la Resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo que reconoció a la Junta Directiva del Sindicato del año 2009. 1-D: Copia de la Carta de despido que me cursara el Jefe de Recursos Humanos, informándome que me último día de trabajo era el 29 de marzo de 2010. 1-E: Copia de la boleta de pago de marzo de 2010. Cañete, 24 de setiembre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.11. DEMANDA POR DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda por desnaturalización decontrato SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE CAÑETE: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Manuel Rojas Bueno identificado con DNI Nº 19087650, con domicilio real en la calle Los Duendes Nº 590 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 158, ambos de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 555

II.

DATOS DEL DEMANDADO: Empresa de Fabricación de Calzados Eternos S.A. domiciliado en Av. Brasil N° 112 de Cañete.

III. PETITORIO: Solicito que la demandada me registre en su planilla de remuneraciones, por haber desnaturalizado sucesivamente los contratos de tercerización e incumplido las disposiciones legales que rigen la materia. IV.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

IV.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso : 14 de febrero de 2005 Fecha de cese : 20 de setiembre de 2010 Motivo de cese : Vencimiento de contrato Última remuneración : S/. 5 000,00 Cargo : Asistente de ventas IV.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO: IV.2.1. Venía desempeñando el cargo de Asistente, subordinado al Sr. Juan Pérez López, Gerente de Ventas de Calzados Eternos S.A., en calidad de desplazado por la Empresa San Fermín S.R.L. hasta el día de mi cese, dizque por vencimiento de contrato. En los años anteriores, desde la fecha de mi ingreso, tuve como empleadoras a diferentes empresas, como es de verse en las boletas de pago mensual que adjunto, pero siempre desempeñé el mismo cargo. IV.2.2. El 20 de setiembre de 2010 en una actitud sorpresiva, el nuevo Jefe de Recursos Humanos de Calzados Eternos S.A. Sr. Joaquín Yépez Tarrillo, me indica verbalmente que no seguiré trabajando en el cargo de Asistente de la Gerencia de Ventas y que me dirija a mi empleadora Empresa San Fermín S.A. IV.2.3. Considerándome víctima de un despido intempestivo, denuncié el hecho ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y esta en visita inspectiva inmediata comprobó la desnaturalización del contrato y levantó el Acta respectiva, que ofrezco como prueba en el estadio correspondiente. V.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

V.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. V.2. El artículo 5 de la Ley N° 29245 publicada en El Peruano el 26/06/2008, que señala que los contratos de tercerización se desnaturalizan cuando impliquen una simple provisión de personal, originando una relación de trabajo directa e inmediata con la empresa principal.

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V.3. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. V.4. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. VI.

VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario.

VII.

MEDIOS PROBATORIOS:

VII.1. Copias de las boletas de remuneraciones por todo el tiempo que trabajé, expedidas por las diferentes empresas que fungieron como mis empleadoras, para probar que siempre me desempeñé en el cargo de Asistente del Gerente de Ventas de Zapatos Eternos S.A. y la remuneración que percibía. VII.2. Copia del Acta Inspectiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo para probar la desnaturalización del contrato de trabajo y el incumplimiento de las normas legales sobre la materia. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI. No adjunto recibo de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas por ser mi pretensión inapreciable en dinero al amparo de la Undécima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Otorgo las facultades de representación a la que hace mención el artículo 74 del Código Procesal Civil al letrado que autoriza la presente demanda y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 80 del acotado código antes mencionado, declaro estar enterado de los alcances de dicha representación y señalo como domicilio real el indicado en la introducción del presente escrito. CUARTO OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Derecho de notificación judicial. 1-C: Copias de las boletas de remuneraciones por todo el tiempo de mi relación laboral. 1-D: Copia del Acta de la Visita Inspectiva efectuada por la autoridad administrativa de trabajo. Cañete, 24 de setiembre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.12. DEMANDA A TRABAJADOR POR DAÑO PATRIMONIAL Sec. : _________ Exp. : _________ Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Demanda de indemnización por daños y perjuicios SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE TURNO DE CAÑETE: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Empresa Saludable Gaseosa S.A., representada por su abogado apoderado Juan Villafuerte Rospigliosi, según poder que se adjunta, con domicilio real en la calle Los Príncipes Nº 790 y domicilio procesal en la calle Callao Nº 158, ambos de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1132.

II.

DATOS DEL DEMANDADO: 1. Nombre : Juan Enríquez Ladera 2. Domicilio : Calle Piura N° 355 del distrito y provincia de Cañete

III. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: 1. 2. 3. 4. 5. IV.

Fecha de ingreso Fecha de cese Motivo de cese Última remuneración Cargo

: : : : :

14 de febrero de 2005 20 de setiembre de 2010 Comisión de falta grave S/. 2 000,00 Chofer

PETITORIO: Solicito que el demandado pague a la Empresa Saludable Gaseosa S.A. la suma de S/. 50 000,00 por el daño patrimonial ocasionado al vehículo de propiedad de esta: Camioneta suburbana color azul, placa AP-2146 que chocó contra la baranda de un puente por estar conduciéndo en estado etílico. El pago debe hacerse efectivo de su Compensación por Tiempo de Servicios depositado en el Banco de Crédito bajo la Cuenta N° 025-3344679936, la cual ya hemos pedido retener conforme a ley.

V.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:

V.1. El 20 de setiembre de 2010 el demandado fue despedido por la comisión de falta grave contemplada en los incisos a) y e) del artículo 25 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, esto es, por incumplimiento de sus obligaciones de trabajo y la concurrencia reiterada al centro de trabajo en estado de embriaguez. V.2. Pese al tiempo transcurrido desde el accidente de tránsito que protagonizó el ahora demandado y el plazo que se le otorgó para resarcirnos el perjuicio patrimonial causado, hasta la fecha no ha cumplido con entregarnos la camioneta reparada, causándonos daño emergente (gastos realizados en la contratación de otra camioneta para la distribución de las gaseosas) y la frustración de nuestras ganancias (lucro cesante), pues el arrendamiento de la camioneta es a tiempo parcial. V.3. El grave perjuicio económico ocasionado hacia nuestra empresa está sustentado en el Atestado Policial N° 1717-2010 de fecha 21 de agosto expedido por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se encuentran reseñadas las circunstancias del accidente de tránsito y los daños físicos que aparecen en el peritaje de la PNP. V.4. Conforme al artículo 51 del Decreto Supremo N° 001-97-TR, TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, hemos notificado al Banco de Crédito para que retenga la CTS en tanto dure la acción legal por daños y perjuicios. VI. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta demanda en las normas legales siguientes:

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VI.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. VI.2. El artículo 2 literal b) de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, competencia por razón de la materia correspondiente a la responsabilidad por daño patrimonial. VI.3. El artículo 51 del Decreto Supremo N° 001-97-TR, TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, que faculta al empleador notificar al depositario para que retenga la CTS e inicie la acción legal por daños y perjuicios. VI.4. El artículo 1319 del Código Civil que señala que incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. VI.5 El Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. VII. MONTO DEL PETITORIO: El monto equivale a la suma de S/. 50 000,00, más los intereses, costos y costas del proceso. VIII. VÍA PROCEDIMENTAL: Proceso ordinario. IX.

MEDIOS PROBATORIOS:

IX.1. Copias de las cartas de cargo y despido cursadas al ahora demandante por la comisión de falta grave. IX.2. Copia del Atestado Policial expedido por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú. IX.3. Copia de la carta cursada al Banco de Crédito notificándole para que retenga la CTS a resultas del proceso judicial por daño patrimonial. IX.4. Copia del Presupuesto de reparación de la empresa Mitsui S.A. por S/. 50 000,00. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Pedro Pérez Angulo para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: 1-B: 1-C: 1-D: 1-E:

Copia del DNI del abogado apoderado. Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación. Copias de as cartas de cargo y despido cursadas al ahora demandan por la comisión de falta grave. Copia del Atestado Policial expedido por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú. Copia de la carta cursada al Banco de Crédito notificándole para que retenga la CTS a resultas del proceso judicial por daño patrimonial. 1-F: Copia del Presupuesto de reparación de la empresa Mitsui S.A. por S/. 50 000,00. Cañete, 24 de setiembre de 2010. ____________________________

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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1.13. CONTESTACIÓN DE DEMANDA POR DESPIDO NULO Sec. : J. Ramírez Exp. : 9-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta demanda SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE CAÑETE: Empresa de Fabricación de Calzados Zapatos Lindos S.A. (en adelante Zapatos Lindos) con RUC N° 45635281, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por María Rodríguez Bazán sobre supuesto despido nulo, a usted dice: I

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, en Av. Separadora Industrial N° 1122 de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 350.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso : 14 de febrero de 2005 Fecha de cese : 20 de setiembre de 2010 Motivo de cese : Embarazo Última remuneración : S/. 5 000,00 Cargo : Secretaria ejecutiva III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. La demandante interpone demanda de despido nulo, alegando que ha sido despedida por encontrarse embarazada. III.2.2. Esta afirmación de la demandante no se ajusta a la verdad ni a derecho, pues el contrato sujeto a modalidad por trabajo específico, bajo cuyo régimen trabajaba se ha extinguido el 19 de setiembre de 2010, por tanto no se ha configurado el despido nulo. III.2.3. El literal c) del artículo 16 del TUO del D.Leg. N° 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por D.S. N° 003-97-TR, señala que es causa de la extinción del contrato el vencimiento del plazo del contrato legalmente celebrado bajo modalidad. III.2.4. Tampoco se da el supuesto del inciso e) del artículo 29 sobre despido nulo, pues según el certificado médico prenatal presentado por la ahora demandante indica que la fecha probable del parto sería el 30 de diciembre de 2010, es decir, después de los 90 días anteriores al parto, señalado por la ahora demandante. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. El artículo 16 del TUO del D.Leg. N° 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por D.S. N° 003-97-TR, que señala que es causa de la extinción del contrato el vencimiento del plazo del contrato legalmente celebrado bajo modalidad.

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IV.3. El inciso e) del artículo 29 la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por D.S. N° 00397-TR que regula cuando se da la figura del despido nulo. IV.4. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. IV.5 Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. V.

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE:

V.1. Respecto al medio probatorio 7.1., carta dirigida al Jefe de Recursos Humanos mediante el cual comunicaba su situación de embarazo, nos adherimos a su valor probatorio en tanto acredita que la fecha probable del parto sería el 30 de diciembre de 2010, es decir, después de los 90 días anteriores al parto, no configurándose el despido nulo, explicado líneas arriba. V.2. En relación al medio probatorio 7.2., carta de extinción de la relación laboral sujeto a modalidad, que la demandante llama carta de despido, la hacemos nuestra porque acredita fehacientemente el correcto actuar de la empresa al dar por terminado el contrato sujeto a modalidad. V.3. Referente al medio probatorio 7.3., boletas de pago de los meses de junio a agosto de 2010, nos adherimos a su valor probatorio, pues en ellas se verifica en la parte superior que la ahora demandante tenía un contrato sujeto a modalidad. VI. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDADA: VI.1. Copia de la carta notarial dirigida a la ahora demandante haciéndole conocer que su contrato de trabajo sujeto a modalidad para servicio específico se extinguía el 19 de setiembre de 2010. VI.2. Copia del contrato sujeto a modalidad por servicio específico que regía entre Zapatos Lindos y la ahora demandante. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia del poder como abogado apoderado, del DNI y los recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI 1-B: Copia del R.U.C. de la empresa. 1-C: Copia legalizada del poder. 1-D: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-E: Copia de la carta de extinción de la relación laboral sujeto a modalidad. 1-F: Copia del contrato sujeto a modalidad por servicio específico. Cañete, 11 de octubre de 2010. ____________________________

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.14. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Sec. : P. Rodríguez Exp. : 10-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta demanda SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE CAÑETE: Empresa de Fabricación de Ladrillos Casabarata S.A., (en adelante, Casa Barata) con RUC N° 59630282, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por Mario López Bravo sobre supuesto pago de beneficios sociales, a usted atentamente dice: I.

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, Av. Separadora Industrial N° 1122 de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1400.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: - Fecha de ingreso

: 14 de febrero de 2007

- Fecha de cese

: 13 de febrero de 2010

- Motivo de cese

: Renuncia voluntaria

- Última remuneración

: S/. 3 500,00

III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. EN LO QUE RESPECTA A LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS III.2.1.1. Casa Barata no ha incumplido el TUO del D. Leg. N° 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios aprobado por D.S. N° 001-97-TR y su Reglamento aprobado por D.S. N° 004-97-TR, conforme al artículo 34 y ss. de la primera y 10 y 11 de la segunda, a solicitud del trabajador, por convenio individual con la empresa y conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ha convenido que los depósitos de compensación por tiempo de servicios que se devenguen quede en poder del empleador. El cual se ha prorrogado sucesivamente por acuerdo de partes, con arreglo a ley, cuya copia ofrecemos como prueba en el estadio correspondiente. III.2.1.2. Casa Barata, cuando cesó el ahora demandante, el 15 de febrero de 2010, le pagó los depósitos de compensación por tiempo de servicios que tenía a su cargo conforme a ley, precisamente en el monto señalado en la demanda, como es de verse, en los documentos de cargo que ofrecemos en el estadio correspondiente. III.2.1.3. Casa Barata supone que el extrabajador, mal asesorado, piensa que tiene derecho a otro depósito de compensación por tiempo de servicios, a lo mejor en alguna otra entidad financiera, como tienen algunos de sus excompañeros de trabajo. III.2.2. EN LO REFERENTE A LAS VACACIONES III.2.2.1. El demandante arguye que no se le ha pagado la última vacación y que consecuentemente se le debe el triple pago, esto es, S/. 10 500,00, por vacaciones no gozadas.

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III.2.2.2. Al respecto, manifestamos que sí se le ha pagado dicho monto, como vacación trunca, tal como aparece en el reverso de la última Hoja de Liquidación de Beneficios Sociales, debidamente firmada por el ahora demandante, cuya copia también ofrecemos como prueba en el estadio correspondiente. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. El TUO del D. Leg. N° 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios aprobado por D.S. N° 00197-TR y su Reglamento aprobado por D.S. N° 004-97-TR, conforme al artículo 34 y ss. de la primera y 10 y 11 de la segunda, preceptúan que a solicitud del trabajador, por convenio individual con la empresa y conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, la compensación por tiempo de servicios puede quedar en poder del empleador. IV.3. El artículo 10 y ss. del D. Leg. N° 713, Ley de Descansos Remunerados que regula la oportunidad del descanso vacacional anual y la forma del pago de la remuneración vacacional. IV.4. La Convención Colectiva de trabajo vigente, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores y la empresa, que estipula complementariamente cómo se realizan los pagos de la remuneración vacacional. IV.5. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. IV.6. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. V.

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE:

V.1. Respecto al medio probatorio 7.1., 7.2. y 7.3. (Copias de las tres últimas boletas de pago, copia del certificado del trabajo y copias de las cartas de renuncia y aceptación de la renuncia al trabajo), las hacemos nuestras, porque evidencian el correcto proceder de nuestra empresa. V.2. Sobre la exhibición de hojas de liquidación de CTS solicitada, cumplimos con hacerla conjuntamente con la presente contestación de la demanda. VI. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDADA: VI.1. Copia del Convenio Individual CTS y sus respectivas prórrogas suscritos entre la empresa y el ahora demandante, para probar que la compensación por tiempo de servicios estaba en poder del empleador. VI.2. Copia de los documentos de cargo de entrega de la compensación por tiempo de servicios que se encontraba en poder del empleador, para probar que no se le debe por este concepto. VI.3. Copia de la Convención Colectiva de trabajo vigente, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores y la empresa. VI.4. Copia de la última Liquidación de Beneficios Sociales. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1-B: Copia del poder legalizado del suscrito. 1-C: Copia del RUC de nuestra empresa. 1-D: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-E: Copia del Convenio Individual y sus respectivas prórrogas suscritos entre la empresa y el ahora demandante. 1-F: Copias de los documentos de cargo del pago de su compensación por tiempo de servicios. 1-G: Copia de la Convención Colectiva de trabajo vigente, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores y la empresa. 1-H: Copia de la última Liquidación de Beneficios Sociales. Cañete, 11 de octubre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.15. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD PROFESIONAL Sec. : J. Ramírez Exp. : 7-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta demanda SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE CAÑETE: Empresa Minera Santa María S.A. (en adelante Minera Santa María) con RUC N° 79635261, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por Pablo Rodríguez Pérez sobre supuesta indemnización por daños y perjuicios (Neumoconiosis Silicosis), a usted dice: I.

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, en Calle Bolívar N° 112 de Trujillo y casilla electrónica de notificaciones N° 1122.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso

: 1 de diciembre de 1965

Fecha de cese

: 31 de agosto de 2010

Motivo de cese

: Renuncia voluntaria con incentivos

Última remuneración

: S/. 1 500,00

Cargo

: Vigilante

III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. INEXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y LA ENFERMEDAD III.2.1.1. El demandante interpone la demanda arguyendo que la empresa no le ha proporcionado equipos de seguridad pese que trabajaba en un centro minero, incurriendo de esta forma en responsabilidad contractual. III.2.1.2. El demandante Pablo Rodríguez Pérez, siempre trabajó en superficie y nunca en mina como es de verse en el Certificado e Trabajo que el cual se ofrece como prueba en el Anexo 1-D de la demanda, su ocupación fue el control de ingreso y salida de los trabajadores mineros y los bienes de la empresa en la puerta de ingreso. III.2.1.3. Al respecto, es muy ilustrativa la Sentencia de Vista de fecha 11 de setiembre de 2007 recaída en el Exp. N° 2538-2007-IND (S) expedida por la Sala Laboral integrada por los señores: Arévalo Vela, Nue Bobbio y Vásquez Hilares que señala que si no existe nexo causal entre la ejecución del trabajo con la enfermedad profesional de neumoconiosis silicosis, no se ampara la demanda. III.2.2. PROBANZA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD III.2.2.1. La empresa sí le ha proporcionado los equipos de seguridad que le corresponden a la naturaleza de su trabajo de vigilante, conforme es de verse, en la constancia

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

de recepción, debidamente firmadas por el ahora demandante, las cuales ofrecemos como prueba en el estadio correspondiente; en consecuencia, no ha incurrido en responsabilidad contractual ni inejecución de obligaciones. III.2.2.2. El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Fiscalización Minera realiza dos fiscalizaciones al año y no ha multado a la empresa por incumplimiento de sus obligaciones de seguridad, como es de verse, en los informes de fiscalización que presentamos en el apartado de medios probatorios. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. Los artículos del 63 al 76 Reglamento de Higiene y Seguridad Minera aprobado por D.S. N° 046-2001EM, referidos a los equipos de protección personal. IV.3. La cláusula 10 de la Convención Colectiva de Trabajo que estipula la forma de la entrega de los equipos de seguridad. IV.4. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. IV.5. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. V.

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE:

V.1. En lo que respecta al medio probatorio 7.1, copias de las tres últimas boletas de pago, las hacemos nuestras porque en ellas en forma meridiana se aprecia que el demandante tenía el cargo de vigilante y no de trabajador minero. V.2. Respecto al medio probatorio 7.2., certificado de trabajo, nos adherimos a su valor probatorio en tanto acredita los lugares de trabajo que tuvo, todas en superficie y nunca en una mina. V.3. En relación al medio probatorio 7.3., copia del Examen Médico Ocupacional expedido por el CENSOPAS del Ministerio de Salud., de conformidad con el artículo 300 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, interponemos TACHA contra este documento porque el CENSOPAS porque no es un ente competente conforme a la Resolución Vice Ministerial N° RVMI-08-90-SA que aprueba su Reglamento de Organización y Funciones y también porque no cumple los requisitos de validez establecido en el artículo 3 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Desde la dación de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y el D.S. N° 003-98-SA, la competencia para calificar las enfermedades profesionales corresponde a la EPS. VI. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDADA: VI.1. La pericia médica que deberá realizar la Comisión Evaluadora del Hospital del Ministerio de Salud de la localidad por existir controversia y contradicción con los exámenes anuales realizados por la empresa bajo supervisión del Ministerio de Energía y Minas; para cuyo efecto, pedimos al Juzgado se sirva oficiar a dicho nosocomio sito en la calle Belén N° 120 de esta ciudad. VI.2. Los informes de fiscalización minera para probar que el ente rector de la minería no ha sancionado a la empresa por incumplimiento de equipos de seguridad a sus trabajadores. VI.3. Copia de las constancias de entrega de equipos de seguridad al ahora demandante, según la naturaleza de su trabajo. VI.4. Informe de los médicos ocupacionales de la empresa que indican que el ahora demandante nunca padeció de enfermedades profesionales. VI.5. Copia de la sentencias recaídas en el Exp. N° 2538-2007-IND (S) de la Tercera Sala Laboral de Lima y el Exp. N° 535-2008-S de la Primera Sala Laboral de Lima que declaran infundadas o improcedentes demandas similares. VI.6. Copia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con el sindicato de trabajadores.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia del poder como abogado apoderado, del DNI y los recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Copia legalizada del poder. 1-C: Copia del R.U.C. de la empresa. 1-D: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-E: Copia de los informes de fiscalización minera. 1-F: Copia de las constancias de entrega de equipos de seguridad. 1-G: Copia de los informes médicos de la empresa. 1-H: Copia de sentencias recaídas en el Exp. N° 2538-2007-IND (S) de la Tercera Sala Laboral de Lima y el Exp. N° 535-2008-S de la Primera Sala Laboral de Lima. 1-I: Copia de la Convención Colectiva de Trabajo. Cañete, 11 de octubre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.16. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Sec. : J. Ramírez Exp. : 7-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta Demanda SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE TRUJILLO: Empresa de Transporte Estrella del Norte S.A. (en adelante Estrella del Norte) con RUC N° 49635281, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por Jaime Toro López sobre supuesta nulidad de cosa juzgada fraudulenta, a usted dice: I.

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, en Calle Bolívar N° 112 de Trujillo y casilla electrónica de notificaciones N° 1126.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso : 1 de diciembre de 1990 Fecha de cese : 31 de julio de 2010 Motivo de cese : Comisión de falta grave Última remuneración : S/. 2 500,00 Cargo : Despachador III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. INEXISTENCIA DE LA NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA III.2.1.1. El demandante interpone la demanda contra la Segunda Sala Laboral de la Libertad y Estrella del Norte, alegando que se ha producido la cosa juzgada fraudulenta, por tanto, pide la nulidad de la resolución de vista, argumentando que ha fallado con fraude a favor de la demandada. III.2.1.2. Esta afirmación del demandante no se ajusta a la verdad ni a derecho, pues la Segunda Sala Laboral de la Libertad al revisar la sentencia favorable al demandante, apelada por nuestra parte, concluyó que el demandante no había comunicado su ausencia al trabajo conforme a lo regulado en el artículo 37 del Reglamento del TUO de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por D.S. N° 001-96-TR que a la letra dice: “Para que no se configure el abandono al trabajo, previsto en el inciso h) del artículo 58 de la ley, toda ausencia al centro de trabajo, deberá ser puesta en conocimiento del empleador, exponiendo las razones que la motivaron, dentro del término del tercer día de producida, más el término de la distancia (…)”. III.2.1.3. El demandante Jaime Toro López no cumplió con esta normativa; no comunicó a su empleador que se encontraba enfermo ni hospitalizado, en consecuencia, fue bien despedido.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

III.2.2. INEXISTENCIA DE COLUSIÓN ENTRE LA SALA LABORAL Y EL EMPLEADOR III.2.2.1. El demandante no ha presentado ninguna prueba que evidencie la colusión entre la Sala Laboral y el empleador demandado ni la existencia de la cosa juzgada fraudulenta y por tanto no existe ninguna razón para que pida su nulidad. III.2.2.2. Como es de verse, en el proceso por despido arbitrario seguido por el demandante, no se han realizado actos procesales buscando perjudicar al demandante, no ha habido ninguna maniobra dolosa que haya corrompido la esencia del proceso o haya burlado el interés de la sociedad en la correcta y justa solución del conflicto, no hay fraude en el proceso. III.2.2.3. La sentencia de vista expedida por la Sala Laboral de Trujillo expedida el 9 de agosto de 2010, la cual pone fin al proceso por supuesto despido arbitrario, no ha sido expedida con colusión como temerariamente sostiene el demandante. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. El artículo 178 del Código Procesal Civil que indica cuando procede la demanda nulidad de cosa juzgada fraudulenta. IV.3. El artículo 37 del Reglamento del TUO de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por D.S. N° 001-96TR, que señala cuando un trabajador incurre en falta grave por abandono del centro de trabajo, causal de despido. IV.4. La Ley N° 29497–Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. IV.5. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. V.

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE:

V.1. Respecto al medio probatorio 7.1., sentencia del segundo juzgado laboral de Trujillo nos adherimos a su valor probatorio en tanto acredita que en ese juzgado se ventiló la demanda de despido arbitrario que siguió el demandante al ser despedido por falta grave, esto es, inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres días. V.2. En relación al medio probatorio 7.2., sentencia de vista de la segunda sala laboral de La Libertad que declara infundada la demanda, la hacemos nuestra porque acredita fehacientemente el correcto actuar de dicha sala, al revocar la recurrida motivándola debidamente. V.3. En cuanto al medio probatorio 7.3., certificado médico expedido por el médico cirujano Leoncio Arangurí Ricapa, nos adherimos a su mérito probatorio precisando que es un certificado expedido por un médico particular sin valor oficial para demandar y no haberse hecho conocer al empleador dentro del término establecido por el artículo 37 del Reglamento del TUO de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por D.S. N° 001-96-TR. VI. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDADA: VI.1. Copia de la carta notarial de cargo y de despido que evidencian que el trabajador ahora demandante había incurrido en falta grave por abandono del centro de trabajo, causal de despido y que cumplimos cabalmente con el procedimiento de despido. VI.2. Copia de la carta de descargo del ahora demandante, donde reconoce que no comunicó oportuna ni debidamente el abandono del centro de trabajo por más de tres días. VI.3. Copia certificada de las principales partes del proceso de despido arbitrario seguido por el demandante para probar que este proceso se desarrolló dentro del debido proceso, incluyendo la sentencia de la primera instancia y la sentencia de vista.

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

VI.4. La exhibición que se servirá realizar el segundo juzgado laboral de Trujillo respecto de del expediente N° 122-2009 sobre despido arbitrario seguido por el demandante, ahora motivo de la presente demanda; para cuyo efecto, pedimos al despacho oficiar a dicho juzgado. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia del poder como abogado apoderado, del DNI y los recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Copia legalizada del poder. 1-C: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-D: Copia carta notarial de cargo y de despido del trabajador ahora demandante. 1-E: Copia de la carta de descargo del ahora demandante, 1-F: Copia certificada de las principales partes del proceso de despido arbitrario seguido por el demandante, incluyendo la sentencia de la primera instancia y la sentencia de vista de la sala. Trujillo, 11 de octubre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.17. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Sec. : P. Pinto Exp. : 3-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta demanda SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE CAÑETE: Empresa de Fabricación de Ropas Lo Máximo S.A. (en adelante Lo Máximo) con RUC N° 79636282, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por Manuel Salinas Rodríguez sobre supuesta indemnización por despido arbitrario, a usted DIGO: I

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, en la Av. La Industria N° 154 de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1333.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso

: 30 de marzo de 2005

Fecha de cese

: 29 de marzo de 2010

Motivo de cese

: Comisión de falta grave

Última remuneración

: S/. 5 500,00

Cargo

: Supervisor de Ventas

III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. INEXISTENCIA DEL DESPIDO ARBITRARIO III.2.1.1. El demandante interpone la demanda contra la empresa arguyendo que ha sido víctima de un despido arbitrario, pues a él no le convencen las supuestas pérdidas económicas que afronta la empresa. III.2.1.2. Esta afirmación del demandante no se ajusta a la verdad ni a derecho, pues la terminación de la relación de trabajo es por causas objetivas, previstas en el inciso b) del artículo 46 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR, con conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, al sindicato y los trabajadores involucrados, cuyos actuados se ofrece como prueba en el estadio correspondiente. III.2.1.3. El demandante Manuel Salinas Rodríguez ha sido informado debidamente de las causas de la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas, como es de verse en el cargo de la carta notarial que también ofrecemos como prueba en el estadio correspondiente. III.2.2. INEXISTENCIA DEL DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO III.2.2.1. En la presente demanda no corresponde la indemnización por despido arbitrario prevista en el artículo 38 del acotado TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR, pues la empresa sí ha expresado la causa de la terminación del contrato de trabajo, previa las formalidades de ley. III.2.1.2. Como es de verse, en las pruebas que se adjunta a la presente contestación de la demanda, la empresa sí está atravesando por una severa crisis económica, ampliamente conocida por la opinión pública. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. Los artículos 34 y 38 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR que regulan los casos en que procede la indemnización por despido arbitrario. IV.3. El artículo 46 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR, que estipula la terminación de las relaciones de trabajo por causas objetivas. IV.4. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. IV.5. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. V.

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE:

V.1. Respecto al medio probatorio 7.1., llamada carta de despido por el demandante, la hacemos nuestra porque en ella la empresa expresa los motivos de la terminación de las relaciones de trabajo por causas objetivas. V.2. En relación al medio probatorio 7.2., constancia policial del despido arbitrario, manifestamos que es impertinente, pues no tiene valor probatorio ya que no ha sido ordenado por la Autoridad Administrativa de Trabajo y solamente deja constancia que no lo dejaron ingresar al centro de trabajo. VI. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDADA: VI.1. Copia de la Resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas, previstas en el inciso b) del artículo 46° del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR, para probar que no se ha configurado el despido arbitrario. VI.2. Copia de la carta notarial dirigida al ahora demandante informándole la terminación de la relación de trabajo por las causas explicadas en el numeral precedente. VI.3. Copia de las noticias periodísticas sobre la terminación de las relaciones de trabajo por causas objetivas en la empresa Lo Máximo. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia del poder como abogado apoderado, del DNI y los recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1-B: Copia legalizada del poder. 1-C: Copia del RUC de la empresa. 1-D: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-E: Copia de la Resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas. 1-F: Copia de la carta notarial dirigida al ahora demandante informándole la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas. 1-G: Copia de las noticias periodísticas sobre la terminación de las relaciones de trabajo por causas objetivas en la empresa Lo Máximo. Cañete, 11 de octubre de 2010.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.18. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE PAGO DE UTILIDADES Sec. : R. Pérez Exp. : 3-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta demanda SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO LABORAL DE TRUJILLO: Empresa de Fabricación de Jugos de Frutas El Almíbar S.A., (en adelante El Almíbar) con RUC N° 39630281, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por Mateo Javier López Rivas sobre pago de utilidades, a usted dice: I.

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, Av. Separadora Industrial N° 1122 de Trujillo y casilla electrónica de notificaciones N° 666.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso : 14 de agosto de 2008 Fecha de cese : 20 de diciembre de 2010 Motivo del cese : Finalización de contrato Remuneración mensual : S/. 2 000,00 III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. El demandante pide el pago del reparto de utilidades correspondiente al año 2009, después de haber cesado, al percatarse que no le pagaron. III.2.2. Al respecto, transcribimos el artículo 4 del D.Leg. N° 892 que regula el reparto de utilidades y dice: “La participación en las utilidades a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto, se calculará sobre el saldo de la renta neta imponible del ejercicio gravable que resulte después haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta”. III.2.3. Siendo así la regulación legal, si no existe saldo de la renta imponible del ejercicio gravable, no hay reparto de utilidades. Ese es el caso de El Almíbar, en el año 2009 no ha habido saldo; en consecuencia, no procede ningún pago por reparto de utilidades. III.2.4. El Almíbar, no ha incumplido con el pago de reparto de utilidades conforme lo dispone el artículo 1 del D. Leg. N° 892 lo que sucede es que no hubo utilidades. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. El artículo 4 del D. Leg. N° 892, Ley de Reparto de Utilidades. IV.3. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. IV.4. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

V.

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE:

V.1. Respecto al medio probatorio 7.1., carta del ahora demandante dirigida al Jefe de Recursos Humanos reclamando el pago de utilidades 2009; la cual fue objeto de respuesta explicándole el motivo de porque no hay reparto de utilidades, como lo veremos en nuestros medios probatorios del presente escrito. V.2. En relación al medio probatorio 7.2., constancia del reparto de utilidades 2008, manifestamos que es una referencia que El Almíbar, si paga utilidades cuando hay utilidades, como fue el caso del año 2008. V.3. Referente a las boletas de pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre, las hacemos nuestras, porque evidencian el correcto proceder de El Almíbar. VI. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDADA: VI.1. El Informe que debe emitir la Sunat, indicando si El Almíbar ha tenido saldo favorable el año 2009, para cuyo efecto, pedimos al Juzgado, se sirva oficiar a dicha entidad recaudadora. VI.2. Copia de Presentación de la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta 2009 presentadas a la Sunat por El Almíbar, para probar que no tenemos utilidades que repartir. VI.3. Copia de la carta de respuesta al reclamo de utilidades formulado por el ahora demandante. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Copia del poder legalizado del suscrito. 1-C: Copia del RUC de la empresa. 1-D: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-E: Copia de la carta de respuesta al reclamo de utilidades formulado por el ahora demandante. 1-F: Copia de la constancia de presentación de la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta 2009 a la Sunat por El Almíbar. Trujillo, 11 de octubre de 2010.

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FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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1.19. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE CESE DE HOSTILIDAD Sec. : P. Rojas Exp. : 11-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta demanda SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE CAÑETE: Empresa de Fabricación de Muebles Acabados S.A., (en adelante Muebles Acabados) con RUC N° 39630281, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por Carlos Martínez Pérez sobre supuesta hostilidad, a usted atentamente dice: I.

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, calle Los Ángeles N° 122 de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1414.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso : 1 de agosto de 2008 Cargo según el contrato de trabajo : Empleado Remuneración mensual : S/. 2 000,00 Situación actual : Continúa trabajando III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. Muebles Acabados, no ha incumplido el literal c) del artículo 30 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR que señala cuándo se configura la hostilidad laboral, prueba de ello es que, el demandante no precisa cuál es el perjuicio que se le ha ocasionado con las transferencias. III.2.2 Muebles Acabados, en estricta observancia del contrato de trabajo, el segundo párrafo del artículo 9 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR y la cláusula cuarta de la Convención Colectiva de Trabajo, haciendo uso de sus facultades para modificar la modalidad de prestación de las labores, teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo, ha procedido a las transferencias que el demandante considera como hostilidad. III.2.3. En ningún momento se le ha disminuido la categoría de empleado ni la remuneración mensual pactada, entonces no se configura la supuesta hostilidad. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. El literal c) del artículo 30 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR que indica cuando se configura la hostilidad laboral. IV.3. El segundo párrafo del artículo 9 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR que señala las facultades del empleador para modificar la forma y modalidad de

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prestación de las labores, dentro de los criterios de razonabilidad, teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. IV.4. La Convención Colectiva de trabajo vigente, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores y la empresa que estipula cómo se realizan las transferencias de puesto a puesto. IV.5. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. IV.6. Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. V.

MEDIOS PROBATORIOS:

V.1. Copia de la carta notarial de respuesta a la carta emplazamiento. pidiendo el cese de la hostilidad; dejada por debajo de la puerta en el domicilio señalado por el ahora demandante al momento de su contratación, para probar que no es cierto que no se contestó el emplazamiento. V.2. Copia de todas las boletas de pago para probar que nunca se le disminuyó su categoría ni remuneración mensual. V.3. Copia de la convención colectiva de trabajo vigente, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores y la empresa, para probar que las transferencias de cargo se realizaron también con observancia de la regulación convencional. V.4. Copia simple de la carta de respuesta a la carta de emplazamiento pidiendo el cese de la hostilidad. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi DNI y recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Copia del poder legalizado del suscrito. 1-C: Copia del RUC de la empresa. 1-D: Recibo de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-E: Copia simple de la carta de respuesta a la carta de emplazamiento pidiendo el cese de la hostilidad. 1-F: Copia simple de todas las boletas de remuneraciones del trabajador ahora demandante. 1-G: Copia de la Convención Colectiva de trabajo vigente, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores y la empresa. Cañete, 11 de octubre de 2010.

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1.20. APELACIÓN CONTRA EJECUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR Sec. : R. Rodríguez Exp. : 9-2010 Cuaderno : Incidental Escrito : N° 1 Apela medida cautelar SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO LABORAL DE TRUJILLO: Empresa de Transporte Minero Trabajafácil S.A, (en adelante Trabaja fácil) con RUC N° 59650281, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la solicitud de medida cautelar en forma de retención interpuesta por Juana Chirote Laguasco, a usted atentamente dice: I.

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, calle San Andrés N° 136 de Trujillo y casilla electrónica de notificaciones N° 1241.

II.

OBJETO: Apelar sobre la ejecución de la medida cautelar, de conformidad con el artículo 54 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 637 del Código Procesal Civil, con el objeto que el superior en grado la examine y la declare nula o alternativamente, la revoque, declarándola improcedente o infundada.

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DEL PROCESO PRINCIPAL: III.1.1. Está en giro en el Cuarto Juzgado Laboral de Trujillo bajo el Exp. N° 2-2010 la demanda por reintegro de beneficios económicos. III.1.2. La demanda de reintegro de beneficios económicos ha sido interpuesta recientemente el 5 de setiembre de 2010, reclamando la suma de S/. 45 000,00, más los intereses legales, costos y costas. III.1.3. Las pruebas aportadas por la demandante en la demanda por reintegro de beneficios económicos no evidencian que se le adeude ningún reintegro. III.1.4. Por el contrario, las pruebas aparejadas por nuestra parte son contundentes y prueban que los cálculos efectuados por la demandante son fantasiosas. III.2. NO SE EVIDENCIA LA PROBABILIDAD DEL DERECHO INVOCADO No se evidencia aún la posibilidad o probabilidad de la existencia del derecho invocado por el solicitante, tampoco se evidencia que el tiempo en la tramitación de proceso principal interpuesto produzca un daño a la parte demandante; por cuanto la inminencia de causarle un perjuicio irreparable no se presenta en autos, que haga suponer la probabilidad de que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho invocado; más aún que los argumentos de la solicitud cautelar deben ser previamente dilucidados y merituados en la pretensión principal, con el objeto de producirse la verisimilitud del derecho invocado y producir certeza de los hechos que arguye, siendo insuficiente la sola invocación de los derechos que alega. Las pruebas que escoltan la demanda de de reintegro de beneficios económicos, según nuestro parecer, no prueban la posible insolvencia de la empresa. III.3. NO SE APRECIA EL PELIGRO EN LA DEMORA No se da la figura del peligro en la demora del proceso de reintegro de beneficios económicos por la solvencia de nuestra empresa, lo que acreditamos con el nuestro Balance Económico adjunto al presente escrito; máxime, si el proceso ya se encuentra en la segunda instancia con vista de la causa ya realizada, habiendo quedado al voto. Esto echa por tierra las falaces afirmaciones del actor en los fundamentos de la demanda de medida cautelar.

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Por tanto, no se aprecia el requisito del peligro en la demora; así mismo la verisimilitud del derecho es uno de los fundamentos esenciales para la concesión de toda medida cautelar viene a consistir en el conocimiento del Juzgador, respecto de la aparente existencia del derecho que se ejercita a través de la demanda; en consecuencia no se cumplen los requisitos establecidos en el tercer párrafo del artículo seis cientos once del Código Procesal Civil. III.4. EL ACCIONANTE HA TRATADO DE SORPRENDER AL JUZGADO Ciertamente, pensamos que el Juzgado, por sus recargadas labores, no ha tenido en cuenta esta información y ha concedido la Medida Cautelar innecesaria, perjudicando el flujo de caja de la empresa, aparte de causarle grave daño moral, pues se ha puesto en tela de juicio el bien ganado prestigio de la empresa en el mercado. Es probable que nuestros diferentes clientes, a partir de la medida cautelar, tendrán recelos de seguir manteniendo tratos comerciales con Trabajo Fácil. III.5. EL ACCIONANTE NO HA CUMPLIDO CON OFRECER LA CONTRACAUTELA QUE CORRESPONDE El accionante no ha cumplido con ofrecer la contracautela regulada en el artículo 613 del Código Procesal Civil, que tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. En el presente caso, Trabajo Fácil, perjudicado gravemente, no tiene de dónde exigir el resarcimiento que le corresponde. Desconocemos por qué el Juzgado ha exceptuado de la contracautela que corresponde y ha aceptado una simple caución juratoria. El accionante no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 614 del acotado Código Procesal Civil. IV.

AGRAVIO El agravio que nos causa la aludida medida cautelar es el precisado en el numeral anterior del presente escrito, pues se está vulnerando requisitos esenciales que exigen la Constitución Política y el Código Procesal Civil para conceder una medida cautelar. Aparte del grave perjuicio económico que nos ha causado el especialista legal en actos externos, don Edgar Torres Pérez, quien como dice el refrán, actuando “a locas y tontas”, ha ordenado retener más dinero de lo ordenado en la Resolución Número Uno. Ha levantado dos actas de embargo, una en el Banco Cuzco y otra en el Colombiano, causando grave perjuicio económico a Trabajo Fácil. Consideramos que esto es un abuso, aparte de constituir una grave irregularidad legal, que esperamos el órgano jurisdiccional revisor sabrá sancionar, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que nos corresponden.

POR LO EXPUESTO: Al Juzgado solicitamos tener por interpuesta la apelación, pidiéndole se sirva conceder la alzada al Superior en Grado, para que se sirva resolver conforme a ley. PRIMER OTROSÍ DIGO: Se adjunta como Anexo el original del recibo de pago por arancel judicial correspondiente al recurso de apelación y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Designamos Al señor Johan Rivasplata Baltodano, para que pueda diligenciar documentos y puedan realizar los actos de seguimiento al proceso. ANEXOS: 1-A: Copia legalizada del Poder del apoderado. 1-B: Copia del DNI del apoderado. 1-C: Copias delos recibos de pago del arancel judicial y derecho de notificación judicial. 1-D: Copia del RUC de la empresa. 1-E: Copia del último Balance Económico de Trabaja Facil. Trujillo, 15 de octubre de 2010. ____________________________ FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

____________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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1.21. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE REPOSICIÓN Sec. : P. Palacios Exp. : 3-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta demanda SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE CAÑETE: Empresa de Fabricación de Cemento La Cantera S.A. (en adelante Cemento La Cantera) con RUC N° 19696232, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por Guillermo Torres Véliz sobre reposición al puesto de trabajo, a usted dice: I.

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, en la Av. La Industria N° 2154 de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1515.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso : 30 de marzo de 2005 Fecha de cese : 29 de marzo de 2010 Motivo de cese : Cese colectivo por causas objetivas Última remuneración : S/. 5 500,00 Cargo : Supervisor de Transportes III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. INEXISTENCIA DEL DESPIDO ILEGAL III.2.1.1. El demandante interpone la demanda contra la empresa arguyendo que ha sido víctima de un despido nulo, pues a él no le convence el procedimiento de cese colectivo seguido por la empresa debido a las pérdidas económicas que afronta la empresa. Él piensa que ha sido despedido por ser dirigente sindical. III.2.1.2. Esta afirmación del demandante no se ajusta a la verdad ni a derecho, pues la terminación de la relación de trabajo es por causas objetivas, previstas en el inciso b) del artículo 46 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR, con conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, al sindicato y los trabajadores involucrados, cuyos actuados se ofrece como prueba en el estadio correspondiente. III.2.1.3. El demandante Guillermo Torres Véliz ha sido informado debidamente de las causas de la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas, como es de verse en el cargo de la carta notarial que también ofrecemos como prueba en el estadio correspondiente. III.2.2. INEXISTENCIA DEL DERECHO A SER REPUESTO III.2.2.1. Para que se configure el despido, nulo deben presentarse alguna de las causales expresas y taxativas contempladas en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, lo cual no ocurre en el presente caso.

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III.2.2.2. El cese colectivo por causas objetivas, donde está incluido el demandante ha sido efectuado en estricta observancia del procedimiento establecido por la ley de la materia, en consecuencia, no procede la reposición del demandante. III.2.2.3. Como es de verse, en las pruebas que se adjunta a la presente contestación de la demanda, la empresa sí está atravesando por una severa crisis económica, ampliamente conocida por la opinión pública. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. El artículo 29 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR que regulan los casos en que procede la reposición al centro de trabajo. IV.3. El artículo 46 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR, que estipula la terminación de las relaciones de trabajo por causas objetivas. IV.4. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral IV.5 Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. V.

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE:

V.1. Respecto al medio probatorio 7.1., llamada carta de despido por el demandante, que en realidad es la carta de cese colectivo, la hacemos nuestra porque en ella la empresa expresa los motivos de la terminación de las relaciones de trabajo por causas objetivas. V.2. En relación al medio probatorio 7.2., constancia policial del despido arbitrario, manifestamos que es impertinente, pues no tiene valor probatorio ya que no ha sido ordenado por la Autoridad Administrativa de Trabajo y solamente deja constancia que no lo dejaron ingresar al centro de trabajo. VI. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDADA: VI.1. Copia de la Resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas, previstas en el inciso b) del artículo 46 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR, para probar que no se ha configurado el despido nulo. VI.2. Copia de la carta notarial dirigida al ahora demandante informándole la terminación de la relación de trabajo por las causas explicadas en el numeral precedente. VI.3. Copia de las noticias periodísticas sobre la terminación de las relaciones de trabajo por causas objetivas en la empresa La Cantera. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia del poder como abogado apoderado, del DNI y los recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesario para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Copia del poder legalizado del suscrito.

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1-C: Copia del RUC de la empresa. 1-D: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-E: Copia de la Resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas. 1-F: Copia de la carta notarial dirigida al ahora demandante informándole la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas. 1-G: Copia de las noticias periodísticas sobre la terminación de las relaciones de trabajo por causas objetivas en la empresa La Cantera. Cañete, 11 de octubre de 2010.

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FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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1.22. CONTESTACIÓN DE DEMANDA POR DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO Sec.: : J. Rojas Exp.: : 8-2010 Cuaderno : Principal Escrito : N° 1 Contesta demanda SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE CAÑETE: Empresa de Fabricación de Zapatos Eternos S.A. (en adelante Zapatos Eternos) con RUC N° 25637281222, representado por su abogado-apoderado Fermín Rojas Estremadoyro con DNI N° 20920137, según copia legalizada del poder que se adjunta, en la demanda interpuesta por Manuel Rojas Bueno sobre supuesta desnaturalización de contrato de tercerización e incumplimiento de disposiciones legales; a usted dice: I.

DOMICILIO DEL DEMANDADO: Domicilio real y procesal, en Av. Brasil N° 122 de Cañete y casilla electrónica de notificaciones N° 1223.

II.

OBJETO: Contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, de acuerdo a los fundamentos siguientes:

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: III.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso Fecha de cese Motivo de cese Última remuneración Cargo

: 14 de octubre de 2009 : 20 de setiembre de 2010 : Vencimiento de contrato con su empleadora : S/. 5 000,00 : Asistente a la Gerencia de Ventas

III.2. LA DEMANDA ES INFUNDADA POR LOS HECHOS SIGUIENTES: III.2.1. El demandante interpone demanda por desnaturalización de contrato de tercerización e incumplimiento de disposiciones legales, alegando que ha sido despedido intempestivamente por mi representada del cargo de Asistente a la Gerencia de Ventas. III.2.2. Esta afirmación del demandante no se ajusta a la verdad ni a derecho, pues mediante el Contrato de Locación de Servicios, suscrito entre mi representada y la Empresa San Fermín S.R.L. el 21 de setiembre de 2009 , esta desplazaba a la Empresa Zapatos Eternos S.A. un Equipo de Profesionales Expertos en Marketing, para encargarse de la distribución y comercialización de los calzados producidos por mi representada, entre ellos, al demandante, como ya dijo para desempeñarse como Asistente al Gerente de Ventas de nuestra organización. III.2.3. Cabe precisar que conforme obra en autos, el actor perteneció a la Planilla de la Empresa San Fermín S.A., cuyo contrato de locación de servicios, actualmente se encuentra terminado y por ende su relación laboral con su empleadora tampoco se encuentra vigente. III.2.4. Lo que pretende el actor es una reposición a nuestra empresa, sin que se haya configurado la desnaturalización descrita en el artículo 5 de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización. III.2.5. El actor, conjuntamente con sus compañeros de trabajo que fueron desplazados a Empresa Zapatos Eternos S.A, nunca trabajaron en la actividad principal de esta, que es la fabricación de calzados. Ellos, trabajaron en la distribución y comercialización de calzados, que es otro rubro.

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III.2.6. El actor alude que en el Acta de Visita Inspectiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo se encuentra consignada la desnaturalización del contrato de tercerización; sin embargo, una lectura prolija de esta, no indica tal hecho. Como podrá comprobarlo, el Juzgador, en ella consta, que el ahora demandante, desplazado a la empresa usuaria, efectivamente se desempeñaba como Asistente de la Gerencia de Ventas, pero que laboraba en forma autónoma, dando cuenta a su empleadora Empresa San Fermín S.A. III.2.7. La mencionada acta de la Autoridad Administrativa de Trabajo también consigna en su contenido que la Empresa San Fermín S.A. que existe un Contra de Locación de Servicios de Tercerización entre la Empresa Calzados Eternos S.A. y Empresa San Fermín S.R.L., que también cuenta con registro nacional de empresas que realiza actividades de tercerizacion, que cumple con registrar a sus trabajadores en sus planillas, que cumple con entregar boletas de remuneraciones, que cumple con llevar el registro de control de asistencia, etc. Cerrando el acta la Autoridad Administrativa de Trabajo, deja constancia que si alguna de las partes no está de acuerdo con sus conclusiones puede hacer valer sus derechos en la vía respectiva. III.2.8. A la fecha, no existe un pronunciamiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre ningún procedimiento sancionador en contra de la Empresa Zapatos Eternos S.A.; en consecuencia, la mencionada acta no puede ser tomado como prueba plena de la desnaturalización del contrato de tercerización. IV.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Amparo esta contestación de la demanda en las normas legales siguientes:

IV.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú que precisa que el trabajo es un deber y un derecho. IV.2. Los artículos 4 y 5 de la Ley N° 29245 que regula el desplazamiento de personal a la empresa principal y la desnaturalización de esta, para demostrar que en el caso que nos ocupa, se ha respetado dicha regulación. IV.3. El artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1038 que precisa los alcances de la Ley N° 29245, en lo referido a las restricciones de los contratos de tercerización. IV.4. El inciso e) del artículo 29 la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por D.S. N° 00397-TR que regula cuando se da la figura del despido nulo. IV.5. La Ley N° 29497 –Nueva Ley Procesal del Trabajo– que regula el proceso laboral. IV.6. La Ley N° 28806, General de Inspección del Trabajo y su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2006TR para fundamentar los alcances de las acciones inspectivas. IV.7 Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en todo lo no previsto en la regulación procesal laboral. V.

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE:

V.1. Respecto al medio probatorio 7.1., copias de las boletas de remuneraciones expedidas por las diferentes empresas tercerizadoras para las cuales trabajó, las hacemos nuestras, porque prueban que el actor nunca estuvo en la Planilla de la demandada y como tal no puede pedir “reponerse” en ella. V.2. En relación al medio probatorio 7.2., copia del Acta Inspectiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo, también la hacemos nuestra porque acredita fehacientemente que, a la fecha, no existe un pronunciamiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre ningún procedimiento sancionador en contra de la Zapatos Eternos; en consecuencia, la mencionada acta no puede ser tomada como prueba plena de la desnaturalización del contrato de tercerización. VI. MEDIOS PROBATORIOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA: VI.1. Copia el Contrato de Locación de Servicios, suscrito entre mi representada y la Empresa San Fermín S.R.L. el 21 de setiembre de 2009, para probar que esta desplazaba a Zapatos Eternos un Equipo de

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Profesionales Expertos en Marketing, para encargarse de la distribución y comercialización de los calzados producidos por mi representada. VI.2. Copia de la Constancia de la Autoridad Administrativa de Trabajo que señala que Zapatos Eternos no tiene en trámite ningún proceso sancionador. POR TANTO: Sírvase usted, señor juez admitir a trámite la presente contestación de la demanda y tramitarla conforme a su naturaleza y declarar infundada la demanda en su oportunidad. PRIMER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia del poder como abogado apoderado, del DNI y los recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Adjunto copia de la contestación de la demanda y sus anexos para la otra parte. TERCER OTROSÍ DIGO: Autorizo al señor Joaquín Rodríguez Soto para que acuda al juzgado a diligenciar documentos y cuanto trámite sea necesaria para impulsar el proceso. ANEXOS: 1-A: Copia del DNI. 1-B: Copia legalizada del poder. 1-C: Recibos de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y derecho de notificación judicial. 1-D: Copia del Contrato de Locación de Servicios suscrita entre Empresa Zapatos Eternos S.A. y Empresa San Fermín S.R.L. 1-E: Copia de la Constancia expedida por la Autoridad Administrativa de Trabajo señalando que no existe ningún proceso sancionador contra la Empresa Zapatos Eternos S.A. Cañete, 27 de octubre de 2010.

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1.23. APELACIÓN DEL DEMANDANTE CONTRA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA Esp. Legal : XXX Exp. N° : XXX Cuaderno : XXX Escrito N° : XXX Interpone recurso de apelación SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE XXX: XXX, en el proceso laboral contra XXX sobre pago de beneficios sociales, a usted digo: De acuerdo a lo regulado en el Art. 32 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y los Arts. 364, 365 y 366 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, interpongo recurso de apelación contra la Resolución Número XXX de fecha XXX (Sentencia), que declara fundada en parte la demanda, para que sea revocada por la Sala superior por los argumentos siguientes: 1.

ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO:

1.1. El extremo de la resolución que se impugna, es el Item 6. Pago de gratificaciones devengadas porque el Juzgado deja por sentado que “habiéndose determinado que el actor ha mantenido relación laboral con la demandada, desde el día 9 de marzo del 2001 hasta el 3 de abril del 2010, en calidad de Vigilante”. 1.2. No obstante ello, por error, precisa en el Item 6.3. de la resolución que se impugna: “(...) atendiendo que el actor laboró para la emplazada en jornadas diarias que el Vigilante determinaba en forma autónoma, desde su fecha de ingreso el día 9 de marzo del 2001, hasta el 3 de abril del 2010, este solo tiene derecho a las gratificaciones de julio y diciembre del 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, así como la correspondiente gratificación trunca de julio 2010 (…)”. 1.3. Por lo anotado resulta evidente que el Juzgado ha omitido reconocer las Gratificaciones Devengadas de Fiestas Patrias del año 2001 (Trunca), así como la correspondiente a Navidad del año 2001. Sumándose a ello también la falta de reconocimiento, por parte del Juzgado, de las Gratificaciones Devengadas de los años 2002 y 2003 a las que tengo derecho por estar acreditada la prestación de mis servicios en dichos años y la falta de pago por parte de mi empleadora. 2.

AGRAVIO El agravio es de índole económico; pues se está omitiendo reconocer el derecho a percibir los montos correspondientes a las gratificaciones devengadas de los años 2001, 2002 y 2003.

POR TANTO: Solicito que se me conceda la apelación al superior jerárquico para que deje sin efecto la resolución que impugno y se declare fundada la demanda. OTROSÍ DIGO: Adjunto el comprobante que acredita el pago del arancel judicial correspondiente. XXX, XXX de julio de XXX.

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

1.24. APELACIÓN DEL DEMANDADO CONTRA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA Esp. Legal : XXX Exp. N° : XXX Cuaderno : XXX Escrito N° : XXX Interpone recurso de apelación SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO LABORAL DE XXX: Empresa XXX, representada por su Gerente XXX en el proceso laboral seguido por don XXX sobre pago de beneficios sociales, a usted digo: De acuerdo a lo regulado en el artículo 32 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y los artículos 364, 365 y 366 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, interpongo recurso de apelación contra la Resolución Número XXX de fecha XXX (Sentencia), que declara fundada en parte la demanda, a fin de que sea revocada por el Superior Jerárquico, por los argumentos siguientes: 1. ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO 1.1. La Resolución N° 5 emitida en el presente proceso, mediante el cual el Juzgado resuelve declarar fundada en parte la demanda, solamente ha considerado un informe final del Ministerio de Trabajo y en ningún otro medio probatorio, como el Contrato de Locación de Servicios que demuestra que el actor prestaba servicios de carácter civil para mi representada. 1.2. AI respecto, cabe precisar que según las normas civiles contractuales, como son los artículos 1351, 1352 y siguientes del Código Civil, los contratos de naturaleza civil no otorgan los derechos de un contrato laboral. 1.3. Asimismo, debe quedar claramente determinado que la carga de la prueba, no nos corresponde a nosotros como demandados tal como lo señala la recurrida, pues si bien el artículo 23.2 de la Ley 29497, prescribe que “Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vinculo laboral (...)” el informe Final de Actuación Inspectiva, en la que la recurrida sustenta la supuesta acreditación de la prestación personal, se puede establecer fehacientemente que las personas que declaran lo hacen fuera del lugar donde prestan sus servicios de carácter civil en la calle XXX, pues el acta en la que se sustenta el informe final señala claramente en el numeral 3.2. VISITA INSPECTIVA que “antes de ingresar a su centro de trabajo con los señores (...) todos los entrevistados manifestaron que laboran directamente en este establecimiento como Vigilante”. Como puede apreciarse, al margen de los resaltados que no guardan coherencia como “para en este” o “ que “parte del establecimiento” lo que declaran los entrevistados es que conocen al demandante y que ha sido vigilante, lo cual es cierto pero no señalan expresamente que haya trabajado directamente para mi representada, pues como ya se ha explicado el señor era Vigilante que trabajaba como tal mediante un contrato civil en forma autónoma. 2. AGRAVIO: La Resolución N° 5 emitida en este proceso, nos causa un perjuicio económico y moral ya que el Juez al emitir la resolución impugnada me está perjudicando mandando pagar una suma de dinero que no me corresponde asumir por ley. POR LO EXPUESTO: Solicito a Usted señor Juez que se sirva elevar el presente escrito por estar con arreglo a la Ley y al Derecho. OTROSI DIGO: Adjunto el recibo de arancel judicial por derecho de apelación. XXX, XXX de 2012. ____________________________

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.25. RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL EMPLEADOR Secretario : XXX Expediente Nº : XXX Escrito N° : XXX Interpone recurso de casación SEÑOR PRESIDENTE DE LA XXX SALA LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE XXX Empresa XXX, representada por su Abogado-Apoderado XXX con Registro del Colegio de Abogados de XXX N° XXX, según poder que corre en autos; conforme al artículo 290 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los seguidos por don XXX sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES a usted, digo: I.

PETITORIO: Habiendo sido notificados con la Sentencia de Vista de fecha XXX expedida por la Sala XXX, el día XXX del año XXX, por la que se resuelve, CONFIRMAR la Sentencia de la Primera Instancia Nº XXX de fecha XXX del año XXX que declara fundada la demanda y dispone que se pague S/. 80 000,00 por concepto de vacaciones no gozadas y la indemnización respectiva; no encontrándola arreglada a ley, dentro del plazo de ley INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN, solicitando que sea admitido y declarado procedente, disponiendo la elevación de los actuados a la Sala Especializada correspondiente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin que la Instancia Suprema se pronuncie sobre la revocatoria de la sentencia de vista y sobre la apelada.

II.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: El presente recurso de casación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante NLPT) que son las siguientes: Se interpone contra una sentencia de vista expedida por la XXX Sala Laboral de XXX, que ordena el pago de un monto superior a las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP), en este caso, S/. 80 000,00. La estamos interponiendo ante la misma XXX Sala Laboral de XXX que emitió la resolución impugnada. Estamos dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna. Se adjunta el recibo de la tasa respectiva.

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA: El presente recurso también cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 36 de la acotada NLPT que son las siguientes: III.1. El recurrente no ha consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, confirmada por la resolución, objeto del recurso. III.2. La infracción normativa cometida, es la incorrecta aplicación del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713 pues la sentencia apelada y confirmada por la recurrida se ha apartado de estas norma objetiva al momento de resolver. III.3. El pedido casatorio es revocatorio, porque la Sala Suprema dentro de sus atribuciones y mayor capacidad que el Juzgado y la Sala Laboral, debe resolver definitivamente la litis. IV. CAUSALES DEL RECURSO: IV.1. El recurso se interpone por infracción normativa de las normas procesales contenidas en el artículo 139 incisos 3, 5 y 9 de la Constitución Política del Estado, que garantiza la observancia del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales. IV.2. También por la infracción normativa de normas materiales, esto es, el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

V.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

1.

La sentencia impugnada adolece de una debida motivación que justifique la decisión adoptada, afectando el principio de motivación de las resoluciones judiciales, entendida esta como, el vicio de congruencia, porque no ha tenido en cuenta la pretensión de la demanda y su perspectiva jurídica, no se ha seguido con todas las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que recoge la Constitución y las leyes.

2.

La demanda, según su petitorio, tiene por objetivo que la empresa pague vacaciones no gozadas en su oportunidad, así como una indemnización por esas vacaciones no gozadas.

3.

El artículo 25 de la Constitución Política del Estado, determina: “Jornada de Trabajo: (…) Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerado” y el Decreto Legislativo N° 713, en su artículo10 señala que: “el trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios (…).

4.

En el caso concreto, el Juzgado y la recurrida, según nuestro criterio, no han realizado una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso. Las resoluciones emitidas carecen de motivación suficiente, no solo vulneran las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. El deber de la debida motivación, conforme lo señala el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 4 de la sentencia N° 00966-2007-AA/TC:”no garantiza una determinada extensión de motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una motivación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada (…).

5.

La sentencia impugnada incurre en vicio de incongruencia y falta de claridad en su desarrollo argumental, se ordena pagar S/. 80,000.00 sin haber analizado debidamente las pruebas aportadas al proceso, siendo lo más evidente que no se han tenido en cuenta los convenios suscritos con el ahora demandante, sobre los periodos vacacionales no gozadas y los reconocimientos pecuniarios efectuados, en base a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 713, sin motivar porqué penaliza la falta del goce vacacional de los treinta días en conjunto, pues en el proceso ha quedado establecido porqué el actor no salió de vacaciones en conjunto.

6.

De este modo se ha vulnerado el principio de motivación, porque no se ha justificado cuál es el método o principio de interpretación que se ha empleado para interpretar la frase de “acuerdo a ley”, además la Sala Superior como órgano supervisor, no da respuesta puntual al agravio en comento.

7.

En ese sentido, habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en falta de motivación, corresponde a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, estar a lo previsto en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 29497 y resolver el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior.

POR TANTO: A usted, señor Presidente solicito proveer el presente escrito conforme a lo solicitado. OTROSI DIGO: De conformidad con el Art. 367 del Código Procesal Civil, aplicado en forma supletoria al caso de autos, señalamos domicilio procesal el ubicado en XXX, lugar donde se servirán notificarnos las resoluciones que se expidan. ANEXO: Se adjunta los recibos de arancel judicial por recurso de casación y derecho de notificación. Lima, XXX de XXX de XXX. ____________________________

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

1.26. RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL TRABAJADOR Secretario : XXX Expediente Nº : XXX Escrito N° : XXX Interpone recurso de casación SEÑOR PRESIDENTE DE LA XXX SALA LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE XXX. Abogado-Apoderado XXX con Registro del Colegio de Abogados de XXX N° XXX, conforme al artículo 290 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por don XXX, en los seguidos por don XXX sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, contra la Empresa XXX, a usted, digo: I.

PETITORIO: Habiendo sido notificados con la Sentencia de Vista de fecha XXX expedida por la Sala XXX, el día XXX del año XXX, por la que se resuelve, CONFIRMAR la Sentencia de la Primera Instancia Nº XXX de fecha XXX del año XXX que declara infundada la demanda de cese de actos de hostilidad; no encontrándola arreglada a ley, dentro del plazo de ley INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN, solicitando que sea admitido y declarado procedente, disponiendo la elevación de los actuados a la Sala Especializada correspondiente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin que la instancia Suprema se pronuncie sobre la revocatoria de la sentencia de vista y sobre la apelada.

II.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: El presente recurso de casación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante NLPT) que son las siguientes: Se interpone contra una sentencia de vista expedida por la XXX Sala Laboral de XXX, que ordena el pago de un monto superior a las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP), en este caso, S/. 80 000,00. La estamos interponiendo ante la misma XXX Sala Laboral de XXX que emitió la resolución impugnada. Estamos dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna. Se adjunta el recibo de la tasa respectiva.

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA: El presente recurso también cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 36 de la acotada NLPT que son las siguientes: III.1. El recurrente no ha consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, confirmada por la resolución, objeto del recurso. III.2. La infracción del artículo 103 de la vigente Constitución Política del Estado, argumentando que la ley no permite el abuso del derecho respecto a la rebaja de la categoría y remuneración máxime aún que su relación laboral se inicia con la Carta Magna de 1979, siendo también de aplicación el principio de irretroactividad de la ley. III.3. La infracción normativa del inciso b) del artículo 30 de la ley de Productividad y Competitividad Laboral, al reducirse arbitrariamente la remuneración se ha producido la hostilidad. III.4. La contradicción con otros pronunciamientos emitidos por la Sala laboral de la Corte Superior de XXX, recaídos en los expedientes XXX, XXX y XXX, desconociendo los alcances de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 818-2005-PA/TC III.5. El pedido casatorio es revocatorio, porque la Sala Suprema dentro de sus atribuciones y mayor capacidad que el Juzgado y la Sala Laboral, debe resolver definitivamente la litis. IV.

CAUSALES DEL RECURSO:

IV.1. El recurso se interpone por infracción normativa de las normas procesales referente al artículo 139, incisos 3, 5 y 9 de la Constitución Política del Estado, que garantiza la observancia del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales.

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

IV.2. También por la infracción normativa de normas materiales, esto es, el artículo 30 de la ley de Productividad y Competitividad Laboral, al reducirse arbitrariamente la remuneración. V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: V.1. La sentencia impugnada adolece de una debida motivación que justifique la decisión adoptada, afectando el principio de motivación de las resoluciones judiciales, entendida esta como, el vicio de congruencia, porque no ha tenido en cuenta la pretensión de la demanda y su perspectiva jurídica, no se ha seguido con todas las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que recoge la Constitución y las leyes. V.2. La demanda, según el petitorio, tiene por objetivo que la empresa cese el acto de hostilidad y le pague la remuneración que venía percibiendo, manteniendo la categoría que ostentaba, antes de la vulneración de sus derechos. V.3. El artículo 30 del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece los actos de hostilidad equiparables al despido: “b) La reducción inmotivada de la remuneración o la categoría; (…)”. V.4. En ese sentido, el trabajador al celebrar el contrato de trabajo y ser promovido a diversas áreas tiene la certeza de prestar servicios relacionados a su categoría profesional y, como consecuencia de ello, la prestación de servicios le deberá permitir desarrollar aún más sus aptitudes profesionales y no como el caso en comento, donde se ha alterado su categoría con una reducción de su categoría profesional, calificada como un acto de hostilidad equiparable a un despido arbitrario. V.5. La sentencia de vista incurre en infracción al deber de motivación y por tanto corresponde a la respectiva Sala de la Corte Suprema, resolver el conflicto sin devolverle proceso a la instancia inferior. V.6. En el caso concreto, el Juzgado y la recurrida, según nuestro criterio, no han realizado una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso. Las resoluciones emitidas carecen de motivación suficiente, no solo vulneran las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. El deber de la debida motivación, conforme lo señala el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 4 de la sentencia N° 00966-2007-AA/TC:”no garantiza una determinada extensión de motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una motivación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada (…). V.7. La sentencia impugnada incurre en vicio de incongruencia y falta de claridad en su desarrollo argumental declara infundada la demanda. V.8. De este modo se ha vulnerado el principio de motivación, porque no se ha justificado cuál es el método o principio de interpretación que se ha empleado para interpretar la frase de “acuerdo a ley”, además la Sala Superior como órgano supervisor, no da respuesta puntual al agravio en comento. V.9. En ese sentido, habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en falta de motivación, corresponde a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, estar a lo previsto en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 29497 y resolver el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior. POR TANTO: A usted, señor Presidente solicito proveer el presente escrito conforme a lo solicitado. OTROSÍ DIGO: De conformidad con el Art. 367 del Código Procesal Civil, aplicado en forma supletoria al caso de autos, señalamos domicilio procesal el ubicado en XXX, lugar donde se servirán notificarnos las resoluciones que se expidan. ANEXO: Se adjunta los recibos de arancel judicial por recurso de casación y derecho de notificación. Lima, XXX de XXX de XXX. ____________________________

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FIRMA Y POSFIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DE LA DEMANDANTE

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

2.

EJEMPLOS DE ACTAS DE REGISTRO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y ACTAS DE REGISTRO DE AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO

Siempre con el ánimo de difundir la NLPT hemos conseguido algunos ejemplos de actas de registro de audiencias de conciliación y audiencias de juzgamiento, las cuales se vienen levantando en los juzgados del país que han sido seleccionados para implementar la Ley N° 29497. 2.1. ACTAS DE REGISTRO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN La audiencia de conciliación se lleva a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado en la fecha y hora indicadas en la resolución de notificación, registrando la diligencia en un Acta, aparte del registro en audio y video. El acta tiene una forma y redacción casi uniforme en todos los juzgados, variando ligeramente según el estilo del juez y el asistente de audiencias de cada juzgado. Tiene tres partes: 2.1.1. Introducción: Contiene las menciones de hora, fecha, número de la sala de audiencias, número del juzgado especializado, nombre y número de la calle, nombre del juez, tipo de demanda, precisando que el audio y video están registrando la audiencia (para mayor ilustración, ver los ejemplos que se presentan en las páginas siguientes). 2.1.2. Texto: Es la parte más extensa del acta, pues abarca la referencia a todo lo ocurrido en la audiencia, reproduciendo las intervenciones de mayor importancia de cada una de las partes procesales. En forma ordenada se consignan todos los puntos que se han tratado, a excepción del acto de conciliación entre las partes, que se realiza con audio y video apagados. Cada estación debe llevar su correspondiente título. Ejemplo: a) Acreditación de la presencia de los intervinientes: Demandante, abogado del demandante, demandado y abogado del demandado. b) Señalamiento de las reglas de conducta a cargo del juez: Tal como lo establece el artículo 11 de la NLPT, el juez indica a las partes intervinientes, entre otras, las reglas de conducta: Respeto al órgano jurisdiccional, que está prohibido agraviarse, así como abandonar la sala de audiencias sin causa justificada e invoca a las partes a apagar sus celulares y conciliar sus pretensiones, de conformidad con los artículos 12 y 43 de la NLPT. (Suspensión de la audiencia, con audio y video apagados, para que las partes intercambien puntos de vista tendientes a arribar a una 174

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conciliación. El resultado puede ser: Conciliación total, conciliación parcial o no conciliación). c) Resultado de la Conciliación: Terminado el tiempo de suspensión de la audiencia, las partes comunican al juez el resultado. Si la conciliación fue total o parcial se indica en qué términos; y si no arribaron a conciliación también se hace de conocimiento del juez sin mayores explicaciones. d) Expedición de Resolución: Oído el acuerdo conciliatorio arribado por las partes o la negativa a conciliar, el juez emite Resolución; en el primer caso, aprobando la conciliación, dando por terminado el proceso; y en el segundo caso, precisando las pretensiones que son materia del proceso. e) Requerimiento de la Contestación de la Demanda: Si no hubo acuerdo conciliatorio total, el juez requiere a la parte demandada la presentación del escrito de contestación de la demanda y sus anexos, corriendo traslado de esta al demandante. f) Citación a las partes a la audiencia de juzgamiento: Si no hubo acuerdo conciliatorio total, el juez cita a las partes a la Audiencia de Juzgamiento, indicando el número de la sala de audiencias donde se llevará a cabo, la fecha y la hora. 2.1.3. Cierre: Es la parte final del acta, por lo general son dos renglones que varían su redacción, según se concilie o no. Se indica la hora de finalización, mencionando que las partes quedan notificadas en este acto. 2.2. ACTAS DE REGISTRO DE AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO La audiencia de juzgamiento se lleva a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado en la fecha y hora indicadas en la resolución expedida en la Audiencia de Conciliación fracasada, registrando la diligencia en un Acta, aparte del registro en audio y video. El acta, es similar al de conciliación, tiene una forma y redacción casi uniforme en todos los juzgados, variando ligeramente según el estilo del juez y el asistente de audiencias de cada juzgado. Tiene tres partes: 1.

Introducción: Contiene las menciones de hora, fecha, número de la sala de audiencias, número del juzgado especializado, nombre y número de la calle, nombre del juez, tipo de demanda, precisando que el audio y video están registrando la audiencia (para mayor ilustración, ver los ejemplos que se presentan en las páginas siguientes).

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

2.

Texto: Es la parte más extensa del acta, pues abarca la referencia a todo lo ocurrido en la audiencia, reproduciendo las intervenciones de mayor importancia de cada una de las partes procesales. En forma ordenada y debidamente numerados se consignan todos los puntos que se han tratado, Cada estación debe llevar su correspondiente título. Ejemplo. a) Acreditación de la presencia de los intervinientes. Demandante, abogado del demandante, demandada y abogado del demandado. b) Etapa de confrontación de posiciones. El juez concede un lapso de cinco minutos a cada parte para que sustenten oralmente los fundamentos de hecho de sus pretensiones, quedando registradas en audio y video. c)

Etapa de actuación probatoria. El juez enuncia los hechos que no necesitan actuación probatoria y seguidamente aquellos sujetos a actuación probatoria. Seguidamente enuncia las pruebas admitidas, primeramente del demandante y luego de la demandada; preguntando a las partes si se encuentran conformes o plantean cuestiones probatorias (tachas y oposiciones), de ser así, se dejará constancia de estas. El juez resuelve en la audiencia las cuestiones probatorias. Los medios probatorios documentales son de actuación inmediata y si hubiera pruebas exhibicionales se realizan en el mismo acto.

d) Alegatos finales o de clausura. En este acto, el juez concede diez minutos a ambas partes para sus alegatos finales. e)

3.

176

Sentencia. El juez después de dar por cerrado el debate suspende la audiencia por el lapso de una hora, luego de lo cual reinicia la audiencia procediendo ha hacer conocer a las partes el fallo de la sentencia.

Cierre. Es la parte final del acta, por lo general son dos renglones que varían su redacción. Se indica la hora de finalización, mencionando que las partes quedan notificadas en este acto, para concurrir al local del Juzgado a efectos de recibir la sentencia en la fecha que también ahí se señala.

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2.3. EJEMPLO DE ACTA DE CONCILIACIÓN TOTAL EXP. N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: XXX : Dr. XXX : Srta.XXX : Sr. XXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN En la ciudad de XXX, siendo las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de octubre del dos mil diez, presentes en la Sala de Audiencias N° 5 del Primer Juzgado Especializado Laboral de la Corte Superior de Justicia de XXX con sede en la Calle XXX, ante el señor Juez Dr. XXX, en la demanda interpuesta por XXX contra XXX, sobre Indemnización por despido arbitrario, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia, precisándose que el audio y video están registrando la audiencia. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: a)

DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con domicilio real en Calle XXX,distrito XXXX, Provincia de XXX..

b)

ABOGADO DEL DEMANDANTE: Dr. XXX, con Registro CALL N° XXX, con domicilio procesal en Calle XXX N° XXX de XXX; señalando como casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

c)

DEMANDADO: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, domicilio legal en Calle XXX N° XXX, distrito XXX, provincia XXX.

d)

ABOGADO DEL DEMANDADO: Dr. XXX, con Registro CALL N° XXX, con domicilio procesal en calle XXX de esta ciudad; señalando como casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

En este acto, el Sr. juez señala las reglas de conducta a seguir durante la presente audiencia, tal como lo establece la Ley Procesal del Trabajo; indicando a las partes intervinientes, entre otras reglas de conducta que deben respeto al órgano jurisdiccional, que está prohibido agraviarse, así como también, abandonar la sala de audiencias sin causa justificada e invoca a las partes a apagar sus celulares y conciliar sus pretensiones, de conformidad con el Artículo 12 y 43 de la Ley 29497. El demandado realiza una propuesta de conciliación, la que es aceptada por el demandante y arriban a un ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL, en los siguientes términos: PRIMERA: EL DEMANDADO XXX, ofrece a la demandante la suma neta de S/. XXX, con el fin de dar por finalizada la presente pretensión. SEGUNDA. Previo a la aproximación de las posiciones iniciales de LAS PARTES, estas se encuentran conforme que la fecha de ingreso de la demandante ha sido el XXX, y como fecha de cese, el día XXX, teniendo como última Remuneración ordinaria mensual, la suma de S/. XXX; y como indemnización la suma de XXX nuevos soles, suma a pagar que comprende el derecho pretendido, tal como: Indemnización por Despido Arbitrario TERCERA: LAS PARTES reconocen expresamente que no existe ningún pago pendiente por concepto de Indemnización por Despido Arbitrario, así como, como intereses legales y costos del presente proceso. CUARTA: Las partes acuerdan que el monto de S/. XXX; será cancelada, el día XXX; a través de depósito judicial al nombre del Juzgado. En este acto y ante la conformidad de ambas partes, el Juez, procede a emitir la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° DOS: Oído el acuerdo conciliatorio arribado por las partes y considerando: PRIMERO: Que, todo acuerdo conciliatorio esta fundamentado en la libre voluntad de las partes quienes desean dar solución a sus conflictos por decisión propia. SEGUNDO: Que conforme al tercer párrafo del

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art. 30 de la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del trabajo, para que un acuerdo conciliatorio ponga fin al proceso debe ser sometido dicho acuerdo al test de disponibilidad o de irrenunciabilidad, que revisados los actuados y escuchadas la partes con su acuerdo conciliatorio y por lo pretendido y conciliado este se trata de un derecho disponible y que por el propio reconocimiento de las partes se está dando cumplimiento conforme a ley, más aun participan en dicha conciliación el titular del derecho y su abogado patrocinador que da visto de legalidad al acuerdo conciliatorio arribado; por estos fundamentos y artículos señalados oralmente se debe proceder a su aprobación y cumplido este disponer el archivamiento en el modo y forma de ley; SE RESUELVE. APROBAR el acuerdo conciliatorio arribado entre las partes por la suma de S/. XXX, el cual deberá ser cancelado conforme a la cláusula cuarta del presente acuerdo conciliatorio, cumplido ARCHÍVESE en modo y forma de ley. Se da por finalizada la audiencia de conciliación, quedando las partes notificadas en este acto, siendo las 12.00 horas de la fecha.

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2.4. EJEMPLO DE ACTA DONDE NO SE ARRIBA A CONCILIACIÓN EXP. N° : XXX JUEZ : Dr. XXX ASISTENTE DE CAUSAS : Sr. XXX ASISTENTE DE AUDIENCIAS: Srta. XXX ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN En la ciudad de XXX, siendo las XXX horas del día XXX de XXX del dos mil diez, presentes en la Sala de Audiencias N° 1 del XXX Juzgado Especializado Laboral de la Corte Superior de Justicia de XXX con sede en la Av. XXX, ante el señor Juez Dr. XXX, en la demanda interpuesta por XXX contra XXX, sobre PAGO Y REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: a)

DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con domicilio real en calle XXX de XXX.

b)

ABOGADO DEL DEMANDANTE: Dr. XXX, con Registro CAL N° XXX, con domicilio procesal en Jr. XXX de XXX esta ciudad y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

c)

DEMANDADO: Empresa XXX, debidamente representada por su apoderado DR. XXX, con domicilio real y procesal en la calle XXX de esta ciudad y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

d)

ABOGADO DEL DEMANDADO: Dr. XXX, con Registro CALL N° XXX, con domicilio procesal en calle XXX de esta ciudad; señalando como casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

En este acto, el Sr. Juez señala las reglas de conducta a seguir durante la presente audiencia, las cuales quedan registradas en audio y video, así mismo, invita a las partes a conciliar sus pretensiones, de conformidad con los artículos 12 y 43 de la Ley Nº 29497; NO ARRIBANDO A ACUERDO CONCILIATORIO ALGUNO, manteniéndose en sus posiciones. Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 43 inc. 3 de la Ley 29497, el juez procede a precisar las pretensiones que son materia de juicio, siendo las que a continuación se detallan: Pago de compensación por tiempo de servicios. Pago de vacaciones anuales y vacaciones truncas. Reintegro de horas extras. Reintegro de asignación familiar. Pago de utilidades. Se requiere a la parte demandada la presentación del escrito de contestación de demanda y sus anexos, entregando en este acto una copia del escrito al demandante. En este acto, se da por finalizada la audiencia de conciliación, citando a las partes a que concurran al local de Juzgado el día dieciséis de noviembre del año en curso, a horas nueve de la mañana, en la sala de audiencias numero tres, para los efectos de llevarse a cabo la audiencia de juzgamiento, quedando las partes notificadas en este acto, siendo las 10:38 horas de la fecha.

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2.5. EJEMPLO DE ACTA DE CONCILIACIÓN PARCIAL EXP. N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: XXX : Dr. XXX : Sr. XXX : Srta. XXXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN En la ciudad de XXX, siendo las nueve horas con treinta minutos del día quince de octubre del dos mil diez, presentes en la Sala de Audiencias número dos del Juzgado Especializado Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de XXX con sede en la Av. XXX de esta ciudad, ante el señor Juez Dr. XXX, en la demanda interpuesta por XXX contra la Empresa XXX, sobre Indemnización por despido arbitrario y otros, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: a) DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX.. b)

ABOGADO DEL DEMANDANTE: Dr. XXX, con Registro CAL N° XXX, con domicilio procesal en Jr. XXX N° XXX de esta ciudad y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

c)

DEMANDADA: XXX, debidamente representada por XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, y con Registro CAL N° XXX y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX..

En este acto, el Sr. Juez señala las reglas de conducta a seguir durante la presente audiencia, las cuales quedan registradas en audio y video, así mismo, invita a las partes a conciliar sus pretensiones, de conformidad con los artículos 12 y 43 de la Ley Nº 29497; arribando a un ACUERDO CONCILIATORIO PARCIAL, en los siguientes términos: 1. Luego de verificados los importes se ha conciliado el extremo de la compensación por tiempo de servicios, el concepto de gratificaciones y el concepto de vacaciones truncas, además de la entrega del certificado de trabajo, subsistiendo el conflicto en cuanto a los extremos de la indemnización por despido arbitrario y la indemnización por no descansar las vacaciones del 2007 - 2008. 2.

La parte demandada se compromete y entrega en este acto el cheque a cargo del banco XXX N° XXX, de fecha XXX por la suma de S/. XXX nuevos soles y a orden del actor, así mismo, entrega la constancia de trabajo debidamente expedida.

3.

El demandante se compromete a firmar la orden de pago y liquidación de beneficios sociales, así mismo, el señor juez ordena que corra a autos copia certificada de estos documentos.

En este acto y ante la conformidad de ambas partes, el juez, procede a emitir la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° DOS: AUTO Y VISTOS; y considerando que en el acuerdo conciliatorio no se advierte la vulneración de derechos irrenunciables así mismo, se verifica la aprobación del test de disponibilidad. Por lo expuesto; SE RESUELVE APROBAR la conciliación en los términos acordados. Al haberse solucionado parcialmente el conflicto, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 inc. 3 de la Ley Nº 29497, el Juez procede a precisar las pretensiones que son materia de juicio, siendo las que a continuación se detallan: 1. Indemnización por despido arbitrario. 2. Indemnización por vacaciones no gozadas del 2007-2008. Se requiere a la parte demandada la presentación del escrito de contestación de demanda y sus anexos, la cual es entregada al Juez en este acto, corriéndose traslado de esta al demandante. En este acto se cita a las partes a que concurran a la Sala de Audiencias Número XXX del Juzgado, el día VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE del año en curso, a las horas siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana, para los efectos de llevarse a cabo la audiencia de juzgamiento, quedando la parte demandante notificada en este acto; con lo que se da por finalizada la audiencia de conciliación, siendo las 10:38 horas de la fecha.

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2.6. EJEMPLO DE ACTA DE CONCILIACIÓN TOTAL EXP. N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: XXX : Dr. XXX : Sr. XXX : Srta. XXX

ACTA DE REGISTRO DE CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN En la ciudad de XXX, a los XXX días del mes de XXX del dos mil diez, siendo las doce del mediodía, presentes en la Sala de Audiencias N° 3 del XXX Juzgado Especializado Laboral de la Corte Superior de Justicia de XXX con sede en XXX, ante el señor Juez Dr. XXX, en la demanda interpuesta por XXX contra la Empresa XXX, sobre cese de hostilidad, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta continuación audiencia de conciliación: ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: a)

DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con domicilio real en la calle XXX N° XXX de esta ciudad.

b)

ABOGADO DEL DEMANDANTE: Dr. XXX, con Registro CALL N° 073, con domicilio procesal en el jirón XXX N° XXX y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

c)

DEMANDADA: XXX, debidamente representada por XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX.

d)

ABOGADO DE LA DEMANDADA: Dr. XXX, con Registro CAL N° XXX y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

En este acto, el Sr. juez señala las reglas de conducta a seguir durante la presente audiencia, las cuales quedan registradas en audio y video, así mismo, invita a las partes a conciliar sus pretensiones, de conformidad con los artículos 12 y 43 de la Ley Nº 29497; arribando a un ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL, en los siguientes términos: 1.

El demandante acepta mantenerse en el cargo y función que viene desempeñando actualmente como recibidor pagador en la microagencia Serpost, con lo cual en este acto se desiste de la pretensión.

2.

La demandada acepta el desistimiento de la pretensión sin objeción alguna y manifiesta que acepta mantener en el cargo al actor de recibidor pagador de esta ciudad.

3.

Las partes aceptan totalmente la conciliación, la que se ejecuta el día de la fecha.

En este acto y ante la conformidad de ambas partes, el juez, procede a emitir la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° TRES AUTOS Y VISTOS, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, teniendo a la vista la firma y rubrica del accionante, que avala la petición de desistimiento de la pretensión y teniendo en cuenta además que no se han vulnerado derechos irrenunciables, resultando además ventajoso para el actor, el juzgado cree por conveniente APROBAR el Acta de Conciliación. Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 344 del Código procesal Civil, en vía supletoria a la Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497; SE RESUELVE: APROBAR LA CONCILIACIÓN arribada entre las partes, con efecto de cosa juzgada. Se da por finalizada la audiencia de conciliación, quedando las partes notificadas en este acto, siendo las XXX horas de la fecha.

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3.

EJEMPLOS DE ACTAS DE REGISTRO DE AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO 3.1. EJEMPLO DE ACTA DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DONDE SE DECLARA FUNDADA LA DEMANDA EXP. N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: XXX : XXX : XXX : XXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO En la ciudad de XXX, siendo las XXX horas con XXX minutos del día XXX del dos mil diez, presentes en la Sala de Audiencias N° 3 del XXX Juzgado Especializado Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de XXX con sede en XXX, ante el señor Juez Dr. XXX, en la demanda interpuesta por DON XXX contra XXX, sobre PAGO DE SOBRETIEMPO, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: a)

DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX; con Registro XXX, con domicilio procesal en XXX y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

b)

DEMANDADA: EMPRESA XXX; debidamente representada por su apoderado XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con Registro CAL N° XXX, con domicilio procesal en XXX de esta ciudad y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX.

En este acto, el juez señala las reglas de conducta a seguir durante la presente audiencia, las cuales quedan registradas en audio y video. I.-

ETAPA DE CONFRONTACIÓN DE POSICIONES: El Juez concede un lapso de cinco minutos a cada parte:

a)

Abogado de la parte demandante: La exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que la sustentan quedan registradas en audio y video.

b)

Abogado de la parte demandada: la exposición oral de los hechos que contradicen la demanda, queda registrada en audio y video.

En este acto y por las razones que constan en audio y video, el Juez procede a declarar saneado el proceso. II.- ETAPA DE ACTUACIÓN PROBATORIA El Juez enuncia los hechos que no necesitan actuación probatoria, siendo los que a continuación se detallan: 1.

La fecha de ingreso y cese de la relación laboral.

2.

La remuneración.

El Juez enuncia los hechos sujetos a actuación probatoria: 1.

Si el prestador de servicios ha sido un trabajador de confianza y si este ha sido o no controlado, es decir sujeto a supervisión de su jornada.

2.

La jornada y horario de trabajo.

3.

Determinar si ha existido o no horas extras de lunes a viernes y los días sábados por tener el trabajador una jornada convencional, de lunes a viernes.

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El juez enuncia las pruebas admitidas; siendo las que a continuación se detallan: Por parte del demandante: Documentales: 1. Boleta de pago de junio de 2010 2. Copias de tarjetas de asistencia diaria. 3. Contrato de trabajo sujeto a modalidad 4. Informe N° XXX Exhibicional: 1.

De planillas manuales y electrónicas, y/o reporte computarizado refrendado por el responsable del departamento de personal de la demandada, así como que esta obre en CD.

2.

De las originales de las tarjetas de asistencia diaria por todo el record laboral demandado.

Por parte de la demandada: Documentales: 1. Resolución Directoral N° XXX. 2. Carta N° XXX. 3. Carta de formalización de cargos y respuesta del demandado sobre el control de asistencia y salida del trabajo. 4. Contrato de trabajo presentado por el demandante 5. Boleta presentada por el demandante. El magistrado pregunta a las partes si se encuentran conformes con las pruebas admitidas, a lo que la parte demandante ofrece nuevos medios probatorios y por las razones expuestas en audio y video, el juez admite los medios probatorios que se señalan a continuación: Memorando N° XXX de la empresa, Carta N° XXX de la empresa, así como, copia certificada de la contestación de demanda correspondiente al Exp. XXX, seguido con la prestadora doña XXX, contra la empresa sobre beneficios sociales, de fecha XXX y copias certificadas de tarjetas de registro y control de asistencia de la trabajadora mencionada. Se corre traslado a la parte demanda de los medios probatorios presentados. La parte demandante se encuentra conforme con los medios probatorios admitidos. La parte demandada interpone tacha contra el informe N° XXX de la empresa, indicando la falsedad de este, por los fundamentos que constan en audio y video. Se otorga el tiempo de tres minutos a la parte demandante, para que cumpla con absolver la tacha interpuesta, fundamentos que constan en audio y video. En este acto, el juez admite los medios probatorios alcanzados por las partes: Informe N° XXX de la empresa, Carta N° XXX de la empresa, Carta N° XXX de la empresa, indicando que será materia de pronunciamiento en la etapa correspondiente. El juez no toma juramento conjunto a todos los que participan en esta etapa, por no existir declaraciones de parte ni de testigos. ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: La actuación de medios probatorios documentales, son de actuación inmediata, por lo que no se actúan en este momento, incluyendo las documentales de la cuestión probatoria formulada. Exhibicional: 1.

De planillas manuales y electrónicas, se tienen por no exhibidas y se merituará la conducta de la demandada al momento de emitir el fallo y posteriormente en la sentencia.

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2.

De las originales de las tarjetas de asistencia diaria, se tiene por no exhibidas y se merituará la conducta de la demandada al momento de emitir el fallo.

III.- ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA En este acto el juez, concede diez minutos a ambas partes para sus alegatos finales: Alegatos del señor(a) ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE, su exposición queda registrada en audio y video. Alegatos del señor(a) ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA, su exposición queda registrada en audio y video. IV.- SENTENCIA En este estado el señor juez da por cerrado el debate, suspendiendo la presente sesión de audiencia por un lapso de una hora, luego de lo cual se reinicia la audiencia, procediendo el Sr. juez a hacer conocer a las partes el fallo de su sentencia: FALLO: IMPROCEDENTE LA TACHA INTERPUESTA por la empresa demandada, contra el Informe N° XXX de la empresa de fjs. 25 a 30; FUNDADA LA DEMANDA interpuesta por XXX contra la empresa, en el extremo de reintegro de sobretiempo, reintegro de compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones; en cuanto a los honorarios, se establecerá en la sentencia los montos que le correspondería de acuerdo a lo que se tenga presente en el caso en concreto, más los intereses legales que serán determinados en ejecución de sentencia. En este acto el Sr. juez cita a las partes a que concurran al local de Juzgado el día VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, a horas DOS DE LA TARDE, para efectos de la notificación de la Sentencia.Finalizó: XXX horas.

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3.2. EJEMPLO DE ACTA DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DONDE SE RESERVA EL FALLO Y LA SENTENCIA EXP. N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: XXX : XXX : XXX : XXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO Trujillo, 17 de enero de 2011 I.

INICIO: 11:00 AM

II.

INTRODUCCIÓN: Presentes en la Sala de Audiencias N° XXX del XXX Juzgado Especializado Laboral Permanente de la Corte Superior de XXX con sede en la calle XXX, ante el señor Juez Dr. XXX, asistido por el Secretario XXX, en la demanda interpuesta por don XXX contra sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTRO, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia.

III. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: DEMANDANTE: XXX DNI N° XXX Domicilio Real: XXX ABOGADO DEL DEMANDANTE: XXX Domicilio Procesal: XXX Casilla electrónica de notificaciones N° XXX DEMANDADA: XXX, debidamente representada por su apoderado judicial y abogado don XXX DNI N° XXX CAL N°: XXX Domicilio Legal: Calle XXX Domicilio procesal: XXX Casilla electrónica de notificaciones N° XXX IV.

ETAPA DE CONFRONTACIÓN DE POSICIONES

a)

Abogado de la parte demandante: La exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que la sustentan quedan registradas en audio y video.

b)

Abogado de la parte demandada: La exposición oral de los hechos que contradicen la demanda, queda registrada en audio y video.

V.

ETAPA DE ACTUACIÓN PROBATORIA Hechos que no necesitan actuación probatoria: La fecha de cese. El cargo realizado por la demandante de asistente administrativo. Medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o irrelevantes para la causa: Exp. Administrativo N° XXX Hechos sujetos a actuación probatoria: Determinar si ha mantenido relación laboral desde el inicio de la prestación de servicios hasta su cese.

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Determinar la fecha de ingreso. Los hechos que sustentan el lucro cesante, daño emergente y el daño moral. PRUEBAS ADMITIDAS: POR PARTE DEL DEMANDANTE: Documentales: Constancia de actuación inspectiva. Liquidación de beneficios sociales de fecha XXX. Renuncia laboral. Contrato de trabajo sujeto a modalidad de fecha XXX. Contratos y adendas de prestación de servicios personales 01.08.2008 hasta el 31.07.2010, así como adendas sobre la remuneración. Exhibicional: De planillas y duplicados de boletas de pago de la demandante. De la liquidación de CTS y de los depósitos de CTS. POR PARTE DE LA DEMANDADA: Documentales: Los mismos contratos admitidos a la parte demandante. Contrato de trabajo sujeto a modalidad de fecha XXX. Boleta de pago correspondiente al mes de junio de XXX. Copia de planilla electrónica de la demandante al mes de XXX del XXX. Observaciones de las partes: Ninguna. El juez toma juramento conjunto a todos los que participan en esta etapa, conforme queda registrado en audio y video. ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE: Exhibicional: De planillas y duplicados de boletas de pago: La parte demandada presenta planillas del mes de XXX y XXX del 2010; lo que queda registrado en audio y video, dándose por exhibida en parte. De la liquidación de CTS y de los depósitos de CTS: La exhibicional de la liquidación de CTS se da por cumplida la con la propia liquidación presentada por la parte demandante, así mismo, respecto a los depósitos no se da por cumplida la exhibicional por haberse realizado a través de pago directo. Juez: Realiza preguntas a la parte demandada y demandante, las cuales quedan registradas en audio y video. VI.- ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA a)

Alegatos del ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE, su exposición queda registrada en audio y video.

b)

Alegatos del ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA, su exposición queda registrada en audio y video.

VII.- SENTENCIA: FALLO: Por las razones expuestas en audio y video el Juez resuelve reservar el fallo. Se cita a las partes a que concurran al local de Juzgado el día XXX, a horas XXX, para efectos de la notificación de la Sentencia. Finalizó: XXX horas.

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3.3. EJEMPLO DE ACTA DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DONDE SE RESERVA EL FALLO Y LA SENTENCIA EXP. N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: XXX : XXX : XXX : XXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: En la ciudad de XXX, siendo las XXX horas del día treinta de diciembre del dos mil diez, presentes en la Sala de Audiencias N° XXX del XXX Juzgado Especializado Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de XXX, ante el señor Juez Dr. XXX, en la demanda interpuesta por XXX contra XXX, sobre INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con domicilio real en XXX. ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE: XXX, con Registro CAL N° XXX, con domicilio procesal en XXX de esta ciudad y casilla electrónica de notificaciones N° XXX. DEMANDADA: Debidamente representado por su apoderado judicial y abogado Dr. XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con Registro CALL N° XXX, con domicilio procesal en XXX de esta ciudad y casilla electrónica de notificaciones N° XXX. En este acto, la parte demandada se apersona oralmente, indicando que no trajo el escrito de apersonamiento, indicando que no presentará nuevas pruebas, procediendo el Juez, a emitir la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° CINCO Oído oralmente el apersonamiento del apoderado judicial XXX, en nombre del demandado XXX y considerando; PRIMERO: Que conforme al artículo 43.1 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, el rebelde se apersona al proceso en el estado en el que se encuentre sin posibilidad de renovar los actos previos; SEGUNDO: Que, siendo esto asÍ y acreditado debidamente el apoderado que concurre a la presente audiencia, habiendo acreditado su apersonamiento, se le debe tener por apersonado en el presente proceso; por estos fundamentos y artículos citados; SE RESUELVE: Tener por APERSONADO a don XXX en calidad de apoderado judicial de la demandada XXX, téngase presente su domicilio procesal en XXX y su casilla electrónica de notificaciones N° XXX, lugar en el que se le notificarán las resoluciones emitidas fuera de audiencia con arreglo a Ley. En este acto la parte demandante, a través de su abogado defensor interpone recurso de apelación contra la resolución número cinco, por lo que el señor juez le concede tres minutos para que fundamente su recurso en forma fáctica y jurídica, cumpliendo la parte demandante con fundamentarlo, conforme queda registrado en audio y video. RESOLUCIÓN N° SEIS Oída la interposición del recurso de apelación contra la resolución número cinco y sus fundamentos, conforme consta en audio y video; se debe CONCEDER RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución número cinco a la parte demandante sin efecto suspensivo y en la calidad de diferida. En este acto el juez, señala las reglas de conducta a seguir durante la presente audiencia, las cuales quedan registradas en audio y video. I.-

ETAPA DE CONFRONTACIÓN DE POSICIONES El juez concede un lapso de cinco minutos a cada parte:

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a)

Abogado de la parte demandante: La exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que la sustentan quedan registradas en audio y video.

b)

Abogado de la parte demandada: la exposición oral de los hechos que contradicen la demanda, queda registrada en audio y video.

II.- ETAPA DE ACTUACIÓN PROBATORIA El juez enuncia los hechos que no necesitan actuación probatoria, siendo los que a continuación se detallan: - La naturaleza de la prestación personal de servicios, la cual es de naturaleza laboral. - Fecha de ingreso y cese de la trabajadora. - No se debate la remuneración ordinaria mensual ni ningún concepto que la haya conformado. Pruebas dejadas de lado: En este acto el juez, señala que todas la pruebas son pertinentes. El juez enuncia los hechos sujetos a actuación probatoria: Se va a verificar si han existido los hechos que sustentan la supuesta falta grave, es decir, si la trabajadora inasistió más de tres días conforme a ley De ser así, determinar el monto indemnizatorio al que tuviera derecho la actora si se determina que la terminación de su contrato ha sido de manera unilateral y por tanto arbitraria. El Juez enuncia las pruebas admitidas; siendo las que a continuación se detallan: Por la parte demandante: Acta de verificación del expediente N° XXX, sobre actuación inspectiva. Boletas de pago, correspondientes a enero, febrero, marzo y mayo del XXX y diciembre XXX. Carta notarial de preaviso de despido de fecha XXX. Carta notarial de despido del XXX. Expediente Administrativo N° XXX, cuyas copias fedateadas obran materialmente en el expediente. Por la parte demandada: Habiendo estado en el estado de rebelde se tienen por no ofrecidas. El magistrado, pregunta a las partes si se encuentran conformes con las pruebas admitidas, a lo que las partes responden que se encuentran conformes. El juez toma juramento conjunto a todos los que participan en esta etapa, conforme queda registrado en audio y video. ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: El juez realiza algunas preguntas a la parte demandante y demandada, respecto a los medios probatorios documentales, las cuales quedan registradas en audio y video. III.- ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA En este acto el Juez, concede a ambas partes un tiempo prudencial para sus alegatos finales: Alegatos del señor(a) ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE, su exposición queda registrada en audio y video. Alegatos del señor(a) ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA, su exposición queda registrada en audio y video. IV.- SENTENCIA En este estado el señor juez da por cerrado el debate, y por las razones expuestas en audio y video señala que se va a reservar el fallo y la sentencia, la cual se notificará el día XXX, a horas XXX, con lo que se da por finalizada la presente audiencia.Finalizó: XXX horas.

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3.4. EJEMPLO DE ACTA DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DONDE SE DECLARA FUNDADA LA DEMANDA Y SE IMPUGNA ESTA EXP. N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: XXX : XXX : XXX : XXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO En la ciudad de XXX, siendo las XXX horas del día XXX, presentes en la Sala de Audiencias del XXX Juzgado Especializado Laboral Permanente de la Corte Superior de XXX con sede en la Av. XXX, ante el señor juez Dr. XXX, quien se avoca al conocimiento del presente proceso por Disposición Superior por licencia del Magistrado Titular; en la demanda interpuesta por don XXX contra la Empresa XXX, sobre Reintegro de Beneficios Sociales, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con domicilio real en calle XXX de XXX. ABOGADO DEL DEMANDANTE: Dr. XXX, con Registro CAL N° XXX, domicilio en calle XXX., con casilla electrónica de notificaciones N° XXX. DEMANDADA: EMPRESA XXX debidamente representada por su apoderado XXX con Registro CAL XXX, con domicilio procesal en calle XXX de esta ciudad y con casilla electrónica de notificaciones N° XXX. En este acto, el juez, señala las reglas de conducta a seguir durante la presente audiencia, las cuales quedan registradas en audio y video, así mismo, señala a las partes que aún pueden conciliar sus pretensiones, sin embargo, las partes manifiestan continuar con el proceso, tal como queda registrado en audio y video. I.-

ETAPA DE CONFRONTACIÓN DE POSICIONES El juez concede un lapso de cinco minutos a cada parte:

a)

Abogado de la parte demandante: La exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que la sustentan quedan registradas en audio y video.

b)

Abogado de la parte demandada: la exposición oral de los hechos que contradicen la demanda, queda registrada en audio y video.

II.- ETAPA DE ACTUACIÓN PROBATORIA El juez enuncia los hechos que no necesitan actuación probatoria, siendo los que a continuación se detallan: La fecha de ingreso. Remuneración percibida. El acuerdo en Sesión Extraordinaria N° 09 de fecha 25 de octubre de 1994, celebrado entre los representantes del Concejo de Administración de la Cooperativa XXX y los representantes de la Organización Sindical y Delegada de dicha empresa, respecto al otorgamiento del aumento como costo de vida S/. XXX en noviembre, 50.00 en mayo y 50.00 en junio). El acuerdo sobre sistema de pagos colaterales-bonificación excooperativa. El Juez enuncia los hechos sujetos a actuación probatoria: El pago por costo de vida, por lapso de abril 1996 (13 días) y de mayo de 1996 a agosto del 2003, teniendo en cuenta la fecha de ingreso del actor. El reintegro de bonificación pago excooperativa desde el mes de setiembre del 2003 hasta la fecha de ejecución de sentencia. El juez enuncia las pruebas admitidas; siendo las que a continuación se detallan: Por parte del demandante:

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Copia de boletas de pago de mayo a octubre de 1998. Copia de boleta de pago de agosto del 2010. Copia del Acta de Sesión N° 05 de fecha 25 de octubre de 1994, celebrado entre los representantes del Consejo de Administración de la Ex Cooperativa XXX y los representantes de la Organización Sindical y Delegados de esta. Copia de Convenio Colectivo de fecha 27 de agosto del 2003, celebrado entre la Empresa XXX y el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa XXX. Copia de Sentencia expedida por la Sala Laboral en el Exp. N° XXX. Exhibicional que deberá efectuar la demandada de los libros de planillas y duplicados de boletas de pago desde el XXX hasta el XXX. Por parte de la demandada: Acta de Sesión Extraordinaria N° XXX. Memorando N° XXX de fecha XXX. El magistrado, pregunta a las partes si se encuentran conformes con las pruebas admitidas, a lo que las partes responden que si. El juez no toma juramento conjunto a todos los que participan en esta etapa, por no existir declaraciones de parte ni de testigos. ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: La actuación de medios probatorios documentales, son de actuación inmediata, por lo que no se actúan en este momento. En cuanto a la exhibicional de libros de planillas y duplicados de boletas de pago desde el XXX hasta el XXX, el Juzgado considera innecesaria su exhibición teniendo en cuenta que la litis versa respecto a dilucidar si corresponde ordenar o no el otorgamiento de un beneficio proveniente de un acuerdo colectivo, los cuales se encuentran incorporados al proceso. III.- ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA: En este acto el juez, concede diez minutos a ambas partes para sus alegatos finales: Alegatos del señor(a) ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE, su exposición queda registrada en audio y video. Alegatos del señor(a) ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA, su exposición queda registrada en audio y video. IV.- SENTENCIA: En este estado el señor juez da por cerrado el debate, suspendiendo la presente sesión de audiencia por un lapso de 60 minutos, luego de lo cual se reinicia la audiencia, procediendo el Sr. juez a hacer conocer a las partes el fallo de su sentencia: FUNDADA LA DEMANDA interpuesta por XXX contra la EMPRESA XXX, sobre pago de conceptos remunerativos-pago por costo de vida desde el XXX hasta el XXX en la suma de S/. XXX y en cuanto al reintegro de bonificación por pago ex cooperativa desde el mes de septiembre del 2003 hasta la fecha de expedición de la sentencia en el monto de S/. XXX nuevos soles, más los intereses legales que serán determinados en ejecución de sentencia. En este acto el Sr. juez cita a las partes a que concurran al local de Juzgado el día XXX, a horas XXX, para efectos de la notificación de la Sentencia.Finalizó: XXX horas. V.- IMPUGNACIÓN: El abogado de la parte demandante refiere: Estar conforme. El abogado de la parte demandada: Interpone recurso de apelación. El señor juez, tiene por interpuesto el recurso de apelación formulado quedando notificado el apelante a partir de la fecha, para efectos de la fundamentación correspondiente.

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TERCERA PARTE COMPARACIÓN ENTRE LA LEY N° 26636 (LPT) Y LA LEY N° 29497 (NLPT)

COMPARACIÓN ENTRE LA LEY N° 26636 (LPT) Y LA LEY N° 29497 (NLPT)(86) Una forma de conocer más las innovaciones de la nueva ley es haciendo una comparación entre la Ley N° 26636 (LPT) y la Ley N° 29497 (NLPT), y ver cuáles son las semejanzas y diferencias. Para ese objeto, se han transcrito los artículos de la NLPT y a continuación de cada uno se incluye el texto del artículo respectivo de la LPT, enmarcado en un recuadro. Veamos esa comparación.

(86) Elaborado con la colaboración de Dante Herrera Godenzi.

LEY Nº 29497 NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO TÍTULO PRELIMINAR ARTÍCULO I.- Principios del proceso laboral El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. ARTÍCULO II.- Ámbito de la justicia laboral Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. ARTÍCULO III.- Fundamentos del proceso laboral En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad. Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y terceros.

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El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). ARTÍCULO IV.- Interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. LEY Nº 26636 TÍTULO PRELIMINAR Artículo I.- El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, concentración, celeridad y veracidad. Las audiencias y actuación de los medios probatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El juez podrá reducir su número sin afectar la obligatoriedad de los actos que aseguren el debido proceso. El juez dirige e impulsa el proceso para lograr una pronta y eficaz solución de las controversias que conoce. Artículo II.- El juez, en caso de duda insalvable sobre los diversos sentidos de una norma o cuando existan varias normas aplicables a un caso concreto, deberá interpretar o aplicar la norma que favorezca al trabajador. Artículo III.- El juez debe velar por el respeto del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I COMPETENCIA Artículo 1.- Competencia por materia de los juzgados de paz letrados laborales Los juzgados de paz letrados laborales conocen de los siguientes procesos:

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1.

En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.

2.

Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador, en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía.

3.

Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía. LEY Nº 26636 TÍTULO II COMPETENCIA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.- FORMAS DE DETERMINACION DE LA COMPETENCIA.- La competencia se determina por razón de territorio, materia, función y cuantía. (En esta LPT no habían Juzgados de Paz Letrado Laborales)

Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: 1.

En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las pretensiones relacionadas a los siguientes: a)

El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación

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personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. c)

Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral.

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia. e)

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

f)

La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.

g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluida su disolución. h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. i)

El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.

j)

El Sistema Privado de Pensiones.

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y l)

Aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

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2.

En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal única.

3.

En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical.

4.

En proceso contencioso-administrativo conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público; así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.

5.

Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

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LEY Nº 26636 Artículo 4.- COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA.- La competencia por razón de la materia se regula por la naturaleza de la pretensión y en especial por las siguientes normas: (...) 2.

Los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales o colectivas por conflictos jurídicos sobre: a. Impugnación del despido. b. Cese de actos de hostilidad del empleador. c. Incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza. d. Pago de remuneraciones y beneficios económicos, siempre que excedan de diez (10) URP. e. Ejecución de resoluciones administrativas, sentencias emitidas por las Salas Laborales, laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos jurídicos o títulos de otra índole que la Ley señale. f.

Actuación de prueba anticipada sobre derechos de carácter laboral.

g. Impugnación de actas de conciliación celebradas ante las autoridades administrativas de trabajo, reglamentos internos de trabajo, estatutos sindicales. h

Entrega, cancelación o redención de certificados, pólizas, acciones y demás documentos que contengan derechos o beneficios laborales.

i.

Conflictos intra e intersindicales.

j.

Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause perjuicio económico al empleador, incumplimiento del contrato y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza por parte de los trabajadores.

K Materia relativa al sistema privado de pensiones. l. 3.

Las demás que no sean de competencia de los Juzgados de Paz Letrados y los que la Ley señale.

Los Juzgados de Paz Letrados conocen las pretensiones individuales sobre: a. Pago de remuneraciones, compensaciones y derechos similares que sean de obligación del empleador ytengan expresión monetaria líquida hasta un máximo de diez (10) URP. b. Impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el empleador durante la vigencia de la relación laboral. c

Reconocimiento de los derechos comprendidos en el régimen de trabajo del hogar, cualquiera que fuere su cuantía.

d. Materia relativa al Sistema Privado de Pensiones, incluida la cobranza de aportes previsionales retenidos por el empleador. e. Las demás que la Ley señale. (Ahora existen Juzgado de Paz Letrado Laborales, del Art. 1 de la presente Ley)

Artículo 3.- Competencia por materia de las salas laborales superiores Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes: 1.

Proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado conforme a la ley que regula los procesos constitucionales.

2.

Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral, a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje. 199

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3.

Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva, a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente Ley.

4.

Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

5.

Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley.

6.

Las demás que señale la ley. LEY Nº 26636

Artículo 4.- COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA.- La competencia por razón de la materia se regula por la naturaleza de la pretensión y en especial por las siguientes normas: 1.

Las Salas Laborales de la Corte Superior conocen de las pretensiones en materia de:

a.

Acción popular en materia laboral.

b.

Impugnación de laudos arbitrales emanados de una negociación colectiva.

c.

Acción contencioso administrativa en materia laboral y seguridad social.

d.

Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

e.

Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley.

f.

Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelación.

g.

La homologación de conciliaciones privadas.

h.

Las demás que señale la Ley.

(Ahora existen Juzgado de Paz Letrado Laborales, del Art. 1 de la presente Ley)

Artículo 4.- Competencia por función 4.1 La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República es competente para conocer de los siguientes recursos: a)

Del recurso de casación;

b) Del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia; y c)

del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

4.2 Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para conocer de los siguientes recursos:

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a)

Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales; y

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. 4.3 Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer de los siguientes recursos: a)

Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrados en materia laboral; y

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. LEY Nº 26636 Artículo 5.- COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUNCIÓN.- Son competentes para conocer por razón de la función: 1.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema:

a.

Del recurso de casación en materia laboral.

b

Del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las Salas Laborales en primera instancia.

c.

De los conflictos de competencia entre juzgados laborales de distinto distrito judicial.

2.

Las Salas Laborales o mixtas de las Cortes Superiores, del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los Juzgados de Trabajo.

3.

Los Juzgados Especializados de Trabajo, del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los Juzgados de Paz Letrados en materia laboral.

Artículo 5.- Determinación de la cuantía La cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Los intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se consideran en la determinación de la cuantía. LEY Nº 26636 Artículo 6.- COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA.- La competencia por razón de cuantía se determina con sujeción a las siguientes reglas: 1.

El valor económico de la pretensión es el que resulta de la suma de todos los extremos que contenga la demanda, en la forma en que hayan sido liquidados por el demandante.

2.

El valor comprende solo la deuda principal de cada extremo, no así los intereses, costas, costos ni conceptos que se devenguen en el futuro.

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Artículo 6.- Competencia por territorio A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios. Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, solo es competente el juez del domicilio de este. En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo. La competencia por razón de territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios. LEY Nº 26636 Artículo 3.- COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- Por razón del territorio y a elección del demandante, es juez competente el del lugar donde se encuentra: 1.

El centro de trabajo en el que se haya desarrollado la relación laboral.

2.

El domicilio principal del empleador.

Artículo 7.- Regulación en caso de incompetencia 7.1 El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de la materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción. Sin perjuicio de ello el juez, en cualquier estado y grado del proceso, declara, de oficio, la nulidad de lo actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado. 7.2 Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón de territorio, el demandado puede optar, excluyentemente, por oponer la incompetencia como excepción o como contienda. La competencia de los jueces de paz letrados solo se cuestiona mediante excepción. 7.3 La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime la sala laboral de la corte superior correspondiente. Tratándose de juzgados de diferentes distritos judiciales, la dirime la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

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LEY Nº 26636 CAPÍTULO II CUESTIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA Artículo 7.- CUESTIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA.- La incompetencia por razón de materia, función o cuantía puede declararse de oficio. También puede deducirse como excepción por la parte demandada en la oportunidad debida.

CAPÍTULO II COMPARECENCIA Artículo 8.- Reglas especiales de comparecencia 8.1 Los menores de edad pueden comparecer sin necesidad de representante legal. En el caso de que un menor de catorce (14) años comparezca al proceso sin representante legal, el juez pone la demanda en conocimiento del Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. La falta de comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso. 8.2 Los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia, en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y afiliados. 8.3 Los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial de representación; sin embargo, en la demanda o contestación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectivas pretensiones. En este caso, el empleador debe poner en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta. La inobservancia de este deber no afecta la prosecución del proceso. La representación del sindicato no habilita al cobro de los derechos económicos que pudiese reconocerse a favor de los afiliados.

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LEY Nº 26636 SECCIÓN SEGUNDA COMPARECENCIA AL PROCESO Y ACUMULACIÓN TÍTULO I CAPÍTULO I COMPARECENCIA AL PROCESO Artículo 8.- CAPACIDAD PARA SER PARTE MATERIAL DE UN PROCESO.- Tiene capacidad para ser parte material en un proceso toda persona natural o jurídica, órgano o institución, sociedad conyugal, sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo, y en general toda persona que tenga o haya tenido la condición de trabajador o empleador. Artículo 9.- CAPACIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES.- Las organizaciones sindicales y asociativas constituidas y reconocidas de acuerdo a ley, tienen legitimación para la defensa de los derechos colectivos que les son propios. Artículo 10.- COMPARECENCIA. Las partes deben comparecer por sí mismas. Pueden conferir su representación a persona civilmente capaz, mediante poder extendido con las formalidades que la ley permite. Los trabajadores menores de edad podrán comparecer por sí mismos conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo ser asistidos por la defensa gratuita que se les provea conforme a Ley, en caso de carecer de ella. Los trabajadores pueden conferir su representación en los conflictos jurídicos individuales a las organizaciones sindicales de las que son miembros. La comparecencia de las organizaciones sindicales se efectivizará a través de sus representantes legales quienes deberán acreditar su condición con la copia del acta de designación correspondiente.

Artículo 9.- Legitimación especial 9.1 Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las prohibiciones de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público. 9.2 Cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y, en general, cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores, o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito. Artículo 10.- Defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia La madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad que trabajan tienen derecho a la defensa pública, regulada por la ley de la materia.

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(La NLPT no se ocupa expresamente de la acumulación, sin embargo, ella es posible en aplicación del principio de concentración previsto en el artículo I del Título Preliminar de la NLPT) LEY Nº 26636 CAPÍTULO II ACUMULACIÓN Artículo 12.- ACUMULACIÓN OBJETIVA.- Hay acumulación objetiva cuando las pretensiones o extremos de la demanda correspondan al mismo titular del derecho y sean de competencia del mismo juez. Artículo 13.- ACUMULACIÓN SUBJETIVA.- Hay acumulación subjetiva cuando una pluralidad de demandantes interponen una sola demanda fundamentada en los mismos hechos o en títulos conexos que requieren un pronunciamiento común o uniforme. El juez puede ordenar la desacumulación cuando se afecte el principio de economía procesal por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano. Es requisito de admisibilidad de la demanda que se designe entre los demandantes un apoderado común que los represente y un domicilio procesal único donde se efectúen las notificaciones. Artículo 14.- ACUMULACIÓN SUCESIVA.- El juez, de oficio o a pedido de parte, puede ordenar la acumulación sucesiva de procesos cuando las pretensiones reclamadas reúnen las características señaladas en el artículo anterior. Solo procede hasta antes que cualquiera de los procesos sea sentenciado.

CAPÍTULO III ACTUACIONES PROCESALES Subcapítulo I Reglas de conducta y oralidad Artículo 11.- Reglas de conducta en las audiencias En las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta: a)

Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace uso de la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier expresión de aprobación o censura

b) Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez.

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Artículo 12.- Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias 12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en audio y vídeo utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico, a su costo. 12.2 La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el juez deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas las personas que participan en la audiencia, de los medios probatorios que se hubiesen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición. Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de las exposiciones orales se efectúa haciendo constar, en acta, las ideas centrales expuestas. LEY Nº 26636 (En la LPT no se desarrolla el tema de las actuaciones procesales)

Subcapítulo II Notificaciones Artículo 13.- Notificaciones en los procesos laborales Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se trate de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. Las resoluciones mencionadas se notifican mediante cédula. Para efectos de la notificación electrónica, las partes deben consignar en la demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios.

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La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega a la dirección electrónica. En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) las resoluciones son notificadas por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las notificaciones por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la sede judicial de destino. Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes, en el acto. LEY Nº 26636 (En la LPT no se reguló sobre las notificaciones)

Subcapítulo III Costas y costos Artículo 14.- Costas y costos La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), salvo que la parte hubiese obrado con temeridad o mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez determina que hubo motivos razonables para demandar. LEY Nº 26636 TÍTULO III COSTAS PERSONALES Y COSTOS PROCESALES Artículo 49.- COSTAS PERSONALES Y COSTOS PROCESALES.- Los trabajadores están exentos de la condena en costos y costas.

Subcapítulo IV Multas Artículo 15.- Multas En los casos de temeridad o mala fe procesal el juez tiene el deber de imponer a las partes, sus representantes y los abogados una multa no menor de de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). 207

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La multa por temeridad o mala fe es independiente de aquella otra que se pueda imponer por infracción a las reglas de conducta a ser observadas en las audiencias. La multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP). Adicionalmente a las multas impuestas, el juez debe remitir copias de las actuaciones respectivas a la presidencia de la corte superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugar. Existe responsabilidad solidaria entre las partes, sus representantes y sus abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos. No se extiende la responsabilidad solidaria al prestador de servicios. El juez solo puede exonerar de la multa por temeridad o mala fe si el proceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda instancia, en resolución motivada. El juez puede imponer multa a los testigos o peritos, no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP) cuando estos, habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado, inasisten sin justificación a la audiencia ordenada de oficio por el juez. LEY Nº 26636 (En la LPT no se reguló sobre las multas)

Subcapítulo V Admisión y procedencia Artículo 16.- Requisitos de la demanda La demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, con las siguientes precisiones: a)

Debe incluirse, cuando corresponda, la indicación del monto total del petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integren la demanda; y

b) no debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso.

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Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante, debe designarse a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal único. LEY Nº 26636 SECCIÓN TERCERA POSTULACIÓN DEL PROCESO TÍTULO I CAPÍTULO I DEMANDA Y EMPLAZAMIENTO Artículo 15.- REQUISITOS DE LA DEMANDA.- La demanda se presenta por escrito y debe cumplir los siguientes requisitos: 1.

La designación del Juez ante quien se interpone.

2.

El nombre o denominación, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante o el de su representante, si no pudiera comparecer o no comparece por sí mismo.

3.

El nombre o denominación de la persona natural o jurídica demandada, con indicación de la dirección domiciliaria donde debe ser notificada.

4.

La situación laboral del demandante, si es un trabajador individual, con indicación del tiempo de servicios, función o cargo desempeñados y la última remuneración percibida.

5.

La determinación clara y concreta del petitorio contenido, con indicación de montos cuando los derechos tenga naturaleza económica o expresión monetaria.

6.

La enumeración de los hechos y los fundamentos jurídicos de la pretensión.

7.

Los medios probatorios.

8.

La firma del demandante, su representante legal o su apoderado y del abogado patrocinante. En caso que el demandante sea analfabeto, certificará su huella digital ante el Secretario de Juzgado.

Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad de abogado cuando el total reclamado no supere las diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP). Cuando supere este límite y hasta las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) es facultad del juez, atendiendo a las circunstancias del caso, exigir o no la comparecencia con abogado. En los casos en que se comparezca sin abogado debe emplearse el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial. (Los requisitos y anexos de la demanda en la NLPT son los establecidos en la norma civil) LEY Nº 26636 Artículo 11.- PATROCINIO POR ABOGADO.- Es obligatorio el patrocinio por abogado, salvo exoneración expresa que conceda la Ley. Artículo 16.- ANEXOS DE LA DEMANDA.- A la demanda deberá acompañarse: 1.

Copia legible del documento de identidad del demandante o en su caso, el del representante.

2.

Copia del documento que contiene el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado.

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3.

Copia del documento que acredite la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas. Tratándose de organizaciones sindicales, se estará a lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.

4.

Todos los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio. Se adjuntará por separado, a este efecto, pliego cerrado de posiciones, interrogatorio para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso.

Artículo 17.- Admisión de la demanda El juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida. Si observa el incumplimiento de alguno de los requisitos, concede al demandante cinco (5) días hábiles para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de declararse la conclusión del proceso y el archivo del expediente. La resolución que disponga la conclusión del proceso es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles. Excepcionalmente, en el caso de que la improcedencia de la demanda sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. La resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. LEY Nº 26636 Artículo 17.- INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.- La demanda presentada sin los requisitos o anexos antes señalados será admitida provisionalmente, pero no tramitada, debiendo el juez indicar con claridad los que se hayan omitido para que sean presentados en un plazo hasta de cinco días, vencido el cual, sin haber satisfecho el requerimiento, se tiene por no presentada, ordenándose su archivamiento y la devolución de los recaudos. Artículo 18.- IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA.- El Juez declara la improcedencia de la demanda mediante Resolución especialmente fundamentada, cuando no reúna los requisitos de procedibilidad señalados en esta Ley y en el Código Procesal Civil Artículo 19.- TRASLADO DE LA DEMANDA.- Si el Juez califica la demanda positivamente, tendrá por ofrecidos los medios probatorios, corriendo traslado al demandado para que comparezca al proceso y conteste la demanda en el plazo fijado para cada proceso. Artículo 20.- EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO.- El emplazamiento del demandado se realiza por medio de cédula que se entrega en su domicilio real, en forma personal si es persona natural o a través de sus representantes o dependientes, si es persona jurídica, haciendo constar con su firma el día y hora del acto.

Artículo 18.- Demanda de liquidación de derechos individuales Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, con contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar, sobre la base de dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido, siempre y cuando la 210

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sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República, y haya pasado en autoridad de cosa juzgada. En el proceso individual de liquidación de derecho reconocido es improcedente negar el hecho declarado lesivo en la sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República. El demandado puede, en todo caso, demostrar que el demandante no se encuentra en el ámbito fáctico recogido en la sentencia. Artículo 19.- Requisitos de la contestación La contestación de la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, sin incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. La contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que el demandado estime convenientes. Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos. La reconvención es improcedente. LEY Nº 26636 CAPÍTULO II CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, EXCEPCIONES Y REBELDÍA Artículo 21.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- La demanda se contesta por escrito. El demandado debe: 1.

Observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda.

2.

Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara, contradiciendo cada una de las pretensiones expuestas o allanándose a las mismas, de ser el caso.

3.

Proponer la compensación de los créditos exigibles al demandante, de ser el caso.

4.

Ofrecer los medios probatorios.

5.

Proponer o deducir las oposiciones o tachas contra los medios probatorios ofrecidos por el demandante, así como el reconocimiento o negación de los documentos que se le atribuyen.

6.

Incluir su firma o la de su representante o apoderado y la del abogado patrocinante. En caso que el demandado sea analfabeto, deberá certificar su huella digital ante el secretario del juzgado.

7.

En el caso de las personas jurídicas que cuenten con más de un representante con facultades suficientes, al apersonarse al proceso deberán indicarlo a fin de que cualquiera de ellos pueda asistir a la audiencia.

Artículo 22.- ANEXOS DE LA CONTESTACIÓN.- A la contestación se acompañan los mismos anexos exigidos para la demanda en el artículo 16 de esta Ley, en lo que corresponda. Artículo 23.- EXCEPCIONES.- La excepción de transacción será apreciada por el juez, atendiendo al principio de irrenunciabilidad de derechos y las circunstancias que rodean dicha transacción. Lo resuelto por el juez no implica prejuzgamiento. Lo resuelto en un litigio en el que es parte un sindicato produce los efectos de la cosa juzgada para todos aquellos a los que representó.

(El artículo 43, numeral 1 de la NLPT, prevé que si el demandado no asiste a la Audiencia de Conciliación, incurre en rebeldía automática) 211

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LEY Nº 26636 Artículo 24.- REBELDIA.- Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado no lo hace, incurre en rebeldía. Esta declaración causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que habiendo varios emplazados en forma solidaria alguno conteste la demanda o cuando el Juez declare en resolución motivada que no le producen convicción. El rebelde puede incorporarse al proceso para continuar con este en el estado en que se encuentre, pagando una multa equivalente a dos (2) URP.

Artículo 20.- Caso especial de procedencia En el caso de pretensiones referidas a la prestación personal de servicios, de naturaleza laboral o administrativa de derecho público, no es exigible el agotamiento de la vía administrativa establecida según la legislación general del procedimiento administrativo, salvo que en el correspondiente régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal específico, en cuyo caso debe recurrirse ante ellos antes de acudir al proceso contencioso administrativo.

Subcapítulo VI Actividad probatoria LEY Nº 26636 TÍTULO II ACTIVIDAD PROCESAL CAPÍTULO I MEDIOS PROBATORIOS SUBCAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 25.- FINALIDAD.- Los medios probatorios en el proceso laboral tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Es admisible todo medio probatorio que sirva a la formación de la convicción del juez, siempre que no este expresamente prohibido ni sea contrario al orden público o a la moral.

Artículo 21.- Oportunidad Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. 212

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Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados. En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada. Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la sentencia. LEY Nº 26636 Artículo 26.- OPORTUNIDAD.- Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo disposición legal distinta.

Artículo 22.- Prueba de oficio Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable. Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. LEY Nº 26636 Artículo 28.- PRUEBAS DE OFICIO.- El juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios que considere convenientes, cuando los ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle certeza y convicción.

Artículo 23.- Carga de la prueba 23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales. 23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.

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23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o extrabajador, tiene la carga de la prueba de: a)

La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal.

b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. c)

La existencia del daño alegado.

23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a)

El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.

b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. c)

El estado del vínculo laboral y la causa del despido.

23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes. LEY Nº 26636 Artículo 27.- CARGA DE LA PRUEBA.Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: 1.

Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.

2.

Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo.

3.

Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.

Artículo 29.- MEDIOS PROBATORIOS.- Los medios probatorios que se pueden ofrecer en el proceso laboral son todos los previstos en el Código Procesal Civil, con las precisiones que se señalan en esta Ley. Se actúan en la audiencia única con excepción de la inspección judicial, la pericia y la revisión de planillas cuando se realice en el centro de trabajo. Artículo 30.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Artículo 31.- IMPERTINENCIA, IMPROCEDENCIA DE LAS PRUEBAS Y PRUEBA INNECESARIA.- El juez no debe admitir una prueba cuando esta resulte impertinente, improcedente o innecesaria.

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Artículo 24.- Forma de los interrogatorios El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar documentos de apoyo. Los abogados de las partes también pueden preguntar o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad. El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. Impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad. Artículo 25.- Declaración de parte La parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso. Artículo 26.- Declaración de testigos Los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que les corresponda. El secretario del juzgado expide al testigo una constancia de asistencia a fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano. Tratándose de un trabajador, dicha constancia sirve para sustentar ante su empleador la inasistencia y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia. LEY Nº 26636 SUBCAPÍTULO II DECLARACIONES Artículo 32.- DECLARACIÓN DE PARTE.- La declaración de parte se lleva a cabo personalmente y en presencia del Juez, bajo sanción de nulidad. Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes. Artículo 33.- DECLARACIÓN DE TESTIGOS.- En el proceso laboral también pueden prestar declaración como testigos los trabajadores que tengan relación laboral con el empleador que es parte en el proceso. SUBCAPÍTULO III DOCUMENTOS Artículo 34.- PRESENTACIÓN DE BOLETAS DE PAGO.- El demandante deberá presentar con la demanda las boletas de pago que tenga en su poder necesarias para sustentar su pretensión.

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Artículo 27.- Exhibición de planillas La exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la presentación de las copias legalizadas correspondientes a los periodos necesitados de prueba. La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable de brindar tal información. Es improcedente la tacha de la información de las planillas electrónicas remitida por dicho funcionario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía correspondiente. Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las planillas electrónicas, en lugar de la exhibición electrónica. LEY Nº 26636 Artículo 35.-EXHIBICIÓN DE PLANILLAS.- Ante requerimiento judicial la exhibición y revisión de las planillas o de sus copias legalizadas se practica en el local del juzgado, en cuyo caso el Juez verificará los datos y procederá a dejar constancia en acta de la información necesaria. Cuando se trate de empresas con más de 50 trabajadores o la complejidad y magnitud de la información así lo ameriten, la revisión de las planillas puede llevarse a cabo en el centro de trabajo. Para la actuación de esta prueba no se requiere la entrega del expediente principal al revisor de planillas, bastando que el juzgado establezca de manera clara y precisa los puntos a ser constatados, pudiendo adjuntarse copia de las piezas pertinentes. El informe revisorio de planillas contendrá la transcripción de los asientos o los datos contenidos en los libros o documentación correspondiente, referidos a la materia señalada por el Juez y será puesto en conocimiento de las partes, las que podrán observarlo por escrito fundamentado dentro de los tres días de notificados. Solo si hubiera error o deficiencia en el acopio de datos, el Juez ordena una nueva revisión para completar o subsanar el informe. El plazo máximo de emisión del informe del revisor de planillas es de veinte (20) días, bajo responsabilidad.

Artículo 28.- Pericia Los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que corresponda efectuar su exposición. Los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y juzgados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar al órgano jurisdiccional la información necesaria para calcular, en la sentencia, los montos de los derechos que ampara, por lo que esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio probatorio.

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LEY Nº 26636 SUBCAPÍTULO IV PERICIA Artículo 36.- PERICIA EN MATERIA LABORAL.- La pericia en materia laboral es esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores judiciales dependientes de los Juzgados de Trabajo. Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la información obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular los montos de los beneficios en litigio. Si se requiere de otros conocimientos de naturaleza científica, tecnológica, artística o análoga, puede actuarse la prueba pericial correspondiente, solicitando la intervención de entidades oficiales o designando a peritos en la forma prevista por la ley. El juez debe señalar en forma precisa los puntos que serán objeto de pericia. En ningún caso los peritos emiten opinión legal sobre la materia que se les somete a informe. Artículo 37.- PLAZO DEL INFORME PERICIAL.- El informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) días. Es puesto en conocimiento de las partes, las que pueden formular sus observaciones en el término de cinco (5) días, acompañando de ser pertinente, pericias de parte. Las observaciones deben ser resueltas por el Juez y solo en el caso de ser declaradas fundadas total o parcialmente se ordenará que se emita un nuevo informe sobre las modificaciones o aclaraciones que precise. SUBCAPÍTULO V INSPECCIÓN JUDICIAL Artículo 38.- INSPECCIÓN JUDICIAL.- La inspección judicial procede cuando subsistan las circunstancias materiales que debían constatarse. En casos excepcionales y en resolución fundamentada, el Juez puede encargar a la Autoridad Administrativa de Trabajo la realización de una inspección de carácter especial, señalando con precisión los aspectos a ser constatados. SUBCAPÍTULO VI PRUEBA ANTICIPADA Artículo 39.- PRUEBA ANTICIPADA.- La prueba anticipada se admite solo en los casos en que exista un riesgo inminente de desaparición o adulteración de los hechos que deban ser constatados. No son materia de esta actuación la pericia laboral y la exhibición de planillas de remuneraciones.

Artículo 29.- Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente.

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LEY Nº 26636 SUBCAPÍTULO VII SUCEDÁNEOS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS Artículo 40.- PRESUNCIONES LEGALES RELATIVAS.- Se presumen ciertos los datos remunerativos y de tiempo de servicios que contenga la demanda, cuando el demandado: 1.

No acompañe a su contestación los documentos exigidos en el artículo 35.

2.

No cumpla con exhibir sus planillas y boletas de pago en caso le hayan sido solicitadas.

3.

No haya registrado en planillas ni otorgado boletas de pago al trabajador que acredita su relación laboral.

Artículo 41.- INDICIOS.- Los actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de los medios probatorios, adquieren significación en su conjunto cuando conducen al juez a la certeza o convicción en torno a un hecho relacionado con la controversia. En el proceso laboral, los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron loa hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes. SUBCAPÍTULO VIII CUESTIONES PROBATORIAS Artículo 42.- TACHA.- Se puede interponer tacha contra los testigos y documentos. La oportunidad para formular la tacha o absolverla se rige por lo dispuesto en la presente Ley, debiendo indicarse con claridad los fundamentos que la sustentan, ofreciéndose o acompañándose la prueba respectiva, según el caso. El juez deberá correr traslado a la otra parte para que absuelva. La absolución debe cumplir con los mismos requisitos de la formulación de la tacha. La tacha o absolución que no cumpla con todos estos requisitos deberá ser declarada inadmisible de plano por el juez en decisión inimpugnable. La actuación de los medios probatorios de la tacha o de la absolución se realizará en la audiencia única, en la que el Juez podrá declarar fundada o no la tacha, salvo decisión debidamente motivada e inimpugnable. Artículo 43.- OPOSICIÓN.- Puede formularse oposición a la actuación de una declaración de parte, exhibición o cotejo de documentos, pericia o inspección judicial, señalando con claridad los fundamentos que la sustentan, ofreciéndose o acompañándose la prueba respectiva, según el caso. El juez correrá traslado a la otra parte la cual deberá absolverla cumpliendo los mismos requisitos de la oposición. La oposición o absolución que no cumpla con todos estos requisitos deberá ser declarada inadmisible de plano por el juez en decisión inimpugnable. La actuación de los medios probatorios de la oposición o de la absolución se realizará en la audiencia única, en la que el juez declarará fundada o no la oposición, salvo decisión debidamente fundamentada e inimpugnable. Artículo 44.- CONOCIMIENTO SOBREVINIENTE.- Cuando por excepción, se tiene conocimiento de la causal de tacha u oposición con posterioridad a la oportunidad para su interposición, se informará al juez acompañando el documento que lo sustente. El juez, sin más trámite que el conocimiento a la otra parte, apreciará el hecho al momento de sentenciar.

Subcapítulo VII Formas especiales de conclusión del proceso Artículo 30.- Formas especiales de conclusión del proceso El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono. También concluye cuando ambas partes inasisten por segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. 218

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La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día. Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguientes criterios: a)

El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles;

b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y c)

debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante.

Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. La demanda de nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del proceso ejecutivo habiendo adquirido, de ese modo, la calidad de cosa juzgada. El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin que se realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido de parte o de tercero legitimado, en la segunda oportunidad que se solicite, salvo que en la primera vez el demandante no se haya opuesto al abandono o no haya absuelto el traslado conferido. LEY Nº 26636 SECCIÓN CUARTA CONCLUSIÓN DEL PROCESO TÍTULO I CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO Artículo 45.- CONCILIACIÓN.- La conciliación puede ser promovida o propuesta después de la audiencia única, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia. La conciliación se formaliza mediante acta suscrita ante el órgano jurisdiccional respectivo al final de la audiencia conciliatoria que se fije para el efecto. Aprobada por el Juez, adquiere el valor de cosa juzgada. Artículo 46.- DESISTIMIENTO.- El desistimiento de la pretensión, del proceso o de algún acto procesal, se formula antes de que surtan sus efectos. Cuando el demandante lo proponga debe motivar su pedido para obtener la aprobación del juez, quien cuida que no se vulnere el principio de irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter

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Subcapítulo VIII Sentencia TÍTULO LA SENTENCIA Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1.

Ha concluido la actuación de todos los medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el juez.

2.

La cuestión debatida sea de puro derecho o, siendo de hecho, no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva.

3.

Saneado el proceso, la rebeldía del demandado produzca convicción al juez respecto de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda.

4.

Se haya producido allanamiento o reconocimiento admitidos por el juez.

Artículo 31.- Contenido de la sentencia El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales para motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos no enerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho. La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la declare fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las prestaciones que debe cumplir el demandado. Si la prestación ordenada es de dar una suma de dinero, la misma debe estar indicada en monto líquido. El juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables. Tratándose de pretensiones con pluralidad de demandantes o demandados, el juez debe pronunciarse expresamente por los derechos y obligaciones concretos que corresponda a cada uno de ellos. El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requieren ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso pronunciamiento en la sentencia. LEY Nº 26636 Artículo 48.- CONTENIDO DE LA SENTENCIA.- La sentencia debe contener: 1.

La exposición resumida de los argumentos expresados por las partes.

2.

Las consideraciones, debidamente numeradas, a las que llega el juez sobre los hechos probados en el proceso y las normas que le sirven de fundamento.

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3.

El pronunciamiento sobre la demanda, señalando en caso la declare fundada total o parcialmente, los derechos reconocidos así como las obligaciones que debe cumplir el demandado, estableciendo el monto líquido o su forma de cálculo si son de pago o el pago de sumas mayores a las reclamadas, si de lo actuado apareciere error en los cálculos de las liquidaciones demandadas y el mandato específico si son de hacer o de no hacer.

4.

La condena o exoneración de costas y costos, así como la imposición de multa si la demanda ha sido declarada fundada en su integridad acreditándose incumplimiento laboral o el emplazado hubiese procedido de mala fe o atentado contra deberes de lealtad procesal.

Subcapítulo IX Medios impugnatorios LEY Nº 26636 SECCION QUINTA MEDIOS IMPUGNATORIOS TÍTULO I MEDIOS IMPUGNATORIOS Artículo 50.- MEDIOS IMPUGNATORIOS.- Los medios impugnatorios son el recurso de reposición, apelación, casación y queja.

Artículo 32.- Apelación de la sentencia en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación. Artículo 33.- Trámite en segunda instancia y audiencia de vista de la causa en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos Interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a segunda instancia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El órgano jurisdiccional de segunda instancia realiza las siguientes actividades: a)

Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente fija día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. La audiencia de vista de la causa debe fijarse entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes de recibido el expediente.

b) El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados y los fundamentos en que se sustentan; a continuación, cede el 221

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uso de la palabra al abogado de la parte contraria. Puede formular preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales. c)

Concluida la exposición oral, dicta sentencia inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan, de modo lacónico. Excepcionalmente, puede diferir su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la sentencia, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista.

d) Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho. LEY Nº 26636 CAPÍTULO II APELACIÓN ARTÍCULO 52.- APELACIÓN.- Constituye requisito de procedencia del recurso su debida fundamentación, la cual debe precisar el error de hecho o de derecho presente en la resolución y el sustento de la pretensión impugnativa. Únicamente se presentarán documentos en el recurso de apelación o en su absolución, cuando hayan sido expedidos con posterioridad al inicio del proceso. El recurso de apelación se interpone en el plazo de cinco (5) días desde la notificación de la resolución que se impugna, a excepción del proceso sumarísimo, que se rige por sus propias normas. ARTÍCULO 53.- PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN.- Procede la apelación contra: 1.

Las sentencias de primera instancia.

2.

Los autos que pongan fin a la instancia.

3.

Los autos que se expidan en el curso del proceso antes de la sentencia, en cuyo caso se concede con la calidad de diferida.

4.

Los autos que se expidan después de dictada la sentencia, en cuyo caso se concede sin efecto suspensivo, salvo que el juez decida concederla con efecto suspensivo en resolución debidamente fundamentada.

El plazo para la apelación de autos es de tres (3) días. CAPÍTULO III CASACIÓN Artículo 54.- FINES.- El recurso de casación tiene como fines esenciales: a)

a correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social y,

b

La unificación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

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Artículo 55.- PROCEDENCIA.- Este recurso procede únicamente en los siguientes supuestos: a)

Sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justicia que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes.

b) Si la pretensión es de naturaleza económica y está expresada en dinero, solo procederá si dicha cuantía supera las 100 (cien) Unidades de Referencia Procesal determinada conforme lo establece el Artículo 6 de esta Ley, si el recurso es interpuesto por el demandante y, como lo establece la sentencia recurrida, si lo interpone el demandado. El recurso de casación en materia laboral es gratuito cuando es interpuesto por el trabajador o ex trabajador. Cuando es interpuesto por el empleador es aplicable la tasa determinada para los procesos civiles.

Artículo 34.- Causales del recurso de casación El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. LEY Nº 26636 Artículo 56.- CAUSALES.- Son causales para interponer el recurso de casación: a)

La aplicación indebida de una norma de derecho material.

b) La interpretación errónea de una norma de derecho material. c) La inaplicación de una norma de derecho material. d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores.

Artículo 35.- Requisitos de admisibilidad del recurso de casación El recurso de casación se interpone: 1.

Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento.

2.

Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. La sala superior debe remitir el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite, dentro del plazo de tres (3) días hábiles.

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3.

Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna.

4.

Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si el recurso no cumple con este requisito, la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de tres (3) días hábiles para subsanarlo. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso. LEY Nº 26636

Artículo 57.- REQUISITOS DE FORMA - El recurso de casación se interpone: a)

Ante la Sala que expidió la resolución impugnada.

b) Dentro del plazo de 10 (diez) días de notificada. c) Contra la sentencia a que se refiere el artículo 55. d) Acreditando el pago o la exoneración de la tasa judicial respectiva. e)

Siempre que la resolución adversa de primera instancia que haya sido confirmada por la recurrida no hubiere sido consentida.

f)

Presentando copia de las resoluciones contradictorias, si invocara la causal señalada en el inciso d) del artículo 56.

La Sala Superior solo admitirá el recurso que cumpla estos requisitos y rechazará el que no satisfaga.

Artículo 36.- Requisitos de procedencia del recurso de casación Son requisitos de procedencia del recurso de casación: 1.

Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso.

2.

Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes.

3.

Demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada.

4.

Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisa si es total o parcial, y si es este último, se indica hasta dónde debe alcanzar la nulidad.

Si fuera revocatorio, se precisa en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, debe entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.

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Artículo 37.- Trámite del recurso de casación Recibido el recurso de casación, la Sala Suprema procede a examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 35 y 36 y resuelve declarando inadmisible, procedente o improcedente el recurso, según sea el caso. Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema fija fecha para la vista de la causa. Las partes pueden solicitar informe oral dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para vista de la causa. Concluida la exposición oral, la Sala Suprema resuelve el recurso inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo. Excepcionalmente, se resuelve dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la vista de la causa se señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la resolución, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la vista de la causa. Si no se hubiese solicitado informe oral o habiéndolo hecho no se concurre a la vista de la causa, la Sala Suprema, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente en su despacho. Artículo 38.- Efecto del recurso de casación La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable. El importe total reconocido incluye el capital, los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso, los costos y costas, así como los intereses estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de un (1) año de interpuesto el recurso. La liquidación del importe total reconocido es efectuada por un perito contable. En caso de que el demandante tuviese trabada a su favor una medida cautelar, debe notificársele a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, elija entre conservar la medida cautelar trabada o sustituirla por el depósito o la carta fianza ofrecidos. Si el demandante no señala su elección en el plazo concedido, se entiende que sustituye la medida cautelar por el depósito o la carta fianza. En cualquiera de estos casos, el juez de la demanda dispone la suspensión de la ejecución.

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LEY Nº 26636 Artículo 58.- REQUISITOS DE FONDO.- El recurso deberá estar fundamentado con claridad señalando con precisión las causales descritas en el Artículo 56 en que se sustenta y, según el caso: a)

Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse.

b) Cuál es la correcta interpretación de la norma. c) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse. d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. La Sala Casatoria califica estos requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, se pronuncia sobre el fondo del recurso. En caso de no cumplir con alguno de tales requisitos, lo declarará improcedente.

Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. Artículo 40.- Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República que conozca del recurso de casación puede convocar al pleno de los jueces supremos que conformen otras salas en materia constitucional y social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente. Los abogados pueden informar oralmente en la vista de la causa, ante el pleno casatorio. Artículo 41.- Publicación de sentencias El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso de casación se publican obligatoriamente en el diario oficial El Peruano, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace dentro de los sesenta (60) días de expedidas, bajo responsabilidad. 226

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LEY Nº 26636 Artículo 59.- PRONUNCIAMIENTO.- La sentencia casatoria declarará fundado o infundado el recurso que cumple con los requisitos de fondo. Si lo declara fundado, casa la resolución recurrida y se pronuncia sobre las causales que son procedentes, resolviendo el conflicto, sin devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento debe limitarse a lo siguiente: a)

Indicar la debida aplicación o interpretación de las normas de derecho material que hayan sido objeto de impugnación.

b) Restablecer el derecho conculcado por la resolución recurrida, sin pronunciarse sobre los aspectos económicos del fallo, si los hubiere, los que deberán liquidarse por el Juzgado de origen. c) Actuar en sede de instancia con respecto a la sentencia apelada, si fuere el caso. CAPÍTULO IV QUEJA Artículo 60.- TRAMITACIÓN.- El recurso de queja procede contra la denegatoria de apelación o de casación. Se interpone en el plazo de tres (3) días de notificada la resolución denegatoria, ante el órgano superior que debe conocer del recurso denegado. No procede por razón del efecto en que se concede la apelación. El recurso de queja por denegatoria del recurso de casación en materia laboral está sujeto al pago de la tasa determinada para procesos civiles cualquiera que sea la parte que lo interponga.

TÍTULO II PROCESOS LABORALES CAPÍTULO I PROCESO ORDINARIO LABORAL LEY Nº 26636 SECCIÓN SEXTA PROCESO ORDINARIO LABORAL TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42.- Traslado y citación a audiencia de conciliación Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo: a)

La admisión de la demanda;

b) la citación a las partes a audiencia de conciliación, la cual debe ser fijada en día y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda; y c)

el emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de conciliación con el escrito de contestación y sus anexos.

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Artículo 61.- TRAMITACIÓN.- Se tramitan en proceso ordinario laboral todos los asuntos contenciosos y no contenciosos que son de competencia de los juzgados especializados de trabajo, salvo disposición legal distinta. Artículo 62.- PLAZOS PARA LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y PARA EMITIR SENTENCIA.- El plazo para contestar la demanda es de 10 días El plazo para emitir sentencia es de quince (15) días luego de la audiencia única o de concluida la actuación de pruebas. TÍTULO II AUDIENCIA ÚNICA CAPÍTULO I CITACIÓN Y EFECTOS DE LA INASISTENCIA Artículo 63.- SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA AUDIENCIA.- Contestada la demanda, el juez notifica la misma al demandante concediéndole un plazo de 3 días para la absolución escrita de las excepciones y cuestiones probatorias propuestas por el demandado, quien absolverá las cuestiones probatorias propuestas contra sus pruebas en la audiencia única. En la misma resolución señala día y hora para dicha diligencia, la que debe realizarse dentro de un plazo máximo de quince (15) días. Artículo 64.- INASISTENCIAS.- Si a la audiencia concurriera una de las partes, esta se realizará solo con ella. La inconcurrencia de ambas partes determinará el archivamiento del proceso si transcurridos 30 días naturales desde la fecha de la audiencia, el proceso no ha sido activado por ninguna de ellas. LEY Nº 26636 CAPÍTULO II SANEAMIENTO PROCESAL Artículo 65.- SANEAMIENTO PROCESAL.- Iniciada la audiencia el Juez actúa las pruebas referidas a las excepciones que hubieran sido propuestas; luego, de oficio, y aún cuando el emplazado hubiese sido declarado rebelde, emitirá en el mismo acto resolución declarando: 1.

La validez de la relación jurídico procesal.

2.

La nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos.

3.

La suspensión de la audiencia, concediendo un plazo de cinco días para la subsanación de los defectos si estos lo permitieran.

Subsanados los defectos, el Juez señalará fecha para la audiencia; en caso contrario, declarará concluido el proceso.

Artículo 43.- Audiencia de conciliación La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo: 1.

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La audiencia, inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la demanda, continuando la audiencia. Si el demandado no asiste incurre automáticamente en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible.

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También incurre en rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o el representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. El rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre, sin posibilidad de renovar los actos previos. Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia. 2.

El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesario hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de un (1) mes. Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las partes o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo.

3.

En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio; requiere al demandado para que presente, en el acto, el escrito de contestación y sus anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y hora para la audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en el acto. Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento.

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LEY Nº 26636 CAPÍTULO III CONCILIACIÓN Artículo 66.- CONCILIACIÓN.- Saneado el proceso, en la misma audiencia, el juez invita a las partes a conciliar el conflicto. Se puede conciliar en forma total o parcial el petitorio contenido en la demanda. El juez dejará constancia en el acta de la invitación a conciliar y de la falta de acuerdo si fuere el caso. Al aprobar la fórmula conciliatoria, el juez deberá observar el principio de irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter. Artículo 67.- FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.- De no haber conciliación, con lo expuesto por las partes, el Juez procederá a enumerar los puntos controvertidos y, en especial, los que serán materia de prueba, resolviendo para tal efecto las cuestiones probatorias. A continuación, ordenará la actuación de los medios probatorios ofrecidos relativos a las cuestiones controvertidas en la misma audiencia.

Artículo 44.- Audiencia de juzgamiento La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. La audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia. Artículo 45.- Etapa de confrontación de posiciones La etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que las sustentan. Luego, el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que, por razones procesales o de fondo, contradicen la demanda. Artículo 46.- Etapa de actuación probatoria La etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente modo:

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1.

El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o irrelevantes para la causa.

2.

El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de actuación probatoria.

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3.

Inmediatamente después, las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas. El juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa.

4.

El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta etapa.

5.

Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda. La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta con anotación de las observaciones constatadas; al concluirse, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia.

6.

La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. LEY Nº 26636 CAPÍTULO IV ACTUACIÓN DE PRUEBAS

Artículo 68.- ACTUACIÓN DE PRUEBAS.- La actuación de pruebas es dirigida personalmente por el juez. Cuando corresponda, el juez toma a cada uno de los convocados juramento o promesa de decir la verdad.

Artículo 47.- Alegatos y sentencia Finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente sus alegatos. Concluidos los alegatos, el juez, en forma inmediata o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de su sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la complejidad del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para que comparezcan al juzgado para

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la notificación de la sentencia. La notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados, bajo responsabilidad. LEY Nº 26636 Artículo 69.- ALEGATOS.- Dentro de un plazo de cinco (5) días de concluida la actuación de pruebas las partes pueden presentar alegatos. En este alegato las partes pueden proponer un proyecto de sentencia, que puede ser o no considerado por el juez.

CAPÍTULO II PROCESO ABREVIADO LABORAL LEY Nº 26636 (este tipo de proceso no existía en la LPT) Artículo 48.- Traslado y citación a audiencia única Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo: a)

La admisión de la demanda;

b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles; y c)

la citación a las partes a audiencia única, la cual debe ser fijada entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda.

Artículo 49.- Audiencia única La audiencia única se estructura a partir de las audiencias de conciliación y juzgamiento del proceso ordinario laboral. Comprende y concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, las cuales se realizan, en dicho orden, una seguida de la otra, con las siguientes precisiones:

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1.

La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia de conciliación del proceso ordinario laboral, con la diferencia de que la contestación de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro del plazo concedido, correspondiendo al juez hacer entrega al demandante de la copia de la contestación y sus anexos, otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos.

2.

Ante la proposición de cuestiones probatorias del demandante el juez puede, excepcionalmente, fijar fecha para la continuación de la audiencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes si, para la actuación

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de aquella se requiriese de la evacuación de un informe pericial, siendo carga del demandante la gestión correspondiente. LEY Nº 26636 SECCIÓN SÉPTIMA PROCESOS ESPECIALES TÍTULO I PROCESO SUMARÍSIMO Artículo 70.- TRAMITACIÓN.- Se tramitan en proceso sumarísimo conforme a las normas del Código Procesal Civil, los asuntos contenciosos que son de competencia de los Juzgados de Paz Letrados de acuerdo al artículo 4 numeral 3 de esta Ley. Artículo 71.- NORMAS APLICABLES.- Son de aplicación en este proceso las normas sobre postulación, comparecencia, medios probatorios, sentencia contenidas en esta Ley. Para la conciliación rigen las reglas del artículo del proceso ordinario laboral.

(No existe en la NLPT)

CAPÍTULO III PROCESO IMPUGNATIVO DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS Artículo 50.- Admisión de la demanda Además de los requisitos de la demanda, la sala laboral verifica si esta se ha interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse notificado el laudo arbitral que haciendo las veces de convenio colectivo resuelve el conflicto económico o de creación de derechos, o su aclaración; en caso contrario, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso. Esta resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles. Los únicos medios probatorios admisibles en este proceso son los documentos, los cuales deben ser acompañados necesariamente con los escritos de demanda y contestación. LEY Nº 26636 TÍTULO IV PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES Artículo 88.- IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES.- Cualquiera de las partes que haya intervenido en un procedimiento arbitral derivado de la negociación colectiva, puede impugnar el laudo recaído en aquel, ante la Sala Laboral o Mixta de la jurisdicción correspondiente.

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Artículo 51.- Traslado y contestación Verificados los requisitos de la demanda, la sala laboral emite resolución disponiendo: a)

La admisión de la demanda;

b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles; y c)

la notificación a los árbitros para que, de estimarlo conveniente y dentro del mismo plazo, expongan sobre lo que consideren conveniente. LEY Nº 26636

Artículo 89.- PLAZO.- El plazo para la impugnación es de cinco (5) días de notificado el laudo o aclaración si fuera el caso. Artículo 90.- REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.- Admitida la demanda, se oficia a la Autoridad Administrativa de Trabajo que ha intervenido en la negociación colectiva, para que remita el expediente respectivo, corriendo traslado a la otra parte del procedimiento arbitral, para que la conteste en el plazo de tres (3) días, con conocimiento del árbitro o tribunal que haya expedido el laudo, para que coadyuven en su defensa, si lo consideran conveniente.

Artículo 52.- Trámite y sentencia de primera instancia La sala laboral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de contestada la demanda, dicta sentencia por el solo mérito de los escritos de demanda, contestación y los documentos acompañados. Para tal efecto señala día y hora, dentro del plazo indicado, citando a las partes para alegatos y sentencia, lo cual se lleva a cabo de igual modo a lo regulado en el proceso ordinario laboral. Artículo 53.- Improcedencia del recurso de casación Contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República no procede el recurso de casación. LEY Nº 26636 Artículo 91.- TRÁMITE Y PLAZO DE SENTENCIA.- El proceso es de puro derecho. La Sala se pronuncia por el mérito de los alegatos de las partes y del expediente remitido, en el término de diez (10) días de la última actuación ocurrida. Artículo 92.- PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA.- La Corte Suprema de Justicia se pronuncia por el solo mérito del expediente en el plazo de quince (15) días de ingresado este.

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CAPÍTULO IV PROCESO CAUTELAR Artículo 54.- Aspectos generales A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte. Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal. En consecuencia, son procedentes además de las medidas cautelares reguladas en este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las normas procesales. LEY Nº 26636 TÍTULO VI MEDIDA CAUTELAR Artículo 96.- OPORTUNIDAD Y FINALIDAD.- Todo juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar dentro de un proceso, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Son procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que contempla esta ley.

Artículo 55.- Medida especial de reposición provisional El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos: a)

Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad;

b) estar gestionando la conformación de una organización sindical; y c)

el fundamento de la demanda es verosímil.

Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.

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Artículo 56.- Asignación provisional De modo especial, en los procesos en los que se pretende la reposición, el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional mensual cuyo monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador, con cargo a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Si la sentencia firme ordena la reposición, el empleador restituye el depósito más sus intereses y, en caso de ordenarse el pago de remuneraciones devengadas, se deduce la asignación percibida. LEY Nº 26636 CAPÍTULO I REPOSICIÓN Artículo 51.- REPOSICIÓN.- El recurso de reposición procede contra los decretos en el plazo de dos (2) días, ante el mismo órgano que los expide. El auto que lo resuelve es inapelable. Artículo 97.- REQUISIT0S DE LA S0LICITUD.- El que pide la medida debe: 1.

Exponer los fundamentos y modalidad de la pretensión cautelar.

2.

Indicar, si fuere el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación.

3.

Ofrecer contracautela. El juez, tomando en consideración la condición económica del solicitante, puede considerar suficiente la caución juratoria.

4.

Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente.

Artículo 98.- ACREDITACIÓN DEL FUNDAMENTO DE LA PRETENSION CAUTELAR.- Se acredita la pretensión cautelar y se presume el peligro en la demora en los siguientes casos: 1.

Cuando un acta de inspección elaborada por la Autoridad Administrativa de Trabajo constata el cierre no autorizado del centro de trabajo.

2.

Cuando el empleador ha sido declarado insolvente por la autoridad administrativa o judicial competente.

3.

Cuando el empleador ha sido denunciado penalmente por el Ministerio Publico por delito contra la libertad de trabajo en los supuestos de simulación de causales para el cierre del centro de trabajo y de abandono de este para extinguir las relaciones laborales.

Artículo 99.- CASO ESPECIAL DE PROCEDENCIA.- Procede la medida cautelar cuando la sentencia de primera instancia ha sido favorable al demandante, aunque la misma fuera impugnada. Artículo 100.- MEDIDAS PARA FUTURA EJECUCIÓN FORZADA.- Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo bajo la modalidad de inscripción o administración. Artículo 101.- MEDIDAS TEMPORALES SOBRE EL FONDO.- El juez puede disponer el pago de una asignación provisional y fijar su monto, que no podrá exceder la remuneración ordinaria del demandante y con cargo a su compensación por tiempo de servicios, en los procesos de impugnación del despido y de pago de beneficios sociales.

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SECCIÓN OCTAVA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LAS CONTROVERSIAS JURÍDICAS CAPÍTULO I DE LA CONCILIACIÓN Artículo 102.- PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN.- El Estado promueve la conciliación, sea privada o administrativa, como un mecanismo de solución de los conflictos jurídicos a que se refiere este Ley. Artículo 103.- CLASES.- La conciliación privada es voluntaria y puede realizarse ante una entidad o ante un conciliador individual, debiendo, para su validez, ser homologada por una Sala Laboral ante solicitud de cualquiera de las partes, caso en el cual adquiere autoridad de cosa juzgada. La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible. CAPÍTULO II DEL ARBITRAJE Artículo 104.- SOMETIMIENTO AL ARBITRAJE.- Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, pudiendo las partes acogerse a lo dispuesto en la Ley General de Arbitraje en lo aplicable u optar por otro procedimiento arbitral.

CAPÍTULO V PROCESO DE EJECUCIÓN Artículo 57.- Títulos ejecutivos Se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos: a)

Las resoluciones judiciales firmes;

b) las actas de conciliación judicial; c)

los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral;

d) las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones; e)

el documento privado que contenga una transacción extrajudicial;

f)

el acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa; y

g) la liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones.

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LEY Nº 26636 TÍTULO II PROCESO DE EJECUCIÓN Artículo 72.- TÍTULOS EJECUTIVOS.- Son títulos ejecutivos: 1.

El acta suscrita entre trabajador y empleador ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, que contenga el reconocimiento de obligación exigible en vía laboral.

2.

El acta de conciliación extrajudicial debidamente homologada.

3.

Liquidación para Cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones.

Artículo 73.- OBLIGACIONES QUE SE PUEDEN DEMANDAR EJECUTIVAMENTE 1.

Dar sumas de dinero.

2.

Dar bienes determinados.

3.

Hacer.

4.

No hacer.

Artículo 74.- PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA CIERTA DE DINERO.- La apelación del mandato ejecutivo se concederá sin efecto suspensivo. La apelación de la sentencia que declara fundada esta demanda, solo se concederá al demandado si es que previamente ha cumplido con consignar judicialmente el monto demandado o con ofrecer una carta fianza. LEY Nº 26636 Artículo 75.- PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER.- La apelación del mandato ejecutivo se concederá sin efecto suspensivo. Si el demandado se resiste a cumplir las obligaciones de hacer o de no hacer, el Juez adoptará las siguientes medidas: 1.

Impondrá multas sucesivas, acumuladas y crecientes hasta que el demandado cumpla con el mandato judicial. El monto de las multas será de l a 20 URP.

2.

Si persistiera en el incumplimiento, denunciar penalmente al demandado por el delito contra la libertad de trabajo o resistencia a la autoridad.

Artículo 76.- TÍTULOS DE EJECUCIÓN.- Son títulos de ejecución: 1.

Las resoluciones judiciales firmes.

2.

Las actas de conciliación judicial o extrajudicial.

3.

Las resoluciones administrativas firmes.

4.

Los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos jurídicos.

Artículo 77.- EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES, ACTAS Y LAUDOS.- El juez inicia la ejecución requiriendo al ejecutado a cumplir con la obligación establecida, bajo apercibimiento de afectar los bienes en la forma que señale el demandante, si es una obligación de dar suma líquida, o de aplicar lo dispuesto en el artículo 75, si es una obligación de hacer o de no hacer. Es competente el mismo juez que conoció la demanda, salvo que esta se haya iniciado en una Sala Laboral, en cuyo caso lo será el juez de Trabajo de Turno. El demandado solo puede oponerse si acredita con prueba documental el cumplimiento de la obligación. Artículo 78.- CÁLCULO DE LOS DERECHOS ACCESORIOS.- Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas, los intereses y otros similares se liquidan por la parte vencedora con el auxilio pericial respectivo de ser necesario. La otra parte puede observar dicha liquidación solo si sustenta su observación en una liquidación de similar naturaleza. El juez decide cual es la liquidación correcta, recurriendo solo si fuera indispensable a los peritos contables con los que cuenta el juzgado o los que designe.

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Artículo 58.- Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial Las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral, es competente el juez especializado de trabajo de turno. Artículo 59.- Ejecución de laudos arbitrales firmes que resuelven un conflicto jurídico Los laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico de naturaleza laboral se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje. Artículo 60.- Suspensión extraordinaria de la ejecución Tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamentada. Artículo 61.- Multa por contradicción temeraria Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en otros momentos procesales. Artículo 62.- Incumplimiento injustificado al mandato de ejecución Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple, sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Artículo 63.- Cálculo de derechos accesorios Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que la

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observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa. Vencido el plazo el juez, con vista a las liquidaciones que se hubiesen presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo. Si hubiese acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando la discusión solo respecto del diferencial.

CAPÍTULO VI PROCESOS NO CONTENCIOSOS Artículo 64.- Consignación La consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago, ni que solicite autorización del juez para hacerlo Artículo 65.- Contradicción El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado. Conferido el traslado y absuelto el mismo, el juez resuelve lo que corresponda o manda reservar el pronunciamiento para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso respectivo. Artículo 66.- Retiro de la consignación El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin trámite alguno, incluso si hubiese formulado contradicción. El retiro de la consignación surte los efectos del pago, salvo que el acreedor hubiese formulado contradicción. LEY Nº 26636 TÍTULO V PROCESOS NO CONTENCIOSOS Artículo 93.- CONSIGNACIÓN.- La consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago, ni que solicite autorización del juez para hacerlo. Artículo 94.- CONTRADICCIÓN.- El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de tres días de notificada. Conferido el traslado y absuelto el mismo, el Juez atendiendo a su naturaleza, resuelve lo que corresponda o manda reservarla para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso respectivo. Artículo 95.- RETIRO DE LA CONSIGNACIÓN.- El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin trámite alguno, aun cuando se haya formulado contradicción.

240

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Artículo 67.- Autorización judicial para ingreso a centro laboral En los casos en que las normas de inspección del trabajo exigen autorización judicial previa para ingresar a un centro de trabajo, esta es tramitada por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Para tal efecto debe presentar, ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial de actuación, la respectiva solicitud. Esta debe resolverse, bajo responsabilidad, en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado. Artículo 68.- Entrega de documentos La mera solicitud de entrega de documentos se sigue como proceso no contencioso siempre que esta se tramite como pretensión única. Cuando se presente acumuladamente, se siguen las reglas establecidas para las otras pretensiones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA.- En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil. SEGUNDA.- Cuando la presente Ley hace referencia a los juzgados especializados de trabajo y a las salas laborales, entiéndase que también se alude a los juzgados y salas mixtos. TERCERA.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley continúan su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron. CUARTA.- Las tercerías de propiedad o de derecho preferente de pago, así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados, se interponen ante el juez de la causa principal y se tramitan conforme a las normas del proceso abreviado laboral. QUINTA.- La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible. El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Promoción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción de la conciliación extrajudicial administrativa y el arbitraje. SEXTA.- Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual percibida sea, o haya sido, superior a las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

241

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

SÉTIMA.- En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos. OCTAVA.- Los expedientes que por cualquier razón reingresen a los órganos jurisdiccionales tienen preferencia en su tramitación. NOVENA.- La presente Ley entra en vigencia a los seis (6) meses de publicada en el Diario Oficial El Peruano, a excepción de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias, que entran en vigencia al día siguiente de su publicación. La aplicación de la presente Ley se hará de forma progresiva en la oportunidad y en los distritos judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En los distritos judiciales, en tanto no se disponga la aplicación de la presente Ley, sigue rigiendo la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, y sus modificatorias. DÉCIMA.- Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos laborales, individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte. UNDÉCIMA.- Precisase que hay exoneración del pago de tasas judiciales para el prestador personal de servicios cuando la cuantía demandada no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), así como cuando las pretensiones son inapreciables en dinero DUODÉCIMA.- Autorizase al Poder Judicial la creación de un fondo de formación de magistrados y de fortalecimiento de la justicia laboral. El fondo tendrá por objeto la implementación de medidas de formación específicamente dirigidas a los magistrados laborales, así como el otorgamiento de incentivos que les permitan desarrollar de manera óptima la función judicial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- El Poder Judicial implementa una red electrónica que permita la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publicación simultánea en la página web del Poder Judicial. Los interesados solicitan al Poder Judicial la asignación de un domicilio electrónico, el cual opera como un buzón electrónico ubicado en el servidor. El acceso al buzón es mediante el uso de una contraseña localizada en la página web del Poder Judicial.

242

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De igual modo, implementa un soporte informático para el manejo de los expedientes electrónicos SEGUNDA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la colaboración del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, implementa una base de datos pública, actualizada permanentemente, que permita a los jueces y usuarios el acceso a la jurisprudencia y los precedentes vinculantes y que ofrezca información estadística sobre los procesos laborales en curso TERCERA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la colaboración del Poder Judicial, implementa un sistema informático, de acceso público, que permita el cálculo de los derechos o beneficios sociales. CUARTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa un sistema de remisión electrónica de información de las planillas electrónicas. El requerimiento de información es enviado por el juzgado al correo electrónico habilitado para tal fin por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El funcionario responsable da respuesta, también por correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Dicha respuesta debe contener la información solicitada presentada en cuadros tabulados, agregándose las explicaciones que fuesen necesarias. QUINTA.- El Poder Judicial dispone la creación e instalación progresiva de juzgados y salas laborales en los distritos judiciales de la República que lo requieran, para fortalecer la especialidad laboral a efectos de brindar un servicio de justicia más eficiente. SEXTA.- El Poder Judicial dispone el desdoblamiento de las salas laborales en tribunales unipersonales que resuelvan en segunda y última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). SÉTIMA.- El Poder Judicial aprueba los formatos de demanda para los casos de obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). OCTAVA.- Las acciones necesarias para la aplicación de la presente norma se ejecutan con cargo a los presupuestos institucionales aprobados a los pliegos presupuestarios involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS PRIMERA.- Se modifican los artículos 42, 51 y la parte referida a la competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral del artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, en los siguientes términos: 243

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

“Artículo 42.- Competencia de las salas laborales Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes: a.

Proceso de acción popular en materia laboral.

b.

Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral.

c.

Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva.

d.

Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

e.

Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley

f.

Las demás que señale la ley.

Conocen, en grado de apelación, de lo resuelto por los juzgados especializados de trabajo. Artículo 51.- Competencia de los juzgados especializados de trabajo Los juzgados especializados de trabajo conocen de todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivas originadas con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa, sea de derecho público o privado, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Se consideran incluidas en dicha competencia las pretensiones relacionadas a: a)

El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño emergente, lucro cesante o daño moral incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. c)

Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia.

244

e)

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

f)

La impugnación de los reglamentos internos de trabajo

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

g) Los conflictos vinculados a un sindicato y entre sindicatos, incluida su disolución. h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. i)

El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.

j)

El Sistema Privado de Pensiones.

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral l)

Las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público.

m) Las impugnaciones contra actuaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo. n) Los títulos ejecutivos cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). o) Otros asuntos señalados por ley. Artículo 57.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados Los Juzgados de Paz Letrados conocen: (…) En materia laboral: a)

De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); c)

De las liquidaciones para cobranzas de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador.

d)

De los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía”.

SEGUNDA.- Modificase el artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF, en los siguientes términos:

245

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

“Artículo 38.- Proceso de ejecución La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación para cobranza se efectúa de acuerdo al Capítulo V del Título II de la Ley Procesal del Trabajo. Para efectos de dicha ejecución, se establecen las siguientes reglas especiales: (...)”.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS PRIMERA.- Quedan derogadas las siguientes disposiciones: a)

La Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, y sus modificatorias, la Ley Nº 27021, la Ley Nº 27242 y la quinta disposición final y complementaria de la Ley Nº 27942.

b) La Ley Nº 8683 y el Decreto Ley Nº 14404, sobre pago de salarios, reintegro de remuneraciones y beneficios sociales a los apoderados de los trabajadores. c)

La Ley Nº 8930 que otorga autoridad de cosa juzgada y mérito de ejecución a las resoluciones de los tribunales arbitrales.

d) El Decreto Ley Nº 19334, sobre trámite de las reclamaciones de los trabajadores que laboran en órganos del Estado que no sean empresas públicas. e)

El Título III del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-97 -TR, sobre competencia en los conflictos entre cooperativas de trabajo y sus socios-trabajadores.

SEGUNDA.- Dejase sin efecto las siguientes disposiciones: a)

El artículo 8 del Decreto Supremo Nº 002-98-TR, sobre competencia en las acciones indemnizatorias por discriminación.

b) El artículo 52 del Decreto Supremo Nº 001-96-TR que prohíbe la acumulación de la acción indemnizatoria con la de nulidad de despido. TERCERA.- Derógase todas las demás normas legales que se opongan a la presente Ley.

246

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LEY Nº 26636 DISPOSICIONES DEROGATORIAS, SUSTITUTORIA Y FINALES Primera.- Dejase sin efecto los Decretos Supremos Nº 03-80-TR, 037-90-TR y todas las normas que se opongan a la presente Ley. Segunda.- Sustitúyanse los artículos 42, 51 y la parte pertinente del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por los numerales 1, 2 y 3 del artículo 4 de la presente Ley. Tercera.- En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil. Cuarta.- Interpretase que los servidores y funcionarios públicos a que se refiere el inciso b) del artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 817, son aquellos comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276.

247

ANEXOS

MODELO DE DEMANDA DE ACUERDO A LAS REGLAS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DE LA RES. ADM. Nº 014-93-CE-P.J Sec.: Manuel Onego J. Esp.: Escrito N 1 Demanda Señor Juez especializado en lo civil:

1 2

Art. 1 Inc. 4 Res. Adm. 014

María Ramírez Suárez, Identificada con L.E. Nº 08356173, con domicilio procesal en la casilla 913 del CAL y domicilio real en Av. Melitón Borja 355, Los Olivos, a usted 3 cm digo: Interpongo demanda ejecutiva contra Nicolás Sánchez Velarde, domiciliado en Av. Santa Cruz Nº 245, Miraflores, para que cumpla con pagarme la suma de seis mil y 00/100 nuevos soles S/. 6,000.00) más los intereses devengados, las costas y los costos del proceso, en razón de la letra de cambio aceptada por el demandado y debidamente protestada que adjunto.

3 4 5

Amparo esta demanda en los artículos 695, 693, 694, 696 y 697 del Código Procesal Civil. OTROSÍ DIGO: Acompaño copia de mi libreta electoral y el recibo de pago de la tasa judicial respectiva. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Solicito se requiera al demandado para que señale domicilio procesal o apoderado que lo represente. TERCER OTROSÍ DIGO: Adjunto la letra de cambio que acredita la obligación. CUARTO OTROSÍ DIGO: Adjunto copias para la otra parte.

6 7

8

Lima, 16 de agosto de 1993. María Ramírez Suárez Félix Hinostroza Mejía Abogado Reg. CAL N° 3571

9

Nota: La redacción debe ser a doble espacio y en formato A4 según la Resolución 014. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(Art. 424 Inc. 1) Juez ante quien se interpone (Art. 424 Inc. 2) Nombres, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante. (Art. 424 Inc. 4, 9) Nombre y Dirección del Demandado, indicación de la vía procedimental. (Art. 424 Inc. 5, 8) el petitorio y su monto (en su caso) (Art. 424 Inc. 6, 10) Hechos en que se funda el petitorio y medios probatorios. (Art. 424 Inc. 7) Fundamentación jurídica del petitorio (Art. 425 Inc. 1) Copia del documento de identidad del demandante. (Art. 425 Inc. 5) Medios probatorios que sustentan el petitorio

9.

(Art. 424 Inc. 11) Firma del demandante o de su representante o de su apoderado o abogado.

251

FORMATOS DE DEMANDA

Conforme a la última parte del artículo 16 de la NLPT y a la Resolución Administrativa N° 198-2010-CE-PJ del 7 de julio de 2010, los formatos a utilizarse para la interposición de la demanda, sin patrocinio de abogado, son de dos tipos, a saber:

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

FORMATO DE DEMANDA LABORAL ANTE JUZGADO DE PAZ LETRADO (HASTA 50 U.R.P., ESTO ES, HASTA S/. 18,000.00 DURANTE EL AÑO 2011).

255

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

V.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO 1 2

|||

3 4 5

VI. VIA PROCEDIMENTAL: Proceso Abreviado VII. MEDIOS PROBATORIOS: (artículo 21 de la Ley Nº 29497) Detallar todos los medios probatorios que sustentan el probatorio; datos de los poderes de representación, en su caso y número, y número de Documento Nacional de Identidad (DNI). 1 2 3 4 5

VIII. ANEXOS: Los medios probatorios que consistan en documentos, se deberán acompañar al formulario de demanda necesariamente como anexos, incluyendo en forma obligatoria copia del Documento Nacional de Identidad y copia del documento que acredite la representación o poder (si lo hubiera) 1 2 3 4 5

IX. MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LA COMPARECENCIA SIN ABOGADO (para las causas cuya cuantía supere las 50 U.R.P. hasta 70 U.R.P.)

X.

FIRMA DEL DEMANDANTE

________. __ de___________ de 20__

256

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

FORMATO DE DEMANDA LABORAL ANTE JUZGADO ESPECIALIZADO CON COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL (MÁS DE 50 U.R.P. HASTA 70 U.R.P., SIN PATROCINIO DE ABOGADO) Expediente : (no llenar)

Sumilla : Demanda de obligación de dar suma de dinero AL JUZGADO ESPECIALIZADO CON COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL: I.

DATOS DEL DEMANDANTE: Nombre completo

DNI

Domicilio Real II.

Domicilio Legal

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO (si lo hubiere): Nombre completo

DNI

Domicilio Real III.

Domicilio Procesal

DATOS DEL DEMANDADO Nombre completo, razón social o denominación Domicilio donde deberá ser notificado

IV. PETITORIO (artículo 16, inciso a) de la Ley N° 29497) solicito el pago de: IV.1. CONCEPTOS Y LOS MONTOS POR CADA CONCEPTO QUE INTEGRA EL PETITORIO: (Ejem: 1. Compensación por Tiempo de Servicios: S/. 15,00.00, 2. Vacaciones: S/. 6,000.00, 3. Gratificaciones: S/. 1,000.00, etc.)

1

S/.

2

S/.

3

S/.

4

S/.

5

S/. Total de los beneficios reclamados

V.

S/.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: (Hechos que fundamentan el petitorio) V.1. DATOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Fecha de ingreso:

Fecha de cese:

Motivo de cese:

Cargo Desemp.:

Última remuneración:

31/08/2010 Portero

Tipo de Remun.: (fija, a comisión, a destajo)

257

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

V.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PETITORIO 1 2 3 4 5

VI. VIA PROCEDIMENTAL: Proceso Ordinario VII. MEDIOS PROBATORIOS: (artículo 21 de la Ley Nº 29497) Detallar todos los medios probatorios que sustentan el probatorio; datos de los poderes de representación, en su caso y número, y número de Documento Nacional de Identidad (DNI). 1 2 3 4 5

VIII. ANEXOS: Los medios probatorios que consistan en documentos, se deberán acompañar al formulario de demanda necesariamente como anexos, incluyendo en forma obligatoria copia del Documento Nacional de Identidad y copia del documento que acredite la representación o poder (si lo hubiera) 1 2 3 4 5

IX. MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LA COMPARECENCIA SIN ABOGADO (para las causas cuya cuantía supere las 50 U.R.P. hasta 70 U.R.P.)

X.

FIRMA DEL DEMANDANTE

_________ , __ de ____________ de 20__

258

HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

AVISOS PUBLICADOS EN EL JUZGADO LABORAL DE TRUJILLO

“REQUISITOS DE LAS CONTESTACIONES DE DEMANDA QUE SE RECEPCIONAN EN AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN 1.- Aranceles llenos al reverso firmados y sellados 2.- Contados los folios (total de fojas) 3.- Indicar todos los anexos 4.- Si la tasa fuere del día con copia por ambos lados”. ATENCIÓN: 1.

Las partes y sus abogados deberán asistir puntualmente a las audiencias programadas portando su DNI y carnet de abogado respectivamente.

2.

Los abogados al momento de la audiencia deberán portar su cinta y medalla correspondiente, caso contrario se les impondrá una multa.

3.

En el momento en que el juez disponga acreditación se deberá responder:

4.

3.1

El demandante: Indicará su nombre completo y apellidos, el número de su Documento Nacional de Identidad y domicilio real.

3.2

Los abogados: Indicarán nombres completos y apellidos, registro del Colegio de Abogado correspondiente, domicilio procesal y casilla electrónica.

A partir del lunes 16 de mayo de 2011 no se realizará el llamado en la puerta de la Sala de Audiencia, por lo tanto deberán estar cinco minutos antes de la hora de la audiencia ubicados en sus respectivos asientos (caso contrario pasada la hora de inicio de la audiencia se dejará constancia de su inconcurrencia)”.

REGLAS DE CONDUCTA: Conforme al artículo 11 de la Ley Nº 29497, en las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta: a) Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace uso de la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier expresión de aprobación o censura. b) Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez”.

259

CASOS

EXPEDIENTE COMPLETO CON LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

EXP. N°: XXX DISTRITO JUDICIAL

:

XXX

PROVINCIA

:

INSTANCIA

:

RELATOR

XXX

ESPECIALIDAD

: LABORAL

:

XXX

SEC. DE SALA

:

VOCALES

:

XXX

MOTIVO INGRESO

:

APELACIÓN DE SENTENCIA

F. ING. SALA

PROCESO

:

ORDINARIO

F. ING. CDG

XXX : XXX :

XXX

MATERIA

:

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES YIO INDEMNIZACIÓN U OTROS BB.EE.

PROCEDENCIA

:

Exp. N° XXX, XXX JUZGADO LABORAL I JUZGADO ESPECIALIZADO / XXX

SUMILLA

:

DEMANDA

DEMANDANTE

:

XXX

DEMANDADO

:

XXX

SUJETOS PROCESALES

263

EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

EXP. N° XXX

P0DER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

09/11/2010 10:41:22

xxx

p. 1 de 1 Cargo de Ingreso de Expediente ( Centro de Distribución General )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expediente

:

XXX

F. Inicio

: 09/11/2010 10:41:22

Juzgado

:

XXX

F. Ingreso

: 09/11/2010 10:41:22

Especialista

:

XXX

Exp. Origen

:

XXX

Proceso

:

ORDINARIO

Motivo Ing.

:

DEMANDA

F. Exp. Orig :

00/00

Materia

:

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O O INDEMNIZACIÓN U OTROS BENEFICIOS

Cuantía

:

Nuevos Soles 67,616.08

Cédulas

:

SIN CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN

Depósito Judicial

:

SIN DEPÓSITO JUDICIAL

Arancel

:

3 4449486 S/. 18.00 770353 S/. 3.74 550122 S/. 3.74 800232 S/. 3.74

Observación

:

ANEXOS DE 1 A 1D

Sumilla

:

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES

DEMANDADO

:

XXX

DEMANDANTE

:

XXX

N Copias/Acomp. 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUANA PÉREZ PRIETO Ventanilla XXX Módulo XXX Cod. Digitalización : XXX --------------------------------------------Recibido

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

Secretario : ______ Exp. N° : ______ Escrito N° : 01 Demanda Pago de Beneficios Sociales

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LABORAL DE XXX: XXX; identificado con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con domicilio real sito en la calle XXX del distrito de XXX, para los efectos procesales en la calle XXX de la Urb. XXX de esta ciudad y señalando la Casilla Electrónica Nº 1050 para el acceso a las Notificaciones Electrónicas; a usted expongo: I. PETITORIO Invocando Interés y Legitimidad para Obrar, ocurro a vuestro Despacho a fin de demandar el pago de mis beneficios sociales, los mismos que se traducen en los siguientes conceptos y montos: a) Pago de Reintegro de Remuneraciones, la suma de treinta y dos mil novecientos sesenta y seis y 08/100 Nuevos Soles (S/. 22,966.08). b) Pago de Gratificaciones Devengadas, la suma de trece mil cuatrocientos ochenta y ocho y 75/100 Nuevos Soles (S/. 12,488.75). c) Pago de Vacaciones e Indemnización Vacacional, la suma de trece mil trecientos sesenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles (S/. 13,365.00). d) Pago de CTS, la suma de de siete mil setecientos noventa y seis y 25/100 Nuevos Soles (S/. 7,796.25). Haciéndose extensiva la cuantía del petitorio los correspondientes intereses y costos y costas procesales, los mismos que deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de sentencia. II. NOMBRE Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA DE LA DEMANDADA: La presente acción la dirijo contra mi ex empleadora: XXX sito en la calle XXX del cercado de esta ciudad. III. SITUACIÓN LABORAL DEL ACTOR: El suscrito tiene la calidad de extrabajador de la demandada, habiendo prestado sus servicios de naturaleza personal durante el lapso de diez (10) años y veinte y tres (23) días, desempeñando labores de obrero de limpieza. Asimismo, se precisa que la última remuneración que se me abonó fue la diminuta suma mensual de S/. 440.00, y debió ser la suma de S/. 742.50, tal como se expondrá más adelante. IV. FUNDAMENTOS DE HECHO DEL PETITORIO: 4.1. ANTECEDENTES: 4.1.1. El actor ingresó a laborar para la demandada el día 9 de marzo del año 2001, en calidad de obrero de limpieza. 4.1.2. Desde la fecha de ingreso, hasta el 3 de abril del año 2010, el actor percibió una remuneración neta mensual equivalente a la suma de S/. 440.00. 4.1.3. Es el caso que advirtiendo que los derechos laborales que correspondían al actor estaban siendo conculcados, se procedió a formular un reclamo verbal a las

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correspondientes empleadoras. Razón que motivó para que a partir del día 4 de abril del año en curso, no permitieran el acceso a las instalaciones de mi centro de trabajo. Lo que me motivó acudir a la dependencia del Ministerio de Trabajo de XXX pidiendo una verificación de esta situación laboral. 4.1.4. El Inspector de Trabajo, en el acta que levantó, consignó: “(…) existen elementos de un contrato de trabajo como: La Prestación de Servicio, la que ha sido personal, directa, permanente, como es la labor de obrero de limpieza; La Subordinación, se evidencia que el denunciante se encontraba sujeto a un horario y jornada de trabajo teniendo que presentarse a laborar más de dos horas diarias los días jueves, viernes y sábados; La Remuneración se da al pagarle el servicio que brinda el denunciante como obrero de limpieza dependiendo directamente de la empresa y en base al Principio de Primacía de la Realidad donde se observa que la realización de una prestación de servicio ha sido en el interior del centro de trabajo y quien lo aprovecha es el empleador por su poder dirección y control y entendió esto así se puede determinar que ha existido un vínculo laboral entre el denunciante y la empleadora (…)”. 4.1.5. Resulta importante acotar que al día de la fecha el Ingreso Mínimo S/. 742.50. Monto que resulta de adicionar el 35% de la Remuneración Mínima Vital de S/. 550.00. 4.1.6. Lo detallado precedentemente, son las razones por las qué el recurrente interpone la presente demanda; buscando tutela jurisdiccional y a fin que se me reconozca lo que por ley y derecho me corresponde. 4.2. DEL PAGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES: Estando a lo anotado en el párrafo precedente, en atención a la Remuneración Mínima de Trabajo Nocturno equivalente a S/.742.50 y considerando que la demandada me cancelaba mensualmente la irrisoria suma de S/. 440.00; esta me adeuda la suma ascendente a S/. 32,966.08, teniendo en cuenta que comencé a trabajar el 9 de marzo de 2001 y me cesaron compulsivamente el 3 de abril de 2010. 4.3. DE LAS GRATIFICACIONES DEVENGADAS: Respecto de las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad manifiesto que la empresa demandada jamás cumplió con honrar el pago que correspondía por estos conceptos. Por lo que la demandada, en atención a la Remuneración Mínima por Trabajo Nocturno (S/. 742.50) me adeuda Trece mil cuatrocientos ochenta y ocho y 75/100 Nuevos Soles (S/. 13,488.75). 4.4. DEL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN VACACIONAL Teniendo en cuenta el record laboral, respecto de este concepto que jamás cobré, y considerando que mi remuneración mensual ascendía a la suma de S/. 742.50, debieron de abonarme por dicho concepto S/. 6,682.50 y una suma igual por indemnización, haciendo un total de S/. 13,365.00. 4.5. DEL REINTEGRO Y PAGO CTS El monto por este concepto en función a la remuneración computable, obtenida adicionando 1/6 de la correspondiente gratificación a la remuneración mensual desde el 9 de marzo de 2001 hasta 8 de marzo de 2010, asciende a la suma de S/. 7,796.25. V. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 5.1. Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo.

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5.2. Decreto Ley Nº 25920. 5.3. Decreto Legislativo Nº 728. 5.4. Decreto Legislativo Nº 713. VI. MONTO DEL PETITORIO: La demandada deberá abonar por todo concepto la suma de (S/. 67,616.08), más los intereses legales, costos y costas procesales. VII. MEDIOS PROBATORIOS: 7.1. DOCUMENTOS: a) Original de Informe Final de Actuación Inspectiva de XXX de la Inspección, Seguridad y Salud en el Trabajo b) Original de Cargo de Recepción de escrito de fecha XXX; presentado ante la Subdirección de Inspección, Seguridad y Salud en el Trabajo. VIII. ANEXOS: 1-A: Arancel Judicial por Ofrecimiento de Medios Probatorios. 1-B: Copia simple a Documento Nacional de Identidad. 1-C: Original a Informe Final de Actuación Inspectiva de fecha XXX. 1-D: Original de Cargo de Recepción de escrito de fecha XXX presentado ante la Sub Dirección de Inspección, Seguridad y Salud en el Trabajo POR LO EXPUESTO: A Ud. Sr. juez; dígnese admitir la presente y declararla fundada en su oportunidad. XXX, XXX de 2010.

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XXX : Juzgado laboral Expediente : XXX Materia : Pago de beneficios sociales y/o indemnización u otros beneficios económicos Especialista : XXX - Secretario Demandado : XXX Demandante: XXX

Resolución Número: UNO XXX, XXX de octubre del año dos mil diez. Con el escrito de demanda y anexos respectivos; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el proceso laboral se inspira entre otros principios, el de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad (negrita y subrayado agregado), conforme al artículo I del Título Preliminar concordante con el artículo 11.b) de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; haciendo presente a las partes, que el principio de veracidad se expresa en la colaboración en la labor de la de impartición de justicia, por lo que merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar dilaciones, o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez; SEGUNDO: Que, la demanda es el acto jurídico procesal con el que el demandante ejercita su pretensión ante el órgano Jurisdiccional, a efecto de que este otorgue tutela jurisdiccional efectiva; debiendo para su admisibilidad reunir los requisitos previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, concordante con los artículos 130, 424, 425, y 430 del Código Procesal; TERCERO: Que, revisada la demanda, el Juzgador advierte que el demandante cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando primero y cuya pretensión este Juzgado resulta ser competente para conocer la misma en la vía del Proceso Ordinario Laboral, tal como lo prescribe el artículo 201 b) de la Ley Nº 29497, debiendo ser emplazada con la misma a la parte demandada; CUARTO: Que, en mérito de lo previsto por el segundo párrafo del artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 29497, el juez laboral tiene un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, y por ende, en el acto conciliatorio tiene participación activa con la finalidad de promover una posible solución autónoma a la divergencia laboral suscitada, o conforme al artículo 43.1 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, y teniendo presente la pretensión legal incoada que se trata de cobro de derechos con contenido patrimonial, las partes deben asistir a la Audiencia de Conciliación con la documentación laboral necesaria (planillas manuales y/o electrónicas, boletas de pago, y en general cualquier constancia de pago), por todo el récord laboral pretendido, a incluso en soporte informático (Excel 97 2002), conforme al artículo 234 del CPC y artículo 12 del D.S. Nº 001-98-TR; por estos fundamentos y artículos antes citados, CALIFICÓ POSITIVAMENTE la demanda interpuesta por don XXX, en la vía del proceso ordinario laboral, ADMÍTASE a trámite la demanda incoada, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, en los términos que se expone y se dispone el TRASLADO de esta a la parte demandada XXX en las personas de sus representante legal, en sus domicilios sito XXXde la ciudad. el mismo que deberá concurrir a la Audiencia de Conciliación, con el escrito de contestación

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de demanda y anexos respectivos; bajo apercibimiento de seguirse el proceso en su rebeldía en caso de incumplimiento; en consecuencia, CÍTASE a las partes a la Audiencia de Conciliación la, misma que deberá llevarse a cabo, en la SALA DE AUDIENCIA N° 1 NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, EL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A HORAS OCHO DE LA MAÑANA, debiendo las partes concurrir en forma personal con las planillas manuales y/o electrónicas y constancias de pago en soporte informático, conforme a la pretensión legal incoada a efecto de promover la solución autónoma que amerite el caso particular; así como, los apoderados o representantes legales venir premunidos con los poderes suficientes para conciliar; bajo apercibimiento de seguirse el proceso en su rebeldía en caso de inconcurrencia a omisión de facultades respectivas; TÉNGASE presente el domicilio procesal del demandante, sito en XXX, y dirección electrónica Casilla Electrónica N° 1858, donde se le notificará la presente resolución y las que se expidan por el Juzgado a partir de la fecha conforme a ley; TÉNGASE por ofrecidos los medios probatorios; FÓRMESE el Expediente respectivo. NOTIFÍQUESE a las partes con las formalidades de ley.

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EXP N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: XXX : XXX : XXX : XXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN En la ciudad de XXX, siendo las ocho horas del día siete de diciembre del dos mil diez, presentes en la Sala de Audiencias N° 01 del Tercer juzgado Especializado Laboral Permanente de XXX con sede en la XXX, ante el señor juez Dr. RICARDO ARTURO MIRANDA RIVERA, interviniendo el Secretario Víctor Díaz Santisteban, por licencia de la secretaria titular, en la demanda interpuesta por XXX contra XXX, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: a) DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con domicilio real en calle XXX del distrito XXX, provincia de XXX. ABOGADO DEL DEMANDANTE: Dr. XXX, con Registro CALL N° XXX, y con Casilla Electrónica N° XXX. b) DEMANDADA: 1. XXX; inconcurrió al acto de audiencia. En este acto, el Sr. juez señala las reglas de conducta a seguir durante la presente audiencia, las mismas que quedan registradas en audio y video, así mismo, ante la inconcurrencia de la parte demandada; el juez procede a emitir la siguiente resolución: RESOLUCIÓN NÚMERO DOS: Advirtiendo el juzgador que la parte demandada no ha concurrido a la presente audiencia conciliación y de conformidad con el artículo 43.1 de la Ley N° 29497, esta debe ser declarada REBELDE y seguirse le proceso en dicha condición. El juez procede a precisar las pretensiones que son materia de juicio, siendo las que a continuación se detallan: 1.

Pago de reintegro de remuneraciones.

2.

Pago de gratificaciones devengadas.

3.

Pago de vacaciones a indemnización vacacional.

4.

Pago de compensación por tiempo de servicios.

Se da por finalizada la audiencia de conciliación, citando a las partes a que concurran al local de Juzgado para los efectos de llevarse a cabo la AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO el día DOCE DE ENERO DEL DOS MIL ONCE, A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, en la SALA DE AUDIENCIAS NÚMERO UNO, quedando las partes notificadas en este acto.

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EXP: XXX SEC: XXX ESC: N° 01 ABSUELVE TRASLADO DE DEMANDA

SEÑOR JUEZ DEL XXX JUZGADO LABORAL DE XXX: XXX, Gerente General de XXX con RUC N° XXX, identificada con DNI N° XXX, con domicilio real y procesal en XXX, distrito de XXX, provincia de XXX, departamento de XXX, con domicilio procesal en calle XXX de esta ciudad, con casilla electrónica N° XXX, en los seguidos por XXX, sobre beneficios sociales y otros, me presento y expongo lo siguiente: I. PETITORIO: Acudo a su digno despacho con la finalidad de absolver el traslado de la demanda incoada en mi contra, solicitando se declare INFUNDADA en todos sus extremos. II. CONTESTACIÓN A LOS FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA: 1. En el primer fundamento de hecho el demandado dice que ingresó a laborar para nuestra empresa el 9 de marzo del año 2001, como obrero de limpieza, lo cual no es cierto, habiendo laborado en nuestra representada desde mayo del año 2008 hasta el 3 de abril del año 2010, y no desde la fecha que indica. 2. En su segundo fundamento de hecho, el demandado afirma haber laborado hasta el 3 de abril del año 2010, percibiendo una remuneración neta mensual equivalente a la suma de S/. 440.00, lo que se encuentra en el informe final de un acta inspectiva. Esto es cierto en cuanto a la fecha última de labores, mas no indica cuántas horas laboraba diariamente y mucho menos que era locador. Habiendo iniciado a trabajar en marzo del año 2009 con nuestra representada mediante contrato de locación de servicios, por lo cual se le retribuyó oportunamente. 3. En su tercer fundamento manifiesta el demandante que a raíz de que formuló un reclamo verbal a sus empleadores, no se le permitió el acceso a las instalaciones de su centro de trabajo. Lo cual no se ajusta a la verdad, por cuanto por su modalidad contractual, tratándose de un contrato de naturaleza civil, no le corresponde legalmente beneficio alguno. 4. En el cuarto fundamento precisa el demandante que debe tenerse en cuenta las conclusiones vertidas por el Inspector de trabajo que realizó el informe final que adjunta como medio probatorio, sin embargo debemos precisar que es una acta contradictoria e imprecisa, por tanto no debe tenerse en cuenta en su totalidad, debiendo analizarse concienzudamente. 5. Que, en el quinto fundamento de hecho el demandante precisa que con el monto adicional a la remuneración mínima vital su remuneración equivaldría a la suma de S/. 742.50. Nada más lejos de la realidad por cuanto ese monto equivaldría a un trabajador que labora una jornada ordinaria normal de 8 horas diarias, con un total de 48 horas semanales y que percibiría un monto igual a una remuneración mínima vital; y, no

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al demandante quien ha laborado tres días a la semana, a razón de 1 hora diaria, como locador, tratándose de una labor de obrero de limpieza que es de conocimiento público y usual ser remunerados por horas trabajadas. 6. En el sexto fundamento de hecho precisa el demandado que acude a la instancia judicial buscando tutela a fin de que se le reconozca sus derechos que por ley le corresponde. Lo cual está alejado de la realidad, faltando a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe que debe primar en toda persona que acude a la instancia jurisdiccional; ya que no reúne los requisitos de un trabajador con contrato laboral, por cuanto el demandante ha laborado mediante locación de servicios en nuestra representada, no correspondiéndole legalmente los beneficios que solicita; y, siendo que la ley no ampara el abuso del derecho, esta demanda deberá ser declarada infundada en todos sus extremos. III.FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA: 1. Que, el XXX de XXX de XXX, constituimos la Empresa denominada XXX con RUC N° XXX, iniciando nuestras operaciones, tal como se puede verificar de la ficha RUC que adjuntamos como medio probatorio, laborando hasta la actualidad. 2. Que, el demandante trabajó para nuestra representada como Obrero de Limpieza, desde mayo del año 2008 hasta el 3 de abril del año 2010, habiendo laborado mediante locación de servicios, a razón de 1 hora diaria, haciendo un total de 3 horas semanales. Habiéndole retribuido por sus actividades realizadas de acuerdo a ley y en forma oportuna, no teniendo, por la modalidad contractual, derecho a percibir gratificaciones, vacaciones, indemnización vacacional, ni compensación por tiempo de servicio, mucho menos reintegro de remuneraciones. Habiéndole pagado mensualmente mediante recibos por honorarios que él mismo nos otorgaba. 3. Que, aduce el demandante haber ingresado a trabajar el 9 de marzo el año 2001 hasta el mes de abril del año 2010. Lo cual no se ajusta a la verdad, al haber nuestra empresa iniciado sus operaciones en el año 2006; sin embargo el demandante recién comenzó a laborar con nosotros desde mayo del año 2008, hasta el 3 del mes de abril del año 2010. 4. Que, el demandante presenta como anexo 1 “C” un original de Informe final de Actuación inspectiva, realizado el 22 de julio del año 2010, sin embargo ese informe versa sobre otro trabajador que responde al nombre de XXX y no del demandante. Además de ser contradictorio por lo que no debe tenerse en cuenta. 5. Que, la conducta procesal del demandante no está acorde a los principios de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. AI haber percibido en su oportunidad su retribución por la labor realizada libremente. Desarrollando sus actividades durante una hora diaria durante los días que atendíamos en la empresa (jueves, viernes y sábado) y era variable su horario, pues como era guitarrista coordinaba con los otros locadores para que coincidan en el horario, pues eran integrantes de la peña, cuya duración de una hora podían iniciarla en cualquier momento. 6. Que, el contrato de locación de servicios es un contrato de carácter civil, por medio del cual un trabajador, en este caso el demandante, se compromete a prestar sus servicios sin estar subordinado a la empresa, por cierto tiempo en contraprestación de recibir una retribución de carácter pecuniario. Este tipo de contrato está regulado en los artículos 1764 y siguientes del Código Civil, teniendo como elementos principales: LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO (El trabajador debe prestar personalmente el

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servicio, pudiendo valerse bajo su propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos, si la colaboración está permitida por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación. Artículo 1766 del CC); RETRIBUCIÓN ECONÓMICA (La empresa se obliga a pago de una retribución por los servicios que este presta, para lo cual el trabajador deberá girar un comprobante de pago conocido con el nombre de Recibo por Honorarios, prestación de servicios autónomos, tal como lo prevé nuestra legislación el trabajador se obliga sin estar subordinado a la empresa a prestarle sus servicios. La prestación de servicios que efectúa el locador es independiente, autónoma, ya que no se encuentra bajo la dirección del comitente. Pudiendo este indicar cuál es el resultado que espera obtener y fijar las instrucciones pero no podrá dirigir la prestación de servicios que efectué el locador). Todos estos presupuestos se configuran en el contrato de locación de servicios suscrito con el demandante, por cuánto sus servicios de limpieza eran autónomos: No pudiendo darle instrucciones más explicitas por cuanto el mismo locador se encargaba de realizar sus actividades libremente, teniendo en cuenta que es una persona versada en la limpieza de locales. Teniendo RUC activo Nº XXX y emitiendo recibos por honorarios; habiendo declarado como su actividad principal, dedicarse a actividades de limpieza. 7. EI demandante en su petitorio, mas no en sus fundamentos de hecho, solicita el pago de reintegro de remuneraciones en la suma de S/. 32,966.08. Sin fundamento alguno por cuanto el locador solo percibe su retribución por las actividades contratadas y no está sujeta al pago de una remuneración mínima vital, por tanto no se puede liquidar reintegro alguno. 8. Que, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato realizado con el trabajador a este no le corresponden percibir los beneficios demandados, por lo que teniendo en cuenta los fundamentos esgrimidos, solicitamos se declare INFUNDADA su demanda en todos sus extremos. IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Amparo mi contestación en lo dispuesto en la nueva Ley procesal del Trabajo y demás disposiciones aplicables al presente caso. Artículos 1764 y siguientes del Código Civil, sobre Locación de servicios. V. MEDIOS PROBATORIOS: DOCUMENTOS: 1. Copia del RUC, con lo que se acredita la inscripción de la Empresa en Sunat, con los cuales se pretende precisar el tiempo que estuvo operativo y vigente el negocio. 2. Vigencia de poder del Representante legal. 3. Contrato de arrendamiento. DECLARACIÓN DE PARTE: Que, deberá realizar el demandante conforme a las preguntas que se le formulen en la fecha de la audiencia de juzgamiento, en forma personal. EXHIBICIONAL: Que, deberá realizar el demandante de su talón de recibos por honorarios correspondiente a los meses desde mayo del año 2008 hasta el mes de abril del año 2010, donde podemos

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verificar que el demandante nos emitió recibo por honorarios por la retribución que percibía como músico, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos los fundamentos de hecho precisados en nuestra contestación de demanda. VI. FORMULA TACHA DE DOCUMENTO: Formulo TACHA del documento presentado por el demandante como anexo 1-C, consistente en informe final de actuación inspectiva de fecha XXX, de conformidad con lo dispuesto con el Código Procesal Civil, puesto que se refiere a otro trabajador de nuestra representada y no al demandante por lo que carece de eficacia probatoria para este proceso. MEDIOS PROBATORIOS: No ofrezco medios probatorios por tratarse de una cuestión de puro derecho. OTROSI DIGO: Otorgo Representación Judicial al abogado que autoriza el presente escrito a quién le delego las facultades previstas en los artículos 74 y 80 del CPC, manifestando estar instruido en su contenido y alcances. ANEXOS: 1.A: Copia del DNI el Gerente General. 1.B: Copia del RUC. 1.C: Contrato de arrendamiento de local comercial. 1.D: Vigencia de Poder. 1.E: Tasa por ofrecimiento de pruebas y tres derechos de notificación. POR LO EXPUESTO: A usted señor juez solicito proveer de acuerdo a ley y declarar infundada la demanda en su oportunidad. XXX, XXX de 2011.

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EXP. N° JUEZ ASISTENTE DE CAUSAS ASISTENTE DE AUDIENCIAS

: : : :

XXX XXX XXX XXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO En la ciudad de XXX, siendo las XXX horas del día XXX del mes de XXX, año XXX, presentes en la Sala de Audiencias N° 01 del XXX Juzgado Especializado en lo Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia XXX con sede en XXX, ante el señor Juez Dr. XXX, interviniendo el Secretario XXX, en la demanda interpuesta por XXX contra la empresa XXX, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: a) DEMANDANTE: XXX, con Documento Nacional de Identidad N° XXX, con domicilio real en calle XXX N° XXX Distrito de XXX. ABOGADO DEL DEMANDANTE: Dr. XXX, con Registro XXX, domicilio procesal en XXX y con Casilla Electrónica N° XXX. b) DEMANDADA: 1. Empresa XXX; debidamente representada por su Gerente General XXX, con DNI N° XXX, con domicilio en Jr. XXX de XXX. ABOGADO DE LA DEMANDADA: Dr. XXX, con Registro XXX, con domicilio procesal en XXX y con Casilla Electrónica Nº XXX. En este acto, a través su abogado defensor la codemandada se apersonan oralmente al proceso por encontrarse en la condición de rebelde; procediendo el juez, a emitir la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N°: TRES Oído oralmente el apersonamiento del apoderado judicial XXX en representación de XXX y considerando; PRIMERO: que conforme al artículo 43.1 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, el rebelde se apersona al proceso en el estado en el que se encuentre sin posibilidad de renovar los actos procesales previos; SEGUNDO: Que, siendo esto así y acreditado debidamente el apoderado que concurren a la presente audiencia, ha acreditado su personería, se le debe tener por apersonado en el presente proceso; por estos fundamentos y artículos citados; SE RESUELVE: Tener por APERSONADA a don XXX en representación de la empresa, téngase presente el domicilio procesal y casilla electrónica señalados oralmente en la presente audiencia, en cuanto al escrito presentado por la parte demandada, a lo solicitado haga valer su derecho conforme a ley y en cuanto a su contestación, esté se a lo dispuesto conforme a Ley sin perjuicio de poner en conocimiento a la parte demandante.

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I. ETAPA DE CONFRONTACIÓN DE POSICIONES El juez concede un lapso de cinco minutos a cada parte: a) Abogado de la parte demandante: La exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que la sustentan quedan registradas en audio y video. b) Abogado de la parte demandada: la exposición oral de los hechos que contradicen la demanda, queda registrada en audio y video. II. ETAPA DE ACTUACIÓN PROBATORIA El juez señala que no existen hechos que no necesiten de actuación probatoria prueba. El juez señala que no existen medios probatorios dejados de lado. El juez enuncia los hechos sujetos a actuación probatoria; siendo los siguientes: 1. Si la prestación personal de servicios tiene o no naturaleza laboral. 2. Si la demandante ha mantenido prestación personal de servicios de naturaleza laboral con el demandado. 3. Determinar si hay una prestación de servicios de naturaleza laboral y de ser el caso precisar la fecha de inicio y cese de la relación laboral. 4. Determinar qué labor ha realizado el demandante y el monto a pagar al demandante. 5. Determinar la relación contractual o societaria entre las codemandadas y de existir algún vínculo, precisar si el crédito laboral puesto a cobro debe ser asumido en forma solidaria o no. El juez enuncia las pruebas admitidas; siendo las que a continuación se detallan: Por parte del demandante: Documentales:

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1. Informe final de actuación inspectiva de fecha XXX. 2. Solicitud de actuación inspectiva de fecha XXX. Por parte de la demandada: Documentales: 1. Ficha RUC de la empresa XXX. 2. Ficha RUC de fecha XXX y contrato de arrendamiento de local de fecha XXX. 3

Consulta RUC de fecha XXX.

RESTAURANT TURÍSTICO CANANA SRL 1.- Ficha RUC del Restaurant Turístico Canana SRL de fecha 11/01/2011. 2.- La Partida N° 11015468 y contrato de arrendamiento de local de fecha 05/02/1997. El magistrado pregunta a las partes si se encuentran conformes con las pruebas admitidas, a lo que la demandada, interpone tacha contra el Informe al de actuación inspectiva de fecha XXX, por los fundamentos que constan en audio y video, ofreciendo como medio probatorio el mismo texto del informe.

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En este acto el señor juez procede a emitir la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° CUATRO Oída oralmente la formulación de la tacha propuesta y considerando que conforme al artículo 301 del CPC, aplicable en vía supletoria a la Ley Nº 29497, es requisito de admisibilidad para formular tacha documental la claridad en los fundamentos que la sustentan y acompañar a ofrecer la prueba respectiva, esta última por interpretación jurisdiccional se viene entendiendo como aquella que sea idónea y suficiente; SEGUNDO.- Que la tacha formulada por la demandada, si bien es cierto cuestiona una formalidad como es la firma del representante legal de la demandada en el Informe Final, también lo es que, por ser un Informe final de actuación inspectiva, este se sustenta en diligencias previas de investigación en diferentes fechas consignadas en la misma acta, que no han sido cuestionadas por la demandada por lo que no ha ofrecido estas actuaciones este no ha cumplido con acompañar el medio probatorio idóneo y suficiente por lo que debe ser declarada inadmisible; TERCERO.- Que en cuanto a la tacha formulada por la demandada, esta no cuestiona requisitos formales sino que alega cuestiones de fondo lo cual no resulta coherente con el cuestionamiento probatorio formulado por lo que debe ser declarada inadmisible; por estos fundamentos y artículos citados; SE RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE la tacha formulada contra el Informe final de actuación inspectiva de fecha 22 de julio de 2010; por las consideraciones antes expuestas. Las partes se encuentran conformes con la resolución emitida. El juez toma juramento conjunto a todos los que participan en esta etapa, conforme queda registrado en audio y video. ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: La actuación de medios probatorios documentales, son de actuación inmediata, por lo que no se actúan en este momento asimismo, el juez realiza algunas preguntas a las panes las mismas que quedan registradas en audio y video. III. ALEGATOS FINALES O DE CLAUSURA En este acto el juez, concede diez minutos a ambas partes para sus alegatos finales: Alegatos del señor(a) ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE, su exposición queda registrada en audio y video. Alegatos del señor(a) ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA, su exposición queda registrada en audio y video. IV. SENTENCIA En este estado el señor juez da por cerrado el debate y por los fundamentos expuestos en audio y video el juez señala diferir su fallo para el día DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL ONCE, a horas DOS DE LA TARDE, fecha en la cual las partes quedan notificadas para efectos de la notificación de la sentencia. Finalizado 11:50 horas.

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EXPEDIENTE : XXX DEMANDANTE : XXX DEMANDADO : XXX MATERIA : Beneficios sociales JUEZ TITULAR : XXX. SECRETARIO : XXX.

Resolución número CINCO Ciudad de XXX, XXX. SENTENCIA NÚMERO XXX I. ANTECEDENTES Se refiere a la demanda presentada por XXX, contra XXX, sobre Pago de Beneficios Sociales. II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR EL DEMANDANTE: 1. DEL DEMANDANTE (PRESTACIÓN DEL SERVICIO) Don XXX, con fecha XXX, recurre ante el Juzgado, interponiendo demanda contra XXX, refiriendo que, tiene la calidad extrabajador de la demandada, habiendo prestado sus servicios de naturaleza persona durante el lapso de nueve (09) años y veintitrés (23) días, desempeñando de Personal de Limpieza, precisando que la última remuneración que se le abonó fue la diminuta suma mensual de S/. 440.00, y que correspondió ser la suma de S/. 742.50. Demanda Reintegro de Remuneraciones, Gratificaciones devengadas, Vacaciones a Indemnización Vacacional y pago de Compensación por Tiempo de Servicios, por un monto de petitorio ascendente a SESENTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS Y 08/100 NUEVOS SOLES (S/. 67,616.08), intereses legales, costos y costas proceso. Fundando su petitorio en las normas legales y procesales pertinentes. 2. TRASLADO Y EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA Y CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Calificada positivamente la pretensión legal, el señor juez, dispuso su admisión en la vía de proceso ordinario laboral, por ofrecidos los medios probatorios y traslado de la acción incoada a la demandada para que comparezca al proceso y la conteste. Asímismo, señaló día y hora para Audiencia de Conciliación. 3. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN No habiendo concurrido la demandada a la Audiencia precisada, el señor juez la declara rebelde en el proceso, procediéndose a precisar oralmente las pretensiones que son materia de juicio, siendo la siguiente: 1) Pago de reintegro de remuneraciones; 2) Pago de gratificaciones devengadas, 3) Pago de vacaciones, e Indemnización vacacional; 4) Pago de Compensación por Tiempo de Servicios. Señalándose día y hora para Audiencia de Juzgamiento para el día 12 de enero de 2011 a horas de la mañana. 4. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS SUJETOS A ACTUACIÓN PROBATORIA 4.1. CONFRONTACIÓN DE POSICIONES: Oída la confrontación oral de posiciones de las partes, conforme al Audio y Vídeo que consta en el Sistema Integrado Judicial;

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el prestador de servicios procura que el órgano jurisdiccional reconozca el pago de los siguientes conceptos laborales básicamente el reintegro de remuneraciones, pago de gratificaciones, pago de vacaciones, a indemnización vacacional,, y el pago de su CTS; conceptos que se traducen en el monto de S/. 67,616.08; sustentan su pretensión en un hecho evidente que su patrocinado ingresa a laborar para la demandada a partir del 9 de marzo del año 2001, haciendo un récord laboral de 9 años y 23 días, esta pretensión tiene su correlato fáctico en el hecho que su patrocinado ha desarrollado una labor personalísima, permanente, continua, y subordinada y dentro del local de las entidades que emplazan, como medio probatorio único han ofrecido el original el Informe Final de Actuación inspectiva de fecha 22 de julio del año 2010, elaborado, visado y refrendado por la Gerencia de Trabajo y P.E. de XXX, en cuanto a los argumentos que la parte demandada que pretende hacer valer en este estadio procesal, respecto a que su patrocinado habría tenido, una relación de naturaleza civil, acotan que de ser así lo menos que esperaban que exhiban o presenten a la judicatura el comprobante de pago o el recibo por honorarios profesionales debidamente cancelado, y girado por su patrocinante, hecho que no se corrobora en este estadio procesal, ofrece el original del Informe Final de Actuación Inspectiva, de fecha XXX. El demandado acude a la instancia judicial a reclamar beneficios que le correspondería, sin embargo, y tal como se puede observar de la copia RUC al escrito que adjunta, que nunca ha trabajado para su representada, porque, inicia sus actividades en marzo de 1996, y cierra operaciones el 30 de abril del año 2008, sin embargo, como era usual y dadas las actividades distintas que se realizan dentro del centro de trabajo, o se realizaban en esos momentos porque actualmente no tiene actividades, estaba previsto una hora de limpieza no es toda la noche, el señor no tiene ningún vínculo laboral con la empresa, pues su contrato verbal con él es de naturaleza civil locación de servicios, incluso el señor está registrado en una consulta RUC es una persona natural sin negocio, emite recibos por honorarios por el desempeño de esa actividad. 4.2. ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS QUE NO NECESITAN ACTUACIÓN PROBATORIA

Terminada la confrontación oral de posiciones, el señor juez enuncia en forma verbal precisa que no existen hechos que no necesitan actuación probatoria así como, señala que no existen medios probatorios dejados de lado. 4.3. ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS SUJETOS A ACTUACIÓN PROBATORIA Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Luego el señor juez, enuncia oralmente los hechos necesitados de actuación probatoria, que se detallan: 1) Si la prestación personal de servicios tiene o no naturaleza laboral; 2) Si la demandada ha mantenido prestación personal de de servicios de naturaleza laboral con el demandante; 3) Determinar, si hay una prestación de servicios de naturaleza laboral, y de ser el caso precisar la fecha de inicio y cese de la relación laboral; 4) Determinar, que labor realizó el demandante y cuánto se le pagaría. Luego se admitieron oralmente. los medios probatorios: 1) de la parte demandante: Informe Final de Actuación Inspectiva de fecha 22 de julio de 2010; Solicitud de Actuación Inspectiva de fecha 9 de julio de 2010; 2) de la parte demandada: Ficha RUC de fecha XXX y contrato de arrendamiento de local de fecha XXX; Consulta RUC: de fecha XXX.

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ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Durante la Audiencia de Juzgamiento, se actuaron los medios probatorios siguientes: Los medios probatorios documentales son, de actuación inmediata incluyendo los documentales de la cuestión probatoria. III. FUNDAMENTACIÓN: 1.

CARGA DE LA PRUEBA Y RELACIÓN LABORAL

1.1. Que, por mandato del artículo 23.2 de la Ley Nº 29497, prescribe “Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral, a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”, y habiéndose determinado durante la Audiencia de Juzgamiento, entre otros hechos sujetos a actuación probatoria: 1) Si la prestación personal de servicios tiene o no naturaleza laboral; 2) Si la demandada ha mantenido prestación personal de servicios de naturaleza laboral con el demandado, merituando los medios probatorios actuados en forma oral conforme a la grabación del audio y video de la Audiencia señalada, la demandada sostiene que “se contrató a un obrero de limpieza”, argumento de defensa que por mandato del artículo 23.1 de la Ley Nº 29497, que establece “la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, (…)” sin embargo, durante la Audiencia de Juzgamiento, la demandada en ningún momento actúa prueba alguna para demostrar su argumento de defensa nombre, lo que indica que su posición oral al momento de la confrontación llevada entre las partes, resulta una negativa genérica que debe ser apreciada por el Juzgador como un reconocimiento de la verdad de los hechos alegados oralmente por el actor conforme al artículo 442.2 del CPC aplicable en vía supletoria al proceso laboral por mandato de la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, más aun si del Informe final de Actuación Inspectiva, de fecha XXX, medio probatorio admitido y actuado durante la Audiencia de Juzgamiento, el cual recayó en el Expediente Administrativo Nº XXX., sobre Actuación Inspectiva, por su contenido se pude constatar que el Inspector de trabajo actuante afirma haberse constituido en el centro de trabajo denominado XXX, y que durante la visita (diligencia de investigación) de fecha XXX, previa a su identificación y explicando el motivo, se entrevistó con los trabajadores de nombres XXX y XXX, identificados con Documento Nacional de Identidad Nº XXX y XXX, respectivamente, quienes laboran para la demandada, quienes reconocen al prestador de servicios, y hoy demandante, por motivo que ha sido obrero de limpieza, siendo el trabajador más antiguo y que laboró aproximadamente hasta los primeros días de XXX del año XXX de ahí que el Inspector de Trabajo previa a las diligencias de investigación a que se contrae el artículo 7.2 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el D.S. Nº 019-2006-TR, concluye que don XXX con la empresa denominada XXX mantenía relación laboral. 1.2. Que, siendo esto así, el actor logra acreditar la prestación personal de servicios respecto a la demandada, la misma que tiene naturaleza laboral, toda vez que el actor ha sido obrero de limpieza, conforme se desprende del debate oral durante la Audiencia de Juzgamiento, las partes se encuentran conformes conforme se desprende del Informe Final de Actuación Inspectiva de fecha 22 de julio de 2010, como fue

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informado por los trabajadores antes señalados el Inspector de Trabajo actuante esto es, por sentido común, esta dictaba las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, siendo expresión que la prestación personal, de servicios, era brindada bajo subordinación jurídica conforme al artículo 9 del TUC del D.Leg. Nº 728, LPCL, acordado por el D.S. Nº 003-97-TR, que prescribe que: “Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente (…)” (negrita y subrayado agregado, y que por mandato del último párrafo del artículo 23 de la Constitución que establece “(…) Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento”, dicha prestación esta remunerada, concurriendo los elementos esenciales del contrato de trabajo, conforme al artículo 4 del TUO del D. Leg. Nº 728, LPCL, aprobado por el D.S. Nº 003-97-TR, permitiendo concluir el Juzgador que el actor mantuvo relación laboral con la emplazada. 2.

PAGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES

2.1. Que, el actor reclama el pago de reintegro de remuneraciones , en atención a la Remuneraciones Mínima Nocturna, y previo a su esclarecimiento, es necesario superar el terceo y cuarto hecho sujeto a actuación probatoria señalado en la Audiencia de Juzgamiento, como son: 1) Determinar, si hay una prestación de servicios de naturaleza laboral, y de ser el caso, precisar la fecha de inicio y cese de la relación laboral; 2) Determinar, que Labor ha realizado el demandante, y merituando los medios probatorios actuados durante la Audiencia de su propósito, y de las actuaciones judiciales ocurridas, se tiene que la parte demandante no cuestiona el argumento de defensa de la emplazada que esta ha tenido un plan de trabajo de tres días a la semana; jueves, viernes y sábado, como se evidencia de la confrontación de las posiciones ocurrida en la Audiencia de Juzgamiento, cuya grabación está en el Sistema Integrado Judicial (SIJ), además la parte demandante en el alegato de cierre manifiesta que su patrocinado ha manifestado haber laborado dos horas para las emplazadas, pero que este permanecía en el local a la espera que le indicaran en que momento debía subir al estrado y tocar, lo que implica que el actor aceptaría además del plan de trabajo señalado, que ha una jornada de trabajo en los días indicados de dos (02) horas diarias, más aún si el trabajador demandante en su solicitud de Actuación Inspectiva, de fecha XXX en la cual es el propio actor que indica en forma expresa “Que, el suscrito cumplía con una jornada de trabajo de lunes a viernes, con un horario de 00:30 am a 02:00 am, percibiendo una remuneración de S/. 440.00 mensuales (negrita agregada). 2.2. Que, asímismo, el demandante al ser interrogado por el Juzgador sobre su labor este aclara que es obrero de limpieza, esto es que se trata de una ocupación que está amparado dentro del D.S. N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 2.3. Que, el actor al encontrarse comprendido en el D.S. N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, le corresponde que su caso sea analizado. 2.4. Que, conforme el artículo 12.1 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del trabajo. “En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados, prevalecen sobre las escritas sobre las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. (…)” y oído el Audio y Video de la Audiencia de

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

Juzgamiento, el Juzgador concluye que el trabajador demandante se desempeño como músico (primera guitarra) de grupo criollo a órdenes de la emplazadas en un plan de trabajo de jueves, viernes y sábado, con una jornada de trabajo de dos (02) horas diarias, esto último se concluye en la medida que las emplazadas al desconocer el vínculo laboral que las unía con el demandante, estas incumplieron el artículo 3 del D.S. Nº 031-98-TR, que prescribe: “Los empleadores deberán registrar a sus trabajadores en las planillas, dentro de las setenta y dos (72) de ingresados a prestar sus servicios, independientemente de que se trate de un contrato por tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo parcial (negrita y subrayado agregado), y a partir del año 2008, 019-2007-TR, y que por dicha omisión legal, se debe dar crédito a lo argumentado en forma oral por el demandante que ha laborado dos horas diarias los días jueves, viernes y sábado, donde se encuentra incluido los actos preparatorios de afinamiento de instrumentos y modulación de instrumentos musicales del grupo criollo (artículos 31.3 Ley Nº 28131, desde su fecha de ingreso que data del 9 de marzo de 2001, hasta el 3 de abril de 2010, por la negativa genérica de las emplazadas de negar la naturaleza laboral de la prestación personal de servicios brindados por el actor, en mérito del artículo 442.2 del CPCP, concordante con la parte in fine del artículo 29 de la Ley Nº 29497, tratándose de un trabajador que tiene la calidad de músico ejecutante con contrato de trabajo a tiempo parcial, por tener una jornada de trabajo menor de cuatro (04) horas diarias. 2.5. Que, siendo el actor un trabajador obrero de limpieza con jornada a tiempo parcial, este no está comprendido a percibir la remuneración mínima nocturna, por cuanto el artículo 8 del TUO del D. Leg. Nº 854, modificado por el Ley Nº 27671, LJTHTS, aprobado por el D.S. Nº 007-2002-TR, se refiere que la sobretasa del 35% será calculada sobre la base de la remuneración mínima mensual (debe leerse remuneración mínima vital), a la fecha de pago, que solo se le reconoce a los trabajadores cuya jornada convencional es entre las cuatros (4) a ocho (8) diarias, en forma completa condición laboral que no es la del actor, por ser trabajador a tiempo parcial, deviniendo en infundada la demanda en dicho extremo. 3.

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN VACACIONAL:

3.1. Que, el actor está dentro del D.S. N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Labora, para efectos del devengo y pago de derechos vacacionales será de aplicación supletoria, y en lo que no se oponga, los dispositivos contenidos en el Decreto Legislativo Nº 713 y su correspondiente reglamento. 3.2. Que, siendo esto así el actor reclama el pago de vacaciones e indemnización vacacional por todo su récord laboral de servicios y teniendo presente lo prescrito por el artículo 12 a) del D.Leg. Nº 713, que enuncia “Artículo 12”.- Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas. (...)” (negrita, cursiva agregada), que el actor no cumple el requisito de tener una jornada de cuatro (4) horas diarias, pues se trata de un trabajador a jornada parcial, menos de cuatro (4) horas diarias, pues laboró únicamente dos (2) horas los días jueves, viernes y sábado por semana, por lo que no reuniría los requisitos legales previstos en el artículo 10 del Decreto Legislativo señalado deviniendo la demanda en infundada en dichos extremos.

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4.

PAGO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS:

4.1. Que, siendo la ley de la materia el TUO del D. Leg. Nº 650, LCTS, aprobado por el D.S. Nº 001-97-TR, que en su artículo 4 establece: “Solo están comprendidos en el beneficio de la compensación por tiempo de servicios los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando menos en promedio una jornada mínima diaria de cuatro horas”. 4.2. Que, siendo esto así, en el caso particular, el trabajador demandante tenía una jornada diaria de dos (02) horas los días jueves, viernes y sábado por semana, y no reuniendo el requisito legal de la jornada convencional mínima de cuatro (4) horas diarias, este no tiene derecho al pago de Compensación por Tiempo de Servicios, desaviniendo en infundada la demanda de dicho extremo. 5.

PAGO DE GRATIFICACIONES DEVENGADAS:

5.1. Que, el actor reclama el pago de gratificaciones devengadas, por todo su récord laboral y estando al debate oral sustanciado en la Audiencia de Juzgamiento, que en grabación se encuentra en el SEJ y habiéndose determinado que el actor ha mantenido relación laboral con la demandada, desde el día 9 de marzo de 2001, hasta el 3 de abril de 2010, en calidad de obrero de limpieza, le es aplicable las normas sobre gratificaciones contenidas en la Ley Nº 27735 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2002-TR”. 5.2. Que, conforme al artículo 6 de la Ley Nº 27735, son requisitos para percibir la gratificación que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponde percibir el beneficio (artículo 5, 1ª quincena de julio y diciembre) o estar en descanso vacacional), de licencia como goce de remuneraciones percibiendo subsidios de la seguridad social o por accidentes de trabajo, no exigiéndose para su goce una jornada laboral mínima y atendiendo que el actor laboró para la emplazada en jornada parcial de dos (2) horas diarias los días jueves, viernes y sábado por semana, desde su fecha de ingreso el día 9 de marzo de 2001, hasta el 3 de abril de 2010, ese solo tiene derechos a las gratificaciones de julio y diciembre de 2004, 2003, 2006, 2007, 2009; así como, la gratificación trunca de julio 2010, conforme al artículo 3 del D.S. Nº 005-2002-TR a razón de un 1/6 mensual de la remuneración percibida por el trabajador demandante y ante el incumplimiento del registro del actor en planillas manuales y/o electrónicas de las emplazadas, el Juzgador recurre al criterio de legalidad que fluye de la solicitud de Actuación Inspectiva de fecha 9 de julio de 2010 suscrita por el propio demandante, que este afirma haber percibido la remuneración mensual de S/. 440.00 y habiéndose determinado que l actor prestó servicios en una jornada de dos (2) horas diarias los días jueves, viernes y sábado por semana, lo que equivale a 24 horas mensuales, se obteniéndose el valor hora a razón de S/. 440.00 /24 horas mensuales = 18.33 y previo a las operaciones de cálculo de ley, las emplazadas deberán abonar en forma solidaria al actor, por concepto de Gratificaciones de julio y diciembre de 2004 a 2009 y Gratificaciones de julio y diciembre de 2004 a 2009, y Gratificaciones Trunca de Julio 2010, la suma dineraria de:

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2004 Julio

=

S/. 440.00

Dic.

=

S/. 440.00

Julio

=

S/. 440,00

Dic.

=

S/. 440,00

Julio

=

S/. 440,00

Dic.

=

S/. 440,00

Julio

=

S/. 440,00

Dic.

=

S/. 440,00

Julio

=

S/. 440,00

Dic.

=

S/. 440,00

Julio

=

S/. 440,00

Dic.

=

S/. 440,00

Julio

=

S/. 440,00

Dic.

=

S/. 440,00

=

S/. 440,00

S/. 440.00 x 03/06 =

S/. 220,00

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010 Julio

TOTAL A PAGAR

:

S/. 5 500,00

6. INTERESES LEGALES, COSTAS Y COSTOS 6.1. La emplazada debe cancelar los intereses legales devengados de la suma que se ordena pagar, en mérito al artículo 3 de la Ley Nº 25920, así como, por lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 29497, las costas (gastos judiciales), deben ser liquidados conforme al artículo 417 del CPC y costos (honorarios profesionales y el 5% para el Colegio de Abogados), conforme al artículo 411 del CPC. Por estos fundamentos: administrando justicia a nombre de la NACIÓN de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de La Constitución Política del Perú de mil novecientos noventaitrés. FALLO.Declarase FUNDADA en parte la demanda interpuesta por don XXX contra XXX, sobre GRATIFICACIONES DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL 2004 A 2009 Y GRATIFICACIÓN TRUNCA JULIO 2010; en consecuencia ORDENO que estas paguen en forma

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solidaria al demandante la suma dineraria de CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5,500.00), más intereses legales, costas y costos del proceso, a liquidarse en ejecución de sentencia, e INFUNDADA los extremos de Reintegro de Remuneraciones, pago de vacaciones e indemnización vacacional, pago a Compensación por Tiempo de Servicios, y Gratificaciones del 2001, archívese consentida o ejecutoriada que sea la actual resolución, HÁGASE SABER.

Exp. N° 6253-2010 CONSTANCIA El suscrito, deja constancia que en el día de la fecha siendo las dos de la tarde, se hicieron presentes la parte demandante XXX con DNI N° XXX y de la parte demandada doña XXX en representación de la demandada XXX con DNI N° XXX y la abogada de la demandada Dra. XXX, con Registro XXX, a quienes se les hace entrega de la Sentencia expedida en el presente proceso, firmando los respectivos cargos de notificación. XXX, XXX de 2011.

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Secretario : XXX Expediente Nº : XXX Escrito Nº : XXX Formula Recurso de Apelación

AL SEÑOR JUEZ DEL XXX JUZGADO LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE XXX: XXX, en los seguidos con empresa XXX, sobre Pago de Beneficios Sociales respetuosamente a usted digo: I. PETITORIO Tal y conforme podrá verificar del Cargo de Notificación atinente, con fecha XXX del año en curso, he sido notificado con la Resolución Nº XXX, fechada e XXX del año en curso, que contiene la SENTENCIA del presente proceso y que declara “FUNDADA en parte” la demanda interpuesta por el recurrente. No estando conforme con el contenido y decisión de la referida Resolución Sentencial, en tiempo y forma, al amparo de lo prescrito por el artículo 32 de la Ley Nº 29497 “Ley Procesal del Trabajo”; procedo a interponer RECURSO DE APELACIÓN contra la misma. Procurando que el Superior Jerárquico, la revoque en el extremo atinente. En atención a: II. DE LOS ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO INCURRIDOS POR EL A QUO: 2.1 De manera preliminar, precisamos que el extremo de la Resolución Sentencial que se impugna, es el ítem 6. PAGO DE GRATIFICACIONES DEVENGADAS” y su correlato de la Parte Resolutiva de la misma. 2.2 Conforme podrá advertirse del tenor de dicho extremo específicamente en el ítem 6.1. el A quo deja por sentado que “(. . .) habiéndose determinado que el actor ha mantenido relación laboral con la demandada, desde el día 9 de marzo de 2001, hasta el 3 de abril de 2010, en calidad de obrero de limpieza (…). 2.3 No obstante ello, por error involuntario, precisa en el ítem 6.3. de la Resolución que se impugna: “(...) atendiendo que el actor laboró para la emplazada en jornada parcial de dos (02) horas diarias los días jueves, viernes y sábado por semana, desde su fecha de ingreso el día XXX, hasta el 3 de abril de 2010, este solo tiene derecho a las gratificaciones de julio y diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, así como la correspondiente gratificación trunca de julio 2010, (...)”. 2.4 Por lo anotado resulta evidente que el A quo HA OMITIDO reconocer las Gratificaciones Devengadas de Fiestas Patrias del año 2001 (Trunca), así como la correspondiente a Navidad del año 2001. Sumándose a ello también la FALTA DE RECONOCIMIENTO, por parte del A quo, de las Gratificaciones Devengadas de los años 2002 y 2003. III.FUNDAMENTACIÓN DEL AGRAVIO: Es evidente que el agravio que produce la Resolución Apelada al recurrente, es de índole ECONÓMICO; pues se está omitiendo reconocer el derecho a percibir los montos atinentes a las Gratificaciones Devengadas de los años 2001, 2002 y 2003.

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POR LO EXPUESTO A usted, señor juez; sírvase emitir el concesorio atinente y elevar los actuados al Superior Jerárquico, a fin que se proceda conforme a sus atribuciones jurisdiccionales. Es legal. XXX, XXX del 2011.

EXPEDIENTE N° : XXX DEMANDANTE : XXX DEMANDADA : XXX MATERIA : Beneficios sociales JUEZ : XXX SECRETARIO : XXX

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX XXX, XXX del año dos mil once. Con el escrito presentado por la parte demandante de fecha XXX y recibido en secretaría con fecha XXX y escrito presentado por la parte demandada de fecha XXX y recibido en secretaría con fecha y tasa judicial que adjunta; AGRÉGUESE a los autos; Y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la parte demandante y demandada, interponen recurso de apelación contra sentencia contenida en la resolución número XXX emitida en autos, la cual declara fundada en parte la demanda interpuesta por el actor; SEGUNDO: Que, los recursos de apelación presentado por las partes, reúnen los requisitos previstos por el artículo 32 de la Ley Nº 29497, concordante con los artículos 366 y 371 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al Proceso Laboral, pues se verifica que se encuentran dentro plazo legal, señalando los errores de hecho y derecho en los que a criterio de los impugnantes ha incurrido la resolución apelada y asimismo han sustentado su pretensión impugnativa; que, siendo esto así, y en aplicación a la normativa antes glosada: CONCÉDASE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO de la SENTENCIA contenida en la resolución número XXX, de fecha XXX y ELÉVENSE los autos por ante el Superior Jerárquico con la debida nota de atención. AI 1º Otrosí digo: del escrito de apelación de la parte demandada TÉNGASE por delegadas las facultades de representación, contenidas en el artículo 74 del Código Procesal Civil, al letrado que señala. AI 2º Otrosí digo: CUMPLA con señalar casilla electrónica tal y conforme lo señala el artículo 13 concordado con la Primera Disposición Transitoria de la Ley N° 29497, así como también el artículo 17 de la Ley, antes mencionada; y se proveerá. NOTIFIQUESE conforme a ley.

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“Año del Decenio de las Personas con Discapacidad y del Centenario de Macchu Picchu” XXX, XXX de 2011. Oficio N° XXX. Señor PRESIDENTE DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE XXX PRESENTE. Tengo el honor de dirigirme a usted, con motivo de los seguidos por don XXX contra XXX, sobre Beneficios Sociales, signado con el Expediente XXX, el cual va en apelación contra la Sentencia contenida en la resolución número XXX, que corre de hojas 76 a 89, contando el expediente con (01) hojas. Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima. Dios guarde a Ud. TIAN/feds Se remiten los actuados a su Despacho por ser primera vez.

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE XXX EXPEDIENTE : MATERIA : DEMANDADO : DEMANDANTE RELATOR :

XXX Pago de beneficios sociales XXX : XXX XXX

RESOLUCIÓN NÚMERO: XXX XXX, XXX del año dos mil once. AUTOS Y VISTOS; PRIMERO.- Dado cuenta con el oficio que antecede y expediente elevado; y Que, el presente proceso ordinario laboral, tramitado bajo las reglas de la Nueva Ley Procesal del Trabajo número 29497, ha sido elevado en apelación de la resolución número cinco (sentencia), mediante la cual se ha resuelto declarar fundada en parte la demanda; SEGUNDO.- Que, en atención a lo normado por el artículo 33, acápite a) de la Ley en mención, corresponde fijar día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa, entre los 20 y 30 días hábiles siguientes de su recepción; TERCERO.- Que, de otro lado, dada la especial naturaleza de este proceso ordinario laboral, donde prima la oralidad, es necesario recordar a los justiciables y sus abogados que su actuación en segunda

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instancia, hasta la absolución del grado, debe circunscribirse a lo estrictamente previsto en la parte pertinente del artículo 33, acápites b), c) y d) de la Ley Nº 29497, que dispone: “Artículo 33 (...) El órgano jurisdiccional de segunda instancia realiza las siguientes actividades: (...) b) El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados y Ios fundamentos en que se sustentan; a continuación, cede el use de la palabra al abogado de la parte contraria. Puede formular preguntas a las parte y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales; c) Concluida la exposición oral, dicta sentencia inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan, de modo lacónico. Excepcionalmente, puede diferir su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la sentencia, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista, y d) Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho” (cursivas y negritas es nuestro); por tanto deben abstenerse de presentar escritos innecesarios y dilatorios que distorsionan la razón de ser de este célere proceso, bajo responsabilidad de ser pasibles de las sanciones por inconducta que esta Nueva Ley Procesal del Trabajo prevé; siendo que los realmente necesarios serán reservados para ser proveídos luego de la resolución que absuelve el grado; CUARTO.- Que, atendiendo a, que el monto ordenado pagar en la sentencia recurrida (S/. 5,500.00) no supera las setenta Unidades de Referencia Procesal (S/. 25,200.00), de conformidad con lo normado por la Sexta Disposición Transitoria de la Ley Nº 29497 y estando al mérito del sorteo realizado en Sala, debe precisarse que el trámite de estos autos correrá a cargo del Segundo Tribunal Unipersonal de la Primera Sala Especializada Laboral, que actualmente despacha el suscrito; QUINTO.- Que, de otro lado, advirtiéndose de autos que el actor, al apelar la sentencia, no ha recaudado el recibo de tasa judicial por el importe de S/. 72.00 (50% de su valor) que corresponde, ello en atención al monto del petitorio de su demanda (S/. 32,966.08), a lo prescrito por el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, y de conformidad con lo normado en la Resolución Administrativa Nº 093-2010-CE-PJ, que reguló el valor de los Aranceles Judiciales del año 2010, cuya vigencia ha sido prorrogada para este año a través de la Resolución Administrativa número 442-2010-CE-PJ; así como tampoco ha presentado las cédulas de notificación que exige la Directiva número 006-2009-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa número 220-2009-CE-PJ; siendo esto así y en aplicación a lo normado por los artículos 50, inciso primero, y 367, tercer párrafo, del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 27703, debe requerirse se subsane la omisión advertida; por lo expuesto: SEÑÁLESE el día MARTES VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A HORAS NUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA, para que se lleve a cabo la vista de la causa en la Sala de audiencias públicas de la Primera Sala Especializada Laboral, por ante el Segundo Tribunal Unipersonal; RECOMIÉNDESE a las partes intervinientes y sus abogados, tener en cuenta lo precisado en la tercera considerativa de la presente resolución, bajo responsabilidad; y DISPÓNGASE notificar a la parte demandante, a fin de que en el plazo de tres días presente los recibos de tasa judicial por derecho de notificación judicial (según el número de sujetos procesales a notificar) y por recurso de apelación, por la suma de S/. 72.00, bajo apercibimiento de rechazar su recurso, declarándolo inadmisible. XXX Sala Laboral de la Corte Superior de XXX.

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EXPEDIENTE N° SALA LABORAL DE SECRETARIO DE SALA RELATOR DE SALA

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XXX XXX XXX XXX

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE VISTA DE LA CAUSA XXX, XXX de 2011 I. INICIO: 9:30 am. II. INTRODUCCIÓN: Presentes en la Sala de Audiencias de la XXX Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de XXX con sede en la Avenida XXX, en la demanda interpuesta por XXX contra la empresa XXX, sobre BENEFICIOS SOCIALES, se procede a verificar la presencia de los intervinientes a esta Audiencia Pública de Vista de la Causa. III.ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: DEMANDADA XXX DNI N° : XXX Registro XXX IV. LECTURA DE PIEZAS: En este acto, de conformidad con el numeral 16 del artículo 263 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal cede la palabra al señor relator XXX, a fin de que dé lectura a las principales piezas del proceso. V. INFORMES ORALES: En este acto de conformidad con el literal b) del artículo 33 de la Ley Nº 29497, el Presidente de la Sala cede la palabra al señor abogado presente, a fin de que exprese sus alegatos. a) El ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA, XXX, sostiene que y apelaron la sentencia por el hecho de haberse basado en un informe final del Ministerio de Trabajo sin ningún otro medio probatorio adicional que presuma el vínculo laboral del demandante con su representada XXX, refiere que entre el demandante y la demanda existía un contrato de locación de servicios regulados por normas del Código Civil, los cuales, por ser un contrato de naturaleza civil no necesitaban ser perfeccionados por escrito, pues bastaba el consentimiento de las partes para su perfeccionamiento. Alega que es un error del juzgador el hecho de considerar que su representada no aportó contrato alguno del actor ya que estos documentos no existen por los motivos que expuso, pues la carga de la prueba no le corresponde a la empresa demandada. Señala que el informe final del Ministerio de Trabajo no acredita vínculo alguno de trabajo ya que el demandante fue un integrante de la peña que prestaba servicios de naturaleza civil a la demandada, pero que no se trató de un trabajador con vínculo de subordinación alguna. Los demás puntos de su exposición quedan grabados en audio y video.

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En este acto el señor Juez Superior doctor XXX, formula preguntas al abogado de la parte demandada, para que explique como laboraba el demandante y bajo las órdenes de quien; el abogado de la parte demandada manifestó que trabajaba por horas y en forma autónoma. Preguntado el abogado para que diga porque no participó en la audiencia de conciliación y dejó que le proceso caiga en rebeldía, al no tener oportunidad de ofrecer pruebas y recién apareció en el proceso días previos a la audiencia de juzgamiento, a que se ha debido esta situación: el abogado de la parte demandada manifestó que existió un vacío en la defensa de la primera abogada de la demandada, él recién estuvo a partir del recurso de apelación del mismo. Preguntado porque en los escritos de contestación de demanda no hay mayor sustento probatorio respecto de la tesis probatoria que ahora se sustenta en segunda instancia, pues solo presentaron además del RUC y el poder, un contrato de arrendamiento; el abogado de la parte demandada manifestó que lo que sucede es que no existen tales medios probatorios, no hay formalidad respecto a la contratación y como ya que como explicó la norma civil solo requiere el consentimiento de las partes, no se puede pretender una inversión de la carga de la prueba y por ende una presunción legal de la prestación personal de servicios. En este acto, el señor Presidente de la Sala informa a la parte concurrente que se procederá a dictar el fallo correspondiente de la siguiente manera, quedando los fundamentos grabados en audio y video. VI.

SENTENCIA:

FALLO: CONFIRMARON la sentencia de fojas 75 a 80 de fecha XXX, que declaró FUNDADA en parte la demanda interpuesta por don XXX contra XXX, sobre GRATIFICACIONES DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD del 2004 a 2009 y GRATIFICACIÓN TRUNCA JULIO 2010; en consecuencia, ORDENO que esta pague al demandante la suma dineraria de CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5,500.00), más intereses legales, costas y costos del proceso, a liquidarse en ejecución de sentencia, a INFUNDADA en los extremos de reintegro de remuneraciones, pago de vacaciones a indemnización vacacional, pago de compensación por tiempo de servicios y gratificaciones del 2001 a 2003; con lo demás que contiene; y los devolvieron al XXX Juzgado Especializado de Trabajo de XXX. En este acto el Colegiado cita a las partes para que concurran a la Oficina de Secretaría de la XXX Sala Laboral el día XXX, a horas XXX DE LA TARDE, para efectos de la notificación de la Sentencia. Finalizó: 09:24 horas.

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EXPEDIENTE N° DEMANDANTE DEMANDADA MATERIA

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XXX XXX XXX Pago de beneficios sociales

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX XXX, veinticinco de abril del año dos mil once. VISTOS.- En Audiencia Pública, la XXX Sala Laboral de esta Corte Superior de Justicia de XXX, Doctor XXX, expide la siguiente Sentencia de Vista: 1. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 1.1 Que, es objeto de impugnación, la sentencia de fojas 76-89, su fecha 19 de enero de 2011, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta, ordenando el pago de la suma de S/. 5, 500.00 nuevos soles, por los conceptos de gratificaciones por los periodos de 2004 a 2009 y la gratificación trunca que corresponde a julio del año 2010. La sentencia es impugnada válidamente, únicamente por la parte demandada XXX. 1.2 Que, mediante escrito de apelación de fojas 101 105, la codemandada XXX, solicita la revocatoria de la recurrida, argumentando básicamente, lo siguiente: a) Que, se debió de considerar lo previsto por los artículos 1351 y 1352 del Código Civil, respecto al perfeccionamiento de un contrato civil, en tanto, no es exigible la escrituralidad, por lo tanto, resulta errónea el criterio del Juzgador de no considerar la existencia de este contrato entre las partes, si no existe de por medio un contrato escrito. b) Que, el demandante se desempeñaba como obrero de limpieza, que se encontraba trabajando autónomamente, pero no directamente con el demandado. c) Que, erróneamente, se ha concluido en la existencia de relación laboral, sobre la base del informe de inspección final, pues las declaraciones contenidas en dicho informe, son vertidas por personas que prestan sus servicios fuera del local de la demandada, que prestan sus servicios de carácter civil en la Calle XXX, además no se señala expresamente, que el actor haya laborado directamente para la demandada recurrente. d) Que, de la revisión minuciosa del acta de visita inspectiva y del informe mismo, se puede apreciar que la inspección se realizó en la calle San Martín 791, cuando el domicilio de la codemandada recurrente, se ubica en la calle XXX, con lo que se acredita que no existe relación laboral con el demandante. 2. CONSIDERANDOS: PRIMERO.- Que, antes de absolver el grado, se debe señalar que se rechaza de plano la apelación del demandante, dado que, mediante resolución número siete, de fojas 109 110, se le concedió el plazo de tres días, a partir de la notificación de la resolución citada, a efecto de que subsane con el pago de tasas judiciales, no habiendo dado cumplimiento con lo ordenado; por lo que se declara inadmisible de plano la apelación interpuesta por

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el demandante y en consecuencia nulo el concesorio de la apelación contenido en la resolución número seis, en lo que a la parte actora corresponde. SEGUNDO.- Que, la sentencia apelada debe confirmarse, por dos razones esenciales: la primera de ellas porque la sentencia ha sido consentida por el demandante, cuya apelación es rechazada de plano conforme a lo señalado supra, y, la segunda, porque la relación laboral se ha acreditado plenamente. TERCERO.- Que, en principio, la parte demandada no sé ha presentado a la audiencia de conciliación, como es de observarse del acta de registro de audiencia de conciliación de fojas 25, contestando la demanda, en forma extemporánea; sin embargo, se ha admitido su comparecencia en la audiencia de juzgamiento, tal y como es de observarse del audio y video del Sistema Integrado Judicial y acta de su propósito de fojas 7375. CUARTO.- Que, analizando los argumentos defensivos de la demandada, estos difieren entre sí, son contradictorias. QUINTO.- Que, sin embargo, la demandada apelante XXX, mantiene en su impugnatorio, el mismo discurso de su escrito de apersonamiento de fojas 46, según el cual, admite la prestación de servicios, pero niega su naturaleza laboral, argumento al que se reduce, en buena cuenta toda la apelación materia del grado. SEXTO.- Que, tal afirmación no es cierta, porque se han actuado medios de prueba que resultan suficientes a idóneos para acreditar el carácter subordinado de los servicios, como por ejemplo el informe de actuación inspectiva de fojas 04 - 09. SÉTIMO.- Que, antes de describir el contenido de este informe de actuación inspectiva, es necesario remarcar su contundencia, suficiencia, fortaleza e idoneidad probatoria como mecanismo para acreditar la existencia de un contrato de trabajo, en tanto es producto de una diligencia de investigación y constatación realizada por un funcionario público, especialmente capacitado y facultado para develar una relación laboral. OCTAVO.- Que, el informe de actuación inspectiva mencionada, al haber sido recabada por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones legales, goza de fe pública, constituyéndose como un documento público, conforme se colige del quinto parágrafo del artículo 1 de la Ley General de Inspección del Trabajo Ley número 28806, en concordancia con el ordinal 1 del artículo 235 del Código Procesal Civil. NOVENO.- Que, en el informe inspectivo de fojas 4 9, el Inspector de trabajo concluye en la existencia de relación laboral, así lo señala en su conclusión “Tercera.- Que, se ha determinado que ha existido un vínculo laboral entre el denunciante XXX con la empresa denominada XXX. DÉCIMO.- Que, el Inspector de Trabajo arribó a la conclusión de la existencia de relación laboral, luego de las constataciones o como las denomina propiamente como averiguaciones a indagaciones, así como los documentos que ha tenido a la vista. Este juicio valorativo que ha efectuado el Inspector, tiene un valor especial en el proceso, pues, se ha realizado con inmediación e inmediatez y, porque quién la ha llevado a cabo posee facultades reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, conforme a las normas antes señaladas. Agréguese, además, que el informe inspectivo que se analiza tiene plena validez y contundencia, pues la demandada no ha efectuado ningún cuestionamiento en sede, administrativa o contenciosa administrativa, tal como lo admite,

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cuando el Juzgador le exige tal precisión, como es de verse del audio y video, en el minuto 40:14. Se trata pues, de un documento de gran importancia probatoria, no solamente por provenir de funcionario autorizado y entrenado para su emisión, sino también por reproducir situaciones Pre-procesales, constatadas con inmediación y oportunidad, evitando que se desvanezcan los indicios o rasgos objeto de constatación. DÉCIMO PRIMERO.- Que, otra evidencia de la existencia de relación laboral, es la misma contestación de demanda de la demandada XXX, de fojas 46, en la cual admite que el demandante le prestó servicios personales. También en el juzgamiento se permitió su comparecencia, en cuyo estadio la codemandada sostuvo lo siguiente: En sus alegatos apertura, minuto 19:48, la codemandada señala que el actor sí prestó labores de mayo de 2008 hasta abril de 2010, los días jueves, viernes y sábado; posteriormente en el minuto 55:20, nuevamente la demandada señaló, que el demandante laboraba 1 hora diaria, los jueves, viernes y sábado y que la retribución fue de S/. 440,00 nuevos soles. La demandada conforme lo alega en su contestación admite la prestación de servicios, a partir de cuyo hecho la nueva ley procesal del trabajo, Ley número 29497, en su artículo 22, 3 manda presumir su carácter subordinado, correspondiendo a la parte demandada desvirtuarlo, sin embargo, la demandada, que en este caso, pese a estar rebelde, alega, como principal argumento de defensa que la relación que sostuvo con el actor fue de carácter civil, pero no presenta los recibos por honorarios que supuestamente le giró el actor, mucho más si refiere que le prestó servicios desde el año 2008. DÉCIMO SEGUNDO.- Que, todo este análisis revela que está debidamente probado el carácter personal de los servicios del actor, de cuya probanza emerge la presunción de laboralidad a que se refiere el artículo 22, inciso 3 de la Ley número 29497, que prescribe: “Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario (...)”, la misma que, por su naturaleza iuris tantum, ha podido ser desvirtuada por la parte demandada, objeto que no ha sido satisfecho, en modo alguno por aquella, habiéndose limitado a afirmar, pero sin llegar a acreditarlo, la eventual naturaleza civil de la prestación de servicios, la que, según el escrito de fojas 104, habría ocurrido, nada de lo cual ha sido sustentado en medios probatorios, como es de observarse de su ofertorio de pruebas de fojas 51, las cuales se reducen simplemente a dejar constancia del contrato de arrendamiento con la demandada, y la exhibicional de los talonarios de recibos por honorarios profesionales, medios probatorios inconducentes a probar lo que alega y, sobre todo extemporáneos por la calidad de rebelde que ostenta en este proceso, pero que pese a esta situación procesal, se considera su tesis defensiva y su actuación en el proceso, la cual no conducen a probar lo que ha alegado. DÉCIMO TERCERO.- Que, la orfandad probatoria que ha acompañado a la tesis defensiva de la demandada, originariamente rebelde en este proceso, ha dejado plenamente subsistente la presunción de laboralidad ya anotada, lo que supone aplicar lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo número 003-97-TR, en adelante LPCL, que prescribe: “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (...)”.

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DÉCIMO CUARTO.- Que, el contrato de trabajo es un contrato realidad que se configura por la concurrencia de sus rasgos configuradores esenciales; ello es así, merced al carácter imperativo de las normas de tutela del trabajo, que tornan inválidos los actos jurídicos contrarios al orden público (artículo V del Título Preliminar del Código Civil, aplicable supletoriamente, en virtud al artículo IX del mismo título y cuerpo legal); de ese modo despliega sus efectos el denominado principio de primacía de realidad, que según Plá, se enuncia de la siguiente manera: “En el caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos” (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. Tercera edición actualizada, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 313); en consonancia con lo anterior, el artículo 4 de la LPCL, ya citado; así, pues, nuestro sistema jurídico laboral muestra su preferencia por la contratación a plazo indeterminado, que supone la subsistencia del vínculo laboral en tanto y en cuanto no se configure una causal legalmente estatuida que suponga su extinción, una vez cumplidos los requisitos exigidos. DÉCIMO QUINTO.- Que, es necesario mencionar que, nuestro sistema jurídico, contiene una marcada opción general destinada a proteger el trabajo entrelazado con los conceptos de dignidad de la persona humana, como medio para su subsistencia y desarrollo (artículos 1, 22 y 23 de la Constitución del Estado); en efecto, no solo está recogido en la norma de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, sino que también es recogida en diversos instrumentos internacionales, así se aprecia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica”, y en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, manteniendo preeminencia respecto de otros derechos que no gozan de tal relevancia y acogimiento supraconstitucional; que, frente a la marcada desigualdad existente entre las partes del contrato laboral, que coloca al trabajador en una desventaja no solo jurídica, moral y económica, sino también probatoria, respecto de su empleador, en tanto la subordinación (elemento esencial y diferenciador de este tipo de contratos), eventualmente, limita su acceso a los medios de información o de prueba, lo que se traduce en una manifiesta dificultad de acreditación de los hechos, entre ellos el relativo a la existencia de relación laboral, la doctrina científica, jurisprudencial y la ley misma, han ideado mecanismos de desigualdad compensatoria, que se traducen, entre otras, en la imposición de una suavización de las exigencias probatorias al trabajador, y en el tratamiento procesal tuitivo a este, los que se reflejan en el primer artículo del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ley número 29497, que recogen los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad y veracidad; así como los de in dubio pro operario a irrenunciabilidad de derechos propios del derecho laboral. DÉCIMO SEXTO.- Que, en el presente caso, luego de haber efectuado un minucioso análisis de los medios probatorios aportados, se ha establecido que estamos aquí, ante un auténtico contrato de trabajo, vale decir, ante una prestación de servicios subordinada y no autónoma. DÉCIMO SÉTIMO.- Que, ajeno a lo antedicho, es el reconocimiento parcial de tales derechos laborales efectuado por el juez del proceso, bajo una incorrecta invocación de un contrato especial de tiempo parcial, lo que a su vez ha dado lugar a la desestimación de las pretensiones de vacaciones, compensación por tiempo de servicios, bonificación por turno

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nocturno; sin embargo, esta situación no puede ser modificada, ni alterada en esta instancia, porque, como ya se ha expresado supra, el demandante ha consentido la sentencia, inclusive, en la apelación, posteriormente rechazada de plano, de fojas 95 96, el demandante se limitó a cuestionar la extensión temporal del amparo de la única pretensión estimada fundada en la sentencia, pero no formuló ningún cuestionamiento a la decisión judicial de adscribir los hechos en controversia a un contrato part time y a la desestimación de las pretensiones ya enunciadas. DÉCIMO OCTAVO.- Que, esta situación, que, como se itera, este Tribunal no comparte, por cuanto el contrato a tiempo parcial, ha sido configurado por nuestro ordenamiento, bajo formalidades ad solemnitatem, resaltando entre ellas la exigencia prevista en el artículo 4 del Decreto Supremo número 003 97 TR, 11 y 13 de su Reglamento, Decreto Supremo número 001 96 TR, de donde se puede concluir que son requisitos para la contratación a tiempo parcial, los siguientes: i) la celebración bajo forma escrita (formalidad ad solemnitatem) y; ii) la puesta en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo. DÉCIMO NOVENO. Que, el Juez del proceso, a pesar de no haberse probado la observancia de estos requisitos legales, ha concluido en la existencia de este tipo de contratación especial y excepcional, sin merecer por parte del demandante cuestionamiento alguno. Tal conclusión jurisdiccional, no puede ser modificada en esta instancia en perjuicio del único apelante, XXX, en virtud a la prohibición de reformatio in peius, prevista en el artículo 370 del Código Procesal Civil, y aplicable supletoriamente al presente proceso, en virtud a lo establecido en la primera disposición complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley número 29497. Son por estas razones y no por las esgrimidas en la recurrida, que la sentencia apelada debe ser confirmada. VIGÉSIMO.- Que, ahora, también se puede observar del audio y video que se registra en el Sistema Integrado Judicial, la existencia de ciertas situaciones procesales, a saber: a) En la exposición de los hechos de las partes, el A quo solicita a la parte demandante que enuncie los medios probatorios que sustenta su pretensión, lo mismo sucede con la parte demandada (minutos 16:00 y 17:17, respectivamente). b) En la etapa de confrontación de posiciones, en el minuto 23:52, el a quo enumera los hechos necesitados de prueba. c) El juez resuelve la tacha en la actuación probatoria, minuto 34:58. d) En la etapa de actuación probatoria, también el A quo señala que las documentales presentadas como medios probatorios no debe actuarse porque son de actuación inmediata, “por su presentación y contenido”, minuto 41: 59. VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, este Tribunal estima conveniente analizar las situaciones procesales antes referidas, para poder realizar recomendaciones con una finalidad de labor pedagógica respecto, a la implementación adecuada del nuevo sistema procesal laboral, por lo tanto, incentivar una mejor actuación de los Juzgadores de primera instancia de la justicia especializada laboral acorde al espíritu de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, de las situaciones referidas previamente, la primera de ellas descrita en el literal a), el a quo, en el minuto 16: 00 y en el minuto 17:17, refiere tanto al demandante como al demandado que enuncien sus medios probatorios; sin embargo, no

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es correcta la enunciación de los medios probatorios en la exposición de los hechos, pues solo se expone los hechos, sin argumentación jurídica, ni sustentación probatoria, pues luego serán parte de la actuación probatoria, tal y conforme lo prescribe el artículo 45 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. VIGÉSIMO TERCERO.- Que, el a quo, enuncia y enumera los hechos que son necesitados de prueba, pues argumenta que no existe hechos no necesitados de prueba; el juez no debe efectuar esta enumeración, pues la norma no lo exige, de conformidad con lo previsto por el artículo 46, inciso 1 de la Ley 29497; esta enumeración si la exigía la antigua Ley Procesal del Trabajo, el acto posterior inmediatamente que debería proseguir, es simplemente la admisión de los medios probatorios. VIGÉSIMO CUARTO.- Que, también se observa que la tacha planteada por la demandada ha sido resuelta en Audiencia; cuando el artículo 46,3 de la Ley Nº 29497, no alude a ninguna resolución interlocutoria a resolverse en la etapa probatoria. Por el contrario, el artículo 31, segundo párrafo de la ley citada, prescribe que la sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes; entre ellas, claramente se entiende que se hace referencia a la cuestión probatoria de la tacha; por lo que, se recomienda al A quo, no emitir una resolución interlocutoria en la audiencia, como la resolución de una tacha. VIGÉSIMO QUINTO.- Que, finalmente, respecto a la actuación de la prueba documental, no se desplegó actividad alguna en la audiencia, tal y como se aprecia del audio y video de la audiencia de juzgamiento; este Tribunal, recomienda al juzgador modificar este criterio en la medida que el modelo de juzgamiento oral no exenta a la prueba documental de actuación, por lo que puede y debe en caso de ser necesario ser sometida al debate oral de posiciones al que se refiere el artículo 12 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en su parte in fine. POR ESTAS CONSIDERACIONES ESTE TRIBUNAL con las facultades investidas de la Nueva Ley Procesal del Trabajo número 29497 y artículo 1 de la Resolución Administrativa número 182-2010-CE-PJ, del 20 de mayo de 2010, dispone: CONFÍRMESE la sentencia de fojas 76-89, su fecha 19 de enero de 2011, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por don XXX contra la empresa XXX; en consecuencia, ORDÉNESE que la parte demandada, en forma solidaria, pague al actor, la suma de S/. 5,500.00 nuevos soles (CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/ 100 NUEVOS SOLES) por los conceptos de gratificaciones de fiestas patrias y navidad de 2004 2009 y la gratificación trunca de Julio de 2010; con lo demás que contiene. DECLÁRESE INADMISIBLE el escrito de apelación del demandante de fojas 95 96; en consecuencia NULO EL CONCESORIO establecido en la resolución número seis en el extremo que concede al apelación a la parte demandante; y devuélvase los autos al Tercer Juzgado Laboral de Trujillo, a cuyo titular le RECOMIENDA tener en cuenta lo dispuesto en las seis últimas considerativas de la presente resolución.

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XXX SALA LABORAL EXPEDIENTE N° : XXX SECRETARIO DE SALA : XXX

CONSTANCIA DE INCONCURRENCIA DOY FE: Que, en la fecha a horas 12:30 de la tarde, se citó a las partes para que concurran a la Oficina de Secretaría de la Primera Sala Laboral para efectos de la notificación de la sentencia de vista, no habiendo concurrido las partes, dejándose constancia de tal hecho para los fines de ley. XXX, XXX de 2011.

EXPEDIENTE N°: DEMANDANTE : DEMANDADA : MATERIA : JUEZ : SECRETARIO :

XXX XXX XXX Beneficios sociales XXX XXX

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX XXX, XXX del año dos mil once. POR DEVUELTOS: Oficio y expediente remitido por el Superior Jerárquico recepcionado en secretaría con fecha 31/05/2011, CÚMPLASE con lo ejecutoriado y con este propósito: REQUIÉRASE a la demandada XXX para que en el término del tercer día de notificado pague al demandante la cantidad de S/. 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), por concepto de capital, bajo apercibimiento de ejecución forzada NOTIFÍQUESE con las formalidades de ley.

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PRIMERA SENTENCIA DE CASACIÓN CON LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en Audiencia Pública, con bastante celeridad, dictó el primer fallo de recurso de casación que llegó a la máxima instancia, bajo los alcances de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) N° 29497. Se trata del Expediente Cas. N° 2804-2011 procedente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en el proceso seguido por el docente Marco Antonio Honorio Acosta contra la Universidad Privada Antenor Orrego por pago de beneficios sociales (pago de indemnización vacacional por 30 días adicionales desde el año 1999 a 2009). Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA CAS. LAB. N° 2804-2011-LA LIBERTAD Lima, dieciocho de enero del dos mil doce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:------------------------VISTA; la causa número dos mil ochocientos cuatro - dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Magistrados Acevedo Mena, Presidente, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Cháves Zapater; producida la votación con arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ciento doce por la demandada Universidad Privada Antenor Orrego mediante escrito de fojas ciento doce, contra la sentencia de vista obrante a fojas noventa y siete, de fecha cinco de julio del dos mil once, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad que confirmando la sentencia apelada de fojas sesenta y dos del veinticinco de abril del dos mil once, declara fundada la demanda, en consecuencia ordena que la demandada pague al actor la suma de ochenta y seis mil novecientos setenta y tres nuevos soles con noventa y dos céntimos (S/. 86,973.92) por concepto de pago de vacaciones no gozadas e indemnización por vacaciones no gozadas. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veintiséis de setiembre del dos mil once, obrante a fojas sesenta y dos del cuadernillo formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de: a) Infracción normativa de normas procesales referente al artículo 139 incisos 3, 5 y 9 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil.

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b) Infracción normativa de normas materiales, esto es, de los artículos 52 inciso f), y 54 de la Ley Universitaria N° 23733. CONSIDERANDO: PRIMERO: En el examen del recurso casatorio cabe precisar que previamente corresponde se efectúe el análisis de la denuncia de infracción normativa de normas de derecho procesal, ya que por sus efectos nulificantes resultaría innecesario emitir pronunciamiento sobre el agravio de los preceptos de orden material, también declarados procedentes. SEGUNDO: En el recurso de casación se alude que la sentencia impugnada adolece de una debida motivación que justifique la decisión adoptada, por lo que, para establecer si la sentencia afecta el principio de motivación de resoluciones judiciales, entendida dentro de esta, el vicio de congruencia, previamente se debe tener en cuenta la pretensión demandada (vacaciones) y su perspectiva jurídica. TERCERO: En el caso de autos la demanda de fojas trece tiene como petitorio que la Universidad Privada Antenor Orrego pague vacaciones no gozadas en su oportunidad (período del trigésimo primero al sexagésimo día), así como una indemnización por esas vacaciones no gozadas pues considera que desde su fecha de ingreso a dicha casa de estudios, solamente se le ha reconocido y pagado un mes de vacaciones, es decir, ha gozado de vacaciones por un lapso de treinta días, en cada periodo anual, por los periodos de 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 20052006, 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. CUARTO: Al respecto cabe relevar que el artículo 2 numeral 1 del Convenio N° 52 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT establece: “Toda persona a la que se aplique el presente Convenio derecho, tendrá derecho a vacaciones después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables por lo menos” (sic). Asimismo el Convento 132 de la Organización internacional de Trabajo sobre las vacaciones pagadas (revisado, mil novecientos setenta) establece en su artículo 3 numeral 1 puntualiza: “toda persona a quien se aplique el presente Convenio tendrá derecho a vacaciones anuales pagadas de una duración mínima determinada”; (sic) así como, el numeral 3 de dicho artículo determina que: “las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables por un año de servicios” (sic). De estos convenios internacionales se aprecia que estos protegen el derecho al descanso físico después del servicio prestado por el trabajador a su empleador. QUINTO: En el derecho comparado se regula de manera diferenciada los días que se conceden como descanso pagado, así tenemos que en el caso de Chile, su legislación prevé un descanso vacacional pagado de quince. días laborales al año, conforme al artículo 67 de su Código del Trabajo; en Colombia su Código Sustantivo de Trabajo ha previsto de igual manera quince días de descanso pagados; y, México ha reconocido el derecho a vacaciones pagadas por cada año, no inferior a seis días laborales, esto, conforme al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo.SEXTO: En el caso Peruano el artículo 25 de la Constitución Política, determina: Jornada de Trabajo.- (...) Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerado” (sic). El Decreto Legislativo N° 276 en su artículo 24 precisa: “Son derechos de los servidores públicos de carrera: (...) d) Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación convencional hasta de dos periodos” (sic). El Decreto Legislativo N° 713, en su artículo 10 señala que: “el trabajador tiene

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derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios (...)” (sic). Por su parte, la legislación universitaria, Ley N° 23733, en su artículo 52 señala, “De conformidad con el Estatuto de la Universidad, los profesores Ordinarios tiene derecho a (….) f) Las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año, sin perjuicio de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario” (sic). SÉTIMO: De otro lado, teniendo en cuenta que el petitorio de la demanda versa no solo sobre el pago de vacaciones no gozadas (del trigésimo primero al sexagésimo día de descanso según la Ley Universitaria) sino sobre indemnización vacacional por el que se invoca el Decreto Legislativo N° 713, por ese no goce, se debe tener presente a los efectos de la emisión del fallo, los diferentes métodos interpretativos que puedan coadyuvar a un desarrollo argumental congruente, tales como la interpretación: literal, el lógico(1), el sistemático(2), el histórico(3), el sociológico(4), el teleológico(5), así: como los principios de legalidad(6), de subsidiaridad(7), de complementariedad(8)y de supletoriedad(9) de ser el caso. Ello porque el examen de una norma exige como cuestión previa tomar en cuenta criterios y principios para la interpretación de la norma, como por ejemplo rechazar aquella que conduzca al absurdo o a la incoherencia, precisamente porque en ese supuesto no puede tener cabida la interpretación que permita inferir que un determinado supuesto se oponga o resulte manifiestamente incompatible con otro supuesto de una norma. Dicho de otra forma, la correcta interpretación de una norma jurídica debe conducir a que los supuestos que una norma contemple, se apliquen de manera armónica, de tal suerte que no exista oposición y/o discrepancia insalvable entre ellas. OCTAVO: Dentro de este parámetro, cabe resaltar que el debido proceso establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú comprende, entre otros derechos, el de obtener de los Jueces y Tribunales una resolución fundada en derecho, por lo que se exige

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ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho. Octava edición, Tipografía Sesator, Lima, Perú, 1982, Ob. cit., p. 263. El Método Sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que, conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente, que, por tanto, siendo parte de este sistema, y no pudiendo desafinar ni rehuir del mismo el significado y sentido de la norma jurídica podrá ser obtenido de los principio que inspiran ese sistema, principios y consiguiente significado y sentido que incluso pueden ser advertidos con mayor nitidez del contenido de otras normas del Sistema. Por el Método Histórico se pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes como las ideas de sus autores al concebir o elaborar los proyectos, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley, informes; debates, etc. ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil I. Volumen Primero, Decimocuarta edición, José María Bosch Editor, Barcelona - España, 1996, p. 169. Método Teleológico. Este método en su denominación tiene el prefijo “tele” que significa fin. El Método Teleológico es, entonces, el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico. El principio de legalidad o primacía de la ley, es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. El Estado sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se DIGO que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro de Derecho Público y en tal carácter actual como parámetro para decir que en un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas. NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Ara Editores, p. 133. Ibídem, p. 150. Ibídem, p. 131.

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que las sentencias expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5) de la Constitución, que se encuentre suficientemente motivadas con la mención expresa de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión, exigencia preceptuada además en el artículo 12 inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La exigencia de motivación suficiente constituye una garantía para el justiciable, mediante la que puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución. NOVENO: Que, el deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico 4 de la sentencia N° 00966-2007-AA/TC: “no garantiza una determina extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (...). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver” (sic). DÉCIMO: Que, lo explicitado se corrobora con lo expuesto por Alberto Hinostroza Minguez quien afirma, “en lo que respecta a la indicación de los fundamentos de derecho de la resolución (obligación del magistrado que resuelve), puntualizamos que no resulta exigible que aquellos estén señalados por cada considerando que integra la resolución, pues, reiteramos, el análisis de los hechos y del derecho aplicable a estos es una labor de conjunto, lo que implica que los referidos considerandos se hallen entrelazados y que la conclusión que se desprende de ellos obedezca a una interpretación plural y no aislada de los mismos, a una secuencia ordenada, lógica y desarrollada de razonamiento” (sic) (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Jurisprudencia Procesal Civil comentada. Primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, octubre de 2001, p. 38). UNDÉCIMO: Que, se observa entonces, que integrando la esfera de la debida motivación se haya el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre las alegaciones sustanciales formuladas oportunamente–, la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. DUODÉCIMO: Que, además de los vicios de incongruencia referidos, también forma parte de ese principio, el supuesto de incoherencia interna de la resolución, que comprende los desajustes o errores lógicos en la propia esfera de la parte considerativa de la resolución,

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así como la incoherencia externa, comprendería el desajuste lógico entre el fallo y la parte considerativa de la resolución (ver sobre este aspecto a: Ignacio Colome-Hernández, “La Motivación de las sentencias; sus exigencias constitucionales y legales”. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, capítulo segundo, página 454). DÉCIMO TERCERO: Que, la sentencia impugnada incurre en vicio de incongruencia y falta de claridad en su desarrollo argumental, conforme se puede advertir de la lectura de los considerandos sexto, sétimo y décimo, en los cuales se fundamenta que, de acuerdo al artículo 54 de la Ley Universitaria le asistiría al demandante el derecho al goce vacacional de sesenta días, sin perjuicio de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario, superior al tiempo del descanso vacacional que otorga el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713, y por otro lado establece que al demandante le corresponde una indemnización vacacional por no haberse hecho efectivo el descanso vacacional de treinta días adicionales que completan los sesenta días de vacaciones que se reconocen sin perjuicio de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario, aplicando el Decreto Legislativo N° 713, sin explicitar qué artículo de esa normativa regula una indemnización para el hecho concreto del no goce de los treinta días restantes (del trigésimo primero al sexagésimo día) del derecho vacacional que declara, incurriendo en incongruencia interna, pues además en la sentencia se ha señalado: “(...) la frase “de acuerdo a ley de la norma estatutaria debe interpretarse referida a los artículos precitados de la Ley N° 23733 y no al Decreto Legislativo N° 713 que otorga un descanso vacacional menor, (...) (sic), sin embargo dispone el pago doble de vacaciones respecto del segundo periodo ‘no gozado’- indemnización, en base a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 713 (genéricamente) sin motivar porqué una norma que penaliza la falta de goce vacacional por treinta días, resultaría aplicable para el no goce de los segundos treinta días, pues en el proceso ha quedado establecido que el actor hizo uso efectivo de treinta días de vacaciones: Adicionalmente, se vulnera el principio de motivación; cuando no se justifica cuál es el método o principio de interpretación que se emplea para interpretar la frase de acuerdo a ley de la norma estatutaria, además, la Sala Superior como órgano revisor, aún cuando el recurso de apelación lo plantea como agravio expreso (el razonamiento del juez contiene motivación lógica incorrecta), no da respuesta puntual al agravio en comento. DÉCIMO CUARTO: Que, en ese sentido, habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en falta de motivación, corresponde estar a lo previsto en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley N° 29497 que establece: “(...) En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y en ese caso ordena que la Sala Laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió” (sic); siendo así, resulta arreglado a derecho ordenar se expida nuevo pronunciamiento, por lo que estando a la naturaleza de la presente decisión, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de las demás causales declaradas procedentes en el Auto calificatorio de fecha veintiséis de setiembre del dos mil once. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento doce por la Universidad Privada Antenor Orrego; en consecuencia, NULA la

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sentencia de vista obrante a fojas noventa y siete de fecha cinco de julio del dos mil once: DISPUSIERON expedir nueva sentencia con arreglo a las consideraciones precedentes y a la ley; en los seguidos por don Marco Antonio Honorio Acosta sobre Pago de Beneficios Sociales; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497, y los devolvieron.- Vocal Ponente Torres Vega. SS. ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHÁVES ZAPATER

EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR ACEVEDO MENA; ES COMO SIGUE PRIMERO.- En el caso concreto, habiéndose declarado procedente la causal de infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3, 5 y 9 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, conviene analizar en primer término dicha causal, en tanto la demandada oportunamente alegó que la sentencia impugnada adolece de debida motivación, así como violenta el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley que establece o restringe derechos, pues la Sala Superior elude rebatir los fundamentos contenidos en su escrito de apelación y únicamente se limitan a reiterar el contenido de la sentencia emitida por el A quo; por lo que, en tal virtud, es preciso comprobar si, como alega la recurrente, la instancia de mérito infringe las normas que garantizan el debido proceso, en su manifestación del derecho que tienen las partes a obtener del órgano jurisdiccional una respuesta debidamente motivada y basada en lo actuado, así como en lo previsto en el ordenamiento nacional. SEGUNDO.- Al respecto, considerando que en la sentencia de vista se confirma la apelada en similares términos, añadiéndose algunos fundamentos adicionales, es preciso glosar expresamente lo indicado en aquella; en efecto, la sentencia de primera instancia obrante a folios sesenta y dos, indicó que “(...) por mandato del artículo 54 de la Ley Universitaria, el Profesor Ordinario de Universidad Privada, o parte del Estatuto respectivo, es aplicable el Capítulo V. De los Profesores (artículo 43-54), de la Ley Universitaria, con excepción de los incisos e) y g) del artículo. 52, y artículo 53, pues dichos incisos y articulados, son propios de los Profesores de Universidades Públicas, permitiendo interpretar que los Profesores de Universidades privadas tienen derecho a las vacaciones pagadas de sesenta (60) días y por mandato del párrafo final del artículo 54 de la Ley N° 23733, Ley Universitaria, es de aplicación la legislación laboral de la actividad privada (...)”; añadiendo, que el Decreto Legislativo N° 882, norma que en su artículo 6 remite a los trabajadores administrativos y docentes a las reglas aplicables del régimen laboral privado, que la misma no resulta aplicable a estos, específicamente en el tema de las vacaciones de los profesores universitarios, en tanto esta norma “fue expedida para promover y conducir instituciones educativas (...) lo

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que permite deducir que el Decreto Legislativo en comento, no resulta ser una norma legal que regula los derechos y deberes de los profesores de universidades privadas (...)”; en tal virtud, procedió a liquidar el derecho de vacaciones reclamado por el accionante, por “los periodos vacacionales correspondientes a los años 1998 a 2009, que debieron ser gozados en febrero de 1999 a 2010, deben ser compensados conforme al artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, a razón de dos (02) Remuneraciones computables vacacionales, calculadas cada una de ellas sobre la base de la última remuneración ordinaria mensual (...)”, conforme ,se desprende de .la glosa precedente, aplicando en cuanto a la “indemnización vacacional”, el Decreto Legislativo N° 713, norma que regula las vacaciones en el régimen laboral privado. TERCERO.- En el escrito de apelación formulado por la demandada Universidad Privada Antenor Orrego, obrante a folios setenta y tres, se alegó –entre otras cosas–, que la sentencia de primera instancia interpreta erróneamente los artículos 52 y 54 de la Ley Universitaria N° 23733, empero aplica analógicamente el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, violentando con ello la prohibición contenida en el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil sobre la proscripción de la analogía en el caso de norma que establezca o restrinja derechos. CUARTO.- En tal virtud, la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en la sentencia de vista obrante a folios noventa y siete, respecto al tema que nos atañe -vacaciones de los docentes universitarios de Universidades privadas-, argumentó que “(...) tanto la Ley Universitaria como las normas labores de la actividad privada no son incompatibles entre sí, sino más bien que se complementan, debiendo armonizarse ambos dispositivos legales, para no afectar o restringir los derechos fundamentales de los trabajadores docentes universitarios”, indicando además en la parte in fine del quinto considerando de la sentencia de mérito que es “la propia Ley Universitaria N° 23733, la que en su artículo 54, reconoce a los docentes de las universidades privadas, las vacaciones de sesenta días”; no obstante ello, líneas seguidas, en el décimo considerando añade que “la aplicación de las normas pertinentes del Decreto Legislativo N° 713, para otorgar la indemnización por el no goce oportuno del descanso vacacional, no son de aplicación analógica, pues se desprende del propio texto del artículo 54, la remisión al Decreto Legislativo N° 713, mientras que, el derecho contenido en el artículo 52 inciso f), requiere de esta norma para ser viabilizado, pues, ambas normas son complementarias y el A quo, al utilizarlas en su conjunto, ha desplegado la protección integral del Derecho del Trabajo que se desprende de todas las normas con contenido laboral y como lo prescribe la Carta Magna”. QUINTO.- Así, de las glosas que anteceden es fácil advertir que en las instancias de mérito si bien se prefiere la aplicación de la Ley Universitaria N° 23733, para los efectos de determinar el derecho vacacional de sesenta días, sobre lo previsto en el Decreto Legislativo N° 713 (treinta días de vacaciones); sin embargo, al momento de efectuar la liquidación de derecho indemnizatorio por el no goce del derecho vacacional, se ha procedido a otorgar la “indemnización vacacional” por el no descanso oportuno basándose únicamente en la norma del régimen laboral privado, apelando como argumento de respaldo a dicha decisión a la supuesta “complementariedad” existente entre ambos dispositivos normativos, sin que se motive suficiente y claramente el método de aplicación de normas adoptado.

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SEXTO.- En este sentido, es pues insuficiente el desarrollo argumentativo esbozado, respecto del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713 y artículo 24 de esta última norma; ya que, la alusión a la “complementariedad” entre dichas normas exige que el Colegiado desarrolle las razones por las cuales se recurre a dicho método de aplicación de normas; precisando que debe tenerse en cuenta que en todos los sistemas normativos, entre ellos el nacional, las normas se estructuran en función de dos criterios principales el de jerarquía y el de competencia; y en tal virtud, teniendo como base la pirámide kelseniana, en la cúspide de esta se encuentra nuestra Constitución Política y los Tratados de Derechos Humanos, en el nivel primario, los demás tratados, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, leyes regionales, ordenanzas municipales, y sentencias anulatorias emitidas por el Tribunal Constitucional, entre otras; en el nivel secundario, tenemos a los reglamentos (que desarrollan una ley), los decretos regionales, el edicto municipal;, sentencias anulatorias del Poder Judicial, por mencionar algunas; y, en el nivel terciario, encontramos el convenio colectivo, el reglamento interno de trabajo y la costumbre; estas últimas que se agrupan en la base de la, pirámide al provenir directamente de las partes involucradas en la situación fáctica regulada; en los ejemplos mencionados: la relación laboral. SÉTIMO.- Así, respecto a la recurrida, su ubicación una por encima de la otra no hace sino indicarnos de manera clara la preferencia de estas en situaciones en las que nos encontremos ante un supuesto fáctico aparentemente regulado por varias normas simultáneamente. No obstante lo antedicho, debe considerarse además que, el criterio de jerarquía –antes enunciado–, no es la única herramienta con la que cuenta el órgano jurisdiccional para resolver un conflicto “de normas”, ya que existen además los criterios de especialidad y el de temporalidad, entre otros. OCTAVO.- Conviene anotar además que al existir normas que regulen simultáneamente un supuesto de hecho, esta coexistencia no siempre son normas que regulen conflictivamente el mismo hecho, en tal sentido debe precisarse, tal como lo informa acertadamente el profesor Javier Neves Mujica(10), citando al maestro Martín Valverde que “el conflicto entendido en sentido amplio engloba (...) dos supuestos de incompatibilidad distinta entre normas: la contradicción y la divergencia”, la primera de ellas, que se produce cuando dichas normas poseen un igual origen y ámbito; mientras la divergencia, se da en caso estas coincidan sea en su origen o en su ámbito(11). NOVENO.- Cabe destacar además, siguiendo la misma línea de razonamiento, que conjuntamente con los criterios de jerarquía, especialidad y temporalidad, en el Derecho del Trabajo se ha diseñado una fórmula adicional para la hipótesis del conflicto, esto es, el de la norma más favorable, aplicable cuando dos normas regulen incompatiblemente el mismo hecho, debe seleccionarse la que conceda más ventajas al trabajador(12) .

(10) NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, p. 157. (11) La solución en cada caso difiere, pues mientras en la contradicción propiamente dicha, la discrepancia entre las normas conduce a la eliminación de una ellas; en el caso de la divergencia, esta discrepancia otorga la posibilidad de la inaplicación de una de las normas para el caso concreto, dejando subsistente la otra en el ordenamiento jurídico; es este último supuesto (el de divergencia), el que se asimila a la acepción de “conflicto”. (12) NEVES MUJICA, Javier. Ob. cit., p. 61.

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DÉCIMO.- Así las cosas, al ser evidente una manifiesta incongruencia en la argumentación esgrimida en la sentencia de vista, es que se hace necesaria la emisión de un nuevo pronunciamiento, a fin de otorgar una respuesta puntual y coherente a lo planteado por ambas partes, y a lo previsto en el ordenamiento nacional; razón por la cual, corresponde declarar fundado el recurso de casación planteado, y como consecuencia de ello, nula la sentencia de vista. DECISIÓN: Por estos fundamentos: MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento doce por la Universidad Privada Antenor Orrego; en consecuencia, NULA la sentencia de vista obrante a fojas noventa y siete, del cinco de julio del dos mil once; SE ORDENE expedir nueva sentencia con arreglo a las consideraciones precedentes y a la ley; en los seguidos por don Marco Antonio Honorio Acosta sobre Pago de Beneficios Sociales; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497, y se devuelva. S. ACEVEDO MENA

CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE LIMA Cas. Lab. Nº 002804-2011 Doc.213459 Decreto N°- SCSP Lima, veinticinco de enero de dos mil doce Dado Cuenta; con la Razón de Secretaría que antecede; téngase presente; habiendo cumplido esta Suprema Sala con notificar a las partes, conforme a lo dispuesto en el Cuarto Párrafo del artículo 37 de la Ley número 29497, agréguense a los antecedentes, y Devuélvanse los autos a la Sala Superior de origen. S. YRIVARREN FALLAQUE

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I PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Acuerdos adoptados por Jueces Supremos de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitoria del Primer Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral I PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL En la ciudad de Lima, los días 4 y 14 de mayo de 2012, los Jueces Supremos integrantes de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, fueron convocados para la realización del I Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral. Las sesiones se llevaron a cabo en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia de esta ciudad, con la presencia del señor Presidente del Poder Judicial en la sesión inaugural, señor doctor César San Martin Castro, y los siguientes Magistrados Supremos: Elcira Vásquez Cortez, Ramiro Eduardo de Valdivia Cano, Roberto Luis Acevedo Mena, Javier Arévalo Vela, Ricardo Guillermo Vinatea Medina, Elizabeth Roxana Mac Rae Thays, Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaque, Isabel Cristina Torres Vega, Néstor Eduardo Morales González y Juan Chaves Zapater. El señor coordinador del pleno, señor doctor Roberto Luis Acevedo Mena, luego de constatar la asistencia de los magistrados convocados declaró instalada la sesión del I Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral; asimismo, señaló como mecanismo de trabajo: 1) Presentación de los temas sometidos al pleno a cargo de cada uno de los consultores; 2) Debate; 3) Votación; 4) Exposición del Acuerdo, y 5) Redacción de los Acuerdos Plenarios a cargo de los consultores y magistrado coordinador. Luego de los debates realizados en la forma indicada, se adoptaron los siguientes acuerdos: TEMA N° 01: PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO FRAUDULENTO EN LA VÍA ORDINARIA LABORAL Y LA TRAMITACIÓN DEL RECLAMO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS EN DICHOS SUPUESTOS a. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO FRAUDULENTO EN LA VÍA LABORAL REGULADA POR LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO (LEY N° 26636) El Pleno acordó por unanimidad; “Los jueces de Trabajo en los procesos laborales ordinarios regulados por la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26536, están facultados para conocer los procesos de impugnación o nulidad de despido incausado o despido fraudulento, que de ser fundado tengan como consecuencia la reposición del trabajador al centro de trabajo”. b. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO FRAUDULENTO EN LA VÍA LABORAL REGULADA POR LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO (LEY N° 29497) El Pleno acordó por unanimidad:

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“Los jueces de trabajo están facultados pera conocer de la pretensión de reposición en caso de despido incausado o despido fraudulento en el proceso abreviado laboral siempre que la reposición sea planteada como pretensión única”. TEMA N° 02: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES a. SOBRE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LABORAL PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL, TANTO POR DAÑO PATRIMONIAL COMO POR DAÑO MORAL El Pleno acordó por unanimidad: “Los Jueces que ejercen competencia en el marco de la Ley Procesal del Trabajo número 26636 y en la Nueva Ley Procesal del Trabajo número 29497, conocerán de las demandas de daños y perjuicios por responsabilidad contractual tanto por daño patrimonial, que abarca el lucro cesante y daño emergente, como por daño moral, especialmente en los casos de enfermedad profesional.” b. SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL Y SU NATURALEZA CONTRACTUAL, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE CALIFICARLA COMO TAL POR EL DEMANDANTE El Pleno acordó por unanimidad: “Que la responsabilidad del empleador por los daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional es de naturaleza contractual y así debe ser calificada por el Juez, independientemente de la calificación o de la omisión en la calificación por parte del demandante o del demandado”. c. SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL DEMANDANTE ACREDITE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL El Pleno acordó por unanimidad: “Que el trabajador debe cumplir con probar la existencia de la enfermedad profesional, y el empleador, el cumplimiento de sus obligaciones legales, laborales y convencionales. d. SOBRE LA FORMA DE DETERMINAR EL QUÁNTUM INDEMNIZATORIO El Pleno acordó por mayoría: “Probada la existencia del daño, pero no el monto preciso del resarcimiento, para efectos de determinar el quántum indemnizatorio es de aplicación lo establecido en el artículo 1332 del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas suficientes sobre el valor del mismo”.

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TEMA N° 03: TRATAMIENTO DE LAS HORAS EXTRAS EN SECTOR PRIVADO Y EN EL SECTOR PÚBLICO a. SOBRE LOS TRABAJADORES QUE NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA JORNADA DE TRABAJO Y, POR TANTO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE HORAS EXTRAS: TRABAJADORES QUE CUMPLEN LABORES INTERMITENTES El Pleno acordó por unanimidad: “Los trabajadores de espera, vigilancia o custodia, no están comprendidos en la jornada máxima solo si es que su prestación de servicio se realiza de manera intermitente”. b. SOBRE LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES COMO JUSTIFICACIÓN PARA EL NO RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS EN EL SECTOR PÚBLICO El Pleno acorde por unanimidad” “Las limitaciones presupuestales no privan a los trabajadores del Sector Público de gozar del pago de horas extras si se ha realizado trabajo en sobretiempo. Si la relación laboral se encontrara vigente y el trabajador lo acepta, procede la compensación como una alternativa al reconocimiento económica del sobretiempo”. c. SOBRE LA POSIBILIDAD DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DE COMPENSAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS CON PERIODOS DE DESCANSO SUSTITUTORIO El Pleno acordó por unanimidad: “Existe la posibilidad que las entidades del Sector Público compensen el pago de horas extras con períodos de descanso sustitutorio. Sin embargo, para ello tal corno en Sector Privado, es necesaria la aceptación del trabajador y su manifestación de conformidad consignada en un acuerdo (convenio)”. SS. VÁSQUEZ CORTEZ DE VALDIVIA CANO ACEVEDO MENA ARÉVALO VELA VINATEA MEDINA MAC RAE THAYS YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA MORALES GONZÁLEZ CHAVES ZAPATER

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JURISPRUDENCIA CASATORIA CON LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

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FINES DE LA CASACIÓN LABORAL “[H]a quedado sentado en la jurisprudencia de este Tribunal en materia casatoria, que los fines clásicos de la casación reconocidos por la doctrina procesalista son básicamente la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República, los cuales han de procurarse lograrse en materia laboral a través de los mecanismos de control contenidos en el artículo 34 de la Ley N° 29497 (…) el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o revaloración probatoria (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO CAS. LAB. N° 4538-2011-AREQUIPA

Lima, veinticinco de enero de dos mil doce VISTOS; Con el acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, interpuesto por el demandante don Víctor Raúl Garces Molina, a fojas trescientos noventa y seis, contra el auto de vista de fecha catorce de octubre de dos mil once, obrante a fojas trescientos ochenta y ocho, que confirmando la apelada de fecha veinte de mayo de dos mil once declaró fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción planteada por la demandada Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Sociedad Anónima (SEAL S.A.) en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497. SEGUNDO.- En primer término, esta Sala Suprema considera necesario precisar que si bien es cierto la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497 no establece los fines de la casación como lo hizo la anterior Ley N° 26636, y como lo efectúa el Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, ha quedado sentado en la jurisprudencia de este Tribunal, en materia casatoria, que los fines clásicos de la casación reconocidos por la doctrina procesalista son básicamente la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República, los cuales han de procurarse lograr en materia laboral a través de los mecanismos de control contenidos en el artículo 34 de la Ley N° 29497 que precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, b) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. TERCERO.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el recurso de casación satisface las requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 35 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; ii) ha sido interpuesto ante

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la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada: iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) se encuentra exonerado del recibo de la tasa judicial respectiva, en virtud de lo establecido en la Undécima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, pues la pretensión contenida en la demanda es inapreciable en dinero. CUARTO.- El recurrente cumple con la exigencia de procedencia establecida en el artículo 36 numeral 1 de la Ley Nº 29497, en tanto que no ha consentido la resolución de primer grado que no le fue favorable. QUINTO.- Antes del análisis de los demás requisitos de fondo es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio tiene como fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, a que se refiere el artículo 384 del Código Procesal Civil, aplicable por permisión de la Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser ciara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la corte Suprema de Justicia de la República(1). SEXTO.- Como fundamento de su recurso, la parte recurrente invoca: i) Infracción normativa de la Resolución Administrativa Nº 143-2006-CE-PJ, señala que por disposición de esta norma, que fue publicada en diciembre del dos mil seis, recién se permitió el ejercicio de derecho respeto de las demandas de trabajadores que se encontraban comprendidos dentro de los listados publicados con ocasión de la Ley N° 27803. Siendo esto así su demande no se encontraba prescrita a la fecha de interposición de la presente acción, SÉPTIMO.- La Sala Superior en la resolución impugnada, confirmando la sentencia que declaró fundada la excepción de prescripción extintiva de acción planteada por la demandada; en consecuencia, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso; al considerar que la presente acción fue planteada fuera del plazo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 27803. OCTAVO.- En consecuencia, se puede concluir que el recurso casatorio sub examine materia de calificación no cumple con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, pues los agravios denunciados no se circunscriben a la normatividad establecida por la Ley Nº 29497, –bajo el cual se ha iniciado el presente proceso; y, contiene mayor amplitud para formular el recurso de casación–, al no haber señalado de manera clara y precisa la infracción normativa, ni haber demostrado la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada, tampoco se ha precisado el pedido casatorio. Por estas consideraciones y de acuerdo a lo previsto en el primer párrafo del artículo 37 de Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por don Víctor Raúl Garces Molina, a fojas trescientos noventa y seis, contra el auto de vista de fecha catorce de octubre de dos mil once, obrante a fojas trescientos ochenta y ocho: en los seguidos por don Víctor Raúl Garces Molina contra la Empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Sociedad

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Causales de casación en materia laboral, previstas en el artículo 34 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.

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Anónima (SEAL S,A.), sobre Pago de beneficios económicos: ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario Oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley Nº 29497, y los devolvieron.- Vocal ponente: Yrivarren Fallaque. SS. VASQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE CHAVES ZAPATER

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LAS NORMAS QUE SE DENUNCIAN COMO INFRINGIDAS DEBEN HABER SERVIDO DE BASE PARA LA RECURRIDA “(…) Respecto del agravio descrito en el literal a) las normas denunciadas no han servido de base para la emisión de la recurrida, por lo que mal puede denunciarse su aplicación indebida, tanto más si la sentencia de vista ha concluido que el actor pertenece al régimen de la actividad privada (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO CAS. LAB. Nº 4450-2011-CUSCO

Lima, veinticinco de enero del dos mil doce VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de casación interpuesto por el Director Regional de cultura del Cusco a fojas mil cincuentidos, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos dé procedencia SEGUNDO: Que, el artículo 34 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. TERCERO: Que, los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes, así como el demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, CUARTO: El recurrente, invocando el artículo 34 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, denuncia como supuestos de infracción normativa: a) La aplicación indebida de los artículos 12, 13, 15 del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, argumentando que dicha norma es aplicada a los servidores públicos, es decir a aquellos trabajadores que accedieron a la Carrera Administrativa cumpliendo con los requisitos que para el ingreso se establece y que adicionalmente la plaza vacante se encuentre debidamente presupuestada en la Institución, siendo así, en autos el actor no ha acreditado tener tal condición, mucho menos la existencia de la supuesta plaza en CAP institucional, b) La inaplicación de los artículos 1764, 1765, 1766, 1768 del Código Civil, alegando que la

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relación jurídica que se estableció entre el actor y su representada era una de naturaleza civil y no de orden laboral, por lo que los medios probatorios debieron ser evaluados conforme a derecho y a una apreciación razonada y conjunta, c) La aplicación indebida del artículo 47 del Decreto Supremo Nº 017-2003-ED que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura así como del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que imperativamente establece que el personal que ingrese a laborar en el Instituto Nacional de Cultura está comprendido dentro del Régimen de la Actividad Privada, debiéndose de haber tenido en cuenta que el demandante no ha suscrito contratos de trabajo sujetos a modalidad, sino de locación de servicios regulados por el Código Civil, y d) La inaplicación del Decreto Supremo N° 083-2004.PCM - TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento N° 084-2004-PCM, sin precisar argumento alguno. QUINTO: Respecto al agravio descrito en el literal a), las normas denunciadas no han servido de base para la emisión de la recurrida, por lo que mal puede denunciarse su aplicación indebida, tanto más Si la sentencia de vista ha concluido que el actor pertenece al régimen laboral de la actividad privada. SEXTO: Con relación al segundo agravio contenido en el literal b), las sentencias de mérito han establecido que en atención al Principio de la Primacía de la Realidad, la relación jurídica que vinculó a las partes es una de naturaleza laboral sujeta al régimen del Decreto Legislativo N° 728, por lo que los artículos del Código Civil, resultan impertinentes al caso de autos. SÉTIMO: Respecto al literal c), el supuesto de hecho contenido en el artículo 47 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2003, al establecer que a partir de su vigencia, el Personal que ingrese a laborar estará comprendido dentro del régimen de la actividad privada, es pertinente para resolver la demanda de fojas ochocientos veinticinco, en la que el actor alega haber ingresado a laborar el veintiseis de noviembre del dos mil tres, por lo que fa denuncia de su aplicación indebida no merece amparo legal alguno. OCTAVO: En lo atinente al literal d), es evidente que este agravio no ha sido fundamentado, omisión que acarrea la improcedencia de este extremo del recurso, por inobservancia del inciso 2 del artículo 36 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por tales consideraciones, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 36. de la Ley Procesal del Trabajo N° 29497, en ejercicio de la facultad conferida por el primer párrafo del artículo 37 de la anotada Ley, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación Interpuesto por el Director Regional de Cultura del Cusco a rojas mil cincuentidos, contra la resolución de vista de fojas mil treintitres, su fecha veinticuatro de octubre del dos mil once; en los seguidos por don Ramiro Canal Belsaga, sobre desnaturalización de contrato de trabajo y otro; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron.- Vocal ponente: Vásquez Cortez. SS. VASQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE CHAVES ZAPATER

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NO ES ADMISIBLE RECURSO DE CASACIÓN SOBRE MONTOS DE DINERO A PAGAR QUE NO SUPERAN LAS 100 URP “(…) monto que no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal, que establece la norma citada en el considerando precedente, precisando que la Unidad de Referencia Procesal (URP) es de S/. 360.00 (Trescientos Sesenta Nuevos Soles), según Resolución Administrativa N° 093-2010-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; razón por el cual el recurso no cumple con ese requisito de admisibilidad, debiéndose por tanto, desestimar el mismo (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO CAS. LAB. Nº 4448-2011-TACNA

Lima, veinticinco de enero de dos mil doce VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por don Sandra Constantina Martínez Sardón, de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, a fojas ciento noventa y uno contra la sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos mil once, a fojas ciento sesenta y dos, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que Revocando la sentencia apelada, declara Infundada la demanda; en los seguidos por el recurrente contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna Sociedad Anónima - EPS TACNA S.A. sobre Pago de Horas Extras; para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo previsto en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497. Segundo.- Que, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, “el recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento. 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. La sala superior debe remitir el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite, dentro del plazo de tres (3) días hábiles. 3. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugno. 4. adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si el recurso no cumple con este requisito, la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de tres (3) días hábiles para subsanarlo. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso”. Tercero.- Como se observa de la sentencia recurrida, esta Revoca la sentencia apelada que declara Fundada la demanda sobre Pago de Horas de Sobretiempo, y dispone que la demandada cumpla con pagar la suma de S/. 26.166.24 (veintiséis mil ciento sesenta y seis nuevos soles con veinticuatro céntimos) por concepto de Pago de Horas de Sobretiempo con los intereses legales correspondientes: y Reformándola declara Infundada la demanda, cuya pretensión asciende a la suma de S/. 28,227.06 (veintiocho mil doscientos veintisiete nuevos soles con seis céntimos), monto que no supera las Cien Unidades de Referencia Procesal, que establece la norma citada en el considerando precedente, precisando que la Unidad de Referencia Procesal (URP) es de S/. 360.00 (Trescientos Sesenta Nuevos Soles), según Resolución Administrativa Nº 093-2010-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; razón por la cual el recurso no cumple con ese requisito de admisibilidad, debiéndose por tanto, desestimar el mismo.

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Por los fundamentos expuestos y en uso de las facultades previstas en el artículo 35 y 37 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497, así como del artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo establece la Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo antes referida, declararon INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por don Sandro Constantino Martínez Sardón, de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, a fojas ciento noventa y uno contra la sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos mil once, a fojas ciento sesenta y dos, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna; en los seguidos por el recurrente contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna Sociedad Anónima - EPS TACNA S.A. sobre Pago de Horas Extras; y los devolvieron, Vocal Ponente Vinatea Medina. SS. VASQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE CHAVES ZAPATER

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INCORRECTA DENUNCIA DE INFRACCIÓN NORMATIVA EN EL RECURSO DE CASACIÓN DA LUGAR A QUE NO SE CASE LA SENTENCIA RECURRIDA “Al denunciar las infracciones normativas del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, de los artículos 4 y 29 de la Ley N° 23733 y de los artículos 4, 147 y 400 del Estatuto Universitario, la parte recurrente señaló en su oportunidad que en atención a la autonomía universitaria, esta no consideró al Centro de Idiomas como un Centro de Producción, según lo dispuesto por el artículo 400 de su Estatuto Universitario, por lo que la sentencia de Vista incurre en error al reconocerla como tal, desconociendo con ello lo previsto en el artículo 12 de la Ley Universitaria (…).” SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 4144-2011-CUSCO

Lima, veintitrés de julio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa Mulero cuatro mil ciento cuarenta y cuatro - dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha con los Vocales Supremos Acevedo Mena, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega; no concurrieron loa abogados que solicitaron el uso de la palabra, producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Fernando Rivero Ynfantas en calidad de apoderado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de fecha catorce de octubre de dos mil once, obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro contra la sentencia de vista, de fecha cuatro de octubre de dos mil once, obrante a fojas doscientos cuarenta y uno, expedida por la Sala

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Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que Confirmando la sentencia apelada de fecha dieciséis de junio de dos mil once, obrante a fojas ciento noventa y nueve, declara Fundada la demanda de pago de beneficios sociales. II.

FUNDAMENTO DEL RECURSO:

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil doce, obrante a fojas setenta y nueve del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso por: a)

Infracción normativa del artículo 40 de la Constitución Política del Estado y del artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 276, que la sentencia de vista recaída en el Expediente Nº 1253-2006 seguido entre Valvina Airampo Quispe con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco sobre reconocimiento de beneficios sociales e incorporación como trabajador ordinario del Sector Público, si se ha pronunciado incorporando al servidor por servicios no personales como personal administrativo contratado bajo el régimen de la actividad pública, evidentemente no se trata de una jurisprudencia vinculante, por ello la sala al dictar sentencia no lo incorpora a la carrera pública como trabajador ordinario, porque de ser así, efectivamente se estaría quebrantando las normas denunciadas; por lo tanto en una interpretación extensiva se da solución al conflicto: lo que implica que si es factible que se considere dentro del Sector Público pero vía personal contratado; por lo tanto existe una infracción normativa del artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 276, porque el demandante pudo haber sido incorporado al Sector Público y no al Privado.

b)

Infracción normativa del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, de los artículos 4 y 29 de la Ley Universitaria N° 23733, y de los artículos 4 y 147 del Estatuto de la UNSAAC, que la autonomía universitaria no solo es académica, económica y administrativa, sino también es legislativa; cuando la Sala considera que el Centro de Idiomas es un centro de producción y por lo tanto el actor debe ser considerado en TI Régimen privado, comete una infracción normativa contra las normas universitarias invocadas, en razón que el artículo 70 de la Ley Universitaria no es una norma autoaplicativa, requiere de desarrollo legislativo: potestad que se le desconoce a la Universidad, más grave si en el artículo 400 del Estatuto no se considera el Centro de idiomas como un centro de producción.

c)

Infracción normativa del artículo 400 del Estatuto de la UNSAAC, que la Universidad haciendo uso de su facultad legislativa ha establecido cuales con los centros de producción y entre ellos no figura el centro de idiomas, entonces de no desconocerse su existencia normativa estatutaria la sentencia apelada hubiera sido declarada nula, en tanto el régimen laboral del demandante no es privado.

d)

Infracción normativa del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, de los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 28411 y de la Ley N° 28112, que se está modificando el presupuesto de la parte demandada aprobado por la misma Universidad y el Ministerio de Economía, pues los fondos con los que se mantiene el Centro de Idiomas son fondos públicos y la autorización de su uso se debe hacer de acuerdo al presupuesto aprobado, y no es para el pago de trabajadores del Sector Privado, sino para el pago de prestación de servicios no personales por la naturaleza del servicio que es eventual y no permanente; entonces se está dando al centro de idiomas la condición de centro de producción, cuando es un centro de proyección social; la sentencia apelada debió declararse nula, en tanto el régimen laboral no es el privado y en el supuesto de haberse desnaturalizado el contrato de locación de servicios el régimen es público. Por ello, solicita se declare la nulidad total de la sentencia de vista.

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III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, a través de la demanda obrante a fojas ciento nueve subsanada a foja ciento veintiuno, doña Orieta Irina Román Gutiérrez pretende que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco le pague la suma de cuarenta y ocho mil seiscientos nuevos soles con setenta céntimos (S/. 48,600.70) que le adeuda por concepto de compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas, vacaciones truncas y gratificaciones: basando su pretensión en que se desempeña como profesora de inglés en el Centro de idiomas de la referida universidad: entidad pública que a pesar de dicha condición, cuenta en sus centros de producción con personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada: asimismo señala que se encuentra laborando a favor de la demandada, sin solución de continuidad, desde el primero de abril de dos mil cinco, habiendo sido obligado a la suscripción de contratos de locación de servicios, pretendiendo darle un enfoque civil a una relación que por imposición normativa y como reflejo de la realidad tiene naturaleza exclusivamente laboral; en su calidad de docente de idiomas, su vínculo adquiere naturaleza permanente, y subordinada, por ello no resulta coherente que su empleador haya considerado que su retribución fuese a cambio de la emisión de recibos por honorarios, como si se tratara de un auténtico locador, situación dada con el exclusivo afán de la demandada de evadir sus obligaciones patronales, porque su vínculo contractual es de naturaleza laboral, comprendido dentro del régimen de la actividad privada, por ende, pasible del goce de todos los beneficios sociales que por ley le corresponden. SEGUNDO.- En principio, la Ley Universitaria N° 23733, en el artículo 700 establece que, “El personal administrativo y de los servicios de las universidades públicas están sujetos al régimen de los servidores públicos, con excepción del dedicado a las labores de producción, que se rigen por la legislación laboral respectiva”; así, se entiende que por regla general, el personal administrativo y de servicios de las universidades públicas, como es el caso de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, persona jurídica de derecho público, se encuentran regidos bajo las normas del régimen laboral público, tal y como la indicó la demandada, por el contrario, esta norma también prevé, que el personal dedicado a las “labores de producción”, rige su estatuto laboral bajo las normas del régimen laboral privado. TERCERO.- Al denunciar las infracciones normativas del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, de los artículos 4 y 29 de la Ley Nº 23733 y de los artículos 4, 147 y 400 del Estatuto Universitario, la parte recurrente señala en su oportunidad que en atención a la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente, esta no consideró al Centro de Idiomas como un Centro de Producción, según lo dispuesto en el artículo 400 de su Estatuto Universitario, por lo que la sentencia de vista incurre en error al reconocerla como tal, desconociendo con ello lo previsto en el artículo 12 de la Ley Universitaria, que contempla la creación de centros de proyección social, como sucede en el caso del Centro de Idiomas; en ese sentido, en el supuesto de haberse desnaturalizado los contratos de locación de servicios suscritos con la demandante, el régimen laboral que le corresponde es el del régimen público. CUARTO.- Aún cuando la recurrente, según el argumento antes glosado, haya indicado que el Centro de Idiomas no ha sido considerado por esta como un centro de producción en el Estatuto Universitario que rige su vida institucional, lo cierto es que por su propia naturaleza y funciones, este sí es un Centro de Producción de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en principio porque genera rentas propias y autofinanciamiento proveniente de las matrículas de los alumnos, y que son destinadas al desarrollo de sus funciones como tal, cual es –se infiere–, el brindar enseñanza de idiomas a la colectividad, además de invertir en su propia infraestructura y

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difusión; y que en modo alguno son destinadas al fin perseguido por la demandada(2); y, en segundo término porque aun cuando la recurrente en su calidad de centro de estudios de educación superior universitario prevea dentro de sus fines el de “Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral” (artículo 2 inciso d, Ley Nº 23733), este debe ser entendido como aquel trabajo de proyección social, desarrollado por los alumnos y docentes de las universidades públicas, que propugna la gratuidad en los servicios brindados, o en todo caso, el cobro “simbólico” por las prestaciones otorgadas en este marco; a guisa de ejemplo podemos citar las Oficinas de Asesoría Jurídica; sin embargo, ninguno de estos supuestos se cumplen en el caso del Centro de Idiomas de la demandada, pues el funcionamiento interno de esta es similar al de una institución privada. QUINTO.- En este sentido, no puede calificarse al Centro de Idiomas de la recurrente como un “centro de proyección social”, en tanto si bien el artículo 12 de la Ley Universitaria N° 23733. prescribe que “Las Universidades pueden organizar institutos, escuelas, centros y otras unidades con fines de investigación, docencia y servicio”, se reitera, este artículo necesariamente debe interpretarse sistemáticamente con el cuerpo normativo orgánico que lo contiene (Ley Universitaria), y con los fines que para ella se buscan obtener (artículo 2); por lo que atendiendo al contexto anotado precedentemente, esta proyección social, entendida como el conjunto de actividades planificadas que persiguen objetivos académicos, investigativos y de servicio, con el fin de poner a los Miembros de la Comunidad Universitaria (entiéndase predominantemente alumnos) en contacto con la realidad nacional y para generar conciencia ante la problemática social; no se condice con el funcionamiento del Centro de Idiomas. SEXTO.- Precísese además que, la enunciación taxativa de los centros de producción de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en el artículo 400 de su Estatuto Universitario, no puede limitar en modo alguno la calificación como centro de producción del Centro de Idiomas, en tanto en el Derecho Laboral los jueces de trabajo aplican la Primacía de la realidad(3), y atendiendo a aquel preferirán la frivolidad de las formas frente a hechos certeros y verosímilmente ocurridos en la realidad o en la práctica, cuando estos se contraponen entre sí, los que en el caso en

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Según el artículo 2 de la Ley Universitaria, Ley Nº 23733: “Artículo 2.- Son fines de las Universidades: a. Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales; b. Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y fomentar la creación intelectual y artística; c. Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo can las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los volares éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la integración nacional latinoamericana y universal; d. Extender acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral, y e. Cumplir las demás atribuciones que les señala la Constitución, la Ley y su Estatuto”. Este principio constituye un elemento implícito de la Constitución Laboral, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional, entre otras, en las sentencias recaídas en los Exps. Nºs 503-99-AAJTC, 00912000-AA/TC, 1869-2004-AA/TC, 2371-2004-AA/TC y 1259-2005-AA/TC. En el mismo sentido puede verse la sentencia casatoria Nº 2185-2005-Puno. Y en doctrina dicho principio se expresa cuando “en el caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos”; PLÁ RODRÍDUEZ, Américo. Principios del Derecho del Trabajo. Tercera edición actualizada, Ediciones Depalma; Buenos Aires, 1998, p. 313.

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concreto, evidencian que el Centro de Idiomas de la demandada, en la práctica se desarrolló como un Centro de producción. SÉTIMO.- Consecuentemente, y habiéndose dilucidado en las instancias de mérito la desnaturalización de la contratación civil a la que estuvo sujeto la demandante, criterio que es compartido por este Supremo Tribunal, se considera que la actora rigió su relación laboral bajo las normas del régimen laboral privado, precisamente amparándose en Jo previsto en el artículo 70 de la Ley Universitaria, que prevé la adscripción a este régimen laboral para ros dependientes de los centros de producción, como en el presente caso lo es el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco: por tanto, las denuncias casatorias de infracción normativa del artículo 40 de la Constitución Política del Estado y artículo 12 del Decreto Legislativo N° 276; así temo infracción normativa del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, de los artículos 4 y 29 de la Ley N° 23733 y de los artículos 4, 147 y 400 del Estatuto Universitario, devienen en infundadas. OCTAVO.- Respecto a la causal casatoria de infracción normativa del artículo 77 de la Carta Constitucional y artículos 10 y 11 de la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Estado; la parte recurrente señala que con lo decidido en las instancias de mérito se estaría modificando el presupuesto de la Universidad aprobado por la Universidad y el Ministerio de Economía, pues los fondos con los que se mantiene al Centro de idiomas son fondos públicos y la autorización de su uso debe hacerse de acuerdo al presupuesto aprobado. NOVENO.- Si bien el presupuesto asignado a la universidad pública, está impregnada al igual que la norma primigenia de la que proviene (Ley General del Presupuesto), de una misma genética, cual es, erigirse como el instrumento legal mediante el cual el Sector Público periódicamente programa sus actividades y proyectos en atención a sus metas y objetivos, y que a decir de José Roberto Dromí constituye “una manifestación más del control jurídico-político del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, como corolario del sometimiento de la actividad financiera del Estado al imperio de la ley, propio de todo Estado de Derecho, y como expresión de la Teoría de la separación de poderes”(4), además de regirse por principios propios del Derecho Presupuestario(5); la vinculatoriedad en su cumplimiento no alcanza, en este caso en específico, al Centro de Idiomas de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, fundamentalmente porque en su calidad de centro de producción de dicha casa superior de estudios. genera rentas propias que en nada la vinculan al presupuesto asignado a la demandada para el cumplimiento de sus fines, motivo por el que no le resulta aplicable el artículo 77 de la Constitución ni los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 28411, así como Ley Nº 28112; ello es así porque la naturaleza de un centro de producción y el financiamiento del mismo; entiéndase a nivel institucional y para cubrir las necesidades de su personal, provienen de la actividad que desarrollan y no del peculio de la universidad, al ser ambos independientes económicamente; por esta razón, la infracción normativa de las normas señaladas también devienen en infundadas.

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DROMÍ, José Roberto. Constitución, Gobierno y Control: En Presupuesto y cuento de inversión, instrumentos de gobierno y control. Buenos Aires; Ciudad Argentina, 1997, pág. 200. Enunciados en el fundamento jurídico Nº 9 del Expediente N° 004-2004-CC/TC, así como en la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 29 de agosto de 2007, en los expedientes acumulados número 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC.

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IV. RESOLUCIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro interpuesto por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista obrante a fojas doscientos cuarenta y uno de fecha cuatro de octubre del dos mil once: en los seguidos por doña Orieta Irina Román Gutiérrez sobre Pago de Beneficios económicos y otro: ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Yrivarren Fallaque. SS. ACEVEDO MENA CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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OMISIÓN DE SALA SUPERIOR DE APLICAR NORMA CORRECTA DA LUGAR A QUE SE DECLARE FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN Y SE CASE LA SENTENCIA RECURRIDA, MODIFICÁNDOLA “(…) La Sala Superior al confirmar la sentencia apelada, no ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley N° 25807 (…) esto es que las Entidades del Gobierno Central y Organismos cuyo personal se encuentra sujeto al régimen laboral de la actividad privada, no están comprendidos en la aplicación el Decreto legislativo N° 650 y del Decreto Ley N° 25460, únicamente para los efectos de los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo de servicios en las instituciones bancarias (…), constituyéndose en depositarios obligatorios de dichos fondos y asumiendo las cargas financieras respectivas (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 4024-2011-LA LIBERTAD

Lima, dieciséis de julio del dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA: la causa número cuatro mil veinticuatro - dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por les Magistrados Supremos Acevedo Mena, Presidente, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega; con el informe oral del señor Jorge Yataco Vela abogado de la parte demandada; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas doscientos ochenta y ocho, por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, contra la sentencia de vista obrante a fojas doscientos setenta y seis, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil once, expedida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La

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Libertad, que confirma la sentencia de fecha cuatro de julio del dos mil once, de fojas doscientos veintinueve, que declara fundada la demanda; modifica la suma de abono y ordena que la demandada pague a favor del actor la suma da cuarenta mil novecientos diecisiete nuevos soles con cuarenta y cinco céntimos (S/. 40,917.45), por concepto de beneficios sociales; y cumpla con depositar el importe de diez mil ciento veintinueve nuevos soles con diez céntimos (S/. 10,129.10) por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios en la cuenta bancaria del actor con lo demás que contiene. II.

CAUSALES DEL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, obrante a fojas setenta y ocho del cuadernillo formado en esta Sala Suprema, por la denuncia de infracción normativa del artículo 1 del Decreto Ley N° 25807. III. CONSIDERANDO: Primero.- Constituye sustento de la causal declarada procedente la omisión de la Sala Superior de aplicar la norma contenida en el artículo 1 del Decreto Ley N° 25807, pues de manera equivocada se ha dispuesto el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios a favor del actor en su cuenta bancaria, sin tener en cuenta los alcances de la norma denunciada como infraccionada. Segundo.- En el proceso ha quedado establecido que entre las partes existe un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada, desde el primero de octubre de dos mil uno, por dicho motivo las instancias han amparado el pago de beneficios sociales pretendidos en la demanda, como reintegro de remuneraciones, asignación familiar, gratificaciones legales y vacaciones por la suma de cuarenta mil novecientos diecisiete nuevos soles con cuarenta y cinco céntimos (S/. 40,917.45), conforme a la modificatoria dispuesta por la Sala Superior, más los intereses correspondientes; decisión que no puede ser susceptible de modificación, al no versar sobre estos temas el recurso de casación. Tercero.- Conforme lo prevé el artículo 1 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS es un beneficio social de previsión de las posibles contingencias que origine el cese en el trabajo y de Promoción del trabajador y de su familia. Asimismo según su artículo 4 se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la Compensación por Tiempo de Servicios los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima de 4 horas diarias; y, conforme prevé su artículo 23 los depósitos pueden efectuarse en cualquiera de las empresas del sistema financiero elegida por el trabajador: bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas de ahorro y crédito; esto último, claro está, tratándose estricto sensu de trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, que laboran en empresas privadas. Cuarto.- Aquellas reglas también son aplicadas a los trabajadores del régimen de la actividad privada que laboran en entidades públicas, excepto lo previsto en el acotado artículo 23 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, toda vez que para estos existe legislación especial. Quinto.- El artículo 12 del Decreto Ley N° 25572(6), establecía: “Precisase que las Entidades del Gobierno Central y los Organismos cuyo personal se encuentra sujeto al régimen laboral de la Ley Nº 4916, no están comprendidos en la aplicación del Decreto Legislativo N° 650 y el Decreto Ley N° 25460, para efectos de los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo de

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Publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de octubre de 1992.

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servicios y cargas financieras respectivas. Asimismo no es de aplicación a los funcionarios y servidores de las Instituciones Públicas Descentralizadas sujetas al régimen laboral de la Ley N° 4916 lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 033-65-TR. No están comprendidos en la presente norma los Organismos señalados en la Ley N° 24629”. Sexto.- Sustituyendo la norma anterior, el artículo 1 del Decreto Ley N° 25807(7), establece: “Precisase que las Entidades del Gobierno Central y Organismos cuyo personal se encuentra sujeto al régimen laboral de la Ley N° 4916, no están comprendidas en la aplicación del Decreto Legislativo N° 650 y el Decreto Ley N° 25460 únicamente para efectos de los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo de servicios en las instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales y cajas municipales de ahorro y crédito, constituyéndose en depositarios obligatorios de dichos fondos y asumiendo las cargas financieras respectivas. No están comprendidos en la presente norma las empresas y organismos señalados en la Ley N° 24948”. Sétimo.- En el presente caso, la controversia no radica en establecer si el actor tiene o no derecho al beneficio Social de la compensación por tiempo de servicios, sino si su empleador, como entidad estatal, debe cumplir o no con efectuar el depósito de dicho beneficio en una entidad bancaria a nombre del actor. Octavo.- Analizando el caso concreto, cabe enfatizar que la Sala Superior al confirmar la sentencia apelada, no ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley N° 25807, que sustituye al artículo 12 del Decreto Ley N° 25572, norma vigente que precisa lo descrito en el considerando precedente, esto es, que las Entidades del Gobierno Central y Organismos cuyo personal se encuentra sujeto al régimen laboral de la actividad privada, no están comprendidos en la aplicación del Decreto Legislativo N° 650 y del Decreto Ley N° 25460, únicamente para efectos de los depósitos correspondientes a la compensación por tempo de servicios en las instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales y calas municipales de ahorro y crédito, constituyéndose en depositarios obligatorios de dichos fondos y asumiendo las cargas financieras respectivas. Noveno.- En el presente caso, tanto el juez de primera instancia, como la Sala Superior, han dispuesto que la parte demandada cumpla con depositar la compensación por tiempo de servicios a favor del trabajador accionante. Sin embargo, cabe precisar que en atención a las normas antes citadas, es el Poder Judicial quien debe constituirse como entidad depositaria de la compensación por tiempo de servicios del demandante, asumiendo las cargas financieras correspondientes. Décimo.- En consecuencia, la sentencia recurrida ha incurrido en infracción normativa, de la norma material denunciada, por lo que el recurso resulta fundado y es deber de este Supremo Tribunal proceder con la facultad conferida por el artículo 39 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. IV. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos ochenta y ocho por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial; en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha veintisiete de setiembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos setenta y seis; y, actuando en sede de instancia,

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Publicado el 31 de octubre de 1992.

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CONFIRMARON la sentencia, contenida en la resolución siete, corriente a fojas doscientos veintinueve a doscientos cuarenta y uno, su fecha cuatro de julio de dos mil once, en cuanto declara Infundadas las excepciones de incompetencia por territorio y por materia y de falta de agotamiento de la vía administrativa; y FUNDADA la demanda, sobre pago de beneficios sociales; MODIFICÁNDOLA en la suma de abono, ORDENARON que la demandada pague a favor del actor cuarenta mil novecientos diecisiete nuevos soles con cuarenta y cinco céntimos (S/. 40,911.45), por concepto de beneficios sociales; la DECLARARON NULA en el extremo que ordena a la demandada “cumpla con depositar el importe de diez mil ciento veintinueve nuevos soles con diez céntimos (S/. 10,129.10) por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios en la cuenta bancaria del actor”; DISPUSIERON que la entidad demandada se constituya en depositaria obligatoria de la Compensación por Tiempo de Servicios del actor, asumiendo las cargas financieras correspondientes, de acuerdo a la precisión formalizada en la presente decisión; la CONFIRMARON en lo demás que contiene; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; en los seguidos por don Eli Eduardo Castillo Medina contra el Poder Judicial, sobre desnaturalización de contrato y pago de beneficios sociales; y, los devolvieron.- Vocal ponente: Torres Vega. SS. ACEVEDO MENA CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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APARTAMIENTO DE PRECEDENTE VINCULANTE CAUSAL DE CASACIÓN FUNDADA “(…) En consecuencia, la causal casatoria de apartamiento del precedente vinculante contenido en la sentencia constitucional recaída en el Expediente N° 0206-2005-AA/ TC, denunciada por la demandante corresponde ser declarada fundada (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 3311-2011-TACNA

Lima, once de julio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa: en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Magistrados Acevedo Mena, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega, oído el informe oral; y, luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Blanca Teresa Beltrán Fontis, de fecha dieciséis de agosto de dos mil once, obrante a fojas ciento setenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha dos de agosto de dos mil once, obrante a fojas ciento sesenta y dos, que Revocando

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la sentencia apelada de fecha nueve de noviembre de dos mil diez, obrante a fojas setenta y cuatro, declara Improcedente la demanda de reposición. II.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veinte de diciembre de dos mil once, obrante a flojas cincuenta y siete del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de infracción normativa del artículo 2 numeral 2 de la Ley Nº 29497, así como por la causal de apartamiento del precedente vinculante contenido en la sentencia constitucional recaída en el Expediente Nº 0206-2005-AA/TC. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Debe considerarse que la protección del derecho al empleo ha sido uno de los principales temas de discusión del laboralismo peruano de los últimos años. En efecto, en dicho escenario, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una fértil doctrina jurisprudencial sobre la protección en sede constitucional de los derechos laborales vulnerados, y más concretamente, de los alcances de la protección del derecho al empleo consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, cuya base o pilares principales las han constituido las sentencias emitidas en las demandas de amparo interpuestas por el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y FETRATEL en contra de Telefónica del Perú de fecha once de julio de dos mil doce –en adelante caso FETRATEL–, de Eusebio Llanos Huasca en contra de la misma empresa de fecha trece de marzo de dos mil tres –en adelante caso Llanos Huasco– y de César Antonio Baylón Flores en contra de la Empresa Prestadora de Servicio EMAPA Huacho Sociedad Anónima de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco –en adelante caso Baylón Flores–, las dos primeras que constituyen doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), y la última que es precedente vinculante (artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), y en consecuencia, de observancia obligatoria, deberán ser tomadas en cuenta para la resolución de los futuros casos de impugnación de despido que se presenten tanto en sede constitucional, como ordinaria laboral, en específico en lo relativo a la procedencia de la demanda, y en el tipo de protección que se dispense al trabajador afectado. SEGUNDO.- En ese sentido, resulta indicativo señalar, que dentro del estudio de la jurisprudencia constitucional expedida en las últimas tres décadas, se evidencia que antes de ‘la expedición de la primera resolución mencionada, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 1112-98-AA/ TC de enero de mil novecientos noventa y nueve, delimita un concepto utilizado en otras sentencias: la Vulneración del derecho fundamental del debido procedimiento en el despido arbitrario como causal de reposición en el puesto de trabajo(8). En efecto, la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional, cuenta con algunos antecedentes en los años noventa, es el caso de los pronunciamientos recaídos en los Expedientes Nº 582-97-AA/TC-ICA; N° 791-1996-AA/TC-Lima y Nº 773-99-AA/TC-Lima, en donde el Tribunal Constitucional expresa una tutela a los derechos a la defensa y al debido proceso dentro de la relación de trabajo así como una postura de protección al trabajador desde el ámbito constitucional, lo dicho sin embargo no es óbice para asegurar con cierto

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TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge Luis; AGUI REYNOSO, Héctor David y ARELLANO MORI, Luis Eduardo. “Impacto de las Sentencias Laborales del Tribunal Constitucional sobre el Mercado de Trabajo 2002-2004” (2004) En: <www.congreso.gob.pe/biblio/pdf/Apoyo/2003/TribunaI_Constitucinal.pdf>; noviembre; p. 25.

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grado de certeza que “su andadura se inicia con la sentencia del once de julio de dos mil dos, consolidándose a través de la sentencia del trece de marzo de dos mil tres, cuya doctrina es mantenida hasta la fecha por Tribunal Constitucional con ligeros ajustes en su aplicación, introducidos por la sentencia del veintiocho de noviembre de dos mil cinco - Expediente Nº 0260-2005-PA/TC. Caso César Antonio Baylón contra la Empresa Prestadora de Servicios EMAPA Huacho - con el fin de ajustarla a la nueva configuración de la acción de amparo derivada de la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional aprobado en mayo de dos mil cuatro”(9). TERCERO.- En el caso FETRATEL, Expediente N° 1124-2001-AA/TC, el Tribunal Constitucional interpretó el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en relación a lo prescrito por los artículos 22 y 27 de la Constitución Política del Estado, y determinó que dicha norma no resultaba compatible con la Constitución, pues reconocer a la indemnización como única opción reparadora de la extinción -sin invocación de causa- de los contratos de trabajo, negaba la posibilidad de la eficacia restitutoria que obtendría un trabajador mediante la reposición en su puesto de trabajo, consecuencia evidente de la protección que obtendría en sede constitucional un trabajador víctima de un despido lesivo de derechos constitucionales. Este criterio expuesto por el Tribunal Constitucional, fue posteriormente modificado mediante la resolución de aclaración del citado proceso, expedida el dieciséis de setiembre del mismo año, En dicha resolución, tal como lo señala Javier Ricardo Dolorier Torres(10), se estableció un régimen de “estabilidad laboral mixta”, donde la reposición se mantiene respecto a los tipos de despido citados, salvo para el caso del despido nulo, incausado y fraudulento, y para el caso del despido injustificado, cuya causa no se puede demostrar en el proceso, se permite solo la indemnización. CUARTO.- En el caso Llanos Huasco, el Tribunal Constitucional reiteró el criterio de la sentencia del caso FETRATEL respecto a la protección adecuada frente a un despido arbitrario, así como los alcances del artículo 27 de la Constitución Política del Estado, pero estableciendo además una tipología y una definición de cada uno de los tres supuestos de despido que merecen tutela constitucional a través del efecto restitutorio o reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido arbitrario, reconocida en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado permita tanto una eficacia restitutoria como una resarcitoria, modificando en virtud de este criterio, el esquema de protección aplicado desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 728, el cual quedó determinado de la siguiente manera: a) Despido nulo, protegido mediante reposición, b) Despido incausado, protegido mediante reposición, c) Despido fraudulento, protegido mediante reposición, y d) Despido injustificado, protegido mediante indemnización por decisión del extrabajador afectado. QUINTO.- En el caso Baylón Flores, precedente vinculante cuyo apartamiento se ha denunciado como causal casatoria en el presente recurso, el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el expediente N° 0206-2005-PA/TC, refirió que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder

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SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. (2006). “La Protección de los Derechos Laborales en la Constitución Peruana de 1993”. En: Derechos Laborales, Derechos Pensionarios y Justicia Constitucional. II Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; pp. 88-89 DOLORIER TORRES, Javier Ricardo. “Evolución de la Protección Constitucional al Derecho al Trabajo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional. Del Caso Fetratel al caso Baylón Flores”. En: Derechos Laborales, Derechos Pensionarios y Justicia Constitucional. II Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; pp. 639-656.

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Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”; esta función delegada más bien lo conmina a hacer prevalecer la Carta Magna, los principios, valores, derechos y libertades que se contemplan en esta ante cualquier disposición que busque lesionarla. SEXTO.- En este marco constitucional entonces se complementó e integró de forma armónica el criterio vertido en las sentencias anteriores, y determinó los supuestos en los cuales procedería el proceso de amparo frente a un despido lesivo de derechos constitucionales, en específico respecto a cada uno de los supuestos definidos por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Llanos Huasco, así como que los casos derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refiera a hechos controvertidos no serán tramitados en el proceso de amparo. SÉTIMO.- Así, en el fundamento jurídico octavo de la sentencia constitucional aludida, recaída en el expediente N° 0206-2005-AA/TC, indicó que “(...) Respecto al despido sin imputación de causa, la jurisprudencia es abundante y debe hacerse remisión a ella para delimitar los supuestos en los que el amparo se configura como vía idónea para reponer el derecho vulnerado. En cuanto al despido fraudulento, esto es, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, solo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá en la vía ordinaría laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos”, ello debido fundamentalmente al carácter subsidiario del proceso de amparo, a diferencia del anterior sistema alternativo, y que fuera introducido con la vigencia del Código Procesal Constitucional, el que en su artículo 5 inciso 2, prevé que no proceden las demandas constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. Anótese que en los procesos de amparo no existe estación probatoria como si la hay en los procesos ordinarios laborales. OCTAVO.- Precisamente, se establecieron las siguientes reglas procesales con la finalidad de determinar qué casos debían tramitarse en la vía constitucional, y cuáles otros en el proceso ordinario laboral; así, en el fundamento jurídico veinticuatro se indicó: “(...) las demandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contenciosoadministrativa. Solo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía contenciosa-administrativa no es la idónea, procederá el amparo. Igualmente, el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores públicos cuya causa sea: -su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso de las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido físico o mental conforme a los fundamentos 10 a 15 supra”, y, refiriéndose en el caso de los trabajadores sujetos al régimen laboral privado (fundamento jurídico sétimo) que “(...) el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener le protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados”.

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NOVENO.- Esta construcción jurisprudencial constitucional antes señalada, permite a este Supremo Tribunal(11), atendiendo además a lo regulado en los artículos 38, 51, 138 y 146 numeral 2 de la propia Norma Normarum, concluir que: i) no es válido afirmar que la eficacia restitutoria –entiéndase la reposición– de la impugnación de un despido, sea este arbitrario, incausado, fraudulento o nulo, se restrinja únicamente a la jurisdicción constitucional; en principio porque como se dejó establecido precedentemente, los jueces en general, son los primeros guardianes de la Constitución, norma fundamental en la que se haya contenido el estatuto de protección laboral, estructurado y contenido en lo que se conoce como Constitución Laboral, y como tal, el deber de protección que le impone el propio ordenamiento jurídico implica que estos resuelvan el conflicto puesto a su conocimiento de manera integral, buscando que la respuesta jurisdiccional sea acorde con lo normado en nuestra Carta Magna; ii) porque ordenar la reposición en caso de un despido incausado o fraudulento en sede jurisdiccional ordinaria, en supuestos distintos a los previstos en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no implica una trasgresión al ordenamiento jurídico nacional, pues precisamente es la norma constitucional la que le impone como deber los jueces laborales (que también que son jueces constitucionales) a hacer prevalecer la Carta Magna, los principios, valores, derechos y libertades que se contemplan en esta ante cualquier disposición que busque lesionarla, como es la restricción legal de no contar con una definición y consecuencias jurídicas positivizadas en los supuestos de despido incausado o fraudulento; iii) porque la tramitación de estos supuestos de reposición en casos de despido incausado y fraudulento en la vía ordinaria laboral no implica una reducción de las garantías procesales de las que gozan los justiciables en un proceso constitucional, como sería el amparo, sino que por el contrario, al ser un proceso jurisdiccional, genera la posibilidad de que ambas partes estructuren un andamiaje probatoria y argumentativo que posibilite la mejor comprensión del conflicto en sí; precisamente esta idea de “garantismo procesal” es el que ha motivado que, el propio Tribunal Constitucional, haya permitido que el juez ordinario laboral conozca estas pretensiones de impugnación de despido, cuando las mismas necesiten de estación probatoria; dado que ello deriva de su naturaleza como jueces constitucionales laborales. DÉCIMO.- Adicionalmente, cabe añadir que, abona al razonamiento precedente el hecho de que el propio Tribunal Constitucional, con la sentencia número 1124-2001-AA/TC, en su fundamento décimo segundo interpretando el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, indicó que restringir la consecuencia jurídica en la extinción –sin invocación de causa– de los contratos de trabajo únicamente a la indemnización prevista en ley, resultaba inexorablemente inconstitucional, ello se entiende, en el propio marco constitucional en el que está estructurada la protección del despido en nuestro sistema jurídico, relacionado con lo previsto en los artículos 22 y 27 de la Constitución sobre el derecho al trabajo y a la adecuada protección frente al despido arbitrario; en efecto, si bien no se ha declarado formalmente la inconstitucionalidad del citado artículo, en tanto en aquel proceso no se ventilaba una pretensión de esa naturaleza, sin embargo, la interpretación efectuada sirve de base en el presente caso, para dar firmeza a la idea de que en sede judicial, y no solo en la constitucional, es posible ordenar la reposición de un trabajador quien haya invocado la existencia de un despido incausado o fraudulento, según sea el caso. DÉCIMO PRIMERO.- La conclusión que antecede, además, viene respaldada por los acuerdos plenarios adoptados en el primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral realizados con fechas cuatro y catorce de mayo del presente año, en la que los jueces integrantes de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitoria, al amparo de los artículos 112 de la

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En similar sentido se concluyó en la Casación Nº 580-2011 seguido contra la Sunat, notificado con fecha 3 y 9 de mayo del presente año, a la demandada y demandante respectivamente.

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Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por Decreto Legislativo Nº 757, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno y artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS de fecha dos de junio de mil novecientos noventa y tres; concluyeron respecto al Tema Nº 01, refiriéndose a las demandas de reposición en los supuestos de despido incausado y fraudulento en el marco de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que: “los jueces de trabajo están facultados para conocer de la pretensión de reposición en casos de despido incausado o despido fraudulento, en el proceso abreviado laboral siempre que la reposición sea planteada como pretensión principal única”(12). DÉCIMO SEGUNDO.- En consecuencia, la causal casatoria de apartamiento del precedente vinculante contenido en la sentencia constitucional recaída en el Expediente Nº 0206-2005AA/TC, denunciada por la demandante, corresponde ser declarada fundada. DÉCIMO TERCERO.- Respecto a la causal casatoria de infracción normativa del artículo 2 numeral 2 de la Ley Nº 29497, este Supremo Tribunal estima necesario precisar algunas reglas competenciales provenientes de la interpretación del citado artículo; ello teniendo en consideración que el recurso casatorio tiene entre sus fines, además de la defensa del derecho objetivo, la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República, y la búsqueda de la justicia para el caso en concreto; la finalidad pedagógica, que busca –entre otros objetivos– el que los órganos jurisdiccionales y los justiciables entiendan los alcances de las normas, sustantivas y procesales laborales. DÉCIMO CUARTO.- En este contexto, el artículo 2 inciso 2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ad litteram prescribe: “Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: (...) 2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal única”. La norma procesal antes aludida –según se desprende de su redacción– habilita a la jurisdicción laboral vía proceso abreviado laboral, el conocimiento de una demanda que

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Conforme al texto del informe del I Pleno Jurisdiccional supremo en materia laboral, “con la nueva estructura procesal diseñada por la Ley Nº 29497, existen suficientes fundamentos para concluir que el proceso abreviada laboral se erige como lo vía igualmente satisfactoria para la solución de conflictos en los que se discuta la existencia de despido incausado o fraudulento y se pretenda exclusivamente como pretensión principal única la reposición al centro de trabajo. i) Porque se está brindado un tratamiento de ‘urgente’ o la pretensión de reposición, con similar o mayor rapidez procesal a la brindada en un proceso de amparo; ii) El proceso abreviado permite otorgar lo misma consecuencia jurídica que la otorgada en el proceso constitucional de amparo laboral: la reposición (tutela restitutoria); iii) El proceso abreviado laboral está inspirado en los principios de inmediación, concentración, veracidad, celeridad, economía procesal y principalmente oralidad, cuyo juez es un magistrado especializado en el derecho laboral. iv) Se garantiza la doble instancia y el recurso de casación; v) Existe una estación probatoria en la cual el juez laboral determina los hechos materia de controversia y sobre los que recaerá lo prueba aportado por ambas portes, evitando distraer la atención respecto de hechos y material probatorio impertinente e inconducente a la solución del conflicto. vi) La posibilidad de la conciliación dentro de un proceso laboral; y, vii) La existencia de medidas cautelares, que pueden ordenarse inmediatamente a juicio del juzgador, cuando se verifique la concurrencia de los elementos de procedencia de los las mismas, así como se tenga en consideración lo previsto en el 55 de la Ley número 29497, sobre Medida Especial de Reposición Provisional dentro del Proceso Cautela en el que se da atribuciones especiales al Juez para ordenar la misma dentro o fuera del proceso, cumpliendo los requerimientos ordinarios, y regulándolo en casos especiales”. Ver en: .

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contenga como pretensión principal única la reposición en los supuestos de despido incausado o fraudulento (vulneración de los artículos 22 y 27 de la Constitución), en el marco constitucional de lo anotado precedentemente, y que ha sido ratificado por el primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral del año dos mil doce. DÉCIMO QUINTO.- Esta especial dedicación que se ve resaltada en el establecimiento de una vía especial donde se conocen los casos de “reposición” provenientes de despido incausado y/o fraudulento –según se concluyó precedentemente–, obedecen a razones de política institucional y legislativa que buscan predominantemente dar preferencia en el trámite a aquellas demandas en las que se alegue la vulneración de un derecho fundamental; supuesto que en un plazo célere obtienen la protección del derecho vulnerado. DÉCIMO SEXTO.- En efecto, las notas características de este proceso, y que permiten que ciertamente el mismo sea expedito, son que el juez verificando que la demanda contiene los requisitos respectivos, emite resolución disponiendo su admisión, al mismo tiempo que emplaza al empleador a que conteste la demanda otorgándole un plazo de diez días hábiles. Durante dicho lapso (veinte a treinta días hábiles luego de calificada la demanda), se cita a las partes a una Audiencia Única, que concentra etapas: conciliación y juzgamiento. Precísese que la Audiencia de Conciliación, se desarrolla de igual forma que en el proceso ordinario laboral, con la salvedad de que en estos casos la contestación de demanda no se realiza en este acto, sino dentro de los diez días hábiles concedidos por ley, correspondiendo en esta ocasión al juez únicamente hacer entrega del escrito con sus anexos respectivos, y otorgarle al demandante un plazo prudencial para su revisión. Tiempo al cabo del cual, el juez fija los hechos controvertidos que no fueron conciliados, y que serán objeto de prueba en la Audiencia de Juzgamiento, la misma que se realiza acto seguido. Por su parte, la Audiencia de Juzgamiento sigue las mismas reglas establecidas para el proceso ordinario laboral; a saber: la confrontación de posiciones comprende, al menos, la exposición breve y concisa de los hechos expuestos por ambas partes, así como de sus fundamentos de sus pretensiones, pudiendo el juez conceder el derecho a réplica; luego, el juez realiza un filtro de los hechos que no necesitan de prueba(13) así como los medios probatorios impertinentes; posteriormente, se mencionan los hechos que sí requieren prueba y como contraparte de ello, los medios de prueba admitidos. Luego de este esquema, es decir, una vez establecidos los hechos sobre los que versa la actuación probatoria de las partes, esta podrá proponer las cuestiones probatorias que consideren respecto de estos medios de prueba admitidos; finalmente, se actúa la prueba admitida, incluida la de las cuestiones probatorias(14), al cabo del cual se presentan los alegatos de las partes, y el juez debe dictar sentencia inmediatamente o en un plazo máximo de 1 hora y notificar la sentencia dentro de cinco días hábiles. DÉCIMO SÉTIMO.- Precisamente. esta naturaleza de vocación sumamente célere, hace que la pretensión sometida al órgano jurisdiccional –y sobre el cual se emitirá su pronunciamiento–, tenga que ser necesariamente planteada como reposición bajo la forma de una “pretensión principal única”; nomenclatura de la que se desprende válidamente la conclusión de la imposibilidad jurídica de plantearse conjuntamente, y en la vía abreviada laboral, dos pretensiones principales; la razón de lo antedicho gira en torno fundamentalmente a evitar detraer el pronunciamiento del órgano

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Por ser hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada o simplemente hechos notorios. Por ser hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada O Simplemente hechos notorios. En el proceso abreviado, si la parte demandante propone una cuestión probatoria que requiera la realización de un informe pericial, el Juez puede suspender la Audiencia Única hasta por 30 días hábiles.

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jurisdiccional a extremos que si bien pueden estar relacionados con la pretensión de reposición, no pueden ser atendidos en una vía procedimental que per se al ser célere, concentra etapas procesales cuya dilación en exceso podría desnaturalizar la esencia misma del proceso abreviado laboral, el que como se reitera, busca primordialmente atender y proteger un derecho fundamental (como lo es el derecho al trabajo) que ha sido vulnerado. DÉCIMO OCTAVO.- En este orden de ideas, interpuesta la demanda, el juez de trabajo está compelido –atendiendo a la naturaleza del proceso abreviado laboral– a verificar: i) si no existe duda respecto a la laboralidad de los servicios del demandante, pues debe resaltarse que el pedido de reposición solo resulta procedente en los casos donde la relación laboral se encuentre establecida y reconocida por las partes; ii) una vez ello, verificar si la demanda planteada contiene únicamente el pedido de “reposición” como pretensión principal única; y, iii) en virtud de lo anterior, centrar el análisis del conflicto judicializado a determinar la fundabilidad o no de la demanda de reposición planteada, sobre la base de una exhaustiva y diligente realización de las etapas procesales que se prevén en el proceso abreviado laboral, entre las que conviene resaltar la etapa probatoria. DÉCIMO NOVENO.- En este sentido, este Supremo Tribunal según constata del escrito postulatorio de folios treinta, que la demandante pretende: i) Se declare nula e inaplicable la carta notarial de despido de fecha catorce de julio de dos mis diez, suscrita por los señores Cristóbal Bances Siesquén y Javier Chávez Yépes, en su condición de Secretario General y de Defensa del Sindicato demandado, respectivamente; ii) Se ordene la reposición en su puesto de trabajo como Secretario del Sindicato demandado, con la misma remuneración de mil nuevos soles (S/. 1,000.00) y todos los beneficios laborales regulados en el régimen privado, percibidos al momento del cese inconstitucional: en este contexto, se requería que los órganos jurisdiccionales tal como está planteado el petitium de la demanda, verifiquen si esta cumplía con las exigencias requeridas -y que han sido reseñadas en el considerando precedente- para ser tramitada vía el proceso abreviado laboral, considerando su naturaleza urgente y célere; por tales razones, y al no observarse este análisis por parte de ambos órganos jurisdiccionales, corresponde casar la sentencia de vista, declarando insubsistente la sentencia apelada, y nulo lo actuado en el presente proceso desde el auto de admisión de la demanda, a fin de que el A quo la califique con arreglo a ley, y atendiendo a las consideraciones sobre la naturaleza del proceso abreviado laboral expuestas en la presente resolución. IV. DECISIÓN: Por estos fundamentos declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Blanca Teresa Beltrán Fontis, de fecha dieciséis de agosto de dos mil once, obrante a fojas ciento setenta y nueve; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha dos de agosto de dos mil once, obrante a fojas ciento sesenta y dos, e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha nueve de noviembre de dos mil diez, obrante a fojas setenta y cuatro; NULO todo lo actuado; y DISPUSIERON que el Juez del proceso proceda a calificar nuevamente la demanda conforme a los lineamientos expuestos en la presente resolución; en los seguidos contra el Sindicato de Empleados de S.P.C,C. de Toquepala y Anexos, sobre Reposición; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme al artículo 41 de la Ley Nº 29497; y los devolvieron. Vocal Ponente Acevedo Mena. SS. ACEVEDO MENA CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN POR NO CUMPLIR REQUISITO REFERIDO A CUANTÍA “Por lo tanto, concluyéndose en la inadmisibilidad del recurso de casación por no cumplir con el requisito referido a la cuantía, previsto en el numeral 1) del artículo 35 y en aplicación del texto expreso del artículo 37 de la Ley N° 29497, carece de objeto proceder a analizar los requisitos de procedencia en consecuencia el recurso deviene en inadmisible (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO CAS. LAB. Nº 2990-2011-CUSCO

Lima, cinco de diciembre de dos mil once VISTOS y CONSIDERANDO: Primero: Es materia de calificación el recurso de casación interpuesto por la demandada Cadena Hotelera Turística Cusco Sociedad Anónima, obrante a fojas ciento dos, contra la sentencia de vista de fecha trece de julio de dos mil once, de fojas noventa y cuatro: para cuyo efecto se debe proceder a calificar si dicho recurso casatorio cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo previsto en dicha Ley. Segundo: En primer término esta Sala Suprema considera necesario precisar que si bien es cierto la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley Nº 29497 no establece los fines del recurso de casación como lo hizo la anterior Ley Nº 25536, y como lo efectúa el Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, ha quedado sentado en la jurisprudencia de este Tribunal, en materia casatoria que conforme a la doctrina más actualizada, los fines clásicos de la casación son básicamente la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República(15). En cuanto a la finalidad de defensa del derecho objetivo, esta coincide con la finalidad originaria nomofiláctica del recurso casatorio de evitar la transgresión de las normas por los órganos jurisdiccionales en sede de instancia. Acorde con ello, la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley Nº 29497, en la misma orientación que el Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, ha introducido la causal de infracción normativa, que se ajusta con mayor precisión a dicha finalidad, debiendo las Salas Constitucionales y Sociales de la Corte Suprema, en el marco de sus competencias, corregir las infracciones normativas incurridas en las sentencias o autos que pongan fin al proceso expedidos por los jueces ordinarios, resolviendo las denuncias por infracciones materiales o procesales. Y sobre la unificación de la jurisprudencia nacional, el objetivo es materializarla y consolidarla a través de las Salas Constitucionales y Sociales de la Corte Suprema, pues conforme preceptúa el artículo 40 de la Ley Nº 29497, son las encargadas de unificar y sistematizar los criterios jurisprudenciales en las materias de su competencia, en igual orientación a las demás Salas de este Tribunal Supremo en las competencias que la ley les ha conferido, quedando los Jueces ordinarios vinculados a dichos criterios. A ello cabe agregar que la unificación de la jurisprudencia tiene como fin mediato otorgar seguridad jurídica a los justiciables y a la Nación toda, garantizando a los individuos que sus bienes y derechos no serán violentados o que si ello ocurriera,

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Al respecto Neves Mujica señala que la casación pretende evitar arbitrariedades y homogenizar el criterio interpretativo, que se plasma en la seguridad jurídica. NEVES MUJICA, Javier “La uniformización jurisprudencial en el ámbito aboral”. En: Revista Asesoría Laboral. Nº 36 Lima. 1993, p. 20.

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le serán asegurados por este Poder del Estado, la protección y reparación de los mismos: en consecuencia, ha de procurarse la “certeza del derecho” que tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, en estricto respeto de sus derechos legales, constitucionales y fundamentales en especial de sus derechos fundamentales a una tutela judicial efectiva y a un debido proceso o proceso justo, reconocidos por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Tercero: Cabe resaltar entonces otra de las funciones de la Corte de Casación, esto es, constituirse en un Órgano Colegiado que en su misión de unificar criterios jurisprudenciales, controla asimismo el ejercicio jurisdiccional de los Jueces ordinarios. En ese sentido, la Sala de Casación como órgano jurisdiccional supremo a nivel nacional controla las resoluciones expedidas por los jueces encargados del proceso en sede de instancia a nivel nacional, procurando en esta labor legitimar el Ordenamiento Jurídico, conjuntamente con el Tribunal Constitucional, conforme así lo sostuviera años atrás el destacado procesalista Piero Calamandrei: “La casación es un instrumento judicial consistente en un órgano único del Estado (Corte de Casación) que a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo, examina solo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho las sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial (recurso de casación) utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en la resolución de mérito”(16). Cuarto: Ahora bien, las finalidades destacadas en los considerandos que preceden serán ejercidas por esta Corte de Casación, en materia laboral a través de los mecanismos de control contenidos en el artículo 34 de la Ley N° 29497 que precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o b) El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, cuando se denuncie la causal de infracción normativa, los justiciables han de ajustar sus denuncias casatorias a los supuestos previstos en la Ley Nº 26636; esto es, a) la aplicación indebida de la norma, señalando el error incurrido por el Juez, con precisión expresa de la norma que se aplicó indebidamente, y de la que corresponde; b) La interpretación errónea de la norma desarrollando esta denuncia, con la precisión de la norma interpretada erróneamente en sede de instancia, cuál sería la correcta interpretación, y cómo ello ha incidido en la decisión jurisdiccional cuestionada; c) La inaplicación de la norma argumentándose cómo la norma ha dejado de aplicarse, asimismo las razones de la aplicación de dicha norma al caso en concreto; ajustándose todas estas exigencias a la formalidad que destaca al recurso casatorio, reiterado en la jurisprudencia de este Tribunal Casatorio. Con relación a la causal de apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República, esta se funda en el principio constitucional del stare decisis propio del sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema. En el Perú los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el diario oficial El Peruano de las Ejecutorias que fijan Principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. Estos

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CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Traducción de Santiago Sentís Melendo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1961, p. 376.

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principios deben ser invocados por los magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio están obligados a motivar”. Quinto: En cuanto a la causal de apartamiento del precedente judicial, este concepto fue introducido en el artículo 400 del Código Procesal Civil, antecedente de la causal casatoria laboral, contenida ahora en la Nueva Ley Procesal de Trabajo prescribiendo que, “la decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro pleno casatorio”: si bien, no se menciona el apartamiento pero el artículo 386 (modificado por la Ley Nº 29364) agrega que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado de precedente judicial. En esa misma orientación, en cuanto al precedente judicial laboral, el artículo 40 de la Nueva Ley Procesal Laboral, sostiene que adquiere la calidad de precedente la decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno Casatorio, y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificada por otro precedente, sin mencionar el apartamiento. Sexto: Sobre el precedente expedido por el Tribunal Constitucional, este resulta vinculante para todos los órganos jurisdiccionales en los términos en que precisa el Código Procesal Constitucional, distinto de la jurisprudencia que emite dicho Tribunal. Cabe precisar que la incorporación de esta causal se funda en la necesidad de reforzar la unificación y sistematización de la jurisprudencia, así como la seguridad jurídica referida en esta resolución, por cuanto las resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional constituyen fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado, conforme lo establece el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil: “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa jugada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo (...)”. Asimismo, conforme lo establece el artículo VI de dicho Código Procesal Civil, y la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley Nº 28301 los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constituye por tanto, la doctrina que desarrolla el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho a consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo. En ese sentido ha precisado el Tribunal Constitucional que a través del precedente constitucional se ejerce un poder normativo general extrayendo una norma a partir de un caso concreto(17) El precedente constitucional vinculante vendría a ser aquella regla jurídica que vincula a su propio autor –eficacia horizontal– Como al resto del universo de operadores jurídicos –eficacia vertical–, fin integrador que coincide tanto con los fines del recurso casatorio como con las obligaciones de esta Sala Suprema. Finalmente, cabe señalar que este precedente vinculante tendrá la calidad de norma constitucional adscrita, pues formará parte de la Constitución(18). Sétimo: En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el artículo 35 de la Ley Nº 29497 contempla los siguientes: 1) Objeto del recurso: Solo cabe interponer el recurso contra las sentencias y los autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo

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STC Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, f. j. 43. (Expedida el 14 de noviembre de 2005). Cfr. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. 1997, pp. 48-73.

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grado, ponen fin al proceso. No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento: 2) Cuantía: Debe tenerse en cuenta los siguientes supuestos: a) Tratándose de una demanda con solo pretensiones cuantificables: a.1) el monto total reconocido en la sentencia de segundo, grado debe superar las cien Unidades de Referencia Procesal (100 URP), de lo que se desprende que cuando el empleador o el demandante interponen recurso de casación necesariamente el monto fijado en la sentencia de vista debe superar dichas 100 URP para que el recurso sea admitido: a.2) Para mayor precisión, cuando el recurso de casación sea interpuesto por el demandante será admisible si el monto fijado en la sentencia supera las 100 URP: y, si el monto es inferior debe ser rechazado; a.3) Sin embargo: cuando la sentencia de vista desestima íntegramente la demanda tratándose de obligaciones de dar suma de dinero debe tenerse presente el monto del petitorio señalado en la demanda que debe ser superior a 100 URP para que el recurso de casación sea admitido, conforme a la interpretación sistemática del artículo 35, numeral 1 de la Ley Nº 29497, y artículos I, III y IV del Título Preliminar de dicha Ley, en atención a los principios de igualdad y razonabilidad que privilegian los derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, más aún en un proceso laboral que establece principios y garantías de protección laboral; y, b) Cuando se trate de demandas con pretensiones inapreciables en dinero no se requiere el requisito de admisibilidad precedente, igual ocurre cuando existe una pretensión cuantificable y otra inapreciable en dinero; 3) Órgano ante el cual debe interponerse el recurso: Se debe interponer el recurso de casación ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada: debiéndose limitar la Sala Superior a remitir el expediente a la Sala Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días hábiles conjuntamente con el soporte electrónico que contiene el registro de la audiencia en audio y video así como constancia de la formación del cuaderno de ejecución correspondiente de ser el caso; 4) Plazo: El recurso de casación se presenta dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna, 5) Pago de tasa judicial: 5.1) Corresponde adjuntarse el recibo de la tasa respectiva. Si el recurso no cumple con este requisito la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de tres (3) días hábiles para subsanarlo. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso; 5.2) El empleador debe pagar siempre la tasa judicial salvo que se trate del Estado, por estar exonerado del pago de gastos judiciales, conforme a lo prescrito en el artículo 47 de la Constitución: 5.3) Precisese que los empleadores están obligados a presentar en todos los casos la tasa judicial. Y en el caso de los prestadores de servicios (trabajadores) no pagarán dicha tasa, cuando la demanda contenga entre sus pretensiones una no apreciable en dinero; 5.4) Conforme a la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497, los trabajadores solo pagan tasa judicial en aquellos procesos cuantificables en dinero que superen las 70 unidades de referencia procesal (artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo), concordante con la Undécima Disposición Complementaria de dicha Ley, 5.5) Además, conforme a la Resolución Administrativa Nº 093-2010-CE-PJ, del 15 de marzo de 2010, cuando la pretensión supere las 70 unidades de referencia procesal, el trabajador pagará el 50% de la tasa judicial correspondiente. Octavo: Respecto al recurso de su propósito en cuanto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad se aprecia que: i) el recurso se ha interpuesto contra una sentencia, expedida por un Tribunal Unipersonal que actúo en segundo grado a través de la cual se confirmó la sentencia apelada, se declaró fundada la demanda interpuesta, concluyendo el proceso, ii) el monto demandado no supera las cien unidades de referencia procesal, por lo que, al no cumplirse con este requisito el recurso propuesto deviene en inadmisible; iii) el recurso se ha presentado dentro del plazo establecido por ley, y; iv) con relación al pago de la tasa, la demandada ha cumplido con efectuar el pago respectivo; v) el recurso se ha interpuesto ante la Sala Superior respectiva, la que ha cumplido con remitir el expediente sin más trámite conjuntamente con el CD conteniendo la grabación de la audiencia respectiva, que conforme a lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley Nº 29497 forma parte

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del expediente principal; dejándose constancia que en el presente caso no se ha formado cuaderno de ejecución. Noveno: Este Supremo Tribunal considera relevante señalar que debe tenerse presente por los Órganos Jurisdiccionales que según lo previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 29497, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia de vista: salvo excepcionalmente cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, suspendiendo el juez de la demanda la ejecución de dicha sentencia o auto de vista, en resolución fundamentada e inimpugnable; por lo que, debe tenerse presente para formar el cuaderno de ejecución cuando se presente el caso. Décimo: Por lo tanto, concluyéndose en la inadmisibilidad del recurso de casación por no cumplir con el requisito referido a la cuantía, previsto en el numeral 1) del artículo 35 y en aplicación del texto expreso del artículo 37 de la Ley Nº 29497, carece de objeto proceder a analizar los requisitos de procedencia, en consecuencia el recurso deviene en inadmisible. Décimo Primero: En consecuencia, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 29497, se declara: INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la demandada Cadena Hotelera Turística Cusco Sociedad Anónima, obrante a fojas ciento dos, contra la sentencia de vista de fecha trece de julio de dos mil once, de fojas noventa y cuatro y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; en los seguidos por doña Dora Dávalos Ramos, sobre indemnización por despido arbitrario; y los devolvieron. Vocal Ponente: Acevedo Mena. SS. TÁVARA CÓRDOVA ACEVEDO MENA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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INFRACCIÓN NORMATIVA DENUNCIADA EN RECURSO DE CASACIÓN ES DECLARADA INFUNDADA SI EXISTE CONTRATO DE TRABAJO ANTERIOR “(…) El recurso planteado por la demandante deviene en infundado, máxime si, se ha demostrado fehacientemente, conforme la motivación esgrimida por la sentencia de vista objeto del presente recurso, y que es compartida por este Supremo Tribunal, que la demandante antes de la suscripción de los contratos administrativos de servicios CAS, ostentaba respecto de su empleadora, un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 1642-2012-LA LIBERTAD

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Lima, treinta de julio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Magistrados Acevedo Mena, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Chaves Zapater: y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Registro Nacional de identificación y Estado Civil - Reniec, de fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, obrante a fojas doscientos ochenta y cuatro contra la sentencia de vista de fecha siete de marzo de dos mil doce, obrante a fojas doscientos cincuenta y seis, que Confirmando la sentencia apelada de fecha dieciséis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos dos, declara Fundada en parte la demanda de pago de beneficios sociales y otro, y revocándola en el extremo que declara fundada la excepción de incompetencia por la materia por el periodo julio de dos mil ocho a la fecha de la demanda, reformándola declararon infundado; asimismo, revocaron el extremo que fija el pago de costos procesales en veinte por ciento del monto reconocido como capital, fijación que corresponderá determinarse en ejecución de sentencia; en consecuencia, ordenaron que la demandada pague a favor de la actora el importe de ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis nuevos soles con sesenta y seis céntimos (S/.159,416.66) por concepto de pago de reintegro de remuneraciones, gratificaciones y vacaciones; asimismo, dispusieron que la demandada deposite el importe correspondiente a la compensación por tiempo de servicios de catorce mil quinientos cuarenta y nueve nuevos soles con veintidós céntimos (S/. 14,549.22) en la cuenta que para tal efecto apertura la accionante en la entidad financiera o bancaria de su elección; además, dispusieron se agregue copias certificadas por secretaria del Informe del Administrador Laboral respecto a la producción del Cuarto Juzgado Laboral, y se oficie al juez del proceso, a efectos de que cumpla con respetar estrictamente el plazo de cinco días para la expedición de la sentencia, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas a la Oficina Desconcentrada de la Magistratura - ODECMA. II.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veintidós de junio de dos mil doce, obrante a fojas noventa del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de: infracción normativa del Decreto Legislativo Nº 1057. III. CONSIDERANDO PRIMERO.- En el presente caso, la demandante ha laborado bajo dos modalidades contractuales y en dos periodos diferenciados; el primero, desde el primero de setiembre de mil novecientos noventa y ocho hasta el treinta de junio de dos mil ocho, suscribiendo sendos contratos de locación de servicios; y, el segundo periodo que va desde el primero de julio de dos mil ocho en adelante, bajo contratos administrativos de servicios. SEGUNDO.- En este contexto, es preciso señalar que con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1057, conforme a su Cuarta Disposición Complementaria Final, vigente al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir, desde el veintinueve de junio de dos mil ocho, se crea y regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el Sector Público laboral de nuestro país; este, conforme reza el propio texto íntegro de la norma, no

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es asimilable ni al régimen laboral privado regulado por Decreto Legislativo Nº 728, ni al régimen laborar público, en el marco de lo normado por el Decreto Legislativo Nº 276(19). En efecto, este decreto que regula una nueva forma de concebir los servicios del personal “dependiente” adscrito a una entidad estatal, se dio en el marco de sendas promulgaciones de decretos legislativos originados en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica(20) y que tenían por finalidad “regularizar” diversas materias de índole laboral al interior del aparato estatal. TERCERO.- La contratación administrativa de servicios es definida, según el artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008PCM, en su texto originario como el tipo de contratación que vinculaba a una persona natural con el Estado de manera “no autónoma”, disposición que fuera posteriormente modificado por artículo 1 del Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM publicado con fecha veintisiete de julio de dos mil once, en donde se conceptualiza al Contrato Administrativo de Servicios - CAS como “(…) un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y obligaciones inherentes al régimen especial (…)”, modificación hecha a raíz de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 00002-2010-PI/TC, de fecha siete de setiembre de dos mil diez. CUARTO.- En esta línea, y refiriéndonos específicamente a la sentencia constitucional antes aludida, el Tribunal Constitucional indicó que este régimen de contratación administrativa de servicios era constitucional, sobre la base de dos argumentos centrales; el primero de ellos, por cuanto era un régimen laboral especial dado que reconocía todos los derechos laborales individuales(21) que proclama la Constitución a favor de los trabajadores, a pesar de la calificación inicial asignada por el legislador delegado, quien lo denominó como un “trabajo no autónomo”; y, el segundo, porque los derechos y beneficios que reconoce el régimen laboral especial(22), no infringe el principio –derecho de igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público y el régimen laboral privado, ya que los tres regimenes presentan diferencias en el tratamiento que los caracterizan y que se encuentran justificadas en forma objetiva y razonable. QUINTO.- La interpretación de la sentencia recaída en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC a través de la cual se declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad incoada contra el Decreto Legislativo Nº 1057, permite colegir con meridiana claridad que, la que rigor se dispuso con la misma es la validez, entiéndase la compatibilidad, de dicha norma con la Constitución del Estado, pero desde la fecha de su entrada en vigencia, esto es, a partir de el veintiocho de junio de dos mil ocho. Así las cosas, no obstante que se establezca que para acceder a tal contratación basta su sola

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Expediente Nº 00002-2010-PI/TC, fundamentos jurídicos 31 y 33. GAMARRA VILCHEZ, Leopoldo. “Finalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios”. En: Comentarios al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. Coordinadores: Ávalos Jara, Oxal Víctor y Otro. Editorial Jurista Editores, setiembre 2010, p. 20. Artículo 6 del Decreto Legislativo número 1057, incisos 1 a 4, señala entre los derechos de los trabajadores adscritos a este régimen laboral los siguientes: “(…) 6.1. Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana; 6.2. Descanso de veinticuatro (24) horas continuas por semana; 6.3. Descanso de quince (15) días calendario continuos por año cumplido; 6.4. Afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD. (…)”. A mayor abundamiento, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, reitera estos “contenidos”, haciendo precisiones sobre el particular. Según los propios términos empleados por el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico número 20 señala que, “los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo Nº 1057 son de naturaleza laboral”.

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suscripción(23); dicha conclusión debe necesariamente enmarcarse en el fundamento de la ratio decidendi de la sentencia constitucional, cuál es –según se desprende de su texto– la inexistencia de relación laboral alguna (encubierta o no bajo otra forma contractual) y el empleo de la contratación administrativa de servicios como medio de mejoramiento de tal condición del servidor. SEXTO.- La conclusión que antecede no resulta contraria ni desnaturaliza el propio texto de la sentencia constitucional antes aludida, en principio porque en el ámbito del Derecho del Trabajo, los jueces laborales están en el deber de resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción, a la luz de los principios y valores laborales constitucionalizados, entre los que se anotan: el principio protector regulado en el artículo 23; el de irrenunciabilidad de derechos, previsto en los artículos 23 y 26, inciso 2; principio de continuidad, implícito en el artículo 27; y de manera especial el principio de primacía de la realidad que el propio Tribunal Constitucional en las sentencias en los expedientes Nº 1869-2004-AA/TC, Nº 3071-2004-AA/TC, Nº 2491-2005-PA/TC, Nº 6000-2009-AA/TC, Nº 1461-2011-AA/TC, lo reconoce implícitamente en lo que se denomina Constitución Laboral (artículos 22 a 29 de la Constitución Política del Estado). En segundo término, porque existe una prohibición expresa de novar una relación laboral a tiempo indeterminado –en caso esté fehacientemente acreditada– por otra que otorgue derechos menores a los reconocidos por la primera, conforme se desprende del artículo 78 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, y que plasma además lo que se conoce en doctrina domo Principio Protector, definido como aquel “criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que este en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador”(24). SÉTIMO.- Adicionalmente, porque la justicia especializada laboral, en cada uno de sus niveles, es el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado, en la cual se recogen los principios y valores laborales, y que según los propios términos del Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el expediente Nº 0206-2005-PA/TC, señaló que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellas también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”, razón por la cual se le impone el deber de hacer prevalecer la norma constitucional por encima de cualquier otra norma, acto e incluso decisión estatal que la afecte; máxime si, en la Constitución Política del Estado se recoge la denominada “Constitución del Trabajo”, la misma que ha visto el derecho al trabajo como un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 22) y, además, como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23); en este sentido, el tratamiento constitucional de una relación laboral –se entiende debidamente comprobada– impone al juzgador que el conflicto sea enfocado precisamente en estos términos. OCTAVO.- Es pues en este marco constitucional en el que deben resolverse los conflictos judicializados en los que se discuta la existencia de una relación laboral encubierta por la suscripción de contratos civiles (locación de servicios y/o servicios no personales), que se vean sucedidos –sin solución de continuidad– por un contrato administrativo de servicios - CAS, que lleva insita la

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Fundamento jurídico 17. PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 23.

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limitación de vocación de permanencia en el tiempo que si posee un contrato de trabajo a tiempo indeterminado; en efecto, esta “apariencia” de constitucionalidad del régimen de contratación administrativa de servicios se ve pues desvanecida ante la preeminencia de una realidad qué indica la existencia de un contrato de trabajo que, en el marco de los principios fundamentales que inspiran el Derecho Laboral, entre los que se señalan el Principio Protector y el Principio de Primacía de la Realidad, no puede –ni debe– ser desconocido, fundamentalmente porque trae como consecuencia de su declaratoria, el surgimiento de derechos a favor del trabajador como, por ejemplo, el de estabilidad laboral en el empleo. NOVENO.- Precisamente en relación a este último aspecto (estabilidad en el empleo), se debe precisar que, esta regla derivada de la aplicación del principio de continuidad(25), a través del cual el Derecho del Trabajo expresa su tendencia por atribuirle la duración más larga posible a las relaciones laborales; y, que de ordinario considera al contrato de trabajo como uno de duración indeterminada, con vocación de resistencia ante las diversas vicisitudes que pudieran devenir en el desenvolvimiento de la relación laboral, opera en los dos extremos de la relación laboral: con la llamada “estabilidad de entrada”, que te traduce en la preferencia por los contratos de duración indefinida; y en su extinción, con la llamada “estabilidad de salida”, que se expresa en la resistencia a admitir la rescisión del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador. Estas dos expresiones solo pueden ser predicables si, en cada caso en concreto, se verifica que el trabajador ha superado el periodo de prueba exigible atendiendo a la naturaleza de la prestación desarrollada; en caso la respuesta sea negativa, no podrá exigirse el derecho a la estabilidad laboral puesto que el contrato de trabajo no se ha perfeccionado con la superación de este requisito. DÉCIMO.- Adicionalmente, esta regla de preferencia del vínculo indeterminado de un contrato de trabajo por sobre la formalidad de la suscripción de un contrato administrativo de servicios (CAS) debe también observar que el periodo anterior –y– respecto del cual se predica la invalidez de la posterior contratación CAS, efectivamente se encuentre desnaturalizada, sea cuando se trate de contratos por servicios no personales o locación de servidos, o cuando medien contratos modales (plazo fijo); pues, de modo contrario, es decir, cuando la modalidad contractual utilizada sea válida no solo formalmente sino también en los hechos, la validez del régimen de contratación administrativa de servicios prevalece. DÉCIMO PRIMERO.- No puede dejar de anotarse que la vasta jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional y que ha sido mencionada por la demandada como argumento de defensa en su escrito de contestación de demanda obrante a fojas ciento ochenta y dos, como el recaído en el Expediente Nº 03818-2009-PA/TC(26), así como las más recientes publicadas en el diario oficial El Peruano con fecha diecinueve de julio de dos mil doce, como las recaídas en los Expedientes Nº 00187-2012-PA/TC y Nº 00610-2012-PA/TC, no pueden ser parámetros referenciales para declarar la infundabilidad de pedidos de invalidez del régimen de contratación administrativa de servicios, pues las referidas sentencias casatorias no tienen calidad precedente vinculante conforme a lo previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, sino

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El maestro Américo Plá, nos refiere que este tiene las siguientes proyecciones: “1) preferencia por los contratos de duración indefinida; 2) amplitud de las transformaciones del contrato; 3) facilidades en que se haya incurrido; 4) resistencia a admitir la rescisión unilateral del contrato por voluntad patronal; 5) interpretación de las interrupciones de los contratos como simples suspensiones; 6) prolongación del contrato en casos de sustitución del empleador”. En: PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo”. Tercera edición actualizada, Editorial Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1998, p. 223. Publicado con fecha doce de octubre de dos mil diez.

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que constituyen –por el contrario– doctrina jurisprudencial, razón por la cual no puede predicarse respecto de las mismas “obligatoriedad”; y porque además, en estas no se aborda en específico un análisis del periodo previo al contrato administrativo de servicios - CAS, donde se discuta la desnaturalización de una contratación fraudulenta y se predique respecto de la misma la existencia de un contrato laboral, tal como se señala expresamente en las mismas al indicar que “en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción de los contratos administrativos de servicios, los contratos civiles y modales que habría suscrito el demandante fueron desnaturalizado”; razón por la cual no constituyen antecedentes para la aplicación del régimen de contratación administrativa de servicios. DÉCIMO SEGUNDO.- En sentido contrario, si constituye referente la sentencia constitucional emitida con fecha trece de diciembre de dos mil once en el Expediente Nº 01154-2011-AA/ TC, en la que el propio Tribunal Constitucional ha señalado expresamente en un caso similar como el presente, que “atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el artículo 26 de la Constitución, resulta relevante destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por la demandante independientemente de la modalidad de su contratación, hecho que permite concluir que los supuestos contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron, en realidad, una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser despedida por causa derivada de su conducta o capacidad laboral que lo justifique, lo que no ha ocurrido en el presente caso(27)”, ratificando así la postura respecto de la invalidez del régimen de contratación administrativa de servicios si esta es posterior a una relación laboral encubierta bajo modalidades contractuales civiles. DÉCIMO TERCERO.- En el presente caso, la demandante –como se anotó inicialmente– ha suscrito contratos por servicios no personales desde setiembre de mil novecientos noventa y ocho al treinta de junio de dos mil ocho realizando funciones de registradora; labores que en el marco de las competencias asignadas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec(28), son indudablemente permanentes y que conforme se concluyó en las instancias de mérito, no pueden ser sino concebidas en el marco de una relación de subordinación y dependencia (considerando duodécimo de la sentencia de vista); en este sentido, la utilización de una contratación civil (servicios no personales) por espacio de cerca de diez años y en circunstancias típicas de un contrato de trabajo –como se anotó–, desnaturaliza la esencia misma de las labores para las que fue contratada la demandante, convirtiendo así al vínculo que unió a las partes en uno de naturaleza laboral, tal y como se ha concluido en la recurrida.

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Fundamento N° 9. De acuerdo a la Resolución Jefatural N° 527-2009-JEF-RENIEC de fecha 18 de agosto de 2009, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, son funciones del Reniec, entre otras: - Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas; así como las resoluciones judiciales administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y, los demás actos que señale la ley; - Emitir las constancias de inscripción correspondientes; - Mantener el Registro de Identificación de las personas; - Emitir el Documento único que acredita la identidad de las personas; así como sus duplicados; - Promover la formación de personal calificado que requiera la institución, así como de los Registradores Civiles y demás personal que integra el Sistema Registral; - Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas, etc.

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DÉCIMO CUARTO.- En este marco fáctico y jurídico reseñado precedentemente, la utilización de una contratación administrativa de servicios, no resultaba aplicable; en principio, porque la demandante ya venia gozando –en la práctica y en aplicación del principio de primacía de la realidad–, de un estatuto laboral protector bajo los alcances del régimen laboral privado (Decreto Legislativo Nº 728); y, en este devenir, su contratación no podía ser novada por otra, que si bien ha sido calificada por el Tribunal Constitucional como laboral”, no predica respecto del personal dependiente del Estado, los mismos derechos que aquellos adscritos al régimen privado. Así las cosas, el recurso planteado por la demandada deviene en infundado, máxime si, se ha demostrado fehacientemente, conforme la motivación esgrimida por la sentencia de vista objeto del presente recurso, y que es compartida por este Supremo Tribunal, que la demandante antes de la suscripción de los contratos administrativos de servicios - CAS ostentaba respecto de su empleadora, un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y como tal, había incorporado a su patrimonio de derechos subjetivos todos los otorgados por el régimen laboral privado, entre los que destacan, la vocación de continuidad (permanencia) del vinculo; razón por la cual –además– no podía modificar este estatus laboral, en aplicación del Principio de irrenunciabilidad de Derechos y Principio Protector; criterio que además ya ha sido expuesto por este Supremo Tribunal en la Casación Nº 07-2012-La Libertad, de fecha once de mayo de dos mil doce. IV. DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec, de fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, obrante a fojas doscientos ochenta y cuatro; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha siete de marzo de dos mil doce, obrante a fojas doscientos cincuenta y seis; en los seguidos por doña Erika Teresa Quezada Martínez contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec sobre pago de beneficios sociales y otro, MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano (...) y los devolvieron. Vocal ponente: Acevedo Mena. SS. ACEVEDO MENA CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE CHAVES ZAPATER

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LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS SE PRESENTA CUANDO SE REUNEN DOS O MÁS EN UNO, A FIN DE QUE UNA SOLA SENTENCIA EVITE PRONUNCIAMIENTOS OPUESTOS “Nueva Ley Procesal del Trabajo, prescribe que la acumulación objetiva sucesiva de procesos se presenta cuando de oficio o a petición de parte, se reúnen dos o más procesos en uno, a fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos (…)”.

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SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 1324-2012-JUNÍN

Lima, dieciséis de julio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA: la causa, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Magistrados Supremos Acevedo Mena, Presidente, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, y Torres Vega; sin el informe oral de los abogados de las partes producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ciento cuarenta y ocho por don Elvis Jorge Cipriano Pérez contra la resolución de vista, obrante a rojas ciento cuarenta y tres, de fecha ocho de diciembre de dos mil once, expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que confirmando la resolución apelada de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, declara improcedente la demanda. II.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

Mediante resolución obrante a fojas cuarenta y cinco del cuaderno de casación, esta Suprema Sala declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución y el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que garantizan la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos en que se sustenta para ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, argumentando que en la resolución impugnada se menciona erróneamente que para la procedencia de su demanda laboral primero tendría que concluirse con su proceso de desnaturalización de contrato de locación de servicios a contrato de trabajo a plazo indeterminado, proceso laboral Nº 1459-2011-0-1501-JR-LA-01, que se tramita ante el primer Juzgado Laboral de Huancayo, creando un requisito que la Ley no exige, debiendo de haberse ceñido el Ad quem en verificar si existe o no la concurrencia de los presupuestos de la demanda y condiciones de la acción, que su demanda si cumple a cabalidad, que además se trata de dos procesos con pretensiones diferentes, pues una es de puro derecho y la otra es sobre beneficios económicos, por lo que ni siquiera existe la triple identidad. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante resolución de vista de fojas ciento cuarenta y tres, la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, confirma el auto obrante a fojas ciento setenta y siete, del dieciocho de agosto de dos mil once, que declara improcedente la demanda, tras considerar que si bien es cierto, que la pretensión que se viene tramitando en el Primer Juzgado Laboral es de puro derecho y tiene por objeto la declaración y reconocimiento de la desnaturalización de contratos, y el petitorio que plantea el demandante en la presente acción de pago de beneficios sociales, reconoce que ambas pretensiones contienen un nexo causal, es decir, que

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ambas pretensiones tienen elementos comunes, diferenciándose entre ambas una pretensión principal y una pretensión accesoria; determinándose que la pretensión principal recae forzosamente en el petitorio de la desnaturalización de los contratos (aspecto que se viene dilucidando en el expediente Nº 1459-2011-0-1501-JR-LA-01, ante el Primer Juzgado Laboral) y las pretensiones accesorias (petitorios como: compensación por tiempo de servicios, bonificación por escolaridad, gratificaciones por fiestas patrias y navidad) que recaen forzosamente en la presente Causa; siendo ello así, considera la recurrida, que los beneficios que viene requiriendo el demandante ante la judicatura son derechos que solo deben ser reconocidos y liquidados una vez declarada la desnaturalización de su contrato en el proceso laboral que viene desarrollándose en el Primer Juzgado Laboral, es decir, que necesariamente debe declararse el derecho principal, que reconozca la desnaturalización de los contratos y posteriormente reconocer y liquidar la pretensión económica de beneficios laborales; por lo que concluye que no es factible tramitar una pretensión accesoria cuya pretensión principal aún no ha sido declarada favorablemente al accionante. SEGUNDO: En tal sentido, y conforme lo ha señalado el ad quem, es objeto de dilucidación del primer proceso, determinar si los servicios civiles se desnaturalizaron; y del presente proceso, si como consecuencia de ello le resulta amparable el pago de los beneficios sociales que peticiona. TERCERO: De lo expuesto por la parte demandante, como alegación de la causal de infracción normativa y de la revisión de lo resuelto por las instancias de mérito resulta pertinente invocar el principio de concentración, prescrito en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, como mecanismo para el logro de la celeridad del proceso, que consiste en realizar diferentes actos procesales en una sola diligencia. A través de este principio se combate la dispersión de los trámites, que distrae la atención del Juzgador. Es un principio concomitante con el sistema oral y en el caso peruano cobra singular importancia en el diseño de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en la que el debate se concentra en la audiencia de juzgamiento. CUARTO: Que, como una forma de cumplir con los fines de este principio, las normas procesales nos ofrecen el instituto de la acumulación procesal, cuya posibilidad de aplicación se da cuando se advierten elementos comunes entre las pretensiones principales o las derivadas de ellas, esto es, cuando existe conexidad. A través de la acumulación se le permitirá al juez tener una visión de conjunto del Conflicto que va a resolver. QUINTO: Así, el artículo 88 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por permisión de la Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, prescribe que la acumulación objetiva sucesiva de procesos se presenta cuando de oficio o a petición de parte, se reúnen dos o más procesos en uno, a fin que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos. SEXTO: Que, de lo anteriormente señalado, se advierte que los petitorios de los procesos requieren un pronunciamiento común y uniforme; constituyendo, así también, procesos que se deben llevar a cabo en la vía ordinaria laboral cuya competencia es de los Jueces Especializados de Trabajo. Por lo cual no existirla contradicción entre las mismas resultando factible la acumulación, a fin de concretizar el principio de concentración que inspira el nuevo modelo procesal laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497. SÉTIMO: Que, en tal virtud y a fin de establecer el juzgado competente para la acumulación de procesos se aprecia, que el primer emplazamiento con la demanda fue realizada en el Primer Juzgado Laboral con el expediente signado con el número 1459-2011-0-1501-JR-LA-01, en la que se peticiona la desnaturalización de contratos de locación de servicios de trabajo a plazo indeterminado; en tal sentido, se debe proceder a la acumulación de ambos procesos.

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OCTAVO: Por los fundamentos expuestos en considerandos precedentes, se concluye que el recurso casatorio sub exámine, deviene en fundado. IV. RESOLUCIÓN Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento cuarenta y ocho por el demandante don Elvis Jorge Cipriano Pérez, en consecuencia CASARON la resolución de vista obrante a fojas ciento cuarenta y tres, su fecha ocho de diciembre del dos mil once, e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas ciento setenta y siete, del dieciocho de agosto de dos mil once; DISPUSIERON la acumulación del expediente 1459-2011-0-1501-JR-LA-01, en la que se peticiona la desnaturalización de contratos de locación de servicios de trabajo a plazo indeterminado; en tal sentido, se debe proceder a la acumulación de ambos procesos, remitiéndose al Juzgado de origen a fin de que proceda conforme a lo indicado; en los seguidos contra la Universidad Nacional del Centro del Perú sobre Pago de Beneficios Sociales: ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley Nº 29497; y, los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Chumpitaz Rivera. SS. ACEVEDO MENA CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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FALTA DE MOTIVACIÓN DE SENTENCIA DE VISTA CORRESPONDE ESTAR A LO PREVISTO EN ARTÍCULO 39 DE LEY N° 29497 “Que en ese sentido, habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en falta de motivación, corresponde estar a lo previsto en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley N° 29497 que establece (…) siendo así, resulta arreglado a derecho ordenar se expida nuevo pronunciamiento (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 278 -2012-LA LIBERTAD

Lima, dieciséis de julio del dos mil doce SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número doscientos setenta y ocho - dos mil doce; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Señores Magistrados Acevedo Mena, presidente, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega; con el informe oral del señor Luis Reyes Sánchez abogado de la parte demandada y señor José Aguilar Honorio abogado de la parte demandante; producida la votación con arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ciento setenta y dos por la demandada Universidad Privada Antenor Orrego, contra la sentencia de vista obrante a fojas

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ciento sesenta, de fecha nueve de diciembre del dos mil once, expedida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad que confirmando la sentencia apelada de fojas ciento cinco del nueve de septiembre del dos mil once, declara fundada la demanda, en consecuencia ordena que la demandada pague al actor la suma de ciento setenta y seis mil doscientos cincuenta y ocho nuevos soles con cincuenta y dos céntimos (S/. 176,258.52) por concepto de pago de vacaciones no gozadas con lo demás que contiene. II)

CAUSALES DEL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veintiocho de marzo del dos mil doce, obrante a fojas ciento diecinueve del cuadernillo formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de: a)

Infracción normativa de normas procesales referente artículo 139 incisos 3, 5 y 9 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil.

b)

Infracción normativa de normas materiales, esto es de los artículos 52 inciso f), y 54 de la Ley Universitaria Nº 23733.

III) CONSIDERANDO: PRIMERO: En el examen del recurso casatorio cabe precisar que previamente corresponde se efectúe el análisis de la denuncia de infracción normativa de normas de derecho procesal, ya que por sus efectos nulificantes resultaría innecesario emitir pronunciamiento sobre el agravio de los preceptos de orden material, también declarados procedentes. SEGUNDO: En el recurso de casación se alude que la sentencia impugnada adolece de una debida motivación que justifique la decisión adoptada, por lo que, para establecer si la sentencia afecta el principio de motivación de resoluciones judiciales, entendida dentro de esta, el vicio de congruencia, previamente se debe tener en cuenta la pretensión demandada (vacaciones) y su perspectiva jurídica. TERCERO: En el caso de autos la demanda de fojas veintitrés tiene como petitorio que la Universidad Privada Antenor Orrego pague vacaciones no gozadas en su oportunidad (periodo del trigésimo primero al sexagésimo día) así como una indemnización por esas vacaciones no gozadas, pues considera que desde su fecha de ingreso a dicha casa de estudios, solamente se le ha reconocido y pagado un mes de vacaciones, es decir, ha gozado de vacaciones por un lapso de treinta días, en cada periodo anual, por los periodos correspondientes a los años 1994-1995 a 2001-2002 y 2002-2003 a 2008-2009. CUARTO: Al respecto cabe señalar que el artículo 2 numeral 1 del Convenio Nº 52 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT establece: “Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables por lo menos” (sic). Asimismo el Convenio 132 de la Organización Internacional de Trabajo sobre las vacaciones pagadas (revisado, mil novecientos setenta) establece en su artículo 3 numeral 1 puntualiza: “toda persona a quien se aplique el presente Convenio tendrá derecho a Vacaciones anuales pagadas de una duración mínima determinada”; (sic) así como, el numeral 3 de dicho artículo determina que: “las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables por un año de servicios” (sic). De estos convenios internacionales se aprecia que estos protegen el derecho al descanso físico después del servicio prestado por el trabajador a su empleador.

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QUINTO: En el derecho comparado se regula de manera diferente los días que se conceden como descanso pagado, así tenemos que en el caso de Chile su legislación prevé un descanso vacacional pagado de quince días laborales al año, conforme al artículo 67 de su Código del Trabajo: en Colombia su Código Sustantivo de Trabajo ha previsto de igual manera quince días de descanso pagados; y, México ha reconocido el derecho a vacaciones pagadas por cada año, no inferior a seis días laborales, esto, conforme al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. SEXTO: En el caso peruano el artículo 25 de la Constitución Política, determina “Jornada de Trabajo.- (...) Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerado” (sic). El Decreto Legislativo Nº 278 en su artículo 24 precisa: “Son derechos de los servidores públicos de carrera: (...) d) Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación convencional hasta de dos periodos” (sic). El Decreto Legislativo Nº 713, en su artículo 10 señala que: “el trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios (...)” (sic). Por su parte, la Ley Universitaria - Ley Nº 23733, en su artículo 52 señala, “De conformidad con el Estatuto de la Universidad, los profesores Ordinarios tienen derecho a: (...) f) Las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año, sin perjuicio de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afectan el descanso legal ordinario” (sic). SÉTIMO: De otro lado, teniendo en cuenta que el petitorio de la demanda versa no solo sobre el pago de vacaciones no gozadas (del trigésimo primero al sexagésimo día de descanso según la Ley Universitaria) sino sobre indemnización vacacional por el que se invoca el Decreto Legislativo Nº 713, por ese no goce, se debe tener presente a los efectos de la emisión del fallo, si el trabajador tiene la categoría de profesor nombrado o contratado. OCTAVO: Que el debido proceso establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú comprende, entre otros derechos, el de obtener de los Jueces y Tribunales una resolución fundada en derecho, por lo que se exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5) de la Constitución, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión, exigencia preceptuada además en el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La exigencia de motivación suficiente constituye una garantía para el justiciable, mediante la que puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos tácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución . NOVENO: Que, el deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico 4 de la sentencia Nº 00966-2007-AA/TC: “No garantiza una determina extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (...). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver” (sic). DÉCIMO: Que, se observa entonces, que integrando la esfera de la debida motivación se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”,

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que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre las alegaciones sustanciales formuladas oportunamente–, la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. UNDÉCIMO: Que, la sentencia impugnada incurre en vicio de incongruencia y falta de claridad en su desarrollo argumental, conforme se puede advertir se fundamenta que, de acuerdo al artículo 54 de la Ley Universitaria le asistiría al demandante el derecho al goce vacacional de sesenta días, sin perjuicio de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario, superior al tiempo del descanso vacacional que otorga el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 7131 y por otro lado establece que al demandante le corresponde una indemnización vacacional por no haberse hecho efectivo el descanso vacacional de treinta días adicionales que completan los sesenta días de vacaciones que se reconocen sin perjuicio de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario, aplicando el Decreto Legislativo N° 713, sin explicitar qué artículo de esa normativa regula una indemnización para el hecho concreto del no goce de los treinta días restantes (del trigésimo primero al sexagésimo día) del derecho vacacional que declara, incurriendo en incongruencia interna, pues además en la sentencia se ha señalado: “(...) la frase “de acuerdo a ley de la norma estatutaria debe interpretarse referida a loa artículos precitados de la Ley Nº 23733 y no al Decreto Legislativo Nº 713 que otorga un descanso vacacional menor, ...(sic), sin embargo dispone el pago doble de vacaciones respecto del segundo periodo “no gozado” - indemnización, en base a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 713 (genéricamente) sin motivar porque una norma que penaliza la falta de goce vacacional por treinta días, resultaría aplicable para el no goce de los segundos treinta días, pues en el proceso ha quedado establecido que el actor hizo uso efectivo de treinta días de vacaciones. Adicionalmente se vulnera el principio de motivación, cuando no se justifica cuál es el método o principio de interpretación que se emplea para interpretar la frase de ‘acuerdo a ley’ de la norma estatutaria, además, la Sala Superior como órgano revisor, aún cuando el recurso de apelación lo plantea como agravio expreso (el razonamiento del juez contiene motivación lógica incorrecta), no da respuesta puntual al agravio en comento. Asimismo se debe tener presente a los efectos de la emisión del fallo, la condición del demandante como docente contratado, el cual presta servicios a plazo determinado y en las condiciones que fija el respectivo contrato; todo esto a efectos de determinar si le corresponden al mismo los derechos contenidos en el artículo 52 de la Ley Universitaria referida a los derechos de los docentes ordinarios y que son materia de controversia en el presente proceso. DUODÉCIMO: Que, en ese sentido, habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en falta de motivación, corresponde estar a lo previsto en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley N° 29497 que establece: “(...) En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y en ese caso ordena que la Sala Laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declare nulo todo lo actuado hasta la etapa en que le infracción se cometió” (sic); siendo así, resulta arreglado a derecho ordenar se expida nuevo pronunciamiento, por lo que estando a la naturaleza de la presente decisión, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa material declarada procedente en el auto calificatorio de fecha veintiocho de marzo del dos mil doce.

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IV. DECISIÓN: Declaración: FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas ciento setenta y dos, interpuesto por la Universidad Privada “Antenor Orrego”; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fojas ciento sesenta, de fecha nueve de diciembre del dos mil once: y, DISPUSIERON que la Sala Superior expida nueva resolución con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente resolución; en los seguidos por don Robert Alipio Aguilar Lozada sobre Pago de Beneficios Sociales; y, MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y los devolvieron. Vocal Ponente: Yrivarren Fallaque.SS. ACEVEDO MENA CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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SENTENCIA QUE SE EMITE SIN BASARSE EN JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y LABORAL VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA EFECTIVA “En consecuencia, el auto de vista y el auto apelado deben ser declarados nulos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 175 del Código Procesal Civil, a fin de que el juez del proceso emita nuevo fallo, calificando la demanda y analizando para –el efecto– específicamente la tipología de despidos, para el cual resultan sumamente ilustrativos los fallos tanto emitidos a nivel de Corte Suprema como Tribunal Constitucional (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 4793-2011-MOQUEGUA

Lima, primero de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Magistrados Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater; y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación obrante a fojas ochenta y siete, interpuesto por don Manuel Alejandro Roldán Capristan, contra la resolución de vista de fojas ochenta y uno, de fecha siete de noviembre de dos mil once, que confirmó la Resolución N° 02, de fecha dos de septiembre de dos mil once, que resuelve hacer efectivo el apercibimiento decretado mediante Resolución N° 01, de fecha ocho de agosto de dos mil once; por consiguiente Rechaza la demanda y se dispone el Archivo definitivo en los seguidos contra la Empresa Pesquera Rubí Sociedad Anónima, sobre Incumplimiento de Normas y Disposiciones Laborales.

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II)

CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas treinta y seis del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la siguiente denuncia casatoria: a) La Infracción normativa del artículo 139 de la Constitución Política del Estado así como de los artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Procesal de Trabajo; III) CONSIDERANDO: PRIMERO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros, derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. SEGUNDO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00966-2007-AA/TC “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de Pronunciamiento expreso y detallado. (...) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver”. TERCERO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente–, la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. CUARTO: Dentro de este contexto, se aprecia que el demandante a folios veintitrés de su escrita de demanda, refiere que fue despedido sin expresión de causa pues la demandada le cursa una “Cada de Pre Aviso de Despido” imputándose la comisión la falta grave laboral como es “Incumplimiento de obligaciones de trabajo” y la “Información falsa al empleador” sin describir con precisión cuales eran los medios probatorios que le causaba convicción a la parte empleadora respecto

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de la existencia de la falta y de su autoría desde el mismo inicio del procedimiento disciplinario sancionador que empieza con la remisión de dicha Carta, por lo que denuncia que el despido del cual fue objeto fue fraudulento. QUINTO: Debe considerarse que la protección del derecho al empleo ha sido uno de los principales temas de discusión del laboralismo peruano de los últimos años. En efecto, en dicho escenario, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una fértil doctrina jurisprudencial sobre la protección en sede constitucional de los derechos laborales vulnerados. y más concretamente, de los alcances de la protección del derecha al empleo consagrado en el artículo 22 de la Constitución, cuya base o pilares principales las han constituido las sentencias emitidas en las demandas de amparo interpuestas por el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y Fetratel en Contra de Telefónica del Perú de fecha 11 de julio de 2002 –en adelante caso Fetratel–, de Eusebio Llanos Huasco en contra de la misma empresa de fecha trece de marzo de dos mil tres –en adelante caso Llanos Huasco– y de César Antonio Baylón Flores en contra de Empresa Prestadora de Servicio EMAPA Huacho Saciedad Anónima de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco –en adelante caso Baylón Flores–, ya que por tratarse de jurisprudencia vinculante, y en consecuencia, de observancia obligatoria, deberán ser tomadas en cuenta para la resolución de los futuros casos de impugnación de despido que se presenten tanto en sede constitucional, como ordinaria laboral, en específico en lo relativo a la procedencia de la demanda, y en el tipo de protección que se dispense al trabajador afectado. SEXTO.- En ese sentido, resulta indicativo señalar, que dentro del estudio de la jurisprudencia constitucional esbozada en las últimas tres décadas, se evidencia que antes de la expedición de la primera resolución mencionada, el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 1112-98-AA/ TC de enero de 1999, delimita un concepto utilizado en otras sentencias: la vulneración del derecho fundamental del debido procedimiento en el despido arbitrario como causal de reposición en el puesto de trabajo(29). En efecto, la línea jurisprudencial que esboza el Tribunal Constitucional, cuenta con algunos antecedentes en los años noventa, es el caso de los pronunciamientos recaídos en los Expedientes números 582-97-AA/TC-Ica; 791-1996-AA/TC-Lima y 773-99-AA/TC-Lima en donde el Tribunal Constitucional expresa una tutela a los derechos a la defensa y al debido proceso dentro de la relación de trabajo así como una postura de protección al trabajador desde el ámbito constitucional, lo dicho sin embargo no es óbice para asegurar con cierto grado de certeza que “su andadura se inicia con la sentencia del once de julio de dos mil dos, consolidándose a través de la sentencia del trece de marzo de dos mil tres, cuya doctrina es mantenida hasta la fecha por el Tribunal Constitucional con ligeros ajustes en su aplicación, introducidos por la sentencia del veintiocho de noviembre de dos mil cinco - Expediente número 0260-2005-PA/TC, caso César Antonio Baylón contra la Empresa Prestadora de Servicios EMAPA Huacho - con el fin de ajustarla a la nueva configuración de la acción de amparo derivada de la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional aprobado en mayo de 2004(30).

(29)

(30)

TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge Luis; AGUI REYNOSO, Héctor David y ARELLANO MORI, Luis Eduardo. “Imparto de las Sentencias Laborales del Tribunal Constitucional sobre el mercado de trabajo 2002-2004”. (2004) Disponible en: <www.congreso.gob.pe/biblio/pdf/Apoyo/2003/Tribunal_Constitucional.pdf>, noviembre, p. 25. SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. (2006). “La protección de los Derechos Laborales en la Constitución peruana de 1993”. En: Derechos Laborales, Derechos Pesionarios y Justicia Constitucional. II Congreso nacional de la Sociedad Peruana de Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 13849.

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SÉPTIMO: En el caso Fetratel el Tribunal Constitucional interpretó el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en relación a lo prescrito por los artículos 22 y 27 de la Constitución, y determinó que dicha norma no resultaba compatible con la Constitución, pues reconocer a la indemnización como única opción reparadora frente a un despido arbitrario, negaba la posibilidad de la eficacia restitutoria que obtendría un trabajador mediante la reposición en su puesto de trabajo, consecuencia evidente de la protección que obtendría en sede constitucional un trabajador víctima de un despida lesivo de derechos constitucionales. Este criterio expuesto por el Tribunal Constitucional, que determinó a decir de muchos, la restitución de un esquema de estabilidad laboral absoluta, fue posteriormente modificado mediante la resolución de aclaración del citado proceso, expedida el dieciséis de Setiembre del mismo año. En dicha resolución, tal como lo señala Javier Ricardo Dolorier Torres(31), se dejó de lado la estabilidad laboral absoluta, que establecía la reposición en caso de despido nulo, arbitrario, incausado y fraudulento, y se estableció un régimen de “estabilidad laboral mixta”, donde la reposición se mantiene respecto a los tipos de despido citados, salvo para el caso del despido injustificado, vale decir, aquel cuya causa no se puede demostrar en un proceso. OCTAVO: En efecto, en el caso Llanos Huasca, el Tribunal Constitucional reiteró el criterio de la sentencia del caso Fetratel respecto a la protección adecuada frente a un despido arbitrario, así como los alcances del artículo 27 de la Constitución, pero estableciendo además una tipología y una definición de cada uno de los tres supuestos de despido que merecen tutela constitucional a través del efecto restitutorio reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido arbitrario, reconocida en el artículo 27 de la Constitución permitía tanto una eficacia restitutoria como una resarcitoria, modificando en virtud de este criterio, el esquema de protección aplicado desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 728, el cual quedó determinado de la siguiente manera: a) Despido nulo, protegido mediante reposición, b) Despido incausado, protegido mediante reposición, c) Despido fraudulento, protegido mediante reposición, y d) Despido injustificado, protegido mediante indemnización por decisión del extrabajador afectado. NOVENO: En el caso Baylón Flores, el Tribunal Constitucional complementó e integró de forma armónica el criterio vertido en las sentencias anteriores, y determinó los supuestos en los cuales procedería el proceso de amparo frente a un despido lesivo de derechos constitucionales, en específico respecto a cada uno de los supuestos definidos por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Llanos Huasco, precisando que el despido fraudulento se produce cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño por ende, de manera contraría a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y las cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas, así como que los casos derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refiere a hechos controvertidos no serán tramitados en el proceso de amparo.

(31)

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DOLORIER TORRES, Javier Ricardo. “Evolución de la Protección Constitucional al Derecho al Trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del caso Fetratel al caso Baylón Flores”. En: Derechos Laborales, Derechos Pesionarios y Justicia Constitucional. II Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pp. 639-656.

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DÉCIMO: La jurisdicción laboral –por su parte– atendiendo, a su vez, a lo previsto en los artículos 38, 51, 138 y 146 numeral 2 de la propia Norma Normarum, considera que en la emisión de sus decisiones judiciales, se debe garantizar su aplicación prevalente, realizar interpretaciones conformes a ella que, en todo caso, permitan compatibilizar el ordenamiento jurídico con aquella, solo así podrá asegurarse y cumplirse el “honroso encargo de decir el Derecho en el caso concreto”(32), comisión que dimana del pueblo y que debe ser cumplida en función al interés público (de toda la colectividad) y no necesariamente a las razones de Estado (decisiones impuestas por este, que pueden no tener una justificación válida). DÉCIMO PRIMERO: Bajo este esquema, el juez es pues –desde su ámbito competencial–, el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado, en la cual se recogen los principios y valores aborales que deben ser objeto de su férrea protección, por lo que, no puede abandonar tal encargo impuesto, inclusive, por el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el expediente número 0206-2005-PA/TC, cuando refirió que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”; esta función delegada más bien lo conmina a hacer prevalecer la Carta Magna, los principios, valores, derechos y libertades que se contemplan en esta ante cualquier disposición que busque lesionarla. Y es que no debe dejar de apreciarse que la Constitución no es solo un catálogo de derechos, sino que, en rigor, dichos derechos no son otra cosa que la expresión jurídica de aquellos principios y valores éticos y políticos que el constituyente ha considerado que deben formar las bases del sistema jurídico y, por lo tanto, de la convivencia social. El sistema de derechos reconocidos por la norma constitucional es expresión también, de este modo, da un determinado proyecto de organización de la sociedad, cuyas líneas maestras es preciso develar si se quiere aprehender el sentido profundo de todas y cada una de sus previsiones(33). DÉCIMO SEGUNDO: En este orden de ideas, este Supremo Tribunal estima que habida cuenta que en las sentencias del TC en los Expedientes N°s 976-2001-AA/TC y 0206-2005-PA/TC, casos Llanos Huasco y Baylón Flores, establecen un criterio importante respecto al supuesto del despido fraudulento, en el sentido que dichos despidos procederán en la vía constitucional de amparo, únicamente, cuando el demandante acredite “fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar veracidad o falsedad de ellos”; y si bien en la Casación N° 3034-2009-Huaura, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara improcedente una demanda en donde en la vía ordinaria laboral se solicitaba la reposición de un trabajador bajo la figura del despido fraudulento; es procedente tramitar en la vía del proceso ordinario laboral el despido fraudulento que requiere pruebas con fines restitutorios, conforme lo dispone la sentencia normativa emitida por el Tribunal Constitucional en el mencionado Expediente N° 0206-2005-PA/TC que adiciona el despido fraudulento como causal

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COUTURE. Eduardo citado por RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelson. “La Administración de Justicia en el Perú, Luces y Sombras”. Artículo publicado en el portal web de la Academia de la Magistratura del Perú. Vease: . SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. “Derecho Constitucional del Trabajo, relaciones de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 16-17.

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de nulidad de despido al artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, porque el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios, además, se han generado a través de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional el despido incausado y el despido fraudulento con la consecuencia de reposición; y respecto a la Protección Procesal el artículo 4, inciso 2, literal a de la Ley Procesal de Trabajo establece la competencia en la vía ordinaria laboral para conocer de las pretensiones previstas en el artículo 29 y 34 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, así como la correspondiente al despido fraudulento. DÉCIMO TERCERO: En este sentido, conviene anotar además que las instancias de mérito han omitido considerar que el despido calificado como “fraudulento”, y teniendo en consideración la fértil jurisprudencia constitucional y laboral emitida hasta la fecha, no se basamenta en norma jurídica alguna, como pretende requerir el Colegiado Superior, sino que dicha tipología de despido preexiste por su evidente vulneración al artículo 27 de la Constitución Política del Estado; en tal razón, el derecho del demandante a la tutela jurisdiccional efectiva (trámite de la demanda), viene dado por el imperativo constitucional de otorgar una tutela restitutoria ante la invocación de hechos lesivos a los derechos fundamentales (derecho al trabajo) alegado por el trabajador afectado, y en modo alguno proviene de una norma jurídica contenida en un cuerpo legislativo, como lo es por ejemplo, la viabilidad de tramitar demandas en casos de despido nulo por las cuales contempladas en el artículo 29 del Decreto Supremo número 003-97-TR. DÉCIMO CUARTO: En consecuencia, el auto de vista y el auto apelado deben ser declarados nulos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que el Juez del proceso nuevo emita fallo, calificando la demanda y analizando –para tal efecto– específicamente la tipología de despidos, para lo cual resultan sumamente ilustrativos los fallos tanto emitidos a nivel de Corte Suprema como Tribunal Constitucional, y teniendo especial consideración con los hechos invocados en la demanda, procurando buscar la aplicación de los principios y fundamentos propugnados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo (artículos I, III y IV del Título Preliminar). IV. DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas ochenta y siete, interpuesto por don Manuel Alejandro Roldán Capristan; en consecuencia: NULA la resolución de vista de fojas ochenta y uno, de fecha siete de noviembre de dos mil once; e, INSUBSISTENTE la resolución Nº 92, de fecha dos de septiembre de dos mil once, de fojas cuarenta y cuatro; y, DISPUSIERON que al Juez de primera instancia EMITA NUEVA SENTENCIA con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente resolución; en los seguidos contra la Empresa Pesquera Rubí Sociedad Anónima, sobre incumplimiento de Normas y Disposiciones Laborales; y, MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; y los devolvieron. Vocal Ponente: Yrivarren Fallaque SS. CHUMPITAZ MERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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RECHAZO IN LIMINE DE LA DEMANDA TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN DEBIDO PROCESO “(…) con el rechazo in limine de la demanda se ha transgredido el derecho fundamental a un debido proceso por infracción del principio pro actione, previsto en el artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 4791-2011-MOQUEGUA

Lima, uno de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa número cuatro mil setecientos noventa y uno - dos mil once: en Audiencia Pública llevada a cabo en el die de la fecha; con los Señores Jueces Supremos: Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater; y Juego de verificada la sentencia con arreglo a ley se emite la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Fernando Figueroa Sarmiento, obrante a fojas ciento trece, contra la resolución de vista de fecha dos de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento seis, que confirmando la resolución apelada de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas sesenta y ocho, rechaza la demanda de Incumplimiento de Normas Laborales, y dispone el archivo definitivo de la presente causa. II.

CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas treinta y seis del cuaderno de casación formado en este Sala Suprema, ha declarado procedente el recurso casatorio por la causal de Infracción normativa procesal del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, por vulneración al derecho fundamental a un debido proceso; alegando el actor que a lo largo del proceso no se ha establecido que la causal de despido nulo, es decir la existencia de un despido fraudulento, consumado el treinta de junio de dos mil once, tenga como fuente la ley, debido a que a partir de la Casación Nº 2386-2005-Callao se ha dejado abierta la posibilidad de demandar la declaración de la existencia de un despido nulo por causales no previstas taxativamente en el artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Que en tal sentido, los magistrados de la Sala Mixta de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, se limitan a un interpretación rígida y mecánica cuando interpretan el despido nulo y las causales para su procedencia. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Con la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497, se reestructuró el proceso judicial laboral, estableciéndose nueva competencia por materia y cuanta de la demanda; menor número de actos procesales; legitimaciones especiales: notificaciones electrónicas; inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando exista un tribunal u órgano administrativo ad hoc:

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y se privilegió a la igualdad material y procesal entre las partes; del fondo sobre la forma; de la interpretación de los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso laboral; con un mayor énfasis en le observancia de los Jueces de un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, y cumplimiento de los principios pro homine, pro operario, pro actione, oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad, socialización, razonabilidad, congruencia, dirección del proceso, entre otros; pero principalmente el propósito de dicha reestructuración fue una real modernización del proceso laboral, privilegiando la igualdad procesal, la efectividad en la resolución de controversias laborales y la oralidad. En ese objetivo, los jueces laborales deben romper el paradigma de procesos ineficaces, de excesiva formalidad, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional realmente efectiva, apostando por la nueva dinámica contenida en la Ley laboral en comento, en resguardo de la protección de los derechos fundamentales de los justiciables. SEGUNDO.- Precisamente uno de los temas del recurso de casación propuesto trata sobre el principio pm adune (interpretación de los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso laboral), abordado por la Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497; y el otro versa sobre la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, desarrollado ampliamente por el Tribunal Constitucional del Perú. En cuanto al primer tema referido, esta Suprema Sala considera pertinente y necesario precisar que la derogada Ley Nº 26636 no contempló en su texto este principio, lo que si fue previsto a modo de ejemplo en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y en el Código Procesal Constitucional que efectivizó la dinámica procesal de las causas constitucionales, a ello cabe añadir, los pronunciamientos expedidos por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el juez laboral cuando en cualquier etapa del proceso dude respecto del cumplimiento de algún requisito de admisibilidad o procedencia, lo que implique la inadmisión de la demanda, o la continuación del proceso, deberá interpretar las normas en forma sistemática que permita lo continuidad del mismo. De esta manera, los jueces laborales garantizan una real eficacia de la tutela jurisdiccional, al interior de un debido proceso, por su parte, los justiciables han de colaborar con los magistrados, demostrando buena fe en su actuación procesal. TERCERO.- En ese orden de ideas, deben orientarse los esfuerzos de los jueces a la reivindicación de los derechos reclamados en la demanda, teniendo en cuenta el contenido esencial de la fundamentación fáctica y jurídica en ella desarrollada, a fin de identificar lo pretendido, y el grado de afectación de los derechos invocados, lo contrario desnaturalizaría al nuevo proceso laboral predominantemente oral y eficaz. Por lo tanto, la exigencia en el cumplimiento de los requisitos de la demanda no debe ser severa y excesiva, debe ceñirse a lo previsto en la Ley Nº 29497, privilegiando en cada caso en concreto una tutela jurisdiccional efectiva y la buena fe de las partes. En cuanto al petitorio de la demanda, motivo por el cual ha sido rechazada la demanda debemos resaltar que debe ser claro, y debidamente sustentado, de manera que permita al Juez apreciarlo en toda su extensión. Y con relación a la admisión de la demanda, el juez deberá verificar que se cumplan los requisitos de forma, dando prevalencia a la celeridad del proceso en esta primera etapa que resulta fundamental para el desarrollo del mismo, evitando un tiempo excesivo, evidentemente perjudicial sobre todo para los trabajadores. CUARTO.- Con relación al tema de la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, que también ha sido motivo del rechazo de la demanda de autos, este ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en la Causa Nº 1397-2001-AA/TC(34), en cuyo

(34)

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STC Exp. Nº 1397-2001-AA/TC, del nueve de octubre de dos mil dos. En esta oportunidad el Tribunal Constitucional revocó la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y

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fundamento cuarto se utiliza indistintamente las figuras de despido fraudulento y despido arbitrario para hacer alusión a la situación allí planteada. Al respecto, precisó: “Cabe señalar que, conforme al artículo 77 de la misma norme, los contratos sujetos a modalidad se sida consideran como de duración indeterminada si el trabajador contratado temporalmente demuestra que el contrato que suscribió se fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las normas laborales, situación que se verifica cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios que se requieren contratar corresponden a actividades ordinarias y permanentes, y cuando, para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal característica es la temporalidad. En tal sentido, un contrato suscrito sobre la base de estos supuestos se debe considerar como de duración indeterminada, y cualquier determinación, por parte del empleador para la culminación de la relación laboral solo puede sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo contrario se trataría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por el artículo 22 de la Constitución Política vigente (negrita y subrayado nuestro)”. QUINTO.- En efecto, en la sentencia expedida en la Causa Nº 1397-2001-AA/TC, el Tribunal Constitucional utilizó indistintamente las figuras de despido fraudulento y arbitrario, precisando en su fundamento sexto que: “la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación (...) tiene, por consiguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario”, para resolver desde la Constitución declarando fundada la demanda, ordenando se repongan a los demandantes en sus puestos de trabajo, o en otros similares, por haberse verificado el despido arbitrario. A mayor fundamento en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1112-98-AA/TC(35), resolvió que aun cuando en dicho proceso la controversia se centró en la

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reformándola, la declara fondada: en consecuencia, ordenó que la demandada reponga a los demandantes en sus puestos de trabajo, o en otros similares, sin el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo no laborado: en los seguidos por don Ángel de la Cruz Pomasoncco, doña Judith Mary Guillén Velásquez, don Edgar Andrés Mendieta Callirgos, doña Bertta Luz Vargas Pérez, don Néstor Vásquez Ayala y doña Zarita Chancos Mendoza, contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacucho S.A. (EPSASA), sobre acción de amparo. STC Exp. Nº 1112-98-AA/TC, del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve El Tribunal Constitucional resolvió confirmando la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veintisiete de Octubre de mil novecientos noventa y ocho en el extremo que declara improcedente las excepciones deducidas y revocándola en el extremo que declara improcedente la acción de amparo y reformándola la declara fundada y ordena que la demandada proceda a reincorporar a loa demandantes; en los cargos que venían desempeñando a la fecha en que se dispuso su despido; en los seguidos por don César Antonio Cossio Tapia y otros, contra Telefónica del Perú S.A., sobre Acción de Amparo. En el proceso bajo referencia, los demandantes alegaron que en el periodo comprendido entre el veintitrés y el treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, la demandada, Telefónica del Perú S.A., les cursó sendas cartas por las que se les comunicaba que habían incurrido en falla grave contemplada en el inciso b) del artículo 58 del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo (TUOLFE), conforme a la cual, constituye falta grave, “la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de la producción (...)”, para que procedan al descargo. Formulados estos, la demandada les cursó sendas cartas por las que se les comunicaba que quedaban despedidos, en mérito a no haber podido desvirtuar los cargos imputados, despido que se efectuó, simultáneamente, en el periodo comprendido entre el veintinueve de mayo y el seis de junio de mil novecientos noventa y seis, atribuyéndoles la comisión de la misma falta grave. Precisando los actores en dicha causa constitucional, que previamente a tal hecho, fueron invitados individualmente a acogerse a un Programa Voluntario de Retiro, por el que decidieron no optar. Precisan que dicha invitación se produjo casi inmediatamente

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vigencia de la cláusula sexta del Contrato de Suscripción, Emisión y Entrega de Acciones celebrado entre la Compañía Peruana de Teléfonos Sociedad Anónima (hoy Telefónica del Perú Sociedad Anónima) y Telefónica Perú Sociedad Anónima (Telefónica Perú Holding Sociedad Anónima), de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, después de haber evaluado los argumentos de esta última, no era relevante para su resolución, por cuanto, si con ella pretendían los demandantes se ordene su reposición ante el despido del que fueron objeto, dicho órgano constitucional no realizaba en ese caso una calificación de despido arbitrario en los términos establecidos por el artículo 67 del Texto Único de la Ley de Fomento del Empleo, Decreto Supremo Nº 05-95TR, para que pueda discutirse si procede su reposición o la indemnización: sino, la evaluación de un acto, el despido, que, eventualmente, resulte lesivo de los derechos fundamentales invocados. SEXTO.- La infracción normativa procesal materia de casación se encuentra relacionada al derecho fundamental a un debido proceso, respecto al cual el Tribunal Constitucional ha precisado en la Causa Nº 3075-2006-PA/TC)(36) que: “el debido proceso es un derecho fundamental de naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los ámbitos sobre los que se aplica como en lo que atañe a las dimensiones sobre las que se extiende (...). Por lo que respecta a lo segundo, y como ha sido puesto de relieve en innumerables ocasiones, las dimensiones del debido solo proceso responden a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantiva o material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc.) sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.). Así las cosas, el debido proceso es un derecho de estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso comprometidos (…)”. SÉPTIMO.- Por su parte, este Supremo Tribunal asume el criterio de que el derecho al debido proceso incumbe la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento del derecho y que a su vez tiene dos dimensiones una material y una formal; en esta última los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación de las resoluciones judiciales entre otras. Los principios por tanto deben Ser las herramientas de los jueces que permitan a las partes desarrollarse al interior de un proceso, con miras a una solución eficaz de la controversia laboral, lo contrario implicaría una abdicación a los objetivos de la Ley Nº 29497.

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antes de que se les notificara las cartas por las que se les imputaba la comisión de la falta grave antes señaladas, en la mayoría de casos, entre el ocho y el quince de mayo de mil novecientos noventa y seis. STC Exp. N° 3075-2006-PA/TC del 29 de agosto de 2006. En esta ocasión el Tribunal Constitucional trató sobre la transgresión al debido proceso sustantivo, y la correlativa amenaza a la libertad de trabajo, declarando fundada la demanda de amparo interpuesta; y dispone inaplicar a la Escuela internacional de Gerencia High School of Management - Eiger, tanto la Resolución Nº 193-2004/ODA-Indecopi, emitida con fecha 30 de julio del 2004, por la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, como la Resolución Nº 1006-2004-TPI-Indecopi, emitida con fecha 4 de noviembre de 2004, por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la misma institución; en los seguidos por don Víctor Manuel Cipriani Nevad, en representación de la Escuela Internacional de Gerencia High School of Management - Eiger, Microsoft Corporation y Macromedia Incorporated, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad intelectual (Indecopi).

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OCTAVO.- Dentro del contexto precedente, a través de la demanda de hojas cuarenta y siete, se pretende: la declaración de un despido fraudulento consumado por la demandada el día treinta de junio de dos mil once, por haber sido coaccionado el actor a firmar un convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso: se ordene la reincorporación del actor al centro de trabajo en el cargo de motorista de chata u otro de igual nivel y jerarquía en la planta de la Empresa emplazada en Ilo; se ordene el pago de las remuneraciones devengadas y todo beneficio proveniente de la ley o Convenio colectivo desde el despido producido, más el pago directo o bien el depósito de la compensación por tiempo de servicios en la entidad bancaria de elección del demandante. Luego de precisadas en forma clara dichas pretensiones principales, el demandante señaló que únicamente para el caso de que la pretensión principal de reposición en el trabajo sea desestimada, demanda subordinadamente el pago de una indemnización por despido arbitrario. NOVENO.- Como fundamentos lácticos de le demanda de impugnación por despido fraudulento, precisó el actor que la demandada es una empresa pesquera, cuyo giro principal es la transformación de materia prima (fundamentalmente anchoveta) en harina y aceite de pescado para su comercialización en el mercado nacional e internacional, para lo cual cuenta con flota propia; el demandante ingresó a laborar para la demandada, Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada el veintiocho de octubre de dos mil dos, bajo el cargo de motorista de chata, es decir, un cargo cuya ejecución de labores son propias y forma parte del proceso productivo de transformación de la materia prima (pescado) en harina y aceite de pescado, es decir propias del giro principal de la empresa emplazada. Refiere el actor que su relación contractual con la demandada se basaba en un contrato modal intermitente y si bien por el giro de la empresa el trabajo podía desarrollarse en ciertas épocas del año (por la existencia de vedas o falta de materia prima) como uno de temporada, en realidad era continuo y permanente en el tiempo, es decir, desde el inicio de su contratación modal y hasta la fecha de su despido no dejó de trabajar ni un solo día, por lo tanto, sea por la naturaleza de las labores que ejecutaba (propias del giro principal de la empresa) o bien por el trabajo ininterrumpido ejecutado correspondía un contrato de trabajo a plazo indeterminado. DÉCIMO.- Por resolución del diecisiete de agosto de dos mil once, de fojas cincuenta y siete, el A quo declara inadmisible la demanda, exponiendo que si bien toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de la defensa de sus derechos subjetivos con sujeción a un debido proceso, debe entenderse a dicho derecho fundamental que todo ser humano o persona jurídica: “debe ceñirse de manera rigurosa al ordenamiento jurídico procesal correspondiente, so pena de incurrirse en causal de nulidad de carácter insubsanable”. Precisa que la demanda adolece de los requisitos contenidos en el inciso 5) del artículo 424 del Código Procesal Civil “El petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, por tanto el petitorio debe ser determinado con exactitud y en forma precisa”. Luego señala que conforme al inciso 7) del artículo 424 del Código Procesal Civil en la fundamentación jurídica del petitorio, debe invocarse las principales normas legales que sustentan la pretensión del demandante, por lo tanto, al no venir la demanda de autos con la fundamentación jurídica exigida sino con la cita escuetísima de una norma cuando dice: “El artículo 23, 27 y 139 [sic] de la Constitución, sobre Derecho al Trabajo, protección contra el despido arbitrado y debido proceso: y los artículos 10, 21 y 77 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR”, ello no constituye, en modo alguno, una fundamentación jurídica que se entienda como la subsunción de los hechos en las normas que se pretende amparar la demanda; además solicita la constancia de habilitación del abogado patrocinante expedida por el Colegio de Abogados, y se precise la finalidad de los medios de prueba acompañados al escrito de demanda de impugnación de despido fraudulento, bajo apercibimiento ante el incumplimiento de la subsanación ordenada, se proceda a declarar por concluido el proceso y al archivo del expediente.

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UNDÉCIMO.- Por escrito del veintiséis de agosto de dos mil once, de fojas sesenta y tres, el actor cumple con precisar que te califique su despido como nulo por causal de la existencia de un despido fraudulento al haber sido coaccionado a firmar un convenio que no expresa su voluntad, debiéndose ordenar su reposición en su centro de trabajo: reitera que los artículos pertinentes a su demanda de impugnación de despido fraudulento son los artículos 23 y 27 de la Constitución, 21 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR y 77 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, precisando además el contenido de dichas nonas, y lo que se regula a través de ellas. Esta Sala Suprema aprecia además del escrito de subsanación que se cumplió con adjuntar la constancia de habilitación del abogado requerida: y se prescindió del ofrecimiento de los pliegos para los testigos, el informe revisado y pericial a cargo del Inspector Administrativo Judicial, por el contrario, se solicitó se tenga por ofrecida la pericia a cargo de Contador Colegiado para que ofrezca información al juez sobre el monto de la indemnización y de la compensación por tiempo de servicios que pudiera corresponder; precisándose además la finalidad de los medios de prueba ofrecidos. DUODÉCIMO.- No obstante haber cumplido el actor con subsanar las omisiones advertidas por el A quo, por resolución del cinco de setiembre de dos mil once de fojas sesenta y ocho, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la resolución de inadmisibilidad de la demanda, y se rechaza la misma argumentando que: “en el desarrollo de las pretensiones el demandante confunde el despido nulo, fraudulento y arbitrarlo (...) es decir una indebida acumulación de pretensiones, no indicando la causal exacta por la cual solicita su reposición a su centro de trabajo. Asimismo que de la redacción de la demanda, esta resulta evidentemente confusa a desarrollar que este ha sido objeto de diversos despidos, por tanto el demandante no ha cumplido con subsanar la omisión advertida”. Motiva el A quo su decisión de rechazo de la demanda en mérito a lo establecido en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-TR, norma sobre la obligación de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales con autoridad de cosa juzgada, norma evidentemente impertinente y en la resolución del Tribunal Constitucional Nº 0015-2001-AT/TC que trata sobre el mismo principio fundamental de carácter procesal, pese a que la causa se encontraba en la etapa de calificación de la demanda, primera etapa de un proceso de carácter laboral donde el A quo se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad procesal vigente, Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497 y Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, para la admisión a trámite de la misma. DÉCIMO TERCERO.- Esta Sala Suprema conviene por unanimidad en precisar en cuanto a la invocación de las sentencias del máximo intérprete de la Constitución que contienen doctrina jurisprudencial y precedentes constitucionales, debe realizarse con sumo cuidado y pertinencia para cada etapa procesal, máxime cuando se esté en un proceso laboral donde se ha denunciado la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a un debido procedimiento, como se ha expuesto en los fundamentos del escrito postulatorio, cuando el actor denuncia expresamente que conjuntamente con otros trabajadores de la empresa emplazada han sido coaccionados a “la firma de un ‘Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo’ por mutuo disenso, que no expresa realmente mi voluntad (...) indicándonos que la empresa “no era rentable’ que más eran los gastos que las ganancias (...) y al ser preguntados por los trabajadores, si podían consultar con un abogado, se les negó terminantemente esta posibilidad e incluso se nos amenazó de que si no firmábamos el Mutuo Disenso, vencía nuestro Contrato Modal y nos “iríamos a la calle” sin derecho a la suma compensable o graciosa (…) fuimos “encerrados” hasta las 12 am para firmar las “Hojas de Liquidación” y los “Convenios por mutuo Disenso” supuestamente en forma libre y voluntaria. En total fuimos despedidos fraudulenta y arbitrariamente un promedio de 66 trabajadores (…)”. Por lo tanto, esta Sala Suprema, invoca a los Jueces laborales a ser más cuidadosos en la fundamentación de sus resoluciones, pues con ellas ilustran no solo a las partes interesadas de un proceso, sino

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a la Comunidad en su integridad, atenta a la labor jurisdiccional por cuanto a través de esta se hace efectiva la protección de los derechos de los trabajadores reconocidos en las leyes y en la Constitución Política del Estado y demás normas del derecho nacional y comparado. DÉCIMO CUARTO.- Apelada la resolución precedente la Sala Mixta Descentralizada de Ilo o de la Corte Superior de Justicia de Moquegua confirma la decisión señalando: “la demanda interpuesta que pretende que se declare la existencia de un despido nulo por le causal de despido fraudulento, no tiene sustento jurídico, pues bien se demanda un despido nulo o caso contrario se demanda un despido fraudulento” sin mayor sustento jurídico. DÉCIMO QUINTO.- Al respecto, esta Sala Suprema considera necesario señalar en cuanto al rechazo declarado, que el actor en su escrito de demanda denunció un despido fraudulento consumado por la demandada el día treinta de junio de dos mil once, por haber sido coaccionado a la firma de un convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso, que no expresa realmente su voluntad: sin embargo, los jueces han reparado en la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido (despido fraudulento y despido arbitrario) y consideran que al no haberse subsanado ello, debe rechazarse la demanda, pese a que dicho tema de rechazo (denominación errada en la utilización de las figuras de despido) como se ha señalado en esta ejecutoria ha quedado zanjado en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la cual se encuentran obligados los jueces en estricta aplicación del último párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. En ese orden de ideas, conforme a los lineamientos procesales y constitucionales contenidos en las resoluciones del Tribunal Constitucional, se deja resuelto el tema Cuestionado, y el deber de los Jueces constitucionales y laborales de resolver la controversia planteada ante una denuncia de afectación a los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, y la pretensión de reposición del trabajador, determinando si efectivamente se produjo el despido sea nulo, fraudulento, arbitrario o incausado, y la reposición pretendida; lo contrario, centrar la atención en la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, vulnera los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela Jurisdiccional efectiva. Máxime que el Tribunal Constitucional en una ardua labor de protección constitucional y convencional ha desarrollado los principales temas de discusión en matarla laboral, los cuales deben ser estudiados por los Jueces constitucionales y laborales para el desempeño eficaz de su labor jurisdiccional, labor encaminada no solo a resolver las controversias planteadas, sino a sentar verdadera jurisprudencia que sea garante de la Comunidad a una seguridad jurídica real y eficaz. No cabe duda de que los jueces tienen el deber de proteger a los justiciables, desde una concepción objetiva de los derechos fundamentales, interviniendo en todos aquellos casos en los que dichos derechos resulten vulnerados, más aún cuando en casos como el presente, el sujeto pasivo de la vulneración alegada en la demanda rechazada es un trabajador. DÉCIMO SEXTO.- Debe considerarse además, que la protección del derecho al trabajo ha sido uno de los principales temas de discusión del derecho laboral peruano de los últimos años. En efecto, en dicho escenario, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una fértil doctrina jurisprudencial sobre la protección en sede constitucional de los derechos laborales vulnerados, y más concretamente, de los alcances de la protección del derecho fundamental al trabajo consagrado en el artículo 22 de la Constitución, cuya base o pilares principales los han constituido las sentencias emitidas en las demandas de amparo interpuestas por el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (Fetratel) en contra de Telefónica del Perú de fecha once de Julio del dos mil dos –en adelante caso Fetratel–, de Eusebio Llanos Huasco en contra de la misma empresa de fecha trece de marzo de dos mil tres –en adelante caso Llanos Huasco– y de César Antonio Baylón Flores en contra de Empresa Prestadora de Servicio EMAPA Huacho Sociedad Anónima de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco –en adelante

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caso Baylón Flores–, ya que por tratarse de jurisprudencia vinculante, y en consecuencia, de observancia obligatoria deberán ser tomadas en cuenta para la resolución de los futuros cacos de impugnación de despido que se presenten tanto en sede constitucional, como ordinaria laboral, en específico en lo relativo a le procedencia de la demanda, y en el tipo de protección que se dispense al trabajador afectado. DÉCIMO SÉTIMO.- Bajo este esquema, el juez laboral está llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado y de las Leyes, en las cuales se recogen los principios y valores laborales que deben ser objeto de su férrea protección, por lo que, no puede abandonar tal encargo impuesta, inclusive por el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0206-2005-PA/TC, cuando refirió que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial e través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”; esta función delegada más bien lo conmina a hacer prevalecer la Carta Magna, las leyes, los principios, valores, derechos y libertades que han sido reconocidos en el Ordenamiento Jurídico. DÉCIMO OCTAVO.- Esta Sala Suprema advierte que la decisión de rechazo de la demanda, vulnera en primer lugar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva del actor, reconocido en el artículo 139 numeral 3) de la Ley Fundamental, derecho en base al cual toda persona de requerir la intervención de la función jurisdiccional pera solucionar una controversia, debe ser atendida por los jueces, de ahí que este derecho sea considerado como garantía de una convivencia social y pacífica. Máxime, que el derecho laboral se debe a la necesidad de proteger al trabajador frente a la superioridad del empleador, desigualdad que se agrava al interior de un proceso judicial, como en el presente, en el que el trabajador ha sido despedido de su centro de labores. Y como ya se ha desarrollado esta es una de las principales razones por las que se reestructuró el proceso laboral en el Perú, para lograr una tutela procesal igual y eficaz para las partes, demandantes y demandados, una tutela fuerte del derecho al trabajo; por lo tanto, no se puede dejar en estado de indefensión a los trabajadores por una aplicación severa de los requisitos contenidos en ella. DÉCIMO NOVENO.- En segundo lugar, con el rechazo in limine de la demanda se ha transgredido el derecho fundamental a un debido proceso por infracción del principio pro actione, previsto en el artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497, por cuanto los jueces de mérito han Interpretado las normas referidas a los requisitos de la demanda en forma severa. Si bien el fin del proceso laboral es obtener la restitución del derecho vulnerado y para el cumplimiento de tal propósito la Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497 exige determinado formalismo, el exceso de atención en la forma ha distorsionado el presente proceso, retardándose la administración efectiva de justicia, desatendiéndose la necesidad de urgente tutela del actor; y por haberse incurrido en infracción del artículo IV del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo N° 29497, que contiene las directrices de interpretación y aplicación de las normas en materia laboral, por cuanto los jueces en sede de instancia, no han impartido justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú y la Ley N° 29497, principios y preceptos constitucionales, y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. VIGÉSIMO.- Finalmente, este Tribunal Supremo aprecia que se ha transgredido el principio de celeridad procesal, por cuanto lo que se busca en el nuevo proceso laboral es la restitución del bien jurídico tutelado, en el menor tiempo posible, lo cual ha sido minimizado por los Jueces en sede de instancia. Más aun, cuando se ha invocado la vulneración al derecho al trabajo del actor, fuente de sustento personal y de su familia. Además, como ha precisado este Colegiado Supremo,

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en reiterada jurisprudencia, la celeridad procesal está muy ligada a la realización de la justicia, resaltándose una vez más que la dilación de un proceso laboral acentúa la desigualdad entre trabajador y empleador. VIGÉSIMO PRIMERO.- En consecuencia, este Supremo Tribunal en estricto cumplimiento de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva del actor, y conforme al deber de administrar justicia ha de declarar fundado el presente recurso de casación, conforme a lo previsto en los artículos 138 y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, y artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley N° 29497. IV. DECISIÓN: Por estos fundamentos Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Fernando Figueroa Sarmiento, obrante a fojas ciento trece; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fecha dos de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento seis; e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas sesenta y ocho: y ORDENARON que el a quo EXPIDA NUEVA RESOLUCIÓN con arreglo a los lineamientos expuestos en esta sentencia y a la exhortación de este Supremo Tribunal; en los seguidos contra la Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre Incumplimiento de Normas Laborales: y, MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina. SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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INFRACCIÓN NORMATIVA AL NO CONSIDERAR DESPIDO FRAUDULENTO DA LUGAR A QUE SE DECLARE FUNDADA CASACIÓN “En consecuencia, la resolución de vista y la resolución apelada deben ser declaradas nulas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que el juez del proceso emita nuevo fallo, calificando la demanda y analizando –para tal efecto– específicamente la tipología de despidos (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 4789-2011-MOQUEGUA

Lima, primero de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los señores magistrados Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater; y luego de producida la votación conforme a rey, se ha emitido la siguiente sentencia:

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I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Bernardo Juan Flores Pereza, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento once contra la resolución de vista, de fecha dos de noviembre de dos mil once, latente a fojas ciento cuatro, que Confirmando le resolución apelada, de fecha seis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas sesenta y cinco, declara Rechazar la demanda interpuesta por don Bernardo Juan Flores Percca contra Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada sobre incumplimiento de normas laborales. II.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PRECEDENTE EL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas treinta y seis del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como los artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: En el caso concreto, habiéndose declarado procedente la causal de infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, conviene analizar en primer término dicha causal, por los efectos nulificantes de la misma; así, el demandante oportunamente alegó la norma antes señalada y que regulan el acceso a la tutela jurisdiccional, la cual no ha sido considerada en las instancias de mérito a efecto de dar trámite a la demanda; en este sentido, añade que nunca ha establecido que la causal del despido nulo, es decir la existencia de despido fraudulento, tiene como fuente la ley, sino que por el contrario, la nulidad del despido puede obedecer a causales no previstas en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR. SEGUNDO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122, inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos boticas y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución, Política del Estado. TERCERO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00966-2007-AA/TC “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro

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del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado. (…) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que el juez (...) corresponda resolver”. CUARTO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente– la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. QUINTO: Dentro de este contexto, se aprecia que el recurrente a fojas cuarenta y cuatro demanda acumulativamente dos pretensiones (principal y subordinada) “a. LA EXISTENCIA DE UN DESPIDO FRAUDULENTO” (...) consumado por la demandada el día 30 de junio del 2011, el haberme coaccionado a la firma de un “Convenio de Terminación de Contrato de trabajo” por mutuo disenso, que no expresa realmente mi voluntad, con vigencia al 1 de julio de 2011 (…) b. Declarada fundada mi demanda, nulo el despido fraudulento de que he sido objeto y ordenada mi reposición en el trabajo, se ordene el pago de mis remuneraciones devengadas y todo beneficio proveniente de Ley o Convenio Colectivo desde mi despido (...) c. ÚNICAMENTE PARA EL CASO DE QUE Ml PRETENSIÓN PRINCIPAL de Reposición en el trabajo sea desestimada, demando SUBORDINADAMENTE y conforme a la Segunda Disposición Derogatoria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, aprobada por Ley Nº 29467, el Pago de una INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO” (sic), señalando en sus fundamentos tácticos que este ingresó a prestar servicios para la demandada el diecisiete de diciembre de dos mil siete, en el cargo de Operador de Pama, cargo cuya ejecución de labores son propias y forman parte del giro del negocio de la demandada de transformación de la materia prima en harina y aceite de pescado; en este sentido, la modalidad contractual utilizada de contrato modal intermitente, se ha desnaturalizado, y se convirtió la relación laboral en una de plazo indeterminado, puesto que si bien el giro principal de la empresa podía desarrollarse en ciertas épocas del año o por temporadas, en el caso del demandante, en los hechos y la práctica, el trabajo se ejecutaba continua y permanente en el tiempo. Alega además que la demandada lo ha despedido sin expresión de causa, “simulando” la existencia de un ‘Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso”, que le hizo firmar bajo coacción y engaño, pues este documento no refleja la voluntad de poner libremente término a los contratos de trabajo, razón por la cual existe un despido fraudulento. SEXTO: Mediante resolución número uno, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, obrante a fojas cincuenta y cuatro se declara inadmisible la demanda, ordenando al actor la subsanación de las omisiones advertidas, entre las que se anotan; i) El petitorio no es claro; ii) La fundamentación jurídica esgrimida por el demandante es solo citas de las normas, lo que no es válidos pues esta se entiende como la subsunción de los hechos en las normas en las que se pretende amparar la demanda, es decir debe construirse el silogismo jurídico; y, iii) El demandante no ha señalado la finalidad de cada medio probatorio. SÉTIMO: Ante esta resolución, el demandante mediante escrito de fojas sesenta, cumple con subsanar las yerros y omisiones advertidas, señalando respecto de su petitorio que “I. SE CALIFIQUE MI DESPIDO DEL 30 de junio del 2011, como NULO por causal de la existencia de un

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“Despido Fraudulento” (...) al haberme coaccionado a fa firma de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso” que no expresa realmente mi voluntad (I Pretensión Principal); II. DECLARADA LA EXISTENCIA DE UN DESPIDO NULO se ordene mi REPOSICIÓN en mi centro de trabajo cargo “Operador PAMA” u otro de igual nivel y jerarquía en la Planta de Ilo, (I. Pretensión Accesoria de la I Pretensión Principal): III. DECLARADO NULO MI DESPIDO, ordenada mi Reposición en el centro de trabajo, se ordene el PAGO DE MIS REMUNERACIONES DEVENGADAS, más el Pago Directo o Depósito de CTS, desde la fecha de mi despido al de mi reposición efectiva en el trabajo” (II Pretensión Accesoria de la I Pretensión Principal); IV. ÚNICAMENTE PARA EL CASO DE DESESTIMARSE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE CALIFICACIÓN DEL DESPIDO COMO NULO demando SUBORDINADAMENTE y conforme a la Segunda Disposición Derogatoria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la declaración de existencia de un DESPIDO ARBITRARIO y por consiguiente, el pago de una indemnización por despido arbitrado, ascendente a la suma de S/. 6,825.00 soles” (II Pretensión Subordinada de la I Pretensión Principal)” (sic); asimismo, cumple con indicar respecto de cada norma invocada como fundamento jurídico de su demanda, el por qué de la aplicabilidad de las mismas en el caso en concreto; así, respecto del artículo 23 y 27 de la Constitución Política del Estado señaló que en el caso de autos se le hizo firmar un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso”, con el que se consuma el despido fraudulento pues dicho documento no refleja la voluntad de poner término al contrato de trabajo; en relación con el artículo 21 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, señala que no se ha invocado causa justa alguna para el despido, sino el vencimiento del plazo del último contrato modal timado con la demandada; y, en cuanto al artículo 77 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, refiere que sin que correspondiera la celebración de un contrato modal intermitente, se le hizo firmar sendos contratos modales intermitentes, cuando por la naturaleza de las labores que ejecutaba para la demandada, le correspondía una relación a plazo indeterminado. Finalmente, cumple con señalar la finalidad de cada medio de prueba ofrecido. OCTAVO: Mediante resolución número dos, de fecha seis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas sesenta y cinco, el juez del proceso rechaza la demanda interpuesta por el recurrente, y ordena el archivo definitivo de la misma, argumentando que en el petitorio el demandante confunde lo que es despido nulo con despido fraudulento, siendo ambas figuras distintas; asimismo, concluye en que existe una indebida acumulación de pretensiones, pues con la demanda se acumula la nulidad de despido fraudulento al de indemnización por despido arbitrario (pretensión subordinada), sin indicar la causal exacta por la cual solicita su reposición, además, de la redacción de la demanda esta resulta evidentemente confusa al desarrollar que este ha sido objeto de diversos despidos. Al ser apelada dicha resolución, el Colegiado mediante resolución de vista, de fecha dos de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento cuatro. Confirma la resolución apelada, señalando en su motivación que el despido fraudulento como causal del despido nulo no se encuentra previsto por ley, por lo que la demanda carece de sustento jurídico; asimismo, que dado que ambas figuras de despido (nulo y fraudulento) son distintas, estas no pueden combinarse. NOVENO: Planteada así la controversia, este Supremo Tribunal advierte de la motivación esgrimida en las sentencias de mérito, que estas no han analizado que en la sentencia recaída en el Expediente Nº 976-2001-AA/TC, caso Llanos Huaso), el Tribunal Constitucional reiteró el criterio de la sentencia del caso Fetratel(37) respecto a la protección adecuada frente a un despido arbitrario, así como los alcances del artículo 27 de la Constitución, pero estableciendo además una tipología

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STC Exp. Nº 1124-2003-AA/TC.

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y una definición de cada uno de los tres supuestos de despido que merecen tutela constitucional a través del efecto restitutorio o reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido arbitrario, reconocida en el artículo 27 de la Constitución permitía tanto una eficacia restitutoria como una resarcitoria, modificando en virtud de este criterio, el esquema de protección aplicado desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 728, el cual quedó determinado de la siguiente manera: a) Despido nulo, protegido mediante reposición, b) Despido incausado, protegido mediante reposición, c) Despido fraudulento, protegido mediante reposición, y d) Despido injustificado, protegido mediante indemnización por decisión de extrabajador afectado. DÉCIMO: Asimismo, en el caso Baylón Flores(38), el Tribunal Constitucional complementó e integró de forma armónica el criterio vertido en las sentencias anteriores, y determinó los supuestos en los cuales procedería el proceso de amparo frente a un despido lesivo de derechos constitucionales, en específico respecto a cada uno de los supuestos definidos por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Llanos Huasco, precisando que el despido fraudulento se produce cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales: aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas, así como que los casos derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refiera a hechos controvertidas no serán tramitados en el proceso de amparo. DÉCIMO PRIMERO: Así, tal y como lo indicó este Supremo Tribunal en la Casación N° 5110-2011, expedida con fecha veintiuno de octubre de dos mil once la eficacia restitutoria –entiéndase la reposición– de la impugnación de un despido, sea este arbitrario, incausado o fraudulento, no se restringe a la jurisdicción constitucional, pues, los jueces en general, son los primeros guardianes de la Constitución, norma fundamental en la que se haya contenido el estatuto de protección laboral, estructurado y contenido en lo que se conoce como Constitución Laboral, y como tal, el deber de protección que le impone el propio ordenamiento jurídico implica que estos resuelvan el conflicto puesto a su conocimiento de manera integral, buscando que la respuesta jurisdiccional sea acorde con lo normado en nuestra Carta Magna, así como lo planteado por las partes: en segundo término, porque ordenar la reposición en caso de un despido incausado o fraudulento en sede jurisdiccional ordinaria, no implica una reducción de las garantías procesales de las que gozan los justiciables en un proceso constitucional, como seria el amparo, sino que por el contrario, al ser un proceso lato o más largo, genera la posibilidad de que ambas partes estructuren un andamiaje probatorio y argumentativo que posibilite Es mejor comprensión del conflicto en sí, dicho de otro modo, de las especificas circunstancias en que el despido, alegado como Encausada o fraudulento, se produjo a efecto de que el órgano jurisdiccional resuelva la litis “en justicia”, precisamente esta idea de “garantismo procesal” es el que ha motivado que, el propio Tribunal Constitucional, haya permitido que el juez ordinario laboral conozca estas pretensiones de impugnación de despido, cuando las mismas necesiten de estación probatoria: precisamente porque ello deriva de su naturaleza como jueces constitucionales laborales.

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STC Exp. Nº 206-2005-AA/TC.

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DÉCIMO SEGUNDO: En este sentido, la argumentación utilizada contraviene el principio de congruencia, que obligaba al órgano jurisdiccional a emitir un fallo acorde con las pretensiones planteadas tanto en su dimensión fáctica como jurídica, así como en el escenario construido a nivel jurisprudencial tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional; precisándose en este extremo que aún cuando la demanda del actor pretenda SE CALIFIQUE MI DESPIDO DEL 30 de junio del 2011 como NULO por causal de la existencia de “Despido Fraudulento” (...), ello obligaba al juez del proceso a calificar la demanda en el contexto especifico de los hechos invocados como fundamentos de hecho, cual es la existencia de un Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso”, que se le hizo firmar al demandante bajo coacción y engaño, pues este documento no refleja la voluntad de poner libremente término a los contratos de trabajo, razón por la cual, a decir del demandante, existe un despido fraudulento; así como también de considerar los antecedentes jurisprudenciales anotados precedentemente. DÉCIMO TERCERO: En consecuencia, la resolución de vista y la resolución apelada deben ser declaradas nulas en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que el juez del proceso emita nuevo fallo, calificando la demanda y analizando –para tal efecto– específicamente la tipología de despidos, para lo cual resultan sumamente ilustrativos los fallos tanto emitidos a nivel de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, y teniendo especial consideración con los hechos invocados en la demanda, procurando buscar fa aplicación de los principios y fundamentos propugnados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497 (artículos I, III y IV del Título Preliminar). IV. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Bernardo Juan Flores Perece, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento once; en consecuencia: NULA la resolución de vista, de fecha dos de noviembre de dos mil once, obrante a fojas denlo Cuatro, e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fecha seis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas sesenta y cinco; y DISPUSIERON que el juez de primera instancia proceda a calificar la demanda observando los lineamientos establecidos en la presente resolución: en los seguidos por don Bernardo Juan Flores Pernea contra Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada sobre incumplimiento de normas laborales: MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano; conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y los devolvieron. Vocal Ponente: Yrivarren Fallaque. SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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LAS RESOLUCIONES DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DEBEN EXPLICAR EN FORMA SUFICIENTE LAS RAZONES DE SUS FALLOS “El debido proceso (…) comprende entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 4782-2011-MOQUEGUA

Lima, primero de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores magistrados Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater; y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO;

Se trata del recuso de casación obrante a fojas dentro tres, interpuesto por don Óscar Adán Gordillo Postigo, contra la resolución de vista de fojas noventa y seis, de fecha veinticinco de octubre de dos mil once, que confirmó la resolución N° 02, de fecha primero de septiembre de dos mil o que resuelve hacer efectivo el apercibimiento decretada mediante Resolución Nº 1, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once; por consiguiente rechaza la demanda y se dispone el Archivo definitivo; en los seguidos contra la Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre Incumplimiento de Normas y Disposiciones Laborales. II)

CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurso de casación he sido declarado procedente por resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas treinta y cinco del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la siguiente denuncia casatoria: La Infracción normativa del artículo 139 de la Constitución Política del Estado así como los artículos III y IV del Titulo Preliminar de la Ley Procesal de Trabajo: III) CONSIDERANDO: PRIMERO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable,

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mediante la cual se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos tácticos y jurídicos relacionados o y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales chelas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. SEGUNDO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00968-2007-AA/TC “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera, pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (…) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver”. TERCERO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncie sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente–, la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en esta caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. CUARTO: Dentro de este contexto, se aprecia que el demandante a folios treinta y seis de su escrito de demanda, refiere que fue despedido sin expresión de causa simulando la existencia de un Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso y que se le hizo firmar bajo coacción y engaño, por lo que denuncia que el despido del cual fue objeto fue fraudulento a tenor de la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 2062005-PA/TC, y subordinadamente solicita al pago de una Indemnización por Despido Arbitrario. QUINTO: Debe considerarse que la protección del derecho al empleo ha sido uno de los principales temas de discusión del laboralismo peruano de los últimos años. En efecto, en dicho escenario, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una fértil doctrina jurisprudencial sobre la protección en sede constitucional de los derechos laborales vulnerados, y más concretamente, de los alcances de la protección del derecho al empleo consagrado en el artículo 22 de la Constitución, cuya base o pilares principales las han constituido las sentencias emitidas en las demandas de amparo interpuestas por el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y Fetratel en contra de Telefónica del Perú de fecha 11 de julio del 2002 –en adelante caso Fetratel–, de Eusebio Llanos Huasco en contra de la misma empresa de fecha trece de marzo de dos mil tres –en adelante caso Llanos Huasco– y de César Antonio Baylón Flores en contra de Empresa Prestadora de Servicio EMAPA Huacho Sociedad Anónima de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco –en adelante caso Baylón Flores–, ya que por tratarse de jurisprudencia vinculante, y en consecuencia, de observancia obligatoria, deberán ser tomadas en cuenta para la resolución de los futuros casos de impugnación de despido que se presenten tanto en sede constitucional, como ordinaria laboral, en específico en lo relativo a la procedencia de la demanda, y en el tipo de protección que se dispense al trabajador afectado.

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SEXTO.- En ese sentido, resulta indicativo señalar, que dentro del estudio de la jurisprudencia constitucional esbozada en las últimas tres décadas, se evidencia que antes de la expedición de la primera resolución mencionada, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 1112-98-AA/ TC de enero de 1999, delimita un concepto utilizado en otras sentencias: la vulneración del derecho fundamental del debido procedimiento en el despido arbitrario como causal de reposición en el puesto de trabajo(39). En efecto, la línea jurisprudencial que esboza el Tribunal Constitucional, cuenta con algunos antecedentes en los enes noventa, es el caso de los pronunciamientos recaídos en los Expedientes números 582-97-AA/TC-Ica; 791-1998-AA/TC-Lima y 773-99-AA/TC-Lima, en donde el Tribunal Constitucional expresa una tutela a los derechos a la defensa y al debido proceso dentro de la relación de trabajo así como una postura de protección al trabajador desde el ámbito constitucional, lo dicho sin embargo no es óbice para asegurar con cierto grado de certeza que “su andadura se inicia con la sentencia del once de julio de dos mil dos, consolidándose a través de la sentencia del trece de marzo de dos mil tres, cuya doctrina es mantenida hasta la fecha por el Tribunal Constitucional con ligeros ajustes en su aplicación, introducidos por la sentencia del veintiocho de noviembre de dos mil cinco- Expediente número 0260-2005-PA/TC, caso César Antonio Baylón contra la Empresa Prestadora de Servicios EMAPA Huacho - con el fin de ajustarla a la nueva configuración de la acción de amparo derivada de la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional aprobado en mayo de 2004”(40). SÉPTIMO: En el caso FETRATEL, el Tribunal Constitucional interpretó el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en relación a lo prescrito por los artículos 22 y 27 de la Constitución, y determinó que dicha norma no resultaba compatible con la Constitución, pues reconocer a la indemnización como única opción reparadora frente a un despido arbitrario, negaba la posibilidad de la eficacia restitutoria que obtendría un trabajador mediante la reposición en su puesto de trabajo, consecuencia evidente de la protección que obtendría en sede constitucional un trabajador víctima de un despido lesivo de derechos constitucionales. Este criterio expuesto por el Tribunal Constitucional, que determinó a decir de muchos, la restitución de un esquema de estabilidad laboral absoluta, fue posteriormente modificado mediante la resolución de aclaración del citado proceso, expedida el dieciséis de Setiembre del mismo año. En dicha resolución, tal como le señala Javier Ricardo Dolorier Torres(41), se dejó de lado la estabilidad laboral absoluta, que establecía la resolución en caso de despido nulo, arbitrario, incausado y fraudulento, y se estableció un régimen de “estabilidad laboral mixta”, donde la reposición se mantiene respecto a los tipos de despido citados, salvo para el caso del despido injustificado, vale decir, aquel cuya causa no se puede demostrar en un proceso.

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TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge Luis; AGUI REYNOSO, Hector David y ARELLANO MORI, Luis Eduardo. “Imparto de las Sentencias Laborales del Tribunal Constitucional sobre el Mercado de Trabajo 2002-2004”. (2004) <www.congreso.gob.pe/biblio/pdf/Apoyo/2003/Tribunal_Constitucional.pdf>, noviembre, p. 25. SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. (2006). “La protección de los Derechos Laborales en la Constitución Peruana de 1993”. En: Derechos Laborales, Derechos Pesionarios y Justicia Constitucional. I Congreso Nacional de la sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pp. 88-89. DOLORIER TORRES, Javier Ricardo. “Evolución de la Protección Constitucional al Derecho, al Trabajo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional. Del caso Fetratel al caso Baylón Flores”. En: Derecho Laborales, Derechos Pesionarios y Justicia Constitucional. II Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pp. 639-656.

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OCTAVO: En efecto, en el caso Llanos Huasco, el Tribunal Constitucional reiteró el criterio de la sentencia del caso Fetratel respecto a la protección adecuada frente a un despido arbitrario, así como los alcances del artículo 27 de la Constitución, pero estableciendo además una tipología y a definición de cada uno de los tres supuestos de despido que merecen tutela constitucional a través del efecto restitutorio o reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido arbitrario, reconocida en el artículo 27 de la Constitución permitía tanto una eficacia restitutoria como una resarcitoria, modificando en virtud de este criterio, el esquema de protección aplicado desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 728, el cual quedó determinado de la siguiente manera: a) Despido nulo, protegido mediante reposición, b) Despido incausado, protegido mediante reposición, c) Despido fraudulento, protegido mediante reposición, y d) Despido injustificado, protegido mediante indemnización por decisión del extrabajador afectado. NOVENO: En el caso Baylón Flores, el Tribunal Constitucional , complementó e integró de forma armónica el criterio vertido en las sentencias anteriores, y determinó los supuestos en los cuales procedería el proceso de amparo frente a un despido lesivo de derechos constitucionales, en específico respecto a cada uno de los supuestos definidos por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Llanos Huasco, precisando que el despido fraudulento se produce cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas, así como que los casos derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refiera a hechos controvertidos no serán tramitados en el proceso de amparo. DÉCIMO: La jurisdicción laboral –por su parte– atendiendo, a su vez, a lo previsto en los artículos 38, 51, 138 y 146 numeral 2 de la propia Norma Normarum, considera que en la emisión de sus decisiones judiciales, se debe garantizar su aplicación prevalente, realizar interpretaciones conformes a ella que, en todo caso, permitan compatibilizar el ordenamiento jurídico con aquélla, solo así podrá asegurarse y cumplirse el “honroso encargo de decir el Derecho en el caso concreto”(42), comisión que dimana del pueblo y que debe ser cumplida en función al interés público (de toda la colectividad) y no necesariamente a las razones de Estado (decisiones impuestas por este, que pueden no tener una justificación válida). DÉCIMO PRIMERO: Bajo este esquema, el juez es pues –desde su ámbito competencial–, el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado, en la cual se recogen los principios y valores laborales que deben ser objeto de su férrea protección, por lo que, no puede abandonar tal encargo impuesto, inclusive, por el Tribunal Constitucional, en el quinto Fundamento jurídico de la sentencia recaída en el expediente número 0206-2005-PA/TC, cuando refirió que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces

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COUTURE, Eduardo citado por RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelson. “La Administración de Justicia en el Perú, Luces y Sombras”. Artículo publicado en el portal web de la Academia de la Magistratura del Perú. Véase: .

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administran justicia con arreglo a le Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”; esta función delegada más bien lo conmina a hacer prevalecer la Carta Magna, los principios, valores, derechos y libertades que se contemplan en esta ante cualquier disposición que busque lesionarla. Y es que no debe dejar de apreciarse que la Constitución no es solo un catálogo de derechos, sino que, en rigor, “dichos derechos no son otra cosa que la expresión jurídica de aquellos principios y valore éticos y políticos que el constituyente ha considerado que deben formar les bases del sistema jurídico y, por lo tanto, de la convivencia social. El sistema de derechos reconocidos por la norma constitucional es expresión también, de este modo, de un determinado proyecto de Organización de la sociedad, cuyas líneas maestras es preciso develar si se quiere aprehender el sentido profundo de todas y cada una de sus previsiones(43). DÉCIMO SEGUNDO: En este orden de ideas, este Supremo Tribunal estima que habida cuenta que en las sentencias del Tribunal Constitucional en los Expedientes N° 976-2001-AMTC y Expediente N° 0206-2005-PA/TC, casos Llanos Huasco y Baylón Flores, establecen un criterio importante respecto al supuesto del despido fraudulento, en el sentido que dichos despidos procederán en la vía constitucional de amparo, únicamente, cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral, determinar la veracidad o falsedad de ellos”; y si bien en la Casación N° 3034-2009-Huaura, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara improcedente una demanda en donde en la vía ordinaria laboral se solicitaba la reposición de un trabajador bajo la figura del despido fraudulento; es procedente tramitar en la vía del proceso ordinario laboral el despido fraudulento que requiere prueba, con fines restitutorios, conforme lo dispone la sentencia normativa emitida por el Tribunal Constitucional en el mencionado Expediente N° 0206-2005-PNTC, que adiciona el despido fraudulento como causal de nulidad de despido al artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, porque el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios, además, se han generado a través de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional el despido incausado y el despido fraudulento con la consecuencia de reposición; y respecto a la protección procesal el artículo 4, inciso 2, literal a de la Ley Procesal de Trabajo establece la competencia en la vía ordinaria laboral para conocer de las pretensiones previstas en el artículo 29 y 34 del Decreto Supremo N° 003-97TR, así como la correspondiente al despido fraudulento. DÉCIMO TERCERO: En este sentido, conviene anotar además que las instancias de mérito han omitido considerar que el despido calificado como “fraudulento”, y teniendo en consideración la fértil jurisprudencia constitucional y laboral emitida hasta la fecha, no se basamenta en norma jurídica alguna, como pretende requerir el Colegiado Superior, sino que dicha tipología de despido preexiste por su evidente vulneración al artículo 27 de la Constitución Política del Estado; en tal razón, el derecho del demandante a la tutela jurisdiccional efectiva (trámite de la demanda), viene dado por el imperativo constitucional de otorgar una tutela restitutoria ante la invocación de hechos lesivos a los derechos fundamentales (derecho al trabajo) alegada por el trabajador afectado, y en modo alguno proviene de una norma jurídica contenida en un cuerpo legislativo, como lo es por ejemplo, la viabilidad de tramitar demandas en casos de despido nulo por las cuales contempladas en el artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

(43)

SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Derecho Constitucional del trabajo, relaciones de trabajo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 16-17.

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DÉCIMO CUARTO: En consecuencia, el auto de vista y el auto apelado deben ser declarados nulos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que el juez del proceso emita nuevo fallo, calificando la demanda y analizando –para tal efecto– específicamente la tipología de despidos, para lo Cual resultan sumamente ilustrativos los fallos tanto emitidos a nivel de Corte Suprema como Tribunal Constitucional, y teniendo especial consideración con los hechos invocados en la demanda, procurando buscar la aplicación de los principios y fundamentos propugnados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo (artículos I, III y IV del Título Preliminar). IV. DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas ciento tres, interpuesto por don Óscar Adán Gordillo Postigo; en consecuencia: NULA la resolución de vista de fojas noventa y seis, de fecha veinticinco de octubre de dos mil once; e INSUBSISTENTE la Resolución Nº 02, de fecha primero de septiembre de dos mil once, que resuelve hacer efectivo el apercibimiento decretado mediante Resolución N° 01, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once; y. DISPUSIERON que el juez de primera instancia EMITA NUEVA RESOLUCIÓN con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente resolución; en los seguidos contra la Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre Incumplimiento de Normas y Disposiciones Laborales; y MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano: y los devolvieron, Vocal Ponente: Yrivarren Fallaque.SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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TODA PERSONA TIENE DERECHO DE REQUERIR LA INTERVENCIÓN DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL PARA SOLUCIONAR UNA CONTROVERSIA “[R]econocido en el artículo 139 numeral 3) de la Ley Fundamental; derecho en base al cual toda persona tiene derecho de requerir la intervención de de la función jurisdiccional para solucionar una controversia, debe ser atendida por los Jueces, de ahí que este derecho sea considerado como garantía de una convivencia social y pacífica (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 4781-2011-MOQUEGUA

Lima, uno de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa número cuatro mil setecientos ochenta y uno - dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha: con los Señores Jueces Supremos: Chumpitaz Rivera,

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Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater; y luego de verificada la sentencia con arreglo a ley se emite la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Walter Yonni Ascona Rodríguez, obrante a fojas ciento cuarenta, contra la resolución de vista de fecha siete de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento treinta y tres que confirmando la resolución apelada de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas noventa y cuatro, rechaza la demanda de Incumplimiento de Normas Laborales, y dispone el archivo definitivo de la presente causa. II.

CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas treinta y seis del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, ha declarado procedente el recurso casatorio por la causal de infracción normativa procesal del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, por vulneración al derecho fundamental a un debido proceso; alegando el actor que a lo largo del proceso no se ha establecido que la causal de despido nulo, es decir la existencia de un despido fraudulento, consumado el treinta de junio de dos mil once, tenga como fuente la ley, debido a que a partir de la Casación Nº 2386-2005-Callao se ha dejado abierta la posibilidad de demandar la declaración de la existencia de un despido nulo por causales no previstas taxativamente en el artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Que en tal sentido, los magistrados de la Sala Mixta de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, se limitan a un interpretación rígida y mecánica cuando interpretan el despido nulo y las causales para su procedencia. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Con la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, se reestructuró el proceso judicial laboral, estableciéndose nueva competencia por materia y cuantía de la demanda; menor número de actos procesales: legitimaciones especiales; notificaciones electrónicas; inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando exista un tribunal u órgano administrativo ad hoc; y se privilegió a la igualdad material y procesal entre las partes; del fondo sobre la forma; de la interpretación de los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso laboral; con un mayor énfasis en la observancia de los Jueces de un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, y cumplimiento de los principios pro homine, pro operario, pro actione, pro oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad, socialización, razonabilidad, congruencia, dirección del proceso, entre otros; pero principalmente el propósito de dicha reestructuración fue una real modernización del proceso laboral, privilegiando la igualdad procesal, la efectividad en la resolución de controversias laborales y la oralidad. En ese objetivo, los jueces laborales deben romper el paradigma de procesos ineficaces, de excesiva formalidad, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional realmente efectiva, apostando por la nueva dinámica contenida en la Ley laboral en comento, en resguardo de la protección de los derechos fundamentales de los justiciables. SEGUNDO.- Precisamente uno de los temas del recurso de casación propuesto trata sobre el principio pro actione (interpretación de los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso laboral), abordado por la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley Nº 29497; y el otro versa sobre la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido,

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desarrollado ampliamente por el Tribunal Constitucional del Perú. En cuanto al primer tema referido, esta Suprema Sala considera pertinente y necesario precisar que la derogada Ley Nº 26636 no contempló en su texto este principio, lo que si fue previsto a modo de ejemplo en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y en el Código Procesal Constitucional que efectivizó la dinámica procesal de las causas constitucionales, a ello cabe añadir, los pronunciamientos expedidos por el Tribunal constitucional. En ese sentido, el juez laboral cuando en cualquier etapa del proceso dude respecto del cumplimiento de algún requisito de admisibilidad o procedencia, lo que implique la inadmisión de la demanda, o la continuación del proceso, deberá interpretar las normas en forma sistemática que permita la continuidad del mismo. De esta manera, los jueces laborales garantizan una real eficacia de la tutela jurisdiccional, al interior de un debido proceso, por su parte, los justiciables han de colaborar con los magistrados, demostrando buena fe en su actuación procesal. TERCERO.- En ese orden de ideas, deben orientarse los esfuerzos de los Jueces a la reivindicación de los derechos reclamados en la demanda, teniendo en cuenta el contenido esencial de la fundamentación fáctica y jurídica en ella desarrollada, a fin de identificar lo pretendido, y el grado de afectación de los derechos invocados, lo contrario desnaturalizarla al nuevo proceso laboral predominantemente oral y eficaz. Por lo tanto, la exigencia en el cumplimiento de los requisitos de la demanda no debe ser severa y excesiva, debe ceñirse a lo previsto en la Ley Nº 29497, privilegiando en cada caso en concreto una tutela jurisdiccional efectiva y la buena fe de las partes. En cuanto al petitorio de la demanda, motivo por el cual ha sido rechazada la demanda debemos resaltar que debe ser claro, y debidamente sustentado, de manera que permita al juez apreciarlo en toda su extensión. Y con relación a la admisión de la demanda, el juez deberá verificar se cumplan los requisitos de forma, dando prevalencia a la celeridad del proceso en esta primera etapa que resulta fundamental para el desarrollo del mismo, evitando un tiempo excesivo, evidentemente perjudicial sobre todo para los trabajadores. CUARTO.- Con relación al tema de la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, que también ha sido motivo del rechazo de la demanda de autos, este ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en la Causa N 1397-2001-AA/TC(44), en cuyo fundamento cuarto se utiliza indistintamente las figuras de despido fraudulento y despido arbitrario para hacer alusión a la situación allí planteada. Al respecto, precisó: “Cabe señalar que, conforme al artículo 77 de la misma norma, los contratos sujetos a modalidad se Considerarán como de duración indeterminada si el trabajador contratado temporalmente demuestra que el contrato que suscribió se fundamentó en le existencia de simulación o fraude a las normas laborales, situación que se verifica cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios que se requieren contratar corresponden a actividades ordinarias y permanentes, y cuando, para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal característica es la temporalidad. En tal sentido, un Contrato suscrito sobre la base de estos supuestos se debe considerar como de duración indeterminada, y cualquier

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STC Exp. Nº 1397-2001-AA/TC, del nueve de octubre de dos mil dos. En esta oportunidad el Tribunal Constitucional revocó la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y reformándola, la declara fundada, en consecuencia, ordenó que la demandada reponga e los demandantes en sus puestos de trabajo, o en otros similares, sin el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo no laborado: en los seguido por don Angel de la Cruz Pomasoncco, doña Judith Mary Guillén Velásquez, don Edgar Andrés Mendieta Callirgos, dona Bertta Luz Vargas Pérez, don Nestor Vásquez Ayala y doña Zarita Chancos Mendoza, contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacucho S.A. (EPSASA), sobre acción de amparo.

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determinación por parte del empleador para la culminación da la relación laboral solo puede sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo contrario se trataría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del derecho a trabajo, reconocido por el artículo 22 de la Constitución Política vigente (negrita y subrayado nuestro)”. QUINTO.- En efecto, en la sentencia expedida en la Causa Nº 1397-2001-AA/TC, el Tribunal Constitucional utilizó indistintamente las figuras de despido fraudulento y arbitrario, precisando en su fundamento sexto que: “La ruptura de! vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulento de una modalidad de contratación (...) tiene, por consiguiente, el carácter e un despido absolutamente arbitrario”, para resolver desde la constitución, declarando fundada la demanda, ordenando se repongan a los demandantes en sus puestos de trabajo, o en otros similares, por haberse verificado el despido arbitrario. A mayor abundamiento en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1112-98-AA/TC(45), resolvió que aun cuando en dicho proceso la controversia se centró en la vigencia de la cláusula sexta del Contrato de Suscripción, emisión y Entrega de Acciones celebrado entre la Compañía Peruana de Teléfonos Sociedad Anónima (hoy Telefónica del Perú Sociedad Anónima) y Telefónica Perú Sociedad Anónima (Telefónica Perú Holding Sociedad Anónima, de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, después de haber evaluado los argumentos de esta última, no era relevante para su resolución, por cuanto, si con ella pretendían los demandantes se ordene su reposición ante el despido del que fueron objeto, dicho órgano constitucional no realizaba en ese caso una calificación de despido arbitrario en les términos establecidos por el artículo 67 del Texto Único de la Ley de Fomento del Empleo, Decreto Supremo Nº 06-95TR, para que pueda discutirse Si procede su reposición o la indemnización; sino, la evaluación de un acto, el despido, que, eventualmente, resulte lesivo de los derechos fundamentales invocados, SEXTO.- La infracción normativa procesal materia de casación se encuentra relacionada al derecho fundamental a un debido proceso, respecto al cual el Tribunal Constitucional ha precisado

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STC Exp. N° 1112-98-AA/TC, del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve. El Tribunal Constitucional resolvió confirmando la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en el extremo que declara improcedente las excepciones deducidas y revocándola en el extremo que declara improcedente la acción de amparo y reformándola la declara fundada y ordena que la demandada, proceda a reincorporar a los demandantes; en los cargos que venían desempeñando a la fecha en que se dispuso su despido; en los seguidos por don Cesar Antonio Cossio Tapia y otros, contra Telefónica del Perú S.A., sobre Acción de Amparo. En el proceso bajo referencia, los demandantes alegaron que en el periodo comprendido entre el veintitrés y el treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, la demandada, Telefónica del Perú S.A., les cursó sendas cartas por las que se les comunicaba que habían incurrido en falta grave contemplada en el inciso b) del artículo 58 del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo (TUOLFE), conforme a la cual, constituye falta grave, “la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de la producción (...)” para que procedan al descargo. Formulados estos, la demandada les curso sendas cartas por las que se les comunicaba que quedaban despedidos, en mérito a no haber podido desvirtuar los cargos imputados, despido que se efectuó, simultáneamente, en el periodo comprendido entre el veintinueve de mayo y el seis de junio de mil novecientos noventa y seis, atribuyéndoles la comisión de la misma falta grave. Precisando los actores en dicha causa constitucional, que previamente a tal hecho, fueron invitados individualmente a acogerse a un Programa Voluntario de Retiro, por el que decidieron no optar. Precisan que dicha invitación se produjo casi inmediatamente antes de que se les notificara las carta por las que se les Imputaba la comisión de la falta grave antes señaladas, en la mayoría de casos, entre el ocho y el quince de mayo de mil novecientos noventa y seis.

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en la causa Nº 3075-2006-PA/TC)(46) que: “el debido proceso es un derecho fundamental de naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los ámbitos sobre los que se aplica como en lo que atañe a las dimensiones sobre las que se extiende (…) Por lo que respecta e lo segundo, y como ha sido puesto de relieve en innumerables ocasiones, las dimensiones del debido proceso no solo responden a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantiva o material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria. Instancia plural, cosa juzgada, etc.) sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.). Así las cosas, el debido proceso es un derecho de estructura complejo, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso comprometidos (…)”. SÉPTIMO.- Por su parte, este Supremo Tribunal asume el criterio de que el derecho al debido proceso incumbe la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento del derecho y que a su vez tiene dos dimensiones una material y una formal; en esta última los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación de las resoluciones judiciales entre otras. Los principios por tanto deben ser las herramientas de los jueces que permitan a las partes desarrollarse al interior de un proceso, con miras a una solución eficaz de la controversia laboral, lo contrario implicaría una abdicación a los objetivos de la Ley Nº 29497. OCTAVO.- Dentro del contexto precedente, a través de la demanda de fojas setenta y tres, se pretende la declaración de un despido fraudulento consumado por la demandada el día treinta de junio de dos mil once, por haber sido coaccionado el actor a firmar un convenio de terminación de celibato de trabajo por mutuo disenso; se ordene la reincorporación del actor al centro de trabajo en el cargo de almacenero de materiales u otro de igual nivel y jerarquía en la planta de la Empresa emplazada en Ilo, se ordene el pago de las remuneraciones devengadas y todo beneficio proveniente de Ley o Convenio Colectivo desde el despido producido, más el pago directo o bien el depósito de la compensación por tiempo de servicios en la entidad bancaria de elección del demandante. Luego de precisadas en forma clara dichas pretensiones principales, el demandante señaló que únicamente para el caso de que la pretensión principal de reposición en el trabajo sea desestimada, demanda subordinadamente el pago de una indemnización por despido arbitrario. NOVENO.- Como fundamentos fácticos de la demanda de impugnación por despido fraudulento, precisó el actor que la demandada es una empresa pesquera, cuyo giro principal es la

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STC Exp. Nº 3075-2006-PA/TC, del 29 de agosto de 2006. En esta ocasión el Tribunal Constitucional trató sobre la transgresión al debido proceso sustantivo, y la correlativa amenaza a la libertad de trabajo, declarando fundada la demanda de amparo interpuesta; y dispone inaplicar a la Escuela Internacional de Gerencia High School of Management - Eiger, tanto la Resolución Nº 193-2004/ODA-INDECOPI, emitida con fecha 30 de julio de 2004 por la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, como la Resolución Nº 1006-2004-TPI-INDECOPI, emitida con fecha 4 de noviembre del 2004, por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la misma institución; en los seguidos por don Víctor Manuel Cipriani Nevad, en representación de la Escuela internacional de Gerencia High School of Management - Eiger, Microsoft Corporation y Macromedia Incorporated, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad intelectual (Indecopi).

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transformación de materia prima (fundamentalmente anchoveta) en harina y aceite de pescado para su comercialización en el mercado nacional e internacional, para lo cual cuenta con flota propia: el demandante ingresó a laborar para la demandada, Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada el siete de enero de dos mil ocho, bajo el cargo de Almacenero de materiales, es decir, un cargo cuya ejecución de labores son propias y forma parte del proceso productivo de transformación de la materia prima (pescado) en harina y aceite de pescado, es decir propias del giro principal de la empresa emplazada. Refiere el actor que su relación contractual con la demandada se basaba en un contrato modal intermitente y si bien por el giro de la empresa el trabajo podía desarrollarse en ciertas épocas del año (por la existencia de vedas o falta de matarla prima) como uno de temporada, en realidad era continuo y permanente en el tiempo, es decir, desde el inicio de su contratación modal y hasta la fecha de su despido no dejó de trabajar ni un solo día, por lo tanto, sea por la naturaleza de las labores que ejecutaba (propias del giro principal de la empresa) o bien por el trabajo ininterrumpido ejecutado correspondía un contrato de trabajo a plazo indeterminado. DÉCIMO.- Por resolución del diecisiete de agosto de dos mil once, de fojas ochenta y tres, el A quo declara inadmisible la demanda, exponiendo que si bien toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de la defensa de sus derechos subjetivos con sujeción a un debido proceso, debe entenderse a dicho derecho fundamental que todo ser humano o persona jurídica: “debe ceñirse de manera rigurosa el ordenamiento jurídico procesal correspondiente, so pena de incurrirse en causal de nulidad de carácter insubsanable”. Precisa que la demanda adolece de los requisitos contenidos en el inciso 5) del artículo 424 del Código Procesal Civil “El petitorio que comprende le determinación clara y concreta de lo que se pide, por tanto el petitorio debe ser determinado con exactitud y en forma precisa”. Luego señala que conforme al numeral 7) del artículo 424 del Código Procesal Civil en la fundamentación jurídica del petitorio, debe invocarse las principales normas legales que sustentan la pretensión del demandante, por lo tanto, al no venir la demanda de autos con la fundamentación jurídica exigida sino con la cita escuetísima de una norma cuando dice: “El artículo 23, 27 y 139 de la Constitución, sobre Derecho al Trabajo, protección contra el despido arbitrario y debido proceso, y los artículos 10, 21 y 77 del D.S. N° 003-97-TR”, ello no constituye, en modo alguno, una fundamentación jurídica que se entienda como la subsunción de los hechos en las normas que se pretende amparar la demanda: además solicita la constancia de habilitación del abogado patrocinante expedida por el Colegio de Abogados, y se precise la finalidad de los medios de prueba acompañados al escrito de demanda de impugnación de despido fraudulento, bajo apercibimiento ante el incumplimiento de la subsanación ordenada, se proceda a declarar por concluido el proceso y al archivo del expediente. UNDÉCIMO.- Por escrito del veintiséis de agosto de dos mil once, de fojas ochenta y nueve, el actor cumple con precisar que se califique su despido como nulo por causal de la existencia de un despido fraudulento al haber sido coaccionado a firmar un convenio que no expresa su voluntad, debiéndose ordenar su reposición en su centro de trabajo; reitera que los artículos pertinentes a su demanda de impugnación de despido fraudulento son los artículos 23 y 27 de la Constitución, 21 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, y 77 del Decreto Supremo N° 003-7-TR, precisando además el contenido de dichas normas, y lo que se regula a través de ellas. Esta Sala Suprema aprecia además del escrito de subsanación que se cumplió con adjuntar la constancia de habilitación del abogado requerida; y se prescindió del ofrecimiento de los pliegos para los testigos, el informe revisorio y pericial a cargo del Inspector Administrativo Judicial, por el contrario, se solicitó se tenga por ofrecida la pericia a cargo del Contador Colegiado para que ofrezca información al juez sobre el monto de la indemnización, y de la compensación por tiempo de servicios que pudiera corresponder; precisándose además la finalidad de los medios de prueba ofrecidos.

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DUODÉCIMO.- No obstante haber cumplido el actor con subsanar las omisiones advertidas por el A quo, por resolución del cinco de setiembre de dos mil once, de rojas noventa y cuatro, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la resolución de inadmisibilidad de la demanda, y se rechaza la misma argumentando que: “en el desarrollo de las pretensiones e/ demandante confunde el despido nulo, fraudulento y arbitrarlo (…) es decir una indebida acumulación de pretensiones, no indicando la causal exacta por la cual solicita su reposición a su centro de trabajo. Asimismo que de la redacción de la demanda, esta resulta evidentemente confusa al desarrollar que este ha sido objeto de diversos despidos, por tanto el demandante no ha cumplido con subsanar la omisión advertida”. Motiva el A quo su decisión de rechazo de la demanda en mérito a lo establecido en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-TR, norma sobre la obligación de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales con autoridad de cosa juzgada, norma evidentemente impertinente y en la resolución del Tribunal Constitucional N° 0015-2001-AI/TC que trata sobre el mismo principio fundamental de carácter procesal, pese a que la causa se encontraba en la etapa de calificación de la demanda, primera etapa de un proceso de carácter laboral donde el A quo se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad procesal vigente, Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497 y Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, para la admisión a trámite de la misma. DÉCIMO TERCERO.- Esta Sala Suprema conviene por unanimidad en precisar en cuanto a la invocación de las sentencias del Máximo Intérprete de la Constitución que contienen doctrina jurisprudencial y precedentes constitucionales, debe realizarse con sumo cuidado y pertinencia para cada etapa procesal, máxime cuando se está en un proceso laboral donde se ha denunciado la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a un debido procedimiento, como se ha expuesto en los fundamentos del escrito postulatorio, cuando el actor denuncia expresamente que conjuntamente con otros trabajadores de la empresa emplazada han sido coaccionados a “la firma de un ‘Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo’ por mutuo disenso, que no expresa realmente mi voluntad (…) indicándonos que la empresa ‘no era rentable’ que más eran los gastos que las ganancias y al ser preguntados por los trabajadores, si podían consultar con un abogado, se les negó terminantemente esta posibilidad e incluso se nos amenazó de que si no firmábamos el Mutuo Disenso, vencía nuestro Contrato Modal y nos ‘iríamos a la calle’ sin derecho a la suma compensable o graciosa (...) fuimos ‘encerrados’ hasta las 12 a.m. para firmar las ‘Hojas de Liquidación’ y los ‘Convenios por mutuo Disenso’ supuestamente en forma libre y voluntaria. En total fuimos despedidos fraudulenta y arbitrariamente un promedio de 66 trabajadores (...)”. Por lo tanto, esta Sala Suprema, invoca a los jueces laborales a ser más cuidadosos en la fundamentación de sus resoluciones, pues con ellas ilustran no solo a las partes interesadas de un proceso, si no a la Comunidad en su integridad, atenta a la labor jurisdiccional por cuanto a través de esta se hace efectiva la protección de los derechos de los trabajadores reconocidos en las leyes y en la Constitución Política del Estado, y demás normas del derecho nacional y comparado. DÉCIMO CUARTO.- Aperada la resolución precedente, la Sala Mixta Descentralizada de Ilo o de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, por resolución del siete de noviembre de dos mil once, de fojas ciento treinta y tres, confirma la decisión señalando: “la demanda interpuesta que pretende que se declare la existencia de un despido nulo por la causal de despido fraudulento, no tiene sustento jurídico, pues bien se demanda un despido nulo o caso contrario se demanda un despido fraudulento” sin mayor sustento jurídico. DÉCIMO QUINTO.- Al respecto, esta Sala Suprema considera necesario señalar en cuanto al rechazo declarado, que el actor en su escrito de demanda denunció un despido fraudulento consumado por la demandada el día treinta de junio de dos mil once, por haber sido coaccionado a la firma de un convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso, que no expresa

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realmente su voluntad; sin embargo, los jueces han reparado en la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido (despido fraudulento y despido arbitrario) y consideran que al no haberse subsanado ello, debe rechazarse la demanda, pese a que dicho tema de rechazo (denominación errada en la utilización de las figuras de despido) como se ha señalado en esta ejecutoria ha quedado zanjado en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la cual se encuentran obligados los jueces en estricta aplicación del último párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. En ese orden de ideas, conforme a los lineamientos procesales y constitucionales contenidos en las resoluciones del Tribunal Constitucional, se deja resuelto el tema cuestionado, y el deber de los jueces constitucionales y laborales de resolver la controversia planteada ante una denuncia de afectación a los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, y la pretensión de reposición del trabajador, determinando si efectivamente se produjo el despido sea nulo, fraudulento, arbitrario o incausado, y la reposición pretendida; lo contrario, centrar la atención en lo denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, vulnera los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Máxime, que el Tribunal Constitucional en una ardua labor de protección constitucional y convencional ha desarrollado los principales temas de discusión en materia laboral, los cuales deben ser estudiados por los jueces constitucionales y laborales para el desempeño eficaz de su labor jurisdiccional, labor encaminada no solo a resolver les controversias planteadas, sino a sentar verdadera jurisprudencia que sea garante de la Comunidad a una seguridad jurídica real y eficaz. No cabe duda de que los jueces tienen el deber de proteger a los justiciables, desde una concepción objetiva de los derechos fundamentales, interviniendo en todos aquellos casos en los que dichos derechos resulten vulnerados, más aún cuando en casos como el presente, el sujeto pasivo de la vulneración alegada en la demanda rechazada es un trabajador. DÉCIMO SEXTO.- Debe considerarse además, que la protección del derecho al trabajo ha sido uno de los principales temas de discusión del derecho laboral peruano de los últimos años. En efecto, en dicho escenario, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una fértil doctrina jurisprudencial sobre la protección en Sede constitucional de los derechos laborales vulnerados, y más concretamente, de los alcances de la protección del derecho fundamental al trabajo consagrado en el artículo 22 de la Constitución, cuya base o pilares principales los han constituido las sentencias emitidas en las demandas de amparo interpuestas por el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (Fetratel) en contra de Telefónica del Perú de fecha once de julio del dos mil dos –en adelante caso Fetratel–, de Eusebio Llanos Huasco en contra de la misma empresa de fecha trece de marzo de dos mil tres –en adelante caso Llanos Huasco– y de César Antonio Baylón Flores en contra de Empresa Prestadora de Servicio EMAPA Huacho Sociedad Anónima de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco –en adelante caso Baylón Flores–, ya que por tratarse de jurisprudencia vinculante, y en consecuencia de observancia obligatoria, deberán ser tomadas en cuenta para la resolución de los futuros casos de impugnación de despido que se presenten tanto en sede constitucional, como ordinaria laboral, en específico en lo relativo a la procedencia de la demanda, y en el libro de tipo de protección que se dispense al trabajador afectado. DÉCIMO SÉTIMO.- Bajo este esquema, el juez laboral está llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado y de las Leyes, en las cuales se recogen los principios y valores laborales que deben ser objeto de su férrea protección, por lo que, no puede abandonar tal encargo impuesto, inclusive, por el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el Expediente N° 0206-2005-PATTC, cuando refirió que; “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos Judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces

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administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”; esta función delegada más bien lo conmina a hacer prevalecer la Carta Magna, las leyes, los principios, valores, derechos y libertades que han sido reconocidos en el Ordenamiento Jurídico. DÉCIMO OCTAVO.- Esta Sala Suprema advierte que la decisión de rechazo de la demanda, vulnera en primer lugar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva del actor, reconocido en el artículo 139 numeral 3) de la Ley Fundamental, derecho en base al cual toda persona de requerir la intervención de la función jurisdiccional para solucionar una controversia, debe ser atendida por los jueces, de ahí que este derecho sea considerado como garantía de una convivencia social y pacífica. Máxime que, el derecho laboral se debe a la necesidad de proteger al trabajador frente a la superioridad del empleador, desigualdad que se agrava al interior de un proceso judicial, como en el presente, en el que el trabajador ha sido despedido de su centro de labores. Y como ya se ha desarrollado, esta es una de las principales razones por las que se reestructuró el proceso laboral en el Perú, para lograr una tutela procesal igual y eficaz para las partes, demandantes y demandados, una tutela fuerte del derecho al trabajo: por lo tanto, no se puede dejar en estado de indefensión a los trabajadores por una aplicación severa de los requisitos contenidos en ella. DÉCIMO NOVENO.- En segundo lugar, con el rechazo in limine de la demanda se ha transgredido el derecho fundamental a un debido proceso por infracción del principio pro actione, previsto en el artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497, por cuanto los jueces de mérito han interpretado las normas referidas a los requisitos de la demanda en barra severa Si bien el fin del proceso laboral es obtener la restitución del derecho vulnerado, y para el cumplimiento de tal propósito la Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497, exige determinado formalismo, el exceso de atención en la forma ha distorsionado el presente proceso, retardándose la administración efectiva de justicia, desatendiéndose la necesidad de urgente tutela del actor; y por haberse incurrido en infracción del artículo IV del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497, que contiene las directrices de interpretación y aplicación de las normas en materia laboral, por cuanto los jueces en sede de instancia, no han impartido justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29497, principios y preceptos constitucionales, y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. VIGÉSIMO.- Finalmente, este Tribunal Supremo aprecia que se ha transgredido el principio de celeridad procesal, por cuanto lo que se busca en el nuevo proceso laboral es la restitución del bien jurídico tutelado, en el menor tiempo posible, lo cual ha sido minimizado por los jueces en sede de instancia. Más aún, cuando se ha invocado la vulneración al derecho al trabajo del actor, fuente de sustento personal y de su familia. Además, como ha precisado este Colegiado Supremo, en reiterada jurisprudencia, la celeridad procesal está muy ligada a la realización de la justicia, resaltándose una vez más que la dilación de un proceso laboral acentúa la desigualdad entre trabajador y empleador. VIGÉSIMO PRIMERO.- En consecuencia, este Supremo Tribunal en estricto cumplimiento de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva del actor, y conforme al deber de administrar justicia ha de declarar fundado el presente recurso de casación, conforme a lo previsto en los artículos 138 y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, y artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 29497. IV. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Walter Yonni Ascona Rodríguez, obrante a fojas ciento cuarenta; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fecha

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siete de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento treinta y tres; e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas noventa y cuatro: ORDENARON que el A quo EXPIDA NUEVA RESOLUCIÓN con arreglo a los lineamientos expuestos en esta sentencia, y a la exhortación de este Supremo Tribunal; en los seguidos contra la Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre incumplimiento de Normas Laborales; y, MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme al artículo 41 de la Ley Nº 29497; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina. SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA OBLIGA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL A EMITIR FALLO ACORDE CON LAS PRETENSIONES PLANTEADAS “En este sentido, la argumentación utilizada contraviene el principio de congruencia, que obligaba al órgano jurisdiccional a emitir un fallo acorde con las pretensiones planteadas, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, así como en el escenario construido a nivel jurisprudencial tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 4779-2011-MOQUEGUA

Lima, primera de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores magistrados Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater, y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Javier Fernando Flores Percca, de fecha ocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas cien contra la resolución de vista, de fecha veinticinco de octubre de dos mil once, obrante a fojas noventa y cinco, que Confirmando la resolución apelada, de fecha primero de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cincuenta y cinco, declara Rechazar la demanda interpuesta por don Javier Fernando Flores Pesquera contra Corporación Inca Sociedad Anónima Cerrada sobre incumplimiento de normas laborales. II.

FUNDAMENTOS LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas cuarenta del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la

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denuncia de infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como los artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26638. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: En el caso concreto, habiéndose declarado procedente la causal de infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, conviene analizar en primer término dicha causal, por los efectos nulificantes de la misma; así, el demandante oportunamente alegó la norma antes señalada y que regulan el acceso a la tutela jurisdiccional, la cual no ha sido considerada en las instancias de mérito a efecto de dar trámite a la demanda: en este sentido, añade que nunca ha establecido que la causal del despido nulo, es decir la existencia de despido fraudulento, tiene como fuente la ley, sino que por el contrario, la nulidad del despido puede obedecer a causales no previstas en el artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. SEGUNDO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable: mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos tácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. TERCERO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00966-2007-AA/TC, “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado. (...) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver”. CUARTO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex sitentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente– la incongruencia par exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae

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sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. QUINTO: Dentro de este contexto, se aprecia que el recurrente a fojas treinta y cuatro demanda acumulativamente dos pretensiones (principal y subordinada) “a. LA EXISTENCIA DE UN DESPIDO FRAUDULENTO (...) consumado por la demandada el día 30 de junio del 2011, al haberme coaccionado a la firma de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo” por mutuo disenso, que no expresa realmente mi voluntad, con vigencia al 30 de junio del 2011 (…) b. Declarada fundada mi demanda nulo el despido fraudulento de que he sido objeto y ordenada mi reposición en el trabajo, se ordene el pago de mis remuneraciones devengadas y Iodo beneficio proveniente de Ley o Convenio Colectivo desde mi despido (…) c. ÚNICAMENTE PARA EL CASO DE QUE MI PRETENSIÓN PRINCIPAL de Reposición en el trabajo sea desestimada, demando SUBORDINADAMENTE y conforme a la Segunda Disposición Derogatoria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, aprobada por Ley Nº 29467, el Pago de una INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO” (sic), señalando en sus fundamentos fácticos que este ingresó a prestar servicios para la demandada el veintiséis de diciembre de dos mil nueve, en el cargo de Ayudante de Motorista, Ilo, cargo cuya ejecución de labores son propias y forman parte del gire del negocio de la demandada de transformación de la materia prima en harina y aceite de pescado: en este sentido, la modalidad contractual , utilizada de contrato modal intermitente, se ha desnaturalizado, y se convirtió la relación laboral en una de plazo indeterminado, puesto que si bien el giro principal de !a empresa podía desarrollarse en ciertas épocas del año o por temporadas, en el caso del demandante, en los hechos y la práctica, el trabajo se ejecutaba continua y permanente en el tiempo. Alega además que la demandada lo ha despedido sin expresión de causa, “simulando” la existencia de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso”, que le hizo firmar bajo coacción y engaño, pues este documento no refleja la voluntad de poner libremente término a los contratos de trabajo, razón por la cual existe un despido fraudulento. SEXTO: Mediante resolución número uno, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, atirante a fojas cuarenta y cuatro se declara inadmisible la demanda, ordenando al actor la subsanación de las omisiones advertidas, entre las que se anotan; i) El petitorio no es claro; ii) La fundamentación jurídica esgrimida por el demandante es solo citas de las normas, lo que no es válido, pues esta se entiende como la subsunción de los hechos en las normas en las que se pretende amparar la demanda, es decir debe construirse el silogismo jurídico; y, iii) El demandante no ha señalado la finalidad de cada medio probatorio. SÉTIMO: Ante esta resolución, el demandante mediante escrito de fojas cincuenta, cumple con subsanar las yerros y omisiones advertidas, señalando respecto de su petitorio que “I. SE CALIFIQUE MI DESPIDO DEL 30 de junio del 2011, como NULO por Causal de la existencia de un “Despido Fraudulento” (...) al haberme coaccionado a la firma de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso” que no exprese realmente mi voluntad (I Pretensión Principal; II. DECLADA LA EXISTENCIA DE UN DESPIDO NULO, se ordene mi REPOSICIÓN en mi centro de trabajo, cargo “Ayudante de Motorista” u otro de igual nivel y jerarquía en la Planta de Ilo, (I. Pretensión Accesoria de la I Pretensión Principal); III. DECLARADO NULO MI DESPIDO, ordenada mi Reposición en el centro de trabajo, se ordene el PAGO DE MIS REMUNERACIONES DEVENGADAS, más el Pago Directo o Depósito de CTS, desde la fecha de mi despido el de mi reposición efectiva en el trabajo” (II. Pretensión Accesoria de la I Pretensión Principal: IV. ÚNICAMENTE PARA EL CASO DE DESESTIMARSE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE CALIFICACIÓN DEL DESPIDO COMO NULO, demando SUBORDINADAMENTE y conforme a la Segunda Disposición Derogatoria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la declaración de existencia de un DESPIDO ARBITRARIO y por consiguiente,

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el pago de una indemnización por despido arbitrario, ascendente a la suma de S/. 2,025.00 soles” (II. Pretensión Subordinada de la I Pretensión Principal) (sic); asimismo, cumple con indicar respecto de cada norma invocada como fundamento jurídico de su demanda, el porqué de la aplicabilidad de los mismos en el caso en concreto; así, respecto de los artículos 23 y 27 de la Constitución Política del Estado señaló que en el caso de autos se le hizo firmar un Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso, con el que se consuma el despido fraudulenta, pues dicho documento no refleja la voluntad de poner término al contrato de trabajo; en relación con el artículo 21 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, señala que no se ha invocado causa justa alguna para el despido, sino el vencimiento del plazo del último contrato modal firmado con la demandada; y, en cuanto al artículo 77 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, refiere que sin que correspondiera la celebración de un contrato modal intermitente, se le hizo firmar sendos contratos modales intermitentes, cuando por la naturaleza de las labores que ejecutaba para la demandada, le correspondía una relación a plazo indeterminado, Finalmente, cumple con señalar la finalidad de cada medio de prueba ofrecido. OCTAVO: Mediante resolución número dos, de fecha primero de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cincuenta y cinco, el juez del proceso rechaza la demanda interpuesta por el recurrente, y ordena el archivo definitivo de la misma, argumentando que en el petitorio el demandante confunde lo que es despido nulo con despido fraudulento, siendo ambas figuras distintas; asimismo, concluye en que existe una indebida acumulación de pretensiones, pues con la demanda se acumula la nulidad de despido fraudulento al de indemnización por despido arbitrario (pretensión subordinada), sin indicar la causal exacta por la cual solicita su reposición, además, de la redacción de la demanda esta resulta evidentemente confusa al desarrollar que este ha sido objeto de diversos despidos. Al ser apelada dicha resolución, el Colegiado mediante resolución de vista, de fecha veinticinco de octubre de dos mil once, obrante a fojas noventa y cinco. Confirma la resolución apelada, señalando en su motivación que el despido fraudulento como causal del despido nulo no se encuentra previsto por ley, por lo que la demanda carece de sustento jurídico; asimismo, que dado que ambas figuras de despido (nulo y fraudulento) son distintas, estas no pueden combinarse. NOVENO: Planteada así la controversia, este Supremo Tribunal advierte de la motivación esgrimida en las sentencias de mérito, que estas no han analizado que en la sentencia recaída en el Expediente Nº 976-2001-AA/TC, caso Llanos Huasco, el Tribunal Constitucional reiteró el criterio de la sentencia del caso Fetratel(47) respecto a la protección adecuada frente a un despido arbitrario, como alcances del artículo 27 de la Constitución, pero estableciendo además una tipología y una definición de cada uno de los tres supuestos de despido que merecen tutela constitucional a través del efecto restitutorio o reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido arbitrario, reconocida en el artículo 27 de la Constitución permita tanto una eficacia restitutoria como una resarcitoria, modificando en virtud de este criterio, el esquema de protección aplicado desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 728, el cual quedó determinado de la siguiente manera: a) Despido nulo, protegido mediante reposición, b) Despido incausado, protegido mediante reposición, c) Despido fraudulento, protegido mediante reposición, y d) Despido injustificado, protegido mediante indemnización por decisión de ex trabajador afectado. DÉCIMO: Asimismo, en el caso Baylón Flores(48), el Tribunal Constitucional complementó e integró de forma armónica el criterio vertido en las sentencias anteriores, y determinó los supuestos

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STC Exp. Nº 1124-2001-AA/TC. STC Exp. Nº 206-2005-AA/TC.

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en los cuales procedería el proceso de amparo frente a un despido lesivo de derechos constitucionales, en específico respecto a cada uno de los supuestos definidos por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Llanos Huasco, precisando que el despido fraudulento se produce cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas, así como que los casos derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refiera a hechos controvertidos no serán tramitados en el proceso de amparo, DÉCIMO PRIMERO: Así, tal y como lo indicó este Supremo Tribunal en la Casación N° 580-2011, expedida con fecha veintiuno de octubre de dos mil once, la eficacia restitutoria –entiéndase la reposición– de la impugnación de un despido, sea este arbitrario, incausado o fraudulento, no se restringe a la jurisdicción constitucional, pues, los jueces en general, son los primeros guardianes de la Constitución, norma fundamental en la que se haya contenido el estatuto de protección laboral, estructurado y contenido en lo que se conoce como Constitución Laboral, y como tal, el deber de protección que le impone el propio ordenamiento jurídico implica que estos resuelvan el conflicto puesto a su conocimiento de manera integral, buscando que la respuesta jurisdiccional sea acorde con lo normado en nuestra Carta Magna, así como lo planteado por las partes; en segundo término, porque ordenar la reposición en caso de un despido incausado o fraudulento en. jurisdiccional ordinaria, no implica una reducción de las garantías procesales de las que gozan los justiciables en un proceso constitucional, como sería el amparo, sino que por el contrario, al ser un proceso lato o más largo, genera la posibilidad de que ambas partes estructuren un andamiaje probatorio y argumentativo que posibilite la mejor comprensión del conflicto en sí, dicho de otro modo, de las especificas circunstancias en que el despido, alegado como incausado o fraudulento, se produjo a efecto de que el órgano jurisdiccional resuelva la litis “en justicia”; precisamente esta idea de “garantismo procesal” es el que ha motivado que, el propio Tribunal Constitucional, haya permitido que el juez ordinario laboral conozca estas pretensiones de impugnación de despido, cuando las mismas necesiten de estación probatoria: precisamente porque ello deriva de su naturaleza como jueces constitucionales laborales. DÉCIMO SEGUNDO: En este sentido, la argumentación utilizada contraviene el principio de congruencia, que obligaba al órgano jurisdiccional a emitir un fallo acorde con las pretensiones planteadas, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, así como en el escenario construido a nivel jurisprudencial tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional; precisándose en este extremo que aún cuando la demanda del actor pretenda SE CALIFIQUE MI DESPIDO DEL 30 de junio del 2011, como NULO por causal de la existencia de un “Despido Fraudulento” (...), ello obligaba al Juez del proceso a calificar la demanda en el contexto especifico de los hechos invocados como fundamentos de hecho, cual es la existencia de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso”, que se le hizo firmar al demandante bajo coacción y engaño, pues este documento no refleja la voluntad de poner libremente término a los contratos de trabajo, razón por la cual, a decir del demandante, existe un despido fraudulento; así como también de considerar los antecedentes jurisprudenciales anotados precedentemente. DÉCIMO TERCERO: En consecuencia, la resolución de vista y la resolución apelada deben ser declaradas nulas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que el Juez del proceso emita nuevo fallo, calificando la demanda y analizando –para tal efecto– específicamente la tipología de despidos para lo cual resultan sumamente ilustrativos los

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fallos tanto emitidos a nivel de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, y teniendo especial consideración con los hechos invocados en la demanda, procurando buscar la aplicación de los principios y fundamentos propugnados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497 (artículos I, III y IV del Título Preliminar). IV. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Javier Fernando Flores Percca, de fecha ocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas cien: en consecuencia: NULA la resolución de vista, de fecha veinticinco de octubre de dos mil once, obrante a fojas noventa y cinco, e INSUBSISTENTE la resolución apelada, de fecha primero de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cincuenta y cinco; y DISPUSIERON que el juez de primera instancia proceda a calificar la demanda observando los lineamientos establecidos en la presente resolución; en los seguidos por don Javier Fernando Flores Percca contra Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada sobre incumplimiento de normas laborales: MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano; conforme al artículo 41 de la Ley Nº 29497: y los devolvieron. Vocal Ponente: Torres Vega.SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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EXCESO DE ATENCIÓN EN LA FORMA DE LA DEMANDA DISTORSIONA EL PROCESO “[L]os jueces de mérito han interpretado las normas referidas a los requisitos de la demanda en forma severa. Si bien el fin del proceso laboral es obtener la restitución del derecho vulnerado, y para el cumplimiento del propósito la nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 exige determinado formalismo, el exceso de atención en la forma ha distorsionado el presente proceso, retardándose la administración efectiva de justicia (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 4561-2011-MOQUEGUA

Lima, uno de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa número cuatro mil quinientos sesenta y uno - dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Jueces Supremos; Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater; y luego de verificada la sentencia con arreglo a ley se emite la siguiente sentencia:

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I.

MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Rolando Carlos Capia Mamani, de fecha quince de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento veintidós, contra la resolución de vista de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, obrante a fojas ciento quince que confirmando la resolución apelada de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas setenta y seis, rechaza la demanda de incumplimiento de normas laborales y disponen el archivo definitivo del presente proceso. II.

CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas treinta y siete del cuaderno de casación, formado en esta Sala Suprema, ha declarado procedente el recurso casatorio por la causal de Infracción normativa al debido proceso referido al artículo 130 de la Constitución concordante con los artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, señala que a lo largo del proceso, no se ha establecido que la causal de despido nulo, es decir la existencia de un despido fraudulento, consumado el treinta de junio de dos mil once, tenga como fuente la ley, debido a que a partir de la Casación N° 2386-2005-Callao se ha dejado abierta la posibilidad de demandar la declaración de la existencia de un despido nulo por causares no previstas taxativamente en el artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Que en tal sentido, los magistrados de la Sala Mixta de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, se limitan a un interpretación rígida y mecánica cuando interpretan el despido nulo y las causales para su procedencia. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Con la Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497, se reestructuró el proceso judicial laboral, estableciéndose nueva competencia por materia y cuantía de la demanda; menor número de actos procesales; legitimaciones especiales; notificaciones electrónicas: inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando exista un tribunal u órgano administrativo ad hoc; y se privilegió a la igualdad material y procesal entre las partes; del fondo sobre la forma; de la interpretación de los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso laboral; con un mayor énfasis en la observancia de los jueces de un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, y cumplimiento de los principios pro homine, pro operario, pro actione, oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad, socialización, razonabilidad, congruencia, dirección del proceso, entre otros; pero principalmente el propósito de dicha reestructuración fue una real modernización del proceso laboral, privilegiando la igualdad procesal, la efectividad en la resolución de controversias laborales y la oralidad. En ese objetivo, los jueces laborales deben romper el paradigma de procesos ineficaces, de excesiva formalidad, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional realmente efectiva, apostando por la nueva dinámica contenida en la Ley laboral en comento, en resguardo de la protección de los derechos fundamentales de los justiciables. SEGUNDO.- Precisamente uno de los temas del recurso de casación propuesto trata sobre el principio pro actione (interpretación de los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso laboral), abordado por la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497; y el otro versa sobre la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, desarrollado ampliamente por el Tribunal Constitucional del Perú. En cuanto al primer tema referido, esta Suprema Sala considera pertinente y necesario precisar que la derogada Ley N° 26636 no contempló en su texto este principio, lo que sí fue previsto a modo de ejemplo en la Ley del Proceso

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Contencioso Administrativo, y en el Código Procesal Constitucional que efectivizó la dinámica procesal de las causas constitucionales, a ello cabe añadir, los pronunciamientos expedidos por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el juez laboral cuando en cualquier etapa del proceso dude respecto del cumplimiento de algún requisito de admisibilidad o procedencia, lo que implique la inadmisión de la demanda, o la continuación del proceso, deberá interpretar las normas en forma sistemática que permita la continuidad del mismo. De esta manera, los jueces laborales garantizan una real eficacia de la jurisdiccional, al interior de un debido proceso, por su parte, los justiciables han de colaborar con los magistrados, demostrando buena fe en su actuación procesal. TERCERO.- En ese orden de ideas, deben orientarse los esfuerzos de los jueces a la reivindicación de los derechos reclamados en la demanda, teniendo en cuenta el contenido esencial de la fundamentación táctica y jurídica en ella desarrollada, a fin de identificar lo pretendido, y el grado de afectación de los derechos invocados, lo contrario desnaturalizaría al nuevo proceso laboral predominantemente oral y eficaz. Por lo tanto, la exigencia en el cumplimiento de dos requisitos de la demanda no debe ser severa y excesiva, debe ceñirse a lo previsto en la Ley N° 29497, privilegiando en cada caso en concreto una tutela jurisdiccional efectiva y la buena fe de las partes. En cuanto al petitorio de la demanda, motivo por el cual ha sido rechazada la demanda debemos resaltar que debe ser claro, y debidamente sustentado, de manera que permita al juez apreciarlo en toda su extensión. Y con relación a la admisión de la demanda, el juez deberá verificar se cumplan los requisitos de forma, dando prevalencia a la celeridad del proceso en esta primera etapa que resulta fundamental para el desarrollo del mismo, evitando un tiempo excesivo, evidentemente perjudicial sobre todo para los trabajadores. CUARTO.- Con relación al tema de la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, que también ha sido motivo del rechazo de la demanda de autos, este ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en la causa 1397-2001-AA/TC(49), en cuyo fundamento cuarto se utiliza indistintamente las figuras de despido fraudulento y despido arbitrario para hacer alusión a la situación allí planteada. Al respecto, precisó: “Cabe señalar que, conforme al artículo 77 de la misma norma, los contratos sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada si el trabajador contratado temporalmente demuestra que el contrato que suscribió se fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las normas laborales, situación que se verifica cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios que se requieren contratar corresponden a actividades ordinarias y permanentes, y cuando, para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a le contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley para le suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal característica es la temporalidad. En tal sentirlo, un contrato suscrito sobre la base de estos supuestos se debe considerar como de duración indeterminada, y cualquier determinación por parte del empleador para la culminación de la relación laboral solo puede sustentarse en una causa justa establecida por la ley de lo contrario se tratarla de un

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STC Exp. Nº 1397-20131-AA/TC, del nueve de octubre de dos mil dos. En esta oportunidad el Tribunal Constitucional revocó la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y reformándola, la declara fundada; en consecuencia ordenó que la demandada reponga a los demandantes en sus puestos de trabajo, o en otros similares, sin el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo no laborado; en los seguidos por don Ángel de la Cruz Pomasoncco, doña Judith Mary Guillén Velásquez, don Edgar Andrés Mendieta Callirgos, doña Bertta Luz Vargas Pérez, don Néstor Vásquez Ayala y doña Zarita Chancos Mendoza, contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacucho S.A. (EPSASA), sobre acción de amparo.

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despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por al artículo 22 de la Constitución Política vigente (negrita y subrayado nuestro)”. QUINTO.- En efecto, en la sentencia expedida en la Causa Nº 1397-2001-AA/TC, el Tribunal Constitucional utilizó indistintamente las figuras de despido fraudulento y arbitrario, precisando en su fundamento sexto que: “La ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación (...) tiene, por consiguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario”, para resolver desde la constitución, declarando fundada la demanda, ordenando se repongan a los demandantes en sus puestos de trabajo, o en otros similares, por haberse verificado el despido arbitrario. A mayor abundamiento en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1112-98-AA/TC(50), resolvió que aun cuando en dicho proceso la controversia se centró en la vigencia de la cláusula sexta del Contrato de Suscripción. Emisión y Entrega de Acciones celebrado entre la Compañía Peruana de Teléfonos Sociedad Anónima (hoy Telefónica del Perú Sociedad Anónima) y Telefónica Perú Sociedad Anónima (Telefónica Perú Holding Sociedad Anónima), de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, después de haber evaluado los argumentos de esta última, no era relevante para su resolución, por cuanto, si con ella pretendían los demandantes se ordene su reposición ante el despido del que fueron objeto, dicho órgano constitucional no realizaba en ese caso una calificación de despido arbitrario en los términos establecidos por el artículo 67 del Texto Único de la Ley de Fomento del Empleo, Decreto Supremo N° 05-95TR, para que pueda discutirse si procede su reposición o la indemnización; sino, la evaluación de un acto, el despido, que, eventualmente, resulte lesivo de los derechos fundamentales invocados. SEXTO.- La infracción normativa procesal materia de casación se encuentra relacionada al derecho fundamental a un debido proceso, respecto al cual el Tribunal Constitucional ha precisado en la Causa Nº 3075-2005.PA/TC)(51) que: “el debido proceso es un derecho fundamental de

(50)

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STC Exp. N° 1112-98-AA/TC, del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve. El Tribunal Constitucional resolvió confirmando la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en el extremo que declara improcedente las excepciones deducidas y revocándola en el extremo que declara improcedente la acción de amparo y reformándola la declara fundada y ordena que la demandada, proceda a reincorporar a los demandantes; en los cargos que venían desempeñando a la fecha en que se dispuso su despido; en los seguidos por don César Antonio Cossio Tapia y otros, contra Telefónica del Perú S.A., sobre Acción de Amparo. En el proceso bajo referencia, los demandantes alegaron que en el periodo comprendido entre el veintitrés y el treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, la demandada, Telefónica del Perú S.A., les cursó sendas cartas por las que se les comunicaba que habían incurrido en falta grave contemplada en el inciso b) del artículo 58 del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo (TUOLFE), conforme a la cual, constituye falta grave, “la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de la producción (...)”, para que procedan al descargo. Formulados estos, la demandada les cursó sendas cartas por las que se les comunicaba que quedaban despedidos, en mérito a no haber podido desvirtuar los cargos imputados, despido que se efectuó, simultáneamente, en el periodo comprendido entre el veintinueve de mayo y el seis de junio de mil novecientos noventa y seis, atribuyéndoles la comisión de la misma falta grave. Precisando los actores en dicha causa constitucional, que previamente a tal hecho, fueron invitados individualmente a acogerse a un Programa Voluntario de Retiro. Por lo que decidieron no optar. Precisan que dicha invitación se produjo casi inmediatamente antes de que se les notificara las cartas por las cuales se les imputaba la comisión de la falta grave antes señalada, en la mayoría de casos, entre el ocho y el quince de mayo de mil novecientos noventa y seis. STC Exp. Nº 3075-2006-PA/TC, del 29 de agosto de 2006. En esta ocasión el Tribunal Constitucional trató sobre la transgresión al debido proceso sustantivo, y la correlativa amenaza a la libertad de trabajo, declarando fundada la demanda de amparo interpuesta; y dispone inaplicar a la Escuela internacional de

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naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los ámbitos sobre los que se aplica como en lo que atañe a las dimensiones sobre las que se extiende (...) Por lo que respecta a lo segundo, y como ha sido puesto de relieve en innumerables ocasiones, las dimensiones del debido proceso no solo responden a ingredientes formales o procedimentales sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantiva o material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, que también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad interdicción de la arbitrariedad, etc.). Así las cosas, el debido proceso es un derecho de estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso comprometidos (...)”. SÉTIMO.- Por su parte, este Supremo Tribunal asume el criterio de que el derecho al debido proceso incumbe la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento del derecho y que a su vez tiene dos dimensiones una material y una formal; en esta última los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación de las resoluciones judiciales entre otras. Los principios por tanto debe ser las herramientas de los jueces que permitan a las partes desarrollarse al interior de un proceso, con miras a una solución eficaz de la controversia laboral, lo contrario implicaría una abdicación a los objetivos de la Ley Nº 29497. OCTAVO.- Dentro del contexto precedente, a través de la demanda de fojas cincuenta y cuatro, se pretende: la declaración de un despido fraudulento consumado por la demandada el día treinta de junio de dos mil once, por haber sido coaccionado el actor a firmar un convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso; se ordene la reincorporación del actor al centro de trabajo en el cargo de operador de Tolvas Pesaje Ilo, u otro de igual nivel y jerarquía en la planta de la Empresa emplazada en Ilo; se ordene el pago de las remuneraciones devengadas, y todo beneficio proveniente de Ley o Convenio Colectivo desde el despido producido, más el pago directo o bien el depósito de la compensación por tiempo de servicios en la entidad bancaria de elección de demandante. Luego de precisadas en forma clara dichas pretensiones principales, el demandante señaló que únicamente para el caso de que la pretensión principal de reposición en el trabajo sea desestimada, demanda subordinadamente el pago de una indemnización por despido arbitrario. NOVENO.- Como fundamentos fácticos de la demanda de impugnación por despido fraudulento, precisó el actor que la demanda es una empresa pesquera, cuyo giro principal es la transformación de materia prima (fundamentalmente anchoveta) en harina y aceite de pescado para su comercialización en el mercado nacional e internacional, para lo cual cuenta con flota propia; el demandante ingresó a laborar para la demandada, Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada el veintitrés de enero de dos mil ocho, bajo el cargo de operador de Tolvas Pesaje Ilo, es decir, un cargo cuya ejecución de labores son propias y forma parte del proceso productivo de

Gerencia High School of Management - Eiler, tanto la Resolución Nº 193-2004/ODA-Indecopi, emitida con fecha 30 de julio de 2004, por la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, como la Resolución Nº 1006-2004-TPI-INDECOPI emitida con fecha 4 de noviembre de 2004, por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la misma institución; en los seguidos por don Víctor Manuel Cipriani Nevad, en representación de la Escuela Internacional de Gerencia High School of Management - Eiger, Microsoft Corporation y Macromedia Incorporated, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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transformación de la materia prima (pescado) en harina y aceite de pescado, es decir propias del giro principal de la empresa emplazada. Refiere el actor que su relación contractual con la demandada se basaba en un contrato modal intermitente, y si bien por el giro de la empresa el trabajo podía desarrollarse en ciertas apocas del ano (por la existencia de vedas o falta de materia prima) como uno de temporada, en realidad era continuo y permanente en el tiempo, es decir desde el inicio de su contratación modal y hasta la fecha de su despido no dejó de trabajar ni un solo día, por lo tanto, sea por la naturaleza de las labores que ejecutaba (propias del giro principal de la empresa) o bien por el trabajo ininterrumpido ejecutado correspondía un contrato de trabajo a plazo indeterminado. DÉCIMO.- Por resolución del diecisiete de agosto de dos mil once, de fojas sesenta y cinco, el A quo declara inadmisible la demanda exponiendo que si bien tolda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de la defensa de sus derechos subjetivos con sujeción a un debido proceso, debe entenderse a dicho derecho fundamental que todo ser humano o persona jurídica: “debe ceñirse de manera rigurosa al ordenamiento jurídico procesal correspondiente”, so pena de incurrirse en causal de nulidad de carácter insubsanable. Precisa que la demanda adolece de los requisitos contenidos en el inciso 5) del artículo 424 del Código Procesal Civil “El petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, por tanto el petitorio debe ser determinado con exactitud y en forme precisa”. Luego señala que conforme al numeral 7) del artículo 424 del Código Procesal Civil en la fundamentación jurídica del petitorio, debe invocarse las principales normas legales que sustentan la pretensión del demandante, por lo tanto, al no venir la demanda de autos con la fundamentación jurídica exigida sino con la cita escuetísima de una norma cuando dice: “[Los] artículo[s] 23, 27 y 139 de la Constitución, sobre Derecho al Trabajo, protección contra el despido Arbitrario y debido proceso, y los artículos 10, 21 y 77 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR”, ello no constituye, en modo alguno, una fundamentación jurídica que se entienda como la subsunción de los hechos en las normas que se pretende amparar la demanda; además solicita la constancia de habilitación del abogado patrocinante expedida por el Colegio de Abogados, y se precise la finalidad de los medios de prueba acompañadas al escrito de demanda de impugnación de despido fraudulento, bajo apercibimiento ante el incumplimiento de la subsanación ordenada, se proceda a declarar por concluido el proceso y al archivo del expediente. UNDÉCIMO.- Por escrito del veintiséis de agosto de dos mil once, de fojas setenta y uno, el actor cumple con precisar que se califique su despido como nula por causal de la existencia de un despido fraudulento al haber sido coaccionado a firmar un convenio que no expresa su voluntad, debiéndose ordenar su reposición en su centro de trabajo; reitera que los artículos pertinentes a su demanda de impugnación de despido fraudulento son los artículos 23 y 27 de la Constitución, 21 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y 77 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, precisando además el contenido de dichas normas, y lo que se regula a través de ellas. Esta Sala Suprema aprecia además del escrito de subsanación que se cumplió con adjuntar la constancia de habilitación del abogado requerida; y se prescindió del ofrecimiento de los pliegos para las testigos, el informe revisorio y pericial a cargo del inspector Administrativo Judicial, por el contrario, se solicitó se tenga por ofrecida la pericia a cargo de Contador Colegiado para que ofrezca información al juez sobre el monto de la indemnización, y de la compensación por tiempo de servicios que pudiera corresponder; precisándose además la finalidad de los medios de prueba ofrecidos. DUODÉCIMO.- No obstante haber cumplido el actor con subsanar las omisiones advertidas por el A quo, por resolución del cinco de setiembre de dos mil once, de fojas setenta y seis, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la resolución de inadmisibilidad de la demanda, y se rechaza la misma argumentando que: “en el desarrollo de las pretensiones el demandante confunde el despido nulo, fraudulento y arbitrario (...) es decir una indebida acumulación de pretensiones, no indicando la causal exacta por la cual solicita su reposición a su centro de trabajo. Asimismo

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que de la redacción de la demanda, esta resulta evidentemente confusa al desarrollar que este ha sido objeto de diversos despidos, por tanto el demandante no ha cumplido con subsanar la omisión advertida”. Motiva el A quo su decisión de rechazo de la demanda en mérito a lo establecido en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-TR, norma sobre la obligación de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales con autoridad de cosa juzgada, norma evidentemente impertinente, y en la resolución del Tribunal Constitucional Nº 0015-2001-AI/TC que trata sobre el mismo principio fundamental de carácter procesal, pese a que la causa se encontraba en la etapa de calificación de la demanda, primera etapa de un proceso de carácter laboral donde el A quo se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad procesal vigente, Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497 y Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, para la admisión a trámite do la misma. DÉCIMO TERCERO.- Esta Sala Suprema conviene por unanimidad en precisar en cuanto a la invocación de las sentencias del Máximo Intérprete de la Constitución que contienen doctrina jurisprudencial y precedentes constitucionales, que debe realizarse con sumo cuidado y pertinencia para cada etapa procesal, máxime cuando se está en un proceso laboral donde se ha denunciado la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a un debido procedimiento, como se ha expuesto en los fundamentos del escrito postulatorio, cuando el actor denuncia expresamente que “me ha despedido, juntamente con mis demás compañeros de Planta de Ilo, sin expresión, de causa, simulando la existencia de un “convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso que se me hizo firmar bajo coacción y engaño. (…) y al ser preguntados por los trabajadores, si podían consultar con un abogado, se les negó terminantemente esta posibilidad e incluso se nos amenazó de que si no firmábamos el Mutuo Disenso, vencía nuestro Contrato Modal y nos iríamos a la calle” sin derecho a la suma “compensable o graciosa”, que se nos entregaba en nuestra “Hoja de Liquidación” por “renunciar por mutuo disenso”. En otras palabras, los trabajadores fuimos coaccionados (...). En total fuimos despedidos fraudulenta y arbitrariamente un promedio de 66 trabajadores (…)”. Por lo tanto, esta Sala Suprema, invoca a los jueces laborales a ser más cuidadosos en la fundamentación de sus resoluciones pues con ellas ilustran no solo a las partes interesadas de un proceso, sino a la Comunidad en su integridad, atenta a la labor jurisdiccional por cuanto a través de esta se hace efectiva la protección de los derechos de los trabajadores reconocidos en las leyes y en la Constitución Política del Estado, y demás normas del derecho nacional y comparado. DÉCIMO CUARTO.- Apelada la resolución precedente, la Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, confirma la decisión señalando: “la demanda interpuesta que pretende que se declare la existencia de un despido nulo por la causal de despido fraudulento, no tiene sustento jurídico, pues bien se demanda un despido nulo o caso contrario se demanda un despido fraudulento, pero no de la modalidad que pretende el demandante” sin mayor sustento jurídico. DÉCIMO QUINTO.- Al respecto, esta Sala Suprema considera necesario señalar en cuanto al rechazo declarado, que el actor en su escrito de demanda denunció un despido fraudulento consumado por la demandada el día treinta de junio de dos mil once, por haber sido coaccionado a la firma de un convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso, que no expresa realmente su voluntad; sin embargo, los jueces han reparado en la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido (despido fraudulento y despido arbitrario), y consideran que al no haberse subsanado ello, debe rechazarse la demanda, pese a que dicho tema de rechazo (denominación errada en la utilización de las figuras de despido) como se ha señalado en esta ejecutoria ha quedado zanjado en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la cual se encuentran obligados los jueces en estricta aplicación del último párrafo del artículo VI del Título Preliminar

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del Código Procesal Constitucional. En ese orden de ideas, conforme a los lineamientos procesales y constitucionales contenidos en las resoluciones del Tribunal Constitucional, se deja resuelto el tema cuestionado, y el deber de los jueces constitucionales y laborales de resolver la controversia planteada ante una denuncie de afectación a los derechas fundamentales al trabajo y al debido proceso, y la pretensión de reposición del trabajador, determinando si efectivamente se produjo el despido sea nulo, fraudulento, arbitrario o incausado, y la reposición pretendida: lo contrario, centrar la atención en la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, vulnera los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Máxime, que el Tribunal Constitucional en una ardua labor de protección constitucional y convencional ha desarrollado los principales temas de discusión en materia laboral, los cuales deben ser estudiados por los Jueces constitucionales y laborales para el desempeño eficaz de su labor jurisdiccional, labor encaminada no solo a resolver las controversias planteadas, sino a sentar verdadera jurisprudencia que sea garante de la Comunidad a una seguridad jurídica real y eficaz. No cabe duda de que los jueces tienen el deber de proteger a los justiciables, desde una concepción objetiva de los derechos fundamentales, interviniendo en todos aquellos casos en los que dichos derechos resulten vulnerados, más aun cuando en casos como el presente, el sujeto pasivo de la vulneración alegada en la demanda rechazada es un trabajador. DÉCIMO SEXTO.- Debe considerarse además, que la protección del derecho al trabajo ha sido uno de los principales temas de discusión del derecho laboral peruano de los últimos ellos. En efecto, en dicho escenario, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una fértil doctrina jurisprudencial sobre la protección en sede constitucional de los derechos laborales vulnerados, y más concretamente, de tos alcances de la protección del derecho fundamental al trabajo consagrado en el artículo 22 de la Constitución, cuya base o pilares principales los han constituido las sentencias emitidas en les demandas de amparo interpuestas por el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Pena (Fetratel) en contra de Telefónica del Perú de fecha once de julio del dos mil dos –en adelante caso Fetratel–, de Eusebio Llanos Huasca en contra de la misma empresa de fecha trece de marzo de dos mil tres –en adelante caso Llanos Huasca– y de César Antonio Baylón Flores en contra de Empresa prestadora de Servicio EMAPA Huacho Sociedad Anónima de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco –en adelante caso Baylón Flores–, ya que por tratarse de jurisprudencia vinculante, y en consecuencia, de observancia obligatoria, deberán ser tomadas en cuenta para la resolución de los futuros casos de impugnación de despido que se presenten tanto en sede constitucional, como ordinaria laboral específico en lo relativo a la procedencia de la demanda, y en el tipo de protección que se dispense al trabajador afectado. DÉCIMO SÉTIMO.- Bajo este esquema, el juez laboral está llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado y de las Leyes, en las cuales se recogen los principios y valores laborales que deben ser objeto de su férrea protección, por lo que, no puede abandonar tal encargo impuesto inclusive, por el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0206- 2005-PATTC, cuando refirió que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Contorne al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”; esta función delegada más bien lo conmina a hacer prevalecer la Carta Magna, las leyes, los principios, valores, derechos y libertades que han sido reconocidos en el Ordenamiento Jurídico. DÉCIMO OCTAVO.- Esta Sala Suprema advierte que la decisión de rechazo de la demanda, vulnera en primer lugar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva del actor,

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reconocido en el artículo 139 numeral 3) de la Ley Fundamental, derecho en base al cual toda persona de requerir la intervención de la función jurisdiccional para solucionar una controversia, debe ser atendida por los jueces, de ahí que este derecho sea considerado como garantía de una convivencia social y pacífica. Máxime que el derecho laboral se debe a la necesidad de proteger al trabajador frente a la superioridad del empleador, desigualdad que se agrava al interior de un proceso judicial, como en el presente, en el que el trabajador habría sido despedido de su centro de labores. Y como ya se ha desarrollado está es una de las principales razones por las que se reestructuró el proceso laboral en el Perú, para lograr una tutela procesal igual y eficaz para las partes, demandantes y demandados, una tutela fuerte del derecho al trabajo; por lo tanto, no se puede dejar en estado de indefensión a los trabajadores por una aplicación severa de los requisitos contenidos en ella. DÉCIMO NOVENO.- En segundo lugar, con el rechazo in limine de la demanda se ha transgredido el derecho fundamental a un debido proceso por infracción del principio pro actione, previsto en el artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo N° 29497, por cuanto los jueces de mérito han interpretado las normas referirlas a los requisitos de la demanda en forme severa. Si bien el fin del proceso laboral es obtener la restitución del derecho vulnerado, y para el cumplimiento de tal propósito la Nueva Ley Procesal de Trabajo N° 29497, exige determinado formalismo, el exceso de atención en la forma ha distorsionado el presente proceso, retardándose la administración efectiva de justicia, desatendiéndose la necesidad de urgente tutela del actor; y por haberse incurrido en infracción del artículo IV del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo N° 29497, que contiene las directrices de interpretación y aplicación de las normas en materia laboral, por cuanto los jueces en sede de instancia, no han impartido justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú y la Ley N° 29497, principios y preceptos constitucionales, y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. VIGÉSIMO.- Finalmente, este Tribunal Supremo aprecia que se ha transgredido el principio de celeridad procesal, por cuanto lo que se busca en el nuevo proceso laboral es la restitución del bien jurídico tutelado, en el menor tiempo posible, lo cual ha sido minimizado por los jueces en sede de instancia. Más aún, cuando se ha invocado la vulneración al derecho al trabajo del actor, fuente de sustento personal y de su familia. Además, como ha precisado este Colegiado Supremo, en reiterada jurisprudencia, la celeridad procesal está muy ligada a la realización de la justicia, resaltándose una vez más que la dilación de un proceso laboral acentúa la desigualdad entre trabajador y empleador. VIGÉSIMO PRIMERO.- En consecuencia, este Supremo Tribunal en estricto cumplimiento de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva del actor, y estando al deber de administrar justicia ha de declarar fundado el presente recurso de casación, conforme a lo previsto en los artículos 138 y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, y artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 29497. IV. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Rolando Carlos Capia Mamani, obrante a fojas ciento veintidós; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, obrante a fojas ciento quince; e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas setenta y seis; ORDENARON que el A quo EXPIDA NUEVA RESOLUCIÓN con arreglo a los lineamientos expuestos en esta sentencia, y a la exhortación de este Supremo Tribunal: en los seguidos contra la Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada; sobre incumplimiento de Normas

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Laborales; y, MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme al artículo 41 de la Ley N° 28497; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina. SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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LA EXISTENCIA DE DESPIDO FRAUDULENTO OBEDECE A CAUSAS NO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DEL D.S. N° 003-97-TR “[E]l demandante oportunamente alegó la norma antes señalada y que regulan el acceso a la tutela jurisdiccional, la cual no ha sido considerada en las instancias de mérito a efecto de dar trámite a la demanda (…) la existencia de despido fraudulento no tiene como fundamento la ley, sino que por el contrario, la nulidad del despido puede obedecer a causales no previstas en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 4557-2011-MOQUEGUA

Lima, primero de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día le la fecha; con los Señores magistrados Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Óscar Pérez Aranzamendi, de fecha quince de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento quince contra la resolución de vista, de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, obrante a fojas ciento ocho, que Confirmando la resolución apelada, de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas sesenta y nueve, declara Rechazar la demanda interpuesta por don Oscar Pérez Aranzarnendi contra Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada sobre incumplimiento de normas laborales. II.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas treinta y siete del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como los artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636.

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III. CONSIDERANDO: PRIMERO: En el caso concreto, habiéndose declarado procedente la causal de infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 139 de le Constitución Política del Perú, conviene analizar en primer término dicha causal, por los efectos nulificantes de la misma: así, el demandante oportunamente alegó la norma antes señalada y que regulan el acceso a la tutela jurisdiccional, la cual no ha sido considerada en las instancias de mérito a efecto de dar trámite a la demanda: en este sentido, añade que nunca ha establecido que la causar del despido nulo, es decir la existencia de despido fraudulento, tiene como fuente la ley, sino que por el contrario, la nulidad del despido puede obedecer a causales no previstas en el artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. SEGUNDO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las Sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene da por una valoración racional de los elementos tácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parle del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legabas citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. TERCERO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00966-2007-AA/TC “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por la que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (...) En suma, garantizo que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (…) corresponde resolver”. CUARTO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente– la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. QUINTO: Dentro de este contexto, se aprecia que el recurrente a fojas cuarenta y ocho demanda acumulativamente dos pretensiones (principal y subordinada) “a. LA EXISTENCIA DE UN DESPIDO FRAUDULENTO (...) consumado por la demandada el día 30 de junio del 2011, al haberme coaccionado a la firma de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo” por

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mutuo disenso, que no expresa realmente mi voluntad al 1 de julio del 2011 (...) b. Declarada fundada mi demanda, nulo el despido fraudulento de que he sido objeto y ordenada mi reposición en el trabajo, se ordene el pada de mis remuneraciones devengadas y todo beneficio proveniente de Ley o Convenio Colectivo desde mi despido (...) c. ÚNICAMENTE PARA EL CASO DE QUE MI PRETENSIÓN PRINCIPAL de Reposición en el trabajo sea desestimada demando SUBORDINAVAMENTE y conforme a la Segunda Disposición Derogatoria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, aprobada por Ley Nº 29467, el pago de una INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO” (sic), señalando en sus fundamentos fácticos que este ingresó a prestar servicios para la demandada el catorce de diciembre de dos mil siete, en el cargo de Electricista de Planta, cargo cuya ejecución de labores son propias y forman parte del giro del negocio de la demandada de transformación de la materia prima en harina y aceite de pescado; en este sentido, la modalidad contractual utilizada de contrato modal intermitente, se ha desnaturalizado, y se convirtió la relación laboral en una de plazo indeterminado, puesto que si bien el giro principal de la empresa podía desarrollarse en ciertas épocas del año o por temporadas, en el caso del demandante, en los hechos y la práctica, el trabajo Se ejecutaba continua y permanente en el tiempo. Alega además que la demandada lo ha despedido sin expresión de causa, “simulando la existencia de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso”, que le hizo firmar bajo coacción y engaño, pues este documento no refleja la voluntad de poner libremente término a los contratos de trabajo, razón por la cual existe un despido fraudulento. SEXTO: Mediante resolución número uno, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, obrante a fojas cincuenta y ocho se declara inadmisible la demanda, ordenando al actor la subsanación de las omisiones advertidas, entre las que se anotan: i) El petitorio no es claro: ii) La fundamentación jurídica esgrimida por el demandante es solo citas de las normas, lo que no es válido, pues esta se entiende como la subsunción de los hechos en las normas en las que se pretende amparar la demanda, es decir debe construirse el silogismo jurídico; y, iii) El demandante no ha señalado la finalidad de cada medio probatorio. SÉTIMO: Ante esta resolución, el demandante mediante escrito de fojas sesenta y cuatro, cumple con subsanar las yerros y omisiones advertidas, señalando respecto de su petitorio que “I. SE CALIFIQUE MI DESPIDO DEL 30 de Junio del 2011, como NULO por causal de la existencia de un “Despido Fraudulento” (...) el haberme coaccionado a la firma de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso” que no expresa realmente mi voluntad (I Pretensión Principal; II DECLARADA LA EXISTENCIA PE UN DESPIDO NULO, se ordene mi REPOSICIÓN en mi centro de trabajo, cargo “Electricista de Planta” u otro de igual nivel y jerarquía en la Planta de Ilo, (I. Pretensión Accesoria de la I Pretensión Principal); III. DECLARADO NULO MI DESPIDO, ordenada mi Reposición en el centro de trabajo, se ordene el PAGO DE MIS REMUNERACIONES DEVENGADAS, más el Pago Directo o Depósito de CTS, desde la fecha da mi despido al de mi reposición efectiva en el trabajo” (II Pretensión Accesoria de la I Pretensión Principal); IV. ÚNICAMENTE PARA EL CASO DE DESESTIMARSE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE CALIFICACIÓN DEL DESPIDO COMO NULO demando SUBORDINADAMENTE y conforme a la segunda Disposición Derogatoria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la declaración de existencia de un DESPIDO ARBITRARIO y por consiguiente, el pago de una indemnización por despido arbitrario, ascendente a la suma de S/. 7,350.00 soles” (II Pretensión Subordinada de la I Pretensión Principal)” (sic); asimismo, cumple con indicar respecto de cada norma invocada como fundamenta jurídico de su demanda, el por qué de la aplicabilidad de las mismas en el caso en concreto; así, respecto de los artículos 23 y 27 de la Constitución Política del Estado señaló que en el caso de autos se le hizo firmar un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso”, con el que se consuma el despido fraudulento, pues dicho

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documento no refleja la voluntad de poner término al contrato de trabajo; en relación con el artículo 21 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, señala que no se ha invocado causa justa alguna para el despido, sino el vencimiento del plazo del último contrato modal firmado con la demandada; y, en cuanto al artículo 77 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, refiere que sin que correspondiera la celebración de contrato modal intermitente, se le hizo firmar sendos contratos modales intermitentes, cuando por la naturaleza de las labores que ejecutaba para la demandada, le correspondía una relación a plazo indeterminado. Finalmente, cumple con señalar la finalidad de cada medio de prueba ofrecido. OCTAVO: Mediante resolución número dos, de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas sesenta y nueve, el juez del proceso rechaza la demanda interpuesta por el recurrente, y ordena el archivo definitivo de la misma, argumentando que en el petitorio el demandante confunde lo que es despido nulo con despido fraudulento, siendo ambas figuras distintas; asimismo, concluye en que existe una indebida acumulación de pretensiones, pues con la demanda se acumula la nulidad de despido fraudulenta al de indemnización por despido arbitrario (pretensión subordinada), sin indicar la causal exacta por la cual solicita su reposición, además, de la redacción de la demanda esta resulta evidentemente confusa al desarrollar que este ha sido objeto de diversos despidos. Al ser apelada dicha resolución, el Colegiado mediante resolución de vista, de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, obrante a fojas ciento ocho. Confirma la resolución apelada, señalando en su motivación que el despido fraudulento como causal del despido nulo, no se encuentra previsto por ley, por lo que la demanda carece de sustento jurídico, asimismo, que dado que ambas figuras de despido (nulo y fraudulento) son distintas, estas no pueden combinarse. NOVENO: Planteada así la controversia, este Supremo Tribunal advierte de la motivación esgrimida en las sentencias de mérito, que estas no han analizado que en la sentencia recaída en el Expediente Nº 976-2001-AA/TC, caso Llanos Huasco, el Tribunal Constitucional reiteró el criterio de la sentencia del caso Fetratel(52) respecto a la protección adecuada frente a un despido arbitrarlo, así como los alcances del artículo 27 de la Constitución, pero estableciendo además una tipología y una definición de cada uno de los tres supuestos de despido que merecen tutela constitucional a través del efecto restitutorio o reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido arbitrado, reconocida en el artículo 27 de la Constitución permitía tanto una eficacia restitutoria como una resarcitoria, modificando en virtud de este criterio, el esquema de protección aplicado desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 728, el cual quedó determinado de la siguiente manera: a) Despido nulo, protegido mediante reposición, b) Despido incausado, protegido mediante reposición, c) Despido fraudulento, protegido mediante reposición, y d) Despido injustificado, protegido mediante indemnización por decisión de extrabajador afectado. DÉCIMO: Asimismo, en el caso Baylón Flores(53), el Tribunal Constitucional complementó e integró de forma armónica el criterio vertido en las sentencias anteriores, y determinó los supuestos en los cuales procedería el proceso de amparo frente a un despido lesivo de derechos constitucionales, en específico respecto a cada uno de los supuestos definidos por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Llanos Huasco, precisando que el despido fraudulento se produce cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la

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STC Exp. Nº 1124-2001-AA/TC. STC Exp. Nº 206-2005-AA/TC.

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imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas, así como que los casos derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refiera a hechos controvertidos no serán tramitados en el proceso de amparo. DÉCIMO PRIMERO: Así, tal y como lo indicó este Supremo Tribunal en la Casación N° 6802011, expedida con fecha veintiuno de octubre de dos mil once, la eficacia restitutoria –entiéndase la reposición– de la impugnación de un despido, sea este arbitrario, incausado o fraudulento, no se restringe a la jurisdicción constitucional, pues, los jueces en general, son los primeros guardianes de la Constitución, norma fundamental en la que se haya contenido el estatuto de protección laboral, estructurado y contenido en lo que se conoce como Constitución Laboral, y como tal, el deber de protección que le impone el propio ordenamiento jurídico implica que estos resuelvan el conflicto puesto a su conocimiento de manera integral, buscando que la respuesta jurisdiccional sea acorde con lo normado en nuestra Carta Magna, así como lo planteado por las partes: en segundo término, porque ordenar la reposición en caso de un despido incausado o fraudulento en sede jurisdiccional ordinaria, no implica una reducción de las garantías procesales de las que gozan los justiciables en un proceso constitucional, como sería el amparo, sino que por el contrario, al ser un proceso lato o más largo, genera la posibilidad de que ambas partes estructuren un andamiaje probatorio y argumentativo que posibilite la mejor comprensión del conflicto en sí, dicho de otro modo, de das especificas circunstancias en que el despido, alegado como incausado o fraudulento, se produjo a efecto de que el órgano jurisdiccional resuelva la litis en justicia”; precisamente esta idea de “garantismo procesal” es el que ha motivado que, el propio Tribunal Constitucional, haya permitido que el juez ordinaria laboral conozca estas pretensiones de impugnación de despido, cuando las mismas necesiten de estación probatoria; precisamente porque ello deriva de su naturaleza como jueces constitucionales laborales. DÉCIMO SEGUNDO: En este sentido, la argumentación utilizada contraviene el principio de congruencia, que obligaba al órgano jurisdiccional a emitir un fallo acorde con las pretensiones planteadas, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, así come en el escenario construido a nivel jurisprudencial tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional; preciándose en este extremo que aún cuando la demanda del actor pretenda SE CALIFIQUE MI DESPIDO DEL 30 de junio del 2011, como NULO por causal de la existencia de un “Despido Fraudulento” (... ), ello obligaba al juez del proceso a calificar la demanda en el contexto específico de los hechos invocados como fundamentos de hecho, cual es la existencia de un “Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso”, que se le hizo al demandante bajo coacción y engaño, pues este documento no refleja la voluntad de poner libremente término a los contratos de trabajo, razón por la cual, a decir del demandante, existe un despido fraudulento; así como también de considerar los antecedentes jurisprudenciales anotados precedentemente. DÉCIMO TERCERO: En consecuencia, la resolución de vista y la resolución apelada deben ser declaradas nulas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que el Juez del proceso emita nuevo fallo, calificando la demanda y analizando –para tal efecto– específicamente la tipología de despidos, para lo cual resultan sumamente ilustrativos los fallos tanto emitidos a nivel de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, y teniendo especial consideración con los hechos invocados en la demanda, procurando buscar la aplicación de los principios y fundamentos propugnados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497 (artículos I, III y IV del Título Preliminar).

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IV. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Óscar Pérez Aranzamendi, de fecha quince de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento quince; en consecuencia: NULA la resolución de vista, de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, obrante a fojas ciento ocho, e INSUBSISTENTE la resolución apelada, de fecha cinco de setiembre de dos mil once, obrante a fojas sesenta y nueve, y DISPUSIERON que el juez de primera instancia proceda a calificar la demanda observando los lineamientos establecidos en la presente resolución; en los seguidos por don Oscar Pérez Aranzamendi contra Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada sobre incumplimiento de normas laborales; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano; conforme al artículo 41 de la Ley Nº 29497; y los devolvieron. Vocal Ponente: Chumpitaz Rivera.SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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JUEZ ES EL LLAMADO A SER EL PRIMER GUARDIÁN DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO “Bajo este esquema, el juez es pues –desde su ámbito competencial– el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado, en la cual se recogen los principios y valores laborales que deben ser objeto de su férrea protección, por lo que no puede abandonar tal cargo impuesto (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 4547-2011-MOQUEGUA

Lima, primero de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores magistrados Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapatera y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación obrante a fojas ciento dieciséis, interpuesto por don Juan Vidal Palomino Gutiérrez, contra la resolución de vista de fojas ciento nueve, de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, que confirmó la resolución N° 02, de fecha uno de septiembre de dos mil once, que resuelve hacer efectivo el apercibimiento decretado mediante Resolución N° 01, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once; por consiguiente Rechaza la demanda y se dispone el Archivo definitivo; en los seguidos contra la Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre Incumplimiento de Normas y Disposiciones Laborales.

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II)

CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurso de casación ha sido declarada procedente por resolución de fecha catorce de marzo de dos mil doce, obrante a fojas treinta y cinco del cuaderno formada por esta Sala Suprema, por la denuncia casatoria de infracción normativa del artículo 139) de la Constitución Política del Estado, así como de los artículos III y IV del Título Preliminar de la Ley Procesal de Trabajo. III) CONSIDERANDO: PRIMERO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también las principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. SEGUNDO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00966-2007-AA/TC “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entro lo pedido y la resuelto y, por si misma, expresa una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado. (...) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver. TERCERO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente–, la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. CUARTO: Dentro de este contexto, se aprecia que el demandante a folios cincuenta de su escrito de demanda, refiere que fue despedido sin expresión de causa simulando la existencia de un Convenio de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso y que se le hizo firmar bajo coacción y engaño, por lo que denuncia que el despido del cual fue objeto fue fraudulento a tenor de la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

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Expediente Nº 206-2005-PA/TC, y subordinadamente solicita el pago de una Indemnización por Despido Arbitrario. QUINTO: Debe considerarse que la protección del derecho al empleo ha sido uno de los principales temas de discusión del laboralismo peruano de los últimos años. En efecto, en dicho escenario, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una fértil doctrina jurisprudencial sobre la protección en sede constitucional de los derechos laborales vulnerados, y mis concretamente, de los alcances de la protección del derecho al empleo consagrado en el artículo 22 de la Constitución, cuya base o pilares principales las han constituido las sentencias emitidas en las demandas de amparo interpuestas por el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónicas del Perú y FETRATEL en contra de Telefónica del Perú de fecha 11 de julio del 2002 –en adelante caso FETRATEL–, de Eusebio Llanos Huasco en contra de la misma empresa de fecha trece de marzo de dos mil tres –en adelante caso Llanos Huaco y de César Antonio Baylón Flores en contra de Empresa Prestadora de Servicio EMAPA Huasco Sociedad Anónima de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco –en adelante caso Baylón Flores–, ya que por tratarse de jurisprudencia vinculante, y en consecuencia, de observancia obligatoria, deberán ser tomadas en cuenta para la resolución de los futuros casos de impugnación de despido que se presenten tanto en sede constitucional, correo ordinaria laboral, en específico en lo relativo a la procedencia de la demanda, y en el tipo de protección que se dispense al trabajador afectado. SEXTO.- En ese sentido, resulta indicativo señalar, que dentro del estudio de la jurisprudencia constitucional esbozada en las últimas tres décadas, se evidencia que antes de la expedición de la primera resolución mencionada, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 1112-98-AA/ TC de enero de 1999, delimita un concepto utilizado en otras sentencias: la vulneración del derecho fundamental del debido procedimiento en el despido arbitrario como causal de reposición en el puesto de trabajo(54). En efecto, la línea jurisprudencial que esboza el Tribunal Constitucional, cuenta con algunos antecedentes en los años noventa, es el caso de los pronunciamientos recaídos en los Expedientes números 582-97-AA/TC-Ica; 791-1996-AA/TC-Lima y 773-99-AA/TC-Lima, en donde el Tribunal Constitucional expresa una tutela a los derechos a la defensa y al debido proceso dentro de la relación de trabajo así como una postura de protección al trabajador desde el ámbito constitucional, lo dicho sin embargo no es óbice para asegurar con cierto grado de certeza que “su andadura se inicia con la sentencia del once de julio de dos mil dos, consolidándose a través de la sentencia del trece de marzo de dos mil tres, cuya doctrina es mantenida hasta la fecha por el Tribunal Constitucional con ligeros ajustes en su aplicación, introducidos por la sentencia del veintiocho de noviembre de dos mil cinco –Expediente número 0260-2005-PA/TC, caso César Antonio Baylón contra la Empresa Prestadora de Servicios EMAPA Huacho– con el fin de ajustarla a la nueva configuración de la acción de amparo derivada de entrada en vigor del Código Procesal Constitucional aprobado en mayo de 2004(55). SÉTIMO.- En el caso Fetratel, el Tribunal Constitucional interpretó el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en relación a lo prescrito por los artículos 22 y 27 de

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TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge Luis; AGUI REYNOSO, Héctor David y ARELLANO MORI, Luis Eduardo. “Impacto de las Sentencias Laborales del Tribunal Constitucional sobre el Mercado de Trabajo 2002-2004” (2004) En: <www.congreso.gob.pe/biblio/pdf/Apoyo/2003/Tribunal_Constitucional.pdf>, noviembre, p. 25. SANGUINET RAYMOND, Wilfredo. “La protección de los Derechos Laborales en la Constitución peruana de 2003”. En: Derechos Laborales, Derechos Pensionario y Justicia Constitucional. II Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 2006, pp. 88-89.

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la Constitución, y determine que dicha norma no resultaba compatible con la Constitución, pues reconocer a la indemnización como única opción reparadora frente a un despido arbitraria, negaba la posibilidad de la eficacia restitutoria que obtendría un trabajador mediante la reposición en su puesto de trabajo, consecuencia evidente de la protección que obtendría en sede constitucional un trabajador víctima de un despido lesivo de derechos constitucionales. Este criterio expuesto por el Tribunal Constitucional, que determinó a decir de muchos, la restitución de un esquema de estabilidad laboral absoluta, fue posteriormente modificado mediante la resolución de aclaración del citado proceso, expedida el dieciséis de setiembre del mismo año. En dicha resolución, tal como lo señala Javier Ricardo Dolorier Torres(56), se dejó de lado la estabilidad laboral absoluta, que establecía la reposición en caso de despido nulo, arbitrario, encausado y fraudulento, y se estableció un régimen de “estabilidad laboral mixta”, donde la reposición se mantiene respecto a los tipos de despido citados, salvo para el caso del despido injustificado, vale decir, aquel cuya causa no se puede demostrar en un proceso. OCTAVO: En efecto, en el caso Llanos Huasco, el Tribunal Constitucional reiteró el criterio de la sentencia del caso Fetratel respecto a la protección adecuada frente a un despido arbitrario, así como los alcances del artículo 27 de la Constitución, pero estableciendo además una tipología y una definición de cada uno de los tres supuestos de despido que merecen tutela constitucional a través del efecto restitutorio a reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido arbitrario, reconocida en el artículo 27 de la Constitución permitía tanto una eficacia restitutoria como una resarcitoria, modificando en virtud de este criterio, el esquema de protección aplicado desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 728, el cual quedó determinado de la siguiente manera: a) Despido nulo, protegido mediante reposición, b) Despido incausado, protegido mediante reposición, c) Despido fraudulento, protegido mediante reposición, y d) Despido injustificado, protegido mediante indemnización por decisión del extrabajador afectado. NOVENO: En el caso Baylón Flores, el Tribunal Constitucional complementó e integró de forma armónica el criterio vertido en las sentencias anteriores, y determinó los supuestos en los cuales procederla el proceso de amparo frente a un despido lesivo de derechos constitucionales, en específico respecto a cada uno de los supuestas definidos por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Llanos Huasca, precisando que el despido fraudulento se produce cuando se despide al trabajador con ánima perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas, así como que los casos derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refiera a hechos controvertidos no serán tramitados en el proceso de amparo. DÉCIMO: La jurisdicción laboral –por su parte– atendiendo, a su vez, a lo previsto en los artículos 38, 51, 138 y 146 numeral 2 de la propia Norma Normarum, considera que en la emisión de

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DOLORIER TORRES, Javier Ricardo. “Evolución de la Protección Constitucional al Derecho al Trabajo en la Jurisprudencia del tribunal Constitucional a partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional. Del Caso Fetratel al caso Baylón Flores”. En: Derechos laborales, derechos Pesionarios y Justicia Constitucional. I Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pp. 639-656.

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sus decisiones judiciales, se debe garantizar su aplicación prevalente, realizar interpretaciones conformes a ella que, en todo caso, permitan compatibilizar el ordenamiento jurídico con aquélla, solo así podrá asegurarse y cumplirse el “honroso encargo de decir el Derecho en el caso concreto”(57), comisión que dimana del pueblo y que debe ser cumplida en función al interés público (de toda la colectividad) y no necesariamente a las razones de Estado (decisiones impuestas por este, que pueden no tener una justificación válida). DÉCIMO PRIMERO: Bajo este esquema, el juez es pues –desde su ámbito competencial–, el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado, en la cual se recogen los principios y valores laborales que deben ser objeto de su férrea protección, por lo que, no puede abandonar tal encargo impuesto, inclusive, por el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el expediente número 0206-2008-PA/TC, cuando refirió que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”, esta función delegada más bien lo conmima hacer prevalecer la Carta Magna, los principios, valores, derechos y libertades que se contemplan en esta ante cualquier disposición busque lesionarla. Y es que no debe dejar de apreciarse que la Constitución no es solo un catálogo de derechos, sino que, en rigor, “dichos derechos no son otra cosa que la expresión jurídica de aquellos principios y valores éticos y políticos que el constituyente ha considerado que deben formar las bases del sistema jurídico y, por lo tanto, de la convivencia social. El sistema de derechos reconocidos por la norma constitucional es expresión también, de este modo, de un determinado proyecto de organización de la sociedad, cuyas líneas maestras es preciso develar si se quiere aprehender el sentido profundo de todas y cada una de sus previsiones(58). DÉCIMO SEGUNDO: En este orden de ideas, este Supremo Tribunal estima que habida cuenta que en las sentencias del TC en los Expedientes N° 976-2001-AA/TC y N° 0206-2005-PA/ TC, casos Llanos Huasco y Baylón Flores, establecen un criterio importante respecto al supuesto del despido fraudulento, en el sentido que dichos despidos procederán en la vía constitucional de amparo, únicamente, cuando el demandante acredite “fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos”, y si bien en la Casación N° 3034-2009-Huaura, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara improcedente una demanda en donde en la vía ordinaria laboral se solicitaba la reposición de un trabajador bajo la figura del despido fraudulento; es procedente tramitar en la vía del proceso ordinario laboral el despido fraudulento que requiere prueba, con fines restitutorios, conforme lo dispone la sentencia normativa emitida por el Tribunal Constitucional en el mencionado Expediente N° 0206-2005-PA/TC; que adiciona el despido fraudulento como causal de nulidad de despido al artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, porque el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del

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COUTURE, Eduardo citado por RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelson. “La administración de justicia en el Perú, luces y sombras”, Artículo publicado en el portal web de la Academia de la Magistratura del Perú. Véase: . SANGUINETTI RAYMOND, Wilfredo. “Derecho Constitucional del Trabajo. Relaciones del trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 16 y 17.

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Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios, además, se han generado a través de la doctrina jurisprudencias del Tribunal Constitucional el despido incausado y el despido fraudulento con la consecuencia de reposición; y respecto a la protección procesal el artículo 4, inciso 2, literal a de la Ley Procesal de Trabajo establece la competencia en la vía ordinaria laboral para conocer de las pretensiones previstas en los artículos 29 y 34 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, así como la correspondiente al despido fraudulento. DÉCIMO TERCERO: En este sentido, conviene anotar además que las instancias de mérito han omitido considerar que el despido calificado como “fraudulento”, y teniendo en consideración la fértil jurisprudencia constitucional y laboral emitida hasta la fecha, no se basamenta en norma jurídica alguna, como pretende requerir el Colegiado Superior, sino que dicha tipología de despido preexiste por su evidente vulneración al artículo 27 de la Constitución Política del Estado; en tal razón, el derecho del demandante a la tutela jurisdiccional efectiva (trámite de la demanda), viene dado por el imperativo constitucional de otorgar una tutela restitutoria ante la invocación de hechos lesivos a los derechos fundamentales (derecho al trabajo) alegado por el trabajador afectado, y en modo alguno proviene de una norma jurídica contenida en un cuerpo legislativo, como lo es por ejemplo, la viabilidad de tramitar demandas en casos de despido nulo por las cuales contempladas en el artículo 29 del Decreto Supremo número 003-97-TR. DÉCIMO CUARTO: En consecuencia, el auto de vista y el auto apelado deben ser declarados nulos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que el Juez del proceso emita nuevo fallo, calificando la demanda y analizando –para tal efecto– específicamente la tipología de despidos, para lo cual resultan sumamente ilustrativos los fallos tanto emitidos a nivel de Corte Suprema como Tribunal Constitucional, y teniendo especial consideración con los hechos invocados en la demanda, procurando buscar la aplicación de los principios y fundamentos propugnados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo (artículos I, III y IV del Título Preliminar). IV. DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas ciento dieciséis, interpuesto por don Juan Vidal Palomino Gutiérrez; en consecuencia: NULA la resolución de vista de fojas ciento nueve, de fecha veintisiete de octubre de dos mil once: e INSUBSISTENTE la resolución Nº 02, de fecha uno de setiembre de dos mil once, que resuelve hacer efectivo el apercibimiento decretado mediante Resolución N° 01, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once; y, DISPUSIERON que el Juez de primera instancia EMITA NUEVA RESOLUCIÓN con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente resolución; en los seguidos contra la Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima Cerrada, sobre Incumplimiento de Normas y Disposiciones Laborales; y. MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; y los Devolvieron:- Vocal Ponente: Yrivarren Fallaque. SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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NO PUEDE PREDICARSE INAPLICACIÓN DE NORMAS NO REFERIDAS AL CASO CONCRETO “(…) En este sentido, la denuncia casatoria de infracción normativa del artículo 31 de la Ley N° 27912 y artículo 30 del Decreto Ley N° 25593, ambas normas que regulan el fuero sindical y que trabajadores que gozan del mismo, no puede predicarse su inaplicación en el caso concreto, ya que dichos dispositivos normativos no eran aplicables a los trabajadores adscritos al régimen CAS, al momento de los hechos materia de controversia (…)”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE SENTENCIA CAS. LAB. N° 4447-2011-TACNA

Lima, nueve de mayo de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Vásquez Cortez, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega; y luego de producida la votación conforme a ley: se ha emitido la siguiente sentencia; 1.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Luz Eliana Apaza Cusacani, de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y cinco contra la sentencia de vista, de fecha doce de octubre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos setenta y tres, que Confirmando la sentencia apelada de fecha diecisiete de junio de dos mil once, obrante a folios doscientos setenta, declara Improcedente la demanda interpuesta. 2.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil doce, Obrante a fojas setenta y uno del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 31 de la Ley N° 27012, artículo 30 de la Ley N° 25593, Convenios N° 87 y N° 98 de la Organización Internacional de Trabajo - OIT, así como del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 3.

CONSIDERANDO: PRIMERO.- Con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1057, conforme a su Cuarta Disposición Complementaria Final, vigente al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir, desde el veintinueve de junio de dos mil ocho, se crea y regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el Sector Público Laboral de nuestro país; este, conforme reza el propio texto íntegro de la norma, no es asimilable ni al régimen laboral privado regulado por Decreto Legislativo N° 728, ni por el régimen laboral público, en el marco de lo

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normado por el Decreto Legislativo N° 276(59). En efecto, este decreto que regula una nueva forma de concebir los servicios del personal “dependiente” adscrito a una entidad estatal, se dio en el marco de sendas promulgaciones de decretos legislativos originados en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica(60) y que tenían por finalidad regularizar diversas materias de índole laboral al interior del aparato estatal. SEGUNDO.- La contratación administrativa de servicios es definida, según el artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, en su texto originario, como el tipo de contratación que vinculaba a una persona natural con el Estado de manera “no autónoma”, disposición que fuera posteriormente modificado por artículo 1 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM publicado con fecha veintisiete de julio de dos mil once, en donde se conceptualiza al Contrato de Administración de Servicios - CAS como “(...) un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con una persona natural que preste servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y obligaciones inherentes al régimen especial (...)”, modificación hecha a raíz de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00002-2010- PI/TC, de fecha siete de setiembre de dos mil diez. TERCERO.- En esta línea jurisprudencial, y refiriéndonos específicamente a la sentencia constitucional antes aludida, el Tribunal Constitucional indicó que este régimen de contratación administrativa de servicios era constitucional, sobre la base de dos argumentos centrales; el primero de ellos, por cuanto era un régimen laboral especial dado que reconocía todos los derechos laborales individuales(61) que proclama la Constitución a favor de los trabajadores, a pesar de la calificación asignada por el legislador delegado, quien lo denominó como un “trabajo no autónomo”; y, el segundo, porque los derechos y beneficios que reconoce el régimen de contratación administrativa de servicios, como un régimen laboral especial(62), no infringe el principio –derecho de igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público y el régimen laboral privado, ya que los tres regímenes presentan diferencias en el tratamiento que los caracterizan y que se encuentran justificadas en forma objetiva y razonable. CUARTO.- La interpretación de la sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC a través de la cual se declaró infundada la demanda incoada contra el Decreto Legislativo N° 1057, norma que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS), permite colegir con meridiana claridad que, lo que en rigor se dispuso con dicha sentencia es la validez, entiéndase la compatibilidad, de dicha norma con la Constitución Política del Estado, pero entendida la misma desde la fecha de su entrada en vigencia, esto es, desde el veintiocho de junio de dos mil

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Expediente número 00002-2010-PI/TC, fundamentos jurídicos 31 y 33. GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. “Finalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios”. En: Comentarios al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. Coordinadores: Ávalos Jara, Oxal Víctor y Otra. Editorial Jurista Editores, setiembre de 2010, p. 20. Artículo 6 del Decreto Legislativo número 1057, incisos 1 a 4, señala entre los derechos de los trabajadores adscritos a este régimen laboral los siguientes: “(...) 6.1. Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana; 6.2. Descanso de veinticuatro (24) horas continuos por semana; 6.3. Descanso de quince (15) días calendario por año cumplido; 6.4. Afiliación al régimen contributivo que administra EsSalud (...)”. A mayor abundamiento, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, reitera estos “contenidos”, haciendo precisiones sobre el particular. Según los propios términos empleados por el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico número 20 señala que, “los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1057 son de naturaleza laboral”.

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ocho, data en que se publica el Decreto Legislativo N° 1057, así las cosas, no obstante que se establezca que para acceder a tal contratación basta su sola suscripción(63); dicha conclusión debe necesariamente enmarcarse en el fundamento de la ratio decidendi de la sentencia constitucional, cual es –según se desprende de su texto–, la inexistencia de relación laboral alguna (encubierta o no bajo otra forma contractual) y el empleo de la contratación administrativa de servicios como medio de mejoramiento de tal condición del servidor. QUINTO.- De otro lado, es preciso anotar además que en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, cuyo texto originario a la fecha de los hechos materia de autos, previó: “El contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde el año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces consideren la entidad contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal”, en similar sentido es regulado por el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057; siendo dicha disposición modificada posteriormente, mediante artículo 1 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, publicado el veintisiete de julio dos mil once, con la que se agrega, entre otras disposiciones que “(...) 5.2. En caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento del contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a los funcionarios o servidores que generaron tal ampliación automática. Para tal efecto, la entidad contratante informa al trabajador sobre la no prórroga o la no renovación, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos al vencimiento del contrato”. SEXTO.- El contexto descrito en los considerandos precedentes, es el que se debe tener en cuenta en la solución de la controversia sometida a la jurisdicción laboral, pues en un caso como el presente en donde se discute la existencia de un hecho lesivo al ejercicio de un derecho fundamental (libertad sindical y negociación colectiva), aun cuando se trate de un régimen de contratación administrativa de servicios, se hace necesario de parte del órgano un análisis exhaustivo y meditado de los hechos expuestos, además de merituar previamente la validez de la contratación a la que estuvo sujeto el trabajador. SÉTIMO.- En efecto, según declaración asimilada de la demandante, conforme al texto de su escrito postulatorio de fojas ciento setenta y siete, esta ostenta diversos tipos de contratación; entre los que se señalan; por el periodo comprendido entre el ocho de setiembre de dos mil ocho al treinta y uno de julio de dos mil diez, bajo contrato administrativo de servicios; por el periodo desde el primero de agosto de dos mil diez al treinta y uno de octubre de dos mil diez, suscribiendo contratos por servicio específico al amparo del Decreto Legislativo N° 728; y, por el periodo que va desde el primero de noviembre de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con contratos administrativos de servicios –en adelante CAS–. OCTAVO.- Nótese que este cambio –o variación– en el régimen de contratación utilizada, pues de CAS pasa a suscribir contratos de trabajo a plazo fijo (servicio específico), y luego nuevamente CAS, obedece, según se verifica de los propios medios probatorios aportados por la recurrente, a la modificación en la asignación de las funciones para las que fueren contratada la demandante; así, mientras suscribe contratos CAS, esta desarrollaba labores de actualización de legajos, archivo

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Fundamento jurídico número 17.

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y registro documentario, apoya en actualización de información de planilla de obreros, apoyo en la oficina de recursos humanos, archivo de comprobantes de pago según fuentes de financiamiento, registro de las planillas de remuneraciones en libro, digitación de comprobantes de pago, entre otros, según se desprende del contenido de las cláusulas segunda y tercera de los contratos de folios tres, nueve, quince, veintiuno, veintisiete, treinta y uno, treinta y cinco, treinta y nueve y cuarenta y nueve; mientras que, durante el lapso de tres meses en que suscribe contratos laborales a plazo fijo por servicio específico, labora como “apoyo a residencia de obra”, conforme se constata de la cláusula tercera de los contratos de folios cuarenta y tres, cuarenta y cinco y cuarenta y siete. NOVENO.- Esta simple verificación de la causa (motivo) por el que se varía de modalidad contractual no constituye, en el presente caso, un hecho aislado sino que por el contrario, en el marco del desarrollo de la relación jurídico-material que unió a las partes, se erige como un importante indicio a efecto de determinar la validez de la contratación que rigió la actividad laboral de la recurrente: justamente, en el entendido que el régimen CAS es utilizado por entes estatales para cubrir la necesidad de servicio de labores que al amparo de las normas presupuestarias cuya naturaleza es temporal y fenece en cada año calendario, la suscripción de dicha modalidad contractual en el caso de la recurrente, resulta a todas luces válido; en principio porque, como se reitere, esta es la vinculación jurídico-material con que la recurrente inicia su relación laboral con la demandada Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna; en segundo término, porque este contrato CAS ha sido renovado según las necesidades del servicio, dentro de cada ejercicio presupuestario y en los siguientes, lo que le permitieron a la demandante laborar por espacio de más de casi dos años en este tipo de régimen especial laboral; y, en tercer lugar, porque no obstante suscribirse en el lapso intermedio entre arribos periodos CAS, un contrato de trabajo a plazo fijo (servicio específico), ello no invalida la contratación anterior CAS, debido a que las labores encomendadas a la demandante fueron sustancialmente distintas, y se originaron en la necesidad de un evento distinto al inicial, cual es la existencia de una obra que tiene un plazo de duración determinado, y que amerita la contratación de personal por espacio reducido de tiempo; en tal virtud, era plenamente válido suscribir un contrato de trabajo por servicio específico al haberse identificada plenamente la causa objetiva de la contratación, conforme lo exige el artículo 72 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 63 de la norma mencionada. DÉCIMO.- En este escenario de plena validez de ambos tipos de contrataciones, no puede predicarse –ni abordarse– la existencia o no de un hecho lesivo a un derecho constitucional (derecho de sindicación y negociación colectiva), pues se entiende razonablemente que la culminación de la relación contractual laboral especial habida entre las partes, obedeció al cumplimiento del plazo previsto en el contrato administrativo de servicios celebrado, mas no a un acto de represalia por pertenecer al sindicato y participar como miembro de la Comisión Negociadora, como alega la recurrente, máxime si este derecho a la fecha de ocurrencia de los hechos no estaba plasmado en instrumento normativo nacional que permitiese su aplicación, como sí lo es a raíz de publicación de la Ley N° 29849 de fecha nueve de abril de dos mil doce, que remite la regulación de las derechos laborales colectivos de este tipo de trabajadores a la normado en el Decreto Ley N° 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su Reglamento. DÉCIMO PRIMERO.- En este sentido, la denuncia casatoria de infracción normativa del artículo 31 de la Ley N° 27912 y artículo 30 del Decreto Ley N° 25593, ambas normas que regulan el fuero sindical y que trabajadores que gozan del mismo, no puede predicarse su inaplicación en el caso concreto, ya que dichos dispositivos normativos no eran aplicables a los trabajadores adscritos al régimen CAS, al momento de los hechos materia de controversia, siendo que, por el contrario, las mismas solamente eran aplicables a aquellos trabajadores del régimen laboral privado, ello hasta

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antes de la promulgación de la Ley N° 29849 con fecha nueve de abril de dos mil doce con que se regulan las derechos colectivos de este tipo de trabajadores CAS; de otro lado, si bien los Convenios N° 87 y N° 98 de la Organización Internacional de Trabajo - OIT, establecen en sus artículos 2, 3 y 11, el derecho de todo trabajador de ejercer libremente el derecho de libertad sindical, en su manifestación de constituir sindicatos y formar parte de sus representantes, así como regula el derecho a la negociación colectiva y su efectiva protección en todo lo que implica su desarrollo de inicio a fin; lo cierto es que dichos dispositivos normativos internacionales permiten el desarrollo de sus preceptos a cada Estado que haya ratificado los mismos, lo cual se viabiliza, como es sabido, con la adopción y promulgación de normas nacionales que regulen los supuestos positivizados a nivel internacional; lo cual, a la fecha de los sucesos materia de pronunciamiento, no había sucedido, razón por la cual tampoco puede predicarse respecto de los mismos una inaplicación en el presente caso. DÉCIMO SEGUNDO.- En consecuencia, el recurso planteado por la recurrente es infundado al haberse constatado que la contratación administrativa de servicios a la que estuvo sujeta culminó por vencimiento del plazo establecido en ella, y no por los motivos alegados por esta en su escrito postulatorio. 4.

DECISIÓN

Declararon; INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Luz Eliana Apaza Cusacani, de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y cinco; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista, de fecha doce de octubre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos setenta y tres; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; conforme a ley; en los seguidos contra Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna sobre Nulidad de Despido; y lo devolvieron. Vocal Ponente; Acevedo Mena. SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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VICIO DE MOTIVACIÓN EN LA SENTENCIA DA LUGAR A SU NULIDAD “(…) En ese sentido, habiéndose determinado que el auto de vista incurre en vicio de motivación, corresponde estar a lo previsto en el artículo 39 de la Ley N° 29947 (…) siendo así, resulta arreglado a derecho ordenar se expida una nueva resolución por el A quo, por lo que estando a la naturaleza de la presente decisión, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la otra causal declarada procedente en el Auto Calificatorio del Recurso (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 3979-2011-TACNA

Lima, veinticinco de abril de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

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VISTA; la causa número tres mil novecientos setenta y nueve - dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha por los Magistrados: Vásquez Cortez, Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Falleque y Torres Vega; y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente resolución: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ochenta y seis, por el demandante Julio Enrique Díaz Zavala, contra el auto de vista obrante a fojas setenta y ocho, de fecha veintiuno de setiembre de dos mil once, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna que confirmando el auto apelado de fecha cuatro de julio de dos mil once declara improcedente la demanda de reposición. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, obrante a fojas cuarenta y siete del cuadernillo formado por esta Sala Suprema, por las denuncias de: a)

Infracción normativa de norma procesal referente al artículo 2 numeral 2 de la Ley N° 29497.

b)

Apartamiento de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional en el fundamento ocho de la Causa N° 0206-2005-AA/TC.

CONSIDERANDO: PRIMERO.- En el examen del recurso casatorio, previamente corresponde efectuar el análisis de la denuncia de infracción normativa procesal ya que tiene efectos nulificantes. SEGUNDO.- En el recurso de casación se alude que la resolución impugnada adolece de una debida motivación que justifique la decisión adoptada, lo cual afecta el debido proceso, pues el recurrente sostiene que con respecto a la pretensión de reposición laboral, la Ley N° 29497 habilitó el acceso a la vía ordinaria laboral para la reposición del trabajador despedido, que no puede invocar alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, además, la pretensión de reposición no solo procede por alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, sino también por alguna de las categorías de despido establecidas por el Tribunal Constitucional, por lo que al declararse improcedente la demanda se afecta directamente la tutela jurisdiccional efectiva, al apartarse sin la debida motivación del precedente establecido en el fundamento cinco de la Causa N° 0206-2005PA/TC, que expresamente señala: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios”. TERCERO.- En el caso de autos, la demanda de fojas treinta y uno, tiene como petitorio que el Juez disponga que el Banco Azteca reponga al actor en su puesto de trabajo, al considerar, de acuerdo a los hechos que señala en la demanda, que en su caso se habría producido un despido fraudulento; ante ello, el a quo mediante resolución de fojas setenta y tres declaró inadmisible la demanda, requiriendo al accionante aclare si el despido al que fue sometido por el cual pretende su reposición, corresponde a causa justa de despido, despido fraudulento u otra forma de despido. Aquello motivó el escrito de fojas setenta y seis, señalando –el actor– que el despido inconstitucional alegado en el petitorio de su demanda debe entenderse como un despido fraudulento, en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el A quo declaró improcedente la demanda a fojas setenta y ocho, al considerar que de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-97-TR,

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al no estar prevista como causal en su artículo 29, la reposición solicitada no tendría asidero legal, pues la única reparación por el daño sufrido sería el pago de una indemnización. Apelada la sentencia, fue confirmada por la Sala Superior, bajo los mismos argumentos, con el añadido que más allá que el actor haya calificado su despido de “fraudulento”, lo cierto es que de sus fundamentos fácticos, en el fondo cuestiona la causa del despido, sosteniendo, por ejemplo, que se le imputan hechos genéricos a sabiendas que no tenía antecedentes disciplinarios, constituyendo un imposible jurídico que pretenda la reposición laboral bajo esos antecedentes, siendo de aplicación extensiva el inciso 6 del artículo 427 del Código Procesal Civil. CUARTO.- En el presente caso, la controversia procesal radica en establecer si el Juez Laboral tiene competencia para conocer de las demandas de reposición, en la vía del proceso abreviado, cuando se alega, como en este caso en particular, un supuesto de despido fraudulento. QUINTO.- Al respecto cabe relevar que el artículo 2 numeral 2 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, ha establecido que: “Los juzgados especializados de Trabajo conocen de los siguientes procesos: (...) 2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal única” (el resaltado y subrayado es nuestro). SEXTO.- Ello significa que la Nueva Ley Procesal del Trabajo habilita al Juez Laboral conocer la reposición como pretensión mediante la vía procedimental abreviada. Dado que la nueva norma procesal no precisa el o los supuestos de reposición que son cognoscibles en esta vía ordinaria laboral, prima facie, la regla favor procesum que inspira el nuevo proceso laboral que faculta interpretar de la manera más amplia esta norma competencial por la materia: la justicia ordinaria laboral es competente, en proceso abreviado laboral, para conocer de la reposición; si esto es así, no hay razón para excluir ningún supuesto de reposición previsto por las normas materiales laborales, independientemente de su jerarquía –legal o constitucional–. SÉTIMO.- En primer lugar, la competencia para conocer la reposición al trabajo, debe entenderse respecto de la reposición por despido nulo, prevista en la Ley de Productividad y Competitividad laboral, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, pero también a conocer cualquier pretensión de reposición de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, inclusive aquellas que denuncian directamente la vulneración con el despido de los derechos fundamentales relacionados al trabajo, entre ellas, las construcciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional sobre despido incausado y despido fraudulento. Debe enfatizarse que, a partir de lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (casos Llanos Huasca - Sentencia del Tribunal Constitucional N° 976-2001-AA/TC –y Baylón Flores– Sentencia del Tribunal Constitucional N° 020682005-PA/TC) nuestro ordenamiento permite la reposición de trabajadores en supuestos distintos a los regulados en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97TR, referidos al denominado “despido nulo”. Tales nuevos supuestos de reposición lo constituyen el despido incausado (despido sin expresión de causa), el despido fraudulento (despido basado en una causa no regulada por ley, o una causa inventada por el empleador) y los despidos nulos discriminatorios basados en motivos distintos a los establecidos en la ley. En esa medida se ha venido discutiendo, si es que la reposición en tales supuestos solo es viable en vía del proceso de amparo, o si un juez ordinario laboral puede ordenarla en un proceso laboral ordinario (regulado por la Ley N° 26636), a la que se ha sumado la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al regular un proceso abreviado laboral (más expeditivo que el proceso ordinario), en el que se tramita frente al juez ordinario laboral procesos que tienen como única pretensión principal la reposición (cifra artículo 2 numeral 2 de la Ley N° 29497). OCTAVO.- Durante la vigencia de la Ley N° 26636, se expidió el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 0206-2005-PA/TC, caso Baylón Flores, que

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estableció reglas de competencia para implementar el cambio del proceso de amparo, de alternativo a residual, introducido por el Código Procesal Constitucional. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional discernió las pretensiones que, según su vinculante interpretación, podían seguir sustanciándose mediante el proceso de amparo y cuáles debían ser interpuestas ante la justicia ordinaria laboral, precisamente para configurar un amparo excepcional o residual. NOVENO.- Sin embargo, dicho Tribunal, en el referido precedente vinculante, no prohíbe ni limita la posibilidad de que el justiciable opte por solicitar tutela restitutoria ante la vía ordinaria laboral. Esta interpretación resulta implícita en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, cuando incorpora como competencia de la justicia ordinaria laboral, la pretensión de reposición, y cuando al mismo tiempo, el artículo IV de su Título Preliminar, remarca el deber jurisdiccional de observar los precedentes y la doctrina jurisprudencial constitucional. DÉCIMO.- La Nueva Ley Procesal del Trabajo tiene como una de sus características, su esfuerzo por instaurar una justicia omni comprensiva en la que todos los conflictos de naturaleza social - laboral pública y privada, de seguridad social, cooperativa y convenios formativos– tengan en la Jurisdicción Ordinaria Laboral, un único centro de respuesta jurisdiccional; de allí que, según su regulación competencial en materia de reposición en el empleo, no existe inconveniente alguno para que la justicia ordinaria laboral se avoque al conocimiento de cualquier pedido de reposición al trabajo, más aún si tiene en cuenta que, según las normas sustantivas o materiales peruana, tal consecuencia jurídica –la reposición– solamente procede cuando el despido lesiona derechos constitucionales laborales –específicos o inespecíficos–. Por lo tanto, si la Nueva Norma Procesal Laboral autoriza la competencia de la justicia ordinaria para conocer la pretensión de reposición en el empleo, necesariamente el Juez laboral está habilitado a resolver despidos inconstitucionales. UNDÉCIMO.- Siendo así, una interpretación restrictiva de la competencia de la justicia laboral ordinaria para conocer pretensiones de reposición, por ejemplo, solo limitada a la reposición por despido nulo, resultaría contraria no solo a uno de los rasgos esenciales de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, sino a la optimización de la protección de los derechos constitucionales en sede jurisdiccional, muy en especial el de acceso a la justicia, porque supondría privar la posibilidad jurídica de que un justiciable obtenga tutela procesal efectiva constitucional, a través de las vías predeterminadas por la ley procesal para la satisfacción amplia de los derechos laborales, cualquiera sea su jerarquía. DUODÉCIMO.- Cabe precisar que la nueva norma procesal no solo ha individualizado la reposición como pretensión única, sino le ha asignado una vía procedimental que tiene varias características, entre las cuales se puede destacar: a) proceso abreviado pero de cognición plena; b) empleo de la oralidad como medio de optimización de la tutela procesal, a través de las garantía de un prejuzgamiento inmediato y concentrado; y, c) deber jurisdiccional de tutela de los derechos fundamentales y observancia de los precedentes constitucionales y casatorios. DÉCIMO TERCERO.- En este orden de ideas, los despidos incausado y fraudulento son construcciones jurisprudenciales con la calidad de doctrina y/o precedentes vinculantes, según los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que establecen que dichos precedentes vinculantes deben ser cumplidos por toda persona y por todo juez. DÉCIMO CUARTO.- Por lo tanto, no es verdad que la justicia ordinaria carezca de habilidad jurídica para otorgar tutela restitutoria, conclusión que se corrobora con la expresa habilitación competencial del Juez Laboral para conocer las pretensiones de reposición –artículo 2 numeral 2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo–. Cabe insistir que, en nuestro sistema jurídico laboral solo cabe la reposición cuando el despido vulnera derechos fundamentales del trabajador, por tanto, la

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interpretación de la Nueva Ley Procesal Laboral, en tanto asigna competencia al Juez laboral para conocer de la reposición, implica en todos los casos que puede conocer todo tipo de despidos pasibles de tutela restitutoria –reposición–. DÉCIMO QUINTO.- Asimismo, cuando el Código Procesal Constitucional atribuye carácter residual al amparo, cuya procedencia depende, entre otros supuestos, de la inexistencia de una vía procesal igualmente satisfactoria para la tutela de los derechos fundamentales, lo que hace es restringir, bajo calificación del Juez constitucional, el acceso a la tutela urgente del amparo, pero en modo alguno descalifica las vías procedimentales ordinarias como vías idóneas para la tutela eficaz del contenido constitucionalmente protegido de los derechos del trabajador. DÉCIMO SEXTO.- Sin embargo, debe precisarse que ello no convierte per se a esta vía procedimental en igualmente satisfactoria que el amparo constitucional para la tutela de los derechos fundamentales del trabajo, porque el legislador de la Nueva Ley Procesal del Trabajo no ha creado un proceso urgente con la misma naturaleza y envergadura que el proceso constitucional de amparo, sino que el presente es un proceso de cognición plena o de conocimiento, que tiene regulada la pretensión genérica de reposición, y que de esta manera queda a opción del litigante recurrir a esta vía, sin que por ello deje de encontrarse en el caso concreto habilitado el amparo constituciones. DÉCIMO SÉTIMO.- No se descarta, el derecho del trabajador de acudir directamente al amparo, a su elección, para solicitar tutela procesal efectiva, en tanto la Nueva Norma Procesal Laboral no restringe, sino amplía los estándares de tutela procesal frente al despido inconstitucional; por esto, no deben perderse de vista las características del nuevo diseño procesal laboral oral, habilitado legalmente para la sustanciación de la reposición; competencia omni comprensiva (artículo 2 numeral 2 de la Ley N° 29497); vía procedimental abreviada, audiencia única y sentencia (artículo I del Título Preliminar de la citada Ley); cargas probatorias definidas, pero a la vez flexibles con énfasis en la prueba indiciaria, en especial, tratándose de casos de lesión de derechos fundamentales (artículos 23 y 29 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo); control casatorio sin efecto suspensivo (artículo 38 de la mencionada Ley); y tutela cautelar específica para casos de reposición (artículo 55 de dicha Ley), entre los más importantes. DÉCIMO OCTAVO.- Dichas características, si bien no implican equiparar al proceso abreviado laboral con la sumariedad y urgencia del amparo, sí lo califican como vía idónea –ante la jurisdicción ordinaria laboral– para la tutela de los derechos fundamentales, eventualmente afectados con motivo de un despido y lo califican también para deparar tutela restitutoria frente al despido inconstitucional. Al respecto, Vinatea Recoba sostiene que: “si bien es posible utilizar las vías ordinarias y las constitucionales para la tutela frente al despido: la sentencia del Caso Baylón y las que la sirvieron de antecedente, dejaron sin cobertura, por lo menos, el caso de la figura del despido fraudulento. Para dicho tipo de despidos es posible, de acuerdo con los propios términos del razonamiento expresado por el Tribunal Constitucional en el Caso Baylón, acudir a la vía ordinaria y en ella pretender la misma tutela que se puede pretender en los procesos constitucionales. El ordenamiento procesal ordinario no lo prohíbe y el sustantivo, de acuerdo a lo razonado por el Tribunal Constitucional, tampoco, al haberse calificado de inconstitucional. Si de acuerdo con lo dicho cabe tal tutela en la vía ordinaria, también es posible la misma, para los casos de los despidos sin expresión de causa, en los que indistintamente debería poder acudirse, tanto a la vía del amparo como a la ordinaria, en la medida que esta última ofrezca las suficientes garantías para ello”(64).

(64)

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VINATEA RECOBA, Luis. “Las formas de tutela procesal del despido, a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”. En: AA.VV. Estudios de Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social. Libro Homenaje a Javier Neves Mujica. Grijley, Lima, 2009, p. 551.

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Asimismo, Paredes Palacios, señala que: “(…) frente al despido arbitrario ya no solo es posible la indemnización, sino también la reposición cuando siendo arbitrario es, a su vez, incausado. Si antes los jueces laborales estaban limitados a la indemnización y en donde la reposición resultaba siendo un imposible jurídico, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 11242001-AA/TC –desplazado el segundo párrafo del referido artículo 34– la reposición es un posible jurídico para todo juez que tenga que aplicar los artículos 22 y 27 de la Constitución sobre el derecho al trabajo y a la adecuada protección frente al despido arbitrario (…)(65). En otro espacio de su trabajo, el mismo autor concluye: “En consecuencia, la reposición en el empleo a consecuencia de un despido incausado o un fraudulento, es también susceptible de ser tramitada en la vía laboral ordinaria, al margen de la regla de residualidad del amparo(66). A esta postura se suma, la expuesta por Huamán Estrada, al concluir que: “Nosotros creemos que el término reposición contenido en el artículo 2 inciso 2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo deberá comprender la reposición que dispensa la norma laboral sustantiva en los casos de despido nulo como también los supuestos de reposición creados por el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia. Sobre el primer supuesto no hay mucho que discutir, pues la reposición ante un despido nulo es dispensada por el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La controversia, más bien, se presenta al intentar afirmar que el término “reposición” debe comprender los supuestos de reposición creados por el Tribunal Constitucional(67). DÉCIMO NOVENO.- Entonces, se concluye respecto a la cuestión relativa a la competencia por la materia para conocer la presente demanda de reposición por despido fraudulento, que la Judicatura Laboral sí está autorizada por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, para avocarse a su conocimiento, no solamente por la interpretación literal de dicha norma procesal sino también porque lo exige la interpretación de la Constitución y del propio precedente Baylón Flores, en tanto, nuestra Carta Política otorga a todo ciudadano la garantía de una tutela procesal efectiva, efectividad que puede ser otorgada por el Poder Judicial, a través de sus órganos especializados para conocer la materia laboral, y, además, por el Supremo Intérprete de la Constitución, según las reglas establecidas en el aludido precedente vinculante, en el que delimita sus competencias frente al nuevo marco de un amparo residual y no alternativo, sin restringir la tutela procesal que pueden otorgar los jueces ordinarios en materia de derechos fundamentales, aserto que corrobora el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que impone a todo Juez el deber de interpretar y aplicar el derecho conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. VIGÉSIMO.- A mayor abundamiento cabe relevar que el artículo IV de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, prescribe que, los Jueces Laborales, imparten justicia, conforme a la Constitución Política del Perú, entre otras normas, interpretando y aplicando toda norma jurídica, según los principios y preceptos constitucionales, así como con los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República, norma que concuerda con el artículo 34 de Ley Procesal precitada, según el cual, puede controlarse vía casación el apartamiento a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, concepto que en sentido lato

(65) (66) (67)

PAREDES PALACIOS, Paúl. La Nueva Ley Procesal del Trabajo y la acción de amparo en materia laboral. Academia de la magistratura del Perú, Lima, 2010, p. 153. Ibídem, p. 155. HUAMÁN ESTRADA, Elmer. “La reposición frente al despido fraudulento en el proceso laboral - La reposición en el proceso abreviado laboral como vía igualmente satisfactoria”. En: Revista Jurídica del Perú. Tomo 120, Lima, febrero de 2011, pp. 17-18.

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abarca a la doctrina jurisprudencial constitucional; en dicho contexto, siendo así no cabe duda que la nueva normativa procesal vincula la justicia laboral a los precedentes y doctrina jurisprudencial constitucional, dentro de la cual se encuentra la desarrollada sobre el despido fraudulento. VIGÉSIMO PRIMERO.- Dentro de este parámetro, cabe resaltar que el debido proceso establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú comprende, entre otros derechos, el de obtener de los Jueces y Tribunales una resolución fundada en derecho, por lo que se exige que las resoluciones (en este caso, el auto de vista) expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 3 inciso 5 de la Carta Fundamental, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión, exigencia preceptuada además en el artículo 12 inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La exigencia de motivación suficiente constituye una garantía para el justiciable, por lo que una resolución que carezca de aquella no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Carta Política. VIGÉSIMO SEGUNDO.- Tenemos entonces que el deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional Peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00966-2007-AA/TC: “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que existe una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si este es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (...). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al Juez (...) corresponde resolver (sic). VIGÉSIMO TERCERO.- Lo explicitado se corrobora con lo expuesto por Hinostroza Mínguez, quien afirma: “en lo que respecta a la indicación de los fundamentos de derecho de la resolución (obligación del magistrado que resuelve), puntualizamos que no resulta exigible que aquellos estén señalados por cada considerando que integra la resolución, pues, reiteremos, el análisis de los hechos y del derecho aplicable a estos es una labor de conjunto, lo que implica que los referidos considerandos se hallen entrelazados y que la conclusión que se desprende de ellos obedezca a una interpretación plural y no aislada de los mismos, a una secuencia ordenada, lógica y desarrollada de razonamiento”(68). VIGÉSIMO CUARTO.- Se observa entonces, que integrando la esfera de la debida motivación se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre las alegaciones sustanciales formuladas oportunamente–, la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación.

(68)

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HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Jurisprudencia Procesal Civil Comentada. Primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, octubre de 2001, p. 38.

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VIGÉSIMO QUINTO.- Además de los vicios la incongruencia referidos, también forma parte de ese principio, el supuesto de incoherencia interna de la resolución, que comprende los desajustes o errores lógicos en la propia esfera de la parte considerativa de la resolución; así como la incoherencia externa, comprendería el desajuste lógico entre el fallo y la parte considerativa de la resolución(69). VIGÉSIMO SEXTO.- De lo expuesto se colige que la resolución impugnada incurre en vicio de incongruencia y falta de claridad en su desarrollo argumental, conforme se puede advertir de la lectura de sus considerandos; además, la Sala Superior como órgano revisor, aun cuando el recurso de apelación lo plantea como agravio expreso (el razonamiento del Juez contiene motivación lógica incorrecta), no da respuesta puntual al agravio referido a que el Tribunal Constitucional en el fundamento ocho de la Causa N° 0206-2005-AA/TC señala que cuando exista controversia sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos; por consiguiente, habiéndose alegado un despido fraudulento que requiere de etapa probatoria, el Juez Laboral es competente para avocarse al conocimiento del despido alegado y disponer la reposición en su puesto de trabajo, aplicándose el principio pro homine. Asimismo, la pretensión de reposición que daba origen a un proceso constitucional de amparo, frente a un despido inconstitucional, puede lograrse en el proceso laboral, porque la naturaleza de la reposición obedece, en el marco del artículo 2 numeral 2 de la Nueva Ley Procesal del Trabaja, el restablecimiento del derecho constitucional al trabajo. VIGESIMO SÉTIMO.- En ese sentido, habiéndose determinado que el auto de vista incurre en vicio de motivación, corresponde estar a lo previsto en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley N° 29497 que establece: “(...) En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y en ese caso ordena que la Sala Laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la Infracción se cometió” (sic); siendo así , resulta arreglado a derecho ordenar se expida una nueva resolución por el A quo, por lo que estando a la naturaleza de la presente decisión, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la otra causal declarada procedente en el Auto Calificatorio del Recurso, tanto más cuando su argumentación está propiamente referida al aspecto de fondo del controvertido, no siendo la etapa procesal correspondiente para dilucidar aquello. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos; Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ochenta y seis por el demandante Julio Enrique Díaz Zavala: en consecuencia, NULO el auto de vista de fecha veintiuno de setiembre de dos mil once; nulo todo lo actuado desde fojas setenta y ocho inclusive (resolución número siete del cuatro de julio del dos mil once): DISPUSIERON que el a quo dentro del trámite del proceso abreviado laboral, expida una nueva resolución, proveyendo el escrito del actor de fojas setenta y seis, con arreglo a las consideraciones precedentes y a la ley; en los seguidos contra el Banco Azteca, sobre Reposición; ORDENARON la publicación de

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Ver sobre este aspecto a: COLOME HERNÁNDEZ, Ignacio. La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, capítulo segundo, p. 454.

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la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y, los devolvieron.- Juez Supremo Ponente; Torres Vega. SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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USO DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA FINES SINDICALES ES COMPATIBLE CON EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN “La Sala Superior debe analizar, si resulta aplicable a esta causa los lineamientos (…) en cuanto protege el programa de acción de las organizaciones sindicales, considerándose las acciones de difusión de información eficaz, en beneficio de los trabajadores, norma que ha sido acogida por el artículo 28 inciso 1 de la Constitución y que no ha sido considerada en la Sala de mérito al momento de motivar su sentencia (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 3939-2011-TACNA

Lima, dieciocho de mayo de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número tres mil novecientos treinta y nueve - dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Jueces Supremos: Vásquez Cortez - Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega; y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación de fecha doce de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y tres. interpuesto por don Sergio Luis Santander Brunett, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treinta y uno, de fecha veinticinco de agosto de dos mil once, que confirmó la sentencia apelada de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, de fojas trescientos setenta que declaró infundada la demanda. II) CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, obrante a fojas noventa y siete del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por las siguientes denuncias casatorias: a)

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Infracción del artículo 28 numeral 1 de la Constitución Política del Estado, expone el recurrente que la Sala Civil no ha considerado que el contenido esencial de la libertad sindical

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no solo se circunscribe a sus aspectos orgánico y funcional, sino que también comprende un conjunto de derechos de actividad o medios de acción necesarios para que una organización sindical cumpla sus objetivos. Entre estos derechos de actividad o medios de acción están el de comunicación y difusión de noticias vinculadas al desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses, así como al mejoramiento social, económico y moral. b)

Infracción del artículo 59 de la Constitución Política del Estado, señala el impugnante que la Sala Civil aplica esta disposición para ostentar el derecho de libertad de empresa cuando la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT no es una empresa sino una institución pública, por tanto no cabe fundamentar la prohibición del uso del correo electrónico institucional en el derecho a la libertad de empresa, máxime si la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT como institución pública y órgano del Estado tiene el deber de garantizar la libertad sindical.

c)

Infracción del artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR, precisa el recurrente que en la sentencia de vista no se aplica este artículo, ya que de haberlo hecho hubiese advertido que la ley no admite que los empleadores puedan restringir o menoscabar el derecho de sindicalización.

d)

Infracción del artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 729 precisado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 013-2006-TR, afirma el actor que si bien el empleador tiene la facultad de regular las relaciones laborales, sus directivas no pueden “afectar de cualquier otra manera la libertad sindical”, por tanto, cuando el empleador prohíbe de modo absoluto, y con vocación de sanción, el uso del correo electrónico para fines sindicales, afecta arbitraria e injustificadamente la libertad sindical.

e)

Infracción del artículo IV del Título Preliminar y la Décima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, señala el recurrente que la Sala Civil no ha motivado su sentencia desde la Constitución, sino que lo ha hecho a partir de una Resolución Jefatural del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI y de una Circular de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.

III) CONSIDERANDO: PRIMERO: Esta Sala Suprema considera necesario iniciar el análisis de fondo del recurso de casación por la denuncia de infracción del artículo IV del Título Preliminar y la Décima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, normas de carácter procesal, ante la posible vulneración del derecho fundamental a un debido proceso o proceso justo, dados los efectos anulatorios, y de ser el caso, de no ampararse, analizar las denuncias por infracción de normas de derecho material, igualmente declaradas procedentes. SEGUNDO: Cabe precisar que el actor pretende se declare que el uso del correo electrónico institucional para fines sindicales es compatible con el artículo 28 de la Constitución. En consecuencia, se declare que cualquier trabajador de la institución, afiliado o no a un sindicato puede hacer uso del correo electrónico institucional para fines sindicales como medio de comunicación y expresión de la libertad sindical de cada trabajador. Como fundamentos de su demanda refiere el actor que a partir de setiembre de dos mil diez, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT ha decidido unilateralmente dar una parcializada interpretación a las normas que regulan el uso del correo electrónico institucional, según la cual no puede ser utilizado para fines sindicales, por lo que corta una vía de comunicación. Mediante la Carta N° 150-2010-SUNAT/2F3000

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del siete de setiembre de dos mil diez, se comunicó a los trabajadores afiliados al Sindicato SUNAT que estaba prohibido el uso del correo electrónico para fines sindicales, lo cual constituye una maniobra sindical que busca reprimir y reducir el accionar sindical de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, en la medida que corta de manera desproporcional e irrazonable una vía de comunicación eficaz entre los trabajadores y sus organizaciones sindicales a nivel local y nacional, más aún la SUNAT ha procedido a sancionar dirigentes que utilizan el correo electrónico interno para fines sindicales. Ampara la demanda en los artículos 23 tercer párrafo y 28 de la Constitución Política del Estado; en el Decreto Supremo N° 003-97-TR; en el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728; y en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2006-TR. TERCERO: A fojas trescientos cuarenta y cinco, la SUNAT contesta la demanda precisando que el no uso del correo electrónico no impide el ejercicio efectivo de la libertad sindical, pues tal correo es una herramienta de trabajo y por tanto su uso está sujeto y condicionado a dicha labor, vale decir, solamente para fines laborales e institucionales. Que su uso se encuentra encuadrado debidamente dentro de las normas administrativas que datan desde el dos mil tres, con la expedición de la Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI del treinta y uno de marzo de dos mil tres, que aprueba la Directiva sobre normas para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública. CUARTO: A fojas trescientos setenta, obra la sentencia de primera instancia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, que declara infundada la demanda de vulneración de la libertad sindical. Señala el a quo que el correo electrónico y la forma como debe ser utilizado por los trabajadores como herramienta de trabajo en el desempeño de sus labores, ha sido debidamente reglamentado por la entidad demandada como derecho constitucional a la libertad de empresa y dirección de empresa legalmente establecida; por lo que, no vulnera el artículo 28 de la Constitución del Estado, pues la libertad sindical, no ha sido afectada de manera alguna, al no haberse restringido ni limitado su derecho como afiliado o no al sindicato y a su actividad sindical, tampoco se ha perjudicado sus derechos gremiales, pues la demandada solo ha hecho uso de su derecho que la Constitución ha previsto en forma expresa. QUINTO: Por su parte, la Sala de mérito por sentencia del veinticinco de agosto de dos mil once, de fojas cuatrocientos treinta y uno, confirmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, sosteniendo que si bien de la Carta N° 150-2010-SUNAT/2F3000, de fecha siete de setiembre de dos mil diez, de fojas cuatro, y de los memorandos de fojas cinco y ocho aparece que la emplazada ha sancionado a algunos trabajadores, lo cierto es que la adopción de tales medidas disciplinarias han sido dadas en base a que el “correo electrónico institucional” fue utilizado para fines ajenos al servicio, durante el horario de trabajo. No pudiendo advertirse ninguna situación arbitraria a este respecto en razón que los representantes sindicales fueron debidamente notificados de “la prohibición” conforme se desprende de las diferentes cartas corrientes en autos, es más, tal prohibición tiene amparo en la Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI de fecha treinta y uno de marzo de dos mil tres, de fojas trescientos seis, por la cual se aprueba la Directiva sobre “Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública”, en cuyo caso el artículo 5.1 establece que “El correo electrónico institucional es una herramienta de comunicación e intercambio de información oficial entre personas, no es una herramienta de difusión indiscriminada de información (...)” sumado a ello, se tiene la Circular N° 006-2008 mediante la cual se regulan las políticas y normas para el servicio del correo electrónico institucional de la Sunat; por lo tanto, la interpretación que hace la emplazada a partir de lo regulado en el artículo 39 inciso g del Reglamento Interno de Trabajo no lesiona el derecho constitucional de la libertad sindical; además, no se han aportado mayores elementos de juicio, que producto de tal interpretación tanto el ámbito individual o colectivo o la dimensión estática o colectiva hayan sido lesionadas, es decir, que por el

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no uso del correo electrónico institucional por parte del accionante y demás trabajadores de la Sunat, ya no sea posible afiliarse, desafiliarse o que no puedan reunirse o comunicarse temas de tenor sindical y demás situaciones equivalentes. SEXTO: Que, desarrollando la causal de infracción del artículo IV del Título Preliminar y la Décima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, como se ha precisado en el considerando primero; señala el recurrente que la Sala Superior no ha motivado su sentencia desde la Constitución, sino que lo ha hecho a partir de una Resolución Jefatural del INEI y de una Circular de la SUNAT, olvidando que en un Estado Constitucional, los derechos se interpretan desde la Constitución y no desde una norma reglamentaria. SÉTIMO: Esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia ha precisado que el derecho fundamental a un debido proceso no solo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona –peruana o extranjera, natural o jurídica– y que, en tal medida, es exigible por estas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)(70). OCTAVO: De otro lado, el derecho fundamental a un debido proceso comprende un conjunto de garantías constitucionales que se pueden identificar tanto en el inicio del proceso, en la defensa, prueba y sentencia, entre los que se señalan: i) el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ii) el derecho de los litigantes de participar en un proceso público, que garantice la defensa de estos mediante herramientas procesales eficientes y eficaces; iii) el derecho de ofrecer las pruebas pertinentes que acrediten sus afirmaciones, la misma que deberá –según sea el caso–, ser admitida, actuada y valorada; iv) la institución procesal de la cosa juzgada; v) derecho al juez ordinario; vi) derecho a la asistencia de letrado, entre otros. NOVENO: A nivel jurisprudencial constitucional, es aceptado que el debido proceso tiene dos dimensiones: la formal y la material. En su dimensión adjetiva o formal, el debido proceso está comprendido por determinados elementos procesales mínimos que son necesarios e imprescindibles para el establecimiento de un proceso justo, tales como el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a impugnar, ser escuchado, entre otros. A su vez, estos elementos impiden que la libertad y los derechos de los individuos se afecten ante la ausencia o insuficiencia de un proceso. El debido proceso sustantivo exige, por su parte, que los actos tanta del legislador, del juez y de la administración sean razonables y respetuosos de los derechos fundamentales, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez: en tal sentido, se afirma que el debido proceso sustancial tiene por fin asegurar la razonabilidad de lo decidido en un proceso. Es importante resaltar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en cuanto a esta

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Información extraída del documento de la Comisión Andina de Juristas elaborado por Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar, “El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en: <www.cajpe.org.pe>.

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doble dimensión del debido proceso, al respecto ha establecido: “El debido proceso está concebido como aquel en el que se respetan sus dos expresiones, tanto formal como sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación: y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”(71). DÉCIMO: Con relación a la denunciada infracción normativa procesal del artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR, dicho dispositivo legal establece que: “los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley, interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República”. A ello, esta Sala Suprema agrega que la invocación anotada, no solo trata de la función jurisdiccional en materia laboral, sino en todas las materias del Derecho, por lo tanto, los Jueces ejercen justicia conforme a la Constitución por ser una norma de contenido jurídico vinculante y compuesta, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la Sociedad en su conjunto. UNDÉCIMO: Bajo el marco normativo precedente, esta Sala Suprema advierte que la Sala de mérito ha infringido el deber de debida motivación, por cuanto sus fundamentos se limitan a que la prohibición del uso del correo electrónico para difundir información de contenida sindical tiene amparo en la Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI del treinta y uno de marzo de dos mil tres por la que se aprueba la Directiva sobre “Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública” y la Circular N° 006-2008 –mediante la cual se regula las políticas y normas para el servicio de correo electrónico institucional de SUNAT– no lesiona el derecho fundamental a la libertad sindical; sin tener en cuenta la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que establece: “De conformidad con lo que dispone el artículo 23 de la Constitución, el Estado asume las siguientes responsabilidades con relación al trabajo; (...) Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador (...)”. Asimismo agrega que: “la libertad sindical en su dimensión plural también protege la autonomía sindical, esto es, la posibilidad de que al sindicato pueda funcionar libremente sin injerencias o actos externos que lo afecten. Protege, asimismo, las actividades sindicales que desarrollan los sindicatos y sus afiliados de manera colectiva, así como la de los dirigentes sindicales para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el que fueran elegidos”(72). DUODÉCIMO: En efecto, la Sala de mérito no analiza debidamente los alcances del artículo 28 numeral 1 de la Constitución con relación a la protección de las actividades sindicales desarrolladas por los sindicatos y sus afiliados de manera colectiva, así como de los dirigentes sindicales para el eficaz desempeño de sus funciones se encuentra implícita y si la prohibición del correo electrónico institucional de la SUNAT para difundir, por parte de sus trabajadores, información de contenido sindical durante o fuera del horario de trabajo infringe el artículo IV del Título Preliminar y la Décima Disposición Complementaria de la Ley N° 29497, atendiendo a que los derechos

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Exp. N° 2424-2004-AA/TC fundamento 2. Sentencia N° 006-2005-PI/TC del 12 de agosto de 2005, fundamento 19. Sentencia N° 3311-2005-PA/TC del 5 de enero de 2006, fundamento 6.

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laborales, individuales o colectivos se interpretan conforme a la Constitución, a la doctrina jurisprudencial y precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional del Perú, los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones adoptadas por los Tribunales Internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Asimismo, la Sala Superior debe analizar, si resulta aplicable a esta causa los lineamientos del artículo 3.1. del Convenio N° 87 de la OIT(73) en cuanto protege el programa de acción de las organizaciones sindicales, considerándose las acciones de difusión de información sindical eficaz, en beneficio de los trabajadores, norma que ha sido acogida por el artículo 28 inciso 1 de la Constitución y que no ha sido considerada por la Sala de mérito al momento de motivar su sentencia. DÉCIMO TERCERO: Sobre el particular, en derecho comparado el Tribunal Constitucional español, en su Sentencia N° 2B1/2005, de fecha siete de noviembre de dos mil cinco(74), delimitó el uso del correo electrónico interno por los representantes sindicales de una empresa (Banco BBVA), concluyendo que dicho correo es un medio eficaz para la comunicación de la información de contenido sindical, y que no resulta compatible con la efectividad del derecho fundamental a la libertad sindical la negativa a la puesta a disposición de los instrumentos de transmisión de información existentes en la empresa que resulten aptos y cuyo empleo sindical pueda armonizarse con la finalidad para la que hayan sido creados. DÉCIMO CUARTO: Por las deficiencias en la motivación descritas en los considerandos que preceden, el recurso de casación deviene en fundado, careciendo de objeto pronunciarse sobre las demás infracciones de carácter material, por cuanto la verificación de la infracción procesal acarrea la nulidad de la sentencia de vista y el deber de la Sala Superior de emitir un nuevo pronunciamiento conforme a los lineamientos contenidos en la presente sentencia, exhortándose además a la Sala de mérito a efectuar la ponderación del derecho fundamental a la libertad sindical en estricta protección de los derechos legales, constitucionales y fundamentales de los trabajadores. IV. DECISIÓN: Por estas consideraciones DECLARARON: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Sergio Luis Santander Brunett, de fecha doce de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y tres; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil once, de fojas cuatrocientos treinta y uno; y ORDENARON a la Sala de mérito que EXPIDA UN NUEVO FALLO; en los seguidos por don Sergio Luis Santander Brunett contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, sobre Vulneración a la Libertad Sindical; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; y, los devolvieron.- Vocal Ponente; Vinatea Medina. SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

(73)

(74)

Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación. Artículo 3, numeral 1. “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción” (Negrita, subrayado y cursiva nuestro). Sentencia N° 281/2005, de fecha siete de noviembre de dos mil cinco expedida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional español.

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SI LA CORTE SUPREMA NO ADVIERTE LA INFRACCIÓN NORMATIVA DENUNCIADA POR EL CENTRO DE TRABAJO, DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN “(…) Este Supremo Tribunal no advierte la infracción normativa de las normas denunciadas (…) Siendo así, al demandante le asiste el derecho a percibir los beneficios sociales establecidos en la Sentencia de Vista, cuya entidad no ha sido cuestionada por la emplazada (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 3937-2011-CUSCO

Lima, veinte de abril de dos mil doce SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTOS; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha con los Vocales Supremos Vásquez Cortez, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega; oído el informe oral, se emite la siguiente sentencia: 1.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Fernando Rivero Ynfantas en calidad de apoderado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de fecha veinte de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos veinte contra la sentencia de vista, de fecha seis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos once, que Confirmando la sentencia apelada de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, obrante a fojas trescientos cincuenta y cuatro, declara Fundada la demanda de pago de beneficios sociales. 2.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, obrante a fojas ochenta y tres del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso por: a)

La infracción normativa del artículo 40 de la Constitución Política del Estado y artículo 12 del Decreto Legislativo N° 276, argumentando que el demandante pudo haber sido incorporado al sector público y no al privado, como así se determinó en el expediente judicial N° 1253-2006, proceso seguido por doña Valvina Airampo Quispe contra la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco sobre reconocimiento de beneficios sociales, en cuya sentencia de vista se incorporó al servidor por servicios no personales como personal administrativo contratado bajo el régimen de la actividad pública.

b)

La infracción normativa del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, artículos 4 y 29 de la Ley Universitaria, Ley N° 23733 y artículos 4 y 147 del Estatuto Universitario, alegando que al haber interpretado el Colegiado de la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior del Cusco, el artículo 70 de la Ley Universitaria, en el sentido que el Centro de Idiomas es un Centro de Producción, ha incurrido en la infracción normativa de los artículos anotados, ya que el mencionado dispositivo legal, no es una norma autoaplicativa pues requiere del desarrollo legislativo por medio de los órganos de gobierno de la Universidad, Asamblea Universitaria y Consejo Universitario.

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c)

La infracción normativa del artículo 400 del Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que expresamente señala cuáles son sus Centros de Producción, señalando que si la Sala hubiera reconocido la existencia de la norma estatutaria glosada, el régimen de la demandante no sería el privado.

d)

La Infracción normativa del artículo 77 de la Constitución política del Estado, y de los artículos 10 y 11 de la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Estado, por cuanto al desconocer el peso gravitante de las normas presupuestales sobre la decisión se está modificando el Presupuesto de la Universidad aprobado por el Ministerio de Economía, pues los fondos con los que se mantiene el Centro de Idiomas son fondos públicos y la autorización de su uso debe hacerse de acuerdo al supuesto aprobado.

3.

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, a través da la demanda obrante a fojas doscientos ochenta y tres, subsanada a fojas doscientos noventa y siete, don Ricardo Pinelo Ramírez pretende que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco le pague la suma de ciento tres mil setecientos cuarenta y nueve nuevos soles con ochenta céntimos (S/. 103,749.80) que le adeuda por concepto de compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas, vacaciones truncas y gratificaciones; basando su pretensión en que se desempeña como profesor de inglés en el Centro de Idiomas de la referida universidad: entidad pública que a pesar de dicha condición, cuenta en sus centros de producción con personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada; asimismo señala que se encuentra laborando a favor de la demandada, sin solución de continuidad, desde el primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, habiendo sido obligado a la sistemática suscripción de sendos contratos de locación de servicios, pretendiendo darle un enfoque civil a una relación que por imposición normativa y como reflejo de la realidad tiene naturaleza exclusivamente laboral; en su calidad de docente de vínculo adquiere naturaleza permanente y subordinada, por ello no resulta coherente que su empleador haya considerado que su retribución fuese a cambio de la emisión de recibos por honorarios, como si se tratara de un auténtico locador, situación dada con el exclusivo afán de la demandada de evadir sus obligaciones patronales, porque su vínculo contractual es de naturaleza laboral, comprendido dentro del régimen de la actividad privada, por ende, pasible del goce de todos los beneficios sociales que por ley le corresponden. Segundo.- Que, al contestar la demanda obrantes a fojas trescientos doce, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco solicita sea declarada infundada, alegando que el demandante carece de legitimidad para demandar toda vez que entre su persona y la Universidad no existe relación jurídica sustancial (vínculo laboral) que, dé lugar a las pretensiones de regularización de los depósitos de compensación por tiempo de servicios, pago de vacaciones no gozadas, gratificaciones e intereses legales; la única relación que tiene con el demandante es el contrato para abonarle su retribución por locación de servicios, obligación contractual que su parte ha venido cumpliendo de manera exacta y conforme a lo convenido, no habiendo entre el demandante y La demandada otra relación sustancial que la antes indicada. la misma que no genera obligaciones de carácter laboral y que a su vez deriven en cobro de beneficios sociales y otros, puesto que el demandante carece de legitimidad para demandar; y de acuerdo a las pruebas postuladas por el actor y a su declaración asimilada puesta en la demanda, prestó servicios no personales en forma además interrumpida desde setiembre de dos mil cuatro, lo que significa que prestó servicios en la modalidad de locación de servicios de acuerdo a lo establecido por el artículo 1764 del Código Civil: así los servicios prestados a la Universidad no contienen vínculo laboral.

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Tercero.- Que, las sentencias de mérito al declarar fundada la argumentaron que un hecho determinado en la audiencia de juzgamiento que no requiere de actuación probatoria, es que el demandante prestó servicios personales como docente del centro de idiomas, esto tiene sustento en que la parte demandada acepta que el demandante prestó servicios bajo contrato de locación de servicios. De estas afirmaciones lo resaltable es que sí prestó servicios, por tanto se activa la presunción de laboralidad en el sentido que mantuvo con la demandada vínculo laboral de plazo indeterminado; que la nueva Ley Procesal de Trabajo N° 29497 ha establecido reglas sobre la carga probatoria que deben cumplir las partes, tal como lo dispone su artículo 23.2, que el prestador de servicios ya no debe probar la prestación de servicios subordinados y remunerados, sino únicamente la prestación de servicios personales, una vez cumplida con esta carga probatoria ingresa al proceso bajo la presunción de laboralidad, a partir de ello la carga de la prueba se invierte correspondiendo a la parte demandada aportar pruebas que diluyan esta presunción. Las pruebas admitidas a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco no enervan la presunción de laboralidad en la medida que se refieren más bien a la prestación personal de servicios y la contraprestación percibida mas no al hecho de haber prestado servicios con ausencia de subordinación. En consecuencia, no habiendo sido enervada tal presunción subsiste que el demandante como docente del centro de idiomas, presta servicios de forma subordinada y mantiene con la demandada vínculo laboral de plazo indeterminado conforme prescribe el artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-97-TR y en aplicación del principio de primacía de la realidad. Asimismo, esté probado que el demandante ha trabajado como profesor de inglés en el Centro de idiomas de la referida Universidad, el cual no constituye un órgano académico sino un centro de producción en razón a que el mismo tiene profesores asignados a la actividad de una unidad de enseñanza y producción, cuyas remuneraciones son abonadas con recursos directamente recaudados, pues dicho Centro de Idiomas ha sido creado como centro de producción por Resolución de Consejo Universitario N° CU-052-89 de fecha cinco de mayo de mil novecientos ochenta y nueve. En tal sentido, teniéndose acreditado que el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco es centro de producción, se debe aplicar lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Nº 23733. Cuarto.- Que, el recurso de casación alude básicamente a la infracción de disposiciones de naturaleza constitucional y laboral en virtud de las cuales se he establecido erróneamente que el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco es un Centro de Producción, lo cual implica, que este Supremo Tribunal debe verificar si la sentencia impugnada ha desarrollado adecuadamente los fundamentos tácticos y jurídicos que justifiquen su decisión. Quinto.- Que, en principio, el artículo 70 de la Ley N° 23733, Ley Universitaria, establece que “el personal administrativo y de los servicios de las Universidades públicas está sujeto al régimen de los servidores públicos, con excepción del dedicado a labores de producción, que se rige por la legislación laboral respectiva. El personal administrativo y de los servicios de las Universidades privadas se rige por la legislación del trabajador privado” (el resaltado es nuestro). En ese sentido, una interpretación a contrario sensu de esta disposición permite concluir que el personal dedicado a labores de producción está sujeto al régimen laboral de la actividad privada al estar exceptuado del régimen de la actividad pública. Sexto.- Que, en efecto el Centro de Idiomas es un Centro de Producción de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco creado por Resolución de Consejo Universitario N° CU052-89 de fecha cinco de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, así la misma Universidad(75)

(75)

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Página web institucional: http://www.unsacc.edu.pe/ considera en primer orden dentro del rubro “centro de Producción” al “Centro de Idiomas”, página de presentación: http://ccomputo.unsaac.edu.pe/idiomas/.

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informa que es un Centro de Producción creado por la referida resolución de consejo universitario y que inició sus actividades el cinco de setiembre de mil novecientos noventa y cinco con la enseñanza del idioma inglés. Sétimo.- Que, al respecto se aprecia que la sentencia de vista dilucida las pretensiones materia de juicio, como es establecer si entre las partes existe una relación laboral o una relación de naturaleza civil en mérito a los contratos de locación de servicios, pues el régimen laboral al que pertenece el demandante tiene íntima relación con determinar si el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Sean Antonio Abad del Cusco es o no un centro de producción, Concluyendo que las labores de docente del actor en el centro de Idiomas por su naturaleza son subordinadas y en aplicación del principio de la primacía de la realidad se trata de un contrato de trabajo a plazo indeterminado; además el Centro de Idiomas de la referida Universidad, no constituye un órgano académico sino de producción en razón a que tiene docentes asignados e la Actividad Unidad de Enseñanza y Producción, cuyas remuneraciones son abonadas con recursos directamente recaudados, pues dicho Centro de Idiomas es un centro de producción, y debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley N° 23733, Ley Universitaria, por lo que el demandante se halla comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada. Octavo.- Que, así expuestos los techos, este Supremo Tribunal no advierte la infracción normativa de las normas denunciadas, ya que las instancias de mérito analizan correctamente los hechos controvertidos, los explican de manera detallada y precisa, valoran de manera conjunta la prueba ofrecida y actuada en el proceso, enuncian de manera expresa los documentos y el razonamiento en que hacen descansar su conclusión de que el demandante mantiene una relación laboral a plazo indeterminado con la demandada, que el Centro de idiomas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco constituye un centro de producción y sus trabajadores se rigen por la legislación del trabajador de la actividad privada, Siendo así, al demandante le asiste el derecho a percibir los beneficios sociales establecidos en la sentencia de vista, cuya entidad no ha sido cuestionada por la emplazada. Finalmente, la demandada no ha negado que no se afecta el presupuesto de la Universidad aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pues los ingresos que sostienen el Centro de Idiomas no son fondos públicos, sino directamente recaudados en dicho centro de enseñanza. En consecuencia, el recurso de casación debe ser declarado infundado. 4.

DECISIÓN:

Que por las razones expuestas, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de fecha veinte de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos veinte; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista, de fecha seis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos once; en los seguidos por don Ricardo Pinelo Ramírez contra la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco sobre Pago de Beneficios Sociales; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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SI SENTENCIA DE VISTA NO HA INFRINGIDO EL ARTÍCULO 29 DE LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL, LA CORTE SUPREMA DECLARA INFUNDADO DICHO RECURSO “(…) Que, por lo expuesto, este Supremo Tribunal llega a la conclusión que la sentencia de vista fechada el veintitrés de agosto del dos mil once, no ha infringido el inciso c) del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitivad Laboral (…). Por tales consideraciones declararon INFUNDADO el recurso de casación (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 3751-2011-LA LIBERTAD

Lima, dieciocho de abril del dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa en la fecha con los vocales Supremos; Vásquez Cortez - Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega; y producida la votación con arreglo a la ley, emite la siguiente resolución: 1.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT a fojas doscientos cincuenta y nueve, contra la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y siete, su fecha veintiséis de agosto del dos mil once, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que confirmando la sentencia apelada de fojas ciento setenta y nueve, de fecha veintisiete de junio del dos mil once, declara fundada la demanda incoada por doña Roxana Elizabet Rodríguez Ríos; en consecuencia ordena que la demandada reponga a la actora en el cargo que venía desempeñando a la fecha de despido, con lo demás de contiene. 2.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

Mediante resolución suprema de fecha veinte de diciembre del dos mil once, Se declaró PROCEDENTE el recurso presentado por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, únicamente por el siguiente agravio: La infracción normativa del artículo 29 literal c) del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley Productividad y Competitividad Laboral, a través de la cual se expresa que la Primera Sala Especializada en lo Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, al expedir la sentencia de vista impugnada, ha omitido analizar los hechos que rodean la creación artificial por parte de la demandante de la causal descrita en el dispositivo legal citado, pues la demandante, a sabiendas que el contrato de trabajo a plazo fijo que suscribió en forma voluntaria con la Administración Tributaria se encontraba próximo a vencer, presentó una demanda laboral, alegando una inexistente e imaginaria desnaturalización del contrato de trabajo que suscribió y del cual tenía pleno conocimiento; agrega que las actuaciones administrativas de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ofrecidos como medio de prueba por la actora no acreditan de manera alguna la existencia de la causal anotada, puesto que no está probado el nexo causal entre los hechos administrativos realizados con la culminación del contrato.

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3.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por escrito de fojas cuarenta y seis, doña Roxana Elizabet Rodríguez Ríos, al amparo del literal c) del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, interpone demanda de nulidad del despido, a efecto que se le restituya en el cargo que venía desempeñando de Fedatario Fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Sunat, Trujillo, y como consecuencia de ello, se le paguen las remuneraciones dejadas de percibir, más los intereses legales correspondientes. SEGUNDO: Mediante sentencia de vista, de fojas doscientos treinta y siete, el Colegiado de la Primera Sala Especializada en lo Laboral de la Corte Superior de La Libertad, declaró fundada la demanda, concluyendo que el despido se produjo luego que la demandada tuviera conocimiento de la interposición de la demanda de desnaturalización de vínculo contractual interpuesta por la demandante. TERCERO: La nulidad de despido consiste en la reconstrucción jurídica de la relación laboral, esto es el derecho del trabajador a la reposición en su centro de trabajo, siempre y cuando acredite que se han vulnerado derechos fundamentales estipulados en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en armonía con el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, en cuyo párrafo tercero señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. CUARTO: El artículo 29 inciso c) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que es nulo el despido que tenga por motivo, la presentación por el trabajador de una queja o su participación en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes; que al otorgársele un sentido interpretativo a dicha norma se asume que el único presupuesto que exige es la previa existencia de una queja o de un proceso en el cual el empleador haya sido emplazado con la resolución de apertura de la queja o del proceso judicial, de cuyo emplazamiento se advierte que el empleador haya tomado conocimiento efectivo de su presentación ante las autoridades competentes, requisito sine qua non para poder discutir la existencia posterior de un acto de represalia por parte del empleador en contra de su trabajador, no habiéndose contemplado en el supuesto de hecho que acoge la norma en comento, el que la actora haya interpuesto su reclamo ante la autoridad competente con la intención de evitar un posible despido. QUINTO: De autos aparece que por escrito de fojas treinta y siete su fecha veinticuatro de mayo del dos mil diez doña Roxana Elizabet Rodríguez Ríos, interpuso demanda de desnaturalización de contrato de trabajo para servicio específico contra su empleadora, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat. Trujillo, tras considerar que su vínculo contractual era de naturaleza indeterminada, conforme lo determinó la Autoridad Administrativa de Trabajo; acción judicial que fuera admitida a trámite por resolución de fojas treinta y seis, siendo notificada a la referida entidad el día ocho de junio del dos mil diez, tal como aparece a fojas ciento treinta y dos, por lo que al haberse producido el despido de la accionante con fecha dos de agosto del dos mil diez, es indudable que existe un nexo causal entre los hechos expuestos y el despido de la actora, habida cuenta que dicha proceso laboral ha sido interpuesto al amparo del artículo 77 inciso d) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y no por el ánimo de obtener un medio de prueba para defenderse frente a un posible despido, como pretende sostener la impugnante en Sede casatoria, no habiendo lograr desvirtuar la entidad recurrente, la interpretación que efectúa la sentencia de vista respecto del contenido esencial del literal c) del artículo 29 de la mencionada Ley, bajo el argumento que la actora interpuso demanda de desnaturalización a sabiendas que su contrato tenía fecha próxima de vencimiento, pues para la interposición de la referida demanda de desnaturalización de vínculo contractual no le resultaba imperativo a la demandante verificar el plazo por

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el plazo por el que había sido contratada; por tanto la decisión adoptada por la sentencia de vista se encuentra arreglada a derecho. SEXTO: Que, por lo expuesto, este Supremo Tribunal llega a la conclusión que la sentencia de vista fechada el veintiséis de agosto del dos mil once, no ha infringido el inciso c) del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 4.

DECISIÓN: Por tales consideraciones:

A)

Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT a fojas doscientos cincuenta y nueve, en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y siete, su fecha veintiséis de agosto del dos mil once.

B)

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por doña Roxana Elizabet Rodríguez Ríos, sobre nulidad de despido; y los devolvieron.- Vocal ponente: Vásquez Cortez. SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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RECURSO DE CASACIÓN HA SIDO DECLARADO PROCEDENTE POR LAS DENUNCIAS CORRECTAMENTE FORMULADAS “(…) a) La aplicación indebida del artículo 29 del Decreto Supremo número 003-97TR; b) La aplicación indebida del contrato administrativo deservicios; c) La inaplicación de los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 3409-11-LAMBAYEQUE

Lima, veintisiete de abril de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Vásquez Cortez - Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega: y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación obrante a fojas quinientas cuarenta y uno: interpuesto por doña Iliana del Milagro Balladares Bustamante, contra la sentencia de vista de fojas quinientos trece, de fecha primero de agosto de dos mil once, que revocó la sentencia apelada de fecha veinticinco de

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abril de dos mil once, de fojas cuatrocientos setenta y siete, que declaró infundada la demanda. y reformándola la declaró improcedente. II)

CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veinte de diciembre de dos mil once, obrante a fojas cincuenta y seis del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por las siguientes denuncias casatorias: a) La aplicación indebida del artículo 29 del Decreto Supremo número 003-97-TR; b) La aplicación indebida del contrato administrativo de servicios; c) La inaplicación de los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado; d) La Violación del principio reformatio in peius, y de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, e imperativa obligación de los jueces de aplicar precedentes; y, e) La inexistencia de motivación o motivación aparente. III) CONSIDERANDO: PRIMERO: En cuanto a la causal de inexistencia de motivación o motivación aparente; alega la recurrente que las sentencias de mérito no dan las razones por las cuales no consideran que el periodo de servicios prestados bajo contratos de locación de servicios son de naturaleza laboral; máxime si las labores desarrolladas son las mismas, estuvo sujeta a jornada de ocho horas, con marcación de ingreso y salida; asimismo, señala que se ha omitido la motivación respecto de la aplicación y vigencia de la doctrina de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en casos de despidos nulos, incausados o fraudulentos en los que se dispone la reposición del trabajo, a lo que debe adicionarse el carácter protector de la relación laboral y la aplicación del principio de primacía de la realidad. SEGUNDO: Dados los efectos nulificantes de la causal invocada, en caso de configurarse la misma, corresponde empezar el análisis de fondo del recurso, a partir de dicha causal; y de ser el caso, de no ampararse, analizar las causales in iudicando igualmente declaradas procedentes. TERCERO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 134 de la Constitución Política del Estado, CUARTO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00966-2007-AA/TC “no garantiza otra determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza

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que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado. (...) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver”. QUINTO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia’, que ha sido entendido como “desajuste’ entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o extra silentro –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente– la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. SEXTO: Dentro de este contexto, este Supremo Tribunal constata una motivación insuficiente en ambas instancias de mérito; en principio porque a pesar de que uno de los puntos centrales –por no decir el principal– del escrito de demanda es la “desnaturalización de la contratación civil” a la que estuvo sujeta la demandante, antes y después del periodo en que se la contrató bajo la modalidad del contrato administrativo de servicios, se omite todo abordamiento respecto de dicho extremo: en segundo término, porque la referencia hecha en las sentencias a tos pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional, específicamente los regidos en los expedientes números 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PS/TC, no releva en modo alguno a los jueces de pronunciarse en cada caso en concreto sobra la procedencia de la desnaturalización de un contrato de locación de servicios que precede a un contrato administrativo de servicios, pues estos contienen sus propias peculiaridades que no siempre son acogidas y abordadas en las sentencias constitucionales a las que se ha hecho mención; máxime si de la fundamentación jurídica esgrimida en la demanda se alega la vulneración constitucional de los artículos 22 y 27 de la Constitución Política del Estado; y, en tercer lugar, porque esta exigencia en la motivación de las sentencias de mérito, en casos como el presente, no resulta inoficiosa en tanto se discuten dos valores constitucionales, cual es, el derecho al trabajo (en su manifestación de estabilidad laboral y vocación de continuidad de la relación laboral) y por el otro, la observancia a las normas públicas - seguridad jurídica (que tienen por finalidad el reordenamiento del aparato estatal en el área de recursos humanos). SÉTIMO.- De otro lado, se evidencia que la motivación esgrimida por ambas instancias de mérito no analiza un hecho relevante en la controversia, esto es, la condición de empleada de la demandante, quien además de alegar la Ley número 24041, agregó según declaración asimilada de FOJAS cuatrocientos treinta y siete, que desempeñó el cargo de Secretaria del Órgano de Control Interno - OCI de la Municipalidad. Provincial de Ferreñafe; en tal virtud, se hacía indispensable que conociendo la existencia de una dualidad de regímenes existentes al interior del Estado (privado o público), este particular hecho sea objeto de pronunciamiento, en caso proceda la desnaturalización de la contratación civil a la que estuvo sujeta la demandante. OCTAVO: En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso casatorio planteado por la causal de “inexistencia de motivación o motivación aparente; y por consiguiente, nula la sentencia de vista e insubsistente la sentencia apelada, debiendo el Juez de primera instancia emitir nuevo fallo, teniendo en consideración lo esbozado precedentemente, así como la reciente jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en casos como el presente, específicamente la recaída en el Expediente número 1154-2011-AA/TC, la que a modo ilustrativo, permitirá al juez laboral contar

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con los elementos de juicio necesarios a fin de resolver la litis en justicia; lo que de ninguna manera limita ni restringe la independencia que posee este para adoptar posiciones disímiles. IV. DECISIÓN: Declararon.- FUNDADO el recuso de casación obrante a fojas quinientos cuarenta y uno, interpuesto por doña Iliana del Milagro Balladares Bustamante; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fojas quinientos trece. de fecha primero de agosto de dos mil once; e. INSUBSISTENTE la sentencia apelada que revocó la sentencia apelada de fecha veinticinco de abril de dos mil once, de fojas cuatrocientos setenta y siete: y, DISPUSIERON que el Juez de primera instancia EMITA NUEVA SENTENCIA con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente resolución; en los seguidos contra la Municipalidad Provincial de Ferreñafe; sobre Nulidad de Despido y otra; y, MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano: y los devolvieron. Vocal Ponente; Acevedo mena.SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE LAS SENTENCIAS EN AMBAS INSTANCIAS DENUNCIADA POR EL TRABAJADOR DEMANDANTE DA LUGAR A SENTENCIA CASATORIA FUNDADA “[E]videncia que la motivación esgrimida por ambas instancias de mérito no analizan un hecho relevante en la controversia (…) En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso casatorio planteado por la causal de inexistencia de motivación o motivación aparente (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 3150-2011-LAMBAYEQUE

Lima, treinta de mayo de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recuso de casación obrante a fojas doscientos ochenta y dos, interpuesto por don Rafael David Sandoval Purizaca, contra la sentencia de Vista de fojas doscientos cincuenta y tres, de fecha catorce de julio de dos mil once, que revocó la sentencia apelada de fecha diecinueve de

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abril de dos mil once, obrante a fojas doscientos diez, que declaró infundada la demanda, y reformándola la declaró improcedente. II)

CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veinte de diciembre de dos mil once, obrante a fojas cincuenta y uno del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por las siguientes denuncias casatorias: a) La aplicación indebida del artículo 29 del Decreto Supremo número 003-97-TR; b) La aplicación indebida del contrato administrativo de servicios: c) La inaplicación de los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado; d) La Violación del principio reformatio in peius, y de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, e imperativa obligación de los jueces de aplicar precedentes; y, e) La inexistencia de motivación o motivación aparente. III) CONSIDERANDO: PRIMERO: En cuanto a la causal de inexistencia de motivación o motivación aparente; alega la parte recurrente que las sentencias de mérito no dan las razones por las cuales no consideran que el periodo de servicios prestados bajo contratos de locación de servicios son de naturaleza laboral; máxime si las labores desarrolladas son las mismas, estuvo sujeta a jornada de ocho horas, con marcación de ingreso y salida: asimismo, señala que se ha omitido la motivación respecto de la aplicación y vigencia de la doctrina de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en casos de despidos nulos, incausados o fraudulentos en los que se dispone la reposición del trabajador, a lo que debe adicionarse el carácter protector de la relación laboral y la aplicación del principio de primacía de la realidad. SEGUNDO: Dados los efectos nulificantes de la causal invocada, en caso de configurarse la misma, corresponde empezar el análisis de fondo del recurso, a partir de dicha causal; y de ser el caso, de no ampararse, analizar las causales in iudicando igualmente declaradas procedentes. TERCERO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados el caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnere las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. CUARTO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00966-2007-AA/TC “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resulto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que,

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de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado. (...) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (…) corresponde resolver”. QUINTO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente– la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el árgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. SEXTO: Dentro de este contexto, este Supremo Tribunal constata una motivación insuficiente en ambas instancias de mérito; en principio porque a pesar de que uno de los puntos centrales – por no decir el principal– del escrito de demanda es la “desnaturalización de la contratación civil” a la que estuvo sujeta la parte demandante, antes y después del periodo en que se le contrató bajo la modalidad del contrato administrativo de servicios, se abordamiento respecto de dicho extremo: en segundo término, porque la referencia hecha en las sentencias a los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional, específicamente las recaídas en los expedientes número 00002-2010-PI/ TC y 03818-2009-PA/TC, no releva en modo alguno a los jueces de pronunciarse en cada caso en concreto sobre la procedencia de la desnaturalización de un contrato de locación de servicios que precede a un contrato administrativo de servicios, pues estos contienen sus propias peculiaridades que no siempre son acogidas y abordadas en las sentencias constitucionales a las que se ha hecho mención; máxime si de la fundamentación jurídica esgrimida en la demanda se alega la vulneración constitucional de los artículos 22 y 27 de la Constitución Política del Estado: y, en tercer lugar, porque esta exigencia en la motivación de las sentencias de mérito, en casos como el presente, no resulta inoficiosa en tanto se discuten dos valores constitucionales, cual es, el derecho al trabajo (en su manifestación de estabilidad laboral y vocación de continuidad de la relación laboral) y por el otro, la observancia a las normas públicas - seguridad jurídica (que tienen por finalidad el reordenamiento del aparato estatal en el área de recursos humanos). SÉTIMO: De otro lado, se evidencia que la motivación esgrimida por ambas instancias de mérito no analizan un hecho relevante en la controversia, esto es, la condición de empleado de la parte demandante, quien además de alegar la Ley número 24041, agregó que desempeñó el cargo de Controlador de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe; en tal virtud, se hacía indispensable que conociendo la existencia de una dualidad de regímenes existentes al interior del Estado (privado o público), este particular hecho sea objeto de pronunciamiento, en caso proceda la desnaturalización de la contratación civil a la que estuvo sujeto la parte demandante. OCTAVO: En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso casatorio planteado por la causal de “inexistencia de motivación o motivación aparente; y por consiguiente, nula la sentencia de vista e insubsistente la sentencia apelada, debiendo el Juez de primera instancia emitir nuevo fallo, teniendo en consideración lo esbozado precedentemente, así como la reciente jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en casos como el presente, específicamente la recaída en el expediente número 1154-2011-AA/TC, la que a modo ilustrativo, permitirá al juez laboral contar con los elementos de juicio necesarios a fin de resolver la litis en justicia; lo que de ninguna manera limita ni restringe la independencia que posee este para adoptar posiciones disímiles.

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NOVENO: Asimismo habiéndose amparado el presente recurso respecto a la causal de inexistencia de motivación o motivación aparente; carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a las demás causales declaradas procedentes. IV) DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas doscientos ochenta y dos, interpuesto por don Rafael David Sandoval Purizaca; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fojas doscientos cincuenta y tres, de fecha catorce de julio de dos mil once; e, INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha diecinueve de abril de dos mil once, de fojas doscientos diez; y, DISPUSIERON que el Juez de primera instancia EMITA NUEVA SENTENCIA con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente resolución; en los seguidos contra la Municipalidad Provincial de Ferreñafe; sobre Nulidad de Despido; y; MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y los devolvieron. Vocal Ponente: Yrivarren Fallaque.SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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EN EL EXAMEN DEL RECURSO CASATORIO DEBE ANALIZARSE LA DENUNCIA DE INFRACCIÓN NORMATIVA DE NORMAS DE DERECHO PROCESAL “(…) Que, en el examen del recurso casatorio se debe precisar que previamente corresponde se efectué el análisis de la denuncia de infracción normativa de normas de derecho procesal, ya que por efectos nulificantes resultaría innecesario emitir pronunciamiento sobre el agravio de preceptos de orden material (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 2921-2011-LA LIBERTAD

Lima, veintiuno de marzo de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTOS; en Audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los vocales Supremos Vásquez Cortez, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega; oído los informes orales, se emite la siguiente sentencia: 1.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Carmen del Rosario Montenegro Rojas: de fecha veintiséis de julio de dos mil once, a fojas ciento noventa y seis contra la sentencia de vista,

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de fecha siete de julio de dos mil once, a fojas ciento sesenta y tres, que Revocando la sentencia apelada, declara Infundada la demanda de Cese de Actos de Hostilidad. 2.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Esta Sala Suprema por resolución de lecha veinticuatro de octubre de dos mil once, obrante a fojas ciento cuatro del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso por: a)

La infracción del artículo 103 de la vigente Constitución Política del Estado, argumentando que la ley no permite el abuso del derecho respecto a la rebaja de la categoría ni remuneración, máxime aún que su relación laboral se inicia con la Carta Magna de 1979, siendo también de aplicación el principio de irretroactividad de la ley.

b)

La infracción del inciso b) del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, expresando que al reducirse arbitrariamente su remuneración al monto de tres mil setecientos ochentiocho nuevos soles con cincuentisiete céntimos, se ha producido un acto de hostilización manifiesta; agrega que la Sala superior de haber honrada los artículos 22, 23, 24 y 26 de la Constitución, habría hecho valer sus derechos fundamentales, referidos al trabajo, a la remuneración justa y suficiente para su sustento y el de su familia.

c)

Contradicción con otros pronunciamientos emitidos por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, citando las resoluciones recaídas en los Expedientes N° 4652009-II-SL, N° 12-2008-II-SL, N° 1959-2007-0-1601-JR-05, N° 743-2009-1SL, N° 112-2009IISL, N° 1108-2009-IISL: añade que el Colegiado Superior ha desconocido los alcances de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 818-2005-PA/TC, así como también de las Casaciones N° 1781-2006-LIMA, N° 2224-2005-LIMA, y N° 6242002-LIMA.

3.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, en el examen del recurso casatorio se debe precisar que previamente corresponde se efectúe el análisis de la denuncia de infracción normativa de normas de derecho procesal, ya que por sus efectos nulificantes resultaría innecesario emitir pronunciamiento sobre agravio de los preceptos de orden material. También declarados procedentes. Segundo: Que, la sentencia recurrida fundamenta su decisión señalando que de lo actuado se ha determinado que el cargo de Jefe de Departamento de Auditoría interna es un cargo de Dirección, por lo que la demandada cumplió con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad, esto es, identificar y determinar los cargos de dirección y notificar a los trabajadores, por lo que resultaba imposible reponer a un trabajador que ostenta un cargo de confianza como el de la actora, en ese sentido el hecho que se haya removido a la accionante encargándola como coordinadora de plataforma de información y atención al usuario - ventanilla única no configura el supuesto de rebaja inmotivada de remuneración y categoría, sino todo lo contrario dicho cambio tiene su origen en el retiro de confianza por parte de la empleadora quien ostenta la facultad de designar a sus cuadros de mando en base a la confianza. Tercero: Que, el recurso de casación alude básicamente a la infracción de disposiciones de naturaleza constitucional en virtud de las cuales se ha desconocido derechos laborales a efecto de que cesen los actos de hostilidad en contra de la recurrente, lo cual implica que este Supremo Tribunal debe verificar si la sentencia impugnada ha desarrollado adecuadamente los fundamentos lectivos y jurídicos que justifiquen su decisión.

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Cuarto: Que, en principio esta Suprema Sala considera pertinente señalar que el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece los actos de hostilidad equiparables al despido: (...) b) La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría; (...): Para analizar esta causal, conviene precisar que implica el término “categoría” en la doctrina laboral según ALONSO OLEA “(...) cada trabajador posee une calificación o categoría profesional que se tiene en cuenta al tiempo de contratar y a lo largo de la ejecución del contrato de trabajo en virtud de la cual se le clasifica profesionalmente (...)”. Por su parte BLANCAS BUSTAMANTE opina que “(...) categoría profesional y puesto de trabajo devienen conceptos distintos. El primero hace referencia a una posición o estatus determinado por la profesión, oficio, especialización o experiencia laboral del trabajador, el segundo indica las funciones concretas que desempeña el trabajador con la empresa (…). En ese sentido, se puede concluir que el trabajador al momento de celebrar el contrato de trabajo y ser promovido a diversas áreas, tiene la certeza de prestar servicios relacionados con su categoría profesional y, como consecuencia de ello, la prestación de servicios le deberá permitir desarrollar aún más sus actitudes profesionales. Es por ello que alterar la categoría en un modo que signifique la reducción de su catearla profesional, estaría calificada con un acto de hostilidad equiparable a un despido arbitrario. Se debe agregar que si bien es factible asociar erróneamente el cambio de puesto de trabajo con una afectación de la categoría, sin embargo esto no ocurre siempre y cuando lo que se modifique son únicamente las funciones encomendadas empero se respete la categoría en los términos expuestos. Quinto: Que, al respecto este Supremo Tribunal aprecia que en efecto la sentencia de vista dedica sus considerandos quinto, sexto, sétimo y octavo a dilucidar la naturaleza jurídica del cargo de Jefe del Departamento de Auditoría Interna, determinando la calidad de cargo de dirección, en virtud del cual desestima la pretensión de la actora señalando que no es posible obligar al empleador a que le renueve confianza; sin embargo no analiza la categoría alcanzada por la actora largo de su desempeño profesional y si ello se condice con el hecho de haberla asignado al cargo de coordinadora de plataforma de información y atención al usuario - ventanilla única, tampoco analiza si tal remoción configura un supuesto de reducción inmotivada de remuneración o categoría, omitiendo el hecho que mediante Resolución Rectoral N° 792-96-R-UPAO de fecha primero de junio de mil novecientos noventa y seis se nombró a la accionante en el cargo de Jefe de la Sección de Control Patrimonial dependencia del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Sexto: Que, en ese sentido, habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en infracción al deber de motivación: corresponde estar a lo previsto en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley N° 29497 que establece; “(…) En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y en ese case ordena que la Sala Laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió” (sic); siendo así, resulta arreglado a derecho ordenar que se expida nuevo pronunciamiento, por lo que estando a la naturaleza de la presente decisión carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de las demás causales declaradas procedentes en el auto calificatorio de fecha veinticuatro de octubre de dos mil once. 4.

DECISIÓN:

Que por las razones expuestas declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Carmen del Rosario Montenegro Rojas, de fecha veintiséis de julio de dos mil once, obrante a fojas ciento noventa y seis: en consecuencia. NULA la sentencia de vista, de fecha siete de julio de dos mil once, obrante a fojas ciento sesenta y tres; ORDENARON que la Sala de origen expida nueva sentencia atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente sentencia; en los

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seguidos por doña Carmen del Rosario Montenegro Rojas contra la Universidad Privada Anterior Orrego sobre Cese de Actos de Hostilidad; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497, y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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SI SENTENCIA DE VISTA IMPUGNADA INCURRE EN VICIO DE INCONGRUENCIA SE DECLARA FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN “(…) Que, en ese sentido, habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en falta de motivación, corresponde esta a lo previsto en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley N° 29947 (…) siendo así, resulta arreglado a derecho ordenar se expida nuevo pronunciamiento (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 2804-2011-LA LIBERTAD

Lima, dieciocho de enero del dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número dos mil ochocientos cuatro - dos mil once; en audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados Acevedo Mena, Presidente, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater; producida la votación con arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ciento doce por la demandada Universidad Privada Antenor Orrego mediante escrito de foja. doce, contra la sentencia de vista obrante a fojas noventa y siete, de fecha cinco de julio del dos mil once, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad que Confirmando la sentencia apelada de fojas sesenta y dos del veinticinco de abril del dos mil once, declara fundada la demanda, en consecuencia ordena que la demandada pague al actor la suma de ochenta y seis mil novecientos setenta y tres nuevos soles con noventa y dos céntimos (S/. 86,973.92) por concepto de pago de vacaciones no gozadas e indemnización por vacaciones no gozadas. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veintiséis de setiembre del dos mil once, obrante a fojas sesenta y dos del cuadernillo formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de:

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a)

Infracción normativa de normas procesales referente al artículo 139 incisos 3, 5 y 9 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil.

b)

Infracción normativa de normas materiales, esto es, de los artículos 52 inciso f), y 54 de la Ley Universitaria N°23733.

CONSIDERANDO: PRIMERO: En el examen del recurso casatorio cabe precisar que previamente corresponde se efectúe el análisis de la denuncia de infracción normativa de normas de derecho procesal, ya que por sus efectos nulificantes resultaría innecesario emitir pronunciamiento sobre el agravio de los preceptos de orden material, también declarados procedentes. SEGUNDO: En el recurso de casación se alude que la sentencia impugnada adolece de una debida motivación que justifique la decisión adoptada, por lo que, para establecer si la sentencia afecta el principio de motivación de resoluciones judiciales, entendida dentro de esta, el vicio de congruencia, previamente se debe tener en cuenta la pretensión demandada (vacaciones) y su perspectiva jurídica. TERCERO: En el caso de autos la demanda de fojas trece tiene como petitorio que la Universidad Privada Antenor Orrego pague vacaciones no gozadas en su oportunidad (periodo del trigésimo primero al sexagésimo dio) así como una indemnización por esas vacaciones no gozadas, pues considera que desde su fecha de ingreso a dicha casa de estudios, solamente se le ha reconocido y pagado un mes de vacaciones, es decir, ha gozado de vacaciones por un lapso de treinta días, en cada periodo anual, por los periodos de 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. CUARTO: Al respecto cabe relevar que el artículo 2 numeral 1 del Convenio N° 52 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT establece: “Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anules pagadas de seis días laborables por lo menos” (sic). Asimismo el Convenio 132 de la Organización Internacional de Trabajo sobre las vacaciones pagadas (revisado, mil novecientos setenta) establece en su artículo 3 numeral 1 puntualiza: “toda persona a quien se aplique el presente Convenio tendrá derecho a vacaciones anuales pagadas de una duración mínima determinada”; (sic) así como, el numeral 3 de dicho artículo determina que: “las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables por un año de servicios” (sic). De estos convenios internacionales se aprecia que estos protegen el derecho al descanso físico después del servicio prestado por el trabajador a su empleador. QUINTO: En el derecho comparado se regula de manera diferenciada los días que se conceden como descanso pagado, así tenemos que en el caso de Chile su legislación prevé un descanso vacacional pagado de quince días laborales al año, conforme al artículo 67 de su Código del Trabajo; en Colombia su Código Sustantivo de Trabajo ha previsto de igual manera quince días de descanso pagados; y, México ha reconocido el derecho a vacaciones pagadas por cada año, no inferior a seis días laborales, esto, conforme al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. SEXTO: En el caso Peruano el artículo 25 de la Constitución Política, determina: “Jornada de Trabajo.- (...) Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerado” (sic). El Decreto Legislativo N° 276 en su artículo 24 precisa: “Son derechos de los servidores públicos de carrera: (...) d) Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación convencional hasta de dos períodos” (sic). El Decreto Legislativo N° 713, en su artículo 10 señala que: “el trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada

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año completo de servicios (...)” (sic). Por su parte, la legislación universitaria, Ley N° 23733, en su artículo 52 señala, “De conformidad con el Estatuto de la Universidad, los profesores Ordinarios tiene derecho a: (...) f) Las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año, sin perjuicios de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario” (sic). SÉTIMO: De otro lado, teniendo en cuenta que el petitorio de la demanda versa no solo sobre el pago de vacaciones, no gozadas (del trigésimo primero al sexagésimo día de descanso según la Ley Universitaria) sino sobre indemnización vacacional por el que se invoca el Decreto Legislativo N° 713, por ese no goce, se debe tener presente a los efectos de la emisión del fallo, los diferentes métodos interpretativos que puedan coadyuvar a un desarrollo argumental congruente, tales como la interpretación: literal, el lógico(76), el sistemático(77), el histórico(78), el sociológico(79), el teleológico(80), así como los principios de legalidad(81) de subsidiaridad(82) de complementariedad(83) y de supletoriedad(84) de ser el caso. Ello porque el examen de una norma exige como cuestión previa tornar en cuenta criterios y principios para la interpretación de la norma, como por ejemplo rechazar aquella que conduzca al absurdo o a la incoherencia, precisamente porque en ese supuesto no puede tener cabida la interpretación que permita inferir que un determinado supuesto se oponga o resulte manifiestamente incompatible con otro supuesto de una norma. Dicho de otra forma, la correcta interpretación de una norma jurídica debe conducir a que los supuestos que una norma contemple, se apliquen de manera armónica, de tal suerte que no exista oposición y/o discrepancia insalvable entre ellas. OCTAVO: Dentro de este parámetro, cabe resaltar que el debido proceso establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú comprende, entre otros derechos, el de obtener de los Jueces y Tribunales una resolución fundada en derecho, por lo que se exige que las

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ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho. Octava edición, Tipografía Sesator. Lima, 1982, p. 263. El Método Sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que, conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente; que, por tanto, siendo parte de este sistema, y no pudiendo desafinar ni rehuir del mismo, el significado y sentido de la norma jurídica podrá ser obtenido de los principios que inspiran ese sistema, principios y consiguiente significado y sentido que incluso pueden ser advertidos con mayor nitidez del contenido de otras normas del sistema. Por el método histórico se pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, como las ideas de sus autores al concebir o elaborar los proyectos, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley, informes, debates, etc. ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil I. Volumen Primero, Decimocuarta edición, José María Bosch Editor, Barcelona, 1996, p. 169. Método teleológico. Este método en su denominación tiene el prefijo “tele” que significa fin. El Método Teleológico es, entonces, el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico. El principio de legalidad o primacía de la ley, es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público deberla estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. El Estado sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Ara Editores, p. 133. Ibídem, p. 150. Ibídem, p. 131.

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sentencias expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5) de la Constitución, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión, exigencia preceptuada además en el artículo 12 inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La exigencia de motivación suficiente constituye una garantía para el justiciable, mediante la que puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del Juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios Constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la constitución. NOVENO: Que, el deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico 4 de la Sentencia N° 00966-2007-AA/TC: “no garantiza una determina extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (...). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al Juez (...) corresponde resolver” (sic). DÉCIMO: Que, lo explicitado se corrobora con lo expuesto por Alberto Hinostroza Minguez quien afirma, “en lo que respecta a la indicación de los fundamentos de derecho de la resolución (obligación del magistrado que resuelve), puntualizamos que no resulta exigible que aquellos estén señalados por cada considerando que integra la resolución, pues, reiteramos, el análisis de los hechos y del derecho aplicable a estos es una labor de conjunto, lo que implica que los referidos considerandos se hallen entrelazados y que la conclusión que se desprende de ellos obedezca a una interpretación plural y no aislada de los mismos, a una secuencia ordenada, lógica y desarrollada de razonamiento” (sic) (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Jurisprudencia Procesal Civil comentada. Primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, octubre de 2001, p. 38). UNDÉCIMO: Que, se observa entonces, que integrando la esfera de la debida motivación se haya el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre las alegaciones sustanciales formuladas oportunamente–, la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren arribos tipos de incongruencia, cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. DUODÉCIMO: Que, además de los vicios de incongruencia referidos, también forma parte de ese principio, el supuesto de incoherencia interna de la resolución, que comprende los desajustes o errores lógicos en la propia esfera de la parte considerativa de la resolución, así como la incoherencia externa, comprenderla el desajuste lógico entre el fallo y la parte considerativa de la resolución (ver sobre este aspecto a: COLOME HERNÁNDEZ, Ignacio. La motivación de las sentencias; sus exigencias constitucionales y legales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, capítulo segundo, p. 454). DÉCIMO TERCERO: Que, la sentencia impugnada incurre en vicio de incongruencia y falta de claridad en su desarrollo argumental, conforme se puede advertir de la lectura de los

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considerandos sexto, sétimo y décimo, en los cuales se fundamenta que, de acuerdo al artículo 54 de la Ley Universitaria le asistiría al demandante el derecho al goce vacacional de sesenta días, sin perjuicio de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario, superior al tiempo del descanso vacacional que otorga el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713, y por otro lado establece que al demandante le corresponde una indemnización vacacional por no haberse hecho efectivo el descanso vacacional de treinta días adicionales que completan los sesenta días de vacaciones que se reconocen sin perjuicio de atender trabajos preparatorios de rutina universitaria de modo que no afecten el descanso legal ordinario, aplicando el Decreto Legislativo N° 713, sin explicitar qué artículo de esa normativa regula una indemnización para el hecho concreto del no goce de los treinta días restantes (del trigésimo primero al sexagésimo día) del derecho vacacional que declara, incurriendo en incongruencia interna, pues además en la sentencia se ha señalado: “(...) la frase “de acuerdo a ley de la norma estatutaria debe interpretarse referida a los artículos precitados de la Ley N° 23733 y no al Decreto Legislativo N° 713 que otorga un descanso vacacional menor, ... (sic), sin embargo dispone el pago doble de vacaciones respecto del segundo periodo ‘no gozado’ - indemnización, en base a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 713 (genéricamente) sin motivar por qué una norma que penaliza la falta de goce vacacional por treinta días, resultaría aplicable para el no goce de los segundos treinta días, pues en el proceso ha quedado establecido que el actor hizo uso efectivo de treinta días de vacaciones. Adicionalmente se vulnera el principio de motivación, cuando no se justifica cuál es el método o principio de interpretación que se emplea para interpretar la frase de ‘acuerdo a ley’ de la norma estatutaria, además, la Sala Superior como órgano revisor, aun cuando el recurso de apelación lo plantea como agravio expreso (el razonamiento del juez contiene motivación lógica incorrecta), no da respuesta puntual al agravio en comento. DÉCIMO CUARTO: Que, en ese sentido, habiéndose determinado que la sentencia de vista incurre en falta de motivación, corresponde estar a lo previsto en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley N° 29497 que establece: “(...) En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y en ese caso ordena que la Sala Laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió” (sic); siendo así, resulta arreglado a derecho ordenar se expida nuevo pronunciamiento, por lo que estando a la naturaleza de la presente decisión, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de las demás causales declaradas procedentes en el Auto calificatorio de fecha veintiséis de setiembre del dos mil once. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento doce por la Universidad Privada Antenor Orrego; en consecuencia, NULA la sentencia de vista obrante a fojas noventa y siete, de fecha cinco de julio del dos mil once: DISPUSIERON expedir nueva sentencia con arreglo a las consideraciones precedentes y a la ley; en los seguidos por don Marco Antonio Honorio Acosta sobre Pago de Beneficios Sociales; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497, y los devolvieron.- Vocal Ponente Torres Vega.SS. ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR ACEVEDO MENA, ES COMO SIGUE: PRIMERO.- En el caso concreto, habiéndose declarado procedente la causal de infracción normativa procesa del artículo 139 incisos 3, 5 y 9 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil; conviene analizar en primer término dicha causal, en tanto la demandada oportunamente alegó que la sentencia impugnada adolece de debida motivación, así como violenta el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley que establece o restringe derechos, pues la Sala Superior elude rebatir los fundamentos contenidos en su escrito de apelación y únicamente se limitan a reiterar el contenido de la sentencia emitida por el A quo; por lo que, en tal virtud, es preciso comprobar si, como alega la recurrente, la instancia de mérito infringe las normas que garantizan el debido proceso, en su manifestación del derecho que tienen las partes a obtener del órgano jurisdiccional una respuesta debidamente motivada y basada en lo actuado, así como en lo previsto en el ordenamiento nacional. SEGUNDO.- Al respecto, considerando que en la sentencia de vista se confirma la apelada en similares términos, añadiéndose algunos fundamentos adicionales, es preciso glosar expresamente lo indicado en aquella; en efecto, la sentencia de primera instancia obrante a folios sesenta y dos, indicó que “(...) por mandato del artículo 54 de la Ley Universitaria, el Profesor Ordinario de Universidad Privada, o parte del Estatuto respectivo, es aplicable el Capítulo V: De los Profesores (artículos 43-54), de la Ley Universitaria, con excepción de los incisos e) y g) del artículo. 52, y artículo 53; pues dichos incisos y articulados, son propios de los Profesores de Universidades Públicas, permitiendo interpretar que los Profesores de Universidades privadas tienen derecho a las vacaciones pagadas de sesenta (60) días y por mandato del párrafo final del artículo 54 de la Ley N° 23733, Ley Universitaria, es de aplicación la legislación laboral de la actividad privada (...)”; añadiendo, que el Decreto Legislativo N° 882, norma que en su artículo 6 remite a los trabajadores administrativos y docentes a las reglas aplicables del régimen laboral privado, que la misma no resulta aplicable a estos, específicamente en el tema de las vacaciones de los profesores universitarios, en tanto esta norma “fue expedida para promover y conducir instituciones educativas (...) lo que permite deducir que el Decreto Legislativo en comento, no resulta ser una norma legal que regula los derechos y deberes de los profesores de Universidades privadas (...)”; en tal virtud, procedió a liquidar el derecho de vacaciones reclamado por el accionarte, por “los periodos vacacionales correspondiente a los años 1998 a 2009, que debieron ser gozados en febrero de 1999 a 2010, deben ser compensados conforme al artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, a razón de dos (02) Remuneraciones computables vacacionales, calculadas cada una de ellas sobre la base de la última remuneración ordinaria mensual (...)”, conforme se desprende de la glosa precedente, aplicando en cuanto a la “indemnización vacacional”, el Decreto Legislativo N° 713, norma que regula las vacaciones en el régimen laboral privado. TERCERO.- En el escrito de apelación formulado por la demandada Universidad Privada Antenor Orrego, obrante a folios setenta y tres, se alegó –entre otras cosas–, que la sentencia de primera instancia interpreta erróneamente los artículos 52 y 54 de la Ley Universitaria N° 23733, empero aplica analógicamente el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, violentando con ello la prohibición contenida en el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil sobre la proscripción de la analogía en el caso de norma que establezca o restrinja derechos. CUARTO.- En tal virtud, la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en la sentencia de vista obrante a folios noventa y siete, respecto al tema que nos atañe –vacaciones de los docentes universitarios de Universidades privadas–, argumentó que “(...) tanto la Ley Universitaria como las normas labores de la actividad privada no son incompatibles entre sí, sino más bien que se complementan, debiendo armonizar ambos dispositivos legales, para no

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afectar o restringir los derechos fundamentales de los trabajadores docentes universitarios”, indicando además en la parte in fine del quinto considerando de la sentencia de mérito que es “la propia Ley Universitaria N° 23733, la que en su artículo 54, reconoce a los docentes de las universidades privadas, las vacaciones de sesenta días”; no obstante ello, líneas seguidas, en el décimo considerando añade que “la aplicación de las normas pertinentes del Decreto Legislativo N° 713, para otorgar la indemnización por el no goce oportuno de! descanso vacacional, no son de aplicación analógica, pues se desprende del propio texto del artículo 54, la remisión al Decreto Legislativo N° 713, mientras que, el derecho contenido en el artículo 52 inciso f), requiere de esta norma para ser viabilizado, pues, ambas normas son complementarias y el A quo, al utilizarlas en su conjunto, ha desplegado la protección integral del Derecho del Trabajo que se desprende de todas las normas con contenido laboral y como lo prescribe la Carta Magna”. QUINTO.- Así, de las glosas que anteceden es fácil advertir que en las instancias de mérito si bien se prefiere la aplicación de la Ley Universitaria N° 23733, para los efectos de determinar el derecho vacacional de sesenta días, sobre lo previsto en el Decreto Legislativo número N° 713 (treinta días de vacaciones); sin embargo, al momento de efectuar la liquidación de derecho indemnizatorio por el no goce del derecho vacacional, se ha procedido a otorgar la “indemnización vacacional” por el no descanso oportuno basándose únicamente en la norma del régimen laboral privado, apelando como argumento de respaldo a dicha decisión a la supuesta “complementariedad” existente entre ambos dispositivos normativos, sin que se motive suficiente y claramente el método de aplicación de normas adoptado. SEXTO.- En este sentido, es pues insuficiente el desarrollo argumentativo esbozado, respecto del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713 y artículo 24 de esta última norma; ya que, la alusión a la “complementariedad” entre dichas normas exige que el Colegiado desarrolle las razones por las cuales se recurre a dicho método de aplicación de normas; precisando que debe tenerse en cuenta que en todos los sistemas normativos, entre ellos el nacional, las normas se estructuran en función de dos criterios principales: el de jerarquía y el de competencia; y en tal virtud, teniendo como base la pirámide kelseniana, en la cúspide de esta se encuentra nuestra Constitución Política y los Tratados de Derechos Humanos, en el nivel primario, los demás tratados, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, leyes regionales, ordenanzas municipales, y sentencias anulatorias emitidas por el Tribunal Constitucional, entre otras; en el nivel secundario, tenemos a los reglamentos (que desarrollan una ley), los decretos regionales, el edicto municipal, sentencias anulatorias del Poder Judicial, por mencionar algunas; y, en el nivel terciario, encontramos el convenio colectivo, el reglamento interno de trabajo y la costumbre; estas últimas que se agrupan en la base de la pirámide al provenir directamente de las partes involucradas en la situación fáctica regulada; en los ejemplos mencionados: la relación laboral. SÉTIMO.- Así, respecto a la recurrida, su ubicación una por encima de la otra no hace sino indicarnos de manera clara la preferencia de estas en situaciones en las que nos encontremos ante un supuesto fáctico aparentemente regulado por varias normas simultáneamente. No obstante lo antedicho, debe considerarse además que, el criterio de jerarquía –antes enunciado–, no es la única herramienta con la que cuenta el órgano jurisdiccional para resolver un conflicto “de normas”, ya que existen además los criterios de especialidad y el de temporalidad, entre otros. OCTAVO.- Conviene anotar además que al existir normas que regulen simultáneamente un supuesto de hecho, esta coexistencia no siempre es normas que regulen conflictivamente el mismo hecho; en tal sentido debe precisarse, tal como lo informa acertadamente el profesor Javier

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Néves Mujica(85), citando al maestro Martín Valverde que “el conflicto entendido en sentido amplio engloba (...) dos supuestos de incompatibilidad distinta entre normas: la contradicción y la divergencia”, la primera de ellas, que se produce cuando dichas normas poseen un igual origen y ámbito; mientras la divergencia, se da en caso estas coincidan sea en su origen o en su ámbito(86). NOVENO.- Cabe destacar además, siguiendo la misma línea de razonamiento, que conjuntamente con los criterios de jerarquía, especialidad y temporalidad, en el Derecho del Trabajo se ha diseñado una fórmula adicional para la hipótesis del conflicto, esto es, el de la norma más favorable, aplicable cuando dos normas regulen incompatiblemente el mismo hecho, debe seleccionarse la que conceda más ventajas al trabajador(87). DÉCIMO.- Así las cosas, al ser evidente una manifiesta incongruencia en la argumentación esgrimida en la sentencia de vista, es que se hace necesaria la emisión de un nuevo pronunciamiento, a fin de otorgar una respuesta puntual y coherente a lo planteado por ambas partes, y a lo previsto en el ordenamiento nacional; razón por la cual, corresponde declarar fundado el recurso de casación planteado, y como consecuencia de ello, nula la sentencia de vista. DECISIÓN: Por estos fundamentos: MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento doce por la Universidad Privada Antenor Orrego; en consecuencia, NULA la sentencia de vista obrante a fojas noventa y siete, del cinco de; julio del dos mil once; SE ORDENE expedir nueva sentencia con arreglo a las consideraciones precedentes y a la ley; en los seguidos por don Marco Antonio Honorio Acosta sobre Pago de Beneficios Sociales; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497, y se devuelva. SS. ACEVEDO MENA

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LA ORALIDAD ES UN ELEMENTO DISTINTIVO Y PREDOMINANTE EN LOS PROCESOS LABORALES CON LA NLPT “Con este nuevo sistema procesal, que introduce la oralidad como elemento distintivo y predominante en los procesos laborales, se hace necesario que las partes procesales como la defensa letrada de estas asuman una actitud acorde con los cambios que impone el sistema (…)”.

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NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, p. 157. La solución en cada caso diferente, pues mientras en la contradicción propiamente dicha, la discrepancia entre las normas conduce a la eliminación de una de ellas; en el caso de la divergencia, esta discrepancia otorga la posibilidad de la inaplicación de una de las normas para el caso concreto, dejando subsistente la otra en el ordenamiento jurídico; es este último supuesto (el de divergencia), el que se asimila a la aceptación de “conflicto”. NEVES MUJICA, Javier. Ob. cit., p. 161.

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SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 2688-2011-LA LIBERTAD

Lima, catorce de marzo de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha: con los Señores Vásquez Cortez, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega; y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recuso de casación obrante a fojas cuatrocientos. interpuesto por la Junta de Propietarias del Centro Comercial El Virrey, contra la sentencia de vista de fojas trescientos ochenta y ocho, de fecha veintiuno de junio de dos mil once, en el extrema que declaró nulo el concesorio de apelación contenido en la resolución número seis, obrante a fojas trescientos ochenta, respecto al recurso impugnatorio planteado por la parte demandada, y sin objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación formulada por dicha parte demandada, obrante a fojas trescientos setenta, contra la sentencia de folios trescientos veinticinco. I I ) FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: El recurso de casación ha sida declarado procedente por resolución de fecha veintiséis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas ciento tres del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú. III) CONSIDERANDO: PRIMERO.- Con la promulgación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley número 29497, que trajo consigo un esquema de predominante oralidad por sobre la escrituralidad que contenía la antigua Ley número 26636, no solo se produce una reforma en la concepción del proceso laboral que –hasta entonces– venía dándose; sino que también trajo consigo novedades que facilitan la prosecución del proceso, desde su inicio hasta su término; entre ellas podemos destacar: la defensa cautiva facultativa (cuando el petitorio del demandante no supere las lo unidades de referencia procesal), la ampliación del ámbito de intervención de la judicatura Laboral en aspectos de modalidades formativas, cooperativistas, administrativas: los supuestos de legitimación especial (organización sindical, asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez. Defensoría del Pueblo Ministerio Público): inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando exista un tribunal u órgano administrativo ad hoc como es el caso del Tribunal del Servicio Civil: las notificaciones electrónicas, entre otros. SEGUNDO.- Precisamente este último aspecto –notificaciones electrónicas–, está basado en la digitalización de las resoluciones y anexos que son emitidos por los juzgados y salas laborales, que posteriormente son notificados a una casilla electrónica con la misma efectividad que la notificación con cédulas de papel, y la cual permite a las partes procesales representadas por sus

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abogados, quienes previamente consignaron su casilla electrónica en el escrito y la contestación de la demanda, conocer de manera oportuna e inmediata contenido de autos y decretos expedidos en el proceso: resaltando además el hecho de que el acceso de los abogados a las casillas electrónicas, tanto para su creación vía la página web del Poder Judicial así como para su consulta, es gratuito. Resulta preciso señalar en este punto que el sistema de notificaciones preferentemente electrónico, es utilizado para la comunicación de la mayoría de solos procesales, salvo cuando se trata de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos que deben notificarse mediante cédula, según se desprende del texto expreso contenido en el artículo 13 de la Ley número 29497; ello debido a la necesidad de contar con la certeza de la recepción de estos documentos. TERCERO.- En este sentido, el sistema de notificación electrónica, merced a lo dispuesto en la Primera Disposición, transitoria de la Ley número 29497, que regula: “El Poder Judicial implementa una red electrónica que permita la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publicación simultánea en la página web del Poder Judicial. Los interesados solicitan al Poder Judicial la asignación de un domicilio electrónico, el cual opera como un buzón electrónico ubicado en el servidor El acceso al buzón es mediante el uso de una contraseña localizada en la página web del Poder Judicial. De igual modo implementa un soporte informático para el manejo de los expedientes electrónicos, permite colegir con meridiana claridad que, la red electrónica a llaves de la cual se envían y almacenan las notificaciones de las juzgados y salas de trabajo, en primer termino es administrada por el Poder Judicial, quien es el responsable del soporte técnico de las redes informáticas y de su mantenimiento: y, en segundo lugar, se entiende que una vez producida la cédula de notificación –que lleva adjunto la resolución emitida– es enviada tanto a la casilla electrónica como en la página web de esa institución (a través de la opción “consulta expedientes judiciales”) en forma simultánea: con lo que, los destinatarios pueden visualizar la misma sea en su dirección de correo personal o a través de la página de internet, a la cual se accede sin necesitar de clave de acceso –a diferencia de la primera–. CUARTO.- Con este nuevo sistema procesal, que introduce la oralidad como elemento distintivo y predominante en los procesos laborales, se hace necesario que las partes procesales como la defensa letrada de estas asuman una actitud acorde con los cambios que impone el sistema. En efecto, esta nueva postura requiere, entre otras cualidades, la especialización en la defensa (considerando que con este nuevo modelo se construyen teorías del caso que en la audiencia de juzgamiento deberán ser sustentadas), asimismo, se demanda de los abogados participantes diligencia y eficiencia en el patrocinio de las causas, ya que con la Ley número 29497 se viene implantando un nuevo sistema de notificación electrónica, que sustituye a la notificación por cédula que, por años, era utilizada tanto en procesos laborales como civiles; en este extremo, no solo necesitan que se cuente con aparatos electrónicos (computadoras) con el debido sistema operativo, sino que también requiere que el mismo posea una configuración local sin restricciones para elementos emergentes (que son los anexos de las resoluciones notificadas), pues solo de este modo es posible tanto la visualización del correo electrónico emitido con la cédula de notificación así como de los anexos enviados con esta (resolución emitida) Finalmente, también se demanda –poniendo especial énfasis– que en el decurso del proceso, tanto las partes como sus abogados, adecuen su conducta a los parámetros de buena fe procesal entendida como aquella conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como correcta. QUINTO.- La recurrente mediante escrito de folios cuatrocientos, interpone recursos casatorio invocando como causal la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, invocando para tal efecto el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado;

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argumentado la existencia de vulneración a las normas que garantizan los derechos a un debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto en el decurso del proceso –específicamente en segunda instancia– existieron fallas en el sistema de notificación electrónica, debido a que la resolución número siete, obrante a fojas trescientos ochenta y cuatro, con la que se comunica a las partes la fecha para la audiencia de vista y en donde además se dispuso que esta cumpla con reintegrar la tasa por recurso de apelación, bajo apercibimiento de rechazarse el mismo, nunca pudo ser visualizada por la recurrente; y a pesar de que este también acudió a la página web del Poder Judicial (en la opción “Consulta de Expedientes Judiciales”), tampoco pudo visualizar el contenido de la resolución bajo referencia hechos a partir de los cuales considera que no se ha cumplido con la finalidad de la notificación, contemplada en el artículo 13 de la Ley Procesal del Trabajo número 29497, concordante con tos artículos 155 a 170 del Código Procesal Civil. SEXTO.- Calificado el recurso casatorio mediante resolución de fecha veintiséis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas ciento tres del cuaderno formado por este Sala Suprema; se declaró procedente el mismo por la denuncia de infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, argumentado que al haber “sustentado de forma clara y precisa respecto a la vulneración de las normas que garantizan al derecho al debido proceso y la parte recurrente ha cumplido con demostrar la incidencia de la misma en el caso de autos; en consecuencia: resulta procedente la infracción normativa de normas que contravienen el debido proceso: al haberse cumplido con los requisitos establecidos en e1 artículo 36 la Nueva Ley Procesal del Trabajo; además la impugnante ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio”. SÉTIMO.- Sobre la causal de contravención a las normas que garantizan el debido proceso; este derecho no solo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona –peruana o extranjera, natural o jurídica– y que, en tal medida, es exigible por estas (dimensión subjetiva): a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que llena implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)(88). OCTAVO.- De otro lado, el debido proceso comprende un conjunto de garantías constitucionales que se pueden identificar tanto en el inicio del proceso, en la defensa, prueba y sentencia, entre los que se señalan: i) el de obtener una resolución fundada en desecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que se encuentran suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan les decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; ii) el derecho de litigantes de participar en un proceso público, que garantice la defensa de estos mediante herramientas procesales eficientes y eficaces: iii) el derecho de ofrecer las pruebas pertinentes que acrediten sus afirmaciones, la misma que deberá –según sea el caso–, ser admitida, actuada y valorada: iv) la institución procesal de la cosa juzgada: v) derecho al juez ordinario: vi) derecho a la asistencia de letrado, entre otros.

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Información extraída del documento de la comisión Andina de Juristas elaborado por Luis Huerta por la colaboración de Enrique Aguilar, “El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en: <www.caipe.org.pe>.

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NOVENO.- A nivel jurisprudencial constitucional, es aceptado que el debido proceso tiene dos dimensiones: la formal y la material. En su dimensión adjetiva o formal, el debido proceso está comprendido por determinados elementos procesales mínimos que son necesarios e imprescindibles para el establecimiento de un proceso justo, tales como el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a impugnar, ser escuchado, entre otros. A su vez, estos elementos impiden que la libertad y los derechos de los individuos se afecten ante la ausencia o insuficiencia de un proceso. El debido proceso sustantivo exige, por su parte, que los actos tanto del legislador, del juez y de la administración sean razonables y respetuosos de los derechos fundamentales a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez: en tal sentido, se afirma que el debido proceso sustancial tiene por fin asegurar la razonabilidad de lo decidido en un proceso. Es importante resaltar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en cuanto a esta doble dimensión del debido proceso, al respecto ha establecido. “El debido proceso está concebido como aquel en el que se respetan sus dos expresiones, tanto formal como sustantiva en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”. DÉCIMO.- Teniendo en cuenta el marco legal, doctrinario y jurisprudencial anotado precedentemente, la causal casatoria de contravención al debido proceso exige necesariamente que la vulneración al mismo se dé en el marco específico de un derecho invocado y sobre el cual versa su pretensión: en el presente caso. Este Supremo Tribunal advierte que la denuncia casatoria invocada por la recurrente no se enmarca –en rigor– dentro de este supuesto, en tanto no está referida a denunciar la vulneración de una norma de derecho procesal específico, sino más bien está orientada a denunciar un hecho aislado que además no ha sido acreditado en el proceso, esto es, la imposibilidad de esta de leer –a través de los medios electrónicos– la integridad de la resolución número siete de folios trescientos ochenta y cuatro, con la que se comunica la fecha de vista de causa y se requiere a la demandada el reintegro de la tasa por recurso de apelación, al haber sido presentada en un monto diminuto: en efecto, si bien es posible la existencia de deficiencias en las notificaciones electrónicas implementadas con la dación de la Ley número 29497, lo cierto es que esta eventualidad tiene que ser necesariamente probada, a efecto de que el órgano jurisdiccional proceda a efectuar las medidas correctivas del caso, tanto en el ámbito administrativo (verificación del sistema de notificaciones electrónicas con el área de informática) como jurisdiccional (nuevo inicio de plazos perentorios, por ejemplo). DÉCIMO PRIMERO.- En el presente caso, se encuentra acreditado con la propia manifestación de la demandada, y reportes de folios trescientos noventa, y cinco a trescientos noventa y siete, la existencia de la cédula de notificación enviada por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad de manera simultánea a la casilla electrónica de la defensa letrada de la demanda y, a la página web del Poder Judicial, por lo que teniendo como antecedente este hecho, la responsabilidad en el conocimiento integral del texto de la resolución enviada como archivo adjunto, le compete en principio al abogado de la demandada, por lo que es válido imputar a este poca diligencia en la defensa de la causa, ya que en primer término, existió la posibilidad en que se encontró la emplazada para acudir a las instalaciones de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con la finalidad de conocer en su integridad el contenido de la resolución número siete, o al menos, denunciar las fallas en el sistema de notificación electrónica a fin de que dicho órgano jurisdiccional: y, en segundo lugar, se ha omitido abiertamente dar cumplimiento de lo dispuesto por Resolución Administrativa Nº 093-2010-CE-PJ, norma que reguló el valor de los Aranceles Judiciales del año 2010, cuya vigencia fue prorrogada para el año 2011 a través de la

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Resolución Administrativa número 442-2010-CE-PJ, ello debido a que la demandada únicamente adjuntó tasa por apelación por S/. 144.00 nuevos soles, esto es, la mitad del monto al que estaba obligada, aun cuando se presume razonablemente que conocía que el monto por apelación de sentencia en un petitorio que supere las 250 URP era mayor, denotando con dicha actitud no solo poca diligencia en el patrocinio de la causa, sino también una clara vulneración a las reglas de buena fe procesal que le son requeridas a ambas partes y que sirven de pilar en el desarrollo del proceso. DÉCIMO SEGUNDO.- En este orden de ideas, no existe pues infracción normativa procesal del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en tanto a lo largo del proceso e inclusive en segunda instancia, se han respetado en todo momento el derecho de defensa de la demandada, al comunicársele oportunamente de todos los actos procesales a través de medios electrónicos implementados para tal efecto, como es la casilla electrónica: precisando que en caso de la existencia de posibles deficiencias en el mismo, estas no necesariamente obedecen al actuar negligente del personal de los órganos jurisdiccionales –como pretende anoticiar la recurrente–, sino más bien adquiere una connotación de responsabilidad compartida; la que, en el caso de la demandada, se origina en la utilización de herramientas electrónicas no adecuadas (léase por ello; sistema operativo desfasado, configuración restrictiva de elementos emergente en el equipo de cómputo empleado, entre otras). Así las cosas, al haberse verificado la tramitación de un proceso respetuoso de las normas que informan el debido proceso, así como la posibilidad real en que se encontró la recurrente a efecto de anoticiarse del contenido íntegro de la resolución número siete, la causal casatoria denunciada deviene en infundada. DÉCIMO TERCERO.- Finalmente, dado que además de los fines clásicos de la casación reconocidos por la doctrina procesalista que son básicamente la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República, empero, además, la doctrina contemporánea ha acuñado y asignado al recurso casatorio nuevas finalidades, entre ellas destaca la dikelogica, merced a la cual se pretende la aplicación de la justicia al caso concreto: y la pedagógica que apunta a enseñar a toda la sociedad cuál es la correcta aplicación y/o interpretación de un enunciado normativo determinado, entre otras. DÉCIMO CUARTO.- Justamente, la finalidad pedagógica permite que este Supremo Tribunal, valiéndose del presente caso, coincida en emitir ciertas directrices o parámetros a ser tomados en cuenta en procesos laborales en los que la emisión de notificaciones electrónicas sea el medio predominante para Comunicación de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. Así, es preciso resaltar la necesidad de que la defensa letrada o quien asuma el patrocinio de causas laborales, ponga especial diligencia en el conocimiento oportuno de las cédulas de notificación enviadas a sus respectivas casillas electrónicas, para tal efecto, se deben adoptar todas las medidas de seguridad personales posibles con la finalidad de crear el entorno informática adecuado (entiéndase por ello sistema operativo actualizado y configuración del entorno local del equipo de cómputo); otro hecho a tener en consideración es que ante posibles eventualidades en la notificación electrónica es prudente que se ponga en conocimiento dicho suceso ante el órgano jurisdiccional respectivo, o ante la oficina de reclamos que para tal efecto se puede crear, a fin de que el mismo tome las medidas del caso para solucionar dicho inconveniente, y, adicionalmente, los órganos jurisdiccionales se encuentran en el deber de informar a las partes –y sus abogados– quienes acudan a sus instalaciones, sobre el contenido de las resoluciones enviadas a sus casillas electrónicas, en tanto el derecho a la información del que gozan estos a lo largo del decurso del proceso no puede ser restringido por el hecho de que las cédulas hayan sido ya enviadas, considerando además que este uso electrónico de las notificaciones es de reciente implementación.

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IV) DECISIÓN: Declararon: INFUNDADO el recuso de casación obrante a fojas cuatrocientos, interpuesto por la Junta de Propietarios del Centro Comercial El Virrey; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos ochenta y ocho, de fecha veintiuno de junio de dos mil once; y, DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario oficial El Peruano, en los seguidos por don Emiliano Rodríguez Gómez, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros: y los devolvieron. Vocal Ponente: Acevedo Mena.-. SS. VÁSQUEZ CORTE ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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LA PROTECCIÓN QUE SE DISPENSA AL TRABAJADOR DEMANDANTE ES REFERIDO A SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES “[E]n este caso la protección que se dispensa al trabajador está referida al carácter lesivo de los derechos constitucionales presente en dicho despido, pues la lesión de los derechos fundamentales de la persona constituye per se, un acto inconstitucional (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 2610-2011-LA LIBERTAD

Lima, catorce de marzo de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número dos mil seiscientos diez - dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Magistrados Vásquez Cortez, Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Torres Vega: producida la votación con arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 1.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas trescientos veinticuatro por la demandada Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, contra la sentencia de vista obrante a fojas trescientos uno de fecha diez de junio del dos mil once, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que confirma la sentencia apelada de fojas doscientos treinta y uno del once de abril del dos mil once, que declara fundada la demanda, en consecuencia ordena que la demandada cumpla con reponer a la demandante en su último puesto de trabajo, así como el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir, el depósito de su Compensación por Tiempo de Servicios más intereses legales y costos del proceso: en el proceso de Nulidad de Despido seguido por doña Anali Kenny Laos Chang.

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2.

CAUSALES DEL RECURSO:

Mediante resolución obrante a fojas ciento veinticinco, de fecha doce de setiembre del dos mil once del cuadernillo formado por esta Sala Suprema, el recurso de casación ha sido declarado procedente, por la denuncia de infracción normativa de las siguientes normas: a)

Infracción normativa del artículo 29 inciso c del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Señala que dicha norma ha sido, interpretada erróneamente, por cuanto la Sala obvia analizar los hechos que rodean a la creación artificial de la causal que el a quo considera como sustento de la resolución apelada, por cuanto la accionante, a sabiendas de que el contrato de trabajo a plazo fijo que suscribió en forma voluntaria con su parte, se encontraba próximo a culminar interpone una demanda laboral alegando una inexistente e imaginaria desnaturalización del contrato de trabajo que suscribió y del cual tenía pleno conocimiento. Cabe mencionar que el supuesto motivante de la extinción del vínculo laboral, fue notificada a la Procuraduría recién el nueve de agosto del dos mil diez, es decir, con posterioridad a la extinción del vínculo laboral con la demandante acaecido el treinta y uno de julio del dos mil diez, tal y como se demuestre de la copia legalizada de la resolución número uno y del Expediente N° 04365-2010 y del reporte del expediente judicial extraído de la página web institucional del Poder Judicial. Señala asimismo, que las actuaciones administrativas de la Autoridad de Trabajo, ofrecido como medios de prueba por la actora no acreditan de manera alguna la existencia de la causal prevista en el inciso c) del artículo 29 en mención, puesto que no está probado el nexo causal entre las hechos administrativos realizados por la Autoridad Administrativa de Trabajo con la culminación del contrato.

b)

Inaplicación del artículo 47 del Decreto Supremo N° 001-96-TR. Argumenta, que la Sala considera que esta disposición establece la carga de la prueba por lo demás subjetiva y excesiva, por lo que procede a calificar de manera objetiva la existencia de la causa de despido nulo.

3.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante escrito obrante a fojas cincuenta y seis, Anali ,Kenny Laos Chang, interpone demanda laboral contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, pretendiendo se declare Nulo el despido del cual fue objeto por la causal señalada en el inciso c) del artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y se ordene su reposición en su último puesto de trabajo que estuvo desempeñando en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT - Trujillo, y como consecuencia de ello se ordene el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir, más los intereses legales. SEGUNDO: Que, aduce para ello la demandante que: a) Afirma que prestó servicio para la demandada en calidad de Fedatario Fiscalizador desde el dos de marzo de dos mil siete al dos de agosto de dos mil diez, fecha en que le fue comunicado el término de su contrato de trabajo sin mediar causal alguna, situación que le otorga suficiente legitimidad para interponer la presente demanda; b) Señala que la demandada le hacía firmar contratos de trabajo sujetos a modalidad para servicio específico pero para realizar labores de carácter permanente, continuo y personales, como lo es la labor de fiscalizar, por lo que existe desnaturalización de su contrato de trabajo y por consiguiente existe un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, y, c) Alega que su despido obedece al haber formulado una denuncia ante la Autoridad Administrativa de Trabajo la realización de una visita a su centro de trabajo a efectos de constatar la desnaturalización de su contrato de trabajo así como al haber interpuesto una demanda contra su empleador ante el Poder Judicial (Expediente N° 4365-2010).

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TERCERO: Que, luego de tramitado el proceso, el Tercer Juzgado Laboral de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por sentencia de fecha once de abril de dos mil once, declaró fundada la demanda, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) El artículo 63 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, señala que los contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación: b) De la labor desempeñada por la actora (Fedataria Fiscalizadora), y atendiendo al objeto social de la emplazada, que se trata de una entidad pública que tiene a su cargo la administración tributaria del País; el cargo u ocupación denominado Fedatario Fiscalizador, por las funciones desempeñadas, y que consta en la cláusula segunda del contrato sujeto a análisis, entre otras, constatar acciones u omisiones que importen la comisión de infracciones contenidas en la normas tributarias, practicar inspecciones, inmovilizaciones e incautaciones, resultan ser actividades permanentes de la demandada, uniéndose el hecho que los operativos de verificación de cumplimiento de disposiciones tributarias, son actividades ordinarias de la emplazada, no existiendo ningún elemento que se trate de planes operativos transitorios de la entidad demandada, lo que se desprende del Informe de Actuaciones Inspectiva de fecha doce de agosto del dos mil nueve realizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo; c) Siendo esto así, la demandada no podía argumentar como causal de terminación de la relación laboral, lo previsto en el artículo 16.c) del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por cuanto no resulta oponible el contrato de trabajo sujeto a modalidad por servicio específico, ni menos la addenda y renovación de contratos por cuanto estos no reúnen las requisitos legales previstos en el artículo 72 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, antes citado; d) En consecuencia el despido arbitrario del que fue objeto la demandante, ocurrió cuando esta había recurrido demandando la desnaturalización de contrato de trabajo a plazo determinado, ante el Tercer Juzgado de Trabajo, Expediente N° 043652010 pues el autoadmisorio le fue notificado a la emplazada el dos de agosto de dos mil diez conforme es de verse del reporte de consulta del expediente en línea del Poder Judicial. CUARTO: Que apelada dicha sentencia, la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad la confirmó; para ello expuso los siguientes fundamentos: a) La actividad laboral de una Fedataria Fiscalizadora no se concentra en la simple realización de “operativos” o inspecciones sino que comprenden acciones de investigación y de control que forman parte de una de las funciones principales de la demandada prevista en el artículo 5 inciso c) del Decreto Legislativo N° 501, es decir, no se encuentra ante labores de carácter temporal o eventual sino de carácter permanente, lo que además fluye claramente de los contratos presentados por la actora, siendo que la causa objetiva determinante de la contratación de la accionante a que se refiere el artículo 72 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, es contar con los servicios del trabajador que permita cumplir con una de las funciones principales de la demandada como es la fiscalización a través de acciones de inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias: por lo tanto, se estaba contratando a la accionante para que realice labores inherentes a la actividad principal de la demandada y con carácter permanente. Lo que es corroborado por la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 10777-2006-AA de fecha siete noviembre de dos mil siete; por tanto no se encuentra acreditada la naturaleza eventual o temporal de la contratación de la demandante por el contrario se prueba que sus funciones eran de carácter permanentes; b) Ha quedado establecido que la extinción del vínculo laboral entre las partes se produjo como consecuencia de la decisión unilateral de la parte empleadora en tanto la modalidad de contratación resultaba fraudulenta; c) Se puede apreciar del proceso sobre desnaturalización de contrato de trabajo que al admitirse la

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demanda la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat tomó conocimiento cuando fue notificada el veintisiete de julio de dos mil diez, valer decir, que la responsabilidad de representar y ejercer el poder de dirección de la parte empleadora en forma directa ante la trabajadora accionante, tuvieron noticia de la interposición de la demanda, en la que justamente se reclama que se declare la naturaleza indeterminada de su contrato laboral, muy al margen de que el Procurador Público Ad Hoc de la Sunat se le haya notificado con dicha demanda con fecha nueve de agosto de dos mil diez en tanto que el Procurador salo ejerce la defensa del estado en juicio pero no actúa como empleadora de allí que se configura claramente la causal prevista en el artículo 29 inciso c) del Decreto Supremo N° 003-97-TR como es el cese del trabajador como motivo de interposición de la demanda. QUINTO: Que, contra dicha sentencia la demandada interpuso recurso de casación esgrimiendo los argumentos ya glosados anteriormente en los “fundamentos del recurso”, los cuales carecen de la entidad necesaria para enervar el fallo recurrido. SEXTO: Que, el régimen de protección jurisdiccional adecuado frente a los casos en el que el despido del trabajador supone la violación de un derecho constitucional y supone la consagración de una tutela jurisdiccional plenamente restitutorio que permite reponer al trabajador afectado en el goce integral y en el ejercicio pleno de su derecho vulnerado lo que se conseguirá mediante la cesación del acto lesivo del despido y la privación de sus efectos legales, así el bien jurídico protegido a través de este modelo de protección no es la estabilidad laboral del trabajador, sino el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo que, en este caso la protección que se dispensa al trabajador está referida al carácter lesivo de los derechos constitucionales presente en dicho despido, pues la lesión de los derechos fundamentales de la persona constituye, per se, un acto inconstitucional, cuya validez no es en modo alguno permitido por nuestro ordenamiento legal. SÉTIMO: Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, además del sistema general de protección contra el despido arbitrario (entendido por tal a aquel que carece de causa justa o que se materializa sin expresión de esta) que dispensa el segundo párrafo de su artículo 34 mediante una tutela resarcitoria (pago de una indemnización legal), consagra con carácter excepcional la tutela restitutoria (reconstrucción jurídica de la relación laboral a través de la reposición) frente al despido nulo aquel que se funda en alguno de los motivos específicos que dicha ley establece en númerus clausus en su artículo 29, todos vinculados a conductas lesivas a determinados derechos constitucionales del trabajador, por lo que, el sustento de esta norma radica en garantizar su pleno ejercicio sin que la situación de subordinación o dependencia que deriva de la relación laboral de trabajo pueda limitarlos o restringirlos lo cual encuentra fundamento en el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Estado que señala que la relación laboral no puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. OCTAVO: Que, el inciso c) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece que es nulo el despido que tenga por motivo presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes; salvo que se configure la falta grave contemplada en el inciso f) del artículo 25. Al respecto el primer párrafo del artículo 47 del Decreto Supremo N° 001-96-TR señala que se configura esta causal de despido si la queja o reclamo ha sido planteado contra el empleador ante las Autoridades Administrativas o Judiciales competentes y además se acredita que está procedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente el reclamo de sus trabajadores.

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NOVENO: Que, bajo este marco jurídico, interpretando el inciso c) del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en concordancia con la norma reglamentaria antes aludida, debe establecerse que en caso de nulidad de despido el trabajador no solo debe acreditar la relación laboral, sino; además, el motivo del despido, para lo que no es suficiente acreditar la existencia del proceso judicial instaurado, sino que es de cargo del recurrente demostrar la existencia del nexo - causal entre el despido y la causa alegada, es decir, que el hecho fue producto de una represalia por parte del empleador lo cual se demuestra a partir de la existencia de actitudes o conductas precedentes de este último que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente cualquier reclamo de sus trabajadores. DÉCIMO: Que, entonces, esta norma sanciona con la nulidad, el despido ejecutado por el empleador como represalia contra el trabajador que en defensa de sus derechos e intereses ha formulado una queja o iniciado un proceso ante las autoridades competentes, esto es, tratándose de una queja ante las Autoridades Administrativas y en el caso de un proceso ante el órgano Jurisdiccional, lo cual viene a advertir que cuando la norma denunciada se refiere a una queja o reclamo no se está refiriendo a una reclamación directa que el trabajador haga a su empleador sino a aquella que ha sido materializada y formalizada en sede administrativa o judicial, exigiendo además para su configuración que el recurrente demuestre la existencia del nexo causal entre el despido y la causa alegada a fin de evidenciar que el hecho fue producto de una represalia por parte del empleador. UNDÉCIMO: Que. asimismo, según el segundo párrafo del citado artículo 47 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, la protección se extiende hasta tres meses de expedida la resolución consentida que cause estado o ejecutoriada que ponga fin al procedimiento: es decir, que el acto del despido del trabajador se produzca con posterioridad a la formulación de la queja o del proceso judicial de naturaleza laboral en defensa de sus derechos reconocidos por la ley y no con ánimo de perjudicar al empleador o tener un medio de prueba para defenderse frente a un posible despido por causa justa, por lo que tratándose de parámetros temporales, este debe ser efectuado dentro de un plazo tan cercano que produzca convicción en el Juzgador que el móvil por el cual se ha roto el vínculo laboral es la represalia por el reclamo formulado, por lo que, tratándose de quejas administrativas efectuadas por uno o varios procesos judiciales instaurados dicha protección, en su término final, se extiende hasta dentro de tres meses de consentida la resolución que cause estado o ejecutoriada. DUODÉCIMO: Existe consenso en la doctrina y es pacíficamente “Admitido que los derechos constitucionales de que es titular el trabajador como persona despliegan su eficacia en el ámbito específico de la relación de trabajo y, más concretamente: operan como límite externo al poder de dirección y la potestad disciplinaria del empleador, es posible, ahora, apreciar las consecuencias que dicha perspectiva supone para el ejercicio de la facultad extintiva de aquel (...)”(89). Por ello, la Nulidad del despido solo procede cuando este obedece a motivos cuya naturaleza no consiente que se admite su validez como supuestos legitimadores del acto extintivo del empleador, en él existe una causa recusada por el ordenamiento jurídico por implicar una vulneración de derechos fundamentales que se reconocen al trabajador como tal, como persona y como ciudadano, dicho en otras palabras se trata de un despido con causa ilícita. La determinación de estas causas se encuentran expresa y taxativamente señalados en el artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, el cual prescribe las causas que pueden concurrir para considerarse un despido como nulo.

(89)

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BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El despido en el Derecho Laboral peruano. Abril 2007, p. 282.

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DÉCIMO TERCERO: En ese sentido, cabe referir que el inciso c) del artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, conforme lo expresa Américo Plá Rodríguez y Víctor Ferro Delgado(90), en el ámbito de las relaciones, se reconoce al trabajador el derecho de recurrir contra su empleador para reclamar respecto de los incumplimientos e infracciones que cometa, sin que esta circunstancia origine la extinción del contrato de trabajo; por lo que el segundo de los autores mencionados estima esta circunstancia como una manifestación del Principio de Continuidad, que se aprecie en la permanencia del contrato pese al incumplimiento o la violación incurrida por el empleador. DÉCIMO CUARTO: Por ello se indica además, que el inciso c), del artículo 5 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo informa que no podrá constituir causa justificada para la terminación de la relación de trabajo “presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes”. Contenido que por su importancia tiene un reconocimiento constitucional al ser considerada una Garantía Fundamental de Tutela Jurisdiccional Efectiva, contemplada en el inciso 3) del artículo 139 de nuestra Carta Magna y explicitada en su importancia a través de la Resolución del Tribunal Constitucional Exp. Nº 4080-2004-AC, donde se indica que “El derecho a la tutela efectiva esté reconocido en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 139, inciso 3) donde si bien aparece como ‘principio y derecho de la función jurisdiccional’, es claro (...) que se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales, un derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través de representante ante los órganos judiciales; de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la ley; de obtener una decisión razonablemente fundada en derecho y, finalmente, de exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida (...)”(91). DÉCIMO QUINTO: Que, las instancias de mérito han establecido, por el mérito de la prueba actuada, que la demandante interpuso tanto una queja contra el empleador ante la autoridad administrativa de trabajo al denunciar la desnaturalización de su contrato de trabajo; en mérito al inminente peligro de ser cesada en su trabajo sin causa justa; lo cual también se corrobora con la interposición de la demanda judicial contra su empleador presentado con fecha posterior (Exp. Nº 4365-2010); por lo que a la fecha del despido ocurrido el dos de agosto del dos mil diez, aún se encontraba en trámite la denuncia ante la autoridad administrativa de trabajo así como el proceso laboral seguido contra la recurrente. DÉCIMO SEXTO Que, en ese sentido, es palmario el nexo causal que existe entre la demanda de amparo iniciada por la demandante, los hechos ocurridos en su tramitación y el despido ocurrido dentro del plazo de protección que contempla el acotado Reglamento. Si bien es cierto la facultad de reglamentar las leyes se ejerce sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, también lo es que dado el texto genérico contenido en el artículo 29 inciso c) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral no puede considerarse que su reglamento la transgrede, creando una protección sin sustento legal, toda vez que tampoco sería razonable dejar al libre albedrío de la parte trabajadora la posibilidad de interponer reclamos o quejas, para de manera perenne obtener protección contra el despido nulo, pues no es permitido el abuso del derecho, sino que dada la temporalidad y el contexto social y laboral en el que se desenvuelven las relaciones contractuales, dicha protección también debe ser limitada, de acuerdo a la visión del legislador laboral, canalizadas; en la práctica, a través de decretos supremos en nuestro ordenamiento legal, correspondiendo a la judicatura laboral,

(90) (91)

PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Ob. cit., pp. 300 a 321. “La Constitución en la Jurisprudencia”. Lima, Perú, agosto de 2009.

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resolver cada caso en concreto, atendiendo a la o las particularidades específicas. Razones por las que las infracciones antes señaladas devienen en Infundadas. 4.

RESOLUCIÓN:

Por tales consideraciones, y de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a la presente materia: A)

Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos veinticuatro por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat,

B)

en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos uno, su fecha diez de junio del dos mil once, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,

C)

en los seguidos por doña Anali Kenny Laos Chang sobre Nulidad de Despido y otro,

D)

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron,- Vocal Ponente Yrivarren Fallegue.SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA

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ES FACTIBLE EL CONTROL CASATORIO SI SE INFRINGEN REGLAS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA “[E]s factible el control casatorio tratándose de la infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que establecen que el juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 2432-2011-TACNA

Lima, nueve de marzo de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA, la causa número dos mil cuatrocientos treinta y dos, dos mil once, en Audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados Vásquez Cortez, Presidente, Acevedo Mena, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:

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MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ochocientos cincuenta y nueve, por la demandada Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - Electrosur Sociedad Anónima, contra la sentencia de vista obrante a fojas setecientos noventa de fecha once mayo del dos mil once, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna que confirmando la sentencia apelada obrante fojas setecientos catorce, del seis de enero del dos mil once, declara fundada la demanda; ordena que la demandada pague al actor la suma, de cincuenta y dos mil ochocientos noventa nuevos soles (S/. 52,890.00) por concepto de pago de Indemnización por Despido Arbitrario. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución obrante a fojas ciento veinticinco de fecha doce de setiembre del dos mil once del cuadernillo formado por esta Sala Suprema, el recurso de casación ha sido declarado procedente por la causal de infracción normativa de las siguientes normas: a)

Infracción normativa de artículo 46 de la Ley de Contrataciones el Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y del artículo 24 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; la parte recurrente Sostiene que las normas legales nombradas, amparan su derecho como empleador a sancionar al trabajador en la forma que la Ley prevé, siendo una facultad suya de aplicar el máximo castigo o perdonar la falta sin embargo el A quo pretende vulnerar ambas normas legales, al permitirse calificar con total desconocimiento de las normas especiales (Ley de Contratación del Estado) minimizando las faltas al punto de permitirse exculpar al demandante, señalando que en el curso del proceso no se han probado las faltas graves imputadas, y que debió de graduarse a una sanción disciplinaria, (…) Posteriormente la Sala en una total parcialización con el trabajador señala que la sentencia ha sido expedida en mérito a lo actuado y del derecho, pues se ha hecho una debida y razonada apreciación, compulsando en forma conjunta las pruebas aportadas por los justiciables, expresando las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión, así como interpretando en su verdadero alcance las normas aplicables al caso. Finalmente se señala que debieron aplicarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad al momento de imponerse la sanción.

b)

Infracción del artículo 197 del Código Procesal Civil; señala que la sentencia venida en grado no ha merituado y valorado correctamente las pruebas ofrecidas por esta parte, que ampararon la decisión de la empresa de proceder al despido del demandante por falta grave conforme lo señala la ley competente.

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, al haberse denunciado causales in procedendo e in iudicando, debe procederse primeramente al análisis de las primeras por cuanto un fallo estimatorio respecto de estos, por sus efectos anulatorios, haría intrascendente el análisis de las segundas. SEGUNDO: Que, la Infracción normativa procesal implica un error o vicio de derecho procesal en que incurre el Juzgador en una resolución, y su denuncia importa el contraste de las supuestas afectaciones procesales señaladas en el recurso, con la actuado en el proceso y el sistema de nulidades establecidos en el título Sexto de la Sección Tercera del Código Procesal Civil; labor a la cual se destinará la presente resolución.

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TERCERO: Que, examinada la infracción normativa procesal alegada, se advierte que si bien es cierto en materia de casación no corresponde a la Sala analizar conclusiones a que llegan las instancias de mérito sobre las cuestiones de hecho, ni las relativas a la valoración de la prueba examinada en instancia; sin embargo, es factible el control casatorio tratándose de la infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que establecen que el Juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. CUARTO: Que, el artículo 197 del Código Procesal Civil establece que todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. QUINTO: Que, en el caso de autos, se aprecia que a fojas doscientos cincuenta y cuatro, don Cruz Agustín Alférez Gutiérrez interpone demanda de pago de indemnización por despido arbitrario; pretendiendo con ello el pago de la indemnización señalada en el artículo 38 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, por cuanto considera que las faltas imputadas por la demandada Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Sociedad Anónima en la carta de preaviso y de despido contra su persona carecen de validez. SEXTO: Que, el Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Tacna mediante sentencia, de fecha seis de enero de dos mil once declara fundada la demanda, en consecuencia, dispone el pago de la indemnización por despido arbitrario por la suma de cincuenta y dos mil ochocientos noventa nuevos soles (S/. 52,890.00), señalando como fundamentos que a) Mediante carta de despido obrante de fojas ciento cincuenta y siete a ciento sesenta, se le imputa al demandante haber incurrido en comisión de falta grave consistente en el “incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad”. Atribuyéndole al mismo las siguientes faltas; 1) En su calidad de miembro del Comité Especial para la adquisición de Vehículo Lavador, ha otorgado puntaje indebido a la Empresa INGETROL PERÚ Sociedad Anónima Cerrada en el rubro experiencia del postor, incluyendo en la evaluación de dicha empresa documentos que no corresponden a su razón social que se presentó en el proceso de selección, otorgándole finalmente la Buena Pro indebidamente a una empresa que no reunía las requisitos que establecían las bases del Proceso de Selección; 2) En su calidad de Jefe del Departamento de Logística procedió a darle Trámite a la conformidad del Contrato de Adquisición del Camión Lavador de Redes Eléctricas, dando su conformidad al pago de la factura sin cumplir con lo señalado en la Cláusula Cuarta del Contrato suscrita con la empresa INGETROL PERU Sociedad Anónimo Cerrada, que señala que la cancelación del bien al contratista se realizará luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente; 3) Haber recepcionado el vehículo materia de adquisición con la tarjeta de propiedad vehicular a nombre de otra razón social que no era de nuestra representada Electrosur Sociedad Anónima; y, 4) En su calidad de Jefe del Departamento de Logística dio trámite a la cancelación de la factura de dicho vehículo por un monto de S/. 719,218.63 Nuevos Soles, sin exigir los requisitos que establece la Cláusula Cuarta del Contrato suscrito con la empresa INGETROL PERÚ Sociedad Anónima Cerrada; lo que originó que se pagara por un vehículo que se encontraba inscrito a nombre del contratista, y que se encontraba gravado a favor de la empresa DIVEIMPORT por un monto de US$ 58.140,00 Dólares Americanos, poniendo así en grave riesgo el patrimonio de la empresa: b) Con la carta de preaviso y de despido, se le imputa al actor-haber incurrido en falta grave, prevista en el literal a) del artículo 25

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del Decreto Supremo N° 003-97-TR, sin embargo de tos hechos de los que se le acusa al actor como integrante del Comité de Adquisición de Vehículo Lavador de Redes Eléctricas y en desempeño de sus funciones como Jefe del departamento de Logística, no hay coherencia alguna entre los hechos imputados y lo tipificado legalmente, pues no se da la reiterada resistencia a las Órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores o la inobservancia del Reglamento interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, Tratándose aparentemente en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y de la inobservancia del reglamento interno de trabajo; por cuanto las demás causales no tienen relación alguna con los hechos que son materia de juicio. Por tanto la demandada ha efectuado una indebida tipificación legal de los hechos; de ser así, entonces la demandada tendría que acreditar el incumplimiento de las obligaciones de trabajo en que ha incurrido el actor con los medios probatorios correspondientes y demostrar de esta forma la causa justa de despido: C) Analizando la primera falta grave imputada al actor, en relación a su desempeño como integrante del Comité de Adquisición de lavador de redes eléctricas; según la carta de despido, el tema principal está relacionada al rubro de “experiencia del postor” y de la “evaluación de dicha empresa - INJETROL” al no reunir esta empresa los requisitos que establecían las bases del proceso de selección; falta que debe ser desestimada por cuanto la demandada no ha observado el principio de inmediatez al haber culminado el proceso de selección con toda normalidad y regularidad con sujeción a las bases del proceso de selección y a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, señala que el proceso de selección y de evaluación de la propuesta que se adjudicó la buena pro, se realizó en dos etapas conforme a las propias bases del proceso de selección AMC 061-2009-ES (folios ciento sesenta y dos al doscientos diecinueve), esto es, la evaluación técnica llevada a cabo con presencia de la Notaria Pública Rosa María Málaga Cutipe, de la Auditora Contadora Pública Colegiada María del Rosario Eyzaguirre Berrios, y de los miembros del comité de adquisición, obteniendo un total por sesenta y cuatro (64) puntos (comprendido plazo de entrega, garantía del bien, disponibilidad de servicios y repuestos, capacitación, y disponibilidad de mejoras): y la Evaluación económica donde obtuvo cien puntos; y se otorga la Buena Pro a la firma INGETROL PERÚ Sociedad Anónima Cerrada con fecha veintisiete de abril del dos mil nueve, para el suministro del vehículo lavador de redes eléctricas. Cumpliéndose de esta manera con lo exigido por las propias bases que son la evaluación técnica y económica, y que no fuera cuestionado por la demandada de manera alguna en las cartas de preaviso y de despido. En lo relacionado al rubro de “experiencia del postor señala el Juez que el proceso, de selección se ha sujetado a lo establecido en las bases del proceso de selección y reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, por cuanto en las propias bases no se hace referencia alguna de la experiencia nacional o internacional; por tanto carece de asidero la posición de la demandada de que la experiencia del postor solo se circunscribía al ámbito nacional. d) En lo relacionado al desempeño del actor en su calidad de Jefe del Departamento de Logística, donde se le imputa haber cometido tres faltas graves restantes, estos hechos imputados al actor no están debidamente acreditados en autos, por cuanto está debidamente probado que el Administrador del Contrato de Adquisición de Vehículo Lavador de Redes Eléctricas fue el Ingeniero Jorge Pacheco Condori, tal como así lo admite la propia demandada, es quien informa la conformidad y receptación del camión lavador de aisladores mediante carta dirigida al Gerente Regional de Electrosur obrante a foja ochenta y tres a ochenta y cinco quien da el visto bueno al mismo; por lo que el actor en su calidad de Jefe del Departamento de Logística, de conformidad con el Manual de Organización y Funciones de la demandada (de folios trescientos treinta y dos/trescientos treinta y ocho), y en virtud al Contrato de Adquisición de Vehículo Lavador de Redes Eléctricas, cumplió su función de darle trámite Correspondiente a la documentación pertinente hasta su cancelación. No constituyendo dicho acto falta grave como erróneamente lo señala la demandada.

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SÉTIMO: Empero apelada que fuera dicha resolución, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante Sentencia de vista de fecha once de mayo de dos mil once, confirma la apelada; señala que la sentencia ha sido expedida en mérito a lo actuado y del derecho, pues se ha hecho una debida y razonada apreciación, compulsando en forma conjunta las pruebas aportadas por los justiciables, expresándose las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión, así como interpretando en su verdadero alcance las normas aplicables al caso. Finalmente señala que debieron aplicarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad al momento de imponerse la sanción. OCTAVO: Que, siendo así, las instancias de mérito han cumplido con valorar de manera debida los medios probatorios actuados en el proceso de manera razonada conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil; en consecuencia la infracción normativa respecto a esta norma procesal, debe ser desestimada. NOVENO: El artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 respecto de las responsabilidades y sanciones señala que: “Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento. En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, este deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4 del presente Decreto Legislativo. La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada por la más alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de los mismos en sus cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma periódica y selectiva, la realización de exámenes y auditorías especializadas. En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el Directorio. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones; a) Amonestación escrita; b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días; c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y, d) Destitución o despido”. Asimismo el inciso a) del artículo 24 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 72B, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; señala que son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador: a) La comisión de falta grave (...)”; siendo esto así, se advierte que la propia norma denunciada por la recurrente como infraccionada, faculta al empleador a graduar la sanción al trabajador de acuerdo a la gravedad de la falta, y que la misma debe imponerse observando los principios de inmediatez y proporcionalidad en concordancia con el artículo 27 de la Constitución Política del Estado, situación que en el caso de autos, ha sido merituado por las instancias de mérito, las cuales de manera correcta concluyen en la existencia de un despido arbitrario del trabajador al no haber acreditado la recurrente las faltas graves imputadas al mismo, por tanto no existiendo infracción normativa respecto a esta norma material realizada por el Superior en la resolución materia del presente recurso, deviniendo por tanto la última denuncia de infracción normativa en infundada. RESOLUCIÓN: Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la presente materia: Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ochocientos cincuenta y nueve por la demandada Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR Sociedad Anónima, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista obrante a fojas setecientos noventa, su fecha once de mayo

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del dos mil once, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna; en los seguidos por don Cruz Agustín Alférez Gutiérrez sobre Indemnización por Despido Arbitrario; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley, y los devolvieron.- Vocal Ponente Yrivarren Fallaque. SS. VÁSQUEZ CORTEZ ACEVEDO MENA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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NO HABIÉNDOSE EVIDENCIADO LOS VICIOS PROCESALES DENUNCIADOS, ESTAS SE DESESTIMAN “[E]ste Supremo Tribunal arriba a la conclusión, de que en la expedición de la Sentencia de Vista materia del presente Recurso de Casación, se ha observado de manera estricta las garantías del debido proceso y motivación suficiente, (…) no habiéndose evidenciado los vicios procesales denunciados por el recurrente; fundamentos por los cuales debe desestimarse este extremo del recurso. (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 275-2012-LA LIBERTAD

Lima, ocho de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los señores Magistrados Chumpitaz Rivera - Presidenta, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega, y Chaves Zapater; y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I)

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación obrante a fojas quinientos once, interpuesto por Norsac Sociedad Anónima, contra la Sentencia de vista de fojas cuatrocientos ochenta y siete, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, que confirma la sentencia, de fecha dos de agosto de dos mil once, que declara Fundada en parte la demanda, la revocaron en el extremo que ordena pagar en forma solidaria a la codemandada Tejido de Polipropileno Sociedad Anónima Cerrada; Modifica la suma de abono y ordenaron que la empresa Norsac Sociedad Anónima, pague a favor del demandante la suma de cuarenta y un mil setecientos cuarenta y ocho nuevos soles con treinta y dos céntimos S/. 41,748.32 Nuevos Soles por concepto de pago de reintegro de remuneraciones, horas extras, bonificación por trabajo nocturno, movilidad, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y utilidades: modificaron el porcentaje de los costos procesales al veinte por ciento del total ordenado a pagar, en los seguidos por don rabio Aquiles Vega Huamán sobre pago de Beneficios Sociales y otros.

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II)

CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, obrante a fojas ciento cincuenta y cuatro del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por las siguientes denuncias casatorias: a)

Aplicación indebida de la Ley número 29245, y de los artículos 3 y 5 de la Ley número 27626; alega la recurrente que la Sala Superior sustenta su fallo en lo establecido en la Ley número 29245, norma que a la fecha de los sucesos no estaba vigente; y que la parte demandada ha acreditado la existencia de subcontratación mediante la tercerización de servicios a través de la suscripción de un contrato de maquila con tejidos de polipropileno, encargándole a su codemandada parte del proceso productivo. Asimismo, indica que se aplica erróneamente una norma sobre intermediación, cuando la recurrente celebró un contrato de maquila de tejido, en virtud del cual nació una relación estrictamente de naturaleza civil de tercerización de servicios. En tal sentido, la recurrente únicamente mantuvo relación laboral con el demandante por el periodo comprendido desde el siete de enero de dos mil ocho hasta el diez de febrero de dos mil ocho.

b)

Interpretación errónea de los artículos 23 y 29 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; literal j) del artículo 19 del Decreto Supremo número 001-97-TR; 6 y 7 del Decreto Supremo número 003-97-TR, y 410 y siguientes del Código Procesal Civil; la recurrente señala que cumplió con las exhibicionales requeridas por el demandante, así como con apartar medios de prueba y fundamentos suficientes, permitiendo en todo momento el acceso del juez a la verdad de los hechos, específicamente respecto de la pretensión de horas extras; documentales con las que se acredita la inexistencia de labores en jornada extraordinaria; en tal virtud, cumplió con adjuntar información que le competía, por lo tanto, no cabía subsanar una omisión probatoria respecto de las omisiones incurridas por la codemandada; asimismo refiere, que los conceptos abonados por movilidad y refrigerio no tienen carácter remunerativo, y que se ordena el pago de costos sin considerar la estructura legal que encierra el nuevo proceso laboral, el mismo que por ser célere, requiere un despliegue profesional reducido, en la medida que el proceso únicamente se sujeta a las actuaciones procesales de conciliación y juzgamiento, en tal virtud, los costos deben ser acreditados con una liquidación sustentada en recibos por honorarios y recibos de pagos de tasas y cédulas.

c)

Vulneración a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; la recurrente argumenta que la motivación del Colegiado incurre en contradicción, pues por un lado ampara la pretensión de horas extras teniendo en cuenta los reportes de asistencia, los mismos que detallan hora de ingreso y salida, pero por otro lado, le otorga al demandante tres horas quince minutos de horas extras, quántum que no es el consignado en las mismas.

III) CONSIDERANDO: PRIMERO: En el examen del recurso casatorio cabe precisar que previamente corresponde se efectúe el análisis de la denuncia de infracción normativa de normas de derecho procesal, ya que por sus efectos nulificantes resultaría innecesario emitir pronunciamiento sobre el agravio de los preceptos de orden material, también declarados procedentes. SEGUNDO: El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente las razones da sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna, que

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se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los artículos 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución qua carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. TERCERO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la sentencia del Tribunal Constitucional N° 00966-2007-AA/TC “no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado. (…) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (…) corresponde resolver”. CUARTO: Se observa entonces que integrando la esfera de la debida motivación, se halla el principio de congruencia, cuya transgresión la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente– la incongruencia por exceso o extra petitum –cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada– y la incongruencia por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. QUINTO: Que, además de los vicios de incongruencia referidos, también forma parte de ese principio, el supuesto de incoherencia interna de la resolución, que comprende los desajustes o errores lógicos en la propia esfera de la parte considerativa de la resolución, así como la incoherencia externa comprendería el desajuste lógico entre el fallo y la parte considerativa de la resolución (ver sobre este aspecto a: COLOME HERNÁNDEZ, Ignacio. La motivación de las sentencias; sus exigencias constitucionales y legales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, capítulo segundo, p. 454). SEXTO: Que, en el presente caso, el petitorio de la demanda versa sobre la pretensión de reintegro de compensación por tiempo de servicios, reintegro de remuneraciones, pago de reintegro de gratificaciones, y gratificaciones truncas, pago de vacaciones y de indemnización por no goce de vacaciones, vacaciones truncas, pago de domingos y feriados, pago de horas extras laboradas y no canceladas, y reintegro de horas extras canceladas diminutamente, pago de utilidades, pago de bonificación por trabajo nocturno laboradas y no canceladas y reintegro por pagos diminutos en labor en horario nocturno, pago de movilidad, y entrega de certificado de trabajo. SÉTIMO: Que la sentencia de primera instancia declara fundada en parte la demanda, y la Sala Superior, la confirma, estableciendo como juicio de hecho, que en el presente caso se ha producido un supuesto de desnaturalización de tercerización de servicios, por el cual se ha constatado que el demandante ha laborado directamente para la demandada NORSAC Sociedad Anónima, por

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consiguiente resulta inválido el contrato firmado por el demandante con la codemandada TEJIPOL Sociedad Anónima Cerrada y por tanto corresponderá a NORSAC Sociedad Anónima cumplir con el pago de los beneficios sociales reclamados por el actor por todo el récord de servicios que se reclama al haberse acreditado en autos la calidad de NORSAC Sociedad Anónima como única empleadora del demandante. OCTAVO: Que en cuanto al punto c) del recurso materia de pronunciamiento, este Supremo Tribunal llega a la conclusión que en la sentencia de vista se han valorado de manera conjunta y razonada los medios probatorios aportados por las partes al proceso, habiendo expresado la Sala Superior de instancia, solo aquellas valoraciones esenciales y determinante que sustentan la decisión impugnada respecto a la pretensión de horas extras, esto es, con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, exponiendo las razones por la cuales algunos documentos le generen certeza y otros no, pretendiendo la parte recurrente cuestionar en sede casatoria la valoración probatoria efectuada por las instancias pese a que ello no es una finalidad que para dicho recurso establezca el artículo 384 del Código Procesal Civil. NOVENO: Que por los argumentos expuestos, este Supremo Tribunal arriba a la conclusión, de que en la expedición de la Sentencia de vista materia del presente Recurso de Casación, se ha observado de manera estricta las garantías del debido proceso y motivación suficiente, contenidas en los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, no habiéndose evidenciado los vicios procesales denunciados por el recurrente; fundamentos por los cuales debe desestimarse este extremo del recurso. DÉCIMO: En cuanto a la aplicación indebida de la Ley N° 29245 - Ley que regula los servicios de tercerización, y de los artículos 3 y 5 de la Ley N° 27626(92) - Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores; cabe señalar a modo de referencia que en los tiempos actuales, se ha venido dando dentro de las organizaciones empresariales procesos de desarticulación o desvinculación de sus actividades productiva, administrativas, operativas, etc., atendiendo a diversas circunstancias y exigencias, así se suele señalar que: “De entrada, parece interesante destacar como resulta posible referirse a la descentralización productiva en dos sentidos bien distintos o, en otras palabras, que existen dos perspectivas diferentes desde las cuales analizar el fenómeno en cuestión. En efecto, en primer lugar, la descentralización podría identificarse con un proceso, es decir, con la actividad de separar de una empresa ciertas labores que hasta entonces se venían realizando para la misma para encargárselas a un tercero, desde el segundo punto de vista, el análisis se centraría en el resultado de dicha actividad, en las relaciones emergentes del proceso descrito”(93). Ahora bien cabe preguntarse cuáles son las diferentes aristas

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Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la Intermediación laboral La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el Centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria solo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementarieded o especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa. Artículo 5.- De le infracción de los supuestos de intermediación laboral La infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen en la presente Ley, debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por la Autoridad Administrativa de Trabajo, determinara que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se entienda que desde el inicio de la prestación de sus servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con le empresa usuaria. NORES TORRES, Luis Enrique (2004). El Trabajo en Contratas. La acción de “contrata de propia actividad”. Editorial Tirant lo Blanch, España, 2004, p. 10.

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que encierra este concepto; por lo que corresponde indicar que “(…) En primer lugar, la generalidad de los autores recoge la idea de que la descentralización constituye un proceso dinámico por el cual una empresa procede a exportar actividades presentes en la misma, aunque utilicen para ello expresiones muy variadas entre las que figuran, sin ánimo de ser exhaustivo, la de fragmentación o destructuración del ciclo productivo, dislocación, externalización o transferencia. Por otra parte, algunas definiciones, desde una perspectiva más estática, se refieren a la descentralización simplemente como una forma de organizar el proceso de producción de bienes y servicios”(94). “(…) En segundo lugar, por lo que respecta al objeto del proceso descentralizador, resulta habitual hacer referencia a actividades integrantes del ciclo productivo de bienes o servicios de la empresa descentralizadora. La concreción de dichas actividades ha experimentado una fuerza expansiva en dos direcciones distintas; por un lado, desde las menciones a actividades de mayor importancia, cada vez más próximas al core business de la empresa ante el cual parece que la descomposición debería pararse, aunque en algunos casos lo atraviesa; por otra parte, si en un principio habitualmente se hacía referencia a actividades preexistentes en la empresa, tal matización ha ido desapareciendo, de manera que es posible hablar de descentralización incluso la colaboración buscada en el exterior si corresponde con actividades no desarrolladas previamente en la misma (...)”. “(...) En tercer lugar, en el momento de identificar las destinatarios del encargo empresarial, la realidad ofrece posibilidades de forma que aquellos no deben restringirse exclusivamente a las entidades empresariales, sino que ha de entenderse que la descentralización se puede efectuar hacia cualquier tercero, sea una persona física o jurídica. En relación con el destinatario debe igualmente indicarse que no es preciso que el mismo desempeñe su actividad fuera de la fábrica, como en algún momento ha sido afirmarse, siendo, por el contrario, indiferente su localización. Finalmente, cabe señalarse que la traslación de actividades, como se verá más adelante, se puede efectuar a través de diferentes procedimientos y que, asimismo puede originar distintos tipos de ligámenes o relaciones entre los sujetos implicados (...)”(95) y, “(...) en el momento de identificar los instrumentos que permiten llevar a cabo el objeto descentralizador, los autores que han estudiado el fenómeno han mencionado, por ejemplo, las contratas de obra y servicios, el trabajo autónomo y el para subordinado(sic), el tradicional trabajo a domicilio y el más moderno teletrabajo, las empresas de trabajo temporal y los grupos de empresas (…)”. DÉCIMO PRIMERO: Pero todo este proceso de descentralización de determinadas actividades, productivas, administrativas, gerenciales, etc., que vienen adoptando las empresas en nuestro país no siempre traen consecuencias positivas sino que además conlleva un aspecto negativo a considerar, por ello se ha señalado que: “(...) Esta forma de organizar el proceso productivo, en el momento de su utilización, puede representar para los trabajadores implicados, determinados riesgos o peligros que no han pasado inadvertidos a los ojos de la doctrina científica. En este sentido, se ha señalado que en la subcontratación de obras y servicios subyacen dos inconvenientes esenciales. En primer lugar, los comentaristas han hecho referencia al hecho de que el trabajador, con toda probabilidad, disfrutará de un nivel o grado de tutela laboral en su empresa interior al que hubiese gozado de haberse vinculado de forma directa con la empresa principal. No se olvide que una de las razones buscadas con la descentralización productiva era precisamente, el ahorro en costos sociales; pues bien, el ahorro mencionado pasa por la existencia en la empresa contratista de un tratamiento económico y normativo inferior al que rige en la comitente. En segundo lugar, también se menciona entre los riesgos que acompañan a la técnica de la subcontratación, la existencia de

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SCACCIA, Franco M. Franchising e contrato di lavoro. Revista di civile Italia 1994, p. 491. NORES TORRES, Luis Enrique (2004). Ob. cit., pp. 12, 22 a 23.

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un mayor peligro para los trabajadores de ver frustrados sus derechos laborales. En esa línea, se ha destacado cómo la descentralización a menudo se efectúa hacia empresas pequeñas e inconsistentes que, con frecuencia, están dotadas de un respaldo financiero limitado. Así pues, la posibilidad de que las mismas se coloquen en una situación de insolvencia es alta; de manera derivada, ello provoca un incremento en los riesgos de que se produzca eventualmente incumplimientos por parte de la contratista respecto de las obligaciones laborales por esta asumidas. Es evidente que la identificación de este tipo de riesgos se corresponde con una idea de la descentralización productiva vinculada a un uso patológico de la misma, llevada a cabo, además, recurriendo a empresas de pequeñas dimensiones que, por lo general, se encuentran sometidas a una fuerte dependencia o subordinación respecto a la principal. Ahora bien, como ya se ha remarcado más arriba, ello no tiene por qué ser necesariamente así, sobre todo en la actual realidad productiva (...)(96). DÉCIMO SEGUNDO: Dentro de las Formas de viabilizar la descentralización productiva encontramos dos modalidades que por su recurrencia adquieren mayor relevancia en nuestro medio; la lntermediación Laboral y la Tercerización (outsourcing), las que han sido previstas normativamente en nuestro ordenamiento jurídico, en forma directa en el caso de la primera e indirecta en la segundas, las cuales pasaremos a reseñar a efectos de determinar en cuál de las dos (02) figuras nos encontramos al considerar el Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre ambas codemandadas y las consecuencias de ello en la relación laboral del trabajador. DÉCIMO TERCERO: En cuanto a la Intermediación Laboral señala el Dr. Victor Ferro(97) Delgado que “(...) la creciente complejidad y especialización de las actividades productivas impulsan a que la empresa se concentre en lo que corresponde a su actividad principal, encomendando a terceros sus actividades periféricas o fases específicas de sus procesos productivos pasibles de subdivisión. Ello en términos generales resultará económicamente más eficiente, al permitir asignar labores complementarias o especializadas a empresas que cuenten con los recursos técnicos, materiales y humanos más adecuados para ese tipo de actividad. Este esquema apunta, así, a la utilización intensiva de dichos recursos y a la distribución del costo de la inversión mediante la prestación sucesiva de servicios semejantes a distintas empresas usuarias (...). Análogas consideraciones operan cuando resulta necesario proveer a la empresa usuaria de personal destinado a cubrir necesidades temporales o coyunturales. Este último aspecto resulta consustancial al desenvolvimiento de la empresa contemporánea en razón da las frecuentes fluctuaciones de la demanda que el mercado impone, lo que hace indispensable contar con personal adicional por periodos determinados (…)”. En nuestro medio, los dispositivos legales que regulan la Intermediación Laboral están señalados por la Ley Nº 27626 del nueve de enero del dos mil dos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2002 del veintiocho de abril del dos mil dos; en cuyo artículo 2 de la Ley y 1 de este último, se establece que esta modalidad contractual solo puede ser prestada por Empresas de Servicios o Cooperativas mediante la celebración de Contratos de Locación de Servicios, con el fin de destacar su personal, en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria: entendiéndose por este, el lugar donde se encuentran las instalaciones de la empresa usuaria en la que el trabajador presta sus servicios, mientras que centro de operaciones es el lugar fuera del centro de trabajo de la empresa usuaria. Asimismo, los dispositivos antes referidos, han delimitado los supuestos de intermediación laboral a tres casos específicos regulando para ello tres tipos de empresas de servicios: 1) Empresas de Servicios Temporales, 2) Empresa de Servicios Complementarios y, 3) Empresas

(96) (97)

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Ibídem, pp. 23 a 24. FERRO DELGADO, Víctor. Apodes para la Reforme del Proceso Laboral Peruano. Edil Sociedad Peruana de Derecho y de la Seguridad Social Perú - Agosto 2006.

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de Servicios Especializados; siendo las características definidas, que la empresa usuaria carece de total injerencia y facultad de dirección sobre las tareas que ejecuta el personal destacado por la empresa de servicios especializados (artículo 111 de la Ley y artículo 1 del Reglamento), existiendo además la prohibición que las labores que constituyen la actividad principal de la empresa usuaria sean realizadas en forma permanente por personal destacado de empresas de intermediación laboral o empresas especiales trayendo como consecuencia su incumplimiento, que los trabajadores desplazados desde la empresa de servicios o intermediadora sean considerados en realidad trabajadores de la empresa usuaria. DÉCIMO CUARTO: Asimismo en relación a la Tercerización de servicios (outsourcing) Como se ha referido precedentemente, esta figura ha sido regulada indirectamente por el artículo del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR, al establecer algunas consideraciones para, la aplicación de las Leyes Nº 27626 y Nº 27696; siendo que en dicho artículo se determina que no constituye intermediación laboral, los Contratos de Gerencia, conforme al artículo 193 de la Ley General de Sociedades: los Contratos de Obra, los Procesos de Tercerización Externa, los Contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo de una empresa y los servicios prestados por empresas contratistas o subcontratistas, siempre que asuman las tareas contratadas por su cuenta y riesgo, que cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, y cuyos trabajadores estan bajo su exclusiva subordinación. Pudiendo ser elementos coadyuvantes para la identificación de tales actividades la pluralidad de clientes, el equipamiento propio y la forma de retribución de la obra o servicio que evidencien que no se trata de una simple provisión de personal. DÉCIMO QUINTO: Conforme lo expuesto, puede advertirse la existencia de diferencias sustanciales y legales entre la Intermediación Laboral y la Tercerización de Servicios las cuales pueden resumirse principalmente en cuatro: 1) En la intermediación laboral solo hay destaque o provisión de mano de obra, mientras que en el outsourcing se presta un servicio integral el cual puede incluir personal; 2) En la intermediación el tipo de actividad que puede ser contratada es para servicios temporales, servicios complementarios y servicios especializados, los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal o complementaria, temporal o permanente; 3) En las empresas de intermediación la empresa usuaria tiene facultades de fiscalización y dirección del personal destacado, mientras que en el outsourcing solo puede haber coordinación, no puede tener poder de dirección sobre el personal del tercero; y 4) En la intermediación no interesa el resultado de los servicios, sino simplemente que, el intermediador provea de la mano de obra a la empresa usuaria, mientras que en la tercerización se exige al contratista asuma responsabilidad sobre el resultado de los servicios que presta; por lo que corresponde ahora analizar los hechos presentados en el desarrollo de las labores del actor verificando el cumplimiento de las formalidades exigidas por las leyes citadas confrontándolos con los hechos realmente producidos. DÉCIMO SEXTO: Por lo expuesto, esta Sala Suprema considera que es válida la conclusión arribada por las instancias de mérito en cuanto declaran la desnaturalización de tercerización de servicios celebrada entre la recurrente y la empresa Tejidos de Polipropileno Sociedad Anónima, esto es que en aplicación del principio de primaria de la realidad, se entienda que desde el inicio de la prestación de sus servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria, razones por las cuales cabe desestimar la causal contenida en el acápite a). DÉCIMO SÉTIMO: Finalmente, respecto a la causal señalada en el acápite b), la misma corre igual suerte que las otras dos causales antes desarrolladas por cuanto de su fundamentación se aprecia que, en la sentencia de vista se han valorado de manera conjunta y razonada los medios probatorios aportados por las partes al proceso, habiendo expresado la Sala Superior de instancia, solo

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aquellas valoraciones esenciales y determinante que sustentan la decisión impugnada respecto a la pretensión de horas extras y movilidad, esto es, con plena observancia de los dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, exponiendo las razones por la cuales algunos documentos les generen certeza y otros no, pretendiendo la parte recurrente cuestionar en sede casatoria la valoración probatoria efectuada por las instancias pese a que ello no es una finalidad que para dicho recurso establezca el artículo 384 del Código Procesal Civil. Asimismo respecto al concepto de refrigerio cabe señalar que el mismo conforme se aprecia tanto del Acta de la Audiencia de Conciliación no fue establecido como punto controvertido, careciendo por tanto de base real lo señalado por la parte recurrente respecto a este extremo. Finalmente en cuanto a los costos, la interpretación señalada por la instancia superior de mérito es la correcta, esto es que los costos deben darse dentro de un análisis razonable y objetivo del desempeño de la defensa del demandante. IV) DECISIÓN: Por estos fundamentos declararon; INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por NORSAC Sociedad Anónima, obrante a fojas quinientos once; contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de noviembre del dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y siete expedida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad; en los seguidos por don Pablo Aquiles Vega Huamán contra NORSAC Sociedad Anónima y otro sobre Pago de Beneficios Sociales y otros; MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; y los devolvieron.- Vocal Ponente; Yrivarren Fallaque. SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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DENUNCIA MAL PREDICADA DEL PRECEDENTE VINCULANTE DEL TC DA LUGAR A QUE SE DECLARE INFUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN “(…) la sentencia constitucional antes aludida no tiene tal calidad, sino que constituye –por el contrario– doctrina jurisprudencial, razón por la cual no puede predicarse respecto de la misma ‘obligatoriedad’ y porque además, en esta no se aborda en específico el periodo previo al Contrato Administrativo de Servicios –CAS– (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. Nº 38-2012-LIBERTAD

Lima, seis de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Magistrados Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater, oído el informe oral; y, luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

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I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Casa Grande, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos noventa y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos veintiuno, que Revocando la sentencia apelada de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, obrante a fojas ciento ochenta y nueve, declara Fundada la demanda de reposición, ordenando que la demandada reincorpore el demandante en su puesto de trabajo u otro análogo. II.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, obrante a fojas ciento nueve del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de: i) apartamiento del precedente vinculante dictado por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 003818-2009-PA/TC. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- En el presente caso, el demandante ha laborado bajo dos modalidades contractuales y en dos periodos diferenciados: el primero, desde el primero de noviembre de dos mil siete hasta el quince de diciembre de dos mil ocho, suscribiendo sendos contratos de locación de servicios; y, el segundo periodo que va desde el dos de marzo de dos mil nueve al treinta de diciembre de dos mil diez, bajo contratos administrativos de servicios, SEGUNDO.- En este contexto, es preciso señalar que con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1057, conforme a su Cuarta Disposición Complementaria Final, vigente al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir, desde el veintinueve de junio de dos mil ocho, se crea y regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el sector público 1aboral de nuestro país; este, conforme reza el propio texto íntegro de la norma, no es asimilable ni al régimen laboral privado regulado por Decreto Legislativo N° 728, ni por el régimen laboral público, en el marco de lo normado por el Decreto Legislativo N° 276(98). En efecto, este decreto que regula una nueva forma de concebir los servicios del personal “dependiente” adscrito a una entidad estatal, se dio en el marco de sendas promulgaciones de decretos legislativos originados en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica(99) y que tenían por finalidad “regularizar” diversas materias de índole laboral al interior del aparato estatal. TERCERO.- La contratación administrativa de servicios es definida, según el artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008PCM, en su texto originario, como el tipo de contratación que vinculaba a una persona natural con el Estado de manera “no autónoma”, disposición que fuera posteriormente modificado por artículo 1 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM publicado con fecha veintisiete de julio de dos mil once, en donde se conceptualiza al Contrato Administrativo de Servicios - CAS como “(...) un régimen especial de contratación laboral para el Sector Público, que vincula a una entidad pública con una persona natural que gesta servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y

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Expediente número 00002.2010-PI/TC, fundamentos jurídicos 31 y 33. GAMARRA VILCHEZ. “Finalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios”. En: Comentarios al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. Coordinadores: Ávalos Jara, Oxal Víctor y Otro, Editorial Jurista Editores, setiembre de 2010, p. 20.

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confiere a las partes únicamente los beneficios y obligaciones inherentes al régimen especial. (...)”, modificación hecha a raíz de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC, de fecha siete de setiembre de dos mil diez. CUARTO.- En esta línea, y refiriéndonos específicamente a la sentencia constitucional antes aludida, el Tribunal Constitucional indicó que este régimen de contratación administrativa de servicios era constitucional, sobre la base de dos argumentos centrales; el primero de ellos, por cuanto era un régimen laboral especial dado que reconocía todos los derechos laborales individuales(100) que proclama la Constitución a favor de los trabajadores, a pesar de la calificación inicial asignada por el legislador delegado, quien lo denominó como un “trabajo no autónomo”: y, el segundo, porque los derechos y beneficios que reconoce el régimen de contratación administrativa de servicios, como un régimen laboral especial(101), no infringe el principio– derecho de igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público y el régimen laboral privado, ya que los tres regímenes presentan diferencias en el tratamiento que los caracterizan y que se encuentran justificadas en forma objetiva y razonable. QUINTO.- La interpretación de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00002-2010-PI/TC a través de la cual se declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad incoada contra el Decreto Legislativo Nº 1057, permite colegir con meridiana claridad que, lo que en rigor se dispuso con la misma es la validez, entiéndase la compatibilidad, de dicha norma con la constitución del Estado, pero desde la fecha de su entrada en vigencia, esto es a partir del veintiocho de junio de dos mil ocho. Así las cosas, no obstante que se establezca que para acceder a tal contratación basta su sola suscripción(102); dicha conclusión debe necesariamente enmarcarse en el fundamento de la ratio decidendi de la sentencia constitucional, cual es –según se desprende de su texto–, la inexistencia de relación laboral alguna (encubierta o no bajo otra forma contractual) y el empleo de la contratación administrativa de servicios como medio de mejoramiento de la condición del servidor. SEXTO.- La conclusión que antecede no resulta contraria ni desnaturaliza el propio texto de la sentencia constitucional antes aludida, en principio porque en el ámbito del Derecho del Trabajo, los jueces laborales están en el deber de resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción, a la luz de los principios y valores laborales constitucionalizados, entre los que se anotan: el principio protector regulado en el artículo 23: el de irrenunciabilidad de derechos, previsto en el artículo 26 inciso 2; principio de continuidad, prescrito en el artículo 27; y de manera implícita el principio de primacía de la realidad, reconocido como tal en la norma constitucional conforme a lo anotado por el propio Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 1869-2004-AA/ TC, N° 3071-2004-AA/TC, N° 2491-2005-PA/TC, N° 6000-2009-.AA/TC, N°1461-2011-AA/TC, por citar algunas, y que forma parte de lo que se denomina Constitución Laboral. En segundo término, porque existe una prohibición expresa de novar una relación laboral a tiempo indeterminado

(100) Artículo 5 del Decreto Legislativo número 1057, inciso 1 a 4, señala entre las derechos de los trabajadores adscritos a este régimen laboral lo siguiente: (…) 6.1. Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana; 6.2. Descanso de veinticuatro (24) horas continuas por semana; 6.3. Descanso de quince (15) días calendario continuos por año cumplido; 6.4. Afiliación al régimen contributivo que administra EsSalud. (…)”. A mayor abundamiento, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. Reitera estos “contenidos”, haciendo precisiones sobre el particular. (101) Según los propios términos empleados por el Tribunal Constitucional, en el Fundamento jurídico número 20 señala que, “los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1057 son de naturaleza laboral”. (102) Fundamento jurídico número 17.

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–en caso esté fehacientemente acreditada– por otra que otorgue derechos menores a los reconocidos por la primera, conforme se desprende del artículo 78 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, y que plasma además lo que se conoce en doctrina como Principio Protector, definido como aquel “criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que este en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes; el trabajador”(103). SÉTIMO.- Adicionalmente, porque la justicia especializada laboral, en cada uno de sus niveles, es el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado, en la cual se recogen los principios y valores laborales, y que según los propios términos del Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el Expediente número 0206-2005-PA/TC, señaló que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección a los derechos libertades reconocidos por la constitución, razón por la cual se le impone el deber de hacer prevalecer la norma constitucional por encima de cualquier otra norma, acto e incluso decisión estatal que la afecte: máxime si, en la Constitución Política del Estado se recoge la denominada “Constitución del Trabajo”, la misma que ha visto el derecho al trabajo como un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 22) y, además, como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23); en este sentido, el tratamiento constitucional de una relación laboral –se entiende debidamente comprobada– impone al juzgador que el conflicto sea enfocado precisamente en estos términos. OCTAVO.- Es pues en este marco constitucional en el que deben resolverse los conflictos judicializados en los que se discuta la existencia de una relación laboral encubierta por la suscripción de contratos civiles (locación de servicios y/o servicios no personales), que se vean sucedidos –sin solución de continuidad– por un contrato administrativo de servicios (CAS), que lleva ínsita la Limitación de vocación de permanencia en el tiempo que sí posee un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. NOVENO.- En este orden de ideas, la causal casatoria denunciada del apartamiento del precedente vinculante recaído en el Expediente N° 003818-2009-PA/TC; al respecto, si bien es cierto una interpretación de lo previsto en el artículo VI, parte in fine, y artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, permite concluir que el precedente vinculante, entendida como “aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecerla como regla general; y por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga”(104) es de obligatorio cumplimiento para los órganos jurisdiccionales y otros operadores del Derecho; sin embargo, la sentencia constitucional antes aludida no tiene tal calidad, sino que constituye –por el contrario– doctrina jurisprudencial,

(103) PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del derecho del trabajo. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 23. (104) STC Exp. Nº 0024-2003-AI/TC. Conforme anota César Landa Arroyo: “en esta misma sentencia el TC señaló que el precedente vinculante tiene una connotación binario: “Por un lado, aparece como una herramienta técnica que facilita la ordenación y coherencia de la jurisprudencia; y, por otro, expone el poder normativo del Tribunal Constitucional dentro del marco de la constitución, el Código Procesal Constitucional y la ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. LANDA ARROYO, César. “Los precedentes Constitucionales”. En: Comentario a los Procedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional. Directora: Castañeda Otsu, Susana, y otros. Grijley, Lima, 201, p. 93).

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razón por la cual no puede predicarse respecto de la misma “obligatoriedad”; y porque además, en esta no se aborda en específico el periodo previo al Contrato Administrativo de Servicios - CAS, en donde se discuta la desnaturalización de una contratación fraudulenta y se predique respecto de la misma la existencia de un contrato laboral, razón por la cual no constituye antecedente para la aplicación del régimen de contratación administrativa de servicios. DÉCIMO.- De otro lado, anótese además que dentro de este mismo nivel –entiéndase jurisprudencia–, ya los juzgados de trabajo en reiteradas oportunidades han declarado la existencia de desnaturalización en casos de uso fraudulento de la contratación civil (incluso en la laboral de carácter modal), evidenciando así un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, en aplicación de los principios laborales anotados en el sexto considerando. En consecuencia, este extremo del recurso deviene en infundado, máxime si, se ha demostrado fehacientemente, conforme la motivación esgrimida por la sentencia de vista objeto del presente recurso y que es compartida por este Supremo Tribunal, que el demandante antes de la suscripción de los Contratos Administrativos de Servicios CAS, ostentaba respecto de su empleadora Municipalidad Distrital de Casa Grande, un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y como tal, habla incorporado a su patrimonio de derechos subjetivos todos los otorgados por el régimen laboral privado, entre los que destacan, la vocación de continuidad (permanencia) del vínculo; razón por la cual –además– no podía modificar este estatus laboral, en aplicación del Principio de Irrenunciabilidad de Derechos y Principio Protector. DÉCIMO PRIMERO.- Adicionalmente, se debe señalar que con fecha trece de diciembre de dos mil once en el Expediente N° 01154-2011-PA/TC, el propio Tribunal Constitucional cambiando en criterio expuesto en la sentencia antes aludida, ha señalado expresamente en un caso similar como el presente, que “atendiendo al carácter irrenunciable de tos derechos laborales que preconiza el artículo 26 de la Constitución, resulta relevante destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por la demandante independientemente de la modalidad de su contratación, hecho que permite concluir que los supuestos contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron, en realidad, una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser despedida por causa derivada de su conducta o capacidad laboral que lo justifique, lo que no ha ocurrido en el presente caso(105)”. IV. DECISIÓN: Por estos fundamentos declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Casa Grande, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos noventa y ocho; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos veintiuno; en los seguidos por don Luis Tello Pablo contra la Municipalidad Distrital de Casa Grande sobre Reposición; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y los devolvieron. Vocal Pariente: Vinatea Medina.SS. CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

(105) Fundamento N° 9.

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TEORÍA DEL CASO DEBE SEGUIR ORDEN JURÍDICO, FÁCTICO Y PROBATORIO, CULMINANDO CON LA FÓRMULA DE UNA HISTORIA CON SENTIDO “(…) En principio para la construcción de la teoría del caso se exige seguir el orden de lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio, culminando con la fórmula de una historia con sentido (…), y además mantener la misma orientación a lo largo del proceso con la finalidad de que los hechos –sustentada en la prueba indicada– y expuestos ante el juzgador resulten creíbles (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 07-2012-LA LIBERTAD

Lima, once de mayo de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Acevedo Mena, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque, Torres Vega y Chaves Zapater; y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Casa Grande, de fecha siete de diciembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho contra la sentencia de vista, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos cinco, que Revocando la sentencia apelada de fecha treinta de mayo de dos mil once, obrante a fojas ciento sesenta y seis, que declara improcedente la demanda; Reformándola, la declararon Fundada, ordenando que la demandada reincorpore al demandante en su puesto de trabajo u otro análogo. II.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha treinta de enero de dos mil doce, obrante a fojas ciento dieciséis del cuaderno formado por esta Sala Suprema, por la denuncia de: I) infracción normativa procesal del artículo I del Título Preliminar y artículo 33 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, normas que garantizan el debida proceso; y, II) apartamiento del precedente vinculante dictado por el Tribunal Constitucional en el Expediente número 3818-2009-PA/IC. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- En el presente caso, el demandante ha laborado bajo dos modalidades contractuales y en dos periodos diferenciados; el primero, desde el tres de enero de dos mil siete hasta el quince de diciembre de dos mil ocho, suscribiendo sendos contratos de locación de servicios; y, el segundo periodo que va desde el primero de enero de dos mil nueve al treinta de diciembre de dos mil diez, bajo contratos administrativos de servicios. SEGUNDO.- En este contexto, es preciso señalar que con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1057, conforme a su Cuarta Disposición Complementaria Final, vigente al día siguiente

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de su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir, desde el veintinueve de junio de dos mil ocho, se crea y regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el sector público laboral de nuestro país; este, conforme reza el propio texto íntegro de la norma, no es asimilable ni al régimen laboral privado regulado por Decreto Legislativo N° 728, ni al régimen laboral público, en el marco de lo normado por el Decreto Legislativo N° 275(106). En efecto, este decreto que regula una nueva forma de concebir los servicios del personal “dependiente” adscrito a una entidad estatal, se dio en el marco de sendas promulgaciones de decretos legislativos originados en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica(107) y que tenían por finalidad “regularizar” diversas materias de índole laboral al interior del aparato estatal. TERCERO.- La contratación administrativa de servicios es definida en el artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, en su texto originario, como el tipo de contratación que vinculaba a una persona natural con el Estado de manera “no autónoma”, disposición que fuera posteriormente modificado por artículo 1 del Decreto Supremo N° 065-011-PCM publicado con fecha veintisiete de julio de dos mil once, en donde se conceptualiza al Contrato Administrativa de Servicios - CAS como “(...) un régimen especial de contratación laboral para el Sector Público, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y obligaciones inherentes al régimen especial. (...)”, modificación hecha a raíz de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 000022010-PI/TC, de fecha siete de setiembre de dos mil diez, CUARTO.- En esta línea, y refiriéndonos específicamente a la sentencia constitucional antes aludida, el Tribunal Constitucional indicó que este régimen de contratación administrativa de servicios era constitucional, sobre la base de dos argumentos centrales; el primero de ellos, por cuanto era un régimen laboral especial dado que reconocía todos los derechos laborales individuales(108) que proclama la Constitución a favor de los trabajadores, a pesar de la calificación inicial asignada por el legislador delegado, quien lo denominó como un “trabajo no autónomo”; y, el segundo, porque los derechos y beneficios que reconoce el régimen de contratación administrativa de servicios, como un régimen laboral especial(109), no infringe el principio - derecho de igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público y el régimen laboral privado, ya que los tres regímenes presentan diferencias en el tratamiento que los caracterizan y que se encuentran justificadas en forma objetiva y razonable.

(106) Expediente número 00002-2010-PI/ TC, fundamentos jurídicos 31 y 33. (107) GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. “Finalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios”. En: Comentarios al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. Coordinadores: Ávalos Jara, Oxal Víctor y otro. Editorial Jurista Editares, setiembre de 2010, p. 20. (108) Artículo 6 del Decreto Legislativo número 1057, incisos 1 a 4, señala entre los derechos de los trabajadores adscritos a este régimen laboral las siguientes: “(...) 6.1. Un máxima de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana; 6.2. Descanso de veinticuatro (24) horas, continuas por semana; 6.3. Descanso de quince (15) días calendario continuos por año cumplido; 6.4. Afiliación al régimen contributivo que administra EsSalud. (…)”. A mayor abundamiento, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, reitera estos contenidos”, hacienda precisiones sobre el particular. (109) Según los propios terminas empleados por el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico número 20 señala que, los contratos suscritas bajo el marco del Decreto Legislativo N°1057 son de naturaleza laboral”.

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QUINTO.- La interpretación de la sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC a través de la cual se declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad incoada contra el Decreto Legislativo N° 1057, permite colegir con meridiana claridad que, lo que en rigor se dispuso con la misma es la validez, entiéndase la compatibilidad, de dicha norma con la Constitución del Estado, pero desde la fecha de su entrada en vigencia, esto es, a partir del veintiocho de junio de dos mil ocho. Así las cosas, no obstante que se establezca que para acceder a tal contratación basta su sola suscripción(110), dicha conclusión debe necesariamente enmarcarse en el fundamento de la ratio decidendi de la sentencia constitucional, cual es –según se desprende de su texto–, la inexistencia de relación laboral alguna (encubierta o no bajo otra forma contractual) y el empleo de la contratación administrativa de servicios como medio de mejoramiento de tal condición del servidor. SEXTO.- La conclusión que antecede no resulta contraria ni desnaturaliza el propio texto de la sentencia constitucional antes aludida, en principio porque en el ámbito del Derecho del Trabajo, los jueces laborales están en el deber de resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción, a la luz de los principios y valores laborales constitucionalizados, entre los que se anotan: el principio protector regulado en el artículo 23; el de irrenunciabilidad de derechos, previsto en los artículos 23 y 26 inciso 2; principio de continuidad, implícito en el artículo 27; y de manera especial el principio de primacía de la realidad, que el propio Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 1869-2004-AA/TC, N° 3071-2004-AA/TC, N° 2491-2005-PP/TC, N° 60002009-AA/TC, N° 1461-2011-AA/TC, lo reconoce implícitamente en lo que se denomina Constitución Laboral (artículos 22 a 29 de la Constitución Política del Estado). En segundo término, porque existe una prohibición expresa de novar una relación laboral e tiempo indeterminado –en caso esté fehacientemente acreditada– por otra que otorgue derechos menores a los reconocidos por la primera, conforme se desprende del artículo 78 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y que plasma además lo que se conoce en doctrina como Principio protector, definido como aquel “criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que este en fugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente” a una de las partes: el trabajador(111). SÉTIMO.- Adicionalmente, porque la justicia especializada laboral, en cada uno de sus niveles, es el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado, en la cual se recogen los principios y valores laborales, y que según los propios términos del Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recaída en el Expediente N° 0206-2005-PA/TC, señaló que: “el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución”, razón por la cual se le impone el deber de hacer prevalecer la norma constitucional por encima de cualquier otra norma, acto e incluso decisión estatal que la afecte; máxime si, en la Constitución Política del Estado se recoge la denominada “Constitución del Trabajo”, la misma que ha visto el derecho al trabajo como un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 22) y, además, como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23); en este sentido, el tratamiento constitucional de una relación laboral –se entiende debidamente comprobada– impone al juzgador que el conflicto sea enfocado precisamente en estos términos.

(110) Fundamento jurídico número 17. (111) PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del derecho del trabajo. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 2.

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OCTAVO.- Es pues en este marco constitucional en el que deben resolverse los conflictos judicializados en los que se discuta la existencia de una relación laboral encubierta por la suscripción de contratos civiles (locación de servicios y/o servicios no personales), que se vean sucedidos –sin solución de continuidad– por un contrato administrativo de servicios - CAS, que lleva ínsita la limitación de vocación de permanencia en el tiempo que sí posee un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. NOVENO.- En este orden de ideas, la recurrente denuncia como causal casatoria el apartamiento del precedente vinculante recaído en el Expediente N° 03818-2009-PA/TC; al respecto, si bien es cierto una interpretación de lo previsto en el artículo VI, parte in fine, y artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, permite concluir que el precedente vinculante, entendido como “aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecerla como regla general; y por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga”(112), es de obligatorio cumplimiento para los órganos jurisdiccionales y otros operadores del Derecho; sin embargo, la sentencia constitucional antes aludida no tiene tal calidad, sino que constituye –por el contrario– doctrina jurisprudencial, razón por la cual no puede predicarse respecto de la misma “obligatoriedad”; y porque además, en esta no se aborda en específico el periodo previo al Contrato Administrativo de Servicios - CAS, en donde se discuta la desnaturalización de una contratación fraudulenta y se predique respecto de la misma la existencia de un contrato laboral, razón por la cual no constituye antecedente para la aplicación del régimen de contratación administrativa de servicios. DÉCIMO.- De otro lado, anótese además que dentro de este mismo nivel –entiéndase jurisprudencia–, ya los juzgados de trabajo en red oportunidades han declarado la existencia de desnaturalización en casos de uso fraudulento de la contratación civil (incluso en la laboral de carácter modal), evidenciando así un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, en aplicación de los principios laborales anotados en el sexto considerando. En consecuencia, este extremo del recurso deviene en infundado, máxime si, se ha demostrado fehacientemente, conforme la motivación esgrimida por la sentencia de vista objeto del presente recurso, y que es compartida por este Supremo Tribunal, que el demandante antes de la suscripción de los contratos administrativos de servicios, ostentaba respecto de su de Municipalidad Distrital de Casa Grande, un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y como tal, había incorporado a su patrimonio de derechos subjetivos todos los otorgados por el régimen laboral privado, entre los que destacan, la vocación de continuidad (permanencia) del vínculo; razón por la cual –además– no podía modificar este estatus .laboral, en aplicación del principio de irrenunciabilidad de derechos y principio protector. DÉCIMO PRIMERO.- Adicionalmente, y que abona a la consecuencia expuesta líneas precedentes, es que con fecha trece de diciembre de dos mil once en el Expediente N° 01154-2011-PA/ TC, el propio Tribunal Constitucional cambiando el criterio expuesto en la sentencia antes aludida, ha señalado expresamente en un caso similar como el presente, que “atendiendo el carácter irrenunciable de los derechos orales que preconiza el artículo 26 de la Constitución, resulta relevante

(112) STC Exp. Nº 0024-2003-AI/TC. Conforme anota César Landa Arroyo, “en esta misma sentencia TC señaló que el precedente vinculante tiene una connotación binaria: “Por un lado, aparece como una herramienta técnica que facilita la ordenación y coherencia de la jurisprudencia; y, por otro expone el poder normativo del Tribunal Constitucional dentro del marco de la Constitución, el Código Procesal Constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. (LANDA ARROYO, César. “Los Precedentes Constitucionales”. En: Comentario a los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional. Directora Castañeda Otsu, Susana; y otros. Grijley, Lima, 2010, p. 93).

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destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por la demandante independientemente de la modalidad de su contratación, hecho que permite concluir que los supuestos contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron, en realidad, una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser despedida por causa derivada de su conducta o capacidad laboral que lo justifique, lo que no ha ocurrido en el presente caso(113). DÉCIMO SEGUNDO.- En relación con la denuncia casatoria de infracción normativa procesal del artículo 1 del Título Preliminar y artículo 33 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, normas que garantizan el debido proceso, la recurrente alegó en su oportunidad que se habrían vulnerado los principios procesales de Oralidad e inmediación, al no considerar los alegatos o argumentos expuestos oralmente por el apelante al momento de fundamentar su recurso, en tanto en los mismos solicitó que vía integración se disponga la remisión de los actuados a los juzgados que tramitan los procesos contencioso-administrativos, teniendo en cuenta que el demandante tenía la calidad de funcionario o servidor público, alegación respecto de la cual la demandada se pronunció en la audiencia de vista, por expresa orden de la Presidenta del Colegiado Superior, asintiendo la información brindada por el actor. DÉCIMO TERCERO.- Con el nuevo proceso laboral regulado por Ley N° 29497, se introduce un esquema procesal que trae entre sus notas más características el uso de la oralidad, y con ella, de la inmediación, celeridad y concentración; lo que a su vez exige de las partes que, atendiendo a esta nueva –y real– posición del juez de trabajo de conocer directamente el sustento de la litis, conozcan no solo la parte sustantiva del Derecho Laboral y las nuevas reglas procesales introducidas por este esquema, sino que también poseen destrezas y/o habilidades en técnicas de litigación oral. Precisamente, el uso de este instrumento, concebido como aquella versión que construyen cada una de las partes respecto de la forma en que ocurrieron los hechos, mencionando las pruebas en que lo sustentan, y la norma en que respaldan su pretensión; hace que el juez laboral dirija su atención a la dilucidación de aspectos relevantes de la litis, excluyendo aquellos que no guarden relación por ser impertinentes. DÉCIMO CUARTO.. En principio para la construcción de la teoría del caso se exige “(…) seguir el orden jurídico, lo fáctico y lo probatorio, culminando con la fórmula de una historia con sentido (...) relevante (…)(114), y además mantener la misma orientación a lo largo del proceso con la finalidad de que los hechos –sustentada en la prueba indicada– y expuestos ante el juzgador resulten creíbles. En sentido contrario, una alegación variante desde el escrito postulatorio hasta los alegatos en Audiencia de Juzgamiento o Audiencia única, según se trate de un proceso ordinario o abreviado laboral, respectivamente, no puede sino conllevar a la convicción del órgano jurisdiccional acerca de la no veracidad de los hechos expuestos como defensa. DÉCIMO QUINTO.- En el presente caso, de una verificación de los hechos expuestos en los escritos postulatorios de folios ciento diez (demanda) y ciento cincuenta (contestación de demanda), así como de la fijación de los puntos controvertidos a fojas ciento sesenta y tres en Audiencia única de fecha treinta de mayo de dos mil once, este Supremo Tribunal no aprecia que el debate haya estado centrado en determinar el régimen laboral aplicable al demandante ni que hubiera estado en discusión la calificación de sus servicios como las de obrero o empleado, pues ambas partes

(113) Fundamento jurídico 9. (114) PASCO COSMÓPOLIS, Mario. “Oralidad. El Nuevo Paradigma”. En: Soluciones Laborales. N° 25, enero de 2010, p. 58.

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orientaron, a través de la formulación sus respectivas “teorías del caso”, el análisis jurisdiccional a dilucidar la procedencia de la reposición de un trabajador con contrato administrativo de servicios, que previamente a este había estado sujeto a una modalidad contractual civil fraudulenta; en este sentido, el cambio de orientación en el pronunciamiento judicial no puede fundarse en los alegatos planteados a nivel de segunda instancia por las partes; en primer lugar, porque los alegatos deben ir como respaldo a la posición defensiva de las partes que se ha venido desarrollando a lo largo del proceso, y como tal no pueden contravenirla y menos desnaturalizarla; y, en segundo lugar, porque el juez laboral en uso de sus facultades de director del proceso, y en aplicación del aforismo conocido como iura novit curia, conoce de los hechos sometidos a su jurisdicción y de la norma aplicable a los mismos, motivo por el cual en el presente caso, no puede predicarse la condición de “empleado” del demandante, cuando es evidente que sus labores se adscriben a las de un obrero, y como consecuencia de ello, le es aplicable las normas del régimen laboral privado. Así las cosas, este extremo del recurso también deviene en infundado. IV. DECISIÓN: Declararon: INFUNDADO el recuso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Casa Grande, de fecha siete de diciembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos cinco; en los seguidos por don Alfredo Cueva Vázquez contra la Municipalidad Distrital de Casa Grande sobre Reposición y, DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley; y las devolvieron. Vocal Ponente: Acevedo Mena.SS. ACEVEDO MENA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA CHAVES ZAPATER

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RECURSO DE CASACIÓN SOBRE ALCANCES DE CONTRATO CAS ES DECLARADO PROCEDENTE CUANDO HA SIDO DENUNCIADA INAPLICACIÓN DEL D. LEG. N° 1057 “(…) Está demostrado en autos que entre las partes existe una relación laboral sujeta al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, por lo que la demandante se encuentra dentro de un contrato laboral especial, por tanto no puede establecerse la desnaturalización de este contrato laboral público, como así sucede respecto al periodo anterior (…)”. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SENTENCIA CAS. LAB. N° 274-2012-LA LIBERTAD

Lima, veintisiete de junio de dos mil doce LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:

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VISTA; la causa número doscientos setenta y cuatro - dos mil doce, en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Jueces Supremos: Acevedo Mena, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren Fallaque y Chaves Zapater y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 1.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec, obrante a fojas doscientos cincuenta y siete, contra la sentencia de vista, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos cuarenta que confirmó la sentencia apelada de fecha dos de agosto de dos mil once, obrante a fojas ciento ochenta y ocho que declaró infundada la excepción de incompetencia y fundada la demanda; y en consecuencia ordenó que la demandada pague a favor de la demandante la suma de doscientos diecisiete mil doscientos sesenta y cinco con ochenta y seis/cien nuevos soles (S/. 217,265.86) por los conceptos de reintegro de remuneraciones, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones no gozadas; asimismo ordenaron el pago de costos procesales en ejecución de sentencia; sin costas. 2.

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, obrante a fojas noventa y nueve del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, por la causal de infracción normativa consistente en: a) Inaplicación del Decreto Legislativo N° 1057, alega que se ha reconocido indebidamente el pago de beneficios sociales por el periodo comprendido entre el primero de julio del dos mil ocho al treinta y uno de diciembre del dos mil diez, lapso en el cual la relación contractual con la demandante se encontraba sujeta al régimen del Contrato Administrativo de Servicios - CAS al haberse suscrito los referidos contratos con la demandante, régimen que no reconoce dichos beneficios sociales. Está demostrado en autos que entre las partes existe una relación laboral sujeta al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, por lo que la demandante se encuentra dentro de un contrato laboral especial, por tanto no puede establecerse la desnaturalización de ese contrato laboral público, como así sucede respecto al periodo anterior. Asimismo señala que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el expediente número 3818-2009-PA/TC, en la cual se dejó establecido que resultaba innecesario e irrelevante que se dilucide si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, el demandante había prestado servicios de contenido laboral encubiertos mediante contratos civiles, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido dicha situación de fraude constituye un periodo independiente de aquel, en tanto dicha situación habría quedado consentida y novada con la sola suscripción del contrato administrativo de servicios; en tal sentido, la sentencia constitucional que se invoca resuelve casos similares al del presente proceso pues se trata de trabajadores antes de la entrada en vigencia del régimen del Contrato Administrativo de Servicios - CAS implementado por el Decreto Legislativo Nº 1057, venían laborando para entidades del Estado, y que una vez implementado dicho régimen firmaron dichos contratos; por lo que, incluso si hubiese mediado fraude en su contratación anterior al Contrato Administrativo de Servicios - CAS, esto resulta irrelevante pues con la suscripción del referido contrato esta situación ha quedado consentida o novada; b) Infracción normativa del Decreto Legislativo N° 650, señala que pese de haberse establecido la existencia de una relación laboral sujeta al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, la Sala dispone indebidamente el pago de la compensación por tiempo de servicios, sin considerar que a la fecha se mantiene la relación contractual con la demandante, por lo que únicamente procede el depósito mas no el abono,

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depósito que con arreglo a ley se, encontrara a cargo de la propia institución. Por ello se solicita que se revoque la sentencia de vista y se declare improcedente la demanda; y c) Excepcionalmente por infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, porque igualmente se aprecia de la sentencia impugnada, que esta no habría efectuado una debida motivación para justificar lo decidido, por lo que es menester declarar procedente el recurso de casación en forma excepcional de conformidad con lo señalado en el artículo 392-A del Código Procesal Civil. 3.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- En el presente caso, la demandante, doña Rosa Cecilia Valera Villena ha laborado bajo dos modalidades contractuales y en dos periodos diferenciados: el primero, desde el uno de setiembre de mil novecientos noventa y ocho hasta el treinta de junio de dos mil ocho suscribiendo sendos contratos de locación de servicios; y el segundo, desde el uno de julio de dos mil ocho hasta la fecha de presentación de la demanda, esto es, el once de febrero de dos mil once, bajo contratos administrativo de servicios (CAS), siendo que las funciones durante los dos periodos fueron las mismas. SEGUNDO.- Sobre los contratos administrativos de servicios, esta Sala Suprema en la Casación N° 07-2012-La Libertad(115) ha precisado: “(…) con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1057, conforme a su Cuarta Disposición Complementaria Final, vigente al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir, desde el veintinueve de junio de dos mil ocho, se crea y regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el sector público laboral de nuestro País; (...) no es asimilable ni al régimen laboral privado regulado por Decreto Legislativo N° 728, ni al régimen laboral público, en el marco de lo normado por el Decreto Legislativo N° 276(116). En efecto, este decreto que regula una nueva forma de concebir los servicios del personal “dependiente” adscrito a una entidad estatal, se dio en el marco de sendas promulgaciones de decretos legislativos originados en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica(117) y que tenían por finalidad “regularizar” diversas materias de índole laboral al interior del aparato estatal”. TERCERO.- En ese sentido, esta Sala Suprema definió a la contratación administrativa de servicios(118), según el artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, en su texto originario, como el tipo de contratación que vinculaba a una persona natural con el Estado de manera “no autónoma”, disposición que fuera posteriormente modificada por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM publicado con fecha veintisiete de julio de dos mil once, en donde se conceptualiza al Contrato Administrativo de Servicios - CAS como “(...) un régimen especial de contratación laboral para el Sector Público, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y confiere e las partes únicamente los beneficios y obligaciones

(115) Cas. Nº 07-2012-La Libertad, del once de mayo de dos mil doce, publicada el dieciocho de mayo del mismo año, considerando segundo. En esa oportunidad la Sala declaró infundado el recurso de casación, en los seguidos por don Alfredo Cueva Vásquez contra la Municipalidad Distrital de Casa Grande, sobre Reposición. Vocal Ponente: Acevedo Mena. (116) Expediente número 00002-2010-PI/TC, fundamentos jurídicos 31 y 33. (117) GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. “Finalidad de Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios”. En: Comentarios al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. Coordinadores: Ávalos Jara, Oxal Víctor y otro. Editorial Jurista Editores, setiembre 2010, p. 20. (118) Casación N° 07-2012-La libertad citada, considerando tercero.

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inherentes al régimen especial (…)”, modificación efectuada a raíz de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en el sentido que ese régimen de contratación administrativa de servicios era compatible con la Constitución(119), desde la fecha de su entrada en vigencia, es decir, a partir del veintiocho de junio de dos mil ocho. Se determinó además que: si bien para acceder a tal modalidad de contratación basta la sola suscripción, dicha conclusión debe necesariamente enmarcarse en el fundamento de la ratio decidendi de la sentencia constitucional, cual es –según se desprende de su texto–, la inexistencia de relación laboral (encubierta o no bajo otra forma contractual) y el empleo de la contratación administrativa de servicios como medio de mejoramiento de la condición del servidor público. CUARTO.- Bajo dichos lineamientos, la causal de inaplicación del Decreto Legislativo N° 1051, deviene en infundada por cuanto en sede de instancia se ha determinado la desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados entre las partes, régimen laboral anterior a la celebración de los contratos administrativos de servicios, regímenes laborales en los cuales la actora siempre desempeña la misma labor; igualmente no es imparable la tesis de que la demandante es una trabajadora del sector público por haber suscrito contratos administrativos de servicios por lo que debió accionar a través del proceso contencioso-administrativo, máxime si se ha demostrado fehacientemente, conforme a motivación esgrimida en las sentencias de mérito y que es compartida por este Supremo Tribunal, que la actora antes de la suscripción de los contratos administrativos de servicios, ostentaba respecto de su empleador Reniec un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y como tal, había incorporado a su patrimonio de derechos subjetivos todos las otorgados por el régimen laboral privado, entre los que destacan, la vocación de continuidad (permanencia) del vínculo; razón por la cual –además– no podía modificar este estatus laboral, en aplicación de los principios de irrenunciabilidad de derechos y protector. QUINTO.- Para mayor precisión, el trece de diciembre de dos mil once en el Expediente N° 01154-2011-PA/TC, el propio Tribunal Constitucional cambiando el criterio expuesto en la Sentencia N° 00002-2010-PI/TC, de fecha siete de setiembre de dos mil diez, ha señalado expresamente en un caso similar como el presente, que “atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el artículo 26 de la Constitución, resulta relevante destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por la demandante independientemente de la modalidad de su contratación, hecho que permite concluir que los supuestos contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron, en realidad, una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser despedida por causa derivada de su conducta o capacidad laboral que lo justifique, lo que ha ocurrido en el presente caso(120)”. Siendo así, no es válida

(119) STC Exp. N° 00002-2010-Pl/TC, expedida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú con fecha siete de setiembre de dos mil diez, en cuyos fundamentos 43 y 47 se precisa “43. Consecuentemente, corresponde a la autoridad administrativa competente dictar la regulación necesaria, en acatamiento de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales de naturaleza laboral que reconoce la Constitución a favor de los trabajadores en cualquier régimen laboral incluidos los que ahora forman parte del sistema de contratación laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, entendido este último, a partir de esta sentencia, como un régimen especial laboral, distinto de las ya existentes (...) 47. De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1057 debe ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado ‘contrato administrativo de servicios’, deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen ‘especial’ de contratación laboral para el Sector Público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional”. (120) Fundamento N° 9.

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la alegación de la entidad recurrente de que al suscribir con posterioridad el contrato administrativo de servicios la situación laboral anterior de la actora quedaba consentida o novada, justamente por estar amparada la irrenunciabilidad de los derechos laborales reconocidos por la Constitución y la Ley: máxime si esta nueva modalidad de contratación no era un medio de mejoramiento de su condición de trabajadora, por ello, en virtud al principio de continuidad, el contrato de trabajo sujeto a plazo indeterminado obtenido por la demandante, tiene vocación de permanencia en el tiempo y es resistente a los cambios contingentes que se dieron en su entorno. SEXTO.- Respecto a las causales de infracción normativa del Decreto Legislativo N° 550 e infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, habiéndose determinado que la actora es trabajadora sujeta al régimen laboral común de la actividad privada, está comprendida en el beneficio de la compensación por tiempo de servicios, cuya naturaleza es la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia, por ello se deposita semestralmente en la institución elegida por el trabajador y es pagada con sus intereses al producirse el cese del trabajador, con excepción del caso de retiro autorizado por el artículo 42 del Decreto Legislativo N° 650. En ese orden de ideas, este Supremo Tribunal advierte que efectivamente las sentencias de mérito si bien efectuaron un correcto análisis de por qué le corresponde a la demandante el pago por el concepto de compensación por tiempo de servicios, incurrieron en error al señalar que la entidad emplazada debe abonar a favor de la actora el monto fijado por dicho concepto, lo que denota una motivación contradictoria dada la naturaleza de este beneficio, y considerando que la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, tiene efectos nulificantes, en el presente caso el vicio producido en ese extremo no es causal de nulidad de la sentencia, porque no cambia el sentido del fallo, no influye el sentido de lo resuelto, aunado que no se ha producido las consecuencias de dicho acto procesal, pues la entidad recurrente aún no ha efectuado el pago por tal concepto; en consecuencia, ese extremo debe ser corregido y subsanado, estableciéndose claramente que el monto por concepto de compensación por tiempo de servicios se pagará a la actora al momento de producirse su cese, precisando que en atención al segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo N° 001-97-TR, es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec, quien debe constituirse como entidad depositaria de la compensación por tiempo de servicios de la demandante, asumiendo las cargas financieras correspondientes. 4.

DECISIÓN:

Que por las razones expuestas, Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec, de fecha trece de diciembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos cincuenta y siete; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos cuarenta; en los seguidos por doña Rosa Cecilia Valera Villena contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec, sobre Pago de Beneficios Sociales y otro; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme al artículo 41 de la Ley N° 29497; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina. SS. ACEVEDO MENA CHUMPITAZ RIVERA VINATEA MEDINA YRIVARREN FALLAQUE CHAVES ZAPATER

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INDICE GENERAL PRÓLOGO...................................................................................................................... PRESENTACIÓN ...........................................................................................................

7 11

PRIMERA PARTE CAPÍTULO I: INNOVACIONES EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 1. Principales innovaciones ........................................................................................... 2. Los principios inspiradores del nuevo proceso laboral............................................................. 2.1. El principio de la oralidad ................................................................................. 2.2. El principio de inmediación ............................................................................... 2.3. El principio de concentración ............................................................................ 2.4. El principio de celeridad .................................................................................... 2.5. El principio de economía procesal..................................................................... 2.6. El principio de veracidad ................................................................................... 2.7. El principio pro actione ..................................................................................... 3. Ámbito de la justicia laboral .....................................................................................

15 18 19 20 21 22 22 23 23 23

CAPÍTULO II: COMPETENCIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Competencias del fuero laboral................................................................................. Competencia por materia de los Juzgados de Paz Letrados Laborales ..................... Competencia por materia de los Juzgados Especializados de Trabajo ..................... Competencia por materia de las Salas Laborales Superiores .................................... Competencia por función .......................................................................................... Competencia por territorio ........................................................................................ Regulación en caso de incompetencia ......................................................................

25 26 27 33 34 35 36

CAPÍTULO III: COMPARECENCIA 1. Reglas especiales de comparecencia ......................................................................... 2. Legitimación especial ............................................................................................... 3. Defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia ...................................................

37 38 39

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CAPÍTULO IV: ACTUACIONES PROCESALES 1. 2. 3. 4. 5.

Reglas de conducta y oralidad en las audiencias ...................................................... Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias........................................ Notificaciones............................................................................................................ Costos y costas .......................................................................................................... Multas........................................................................................................................

41 42 43 45 45

CAPÍTULO V: ADMISIÓN Y PROCEDENCIA DE LA DEMANDA 1. 2. 3. 4. 5.

Requisitos de la demanda.......................................................................................... Admisión de la demanda ........................................................................................... Demanda de liquidación de derechos individuales ................................................... Requisitos de la contestación de la demanda ............................................................ Caso especial de procedencia sin agotamiento de la vía administrativa ...................

47 48 49 50 51

CAPÍTULO VI: ACTIVIDAD PROBATORIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Oportunidad .............................................................................................................. Prueba de oficio......................................................................................................... Carga de la prueba..................................................................................................... Forma de los interrogatorios ..................................................................................... Declaración de parte.................................................................................................. Declaración de testigos ............................................................................................. Exhibición de planillas .............................................................................................. Pericia........................................................................................................................ Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes ....................................

53 54 54 57 57 57 58 58 59

CAPÍTULO VII: FORMAS ESPECIALES DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO Formas especiales de conclusión del proceso ............................................................

61

CAPÍTULO VIII: CONTENIDO DE LA SENTENCIA Contenido de la sentencia ..........................................................................................

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CAPÍTULO IX: MEDIOS IMPUGNATORIOS 1. Apelación de la sentencia en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos ............................................................................... 2. Trámite en segunda instancia y audiencia de vista de la causa en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos ................ 3. Causales del recurso de casación .............................................................................. 4. Requisitos de admisibilidad del recurso de casación ................................................ 5. Requisitos de procedencia del recurso de casación .................................................. 6. Trámite del recurso de casación ................................................................................ 7. Efecto del recurso de casación .................................................................................. 8. Consecuencias del recurso de casación declarado fundado ...................................... 9. Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República ..............

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10. Publicación de sentencias.......................................................................................... 11. Gráfica del proceso de casación laboral ....................................................................

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CAPÍTULO X: PROCESOS LABORALES 1. Proceso laboral ordinario .......................................................................................... 1.1. Traslado y citación a audiencia de conciliación ................................................ 1.2. Audiencia de conciliación ................................................................................. 1.3. Audiencia de juzgamiento ................................................................................. 1.4. Etapa de confrontación de posiciones ............................................................... 1.5. Etapa de actuación probatoria............................................................................ 1.6. Alegatos y sentencia .......................................................................................... 2. Proceso laboral abreviado ......................................................................................... 2.1. Traslado y citación a audiencia única ................................................................ 2.2. Audiencia única ................................................................................................. 3. Proceso impugnativo de laudos arbitrales económicos............................................. 3.1. Admisión de la demanda ................................................................................... 3.2. Traslado y contestación ..................................................................................... 3.3. Trámite y sentencia de primera instancia .......................................................... 3.4. Improcedencia del recurso de casación ............................................................. 4. Proceso cautelar ........................................................................................................ 4.1. Aspectos generales ............................................................................................ 4.2. Medida especial de reposición ........................................................................... 4.3. Asignación provisional ...................................................................................... 5. Proceso de ejecución ................................................................................................. 5.1. Títulos ejecutivos ............................................................................................... 5.2. Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial ........................................................................................... 5.3. Ejecución de laudos arbitrales firmes que resuelven un conflicto jurídico........ 5.4. Suspensión extraordinaria de la ejecución......................................................... 5.5. Multa por contradicción temeraria .................................................................... 5.6. Incumplimiento injustificado al mandato de ejecución.................................. 5.7. Cálculo de derechos accesorios .........................................................................

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CAPÍTULO XI: PROCESOS NO CONTENCIOSOS 1. 2. 3. 4. 5.

Consignación............................................................................................................. Contradicción ............................................................................................................ Retiro de la consignación .......................................................................................... Autorización judicial para ingreso a centro laboral ........................................................... Entrega de documentos .............................................................................................

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CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Disposiciones complementarias .................................................................................

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

CAPÍTULO XIII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Disposiciones transitorias ..........................................................................................

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CAPÍTULO XIV: DISPOSICIONES MODIFICATORIAS Disposiciones modificatorias .....................................................................................

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CAPÍTULO XV: DISPOSICIONES DEROGATORIAS Disposiciones derogatorias ........................................................................................

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SEGUNDA PARTE PARTE PRÁCTICA 1. Ejemplos de escritos de demandas y contestaciones de demandas y otros de uso más frecuente ............................................................................................................ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26.

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Demanda por despido nulo .................................................................................... Demanda de pago de beneficios sociales ............................................................... Demanda de indemnización por enfermedad profesional ...................................... Demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta ................................................. Demanda de indemnización por despido arbitrario ............................................... Demanda pidiendo pago de utilidades ................................................................... Demanda pidiendo cese de hostilidad .................................................................... Solicitud de medida cautelar .................................................................................. Demanda contenciosa administrativa .................................................................... Demanda de reposición .......................................................................................... Demanda por desnaturalización de contrato .......................................................... Demanda a trabajador por daño patrimonial .......................................................... Contestación de demanda por despido nulo........................................................... Contestación de demanda de pago de beneficios sociales ..................................... Contestación de demanda de indemnización por enfermedad profesional ............ Contestación de demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta ....................... Contestación de demanda de indemnización por despido arbitrario ..................... Contestación de demanda de pago de utilidades.................................................... Contestación de demanda de cese de hostilidad .................................................... Apelación contra ejecución de medida cautelar..................................................... Contestación de demanda de reposición ................................................................ Contestación de demanda por desnaturalización de contrato ................................ Apelación del demandante contra sentencia de la primera instancia ..................... Apelación del demandado contra sentencia de la primera instancia...................... Recurso extraordinario de casación interpuesto por el empleador ........................ Recurso extraordinario de casación interpuesto por el trabajador .........................

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2. Ejemplos de actas de registro de audiencias de conciliación y actas de registro de audiencias de juzgamiento ........................................................................................

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2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

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Actas de registro de audiencias de conciliación .................................................... Actas de registro de audiencias de juzgamiento .................................................... Ejemplo de acta de conciliación total .................................................................... Ejemplo de acta donde no se arriba a conciliación ................................................ Ejemplo de acta de conciliación parcial................................................................. Ejemplo de acta de conciliación total ....................................................................

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HUMBELINO PEÑA CAMARENA / JUAN PEÑA ACEVEDO

3. Ejemplos de actas de registro de audiencias de juzgamiento.................................... 3.1. Ejemplo de acta de audiencia de juzgamiento donde se declara fundada la demanda ............................................................................................................. 3.2. Ejemplo de acta de audiencia de juzgamiento donde se reserva el fallo y la sentencia ............................................................................................................. 3.3. Ejemplo de acta de audiencia de juzgamiento donde se reserva el fallo y la sentencia ............................................................................................................. 3.4. Ejemplo de acta de audiencia de juzgamiento donde se declara fundada la demanda y se impugna esta ................................................................................

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TERCERA PARTE Comparación entre la Ley N° 26636 (LPT) y la Ley N° 29497 (NLPT) .......................

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ANEXOS Modelo de demanda de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil y de la Res. Adm. Nº 014-93-CE-P.J ................................................................................ Formatos de demanda ..................................................................................................... Formato de demanda laboral ante Juzgado de Paz Letrado ....................................... Formato de demanda laboral ante Juzgado Especializado con competencia en materia laboral............................................................................................................ Avisos publicados en el Juzgado Laboral de Trujillo .....................................................

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CASOS Expediente completo con la Nueva Ley Procesal del Trabajo ........................................ Primera sentencia de casación con la Nueva Ley Procesal del Trabajo ......................... I Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral.........................................................

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JURISPRUDENCIA CASATORIA CON LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 01 02 03

Fines de la casación laboral CAS. LAB. N° 4538-2011-AREQUIPA ...................................................................................... Las normas que se denuncian como infringidas deben haber servido de base para la recurrida CAS. LAB. Nº 4450-2011-CUSCO ............................................................................................. No es admisible recurso de casación sobre montos de dinero a pagar que no superan las 100 URP CAS. LAB. Nº 4448-2011-TACNA.............................................................................................

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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN SUS DOCUMENTOS

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Incorrecta denuncia de infracción normativa en el recurso de casación da lugar a que no se case la sentencia recurrida CAS. LAB. N° 4144-2011-CUSCO ............................................................................................ Omisión de sala superior de aplicar norma correcta da lugar a que se declare fundado el recurso de casación y se case la sentencia recurrida, modificándola CAS. LAB. Nº 4024-2011-LA LIBERTAD ................................................................................. Apartamiento de precedente vinculante causal de casación fundada CAS. LAB. N° 3311-2011-TACNA............................................................................................. Inadmisibilidad del recurso de casación por no cumplir requisito referido a cuantía CAS. LAB. Nº 2990-2011-CUSCO ............................................................................................. Infracción normativa denunciada en recurso de casación es declarada infundada si existe contrato de trabajo anterior CAS. LAB. Nº 1642-2012-LA LIBERTAD................................................................................. La acumulación de procesos se presenta cuando se reunen dos o más en uno, a fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos opuestos CAS. LAB. Nº 1324-2012-JUNÍN .............................................................................................. Falta de motivación de sentencia de vista corresponde estar a lo previsto en artículo 39 de Ley N° 29497 CAS. LAB. Nº 278 -2012-LA LIBERTAD.................................................................................. Sentencia que se emite sin basarse en jurisprudencia constitucional y laboral vulnera el derecho a la tutela efectiva CAS. LAB. Nº 4793-2011-MOQUEGUA ................................................................................... Rechazo in limine de la demanda transgrede el derecho fundamental a un debido proceso CAS. LAB. N° 4791-2011-MOQUEGUA................................................................................... Infracción normativa al no considerar despido fraudulento da lugar a que se declare fundada casación CAS. LAB. N° 4789-2011-MOQUEGUA................................................................................... Las resoluciones de los jueces y tribunales deben explicar en forma suficiente las razones de sus fallos CAS. LAB. Nº 4782-2011-MOQUEGUA ................................................................................... Toda persona tiene derecho de requerir la intervención de la función jurisdiccional para solucionar una controversia CAS. LAB. Nº 4781-2011-MOQUEGUA ................................................................................... El principio de congruencia obliga al órgano jurisdiccional a emitir fallo acorde con las pretensiones planteadas CAS. LAB. Nº 4779-2011-MOQUEGUA ................................................................................... Exceso de atención en la forma de la demanda distorsiona el proceso CAS. LAB. Nº 4561-2011-MOQUEGUA ................................................................................... La existencia de despido fraudulento obedece a causas no previstas en el artículo 29 del D.S. N° 003-97-TR CAS. LAB. Nº 4557-2011-MOQUEGUA ................................................................................... Juez es el llamado a ser el primer guardián de la Constitución del Estado CAS. LAB. Nº 4547-2011-MOQUEGUA ................................................................................... No puede predicarse inaplicación de normas no referidas al caso concreto CAS. LAB. N° 4447-2011-TACNA............................................................................................. Vicio de motivación en la sentencia da lugar a su nulidad CAS. LAB. N° 3979-2011-TACNA............................................................................................. Uso del correo electrónico institucional para fines sindicales es compatible con el artículo 28 de la Constitución CAS. LAB. N° 3939-2011-TACNA.............................................................................................

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Si la Corte Suprema no advierte la infracción normativa denunciada por el centro de trabajo, declara infundado el recurso de casación CAS. LAB. Nº 3937-2011-CUSCO ............................................................................................. Si sentencia de vista no ha infringido el artículo 29 de Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la Corte Suprema declara infundado dicho recurso CAS. LAB. Nº 3751-2011-LA LIBERTAD ................................................................................. Recurso de casación ha sido declarado procedente por las denuncias correctamente formuladas CAS. LAB. N° 3409-11-LAMBAYEQUE .................................................................................. Motivación insuficiente de las sentencias en ambas instancias denunciada por el trabajador demandante da lugar a sentencia casatoria fundada CAS. LAB. N° 3150-2011-LAMBAYEQUE .............................................................................. En el examen del recurso casatorio debe analizarse la denuncia de infracción normativa de normas de Derecho Procesal CAS. LAB. Nº 2921-2011-LA LIBERTAD ................................................................................. Si sentencia de vista impugnada incurre en vicio de incongruencia se declara fundado el recurso de casación CAS. LAB. N° 2804-2011-LA LIBERTAD ................................................................................ La oralidad es un elemento distintivo y predominante en los procesos laborales con la NLPT CAS. LAB. Nº 2688-2011-LA LIBERTAD ................................................................................. La protección que se dispensa al trabajador demandante es referido a sus derechos constitucionales CAS. LAB. N° 2610-2011-LA LIBERTAD ................................................................................ Es factible el control casatorio si se infringen reglas de la actividad probatoria CAS. LAB. N° 2432-2011-TACNA............................................................................................. No habiéndose evidenciado los vicios procesales denunciados, estas se desestiman CAS. LAB. N° 275-2012-LA LIBERTAD .................................................................................. Denuncia mal predicada del precedente vinculante del TC da lugar a que se declare infundado el recurso de casación CAS. LAB. Nº 38-2012-LIBERTAD ........................................................................................... Teoría del caso debe seguir orden jurídico, fáctico y probatorio, culminando con la fórmula de una historia con sentido CAS. LAB. N° 07-2012-LA LIBERTAD .................................................................................... Recurso de casación sobre alcances de contrato CAS es declarado procedente cuando ha sido denunciada inaplicación del D. Leg. N° 1057 CAS. LAB. N° 274-2012-LA LIBERTAD ..................................................................................

ÍNDICE GENERAL .......................................................................................................

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