Esquemas De Derecho Tributario

José María Merino Antigüedad

Esquemas de Derecho Tributario Segunda edición

Universidad de Deusto •

•

•

•

•

•

•

•

ESQUEMAS DE DERECHO TRIBUTARIO 2.ª edición

JOSE MARIA MERINO ANTIGÜEDAD Catedrático de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Deusto Abogado - Asesor Fiscal

ESQUEMAS DE DERECHO TRIBUTARIO 2.ª edición

2001 Universidad de Deusto Bilbao

Serie Derecho, vol. 42

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Publicación impresa en papel ecológico Ilustración de portada: QUENTIN METSYS, Los cambistas. Oleo sobre lienzo (124 × 96 cm). Museo de Bellas Artes de Bilbao (Bilbao). © Universidad de Deusto Apartado 1 - 48080 Bilbao I.S.B.N.: 978-84-9830-793-1

A Conchita, mi esposa, y a mis hijos María, Alvaro, Juncal y Eva, verdaderos «sujetos pasivos» de esta obra

INDICE GENERAL PROLOGO DE LA OBRA ..........................................................................

11

PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION ..................................................

13

INTRODUCCION ........................................................................................

15

A) LA CIENCIA DE LA HACIENDA Y EL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ..........................................................................................

17

1. El fenómeno financiero de la «fiscalidad» como objeto de estudio común................................................................................................... 2. Crítica a una supuesta unidad dialéctica de ambos ..............................

17 19

B) LA AUTONOMIA CIENTIFICA DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ..........................................................................................

21

1. 2. 3. 4.

Replanteamiento del tema a la luz de nuevos datos ............................. Un ámbito de la realidad social bien acotado....................................... Un conjunto de normas peculiares ....................................................... Existencia de unos principios generales propios..................................

21 23 25 27

C) LA UNIDAD LOGICO-JURIDICA DEL FENOMENO FINANCIERO DE LA «FISCALIDAD» ..........................................................................

30

1. 2. 3. 4.

Enunciación de la tesis ......................................................................... Explicitación de dicha unidad en un plano teórico............................... Su respaldo programático en la Constitución....................................... Propuestas de investigación para concretar normativamente la pretendida conexión ingreso-gasto.................................................................

30 30 33

PRIMERA PARTE: ESQUEMAS DE DERECHO TRIBUTARIO .......

39

— PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA......................................... — PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONOMICA ........................................ — LA APLICACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS.........................

41 43 45

37

9

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

— LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS............... — EL TRIBUTO............................................................................................. — EL IMPUESTO .......................................................................................... — LA TASA ................................................................................................... — LA CONTRIBUCION ESPECIAL............................................................ — LA RELACION JURIDICO-TRIBUTARIA ............................................ — LA OBLIGACION TRIBUTARIA ........................................................... — EL HECHO IMPONIBLE ......................................................................... — LA EXENCION TRIBUTARIA................................................................ — LA SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA PASIVA ........................................ — ELEMENTOS CUANTITATIVOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA — EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA ......................................... — LA PRESCRIPCION TRIBUTARIA ........................................................ — GARANTIAS DEL CREDITO TRIBUTARIO ........................................ — ILICITO TRIBUTARIO ............................................................................ — SANCIONES TRIBUTARIAS .................................................................. — LA GESTION TRIBUTARIA ................................................................... — LA DECLARACION IMPOSITIVA......................................................... — LA LIQUIDACION TRIBUTARIA.......................................................... — LA COMPROBACION TRIBUTARIA .................................................... — LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS .................................................. — REGIMEN DE ESTIMACION OBJETIVA ............................................. — REGIMEN DE ESTIMACION INDIRECTA ........................................... — LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS ............................................. — LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE REVISION ........................... — LA JURISDICCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA .....................

47 49 51 53 57 59 61 63 67 69 75 77 81 83 85 89 91 95 99 103 105 109 111 113 117 119

SEGUNDA PARTE: SINOPSIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

125

— INDICE SISTEMATICO DEL ARTICULADO ....................................... — SINOPSIS Y GLOSA DE CADA ARTICULO ........................................

127 133

TERCERA PARTE: TEXTOS LEGALES................................................

215

10

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

PROLOGO

Si la tarea del profesor consiste en iluminar previamente la zona por la que avance el alumno, despejando sus dudas y despertando su interés y capacidad crítica hacia la disciplina objeto de estudio, considero preciso establecer un método de enseñanza que partiendo del programa docente utilice todos los instrumentos a su alcance para conseguir el máximo de objetivos pedagógicos: información, formación, aplicación y capacitación. Para todo ello el alumno habrá de entender, captar y memorizar las ideas, los conceptos de la dogmática y las categorías jurídico-tributarias así como las normas del derecho positivo. A tal fin, resulta imprescindible la asistencia y participación en las clases con el empleo directo de la Ley General Tributaria (L.G.T.) y otros textos legales, que habrán de ser objeto de glosa y comentario. Después el alumno inexcusablemente habrá de completar su formación con el estudio de tales materias en algún texto recomendado. La amplitud y complejidad de los temas del programa, unidas al necesario ejercicio de «traducir» la dogmática al texto de la Ley General Tributaria (L.G.T.), me han sugerido la conveniencia de ayudar al alumno a reconducir su tarea a través de unos esquemas y sinopsis elementales que le sirvan de guía y armazón para su personalizada asimilación y revestimiento. Ya que cualquiera que sea la perspectiva con que el lector pueda acudir a esta obra, este libro solicita una participación activa con el uso de la bibliografía recomendada y de los textos legales, sin la cual los esquemas y la sinopsis no pasarán de ser un mero esqueleto del Derecho Tributario. Esta modesta pretensión docente es la que ha motivado la obra que el estudiante o el lector interesado tiene en sus manos y que he estructurado en cuatro partes. 11

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

En una sintética INTRODUCCION he pretendido manifestar mi concepción de la asignatura, como el estudio del régimen jurídico de los ingresos y los gastos públicos en íntima conexión, interacción y relación de causalidad, por integrar el fenómeno jurídico-financiero de la fiscalidad una compleja unidad esencial. La primera parte está dedicada a los ESQUEMAS de DOGMATICA TRIBUTARIA que se corresponden al primer curso de la asignatura consagrado fundamentalmente al Derecho Tributario en su parte general. No obstante, la enseñanza y estudio de las categorías jurídico-tributarias se ven condicionadas por la existencia de nuestra Ley General Tributaria (L.G.T.) tal como ella las concibe. Por ello la segunda parte la dedico a su SINOPSIS Y GLOSA. Finalmente, la existencia de anteproyectos muy avanzados para modificar y adaptar la L.G.T. a la Constitución, me ha sugerido la oportunidad de facilitar a los alumnos, para su cómoda consulta, el texto legal y su posible modificación en paralelo, a lo cual he dedicado la tercera parte. Antes de cerrar este prólogo, deseo agradecer a la Universidad de Deusto, haberme alentado en la tarea y haber asumido la edición de esta modesta obra, fruto de la experiencia docente, cuyo mejor premio será la utilidad para sus destinatarios preferidos, los alumnos.

12

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION

La pretensión docente que en 1993 me animó a preparar aquella obra de Esquemas de Derecho Tributario, se ha visto correspondida por su utilidad para los estudiantes y en general para los destinatarios de la Ley General Tributaria que cada vez son más en número y en su consideración sociológica de obligados tributarios con respecto a la Hacienda Pública. Por otra parte se han promulgado dos importantes novedades normativas, cuales son la Ley 25/1995, de modificación parcial a aquella norma básica, así como la Ley 1/1998, sobre Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Ambas han sido incorporadas en los textos legales, tanto separadamente, así como relacionadas en paralelo para su mejor comprensión. Por ambas razones he llevado a cabo la adecuación y actualización de mi obra de 1993 con la esperanza y la ilusión de que siga mereciendo el interés de sus destinatarios. Deusto. Bilbao Septiembre 2001

13

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

INTRODUCCION

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

A) LA CIENCIA DE LA HACIENDA Y EL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1. El fenómeno financiero de la «fiscalidad» como objeto de estudio común La ciencia de la Hacienda Pública se ocupa desde una perspectiva no jurídica de la actividad económica del SECTOR PUBLICO 1 que constituye precisamente lo que se ha dado en llamar el fenómeno financiero de la «fiscalidad», lo cual también es el objeto de nuestra disciplina, y concentra su atención en temas tales como: —teoría de la imposición. —efectos macro y micro-económicos de la imposición. —la deuda pública como alternativa a la imposición. —los problemas del déficit público. —la fiscalidad versus precios. —teoría de la elección colectiva. —la estructura dinámica y contable del gasto público. —los efectos económicos en los agentes sociales del gasto público. —la inflación y sus efectos ante la progresividad impositiva. Para el estudio de tales materias, dicha disciplina, ha adoptado tradicionalmente una postura normativa2 centrada en los viejos y tradicio1 Sus notas características pueden verse modernamente definidas en la obra de D. COSCIANI Ciencia de la Hacienda, publicada por Edersa, Madrid 1980. 2 Esta expresión se refiere a una de las dos posturas metodológicas en que se sitúa el hacendista al estudiar el fenómeno financiero, pues como señalan los profesores García Villarejo y

17

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

nales problemas del reparto formal, económico y técnico de la imposición, así como en las características de los restantes ingresos públicos, con cierto olvido de la realidad tal cual es; por lo que ahora está completando sus construcciones científicas la llamada teoría positiva de la Hacienda Pública hacia otras líneas de investigación, tales como la investigación empírica sobre el comportamiento de los gastos e ingresos públicos, y el tratamiento sociológico positivo de ese gigantesco intérprete de la actividad financiera que es el Estado. Ello se está llevando a cabo sobre supuestos diferentes que en ordenada síntesis han sido descritos por el profesor alemán Recktenwald y ahora se resumen así: 1.º No debe construirse sobre la base de la deducción lógica. 2.º No debe construirse a partir de un concepto apriorístico de bien público, ni de una teoría voluntarista de las necesidades públicas. 3.º La teoría económica moderna permite establecer los presupuestos científicos precisos para definir los objetivos de la Actividad Financiera. 4.º Es preciso intensificar y alentar los análisis sobre los efectos económicos de los ingresos y gastos públicos, con el fin de realizar un estudio económico coherente y operativo de las actividades públicas de ingresos y gastos. 5.º Es necesario realizar estudios político-sociológicos, de técnica administrativa, de técnica fiscal y presupuestaria para que los especialistas puedan contar con una mejor información sobre los problemas de la Actividad Financiera3. Por tanto la Hacienda Pública durante una etapa, que podríamos calificar de «precientífica» en la evolución de ésta a disciplina4, ha absorSalinas Sánchez en su estupendo manual: «desde la clásica obra Objeto y Método de la Economía Política de Yohn M. Keynes, viene siendo tradicional en el análisis económico establecer la distinción entre la economía positiva como cuerpo sistematizado de conocimiento referido a lo que es, y la economía normativa como cuerpo sistematizado de conocimiento que fija criterio sobre lo que debe ser. Esta distinción entre lo normativo y lo positivo, general en todo el análisis económico, tiene su tradición en el campo específico de la teoría de la Hacienda Pública. La Hacienda Pública positiva constituye un enfoque del análisis de la actividad financiera dirigido a establecer una explicación del fenómeno financiero independiente de cualquier valoración sobre el mismo... Por el contrario, la Hacienda Pública normativa constituye un enfoque del análisis de la actividad financiera dirigido a establecer las bases para una gestión eficaz de la misma» Manual de Hacienda Pública, general y de España, Ed. Tecnos 1985, pp. 48-49. 3 Véase el artículo del profesor Hors Claus Recktenwald: «La Ciencia de la Hacienda en la actualidad», publicado por H.P.E. en su número 21 del año 1973, pp. 15-30. 4 Para un somero y ordenado conocimiento de las etapas metodológicas en la elaboración del Derecho Tributario puede consultarse a los profesores Pérez de Ayala y Eusebio González en su Curso de Derecho Tributario, pp. 5 y ss.

18

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

bido el estudio de las instituciones financieras desde un punto de vista económico, pero la construcción dogmática del Derecho Financiero y Tributario en la búsqueda de unos fundamentos jurídicos a esa parte de la actividad de los entes públicos, hace tiempo que se ha separado de aquélla y sin que por ello deba pensarse que nuestra disciplina se ha limitado a transformar los conceptos fundamentales ofrecidos por la ciencia de la Hacienda en institutos jurídicos positivos, aunque el objeto último de su estudio sea el mismo5. 2. Crítica a una supuesta unidad dialéctica de ambos No obstante me parece conveniente salir al paso de la posible confusión que pudiera establecerse entre la necesaria unidad esencial del fenómeno jurídico-financiero con la pretendida unidad dialéctica entre la ciencia de la Hacienda y el Derecho Financiero y Tributario. Aquella esencial unidad deviene de la íntima conexión entre la justicia de los ingresos tributarios y la equitativa asignación de los gastos públicos programados y ejecutados con criterios de eficacia y economía. En esta conexión, siempre jurídica, pudiera tener quizás encaje el concepto de causa elaborado por Griziotti, como la justificación del poder de imposición que asiste al grupo político y que no deriva de cualquier poder financiero autónomo y arbitrario, sino precisamente de la existencia de una actividad financiera armónica con los intereses de todo el grupo político. Así se concibe que los ingresos tributarios, justos ya en su ordenación, se orientarán a justificar los gastos públicos en una interacción mutua, que debe entenderse más allá de la mera legalidad presupuestaria6. Por contra, aquella pretendida unidad dialéctica7 cuya tesis sustancial se cifra en que el Derecho Financiero sólo puede dar razón del ordenamiento financiero concreto que emerge de un determinado tipo histórico de organización socio-económica estudiado por la ciencia de 5 Ordenamiento Tributario Español I, Cortés Domínguez y Martín Delgado, Editorial Civitas, p. 63, nota a pie de página n.º 20. 6 A propósito de estas ideas puede consultarse el artículo del profesor Pérez de Ayala «La Ciencia de la Hacienda como fuente de conocimiento, comprensión e interpretación del Rt.º del Impuesto de Sociedades», publicado por Revista de D.º F.º y de H. P. n.º 166/167, pp. 977 y ss. 7 El desarrollo de esta temática está tratado con su habitual clarividencia por el maestro Sáinz de Bujanda en el artículo «Entorno a la tesis de la unidad dialéctica entre ciencia de la Hacienda y Derecho Financiero (Comentario crítico)», publicado en la revista de H.P.E. n.º 47 de 1977, pp. 147 y ss.

19

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

la Hacienda, es rechazable porque implica un peligroso reduccionismo de la ciencia jurídica a los puros supuestos históricos, que aunque ciertamente iluminan y hasta influyen sobre la evolución real de los ordenamientos positivos, no permitirían todas las manifestaciones potenciales de éstos, de los que la ciencia no puede prescindir. Pues aunque el Derecho Financiero y Tributario consiste ciertamente en un sistema de normas ordenadoras de relaciones humanas, también genera un área científica encargada de hacer inteligible dichas normas. Por ello, se concibe el Derecho Financiero y Tributario como la ciencia cuyo objeto de estudio es la actividad financiera del grupo político cuando ésta se contempla desde la perspectiva de lo jurídico, es decir, de lo justo y necesario. Pero el sentido globalizador y sistemático de la ciencia jurídica exigirá ofrecer esa perspectiva jurídica de las actividades financieras en todas sus posibilidades o alternativas jurídicas y no sólo la referida al concreto ordenamiento de la realidad que la ciencia económica de la Hacienda presenta como dato. En suma, las alternativas para operar la justicia financiera que el jurista contemple son lógico-formales, debiendo desprenderse de rígidas vinculaciones a posiciones dogmáticas sobre la evolución de los soportes en que los ordenamientos financieros se gestan y desenvuelven.

20

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

B) LA AUTONOMIA CIENTIFICA DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1. Replanteamiento del tema a la luz de nuevos datos Predicar la autonomía de la disciplina que se profesa cuando la mayoría de la doctrina científica la defiende carece de todo mérito, y su único interés puede estar en enfatizar algunos de los postulados en que se apoya. Aunque los tratadistas de nuestro país consolidaron en la década de los 70 su enumeración y los mejores fundamentos de tal postura, no creo ocioso recordar la observación de Tangorra sobre el «carácter relativo e histórico del Derecho Financiero, muy sensible a los cambios en los criterios políticos, morales y económicos dominantes, apto para informarse prontamente de las nuevas ideas y exigencias, lo cual hace que sea también de entre las distintas ramas del Derecho Público la que más esté continuamente en progreso y la que más y mejor revele las tendencias político-sociales, y a veces morales, de la época8». Pues bien, desde entonces a hoy han variado demasiadas cosas en España como para que nuestro Derecho Financiero y Tributario no haya experimentado también el «cambio» en todas sus expresiones, e incluso en los postulados de su autonomía científica. A propósito de tal reflexión, sirvan las siguientes muestras del cambio: ha surgido un nuevo régimen político parlamentario; existe una nueva Constitución que proclama la beligerancia de la Hacienda Pública en su doble vertiente del gasto y el ingreso público; ha surgido un nuevo Estado de las Autonomías que ha originado un nuevo federalismo fiscal; la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene una Hacienda propia y ordena sus relaciones con la Hacienda Estatal por el régimen de Concierto; la incorporación a las Comunidades Europeas implica una cesión parcial de nuestra soberanía fiscal; ha cambiado el sistema tributario; se ha implantado el I.V.A.; han cambiado los procedimientos de exacción tributaria; se ha instalado la colaboración social en la gestión tributaria; la presión fiscal directa e indirecta así como el esfuerzo fiscal de los españoles se ha incrementado notablemente durante la crisis económica en la que también vivimos instalados; el nivel de los gastos públicos presupuestados alcanzan cotas tales, que hacen afirmar a algunas voces autoriza8 TANGORRA, V. «Diritto Finanziario», en Il Digesto Italiano, volumen IX, parte 2.ª, Utet Turino, 1898-1901 pp. 997-998. Nota tomada de Rodríguez Bereijo A. en su obra Introducción al estudio del derecho financiero, publicada por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1976, p. 116.

21

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

das el peligro que España corre de dividirse en dos mitades, la que paga el presupuesto y la que vive del presupuesto; en fin, el déficit público se ha instalado en las finanzas públicas en cotas preocupantes sobre el PIB, y el endeudamiento público compite con el sector privado en la captación del ahorro de los ciudadanos. A mi parecer, resulta obvio que el cambio cuantitativo y cualitativo citado está incidiendo tan fuertemente en el fenómeno financiero que lo hace cada vez más unitario. Y aunque no puede olvidarse la heterogeneidad de materias que lo componen y que autores como BERLIRI y otros les llevaron a negar su autonomía científica, no es menos cierto que hoy lo financiero y la «fiscalidad» atraen hacia su parcela con fuerza centrípeta esos elementos de heterogeneidad, de tal suerte que su estudio, su tratamiento científico y su régimen jurídico cada día reclaman más una autonomía con respecto a otras parcelas jurídicas, aunque entendida siempre dentro de la unidad esencial del Derecho Público y de todo el ordenamiento jurídico9. La actividad administrativa en la parcela financiera y en su doble vertiente del gasto y del ingreso público constituye el área de ejecución típicamente regulada y ordenada por el Derecho Financiero y Tributario. De ella se derivan relaciones y situaciones jurídicas subjetivas, activas y pasivas, cuyo justo y legal ejercicio es parte del interés público, por eso sus normas son de derecho necesario. La consecuencia de tal carácter, en el sentido de estrechar el márgen de discrecionalidad a la Administración Financiera, como dice R. Bereijo «han empujado (por la presión de las transformaciones económicas y políticas del moderno Estado de Derecho) a buscar instrumentos jurídicos adecuados que permitan una mayor flexibilidad y agilidad en la acción administrativa en materia financiera, con grave peligro muchas veces de los principios de legalidad, seguridad jurídica y justicia financiera»10. Una manifestación de tal peligro se encuentra en la utilización de la Ley de presupuestos para introducir modificaciones de importancia en las leyes sustantivas del sistema tributario. Aunque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra del abuso de este instrumento por violar el principio de legalidad, no es menos cierto que cada año el número de modificaciones y su trascendencia va en aumento. Dada la 9 Véase SAINZ DE BUJANDA, F. en una forma resumida sus Lecciones de Derecho Financiero Universidad Complutense, 3.ª edición, pp. 7 y ss. En forma más extensa su clásica doctrina expresada en «Hacienda Pública. Derecho Financiero y Derecho Tributario», en Hacienda y Derecho, Tomo I, y en particular el epígrafe dedicado a la autonomía del Derecho Financiero. 10 R. BEREIJO, A. ob. cit. «Introducción al estudio del derecho financiero», p. 121.

22

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

magnitud y variedad de cuestiones que el ejecutivo propone al Parlamento, a través del proyecto de Ley de Presupuestos, y la escasez de tiempo para la reflexión que las normas tributarias exigen, no creo que sea exagerado afirmar que con tal corruptela se corre el peligro de lesionar el principio de legalidad y desde luego el de seguridad jurídica. Las reflexiones expuestas también nos aconsejan el tratamiento autónomo del Derecho Financiero y Tributario. Desde que el profesor Calvo Ortega11 puso los pilares de los presupuestos científicos del Derecho Financiero, la mayoría de los autores españoles han ido completándolos hasta constituir hoy un armazón de ideas que ya puede considerarse «doctrina clásica», de tal suerte que carece de sentido repetir lo que se encuentra en las obras, salvo para matizar o actualizar algunos puntos, lLo que haré desarrollando la cuestión, como ya es típico12, en los siguientes epígrafes: 1.º Un ámbito de la realidad social bien acotado. 2.º Un conjunto de normas peculiares. 3.º Existencia de unos principios generales propios.

2. Un ámbito de la realidad social bien acotado Ciertamente no se puede hacer ciencia o enseñar con acierto si no se logra aislar una parcela de la realidad con características propias, con posibilidades de empleo de un método único, con una cierta lógica interna que permita un estudio razonable y razonado. Dichas características considero que se pueden predicar de la «fiscalidad», entendida como la actividad jurídico-financiera coactiva que irrumpe en la esfera patrimonial de los sujetos económicos a fin de procurarse los recursos que financien sus gastos públicos, con el lógico correlato en aquéllos de sometimiento, de costo, de empobrecimiento justo. Entendida como actividad de autoridad, de prerrogativa que genera relaciones jurídicas necesariamente desequilibradas. Pero en un estado de derecho esta visión de la fiscalidad como una función del gran aparato jurídico de transferir capacidad económica entre los miembros de un grupo político que es la Hacienda Pública, no creo que deba desligarse jurídica11 CALVO ORTEGA, R. «Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero», en Hacienda Pública Española, número 1, 1970, pp. 123 y ss. 12 Este hilo discursivo lo he apoyado en la exposición de R. BEREIJO en su obra citada, pp. 125 a 144.

23

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

mente de su otra función de ordenar la aplicación de los fondos en que se concreta el gasto público13. Pues bien, ese ámbito de la realidad que acotamos como la actividad jurídico-financiera tiene unas peculiaridades funcionales y una referencia subjetiva específica a la Administración Financiera, que permite y aconseja ser tratada jurídicamente por una rama del Derecho autónoma: el Derecho Financiero y Tributario. Cuando el Estado normativiza, ejecuta, interpreta o juzga acerca de las finanzas públicas, sea creando estímulos a la inversión privada por vía de desgravaciones en los impuestos sobre la renta o sobre las sociedades, sea reglamentando la represión del fraude fiscal o la inspección tributaria, sea interrumpiendo la prescripción impositiva con actos administrativos incompletos, sea introduciendo vía leyes de presupuestos interpretaciones retroactivas de normas, sea, en fin, regulando las subvenciones fiscales a través del gasto público; en suma, cuando desarrolla todas estas actividades de carácter medial o instrumental no debe tener como objetivo primario hacer política económica, monetaria o financiera, sino limitarse simplemente a la obtención, gestión y empleo de los caudales públicos14, ordenando dichas actividades a través del Derecho Financiero y Tributario. La actividad medial de la Administración Financiera que nuestra rama jurídica trata de regular es además monetaria, es decir, medible, que se expresa en cifras de ingresos y gastos, que utiliza variables y relaciones, lo que obliga al jurista a inventar y aplicar conceptos y categorías tales como base imponible, tipos de gravamen o de subvención, cuotas tributarias, etc., y de otra parte, utiliza o es subsidiaria del lenguaje de la contabilidad. Todo ello le da un carácter también peculiar que le distingue del resto de las parcelas reguladas por el Derecho Público. También puede predicarse de esta función de la Administración Financiera la peculiaridad del interés jurídico protegido que consiste en procurar al Estado aquellos caudales públicos precisos para su correcta utilización en la satisfacción de las necesidades públicas. Esta parcela de la actividad administrativa que acotamos por su función instrumental, su relevancia monetaria y su protección a un interés jurídico específico hay que referirla además a una de las manifestaciones más particulares de la única Administración Pública, a saber, 13 BAYONA DE PEROGORDO, J. J. «Notas para la construcción de un Derecho de los gastos públicos», en el número 2 de la revista Presupuesto y Gasto Público, 1979. 14 Esta es la posición defendida por CALVO ORTEGA, R. en su obra «Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero» pp. 134 a 136.

24

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

la Administración Financiera. Sin caer en la confusión de imputar a la misma cualquier tipo de subjetividad jurídica independiente, creo necesario remarcar su peculiar organización y ordenamiento que la separa y distingue de las otras administraciones (militar, judicial, de policía y fomento, etc.) con su propio Derecho, al que como acertadamente defiende el profesor Sáinz de Bujanda corresponde el estudio de los recursos constitutivos y de las obligaciones de la Hacienda Pública, distinguiéndose dentro de su haber los recursos, los derechos económicos y los ingresos15. 3. Un conjunto de normas peculiares Es bien conocida la polémica doctrinal que posiciona a los autores a favor o en contra de la autonomía científica del Derecho Financiero a partir de la homogeneidad o heterogeneidad de las normas y relaciones que contiene 16. Para quienes como Giannini sólo reconocen «unidad de la materia que regula sus normas pero no constituye un sistema orgánico de relaciones homogéneas», o como Berliri «la heterogeneidad de las normas es la nota característica de la materia que se quiera acotar...», entonces es lógico que no esté justificada la enucleación del Derecho Financiero con respecto al cuerpo unitario del Derecho. Por otra parte el dato empírico muestra una mayor armazón y contextura al sistema tributario que el resto del ordenamiento financiero, y no sin cierta razón se ha afirmado que bajo el rótulo Derecho Financiero, en ocasiones, no hay sino un tratamiento de dogmática tributaria. A mi entender, no puede negarse la heterogeneidad de los institutos y normas que abarcan la disciplina del Derecho Financiero, pero al mismo tiempo considero que la conclusión negativa respecto a su autonomía científica es exagerada. Metodológicamente es más fructífero 15 SAINZ DE BUJANDA, R. Sistema de Derecho Financiero, Universidad Complutense, Madrid 1977, tomo I, volumen 1.º, pp. 476 y ss. 16 Para una noticia suficiente sobre la polémica doctrinal puede consultarse a R. BEREIJO en su obra ya citada Introducción al estudio del Derecho Financiero notas a pie de página números (113) y (114), ubicadas en las páginas 126-127. Igualmente es recomendable el estudio de GONZALEZ GARCIA, E. «Panorámica sobre treinta años de evolución en la literatura tributaria contemporánea», publicado en la Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública de 1981, y de manera especial pp. 69-75. Finalmente resulta aconsejable meditar sobre las atinadas observaciones del profesor ALBIÑANA GARCIA QINTANA, C. en su artículo «La discutida autonomía del Derecho Financiero», publicada en la revista Civitas n.º 7 de julio/setiembre de 1975, pp. 489 y ss.

25

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

buscar su punto de encuentro precisamente en la unidad de la materia y no en su homogeneidad, lo que se ha de traducir en la búsqueda de un Derecho de la Hacienda Pública, o un Derecho de la Administración Financiera que ejerce sus funciones a través de procedimientos. A este respecto precisamente reflexiono sobre el dato empírico, que no lógico, del mayor desarrollo del Derecho Tributario con respecto al Derecho del Gasto Público que, desde nuestra perspectiva actual de los noventa, pudiera explicarse como sigue: Hasta la crisis de los años setenta, los gastos públicos reales o precios, por utilizar una terminología hacendística, constituían la participación mayor en el total de las obligaciones del Estado, pero a partir de entonces los gastos públicos de transferencia han aumentado la dimensión del sector público, los presupuestos y el déficit público de forma impresionante. Pues bien, es precisamente en este campo donde considero más factible el desarrollo de una teoría jurídica de los gastos públicos y más en particular de una relación jurídica del gasto público entre el sujeto transferente que integra el gasto y el sujeto transferido que se beneficia de los gastos públicos. Por otro lado, la imposición como instrumento de financiación de los gastos públicos está llegando en los países avanzados a un cierto límite de sus posibilidades. En efecto, las recientes investigaciones de la que se ha dado en llamar ciencia de la Hacienda positiva, por contraposición a la ciencia de la hacienda normativa, indican que el «esfuerzo fiscal» exigido a los contribuyentes está aproximándose peligrosamente a los límites de la tolerancia y de la desincentivación empresarial17. Por otra parte, la tecnología aplicada al campo de la información acerca de los agentes económicos potencialmente contribuyentes y puesta al servicio de las modernas Haciendas de esos países ha aumentado formidablemente la potencia recaudatoria de la «maquinaria fiscal». Estas situaciones no hubieran sido posibles en unos estados de derecho sin un esfuerzo y desarrollo de la dogmática tributaria puesta al servicio de la creciente imposición. Hoy día en que los sistemas impositivos cuentan con figuras homogéneas bien estructuradas jurídicamente, que además tienden a homologarse por exigencias de la interpentración de las economías nacionales, es previsible que aquel desarrollo se modere y se oriente más a la dogmática del gasto público. 17 A este respecto, una referencia a partir de ahora inexcusable será la reforma fiscal norteamericana que fue aprobada por el Senado de los EE.UU. y que en opinión de la prestigiosa The Economist va a consistir en alejarse de los sistemas fiscales confiscatorios que distorsionan la actividad económica internacional. Actualidad Económica de 8 sep. 86, pp. 30-31.

26

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Finalmente, no me parece ocioso hacer una mención al lógico agotamiento experimentado en la búqueda de nuevos hechos imponibles con potencia recaudatoria, exigencia deseable de cualquier figura impositiva. Ciertamente, una vez que los países europeos han implantado el I.V.A. y recuperado los equilibrios básicos en sus economías tras su introducción a lo largo de los últimos veinticinco años, se observa una dificultad creciente en inventar nuevos gravámenes que no recaigan sobre objetos de gravamen ya gravados, y que al fin y a la postre no sean casos de doble imposición técnica. Dicho fenómeno resulta particularmente llamativo en la imposición local o territorial que está creciendo peligrosamente sobre el plano de la tributación estatal. A mi entender, ello va a concentrar también esfuerzos importantes de la dogmática en el campo del llamado «federalismo fiscal»; y hay que enmarcarla preferentemente en la parte del Derecho Financiero que no es el Derecho Tributario. 4. Existencia de unos principios generales propios Desde una perspectiva metodológica como la sustentada en el epígrafe anterior, que hace pivotar la dogmática jurídica no tanto en la inexistente homogeneidad de las normas, relaciones e institutos que integran el contenido de nuestra rama jurídica, sino en la unidad esencial de la materia que forma el fenómeno jurídico financiero de la «fiscalidad», es posible afirmar la existencia de unos principios jurídicos propios aplicables con carácter general a todas las normas que regulan la actividad financiera. Principios, por un lado, de naturaleza jurídico-formal cuya enunciación y mejor definición se deben al mérito del profesor Calvo Ortega18 y que se resumen en: 1.º Principio de reserva de ley, que en el Derecho Financiero y Tributario, tanto en la vertiente de los ingresos como en la de los gastos públicos, juega con una mayor amplitud e intensidad que la que pueda predicarse de la restante actividad administrativa. 2.º Principio de preferencia de ley, cuyo contenido se concreta en la prohibición de normativizar, por el Poder Ejecutivo, determinados aspectos de los institutos y relaciones que quedan cubiertos por tal preferencia. 3.º Principio de no discrecionalidad administrativa, en base a la presión ejercida por determinnadas normas del ordenamiento 18

CALVO ORTEGA, R. ob. citada pp. 138 y ss.

27

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

sobre la producción jurídica, y en base a la inexistencia en la normativa financiera de conceptos jurídicos indeterminados. 4.º Principio de la indisponibilidad administrativa de las situaciones jurídicas subjetivas. Por otro lado, resalta con especial peculiaridad un principio material de justicia financiera, que exige que la justicia en los ingresos públicos vaya acompañada de la justicia en los gastos públicos, expresando así la unidad teleológica del fenómeno financiero 19. Ciertamente parece que no tiene demasiado sentido insistir en el año 1993 en la exigencia de tal principio como desideratum jurídico, que a «todos» interesa se cumpla respetando la igualdad o imparcialidad en la aplicación de los tributos y de los gastos. Es mucha la literatura jurídica que se ha ocupado y bien de este tema, sobre todo desde la publicación de la Constitución que con su artículo 31 lo recoge de manera indubitada. Sin embargo, resulta difícil concretar el principio, por lo que a su vertiente del ingreso público se refiere, en algo más que en la progresividad del sistema tributario, y por lo que se refiere a la vertiente del gasto público en algo más que en la obligada referencia a los criterios de eficiencia y economía. En efecto, «que cada cual pague conforme a sus posibilidades» es un sentimiento general del principio comentado, previo a su expresión normativizada, pero desde su misma formalización ofrece la dificultad de «medir» esas posibilidades, lo que resulta imprescindible en nuestra rama jurídica cuando se desarrolla en el hallazgo de los hechos imponibles, en la expresión de sus bases tributarias, en la concreción de los tipos impositivos, en la modulación de la exenciones, bonificaciones y deducciones, en fin, en la cuantificación final de la deuda tributaria. Porque la capacidad económica de los contribuyentes es una realidad tan cierta como indeterminada, y porque la igualdad es un desideratun tan noble como extraño a la naturaleza desigual de las cosas, conviene definirla, concretarla y perfilarla en sus manifestaciones puntuales20, para no caer en generalismos fáciles y en exageraciones peligrosas a la R. BEREIJO, A. ob. cit. pp. 142 y ss., así como su nota a pie de página n.º (133). Simplemente a modo de apunte, sugiero la conveniencia de revisar los esquemas hacendísticos tradicionales de la distribución formal cualitativa, basados en la dicotomía rentas del trabajo, rentas del capital, para buscar un encaje más cuidado de las rentas del empresario y del profesional, que no son simplemente mixtas de aquéllas, sino distintas. Y su falta de homogeneidad con ellas reclama una investigación sobre su real capacidad económica ante las cargas públicas, ya que el fundamento más sólido de la progresividad hoy comunmente aceptada descansa sólo en aquella dicotomía. 19 20

28

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

hora de encarnarla en un principio material de justicia que debe informar todo el sistema tributario, como la sabia al árbol en expresión feliz del profesor Cortés. Quizás un riesgo de la indeterminación del principio redistributivo en lo concerniente a la vertiente del ingreso público, consista en su identificación plena con la progresividad de todo el sistema tributario21. Ciertamente ni la ciencia de la Hacienda Normativa cuando estudia en la teoría general de la imposición los problemas de la distribución formal de los tributos, ni la moderna Hacienda Positiva cuando estudia los límites a la tolerancia del esfuerzo fiscal de los contribuyentes al soportar las cargas públicas, autorizan a defender aquella identificación. Incluso un precepto tan contundente como el artículo 31 de nuestra actual Constitución no autoriza una lectura de la identificación entre el principio redistributivo y progresividad de todo el sistema, opinión que de alguna manera ya fue defendida por el profesor Martín Delgado, para quien «la progresividad como manifestación del principio de igualdad es fruto de una aplicación específica “tributaria” del nuevo ideal de igualdad que informa ahora todo nuestro Ordenamiento jurídico» 22. Pero aunque así fuera ¿cómo debe medirse tal progresividad?, pues tan constitucional es ella como su limitación para que sea equitativa. En definitiva, predicar el principio redistributivo de la capacidad económica como particular del Derecho Financiero exige, al margen de su expresión temporal y espacial de nuestra actual Constitución, una definición y concreción de lo que deba entenderse por aquélla para que al normativizarla en las figuras tributarias del sistema se plasme la deseada equidad financiera.

21 Un estudio evolutivo de estas cuestiones lo ha hecho con claridad el profesor MARTIN DELGADO J. M. al pronunciar la lección de apertura del curso académico 83/84 en la Universidad de Málaga. En su publicación escrita es especialmente interesante el apartado VI «El sistema democrático: un nuevo modelo de Derecho Tributario», pp. 137 y ss. 22 MARTIN DELGADO J. M. en su artículo «Los principios de capacidad económica e igualdad en la Constitución española de 1978» publicado en Hacienda Pública Española n.º 50 de 1979, pp. 61 y ss. y más específicamente en la 81.

29

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

C) LA UNIDAD LOGICO-JURIDICA DEL FENOMENO FINANCIERO DE LA «FISCALIDAD» 1. Enunciación de la tesis Seguramente parecerá poco ortodoxo afirmar que el estudio y la enseñanza del Derecho Financiero y Tributario son científicamente incompletos cuando no asumen como esencial la unidad lógico-jurídica del fenómeno financiero y no meramente una relación funcional o una simple mutua dependencia entre tributos y gastos públicos. En síntesis, pienso que la desconexión jurídica habida en nuestra disciplina entre el ingreso y gasto público, que tan fecunda ha sido para el desarrollo de la rama del Derecho Tributario, ha creado una profunda sima entre estas dos orillas de la misma y única actividad financiera, y ha originado una hipertrofia en la imposición y en el ejercicio de las potestades tributarias por la Administración Financiera frente al contribuyente, al mismo tiempo que un creciente despilfarro y pérdida real de control en el crecimiento de los gastos públicos23. Esta tesis, que naturalmente asume unos criterios científicos y metodológicos consecuentes, voy a tratar de explicitarla un poco más en dos planos: el teórico y el constitucional, para después esbozar alguna de sus posibles consecuencias. 2. Explicitación de dicha unidad en un plano teórico Ciertamente, aquel primer momento en que el principio de la legalidad financiera se bifurcó por un lado hacia la legalidad presupuestaria y por otro hacia la legalidad tributaria, dio origen a la institución del tributo y a la rama jurídica que lo ordena24. Pero ese mismo día los im23 El periódico El País en su página 24 del sábado 29 de noviembre de 1986 daba la siguiente noticia suficientemente autoexplicativa «El Congreso de los Diputados ha delegado de forma explícita en el Gobierno, al aprobar los Presupuestos del Estado para 1987, buena parte de sus facultades para decidir formalmente sobre el reparto de hasta el 40% de la riqueza que genere la actividad económica...» 24 Esta idea se encuentra magistral y sencillamente sintetizada por SAINZ DE BUJANDA en sus Lecciones de derecho Financiero, p. 10 de la tercera edición, como sigue:

«El estado de ingresos del Presupuesto recogió la idea de concesión de recursos. Cada año, al votar el Presupuesto, los representantes de los pueblos habían de decidir lo que estaban dispuestos a conceder al Estado para el levantamiento de las cargas públicas. La medida del sacrificio había de darla el volumen del gasto autorizado. De ahí que las leyes tributarias no pudieran aplicarse si los Impuestos a que se referían no quedaban incorporados al Presupuesto o, dicho en otros términos, si no eran confirmados por las Asambleas. Ocurrió, sin embargo, que el Esta-

30

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

puestos quedaban consentidos para siempre y podrían ser recaudados sin necesidad de confirmaciones periódicas25. Al servicio de tan claro cometido se entregaron los estudiosos del Derecho Tributario hasta alcanzar las cotas de perfección y autonomía científica que hoy muestra la dogmática tributaria, y que alcanza probablemente su cenit en la definición y estructuración del principio de la capacidad económica, como criterio material de justicia en la distribución de los tributos y verdadera estrella polar del tributarista26. Sin entrar de nuevo en la teoría causalista del tributo que tan enfrentados posicionamientos originó, considero que no se puede avanzar hoy en el estudio del propio Derecho Tributario con un mínimo de realismo, llevándolo a cabo con abstracción de su justificación básica, es decir, la financiación del gasto público, cuando éste es eficiente y responde a criterios de economía. Consentir los impuestos como justos simplemente porque se acomoden a la capacidad de los llamados a satisfacerlos sin comunicación jurídica directa, tanto en un plano público como individual, con la justicia en los gastos públicos que financian, do ensanchó su repertorio de fines y la acción administrativa se dilató de modo considerable. La amplitud y permanencia de los servicios públicos, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, no se acomodaban bien con un régimen financiero en que la cobranza de los tributos se supeditaba al consentimiento anual de la representación popular. La vida del cuerpo político requería medios económicos crecientes y necesitaba, sobre todo, que los ingresos afluyeran al Tesoro público con rigurosa puntualidad. Para lograrlo, surgió una legislación tributaria permanente. Los recursos no serían en lo sucesivo concedidos, lo que se hacía era establecer unos tributos que obligaban a los ciudadanos a realizar determinadas prestaciones pecuniarias al Estado, siempre que se produjeran ciertos hechos o situaciones que las leyes establecían con carácter general. Estas leyes tributarias permanentes no contenían, por tanto, ninguna limitación cuantitativa en materia de ingresos, el Estado podría recaudar todas las cuotas producidas por aplicación de las leyes sobre las materias. En suma: la determinación del volumen de ingresos no pudo hacerse ya en forma directa, sino fijando los tributos y aprobando las normas que habrían de regularlos. Ese es, en síntesis, el origen del Derecho Tributario de nuestros días. Ahora bien, una transformación tan radical de los métodos tributarios no podía dejar intacta la construcción del Presupuesto que aparece en las Constituciones de la primera mitad del siglo. Fue necesario revisar los principios en punto al valor jurídico del estado de ingresos. La revisión consistió pura y simplemente en desconectar el Presupuesto de mecanismo de aplicación de las leyes tributarias. El estado de ingresos se convirtió en una mera previsión. La aprobación del Presupuesto por el Parlamento dejó de implicar la aprobación de los impuestos, éstos quedaban consentidos para siempre —en tanto no fueran derogadas las leyes que los establecieran— y podían ser recaudados sin necesidad de confirmaciones periódicas». 25

Artículo 20 de la Ley General Tributaria. Bella imagen utilizada por los profesores CORTES DOMINGUEZ, M. y MARTIN DELGADO, J. M., en su obra citada «Ordenamiento tributario Español», p. 79 de su tercera edición. 26

31

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

significaría la absolutización del principio redistributivo de la capacidad económica y la asunción jurídica de las consecuencias a que más arriba me refería. Convertiría el impuesto en lo que según Blumenstein no debiera ser: una prestación a fondo perdido. Entiendo que hoy día el estudioso del Derecho Financiero y Tributario con un mínimo de realismo no puede dejar de observar sutiles y profundas evoluciones en la actividad financiera de los estados que condicionan nuestra disciplina. En efecto, la «sacralidad» del interés público, que tanto ha incidido en la construcción de muchos de nuestros institutos jurídico-financieros, se ha ido vulgarizando a medida que se ha ido identificando por los contribuyentes con el interés de las administraciones públicas. El control parlamentario de la justicia y la eficiencia de los crecientes gastos públicos propuestos y ejecutados por la Administración, a través del estudio y aprobación de las leyes de los Presupuestos anuales, resulta cada vez más un problema técnico de muy difícil solución, haciendo bueno en gran parte el aforismo de que «quien propone dispone». Estas realidades, a mi modesto entender, perturban la racionalidad jurídica de las actividades financieras, lo cual se manifiestn en que el fenómeno de la fiscalidad funciona en un único sentido y con tal automatismo interno que aleja al pagador de los tributos de la deseable conexión de los ingresos con los gastos, para que se realice la justicia en la distribución de las cargas públicas. Esta unidad esencial y jurídica del fenómeno financiero constituye un planteamiento metodológico más fecundo, tanto para el derecho de los gastos públicos como para el derecho de los ingresos públicos, que un estudio autónomo de las relaciones tributarias desconectado de la función que éstas cumplen dentro de la actividad del Estado, aunque ello pueda considerarse menos puro 27. En conclusión, considero que el Derecho Financiero y Tributario, en su expresión última, tiene que estar al servicio de la unidad de la actividad estatal, de manera que no se autoricen como justos gastos públicos que no pueden ser razonablemente financiados, ni tampoco se consientan como justos tributos que se gasten ineficientemente o se despilfarren, aunque se basen en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos. 27 Véase al respecto las puntuales observaciones de R. BEREIJO sobre los excesos de la reacción por la «pureza del método», y la acertada cita que hace de Norberto Babio y que merece ser transcrita: «Hoy sabemos que el castillo de las ciencias puras está lleno de impurezas metodológicas. Detrás del formalismo jurídico estaba el ideal del Derecho como orden, del ordenamiento jurídico como promotor y garante de la paz social, del Estado de Derecho entendido kantianamente, como Estado que no tiene otro fin que el derecho, un ideal esencialmente conservador, de adaptación al status quo, adecuado a tiempos de estabilidad política hoy ya conseguida, a un orden político y social que se juzga o se quiere como inmutable». En su ob. cta., pp. 78 a 82.

32

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

3. Su respaldo programático en la Constitución Si la observación atenta de los comportamientos de las Administraciones financieras cuando ingresan y cuando gastan me aconseja un posicionamiento lógico en pro de la unidad jurídico-operativa de ambas funciones, aún se me manifiesta con mayor claridad en la Constitución española, a pesar de que esta norma explicite muy escasamente los principios ordenadores del gasto público, y «no se ofrecen criterios suficientes fuera de los casos espectaculares o de laboratorio para un verdadero control del mismo» como acertadamente observa el profesor Martín Delgado28. En efecto, los artículos 31 y 40 contienen los preceptos fundamentales que, a mi parecer, ordenan e iluminan la materia en cuestión y personalmente prefiero hacer su lectura de la siguiente manera: «El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos» (Art. 31.2) «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico» (Art. 40.1) «... y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía» (Art. 31.2)

Ciertamente no resulta fácil de esta lectura establecer unos principios operativos de justicia en el gasto público a pesar de que la Constitución hace frecuentes referencias a la justificación de los mismos cuando éstos se realicen 29, pero la discrecionalidad de la Administración para llevarlos a cabo resulta muy grande y parece imprescindible reducir su ámbito, fijando aquellos criterios operativos y los mecanismos de control adecuados 30 y hasta de defensa del contribuyente frente a su desviación. Un punto de arranque podría ser que la Constitución determina objetivos y metas políticas para la convivencia de los españoles, los cuales orientan los planes de gobierno al Ejecutivo de turno con un orden de prioridades; en consecuencia, las actividades financieras al proyectarse en los presupuestos habrán de computarlas y je-

28 En su artículo citado «Los principios de capacidad económica e igualdad en la Constitución española de 1978», p. 84, que refuerza con su nota (56) a pie de página. 29 En este sentido BAYONA en su obra citada Notas para la construcción de un Derecho de los gastos públicos, p. 77 y también en su artículo «El procedimiento del gasto público y su control», publicado en la revista Presupuesto y Gasto Público, n.º 13 de 1982. 30 Entre los escasos trabajos al respecto, considero muy sugestivo el de ANTONAYA SUJA, A. L.: «Criterios rectores de aplicación del gasto público», que forma parte de la obra conjunta Hacienda y Constitución del I.E.F., Madrid 1979, pp. 244 a 276.

33

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

rarquizarlas en los gastos públicos. Por tanto, se podría enunciar como principio constitucional operativo de justicia la jerarquización en el gasto público, claro que su valor es meramente ordinal pero sin darnos pautas cuantitativas, sin fijar suelo ni techo en cuanto a los dineros que hayan de ser gastados y claro está previamente ingresados, relación que en sus expresiones jurídicas constituye precisamente el objeto de nuestra preocupación como estudiosos del Derecho Financiero y Tributario. En efecto, dicho principio con ser muy importarte y servir decisivamente en la ordenación de los gastos públicos, lo que no es poco para nuestra disciplina, no resulta suficiente como para llenar de contenido el principio de la justicia financiera en el ingreso-gasto. Habremos de releer los preceptos constitucionales sin apriorismos a fin de encontrar mensajes operativos que sean algo más que meros enunciados programáticos, en los que la no deseable desmesurada discrecionalidad administrativa encuentra su mejor oportunidad. Ante todo, el encaje sistemático del artículo 31 en el capítulo consagrado a los derechos y libertades, sección de los derechos y deberes de los ciudadanos, aconseja entender el punto 1 entre los deberes de éstos, pero el punto 2, referido a la asignación, programación y ejecucion del gasto público, debiera entenderse entre los derechos de los ciudadanos a que así sea. Aceptada tal lectura de la Constitución, ¿qué mandato contiene para los poderes públicos y la Administración? Que asignen con equidad los recursos públicos y que programen y ejecuten los gastos con eficiencia y economía. A mi entender, se desprende una interpretación bastante clara y unos compromisos para la administración que deberán plasmarse en relaciones y situaciones jurídicas con los ciudadanos-contribuyentes. Asignar recursos debe ser leído en clave hacendística como elección de medios escasos susceptibles de usos alternativos que la Constitución jerarquiza, por tanto sólo en esto último es donde la elección y por tanto la discrecionalidad está limitada. Pero la norma de la normación adjetiviza la asignación como «equitativa», lo cual complica su interpretación, ya que si la asignación de recursos escasos se refiere «entre» las grandes áreas de objetivos de actividad financiera31, la equidad parece que debiera equipa31 Una referencia válida es la que hace el profesor FUENTES QUINTANA, E. en su obra Hacienda Pública, que en el volumen correspondiente a la «Introducción, Teoría de los ingresos Públicos y Presupuesto», de la edición de 1973, p. 71, introduce el cuadro I como punto de partida obligado para todo enfoque normativo de la actividad financiera, y que aquí se reproduce.

34

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

rarse unicamente a la jerarquización a que nos referíamos arriba. Sin embargo, la equidad o la asignación equitativa de recursos, en clave jurídica, parece que hace referencia a individuos o grupos de individuos, en el sentido de asignar o gastar con cada uno lo suyo o lo que se merece, y todo ello, claro está, en relación con los demás. Pues bien, una vez cumplimentadas las prestaciones sociales que pudieran integrar el llamado «mínimo vital», no parece que la Constitución da pie legal para extender más allá la función redistributiva del gasto público, y este límite condiciona el nivel tolerable del ingreso público tributario

FUNCIONES DEL SECTOR PUBLICO

ASIGNACION DE RECURSOS

UTILIZACION EFICAZ DE RECURSOS

ESTABILIZACION ECONOMICA

DISTRIBUCION DE LA RENTA

DESARROLLO ECONOMICO

1. Satisfacción de necesidades sociales por producción de bienes públicos. 2. Satisfacción de necesidades preferentes e interferencia en las necesidades indeseables. 3. Efectos externos en el consumo (economías y deseconomías externas). 4. Efectos externos en la producción (economías y deseconomías externas). 5. Imperfecciones del mercado. 6. Costes decrecientes. 7. Costes marginales iguales al precio en condiciones de coste decreciente. 8. Coste marginal nulo. 9. Neutralidad impositiva para asegurar la asignación óptima del mercado.

10. Falta de espíritu de empresa. 11. I n v e r s i o n e s cuantiosas de capital a largo plazo. 12. Elevados costes de recaudación de precios.

13. Situaciones de pago involuntario. 14. Situaciones de inflación. 15. Asegurar el crecimiento de la demanda de acuerdo con la capacidad de producción. 16. Asegurar el equilibrio exterior.

17. Transferencias positivas y negativas de rentabilidad para variar la distribución.

18. Provisión de capital de utilidad pública. 19. Reformas tendentes a elevar la productividad agraria. 20. Política comercial. 21. Producciones básicas por empresa pública. 22. Financiación de gastos públicos e incentivos al desarrollo.

35

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

en el que sí incide el principio rector de la capacidad económica para su distribución entre los llamados a satisfacerle32. La interpretación defendida no debe separarse del artículo 40 que, encajado entre los principios rectores de la política social y económica, ordena a los poderes públicos que promuevan las condiciones favorables para el progreso social y económico que, en el contexto en el que hay que entender tan etéreo y poco discutible mandato, parece lo habrán de intentar a través del gasto público. De ser esa la intención del constituyente, conviene retener que la pretensión es conseguir el progreso social y económico, lo cual parece que todos lo entendemos como aumentar la renta, distribuirla mejor y mejorar la calidad de vida, e igualmente conviene reflexionar en que desde una óptica de libertad e iniciativa personal las «condiciones favorables» no se crean, sin más, aumentando el importe de los gastos públicos sin una económica correlación con el esfuerzo fiscal de los contribuyentes, ni consintiendo incrementos a la discrecionalidad de la Administración financiera. Para terminar hemos de retornar al artículo 31 en su punto 2, donde a mi parecer se contiene un mandato explícito para la Administración financiera sobre principios operativos de justificación del empleo de los recursos públicos, que tanto en su programación como en su ejecución habrán de responder, es decir, dar cumplida respuesta, a la eficiencia y economía que de ellos se espera. Sin duda el constituyente ha puesto en este mandato un auténtico límite a la discrecionalidad administrativa sobre el gasto público, que considero debe interpretarse como un derecho de los ciudadados-contribuyentes que habrá que llenar de contenido jurídico a través de medidas presupuestarias cuando aquél se apruebe, de medidas de eficaz control jurídico cuando aquél se ejecute, y por qué no, de medidas cautelares y procesales para el ciudadano cuando aporta sus recursos al tesoro público y éste los utiliza antieconómica e ineficientemente. El problema para el Derecho Financiero está en que tanto la economía y la eficiencia en el gasto, como la capacidad económica en el ingreso, son meros criterios que tienen su interpretación natural en clave hacendística, la que luego el derecho habrá de positivizar y concretar precisamente para que la discrecionalidad administrativa no los vacíe de contenido.

32 Colateralmente estas ideas han encontrado alguna inspiración y punto de apoyo en un artículo de J. LASARTE publicado bajo el expresivo título: «Funcionalidad del sistema fiscal y exigencia de cambio» en la revista Civitas n.º 37 de ene/marz., 83 pp., 5 y ss.

36

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

4. Propuestas de investigación para concretar normativamente la pretendida conexión ingreso-gasto Asumir la unidad esencial del fenómeno financiero de la «fiscalidad» como un presupuesto científico en el estudio de nuestra disciplina, y encontrar su respaldo o confirmación programática en la lectura de nuestra Constitución, resultaría poco fecundo si no propusiéramos vías o fórmulas de concreción capaces de orientar la normación jurídica de la pretendida conexión ingreso-gasto, con mayor alcance que la mera relación funcional. Como se insinuaba en el epígrafe anterior, tres son los momentos lógicos en que conviene llenar de contenido jurídico dicha unidad financiera y a tal empeño se destina este epígrafe. Socioeconómicamente y a corto plazo, el interés público de todos los ciudadanos-contribuyentes se decide y se tutela en los Presupuestos Generales anuales, que la experiencia de los últimos años manifiesta como un instrumento legal en favor de la Administración para aumentar el nivel de los gastos públicos y retocar hacia una mayor presión y esfuerzo fiscales las leyes tributarias consentidas. Esta paradoja legal que se autoalimenta en el viejo axioma político de que «gobernar es gastar», y que se acrecienta en la medida en que la cada vez más poderosa y omnipresente Administración se desliga y hasta se superpone a los intereses de los administrados, sólo puede reconducirse a sus justos límites de discrecionalidad mediante la recuperación parcial del consentimiento de los impuestos. Seguramente la idea se entenderá como poco ortodoxa pero la considero fecunda para el estudio y desarrollo del Derecho Financiero y Tributario, y los ejes de su discurso podrían ir: a través del consentimiento, por mayorías absolutas o de las dos terceras partes de la cámara, para aquellos tributos con fundamental apoyo en la progresividad, ofreciendo paralelamente fórmulas financieras alternativas33; y por la posibilidad del recurso de anticonstitucionalidad frente a las pretensiones del ejecutivo, planteado por asociaciones organizadas de contribuyentes. La segunda línea de la unidad financiera habría de estudiarse a través de la llamada relación jurídica del gasto público referida a la eficiencia y economía del mismo cuando se ejecuta, estableciendo la res33 LASARTE, J. en el artículo citado, y en su epígrafe III «El problema de los impuestos indirectos y las tasas», dice textualmente: «Nos encontramos, pues, ante un principio (el de la capacidad económica) cuyas posibilidades operativas se han sobrevalorado... El desconocimiento de este hecho origina espejismos en la comprensión global del sistema y en la formulación técnica de los diferentes tributos, y ello produce inevitablemente que el mecanismo fiscal se aleje de la realidad y de los valores sociales a los que debe servir». Civitas n.° 37, p. 9.

37

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

ponsabilidad no sólo política sino jurídico-patrimonial de los órganos administrativos, a través de la integración de un cuadro de infracciones objetivas del gasto público. Una de sus manifestaciones que más urgente estudio requeriría es la que podríamos llamar relación jurídica de subvención, por ser éste un mecanismo de creciente importancia dentro de la función intervencionista de los poderes públicos en la promoción de las condiciones favorables al progreso social y económico. El último paso que hay que dar en el camino de hacer operativa la preconizada unidad esencial del fenómeno financiero habría de conectarse con la exacción de los tributos, de tal suerte que el ciudadano-contribuyente, a quien constitucionalmente el artículo 31 le impone el deber fundamental de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, aunque al mismo tiempo y con el mismo rigor le da derecho a que los poderes públicos sean eficientes, pudiera ser algo más que mero sujeto pasivo, procurando la tutela de tal derecho cuando se le exija su deber. Naturalmente el tema es complejo y hasta peligroso, pero su estructuración pudiera apoyarse en las siguientes orientaciones: El contribuyente podrá suspender la ejecutividad de cualquier obligación tributaria viciada a su juicio de causa34, previa consignación de su importe en cuentas especiales y sometimiento de la cuestión a los Tribunales Económicos Administrativos. Por otro lado sería conveniente que el instituto de la prescripción tributaria se revisase como forma extintiva de derechos y acciones, transformándose hacia la caducidad a fin de nivelar en alguna medida las prerrogativas y presunciones favorables a la Administración. La conclusión de cuanto aquí se ha dicho sin duda constituye una pretensión heterodoxa que choca frontalmente con logros del Derecho Tributario, cuales puedan ser entre otros la naturaleza ordinaria de las leyes fiscales, la superación de la teoría causalista del Derecho Tributario, la tutela del interés público que compete a la Administración o la indisponibilidad e inderogabilidad del crédito tributario. Pero también considero que nuestra disciplina ha de llenar de contenido jurídico, en todos sus planos y dimensiones, el principio de la justicia financiera del ingreso y del gasto público armonizándolos en su unidad esencial, y ello comporta naturalmente riesgos e incomodidades para el estudioso, pero creo que progresando por alguna de las vías sugeridas nuestro Derecho Financiero y Tributario será, cada vez, más autónomo y distinto del Derecho de la Administración, en que consiste básicamente el Derecho Administrativo. 34 Aunque sólo sea a modo de flash, merece citarse el novedoso «Movimiento de liberación Fiscal», que el genio italiano ha puesto en marcha en dicho país como reacción al «fiscal drag» que todo ciudadano ha de soportar.

38

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

ESQUEMAS DE DERECHO TRIBUTARIO

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA

I) CONCEPTO • Los tributos IMPONEN cargas y obligaciones a los ciudadanos. • Sólo los llamados a SOPORTARLOS pueden CONSENTIRLOS y acordarlos. • Dicho consentimiento se expresa en la LEY. Ï —material ¸ Ï —CERTEZA y å genera Ì —OBJETIVIDAD • La LEY Ì Ó —formal † Ó —AUSENCIA de DISCRECIONALIDAD. • Por tanto sólo la LEY puede ser UNICA fuente de tributos. II) AMBITO • La Legalidad debe expresarse tanto: a) En la esfera Normativa → al crear el tributo. 1) Crea una reserva de ley para la normación tributaria: Absoluta Cuando todos los elementos del tributo quedan reservados a la ley. Relativa Cuando sólo los elementos básicos del tributo quedan reservados a la ley. 2) Se manifiesta mediante la JERARQUIA NORMATIVA. b) En la esfera Aplicativa → al exaccionar el tributo. 1) Se refiere a la ADMINISTRACION FINANCIERA en sus actuaciones. 2) Supone: • Sometimiento de su actividad

Ï normativa. ¸ y Ì å a la LEY. Ó ejecutiva †

• Privación de DISCRECIONALIDAD salvo si está tasada. • Presunción y apariencia de LEGALIDAD. • REVISION de todos sus actos. 41

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONOMICA

I) CONCEPTO • Técnico = posesión de riqueza suficiente e identificable. •

Ï VOLUMEN y Etico-económico = aptitud para soportar un tributo según Ì NECESIDAD Ó de los recursos

• Jurídico = titularidad de una capacidad conforme a normas. • Tributario = aptitud para el SOSTENIMIENTO de los gastos públicos. Ï —LA RENTA —EL PATRIMONIO • La Cap. Ec. se manifiesta a través de Ì —EL GASTO Ó —LA CIRCULACION de la RIQUEZA II) NOTAS • Constituye el FUNDAMENTO para que la ley GRAVE determinados hechos. • Soportar el gravamen es INDEPENDIENTE de: — La CONTRAPRESTACION recibida — La PRESION fiscal — El DESTINO de los ingresos • El respeto a la CAPACIDAD ECONOMICA en la normación como: — Expresión AXIOMATICA de la justicia tributaria. — Criterio material en el REPARTO de gravámenes • Los tributos son JUSTOS si responden a la CAPACIDAD ECONOMICA de los — CUALITATIVAMENTE contribuyentes — CUANTITATIVAMENTE

{

• Cap. Ec. debe

Ï CIRCULAR ¸ el sistema Ï — al CREAR → Cap. Ec. absoluta e Ì å tributario Ì — al APLICAR → Cap. Ec. relativa INFORMAR Ó † Ó — al INTERPRETAR 43

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• La Cap. Ec. se INSTRUMENTA a través de la:

¸ — PROPORCIONALIDAD å de TODO el sistema tributario — PROGRESIVIDAD — NO CONFISCATORIEDAD † • Compatibilidad con el principio del beneficio: — positivamente → tributar conforme al beneficio recibido — negativamete → sólo cuando el contribuyente tenga capacidad.

44

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA APLICACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

I) INTRODUCCION • Son normas Ordinarias, aunque responden a principios específicos. • Las LEYES de PRESUPUESTOS pueden contener normas tributarias. • Su aplicación supone la ADECUACION al supuesto fáctico en base a su

{

— VIGENCIA — AMBITO

• Los supuestos fácticos OCURREN

{

— en un TIEMPO → VIGENCIA — en un ESPACIO → AMBITO

II) EFICACIA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS EN EL TIEMPO • El Tiempo plantea a la aplicación de las normas estas cuestiones

Ï — Cuándo COMIENZAN a obligar Ì — Cuándo TERMINAN de obligar Ó — IRRETROACTIVIDAD O NO • Comienzo de vigencia; tras la vacatio legis; salvo vigencia inmediata tras su publicación. • Terminación de vigencia según sean:

Ï — temporales — transitotrias → para resolver situaciones PRE— Normas CON PLAZO Ì EXISTENTES Ó — suspensivas — Normas SIN PLAZO → DEROGACION

{

— Expresa — Tácita → inseguridad jurídica 45

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• Irretroactividad: — Norma aplicable en general: la VIGENTE al tiempo de ocurrir el supuesto fáctico regulado. — Anormalmente: la nueva norma puede EXTENDER su vigencia a supuestos ocurridos bajo la vigencia de otra norma. Ï — administrativas ¸ å se aplican con carácter retroactivo a si— Normas Ì — procesales Ó — favorables † tuaciones pendientes. — Normas INTERPRETATIVAS, no pueden modificar la norma interpretada. III) EFICACIA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS EN EL ESPACIO • El espacio donde los supuestos gravados ocurren, puede ser COMPARTIDO por varias soberanías fiscales. • El poder tributario de un Estado se encuentra con LIMITES en ese espacio. • La Ley de cada Estado debe fijar el TERRITORIO de su ámbito de eficacia. Ï a los sujetos • Las normas tributarias en el territorio OBLIGARAN Ì a los tribunales Ó a los intérpretes • Pero en una soberanía fiscal ocurren HECHOS realizados: — Por EXTRANJEROS — FUERA de su territorio • La norma tributaria debe fijar como alarga su fuerza vinculante: — que no es la nacionalidad → ius sanguini — que no es el domicilio → ius soli a) En base a RESIDENCIA — lugar donde se HABITA o MORA → concepto jurídico CONVENCIONAL — aplicable a personas

Ï Ì Ó

Principio opuesto a la nacionalidad Ï— — Vis atractiva del LUGAR en donde OCU˙ RRE el supuesto b) En base a TERRITORIALIDAD Ì — Limita su validez al TERRITORIO de la ˙ — norma Aplicable a supuestos, más que a perÓ sonas

46

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS I) INTRODUCCION • Forma PARTE del proceso lógico de la aplicación de las normas. • Las normas tributarias son ORDINARIAS ↔ y NO son restrictivas ni odiosas. • Es aplicable la teoría general sobre la interpretación jurídica Ï • Buscar el SENTIDO ¸ Ï — contribuyentes de la norma å • Concepto Ì por los INTERPRETES Ì — administración • Supone la EXISTENÓ — jueces Ó CIA de una norma † manifestaciones de CAPACIDAD Ï — Económico: búsqueda— delde formalismo jurídico → prescindiendo { — de la apariencia jurídica • Métodos Ì — Jurídico: búsqueda de manifestaciones JURIDIFICADAS en Ó hechos imponibles.

•

Ï — Epoca liberal: ante la odiosidad del tributo→ «in dubio contra fiscus» Evolución Ì — Estado social de Derecho: ante normas ordinarias → búsÓ queda equilibrada del «interés fiscal»

II) ANALOGIA

•

Ï a) Ante existencia de LAGUNAS → se puede CREAR derecho ˙ mediante la ANALOGIA Las normas pueden ser INTERPRETADAS por medio de la ˙ b) analogía con un resultado: ˙ — Ampliando el significado Acepciones Ì — Extensivo — De términos literales ˙ Ï — Extendiendo el significado ˙ Ì — De los principios inspiradores de la norma — Analógico ˙ Ó — A supuestos con identidad de razón Ó

Ï Ì Ó

{

• La Reserva de Ley → impide la existencia de LAGUNAS → prohíbe la creación analógica del derecho. 47

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

EL TRIBUTO

I) CONCEPTO • • • • • • •

Ingreso público de derecho público. Consiste en una prestación pecuniaria COACTIVA. Que se DEBE a un ente público. Se fundamenta jurídicamente en el IMPERIUN del ente impositor. Tiene como fin, cubrir las necesidades financieras del ente público. Su causa última es la capacidad de los que lo soportan. Se diferencia de: a) ingresos patrimoniales → por el título jurídico público b) empréstitos públicos → por el carácter ordinario c) multas → por el origen antijurídico

• Es una Institución jurídica:

Ï — realidad jurídica organizada Ì — por una serie de normas Ó — reguladoras de relaciones jurídicas

II) CLASES • La doctrina científica admite 3 clases del género tributo Ï — Prestaciones exigidas a propósito de servicios públicos a) Tasas: Ì — Requieren una demanda de actividad administrativa Ó — El sujeto recibe alguna contraprestación

Ï — Prestaciones exigidas con motivo de ciertas: ˙ • obras ˙ • servicios b) Contribuciones especiales: Ì — Presuponen un especial beneficio para los sujetos ˙ — Se refieren a un colectivo de afectados ˙ — La actividad beneficiosa es iniciativa de Ó la administración c) Impuestos:

Ï — Prestaciones exigidas con ocasión de hechos imponibles. Ì — Sin referencia a contraprestación alguna. Ó — Su fundamento mediato e inmediato es la CAPACIDAD. 49

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

III) RESUMEN DE NOTAS DIFERENCIADORAS DE LOS TRIBUTOS NOTAS

IMPUESTO

TASA

CONTRIBUCION ESPECIAL

— Hechos imponi- Actos o negocios Obras de la Admi- Utilización PRIVATIVA bles gravados nistración. — Determinación Desconocido pre- Afectados por Demandante utilización privativa. del sujeto pasi- viamente, precisa obra pública: vo declaración. — Correlación con Total la capacidad económica del sujeto pasivo

Dudosa

Bastante

— Fundamento del Cap. econ. del su- Beneficio ESPE- Utilización PRIVAtributo CIAL del sujeto TIVA del bien o jeto pasivo servicio público. pasivo. — Contrapresta- No existe ción directa para el sujeto pasivo

Beneficio Teórico

SI existe

— Actividad por Ninguna parte de la Administración que se requiere

La obra pública

Total

— Provocación de Ninguna una actividad administrativa por parte del sujeto

Ninguna

Total

— Mecanismo ge- Manifestación de Imputársele un benerador del tri- cap. econ. al reali- neficio teórico por buto una obra aprobazar H.I. da por una Ordenanza

50

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Demandar un bien o servicio público sometido a una tasa

EL IMPUESTO

I) CONCEPTO Y CARACTERISTICAS • Obligación legal • • • •

{

— relación jurídica: derechos y obligaciones — fuente: la ley

De derecho público: tulela un interés público → garantías especiales. Pecuniaria: prestación, dar dinero. Sujeto activo: Estado u otro ente público fijado por la ley. Origen: realización del hecho imponible sin intervención administrativa. Ï Sustancial: del hecho imponible ˙ Voluntariedad Coactividad de la obligación surgida

{

• Consecuencias

˙ Ì Funcional: Sujeto pasivo = Realizador del H.I. ˙ Sistemática: ˙ Dificultad para conocer la existencia de obligaciones Ó impositivas

II) CLASES Se clasifican en función de los siguientes CRITERIOS: • Distribución técnica de la carga impositiva: — Unico impuesto: cuota única para el sujeto. — Múltiples impuestos: cuotas sectorizadas a través de un SISTEMA de impuestos. • Cuantificación de la deuda: — Subjetiva: se atiende a circunstancias personales del sujeto. — Objetiva: no relevancia de circunstancias personales del sujeto. 51

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• Elemento objetivo del hecho imponible: — Real: el presupuesto objetivo es INDEPENDIENTE del elemento personal. — Personal: el presupuesto objetivo está REFERIDO a la persona. • Aspecto temporal: — Periódico:

Ï — Hecho imponible duradero en el tiempo Ì — Fraccionado por ley en períodos estancos Ó — El presupuesto de hecho es un «estado»

Ï — La duración del tiempo de realización es irrelevante — Se agota por su propia naturaleza en su período —Instantáneo: Ì — El presupuesto de hecho es una «acción» Ó — El presupuesto tiene lugar en un momento jurídico • Impuestos DIRECTOS e INDIRECTOS: 3 criterios: a) Administrativo: — Directos: listas nominativas de los contribuyentes, fechas periódicas. — Indirectos: con la realización de ciertos actos ocasionales. b) Económico: — Directos: imposible traslación de la cuota. — Indirectos: posible repercusión por traslación de la cuota. c) Momento de estimación de la renta: — Directos: en la percepción de los ingresos. — Indirectos: en el gasto. III) PARAFISCALIDAD a) Características: 1. 2. 3. 4. 5.

Prestaciones pecuniarias coactivas similares a los tributos. Establecidos y regulados al margen del principio de legalidad. Gestión: órganos fuera del Ministerio de Hacienda. Extrapresupuestario. Afectación → finalidad específica.

b) Naturaleza: suelen equipararse a los tributos.

52

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA TASA

I) CONCEPTO • Tradicional: Ingreso que se paga al Estado como retribución de un servicio público que del Estado se recibe. • Actualmente: Tributo que se exige con ocasión de la prestación de un servicio (presupuesto de hecho para cobrarlo). • Diferencia: — Ya no es el pago de un servicio prestado individualmente a un sujeto. — Se cobra porque hay una ley que define el deber tributario de pagarlo para los que se encuentren en el presupuesto de hecho. • Notas características: a) Se define la tasa por el elemento objetivo del hecho imponible. del dominio público PRIVATIVAMENTE. Ï 1.2. Utilización Prestación de un servicio público PRIVATIVAMENTE. 3. Realización de una actividad administrativa que se b) Concretado en: Ì refiera, afecte o beneficie de modo particular al supasivo: Ó 4. jeto Susceptible de utilización recurrente.

c) Requisitos:

Ï 1. Existencia de alguna actividad administrativa (le dis˙ tingue del impuesto); sin actividad administrativa NO nace la TASA. ˙ 2. — Existencia de solicitud, provocación, del particular Ì hacia la Admón. para que actúe (le distingue de la ˙ C.E.); ˙ — sin solicitud del particular NO se debe la TASA. Ó 3. El servicio públido ha de existir previamente.

II) NATURALEZA JURIDICA • La contraprestación percibida por el ente público: — ¿es precio? a) voluntad partes b) no capacidad económica 53

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

— ¿es tributo? a) surge de la ley b) capacidad económica • Desde perspectiva económica es INDIFERENTE. • Desde perspectiva jurídica es CONVENCIONAL o FORMAL. • En su evolución histórica ha participado de ambos criterios. Ï — cobrado o • La razón estaba en la DIVISIBILIDAD del servicio público: Ì Ó — gravado • Si se incluye en el género tributo, ¿criterio de ligazón? — Prestación coactiva pecuniaria. — Obligación legal del derecho público. — Diferenciable en otros tributos por el H.I. III) DETERMINACION DE LA CUANTIA DE LA TASA A tal efecto se distingue entre:

{

Tasa de financiación Tasa fiscal

• Tasa de financiación: Es un ingreso público dirigido a financiar el costo de servicios públicos divisibles. a) Principio del coste: El servicio que la administración pública presta, beneficia tanto a los usuarios del servicio como a la colectividad. Por esto se divide el coste del servicio en dos partes: — Costes fijos (coste de establecimiento y su amortización). — Costes variables: que producirán la prestación y financiación de los servicios y que habrían de cubrirse por los particulares. b) Principio de utilidad: Se grava a los usuarios por los beneficios recibidos con independencia de los costes. • Tasa fiscal: Esta tasa es una forma de dirigir el consumo público: Desde un punto de vista político-social la cuantía de la tasa vendrá gobernada por un tercer principio: el principio de estrategia del consumo público.

54

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

IV) CLASES DE TASAS A) Clasificaciones tradicionales: Ï — Específicas • Atendiendo a su destino: Ì — Genéricas Ó — Mixtas

Ï —— Estatales Locales • Por el sujeto activo de la obligación: Ì — De los órganos autónomos — Sindicales Ó — Profesionales • Por el servicio de la actividad administrativa que se nutre con el producto — Judiciales de la tasa: — Académicas, etc.

{

B) Clasificación moderna: • Fiscales = Presupuestarias • Parafiscales = Extrapresupuestarias

{

No afecta a los ingresos sino a los gastos.

55

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA CONTRIBUCION ESPECIAL

I) CONCEPTO Y NOTAS • Es un tributo: prestación pecuniaria coactiva. • Origen: poder de imperio del ente impositor. • Exigible para conseguir medios económicos para hacer frente a las necesidades públicas. • Supone actividad administrativa no solicitada por el particular. • Supeditada a que las obras o servicios públicos prestados benefician a personas determinadas. • Originada con ocasión de la INSTALACION de una obra o servicio público. II) NATURALEZA Y FUNDAMENTO • • • • •

Se trata de una obligación legal. De estructura similar a la nacida del impuesto o la tasa. Doctrinalmente se discute si es un tributo AUTONOMO del impuesto. Su autonomía se apoya en la contraprestación recibida. Se fundamenta en que la ley supone: — que cuando se realizan CIERTAS obras o servicios. — se originan beneficios específicos a determinados sujetos. — a quienes se grava ESPECIALMENTE.

• Su exacción sólo debe ser UNICA y no repetitiva. III) ESTABLECIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1. Ley ordinaria:

{

— definición del tributo en hipótesis — fijación de las actividades que obligan a establecerlo

Ï — realización de la actividad. 2. Admón. local: Ì — imposición del tributo mediante aprobación de la ordeÓ nanza. 57

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA RELACION JURIDICO-TRIBUTARIA

I) CONCEPTO Puesto que hay gastos públicos → es necesario financiarlos ¿COMO? Originariamente: por la fuerza de los dominadores. Modernamente: a través de procedimientos jurídicos → JUSTICIA. El INSTRUMENTO utilizado ha sido el TRIBUTO. Tributo = «Alguien debe pagar porque la ley así lo ordena». El tributo ha evolucionado desde situación de hecho a objeto jurídico. — mecanismos jurídicos • El derecho busca — para imponer y exigir tributos con justicia

• • • • • •

{

}

• Entre ente impositor y ciudadanos SE GENERAN relaciones sociales. Ï — les otorga significado jurídico • El derecho las asume: Ì — las convierte en relaciones jurídicas Ó — les concede efectos específicos • Cualquier Ingreso Público → genera relación jurídica.

•

Ï — con motivo de realizar ciertos hechos, RELACION JURIDICO-TRIBUTARIA (R.J.T.) surge: Ì — prefiguradores de los Ó tributos

II) NATURALEZA Y CONTENIDO • Originariamente: R.J.T. es sólo relación obligacional: — Tributos sencillos. — Relaciones jurídicas elementales entre: Hacienda ↔ ciudadanos. — Fuerte «vis atractiva» del derecho civil: • Modernamente: R.J.T. es MAS que mera relación obligacional. — Hay más situaciones y realidades que

{

DEUDA Y CREDITO ACREEDOR Y DEUDOR 59

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• La R.J.T. está constituida: — Estricto sensu = OBLIGACION de PAGAR la DEUDA TRIBUTARIA. — Otras obligaciones accesorias — Otros deberes: — Amplio sensu — de la Admón.: funciones tributarias — del ciudadano: sometimiento y colaboración.

Ï Ì Ó

{

• La R.J.T. es compleja en su CONTENIDO: — Cuándo se debe: declarar, pagar, etc. — Quiénes pagarán: constribuyentes, sustitutos, etc. — Cuánto pagar por deuda. — Cómo liquidar el tributo. — Cómo recaudar el tributo. • Al realizar el H.I. nacen situaciones jurídicas SUBJETIVAS: — ACTIVAS → POTESTADES → FUNCION DE LA ADMON. — PASIVAS → DEBERES Y OBLIGACIONES de los contribuyentes. • La R.J.T. actúa a través del ejercicio de las FUNCIONES TRIBUTARIAS de la Admón. • Funciones Tributarias = conjunto de potestades ↔ DEBERES jurídicos para DETRAER riqueza al ciudadano. • Tan importante es: — Legislar bien un tributo. — Como la función tributaria para exigirlo.

60

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA OBLIGACION TRIBUTARIA

I) CONCEPTO Y NOTAS

• Los tributos

Ï — son PRESTACIONES PECUNIARIAS Ì — surgidos de mandatos LEGALES Ó — fundados en el principio de CAPACIDAD

• Consecuencia fundamental → la obligación de pagar los tributos. • La obligación de PAGAR = la obligación tributaria. • La institución «TRIBUTOS» está construida sobre la categoría OBLIGACION. Ï a) Obligación tributaria SIMILAR a obligación civil. • ¿Cómo es su naturaleza?: Ì b) Obligación tributaria DIFERENTE de obligaÓ ción civil. • Semejanza esencial

{

— Un DEUDOR DEBE pagar la prestación — Un ACREEDOR SATISFARA su crédito

• Diferencias materiales y no sólo formales 1. Se trata de una obligación LEGAL: — Unicamente por imperio de la ley — No de la voluntad de los sujetos

a) Surge

{

b) Régimen

Ï — Contenido ya fijado por ley Ì — Elementos tasados por ley Ó — No caben presunciones, sólo datos legales

c) Pero dictada la Norma, el poder financiero SE AGOTA. 2. 3. 4. 5.

Obligación de D.º PUBLICO por TUTELAR o INTERES PUBLICO. El crédito surgido al acreedor es INDISPONIBLE. La obligación del sujeto pasivo es INDEROGABLE. La obligación es PURA, no sometida a condición.

61

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

EL HECHO IMPONIBLE (H.I.)

I) INTRODUCCION • El Imperio de la Ley es única FUENTE de obligaciones tributarias. • El principio de legalidad exige RANGO LEGAL a las normas tributarias. • ¿Cómo ESTRUCTURAR la norma creadora de un tributo? a) fijando un PRESUPUESTO FACTICO hipotético → HECHO IMPONIBLE b) ligándolo a una CONSECUENCIA O MANDATO → OBLIGACION TRIBUTARIA • Los hechos o sucesos son IMPONIBLES:

Ï — por mandato legal explícito Ì — no por simple expresión de caÓ pacidad

• Una realidad que es INDIFERENTE puede transformarse en: HECHO JURIDICO → si produce efectos jurídicos HECHO IMPONIBLE → si produce efectos tributarios II) CONCEPTO Y ESTRUCTURA DEL H.I.

• Es

• Notas

•

•

Ï — Un presupuesto legal Ì — De carácter fáctico Ó — Que origina la obligación tributaria Ï — Se determina en función de sus efectos Ì — Exige que se produzcan SOLO y TODOS sus elementos legales Ó — Permite DISTINGUIR los tributos (TASAS, C.E. e IMPUESTOS)

Ï — Origina el nacimiento de situaciónes subjetivas — Pone «in actu» las previsiones normativas hipotéticas Efectos Ì — Hace que se DEVENGUE el tributo Ó — Convierte a la realidad en hechos SUJETOS al tributo Ï — ¿Por qué realizar un H.I. acarrea obligación tributaria? — ¿Por qué la ley ordena PAGAR por ciertos H.I.? Fundamento Ì — LA NORMA IDENTIFICA H.I. CON CAPACIDADES ECOÓ NOMICAS 63

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• Estructura: todo H.I. contiene: — Un elemento SUBJETIVO: por quien lo realiza — Un elemento OBJETIVO: el hecho en SI mismo • Los SUJETOS son la referencia personal a QUIEN se imputa el H.I. • El elemento OBJETIVO puede contemplarse en sus aspectos:

Ï — Material: indicativo de la capacidad TIPIFICADA ˙ Ï — criterio definidor — H.I. INSTANTANEO ˙ — H.I. PERIODICO ˙ ˙ ˙ nacimiento de la obli˙ — Temporal Ï — gación Ì Ì derecho a exigir la ˙ Ì — deuda ˙ — determinante de ˙ ˙ Ó — ley aplicable Ó ˙ ˙ — Espacial: lugar de realización y ámbito espacial-Ley Ó — Cuantitativo: fijación de PRESTACION PECUNIARIA

{

Aspectos

Ï — Siempre es JURIDICA, nunca es ECONOMICA — El SUSTRATO del elemento objetivo puede ser: Naturaleza Ì • JURIDICO Ó • ECONOMICO • Las normas tributarias deben fijar REGLAS para CALIFICAR tributariamente el H.I. y significando: jurídica — lo que es → hallan la verdadera naturaleza económica del presupuesto

{

}

— para APLICAR bien la norma del gravamen — poniendo el acento en lo jurídico o en lo económico

III) SUJECION Y NO SUJECION • Las leyes tributarias deben DELIMITAR Y FIJAR LOS CONTORNOS de los H.I. creadores de obligaciones tributarias. • La materia a gravar es muy amplia y hay que TIPIFICAR. • TIPIFICAR todos y cada uno de sus elementos de manera positiva, de forma que sólo al realizar TODOS y no otros se INTEGRA al H.I. • Esta TIPIFICACION positiva determina los H.I. SUJETOS. • A veces hay que delimitar los H.I. por sus elementos NEGATIVOS. • No basta con NO TIPIFICAR ciertos hechos para que NO sean gravados. • Conviene poner un TOPE a la vis recaudatoria de la Admón., ACLARANDO qué hecho NO son SUJETOS. 64

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• Entonces estamos en presencia de normas didácticas y aclaratorias para el intérprete. • El efecto de la NO SUJECION es que el H.I. NO se ha realizado y la Obligación Tributaria NO ha nacido. • Formalmente NO hay que declarar hechos NO SUJETOS. • Elimina confusiones en LA APLICACION del tributo. IV) DEVENGO DE UN TRIBUTO • • • • • • •

Noción ligada al aspecto temporal del H.I. Debe determinarse, al igual que el H.I., por ley. Es el momento jurídico en que el H.I. quedó realizado en el tiempo. Cuando TODOS los elementos se integran, el Impuesto se DEVENGA. Devengado el tributo, NACE la obligación de contribuir. R.J.T. A partir del devengo se empiezan a computar los plazos. Todas las leyes creadoras de los tributos FIJAN el devengo, eliminando incertidumbres.

65

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA EXENCION TRIBUTARIA

I) CONCEPTO • Instituto jurídico-tributario ← versus → privilegio. • Diversas EXPRESIONES tributarias del concepto: — Exención — No sujeción — Mínimo exento — Condonación — Bonificación — Deducciones — Desgravaciones • Figura jurídica LIMITROFE a la NO SUJECION • Figura que afecta a la EXTENSION del H.I. • Económicamente significa: — no soportar carga económica tributaria — derivada de la aplicación general de la norma. — actividades — por excepción a — personas

{

II) DEFINICION Y NOTAS CARACTERISTICAS • Definición:

Ï — eliminación de la obligación principal, Ì — de pagar el tributo, Ó — originada por la realización del H.I.

• Notas características: — Sí se realiza el H.I. — Convierte H.I. en HECHOS EXENTOS. — Sí nace la obligación tributaria, pero se libera de ella. — Sujeción — Se requieren dos normas: — Exención

{

— Surge un Derecho a la exención. 67

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

III) INTERPRETACION DE LAS EXENCIONES • ¿Cómo se ENTIENDE la norma de exención? a) Ordinaria b) Excepcional:

{

— favorable — odiosa

• ¿Cómo deberá INTERPRETARSE? a) Si ordinaria → normalmente; Ï literal dando un RESULTADO Ì restrictivo Ó extensivo

¸ å según el caso †

b) Si excepcional favorable → resultado extensivo c) Si excepcional odiosa → resultado restrictivo • Es INCOHERENTE la posición de: — Considerar la norma ordinaria. — Interpretar restrictivamente. IV) CLASES DE EXENCIONES • Por aspecto estructural: • Por aspecto temporal: • Por aspecto espacial:

{ { {

— Objetivas — Subjetivas — Permanentes — Temporales — Estatales — Locales

Ï — Totales Ï — B.I. • Por aspecto cuantitativo: Ì — Parciales en Ì — T.T. Ó — Cuota Ó

68

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA PASIVA (S.P.)

I) INTRODUCCION — La construcción jurídica del tributo comprende 2 elementos clave: — Elemento OBJETIVO = El hecho imponible (H.I.) — Elemento SUBJETIVO = El sujeto pasivo (S.P.) — El elemento subjetivo en relación con el objetivo,

Ï — consiste en una determinada RELACION ÏÌ — de ohecho Ó — jurídica Ì — en que debe encontrarse el S.P. del impuesto. Ó — con el elemento objetivo o material. — Es punto de referencia de la «titularidad del H.I.». — A QUIEN se atribuye el H.I. Ï — OBLIGACIONES ¸ Y å tributarios — A quien la Ley IMPONE Ì Ó — DEBERES † — La Ley CONSTITUYE a determinada persona en elemento subjetivo: — porque sea el TITULAR de la C.ec. — por razones de TECNICA legislativa

{

69

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) EL SUJETO PASIVO NORMAL: EL CONTRIBUYENTE

•

que OSTENTE la capacidad económica (C.ec.) Ï —— elquien CONFIGURA el H.I. jurídicamente Debiera ser Ì — a quien la Ley reputa de Sujeto Pasivo — quien se constituye DEUDOR Ó — quien PAGA el tributo

• Definitivamente quien CONTRIBUYE al sostenimiento de los Gastos Públicos. • Los H.I. siempre debieran reflejar manifestaciones directas de C.ec. — ser DETERMINADO por Ley •

Ï Ï — deberes ¸ El S.P. contribuyente debe Ì — asumir los Ì — obligaciones å de la R.J.T. Ó — derechos † Ó

III) LOS SUJETOS PASIVOS ANOMALOS: RETENCION Y REPERCUSION a) Introducción • El plan:

S.P. = Realizador H.I. = Titular C.E. = contribuyente

puede quebrarse ante objetivos de: — Garantía para los créditos tributarios. — Economía procedimental en la gestión tributaria. — Seguridad de cobro para la H.P. — Ilusión financiera en los contribuyentes. — percepción de rentas — Concatenar momento de — pago de los tributos

{

• Al servicio de tales objetivos se pone la TECNICA LEGISLATIVA CON — La RETENCION TRIBUTARIA — La REPERCUSION TRIBUTARIA • Ambos mecanismos permiten SUSTITUIR al contribuyente «de facto» en la R.J.T. ya que: — Todos los contribuyentes de jure son S.P. del impuesto • Si bien — no todos los S.P. son contribuyentes de facto

{

70

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

b) La Retención tributaria • El contribuyente es SUSTITUIDO legalmente

{

— en parte — a ciertos efectos

}

por un

RETENEDOR

• El RETENEDOR

Ï materiales → Ï — PAGOS... ˙ ˙ — realiza EN SU LUGAR prestaciones Ì — formalesy → ˙ Ó DECLARACIONES... Ì ˙ — NO CONFIGURA el H.I. del contribuyente ˙ — se convierte — en DEUDOR principal aunque parcial — pero por DEUDA AJENA ˙ Ó — RESARCE su desequilibrio patrimonial mediante la RETENCION

{

• Se necesitan 2 PRESUPUESTOS

{

a) el del H.I. del contribuyente b) el de la SUSTITUCION del retenedor

• Su AMBITO especial es el de los impuestos DIRECTOS • Sus pagos LIBERAN al sustituido o retenido — la condición de sujeto pasivo • Puede ostentar — o simple obligado tributario

{

c) La Repercusión tributaria — Su AMBITO frecuente es el de los impuestos INDIRECTOS — El contribuyente «de facto» es SUSTITUIDO legalmente por el S.P. — El S.P. lo es a título de CONTRIBUYENTE DE JURE — opera una MUTACION del contribuyente — creando H.I. que No revelan Cap.Ec. — La norma — inventando un S.P. que NO ostenta Cap.Ec. — RESARCE su desequilibrio patrimonial mediante la REPERCUSION

Ï Ì Ó

— El contribuyente «de facto»

Ï — es un mero REPERCUTIDO Ì — no tiene COMUNICACION JURIDICA con Ó la H.P.

— Se requiere UN SOLO presupuesto de hecho.

71

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

IV) LOS RESPONSABLES

• Concepto

•

Ï — La Ley puede EXTENDER la obligación Ì — del cumplimiento de la PRESTACION PECUNIARIA Ó — a OTROS sujetos como RESPONSABLES

Ï — el del H.I. → S.P. — 2 presupuestos — el de la responsabilidad Requisitos Ì Ó — los 2 son dependientes pero NO RECIPROCOS

{

• Notas características — Son auténticos DEUDORES tributarios — en nombre propio y — que deben — por cuenta propia

{

— pero por DEUDAS AJENAS — instituidos por LEY, no por pacto — colocados JUNTO al sujeto pasivo — que RESPONDEN con TODOS sus bienes — pasan a ocupar el lugar de los S.P. al ser llamados

• Clases:

Ï Ï — previa insolvencia de los S.P. ˙ Resp. SUBSIDIARIOS Ì — tras DERIVAR la acción de responsabilidad — están en SEGUNDO plano ˙ — es la presunción legal Ó Ì Ï — están en mismo plano que los S.P. ˙ ˙ Resp. SOLIDARIOS Ì — deben ser declarados EXPRESAMENTE Ó — NO se presumen nunca Ó

72

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

V) DISTINCION ENTRE FIGURAS AFINES Y CONEXAS • Son los calificados genéricamente como OBLIGADOS TRIBUTARIOS • Sujetos pasivos

• Contribuyente

{ {

— Quien resulta VINCULADO ante la H.P. — El Titular de los deberes materiales y formales. — Quien debe SOPORTAR el tributo legalmente — Por SER TITULAR de la capacidad contributiva

• Sustitutos

Ï — A quien la Ley coloca EN LUGAR del contribuyente Ì — desplazando a éste quedando como UNICO obligado Ó — instituyéndole DEUDOR PRINCIPAL por DEUDA AJENA

• Retenedor

Ï — No realiza el H.I. pero está conexo a él Ì — OBLIGADOS a prestaciones materiales y formales Ó — Es un TERCERO en la R.J. Tributaria

• Repercutido

Ï — Es el contribuyente DE FACTO que SOPORTA el tributo Ì — pero AJENO a la R.J.T. Ó — Figura típica de los impuestos INDIRECTOS

{

• Exención

• Solidaridad

{

• Representantes

• Sucesores

— Sujetos pasivos de tributo por realizar el H.I. — pero EXENTOS de la cuota tributaria

— Supone la CONCURRENCIA de varios titulares de UN H.I. — Todos resultan DEUDORES SOLIDARIAMENTE

{ {

— Sujetos que actúan POR CUENTA de los S.P. — Producen efectos jurídicos por los S.P. — Suponen la existencia PREVIA de deudas tributarias — DESPLAZAN al primitivo DEUDOR DESAPARECIDO

• Responsables

Ï — No realizan los H.I. Ì — Colocados por la Ley JUNTO a los S.P. Ó — Son DEUDORES TERCEROS que RESPONDEN por los S.P.

• Entes sin personalidad

Ï — Elementos subjetivos que CONFIGURAN los H.I. Ì — Son instituidos como S.P. aunque NO son deudores Ó — Responden sus miembros

73

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

ELEMENTOS CUANTITATIVOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

I) LA PRESTACION TRIBUTARIA • • • • •

Quien realiza un H.I. debe TANTO a título de TRIBUTO. El FIN del tributo = aportar RECURSOS para financiar gastos. El tributo se nuclea en torno a una OBLIGACION LEGAL. Toda obligación contiene una PRESTACION. La PRESTACION TRIBUTARIA es el objeto de la OBLIGACION TRIBUTARIA. Ï — Una CONDUCTA del obligado — dar DINERO → CUOTA TRIBUTARIA • Es Ì Ó — Consistente en — INUTILIZAR efectos tributarios

{

•

Ï — La DEUDA tributaria Ï — obligaciones ¸ No es Ì — Las y Ì å accesorios de la R.J.T. Ó Ó — deberes †

• Cada tributo tiene su prestación: — Definida por el principio de reserva de Ley. — Cuantificada a través del principio de capac. econ. — UNICA CUOTA — Medida por — MULTIPLES CUOTAS

{

fija Ï — directamente por su ley { —— cuota no liquidación — Fijada Ì — base imponible — indirectamente por mecanismos { — tipo tributario Ó

75

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) BASE IMPONIBLE • • • •

Es una MAGNITUD o PARAMETRO para aplicar un TIPO impositivo. Base y tipo son mecanismos legales para CUANTIFICAR la CUOTA. Definición: La medición concreta del elemento material del hecho imponible Razonamiento:

1.º Base y tipo: mecanismos legales para CUANTIFICAR prestación. 2.º Base y tipo: sujetos al principio CAPACIDAD ECONOMICA. 3.º Debe haber relación de causa → efectos entre hecho imponible y base. • Clases de bases: — Imponibles = valoración objetiva del hecho a) — Liquidables = valoración corregida atendiendo al sujeto b)

{ {

— Dinerarias → tipos porcentuales. — No dinerarias = metros, kilos, etc.

Ï — Directa = declaración + comprobación • Determinación base Ì — Objetiva = signos o índices Ó — Indirecta = subsidiaria III) TIPO DE GRAVAMEN • Parte de la magnitud elegida como base, que corresponde al ente impositor. • Clases: a) Alícuotas = Porcentajes de la B.I. — Proporcionales: % FIJOS — Progresivos: % CRECIENTES

{

— Continuamente — Por escalones

— Regresivos: % DECRECIENTES b) Tipos impositivos = cantidades fijas predeterminadas por la norma. IV) CUOTA Y DEUDA TRIBUTARIA • Cuota = objeto de la prestación tributaria de dar dinero. — fijada por ley • Cuota = — resultado de aplicar el tipo a la base

{

• Cuota es siempre

Ï menor ¸ Ì igual å que la deuda Ó mayor †

• Cuota < Deuda, por recargos + intereses + apremios + sanción. • Cuota > Deuda, por deducciones de la cuota. 76

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

I) PLANTEAMIENTO • • • •

Extinción por cumplimiento es el término deseable de la OB. TRIBUTARIA. Similitudes y diferencias obligación civil ↔ obligación tributaria. En lo similar se aplicarán a su extinción las normas del Derecho Civil. En lo específico se aplicarán normas de Derecho Tributario.

Ï — Complejidad del Ente acreedor = Admón. Fiscal — determinar • Pecualiaridades Ì — Potestades excepcionales Admón. { — recaudar Ó — Especial posición en la vía de apremio • Las peculiaridades CONDICIONAN la aplicación de las normas. • Régimen

Ï 1. normas tributarias (principio legalidad) Ì 2. disposiciones generales Derecho Administrativo Ó 3. preceptos Derecho Común

• Se ha operado una cierta «privatización» en la normativa reguladora.

II) CAUSAS DE EXTINCION OB. CIVIL

OB. TRIBUTARIA

Por el pago o cumplimiento Por la pérdida de la cosa debida Por la condonación de la deuda Por la confusión de los derechos Por la compensación Por la novación Por la prescripción

PAGO (Imposible: es dinero) CONDONACION LEGAL (Imposible) COMPENSACION (Imposible) PRESCRIPCION INSOLVENCIA 77

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

III) EL PAGO O CUMPLIMIENTO

1) Función:

Ï — dar cumplimiento al fin del tributo Ì — liberar al sujeto pasivo de su obligación Ó — extinguir la obligación tributaria material

2) Características: acto jurídico debido, no es un negocio jurídico. 3) Requisitos subjetivos: • Accipiens: — Sujeto activo de la R.J.T. — Puede no ser el titular del derecho de crédito. — Ha de tener competencia para cobrar — absolutos → no libera — Ingreso en órganos incompetentes — relativos → libera

{

— Ingreso en entidades colaboradoras → liberan en todo caso • Solvens: — En definitiva debe ser el ralizador del H.I. — Titular de la Capacidad Económica. Ï — subjetiva = que pague el deudor — Teorías Ì — objetiva = que cobre el acreedor Ó — cumplimiento = que el acreedor cobre al deudor — Legalmente pueden pagar otros TERCEROS: • Obligados

Ï — sustitutos Ì — responsables Ó — sucesores

• Voluntarios 4) Requisitos objetivos: — Entregar una suma de dinero y afectarla al cumplimiento de la obligación. — Identidad de pago con la deuda previamente LIQUIDADA. Ï — Las deudas tributarias SON AUTONOMAS — No existe una relación obligatoria única y global por to— Imputación Ì das las deudas entre el deudor y la Hacienda Ó — Cada deuda hay que extinguirla autónomamente — Indivisibilidad para el deudor, salvo fraccionamiento.

78

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

5) Requisitos formales: — Cómo — Lugar — Tiempo

{ { {

— Efectos timbrados — Metálico y por documentos mercantiles — Oficinas recaudadoras — Entidades autorizadas — A partir notificación individual — A partir apertura plazo recaudatorio colectivo

IV) COMPENSACION TRIBUTARIA • Está admitida como modo de extinción de deudas por • Opera cuando las deudas RECIPROCAS sean:

• Puede ser:

{

{

— Justicia — Eficacia

Ï — vencidas Ì — líquidas Ó — exigibles

— Parcial o total — Automática o no

• Son compensables los créditos reconocidos por acto administrativo firme — ingresos indebidos provenientes de: — otras razones

{

• Además existen requisitos REGLAMENTARIOS.

79

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA PRESCRIPCION TRIBUTARIA

I) CONCEPTO • Modo de extinción de

Ï — derechos Ì — deberes Ó — acciones

• Nacidos de situaciones jurídicas subjetivas

{

— activas — pasivas

• Derivados de una relación jurídico-tributaria • Operada por el mero transcurso del tiempo fijado por ley • Causa automática de EXTINCION de obligaciones tributarias.

II) REQUISITOS Y FUNDAMENTO • Existencia de acción o derecho que ejercitar. • Falta de ejercicio o inercia. • Transcurso del tiempo legal. — Presunción de ABANDONO en titulares R.J.J. • Fundamento — Estabilizar la SEGURIDAD social y económica.

{

III) DISTINCION FIGURAS AFINES • Prescripción civil → es rogada y no automática. • Caducidad → término preclusivo y plazo no interrumpible. IV) EFECTOS • Extinción de acciones o derechos

{

— principales — accesorios

• Aplicable de oficio 81

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

V) INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION • • • • •

El término del plazo prescriptivo no es preclusivo. Ejercicio del derecho o acción DENTRO del plazo de prescripción. Paraliza la prescripción que estaba corriendo. El plazo se empieza a contar de nuevo íntegramente. La interrupción se origina por: a) Actuación de la Administración Tributaria: — de cualquier índole: actas, diligencias, requerimiento. — con conocimiento formal del sujeto pasivo. reconocimiento ¸ Ï— — regularización ˙ — inspección ˙ — conducentes al: Ì — aseguramiento å de la O.T. — comprobación ˙ — liquidación ˙ Ó — recaudación † — Por cada H.I. b) Por recursos o actuaciones del S.P.

82

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

GARANTIAS DEL CREDITO TRIBUTARIO I) INTRODUCCION • El crédito tributario es de INTERES PUBLICO. • Debe ser TUTELADO y GARANTIZADO especialmente • Su finalidad = seguridad de su cobro o cumplimiento. II) TUTELAS • Adiciones, SIN cambiar la NATURALEZA del crédito. • Mínima: el deudor RESPONDE con todos sus bienes

{

— presentes — futuros

• Específica: la obligación tributaria es INDEROGABLE. • Procedimental: la VIA de APREMIO para la recaudación. • Sujetos obligados por ley: — Solidaridad: cuando hay varios contribuyentes. — Sustitutos: en lugar de deudor ordinario. — Responsables: junto al deudor principal. III) GARANTIAS • Suponen un PLUS a la categoría del crédito

{

establecido por ley subordinadas al d.º de crédito .

• Hacen al crédito de MEJOR CONDICION que otros concurrentes. • Modifican su NATURALEZA revistiéndola de derechos de: — Prelación:

Ï — ante CONCURRENCIA de varios acreedores Ì — el crédito tributario ADELANTA a otros Ó — H.P. cobrará ANTES que otros

— Afección:

Ï — el crédito se ADHIERE a los bienes. los bienes quedan AFECTOS al crédito Ì— — la criculación de los bienes está AFECTADA Ó — aplicable a bienes REGISTRABLES

— Retención: Propio de los impuestos aduaneros. Ï — Si beneficios fiscales condicionales Ï APLAZAMIENTOS ¸ — Garantías Ì — En caso de Ì o å de pago. Ó Ó FRACCIONAMIENTOS † 83

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

ILICITO TRIBUTARIO I) INTRODUCCION • Bien jurídico a proteger: el interés fiscal. • Concepto: conductas antijurídicas contrarias al interés fiscal. Ï — Tendencia penalista — Tendencia administrativa • Naturaleza: Ì — Tendencia dualista Ó — Carácter ESPECIFICO del ilícito tributario • Características:

Ï a) ˙ ˙ Notas del Ì ˙ b) ˙ Ó

Ilícito penal vigentes en el tributario: — Voluntariedad — Antijuridicidad — Punibilidad Ilícito penal transformadas en el tributario: — Tipicidad general y difusa — Presunción de culpabilidad

• Clases de ilícitos tributarios: — Tipificados

{

— Delito fiscal — Infracción tributaria

— No Tipificados: fraude a la Ley Tributaria

85

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) INFRACCIONES TRIBUTARIAS

• Son

Ï — acciones ¸ Ï — tipificadas ¸ y y Ì å VOLUNTARIAS Ì å en las Leyes Ó — omisiones † Ó — sancionadas †

• Se encuadran en el D.º TRIBUTARIO SANCIONADOR Ï — Influencia CALIFICADORA de la Inspección • Notas Ì — Deficiente separación infracción ↔ sanción Ó — Progresiva importancia de CONDUCTA culpable • Postulado: UNIDAD ESENCIAL en todo el derecho sancionador. • Por ello: forman PARTE del D.º PENAL y de sus principios.

•

Ï — Voluntarias — Antijurídicas Características necesarias: Ì — Culpables Ó — Punibles

• No es preciso MALICIA o IMPRUDENCIA, basta la SIMPLE NEGLIGENCIA. • Clasificaciones: — Incumplimientos FORMALES — Independientes del PERJUICIO

— Simples

{

— Graves

Ï — Incumplimientos SUSTANTIVOS Ì — Medios de evasión Ó — Resultado perjudicial

— Omisión

{

— Ocultación maliciosa a la H.P. — de elementos del H.I. y de DATOS

— Defraudación: malicia específicamente grave. • Infractores = obligados tributarios. III) EL FRAUDE A LA LEY TRIBUTARIA • Ilícito NO tipificado, próximo a la ECONOMIA DE OPCION — Incumplir una norma (Ley defraudada), utilizando otra nor• Concepto ma (Ley de cobertura). • Supone

• Notas

{ {

— Ampararse en LETRA de la norma, burlándose del ESPIRITU de la norma.

Ï — No integrar el H.I. estrictamente. Integrar OTRO H.I. análogo en su presupuesto. Ì— — Conseguir RESULTADOS económicos equivalentes. Ó — Intención fraudulenta probada.

86

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

IV) DELITO FISCAL • Constituye un INSTRUMENTO de represión del FRAUDE FISCAL. • Encuadrable entre los modernos DELITOS ECONOMICOS. • Notas comunes a tales delitos:

Ï Son infracciones que lexionando intereses sociales como la Ì propiedad económica o el derecho de crédito, afectan graÓ vemente al Orden Económico. Ï — Materiales (vg. financieros) — Daños — Inmateriales (vg. pérdidas de confianza en el tráfico producidos Ì Ó mercantil, desequilibrios de mercado, etc.)

— Concepto

— Ejemplos

• Concepto

•

delitos monetarios Ï —— Los Los que atentan a la determinación y formación de preÌ — cios Infracciones de contrabando Ó — Delito fiscal

Ï — Ilícito tributario tipificado Ì — Criminalizado por el legislador Ó — Retribuido con sanción penal

Ï — Mayor información y organización. ˙ — Sanciones penales más fuertes. ˙ de profesión Formas de Ï —— pérdida disolución de sociedades combatirlo Ì publicidad de la infracción ˙ — Nuevas sanciones: Ì — — pérdidas de licencia o patentes ˙ Ó — pérdida de subvenciones, etc. Ó

87

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

SANCIONES TRIBUTARIAS

I) INTRODUCCION • Carácter preventivo y remunerativo. • Preminencia sanciones PECUNIARIAS. — permiten graduación. — permiten acumulación. • Moderna ampliación de la sanción a: — pérdida de subvenciones y créditos oficiales. — prohibición de contratos públicos. — suspensión de empleos o cargos públicos.

II) PRINCIPIOS • Reserva de ley atenuada. Salvo máximos y mínimos → Reglamentos.

•

Ï —Conforme a diversos CRITERIOS legales ˙ —Los CRITERIOS son «numerus clausus» ˙ —Facultad de su apreciación por la AdProporcionalidad: GRADUACION Ì món. interpretación y medición de los ˙ —La criterios ˙ • reglamentaria Ó • en la gestión

• No bis in idem → por infracción simple y grave. • Garantías en su IMPOSICION

{

audiencia al presunto infractor separación de instrucción y resolución

89

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

III) CLASES DE SANCIONES • Multa

{

fija → infracciones SIMPLES proporcional → infracciones GRAVES

Ï — Pérdida ayudas Ì — Prohibición contratos Ó — Suspensión empleos públicos

• Privación derechos

IV) EXTINCION DE LAS SANCIONES • El PAGO de una obligación accesoria — derecho a sancionar • La PRESCRIPCION del — cobro de las sanciones

{

Ï — graciable y discrecional excepcional y criticable Ì— — previa solicitud Ó — renuncia a impugnar

• La CONDONACION

V) LA REACCION DEL ORDENAMIENTO AL FRAUDE A LA LEY TRIBUTARIA • Aparente conflicto entre 2 principios: CAPACIDAD

LEGALIDAD

Gravar TODA manifestación de capacidad económica

No hay tributo SIN LEY que lo grave

Burlada

Respetada EL FRAUDE

• Presupuestos metodológicos para combatirlo: — Superar idea de:

{

— El mejor tributo → el no existente — Normas restrictivas → aplicación literal

— Interpretar JURIDICAMENTE el substrato económico de las normas tributarias. • Soluciones posibles en fase de ELABORACIONES de normas: — Presunciones legales

{

— absolutas — relativas

— Ficciones de Derecho. 90

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA GESTION TRIBUTARIA I) LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION TRIBUTARIA • Metodológicamente la VIDA de los tributos puede ser contemplada:

Ï — Al que corresponde la producción de normas tributarias de carácter sustantivo o material a) En el momento de su Establecimiento Ì — Se fija la ESTRUCTURA y FORMA de las figuras Ó tributarias b) En el momento de su Aplicación

Ï — Al que corresponde la producción de normas o formal. ˙ tributarias de carácter adjetivo Ï — justicia ¸ Ì — Posibilitan la funcionalidad Ì y å de Ó — eficiencia † ˙ Ó la admón. tributaria ocupada de su gestión

• Los principios constitucionales tributarios son enunciados abstractos que han de TRADUCIRSE en realidades normativas ordinarias y en actuaciones acomodadas.

LEGA

L ID A

ADMON.

D

CA PA CID AD

CONSTI TUCION

IGUALDAD

GE NE RA LID AD PRO

GRE

S IV ID

NORMAS TRIBUTARIAS

AD

R.J.T.

CIUDADANOS CONTRIBUYENTES

• La Respuesta operativa del sistema tributario a los principios depende en medida importante de cómo se GESTIONEN los tributos. —la eficacia — La Gestión tributaria va a operar en gran medida tanto —la justicia

{

}

del sistema tributario contenido en los códigos. 91

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) DESARROLLO DE LA FUNCION TRIBUTARIA A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO 1. La realización del hecho imponible por los ciudadanos los convierte en contribuyentes en sentido amplio y origina el nacimiento de situaciones jurídico-subjetivas, activas y pasivas. 2. En un primer estadio de la evolución sólo nacía una relación obligacional FISCO ↔ CONTRIBUYENTE que se correspondía a posiciones Admón ↔ súbditos. 3. Hoy dicha relación se monta sobre esquemas de

Ï mutua colaboración y Ì confianza Ó

— El contribuyente súbdito → pasa a ciudadano-contribuyente — La Admón-prepotencia → pasa a Admón.-tutora de: a) interés fiscal → recaudar los tributos; b) interés del contribuyente → ser gravado conforme a la ley; c) interés colectividad → distribuir cargas conforme a capacidad. 4. La R.J.T. es el MECANISMO para imponer y exigir tributos. 5. La gestión y liquidación de los tributos es parte de la actividad administrativa a la que corresponde: — administrar la organización tributaria — liquidar los tributos — cobrar los tributos — resolver los conflictos con los contribuyentes

6. La Admón.

¸ todo ello se le å para otorgan potestades †

Ï — cumple sus FUNCIONES ¸ — ejercitando unas POTESTADES Ì — mediante unos PROCEDIMIENTOS å — dictando unos ACTOS ADMINISTRATIVOS Ó †

ya que el

Procedimiento es como la forma externa de la función administrativa. 7. FUNCION TRIBUTARIA, puede entenderse como — el conjunto de medios y técnicas en la Admon. — a través de cuya aplicación — despliegan sus efectos las previsiones normativas — en que se concreta la capacidad de pago de los contribuyentes.

92

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

III) CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION TRIBUTARIA • Todo el procedimiento de gestión tributaria es un solo procedimiento pues uno es el fin. • Compuesto de una sucesión de actos y tiempos vinculados causalmente entre sí hacia un fin. — de mero trámite = actuaciones administrativas. — de trámite (que declaran derechos y obli• Los actos que se suceden son gaciones) — definitivos (negocio jurídico unilateral).

Ï Ì Ó

• Las reclamaciones contra los actos-negocios no enervan el procedimiento como tal. Ï — REGLADA IMPUGNABLE ˙— — PRESUNCION DE LEGALIDAD • La actividad de la Admón. es Ì Ï GESTION y ˙ — SEPARACION ORGANOS Ì RESOLUCION Ó Ó

IV) EL PROCEDIMIENTO Y LA VIDA DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA • Efectos del procedimiento en el nacimiento y en la vida o desarrollo. • Tesis explicativas: — la actuación Administrativa se limita a DECLARAR — Efectos declarativos — mera función de cuantificar y hacer liquidación

{

— Eficacia constitutiva: genera la obligación con su actuación. — H.I. complejo: el H.I. origina la obligación pero está sujeto a la CONDICION del acto administrativo de imposición. V) ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION TRIBUTARIA — Iniciación → liquidación provisional → comprobación → liquidación → ejecución.

93

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA DECLARACION IMPOSITIVA I) CONCEPTO • Es un DEBER público, justificado por la sujeción del contribuyente al ente impositor. • Al que están obligados los TITULARES de un interés legítimo en el procedimiento de liquidación. • Se trata de un deber tributario: — formal o adjetivo — distinto a la obligación de pago — autónomo y complejo • Tal deber es distinto de la: — no es obligatoria — denuncia pública — el denunciante no busca la liquidación

{

— comunicación de datos: no idóneos para fijar

{

— el «an» — el «quantun»

}

de la

obligación tributaria — no es obligatoria — consulta — su objeto, mera información

{

• Las notas o elementos característicos son: 1.º Es un acto debido del particular, dirigido a la Hacienda. 2.º Se manifiestan datos de hecho y derecho (calificaciones jurídicas). 3.º Puede contener confesiones extrajudiciales. 4.º No es una autocomprobación para el declarante. 5.º No es un acto negocial, pero puede contener manifestación de voluntad negociable. 6.º No es presupuesto necesario, sino acto preparatorio de las siguientes fases del procedimiento de gestión. 7.º No es un acto de rendición de cuentas por el declarante. 8.º Es medio de información, comprobación y prueba. 9.º Inicia el procedimiento gestión tributaria. 10.º La declaración puede ser rectificada (provisionalidad): — por el declarante; — por la Hacienda; 95

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) NATURALEZA DE LA DECLARACION TRIBUTARIA ¿Se trata de una confesión extrajudicial? La declaración es una institución tributaria Ï— — La confesión es civil ˙ — La confesión recae sobre hechos Tesis negativa Ì — La declaración sobre hechos y calificaciones jurídicas La confesión es un medio prueba ˙— — Lo típico de la declaración es iniciar el procedimiento Ó gestión:

Tesis afirmativa

Gran semejanza estructural entre declaración y conÏ — fesión tendrá eficacia de confesión respecto Ì — aLalosdeclaración hechos. siempre la confesión es medio de prueba (vg. Ó — No confesión extrajudicial).

Tesis intermedia

Ï No es consustancial el que siempre que exista un docuÌ mento de declaración, su contenido sea el de una conÓ fesión.

III) CLASES

•

Ï — De alta y baja y de variación de características. Ì — Periódicas: de datos de cuantía variable en cada período. Ó — Instantáneas: referentes a hechos esporádicos.

•

{

•

Ï — Provisionales: no hay conocimiento exacto del H.I. Manifiesta datos Ì aproximados. Ó — Definitivas: se conoce con exactitud el H.I.

•

•

{ {

— Principales: contienen datos fundamentales a efectos de la liquidación. — Complementarias: se refieren a aspectos parciales del H.I.

— Expresas: desglosan el H.I. — Tácitas: contenidas en otra declaración de otro H.I. — Formales — No formales

}

si reúnen o no requisitos formales

96

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

IV) REQUISITOS El acto de manifestación del particular requiere: — Subjetivamente: • Capacidad de obrar o representación adecuada. • Legitimación por su interés en el procedimiento. — Objetivamente: • Contener datos de hecho y derecho veraces • Puede ser ERRONEA: discordancia no consciente entre

a) de hecho b) de derecho

{ {

{

declarado realidad

}:

— materiales: de constancia evidente — aritméticos: juego reglas aritméticas — en las calificaciones jurídicas — en la aplicación de las normas

— Formalmente: • Contenido exigido por ley o Reglamentos. • Su ausencia no debe IMPEDIR actividad gestora de Hacieda. — Temporalmente: • Cumplimentarse en plazo → oportunas. • Cumplimentarse FUERA del plazo → EXTEMPORANEAS — Constituye un vicio en la declaración. — Puede constituir una INFRACCION tributaria — Se plantea el problema de su ADMISIBILIDAD O RECHAZO.

{

— admisibles como infracción — rechazables sin eficacia de declaración

— Su extemporaneidad es independiente de ser

{

SUSTITUTORIA COMPLEMENTARIA

• Interrumpen la prescripción en curso. • Norma aplicable → la existente al DEVENGO

97

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA LIQUIDACION TRIBUTARIA

I) CONCEPTO Y CLASES • Sólo opera en tributos de cuota VARIABLE • Puede ser contemplada en varios sentidos o acepciones: a) Amplio b) Estricto

{ {

— Procedimiento o serie de actos materiales administrativos. — dirigidos a determinar la deuda tributaria. — Acto administrativo singular de imposición final. — que concreta una obligación líquida y exigible.

c) Tradicional

Ï — Es una función administrativa. Ì — necesaria para determinar y hacer exigible el mandato Ó abstracto de la norma tributaria.

d) Actual

{

— El centro del procedimiento no es una actividad administrativa. — sino un comportamiento del sujeto pasivo.

• Por su trascendencia y ubicación en el procedimiento, se clasifican en — Provisionales — Definitivas

{

II) LIQUIDACION Y OBLIGACION TRIBUTARIA • ¿El acto de liquidación cómo afecta a la obligación? — Para calificar al realizador el H.I. — Para calificar a la Hacienda

{

{

— como S.P. — como DEUDOR

— como S.A. — como ACREEDORA 99

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• Tesis declarativa: — La liquidación SOLO DECLARA el «quantum» de la prestación tributaria — La Norma + Realización H.I. → basta para la Obligación — condición necesaria — Liquidación es — pero NO suficiente a la EXIGIBILIDAD DE DEUDA

{

}

ya que la obligación debe haber nacido ANTES • Tesis constitutiva: — Sin la liquidación NO hay obligación ni deuda. — La liquidación CONSTITUYE la obligación. • Tesis ecléctica: — Deben concurrir

Ï — realización del H.I. ¸ + Ì å → obligación Ó — acto de liquidación †

III) LIQUIDACION PROVISIONAL • Concepto Se gira sobre bases tributarias no comprobadas por la Inspección. • Características — Se gira sobre datos aportados por el Sujeto Pasivo. — Si la Administración no se ajusta a esos datos deberá notificarlo. — Los errores de hecho que existieran deben subsanarse en la fase de comprobación. — Su provisionalidad es debida a una ulterior fase de comprobación y liquidación definitiva. — Se gira sobre hechos y bases tributarias «presuntamente» ciertos. — proporcionar ingresos rápidos — Su finalidad: — fiscal-Recaudatoria

{

— Es un acto administrativo de gestión IMPUGNABLE • Naturaleza — Es un acto administrativo DECLARATIVO de

Ï — derechos y Ì Ó — deberes

— Consustancial a su naturaleza es la RECTIFICABILIDAD dentro del procedimiento de gestión, NO fuera de él. — Se considera como una «ANTICIPACION de un INGRESO». 100

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• Clases • A cuenta — de otras liquidaciones posteriores; — propia de los impuestos PERIODICOS; — tienen el carácter de ANTICIPO; • Parciales — se corresponden con elementos parciales del H.I.; — se derivan de declaraciones parciales; Ï — modificar ¸ — su fin Ì — rectificar å un H.I. Ó — integrar † • Cautelares — naturaleza precautoria y garantista de la H.P.; Ï — dilaciones ¸ o å en los INGRESOS — fin: evitar Ì Ó — riesgos † — análoga filosofía al «SOLVE ET REPETE»; — se giran sobre datos en poder de la H.P. y no sobre declaraciones de los sujetos obligados.

IV) LIQUIDACION DEFINITIVA • Concepto — Acto de la Admón. de contenido RESOLUTORIO. — Acto de pronunciamiento autoritario sobre el débito. — Fija así el AN y el QUANTUN de la Obligación. — Excepcionalmente la Prescripción «CONVIERTE» en definitivas a las Liquidaciones Provisionales. • Características — Acto administrativo definitivo e impugnable en vía económico-administrativa. — Pone fin al procedimiento de gestión tributaria. — Establece la exigibilidad de la deuda. — Abre el plazo de prescripción del derecho al cobro de la Administración. — Se gira sobre bases tributarias firmes. — Abre el proceso de recaudación. — No pueden ser revisadas salvo por nulidad, revisabilidad, o error material. 101

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

V) AUTOLIQUIDACIONES • La fiscalidad moderna = fenómeno de masas. • La exacción del tributo DESBORDA las funciones tributarias. • Las normas mandan

{

— no sólo prestaciones pecuniarias — sino COLABORACION SOCIAL en la GESTION

• Se expresa eminentemente en las «autoliquidaciones». • Concepto: acto de liquidación de los sujetos obligados. • Contenido: — 2 Actos jurídicos unidos

— Contiene

{

— acto de declaración — acto de liquidación

Ï — manifestación de datos y elementos del H.I. Ì — operaciones de cálculo de la prestación Ó — calificaciones jurídico-tributarias

• Naturaleza jurídica: ¿Es un acto administrativo de liquidación? — Se trata de actos de los SUJETOS OBLIGADOS. — Sólo los actos que EMANAN de la H.P. son administrativos. — Puede considerarse acto administrativo TACITO. — La H.P. ASUME el acto del particular al ACEPTARLA. — Es IMPUGNABLE bajo ciertos requisitos. — Participa de cierta EJECUTIVIDAD.

102

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA COMPROBACION TRIBUTARIA

I) CONCEPTO • Es una FASE del procedimiento de gestión tributaria. • Normalmente compete a los órganos de Inspección. • Destinada a verificar las DECLARACIONES de los sujetos. II) FINALIDAD

• Finalidad

Ï — Definir en firme los hechos y bases imponibles Ì — Asegurar el ser gravado con arreglo a la verdaÓ dera capacidad económica

III) CLASES

•

Ï a) Comprobación Ì b) Ó

De hechos imponibles: Constata su real y auténtica existencia. De bases imponibles: Constata la exactitud de valoraciones del H.I.

• Se relacionan

Ï — Ambos son parte de la fase de comprobación Ì — Ambos se realizan en el acto de Inspección Ó — La primera es necesaria y previa a la segunda

• Se diferencian

{

— En el trato procesal — En los diferentes medios de comprobación

IV) EFECTOS JURIDICOS DE LA COMPROBACION a) Es una etapa con eficacia instrumental en el procedimiento de gestion. b) La comprobación de Valores acaba en un acto administrativo impugnable en vía económico-administrativa. 103

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

V) FASES DE LA COMPROBACION a) Identificación de los elementos del H.I. b) Medición y Valoración de las bases según: — Módulos. — Indices que la ley establece Ï — Discrecionalidad en la selección. — ¿Si hay pluralidad de medios?: Ì — Seleccionar el medio más adecuado Ó a la naturaleza del bien a valorar.

104

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS

I) INTRODUCCION • El sostenimiento de los gastos públicos DESCANSA y se APOYA en la aplicación justa de los tributos. • Esa justa APLICACION es la

•

Ï razon de ser ¸ y Ì å de la INSPECCION Ó objetivo †

Ï — son complejos en sus H.I. Ï Admón. ˙ y — requieren gestión y LIQUIDACION por: Ì ˙ Ó ciudadanos Hoy los tributos Ì Ï — DECLARACIONES ˙ — para lo cual dependen de Ì — INVESTIGACION ˙ Ó — DENUNCIAS Ó — que requieren ser inspeccionadas

• Su actividad es

{

— fenómeno ligado al sistema tributario de cada país. — consustancial a la APLICACION de los tributos.

• Dicha actividad se encuadra en el PROCEDIMIENTO de GESTION. • Tal procedimiento es

•

Ï — progresivo → liquidación Ì — finalista → trasvase de riqueza Ó — ritual → reglado

Ï — Actividad inspectora general de toda la Hacienda. inspec˙ Ï — cionar Debe distinguirse Ì — FUNCIONES de ORGANOS INSPECCION: Ì — liquidar ˙ — informar Ó — otras Ó 105

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) FORMA DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS • Condición del Inspector = agente de la autoridad. • Competencia

• Deberes

Ï — Funcional Ì — Material Ó — Territorial

Ï — Cortesía ¸ Ì — Asesoramiento å ante el sujeto obligado Ó — Secreto profesional †

• Procedimiento de las actuaciones inspectoras: — Constituye una actividad reglada y documentada

— Iniciación

Ï Ï — concluido el plazo de declaraciones ˙ — Tiempo Ì — dentro del plazo de comprobación Ó — antes de consumirse la PRESCRIPCION ˙ ˙ — Modo → citaciones al sujeto obligado ˙ Ï — en las oficinas de la Hacienda Ì — Lugares del H.I. Ì ˙ — Lugar Ó — VISITA a — Domicilios del sujeto ˙ Ï — cabeza del expediente ˙ ˙ — Diligencia Ì — interrumpe prescripción Ó — cierra declaración espontánea Ó

— Desarrollo

Ï — Obligación de SOPORTAR ↔ obstrucción Práctica de pruebas ˙— — Examen: libros, cosas, etc. Ì Ï — diligencias ˙ — Documentación Ì — comunicaciones Ó — actas Ó

{

— Terminación: ACTAS

106

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

III) ACTAS DE LA INSPECCION • Concepto: documento público que hace prueba. • Forma, contenido y efectos. — recogida de simples hechos • Evolución — incorporación elementos propios de la LIQUIDACION

{

• Clases

Ï ˙ a) ˙ Ì b) ˙ ˙ c) Ó

{ { {

— con descubrimiento de cuota — sin descubrimiento de cuota — de conformidad por el sujeto pasivo — de disconformidad por el sujeto pasivo — previas — definitivas

107

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

REGIMEN DE ESTIMACION OBJETIVA

I) CONCEPTO Y CARACTERISTICAS • Es un

Ï METODO ¸ para ESTIMAR Ï — rendimientos ¸ o Ì å INDICIARIAMENTE Ì — volumen de operaciones å Ó PROCEDIMIENTO † Ó — magnitudes tributarias †

que permiten imputar, a ciertos sujetos pasivos, componentes de su B.I. o cuota.

• Caracteres

Ï — Voluntario → siempre hay derecho a la determinación directa ˙ — Estimativo y presuntivo ↔ no cierto, directo ni real ˙ — Objetivo → pretende PARTIR de datos, signos, índices, ˙ — módulos Singular → aplicable a CADA contribuyente, o grupo de Ì contribuyentes ˙ — De acogimiento expreso → la opción vincula al sujeto ˙ — Renunciable → pues es voluntario ˙ — Basado en la DECLARACION CONSTRASTADA del sujeto Ó — Aplicable a CADA ACTIVIDAD del sujeto

II) GESTION Y PROCEDIMIENTO • No existe actividad especial por parte de la Admón. Tributaria. • Basado en DECLARACION del contribuyente. — datos • Partiendo de los — magnitudes del declarante.

{

}

• El contribuyente en su declaración ESTIMA SUS RENDIMIENTOS o magnitudes tributarias. • Admón.

Ï — examinará la veracidad de datos consignados en la declaración. Ì — contrastará las magnitudes declaradas con PRESUNTAS LEÓ GALES mínimas

• Magnitudes ESTIMADAS constituyen elementos de DECLARACION-LIQUIDACION del tributo en cuestión, que será AUTOLIQUIDACION PROVISIONAL. • Admón. Tributaria puede COMPROBARLA → Inspección → Actas. 109

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

REGIMEN DE ESTIMACION INDIRECTA I) CONCEPTO • Es un

Ï ¸ METODO o Ì å EXCEPCIONAL para ESTIMAR B.I. Ó PROCEDIMIENTO †

• Ante la IMPOSIBILIDAD OBJETIVA de la H.P. para fijar las H.I. y las B.I. totalmente • Requiere una conducta del S.P. pertinazmente incumplidora

{

}

• Prescinde por definición del principio de EXACTITUD. — Eficacia, en el procedimiento de gestión.

Ï — en la investigación y comprobación • Comporta Ì — Comodidad { — DEBILITAMIENTO de los medios de prueba Ó — Objetividad, mediante: Indices, Signos, Módulos

II) NATURALEZA • Administrativa

• Subsidiario

• Presuntivo • Tasado

Ï — El particular sólo puede SOPORTAR el régimen Ì — Toda la actividad es de la Administración Ó — No contiene ninguna actuación de jurisdicción Ï — Previo AGOTAMIENTO regímenes ordinarios Ì — El particular no puede elegirlo Ó — Implica un PRONUNCIAMIENTO de la H.P. imponiéndolo

{ {

— No pretende el hallazgo de DATOS CIERTOS — Las B.I. ESTIMADAS sólo son APROXIMADAS — Aplicable en casos fijados por Ley — No caben presunciones ni analogías

III) CARACTERISTICAS • • • •

Régimen aplicado por los ORGANOS GESTORES de la H.P. Se desarrolla en procedimiento y con actos administrativos. Dichos actos de gestión tributaria son RECURRIBLES. Exige relación causal entre conducta del S.P. e imposibilidad fijación B.I. 111

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS

I) EL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO • Introducción — Nacida la deuda → debe extinguirse

{

— por el PAGO del deudor — por el COBRO del acreedor

— Cobro implica PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO

Ï — organización Ì — sucesión actos Ó — ejercicio función

• Evolución histórica — Hasta 1867 la función pública de recaudar → cedida a particulares; — Desde 1867-1888 servicio recaudatorio → contratado con B. España;

Ï — divide territorio en ZONAS recaudatorias — Recaudadores para cobro voluntario — Ley 12-4-1888 Ì — nombra — Agentes ejecutivos para vía apremio Ó Ï — encomienda función al Ministerio de Hacienda — introduce Unidad Caja presupuestaria — L.A.C.E. de 1911 Ì — establece inderogabilidad obligación tributaria Ó — principio procedimiento apremio

{

— ESTATUTO RECAUDACION 1948 = antecedente de actual regulación. — Ley General Tributaria CAP V. art. 126 a 139. — Reglamento General de Recaudación de 1990.

113

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) LA RECAUDACION EN PERIODO VOLUNTARIO

• Constituye la forma normal de

• Se inicia

•

Ï — PAGAR ¸ y Ì å las deudas tributarias. Ó — COBRAR †

Ï — el día de notificación → para liquidación INDIVIDUAL. Ì — el día de APERTURA PLAZO → liquidaciones COLECTIVAS. Ó — el día de su presentación → para AUTOLIQUIDACIONES

Ï Ï — desde recepción de LIQUIDACION ˙ — deudas INDIVIDUALMENTE NOTIFICADAS Ì — hasta consumiSe cierra Ì Ó do un plazo. ˙ — COLECTIVAMENTE NOTIFICADAS → al CIERRE PLAZO OFICIAL Ó — AUTOLIQUIDACIONES → el día de su presentación

• Pasado el período voluntario sin hacer efectiva la deuda tributaria se abre la vía de apremio. III) LA RECAUDACION POR VIA DE APREMIO

• Concepto

•

Ï — es un procedimiento EXTRAORDINARIO de ejecución ˙ del crédito público Ï —— garantía acreedor insatisfecho se autosatisface ˙ Ì — notas Ì — rápido — costoso para el deudor → recargos ˙ — oposición y suspensión tasadas Ó ˙ — administrativo: no precisa de tribunales Ó

Ï — al término del período voluntario Ï — relaciones de deudores ˙ — con PROVIDENCIA DE APREMIO por Ì — certificaciones de desSe inicia Ì Ó cubierto ˙ — título ejecutivo Ó — providencia de apremio — fuerza similar a sentencia judicial

{

114

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

• Fases

Ï — expedición providencia de apremio por la H.P. ˙ — notificación de la providencia → recursos ˙ Ï deuda ¸ → Ï — PAGO en BREVE plazo o ˙ — notificada Ì + å → Ì Ó recargo † → Ó — PROVIDENCIA de EMBARGO ˙ ˙ Ï — depositario → muebles ˙ — anotación ¸ Ì — embargo de bienes del deudor Ì preventiva å inmuebles Ó en Registro † ˙ ˙ ˙ — enajenación bienes — subasta y concurso — adjudicaciones INMUEBLES al Estado ˙ ˙ — cobro íntegro: deuda + interés + costas ˙ — cobro parcial → vigilancia recuperación económica del deudor Ó — declaración oficial de conclusión de expediente

{

•

Ï — supone DISCREPAR con la H.P. acerca de la OBLIGA˙ CION TRIBUTARIA Suspensión del ¸ — no suspende ejecución procedimiento Ì — se instrumenta — garantía ˙ por RECURSO å — salvo — consignación † Ó Ï — Supone DISCREPAR con la H.P. acerca de la proce˙ dencia de la VIA DE APREMIO. por causas tasadas legalmente. ˙ — sólo Ï — pago ¸ Oposición al procedimiento Ì — Ì — prescripción å de la deuda apremiada ˙ Ó — aplazamiento † ˙ — falta de notificación reglamentaria liquidación. Ó — defecto en título ejecución.

{

•

115

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE REVISION

I) INTRODUCCION • La realización del H.I. origina situaciones jurídicas subjetivas: —activas en la H.P. → potestades – deberes —pasivas en el particular → sometimiento • • • • •

Activamente posiciona a la H.P. en situación de PRERROGATIVA. Dota a sus actos de PRESUNCION RELATIVA de LEGALIDAD. Correlativamente dichos actos son REVISABLES o JUZGABLES. En orden a la tutela del INTERES PUBLICO FISCAL. Dicha tutela: 1. Implica

{

— la creación de remedios jurídicos para reaccionar — contra la actividad tributaria ilegal de la H.P.

2. Puede plantearse a través de: a) revisión sólo en VIA JURISDICCIONAL en base a: — actos propios no revisables — H.P. no sería juez y parte en la revisión — seguridad jurídica — presunción de legalidad aplicativa b) revisión previa en VIA ADMINISTRATIVA en base a: — complejidad y especialidad de la materia — H.P. es además TUTORA del Interés público fiscal — posibles razones de OPORTUNIDAD sobrevenidas — definitivo sometimiento a la vía jurisdiccional

117

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) CONCEPTO Y NOTAS CARACTERISTICAS • Concepto: — Constituye una FACULTAD reglada de la H.P. — en cuyo uso la Admón. carece de discrecionalidad — volver a ver el acto revisado — contrastando de nuevo Ï — de hecho — encaminada a y — sus fundamentos Ì Ó — de derecho

Ï Ì Ó

• Efectos: — Revocar: actos válidos, por razones de oportunidad sobrevenida. — Anular: actos nulos, por razones de ilegalidad. — Confirmar: actos previos, por conformidad a derecho. • Formas: — De oficio: por decisión de la propia Admón. — Por recursos: a instancia del particular afectado por el acto de la H.P. • Límites: — Cuando por RECURSO → la potestad de revisión es ILIMITADA — si el acto es DECLARATIVO → Limitada — Cuando de OFICIO — si el acto NO es declarativo → Ilimitada

{

• Clases de procedimientos o cuadro de remedios jurídicos: — Procedimientos ESPECIALES de revisión. — Recurso de REPOSICION. — Reclamaciones ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS — Recurso EXTRAORDINARIO DE REVISION

118

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LA JURISDICCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

I) INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO — La GESTION tributaria puede

{

— ser poco DEPURADA — desarrollarse SIN PLENAS garantías

— Conviene su REVISION en otra instancia

{

— URGENTE e INMEDIATA — PREVIA a la CONTENCIOSA

— Se encomienda a ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALES = T.E.A. objetivamente → pues JUZGAN Ï SI Ï —— orgánicamente → no tienen magistrados Ï — no son poder judicial — ¿Son Tribunales? Ì NO Ì — formalmente Ì — no dictan sentencias Ó — no crean jurisprudencia Ó Ó

— ¿Tienen función jurisdiccional?

Ï Ï — interpretan ¸ — aplican ˙ ˙ SI, pues Ì — se pronuncian å en derecho Ó — y resuelven † Ì ˙ NO, pues NO son independientes de las 2 — Hacienda ˙ partes discrepantes: — Sujetos Ó

{

— Resuelven

{

— sobre ACTOS de la Admón. en materia tributaria. — por cuestiones de HECHO o de DERECHO

— Sus Fallos pueden recurrirse ante la JURISDICCION CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVA

Ï — no se suspenderá por una reclamación — La Ejecución del acto impugnado Ì — SE SUSPENDE SOLO A PETICION Ó GARANTIZADA 119

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

II) LA MATERIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA Y ACTOS RECLAMABLES • La Materia susceptible de reclamaciones abarca: — La

Ï — gestión ¸ Ï — tributos ¸ Ì — inspección å de Ì — exacciones parafiscales å de la Admón. Ó — recaudación † Ó — ingresos Deuda pública †

Ï — Central Autonómica Ì— — Local Ó — Institucional — Reconocimiento de OBLIGACIONES del Tesoro Público. — Reconocimiento de pensiones y derechos pasivos. — Otras que se encomiendan por Ley. • Los Actos reclamables serán: — Tanto si se suscitan CUESTIONES de

{

— hecho — derecho

Ï Ï reconozcan ¸ o å un derecho —Ì — Los ACTOS NO DE TRAMITE que Ì Ó denieguen † Ó — declaren una obligación — Los ACTOS DE TRAMITE que

{

— decidan el FONDO de un asunto — pongan término a vía la de gestión

— Actos especiales reclamables:

Ï Ï confirmación ˙ — Autoliquidaciones → previa SOLICITUD a Admón. de Ì o ˙ Ó rectificación ˙ Ï PROCEDENCIA ¸ ˙ y å de la repercusión — Repercusiones → declarando la Ì Ì Ó CUANTIA † ˙ Ï PROCEDENCIA ¸ ˙ y å de la retención ˙ — Retenciones → declarando la Ì CUANTIA Ó † ˙ Ó — Aplicación régimen estimación INDIRECTA de B. Imponibles.

120

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

III) PRINCIPIOS FUNCIONALES DEL PROCEDIMIENTO • Legalidad → procedimiento REGLADO y no discrecional. • Gratuidad = SIN COSTAS, salvo apreciación TEMERIDAD → sanción.

Ï — única instancia — Duración máxima en — 1 + 2 instancia = 1 año ˙ Rapidez Ì — Transcurrido 1 año SIN resolución → RECLAMACION DESESTI˙ — MADA. Contra resolución TACITA DESESTIMADA → recurso CONÓ TENCIOSO Ï — cualquier medio de prueba es válido — no se admiten INCIDENTES Economía procesal Ì — plazos cortos Ó — acumulación reclamaciones similares

{

•

•

}

• Inmediación en las actuaciones ya que: 1. No precisa intervención de ABOGADO salvo

{

— vista pública — no actuación directa

Ï — directamente ˙ — por documento ˙ — representado — «apud acta» ˙ — siempre que esté LEGITIMADO: ˙ — sujetos pasivos y responsables ˙ — cualquiera con intereses legítimos afecta˙ dos ˙ — el Interventor de la Admón. 2. El interesado ACTUA Ì — los Directores Generales del Ministerio de Hacienda ˙ ˙ — NO están LEGITIMADOS: ˙ — los funcionarios ˙ — los particulares actuando COMO AGEN˙ TES de la Admón. ˙ — los denunciantes — quien asuma obligaciones tributarias por ˙ PACTO Ó

{

Ï Ì Ó Ï Ì Ó

121

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

IV) ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO • Iniciación

Ï — encabezamiento ¸ å de — Mediante ESCRITO Ì — acto recurrido Ó — súplica y petición †

NTERPOSICION Ï — ISIMPLE Ì — I N T E R PoO S I C I O N Ó MAS ALEGACIONES

— La reclamación se interpondrá EN PLAZO — La reclamación EXTEMPORANEA → automáticamente DESESTIMADA • Instrucción — Tribunal reclamará expediente al Centro que dictó acto recurrido. — Tribunal pondrá de manifiesto el expediente al interesado. — Interesado formulará ALEGACIONES

Ï — sucintos hechos Ì — motivos de derecho Ó — documentos necesarios

— Interesados ACREDITARAN hechos por CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA. — Tribunal puede abrir plazo prueba si lo juzga necesario. • Terminación

Ï — planteadas y — Normal: por RESOLUCION fundada de cuestiones Ì — otras suscitadas aunÓ que no planteadas — Anormal:

Ï — RENUNCIA al derecho en que la reclamación se funde. Ì — DESISTIMIENTO de la petición o instancia. Ó — CADUCIDAD de la instancia.

— Desestimación TACITA: si transcurre 1 año sin resolución.

122

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

V) RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES

• Alzada ordinario

Ï — contra resoluciones de los T.E.A. Provinciales Ì — cuando la CUANTIA es superior a un límite Ó — ante el T.E.A. Central

• Alzada extraordinario

Ï — contra resoluciones de los T.E.A.R. cuando NO PROCEDE alzada ordinario ˙— — cuando resolución dictada se estima ˙ Ï — dañosa y Ì gravemente Ì — errónea Ó ˙ ante el T.E.A.C. ˙— — impugnación por Directores G. Ramo Ó — se respetará situación jurídica anterior

• Extraordinario de revisión

Ï Ï — los actos de gestión ¸ ˙ — contra Ì — las resoluciones de å FIRMES Ó la T.E.A. † ˙ ˙ Ï — manifiesto ERROR DE HECHO ˙ ˙ — aparezcan DOCUMENTOS IGNORADOS ˙ ˙ — se apoyaron ESENCIALMENTE en ˙ FALSEDADES Ì ˙ — cuando Ì Ï — prevaricación ¸ ˙ — cohecho ˙ å — se dieran Ì — violencia ˙ ˙ Ó — maquinación † ˙ ˙ declarado ASI por sentencia Ó ˙ Ó — ante el T.E.A.C.

•

Ï — una vez AGOTADA la vía administrativa Ï — Tribunales ¸ ˙ de los ˙ Superiores de å resolución T.E.A.P. ˙ ˙ Justicia † Contencioso-admiÌ — ante Ì nistrativo ˙ ˙ — Audiencia Nacional → resoluciones ˙ ˙ del — MINISTRO — T.E.A.C. Ó Ó

{

123

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

VI) CUESTIONES PECULIARES DEL PROCEDIMIENTO • Relación con recurso Reposición — ante interés lesionado el interesado puede pedir revisión a través Ï — Recurso Reposición ¸ Ï — indistinta o y Ì å de forma Ì Ó — Reclamación E.A. † Ó — opcional — ambos son INCOMPATIBLES a la vez — R. Reposición siempre es PREVIO. — R. Reposición no es trámite previo a la Reclamación E.A. • Los efectos prescriptivos de las reclamaciones E.A.: — la interposición INTERRUMPE la prescripción, no el fallo; — la interposición NO SUSPENDERA la ejecución del acto impugnado. — el interesado tiene derecho a PEDIR LA SUSPENSION; — la PETICION GARANTIZADA obliga al Tribunal a ordenar la suspensión. • Plazos y caducidad: — los plazos obligan por igual a todos. — los plazos son de CADUCIDAD. — podrán solicitarse PRORROGAS de los plazos pues son GRACIABLES. • Extensión facultades resolutorias: — el Tribunal puede revisar TODAS las cuestiones — la revisión de las NO PLANTEADAS exige

{

— las planteadas — las no planteadas

Ï AUDIENCIA ¸ y Ì å a los interesados Ó ALEGACIONES †

— pudiera darse la «reformatio in peius»

124

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

SINOPSIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

INDICE SISTEMATICO

TITULO PRELIMINAR PRINCIPIOS GENERALES DEL ORDEN TRIBUTARIO Artículo 1.º: Artículo 2.º: Artículo 3.º: Artículo 4.º: Artículo 5.º: Artículo 6.º: Artículo 7.º: Artículo 8.º:

Propósitos de la Ley Poder tributario Principio de Capacidad económica Finalidad de los Tributos Competencia tributaria Potestad reglamentaria y gestora Impugnabilidad de la exacción tributaria Presunción de Legalidad en la exacción

TITULO PRIMERO: NORMAS TRIBUTARIAS CAPITULO PRIMERO: Principios generales Artículo 9.º: Artículo 10.º: Artículo 11.º: Artículo 12.º: Artículo 13.º: Artículo 14.º: Artículo 15.º: Artículo 16.º: Artículo 17.º: Artículo 18.º: Artículo 19.º:

Jerarquía de Fuentes Principio de Reserva de Ley Delegaciones Legislativas Autorizaciones normativas Tratados Internacionales Beneficios Tributarios Limitación temporal de beneficios Derogación de normas Reglamentos Tributarios Facultad Interpretativa Jerarquía en la esfera aplicativa 127

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO SEGUNDO: Aplicación de las normas Artículo 20.º: Artículo 21.º: Artículo 22.º: Artículo 23.º: Artículo 24.º: Artículo 25.º:

Ambito temporal Ambito espacial Aplicación a extranjeros Criterios interpretativos La Analogía y el Fraude de Ley Simulación de los Hechos Imponibles

TITULO SEGUNDO: LOS TRIBUTOS CAPITULO PRIMERO: Clases de Tributos Artículo 26.º: Clasificación de los Tributos Artículo 27.º: No afectación de los ingresos tributarios CAPITULO SEGUNDO: El Hecho Imponible Artículo 28.º: Concepto de Hecho Imponible y calificación tributaria Artículo 29.º: La no sujeción CAPITULO TERCERO: El Sujeto Pasivo Artículo 30.º: Artículo 31.º: Artículo 32.º: Artículo 33.º: Artículo 34.º: Artículo 35.º: Artículo 36.º: Artículo 37.º: Artículo 38.º: Artículo 39.º: Artículo 40.º: Artículo 41.º: Artículo 42.º: Artículo 43.º: Artículo 44.º: Artículo 45.º: Artículo 46.º:

Concepto de Sujeto Pasivo Contribuyente Sustituto Sujetos pasivos sin personalidad jurídica Solidaridad Las obligaciones y deberes del S.P. Indisponibilidad de la obligación tributaria Concepto del responsable tributario Responsables solidarios Solidaridad de Sujetos Pasivos sin personalidad Responsables Subsidiarios Responsables por afección Sujetos con capacidad de obrar tributaria Representación Voluntaria Representación Legal Domicilio tributario Representantes de Extranjeros

CAPITULO CUARTO: La Base Artículo 47.º: Regímenes de determinación de la Base Imponible Artículo 48.º: Estimación Directa Artículo 49.º: Estimación Objetiva 128

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Artículo 50.º: Artículo 51.º: Artículo 52.º: Artículo 53.º:

Estimación Indirecta Procedimiento para la Estimación Indirecta Medios de comprobación de valores Base Liquidable

CAPITULO QUINTO: La Deuda Tributaria Artículo 54.º: Artículo 55.º: Artículo 56.º: Artículo 57.º: Artículo 58.º: Artículo 59.º: Artículo 60.º: Artículo 61.º: Artículo 62.º: Artículo 63.º: Artículo 64.º: Artículo 65.º: Artículo 66.º: Artículo 67.º: Artículo 68.º: Artículo 69.º: Artículo 70.º: Artículo 71.º: Artículo 72.º: Artículo 73.º: Artículo 74.º: Artículo 75.º: Artículo 76.º:

Tipo de gravamen Cuota tributaria Reducción de la Deuda tributaria Deducción de cuota por exacción previa Deuda Tributaria Formas de Pago Pago en efectivo Plazos y aplazamientos de pago Autonomía de deudas tributarias Consignación del pago Derechos y acciones que prescriben Cómputo del plazo Interrupción de la Prescripción Naturaleza de la Prescripción tributaria Compensación Condonación Insolvencia probada Prelación general de créditos tributarios Responsabilidad por sucesión en la titularidad Prelación especial de créditos periódicos Derecho de Afección Derecho de Retención Garantía para fraccionamientos o aplazamientos

CAPITULO SEXTO: Infracciones y Sanciones tributarias Artículo 77.º: Artículo 78.º: Artículo 79.º: Artículo 80.º: Artículo 81.º: Artículo 82.º: Artículo 83.º: Artículo 84.º: Artículo 85.º: Artículo 86.º: Artículo 87.º: Artículo 88.º: Artículo 89.º:

Concepto de Infracción Tributaria Infracciones Simples Infracciones Graves Sanciones tributarias Competencia sancionadora Graduación de sanciones Sanciones por infracciones simples Sanciones no pecuniarias complementarias Sanciones a Entidades de Crédito Sanciones a profesiones oficiales y funcionarios Sanciones por infracciones graves Sanciones especiales por infracciones graves Extinción de las sanciones 129

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO TERCERO: LA GESTION TRIBUTARIA CAPITULO PRIMERO: Los Organos administrativos Artículo 90.º: Artículo 91.º: Artículo 92.º: Artículo 93.º: Artículo 94.º: Artículo 95.º:

Separación funcional de la gestión y revisión de actos Competencia material Competencia territorial Competencia orgánica Incompetencia Actuación en caso de incompetencia

CAPITULO SEGUNDO: La colaboración social en la gestión tributaria Artículo 96.º: Artículo 97.º: Artículo 98.º: Artículo 99.º: Artículo 100.º:

Grupos sociales de colaboración Actuación y naturaleza de los grupos Designación de representantes Derechos y deberes de los representantes Adopción de acuerdos

CAPITULO TERCERO: El Procedimiento de Gestión tributaria Artículo 101.º: Artículo 102.º: Artículo 103.º: Artículo 104.º: Artículo 105.º: Artículo 106.º: Artículo 107.º: Artículo 108.º: Artículo 109.º: Artículo 110.º: Artículo 111.º: Artículo 112.º: Artículo 113.º: Artículo 114.º: Artículo 115.º: Artículo 116.º: Artículo 117.º: Artículo 118.º: Artículo 119.º:

Modos de Iniciación del procedimiento Declaración tributaria Denuncia pública Facultad de requerir datos Plazos en las actuaciones Reclamación en queja Consultas a la Administración Rectificación de errores Facultad de Comprobación e investigación Medios de comprobación e investigación Colaboración del público con la Administración Obligación de suministrar datos Utilización administrativa de datos Obligación de prueba Aplicación del Cc y LEC Presunción de certeza de las declaraciones La Confesión en el procedimiento de gestión Presunciones tributarias Titularidad jurídico-tributaria

CAPITULO CUARTO: Las Liquidaciones tributarias Artículo 120.º: Artículo 121.º: Artículo 122.º: Artículo 123.º:

Clases de Liquidaciones No vinculación de las declaraciones al liquidar Bases tributarias relacionadas Liquidación provisional de oficio

130

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Artículo 124.º: Notificación de liquidaciones Artículo 125.º: Notificaciones defectuosas CAPITULO QUINTO: La Recaudación Artículo 126.º: Artículo 127.º: Artículo 128.º: Artículo 129.º: Artículo 130.º: Artículo 131.º: Artículo 132.º: Artículo 133.º: Artículo 134.º: Artículo 135.º: Artículo 136.º: Artículo 137.º: Artículo 138.º: Artículo 139.º:

Exigibilidad de las liquidaciones Recaudación por vía de apremio Procedimiento de apremio: medidas cautelares Naturaleza de la vía de apremio Ejecución de garantías Embargo de los bienes Embargo de valores y otros Facultad de investigar bienes Procedimiento en el embargo Suspensión del procedimiento de apremio Reclamación por tercería Enajenación de bienes embargados Oposición a la vía de apremio Competencia funcional

CAPITULO SEXTO: La Inspección de los tributos Artículo 140.º: Artículo 141.º: Artículo 142.º: Artículo 143.º: Artículo 144.º: Artículo 145.º: Artículo 146.º:

Funciones de la Inspección Entrada en fincas y edificios Examen de documentos Lugar para las actuaciones de la Inspección Documentación de la Inspeccción Contenido de las Actas Actas de disconformidad y prueba preconstituida

CAPITULO SEPTIMO: Los Jurados Tributarios Artículos 147,148, 149, 150, 151 y 152 (Artículos derogados) CAPITULO OCTAVO: Revisión de actos en vía administrativa Artículo 153.º: Artículo 154.º: Artículo 155.º: Artículo 156.º: Artículo 157.º: Artículo 158.º: Artículo 159.º: Artículo 160.º: Artículo 161.º: Artículo 162.º: Artículo 163.º: Artículo 164.º:

Procedimiento de Nulidad Procedimiento de Anulación Devolución de ingresos indebidos Rectificación de errores materiales Revisión de resoluciones de recursos especiales Actos administrativos confirmados Revisión de actos declarativos de Derechos Competencia y desarrollo del recurso de reposición Interrupción de la prescripción por la reposición Irrecurribilidad de la reposición Organos de la Jurisdicción económico-administrativa Modalidades de impugnación 131

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Artículo 165.º: Artículo 166.º: Artículo 167.º: Artículo 168.º: Artículo 169.º: Artículo 170.º: Artículo 171.º:

Actos reclamables Legitimación activa Sujetos no legitimados Diligencias de prueba Extensión de las Facultades resolutorias Acumulación de reclamaciones Recurso extraordinario de revisión

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONES TRANSITORIAS

132

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO PRELIMINAR Principios generales del orden tributario

TITULO Propósitos de la ley

ART.

NOTAS BASICAS

1

1. Establecer los PRINCIPIOS BASICOS y las NORMAS FUNDAMENTALES 2. Que constituyen el REGIMEN JURIDICO de TODO el SISMEMA TRIBUTARIO.

❦ Poder tributario

2

3

❦

1. La IMPOSICION de tributos como acto primario se RESERVA al Estado 2. Se EJERCITARA sólo por Ley 3. Explicita el principio de LEGALIDAD.

❦ Principio de la capacidad económica

❦

❦

❦

1. INFORMARA todo el sistema tributario 2. Significa y se convierte en: a. Criterio axiomático de justicia b. Se tributará en función de las POSIBILIDADES c. Se independiza del beneficio recibido. 3. Se completa con la GENERALIDAD y la EQUIDAD a. Todos deben contribuir al GASTO PUBLICO b. De forma equitativa, — paguen igual los que están iguales, — paguen diferente los que son distintos.

❦

❦

❦ 133

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Finalidad de los tributos

ART. 4

NOTAS BASICAS 1. FISCAL o RECAUDATORIA, por tanto allegar fondos a las arcas del Tesoro Público. 2. No se hace una referencia a la NEUTRALIDAD de los tributos en los procesos económicos. 3. INSTRUMENTALIDAD de los tributos: a. b. c. d. e.

Es un objetivo secundario Servir a la política económica Atender a la estabilidad económica Contribuir al progreso social Procurar mejor DISTRIBUCION de la Renta.

❦ Competencia tributaria

5

❦

❦

1. Reconoce un PODER DE IMPOSICION DERIVADO, con respecto al originario que ostenta el Estado. 2. Les corresponde a los entes territoriales inferiores al Estado: a. Comunidades Autónomas y Provincias b. Municipios 3. Otorga la POTESTAD de EXACCION tributaria a otras Corporaciones y Entidades de Derecho Público que ostentarían la cualidad de: a. Sujetos activos de la R.J.T. b. Acreedores tributarios

❦ Potestad reglamentaria y gestora

6

❦

❦

1. Otorga la POTESTAD de dictar REGLAMENTOS en materia tributaria al: a. Ejecutivo - Gobierno b. Corporaciones Locales, cuyas Ordenanzas de exacciones = Reglamentos 2. Reserva la EXACCION de los tributos al Ministerio de Hacienda, salvo expresa ATRIBUCION a otros Entes.

❦

❦

134

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

❦

TITULO Impugnabilidad de la exacción tributaria

ART. 7

NOTAS BASICAS 1. Consagra el PRINCIPIO de LEGALIDAD en la esfera APLICATIVA de los tributos 2. La ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA de EXACCION, a través de: — Gestión — Inspección — Recaudación está SOMETIDA a reglas, sin discrecionalidad. 3. Tanto cuando la Hacienda Pública: a. Habla por medio de REGLAMENTOS b. Actúa a través de ACTOS ADMINISTRATIVOS 4. Proclama la IMPUGNABILIDAD de aquella actividad — en VIA ADMINISTRATIVA → Hacienda Pública — en VIA JUDICIAL → Poder Judicial

❦ Presunción de legalidad en la exacción

8

❦

❦

1. Posiciona al S.A. = H.P. en situación de PRERROGATIVA ante el S.P. = Contribuyente 2. Dota a sus actos de PRESUNCION RELATIVA de LEGALIDAD = conformes a derecho 3. Correlativamente serán ACTOS REVISABLES: a. A fin de tutelar el INTERES PUBLICO FISCAL b. Para volver a ver sus fundamentos c. Interponiendo RECURSO frente a ellos a) de oficio por la propia H.P. d. Bien b) a instancia del particular

{

e. Resolviendo

Ï su revocación Ì su anulación Ó su confirmación

135

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO PRIMERO Normas tributarias CAPITULO PRIMERO Principios generales TITULO Jerarquía de fuentes

ART. 9

NOTAS BASICAS 1. a. Establece la JERARQUIA de fuentes del Derecho aplicable a cualquier tributo: — Impuesto — Tasa — Contribución Especial — Exacción parafiscal b. La «mens legislatoris» es que la propia L.G.T. sea la primera fuente, pero al no tener la categoría de LEY ORGANICA, puede ser DEROGADA por cualquier otra ley ordinaria de fecha posterior. c. La segunda fuente de derecho la forman las LEYES PARTICULARES propias de cada tributo. d. La tercera fuente de derecho está integrada por los REGLAMENTOS GENERALES: — de GESTION — de RECAUDACION — de INSPECCION — de PROCEDIMIENTO de las RECLAMACIONES E.A. e. La cuarta fuente son los reglamentos propios de cada tributo. f. Después se aplicarán otras NORMAS ADMINISTRATIVAS 2. En ausencia se aplicarán SUPLETORIAMENTE: — Disposiciones GENERALES del Derecho Administrativo — Los preceptos del Derecho Común.

❦

❦

136

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

❦

TITULO

ART.

Principio de reserva de ley

10

Delegaciones legislativas

11

NOTAS BASICAS 1. Desarrolla el principio de Legalidad estableciendo una RESERVA a favor de la Ley de los ELEMENTOS PRINCIPALES de los tributos. 2. Dichos elementos son fijados en una RELACION TASADA Y CERRADA. 3. Respecto a dichos elementos ordena una RESERVA ABSOLUTA. 4. Sustrae dicha relación a la potestad reglamentaria. 5. Dada la naturaleza de LEY ORDINARIA que tiene la L.G.T. el principio más bien es de PREFERENCIA DE LEY.

❦

❦

❦

1. La propia L.G.T. habilita un DEBILITAMIENTO de la RESERVA de Ley para todo el apartado a) del artículo anterior, al prever la posibilidad de: — Delegaciones legislativas — Autorizaciones legislativas 2. Establece CONDICIONES Y REQUISITOS para dichos procedimientos. 3. Esta materia se ha visto seriamente corregida por la C.E. en su artículo 82.

❦

Autorizaciones normativas

12

13

❦

1. Se refiere en concreto al TIPO IMPOSITIVO. 2. De gravámenes sobre el TRAFICO de bienes interior y exterior. 3. La interpretación de la autorización debiera ser RESTRICTIVA. 4. Requiere que las LEYES PARTICULARES prevean la habilitación. 5. Se practica a través de las LEYES DE PRESUPUESTOS. 6. La C.E. ha venido a reforzar el método.

❦

Tratados internacionales

❦

❦

❦

1. Constituye un REFORZAMIENTO del principio de legalidad. 2. Tiene conexión con la eficacia de las normas tributarias en el espacio. 3. No existe automatismo entre los Tratados suscritos por el Ejecutivo y su entrada en el Ordenamiento.

❦

❦

❦

137

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Beneficios tributarios

ART. 14

NOTAS BASICAS 1. Mecanismo creado para REFORZAR con carácter previo y presupuestario la Reserva de Ley establecida en el artículo 10.b) 2. Está en conexión con el artículo 134 de la C.E.

❦ Limitación temporal de beneficios

15

16

17

❦

❦

1. Laudable mandato frente a la práctica viciosa de las DEROGACIONES TACITAS. 2. Ineficaz frente a LEYES POSTERIORES. 3. Mandato pleno frente a los REGLAMENTOS. 4. El supuesto contemplado afecta a la simple MODIFICACION de una norma.

❦

Reglamentos tributarios

❦

1. Es una norma de DERECHO SUPLETORIO sobre la vigencia temporal de las exenciones. 2. Normalmente la norma creadora de la exención fijará su vigencia. 3. Establece un mandato a la Administración de PROPUESTA DE LEY.

❦ Derogación de normas

❦

❦

❦

1. Establece el DECRETO del GOBIERNO como fuente normativa de la producción reglamentaria tributaria. 2. Ordena la MATERIA REGLAMENTARIA reservada a la fuente del decreto.

❦

❦

❦

Facultad interpretativa

18

1. a. Explicita la INTERPRETATIVA como una de las facultades de la H.P. contenidas dentro de la genérica POTESTAD de IMPOSICION otorgada por la Ley a la Administración Tributaria, en orden a la aplicación de las normas tributarias. b. Exige su expresión mediante ORDEN publicada en el B.O.E. 2. Ordena su ACATAMIENTO por los órganos de gestión tributaria.

Jerarquía en la esfera aplicativa

19

1. Las DISPOSICIONES GENERALES priman sobre las Resoluciones Administrativas particulares. 2. Estas serán NULAS cuando vulneren a las Disposiciones.

❦

❦

138

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

❦

CAPITULO 2 Aplicación de las normas

TITULO Ambito temporal

ART. 20

NOTAS BASICAS 1. COMIENZO de su vigencia: a los 20 días de su completa publicación, salvo en contra. 2. FIN VIGENCIA: a su término o derogación. 3. Consagra el carácter ORDINARIO de las normas tributarias, al desconectarlas de las Leyes temporales de Presupuestos de Ingresos. 4. Ninguna norma específica sobre IRRETROACTIVIDAD.

❦ Ambito espacial

21

22

❦

1. Las normas tributarias obligan en España a todos los destinatarios. 2. Deja a las Leyes particulares de los tributos la determinación de su ámbito de aplicación. 3. Supletoriamente consagra el principio de RESIDENCIA EFECTIVA para los tributos de naturaleza personal. 4. Supletoriamente consagra el principio de TERRITORIALIDAD para los demás tributos.

❦ Aplicación a extranjeros

❦

❦

❦

1. Prevé para los H.I. realizados por extranjeros la modificación del ámbito espacial por motivo de: — acuerdos internacionales — reciprocidad internacional 2. Por exigencia del artículo 13, ambos motivos deberán estar RATIFICADOS. 3. Posteriormente la modificación se operará por simple decreto.

❦

❦

❦ 139

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Criterios interpretativos

ART. 23

NOTAS BASICAS 1. a. Proclama indirectamente el carácter ordinario de las normas tributarias. b. Ordena un método y criterio jurídico para su interpretación. c. Desautoriza el método o criterio económico de interpretación de las normas tributarias. d. Establece la AUTONOMIA del Derecho tributario para DEFINIR sus propios términos, conceptos y categorías jurídicas. 2. Supletoriamente marca al intérprete tres posibles SENTIDOS a los términos tributarios: — El jurídico — El técnico o — El usual. 3. La RESERVA de LEY es incompatible con la CREACION ANALOGICA de supuestos de: — Hechos imponibles — Exenciones o bonificaciones a. La analogía es válida como un DATO más en el proceso de interpretar. b. La analogía esta prohibida para llenar una LAGUNA legal.

❦ La analogía y el fraude de ley

24

25

❦

1. Sin embargo, ante PROPOSITOS PROBADOS DE ELUDIR TRIBUTOS, la H.P. puede usar la ANALOGIA para SOMETER a gravamen los HECHOS FRAUDULENTOS. 2. Se liquidará según norma eludida, con intereses, sin sanciones.

❦ Simulación de los Hechos Imponibles

❦

❦

❦

1. En los negocios simulados, — el H.I. gravado será el efectivo — al margen de las formas.

140

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO 2 Los Tributos CAPITULO PRIMERO Clases de Tributos

TITULO Clasificación de los tributos

ART. 26

NOTAS BASICAS 1. Eleva el TRIBUTO a la categoría de género único, aunque no lo define. 2. Clasifica y define todos los tributos en IMPUESTOS, TASAS y CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 3. Cada especie tributaria se define y distingue por su H.I. 4. Las EXACCIONES PARAFISCALES se asimilan jurídicamente a las tasas o a los impuestos. 5. A todos los tributos les son aplicables los preceptos de la L.G.T. y sus normas de desarrollo.

❦ No afectación de los ingresos tributarios

27

❦

❦

1. Todos los ingresos de todos los tributos se destinan a la cobertura de los presupuestos de gastos públicos. 2. La afectación ESPECIFICA será excepcional y requerirá Ley que lo disponga.

141

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 2 El Hecho Imponible

TITULO Concepto de hecho imponible y calificación tributaria

ART. 28

NOTAS BASICAS 1. Supuesto de un hecho abstracto sujeto a gravamen. Ï — jurídico o 2. Que puede contener un sustrato Ì — económico Ó 3. Fijado siempre por Ley. 4. Que define y CONFIGURA cada tributo. 5. Cuya realización por los particulares: — DEVENGA el tributo. — ORIGINA el nacimiento de la relación obligacional. 6. Los hechos para su SOMETIMIENTO a los tributos habrán de ser calificados como imponibles en función de su NATURALEZA: — unas veces con sustrato JURIDICO — otras veces con sustrato ECONOMICO 7. Proclama el principio de que ante el tributo los negocios jurídicos son lo que son, parezcan lo que parezcan. 8. Cuando el legislador ha puesto el acento en la JURIDICIDAD del acto o negocio, califíquese conforme a su verdadera naturaleza jurídica. 9. Cuando el legislador ha puesto el acento en el TRASFONDO ECONOMICO, califíquese con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.

❦ La figura de no sujeción

29

❦

❦

1. Supuestos específicos de hechos NO SUJETOS. 2. Se trata de DELIMITACION NEGATIVA del H.I. 3. Fijada siempre por Ley, que tiene un carácter preferentemente DIDACTICO. 4. Los particulares que lo realizan, se mueven POR FUERA del H.I. 5. De su realización NO SURGE la Relación JurídicoTributaria. 6. Técnicamente se diferencia en ello de la EXENCION TRIBUTARIA.

142

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 3 El Sujeto Pasivo

TITULO Concepto de sujeto pasivo

ART. 30

NOTAS BASICAS 1. Es una persona, natural o jurídica fijada por LEY. 2. Quien resulta OBLIGADO al cumplimiento de las prestaciones tributarias: — materiales — formales 3. Lo será a TITULO de: — contribuyente — sustituto de tal contribuyente 4. Quien jurídicamente CONFIGURA el H.I. 5. Será DEUDOR PRINCIPAL del tributo.

❦ Contribuyente

31

1. b. c. d.

e. f. g. 2.

❦

❦

a. Es la forma NORMAL de ser sujeto pasivo Quien REALIZA el H.I. Determinado por Ley A quien se impone la CARGA TRIBUTARIA — que no significa sólo OBLIGACION TRIBUTARIA — que no siempre es el CONTRIBUYENTE — a veces puede trasladar la CUOTA. Se refiere al CONTRIBUYENTE DE IURE. Siempre es el DEUDOR PRINCIPAL. Ostenta su condición legal que NO es disponible. La TRASLACION de su carga tributaria: Ï — legal o — bien por REPERCUSION Ì — voluntaria Ó — bien por PACTO no puede ALTERAR su condición.

❦

❦

❦ 143

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Sustituto

ART. 32

NOTAS BASICAS 1. Persona que SUSTITUYE al contribuyente — por imposición de la Ley — y a determinados efectos. 2. La Ley lo coloca EN EL LUGAR del contribuyente Ï —el SUSTITUTO → contribuyente de IURE 3. Surge Ì —el SUSTITUIDO → contribuyente de así Ó FACTO 4. No es quien realiza el H.I. 5. Persona que integra el supuesto de la SUSTITUCION. 6. Queda obligado a las PRESTACIONES TRIBUTARIAS — materiales → pago del tributo — formales → deberes jurídicos 7. Es un SUJETO PASIVO Y DEUDOR PRINCIPAL 8. El sustituto lo es

{

— con RETENCION — sin RETENCION y CON REEMBOLSO

9. Figura desplazada en la práctica por el RETENEDOR que NO es sujeto pasivo.

❦ Sujetos pasivos sin personalidad jurídica

33

❦

❦

1. Esta norma habilita de SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA a: — herencias yacentes ¸ — comunidades de bienes å carentes de personalidad — demás entidades † 2. Cuando las Leyes particulares de los tributos lo establezcan. —constituir una unidad económica —tener patrimonio separado de los partícipes. 3. Condiciones —cierta organización operativa —alguna expresión de voluntad colegiada

Ï Ì Ó

4. Definitivamente

{

—sí son susceptibles de imposición —por ser capaces de realizar H.I.

5. Son ELEMENTO SUBJETIVO configurante del presupuesto de hecho. 6. Los EQUIPARA a SUJETOS PASIVOS. 7. No les otorga personalidad jurídica. 8. No son deudores los entes. 9. Los deudores tributarios son los PARTICIPES. 144

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO

ART.

NOTAS BASICAS

Solidaridad

34

1. Regula la situación de COTITULARIDAD en el H.I. por CONCURRIR al mismo tiempo varias personas. 2. Quedan constituidas en SUJETOS PASIVOS por SOLIDARIDAD. 3. Su situación subjetiva pasiva frente a la H.P. es idéntica y en el mismo plano. 4. Son DEUDORES PRINCIPALES por deuda propia. 5. Deben distinguirse de los responsables solidarios, que NO REALIZAN el H.I.

Obligaciones y deberes del sujeto pasivo

35

1. Precepto que normativiza el CONTENIDO de la R.J.T. en los S.P. frente al ejercicio de la POTESTAD DE IMPOSICION de la H.P. Ï — materiales ¸ 2. Literalmente TIPIFICA y Ì å de los S.P. los deberes Ó — formales †

❦

3.

❦

❦

Ï — La OBLIGACION PRINCIPAL = ˙ pagar la deuda tributaria. Ï ˙ Ï — declaraciones ˙ — formu˙ — Otros Ì Los lar — comuni˙ estructura Ì caciones deberes Ó en: ˙ ACCE- Ì — llevanza de contabili˙ SORIOS ˙ dad ˙ — soportar inspecciones ˙ Ó — proporcionar datos Ó

4. Se trata de una norma GENERICA y de REENVIO a las Leyes particulares de cada tributo o de gestión. 5. Opera para todos los deberes la RESERVA de LEY. 6. El ESTATUTO fija los derechos correlativos.

❦ Indisponibilidad de la obligación tributaria

36

❦

❦

1. Los pactos entre particulares NO ALTERAN la R.J.T.pues su REGIMEN JURIDICO deriva de la Ley tributaria. 2. Su contenido está fijado por Ley y es indisponible. Ï — de DERECHO PUBLICO 3. Es una obligación Ì — que tutela un INTERES PUÓ BLICO 4. No obstante, tales pactos surten efectos jurídico-privados 145

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Concepto del responsable tributario

ART. 37

NOTAS BASICAS 1. La Ley puede TUTELAR los créditos tributarios, responsabilizando de ellos legalmente a otras personas. Ï —puede EXTENDER la obligación tributaria —del cumplimiento de la PRESTACION 2. La Ley Ì PECUNIARIA Ó —a OTROS sujetos como RESPONSABLES 3. No son S.P., pero les coloca JUNTO a los S.P. 4. La Ley les convierte en DEUDORES tributarios. —de la TOTALIDAD de la deuda 5. Responderán —con excepción de las sanciones

{

6. Su forma de responder

7. Requisitos

Ï — es en principio SUBSIDIARIA Ì — salvo mandato legal expreso de Ó responder SOLIDARIAMENTE

Ï — acto administrativo notificado de Ì DERIVACION y alcance Ó — declaración previa de fallido del S.P.

8. Constituido el RESPONSABLE asume los DERECHOS del S.P.

❦ Responsables solidarios

38

❦

❦

La Ley declara EXPRESAMENTE la RESPONSABILIDAD SOLIDARIA para:

Ï — causante

1. CUALQUIER Ì PERSONA

¸

o å en una infracción Ó — colaborador †

integrantes de un GRUPO Ï —— que presentan declaración 2. TODAS LAS CONSOLIDADA. Ì SOCIEDADES — por cualquier INFRACCION Ó — referida al régimen consolidado

❦ Solidaridad de los S.P. sin personalidad

39

❦

❦

1. Tales entes CONSTITUIDOS en S.P. NO pueden ser DEUDORES TRIBUTARIOS. 2. Este precepto instituye a sus COPARTICIPES como DEUDORES. Ï — solidariamente todos juntos 3. Responden ante — pero en proporción a sus cuotas Ì la H.P. Ó — de todos los deberes tributarios.

146

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Responsables subsidiarios

ART. 40

NOTAS BASICAS 1. Son supuestos expresos de responsabilidad subsidiaria, al margen de las instituidas por leyes particulares. 2. Contempla la L.G.T. CONDUCTAS REPROCITARIAS a las que CARGA con las RESPONSABILIDADES siguientes: RESPONSABLES

RESPONSABILIDADES

a. Administradores ne- de las infracciones simgligentes de socieda- ples y de las deudas trides infractoras→ butarias. b. Administradores de de las obligaciones tribusociedades sin activi- tarias pendientes. dad → c. Liquidadores y Síndi- de las obligaciones tribucos negligentes → tarias devengadas.

❦ Responsables por afección

41

❦

❦

1. La Ley establece una GARANTIA en favor de los créditos tributarios derivados de las transacciones . 2. Instituye a sus ADQUIRENTES como responsables. 3. Crea una CARGA LEGAL sobre los propios bienes. 4. La responsabilidad queda limitada a dichos bienes.

❦

❦

❦

Sujetos con capacidad de obrar tributaria

42

1. Con carácter general quien la tenga en el orden civil. 2. En el orden tributario la tienen además los MENORES DE EDAD cuando puedan actuar sin asistencia tutelar.

Representación voluntaria

43

1. Ante la H.P. todo S.P. puede actuar por medio de REPRESENTANTE. 2. a) El mero ACTUANTE sirve para los actos de mero trámite. b) Para el resto de actuaciones hay que ACREDITAR la representación:

❦

❦

❦

— mediante documento — mediante comparecencia. 3. La falta o insuficiencia del poder es SUBSANABLE 4. La actuación ante la H.P. de los entes sin personalidad, se llevará a cabo por cualquier partícipe. 147

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Representación legal

ART. 44

NOTAS BASICAS Los S.P. carentes de capacidad de obrar, podrán y deberán actuar por sus representantes legales.

❦ Domicilio tributario

45

❦

❦

1. a. Lugar expresamente fijado a los obligados tributarios al que referir las relaciones y notificaciones EFICACES. Ï — para las personas FISICAS → su residencia habitual b. Será Ì — para las personas JURIDICAS → su domiÓ cilio social

Ï — su declaración ¸ 2. Es un deber jurídico — sus modificaÌ å a la H.P. notificar Ó ciones †

❦ Representantes de extranjeros

46

❦

❦

1. Todo S.P. residente extranjero, deberá tener un representante residente en España. 2. Toda entidad extranjera que opere en España tendrá domicilio tributario español en el lugar de su efectivo establecimiento permanente.

148

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 4 La Base

TITULO Regímenes de determinación de la B.I.

ART. 47

NOTAS BASICAS 1. La BASE es la medición concreta del elemento material del HECHO IMPONIBLE. 2. Constituye un elemento directamente determinante de la DEUDA. 3. Su

Ï — DEFINICION ¸ quedan RESERVAy Ì å DAS a la Ley Ó — DETERMINACION †

4. Cada tributo establecerá

Ï — los medios ¸ para su y Ì å fijación — los métodos Ó †

La determinación Ï — directa — La Estimación ob5. Sólo caben 3 REGIMENES Ì jetiva La Estimación inÓ — directa.

❦ Estimación directa

48

❦

❦

1. Constituye el conjunto de medios, métodos y procedimientos NORMALES Y ORDINARIOS para DETERMINAR la B.I.

Ï — las DECLARACIONES de los obligados 2. Se sirve de Ì — la COMPROBACION administratiÓ va. 3. Busca el hallazgo de la REALIDAD jurídica a medir. 149

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Estimación objetiva

ART. 49

NOTAS BASICAS 1. Es un REGIMEN VOLUNTARIO que sólo pretende ESTIMAR la realidad jurídica a medir. 2. Método INDICIARIO a través de

Ï — Signos ¸ Ì — Módulos å legales Ó — Indices †

3. Pensado para S.P. de PEQUEÑO TAMAÑO.

❦ Estimación indirecta

50

❦

❦

1. Es un régimen EXTRAORDINARIO y SUBSIDIARIO. 2. Su aplicación por la H.P. deber ser RESTRICTIVA. 3. La PROCEDENCIA de este régimen tendrá por CAUSAS: a) El S.P. incumpla sus DEBERES REGISTRALES IMPIDIENDO la aplicación de los otros regímenes. b) El S.P. IMPIDA la actuación gestora de la H.P. 4. La Administración aplicará el régimen al obligado, utilizando medios INDICIARIOS, PRESUNTIVOS y ESTIMATIVOS. 5. Se otorga a la H.P. un DEBILITAMIENTO en su actividad PROBATORIA ante el obligado tributario.

❦ Procedimiento para la estimación indirecta

51

❦

❦

1. Dado su carácter EXTRAORDINARIO, su procedimiento es estrictamente REGLADO. 2. La actividad administrativa será FUNDADA: a. Tanto si actúa la INSPECCION b. Como si actúan los ORGANOS GESTORES. 3. El SOPORTE de tal actividad fundada es un INFORME RAZONADO: — probando las CAUSAS DETERMINANTES — probando incumplimiento de deberes REGISTRALES — justificación de MEDIOS de ESTIMACION — justificación de CALCULOS estimados.

Ï —lamenPROCEDENCIA del régi4. Serán —los ACTOS de aplicación IMPUGNABLES Ì —las LIQUIDACIONES resulÓ tantes. 150

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Medios de comprobación de valores

ART. 52

NOTAS BASICAS 1. a. La determinación de la B.I. requiere previamente la fijación el de los VALORES de los ELEMENTOS del H.I. b. Ello es COMPETENCIA de la Administración, que lo comprobará con los siguientes MEDIOS TASADOS: — capitalizando porcentajes — valores obrantes en registros fiscales — precios medios de mercados — cotizaciones en mercados — peritación por la H.P. — tasación pericial contradictoria c. Cada tributo puede autorizar OTROS MEDIOS y reglamentar la aplicación de los tasados aquí. 2. La TASACION PERICIAL CONTRADICTORIA: a. puede ser promovida por el S.P. b. tal competencia le asiste EN TODO CASO c. puede CORREGIR a TODOS LOS DEMAS MEDIOS

❦ Base liquidable

53

❦

❦

1. Pretende y supone una mejor aproximación a la capacidad económica manifestada en la B.I. 2. Se obtiene por REDUCCIONES sobre la B.I. 3. La fijará la Ley particular de cada tributo.

151

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 5 La Deuda Tributaria

TITULO

Tipo de gravamen

ART.

54

NOTAS BASICAS

Ï — una parte de la magnitud elegida como Base Ì — que se le aplica como mecanismo legal para Ó CUANTIFICAR LA CUOTA TRIBUTARIA. Ï — proporcional o 2. Es un porcentaje o alícuota Ì Ó — progresivo

1. Es

3. Su determinación queda RESERVADA a la Ley.

❦ Cuota tributaria

55

❦

❦

1. Es el OBJETO de la prestación tributaria. 1. directamente por Ley = cuota fija Ï — aplicando el 2. Se determina 2. indirectamente Ì tipo a la base — además con Ó cantidad fija

Ï Ì Ó

3. Su determinación queda RESERVADA a la Ley.

❦ Reducción de la deuda tributaria

56

57

❦

1. Prohíbe el fenómeno conocido como «salto de escalón». 2. A un incremento de B.I. no puede comprenderle un incremento de CUOTA equivalente. 3. La reducción deberá aplicarse de oficio.

❦ Deducción de cuota por exacción previa

❦

❦

❦

1. Norma para COORDINAR tributos conectados entre sí. 2. Las coutas del tributo de EXACCION PREVIA se deducirán INTEGRAS del tributo subsiguiente. 3. No se deducirán las posibles EXENCIONES del tributo de exacción previa, para evitar su penalización.

152

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Deuda tributaria

ART. 58

NOTAS BASICAS 1. a. Crédito de la H.P. ↔ Deuda a cargo del S.P. b. Normal y esencialmente será el importe de la cuota liquidada a cargo del S.P., que así se convierte en DEUDOR TRIBUTARIO. c. También los pagos a cta., y las cantidades retenidas. 2. La DEUDA será MAYOR que la cuota, al sumar: a. b. c. d. e.

recargos legales intereses de demora recargos por aplazamientos recargo de apremio sanciones pecuniarias

3. La DEUDA será MENOR que la cuota, al restar: a. deducciones sobre la cuota b. retenciones practicadas c. pagos efectuados a cuenta.

❦ Formas de pago

59

❦

❦

1. a. Es la causa de extinción de la deuda ordinaria y normal. — en EFECTIVO b. Puede hacerse — por EFECTOS TIMBRADOS

{

c. Su efecto es LIBERAR al DEUDOR frente al acreedor. 2. En efectivo cuando su importe es INGRESADO en — cajas del Tesoro — oficinas recaudadoras. — entidades autorizadas. 3. Por efectos timbrados cuando se UTILICEN.

❦ Pago en efectivo

60

❦

❦

El pago podrá hacerse: 1. por los medios del Rt.º RECAUDACION 2. en la forma

}

❦

❦

❦ 153

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Plazos y aplazamientos de pago

ART. 61

NOTAS BASICAS 1. El TIEMPO del pago s/normas de RECAUDACION. 2. El pago EXTEMPORANEO sin requerimientos de la H.P. se caracteriza porque: a. Es válido y liberatorio. b. Comporta interés de demora. c. Puede acompañarse con recargos. 3. El pago puede

originando

{

Ï — APLAZARSE ¸ o/y Ì å→ Ó — FRACCIONARSE †

— intereses de demora — garantías

❦ Autonomía de las deudas tributarias

62

1. a. No existe una

entre

❦

❦

Ï — cuenta corriente ¸ o Ì — relación obligatoria única å Ó y global †

Ï ACREEDOR ¸ y Ì å tributario Ó DEUDOR †

b. Las deudas tributarias son AUTONOMAS entre sí. c. Cada deuda habrá de ser extinguida independientemente. 2. Al ejecutar varias deudas, se extinguirán por ANTIGUEDAD. 3. La H.P. goza en principio de PRELACION frente a otros acreedores tributarios. 4. La extinción de un débito posterior, no extingue las anteriores

❦ Consignación del pago

63

❦

❦

1. Es otra causa de extinción de la deuda tributaria. 2. Tiene efectos liberatorios o suspensivos.

❦

❦

154

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

❦

TITULO Derechos y acciones que prescriben

ART. 64

NOTAS BASICAS Causa de extinción atípica de deudas, que opera por la INACTIVIDAD del titular durante 5 AÑOS, a cuyo término le IMPIDE el ejercicio de: 1. 2. 3. 4.

el derecho de la H.P. a LIQUIDAR la acción de la H.P. a RECAUDAR la acción de la H.P. a SANCIONAR el derecho del particular a RECUPERAR el INGRESO INDEBIDO.

❦ Cómputo del plazo

65

❦

❦

El plazo de 5 años COMENZARA A CONTARSE: 1. para LIQUIDAR → desde FIN del plazo para DECLARAR 2. para RECAUDAR → desde FIN del plazo de PAGO VOLUNTARIO 3. para SANCIONAR → desde que se cometió la INFRACCION 4. para RECUPERAR → desde el día del INGRESO INDEBIDO

❦

❦

❦

155

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Interrupción de la prescripción

ART. 66

NOTAS BASICAS 1. La inactividad del titular del derecho puede cesar con su actuación PARALIZANDO la PRESCRIPCION. Ï — NO SON PRECLUSIVOS y 2. Los plazos de prescripción Ì — PUEDEN INTEÓ RRUMPIRSE 3. Es la diferencia fundamental con la CADUCIDAD. 4. Tras la interrupción, el plazo habrá de empezar de nuevo. 5. La prescripción de los derechos y acciones de la H.P. se INTERRUMPIRAN por: A) ACCION ADMINISTRATIVA

Ï —— requerimientos diligencias a. Cualquier acto — notificaciones administrativo Ì — actas Ó — liquidaciones b. Realizado con conocimiento formal del S.P. reconocimiento ¸ Ï— — regularización ˙ — inspección ˙ de un c. Conducente al Ì — aseguramiento å impuesto devengado comprobación ˙— ˙ — liquidación Ó — recaudación † d. Dichas acciones deben referirse ESPECIFICA y PARTICULARMENTE POR CADA HECHO IMPONIBLE. B) INTERPOSICION DE RECURSOS POR EL OBLIGADO TRIBUTARIO C) ACTUACION DEL S.P. conducente al a. pago b. liquidación

}

de la deuda

6. La prescripción del derecho del pagador se INTERRUMPIRA por: a. Actos del mismo pretendiendo la DEVOLUCION b. Actos de la H.P. reconociendo el ingreso indebido.

❦

❦

156

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

❦

TITULO Naturaleza de la prescripción tributaria

ART. 67

NOTAS BASICAS 1. A diferencia de la civil NO ES ROGADA. 2. No precisa ser

{

— INVOCADA ni — EXCEPCIONADA

}

por el sujeto pasivo.

3. Se aplicara de OFICIO. 4. El ingreso de una DEUDA PRESCRITA es INDEBIDO, y originará su devolución.

❦ Compensación

68

❦

❦

1. a. Es una causa de EXTINCION de las deudas tributarias VENCIDAS-LIQUIDAS Y EXIGIBLES. b. Se podrán compensar

CREDITOS

{

Ï — total ¸ o Ì å contra Ó — parcialmente †

— del deudor — reconocidos

c. Las DEUDAS estarán en fase de RECAUDACION Ï — voluntaria o Ì Ó — ejecutiva

Ï — deudas de EntidaÏ des Públicas 2. La H.P. — de oficio Ì — deudas de otros compensará Ì Ó acreedores Ó — a instancia del obligado al pago

❦ Condonación

69

❦

❦

1. El CREDITO TRIBUTARIO es indisponible para su acreedor, por tanto no puede perdonarlo, ya que tiene la potestad-deber de cobrarlo. 2. Pero el titular del PODER TRIBUTARIO ostenta el poder de CONDONAR por ley. 3. Existe RESERVA de LEY en cuanto a su REGIMEN.

❦

❦

❦ 157

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Insolvencia probada

ART. 70

NOTAS BASICAS 1. Causa patológica de extinción en DOS TIEMPOS. 2. Opera sobre CREDITOS TRIBUTARIOS INCOBRABLES:

a.

Ï — del sujeto pasivo Por declaración de FALLIDO Ì — en su caso del Ó responsable.

b. Declarando PROVISIONALMENTE extinguidas sus deudas. 3. Caso de

{

— no REHABILITACION — dentro de la prescripción

❦ Prelación general de créditos tributarios

71

❦

}

extinción DEFINITIVA

❦

1. Es una GARANTIA específica de los créditos tributarios: a. b. c. d. e.

Establecida a favor de la HACIENDA PUBLICA Que le otorga PRELACION para el cobro De créditos vencidos y no satisfechos Frente a TODO ACREEDOR del obligado tributario Excepto que lo sean con Dchos. REALES INSCRITOS.

2. La doctrina opina que sólo la Hacienda ESTATAL goza de esta garantía. Ï — con otras prelaciones 3. Esta prelación es COMPATIBLE Ì — con derechos Ó de afección

❦

❦

158

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

❦

TITULO

ART.

Responsabilidad por sucesión en la titularidad

72

NOTAS BASICAS 1. a. Es un caso de SUCESION inter-vivos de la deuda tributaria b. Se instrumenta como una figura mixta de Ï — responsabilidad y Ì Ó — y garantía c. Se contempla un CAMBIO del DEUDOR en la R.J.T. preexistente: 1. 2. 3. 4.

por sucesion jurídica inter-vivos en la TITULARIDAD de un negocio o actividad por cualquier concepto de las DEUDAS y RESPONSABILIDADES derivadas

d. Técnicamente supone la EXCLUSION del primitivo S.P. 2. La propia norma establece la forma de LIBERACION: a. para el eventual sucesor b. solicitando CERTIFICACION de la H.P: — detallada — de las deudas y responsabilidades c. que se expedirá con contenido: — negativo, excluyente de responsabilidad — positivo, midiendo tal responsabilidad — SIN CONTESTACION, operando el silencio favorable.

❦ Prelación especial de créditos periódicos

73

❦

❦

1. Se establece una GARANTIA importante y restringida. 2. Titular: La Hacienda estatal, provincial y municipal. Ï — una PRELACION del CREDITO TRIBUTARIO 3. Contenido Ì — absoluta, frente a CUALQUIER Ó ACREEDOR 4. Restringida

Ï — a las deudas de dos ejercicios Ì — por tributos periódicos Ó — sobre bienes o derechos inscribibles

5. Definitivamente se trata de una HIPOTECA LEGAL TACITA. 159

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Derecho de afección

ART. 74

NOTAS BASICAS 1. Es otra GARANTIA en favor de toda H.P. 2. Cuando se transmiten bienes y ello devenga tributos. 3. El tributo se ADHIERE Y AFECTA al bien transmitido: a. Si es INMUEBLE → se le grava con un derecho real de afección que desaparecerá al pagarse. b. Si es MUEBLE → se le grava con una carga, excepto: — si fue adquirido con buena fe y justo título — si fue adquirido en establecimiento mercantil

Ï — la obligación tributaria, liquidada o no 4. La garantía protege Ì — derivada del tributo que graÓ va la transmisión.

❦ Derecho de retención

75

❦

❦

1. Es una GARANTIA en favor únicamente de la H. del Estado 2. Opera preferentemente en el TRAFICO ADUANERO. 3. Se establece un derecho real de RETENCION de los bienes: — que se presenten a DESPACHO — frente a toda persona — por el importe de la deuda liquidada — salvo garantía sustitutoria del pago.

❦ Garantías para los fraccionamientos o aplazamientos

76

❦

❦

1. Si bien la deuda tributaria debe PAGARSE INTEGRAMENTE, el art. 61 autoriza su fracción o aplazamiento. 2. En tales casos, las haciendas acreedoras concedentes: a. podrán exigir garantías a su favor b. de aval, hipoteca o prenda, u otra cualquiera.

160

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 6 Infracciones y Sanciones tributarias TITULO Concepto de infracción tributaria

ART. 77

NOTAS BASICAS 1. Se define SIMILARMENTE al Código Penal a. Se comete infracción por acción y omisión b. En su interpretación y aplicación se aplicarán: — los principios y garantías del Derecho Penal — con ciertos matices favorables a la potestad sancionadora de la H.P. Ï — VOLUNTARIEDAD ANTIJURIDICIDAD c. Características Ì— necesarias — CULPABILIDAD Ó — PUNIBILIDAD

2. 3.

4.

5.

d. Se comete infracción tributaria también por SIMPLE NEGLIGENCIA. El CONTRABANDO queda excluido de la L.G.T. Serán SUJETOS INFRACTORES: a. Tanto las personas físicas como jurídicas b. que realicen las acciones u omisiones tipificadas c. particularmente la L.G.T. EJEMPLIFICA: — los sujetos pasivos — los retenedores y por ingresos a cuenta — la sociedad dominante — entidades en transparencia fiscal — los entes sin personalidad jurídica — las personas que deben colaborar con la H.P. — los representantes legales. Son EXIMENTES específicos del ámbito tributario: — la incapacidad de obrar en los sujetos — la fuerza mayor — los disidentes o no participantes en la decision colectiva — cuando se cumpla con la diligencia necesaria En los casos de eximentes se liquidarán INTERESES DE DEMORA. 161

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO

ART.

NOTAS BASICAS 6. En infracciones que se calificarán de POSIBLES DELITOS: — La H.P. se ABSTENDRA hasta la sentencia firme del Juez — La sanción tributaria es INCOMPATIBLE con la sanción penal

❦

❦

❦

Infracciones simples

78

1. a. El tipo está constituido por INCUMPLIMIENTOS FORMALES b Con independencia del perjuicio económico acarreado a la H.P c. Que NO constituyan infracciones graves 2. Se TIPIFICAN ad exemplun, conductas varias

Infracciones graves

79

1. Se tipifican unas CONDUCTAS que suponen: —incumplimiento de prestaciones tributarias sustantivas —evasión impositiva —resultado perjudicial para la H.P. 2. Tales CONDUCTAS GENERICAS suponen numerus clausus y son: a. DEJAR de INGRESAR, en plazo, las deudas tributarias b. NO DECLARAR correctamente cuando no existe AUTOLIQUIDACION c. DISFRUTAR indebidamente, de: — beneficios fiscales — exenciones tributarias — desgravaciones fiscales — devoluciones de ingresos d. IMPUTARSE improcedentemente cantidades

❦

❦

— para deducir o compensar

❦

{

— en base — en cuota

— en declaraciones-liquidaciones

{

— propias — de terceros

e. Imputación INCORRECTA a socios de — B. Imponibles por entidades sometidas a — cantidades

{

}

Transparencia Fiscal. 162

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Real Decreto 1.930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el Régimen Sancionador Tributario

La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, ha introducido modificaciones esenciales en el ordenamiento jurídico vigente con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica en el marco tributario, así como los derechos y garantías del contribuyente en los procedimientos tributarios. En materia sancionadora estas orientaciones se han considerado prioritarias y de ahí que la citada Ley haya establecido, con vistas al mejor cumplimiento de los objetivos propuestos, que la imposición de sanciones tributarias se realice mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, así como la suspensión de la ejecución de las sanciones tributarias en tanto no sean firmes en vía administrativa, lo que entraña la presentación de los correspondientes recursos o reclamaciones sin necesidad de prestar garantía. La aplicación de estos principios requiere del necesario desarrollo reglamentario en el que se configure un procedimiento sancionador tributario que incorpore tanto los principios contenidos en el artículo 77 de la Ley General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, como los incorporados por la citada Ley 1/1998. Esta configuración del procedimiento sancionador tributario determina necesariamente la modificación del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, al objeto de que este procedimiento se tramite y resuelva de forma separada respecto del procedimiento instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del contribuyente, teniendo en cuenta las características propias de la tramitación y documentación de las actuaciones desarrolladas por la Inspección de los Tributos, al objeto de incorporar la posibilidad de prestar la conformidad o disconformidad con la propuesta de resolución que se formule al contribuyente y, en consecuencia, establecer una tramitación adecuada a cada una de estas diferentes situaciones. Asismismo, el presente Real Decreto desarrolla lo previsto en la Ley General Tributaria en materia de sanciones y, en particular, los criterios de graduación aplicables para su imposición, introduciendo unos criterios que orienten a los órganos administrativos en su actuación; ello permitirá una mayor eficacia y la debida ponderación de la importacia de las conductas de mayor gravedad, evitando el automatismo en la aplicación de las sanciones. 163

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

En consecuencia, con la aprobación del presente Real Decreto se da un importante paso en la lucha contra el fraude fiscal, por cuanto que se instrumenta un procedimiento para la imposición de sanciones en el ámbito tributario, en el que, con el máximo respeto a los derecho y garantías del contribuyente, se tiene en cuenta, también, la necesaria eficacia y agilidad de la Administración tributaria en el ejercicio de su labor sancionadora, la cual constituye un factor de gran importancia en cuanto que restablece la legalidad vigente e incentiva el cumplimiento voluntario. Asimismo, el desarrollo reglamentario de los criterios de graduación de sanciones va a permitir a la Administración tributaria contar con un importante instrumento en el ejercicio de su función, adaptado a las actuales necesidades organizatias y de gestión, así como a los principios que deben inspirar la actuación administrativa, ya que la norma hasta ahora vigente, el Real Decreto 2.631/1985, de 18 de diciembre, sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributarias, ha venido aplicándose, con carácter transitorio, en lo que no se opusiera a la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, lo que evidencia la necesidad de contar con una normativa sancionadora actualizada que desarrolle tanto la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. De acuerdo con lo expuesto, el presente Real Decreto consta de 38 artículos agrupados en seis capítulos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El capítulo I recoge las disposiciones generales y el ámbito de aplicación de la norma. El capítulo II se refiere a la imposición se sanciones pecuniarias por infracciones simples, señalando, en relación con las sanciones previas en la Ley General Tributaria, la aplicación de cada uno de los criterios de graduación previstos en dicha Ley. El capítulo III contempla la imposición de sanciones pecuniarias por infracciones graves, especificando la aplicación de los criterios de graduación de sanciones previstos en la Ley General Tributaria. El capítulo IV hace referencia a la imposición de sanciones no pecuniarias. Por su parte, el capítulo V regula el procedimiento para la imposición de sanciones tributarias, precisando tanto los órganos competentes para su imposición como el desarrollo del procedimiento. El capítulo VI se refiere a la suspensión de la ejecución de las sanciones y desarrolla lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1/1998. Por su parte, la disposición adicional primera prevé una mayor eficacia y celeridad en la comunicación entre órganos administrativos y Tribunales Económico-administrativos para mejor cumplimiento de lo previsto en el presente Real Decreto; la disposición adicional segunda extiende al Impuesto General Indirecto Canario y al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla las menciones contenidas en el Real Decreto al Impuesto sobre el Valor Añadido, y la disposición adicional tercera determina los órganos competentes en materia de procedimientos sancionadores incoados en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio. La disposición transitoria única se refiere a la liquidación de intereses de demora. La disposición final primera da nueva redacción a determinados artículos del Reglamento General de la Inspección de los Tributos e incorpora al mismo nuevos preceptos dedicados al procedimiento sancionador. Por último, las disposiciones finales segunda y tercera se refieren, respectivamente, a la habilitación al Ministro de Economía y Hacienda para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto y a la entrada en vigor del mismo. 164

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Sanciones tributarias

ART. 80

NOTAS BASICAS Pueden ser PECUNIARIAS y otros castigos administrativos. 1. Multas pecuniarias: — de cantidad fija, actualizables por Ley de Presupuestos — de porcentaje proporcional, aplicable sobre: — la cuota tributaria — ingresos debidos no realizados — beneficios o devoluciones indebidas 2. Pérdida, durante un plazo de hasta 5 años de: — obtención de subvenciones públicas — obtención de crédito oficial — obtención de beneficios o incentivos FISCALES. 3. Prohibición, durante un plazo de hasta 5 años de: — con el Estado — celebrar CONTRATOS — con Entes públicos

{

4. Suspensión, por plazo de hasta 1 año, del EJERCICIO de: — profesiones oficiales — empleo o cargo público.

❦

❦

❦

Competencia sancionadora

81

1. Serán acordadas e impuestas por: — el Gobierno — el Ministro — los Directores Generales del Ministerio — los Delegados territoriales — los órganos con competencia para LIQUIDAR 2. La imposición de sanciones NO pecuniarias → EXPEDIENTE ESPECIFICO 3. Los recursos NO suspenden su ejecución 4. Su improcedencia → reembolso avales

Graduación de sanciones

82

1. Toda sanción se graduará en cada caso. 2. Se establecen 6 CRITERIOS de graduación: a. Reincidencia b. Resistencia negativa u obstrucción a la inspección c. Utilización de medios fraudulentos d. Ocultación de datos necesarios e. Incumplimiento FORMAL de deberes f. La trascendencia del incumplimiento para la eficacia en la gestión. 3. Los criterios son aplicables simultáneamente. 4. La CONFORMIDAD del infractor reduce la sanción.

❦

❦

❦

165

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Sanciones por infracción simple

ART. 83

NOTAS BASICAS 1. Cada infracción acarrea multa FIJA Ï — MAXIMO y entre límites Ì Ó — MINIMO 2. Además se TIPIFICAN las siguientes infracciones: a. La falta de presentación de las declaraciones o relaciones al amparo del 111 y 112 L.G.T. b. Los siguientes INCUMPLIMIENTOS CONTABLES: a. inexactitud u omisión de cada operación b. utilización de cuentas indebidas c. transcripción incorrecta de los libros a las declaraciones d. no llevar contabilidad o registros fiscales e. retraso de más de 4 meses f. llevar varias contabilidades diversas de la actividad g. no aportar pruebas y datos contables. c. La inexactitud u omisión de datos en declaraciones censales. d. Incumplimiento de deberes de FACTURACION. e. La no utilización del D.N.I. o N.I.F. f. La resistencia, excusa o negativa ante la inspección para el examen de la contabilidad o registros.

❦ Sanciones no pecuniarias complementarias

84

❦

❦

1. Cada infracción simple del 2.b. del art. 83, si son sancionadas en más de una CUANTIA determinada por ley. 2. Llevan aparejadas ADEMAS las sanciones NO PECUNIARIAS durante un plazo de 2 años de: — pérdida automática de beneficios e incentivos — pérdida automática de subvenciones y crédito oficial — pérdida automática de contratos con el Estado y entes.

❦ Sanciones a entidades de crédito

85

❦

❦

Cuando el INFRACTOR sea una entidad bancaria se le aplicarán: 1. Las sanciones previstas en el artículo 83. 2. ADEMAS, las previstas en L.O.Bancaria.

166

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO

Sanciones a profesionales o funcionarios

ART.

86

NOTAS BASICAS

Cuando el INFRACTOR sea

Ï — autoridad ¸ Ì — funcionario å Ó — profesional oficial † se

le aplicarán: 1. Las multas previstas en el art. 83. 2. ADEMAS, la suspensión TEMPORAL.

❦ Sanciones por infracción grave

87

❦

❦

1. Será multa proporcional desde el 50% al 150% 2. Siempre comportan intereses de demora 3. a. Cuando el PERJUICIO represente — más del 50% de la DEUDA — exceda de 5.000.000 Ï — resistencia, — concurran Ì — medios frauduÓ lentos

Ï Ì Ó

b. Además se sancionará con

Ï — subvenciones Ï — PERDIDA de Ì — crédito oficial Ì Ó — incentivos fiscales Ó — PROHIBICION de contratos públicos

❦ Sanciones especiales por infracción grave

88

❦

❦

1. Se TIPIFICAN las siguientes INFRACCIONES: a. Declarar indebidamente partidas NEGATIVAS de futuro b. Imputar indebidamente partidas por las entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal. c. No ingresar tributos repercutidos o cantidades retenidas. 2. Se prevén multas pecuniarias proporcionales específicas sobre las cantidades indebidamente declaradas, imputadas o no ingresadas.

❦

❦

❦ 167

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Extinción de las sanciones

ART. 89

NOTAS BASICAS 1. Se prevén tres modos de extinguir la RESPONSABILIDAD derivada de las infracciones: a. El PAGO que lo es de una obligación accesoria Ï — del derecho a sancionar b. La PRESCRIPCION Ì — del derecho al cobro de Ó las sanciones c. La CONDONACION o perdón de las sanciones. 2. La CONDONACION

Ï — es graciable y discrecional Ì — excepcional y criticable Ó — requiere solicitud previa

3. La muerte de un infractor origina la TRANSMISION de sus OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES: — tanto liquidadas como por liquidar — todo el contenido pendiente de la R.J.T. — se exceptúa el «beneficio de inventario» — EN NINGUN CASO SERAN TRANSMISIBLES LAS SANCIONES. Ï DISOLUCION ¸ Ï SOCIEDADES ¸ Y Y å de Ì å ori4. La Ì Ó LIQUIDACION † Ó ENTIDADES † gina la TRANSMISION de sus OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES: — tanto liquidadas como por liquidar — todo el contenido pendiente de la R.J.T. — INCLUIDAS LAS SANCIONES — se transmiten a los SOCIOS O PARTICIPES — responderán SOLIDARIAMENTE según sus tantos por cientos (%)

❦

❦

❦

168

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO 3 La Gestión Tributaria CAPITULO PRIMERO Los Organos administrativos

TITULO Separación funcional

ART. 90

NOTAS BASICAS 1. Las funciones de la H.P. se ejercitan en orden a la EXACCION. Ï — la liquidación y la recaudación 2. Se desenvuelven en 2 órdenes Ì — la revisión de las Ó reclamaciones. 3. Se encomiendan a ORGANOS de la H.P. DIFERENTES.

❦

❦

❦

Competencia material

91

1. Los diferentes órganos tendrán asignadas materias competenciales 2. Dichas competencias se determinarán en sus Reglamentos orgánicos

Competencia territorial

92

1. La H.P. se organiza central y periféricamente. 2. Periféricamente se delimitan territorios para los órganos. 3. Los órganos tanto para gestión como para revisión deben tener competencia «ad casun». 4. Para gestionar serán competentes en función: — bien del lugar donde RADIQUEN los H.I. — bien del DOMICILIO de los sujetos — bien del lugar de la ACTIVIDAD ADMINIVA. — bien del lugar de las TRANSMISIONES. 5. Para REVISAR y resolver serán competentes: — por la sede del órgano que dictó el acto de gestión.

❦

❦

❦

169

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Competencia orgánica

ART. 93

NOTAS BASICAS 1. En general es competente el órgano PROVINCIAL 2. El órgano central deberá tenerla expresamente atribuida.

❦ Incompetencia

94

❦

❦

1. La incompetencia de un órgano deber ser declarada: — de oficio — a instancia de parte. 2. Tal declaración se hará conforme a la L.P. Adminstrativa.

❦ Actuación en caso de incompetencia

95

❦

❦

1. a. La H.P. no puede desatender los actos de los contribuyentes. b. La actuación de los particulares siempre produce Ï competencia ¸ o å del órgano efecto al margen de la Ì Ó incompetencia † 2. Si el órgano se estimara incompetente, atendería al actuante: — remitiendo las actuaciones al competente — remitiendo al particular al competente.

170

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 2 La colaboración social en la gestión tributaria

TITULO

ART.

NOTAS BASICAS

Grupos sociales de colaboración

96

1. Prevé la Ley algún tipo de colaboración en la gestión. 2. Pensada para el régimen de Estimación Objetiva. 3. Encuadra dicha colaboración a través de GRUPOS DE CONTRIBUYENTES. 4. Es una norma de reenvío a la particular de cada tributo. 5. Enfatiza la colaboración en la normativa.

Actuación y naturaleza de los grupos

97

1. La Ley de cada tributo fijará la composición y actuación de los grupos de contribuyentes. 2. La Ley podrá otorgarles carácter de órgano de la H.P. en su caso.

❦

❦

❦

❦

❦

❦

Designación de representantes

98

1. Los grupos de colaboración actuarán por representantes. 2. Prohíbe ser representantes a las personas INHABILITADAS.

Derechos y deberes de los representantes

99

1. Atribuye como derechos: — recabar información — proponer comprobaciones administrativas 2. Les carga con los deberes de: — lealtad hacia la H.P. y asociados — guardar secreto profesional.

❦

❦ Adopción de acuerdos

100

❦

❦

❦

❦

1. Se prevén votaciones SEPARADAS de

Ï — los grupos Ì — los funcioÓ narios

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría. 171

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 3 El Procedimiento de Gestión Tributaria

TITULO Modos de iniciación del procedimiento

ART. 101

NOTAS BASICAS Tres son los previstos: 1. por DECLARACION o iniciativa del S.P. u obligando a ingresar 2. de OFICIO por actuación de los órganos gestores 3. por INVESTIGACION de la H.P. ante H.I. presuntos.

❦ Declaración tributaria

102

❦

❦

1. a. Constituye el modo normal para los IMPUESTOS, ya que no actúa en el campo de las tasas ni de las C. especiales. b. Es un acto de un particular legítimamente interesado en el procedimiento de liquidación. c. Contenido y notas: — es una MANIFESTACION o RECONOCIMIENTO ante la H.P. — realizada por el particular ESPONTANEAMENTE — de DATOS de hecho y/o de derecho, de presuntos H.I. — ordinariamente en forma ESCRITA. 2. a. La declaración no presupone la existencia del impuesto. — no acepta b. El declarante — ni reconoce en principio la pro-

{

}

cedencia del gravamen c. El declarante cumple un deber instrumental. 3. Se prohíben las declaraciones bajo juramento. 4. La simple presentación de cualquier documento, que Ï — contenga ¸ o Ì å algún H.I., se estimará por la H.P. Ó — constituya † como una declaración tributaria. 172

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Denuncia pública

ART. 103

NOTAS BASICAS 1. a. Artículo dedicado a la ACCION de DENUNCIA. Ï — NO arrastra necesariamente la investigación b. La denuncia Ì — PUEDE iniciar una actuación Ó investigadora. c. Distingue la denuncia del DEBER de COLABORACION.

2. El denunciante

Ï — NO es INTERESADO en el procedimiento Ì — NO está LEGITIMADO para Ó recurrir

3. Su desarrollo queda para los Reglamentos.

❦

Facultad de requerir datos

104

❦

❦

declaraciones Ï —— recabar pedir ampliar las decla1. Se faculta a la H.P. para Ì raciones — pedir subsanación de Ó defectos. 2. No atender a la H.P. puede

Ï — constituir infracción Ì — ser negativa, resisÓ tencia, etc.

3. Es una potestad administrativa que desarrolla el art. 36.

❦ Plazos en las actuaciones

105

❦

❦

1. Se faculta a la H.P. para REGLAMENTAR los PLAZOS. 2. a. Su INOBSERVANCIA Ï — por los particulares constituye INFRACCION

Ì — por la H.P. Ó

{

— NO implica CADUCIDAD — los S.P. pueden QUEJARSE

b. Es una manifestación de la DISTINTA POSICION SUBJETIVA en que la R.J.T. posiciona

{

— a la H.P. → ACTIVA — al particular → PASIVA 173

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Reclamación en queja

ART. 106

NOTAS BASICAS 1. Ante actuaciones procedimentales INCORRECTAS de la H.P.: — se autoriza a reclamar en queja — a cualquier interesado legitimamente — en todo momento ANTES de la resolución. 2. La queja

{

— puede desestimarse sin más — puede estimarse, incoando expediente.

❦ Consultas a la administración

107

❦

❦

1. a. Se otorga a los particulares un DERECHO a consultar, pero NO EL DEBER correlativo de responder para la H.P. b. Serán debidamente documentadas. Ï — el régimen ¸ TRIBUc. Versarán acerca de Ì — la clasificación å TARIA Ó — la calificación † d. Legitimados para consultar: los S.P. y demás OBLIGADOS. 2. a. La H.P. puede

b. Su respuesta

{

— NO contestar sin más — contestar, lo que interprete

INFORMACION Ï —— esNOMERA es acto administrativo recurrible Ì — NO la vincula en su gestión, salvo casos específicos. Ó — es una mera interpretación.

3. Supuesto que el S.P. reciba una CONTESTACION a su consulta, NO INCURRIRA en RESPONSABILIDAD: — si su consulta fue COMPLETA — si los antecedentes no se hubieran alterado Ï — antes de ocurrir el H.I. — si se formuló Ì — dentro del plazo para DECLAÓ RARLO. 4. a. La contestación NO es recurrible. b. El acto administrativo basado en la contestación SI es recurrible. 5. La COMPETENCIA para contestar corresponde a los órganos directivos del Ministerio de Hacienda. 174

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Rectificación de errores

ART. 108

NOTAS BASICAS Se faculta a la H.P. para rectificar: — ERRORES materiales, aritméticos o de hecho — durante TODO el PROCEDIMIENTO de GESTION — a instancia del interesado — sea promovida — de oficio.

{

❦ Facultad de comprobación e investigación

109

❦

❦

1. En orden a la exacción de los tributos se otorga a la Ï COMPROBAR ¸ e å todo cuanto H.P. la facultad de Ì Ó INVESTIGAR †

Ï — integre ¸ o Ì å el H.I. Ó — condicione † 2. Se comprobarán las declaraciones presentadas: — definiendo en firme los elementos del H.I. — cuantificando las bases imponibles. 3. La H.P. investigará

❦ Medios de comprobación e investigación

110

Ï — los H.I. NO DECLARADOS Ì — los H.I. declarados parcialÓ mente

❦

❦

1. El ejercicio de la facultad se llevará a cabo: a. mediante el EXAMEN de toda DOCUMENTACION b. por la INSPECCION de bienes, explotaciones, etc. 2. Es comprobable TODO lo necesario para determinar un tributo.

❦

❦

❦ 175

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Colaboración del público con la administración

ART. 111

NOTAS BASICAS 1. Toda persona proporcionará a la H.P. cualquier dato con trascendencia tributaria acerca de otros. 2. Tal información se dará con carácter general, o a requerimiento individualizado de la H.P. 3. El secreto bancario no podrá excusar tales deberes. 4. Los funcionarios y profesiones oficiales deberán suministrar toda información con trascendencia tributaria. 5. Los profesionales liberales no tendrán que proporcionar datos privados que conozcan y que deba amparar el secreto profesional. 6. La información con trascendencia tributaria sólo podrá ser utilizada por la H.P. para: — fines tributarios propios del Ministerio de Hacienda — denuncia de presuntos delitos — debe guardarse estricto y completo SIGILO.

❦ Obligación de suministrar datos

112

❦

❦

1. Se establece un DEBER genérico: — a cargo de quienes ejerzan funciones públicas — a favor de la H.P. — consistente en: a. prestar APOYO a sus agentes para sus funciones b. suministrar información con trascendencia tributaria: — por disposiciones generales — por requerimientos concretos. 2. Extiende tal deber a Partidos y Sindicatos. 3. Extiende tal deber a los Tribunales, pero respetando el secreto de las diligencias sumariales.

❦ Utilización administrativa de datos

113

❦

❦

1. Se consagra el caracter RESERVADO de los datos obtenidos en las funciones tributarias y se ordena el SIGILO a los funcionarios. 2. La H.P. deberá publicar: — cuando lo establezcan los Reglamentos — la IDENTIDAD y datos de las personas: — sancionadas por DETERMINADAS infracciones graves — sentenciadas por delitos contra la H.P.

176

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Obligación de prueba

ART. 114

NOTAS BASICAS 1. En los dos órdenes procedimentales: — el de GESTION para la exacción — el de RESOLUCION para las reclamaciones quien haga valer su derecho deberá probar los hechos, sea: — la Hacienda Pública — los particulares interesados. 2. Los particulares cumplirán su prueba, designando los elementos de la misma en poder de la Administración.

❦ Aplicación del C.C. y de la L.E.C.

115

❦

❦

1. En general los preceptos del C.C. y de la L.E.C. se aplicarán — para los MEDIOS de prueba ¸ en los procedi— para la VALORACION de las å mientos pruebas † 2. Las excepciones a tales preceptos serán expresas.

❦ Presunción de certeza de las declaraciones

116

❦

❦

1. Las manifestaciones fácticas contenidas en las declaraciones tributarias, se presumen ciertas en principio. 2. Ello no impide su comprobación por la H.P. 3. Pueden estar viciadas de ERROR DE HECHO: — lo que deberá PROBARSE por el declarante — lo que permitirá su RECTIFICACION por el declarante.

Ï — aceptación

4. Su veracidad no implica la Ì

¸

de la procedencia o å del gravamen. Ó — reconocimiento †

❦ La confesión

117

❦

❦

1. a. La confesión es un MEDIO de prueba más en el procedimiento. b. Sólo puede versar sobre supuestos de hecho. 2. a. El declarante no se convierte en S.P. por su confesión b. El RESULTADO de la aplicación de las normas tributarias no puede alcanzarse a través de la confesión. 177

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Presunciones tributarias

ART. 118

NOTAS BASICAS 1. Las LEYES, no otras normas, pueden establecer PRESUNCIONES TRI BUTARIAS: — normalmente son normas antifraude — deben interpretarse restrictivamente — serán «iuris tantun», admitiendo la prueba en contra — la prohibición de prueba en contrario, sera EXPRESA. 2. La presunción ordinaria, como un medio de PRUEBA en el procedimiento tributario, sólo se podrá alegar RESTRICTIVAMENTE.

❦ Titularidad jurídicotributaria

119

❦

❦

1. Se establece una PRESUNCION TRIBUTARIA de titularidad al amparo de la fe pública registral, o de Registros fiscales — para todo bien, derecho, función o empresa. 2. La presunción tributaria admite prueba en contra de la presunta titularidad.

178

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 4 Las Liquidaciones tributarias

TITULO Clases de liquidaciones

ART. 120

NOTAS BASICAS 1. Las liquidaciones de los tributos, como actos admiÏ — PROVISIONALES o nistrativos, serán: Ì Ó — DEFINITIVAS 2. Adquirirán la consideración de DEFINITIVAS: a. las practicadas PREVIA comprobación administrativa b. las giradas sobre bases firmes señaladas c. las provisionales no comprobadas dentro del plazo. 3. Cualquier otra liquidación será PROVISIONAL — a cuenta — complementarias — cautelares — parciales — totales

Ï Ì Ó

❦ No vinculación de las declaraciones al liquidar

121

❦

❦

1. a. El acto de liquidar es independiente de la declaración b. Las declaraciones NO vinculan a las liquidaciones. 2. Se habilita a la Administración a — comprobaciones abreviadas — liqu. provisionales DE OFICIO

❦ Bases tributarias relacionadas

122

❦

❦

1. Se prevé la incidencia que las B.I. de un tributo ejerzan sobre la determinación de la B.I. de otro tributo. 2. Mientras la B.I. determinante no adquiera firmeza, la liquidación del otro tributo será PROVISIONAL. 179

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Liquidación provisional de oficio

ART. 123

NOTAS BASICAS 1. Habilita a liquidación provisional DE OFICIO: — según datos declarados — según pruebas preconstituidas — previas a devoluciones tributarias 2. Habilita COMPROBACIONES ABREVIADAS. 3. Deberá manifestarse el expediente.

❦ Notificación de liquidaciones

124

❦

❦

1. Para su eficacia toda liquidación debe ser notificada: a. expresando sus elementos esenciales b. medios de impugnación y órgano para interposición c. modo de satisfacer la deuda tributaria, en su caso. 2. La liquidación definitiva debe notificarse, incluso cuando no rectifique y confirme otra provisional. 3. En los tributos gestionados DE OFICIO, podrán ser notificadas COLECTIVAMENTE sus liquidaciones. 4. La Administración puede evitar la notificación de la liquidación, advirtiéndole al declarante.

❦ Notificaciones defectuosas

125

❦

❦

1. Una notificación radicalmente DEFECTUOSA surtirá efecto a partir de: — que el S.P. se dé por notificado expresamente — que el S.P. interponga un recurso — que el S.P. ingrese la deuda tributaria. 2. Una notificación levemente defectuosa se SUBSANARA: — transcurridos seis meses — siempre que contenga el TEXTO INTEGRO DEL ACTO — si el notificado NO HACE PROTESTA FORMAL.

180

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación

I El anterior Reglamento General de Recaudación fue aprobado por Decreto 3.154/ 1968, de 14 de noviembre. Sí es cierto que el paso de veintidós años sobre cualquier norma puede producir un envejecimiento de la misma, ello es especialmente aplicable a las que regulan los procedimientos de la Administración financiera española, pues es evidente que la de 1968 es muy distinta, cuantitativa y cualitativamente, de la actual, como lo es la realidad social en que se inserta. Al citar los hechos más relevantes para la Hacienda Pública de esta nueva realidad social, surge en primer lugar la Constitución Española, diez años posterior al Reglamento que ahora se deroga, la cual crea una nueva organización territorial del Estado que incide claramente en el ámbito de aplicación de este Reglamento. No menos importante es el establecimiento en la propia Constitución de una serie de principios presupuestarios y tributarios que deben tener reflejo en toda la normativa que regula la actividad financiera del Estado. En otros órdenes, cabe resaltar la integración de España en las Comunidades Europeas, la evolución de la sociedad hacia un predominio del sector de servicios, la progresiva sustitución de los patrimonios materiales por patrimonios predominantemente financieros o la de medios de pago en efectivo por anotaciones en cuentas por medios electrónicos. II Por las razones apuntadas, la función recaudatoria estatal en los últimos años ha sido objeto de importantes reformas, entre las cuales, el Real Decreto 1.327/1986, de 13 de junio, supone un hito, al establecer la asunción completa por los órganos ordinarios de la Hacienda Pública de la gestión recaudatoria, que anteriormente estaba encomendada en buena parte a Entidades concesionarias y Recaudadores. Paralelamente, las sucesivas Leyes de Presupuestos en los últimos años, a partir de 1983, han ido ofreciendo a las Corporaciones Locales la posibilidad de asumir la recaudación de los tributos locales, opción que ha sido ejercida por la mayoría de ellas y que quedará cerrada definitivamente cuando se cumplan las previsiones de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se le atribuye a las propias Corporaciones Locales. 181

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Queda así deslindada la función a realizar por los órganos de recaudación estatales: a) La recaudación en período voluntario, por su vinculación directa con la gestión de los recursos, será ejercida por los gestores de dichos recursos. En el caso de los recursos tributarios, son las propias Delegaciones y Administraciones de Hacienda las competentes. Los demás recursos serán recaudados, salvo excepciones, por los órganos de la Administración general o por los Organismos autónomos a los que esté encomendada dicha gestión. b) La recaudación ejecutiva del Estado (Administración general) y sus Organismos autónomos será ejercida por los órganos de recaudación de la Hacienda Pública. Las modificaciones estructurales descritas han sido establecidas en diversas normas, pero faltaba su plasmación sistemática en el Reglamento General de Recaudación, tarea ésta que hacía imprescindible este nuevo cuerpo normativo, ya que el anterior había quedado por completo inadaptado a la estructura real de la función recaudatoria. Pero el ámbito del Reglamento General de Recaudación no se agota en la recaudación estatal. Por una parte, la Ley de Cesión de Tributos del Estado declara aplicables a los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas los Reglamentos generales dictados en desarrollo de la Ley General Tributaria. Por otra parte, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. Dentro del siempre difícil equilibrio entre las competencias del Estado de los demás Entes territoriales, el presente Reglamento trata de salvaguardar tanto la esfera de la autonomía de dichos Entes como la seguridad jurídica de los administrados frente a una multiplicación de procedimientos recaudatorios distintos según sea el Ente local o autonómico titular de los créditos. III El sistema recaudatorio anterior estaba regulado básicamente en tres normas con rango de Decreto: El ya citado Reglamento General de Recaudación, aprobado por Decreto 3.154/1986, de 14 de noviembre. La Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969, de 24 de julio. El Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria y del Personal Recaudador del Ministerio de Hacienda, aprobado por Decreto 3.286/1969, de 19 de diciembre. Esta regulación tripartita estaba prevista en la exposición de motivos de la primera de ellas, según la cual el Reglamento General de Recaudación recogía las normas de procedimiento, una Instrucción General de Recaudación recogería las reglas contables y otra norma recogería el Estatuto Jurídico del Personal Recaudador y los aspectos orgánicos del servicio. De las tres normas citadas ha persistido, con las modificaciones requeridas por el paso del tiempo, el Reglamento General de Recaudación que ahora se deroga. 182

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

El Estatuto Orgánico quedó vacío de contenido al cumplirse las previsiones del Real Decreto 1.327/1986, de 13 de junio, y, en consecuencia, ha sido derogado por el Real Decreto 1.451/1987, de 27 de noviembre, por el que se regula el cese de las encomiendas del Servicio de Recaudación, de los Recaudadores de Hacienda y de los Recaudadores de Zona. En cuanto a la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad hay que decir que ya nació con un contenido distinto del previsto, seguramente por exigencias prácticas. En su primera parte, reglas 1 a 131, se establecían normas de procedimiento, complementarias (a veces rectificadoras) de las del Reglamento. En la segunda parte reglas 132 al final, se regulaba la contabilidad y estadística de la recaudación. La primera parte debe seguir el mismo camino que el Reglamento y, en consecuencia, queda derogada al entrar en vigor éste. La segunda parte, que también se deroga ahora expresamente, ya había quedado vacía con la implantación, a partir del Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, de un nuevo sistema de información contable en la Administración del Estado y, en especial, con la publicación sucesiva de las diversas Instrucciones de Contabilidad creadas en aplicación de dicho Real Decreto. IV En el nuevo Reglamento se ha mantenido básicamente la estructura del Reglamento anterior debido a que, sin ser la única posible, conserva su validez y su mantenimiento tiene la ventaja añadida de facilitar a los usuarios su utilización. En relación con su contenido, deben hacerse las siguientes consideraciones: El Reglamento es una norma de desarrollo de las leyes que regulan los tributos y demás recursos de Derecho público y, en especial, de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (principalmente del capítulo I del título b, y Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (principalmente del capítulo V del título II y capítulo V del título III). Su contenido es principalmente procedimental. No obstante, contiene disposiciones que no son puramente de procedimiento, sin sobrepasar su condición de normas de desarrollo de otras de rango superior. Como procedimiento, se trata de uno de los que gozan de regulación especial, previsto en el artículo 1.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo enumerado expresamente en el Decreto de 10 de octubre de 1958, artículo 1.10. Con carácter general, se han introducido en el nuevo Reglamento las modificaciones necesarias para adaptarlo a la nueva estructura orgánica de la función recaudatoria, sustituyendo los antiguos órganos de recaudación por los actuales. Asimismo, se ha acomodado su articulado al objeto y ámbito recaudatorios actuales, que refieren la gestión recaudatoria a los tributos y demás ingresos de Derecho público del Estado y sus Organismos autónomos, por un lado, y a los demás Entes territoriales, por otro. Al igual que en el anterior Reglamento predominan las referencias expresas a los órganos de la Hacienda Pública general frente a las referidas a los demás Entes 183

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

territoriales, por la razón fácilmente comprensible de la variedad orgánica de estos Entes y por la ya citada del respeto a su autonomía. El título preliminar, disposiciones generales, contiene como el anterior sendos capítulos dedicados a la gestión recaudatoria, órganos recaudadores, obligados al pago y domicilio. Aparte las modificaciones de carácter general, ha sido actualizado este título teniendo en cuenta tanto la gestión recaudatoria en relación con otras Administraciones públicas como las aportaciones doctrinales en materia de obligados y responsables. El libro I está dedicado a la extinción de las deudas. En él, su título I, pago o cumplimiento, conserva buena parte del Reglamento anterior, actualizado teniendo en cuenta, entre otras normas, la legislación cambiaria más reciente. En cambio, el capítulo VII, dedicado al aplazamiento y fraccionamiento del pago, ha sido objeto de importantes modificaciones para su transformación en un medio ordinario de gestión recaudatoria. Este capítulo puede ser aplicado por los Entes territoriales en defecto de regulación específica propia. En el título II de dicho libro, otras formas de extinción de las deudas, destaca la actualización de las normas dedicadas a la compensación. El libro II, que comprende, como en el Reglamento anterior, el procedimiento de recaudación en período voluntario, ha sido objeto de sustanciales modificaciones para su adaptación al ámbito recaudatorio actual y para la actualización de su contenido con vistas a una gestión recaudatoria eficaz. El libro III está dedicado al procedimiento de recaudación en vía de apremio. Su título I comprende el procedimiento de apremio propiamente dicho, en el que destacan, entre las numerosas modificaciones introducidas, las que afectan a las disposiciones generales, ingresos en el procedimiento de apremio, embargo de bienes, depósito y enajenación de bienes embargados. El título II del mismo libro, dedicado a la adjudicación de bienes al Estado, ha sido igualmente actualizado. En los títulos III, créditos incobrables; IV, finalización del expediente de apremio, y V, recaudación por el Estado de créditos a favor de otros Entes, se han introducido modificaciones, principalmente en el III, tendentes a la obtención de una gestión más ágil, sin merma de las garantías jurídicas. El título VI del mismo libro está dedicado a regular las reclamaciones previas de tercerías. En su nueva regulación se prevé la delegación de competencias con vistas a una más rápida resolución de las cuestiones controvertidas. El libro IV, de contenido similar al del Reglamento anterior, ha sido adaptado a la situación actual, una vez asumida la gestión recaudatoria por órganos directos de la propia Administración. Contiene, asimismo, este Reglamento disposiciones transitorias en que se dictan reglas para situaciones limitadas temporalmente. Finalmente, entre normas ad hoc, se citan las disposiciones que se derogan y la fecha de entrada en vigor de este Reglamento. En su virtud, a propuesta del Minisro de Economía y Hacienda, con aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 20 de diciembre de 1990, dispongo: Artículo único. Se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuyo texto se inserta a continuación. 184

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 5 La Recaudación

TITULO Exigibilidad de las liquidaciones

ART. 126

NOTAS BASICAS 1. a. La obligación tributaria se CONSTITUYE en deuda tributaria LIQUIDA cuando se ha liquidado. b. La deuda tributaria líquida, se hace EXIGIBLE cuando es notificada reglamentariamente. c. Las deudas líquidas notificadas al S.P. constituyen a éste en DEUDOR TRIBUTARIO. 2. La recaudación constituye el ejercicio de una función por parte de la H.P. que podrá realizarse: a. por pago voluntario b. en período ejecutivo, a partir de: — el día siguiente al vencimiento del plazo — tras el fin del plazo de autoliquidación

❦ Recaudación por vía de apremio

127

❦

❦

1. El período ejecutivo acarrea al deudor apremiado: a. el cobro adicional de un RECARGO DE APREMIO b. el cobro adicional de INTERESES DE DEMORA c. satisfacer las COSTAS del procedimiento 2. El período ejecutivo significa el APREMIO sobre el patrimonio del deudor mediante un procedimiento administrativo y extraordinario en favor de la H.P. para satisfacer sus créditos. 3. Se iniciará mediante PROVIDENCIA notificada al deudor que constituye TITULO ejecutivo para proceder contra bienes del deudor apremiado. 4. Tras el impago se irá al EMBARGO. 185

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Procedimiento de apremio: medidas cautelares

ART. 128

NOTAS BASICAS 1. La H.P. podrá adoptar medidas cautelares que — requerirán riesgo de impago — proporcionalidad a la deuda — que deberán levantarse, desaparecido el riesgo. 2. Podrán consistir en: — embargo preventivo de

Ï — bienes Ì — derechos Ó — dinero

— cualquier otra prevista en una ley.

❦ Naturaleza de la vía de apremio

129

— exclusivamente administrativo — no acumulable a otros ejecutivos.

130

131

❦

❦

1. Si la deuda está garantizada, la H.P. la EJECUTARA previamente.

❦ Embargo de los bienes

❦

1. El procedimiento de apremio es:

❦ Ejecución de garantías

❦

❦

❦

1. Si las garantías no existieran o fueran insuficientes se efectuará el EMBARGO sobre los bienes hasta cubrir: a. la deuda tributaria impagada b. los recargos, intereses y costas originadas posteriormente. 2. El embargo guardará un ORDEN en la TRABA: a. de los bienes o derechos líquidos a los ilíquidos. b. del DINERO a los valores realizables a largo plazo. 3. la Ley instituye como RESPONSABLES TRIBUTARIOS SOLIDARIOS: — a los depositarios de bienes embargables — que conociendo el embargo — colaboren o consientan en su levantamiento.

186

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Embargo de valores y otros

ART. 132

NOTAS BASICAS La H.P. está habilitada para: — embargar cuentas bancarias genericamente — concretar los valores depositados a ser trabados — respetando a otros cotitulares de las cuentas — respetando la L.E.C. si la cuenta fuera de sueldos.

❦ Facultad de investigar bienes

133

❦

❦

1. La H.P. está autorizada para: — investigar los bienes de los apremiados — requerir informaciones sobre los bienes — efectuar registros en domicilios previa autorización. 2. Sus actuaciones habrán de: — diligenciarse con valor de documentos públicos — sus funcionarios serán agentes de autoridad.

❦ Procedimiento en el embargo

134

❦

❦

1. Cada actuación de EMBARGO: — se documentará en DILIGENCIA — se NOTIFICARA al deudor. 2. Si son INMUEBLES → anotación preventiva. 3. Si son MUEBLES → depósito. 4. Si empresa → funcionario interventor.

❦ Suspensión del procedimiento de apremio

135

❦

❦

El procedimiento se suspenderá: — ante RECURSOS con garantías — SIN garantías cuando el deudor DEMUESTRE: — ERROR al determinar la deuda apremiada

Ï —— ingresada condonada — que la deuda está Ì — compensada — aplazada Ó — suspendida 187

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Reclamación por tercería

ART. 136

NOTAS BASICAS 1. Los terceros afectados pueden formular TERCERIAS. 2. El apremio de SUSPENDERA previas garantías.

❦ Enajenación de bienes embargados

137

1. Los bienes embargados SE ENAJENARAN

❦

Ï — subasta Ì — concurso Ó — adjudicación

2. Si NO enajenación → adjudicación a la H.P. 3. Siempre pueden liberarse los bienes PAGANDO.

❦ Oposición a la vía de apremio

❦

138

❦

❦

1. La Ley permite al deudor apremiado OPONERSE a la procedencia de la propia vía de apremio. 2. Procedimentalmente es un supuesto diferente a la solicitud de suspensión, aunque debe causar tal efecto. 3. Sólo cabe invocar los MOTIVOS TASADOS siguientes: a. pago o extinción b. prescripción c. aplazamiento

¸ å de la deuda apremiada †

d. falta de notificación reglamentaria de la liquidación, o anulación o suspensión. 4. Por lógica NO parece que se exijan GARANTIAS.

❦ Competencia funcional

139

❦

❦

Corresponde al Ministerio de Hacienda el ejercicio de la vía de apremio, salvo precepto en contrario.

188

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos (BOE de 14 de mayo. Corrección de errores BOE de 1 de agosto y 2 de octubre)

I La Constitución Española dispone en el apartado primero de su artículo 31 que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». La realización efectiva de este valor constitucional exige la eficacia en la actuación de unos Organos fundamentales en la gestión tributaria como son los que constituyen la Inspección de los Tributos. De este modo la inspección tributaria tiene como razón de ser y objetivo primordial preservar la virtualidad de un mandato constitucional, encauzar la gestión de los tributos de manera que la justicia constitucional que inspira las leyes tributarias no resulte menoscabada en el plano de la realidad social como consecuencia de una deficiente aplicación de las normas jurídicas. La Ley General Tributaria constituye la clave del ordenamiento jurídico tributario español. Ya en el momento de su promulgación el artículo 9 de este Cuerpo legal preveía la aprobación de una serie de reglamentos ejecutivos y, entre ellos, el Reglamento de Inspección. Sin embargo, esta loable previsión no ha tenido hasta hoy cumplimiento, agravándose de este modo la relativa parquedad de la ley a la hora de abordar la regulación de la Inspección de los Tributos. Evidentemente, la ausencia de un Reglamento de Inspección no ha podido subsanarse mediante el mantenimiento de la vigencia más bien formal del viejo Reglamento aprobado por Real Orden de 13 de julio de 1926. Tampoco ha sido suficiente la promulgación sucesivamente de distintas normas que han abordado particularmente la regulación de la documentación de las actuaciones inspectoras y el régimen de las liquidaciones tributarias derivadas de las mismas, y la última de las cuales es el Real Decreto 2.077/1984, de 31 de octubre. Ha sido, pues, una necesidad sentida en todos los sectores afectados la relativa a la promulgación de un Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Este 189

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Cuerpo normativo debe tener como objetivo primero conciliar la efectividad de los valores constitucionales de justicia tributaria, y, por tanto, la eficacia en la actuación de la Inspección en los Tributos, con las garantías, asimismo, constitucionales de los ciudadanos y la necesidad de un actuar de la Administración Pública que perturbe en la menor medida posible la vida de los administrados y les suponga un servicio adecuado a un moderno Estado de Derecho. Así pues, el momento de afrontar este desarrollo reglamentario había llegado hace tiempo y suponía una exigencia patente pendiente de cumplimiento. Dar debida satisfacción a tal exigencia y colmar esta laguna normativa es el propósito de este Real Decreto de aprobación del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, el cual desarrolla básicamente los artículos 140 a 146 de la Ley General Tributaria, modificados parcialmente y en fecha reciente por la Ley 10/1985, de 26 de abril. II La Inspección de los Tributos puede ser entendida desde una doble perspectiva, como actividad encuadrada en la gestión tributaria y como conjunto de Organos de la Administración de la Hacienda Pública que desarrollan tal actividad como consecuencia de las funciones que tienen encomendadas. El Reglamento concibe la inspección fundamentalmente desde una perspectiva orgánica pero sin olvidar esa dualidad conceptual y tratando precisamente de establecer el procedimiento a observar por la Inspección de los Tributos al desarrollar las funciones típicas de inspección tributaria que tiene atribuidas. Al tratar de las funciones de la Inspección de los Tributos es preciso analizar el artículo 140 de la Ley General Tributaria a la luz de la evolución experimentada por la gestión de los tributos en los últimos años. Todavía la Ley General Tributaria concebía la gestión tributaria basándola en liquidaciones practicadas en todo caso por la Administración y notificadas al sujeto pasivo. La evolución posterior de dicha gestión ha estado presidida por una expansión del sistema de declaraciones-liquidaciones, de modo que es el propio administrado quien materialmente realiza las operaciones de liquidación tributaria, asumiendo no sólo las tareas de cálculo, sino especialmente las de calificación jurídica que ello supone. Esta situación de la gestión tributaria es la que debe ser afrontada por la Inspección de los Tributos, diversificando sus funciones, que ya no pueden comprender simplemente la investigación de hechos imponibles desconocidos para la Administración y de sencilla configuración. La Inspección de los Tributos supone una actividad esencialmente de comprobación o verificación del carácter exacto y completo de las declaraciones-liquidaciones practicadas por los administrados. Al abordar la organización de la Inspección de los Tributos han de guardarse los principios rectores hoy de la propia organización en general de la Función Pública, sin perjuicio de las matizaciones exigidas por la peculiaridad del servicio de la inspección tributaria. Asimismo, el Reglamento debe suponer una regulación única para la Inspección de los Tributos con independencia de los concretos Organos administrativos que tengan en cada caso atribuidas las competencias inspectoras. Carece de sentido la parcelación actual que supone la no aplicación de un procedimiento común y la distinción según la naturaleza del tributo cuya liquidación se 190

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

practica. Debe haber un procedimiento único de la Inspección de los Tributos que sólo ha de respetar las especialidades de las actuaciones dirigidas a la represión del contrabando. Esta unicidad del procedimiento tampoco impide las particularidades precisas con razón de la especialización de los Organos administrativos o del personal que desempeña los puestos de trabajo, pero estas diferencias deben quedar relegadas a un desarrollo posterior subordinado a este Reglamento. Finalmente, debe perfilarse el estatuto personal de los inspectores de los tributos, y especialmente ha de cuidarse la regulación de los deberes de secreto y sigilo que les incumben. Evidentemente, todo el personal de los Organos con funciones propias de la Inspección de los Tributos está sujeto a un deber riguroso de secreto y sigilo. Sin embargo, el estricto cumplimiento de estos deberes fundamentales debe conciliarse con la comunicación de información entre Organos encargados de la gestión de los tributos, aunque pertenezcan a Administraciones Públicas distintas, y con el deber de dar cuenta de aquellos delitos públicos que puedan llegar a conocimiento de la Inspección con ocasión de sus actuaciones. III Las actuaciones de comprobación e investigación se configuran como las típicas y fundamentales de la Inspección de los Tributos. Tales actuaciones se regulan sin establecer, pues, una distinción radical entre la comprobación y la investigación como funciones de la Inspección; comprobación e investigación aparecen como dos vertientes o aspectos de una misma actuación inspectora dirigida a verificar en definitiva la corrección de la situación tributaria de un sujeto pasivo u obligado tributario. El correcto funcionamiento de la Inspección de los Tributos y la seguridad y mínima incidencia en la esfera privada de los interesados requieren el carácter general de las actuaciones de comprobación e investigación. Sin embargo, razones justificadas pueden permitir e incluso hacer necesario el carácter parcial de determinadas actuaciones de comprobación e investigación. Por otra parte, estas actuaciones han de referirse no sólo a la determinación del exacto cumplimiento por los sujetos pasivos y retenedores de sus obligaciones pecuniarias para la Hacienda Pública, sino también han de comprender la verificación de cuantas otras declaraciones o comunicaciones se exijan por razón de la gestión de los diferentes tributos y, en particular, de la adecuada formulación de las declaraciones de información destinadas a recoger aquellos datos cuyo suministro a la Administración Tributaria viene exigido con carácter general de acuerdo con los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria. Fundamentales para la eficacia en general de la Inspección de los Tributos son las actuaciones de obtención de información. El cumplimiento de su función por la Inspección supone que ésta disponga de suficiente información. Sin embargo, las actuaciones de obtención de información se conciben en un sentido estricto referidas sólo a la obtención de datos que el obligado tributario no tenía ya obligación de suministrar a la Administración Tributaria por venirle exigido así por una disposición legal o reglamentaria. Tras definir el Reglamento las actuaciones de valoración y las de informe o asesoramiento, se señala que las distintas actuaciones de la Ins191

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

pección de los Tributos podrán realizarse por uno o varios actuarios o bien por equipos o unidades de inspección. No entra el Reglamento en esta cuestión puntual relativa a la organización del trabajo de la Inspección, remitiéndose a lo que disponga al respecto el Ministerio de Economía y Hacienda. Sí se refiere el Reglamento a la planificación de las actuaciones inspectoras, la cual se concibe como criterio básico en el ejercicio de las funciones propias de la Inspección de los Tributos. En efecto, esta planificación supone no sólo el establecimiento de unos criterios generales para las actuaciones inspectoras, sino una regulación concreta acerca de qué titulares de Organos han de decidir en cada caso y de forma sucesiva o eslabonada los contribuyentes objeto de las actuaciones inspectoras. De este modo la planificación no sirve sólo a los fines de una correcta organización interna de la Inspección, sino también al principio de seguridad de los administrados en orden a los criterios seguidos para decidir quiénes han de ser destinatarios de las actuaciones inspectoras. El lugar de las actuaciones de la Inspección de los Tributos ha de regularse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la Ley General Tributaria, modificados por la Ley 10/1985, de 26 de abril. En las actuaciones inspectoras cerca de empresarios o profesionales debe ser criterio general el desarrollo siempre de las actuaciones por la Inspección en los locales o dependencias del interesado. De este modo, tanto la Inspección puede desarrollar de modo más completo y meditado sus actuaciones como el interesado sufre su más ligera perturbación en el desarrollo de su actividad. No obstante, previo consentimiento del interesado, existirán casos o circunstancias que justifiquen aún respecto de empresarios o profesionales la actuación de la Inspección en sus oficinas para examinar los libros o documentación relativos a la actividad. En todo caso, los registros y documentos establecidos específicamente por normas de carácter tributario y los justificantes correspondientes exigidos por éstas podrán ser examinados por la Inspección en las oficinas públicas. Si bien el procedimiento de inspección supone una especie o modalidad del procedimiento de gestión tributaria y constituye un procedimiento especial no sujeto estrictamente a la Ley de Procedimiento Administrativo, es propósito del Reglamento inspirar este procedimiento de la Inspección de los Tributos en el procedimiento administrativo general. En particular, debe atender a éste la regulación de la representación de los obligados tributarios. El Reglamento trata en este punto también de resolver una serie de cuestiones puntuales y, en particular, de esclarecer los criterios de justificación de la representación voluntaria ante la Inspección de los Tributos. Por último, se inicia un reconocimiento normativo del Estatuto de aquellos profesionales que tienen encomendada la defensa de los intereses de los administrados en el curso de las actuaciones inspectoras, actuando además, en su caso, como representantes. Tales profesionales desempeñan indudablemente una función importante en el curso de este procedimiento, debiendo asumir, pues, las correspondientes responsabilidades. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de obtención de información se iniciarán normalmente por iniciativa de la Inspección, como consecuencia de los planes específicos de cada funcionario, equipo o unidad de inspección. Sin embargo, también pueden iniciarse como consecuencia de orden superior escrita y motivada, a petición del interesado, en determinados supuestos, o en virtud de 192

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

denuncia pública. No es el procedimiento inspector el cauce adecuado para proceder a instancia de los interesados a analizar el carácter indebido de determinados ingresos ni lo necesitan los interesados para impugnar sus propias declaraciones-liquidaciones, pues ya tiene este acto su propio trámite procedimental. Por otra parte, el Reglamento aborda desde el punto de vista del procedimiento de gestión la denuncia pública, reconduciendo dicho procedimiento a una actuación inspectora típica sin injustificadas especialidades. Por otra parte, el Reglamento perfila la línea básica de la iniciación de las actuaciones inspectoras y su desarrollo, insistiendo tanto en los trascendentes efectos de aquella iniciación como en las consecuencias que se derivan, en atención a la seguridad jurídica de los interesados, de una injustificada interrupción de las actuaciones de comprobación e investigación. Finalmente, se introduce como una modalidad de actuación de comprobación e investigación la llamada comprobación abreviada, con antecedentes en el Derecho comparado y para supuestos concretos caya especificidad justifica la creación de la figura. El capítulo 6 del título primero del Reglamento se refiere a las facultades de la Inspección de los Tributos. En primer lugar, la Inspección ha de acceder a la documentación del obligado tributario en los términos ya genéricamente previstos en la disposición adicional cuarta de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades. Asimismo, la Inspección de los Tributos ha de basar las actuaciones de obtención de información en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria en relación con la letra d) del artículo 140 de esta misma Ley. El deber jurídico resultante de estos preceptos resulta imprescindible para una correcta gestión de los tributos, ya que esta actividad administrativa ha de basarse en una completa información acerca de las actividades económicas de los obligados tributarios. De ahí la generalidad misma del deber, frente al que sólo pueden oponerse las tasadas excepciones previstas en la Ley y precisadas en el Reglamento. En particular, en el caso de actuaciones de obtención de información acerca de personas o Entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio se desarrolla lo dispuesto no sólo en la Ley General Tributaria, sino también en la Ley sobre Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, tomando además como referencia inmediata el propio desarrollo de esta última. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley General Tributaria se regula el acceso de la Inspección a las fincas donde deban practicarse actuaciones inspectoras. Punto de referencia obligado es aquí el artículo 18 de nuestra Constitución, y ha de tenerse en cuenta también lo previsto en el apartado segundo de la disposición adicional cuarta de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades. Se reconocen asimismo otras facultades concretas a la Inspección en orden al adecuado desempeño de sus cometidos y se tipifican aquellos supuestos que deben ser considerados como resistencia a la actuación de la Inspección de los Tributos, sin perjuicio del significado o la naturaleza incluso penal que pueden adquirir las conductas particularmente descritas. Las actuaciones de la Inspección han de entenderse concluidas cuando practicadas todas las pesquisas y pruebas que procedan se extiendan o formalicen las actas o diligencias que recojan el resultado de dichas actuaciones. Debe presidir las actuaciones de la Inspección el principio de pronunciarse formalmente acerca del 193

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

resultado de las actuaciones inspectoras, formalizando los documentos que procedan y evitando la inseguridad del obligado tributario. IV La documentación de las actuaciones inspectoras goza de una tradición normativa de la que no dispone en general el procedimiento de Inspección de los Tributos. El Reglamento pretende observar los principios inspiradores de esta tradición reglamentaria precedente para evitar injustificadas alteraciones de conceptos y trámites, ya en cierto modo acuñados. No obstante, se parte del objetivo de establecer una nítida diferencia entre el acta y la diligencia como documentos principales que debe formalizar la Inspección. El acta se concibe así como un documento que se caracteriza por cuanto va a suponer necesariamente un acto administrativo cuyo contenido consista en una liquidación tributaria. No existiendo tal vocación en un documento, éste ha de consistir en una diligencia. Esta concepción no es obstáculo para que las actas puedan contener también la descripción de hechos que constituye el contenido típico de una diligencia. En cuanto a los informes, es cierto que el artículo 144 de la Ley General Tributaria no conoce este documento, y que normalmente tienen una naturaleza accesoria a las actas y diligencias que se ven completadas por estos informes; sin embargo, la doctrina ha reconocido generalmente a los informes sustantividad propia, compatible con su carácter de ordinario complementario, y así lo hace también el Reglamento. Particular interés reviste la regulación de los distintos tipos de actas de inspección. En realidad, las actas se clasifican atendiendo a diferentes criterios que se superponen de modo que las actas pueden ser previas o definitivas atendiendo a la naturaleza de la liquidación consiguiente; con o sin descubrimiento de deuda, en atención al nacimiento o no de un débito tributario a cargo del obligado, de conformidad o de disconformidad, por razón de la actitud del obligado tributario. Y, asimismo, las actas pueden ser, en su caso, de prueba preconstituida. Cada acta, pues, reunirá la condición correspondiente de cada una de estas alternativas. La tramitación de las actas y el modo de dictarse el acto de liquidación que de aquéllas se deriva va a depender del carácter del acta como de conformidad, de disconformidad o, en su caso, de prueba preconstituida. El acta de conformidad no puede en absoluto concebirse como el resultado de una transacción. Tal concepción se ve impedida no sólo, y sería bastante, por el carácter ex lege de la obligación tributaria, sino también por la propia razón de ser de las actuaciones inspectoras. La conformidad del obligado tributario constituye un pronunciamiento procesal acerca de la certeza de los hechos imputados por la Inspección, pudiendo comprender en cierto modo una confesión, y de la corrección de la propuesta de liquidación. A la conformidad llega el interesado como consecuencia de las pruebas aportadas por la Inspección y del juicio que le merece la calificación jurídica que la Inspección efectúa; juicio para el que el obligado tributario se halla facultado en un procedimiento administrativo que normalmente va a corregir la calificación misma hecha por aquél en su declaración-liquidación, pudiendo además contar siempre con la asistencia profesional de un experto en la materia. La conformidad no restringe además evidentemente la posibilidad que tiene el interesado de impugnar la liquidación corres194

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

pondiente. Es cierto que el artículo 82 de la Ley General Tributaria establece la atenuación de las sanciones en atención a la conformidad del sujeto pasivo, retenedor o responsable. Esta circunstancia de graduación vendría justificada por la actitud del obligado tributario que la conformidad revela y que supone un cierto arrepentimiento de la infracción cometida. Si la disconformidad se planteara en términos exclusivamente de Derecho, tampoco la disconformidad debería empeñar los derechos del administrado, pues o bien su disconformidad tiene un injustificable carácter dilatorio o bien la duda en Derecho que la justifica elude la negligencia constitutiva de la infracción como mínimo. En cambio, no debe olvidarse la garantía que para el administrado supone el sistema vigente de suspensión necesaria de los actos de liquidación tributaria impugnados en vía administrativa, si media garantía suficiente para el Tesoro del eventual cobro futuro. A través de una serie de disposiciones específicas se regulan supuestos concretos de liquidaciones tributarias derivadas de actas u otros supuestos especiales. Se diferencia la estimación indiciaria, se regulan los trámites del procedimiento existiendo indicios de delito contra la Hacienda Pública, se favorece la comunicación de información entre las Administraciones Públicas que gestionan tributos, y en particular entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se aclara la liquidación de intereses de demora y se abordan otros aspectos de interés. V El Reglamento queda completado con distintas disposiciones adicionales. Asimismo, las disposiciones transitorias tratan de asegurar una correcta transición de la normativa vigente a la ahora promulgada, teniendo en cuenta además la reciente reforma de la propia Ley General Tributaria. Finalmente, la disposición derogatoria trata de perfilar claramente el grupo normativo que a partir de ahora está llamado a regular las actuaciones inspectoras. Un grupo normativo encabezado por este Reglamento, el cual habrá de conciliar una vocación de permanencia en aras de la seguridad con la necesaria agilidad en el futuro para adaptarse a los cambios de la realidad social y para corregir los defectos que la experiencia de su aplicación ponga de manifiesto. En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con la aprobación de la Presidencia del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 25 de abril de 1986, dispongo: Artículo único. Se aprueba el Reglamento General de la Inspección de Tributos cuyo texto a continuación se inserta.

195

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 6 La Inspección de los tributos

TITULO Funciones de la inspección

ART. 140

NOTAS BASICAS La INSPECCION tiene asignadas las siguientes COMPETENCIAS: 1. INVESTIGAR H.I. ocultados a la H.P. 2. INTEGRAR definitivamente las bases de los tributos 3. LIQUIDAR en base a sus actuaciones de Ï COMPROBACION o Ì Ó INVESTIGACION 4. Actuaciones

Ï — INQUISITIVAS ¸ para la aplio Ì å cación de Ó — INFORMATIVAS † los tributos

❦ Entrada en fincas

141

1. a. Para

❦

❦

Ï — COMPROBAR ¸ e Ì å los elementos del H.I. Ó — INVESTIGAR †

b. Los Inspectores podrán ENTRAR en los inmuebles donde se desarrollen actividades gravadas. del dueño o morador Ï —— permiso autorización escrita del Subdelegado 2. Precisarán Ì de Hacienda. — mandamiento judicial para un domiÓ cilio.

❦

❦

196

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

❦

TITULO Examen de documentos

ART. 142

NOTAS BASICAS 1. Los documentos particulares de los inspeccionados, deberán examinarse en sus fincas. 2. Los libros-registro y documentos tributarios, podrán examinarse en las oficinas de la Hacienda Pública. 3. Se autorizan medidas cautelares sobre las pruebas.

❦ Lugar para las actuaciones

143

del domicilio tributario de las actividades donde existan pruebas del H.I. de las oficinas públicas de la H.P. y del Ayuntamiento.

❦ 144

❦

1. Dentro de su ámbito territorial la Inspección goza de amplia libertad para sus actuaciones. 2. Sus actos de inspección pueden desarrollarse en el lugar: a. b. c. d.

Documentación

❦

❦

❦

1. Las actuaciones de la Inspección pueden tener efectos para la propia H.P. y para los S.P. 2. Para que tengan alguna TRASCENDENCIA ECONOMICA para los S.P., deberan DOCUMENTARSE en: a. Diligencias, en el curso del procedimiento inspector, haciendo constar hechos o manifestaciones de los inspeccionados con RELEVANCIA. b. Comunicaciones, medios documentales mediante los cuales la Inspección se relaciona unilateralmente con los obligados tributarios. c. Actas, que recogen los RESULTADOS de las actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo la REGULARIZACION de la situación tributaria de los obligados tributarios.

❦

❦

❦ 197

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Contenido de las actas

ART. 145

NOTAS BASICAS 1. Para su validez y eficacia procedimental, consignarán: a. identificación del inspeccionado b. elementos del H.I. y de su atribución a alguien c. la regularización procedente de la situación tributaria d. conformidad o disconformidad del inspeccionado 2. Se extenderán en el LUGAR que decida la Inspección. 3. Naturaleza jurídico-tributaria de las Actas: — son documentos públicos — hacen prueba de los HECHOS que motivan su formalización — admiten prueba en contrario.

❦ Disconformidad y prueba preconstituida

146

❦

❦

1. La disconformidad del S.P. origina un EXPEDIENTE administrativo específico y distinto de la Inspección previa. 2. Cuando la H.P. disponga de una PRUEBA PRECONSTITUIDA de un H.I.: — no se precisa de actuación de la Inspección — se incoará un expediente administrativo específico. 3. Las actas suscritas por personas SIN AUTORIZACION SUFICIENTE se tramitarán según expediente de disconformidad.

198

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO 8 Revisión de actos en vía administrativa

TITULO Procedimiento de nulidad

ART. 153

NOTAS BASICAS 1. Se regula un procedimiento ESPECIAL de revisión: — Competencia exclusiva del Ministro — Se exige PREVIO DICTAMEN del Consejo de Estado, no vinculante. — Actos de gestión tributaria que se declaran nulos: — los dictados por órganos MANIFIESTAMENTE incompetentes — los que son constitutivos de DELITO — los dictados prescindiendo TOTALMENTE del procedimiento debido. — La resolución del Ministro: — AGOTA la vía administrativa — puede decretar la NULIDAD de pleno derecho. 2. El PROCEDIMIENTO se inicia por Ï — acuerdo — del órgano que dictó — superior jerárquico Ì

{

Ó — instancia del interesado. 3. Serán OIDOS aquéllos a cuyo favor reconoció derechos el acto que se pretende anular.

❦

❦

❦

199

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Procedimiento de anulación

ART. 154

NOTAS BASICAS 1. Se crean dos procedimientos especiales de revisión: a. para actos que infringen MANIFIESTAMENTE la Ley b. por aportación de NUEVAS PRUEBAS desconocidas al dictarse 2. La competencia se reserva al Ministro y Director General 3. La resolución: — AGOTA la vía administrativa — puede decretar la ANULACION del acto que FUE VALIDO. — debe darse en el plazo de 5 años desde que se dictó el acto. 4. La infracción manifiesta ha de SER PATENTE y NOTORIA: — debe resultar EVIDENTE que la Ley ha sido quebrantada — si cabe interpretación se excluye la infracción manifiesta 5. Las pruebas aportadas tuvieron que ser IGNORADAS al dictar el acto: — fueron actos INCOMPLETOS, pero no ilícitos. — el expediente abre de nuevo la gestión y se practicará otra liquidación.

❦

❦

200

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

❦

Real Decreto 1.163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria

El artículo 155 de la Ley General Tributaria prevé que por vía reglamentaria se regulará el procedimiento que deba seguirse, según los distintos casos de ingresos indebidos, para el reconocimiento del derecho a la devolución. El presente Real Decreto pretende, principalmente, instrumentar el mencionado procedimiento y la forma de realización de las devoluciones de ingresos indebidos. Ciertamente, el sistema fiscal español conoce hoy distintos tributos que originan devoluciones en favor de los sujetos pasivos, sin que las mismas respondan propiamente al concepto de devolución de ingresos indebidos. Incluso en estas devoluciones pueden no coincidir las personas que efectuaron el ingreso y las que son titulares del derecho a la devolución. Sin embargo, este Real Decreto confía la regulación de estas otras devoluciones a las disposiciones propias de cada tributo, sin perjuicio de extender la aplicación de ciertas normas a cualesquiera devoluciones de naturaleza tributaria. En cambio, sí recoge este Real Decreto aquellas devoluciones de naturaleza tributaria que, no teniendo su origen en un ingreso indebido, vienen motivadas por la condonación graciable de una sanción pecuniaria ingresada previamente o por la extinción de una sanción de esta clase derivada de una infracción tributaria, como consecuencia de la muerte del sujeto infractor tras el ingreso de la sanción, pero antes de haber ganado firmeza el acto de imposición de la misma. La nueva disposición introduce dos modificaciones trascendentes en el ordenamiento vigente. En primer lugar, se da una solución normativa a la situación jurídica de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones aún no comprobadas por la Administración tributaria, abriendo una vía específica de devolución de ingresos indebidos procedentes de estas actuaciones de los sujetos pasivos o retenedores. Esta solución va acompañada de una nueva regulación en el procedimiento de gestión tributaria para las peticiones de rectificación de una declaración-liquidación o autoliquidación, que no impliquen una devolución de ingresos indebidos, siendo la resolución expresa o presunta de estas peticiones reclamable en vía económico-administrativa, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 121 del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas. Por otra parte, se 201

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

reconoce el derecho a la devolución de cantidades ingresadas cuando la correspondiente deuda tributaria liquidada ya estaba prescrita. En todo caso, la aprobación de este Reglamento permite una simplificación del grupo normativo y evita la aplicación de normas, aún en vigor, que por su antigüedad no eran ya adecuadas a la gestión tributaria actual. Con este Real Decreto se pretende, finalmente, atender, asimismo, las razones expuestas por la Institución del Defensor del Pueblo, el cual, en sucesivos informes, ha venido reiterando tanto la necesidad de desarrollar reglamentariamente el artículo 155 de la Ley General Tributaria, regulando adecuadamente el procedimiento de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, como la conveniencia de mejorar las garantías de los obligados tributarios a este respecto, reconsiderando, en particular, el tratamiento actual de la llamada impugnación de autoliquidaciones. En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de septiembre de 1990, dispongo:

202

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Devolución de ingresos indebidos

ART. 155

NOTAS BASICAS 1. a. Los actos recaudatorios de las deudas tributarias, pueden ser COBROS INDEBIDOS que pueden originar su REVISION por un especial procedimiento. b. Requisitos: INDEBIDO Ï — que se produzca un ingreso-cobro — administrativamente Ï que ello se RECOÌ — NOZCA o Ì Ó — judicialmente Ó c. Las causas son varias, las más frecuentes son: — duplicidad de pago — notorio error de hecho o aritmético al pagar — deuda tributaria equivocada — error de derecho declarado por resolución — pago por una operación no sujeta o exenta — ingreso en oficina de H.P. indebida. d. Están LEGITIMADOS para instar la REVISION: — los Sujetos Pasivos — los responsables — sus herederos o causa habientes e. Los efectos de este procedimiento son: — reconocer el derecho a la DEVOLUCION — reconocer el derecho a la COMPENSACION — reconocer el derecho al cobro del INTERES LEGAL. 2. a. El procedimiento se deja a la vía REGLAMENTARIA b. Habrá un procedimiento dirigido a declarar el RECONOCIMIENTO. c. Habrá otro procedimiento dirigido a la DEVOLUCION.

❦

❦

❦

203

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Rectificación de errores materiales

ART. 156

NOTAS BASICAS 1. Se otorga la facultad a la H.P. de REVISAR Y RECTIFICAR — en cualquier momento, dentro del plazo de 5 años — actos viciados de error material, de hecho y los aritméticos — bien a instancia del interesado o bien de OFICIO. 2. El ERROR MATERIAL o de HECHO que puede ser revisado y rectificado por este procedimiento especial, será SOLO el que tenga una REALIDAD INDEPENDIENTE DE TODA OPINION O CRITERIO.

❦ Revisión de resoluciones de recursos especiales

157

158

159

❦

❦

Los actos de la H.P. confirmados por sentencia firme: — son cosa juzgada — NO son revisables en ningún caso.

❦ Revisión de actos declarativos de derechos

❦

1. Las RESOLUCIONES de los recursos o expedientes de revisión, que NO dicte el Ministro de Hacienda, frente a — actos anulados que infringían manifiestamente la Ley — actos anulados por aportación de nuevas pruebas — actos de cobros indebidos — actos viciados de error material o aritmético. 2. Podrán ser objeto de RECLAMACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA antes de pasar a la vía contencioso-administrativa.

❦ Actos administrativos confirmados

❦

❦

❦

1. La Ley pone un LIMITE a la facultad de revisión de la H.P.: — para sus actos DECLARATIVOS DE DERECHOS — cuando pretendiera su revisión DE OFICIO. 2. En tales casos, si pretendiera su ANULACION: — habrá de DECLARARLOS LESIVOS para el interes público — después tendra que impugnarlos en VIA CONTENCIOSA. 3. Se exceptúan de tal procedimiento revisional los procedimientos especiales de revisión contempladas en los artículos del 153 al 156.

204

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Real Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo

La importancia cada vez mayor que en nuestros días tiene la función tributaria, entendida ésta como conjunto de medios y de técnicas a través de los cuales despliegan todos sus efectos las previsiones normativas en las que se concreta la capacidad de pago de los contribuyentes, exige se preste la necesaria atención a los procedimientos de gestión tributaria y a las incidencias que en ellos puedan surgir. Una faceta que siempre hay que destacar a la hora de disciplinar las relaciones jurídicas del Fisco con los contribuyentes es la especial relevancia que en ellas tiene el principio de legalidad, cuya contrapartida son los medios de impugnación frente a las actuaciones de la Administración Financiera no conformes a Derecho. Al mismo designio responde la presente disposición, que instrumenta un procedimiento ágil, dentro del respeto a las garantías jurídicas del administrado, para tratar de resolver ante los mismos Organos de la Administración activa las discrepancias que puedan surgir con motivo de la gestión tributaria, sin perjuicio de que el interesado tenga siempre abierta la posibilidad de acudir a la vía económico-administrativa, de tanta solera y tradición en el ramo de Hacienda. El presente Real Decreto concibe el recurso de reposición bajo unas perspectivas nuevas, ausentes en la reglamentación actual, a la que hay que imputar gran parte del fracaso de este medio de impugnación en la práctica. Entre las novedades más sobresalientes merecen destacarse la ampliación del plazo para interponer el recurso, si bien con la necesidad de que el escrito de iniciación lleve siempre incorporadas las alegaciones, y la regulación de la suspensión del acto administrativo impugnado; en relación con ellas, dos medidas reflejan, asimismo, el espíritu que preside esta disposición, a saber: la previsión de que inmediatamente pueda el contribuyente instruirse del expediente o de las actuaciones practicadas y el haber introducido la fianza personal a prestar, en determinadas condiciones, cuando se solicite la suspensión de la ejecución de actos administrativos de gestión tributaria de pequeña cuantía. También cabe destacar la armonización que se consigue con la vía económico-administrativa, regulándose los efectos de la simultaneidad de este recurso 205

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

con aquélla, la introducción de la forma escrita, en las actuaciones, la tecnificación del procedimiento, el nuevo régimen jurídico de la resolución presunta y la reconducción al esquema general de la actuación de la Intervención. Por todo lo expuesto y al amparo de lo que disponen los artículos 97 de la Constitución, 17.a) y 160-162 de la Ley General Tributaria, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación y aprobación por el Gobierno en sesión de 7 de septiembre de 1979, dispongo:

206

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Competencia y desarrollo del recurso de reposición

ART. 160

NOTAS BASICAS 1. Es competente para resolver un recurso el ORGANO QUE DICTO EL ACTO : — El recurso siempre es POTESTATIVO. — Están legitimados para interponer un recurso de reposición: — los S.P. y responsables — personas con intereses legítimos directamente afectados — la intervención general del Estado. 2. Son impugnables TODOS los actos tributarios reclamables en vía económico-administrativa. — Se revisará TODO EL EXPEDIENTE, haya sido o no planteado. 3. Será RESUELTO en plazo CORTO desde su presentación — El recurrente no contestado tendrá derecho a considerarlo DESESTIMADO. — La denegación presunta no exime a la H.P. de resolverlo.

❦ Interrupción de la prescripción por la reposición

161

❦

❦

1. La PRESENTACION del recurso INTERRUMPE la prescripción . 2. La SUBSTANCIACION impide el ejercicio de otros recursos. 3. El derecho a interponer otros recursos, recomenzará: — desde el día siguiente a la desestimación tacita — desde el día en que se notifique la resolución.

❦ Irrecurribilidad de la reposición

162

❦

❦

1. La reposición debiera ser para revisar en una instancia inmediata y rápida actas con irregularidades o discrepancias sencillas y aparentes. 2. Supone simplemente el INICIO de la vía administrativa. 3. NO cabe recurrir en reposición contra la resolución del mismo recurso de reposición. 207

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas

El presente Reglamento pretende adecuar la reclamación económica-administrativa a las variaciones operadas, tanto en el orden legislativo como en el socio-económico, durante los catorce años que median desde que por Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, se aprobó el hasta ahora vigente Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas. En el orden legislativo el ingreso de España en la Comunidad Europea supuso una importante reforma del sistema tributario español. La implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación sustancial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de los Impuestos Especiales, de los Tributos sobre el Tráfico exterior del régimen de Tasas y Exacciones Parafiscales, así como las sucesivas reformas operadas en la Ley General Tributaria, en los procedimientos de Inspección y de Recaudación, en el sistema de sanciones tributarias y en la propia organización gestora de la Hacienda Pública, han introducido una nueva problemática de gestión tributaria en temas de retenciones, repercusiones, autoliquidaciones, estimaciones indirectas de bases imponibles, composición de expedientes administrativos, relaciones entre las vías de gestión y de recaudación con sus efectos sobre el sistema de suspensiones, y condonaciones tributarias. Reseña especial merece la Ley 30/1992, que si bien respeta expresamente la peculiaridad del procedimiento económico-administrativo, establece unos principios generales que deben ser tenidas en cuenta. En el orden socio-económico cabe destacar tres hitos decisivos. El asentamiento del sistema constitucional ha generado una jurisprudencia relativa al derecho a la defensa y a temas esenciales como el régimen de prueba, de motivaciones, al principio de congruencia, y a la propia agilidad del procedimiento. La consolidación del Estado autonómico ha conllevado la transferencia de la gestión de diversos tributos de titularidad estatal, que incide en el ulterior régimen de recursos. Por último, el desarrollo económico operado durante estos años, y la internacionalización de la economía española, ha incrementado notablemente las operaciones de tráfico y, en 208

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

definitiva, el número y variedad de los hechos imponibles, la dificultad de las calificaciones tributarias, y como consecuencia, el número de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan, que en los últimos ejercicios se sitúa en torno a las dos centenas de millar, convirtiendo con ello al procedimiento, económico-administrativo en pieza esencial para lograr, gracias a la existencia de unos órganos especializados y a unos mecanismos flexibles y ágiles de solución de conflictos, una tutela efectiva de los derechos del ciudadano sin obligarle a acudir a un proceso ante los Tribunales de Justicia, no siempre justificado o posible por razón de sus costes económicos, y sometido al riesgo de la saturación que se produciría si el dicho número de reclamaciones ingresase en la vía judicial. El Reglamento introduce numerosas modificaciones respecto del aprobado en 1981, aunque se fundamenta en él, mantiene su misma estructura y prosigue en el mismo sentido efectuando la necesaria adaptación a la Ley 25/1995, de 20 de julio, por la que se han modificado los artículos 4, 11, 13, 21, 22, 29 y 30 del texto articulado de Procedimiento Económico-administrativo. La mayoría de las modificaciones responden a un deseo de corregir los defectos de técnica legislativa, y de dar solución a los problemas prácticos que se han advertido durante los años de vigencia del anterior Reglamento, teniendo en cuenta la experiencia habida y los criterios jurisprudenciales que se han ido formando. El elevado número de dichas modificaciones y el carácter eminentemente técnico de las mismas hace que esta exposición de motivos no sea lugar adecuado para su cita. Atendiendo ya a criterios de política legislativa existe un conjunto de innovaciones que responden a una común finalidad de adaptar el procedimiento a la situación jurídica y económica de cada concreto recurrente, reforzando las garantías de éste, y agilizando y flexibilizando el procedimiento. Para ello se ha actuado sobre el ámbito de la legitimación, sobre ciertos mecanismos procedimentales, sobre el sistema de suspensión de la ejecución de actos recurridos y sobre el ámbito de los procedimientos reiterativos. Sobre el ámbito de la legitimación para recurrir se ha tenido en cuenta los actuales fenómenos de asignación específica de ingresos tributarios a ciertas Administraciones, y de descentralización de la gestión tributaria crecientemente atribuida a diversos entes dotados de personalidad jurídica, pero que, carentes en tales casos de potestad tributaria propia, deben respetar la posición jurídica que ostenta el Estado como titular del tributo. Sobre el procedimiento se ha intentado crear mecanismos que permitan adecuar la tramitación a las peculiaridades concurrentes en cada asunto objeto de reclamación de forma que éstas puedan ser tenidas en cuenta para decidir los trámites que hayan de practicarse y su duración, evitando con ello que un expediente sufra dilaciones que no necesita pero que vienen impuestas por la rigidez de un precepto general previsto para una pluralidad de casos diversos. En un sentido parecido se actúa sobre el ámbito de las reclamaciones de tipo reiterativo, especialmente las relativas a retenciones tributarias, de modo que ese carácter reiterativo de una cuestión similar o idéntica, según los casos, pueda ser tenido en cuenta para acelerar la decisión del expediente, en unos supuestos, o para extender la resolución dictada a todos aquellos casos respecto de los que cabría apreciar cosa juzgada logrando evitar el que deba plantearse una pluralidad de re209

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

clamaciones idénticas con el consiguiente perjuicio causado al interesado y la consiguiente multiplicación de procedimientos. Por último, en el ámbito de la suspensión de la ejecución de los actos recurridos se da efectos a las suspensiones acordadas en el potestativo previo recurso de reposición, se recoge la suspensión ante errores de hecho tradicionalmente existente en el Reglamento de Recaudación, se refuerza el carácter de automatismo de la suspensión dotada de garantías líquidas dándole operatividad inmediata bajo reserva de quedar alzada por falta de concurrencia de sus requisitos, y se introduce una nueva fórmula suspensiva basada en la posible ocasión de perjuicios que procede de una adaptación de lo dispuesto en la Ley 30/1992 si bien que dándole un carácter de excepcionalidad para el caso de que el interesado no pueda dar cumplimiento a lo previsto para la suspensión automática. El Reglamento consta de 130 artículos, distribuidos en seis Títulos. Va precedido por una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final. En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 1 de marzo de 1996, DISPONGO: Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas que a continuación se inserta.

210

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Organos de la jurisdicción económicoadministrativa

ART. 163

NOTAS BASICAS 1. Se trata de una jurisdicción especial DENTRO del Ministerio de Hacienda. 2. Encomendada a unos ORGANOS específicos conocidos como TRIBUNALES ECONOMICO ADMINISTRATIVOS. 3. Hay tribunales REGIONALES periféricos y un TRIBUNAL CENTRAL.

❦ Modalidades de impugnación

164

1. Reclamaciones E-A

❦

Ï — en instancia UNICA Ì — en primera y segunda insÓ tancia

2. Recurso EXTRAORDINARIO de REVISION.

❦ Actos reclamables

❦

165

❦

❦

Especialmente los de GESTION TRIBUTARIA siguientes: — liquidaciones tributarias — comprobaciones de valores — pronunciamiento previo de exenciones o bonificaciones — establecimiento del REGIMEN TRIBUTARIO — sanciones independientes — declaración de RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA — reconocimiento o denegación de derechos o deberes tributarios. — otros que se regulen por Ley.

❦ Legitimación activa

166

❦

❦

Están legitimadas para impugnar las siguientes personas: 1. 2. 3. 4.

S.P. y responsables cualquiera con intereses legítimos afectados la Intervención de la Administración los Directores del Ministerio para recurrir en alzada. 211

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Sujetos no legitimados

ART. 167

NOTAS BASICAS No pueden promover reclamaciones Ec.-Administrativas: 1. los funcionarios como tales 2. los particulares actuantes como AGENTES de la Administración 3. los denunciantes 4. quien ASUMA obligaciones tributarias por PACTO.

❦ Diligencias de prueba

168

❦

❦

1. Los Tribunales tienen total libertad de PRUEBA: — bien sea

{

— acordada de oficio — promovida a instancia de parte

— bien se trate de

Ï — RECIBIR las pruebas proÌ puestas Ó — DISPONER su práctica

— acerca de cuantas ESTIMEN PERTINENTES — durante la fase probatoria — tanto — concluida dicha fase

{

2. Los Tribunales con las diligencias de las pruebas: — las pondrán de manifiesto a los interesados — darán trámite de alegaciones.

❦ Extensión de las facultades resolutorias

169

❦

❦

1. El Tribunal puede REVISAR TODAS las cuestiones — planteadas — no planteadas

{

2. Para las NO PLANTEADAS se exige conceder Ï — AUDIENCIA ¸ y Ì å a interesados. Ó — ALEGACIONES † 3. El resultado puede ser una «REFORMATIO IN PEJUS» 212

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO Acumulación de reclamaciones

ART. 170

NOTAS BASICAS 1. a. La economía procesal es un principio informador del procedimiento para estas reclamaciones económico-administrativas. b. La gestión tributaria puede originar el devengar de varios tributos periódicos, o de varios obligados u otros. c. Por ello la ACUMULACION de varias reclamaciones — por IDENTIDAD de norma aplicable — previa solicitud del interesado — durante cualquier instancia o trámite. 2. El Tribunal decidirá sin posibilidad de apelación.

❦ Recurso extraordinario de revisión

171

❦

❦

1. a. Está ubicado DENTRO DE LA VIA ADMINISTRATIVA Y NO ES otro procedimiento especial de revisión más. Ï — los actos de ges- ¸ tión tributaria b. Dirigido contra Ì — las resoluciones å FIRMES Ó de los T.E.A. †

c.

Ï — que se incurrió en manifiesto ˙ error de hecho aparezcan documentos ˙ — que esenciales ignorados ˙ — que se apoyaron al resolver ˙ en: ˙ forma esencial ˙ — — documentos o testimonios Cuando ocurra Ì falsos ˙ ˙ — que se dictaron por: ˙ — prevaricación ˙ — cohecho ˙ — violencia ˙ — maquinación Ó declarado así por sentencia.

2. La competencia es exclusiva para el T.E.A. CENTRAL. 3. El PLAZO para su interposición será de: a. Cuatro años para el caso de ERROR b. Tres meses para los demás casos. 213

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TEXTOS LEGALES

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LEY GENERAL TRIBUTARIA INDICE SISTEMÁTICO Ley 230/1963, de 28 de diciembre y Ley 25/1995, de 20 de julio Ley 230/1963, de 28 de diciembre Parte expositiva 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 10) 11) 12) 13) 14)

Propósitos de la Ley General Tributaria Los principios generales del orden tributario Régimen jurídico de las normas tributarias Los tributos: sus clases El hecho imponible El sujeto pasivo tributario Base y deuda tributaria Las infracciones tributarias Los órganos de gestión tributaria Procedimiento de gestión Recaudación Inspección de los tributos Jurados tributarios La revisión de actos en vía administrativa

Ley 25/1995, de 20 de julio Parte expositiva Artículo único. Modificación parcial de la Ley General Tributaria Parte dispositiva TITULO PRELIMINAR

Principios generales del orden tributario (artículos 1 al 8) 217

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TITULO PRIMERO

Normas tributarias CAPITULO III. CAPITULO III. Sección 1.ª Sección 2.ª

Principios generales (artículos 9 al 19) Aplicación de las normas (artículos 20 al 25) Ambito de aplicación Interpretación TITULO SEGUNDO

Los tributos CAPITULO III. Clases de tributos (artículos 26 y 27) CAPITULO III. El hecho imponible (artículos 28 y 29) CAPITULO VIII. El sujeto pasivo (artículos 30 al 46) Sección 1.ª Principios generales Sección 2.ª Responsables del tributo Sección 3.ª La capacidad de obrar en el orden tributario Sección 4.ª El domicilio fiscal CAPITULO IIIV. La base (artículos 47 al 53) Sección 1.ª La determinación de la base imponible Sección 2.ª La comprobación de valores Sección 3.ª La base liquidable CAPITULO IIIV. La deuda tributaria (artículos 54 al 76) Sección 1.ª El tipo de gravamen y la deuda tributaria Sección 2.ª El pago Sección 3.ª La prescripción Sección 4.ª Otras formas de extinción Sección 5.ª Las garantías CAPITULO IIVI. Las infracciones y sanciones tributarias (artículos 77 al 89) TITULO TERCERO

La gestión tributaria CAPITULO VIII. Los órganos administrativos (artículos 90 al 95) CAPITULO VIII. La colaboración social en la gestión tributaria (artículos 96 al 100) CAPITULO VIII. El procedimiento de gestión tributaria (artículos 101 al 119) Sección 1.ª Iniciación y trámites Sección 2.ª Comprobación e investigación Sección 3.ª La prueba CAPITULO IIIV. Las liquidaciones tributarias (artículos 120 al 125) CAPITULO IIIV. La recaudación (artículos 126 al 139) CAPITULO IIVI. La inspección de los tributos (artículos 140 al 146) CAPITULO IVII. Los Jurados tributarios (artículos 147 al 152) CAPITULO VIII. Revisión de actos en vía administrativa (arts. 153 al 171) Sección 1.ª Procedimientos especiales de revisión Sección 2.ª Recurso de reposición Sección 3.ª Reclamaciones económico-administrativas DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 218

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1963)

EXPOSICION DE MOTIVOS Consiste esta ley en la formulación de una serie de principios básicos que, contenidos en reglas jurídicas comunes a todos los tributos, determinan los procedimientos para su establecimiento y exacción. Es ésta una realización jurídica con escasos precedentes en el Derecho comparado, dado el grado de elaboración a que es preciso someter su estudio para incorporarlo al Derecho positivo. Desde que el tributo dejó de ser un poder de «facto» para integrar una verdadera relación jurídica, se ha venido experimentando la necesidad de que en nuestro ordenamiento se sistematizaran los principios y las disposiciones relativas a su aplicación. Constituyen prueba de esta preocupación por el acoplamiento orgánico de las normas que disciplinan el fenómeno tributario, entre otras de alcance parcial, las siguientes medidas: El Decreto de 11 de julio de 1873, por el que se creó una Junta general encargada de dar unidad a la legislación de la Hacienda Pública, que redactó un proyecto de Código general. El Real Decreto de 15 de agosto de 1895, por el que se creó una Comisión codificadora de la legislación de Hacienda Pública, que en su preámbulo aseveraba: «La multiplicidad y la trascendencia de los intereses que intervienen en las relaciones económicas del ciudadano con el Estado y la ocasión diaria ofrecida para la contradicción y la duda por la abundancia de disposiciones legales o meramente reglamentarias, engendradas las más por conflictos del momento que reclamaban urgente remedio, inspiradas otras en intentos de sistemas muy luego abandonados y dictadas casi todas sin el debido enlace con las precedentes, exigen, sin duda, que se forme un cuerpo legal de doctrina determinante de un Estado de Derecho económico administrativo, racional y metódicamente ordenado, mediante el estudio, fijación y aprovechamiento de los elementos actuales que nuestra copiosa, incoherente y aun contradictoria legislación proporcione». 219

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

El Real Decreto de 4 de octubre de 1903, creando una Junta encargada de preparar un proyecto de Código general de Hacienda, donde se reunieran «los preceptos fundamentales que informan las leyes tributarias y de contabilidad, los actos de gestión y el procedimiento». La Real Orden de 26 de enero de 1914 reconoce que acude a la iniciativa de los empleados dependientes del Ministerio de Hacienda, instituyendo premios para los trabajos que presentasen ajustados a la idea «de suministrar, respecto de cada impuesto, tributo, renta, obligación o derecho del Estado, los elementos esenciales de su historia, en compendiada síntesis, y el conocimiento de las disposiciones debidamente coordinadas y enlazadas que actualmente rigen y se aplican por los centros de este Ministerio». La Real Orden de 27 de enero de 1915, que atribuye a una titulada Junta de Inspección el estudio de los trabajos presentados al amparo de la disposición del mismo rango, fecha 26 de enero de 1914, antes citada. La Real Orden de 4 de octubre de 19232, que crea un Centro técnico en el Ministerio de Hacienda, con el doble objeto de «recopilar las disposiciones que en materia de Hacienda se vayan dictando en las naciones principales de Europa y América..., y contrastadas con las similares que en España se adopten y consecuencias que de ellas se deriven en nuestra economía nacional», a cuyo efecto la Real Orden de 4 de noviembre siguiente aprobó el plan a que había de ajustarse el referido Gabinete o Centro técnico, suprimido por Real Orden de 20 de setiembre de 1923. El Decreto de 30 de diciembre de 1932, que atribuyó a la Secretaría Técnica del Consejo de Dirección del Ministerio de Hacienda «la compilación de todas las disposiciones emanadas del Ministerio de Hacienda para su publicación con las debidas anotaciones e índices de referencia y enlace». La Ley de 16 de diciembre de 1940, que autorizó al Ministerio de Hacienda para publicar «textos refundidos de las disposiciones reguladoras de las contribuciones e impuestos afectados por la presente Ley, a fin de recoger sistemáticamente las reformas introducidas». La Orden del Ministerio de Hacienda de 25 de febrero de 1943, que creó su Servicio de Estudios y le encomendó, entre otras tareas, la de «preparar, en colaboración con los Centros directivos interesados, una codificación de las Leyes y Reglamentos tributarios». Y es, por fin, la Orden ministerial de Hacienda de 3 de julio de 1961, que insiste en la conveniencia de que nuestro ordenamiento jurídico cuente con «un conjunto de normas en el que se contengan los principios básicos de aplicación a los distintos tributos», la que constituyó una Comisión en el Instituto de Estudios Fiscales, a la que se le confía la redacción del anteproyecto de Ley General Tributaria. Una vez elaborado el proyecto por la comisión resulta evidente la posibilidad de dictar una serie de reglas comunes a todos los tributos, conjunto normativo de carácter público cuya especialidad nace de la propia naturaleza de los hechos que regula y de la peculiaridad administrativa de los procedimientos que le son aplicables. Tarea tanto más realizable cuanto que la Ley de Procedimiento Administrativo ofrece una ordenación general a la que se ha acomodado la presente Ley, con las indudables ventajas que de tal unificación se derivan: 220

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

1) Propósitos de la Ley General Tributaria Cualesquiera que sean las ventajas que se pretendan lograr en la configuración de las instituciones tributarias no llegarían éstas a rendir todas sus posibilidades si la Ley no afrontara decididamente los problemas que hubiera de llevar consigo su aplicación. En este sentido, el establecimiento de unos procedimientos simplificados y eficaces en la aplicación de los tributos, dotados de garantías jurídicas adecuadas, supone para el buen orden en el régimen tributario una configuración doctrinalmente depurada del sistema impositivo. No se olvide que la necesidad de superar el heterogéneo conjunto de normas relativas a las distintas manifestaciones de la actividad tributaria anticipa ya la finalidad de la Ley. La Ley General Tributaria aspira a informar, con criterios de unidad, las instituciones y procesos que integran la estructura del sistema tributario, en cuanto no requiera ordenación específica excepcional. También se propone incorporar a nuestro ordenamiento un esquema de sistematización de las normas reguladoras de los tributos que oriente la legislación y, en su día, facilite su codificación. 2) Los principios generales del orden tributario El título preliminar contiene los principios generales del orden tributario. En él se pone de manifiesto que los de carácter dogmático tendrían quizá más apropiada promulgación en una Ley fundamental. Sin embargo, tanto los de dicha naturaleza como los orgánicos, son de aplicación directa y ordenan con carácter básico el ejercicio de la actividad tributaria, así como la estructura y funcionamiento de la respectiva organización administrativa. Tanto el sistema tributario del Estado como los de las Corporaciones Locales y los de las provincias con regímenes fiscales especiales no resultan, en consecuencia, alterados en sus fundamentos, ya que la Ley no afecta a su estructura ni a sus respectivas facultades, sino que, al contrario, el establecimiento de un orden general, común para todos los tributos, proporcionará a las entidades citadas una consolidación y fortalecimiento en su actual actividad fiscal, dentro de un cuadro igualmente general de garantías para el contribuyente. En los artículos tercero y cuarto se desarrollan los mandatos contenidos en el artículo 9 del Fuero de los Españoles y en el principio noveno de los del Movimiento Nacional, al mismo tiempo que se reconoce la función instrumental, que, sin preterir los dictados de equidad y generalidad, puede cumplir el tributo al servicio de la política económica y social del país. 3) Régimen jurídico de las normas tributarias En el título primero se contienen los preceptos relativos a la jerarquía y aplicación de las normas tributarias. En orden a la jerarquía y a las fuentes de Derecho tributario se concretan las disposiciones del título III de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado en cuanto se proyectan sobre las relaciones nacidas de la exacción de los tributos. 221

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Ha de destacarse, no obstante, la regulación del ejercicio de las autoridades legislativas en materia tributaria por la especial reserva de competencia a favor de las Cortes que determinan los artículos 8 del Fuero de los Españoles y el 10-c) de la Ley de su creación. En el artículo 10 se desarrolla el principio de reserva de Ley contenido en el título preliminar que, como en él se advierte, será de inexcusable observancia por la administración. En servicio de la política de coyuntura económica se prevé que el Gobierno quede autorizado para aumentar, disminuir o suprimir tipos de gravamen dentro de los límites señalados cuando el tributo es esencialmente repercutible y, por tanto, propicia su incorporación en los precios de los bienes y mercancías. El artículo 14 constituye adecuada aplicación de lo prevenido con carácter general en la Ley de 23 de diciembre de 1959 (art. 17) en cuanto se juzga necesaria la codificación de las disposiciones relativas a las exenciones tributarias, no sólo por ser de naturaleza excepcional, sino porque llevan consigo latentes aumentos de la presión tributaria. El principio de certeza queda ampliamente recogido en varios pasajes de la Ley. El artículo 18 constituye un desarrollo innovador del citado principio en nuestro Derecho. En lo sucesivo, el Ministerio de Hacienda habrá de promover o acordar en cada caso las modificaciones legales que superen las disparidades interpretativas que puedan darse en el ordenamiento tributario o en su aplicación por los tribunales y por la administración. En la sección titulada «Interpretación de las Normas» se dan las premisas para calificar el hecho imponible que define el artículo 29. El texto legal establece una norma básica de interpretación, que consiste en la posibilidad de empleo de todos los criterios admitidos en Derecho, con exclusión de la analogía e incorporando normas precisas para evitar el fraude de ley. En atención a que el hecho imponible puede consistir en un fenómeno de naturaleza jurídica o económica, su calificación habrá de producirse mediante la aplicación de criterios que consideren adecuadamente esa doble hipótesis. 4) Los tributos: sus clases En el primer capítulo del título II regula la Ley las clases de los tributos. La clasificación cumple fundamentalmente fines terminológicos al pronunciarse por la voz «tributos» como comprensiva de todos los que pueden establecerse en uso de las facultades reconocidas en el artículos segundo. Salvo escasas excepciones, las normas contenidas en la Ley son formuladas como aplicables a las tasas, a las contribuciones especiales y a los impuestos. De este modo se pretende por la Ley General que, de no existir esencial inadecuación entre la norma y el supuesto de hecho, sean aplicables todos sus preceptos a las tres clases de tributos que la misma establece. 5) El hecho imponible La Ley llama hecho imponible al elemento material de lo que la doctrina científica denomina situación de hecho o presupuesto del tributo. Es indudable 222

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

que corresponde al criterio discrecional del legislador realizar tal determinación del hecho imponible. De ahí que las leyes específicas de los tributos deban traducir con fidelidad, precisión y términos jurídicos unívocos los conceptos elaborados por la ciencia de la Hacienda Pública en orden al objeto de las distintas clases de tributos. Pero es conveniente hacer constar que, al insertar en las leyes específicas las definiciones de los respectivos hechos imponibles, se convierte el objeto de cada tributo en un concepto jurídico que habrá de ser interpretado mediante los criterios ordinarios de la hermenéutica jurídica. 6) El sujeto pasivo tributario El objeto del tributo se encuentra, naturalmente, vinculado a una persona. Esta persona, por tanto, no está determinada por la norma, sino por la simple relación que el supuesto de hecho establece sin alteración de ninguna clase. En su virtud, se trata del contribuyente, ya que es el llamado a soportar el tributo por ser titular de la respectiva capacidad económica. Ahora bien, así como la norma describe con mayor o menor amplitud o literalidad el objeto del tributo y crea el hecho imponible como concepto jurídico, puede o no aceptar que el titulado contribuyente sea sujeto de la relación jurídica que se establezca al producirse aquél. Es evidente que en esta aceptación o mutación del contribuyente como elemento personal de las relaciones tributarias ya disciplinadas por la norma, interviene de modo decisivo la llamada técnica tributaria, puesta al servicio de los principios de comodidad de pago y de economía de la percepción y especialmente del de generalidad. He aquí cómo surge el sujeto pasivo en el campo de las relaciones jurídicas que la Ley ha de contemplar y regular como eje de su propio contenido. La Ley ha salvado la duplicación de elementos personales que puede darse en determinadas relaciones tributarias, dando absoluta primacía a quien, desde ángulo jurídico, resulta inmediatamente vinculado u obligado ante la Hacienda Pública. Para la Ley, esta persona, y sólo ella, es el sujeto pasivo, sea o no concurrentemente contribuyente. Es inconcuso que ni el Derecho es un puro esquema formal o de artificio ni debe limitarse a facilitar meras técnicas de articulación jurídica. Pero también es evidente que la Ley ha de atender preferentemente a quien por su propia configuración jurídica resulta deudor en las respectivas obligaciones materiales o formales. Ante la necesidad de distinguir los dos supuestos extremos (sujeto pasivo-no contribuyente y contribuyente-no sujeto pasivo) tenía la Ley que pronunciarse por la terminología de significación más correcta, siquiera no fuera la más usual o vulgar actualmente. Por ello, llama contribuyente a quien según la norma jurídica debe soportar el tributo por ser titular de la respectiva capacidad tributaria, y sujeto pasivo a quien según la norma jurídica debe cumplir las obligaciones legales dimanantes de las exacciones de los tributos. En los preceptos relativos al sujeto pasivo tributario se unifican las regulaciones, hoy dispersas en varios textos legales, al mismo tiempo que se restringen en importante medida los supuestos de responsabilidad solidaria y aun subsidiaria actualmente vigentes. Criterio que asimismo adopta la Ley al regular las respon223

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

sabilidades de índole real u objetiva en la sección relativa a las garantías de la deuda tributaria. Para la derivación del procedimiento recaudatorio desde el sujeto pasivo en primer lugar llamado, a quienes adquieren esta condición por vía de responsabilidad de segundo grado o subsidiaria, exige la Ley la formación de sumario expediente administrativo, con audiencia del presunto responsable y la reducción del débito al importe inicialmente liquidado. En esta materia, pues, da la Ley un paso decisivo en la reducción de responsabilidades de segundo grado, sean o no personales o subjetivas, y además ofrece a los presuntos responsables las garantías jurídicas que se desprenden de un procedimiento claro y taxativo. Por último, la Ley aborda las cuestiones referentes a la capacidad de los sujetos pasivos, adaptando las normas de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo a las exigencias peculiares de los procesos de gestión tributaria. 7) Base y deuda tributaria Los capítulos IV y V del título II contienen la regulación de la base y deuda tributarias, presidida por dos distintas perspectivas: a) En determinadas materias sólo se sistematizan los regímenes aplicables en cada tributo, con arreglo a la opción de la respectiva Ley específica; y b) En otras cuestiones se unifican las normas hoy vigentes y se crea el correspondiente cuadro legal de aplicación diversa. En los regímenes de fijación de las bases tributarias se estructuran los requisitos condicionantes de cada uno de ellos y se regula cuál ha de prevalecer cuando proceda la aplicación de más de uno. En atención a la extendida aplicación que tienen las estimaciones por Jurados tributarios, regula la Ley su competencia y régimen, en forma precisa y rígida, con objeto de que, sin dejar de ser un instrumento de eficacia en los supuestos de falta de colaboración o mala fe de los sujetos pasivos, tengan estos últimos las garantías procesales que en todo caso les son debidas en un Estado de Derecho. Es objeto de regulación la comprobación por la Administración de los valores de la renta, productos, bienes y demás elementos que han de integrar la base del respectivo tributo. En esta materia se generalizan los procedimientos de comprobación de valor vigentes para determinados impuestos y se destaca que esta actividad administrativa tiene clara sustantividad frente a la comprobación e investigación del hecho tributario. En los preceptos relativos al tipo de gravemente de la deuda tributaria se contienen fundamentalmente nociones de los distintos recargos, coeficientes, alícuotas o porcentajes que pueden intervenir en esta fase de la exacción de los tributos. A través de ellas se propone la Ley que en lo sucesivo se unifique el tratamiento normativo y aplicativo de esta materia. Y se decide, como es obvio, por las líneas de máxima sencillez y claridad para que, en todo momento y sin esfuerzo, conozca la Administración y el administrado el alcance o consecuencias cuantitativas 224

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

de cuantos factores o elementos hagan referencia al tipo o a la deuda por cualquier tributo. Ha de destacarse que en el artículo 57 se recoge la doctrina jurisprudencial sobre deducción o compensación de cuotas tributarias en las devengadas por otra de exacción posterior, con objeto de que las exenciones o bonificaciones reconocidas en los de aplicación previa conserven su efectividad. Constituyen medidas que facilitan o reducen las obligaciones a cargo de los sujetos pasivos respecto de la actual situación legal, las siguientes: a) La generalización a todos los tributos del régimen de fraccionamiento o aplazamiento del pago de las deudas tributarias. b) La admisión de la consignación del importe de las deudas tributarias con los correspondientes efectos liberatorios o suspensivos. c) La implantación de la compensación como medio extintivo de las deudas tributarias en los supuestos que se mencionan; y d) La unificación de los vigentes plazos de prescripción de las acciones administrativas para liquidar y recaudar las deudas tributarias con arreglo al más reducido de lo que actualmente rigen: cinco años. 8) Las infracciones tributarias En el último capítulo del título II se establecen los tipos de infracción tributaria y sus correspondientes sanciones. De este modo las disposiciones específicas de cada tributo sólo habrán de concretar, cuando sea preciso, los distintos supuestos de infracción conforme a los que define la Ley General, y la aplicación de las respectivas multas será mera consecuencia del apuntado desarrollo, con lo que se habrá logrado un régimen único en esta materia para todos los tributos. En verdad, la Ley ha culminado la evolución que se advertía en nuestro ordenamiento y ha adoptado para toda clase de infracciones las tipificadas en las vigentes leyes sobre régimen de la inspección de los tributos. Por tanto, todas las infracciones, ya se pongan de manifiesto en normales expedientes de gestión, ya en los promovidos por la Inspección de los tributos, serán calificadas según las mismas normas, aunque, como es obligado, la conducta con la Inspección de los tributos pueda determinar la apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad de los sujetos pasivos. 9) Los órganos de gestión tributaria Dedica la Ley el capítulo I del título III a los órganos administrativos de gestión tributaria regulando, con carácter general, las reglas de competencia. En los artículos 96 y siguientes se incorpora a la ordenación general del Derecho tributario el principio de organización social y política que supone la colaboración del contribuyente, como parte de un conjunto profesional, en la gestión de los tributos. Se continúa así una larga tradición española de colaboración corporativa en la actividad tributaria, consagrándola como uno de los elementos básicos en el Derecho tributario moderno. 225

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Este principio, incorporado ya a la práctica española con todas sus consecuencias a partir de la Ley de 1957, de la que ha resultado una feliz y positiva experiencia, debe figurar con el rango debido en una ordenación general y permanente del Derecho tributario. El planteamiento liberal de la gestión tributaria como un proceso en el que se enfrentan y contraponen el contribuyente individualizado y la administración, tiene que ser por fuerza superado para convertirse en un procedimiento de colaboración a un fin común, en el que aquél figure como miembro de su profesión con todos los derechos, deberes y responsabilidades consiguientes. Con ello, nuestro procedimiento tributario no sólo se enriquece sustancialmente al inspirarse en un principio esencial de la doctrina política del Estado español, sino que perfila otras muchas finalidades en modo alguno secundarias, ya que entrañan la garantía de mayor justicia y equidad, conmutativas y distributivas en la aplicación del impuesto. 10) Procedimiento de gestión En los capítulos III y IV se contienen las reglas generales de procedimiento de gestión. Destaca en ellos lo relativo a la condición jurídica de la declaración tributaria y al ejercicio del derecho de consulta a la Administración. Las normas sobre comprobación, investigación y prueba determinan el alcance objetivo y subjetivo de las dos primeras y los medios admisibles en cuanto a la última, en especial sobre la confesión y las presunciones. 11) Recaudación El capítulo V contiene los principios generales de la recaudación, como fase específica y autónoma en el procedimiento de gestión, y en especial las normas sobre el de apremio, confiando su desarrollo al Reglamento general para la recaudación. 12) Inspección de los tributos En el capítulo VI del título III se establecen los principios generales sobre actuación de los Inspectores de los tributos: Sobre sus funciones privativas o peculiares. Sobre sus facultades en el examen de antecedentes y lugar en que pueden ejercerlas; y Sobre los requisitos de lugar, tiempo y forma que han de observarse en las actas que documenten los resultados finales de sus actuaciones, según la valoración jurídico-tributaria de su contenido. En el desarrollo de dichos principios pondera la Ley tanto la garantía jurídica de los sujetos pasivos como la eficaz defensa de los intereses de la Hacienda Pública. 226

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

13) Jurados tributarios Los Jurados tributarios se han institucionalizado en nuestra Patria y, además, han adquirido una extensión considerable, tanto en su competencia como en el volumen de sus intervenciones. Las necesidades de estos órganos resultan patentes, tanto para los tributos de estimación objetiva de la base tributaria como para los de exacción por determinación directa. En uno y otro caso responden los Jurados al propósito de adecuar, con la mayor aproximación posible, las bases tributarias a la realidad de los hechos económicos. Pero esa misma generalización reciente de sus actuaciones exigía, en primer lugar, un deslinde rígido y preciso de los supuestos de intervención de los Jurados, dando siempre al sujeto pasivo audiencia y medios para impugnar los acuerdos administrativos de su competencia, incluso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y, en segundo lugar, una reglamentación jurídica del procedimiento de estos órganos sin restricción alguna en su fiscalización, tanto en la vía económico-administrativa como en la jurisdicción contencioso-administrativa. Así lo hace la Ley con el rigor que merece la garantía jurídica del sujeto pasivo, aunque éste pueda ser, incluso, defraudador a la Hacienda Pública. 14) La revisión de actos en vía administrativa Concluye la Ley General con el capítulo VIII dedicado a la revisión en vía administrativa. Junto a las normas reguladoras de las reclamaciones económicoadministrativas se da cabida en el mismo a las relativas a la nulidad y revisión, a la devolución de ingresos indebidos, a la corrección de errores y, en especial, al recurso de reposición. Cuenta la Ley con que la ordenación formal del Derecho tributario supondrá no sólo un notorio progreso en la propia configuración de los tributos, sino muy especialmente en las técnicas para su aplicación. En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, DISPONGO:

227

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria

EXPOSICION DE MOTIVOS La Ley General Tributaria constituye el eje vertebrador del ordenamiento tributario español, ya que regula los principios generales del ordenamiento tributario, el régimen jurídico de las normas tributarias, las clases de tributos, la definición de los elementos esenciales de éstos, el régimen de las infracciones y sanciones tributarias, así como los aspectos esenciales de los procedimientos tributarios de gestión, recaudación, inspección y revisión en vía administrativa. La adecuada relación entre la Ley General Tributaria y la normativa propia de los tributos, así como el desarrollo reglamentario de los preceptos de aplicación directa recogidos en esta Ley constituyen el cimiento de la normativa tributaria, que ha resistido de manera satisfactoria el paso del tiempo y los trascendentales cambios acaecidos en España, y ha mantenido tanto su plena aplicación como su condición de eje rector y vertebrador del sistema tributario. El transcurso del tiempo, sin embargo, ha requerido las pertinentes adaptaciones normativas para adecuar el sistema tributario a la realidad social. A este efecto, se debe destacar la importante reforma llevada a cabo por la Ley 10/1985, de 26 de abril, de Reforma parcial de la Ley General Tributaria, que ha supuesto, sin duda, la más trascendental modificación, operada en dicho cuerpo legal hasta la fecha. Junto a ella, una serie de reformas menores y concretas han sido llevadas a cabo de modo urgente, a través del vehículo normativo de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido enjuiciando el respeto de estas reformas al ordenamiento constitucional. Los Tribunales Económico-administrativos y los Tribunales de Justicia, con su doctrina y jurisprudencia, respectivamente, así como la Administración tributaria, la doctrina, las asociaciones de contribuyentes y la opinión pública, en definitiva, han ido enriqueciendo esta labor diaria de elaboración y aplicación de Derecho Tributario, de valor sustancial en el funcionamiento de la sociedad actual. 228

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Todas estas reflexiones, la necesidad de dotar de rango legal adecuado a determinados preceptos de una norma clave en el funcionamiento del ordenamiento tributario y los defectos que la experiencia aplicativa ha puesto de manifiesto demandan una reforma parcial de la Ley General Tributaria. Aunque parcial, esta reforma tiene, sin embargo, la suficiente entidad para dar respuesta a los problemas que hoy en día están planteados y refuerza el papel de la Ley General Tributaria como norma básica del ordenamiento tributario, marco definitorio de las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes en el contexto de una sociedad avanzada, que demanda de forma creciente un mejor cumplimiento espontáneo de sus obligaciones tributarias por los contribuyentes, para así hacer realidad el principio constitucional de general y equitativa contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos. Por otra parte, se hace necesaria la modificación de los artículos referentes a la interpretación de las normas tributarias, eliminándose aquellos aspectos que pudieran menoscabar el principio de seguridad jurídica, potenciando, a la vez, la lucha contra el fraude, al dotar a la Administración tributaria de instrumentos legales acordes con los principios constitucionales. Todo ello sin que suponga una limitación a la libertad de actuación de los individuos para adoptar sus decisiones, teniendo en cuenta las consecuencias tributarias. Las razones anteriores justifican en concreto proceder a una reforma del régimen de infracciones y sanciones tributarias que sintonice con la realidad social y se coordine con la regulación de los delitos contra la Hacienda Pública. De tal suerte que esta última regulación sea plenamente eficaz y contribuya a disminuir la litigiosidad existente, por una parte, y a fomentar una mejor aceptación social del sistema tributario, favorecedora del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, con la reducción consiguiente del fraude actual por otra. Reviste una especial importancia a tal fin proceder a una regulación adecuada de los recargos exigidos por la realización voluntaria de ingresos fuera de plazo, que, sin fomentar el fraude y la presentación documental tardía, sirva para que aquélla cumpla debidamente su función, merced a la cual se permite al contribuyente rectificar de manera espontánea su acción u omisión y regularizar así su situación de forma voluntaria. Todo ello aconseja modificar el artículo 61, así como de los artículos 77 a 89, ambos inclusive, con importantes variaciones encaminadas a reducir el límite máximo de las sanciones por infracciones graves, que pasa del 300 por 100 al 150 por 100. En el caso de las infracciones graves en materia de retenciones se reduce asimismo su límite mínimo del 150 por 100 al 75 por 100. Junto a ello se introducen sustanciales reformas en lo relativo a los criterios de graduación de las sanciones, de suerte que sean más eficaces, se apliquen sobre conductas de especial gravedad y no conduzcan, de forma automática, al incremento de las sanciones tributarias; al mismo tiempo se pondera debidamente la reducción de las sanciones por conformidad a la propuesta de regularización inspectora, al objeto de agilizar las actuaciones y disminuir la litigiosidad. La reforma se completa en este campo con una más adecuada tipificación de las infracciones tributarias, simples y graves, y con un decidido acento en la nece229

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

saria culpabilidad del sujeto infractor, lo que da lugar a la ausencia de responsabilidad cuando se ha actuado con la diligencia debida. Asimismo, dentro del contexto de lucha contra el fraude y mejora de la eficacia de la acción administrativa, se potencia la utilización de la información disponible por la Administración tributaria en la revisión de las declaraciones tributarias. En relación a lo cual se regulan de manera pormenorizada las liquidaciones provisionales de oficio que debe dictar la Administración tributaria cuando dispone de suficientes elementos acreditativos de la existencia del hecho imponible, su realización o de la exacta cuantía de la deuda tributaria. Todo lo anterior determina la introducción de distintas modificaciones en los artículos 101, 103, 107, 111, 112, 113, 121, 123 y 124, al objeto de configurar un procedimiento de comprobación abreviada de los datos e informaciones que obran en poder de la Administración tributaria, que permita, con las debidas garantías, girar liquidaciones provisionales de oficio, las cuales faciliten en la práctica la realización de controles masivos tanto de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, como de los datos existentes en las bases de datos facilitados por terceros. En particular, con relación al artículo 111, destacan las garantías y requisitos que han de cumplir los requerimientos de la Administración tributaria, que deberán ser individualizados, relativos a los movimientos de las cuentas bancarias; se aseguran así, por un lado, la correcta integración de los diferentes derechos constitucionales que pueden concurrir en este tipo de actuaciones y, por otro, como consecuencia del citado carácter individualizado, la aplicación de este instrumento a aquellos casos en los que, fundadamente y como señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de otra forma se imposibilitaría o dificultaría el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos consagrados en el artículo 31 de la Constitución. Para adecuar la normativa tributaria al resto del ordenamiento jurídico, se procede a la adaptación de determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, en lo que respecta al uso de la información que la Administración tributaria tiene de los contribuyentes, mediante la consagración del carácter reservado de toda la información en su poder facilitada por los contribuyentes, salvo lo atinente a la investigación, o persecución de los delitos públicos y los deberes de colaboración entre Administraciones públicas. La importancia de la función recaudatoria como cauce satisfactivo final de la obligación de pago del tributo y la necesidad de dotar de rango legal adecuado a algunos preceptos, habida cuenta de su revisión y actualización por distintas Leyes de Presupuestos, justifican la reforma íntegra del procedimiento recaudatorio al tiempo que se le dota de mayor coherencia y mejor sistemática. Con base en lo anterior se procede a la revisión de los artículos 126 a 139, ambos inclusive, con la finalidad de regular de forma más precisa la vía de apremio, las facultades de los órganos de recaudación en el ejercicio de sus funciones y las incidencias suscitadas con ocasión del embargo, particularmente la concurrencia de procedimientos y la sustanciación de tercerías. La regulación de determinadas actuaciones a desarrollar por la Inspección de los tributos completa la presente reforma con modificaciones en los artículos 141 y 142, al objeto de dotar de mayor operatividad a ciertas actuaciones tendentes a 230

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

evitar la desaparición de los medios de prueba de la realización del hecho imponible o el desarrollo normal del procedimiento. Finalmente, se aprovecha esta ocasión para dotar de rango legal adecuado a todos los preceptos de la Ley General Tributaria que en los últimos tiempos han sido objeto de modificación por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, todo ello de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional. Como complemento de la reforma de la Ley General Tributaria, se modifican en disposición adicional determinados aspectos del procedimiento económico-administrativo, relativos a la suspensión de la ejecución de los actos impugnados y a la supresión de trámites en la resolución de reclamaciones de carácter repetitivo, con el fin de agilizar la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en beneficio del contribuyente. Artículo único. Modificación parcial de la Ley General Tributaria. Los preceptos de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que a continuación se relacionan, quedarán redactados en la forma que se indica:

231

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES «ESTATUTO DE LOS CONTRIBUYENTES» INDICE SISTEMÁTICO Ley 1/1998, de 26 de febrero EXPOSICION DE MOTIVOS CAPITULO III. Principios generales y derechos de los contribuyentes (artículos 1 al 4) CAPITULO III. Información y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (artículos 5 al 9) CAPITULO III. Devoluciones y reembolsos (artículos 10 al 12) CAPITULO IV. Derechos y garantías en los procedimientos tributarios (artículos 13 al 25) CAPITULO V. Derechos y garantías en el procedimiento de inspección (artículos 26 al 29) CAPITULO VI. Derechos y garantías en el procedimiento de recaudación (artículos 30 al 32) CAPITULO VII. Derechos y garantías en el procedimiento sancionador (artículos 33 al 35) CAPITULO VII. Recursos y reclamaciones (artículos 36 y 37) DISPOSICION ADICIONAL UNICA DISPOSICION TRANSITORIA UNICA DISPOSICION DEROGATORIA UNICA DISPOSICIONES FINALES

233

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes (Boletín Oficial del Estado de 27 de febrero de 1998)

EXPOSICION DE MOTIVOS I La aprobación de una Ley que contenga los derechos y garantías de los contribuyentes, ampliamente demandada por todos los sectores sociales, constituye un hito de innegable trascendencia en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica, característico de las sociedades democráticas más avanzadas. Permite, además, profundizar en la idea de equilibrio de las situaciones jurídicas de la Administración tributaria y de los contribuyentes, con la finalidad de favorecer un mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones de éstos. Ahora bien, los derechos y garantías que esta Ley explicita no son sino la contrapartida de las obligaciones que sobre los contribuyentes pesan, derivadas de la obligación general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución. La presente Ley, que recoge en un solo cuerpo normativo los principales derechos y garantías de los contribuyentes, no hace referencia alguna, sin embargo, a las obligaciones tributarias, ya que éstas aparecen debidamente establecidas en los correspondientes textos legales y reglamentarios. La regulación en un texto legal único dotará a los derechos y garantías en él recogidos de mayor fuerza y eficacia y permitirá la generalización de su aplicación al conjunto de las Administraciones tributarias, sin perjuicio de su posible integración en un momento ulterior en la Ley General Tributaria en cuanto que constituye el eje vertebrador del ordenamiento tributario. II La presente Ley introduce en algunos preceptos modificaciones esenciales en el ordenamiento jurídico vigente, y en otros reproduce los principios básicos que deben presidir la actuación de la Administración tributaria en los diferentes procedimientos. Por ello, junto a la importante reforma que esta Ley representa, debe destacarse asimismo su carácter programático, en cuanto que constituye una de235

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

claración de principios de aplicación general en el conjunto del sistema tributario, con el fin de mejorar sustancialmente la posición jurídica del contribuyente en aras a lograr el anhelado equilibrio en las relaciones de la Administración con los administrados y de reforzar la seguridad jurídica en el marco tributario. A este propósito responde, asimismo, la creación del Consejo para la Defensa del Contribuyente, llevada a cabo por el Real Decreto 2.458/1996, de 2 de diciembre, y que contribuirá eficazmente a la aplicación de la presente Ley. III Las modificaciones que la Ley incorpora van dirigidas, por una parte, a reforzar los derechos del contribuyente y su participación en los procedimientos tributarios, y por otra, y con esta misma finalidad, a reforzar las obligaciones de la Administración tributaria, tanto en pos de conseguir una mayor celeridad en sus resoluciones como de completar las garantías existentes en los diferentes procedimientos. Al primer grupo de medidas pertenecen las siguientes: La incorporación al ordenamiento tributario del conjunto de derechos básicos del ciudadano reconocidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La mejora de las condiciones de las devoluciones tributarias, mediante el abono del interés de demora tributario transcurrido el plazo establecido para practicar liquidación provisional, sin necesidad de denunciar la mora. La extensión del reembolso de los costes de los avales prestados a los incurridos para afianzar las deudas tributarias, y no sólo, como hasta ahora, los correspondientes a las sanciones, así como a los gastos incurridos por la aportación de otras garantías que reglamentariamente se determinen. La reducción y con carácter general de los plazos de prescripción del derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y de la acción para imponer sanciones tributarias. En el segundo grupo de medidas pueden destacarse las siguientes: La imposición de sanciones tributarias mediante un expediente distinto e independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor. La suspensión de la ejecución de las sanciones tributarias en tanto no sean firmes en vía administrativa, lo que entraña la presentación de los correspondientes recursos o reclamaciones sin necesidad de prestar garantía. La configuración de la vía económico-administrativa en una sola instancia, con el fin de acelerar los plazos de resolución de las correspondientes reclamaciones. Ello no impide, sin embargo, que si el contribuyente lo considera Oportuno, pueda recurrir en ciertos casos en primera instancia ante el Tribunal Económico-administrativo Regional o Local que corresponda y en alzada ante el Tribunal Económico-administrativo Central. Al mismo tiempo, se incide en las tareas de la Administración tributaria de información y asistencia al contribuyente, con especial mención, por razones de seguridad jurídica, de la posibilidad de concertar acuerdos previos con la Administración tributaria y formular consultas cuya contestación tendrá efecto vinculante para ésta. 236

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

IV De acuerdo con lo anterior, la presente Ley se estructura en ocho capítulos, en los que se ordenan, desde la perspectiva del contribuyente, sus derechos y garantías más relevantes, una disposición adicional, una disposición transitoria, una derogatoria y seis disposiciones finales. En el capítulo primero se recogen los principios generales que la inspiran. En el capítulo II, la obligación de la Administración tributaria de prestar información y asistencia al contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En el capítulo III se contienen los preceptos relativos a la devolución de ingresos indebidos, las devoluciones de oficio y el reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria. Los derechos de los contribuyentes de carácter general en los procedimientos tributarios se regulan en el capítulo IV, mientras que los capítulos V, VI y VII especifican los derechos y garantías propios de los procedimientos de inspección, recaudación y de imposición de sanciones. En este contexto, el capítulo IV recoge los derechos de los contribuyentes enunciados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con su adaptación a las peculiaridades de los procedimientos tributarios, así como los demás derechos generales de los contribuyentes en dichos procedimientos, tales como la obligación de la Administración tributaria de resolver las cuestiones planteadas, el derecho a presentar alegaciones y al trámite de audiencia, los plazos en que deben resolverse los procedimientos tributarios y los plazos de prescripción. En el capítulo V se regula la publicidad de los planes de inspección, la información al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, el derecho de los contribuyentes a solicitar que las actuaciones de comprobación e investigación de carácter parcial tengan carácter general, y fija plazos máximos para la conclusión de actuaciones. En el capítulo VI se regula la suspensión del ingreso de la deuda tributaria, los derechos y garantías en el procedimiento de apremio y la derivación y alcance de la responsabilidad. En el capítulo VII se consagra la presunción de buena fe y se prevé la separación entre el procedimiento sancionador y el de comprobación e investigación, así como la suspensión de la ejecución de las sanciones tributarias hasta que adquieran firmeza en vía administrativa. En el capítulo VIII se recoge el derecho de los contribuyentes a presentar recursos y reclamaciones y se configura, con carácter general, la vía económico-administrativa en una sola instancia. En la disposición transitoria se establece el régimen aplicable tras la entrada en vigor de la norma a los procedimientos tributarios ya iniciados. Finalmente, en las disposiciones derogatorias y finales se adecua la normativa tributaria a lo dispuesto en la presente Ley, con la derogación de determinados preceptos de la Ley General Tributaria. Se declara expresamente la vigencia de otros preceptos de dicha Ley y se da nueva redacción a los preceptos que deben ser modificados como consecuencia de la aprobación de la presente Ley. 237

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

TEXTOS LEGALES ACTUALIZADOS Y CONCORDADOS TITULO PRELIMINAR Principios generales del orden tributario L.G.T. Art. 1. La presente Ley establece los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema tributario español. ESTATUTO. Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación.—1. La presente Ley regula los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las Administraciones tributarias, y será aplicable a todas ellas. 2. Los derechos que se reflejan en la presente Ley se entienden sin perjuicio de los derechos reconocidos en el resto del ordenamiento. 3. Las referencias que en esta Ley se realizan a los contribuyentes se entenderán, asimismo, aplicables a los restantes sujetos pasivos, retenedores, obligados a ingresar a cuenta, responsables, sucesores en la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración tributaria.

L.G.T. Art. 2. La facultad originaria de establecer tributos es exclusiva del Estado y se ejercerá mediante ley votada en Cortes. L.G.T. Art. 3. La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. ESTATUTO. Art. 2. Principios generales en particular.—1. La ordenación

de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. 2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la presente Ley.

L.G.T. Art. 4. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumento de la política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta nacional. L.G.T. Art. 5. Las provincias y los municipios podrán establecer y exigir tributos dentro de los límites fijados por las leyes. Las demás Corporaciones y Entidades de Derecho público no podrán establecerlos, pero sí exigirlos, cuando la ley lo determine. L.G.T. Art. 6. 1. La potestad reglamentaria en materia tributaria corresponde al Jefe del Estado, al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda, sin perjuicio de las facultades que la legislación de régimen local atribuye a las Corporaciones locales en relación con las Ordenanzas de exacciones. 2. La gestión tributaria corresponde privativamente al Ministro de Hacienda en cuanto no haya sido expresamente encomendada por la ley a una Entidad pública.

238

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

L.G.T. Art. 7. El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria constituyen actividad reglada y son impugnables en la vía administrativa y jurisdiccional en los términos establecidos en las leyes. ESTATUTO. Art. 36. Derecho a recurrir.—Los contribuyentes tienen derecho, en los términos legalmente previstos, a interponer en vía administrativa los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos dictados por la Administración tributaria, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse.

L.G.T. Art. 8. Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias gozan de presunción de legalidad, que sólo podrá destruirse mediante revisión revocación o anulación practicada de oficio o a virtud de los recursos pertinentes. TITULO PRIMERO Normas tributarias CAPITULO PRIMERO PRINCIPIOS GENERALES L.G.T. Art. 9. 1. Los tributos, cualesquiera que sean su naturaleza y carácter, se regirán: a) Por la presente Ley en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario. b) Por las leyes propias de cada tributo. c) Por los Reglamentos generales dictados en desarrollo de esta Ley, en especial los de gestión, recaudación, inspección, jurados y procedimiento de

las reclamaciones económico-administrativas y por el propio de cada tributo. d) Por los Decretos, por las Ordenes acordadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y por las Ordenes del Ministro de Hacienda publicados en el Boletín Oficial del Estado. 2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del Derecho administrativo y los preceptos del Derecho común. ESTATUTO. Art. 4. Normativa tributaria.—1. Las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes. 2. Las leyes y los reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas. 3. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado. 4. Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban. ESTATUTO. Art. 6. Publicaciones.— 1. El Ministerio de Economía y Hacienda acordará y ordenará la publicación en el primer trimestre de cada ejercicio de Ios textos actualizados de las Leyes y Reales Decretos en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el ejercicio precedente. Asimismo, ordenará la publicación en igual plazo y forma de una relación de todas las disposicio-

239

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

nes tributarias que se hayan aprobado en dicho ejercicio. 2. También publicará periódicamente por los procedimientos que en cada caso resulten adecuados las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas de mayor trascendencia y repercusión. 3. La Administración central y las Administraciones autonómicas podrán regular mediante convenios la publicación, además de en castellano, en las demás lenguas declaradas oficiales en los Estatutos de Autonomía. 4. La Administración tributaria y los Tribunales Económico-administrativos deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, con supresión en ellas de toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que se refiere.

L.G.T. Art. 10. Se regularán, en todo caso, por ley: a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, salvo lo establecido en el artículo 58. b) El establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y demás bonificaciones tributarias. c) La modificación del régimen de sanciones establecidas por ley. d) Los plazos de prescripción o caducidad y su modificación. e) Las consecuencias que el incumplimiento de las obligaciones tributarias pueden significar respecto a la eficacia de los actos o negocios jurídicos. f) La concesión de perdones, condonaciones, rebajas, amnistías o moratorias.

g) La fijación de los supuestos de hecho que determinen la competencia de los Jurados tributarios. h) El establecimiento y la fijación de las condiciones esenciales de los monopolios fiscales. i) Las prohibiciones de localización en ciertas zonas del territorio nacional por motivos fiscales, de determinadas actividades o explotaciones económicas. j) La implantación de inspecciones o intervenciones tributarias con carácter permanente en ciertas ramas o clases de actividades o explotaciones económicas. k) La obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria. L.G.T. Art. 11. 1. Las delegaciones o autorizaciones legislativas que se refieran a las materias contenidas en el apartado a) del artículo 10 de esta Ley precisarán inexcusablemente los principios y criterios que hayan de seguirse para la determinación de los elementos esenciales del respectivo tributo. 2. El uso de las autorizaciones o delegaciones se ajustará a los preceptos de la Ley que las concedió o confirmó. Habrá de darse cuenta a las Cortes de las disposiciones que a su amparo se dicten. 3. Sus preceptos tendrán la fuerza y eficacia de meras disposiciones administrativas en cuanto excedan de los límites de la autorización o delegación o ésta hubiere caducado por transcurso de plazo o hubiera sido revocada. L.G.T. Art. 12. 1. El Gobierno, con carácter general, y dentro de los límites o condiciones señalados en cada caso por la ley, podrá aumentar o disminuir los tipos impositivos o suprimir incluso el gravamen:

240

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

a) Cuando recaigan sobre las importaciones o exportaciones de productos, mercancías o bienes en general. b) Cuando graven los actos de tráfico de bienes. 2. En ambos casos el Ministerio de Hacienda deberá instruir un expediente administrativo con los estudios e informaciones previos que justifiquen el buen uso de la expresada facultad. L.G.T. Art. 13. Las cláusulas de naturaleza tributaria contenidas en acuerdos o tratados internacionales carecerán de eficacia en tanto no sean éstos ratificados con arreglo al ordenamiento jurídico nacional. L.G.T. Art. 14. 1. Todo proyecto de ley por el que se proponga el establecimiento, modificación o prórroga de una exención o bonificación tributaria requerirá que, previamente, el Ministro de Hacienda haya expuesto al Gobierno en Memoria razonada: a) La finalidad del beneficio tributario. b) La previsión cifrada de sus consecuencias en los ingresos públicos. 2. La Memoria se unirá al proyecto de ley para su presentación a las Cortes. L.G.T. Art. 15. Las normas por las que se otorguen exenciones o bonificaciones tendrán limitada su vigencia a un período de cinco años, salvo que se establezcan expresamente a perpetuidad o por mayor o menor tiempo, y sin perjuicio de los derechos adquiridos durante dicha vigencia. El Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Hacienda, propondrá periódicamente a las Cortes la prórroga de las que deban subsistir. L.G.T. Art. 16. Toda modificación de leyes o reglamentos tributarios

contendrá una redacción completa de las normas afectadas. ESTATUTO. Art. 5. Información y asistencia.—1. La Administración tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos. Esta actividad se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones: publicación de textos actualizados de las normas tributarias, remisión de comunicaciones, contestación a consultas tributarias y adopción de acuerdos previos de valoración. 2. En los términos establecidos por las leyes, quedarán exentos de responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes que adecuen su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas a las que se refiere el párrafo anterior.

L.G.T. Art. 17. Adoptarán necesariamente la forma de decreto a propuesta del Ministro de Hacienda: a) Los reglamentos generales dictados en ejecución y desarrollo de las leyes tributarias. b) Los reglamentos propios de cada tributo. c) La reglamentación de exenciones, reducciones y demás bonificaciones tributarias. L.G.T. Art. 18. 1. La facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás disposiciones en materia tributaria corresponden privativamente al Ministro de Hacienda, quien la ejercerá mediante Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. 2. Las anteriores disposiciones serán de obligado acatamiento para los 241

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

órganos de gestión de la Administración pública. ESTATUTO. Art. 7. Comunicaciones.—La Administración tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria a través de los servicios de información de las oficinas abiertas al público, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y remitirá comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.

L.G.T. Art. 19. Serán nulas de pleno derecho las resoluciones administrativas de carácter particular dictadas por los órganos de gestión que vulneren lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas emanen de órganos de igual o superior jerarquía. CAPITULO II APLICACION DE LAS NORMAS SECCION PRIMERA Ambito de aplicación L.G.T. Art. 20. Las normas tributarias entrarán en vigor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del Código Civil, y serán aplicadas durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en la respectiva ley sin que precisen ser revalidadas por la Ley Presupuestaria o por cualquier otra. L.G.T. Art. 21. Las normas tributarias obligarán en el territorio nacional. Salvo lo dispuesto por la ley en cada caso, los tributos se aplicarán conforme a los siguientes principios: a) El de residencia efectiva de las personas naturales cuando el gravamen sea de naturaleza personal.

b) El de territorialidad en los demás tributos, y, en especial, cuando tengan por objeto el producto, el patrimonio, las explotaciones económicas o el tráfico de bienes. L.G.T. Art. 22. El ámbito de aplicación de las leyes tributarias españolas, en cuanto se refieran a los actos realizados por extranjeros, a los rendimientos o utilidades por éstos percibidos o a los bienes y valores que les pertenezcan, podrá ser modificado por decreto a propuesta del Ministro de Hacienda: a) Por requerirlo la aplicación de acuerdos internacionales celebrados por nuestro país o a los que España se haya adherido. b) Por resultar procedente de la aplicación del principio de reciprocidad internacional. SECCION SEGUNDA Interpretación L.G.T. Art. 23. 1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho. 2. En tanto no se definan por el ordenamiento tributario, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. 3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones. L.G.T. Art. 24. 1. Para evitar el fraude de la Ley se entenderá que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo, amparándose en el texto de normas dictadas con distinta finalidad, siempre que produzcan un resultado equivalen-

242

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

te al derivado del hecho imponible. El fraude de ley tributaria deberá ser declarado en expediente especial en el que se dé audiencia al interesado. 2. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de Ley tributaria no impedirán la aplicación de la norma tributaria eludida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendía obtener mediante ellos. 3. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial de fraude de ley se aplicará la norma tributaria eludida y se liquidarán los intereses de demora que correspondan, sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones. L.G.T. Art. 25. En los actos o negocios en los que se produzca la existencia de simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. TITULO II Tributos CAPITULO PRIMERO CLASES DE TRIBUTOS L.G.T. Art. 26. 1. Los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos: a) Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

Primera. Que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados: Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. Segunda. Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. b) Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. c) Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gastos de la renta. 2. Participan de la naturaleza de los impuestos las denominadas exacciones parafiscales cuando se exijan sin especial consideración a servicios o actos de la Administración que beneficien o afecten al sujeto pasivo. L.G.T. Art. 27. El rendimiento de los tributos del Estado se destinará a cubrir sus gastos generales, a menos que, a título excepcional y mediante una ley, se establezca una afectación concreta. 243

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO Il EL HECHO IMPONIBLE L.G.T. Art. 28. 1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 2. El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. L.G.T. Art. 29. La ley, en su caso, completará la determinación concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. CAPITULO III EL SUJETO PASIVO SECCION PRIMERA Principios generales L.G.T. Art. 30. Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la ley resulte obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. L.G.T. Art. 31. 1. Es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. 2. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. L.G.T. Art. 32. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la

obligación tributaria. El concepto se aplica especialmente a quienes se hallan obligados por la ley a detraer, con ocasión de los pagos que realicen a otras personas, el gravamen tributario correspondiente, asumiendo la obligación de efectuar su ingreso en el Tesoro. L.G.T. Art. 33. Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes tributarias en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición. L.G.T. Art. 34. La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública, salvo que la ley propia de cada tributo dispusiera lo contrario. L.G.T. Art. 35. 1. La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste en el pago de la deuda tributaria. Asimismo, queda obligado a formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo. 2. Están igualmente obligados a llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso se establezca; a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible. 3. Las obligaciones a que se refiere el número anterior en cuanto tengan el carácter de accesorias no podrán exigirse una vez expirado el plazo de prescripción de la acción administrativa para hacer efectiva la obligación principal. ESTATUTO. Art. 3. Derechos generales de los constribuyentes.—Constitu-

244

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

yen derechos generales de los contribuyentes los siguientes: a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas. b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la presente Ley, las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. c) Derecho de ser reembolsado, en la forma fijada en esta Ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado. f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas. g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la Administración actuante. h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomandada, sin que puedan ser cedidos o

comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes. i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria. j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa. k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidas en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución. m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que se desarrollen en los plazos previstos en la presente Ley.

L.G.T. Art. 36. La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto ante la Administración sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas. SECCION SEGUNDA Responsables del tributo L.G.T. Art. 37. 1. La ley podrá declarar responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras personas, solidaria o subsidiariamente. 245

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones. El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado en el párrafo tercero del apartado siguiente. 4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance. Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, en la forma que reglamentariamente se determine, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal. Transcurrido el período voluntario que se concederá al responsable para el ingreso, si no efectúa el pago la responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo a que se refiere el artículo 127 de esta Ley y la deuda le será exigida en vía de apremio. 5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración del fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro del marco legalmente previsto. 6. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos. ESTATUTO. Art. 32. Derivación formal y alcance de la responsabilidad.—La derivación de la acción administrativa

para exigir el pago de la deuda tributaria al responsable requerirá la notificación al mismo del acto en el que, previa audiencia al interesado, se declare su responsabilidad y se determine el alcance de ésta.

L.G.T. Art. 38. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 2. En los supuestos de declaración consolidada, todas las Sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. L.G.T. Art. 39. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones, de las obligaciones tributarias de dichas Entidades. L.G.T. Art. 40. 1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas. Lo previsto en este precepto no afectará a lo establecido en otros supuestos de responsabilidad en la legislación en vigor.

246

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

2. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y Entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. L.G.T. Art. 41. 1. Los adquirentes de bienes afectos por ley a la deuda tributaria responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. 2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar que prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de dicha derivación. 3. La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la ley al señalar la afección de los bienes. SECCION TERCERA La capacidad de obrar en el orden tributario L.G.T. Art. 42. En el orden tributario tendrán capacidad de obrar, además de las personas que la ostentan con arreglo a las normas de Derecho privado, la mujer casada y los menores de edad en las relaciones tributarias derivadas de aquellas actividades cuyos ejercicios les está permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia del marido o de persona que ejerza la patria potestad o la tutela, respectivamente. L.G.T. Art. 43. 1. El sujeto pasivo con capacidad de obrar podrá actuar por medio de representante, con el que

se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, si no se hace manifestación en contrario. 2. Para interponer reclamaciones, desistir de ellas en cualquiera de sus instancias y renunciar a derechos en nombre de un sujeto pasivo, deberá acreditarse la representación con poder bastante, mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente, o comparecencia ante el órgano administrativo competente. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación. 3. La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo. 4. En los supuestos de Entidades, asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes, que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente, y de no haberse designado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la Entidad o comunidad. L.G.T. Art. 44. Por los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales. SECCION CUARTA El domicilio fiscal L.G.T. Art. 45. 1. El domicilio, a los efectos tributarios, será: a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual. 247

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que radiquen dicha gestión o dirección. 2. La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio tributario. Cuando un sujeto pasivo cambia su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tributaria, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administración hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. La Admistración podrá rectificar el domicilio tributario de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente. L.G.T. Art. 46. 1. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año natural vendrán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública. 2. Las personas jurídicas residentes en el extranjero, que desarrollen actividades en España, tendrán su domicilio fiscal en el lugar en que radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios. CAPITULO IV LA BASE IMPONIBLE SECCION PRIMERA La determinación de la base imponible L.G.T. Art. 47. 1. La ley propia de cada tributo establecerá los medios y métodos para determinar la base imponible, dentro de los siguientes regímenes: a) Estimación directa.

b) Estimación objetiva. c) Estimación indirecta. 2. Las bases determinadas por los regímenes de las letras a) y c) del apartado anterior podrán enervarse por el sujeto pasivo mediante las pruebas correspondientes. L.G.T. Art. 48. La determinación de las bases tributarias en régimen de estimación directa corresponderá a la Administración y se aplicará sirviéndose de las declaraciones o documentos presentados, o de los datos consignados en libros y registros comprobados administrativamente. L.G.T. Art. 49. El régimen de estimación objetiva singular se utilizará, con carácter voluntario, para los sujetos pasivos cuando lo determine la ley propia de cada tributo. L.G.T. Art. 50. Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios: a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto. b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades pro-

248

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

ductivas o familiares que deban compararse en términos tributarios. c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes, según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. L.G.T. Art. 51. 1. Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias: 1.º La Inspección de los tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos, retenedores o beneficiarios de las desgravaciones, informe razonado sobre: a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación directa. b) Situación de la contabilidad de registros obligatorios del sujeto inspeccionado. c) Justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o rendimientos. d) Cálculos y estimaciones efectuadas en base a las anteriores. Las actas incoadas en unión del respectivo informe se tramitarán por el procedimiento establecido según su naturaleza y clase. 2.º En aquellos casos en que no medie actuación de la Inspección de los tributos, el órgano gestor competente dictará acto administrativo de fijación de la base y liquidación tributaria que deberá notificar al interesado con los requisitos a los que se refieren los artículos 121 y 124 de esta Ley y con expresión de los datos indicados en las letras a), c) y d) del número anterior. 2. La aplicación del régimen de estimación indirecta no requerirá acto administrativo previo que así lo declare, sin perjuicio de los recursos y reclama-

ciones que procedan contra los actos y liquidaciones resultantes de aquél. En los recursos y reclamaciones interpuestos podrá plantearse la procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta. SECCION SEGUNDA La comprobación de valores L.G.T. Art. 52. 1. El valor de las rentas productos, bienes y demás elementos del hecho imponible podrá comprobarse por la Administración Tributaria con arreglo a los siguientes medios: a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la Ley de cada tributo señale o estimación por los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. b) Precios medios en el mercado. c) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. d) Dictamen de peritos de la Administración. e) Tasación pericial contradictoria. f) Cualesquiera otros medios que específicamente se determinen en la ley de cada tributo. 2. El sujeto pasivo podrá, en todo caso, promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los demás procedimientos de comprobación fiscal de valores señalados en el número anterior, dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente o, cuando así estuviera previsto, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado. Acordada la práctica de la tasación pericial contradictoria en los términos que reglamentariamente se determinen, si existiera disconformidad de los peritos sobre el valor de los bienes o dere249

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

chos y la tasación practicada por el de la Administración no excede en más del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas a la hecha por el del sujeto pasivo esta última servirá de base para la liquidación. Si la tasación hecha por el perito de la Administración excede de los límites indicados, deberá designarse un perito tercero. A tal efecto, el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma interesará en el mes de enero de cada año, de los distintos colegios profesionales y asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidas, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Elegido uno por sorteo público de cada lista, las designaciones se efectuarán a partir del mismo, por orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar y, salvo renuncia, a aceptar el nombramiento por causa justificada. Cuando no exista colegio profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se interesará del Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial. El perito de la Administración percibirá las retribuciones a que tenga derecho conforme a la legislación vigente. Los honorarios del perito del sujeto pasivo serán satisfechos por éste. Cuando la tasación practicada por el tercer perito fuese superior en un 20 por 100 al valor declarado, todos los gastos de la pericia serán abonados por el sujeto pasivo y, por el contrario, caso de ser inferior, serán de cuenta de

la Administración y, en este caso, el sujeto pasivo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito. El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo que se realizará mediante depósito en el Banco de España, en el plazo de diez días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones. Entregada en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria competente u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma la valoración por el tercer perito, se comunicará al interesado y, al mismo tiempo, se le concederá un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de honorarios depositados en el Banco de España. 3. Las normas de cada tributo reglamentarán la aplicación de los medios de comprobación señalados en el apartado 1 de este artículo. ESTATUTO. Art. 9. Acuerdos previos de valoración.—1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando las leyes o reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos del hecho imponible. 2. La solicitud deberá presentarse por escrito antes de la realización del hecho imponible o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo y tendrá que acompañarse

250

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

de una propuesta de valoración formulada por el contribuyente. 3. La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las circunstancias declaradas por el contribuyente. 4. La valoración de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de su carácter vinculante, del supuesto de hecho al que se refiere y del impuesto al que se aplica, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada tributo. La falta de contestación de la Administración tributaria en los plazos indicados implicará la aceptación de los valores propuestos por el contribuyente. 5. Salvo en el supuesto de que se modifique la legislación, o que varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron su valoración, la Administración tributaria está obligada a aplicar al contribuyente los valores expresados en el acuerdo. 6. El acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años, salvo que en la normativa que lo establezca se prevea otro distinto. 7. Los contribuyentes no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos regulados en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra las liquidaciones que pudieran dictarse ulteriormente. ESTATUTO. Art. 25. Valoración de bienes.—1. Cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y a los efectos de los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o de transmisión. 2. Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa,

pero cuando el contribuyente haya seguido los criterios manifestados por la Administración tributaria, no incurrirá en ningún tipo de responsabilidad.

SECCION TERCERA La base liquidable L.G.T. Art. 53. Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones establecidas por la ley propia de cada tributo. CAPITULO V LA DEUDA TRIBUTARIA SECCION PRIMERA El tipo de gravamen y la deuda tributaria L.G.T. Art. 54. Tendrán la consideración de tipo de gravamen los de carácter proporcional o progresivo que corresponde aplicar sobre la respectiva base liquidable para determinar la cuota. L.G.T. Art. 55. La cuota tributaria podrá determinarse en función del tipo de gravamen aplicable, según cantidad fija señalada al efecto en los pertinentes textos legales, o bien conjuntamente por ambos procedimientos. L.G.T. Art. 56. Deberá deducirse de oficio la deuda tributaria cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender, al menos, dicho exceso. Se exceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pagarse por medio de efectos timbrados. L.G.T. Art. 57. 1. Cuando proceda deducir de la cuota de un tributo las 251

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

devengadas o satisfechas por otro u otros de exacción previa, se deducirán en sus cuantías íntegras aunque éstas hayan sido objeto de exención o bonificación. 2. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo cuando la exención se configure por el hecho de que las bases exentas estén gravadas por otro impuesto, o por la circunstancia de que constituyen rendimientos propios de una actividad regular o típica de personas o Entidades sujetas a los impuestos generales de carácter directo. L.G.T. Art. 58. 1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, por los pagos a cuenta o fraccionados, las cantidades retenidas o que se hubieran debido retener y los ingresos a cuenta. 2. En su caso, también formarán parte de la deuda tributaria: a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, ya sean a favor del Tesoro o de otros entes públicos. b) Los recargos previstos en el apartado 3 del artículo 61 de esta Ley. c) El interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos General del Estado establezca otro diferente. d) El recargo de apremio. e) Las sanciones pecuniarias. SECCION SEGUNDA El pago L.G.T. Art. 59. 1. El pago de la deuda tributaria podrá hacerse en efectivo o mediante el empleo de efectos

timbrados según se disponga reglamentariamente. 2. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las Cajas del Tesoro, Oficinas recaudatorias o Entidades debidamente autorizadas que sean competentes para su admisión. 3. En caso de empleo de efectos timbrados se entenderá pagada la deuda tributaria cuando se utilicen aquéllos en la forma que reglamentariamente se determine. L.G.T. Art. 60. 1. El pago en efectivo de la deuda tributaria podrá realizarse por los medios y en la forma determinados reglamentariamente. 2. Cuando el pago de las deudas tributarias se realice y acredite mediante efectos timbrados, la forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características se establecerán por disposiciones reglamentarias. L.G.T. Art. 61. 1. El pago deberá hacerse dentro de los plazos que determine la normativa reguladora del tributo o, en su defecto, la normativa recaudatoria. 2. El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se efectúe, determinará el devengo de intereses de demora. De igual modo se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión de la ejecución del acto y en los aplazamientos, fraccionamientos o prórrogas de cualquier tipo. 3. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin re-

252

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

querimiento previo, sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100, respectivamente, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el artículo 127 de esta Ley. 4. En los casos y en la forma que determine la normativa recaudatoria, la Administración Tributaria podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias, siempre que la situación económico-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo. Las deudas aplazadas deberán garantizarse, en los términos previstos en la normativa recaudatoria, excepto en los casos siguientes: a) Cuando las deudas sean inferiores a las cifras que fije el Ministro de Economía y Hacienda en atención a la distinta naturaleza de las mismas. b) Cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda, y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien produjera graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.

L.G.T. Art. 62. 1. Las deudas tributarias se presumen autónomas. 2. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo sujeto pasivo y no pudieran satisfacerse totalmente, la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, aplicará el pago al crédito más antiguo, determinándose su antigüedad de acuerdo con la fecha en que fue exigible. 3. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias, unas procedentes de tributos de la Hacienda Pública y otras de tributos a favor de otras Entidades, tendrán preferencia para su cobro las primeras, salvo la prelación que corresponda con arreglo a los artículos 71, 73 y 76 de esta Ley. 4. El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Hacienda Pública a percibir los anteriores en descubierto. L.G.T. Art. 63. Los sujetos pasivos podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su caso, las costas reglamentariamente devengadas en la Central de la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen. SECCION TERCERA La prescripción L.G.T. Art. 64. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas. c) La acción para imponer sanciones tributarias. 253

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos. ESTATUTO. Art. 24. Prescripción.— Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas. c) La acción para imponer sanciones tributarias. d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.

L.G.T. Art. 65. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se refiere el artículo como sigue: En el caso a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración; en el caso b), desde la fecha en que finalice el plazo voluntario; en el caso c), desde el momento en que se cometieron las respectivas infracciones, y en el caso d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido. L.G.T. Art. 66. 1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 64 se interrumpen: a) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del Impuesto devengado por cada hecho imponible. A estos efectos se entenderán como realizadas directamente con el sujeto pasivo las actuaciones de Juntas y Comisiones en el procedimiento de estimación global, para los que estuvieren debidamente representados.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase. c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda. 2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 64 se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de Administración en que se reconozca su existencia. L.G.T. Art. 67. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo. SECCION CUARTA Otras formas de extinción L.G.T. Art. 68. 1. Las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por compensación en las condiciones que reglamentariamente se establezcan: a) Con los créditos reconocidos por acto administrativo firme a que tengan derecho los sujetos pasivos en virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo. b) Con otros créditos reconocidos por acto administrativo firme a favor del mismo sujeto pasivo. 2. La extinción total o parcial de las deudas tributarias que las Entidades estatales autónomas, instituciones oficiales y Corporaciones locales tengan con el Estado, podrán acordarse por vía de compensación cuando se trate de deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles. L.G.T. Art. 69. Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de ley y en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

254

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

L.G.T. Art. 70. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos ejecutivos por insolvencia probada del sujeto pasivo y demás responsables se declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. SECCION QUINTA Las garantías L.G.T. Art. 71. La Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente Registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de esta Ley. L.G.T. Art. 72. 1. Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y Entidades jurídicas, serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad, sin perjuicio de lo que para la herencia aceptada a beneficio de inventario establece el Código Civil. 2. El que pretenda adquirir dicha titularidad, y previa la conformidad del titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la explotación y actividades a que se refiere el apartado anterior. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitara en

el plazo de dos meses, quedará aquél exento de la responsabilidad establecida en este artículo. L.G.T. Art. 73. En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un Registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las provincias y los municipios tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediato anterior. L.G.T. Art. 74. 1. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas o no, correspondiente a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, o en establecimiento mercantil o industrial en el caso de bienes muebles no inscribibles. 2. Siempre que la ley reguladora de cada tributo conceda un beneficio de exención o bonificación cuya definitiva efectividad dependa de ulterior cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito por aquélla exigido, la Administración hará figurar el total importe de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, la que se hará constar por nota marginal de afección en los Registros públicos. L.G.T. Art. 75. La Hacienda Pública tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías que se 255

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

presenten a despacho y exacción de los tributos que graven su tráfico o circulación por el respectivo importe del crédito líquido, de no garantizarse de forma suficiente el pago del mismo. L.G.T. Art. 76. Cuando se acuerde el fraccionamiento o aplazamiento en pago de la deuda tributaria, conforme autoriza el artículo 61 de esta Ley, el Estado, las provincias y los municipios podrán exigir que se constituya a su favor aval bancario, hipoteca o prenda sin desplazamiento u otra garantía suficiente. CAPITULO VI LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

L.G.T. Art. 77. 1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. 2. Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en esta Ley y en las restantes normas tributarias. Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su legislación específica. 3. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 33 de esta Ley que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes y, en particular, las siguientes: a) Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos. b) Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta. c) La sociedad dominante en el régimen de declaración consolidada. d) Las entidades en régimen de transparencia fiscal.

e) Los obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria conforme a lo establecido en los artículos 111 y 112 de esta Ley y en las normas reguladoras de cada tributo. f) El representante legal de los sujetos obligados que carezca de capacidad de obrar. 4. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. b) Cuando concurra fuerza mayor. c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó la misma. d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. En particular, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma. 5. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, al regularizarse la situación tributaria de los sujetos pasivos o de los restantes obligados, se exigirá, además de la cuota, importe de la retención o ingreso a cuenta, devolución, beneficio fiscal y recargos que, en su caso, procedan, el correspondiente interés de demora. 6. En los supuestos en que la Administración Tributaria estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la juris-

256

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

dicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. La sentencia condenatoria de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa. De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración Tributaria continuará el expediente sancionador con base en los hechos que los Tribunales hayan considerado probados. ESTATUTO. Art. 33. Presunción de buena fe.—1. La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe. 2. Corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias.

L.G.T. Art. 78. 1. Constituye infracción simple el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los tributos, cuando no constituyen infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones simples las siguientes conductas: a) La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. b) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con terceras personas, establecidos en los artículos 111 y 112 de esta Ley.

c) El incumplimiento de las obligaciones de índole contable, registral y censal. d) El incumplimiento de las obligaiones de facturación y, en general, de emisión, entrega y conservación de justificantes o documentación equivalentes. e) El incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el número de identificación fiscal. f) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria, ya sea en fase de gestión, inspección o recaudación. 2. Las leyes de cada tributo podrán tipificar supuestos de infracciones simples de acuerdo con la naturaleza y características de la gestión de cada uno de ellos, que en su caso, podrán ser especificadas, dentro de los límites establecidos por la ley, por las normas reglamentarias de los tributos. 3. Por su parte, los reglamentos de desarrollo de esta Ley podrán especificar, dentro de los límites comprendidos en la misma, las infracciones y sanciones correspondientes al incumplimiento de los deberes de índole general antes mencionados. L.G.T. Art. 79. Constituyen infracciones graves las siguientes conductas: a) Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 61 de esta Ley o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 127 también de esta Ley. b) No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento de la Administración Tributaria o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la Administración Tributaria pueda practicar la liquidación de aquellos tributos 257

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación. c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones. d) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos de impuesto, a deducir o compensar en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros. e) Determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios, por las entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, que no se correspondan con la realidad. L.G.T. Art. 80. Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante: 1. Multa pecuniaria, fija o proporcional. La multa pecuniaria proporcional se aplicará, salvo en los casos especiales previstos en el artículo 88, apartados 1 y 2, de esta Ley, sobre la cuota tributaria y, en su caso, los recargos enumerados en el artículo 58.2, letra a), de esta Ley, sobre las cantidades que hubieran dejado de ingresarse o sobre el importe de los beneficios o devoluciones indebidamente obtenidos. 2. Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales. 3. Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con el Estado u otros entes públicos. 4. Suspensión, por plazo de hasta un año, del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público. A estos efectos, se considerarán profesiones oficiales las desempeñadas por Registradores de la Propiedad, Notarios, Corredores Oficiales de Comer-

cio, y todos aquellos que, ejerciendo funciones públicas, no perciban directamente haberes del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locales o Corporaciones de Derecho Público. L.G.T. Art. 81. 1. Las sanciones tributarias serán acordadas e impuestas por: a) El Gobierno, si consisten en suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público. b) El Ministro de Economía y Hacienda o el órgano en quien delegue, cuando consistan en la pérdida del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales cuya concesión le corresponda, o de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en la prohibición para celebrar contratos con el Estado u otros entes públicos. c) Los Directores generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores del Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la esfera central y los Delegados especiales de dicha Agencia en la esfera territorial si consisten en la pérdida del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales, salvo lo dispuesto en la letra anterior. d) Los Directores generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la esfera central y los Delegados o Administradores de dicha Agencia, así como los Delegados del Ministerio de Economía y Hacienda, en la esfera territorial, si consisten en multa pecuniaria fija. e) Los órganos que deban dictar los actos administrativos por los que se practiquen las liquidaciones provisionales o definitivas de los tributos o, en su caso, de los ingresos por retenciones a cuenta de los mismos, si

258

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

consisten en multa pecuniaria proporcional. 2. La imposición de sanciones no consistentes en multas se realizará mediante expediente distinto e independiente del instruido para regularizar la situación tributaria del sujeto infractor e imponer las multas correspondientes. Se iniciará a propuesta del funcionario competente, y en él se dará, en todo caso, audiencia al interesado antes de dictar el acuerdo correspondiente. Cuando se proponga la imposición de varias sanciones que no consistan en multa y fueran distintos los órganos competentes para imponer cada una de ellas, resolverá el expediente del órgano superior de los competentes. 3. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativos que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. 4. La Administración Tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha declaración adquiera firmeza. Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías. Esta medida se extenderá en la forma que se determine en vía reglamentaria a otros gastos incurridos en la prestación de garantías distintas de las anteriores. 5. Los órganos competentes de las Haciendas territoriales para la imposición

de las sanciones serán los que ejerzan funciones análogas a las mencionadas. ESTATUTO. Art. 34. Procedimiento separado.—1. La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, en el que se dará en todo caso audiencia al interesado. 2. Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de comprobación o investigación de la situación tributaria del sujeto infractor o responsable, aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de audiencia correspondiente a este último. 3. El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis meses. 4. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones. ESTATUTO. Art. 35. Suspensión de la ejecución de las sanciones.—La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.

L.G.T. Art. 82. Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a: 259

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

a) La comisión repetida de infracciones tributarias. Cuando concurra esta circunstancia en la comision de una infracción grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 50 puntos. b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración Tributaria. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 50 puntos. c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta. A estos efectos, se considerarán principalmente medios fraudulentos los siguientes: la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad y el empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 20 y 75 puntos. d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ellos una disminución de ésta. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 25 puntos. e) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o deberes formales o de colaboración. f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados y,

en general, del incumplimiento de las obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración Tributaria. 2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. Los criterios establecidos en las letras e) y f ) se emplearán, exclusivamente, para la graduación de las sanciones por infracciones simples. El criterio establecido en la letra d) se aplicará exclusivamente para la graduación de las sanciones por infracciones graves. Reglamentariamente se determinará la aplicación de cada uno de los criterios de graduación. 3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 30 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su caso, el responsable, manifiesten su conformidad con la propuesta de regularización que se les formule. L.G.T. Art. 83. 1. Cada infracción simple será sancionada con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes. 2. El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, bien con carácter general, bien a requerimiento individualizado, a que se refieren los artículos 111 y 112 de esta Ley, se sancionará con multas de 1.000 a 200.000 pesetas por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones correspondientes o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados, sin que la cuantía total de la sanción impuesta pueda exceder del 3 por 100 del volumen de operaciones del sujeto infractor en el año natural anterior al mo-

260

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

mento en que se produjo la infracción. Este límite máximo será de 5.000.000 de pesetas cuando los años naturales anteriores no se hubiesen realizado operaciones, cuando el año natural anterior fuese el del inicio de la actividad o si el ciclo de producción fuese manifiestamente irregular. Si los datos requeridos no se refieren a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, la cuantía total de la sanción impuesta no podrá exceder de 300.000 pesetas. Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor o del incumplimiento de sus obligaciones contables y formales, la Administración tributaria no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la infracción simple inicialmente cometida se sancionará con multa que no podrá exceder del 5 por 100 del volumen de operaciones del sujeto infractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la infracción, sin que, en ningún caso, la multa pueda ser inferior a 150.000 pesetas. El límite máximo será de 8.000.000 de pesetas si los años naturales anteriores no se hubiesen realizado operaciones, o el año natural anterior fuese el de inicio de la actividad o si el ciclo de producción, fuese manifiestamente irregular. Cuando los datos no se refieran a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, este límite máximo será de 500.000 pesetas. 3. Serán sancionados en cada caso con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas las siguientes infracciones: a) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y en los Registros exigidos por normas de naturaleza fiscal. b) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corres-

ponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria. c) La transcripción incorrecta en las declaraciones tributarias de los datos que figuran en los libros y Registros obligatorios. d) El incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales. e) El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales. f) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la Empresa. g) La falta de aportación de pruebas y documentos contables requeridos por la Administración Tributaria o la negativa a su exhibición. 4. El incumplimiento de la obligación de facilitar datos con trascendencia censal de actividades empresariales o profesionales será sancionado con multa de 1.000 a 150.000 pesetas. 5. Cuando las infracciones tributarias simples sancionadas consistan en el incumplimiento o en el cumplimiento incorrecto de los deberes de expedir y entregar factura y, en su caso, de consignar la repercusión de cuotas tributarias, que incumben a los empresarios o profesionales, la cuantía total de las multas impuestas en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no podrá exceder del 5 por 100 del importe de las contraprestaciones del conjunto de las operaciones que hayan originado las infracciones correspondientes. Cuando el sujeto infractor haya incumplido de manera general los deberes de colaboración en la gestión tri261

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

butaria a que se refiere el párrafo anterior, o la Administración Tributaria no pueda por causa de aquél conocer el número de operaciones, facturas o documentos análogos, que hayan originado una infracción tributaria simple, en cada caso, será considerado responsable de una única infracción simple y sancionado con multa entre 25.000 pesetas y una cantidad igual al 5 por 100 del volumen de sus operaciones en el período de tiempo al que la comprobación se refiera. 6. Quienes en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria no utilicen o faciliten su número de identificación fiscal en la forma prevista reglamentariamente, serán sancionados con multa de 1.000 a 150.000 pesetas. Esta sanción se aplicará independientemente por cada infracción simple cometida. No obstante, cuando el sujeto infractor haya incumplido de manera general este deber de colaboración será considerado responsable de una única infracción simple y sancionado con multa entre 25.000 y 500.000 pesetas o, si el incumplimiento se hubiese producido en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, del 5 por 100 del volumen de sus operaciones en el período de tiempo al que la comprobación se refiera. Cuando una entidad de crédito incumpla los deberes que específicamente le incumben a raíz de la indebida identificación de una cuenta u operación, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 113 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 será sancionada con multa del 5 por 100 de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 150.000 pesetas, o si hubiera debido proceder a la cancelación de la operación o depósito,

con multa entre 150.000 y 1.000.000 de pesetas. El incumplimiento de los deberes relativos a la consignación del número de identificación fiscal en el libramiento o abono de los cheques al portador será sancionado con multa del 5 por 100 del valor facial del efecto, con un mínimo de 150.000 pesetas. La falta de presentación de las declaraciones o comunicaciones que las entidades de crédito deban presentar acerca de las cuentas u otras operaciones cuyo titular no haya facilitado su número de identificación fiscal, así como la inexactitud u omisión de los datos que deban figurar en ellas, serán sancionadas en la forma prevista en el número 2 de este artículo. 7. La resistencia, excusa o negativa a la actuación de la inspección o recaudación de los tributos relativa al examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas, sistemas operativos y de control y de cualquier otro antecedente o información de los que se deriven los datos a presentar o a aportar así como a la comprobación o compulsa de las declaraciones o relaciones presentadas, se sancionará con multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas. L.G.T. Art. 84. Las infracciones establecidas en el apartado 2 del artículo anterior, sancionadas con multa igual o superior a 1.000.000 de pesetas, podrán ser sancionadas adicionalmente, cuando de la infracción cometida se deriven consecuencias de gran trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria, con la pérdida, por un período máximo de dos años, del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales aplicables y de la posibilidad de ob-

262

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

tener subvenciones o ayudas públicas, así como la imposibilidad de contratar durante el mismo tiempo con el Estado y otros entes públicos. L.G.T. Art. 85. Si el sujeto infractor fuese una entidad de crédito, además de las sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el apartado 7 del artículo 83 de esta Ley, podrán ser impuestas a quienes ostenten en ellas cargos de administración o dirección y sean responsables de las infracciones, conforme a la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, las sanciones previstas en los artículos 12 y 13 de esta última Ley. L.G.T. Art. 86. Si los sujetos infractores fuesen autoridades, funcionarios o personas que ejerzan profesiones oficiales, y siempre que de la infracción cometida se deriven consecuencias de gran trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria, la multa que proceda conforme al apartado 2 del artículo 83 de esta Ley, llevará aparejada la suspensión por plazo de un mes, si su cuantía fuera superior a 1.500.000 pesetas; por plazo de seis meses, si fuera superior a 6.000.000 de pesetas, y por plazo de un año, si fuera superior a 30.000.000 de pesetas. L.G.T. Art. 87. 1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150 por 100 de las cuantías a que se refiere el apartado 1 del artículo 80, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente y sin perjuicio de la reducción fijada en el apartado 3 del artículo 82 de esta Ley. 2. Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se

practique la liquidación que regularice la situación tributaria. 3. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción tributaria grave represente más del 50 por 100 de las cantidades que hubieran debido ingresarse y excediera de 5.000.000 de pesetas, concurriendo, además, alguna de las circunstancias previstas en el artículo 82, apartado 1, letras b) o c), de esta Ley, los sujetos infractores podrán ser sancionados, además, con: a) La pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales. b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con el Estado u otros entes públicos. L.G.T. Art. 88. 1. Cuando las infracciones consistan en la determinación de cantidades, gastos o partidas negativas a compensar o deducir en la base imponible de declaraciones futuras, propias o de terceros, se sancionarán con multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 de la cuantía de los referidos conceptos, sin perjuicio de la reducción establecida en el apartado 3 del artículo 82 de esta Ley. Cuando las infracciones consistan en la indebida acreditación de partidas a compensar en la cuota o de créditos tributarios aparentes, se sancionarán con multa pecuniaria proporcional del 15 por 100 de las cantidades indebidamente acreditadas, sin perjuicio de la reducción establecida en el apartado 3 del artículo 82 de esta Ley. Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en este apartado serán deducibles en la parte proporcional corres263

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

pondiente de las que pudieran proceder por las infracciones cometidas ulteriormente mediante la compensación o deducción de los conceptos aludidos, o por la obtención de devoluciones derivadas de los mismos. 2. Las entidades en régimen de transparencia fiscal serán sancionadas: a) Con multa pecuniaria proporcional del 20 al 60 por 100 de la diferencia entre las cantidades reales a imputar en la base imponible de los socios y las declaradas, sin perjuicio de la reducción establecida en el apartado tres del artículo 82 de esta Ley. b) Tratándose de infracciones cometidas en la imputación de deducciones, bonificaciones y retenciones, con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150 por 100, de la cuantía indebida de las mismas, sin perjuicio de la reducción establecida en el apartado tres del artículo 82 de esta Ley. 3. Las infracciones graves consistentes en la falta de ingresos de tributos repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie o de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional en cuantía del 75 al 150 por 100, sin perjuicio de la reducción recogida en el apartado 3 del artículo 82 de esta Ley. L.G.T. Art. 89. 1. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción o por prescripción. 2. Las sanciones tributarias firmes sólo podrán ser condonadas de forma graciable, lo que se concederá discrecionalmente por el Ministro de Economía y Hacienda. La solicitud se formulará, previa petición del interesado, por el Director de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria o por sus Delegados especiales cuando la ejecución de la sanción impuesta afectare grave y sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y nivel de empleo de un sector de la industria o de la economía nacional, o bien produjere grave quebranto para los intereses generales del Estado. 3. A la muerte de los sujetos infractores las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos o legatarios, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. En ningún caso serán transmisibles las sanciones. 4. En el caso de sociedades o Entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado. TITULO III La gestión tributaria CAPITULO PRIMERO LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS L.G.T. Art. 90. Las funciones de la Administración en materia tributaria se ejercerán con separación en sus dos órdenes de gestión, para la liquidación y recaudación, y de resolución de reclamaciones que contra aquella gestión se susciten, y estarán encomendadas a órganos diferentes. ESTATUTO. Art. 13. Obligación de resolver.—1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen

264

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

en los procedimientos de gestión tributaria iniciados de oficio o a instancia de parte, excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados. No obstante, cuando el interesado pida expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a resolver sobre su petición. 2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y reclamaciones, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria, así como cuantos otros se establezcan en la normativa vigente, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. ESTATUTO. Art. 14. Estado de tramitación de los procedimientos.—El contribuyente que sea parte en un procedimiento de gestión tributaria podrá conocer, en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidas en cuenta por el órgano competente a la hora de dictar la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley. En las actuaciones de comprobación e investigación, estas copias se facilitarán en el trámite de audiencia al interesado al que se refiere el artículo 22 de esta Ley. ESTATUTO. Art. 15. Identificación de los responsables de la tramitación de los procedimientos.—Los contribuyen-

tes podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos de gestión tributaria en los que tengan la condición de interesados. ESTATUTO. Art. 16. Expedición de certificaciones y copias acreditativas de la presentación de declaraciones y documentos.—Los contribuyentes tienen derecho a que se les expida certificación de las declaraciones tributarias por ellos presentadas o de extremos concretos contenidos en las mismas. Asimismo, a efectos de la acreditación de la presentación de documentos ante la Administración tributaria, así como de la fecha de dicha presentación, los contribuyentes tienen derecho a obtener copia sellada de los mismos, siempre que la aporten junto con los originales para su cotejo, y en el caso de que dichos documentos no deban obrar en el expediente, podrán solicitar la devolución de tales originales. ESTATUTO. Art. 17. Presentación de documentos.—Los contribuyentes pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de gestión tributaria de que se trate. Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante. Dicha Administración podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de aquellos datos específicos propios o de terceros, previamente aportados, contenidos en dichos documentos. ESTATUTO. Art. 18. Carácter reservado de la información obtenida por la Administración tributaria y acceso a archivos y registros administrativos.—1. Los datos, informes o antecedentes ob-

265

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

tenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes. Cuantas autoridades, funcionarios u otras personas al servicio de la Administración tributaria tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes, estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos previstos en las leyes. 2. En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido. ESTATUTO. Art. 19. Trato respetuoso.—Los contribuyentes tienen derecho, en sus relaciones con la Administración tributaria, a ser tratados con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de aquélla. ESTATUTO. Art. 20. Obligación de la Administración tributaria de facilitar el ejercicio de los derechos.—La Administración tributaria facilitará en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Las actuaciones de la Administración tributaria que requieran la intervención de los contribuyentes deberán llevarse a cabo de la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

ESTATUTO. Art. 21. Alegaciones.—Los contribuyentes podrán, en cualquier momento del procedimiento de gestión tributaria anterior al trámite de audiencia o, en su caso, a la redacción de la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidas en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. ESTATUTO. Art. 22. Audiencia al interesado.—1. En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de redactar la propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga a su derecho. 2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidas en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. ESTATUTO. Art. 23. Plazos.—1. El plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la propia Administración interrumpirán el cómputo del plazo para resolverlo. 2. Si venciere el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin que el órgano competente la hubiera dictado expresamente, se producirán los efectos que establezca su normativa específica. A estos efectos, todo procedimiento de gestión tributaria deberá tener expresamente regulado el régimen de actos presuntos que le corresponda. 3. Queda excluido de las previsiones anteriores el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán ex-

266

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

tenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de cobro.

L.G.T. Art. 91. La competencia por razón de la materia de los distintos órganos, sean de liquidación y recaudación o de resolución de recursos, se determinará en sus respectivos reglamentos. L.G.T. Art. 92. La competencia territorial de las oficinas gestoras se regulará conforme a los principios siguientes: 1.º En función del lugar en que radiquen los factores productivos, las explotaciones económicas o los bienes inmuebles sujetos a tributación. 2.º Según el domicilio tributario del sujeto pasivo determinado en el artículo 45 de esta Ley. 3.º Teniendo en cuenta el lugar en que se utilice el dominio público, se preste el servicio o se realice la actividad u obra. 4.º En atención al lugar donde se produzca el hecho o negocio determinante de la transmisión. L.G.T. Art. 93. Por regla general, la competencia en la gestión tributaria se entenderá atribuida en el orden territorial al órgano provincial, de no tenerla expresamente asignada el órgano central o el inferior. L.G.T. Art. 94. La incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de parte, conforme a las normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. L.G.T. Art. 95. 1. La actuación de los particulares ante órganos incompetentes producirá efecto. 2. No obstante, si el órgano administrativo se estimara incompetente, deberá adoptar una de las decisiones siguientes:

a) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente. b) Devolver la declaración o documentación presentada por el interesado notificándole el órgano que considere competente y el plazo de presentación ante el mismo. CAPITULO II LA COLABORACION SOCIAL EN LA GESTION TRIBUTARIA

L.G.T. Art. 96. 1. La colaboración social en la gestión de los tributos podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración Tributaria con entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. Dicha colaboración podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos: a) Campañas de información y difusión. b) Educación tributaria. c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. d) Asistencia en la realización de declaraciones. e) Régimen de estimación objetiva de bases tributarias. 2. Asimismo, la colaboración social podrá llevarse a cabo mediante la participación de las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el apartado 1 en la configuración de los principios inspiradores de las reformas tributarias. 3. La Administración Tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones. 4. La Administración Tributaria elaborará periódicamente publicacio267

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

nes de carácter divulgativo en las que se recojan las contestaciones de mayor trascendencia y repercusión a las consultas formuladas a la misma. L.G.T. Art. 97. 1. Para el cumplimiento de las funciones anteriormente mencionadas, la ley de cada tributo podrá regular la actuación de dichos grupos y la constitución y competencia específica de Juntas y Comisiones de composición mixta de funcionarios y contribuyentes. 2. Estas Juntas y Comisiones tendrán el carácter de órganos de la Administración financiera y se someterán al régimen orgánico establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto dicho régimen no resulte alterado por los preceptos de esta Ley o la reglamentación propia de cada tributo.

b) Proponer a la Administración la práctica de las averiguaciones y pruebas que consideren oportunas. c) Cumplir su cometido con la máxima lealtad hacia la Administración y hacia sus propios grupos o colegios. d) Guardar secreto profesional en los mismos términos que los funcionarios de la Administración tributaria. L.G.T. Art. 100. 1. Las Juntas o Comisiones adoptarán sus acuerdos cuando coincidan en sus apreciaciones los representantes de los grupos o Colegios y los vocales funcionarios en votaciones separadas, en las que se preste su conformidad la mayoría reglamentaria de los asistentes de cada clase. 2. Los miembros de las Juntas o Comisiones en minoría podrán recurrir estos acuerdos ante el Jurado tributario.

L.G.T. Art. 98. 1. Dentro de cada grupo de contribuyentes o Colegio Profesional, la designación de sus representantes será realizada por la respectiva Asamblea o Junta de Gobierno, en la forma, por el plazo y con las garantías que reglamentariamente se determinen. 2. No podrán ser elegidos representantes: a) Quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso, salvo rehabilitación, o en interdicción civil. b) Los declarados responsables por infracciones de contrabando. c) Quienes habitualmente no estén al corriente en el pago de sus deudas tributarias.

L.G.T. Art. 101. La gestión de los tributos se iniciará: a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo o retenedor o del obligado a ingresar a cuenta, conforme a lo previsto en el artículo 35 de esta Ley. b) De oficio. c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos.

L.G.T. Art. 99. Estos representantes, en el ejercicio de su colaboración, tendrán los siguientes derechos y deberes: a) Recabar de los sujetos pasivos y Entidades privadas cuantas informaciones consideren precisas para el mejor cumplimiento de sus funciones.

L.G.T. Art. 102. 1. Se considerará declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca espontáneamente ante la Administración tributaria que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho

CAPITULO III EL PROCEDIMIENTO DE GESTION TRIBUTARIA

SECCION PRIMERA Iniciación y trámites

268

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

imponible. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en que sea admisible la declaración verbal. 2. La presentación en una oficina tributaria de la correspondiente declaración no implica aceptación o reconocimiento de la procedencia del gravamen. 3. En ningún caso podrá exigirse que las declaraciones tributarias se formulen bajo juramento. 4. Se estimará declaración tributaria la presentación ante la Administración de los documentos en los que se contenga o que constituyan el hecho imponible. L.G.T. Art. 103. 1. La denuncia pública es independiente del deber de colaborar con la Administración Tributaria conforme a los artículos 111 y 112 de la presente Ley, y podrá ser realizada por las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar en el orden tributario, con relación a hechos o situaciones que conozcan y puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o de otro modo puedan tener trascendencia para la gestión de los tributos. 2. Recibida una denuncia, se dará traslado de la misma a los órganos competentes para llevar a cabo las actuaciones que procedan. 3. Las denuncias infundadas podrán archivarse sin más trámite. 4. No se considerará al denunciante interesado en la actuación administrativa que se inicie a raíz de la denuncia, ni legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de la misma. L.G.T. Art. 104. La Administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los defectos advertidos, en

cuanto fuere necesaria para la liquidación del tributo y su comprobación. L.G.T. Art. 105. 1. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites. 2. La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja. 3. En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos, las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción, así como de la fecha, la identidad de quien recibe la notificación y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. 4. La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado a tal efecto por el interesado o su representante. Cuando ello no fuere posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado o su representante, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 5. Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará constar en el expediente correspondiente las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos los efectos legales. 269

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

6. Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, y una vez intentado por dos veces, se hará constar esta circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia, por medio de anuncios que se publicarán por una sola vez para cada interesado en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines de las Comunidades Autónomas o de las provincias, según la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte. Estas notificaciones se publicarán asimismo en los lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones de la correspondiente al último domicilio conocido. En la publicación en los boletines oficiales aludidos constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación, y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. En todo caso la comparecencia se producirá en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el correspondiente boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 7. El Gobierno, mediante Real Decreto aprobado a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de la Presidencia, determinará los supuestos

en los que las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior deban efectuarse exclusivamente a través del Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en los lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones antes expresadas. En tales supuestos, la publicación en el Boletín Oficial del Estado se realizará los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, en el día inmediato hábil posterior. L.G.T. Art. 106. 1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización del procedimiento, infracción de los plazos señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto. 2. La estimación de la queja dará lugar, si hubiera razones para ello, a la incoación del expediente disciplinario contra el funcionario responsable. L.G.T. Art. 107. 1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular a la Administración Tributaria consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. Las consultas se formularán por los sujetos pasivos o, en su caso, obligados tributarios mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación en el que, con relación a la cuestión planteada, se expresarán con claridad y con la extensión necesaria: a) Los antecedentes y las circunstancias del caso. b) Las dudas que suscite la normativa tributaria aplicable. c) Los demás datos y elementos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración Tributaria.

270

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

2. Salvo en los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, la contestación no tendrá efectos vinculantes para la Administración Tributaria. No obstante, el obligado tributario que, tras haber recibido contestación a su consulta, hubiese cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la misma, no incurrirá en responsabilidad, sin perjuicio de la exigencia de las cuotas, importes, recargos e intereses de demora pertinentes, siempre que la consulta se hubiese formulado antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos descritos en las letras a) y c) del apartado 1 de este artículo. 3. Asimismo, podrán formular consultas debidamente documentadas los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionadas, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados. No incurrirán en responsabilidad, en los términos del apartado anterior, los obligados tributarios que hubiesen cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la contestación a las referidas consultas. 4. La contestación a las consultas escritas tendrán carácter vinculante para la Administración Tributaria en los siguientes supuestos: a) Inversiones en activos empresariales efectuadas en España por personas o entidades residentes y no residentes, siempre y cuando la consulta se formule por la persona o entidad re-

sidente o no residente con carácter previo a la realización de la inversión. b) Incentivos fiscales a la inversión establecidos con carácter temporal o coyuntural. c) Operaciones intracomunitarias realizadas por empresas de distintos Estados miembros de la Unión Europea. d) Interpretación y aplicación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. e) Cuando las leyes de los tributos o los reglamentos comunitarios así lo prevean. f) Interpretación y aplicación del Capítulo VIII, del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, a las operaciones de reorganización empresarial. g) Interpretación y aplicación a supuestos y proyectos específicos de los incentivos a la investigación científica y a la innovación tecnológica previstos en el artículo 33 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. h) Interpretación y aplicación del régimen establecido para las entidades de tenencia de valores extranjeros en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Reglamentariamente se determinará el alcance de los supuestos previstos en las letras anteriores así como el procedimiento para la tramitación y contestación de estas consultas. Salvo en el supuesto de que se modifique la legislación o que exista jurisprudencia aplicable al caso, la Administracion Tributaria estará obligada a aplicar al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás 271

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

datos descritos en las letras a) y c) del apartado 1 de este artículo. 5. Tendrá, asimismo, carácter vinculante, en los términos que reglamentariamente se determinen, la contestación a consultas escritas formuladas por: a) Las empresas o representantes de los trabajadores, en relación con el régimen tributario derivado de expedientes de regulación de empleo autorizados por la Administración competente y con la implantación o modificación de sistemas de previsión social que afecten a la totalidad del personal de la empresa. b) Las entidades de crédito y las de seguros, en relación con el régimen fiscal de los activos financieros y de los seguros de vida ofrecidos con carácter masivo a través de contratos de adhesión, siempre y cuando la consulta se formule con carácter previo a su difusión o divulgación. 6. La competencia para contestar las consultas establecidas en este precepto corresponderá a los centros directivos del Ministerio de Economía y Hacienda que tengan atribuida la iniciativa del procedimiento para la elaboración de disposiciones en el orden tributario general o en el de los distintos tributos, su propuesta o interpretación. 7. Los obligados tributarios no podrán entablar recurso alguno contra la contestación a las consultas recogidas en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra el acto o actos administrativos dictados de acuerdo con los criterios manifestados en las mismas. ESTATUTO. Art. 8. Consultas tributarias.—1. Los contribuyentes podrán formular a la Administración tributaria consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la

calificación tributaria que en cada caso les corresponda. La Administración tributaria deberá contestar por escrito las consultas así formuladas. 2. Dicha contestación tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria en la forma y en los supuestos previstos en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y en las leyes propias de cada tributo. En este supuesto el plazo máximo para contestar por escrito las consultas será de seis meses.

L.G.T. Art. 108. Serán aplicables en el procedimiento de gestión las normas contenidas en el artículo 156 sobre rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho. SECCION SEGUNDA Comprobación e investigación L.G.T. Art. 109. 1. La Administración comprobará e investigará los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible. 2. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en las declaraciones tributarias, y podrá comprender la estimación de las bases imponibles, utilizando los medios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley. 3. La investigación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente. Igualmente alcanzará a los hechos imponibles cuya liquidación deba realizar el propio sujeto pasivo. L.G.T. Art. 110. La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documen-

272

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

tos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, del sujeto pasivo, así como por la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que hayan de facilitarse a la Administración o que sean necesarios para la determinación del tributo. L.G.T. Art. 111. 1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en particular: a) Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta estarán obligados a presentar relaciones de las cantidades satisfechas a otras personas en concepto de rendimientos del trabajo, del capital mobiliario y de actividades profesionales. b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que entre sus funciones realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de los de autor, vendrán obligados a tomar nota de estos rendimientos y a ponerlos en conocimiento de la Administración Tributaria. A la misma obligación quedan sujetas aquellas personas o Entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general, que legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades

de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales. c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes deudores a la Administración Tributaria en período ejecutivo, están obligados a informar a los órganos y agentes de recaudación ejecutiva y a cumplir los requerimientos que les sean hechos por los mismos en el ejercicio de sus funciones legales. 2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse, bien con carácter general bien a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen. 3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la Entidad, de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Director del Departamento competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, del Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente. Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investi273

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

gación, los obligados tributarios afectados y el período de tiempo a que se refieren. La investigación realizada en el curso de actuaciones de comprobación o de investigación inspectora para regularizar la situación tributaria de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo anterior, podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas o de las cuentas en las que se encuentra dicho origen y destino. 4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a colaborar con la Administración Tributaria para suministrar toda clase de información con trascendencia tributaria de que dispongan, salvo que sea aplicable: a) El secreto del contenido de la correspondencia. b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística. El secreto del protocolo notarial abarca los instrumentos públicos a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal. 5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración Tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus

clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobación de su propia situación tributaria. A efectos del artículo 8, apartado 1, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se considerará autoridad competente al Ministro de Economía y Hacienda, a los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a sus Delegados territoriales. L.G.T. Art. 112. 1. Las autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los jefes o encargados de oficinas civiles o militares del Estado y de los demás entes públicos territoriales, los organismos autónomos y sociedades estatales; las Cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales, las Mutualidades de Previsión Social; las demás entidades públicas incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones. Participarán asimismo, en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las leyes o normas reglamentarias vigentes.

274

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

2. A las mismas obligaciones quedan sujetos los partidos políticos, sindicatos y las asociaciones empresariales. 3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración Tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las diligencias sumariales. 4. La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debe efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 111, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito tampoco será de aplicación lo que respecto a las Administraciones públicas establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. L.G.T. Art. 113. 1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en la

lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social, así como en la obtención y disfrute de prestaciones a cargo del mismo sistema. d) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea. e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. h) La colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa, en la que previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria. 2. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieren corresponder, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. 275

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Cuando se aprecie la posible existencia de un delito público, la Administración Tributaria se limitará a deducir el tanto de culpa o a remitir al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito, sin perjuicio de que pueda iniciar directamente, a través del Servicio Jurídico competente, el oportuno procedimiento mediante querella. 3. La Administración Tributaria, en los términos que reglamentariamente se establezcan, dará publicidad a la identidad de las personas o entidades que hayan sido sancionadas, en virtud de resolución firme, por infracciones tributarias graves de más de 10.000.000 de pesetas, siempre que concurran, además, las siguientes circunstancias: —Que el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción tributaria represente más del 50 por 100 de las cantidades que hubieran debido ingresarse. —Que el sujeto infractor hubiera sido sancionado durante los cinco años anteriores y mediante resolución firme por una infracción grave por el mismo tributo o por dos infracciones graves por tributos cuya gestión corresponda a la misma Administración pública. La expresada cuantía se entenderá referida a cada período impositivo y, si éste fuere inferior a doce meses, se referirá al año natural en el caso de tributos periódicos o de declaración periódica. En los demás tributos se entenderá referida a cada concepto por el que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. La información indicará, junto con el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la cuantía de la sanción que se le hubiere impuesto y el tributo al que afecte. Las sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública serán obje-

to de la misma publicidad que las infracciones tributarias graves. SECCION TERCERA La prueba L.G.T. Art. 114. 1. Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo. 2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan, de modo concreto, los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria. L.G.T. Art. 115. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de pruebas se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo que se establece en los artículos siguientes. L.G.T. Art. 116. Las declaraciones tributarias a que se refiere el artículo 102 se presumen ciertas, y sólo podrán rectificarse por el sujeto pasivo mediante la prueba de que al hacerlas se incurrió en error de hecho. L.G.T. Art. 117. 1. La confesión de los sujetos pasivos versará exclusivamente sobre supuestos de hecho. 2. No será válida la confesión cuando se refiera al resultado de aplicar las correspondientes normas legales. L.G.T. Art. 118. 1. Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban. 2. Para que las presunciones no establecidas por la ley sean admisibles como medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un

276

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. L.G.T. Art. 119. La Administración Tributaria tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función, a quien figure como tal en un Registro fiscal u otros de carácter público, salvo prueba en contrario. CAPITULO IV LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS L.G.T. Art. 120. 1. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. 2. Tendrán consideración de definitivas: a) Las practicadas previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su valoración, haya mediado o no liquidación provisional. b) Las giradas conforme a las bases firmes señaladas por los Jurados tributarios. c) Las que no hayan sido comprobadas, dentro del plazo que se señale en la ley de cada tributo, sin perjuicio de la prescripción. 3. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales. L.G.T. Art. 121. 1. La Administración Tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos. 2. La Administración Tributaria podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio, en los términos que se describen en el artículo 123 de esta Ley, tras efectuar, en su caso, actuaciones de comprobación abreviada.

L.G.T. Art. 122. Cuando en una liquidación de un tributo la base se determine en función de las establecidas para otros, aquélla no será definitiva hasta tanto estas últimas no adquieran firmeza. L.G.T. Art. 123. 1. La Administración Tributaria podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con los datos consignados en las declaraciones tributarias y los justificantes de los mismos presentados con la declaración o requeridos al efecto. De igual manera podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba que obren en su poder pongan de manifiesto la realización del hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados. Asimismo, se dictarán liquidaciones provisionales de oficio cuando, con ocasión de la práctica de devoluciones tributarias, el importe de la devolución efectuada por la Administración Tributaria no coincida con el solicitado por el sujeto pasivo, siempre que concurran las circunstancias previstas en el párrafo primero o se disponga de los elementos de prueba a que se refiere el párrafo segundo de este apartado. 2. Para practicar tales liquidaciones la Administración Tributaria podrá efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales. No obstante lo anterior, en el supuesto de devoluciones tributarias, el sujeto pasivo deberá exhibir, si fuera 277

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

requerido para ello, los registros y documentos establecidos por las normas tributarias al objeto de que la Administración Tributaria pueda constatar si los datos declarados coinciden con los que figuran en los registros y documentos de referencia. 3. Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso, a sus representantes para que, en un plazo no inuedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes. L.G.T. Art. 124. 1. Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión: a) De los elementos esenciales de aquéllas. Cuando supongan un aumento de la base imponible respecto de la declarada por el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la motivan. b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos. c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 2. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante acto administrativo y notificarse al interesado en forma reglamentaria. 3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales

que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes. 4. Podrá disponerse por vía reglamentaria en qué supuesto no sea preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración Tributaria así lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta. 5. Cuando el sujeto pasivo, obligado tributario o su representante rehúse recibir la notificación o cuando no sea posible realizar dicha notificación por causas ajenas a la voluntad de la Administración tributaria, se estará respectivamente a lo dispuesto en el artículo 105 apartados 5, 6 y 7 de esta Ley. L.G.T. Art. 125. 1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria. 2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieren omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo, en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia. CAPITULO V LA RECAUDACION L.G.T. Art. 126. 1. La recaudación de los tributos se realizará mediante el pago voluntario o en período ejecutivo. 2. El pago voluntario se realizará en la forma y con los efectos previstos en el artículo 61 de esta Ley.

278

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

3. El período ejecutivo se inicia: a) Para las deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentariamente establecido para su ingreso. b) En el caso de deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, cuando finalice el plazo reglamentariamente determinado para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, al presentar aquélla. 4. El régimen de las notificaciones en el procedimiento administrativo de recaudación será el establecido en el artículo 105 de esta Ley. L.G.T. Art. 127. 1. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes a ésta. Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio prevista en el apartado 3 de este artículo y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. 2. Iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a que se refiere el artículo 126.3, por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 3. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y requerirá para qué efectúa su pago con el recargo correspondiente. Si el deudor no hiciere el pago dentro del plazo que reglamentariamente se

establezca, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. 4. La providencia anterior, expedida por el órgano competente, es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago. 5. El deudor deberá satisfacer las costas del procedimiento de apremio. ESTATUTO. Art. 31. Procedimiento de apremio.—1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente. 2. La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el contribuyente solicite de forma expresa su enajenación.

L.G.T. Art. 128. 1. Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado. 2. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. La medida cautelar podrá consistir en alguna de las siguientes: a) Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Hacienda Pública, en la 279

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria deberá ser notificada al interesado juntamente con el acuerdo de devolución. b) Embargo preventivo de bienes o derechos. c) Cualquier otra legalmente prevista. El embargo preventivo se asegurará mediante su anotación en los registros públicos correspondientes o mediante el depósito de los bienes muebles embargados. 3. Cuando la deuda tributaria no se encuentre liquidada, pero se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su pago, y siempre que corresponda a cantidades retenidas o, repercutidas a terceros, los Delegados Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en su ámbito respectivo, podrán adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán de oficio en el plazo de un mes, salvo que el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o, en su caso el Director de Departamento en quien delegue, determine la prórroga de las mismas, o se conviertan en definitivas en el marco del procedimiento de apremio. 4. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán, aun cuando no haya sido pagada la deuda tributaria, si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción o si, a solicitud del interesado, se acuerda su sustitución por otra garantía que se estime suficiente. Las medidas cautelares podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio. En otro caso, se levantarán de oficio, sin que puedan

prorrogarse más allá del plazo de seis meses desde su adopción. 5. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Asimismo, podrán intervenirse los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la Administración tributaria. L.G.T. Art. 129. 1. El procedimiento de apremio será exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todos sus incidentes es exclusiva de la Administración Tributaria. 2. Dicho procedimiento no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o continuación no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, o en las normas del apartado siguiente. 3. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley en atención a su naturaleza, en el caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas: a) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apre-

280

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

mio será preferente cuando el embargo efectuado en el curso del mismo sea el más antiguo. b) En los supuestos de concurrencia del procedimiento de apremio con procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, aquel procedimiento tendrá preferencia para la ejecución de los bienes o derechos que hayan sido objeto de embargo en el curso del mismo, siempre que dicho embargo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso concursal. 4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, podrá, en su caso, suscribir acuerdos o convenios concertados en el curso de los procesos concursales para lo que se requerirá únicamente autorización del órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. L.G.T. Art. 130. Si la deuda estuviera garantizada mediante aval, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía, se procederá en primer lugar a ejecutarla, lo que se realizará en todo caso por los órganos de recaudación competentes a través del procedimiento administrativo de apremio. L.G.T. Art. 131. 1. El embargo se efectuará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, los intereses que se hayan causado o se causen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro y las costas del procedimiento, con respeto, siempre al principio de proporcionalidad. 2. En el embargo se guardará el orden siguiente: a) Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.

b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. c) Sueldos, salarios y pensiones. d) Bienes inmuebles. e) Establecimientos mercantiles o industriales. f) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. g) Frutos y rentas de toda especie. h) Bienes muebles y semovientes. i) Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo. 3. Siguiendo el orden anterior, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración Tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda se dejará para el último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del deudor. A solicitud del deudor se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan con la misma eficacia y prontitud el cobro de la deuda que los que preferentemente deban ser trabados y no se causare con ello perjuicio a tercero. 4. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter general por las leyes ni aquellos de cuya realización se presuma que resultaría fruto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización. 5. Responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieren podido embargar, las siguientes personas: a) Los que sean causantes o colaboren en la ocultación maliciosa de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir su traba. b) Los que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo. 281

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

c) Los que, con conocimientos del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes. L.G.T. Art. 132. 1. Cuando la Administración Tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda, sin necesidad de precisar los datos identificativos y la situación de cada cuenta, depósito u operación existentes en la referida oficina. Tratándose de valores, si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo, se deduce que los existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 131, se concretarán por el órgano de recaudación los que hayan de quedar trabados. 2. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al deudor. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente. 3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el cobro de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones a que se refieren los artículos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto del importe de dicha cuenta correspondiente al sueldo, salario o pensión de que se trate, considerándose como tal el último importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto.

L.G.T. Art. 133. 1. Los órganos de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados al pago de una deuda tributaria, para asegurar o efectuar su cobro, y ostentarán cuantas facultades reconocen a la Administración Tributaria los artículos 110 a 112 de esta Ley, con los requisitos allí establecidos. Asimismo, y a tales efectos, el Director del Departamento de Recaudación o, en su caso, el Delegado competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán autorizar que las investigaciones realizadas afecten al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas o de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino. 2. Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando la Administración tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, de acuerdo con el orden previsto en el apartado 2 del artículo 131 de esta Ley. 3. Los órganos de recaudación desarrollarán las actuaciones materiales necesarias para la ejecución de los actos que se dicten en el curso del procedimiento de apremio. Si el obligado tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al efecto se dictaren por los órganos de recaudación, éstos podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de los mismos, mediante acuerdo del órgano competente. 4. Cuando en el ejercicio de estas facultades o en el desarrollo del procedimiento de apremio sea necesario en-

282

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

trar en el domicilio del afectado, o efectuar registros en el mismo, la Administración Tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. 5. Las diligencias extendidas en el ejercicio de sus funciones recaudatorias a lo largo del procedimiento de apremio por funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de recaudación, tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. 6. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de recaudación serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las funciones recaudatorias que les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de la gestión recaudatoria. L.G.T. Art. 134. 1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación. Hecho el embargo, se notificará al deudor y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del deudor cuando sean gananciales los bienes embargados y a los condueños o cotitulares de los mismos. 2. Si los bienes embargados fueren inscribibles en un Registro público la Administración Tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por funcionario del órgano competente, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo. La anotación preventiva así

practicada no alterará la prelación que para el cobro de los créditos tributarios establece el artículo 71 de esta Ley. 3. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración podrá disponer su depósito en la forma que se determine reglamentariamente. 4. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una empresa, si se aprecia que la continuidad en la dirección de la actividad hace previsible la producción de perjuicios irreparables en la solvencia del deudor, el Director del Departamento competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de la entidad, podrá acordar el nombramiento de un funcionario que intervenga en la gestión del negocio en la forma que reglamentariamente se establezca, fiscalizando previamente a su ejecución aquellos actos que se concreten en el acuerdo administrativo. L.G.T. Art. 135. 1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-administrativas. 2. Se suspenderá inmediatamente el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida. ESTATUTO. Art. 30. Suspensión del ingreso.—1. El contribuyente tiene derecho, con ocasión de la interposición del correspondiente recurso o re-

283

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

clamación administrativa, a que se suspenda el ingreso de la deuda tributaria, siempre que aporte las garantías exigidas por la normativa vigente, a menos que, de acuerdo con la misma, proceda la suspensión sin garantía. 2. Cuando el contribuyente interponga recurso contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

L.G.T. Art. 136. 1. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio de los bienes o derechos embargados o cuando un tercero considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo-competente. 2. Tratándose de una reclamación por tercería de dominio, se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes controvertidos, una vez que se hayan tomado las medidas de aseguramiento que procedan, sin perjuicio de que se pueda continuar dicho procedimiento sobre el resto de los bienes o derechos del obligado al pago que sean susceptibles de embargo hasta quedar satisfecha la deuda, en cuyo caso se dejará sin efecto el embargo sobre los bienes objeto de la reclamación sin que ello suponga reconocimiento alguno de la titularidad del reclamante. 3. Si la tercería fuera de mejor derecho, proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la tercería.

4. La normativa recaudatoria determinará el procedimiento para tramitar y resolver las reclamaciones de tercería. L.G.T. Art. 137. 1. La enajenación de los bienes embargados se llevará a efecto mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente. 2. El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación a la Hacienda Pública de los bienes embargados cuando no lleguen a enajenarse por el procedimiento regulado reglamentariamente. El importe por el que se adjudicarán dichos bienes será el de la deuda no pagada, sin que exceda del 75 por 100 de la valoración que sirvió de tipo inicial en el procedimiento de enajenación. 3. En cualquier momento anterior al de la adjudicación de bienes se podrán liberar los bienes embargados pagando la deuda tributaria, las costas y los intereses posteriores devengados durante el procedimiento. L.G.T. Art. 138. 1. Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Pago o extinción de la deuda. b) Prescripción. c) Aplazamiento. d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma. 2. La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de los actos que se produzcan en el curso del procedimiento de apremio. L.G.T. Art. 139. 1. Salvo precepto legal en contrario, la recaudación en período ejecutivo de las deudas tributarias cuya gestión corresponda a la

284

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

Administración General del Estado o a las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma se efectuará, en su caso, a través del procedimiento de apremio, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2. En virtud de convenio con la Administración o ente interesado que habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá asumir la gestión recaudatoria de recursos tributarios cuya gestión no le corresponda de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior. CAPITULO VI LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS L.G.T. Art. 140. 1. Corresponde a la Inspección de los tributos: a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. b) La integración definitva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación directa y objetiva singular y a través de las actuaciones inspectoras correspondientes a la estimación indirecta. c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación, en los términos que reglamentariamente se establezcan. d) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos. 2. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de

inspección serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las funciones inspectoras que les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de la función inspectora. ESTATUTO. Art. 26. Planes de inspección.—La Administración tributaria hará públicos los criterios que informa cada año el Plan Nacional de Inspección. ESTATUTO. Art. 27. Información al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación.—Los contribuyentes tienen derecho a ser informados, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. ESTATUTO. Art. 28. Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación.—1. Todo contribuyente que esté siendo objeto de una actuación de comprobación e investigación de carácter parcial, llevada a cabo por la Inspección de los Tributos, podrá solicitar a la Administración tributaria que dicha comprobación tenga carácter general respecto al tributo y ejercicio afectados por la actuación, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso. 2. El contribuyente tendrá que efectuar la solicitud en un plazo de quince días desde que se produzca la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial. 3. La Administración tributaria deberá iniciar la comprobación de carácter general en el plazo de seis meses desde la solicitud.

L.G.T. Art. 141. 1. Los Inspectores de los tributos podrán entrar en 285

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

las fincas locales de negocios y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, para ejercer las funciones prevenidas en el artículo 109 de esta Ley. 2. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio, o la persona bajo cuya custodia se hallare el mismo, se opusiera a la entrada de los Inspectores, no podrán llevar a cabo éstos su reconocimiento sin la previa autorización escrita del Delegado o Subdelegado de Hacienda; cuando se refiera al domicilio particular de cualquier español o extranjero, será preciso la obtención del oportuno mandamiento judicial. L.G.T. Art. 142. 1. Los libros y la documentación del sujeto pasivo, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, que tengan relación con el hecho imponible deberán ser examinados por los inspectores de los tributos en el domicilio, local, escritorio, despacho u oficina de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe. 2. Tratándose de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de justificantes exigidos por éstas, podrá requerirse su presentación en las oficinas de la Administración Tributaria para su examen. 3. Para la conservación de la documentación mencionada en los apartados anteriores y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la deuda tributaria, se podrán adoptar las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración. Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga.

En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercaderías o productos sometidos a gravamen, así como de archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción. L.G.T. Art. 143. Los actos de inspección podrán desarrollarse indistintamente: a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiere designado. b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible. d) En las oficinas públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 145, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse puedan ser examinados en dicho lugar. L.G.T. Art. 144. Las actuaciones de la inspección de los tributos, en cuanto hayan de tener alguna trascendencia económica para los sujetos pasivos, se documentarán en diligencias, comunicaciones y actas previas o definitivas. ESTATUTO. Art. 29. Plazo.—1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas. No obstante, podrá am-

286

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

pliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. En particular, se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o su tributación como grupos consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional. b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades, empresariales o profesionales, que realice. 2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente. 3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones. 4. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones.

L.G.T. Art. 145. 1. En las actas de inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán: a) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el carácter o representación con que comparece.

b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo o retenedor. c) La regularización que la Inspección estime procedente de las situaciones tributarias. d) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo, retenedor o responsable tributario. 2. La Inspección podrá determinar que las actas a que se refiere el apartado anterior sean extendidas bien en la oficina, local o negocio, despacho o vivienda del sujeto pasivo, bien en las oficinas de la Administración tributaria o del Ayuntamiento del término municipal en que hayan tenido lugar las actuaciones. 3. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. L.G.T. Art. 146. 1. Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta o, suscribiéndola, no preste su conformidad a las circunstancias en ella consignadas, dicho documento determinará la incoación del oportuno expediente administrativo. 2. No será preciso que el sujeto pasivo o su representante autorice la correspondiente acta de inspección de los tributos cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, si bien en este caso deberá notificarse a aquél o a su representante la iniciación de las correspondientes actuaciones administrativas, otorgándole un plazo de quince días para que pueda alegar posibles errores e inexactitudes acerca de dicha prueba preconstituida. 3. Las actas suscritas por personas sin autorización suficiente se tramitarán según el apartado 1 de este artículo. 287

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

CAPITULO VII LOS JURADOS TRIBUTARIOS ....................................... CAPITULO VIII REVISION DE ACTOS EN VIA ADMINISTRATIVA

SECCION PRIMERA Procedimientos especiales de revisión L.G.T. Art. 153. 1. Corresponderá al Ministro de Hacienda la declaración de nulidad de pleno derecho, previo dictamen del Consejo de Estado, de los actos siguientes: a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes. b) Los que son constitutivos de delito. c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 2. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior podrá iniciarse: a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico. b) A instancia del interesado. 3. En el procedimiento serán oídos aquellos a cuyo favor reconoció derechos el acto. L.G.T. Art. 154. Serán revisables por resolución del Ministro de Hacienda y, en caso de delegación, del Director general del ramo, en tanto no haya prescrito la acción administrativa, los actos dictados en vía de gestión tributaria, cuando se encontraren en cualquiera de los siguientes casos: a) Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesa-

do, se estime que infringen manifiestamente la ley. b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración al dictar el acto objeto de la revisión. L.G.T. Art. 155. 1. Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose el interés de demora regulado en el artículo 58.2.c). 2. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento que debe seguirse, según los distintos casos de ingresos indebidos, para el reconocimiento del derecho a la devolución y la forma de su realización, que podrá hacerse, según preceptúa el artículo 68 de esta Ley, mediante compensación. ESTATUTO. Art. 10. Devolución de ingresos indebidos.—Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose a los mismos el interés de demora regulado en el artículo 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. ESTATUTO. Art. 11. Devoluciones de oficio.—La Administración tributaria devolverá de oficio las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa específica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se haya ordenado el

288

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora regulado en el artículo 58.2.c) de la Ley General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos efectos, dicho interés se devengará desde la finalización del plazo que dispone la Administración tributaria para practicar liquidación provisional hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución. ESTATUTO. Art. 12. Reembolso de los costes de las garantías.—1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha declaración adquiera firmeza. Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías distintas del aval. 2. Asimismo, en los supuestos de estimación parcial del recurso o la reclamación interpuestos, tendrá derecho el contribuyente a la reducción proporcional de la garantía aportada en los términos que se establezcan reglamentariamente.

L.G.T. Art. 156. La Administración rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación. L.G.T. Art. 157. Las resoluciones que decidan los procedimientos

instruidos al amparo de los artículos 153, 154, 155 y 156 serán susceptibles de los recursos que se regulan en la sección tercera del presente capítulo. L.G.T. Art. 158. No serán, en ningún caso, revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme. L.G.T. Art. 159. Fuera de los casos previstos en los artículos 153 a 156, la Administración tributaria no podrá anular sus propios actos declaratorios de derecho y para conseguir su anulación deberá previamente declararlos lesivos para el interés público e impugnarlos en vía contencioso-administrativa, con arreglo a la ley de dicha jurisdicción. SECCION SEGUNDA Recurso de reposición L.G.T. Art. 160. 1. El recurso de reposición será potestativo y se interpondrá ante el órgano que en vía de gestión dictó el acto recurrido, el cual será competente para resolverlo, salvo que se atribuya su competencia a la autoridad superior. 2. La reposición somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. 3. Se entenderá tácitamente desestimada a efectos de ulterior recurso, cuando en el plazo que reglamentariamente se establezca no se haya practicado notificación expresa de la resolución recaída. L.G.T. Art. 161. El recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse inicialmente a partir del día en que se entienda tácitamente desestimado o, en su caso, desde la fecha 289

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

en que se hubiere practicado la notificación expresa de la resolución recaída. L.G.T. Art. 162. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso. SECCION TERCERA Reclamaciones económico-administrativas L.G.T. Art. 163. El conocimiento de las reclamaciones tributarias, con la sola excepción de aquellas cuya resolución está reservada al Ministro de Hacienda, corresponderá a los órganos de la jurisdicción económico-administrativa. L.G.T. Art. 164. Las impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos de gestión tributaria se ordenan en las siguientes modalidades: a) Reclamaciones económico-administrativas en una o en dos instancias. b) Recurso extraordinario de revisión. ESTATUTO. Art. 37. Reclamaciones económico-administrativas.—Cuando la resolución de las reclamaciones económico-administrativas sea susceptible de recurso de alzada ante el Tribunal Económico-administrativo Central, la reclamación podrá interponerse directamente ante este órgano.

L.G.T. Art. 165. Son reclamables en vía económico-administrativa los siguientes actos de gestión tributaria: a) Las liquidaciones provisionales o definitivas, con o sin sanción. b) Los que aprueben comprobaciones de valor de los bienes o derechos sujetos al tributo. c) Los que declaren la competencia o incompetencia de los Jurados tributarios conforme al artículo 149 de esta Ley.

d) Los que dicten los Jurados tributarios en los casos previstos en el artículo 152, apartado 3, de la presente Ley. e) Los que con carácter previo reconozcan o denieguen regímenes de exención o bonificación tributarias. f) Los que establezcan el régimen tributario aplicable a un sujeto pasivo, en cuanto sea determinante de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo. g) Los que impongan sanciones tributarias independientes de cualquier clase de liquidación. h) Los que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de deudas tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. i) Los que reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación, sean definitivos o de trámite, y siempre que en este último caso decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, que ponga término a la vía de gestión o impidan su continuación. j) Los que expresamente se declaren impugnables en las correspondientes disposiciones. L.G.T. Art. 166. Podrán impugnar en vía económico-administrativa dentro de los plazos que reglamentariamente se establecen los actos de gestión tributaria: a) Los sujetos pasivos y responsables, en su caso. b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión. c) El Interventor general de la Administración del Estado y quienes por delegación ejerzan sus funciones. d) Los Directores generales del Ministerio de Hacienda a quienes corresponda la materia respectiva sobre la que verse la reclamación, mediante la

290

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

interposición de los recursos de alzada ordinarios o extraordinarios. L.G.T. Art. 167. No estarán legitimados: a) Los funcionarios, salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido. b) Los particulares, cuando obren por delegación de la Administración o como agentes mandatarios de ella. c) Los denunciantes, salvo en lo concerniente a la participación a que se refiere el artículo 103, apartado 2, de esta Ley. d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato. L.G.T. Art. 168. 1. Los Tribunales que resuelvan reclamaciones económico-administrativas podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estimen pertinentes para la más acertada decisión del asunto. Podrán también acordarla de oficio aun cuando haya concluido la fase probatoria. 2. El resultado de estas diligencias de prueba se pondrá de manifiesto a los interesados para que puedan alegar cuanto estimen conveniente. L.G.T. Art. 169. Las reclamaciones tributarias atribuyen al órgano competente, para decidirlas en cualquier instancia, la revisión de todas las cuestiones que ofrezca el expediente de gestión y el de reclamación ante el órgano inferior, hayan sido o no planteadas por los interesados, a quienes se les expondrá para que puedan formular alegaciones. L.G.T. Art. 170. 1. Cuando interpuesta una reclamación se produzcan nuevos actos administrativos idénticos al impugnado en cuanto a la norma aplicable, podrá pedir el interesado su acumulación ante el Tribunal que esté conociendo

de la reclamación, cualquiera que sea la instancia o el trámite en que se encuentre. 2. El Tribunal tramitará el incidente y acordará sobre la procedencia de la acumulación sin que contra su decisión quepa recurso alguno. L.G.T. Art. 171. 1. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados o por la representación del Estado contra los actos de gestión y las resoluciones de reclamaciones económico-administrativas firmes, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que al dictarlas se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución de la reclamación, ignorados al dictarse o de imposible aportación entonces al expediente. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociese la declaración de falsedad. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 2. Será competente el Tribunal Económico-Administrativo Central para conocer el recurso extraordinario de revisión. 3. El recurso se interpondrá: a) Cuando se trate de la causa a) del apartado 1 anterior, dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. b) En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar del descubrimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial. 291

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-793-1

José María Merino Antigüedad Esquemas de Derecho Tributario Fruto de la larga experiencia del autor en el campo del ejercicio profesional y la docencia, este libro está estructurado con el fin de ser un instrumento que ayude a conocer, aprender y utilizar la Ley General Tributaria tanto a alumnos como a profesionales. Se han utilizado esquemas, sipnosis y glosa o comentarios que permiten una aproximación a la citada ley desde una perspectiva básicamente práctica.

Universidad de Deusto •

•

•

•

•

•

•

•