Facultad De Ingeniería Administrativa: Concepto

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El derecho está compuesto por normas jurídicas positivas que describen conductas prohibidas o permisivas, a las cuales el legislador les ha dado unas consecuencias jurídicas. Esas normas jurídicas, como se explicó en el tema introducción al derecho, devienen de comportamientos humanos que requirieron ser contenidos en normas para el normal desarrollo de lo social y de la sana convivencia. De la misma manera, en el desarrollo de una economía y de un mercado se presentan situaciones las cuales requieren la emisión de normas donde se regulen aspectos que permitan al Estado, como ente interventor en la economía, brindar seguridad a los participantes de un mercado cuyo entorno de negociación esté libre de imperfecciones que generen la concentración de riqueza por un medio diferente al enfrentamiento transparente de la libre y leal oferta. Para ello, se requiere de supuestos fácticos donde se involucren los límites a la autonomía de la voluntad. Ese límite, dentro del comercio, define la licitud de los negocios y de los contratos. Por tanto, el Estado busca proteger tanto a las empresas como a los consumidores respecto de comportamientos que reduzcan la oportunidad de participar del lado de la oferta, o de salvaguardar la capacidad adquisitiva de bienes por parte de la demanda. Teniendo en cuenta que la comercialización es una actividad propia de un mercado, dentro de la ley existen normas que la regulan. Esas normas se encuentran especialmente dentro del derecho de la competencia. Hasta hace poco fueron normas ineficaces, sin embargo, hoy en día, con la importancia que merece todo lo relacionado a la actividad empresarial son reconocidas como piedra angular de nuestra normativa.

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Concepto:

Las prácticas comerciales restrictivas son comportamientos que como su nombre lo indica “restringen la competencia”. Lo ilícito tiene como referencia lo licito. Por tanto, para dar claridad sobre el alcance de una restricción al mercado es preciso partir del funcionamiento normal del mercado y encontrar allí la calificación de la imperfección.

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Un mercado se encuentra en condiciones normales cuando los agentes económicos pueden actuar libremente. Tanto las empresas como los consumidores. Una empresa es libre cuando escoge qué producto vende, cómo lo vende, cuándo lo vende, dónde lo vende y a qué valor lo vende. La anterior descripción se le puede llamar libertad de oferta, sin embargo no se puede dejar de mencionar que muchas de estas libertades no son absolutas pues para ciertos mercados el Estado adelanta gestiones de intervención cuando está de por medio el interés público. Por su parte, un consumidor es libre cuando una vez recibe unos ingresos periódicos decide satisfacer con ellos una necesidad, y en tal sentido, determina qué producto escoge de acuerdo a la información que recibe del mercado, haciendo su mejor elección, prefiriendo un producto por encima de otro, de acuerdo a la calidad, servicio, precio, etc. La competencia es el enfrentamiento de las empresas por la clientela. Son muchas las empresas que adelantan esfuerzos a fin de ser elegidas por los consumidores. Para poder ser ganador en el mercado y obtener una utilidad razonable, las empresas parten de una investigación de mercado definiendo las preferencias de los consumidores y el valor que éstos están dispuestos a pagar por un producto. Con el resultado de esa investigación, encuentra respuesta sobre si su participación en un segmento resulta rentable o si es mejor pensar en otro sector de la economía. Es la misma investigación la que refleja: los competidores, el precio, servicio, recursos humanos, infraestructura, sueldos, canales de distribución, publicidad, promociones y en fin una serie de elementos que componen la competencia en un mercado. Por la competencia el consumidor se ve favorecido, pues por ella encuentra diferentes alternativas que pueden ser por él escogidas. Así tendrá oportunidad de comparar las alternativas que le presenta el mercado y maximizar su ingreso. Entre más ofertas existan, él podrá obtener el mayor provecho en sus recursos. De la libertad que tiene el consumidor para escoger, y las empresas para entrar, es de donde nace la redistribución justa del dinero, entendida como pagar lo justo por un bien y obtener lo justo de retorno por la venta del mismo. Pagar lo justo por un bien significa que los ingresos de un consumidor alcancen su máxima eficiencia, es decir, que su ingreso alcanzará para adquirir el mayor número de bienes. Un precio justo le permite adquirir un mayor número de bienes. Por el lado de la empresa obtener una utilidad justa significa que una empresa cobre sus costos más una tasa interna de retorno que no sea desproporcionada frente al capital arriesgado, propia de un mercado en competencia donde las empresas luchan por los clientes. Como no existe una referencia que permita identificar cual es esa tasa interna de retorno proporcional, la referencia a fijar dicho monto es la competencia, quien cumple con ésta función,

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pues el consumidor observa las diferentes alternativas del mercado y escogerá la que se acerque a sus necesidades. Con la anterior descripción se evidencia la importancia de la competencia, la cual permite que el consumidor tenga alternativas dentro del mercado, y le permite a las empresas desarrollar libremente su actividad sin cohibiciones. La faceta de la competencia, teniendo como referencia el precio justo y la utilidad justa, está destinada o pretende la redistribución equitativa de la riqueza, protegiendo la capacidad adquisitiva de bienes del consumidor, y rechazando las concentraciones de dinero provenientes de prácticas que falsean la competencia. En conclusión, la competencia premia la eficiencia en el mercado, siendo legal solo aquella que está libre de distorsiones y que permite satisfacer la necesidad del consumidor, no siendo dable adoptar comportamientos que no estén basados en la eficiencia propia del servicio que se ofrece al consumidor. Esta es la normalidad del mercado. La del enfrentamiento en las empresas por los clientes. No obstante lo anterior, existen comportamientos que afectan la competencia, como son aquellos adelantados por terceros destinados a afectar la participación y/o permanencia de empresas en un mercado, como aquellos que limitan la elección de la preferencia por parte de un consumidor. El derecho de la competencia pretende librar de distorsiones el desarrollo de la oferta y la demanda cuya causa son comportamientos de terceros, siendo lo contrarío ilícito. Por ello, el bien jurídico tutelado por el derecho de la competencia, es el de medio que sirve para que la economía de mercado obtenga los objetivos políticos económicos y sociales, constitucionalmente reconocidos, y para el desarrollo de libertad de los participantes en el mercado, es decir, la libertad de decisión y realización de la voluntad en la pretensión de ventajas económicas que el sistema competitivo garantiza. El bien jurídico merecedor de protección es: la libertad de competencia.

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Clasificación:

Pese a que el derecho de la competencia está dividido en dos grandes disciplinas, la de la competencia desleal (decreto legislativo 1044) y la defensa de la competencia o antitrust (decreto legislativo 701), parte importante de la doctrina lo entiende como un ordenamiento unido en el que ambas disciplinas se encuentran acopladas. Esa unidad se fundamenta tanto en la

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Constitución como en las leyes; la primera reconoce y protege la libertad de empresa garantizando su ejercicio, y la segunda hace posible la competencia económica. Ambas disciplinas, la correspondiente a la competencia desleal y la antitrust, tienen una recíproca función complementaria, en el sentido de que cada una de ellas suple las carencias de la otra con el fin de proteger la libre y leal competencia, mediante la formulación de principios normativos, reglas de conducta y sanciones jurídicas.

 COMPETENCIA DESLEAL

El régimen de competencia desleal castiga los comportamientos que impiden la concurrencia de las empresas al mercado. El bien tutelado es la concurrencia al mercado. La concurrencia es la participación de comerciantes a un mercado. Dentro de este régimen se exige a las empresas enfrentar a la clientela bajo mandatos de rectitud entre ellas, dentro de un escenario transparente. El régimen de competencia desleal se encuentra regulado en el Perú mediante el decreto legislativo Nro. 1044, allí aparecen los parámetros de aplicación, los supuestos fácticos y la legitimación requerida para considerar un comportamiento como desleal. El decreto legislativo 1044 tiene por objeto evitar, desalentar y sancionar los actos contrarios a la libre competencia, esto es, proteger el funcionamiento del sistema constitucionalizado, evitando distorsiones por actuaciones incorrectas y con el objeto de proteger a todas las partes que intervienen en el mercado, sean empresarios o consumidores. Cabe señalar que, para calificar un acto como de competencia desleal, no se requiere acreditar un daño efectivo o un comportamiento doloso; basta el perjuicio potencial al competidor, a los consumidores o al orden público económico. La ley sobre Represión a la Competencia Desleal incluye una cláusula general prohibitiva seguida de una enumeración de supuestos concretos de comportamientos sancionables.

Dentro de las modalidades consideradas como competencia desleal se consignan a los actos consistentes en aprovecharse ilícitamente del esfuerzo de otros participantes en el mercado, se encuentran los actos de confusión con respecto a la actividad, las prestaciones o los productos; los actos de imitación dirigidos a impedir la afirmación en el

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mercado de un competidor; y la explotación de la reputación ajena, que se concreta en el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación adquirida por otro en el mercado, como, por ejemplo, la imitación de signos distintivos, etiquetas, envases, etcétera; también se encuentran, dentro de ellos, la violación de secretos sin autorización de su titular o su adquisición por medio de espionaje. Finalmente, hay actos o conductas desleales que inciden en las posibilidades de actuación de los participantes en el mercado, lo que impide su correcto funcionamiento, como los actos de engaño respecto, por ejemplo, a las características de productos y prestaciones de servicios, o aquellos que puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica de un producto o servicio. También dentro de este último género, se encuentran los actos de discriminación frente al consumidor en materia de precios y otras condiciones de venta, así como la violación de normas que implican la obtención de una ventaja ilícita adquirida mediante la infracción de leyes.