C&e 2da Quincena Septiembre 2020.pdf

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Contadores Empresas NÚMERO

382

SEGUNDA QUINCENA

SETIEMBRE 2020

Directora

Rosa Ortega Salavarría INFORME ESPECIAL TRIBUTARIO

La prescripción en el cobro de la deuda tributaria:

INFORME PRÁCTICO: IMPUESTO A LA RENTA

Demanda de inconstitucionalidad y efectos en los contribuyentes

Devengo de ingresos y gastos: supuestos especiales

Devengo de ingresos y gastos: a propósito del Informe N° 043-2020-SUNAT/7T0000 CASOS PRÁCTICOS: IMPUESTO A LA RENTA

INFORME PRÁCTICO: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

La base imponible del IGV: aspectos controvertidos CASOS PRÁCTICOS: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Declaración jurada de IGV: medios para su presentación TRIBUTACIÓN ELECTRÓNICA

Síntesis de todos los obligados a llevar Libros y Registros Electrónicos INFORME ESPECIAL

NIIF para PYMES 2015 ENFOQUE FINANCIERO

El impacto de la COVID-19 en el endeudamiento y los covenants CONTRATACIÓN LABORAL

Derechos de los trabajadores a tiempo parcial SEGURIDAD SOCIAL

Validación de certificados médicos para el cobro de subsidios 27 AÑOS DE LIDERAZGO

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN VIRTUAL TU ALIADO EN LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TRIBUTARIOS, LABORALES Y CONTABLES Nuestra firma brinda consultoría y capacitación especializada en el ámbito tributario, laboral y contable. Contamos con un equipo multidisciplinario de asesores de reconocida trayectoria y experiencia adquirida durante su ejercicio profesional (con el respaldo del staff de las revistas Contadores & Empresas y Soluciones Laborales), que permite brindar a nuestros clientes un servicio orientado a la solución de problemas, prevención de contingencias y la toma de decisiones. No siendo ajenos a la coyuntura actual de constantes cambios normativos en el contexto de lucha frente a la pandemia, así como de la reanudación de actividades económicas progresiva, resulta de suma importancia que las empresas realicen una gestión efectiva de la aplicación e implementación de las medidas aprobadas por el Gobierno, con un análisis integral de sus efectos en materia tributaria, laboral y contable. En tal sentido, ofrecemos los siguientes servicios: ASESORÍA PROFESIONAL Y CONSULTORÍA

CAPACITACIÓN IN-HOUSE Y SEMINARIOS / CURSOS VIRTUALES

Para las áreas de las especialidades tributarias, contable y laboral, damos los siguientes servicios: - Consultoría especializada permanente. - Elaboración de informes legales y contables. - Acompañamiento y asesoría en procedimientos de fiscalizaciones tributarias e inspecciones laborales. - Revisión del cumplimiento de obligaciones tributarias, laborales y contables (compliance). - Planificación tributaria y laboral observando las normas vigentes. - Asesoría en procedimientos administrativos tributarios contenciosos (reclamaciones, apelaciones, quejas) y no contenciosos (devoluciones de impuestos, recuperaciones de capital invertido, entre otros). Si desea agendar una cita con nosotros: Correo: [email protected] Teléfono: 710-8900 anexo 428

En línea con la actual coyuntura, a partir del mes de mayo de 2020 continuamos brindando nuestras capacitaciones y cursos bajo la modalidad virtual con los profesionales más destacados del medio, presentando en forma eficiente, didáctica y práctica los alcances y efectos de las principales medidas, planteando pautas y recomendaciones que deben ser observadas por nuestros clientes. Los invitamos a visitar nuestra página web: https://aulavirtual.gacetajuridica.com.pe/ en donde encontrará el detalle de nuestros cursos. Contáctenos: Seminarios / Cursos online: - Teléfonos: 990-355-924 / 710-8910 anexo 206 - Correo: [email protected] Programar una capacitación especial para su empresa: - Teléfono 710-8900 anexo 428 - Correo: [email protected]

DIRECTORA

Mg. Rosa Ortega Salavarría

COVID-19: retos y oportunidades del profesional contable

COMITÉ CONSULTIVO

Dr. Walker Villanueva Gutierrez Dr. Sandro Fuentes Acurio Dr. Miguel Mur Valdivia Dr. Oswaldo Hundskopf Exebio Dr. David Bravo Sheen Dr. Javier Dolorier Torres Dra. Karina Arbulú Bernal Dr. José Gálvez Rosasco COORDINADORES

CPCC. Martha Cecilia Abanto Bromley Dr. Joaquín Chávez Hurtado ASESORÍA TRIBUTARIA

Dr. Joaquín Chávez Hurtado Mg. Norma Alejandra Baldeón Güere Dr. Jaime Morales Mejía CPC. Marco Herrada Córdova CPC Julio Villanueva Trauco Dr. Héctor Eduardo Véliz Lázaro Ing. José Luis Sánchez Arias ASESORÍA CONTABLE

CPCC. Martha Cecilia Abanto Bromley Mg. Dante Lunga Calderón Mg. Felipe de Jesús Quispe Acosta CPCC. Jorge Castillo Chihuán CPC. Jeanina Rodríguez Torres ASESORÍA EMPRESARIAL

Dr. Manuel Muro Rojo Dr. Manuel Torres Carrasco Dr. Juan Carlos Esquivel Oviedo Dra. Nelly Díaz Vásquez Mg. Héctor J. Gómez Bermeo ASESORÍA LABORAL Y PREVISIONAL

Dr. Jorge Castillo Guzmán Manolo Narciso Tarazona Pinedo Dr. Luis Ricardo Valderrama Valderrama Dra. Ruth Lara Arnao Analí Morillo Villavicencio Dra. Pammela Alegria Vivanco DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Wilfredo Gallardo Calle Martha Hidalgo Rivero CORRECCIÓN

Marialucia Fusayo Sato Aguirre GERENTE GENERAL

Boritz Boluarte Gómez DIRECTOR LEGAL

Manuel Muro Rojo

L

a pandemia generada por la COVID-19, además de afectar significativamente la salud mundial de la población y generar una crisis sanitaria, ha originado una severa crisis económica que ha afectado también la salud financiera de las empresas. En el Perú, ello se ha visto reflejado a través de la contracción del PBI de -30.2 % en el segundo trimestre del año 20201. En concordancia con lo señalado, las empresas que puedan seguir operando requieren con suma urgencia tener claridad del impacto que se ha generado durante la paralización total o parcial de sus actividades; efectuar un adecuado reconocimiento y análisis de las medidas de carácter empresarial, tributario, laboral, financiero, sanitario (protocolos de bioseguridad) y otras que les impacten; realizar proyecciones o pronósticos financieros, y estimación de su resultado al cierre del ejercicio 2020 –que ya se prevé que en un gran porcentaje será pérdida–, entre otros supuestos relevantes que sirvan de insumo para la toma de decisiones y planes de acción en el corto, mediano y largo plazo. Ante este panorama incierto, sin duda cobran singular relevancia y protagonismo los profesionales contables, pues son los encargados de elaborar y/o preparar la información financiera así como las proyecciones financieras y flujos de caja en distintos escenarios; igualmente deben realizar el análisis de las medidas dictadas por el Gobierno y su impacto, aplicación o implementación en las empresas; evaluar en forma conjunta con la gerencia los planes de acción, considerando que tienen el conocimiento e información detallada de las diferentes áreas de la compañía. Sin duda, ello implica retos y oportunidades para los profesionales contables, quienes se constituyen en verdaderos “médicos especialistas” para atender la salud empresarial y deben presentar sus resultados y diagnóstico a través del reflejo de los principales impactos de la COVID-19 en la información financiera, presupuestos y flujos de caja proyectados; ayudando a los propietarios de las empresas a que puedan tomar decisiones con mayor conocimiento, las que pueden derivar en la automatización de procesos, así como en la intensificación en el uso de sistemas y herramientas tecnológicas.

DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING

César Zenitagoya Suárez

Mg. Rosa Ortega Salavarría y CPCC Martha Abanto Bromley CONTADORES & EMPRESAS AÑO 15 / N° 382 SEGUNDA QUINCENA SETIEMBRE 2020 4300 EJEMPLARES / Primer número, 2004

© GACETA JURÍDICA S.A. Av. Angamos Oeste Nº 526, Urb. Miraflores Miraflores, Lima - Perú Central telefónica de consultas (01) 710-5800

www.contadoresyempresas.com.pe [email protected] [email protected] HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: 2006-10480 / ISSN: 1813-5080 REGISTRO DEL PROYECTO EDITORIAL: 31501222000414 Impreso en: IMPRENTA EDITORIAL EL BÚHO E.I.R.L. San Alberto Nº 201, Surquillo - Lima - Perú Setiembre 2020 / Publicado: octubre 2020 Gaceta Jurídica S.A. no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas por los autores en los artículos publicados en esta edición.

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Índice general 01 ASESORÍA TRIBUTARIA 3

INFORME ESPECIAL La prescripción en el cobro de la deuda tributaria: la demanda de inconstitucionalidad y los efectos en los contribuyentes CONTADORES AL DÍA

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Modificación de disposiciones referidas al estado de emergencia y cuarentena focalizada y su ampliación

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Aprueban la nueva versión del PDT Otras Retenciones - Formulario Virtual N° 617

8

Se remite al Congreso de la República el convenio para evitar la doble tributación entre Perú y Japón

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Amplían el uso de notificaciones SOL para notificar actos administrativos y comunicaciones

9

Ampliación del plazo para el acogimiento al régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la Sunat

9

Modifican normativa referida a la autorización para el ingreso o salida de bienes fiscalizados

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Prorrogan el plazo para la presentación de la declaración jurada informativa Reporte País por País correspondiente al ejercicio 2019

10 Amplían plazo del programa Reactiva Perú 10 Sistema de Emisión Electrónica para Empresas Supervisadas

02 ASESORÍA CONTABLE INFORME ESPECIAL 38 NIIF para pymes 2015

ENFOQUE FINANCIERO 43 El impacto de la COVID-19 en el endeudamiento y los covenants CASOS PRÁCTICOS 47 Indemnización por seguro de bienes y baja de activo 48 Compensación parcial por pérdida de inventarios por incendio

51 Compensación por pérdidas de bienes de PPE inutilizados totalmente

03 ASESORÍA LABORAL CONTRATACIÓN LABORAL

54 Derechos de los trabajadores a tiempo parcial FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES LABORALES

57 Consideraciones sobre la casilla electrónica de la Sunafil SEGURIDAD SOCIAL

IMPUESTO A LA RENTA Informe práctico

61 Procedimiento de validación de certificados médicos para el cobro de subsidios

11 Algunas consideraciones sobre el devengo de ingresos y gastos: a propósito del Informe N° 043-2020-SUNAT/7T0000 Casos prácticos 15 Devengado tributario de ingresos y gastos: supuestos especiales 16 devengo de gastos por intereses y comisiones por préstamos dinerarios 17 Devengo de ingresos por servicios cuya parte de la retribución se sujeta a un hecho o evento futuro

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Informe práctico

04 ASESORÍA EMPRESARIAL INFORME ESPECIAL

65 La contratación asociativa como alternativa en tiempos de crisis: aspectos a tener cuenta en su celebración

05 INDICADORES INDICADORES TRIBUTARIOS

19 Base imponible del IGV: análisis de algunos aspectos controvertidos

69 Cronograma de obligaciones mensuales - Ejercicio 2020

Casos prácticos 23 Declaración jurada IGV-Renta: aspectos claves para su presentación

70 Tasas de interés en moneda nacional y extranjera

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

INDICADORES LABORALES

OPINIÓN SUNAT 27 Las instituciones educativas particulares y los regímenes tributarios del Impuesto a la Renta TRIBUTACIÓN ELECTRÓNICA 30 Síntesis general de todos los sujetos obligados e incorporados al Sistema de Libros Electrónicos - SLE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 34 Cómo atender acciones inductivas mediante el nuevo Sistema de Gestión Inductiva Electrónica

71 Calendario de obligaciones laborales - 2020

06 APÉNDICE LEGAL 72 Normas tributarias y relacionadas 72 Normas laborales y previsionales

Asesoría TRIBUTARIA INFORME ESPECIAL

Resumen

La prescripción en el cobro de la deuda tributaria: la demanda de inconstitucionalidad y los efectos en los contribuyentes En el presente informe se analizarán los aspectos más relevantes a tener en cuenta con relación a la prescripción del plazo para el cobro de la deuda tributaria, considerando que al cierre de esta edición se encuentra pendiente la emisión de sentencia del Expediente N° 0004-2019-PI que se sigue ante el Tribunal Constitucional, proceso que tiene su origen en la demanda de inconstitucionalidad contra la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1421, que modifica el Código Tributario, por razones de forma y fondo, en el que se alega que la citada norma es inconstitucional al vulnerar la delegación de facultades legislativas, el principio de irretroactividad de las normas y la seguridad jurídica, incidiendo en los efectos que se podrían producir en todos los contribuyentes que se encuentran en situaciones fácticas similares.

Jaime MORALES MEJÍA Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresado de la Maestría de Derecho Tributario de la PUCP, con estudios de posgrado en Derecho Empresarial y de Finanzas en la Universidad ESAN. Especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral, Argentina. Se ha desempeñado como asesor del Tribunal Fiscal, ejerciendo como abogado y asesor en materia tributaria y corporativa.

PALABRAS CLAVES: Prescripción de la acción de cobro / Delegación de facultades / Teoría de los derechos adquiridos / Teoría de los hechos cumplidos / Aplicación de las leyes en el tiempo / Seguridad jurídica / Tribunal Constitucional / Sunat.

lativo N° 1421, se va a derivar una serie de consecuencias para los contribuyentes, no solo respecto de aquellos 158 que han sido señalados por la Sunat, sino de aquellos que también se encuentran en situaciones fácticas similares.

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se analizarán los aspectos más relevantes a tener en cuenta con relación a la prescripción del plazo para el cobro de la deuda tributaria, considerando que se encuentra pendiente de resolver el Expediente N° 0004-2019-PI ante el Máximo Intérprete de la Constitución, proceso que tiene su origen en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de La Libertad contra la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1421, que modifica el Código Tributario, por razones de forma y fondo, sosteniendo que la referida norma es inconstitucional al vulnerar la delegación de facultades legislativas, el principio de irretroactividad de las normas y la seguridad jurídica, incidiendo en los efectos que se podrían producir para todos los contribuyentes que se encuentren en situaciones semejantes.

Como se sabe, la prescripción limita el tiempo de la acción para determinar la obligación tributaria, la acción para su pago, así como aquella que permite aplicar sanciones por parte de la Administración Tributaria. Con ocasión de la demanda pendiente de sentencia1 ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Legis-

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Cabe indicar que al cierre de este informe no se aprobó la ponencia que contenía el proyecto de sentencia declarando fundada la demanda (llevada a cabo el 22/09/2020), razón por la cual corresponde que la demanda sea declarada infundada; siendo ello así, y sin perjuicio del análisis que se realizará en los párrafos siguientes, habrá que estar al texto de la sentencia que finalmente sea publicado.

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 3 - 7

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Asesoría TRIBUTARIA

I. ¿CUÁL ES EL ASUNTO CONTROVERTIDO SOBRE EL CUAL SE HA DEMANDADO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1421?

ejercer la delegación, se excedió de las materias que le fueran otorgadas por la citada Ley N° 30823.

Como se ha indicado, el Colegio de Abogados de La Libertad interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1421, que modifica el Código Tributario, por razones de forma y fondo, alegando que la referida norma es inconstitucional al vulnerar la delegación de facultades legislativas, el principio de irretroactividad de las normas y la seguridad jurídica.

III. APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN EL TIEMPO: DERECHOS ADQUIRIDOS VS. HECHOS CUMPLIDOS

La primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1421, que modifica el Código Tributario, establece lo siguiente: “(…) Tratándose de procedimientos en trámite y/o pendientes de resolución el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero de 2012, notificadas a partir del 28 de setiembre de 2012 dentro del plazo de prescripción, se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones conforme con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario (…)”.

Cabe indicar que, en representación del Poder Ejecutivo, el procurador público especializado en materia constitucional contestó la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.

II. ¿EL CONGRESO DELEGÓ FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE LOS TEMAS ABORDADOS EN LA NORMA MATERIA DE INCONSTITUCIONALIDAD? De acuerdo con el artículo 104 de la Constitución Política, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado en la ley autoritativa correspondiente, siendo que las materias que son objeto de delegación deben ser interpretadas de manera restrictiva, ya que lo contrario supondría una vulneración a la potestad original del Congreso de legislar, socavando con ello la separación de poderes establecida en el texto constitucional. En tal sentido, si fuera posible que un ordenamiento jurídico admitiera la existencia de delegaciones de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en forma genérica o imprecisa, se vaciaría de contenido y utilidad a la ley que autoriza tal delegación, la misma que debe su existencia justamente a la necesidad de fijar parámetros, con la finalidad de conocer con absoluta certeza qué es lo que queda fuera del ámbito de la delegación, por lo que no resultan admisibles delegaciones realizadas en forma genérica o que se puedan “inferir” de un texto normativo que no expresa la delegación que el Poder Ejecutivo quisiera tener. Por ello, teniendo en cuenta que la norma autoritativa, Ley N° 30823, no contempló en forma clara y expresa la delegación al Poder Ejecutivo de la facultad para legislar sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para el cobro, ello no puede inferirse a partir de una referencia a la necesidad de contar con “procedimientos tributarios más eficientes”, razón por la cual consideramos que el Decreto Legislativo N° 1421 adolece de claros vicios de inconstitucionalidad formales, en tanto en cuanto el Poder Ejecutivo, al

Teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 1032 y 1093 de la Constitución Política, queda claro que en nuestro país, como regla general, las normas rigen a partir del momento de su entrada en vigencia y carecen de efectos retroactivos. En tal sentido, y a consecuencia de la demanda presentada, se presenta una situación en la que se debe determinar si la relación o situación jurídica se rige por la norma vigente cuando comenzó a desarrollarse o si, por el contrario, debe aplicarse aquella norma que acaba de entrar en vigencia. En torno a este problema, el Derecho en general ha desarrollado dos teorías que intentan dar una solución a esta situación: a.

La teoría de los derechos adquiridos: según esta teoría, una vez que un derecho se genera y pasa a formar parte de la esfera jurídica de un sujeto, las normas del sistema jurídico emitidas con posterioridad no pueden afectarlo.

b.

La teoría de los hechos cumplidos: esta teoría postula que las normas jurídicas se aplican a los hechos que se produzcan durante su vigencia en forma inmediata.

A partir de la Ley N° 28389, que reformó el artículo 103 de la Constitución Política, se adoptó la teoría de los hechos cumplidos, estableciéndose el deber de aplicar las normas a todos los supuestos que no se hubiesen concluido con la norma anterior, con excepción de la materia penal en la medida que se favorezca al reo. Por ello, queda claro que la norma modificatoria no debe incidir sobre las relaciones o situaciones jurídicas propiamente dichas, sino únicamente sobre las consecuencias que al momento de su entrada en vigencia se están produciendo, de lo que se desprende que debe excluirse todo aquel supuesto que ya se agotó; lo contrario supondría una aplicación retroactiva de la misma, lo que no es admisible a tenor de lo previsto en el artículo 103 de la Carta Magna. En este punto, resulta del caso destacar que el Tribunal Constitucional ha adoptado el criterio4 según el cual, para aplicar una norma tributaria en el tiempo, debe

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“Artículo 103.- (…). La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad” (el resaltado es nuestro). “Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte” (el resaltado es nuestro). En el fundamento 12 de la STC N° 0002-2006-AI/TC se señala lo siguiente: “(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes” (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma tributaria en el tiempo debe considerarse la teoría de

4 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 3 - 7 a

INFORME ESPECIAL considerarse la teoría de los hechos cumplidos, de lo que se desprende el principio de aplicación inmediata de las normas a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que no se hayan agotado. Por tanto, y a la luz de la normativa a la que se ha hecho referencia, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y las posiciones de las partes, en realidad no se ha producido una controversia en el sentido de optar por la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos o la de los hechos cumplidos, sino que la controversia radica únicamente en la diferente forma de interpretar el alcance de la segunda de ellas.

IV. ALCANCES Y NATURALEZA DE LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA La prescripción en materia tributaria es una institución del Derecho según la cual, ante el transcurso de un determinado periodo de tiempo establecido por ley y frente a la inacción de la Administración Tributaria con relación al cobro de una deuda, esta última se encuentra impedida de ejercer acciones para el pago de la deuda existente, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Prescripción

Impide

Acción para determinar la obligación tributaria

Acción para exigir el pago

Acción para aplicar sanciones

V. LA PRESCRIPCIÓN Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD JURÍDICA El artículo 43 del Código Tributario establece cuáles son los plazos de prescripción en materia tributaria –4, 6 o 10 años, dependiendo del supuesto aplicable–, mientras que el artículo 44 establece los términos para el inicio de su contabilización y el artículo 45, las formas de interrupción de la prescripción. El hecho de establecer plazos de tiempo determinados para que opere la prescripción supone que esta institución tiene como finalidad evitar que el ejercicio de la potestad de demandar el cumplimiento de un deber de pago quede abierto indefinidamente, por lo cual el propio Tribunal Constitucional ha relacionado la prescripción a la seguridad en la sentencia emitida en el Expediente N° 04272-2006-AA/TC5. Respecto del principio de seguridad jurídica, es del caso indicar que es un principio esencial del ordenamiento jurídico en general –y el tributario en particular–, el mismo que supone el cumplimiento de obligaciones impuestas por el legislador, cuyo mensaje normativo debe ser claro, certero y exento de todo ápice de ambigüedad, ello con la finalidad de que los operadores jurídicos puedan acatar las mismas en su exacto sentido y amplitud, a efectos de no ser pasibles de alguna consecuencia negativa que afecte su esfera jurídico-patrimonial en virtud de un incumplimiento o de un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso no deseado. Sobre el particular, Héctor Villegas apunta con certeza que: “Estamos convencidos de que la seguridad jurídica se expresa prácticamente en la previsibilidad de la actuación estatal. La sorpresa repugna radicalmente al Estado de Derecho. Si esta es erradicada, se facilitará que cada uno sepa lo que puede exigir de los demás y lo que puede serle exigido.

Sin embargo, ello no significa que la prescripción sea un modo de extinción de la obligación tributaria, por cuanto no se encuentra regulada como tal en el artículo 27 del Código Tributario (que regula los medios de extinción de la obligación tributaria), sino que simplemente impide al acreedor exigir su pago, siendo que otra constatación de ello la podemos inferir a partir del texto del artículo 49 del mismo cuerpo legal, según el cual el pago voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado. En tal sentido, la prescripción es una institución que salvaguarda los derechos de los deudores de no tener una obligación pendiente de pago por un periodo de tiempo infinito, siendo que, de otro lado, constituye una suerte de “castigo” por la inacción de ejercer las acciones de cobro por parte del acreedor. Por ello, en la medida que es una institución que salvaguarda el orden público y procura la seguridad jurídica, ha sido reconocida expresamente en el inciso o) del artículo 92 del Código Tributario como un derecho a favor de los deudores tributarios.

El concepto ha evolucionado, y modernamente la doctrina internacional entiende que la seguridad jurídica requiere confiabilidad, certeza e interdicción de la arbitrariedad”6 (el resaltado es nuestro).

Dentro del contenido de este principio la doctrina reconoce –entre otros– elementos a la confiabilidad, según la cual: “Nada será seguro para un posible inversor, nacional o extranjero, si está imposibilitado de prever su situación jurídica y tiene la sensación de que su tranquilidad puede ser defraudada en cualquier momento por una medida retroactiva del Estado”7 (el resaltado es nuestro). De ello se desprende que los contribuyentes en general deben sentirse seguros de que el sistema jurídico cumple con los parámetros esenciales de legalidad y no retroactividad de las leyes, aspectos que resultan seriamente cuestionados en el caso del Decreto Legislativo N° 1421, cuando a través de una de sus disposiciones “transitorias” se pretende modificar aspectos temporales que ya se agotaron en el año 2012,

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6 los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas” (el resaltado es nuestro).

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“(…) la prescripción no supone la denegatoria del derecho en cuestión, sino en todo caso, la restricción del remedio procesal para exigirlo, lo cual no debe olvidarse, constituye también la defensa de otro bien constitucional en la medida que protege por esta vía la seguridad jurídica” (el resaltado es nuestro). VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 283. Ibídem, p. 284.

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Asesoría TRIBUTARIA tanto más si se tiene en cuenta que el citado decreto se publicó el 13 de setiembre de 2018, es decir, reguló aspectos que debieron ser conocidos por los contribuyentes por lo menos 6 años antes, hecho que constituye un claro atentado al principio de seguridad jurídica.

VI. ¿ES CONSTITUCIONAL LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1421? Conforme se ha señalado, el artículo 43 del Código Tributario regula el lapso que debe transcurrir para que opere la prescripción, tanto para la determinación de la obligación tributaria como a la acción para exigir el pago y para aplicar sanciones, siendo que no se ha fijado un plazo diferenciado para la determinación, el cobro o la imposición de sanciones. A partir de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N° 1113 al Código Tributario, se diferencia el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones orientadas a determinar la obligación tributaria o imponer sanciones del aplicable al inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago, conforme se desprende del inciso 7 del artículo 44 incorporado por el citado decreto8. En el Decreto Legislativo N° 1421 se mantiene la diferenciación entre el plazo de prescripción para la determinación de la obligación y el aplicable al cobro de la obligación determinada o de la multa, pero se modifica el punto de inicio del cómputo del plazo para el cobro de la deuda tributaria contenido en resoluciones de determinación y de multa, y se incorpora una regla aplicable para los procedimientos en trámite cuyo cómputo de plazo se inicia hasta el 1 de enero de 2012, para posponerlo a partir de la notificación de los valores a partir del 28 de setiembre de 2012. En tal sentido, resulta claro que el Poder Ejecutivo no ha tenido en cuenta que el inicio del plazo de prescripción constituye un punto preciso en el tiempo perfectamente diferenciable que ocurre y se agota en forma instantánea, de lo que se desprende que si con una ley posterior se pretende regular un aspecto que ya se consumó, no se está haciendo una aplicación inmediata, sino retroactiva de la norma. Sobre el particular, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 09789-4-20179, emitida con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria, ha señalado lo siguiente:

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“Desde el día siguiente de realizada la notificación de las Resoluciones de Determinación o de Multa, tratándose de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en ellas”. Cabe indicar que, en resoluciones del Tribunal Fiscal posteriores a la publicación del Decreto Legislativo N° 1421 como es el caso de la Resolución N° 00753-4-2019, se siguió lo previsto en el citado decreto legislativo: “(…) en aplicación de lo previsto en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1421, al tratarse el presente caso de un procedimiento en trámite y/o pendiente de resolución, para establecer el inicio del cómputo de los plazos de prescripción de la acción para exigir el pago de las mencionadas deudas materia de análisis, cuyos plazos de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria y aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero de 2012, notificadas con posterioridad al 28 de setiembre de 2012 dentro de los plazos de prescripción para determinar la

“(…) la norma materia de análisis afecta a uno de los elementos del plazo, esto es, su inicio, siendo que tal elemento constituye uno de naturaleza inmediata y que se agota con su realización, por lo que corresponde aplicarle la norma que se encuentre vigente en dicho momento, lo que posteriormente no puede ser desconocido”. Otro aspecto a tener en cuenta es que la norma cuestionada incide sobre aquellos casos en los que el término prescriptorio para exigir el pago comenzó a contarse conjuntamente con el aplicable a la determinación o imposición de sanciones, es decir, los anteriores a la separación de ambos plazos, separación que solo se produjo a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1113, razón por la cual la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1421 no califica desde ningún punto de vista como una norma interpretativa, sino que constituye una norma que precisa un nuevo momento para el inicio del cómputo de la prescripción. En tal sentido, debe quedar claro que el análisis en torno a la retroactividad o no de la norma cuestionada no se realiza con relación al cuerpo del plazo prescriptorio, sino que este se limita a un aspecto puntual, esto es, al momento exacto en que se produce el inicio del cómputo, el mismo que, en atención a su naturaleza fugaz, se agota en la fecha en que se produce, de donde se desprende que la norma competente para regular dicho evento es la norma vigente en dicho instante, siendo que en el supuesto de que una norma posterior que entre en vigencia en el transcurso del plazo de prescripción (el que ya inició en un instante que se agotó en el pasado), que pretenda modificar el inicio del cómputo, la convertiría en una norma inconstitucional al transgredir el principio de irretroactividad de la ley, en atención a lo establecido en el artículo 103 de nuestro texto constitucional (ver gráfico Nº 1).

VII. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS PRÁCTICOS DE LA DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN A FAVOR DE UN DETERMINADO CONTRIBUYENTE? Tal como hemos explicado en el punto IV del presente informe, en el artículo 27 del Código Tributario se establecen los medios de extinción de la obligación tributaria, siendo que en dicha norma no se ha comprendido a la prescripción como uno de ellos; en otras palabras, no constituye un mecanismo que le permita al deudor tributario extinguir la deuda tributaria pendiente de pago. Sin embargo, el efecto práctico para cualquier contribuyente que, cumpliendo los parámetros temporales establecidos por el artículo 43 del citado código, esto es, 4, 6 o 10 años, según sea el caso, y en la medida que no se hayan presentado circunstancias que determinen la interrupción y/o suspensión de los plazos, haya procedido a solicitar la prescripción ya sea de la acción para determinar la obligación tributaria, la acción para aplicar sanciones o la acción para exigir su pago, es que no se le podrá exigir el pago de las citadas acreencias tributarias, siendo que este es el efecto

obligación tributaria y aplicar sanciones, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario, por lo que, el cómputo de los plazos de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda contenida en los mencionados valores, se inició el día siguiente de su notificación, esto es, el 7 de noviembre de 2017”.

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INFORME ESPECIAL GRÁFICO Nº 1 Aplicación en el tiempo del D. Leg. N° 1421 Vigencia D. Leg. N° 1113 28/09/2012 Publicación D. Leg. N° 1113 05/07/2012 Publicación D. Leg. N° 1421 13/09/2018

Inicio de cómputo para determinar y aplicar sanciones de periodos anteriores 01/01/2012

PERIODOS ANTERIORES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Posición del demandante: inicio de cómputo de plazo de prescripción solo debe aplicar a partir de vigencia del D. Leg. N° 1113 (28/09/2012)

Primera disposición complementaria transitoria D. Leg. N° 1421: regula situaciones anteriores cuyo hecho (inicio de cómputo hasta el 01/01/2012) se agotó en un instante (hecho cumplido), lo que se produjo antes de su vigencia 13/09/2018, por lo que tendría efectos retroactivos.

práctico buscado por los contribuyentes, al margen de que en puridad la prescripción no sea un medio de extinción de la obligación tributaria.

VIII.¿A QUÉ CONTRIBUYENTES SE APLICARÁN LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE EMITA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? Conforme se ha conocido a partir del Anexo al Informe N° 000015-2020-SUNAT/7D0000, que fuera dirigido por la Sunat al Congreso de la República, 158 contribuyentes de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) mantienen un adeudo de naturaleza tributaria que supera los 9,000 millones de soles. Al respecto, es del caso indicar que el título del citado Anexo señala textualmente lo siguiente: “Anexo al Informe N° 000015-2020-SUNAT/7TD0000 listado de contribuyentes de la IPCN cuya deuda se encuentra en riesgo de prescripción como consecuencia de una posible declaración de inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1421”; a partir de dicho texto, pareciera que los efectos de la sentencia que emitirá el Tribunal Constitucional comprenderán únicamente los casos de estos 158 contribuyentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la demanda de inconstitucionalidad ha sido interpuesta por el Colegio de Abogados de La Libertad en la medida que tiene legitimidad procesal activa para ello, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 8 del artículo 203 de la Constitución Política, es decir, no ha sido promovida por ninguno de los 158 contribuyentes de la IPCN ni mucho menos por los demás contribuyentes no mencionados en el referido Anexo del Informe N° 000015-2020-SUNAT/7TD0000. Sin embargo, en la medida que estamos frente a un proceso de inconstitucionalidad, el mismo que tiene alcances generales a tenor de lo previsto en el artículo 81 del Código Procesal Constitucional10, resulta claro que los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad comprenderán a todos los contribuyentes que se encuentren en situaciones fácticas similares a aquella que genera la controversia pendiente de resolver ante el Máximo Intérprete

10

Aprobado por Ley N° 28237.

de la Constitución, no limitándose a las 158 empresas pertenecientes al directorio de la IPCN, razón por la cual apreciamos la existencia de una contingencia para los contribuyentes en general, sin que sea relevante su tamaño desde el punto de vista económico, impacto que deberá ser evaluado a nivel de las gerencias de cada uno de los deudores tributarios. Otro de los efectos negativos para los contribuyentes que se podrían derivar al no ampararse la demanda es que se podrían presentar supuestos en los que los plazos prescriptorios terminen sumándose, ello en la medida que el plazo para determinar la deuda tributaria comprende a aquel en que se realiza el procedimiento de fiscalización en el que se emiten las correspondientes resoluciones de determinación y de multa, el mismo que, conforme a lo establecido en el artículo 43 del Código Tributario, es de 4 años (cuando se presenta la declaración), siendo que a partir de la notificación de los citados valores, se inicia un nuevo plazo de 4 años aplicable al cobro de la deuda tributaria, lo que desde ya constituye una transgresión a los plazos máximos de prescripción contemplados en el citado artículo 43, situación que había sido advertida en el proyecto de sentencia, al señalar que las reglas para el inicio del cómputo de los plazos de prescripción del artículo 44 del Código Tributario: “(…) se encuentran circunscritas al cumplimiento estricto de los plazos de prescripción regulados por el artículo 43 del Código Tributario, no debiendo excederse de dichos plazos los procesos de fiscalización tributaria y de cobro de la deuda determinada”, por lo que ya no se contaría con ese “candado” a fin de evitar situaciones que podrían resultar arbitrarias. Finalmente, como reflexión final, queremos destacar el hecho de que la prescripción no es una institución ilegítima o ajena a los ordenamientos jurídicos, sino todo lo contrario, ya que, como hemos expresado en los párrafos precedentes, constituye un derecho expresamente reconocido a favor de los administrados en el inciso o) del artículo 92 del Código Tributario y, como tal, un mecanismo que sirve no solo a los contribuyentes frente a los adeudos que pudieran tener ante la Administración Tributaria, sino que también está prevista a favor de la Administración frente a la pretensión de devolución de pagos indebidos o en exceso de los contribuyentes, promoviendo así la seguridad jurídica, la diligencia y la equidad para ambas partes.

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Asesoría TRIBUTARIA CONTADORES AL DÍA

Modificación de disposiciones referidas al estado de emergencia y cuarentena focalizada y su ampliación Por un lado, el 17 de setiembre de 2020 se publicó el Decreto Supremo Nº 151-2020-PCM, con la finalidad de modificar el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, modificado por los Decretos Supremos N°s 129-2020-PCM, 135-2020-PCM, 139-2020PCM y 146-2020-PCM, que regula la cuarentena focalizada. Asimismo, modifica el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, modificado por los Decretos Supremos N°s 129-2020-PCM, 135-2020PCM, 139-2020-PCM y 146-2020-PCM, que regula la limitación al ejercicio del derecho de tránsito.

Nºs 129-2020-PCM, 135-2020-PCM, 139-2020-PCM, 1462020-PCM y 151-2020-PCM, respecto de la cuarentena focalizada. Por tanto, a partir del 1 de octubre de 2020, las provincias y departamentos que se mantienen en cuarentena focalizada son los siguientes:

Lo antes indicado se aplica desde el 20/09/2020 hasta el 31/09/2020, a excepción de la modificación referida al horario de inmovilización social obligatoria, que regirá desde el 21/09/2020 Al 31/09/2020.

Del mismo modo, modifica el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, modificado por los Decretos Supremos Nºs 129-2020-PCM, 135-2020PCM, 139-2020-PCM, 146-2020-PCM y 151-2020-PCM, respecto del derecho a la libertad de tránsito de las personas, a partir del 1 de octubre de 2020.

Ahora bien, el 26 de setiembre de 2020 se publicó el Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, a través del cual se prorroga el estado de emergencia nacional a partir del jueves 1 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la COVID-19. En ese sentido, se modifica nuevamente el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1162020-PCM, modificado por los Decretos Supremos

CUARENTENA FOCALIZADA DEPARTAMENTOS Apurímac Ayacucho Huánuco

PROVINCIAS Abancay Huamanga Huánuco

Finalmente, se ratifica que las personas en el grupo de riesgo no pueden salir ni recibir visitas y que las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas, por razones de salud y a efectos de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la COVID-19. Vigencia: desde el 27/09/2020.

Aprueban la nueva versión del PDT Otras Retenciones - Formulario Virtual N° 617 A través de la Resolución de Superintendencia Nº 1512020/SUNAT, publicada el 20 de setiembre de 2020, se aprueba la versión 2.7 del PDT Otras Retenciones - Formulario Virtual N° 617. De este modo, se dispone que la versión 2.7 del PDT Otras Retenciones - Formulario N° 617 estará a disposición de los interesados a partir del 1 de octubre en Sunat Virtual.

También se establece que el PDT Otras Retenciones Formulario Virtual N° 617, versión 2.7 debe ser utilizado a partir del 1 de octubre de 2020, independientemente del periodo al que corresponda la declaración, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias. Vigencia: desde el 21/09/2020.

Se remite al Congreso de la República el convenio para evitar la doble tributación entre Perú y Japón Mediante la Resolución Suprema N° 091-2020-RE (publicada el 22 de setiembre de 2020), se remite al Congreso de la República para su aprobación la documentación relativa al “Convenio entre la República del Perú y Japón para evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal” y su protocolo, suscrito el 18 de noviembre de 2019.

Lo indicado va de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 102 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y el primer párrafo del artículo 2 de la Ley N° 26647, que disponen la aprobación legislativa de los tratados celebrados por el Estado peruano.

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C O N TA D O R E S A L D Í A

Amplían el uso de Notificaciones SOL para notificar actos administrativos y comunicaciones Como es de conocimiento general, la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT (08/02/2008) regula la notificación de actos administrativos por medio electrónico. A través de la Resolución de Superintendencia N° 154-2020/SUNAT, publicada el 26 de setiembre de 2020, se modifican los incisos b), c), d) y e) del artículo 1, y los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 9.

Las modificaciones realizadas por la norma están dirigidas a establecer que a través de Notificaciones SOL, la Sunat podrá notificar no solo actos administrativos, sino también comunicaciones relacionadas con tributos o conceptos no tributarios cuya administración y/o recaudación esté a su cargo. Vigencia: desde el 27/09/2020.

Ampliación del plazo para el acogimiento al régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la Sunat El Decreto Legislativo N° 1487 creó el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria (RAF), que permite aplazar deudas hasta por 6 meses y fraccionar hasta por 36 meses, a una tasa mucho menor (40 % de la TIM) que el fraccionamiento general. Dicho régimen vencía el 30 de setiembre de 2020. Mediante el Decreto Supremo Nº 285-2020-EF, publicado el 28 de setiembre de 2020, se amplía hasta el 31

de diciembre de 2020 el plazo para la presentación de la solicitud del acogimiento al Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Vigencia: desde el 29/09/2020.

Modifican normativa referida a la autorización para el ingreso o salida de bienes fiscalizados Mediante la Resolución de Superintendencia N° 153-2020/ SUNAT, publicada el 28 de setiembre de 2020, se modifica la Resolución de Superintendencia N° 254-2013/SUNAT, que aprueba las normas relativas a la autorización para el ingreso y salida de bienes fiscalizados. Asimismo, se aprobaron los formularios N° Q-201 versión 2 “Solicitud de Autorización de Ingreso de Bienes Fiscalizados” y N° Q-202 versión 2 “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes Fiscalizados”. También se ha modificado un numeral de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT. La resolución modifica el encabezado del primer párrafo y los incisos a), b), c), d), e), f) y h) del artículo 1; el inciso b) del numeral 2.1; el numeral 2.3 del artículo 2; el primer párrafo del artículo 3; el último párrafo del artículo 4; el inciso b) del numeral 5.2 del artículo 5; el segundo párrafo del artículo 6; la denominación del título III; el inciso a) del artículo 8; el inciso a) del artículo 9; el artículo 11; el tercer párrafo del artículo 12; y el inciso a) de la segunda disposición complementaria final de la Resolución de Superintendencia N° 254-2013/SUNAT. Dentro de dichas disposiciones cabe resaltar la modificación realizada al artículo 3, referido a las condiciones para generar la solicitud de autorización, que son las siguientes: i)

Tener inscripción vigente en el Registro.

ii)

Haber inscrito la importación o exportación de los bienes fiscalizados como actividades fiscalizadas en el Registro. iii) No tener bienes fiscalizados que hubieran caído en abandono legal, conforme a lo establecido en la Ley General de Aduanas y su Reglamento. iv) No tener declaraciones aduaneras de exportación de bienes fiscalizados pendientes de regularización fuera del plazo previsto en la Ley General de Aduanas. v) No encontrarse sometido, así como ninguno de sus accionistas, representantes legales o directores y responsables del manejo de los bienes fiscalizados, a investigación fiscal o proceso judicial por tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. vi) Haber cumplido con presentar la información de sus operaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley. vii) No solicitar, en la autorización de ingreso de bienes fiscalizados, una cantidad que exceda el saldo de la cantidad solicitada anual del bien fiscalizado materia de la mencionada autorización, considerando además las cantidades que se encuentran en autorizaciones pendientes de nacionalización. Vigencia: desde el 29/09/2020.

Prorrogan el plazo para la presentación de la declaración jurada informativa Reporte País por País correspondiente al ejercicio 2019 La Resolución de Superintendencia N° 155-2020/SUNAT, publicada el 28 de setiembre de 2020, se prorroga hasta

el último día hábil del mes siguiente a aquel en el que la Sunat publique en su página web que el Perú ha

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Asesoría TRIBUTARIA aprobado la evaluación del estándar de confidencialidad y seguridad de la información requerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el intercambio automático de información, el plazo para la presentación de la declaración jurada informativa Reporte País por País

correspondiente al ejercicio 2019, que deben presentar los contribuyentes obligados según lo previsto en los numerales 1 al 3 del inciso b) del artículo 116 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Vigencia: desde el 29/09/2020.

Amplían plazo del programa Reactiva Perú Como es de conocimiento general, mediante el Decreto Legislativo Nº 1455 (06/04/2020) se creó el programa Reactiva Perú, con la finalidad de asegurar la continuidad en la cadena de pagos de las empresas ante el impacto negativo de la COVID-19. Este dispositivo fue modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1457, el Decreto Supremo N° 124-2020-EF y el Decreto Supremo N° 154-2020-EF; y reglamentado por la Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15, modificada por las Resoluciones

Ministeriales N°s 199-2020-EF/15.

165-2020-EF/15,

181-2020-EF/15

y

A través del Decreto Supremo N° 287-2020-EF, publicado el 29 de setiembre de 2020, se amplía el plazo para el otorgamiento de la garantía del Gobierno nacional a los créditos del programa Reactiva Perú, hasta el 31 de octubre del presente año. Vigencia: desde el 30/09/2020.

Sistema de Emisión Electrónica para Empresas Supervisadas La Resolución de Superintendencia (R.S.) Nº 206-2019/ SUNAT (22/10/2019) aprobó el Sistema de Emisión Electrónica para Empresas Supervisadas (SEE - Empresas Supervisadas) como el medio de emisión del recibo electrónico por servicios públicos (SP).

complementaria final de la R.S. N° 206-2019/SUNAT pueden emitir, hasta el 30 de junio de 2021, los documentos autorizados a que se refiere el literal d) del inciso 6.1 del numeral 6 del artículo 4 del RCP, por las operaciones contempladas en el citado párrafo 2.1.

En tal sentido, a través de la R.S. N° 160-2020/SUNAT (publicada el 30/09/2020) se modifica, entre otros, el párrafo 10.1 del artículo 10 y el inciso b) del párrafo 11.2 del artículo 11 de la R.S. Nº 206-2019/SUNAT. Asimismo, se incorpora la única disposición complementaria transitoria.

Las empresas concesionarias del servicio de telefonía que están bajo el control de Osiptel pueden incluir en los recibos que emiten, de acuerdo a la normativa emitida por Osiptel, los documentos autorizados señalados en el literal d) del numeral 6.1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago (RCP), siendo que el formato que se use debe permitir que se identifique claramente a cada una de las empresas.

Dentro de los aspectos modificados por la norma cabe resaltar lo siguiente: 1.

Se ajusta el plazo máximo para enviar a la Sunat un ejemplar del comprobante de pago electrónico emitido, conforme a lo siguiente:

Respecto a lo señalado en el párrafo anterior, se debe consignar como requisitos mínimos de los documentos autorizados, entre otros:



i) Diez días calendario, contados desde el primer día calendario del mes siguiente a la fecha de emisión, tratándose del recibo electrónico SP.

2.

ii) Siete días calendario, contados desde el primer día calendario del mes siguiente a la fecha de emisión, en el caso del comprobante empresas supervisadas SBS. Con relación a la comunicación de baja del comprobante de pago electrónico, se modifica el plazo máximo para enviar dicha comunicación a la Sunat mediante la aplicación SEE - Empresas Supervisadas, conforme a lo siguiente: i) El décimo día calendario contado desde el primer día calendario del mes siguiente al de la fecha de emisión del recibo electrónico SP.

ii) El sétimo día calendario contado desde el primer día calendario del mes siguiente al de la fecha de emisión del comprobante empresas supervisadas SBS. Excepcionalmente, los sujetos comprendidos en los incisos c) al f) del párrafo 2.1 de la segunda disposición

• • •

Los datos de identificación del sujeto comprendido en los incisos c) al f ) del párrafo 2.1 de la segunda disposición complementaria final (número de RUC y razón o denominación social). El número correlativo del documento. La fecha de emisión. La descripción o el tipo de servicio prestado o el concepto cobrado.



El importe del servicio o concepto cobrado, discriminando el monto de los tributos que gravan el servicio y otros cargos adicionales, en su caso.



El importe total del servicio prestado.

Finalmente, para efecto tributario, según corresponda, cada documento incluido en el formato indicado será considerado en forma independiente, sin perjuicio de que en aquellos casos en que, conforme con lo establecido en el RCP u otra norma, deban consignarse los datos de identificación del usuario y la fecha de emisión, estos pueden colocarse por separado y como datos comunes a los documentos. Vigencia: desde el 01/10/2020.

10 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 8 - 10 a

Asesoría TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA

- INFORME PRÁCTICO

Resumen

Algunas consideraciones sobre el devengo de ingresos y gastos: a propósito del Informe N° 043-2020-SUNAT/7T0000 En el presente informe se analizarán algunos de los criterios que se pueden recoger del Informe N° 043-2020-SUNAT/7T0000, referidos al devengo para fines tributarios de los ingresos y los gastos. Si bien es cierto el análisis de la opinión de la Sunat se basa en comisiones vinculadas a algunas operaciones financieras (préstamos estructurados, bonos y préstamos sindicados), consideramos de importancia la temática subyacente, como puede ser la evaluación de los elementos a tener en cuenta en relación con el momento en que se devengan tales conceptos, o las marcadas diferencias que existen entre el concepto de devengo para fines contables y tributarios a raíz de la modificación del artículo 57 de la LIR.

Jaime MORALES MEJÍA Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresado de la Maestría de Derecho Tributario de la PUCP, con estudios de posgrado en Derecho Empresarial y de Finanzas en la Universidad ESAN. Especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral, Argentina. Se ha desempeñado como asesor del Tribunal Fiscal, ejerciendo como abogado y asesor en materia tributaria y corporativa.

PALABRAS CLAVES: Gastos / Gastos financieros / Préstamos estructurados / Préstamos sindicados / Bonos / Comisiones / Devengo / Artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta.

INTRODUCCIÓN El día 7 de setiembre de 2020 se publicó en la página web de la Sunat el Informe Nº 043-2020-SUNAT/7T0000, mediante el cual la Administración Tributaria dio respuesta a unas consultas que le fueran formuladas respecto al devengo de una serie de ingresos y gastos financieros correspondientes a comisiones cobradas en relación con operaciones de préstamos estructurados, bonos y préstamos sindicados, las mismas que se encontraban dirigidas a determinar cuándo se consideran devengadas dichas comisiones para fines tributarios, así como si resultaba aplicable el criterio contenido en el Informe N° 030-2017-SUNAT/7T0000 o el concepto de devengado establecido en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por el Decreto Legislativo N° 1425. En tal sentido, en el presente informe se revisarán los alcances de las operaciones de préstamos estructurados, bonos y préstamos sindicados por las que se

cobran diversas comisiones cuyo momento de devengo ha sido precisado por la Administración Tributaria, para lo cual se analizará el devengo del gasto haciendo énfasis en el hecho sustancial para que este se produzca, así como la inaplicación de las normas contables para determinar el devengo para fines tributarios1.

I. LAS OPERACIONES FINANCIERAS POR LAS QUE SE COBRAN COMISIONES En el Informe Nº 043-2020-SUNAT/7T0000, la Sunat se pronuncia sobre el devengo de comisiones cobradas

1

Cabe indicar que, en el caso de comisiones cuyo gasto se genera al haber prestado un servicio, como se detallará más adelante, su devengo se produce con su culminación, en tanto no se trate de servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo y de servicios de ejecución continuada, los mismos que tienen reglas propias adicionales de devengo contenidas en el numeral 2 del segundo párrafo del artículo 57 de la LIR. En tal sentido, a pesar de que podría inferirse como regla general que el devengo de servicios se produciría con su culminación (sin considerar los supuestos de excepción), teniendo en cuenta que el análisis realizado en el Informe N° 043-2020-SUNAT/7T0000 se limita a los temas materia de consulta, consideramos que, a partir de una posición conservadora, sería recomendable no extender el criterio a supuestos no analizados todavía por la Administración Tributaria.

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Asesoría TRIBUTARIA en una serie de operaciones financieras, como son los préstamos estructurados, los préstamos sindicados y los bonos, razón por la cual consideramos necesario referirnos brevemente a estas figuras jurídico-financieras.

1. ¿En qué consisten los préstamos estructurados? En el punto 2 del Informe Nº 043-2020-SUNAT/7T0000 se hace referencia a los préstamos estructurados, los mismos que, según MH Consulting Group, son créditos destinados para cubrir necesidades de financiamiento flexible y a la medida de las necesidades de cada compañía, donde la estructura de pagos tanto de capital como de intereses es ajustada al flujo de caja, al ciclo de negocios, a las garantías, así como las fuentes de pago alternas, las cuales también pueden tener una estructura ajustada a cada cliente2.

2. ¿Qué se entiende por préstamo sindicado? En el punto 4 del Informe Nº 043-2020-SUNAT/7T0000 se hace referencia a los préstamos sindicados, los cuales surgen como una herramienta financiera muy requerida, tanto a nivel nacional como internacional, en la medida que la realización de grandes proyectos exigen financiamientos que muchas veces exceden las capacidades financieras individuales de un solo banco para prestar dinero, o cuando este quiere evitar exponerse a un alto riesgo con un mismo deudor, razón por la cual se decide que participen en la operación varias instituciones a fin de distribuir el riesgo entre todas ellas.

3. ¿Qué es un bono? En el punto 3 del Informe Nº 043-2020-SUNAT/7T0000 se hace referencia al bono, el cual constituye un valor mobiliario que representa una obligación de pago por parte del emisor y reditúa una determinada tasa de rentabilidad, es decir, a través de este instrumento financiero el emisor se obliga a realizar pagos periódicos de interés y a devolver el importe total de la deuda al vencimiento de la misma.

adicionales y/o complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios, que hayan sido previamente acordados y efectivamente prestados por las empresas.

II. EL CRITERIO DEL DEVENGADO Y EL MOMENTO DE DEDUCCIÓN DEL GASTO El artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF (LIR, en adelante), antes de la modificación dispuesta por imperio del Decreto Legislativo N° 1425, establecía que las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen, sin que el legislador en dicha oportunidad hubiera estimado necesario hacer mayores precisiones sobre lo que se debía entender por el concepto de devengo. Frente a dicha falencia legislativa, ha sido la doctrina, tanto la jurídica como la contable, pero por sobre todo la jurisprudencia, la que ha servido para que los operadores puedan suplir dicha falta de concreción positiva del concepto de devengo, y así poder dar una solución al conflicto presentado entre el contribuyente y la Administración Tributaria, lo que finalmente se ha resuelto con el citado Decreto Legislativo N° 1425, que ha regulado el concepto legal de devengo para fines tributarios.

1. ¿Cuándo se produce el devengo de los ingresos? Como se sabe, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 14254 se modificó el artículo 57 de la LIR, introduciendo una regla general para determinar la oportunidad en que un ingreso se devenga5, en los siguientes términos: “Artículo 57.- (…) Las rentas se imputan al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes normas: a) Las rentas de la tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. Para dicho efecto, se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago.

4. ¿Qué se entiende por “comisiones”? En el punto 2 del Informe Nº 043-2020-SUNAT/7T0000 se hace referencia a las comisiones, las mismas que, según lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de Gestión de Conducta e Mercado del Sistema Financiero y que modifica el Manual de Contabilidad para Empresas del Sistema Financiero y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante la Resolución SBS N° 3274-2017, las comisiones son cargos por servicios

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“Artículo 16.- Comisiones y gastos Las comisiones y gastos se determinan libremente de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley General: 1. Las comisiones son cargos por servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios, que hayan sido previamente acordados y efectivamente prestados por las empresas. 2. Los gastos son cargos en que incurren las empresas por servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios, que hayan sido previamente acordados y efectivamente prestados por terceros”.

No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. (…)” (el resaltado es nuestro).

Como podemos apreciar, con la modificación del artículo 57 de la LIR se ha reiterado que las rentas de la tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengan, siendo que se establece en forma clara que los ingresos se devengan cuando respecto de una operación en particular se producen los hechos sustanciales para su generación, en tanto en cuanto la obligación de que se trate no se encuentre sujeta a una condición suspensiva, siendo que en el caso de que la contraprestación o parte de ella se fije en función de un hecho o evento futuro, el ingreso se

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Publicado el 13/09/2018 y vigente a partir del 01/01/2019. Sin perjuicio de las reglas particulares para transacciones específicas, las que deben observarse de manera adicional.

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I M P U E S T O A L A R E N TA - I N F O R M E P R Á C T I C O devenga cuando dicho hecho o evento ocurra, sin ser relevante la oportunidad del cobro ni el hecho de que no se hubieren fijado los términos precisos de pago.

2. ¿En qué momento se produce el devengo de los gastos? Acorde a lo previsto por el citado artículo 57 de la LIR, con relación al devengo de gastos se establece lo siguiente: “(…) Tratándose de gastos de tercera categoría se imputan en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se paguen, y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago. No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, los gastos de tercera categoría se devengan cuando dicho hecho o evento ocurra”6 (el resaltado es nuestro).

En relación con este tema, en el Informe N° 44-2006SUNAT/2B00007, del 6 de febrero de 2006, la Administración Tributaria señaló respecto del devengo de gastos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la LIR, las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen8, agregando que esta norma será de aplicación analógica para la imputación de gastos9 10.

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En similar sentido, en la página 25 de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1425 se ha señalado lo siguiente: “(…) los gastos de tercera categoría se imputan en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se paguen, y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago” (el resaltado es nuestro). Cabe indicar que, si bien es cierto el presente informe se emitió antes de la vigencia del actual texto del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, el criterio resulta plenamente aplicable en tanto los aspectos sustanciales analizados en el mismo se condicen con las modificaciones sufridas en la norma. En el Informe N° 44-2006-SUNAT/2B0000, citándose a Jorge Enrique Reig, se señala que, a efectos de que se verifique el devengo, se deben presentar las siguientes características: i) requiere que se hayan producido los hechos sustanciales generadores de ingreso o del gasto; ii) requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente; y iii) no requiere actual exigibilidad o determinación, ni fijación de término preciso para el pago; puede ser obligación a plazo y de monto no determinado. Concluyendo luego del análisis realizado lo siguiente: “(…), considerando que el servicio materia de consulta ha sido prestado en diciembre del 2004, en atención al principio del devengado recogido por el TUO de la Ley del IR, el gasto respecto a dicho concepto se considera que corresponde al ejercicio 2004; independientemente a la fecha en que fuera emitido el comprobante de pago” (el resaltado es nuestro). En la Resolución N° 06230-3-2016, el Tribunal Fiscal señaló lo siguiente: “(…) el concepto de devengado implica que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del ingreso y/o gasto y que el compromiso no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente, siendo que el hecho sustancial generador del gasto o ingreso se origina en el momento en que se genera la obligación de pagarlo o el derecho a adquirirlo, aun cuando a esa fecha no haya existido el pago efectivo, lo que supone una certeza razonable en cuanto a la obligación y a su monto” (el resaltado es nuestro).

Resumiendo, en relación con los gastos de tercera categoría, estos se devengan cuando nace la obligación de pagarlos, esto es, cuando se producen los hechos sustanciales que los generan, en tanto no se encuentren sujetos a condición, siendo que en el caso de que la contraprestación o parte de ella se fije en función de un hecho o evento futuro, los gastos de tercera categoría se devengan cuando dicho hecho o evento ocurra, resultando irrelevante para su devengo si los gastos han sido pagados o no, o la fecha de emisión del comprobante de pago.

III. LA CERTEZA Y EL MOMENTO EN QUE SE PRODUCE EL DEVENGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS 1. ¿En qué momento se devenga el gasto por comisión de estructuración que cobra una entidad financiera con ocasión del desembolso de los préstamos estructurados? Conforme se ha indicado en el numeral 4 del punto I del presente informe, las comisiones son cargos por servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios, siendo que la comisión de estructuración que se cobra en el marco de un préstamo estructurado se debe pagar en el contexto de un crédito por los servicios de estructurar el financiamiento y crear un producto financiero a la medida y con la flexibilidad que requiere el cliente. A fin de determinar cuándo se devenga dicho gasto, atendiendo a lo previsto en el artículo 57 de la LIR, corresponde establecer si se ha producido el hecho sustancial para ello, el mismo que en el presente caso se encuentra relacionado a la circunstancia de la culminación del servicio (estructuración del financiamiento a la medida del cliente) por el cual se paga la comisión de estructuración, ya que en dicha ocasión se tiene certeza de que la entidad financiera tiene derecho a recibir la retribución, conforme al criterio establecido en la Resolución N° 06230-3-2016. De otro lado, con relación a la TCEA, en la medida que se trata de una tasa que permite comparar el costo total11 de un producto activo, el hecho de que la comisión de estructuración se considere dentro del cálculo de la TCEA es un aspecto que no resulta relevante a fin de determinar el devengo de la referida comisión, en la medida que dicha tasa solo le permite al cliente establecer el importe total que debe desembolsar por un crédito, y así decidir si lo toma o no. Por ello, estando a que la comisión de estructuración tiene como hecho sustancial para su devengo la culminación del servicio por el cual se cobra, el gasto de tercera categoría se imputará en el ejercicio en que el citado servicio se hubiera culminado, siempre y cuando no se encuentre sujeto a condición y la contraprestación o parte de ella no se fije en función de un hecho o evento futuro.

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El cual incluye las cuotas que involucran el principal, intereses, comisiones y gastos.

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Asesoría TRIBUTARIA

2. ¿En qué momento se devengan los gastos por comisiones y otros gastos de estructuración como servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría externa, entre otros, incurridos con ocasión de la emisión de bonos? Conforme se ha señalado en el numeral 3 del punto I de este informe, el bono es un valor mobiliario que representa una obligación de pago por parte del emisor, el mismo que reditúa una determinada tasa de rentabilidad, siendo que, con ocasión de su emisión, se incurre en erogaciones como comisiones y gastos por servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría externa, entre otros. En tal sentido, con el fin de determinar cuándo se devengan los gastos por comisiones y gastos por servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría, entre otros, con ocasión de la emisión de bonos, corresponde establecer si se ha producido (en cada supuesto particular) el hecho sustancial para ello, el mismo que en el presente caso se encuentra relacionado a la circunstancia de la culminación de los servicios por los que se cobran las citadas comisiones, gastos por servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría externa, entre otros, ya que en dicha ocasión se tiene certeza12 de que la entidad financiera tiene derecho a recibir la retribución que corresponde a cada uno de los servicios individualmente considerados, sin resultar relevante el hecho de que las comisiones y servicios formen parte del costo financiero de las entidades financieras, en tanto son elementos ajenos al devengo. Por ello, estando a que las comisiones, gastos por servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría externa, entre otros, que se cobran con ocasión de la emisión de bonos, tienen como hecho sustancial para su devengo la culminación de cada uno de los servicios individualmente considerados por los que se cobra, el gasto de tercera categoría se imputará en el ejercicio en que los citados servicios se hubieran culminado, siempre y cuando no se encuentren sujetos a condición y la contraprestación o parte de ella no se fije en función de un hecho o evento futuro.

3. ¿En qué momento se devengan los gastos por comisiones dentro de un contrato de préstamo sindicado, teniendo en cuenta que algunas forman parte del interés efectivo del instrumento financiero de que se trate, mientras otras no? Conforme se ha señalado anteriormente, el contrato de préstamo sindicado es un acuerdo de contenido patrimonial, cuyo principal objetivo es permitir a las entidades financieras proveer financiamiento por encima de los límites individuales de cada prestamista, así como diversificar y compartir el riesgo crediticio entre más de una institución al mismo tiempo; dentro del marco del citado préstamo se cobran comisiones, siendo que algunas forman parte del interés efectivo del instrumento financiero de que se trate, mientras otras no.

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Según criterio establecido en la Resolución N° 06230-3-2016.

En tal sentido, con el fin de determinar cuándo se devengan los gastos por comisiones dentro de un contrato de préstamo sindicado, corresponde establecer si se ha producido el hecho sustancial para ello, el mismo que en el presente caso se encuentra relacionado a la circunstancia de la culminación de los servicios por los que se cobran las citadas comisiones, ya que en dicha ocasión se tiene certeza13 de que la entidad financiera tiene derecho a recibir la correspondiente retribución.

4. Paralelismo en el tratamiento contable y tributario del devengo A partir del texto del Informe N° 043-2020-SUNAT/7T0000 queda claro que la Administración Tributaria ha sentado una clara posición en el sentido de diferenciar los espacios en los que rigen las definiciones del devengo; así, para fines tributarios se aplicará únicamente lo previsto en el artículo 57 de la LIR, según texto vigente desde el 1 de enero de 2019, criterio que sigue la senda que fuera trazada por el legislador en el Decreto Legislativo N° 1425. Una muestra de dicha posición la podemos encontrar en el caso de las comisiones por el préstamo sindicado, siendo que algunas forman parte del interés efectivo, mientras que otras no, surgiendo la duda de si, habiéndose modificado el artículo 57 de la LIR que incluye la definición jurídica del devengo, resultaría de aplicación el criterio contemplado en el Informe N° 030-2017-SUNAT/7T0000, que señaló que la oportunidad del reconocimiento de ingresos depende de si son parte integrante del interés o si se ganan luego de la ejecución de un acto significativo, siendo que el gasto por dichas comisiones surgía para el usuario del servicio financiero en la misma oportunidad que lo haría el ingreso para el prestador del servicio. Atendiendo a que desde el 1 de enero de 2019 se encuentra vigente la nueva regulación del artículo 57 de la LIR, que contiene una definición del devengo diferente de aquella regulada en las normas contables, para fines del Impuesto a la Renta resulta de aplicación el citado artículo 57, no correspondiendo aplicar los criterios del Informe N° 030-2017-SUNAT/7T0000, en la medida que se utilizaron en su razonamiento fundamentos contables al carecer en dicha oportunidad de un concepto legal de devengo. Por ello, estando a que las comisiones por el préstamo sindicado tienen como hecho sustancial para su devengo la culminación de los servicios específicos por los que se cobran, el gasto de tercera categoría se imputará en el ejercicio en que los citados servicios se hubieran culminado, siempre y cuando no se encuentren sujetos a condición y la contraprestación o parte de ella no se fije en función de un hecho o evento futuro.

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Según criterio establecido en la Resolución N° 06230-3-2016.

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Asesoría TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA

- CASOS PRÁCTICOS

Resumen

Devengado tributario de ingresos y gastos: supuestos especiales La imputación de ingresos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta empresarial o de tercera categoría se rige bajo el “criterio del devengado”, que se encuentra regulado por el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), modificado por el D. Leg. N° 1425, en virtud del cual se han incorporado reglas y condiciones para su aplicación a partir del 01/01/2019. La aplicación del devengo constituye un asunto de total relevancia, dado su impacto en la determinación del impuesto.

Joaquín CHÁVEZ HURTADO Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Egresado de la maestría en Tributación y Política Fiscal en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Graduado del Programa de Especialización Avanzada en Tributación en la Universidad de Lima. Coordinador del Área de Asesoría Tributaria de la revista Contadores & Empresas.

Marco HERRADA CÓRDOVA Asesor-consultor tributario contable. Contador Público Colegiado. Titulado en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Piura (UDEP). Con especialización en tributación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ex servidor público de Sunat, ex auditor tributario en Price Waterhouse Coopers - PwC Perú y Bakertilly Perú.

PALABRAS CLAVES: Impuesto a la Renta / Devengado / Ingresos / Gastos / Condiciones sustanciales / Hecho o evento futuro / Artículo 57.

INTRODUCCIÓN A partir del ejercicio 2019 se reguló, en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, LIR)1, la aplicación del devengo jurídico para la imputación de ingresos y gastos. En virtud de ello se establecen las condiciones generales siguientes:

Ingresos

Los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren o se fijen términos precisos para su pago (2° párrafo del inciso a) del artículo 57 de la LIR).

Gastos

Los gastos se imputan en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se paguen o se fijen términos precisos para su pago (4° párrafo del artículo 57).

Devengo jurídico IR 3ª categoría

No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso o gasto se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra (2° párrafo del inciso a) del artículo 57 de la LIR y 5 párrafo del artículo 57 de la LIR).

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Conforme lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1425.

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Asesoría TRIBUTARIA Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales para todos los supuestos, el referido artículo 57 en algunos casos requiere que además se apliquen reglas específicas para determinar el devengo de ingresos y gastos, como es el caso de la enajenación de bienes y la prestación de servicios de ejecución continuada.

LOS INTERESES PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTOS

En el presente informe analizaremos dos supuestos especiales con un enfoque práctico, a fin de que sirvan de guía para determinar correctamente la oportunidad de reconocimiento de ingresos y gastos, y sus particularidades.

 CASO PRÁCTICO Devengo de gastos por intereses y comisiones por préstamos dinerarios Con fecha 1 de setiembre de 2020, la empresa Lino & Lana S.A.C. ha recibido un préstamo financiero de S/ 500,000, el cual será cancelado en 12 cuotas fijas mensuales y por el cual la empresa pagará un interés de manera mensual, el cual en su totalidad suma S/ 58,394.72 más gastos registrales y de revisión documentaria de S/ 3,650, que serán descontados a la fecha del desembolso. Se nos pide realizar el reconocimiento de gastos para la empresa por el ejercicio 2020.

Solución:

* Conforme lo señalado en el inciso a) del artículo 21 del Reglamento de la LIR.

Sin perjuicio de lo anterior, se han establecido también algunas excepciones para su aplicación, uno de los cuales señala que no resulta aplicable dicha regla en el caso de empresas cuyos ingresos netos del ejercicio sean iguales o menores a 2,500 UIT5. Para el caso propuesto se parte de la premisa de que el total del gasto por intereses cumple con los requisitos de deducibilidad y no se genera reparo tributario. 2. Devengo de gastos de intereses Conforme se desprende del artículo 57 de la LIR, en el caso del devengo de ingresos por intereses se debe seguir lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo del inciso a) del referido artículo (es decir, implica observar las reglas generales para el reconocimiento de ingresos6):

1. Deducción de intereses por préstamos Conforme al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, son deducibles como gasto los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora, incluyendo los intereses de fraccionamientos otorgados conforme al Código Tributario2.

En el caso de ingresos por prestaciones distintas a las mencionadas en los numerales precedentes, tales como indemnizaciones, intereses, (…) y el mutuo oneroso de bienes consumibles, el devengo se determina conforme a lo dispuesto en el segundo y tercer párrafos del inciso a) del presente artículo. Cuando la transacción involucre más de una prestación, el devengo de los ingresos se determina en forma independiente por cada una de ellas.

Por su parte, para el devengo de gastos por “intereses” se aplicaría la regla general prevista en el cuarto párrafo del artículo 57 según lo siguiente:

Téngase en cuenta que desde el 01/01/2019 se encuentra vigente la nueva regla de limitación de la deducción de intereses (hasta el 31/12/2020)3 a todos los tipos de contratos de mutuo donde exista la obligación de pagar intereses4, siendo que los principales aspectos son los siguientes: Serán deducibles cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto (PN) del contribuyente al cierre del ejercicio anterior.

2 3

4

Por ejemplo, lo observado en el artículo 36 del Código Tributario. Mediante el Decreto Legislativo N° 1424 se modificó el inciso a) del artículo 37 de la LIR respecto a las reglas de subcapitalización y la aplicación del límite máximo deducible de gastos por concepto de interés. Téngase en consideración que a partir del ejercicio 2021, el límite deducible se calculará en función de un EBITDA tributario.

Criterio de imputación de gastos por intereses

Los gastos se imputan en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se paguen, y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago.

Como se observa, para que devengue un gasto por intereses, la norma señala que se deben producir los hechos sustanciales para su generación, lo que implica que surja la obligación de pago bajo la aplicación del devengo para fines del Impuesto a la Renta.

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Sobre este tema puede revisar nuestro artículo “Intereses por préstamos”, publicado en nuestra revista de la primera quincena de noviembre de 2019 (pp. A-8 a A-11.) Ver el cuadro de la introducción.

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Los intereses que se obtengan por el exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles. Los contribuyentes que se constituyan en el ejercicio considerarán como PN su patrimonio inicial. Si en cualquier momento del ejercicio el endeudamiento excede el monto máximo indicado, solo serán deducibles los intereses que proporcionalmente correspondan a dicho monto máximo de endeudamiento, de acuerdo a lo que señale el Reglamento*. Los intereses por fraccionamientos otorgados conforme al Código Tributario no forman parte del cálculo del límite.

I M P U E S T O A L A R E N TA - C A S O S P R Á C T I C O S Por lo tanto, al encontrarnos frente a un contrato de financiamiento sujeto a un plazo de 12 meses, donde al vencimiento de cada mes surgirá para el acreedor el derecho de cobro; y, a su vez, para el deudor el derecho de pago de los intereses de cada cuota, se podría afirmar que el interés del servicio de financiamiento se devenga mensualmente durante el plazo establecido según contrato. 3.

Devengo de gastos por otros servicios prestados por la entidad financiera

Respecto de este punto, resulta importante citar el reciente criterio de la Sunat emitido en la segunda conclusión del Informe N° 043-2020-SUNAT/7T00007, respecto al devengo de los gastos y comisiones: Los gastos por comisiones y otros gastos de estructuración tales como servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría externa, entre otros, incurridos por una entidad financiera para la emisión de bonos se devengan en el ejercicio en que culminan dichos servicios siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva y la contraprestación o parte de esta no se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, debiéndose verificar los términos establecidos en cada caso.

A través del informe citado se desarrollan dos conceptos, las comisiones de estructuración y otras comisiones, señalando que el prestatario deberá reconocer los gastos por concepto de comisiones una vez que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, lo que será en el ejercicio en que culminen los servicios que retribuyen, debiéndose establecer los términos que se establezcan en cada supuesto. En el caso planteado, el banco brindará el servicio de validación de la información presentada y dicho servicio concluirá con la aprobación y desembolso del préstamo a favor de la empresa, por lo que el hecho sustancial se da con el otorgamiento del préstamo y no está sujeto a ninguna condición suspensiva a lo largo del plazo del contrato. Por lo tanto, podemos concluir que el desembolso descontado por S/ 3,650 se considera devengado en el mes de setiembre de 2020 y, por consiguiente, será deducible íntegramente en dicho periodo, bajo el entendido de que se cumple el principio de causalidad y se encuentra debidamente acreditado. 4.

El devengo en los gastos por intereses vs. los gastos por comisiones y otros gastos

Sobre este punto, consideramos importante que se tenga presente que, si bien los gastos por intereses, así como los gastos por comisiones y otros gastos cobrados por la entidad financiera que ofrece el financiamiento, se sujetan por la regla general de reconocimiento de gastos (4° y 5° párrafo del artículo 57), ello no precipitaría, per se, que el devengado en ambos casos se realice de manera simultánea. En otras palabras, se deberá realizar un análisis individual en cada caso y naturaleza del tipo de gasto asumido (bajo la regla del devengo de prestaciones en forma independiente) y, en función de ello, evaluar cuándo se han cumplido las condiciones que señala la norma para su devengo; esto es, cuándo se habría cumplido el hecho sustancial, si existe una condición suspensiva, o el hecho o evento futuro ajeno a las partes.

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Publicado el 07/09/2020 en el portal web de la Sunat.

Sobre el particular, la Sunat hace una referencia a lo indicado en el Informe N° 043-2020-SUNAT/7T0000: “(…) la verificación de si el derecho a obtener el ingreso o la obligación de pagar un gasto está sujeta a una condición suspensiva, o si la contraprestación o parte de esta se fija en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, debe realizarse según los términos en que se establezca en cada caso”.

 CASO PRÁCTICO Devengo de ingresos por servicios cuya parte de la retribución se sujeta a un hecho o evento futuro La empresa Zevallos & Marulanda Abogados S.R.L. ha suscrito un contrato con la empresa Inversiones Risk S.A. para brindarle representación legal en un proceso de arbitraje internacional y la participación en la audiencia final. Se ha pactado un honorario fijo de S/ 24,000 (más IGV), los cuales se abonarán el 50 % a la firma del contrato el 5 de noviembre de 2020; y la diferencia, al mes siguiente en la fecha de la audiencia (05/12/2020). Asimismo, se ha pactado que si el resultado del fallo arbitral es favorable a Inversiones Risk S.A. otorgándosele el 100 % de su pretensión (una indemnización a favor, por S/ 580,000) o parte de ella, Zevallos & Marulanda Abogados S.R.L. cobrará un monto adicional de 10 % de lo recuperado, por honorario de éxito. La fecha estimada de emisión del fallo arbitral es el 10/02/2021. Se nos pide analizar el reconocimiento de ingresos para la empresa por los ejercicios 2020 y 2021.

Solución: 1. Reconocimiento de ingreso tributario 1.1 Reconocimiento del honorario fijo En el caso planteado, la empresa realiza la representación legal en el ejercicio 2020 y el monto fijo pactado no está sujeto a ningún hecho o evento futuro, por lo que el hecho sustancial se da con la culminación del servicio en la fecha de la audiencia. Sobre el particular, en la RTF N° 06230-3-2016 se ha señalado que: Que este Tribunal en las Resoluciones N° 02812-2-2006 y 22298-32012, entre otras, ha interpretado que el concepto de devengado implica que se hayan producido los hechos sustanciales generadores de ingreso y/o gasto y que el compromiso no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente, siendo que el hecho sustancial generador del gasto o ingreso se origina en el momento en que se genera la obligación de pagarlo o el derecho a adquirirlo, aun cuando a esa fecha no haya existido el pago efectivo lo que supone una certeza razonable en cuanto a la obligación y a su monto (…) para el reconocimiento de los ingresos en un ejercicio determinado, debe observarse en primer lugar, que se haya realizado la operación que originó los ingresos y que además estos se hayan ganado, es decir, que la empresa haya satisfecho todas las condiciones necesarias para tener derecho a los beneficios que los ingresos representan.

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Asesoría TRIBUTARIA De todo lo expuesto, podemos señalar que los ingresos por S/ 24,000 por honorario fijo deberían ser reconocidos en su totalidad en el ejercicio 2020, pues es en dicho ejercicio en que se habrían dado todas las condiciones para que Zevallos & Marulanda Abogados S.R.L. ganaran el derecho a cobrarlo; es decir, se produjeron los hechos sustanciales. 1.2. Reconocimiento del honorario de éxito En muchos contratos de patrocinio legal en procesos judiciales o arbitrales, el prestador del servicio suele agregar a sus honorarios fijos un “honorario o bono de éxito”, que puede ser fijo o variable y está directamente supeditado al resultado que pueda obtener. La empresa podrá o no cobrar dicho monto dependiendo del resultado que su cliente haya obtenido en la contienda. Como se indicó en la parte introductoria, en el artículo 57 de la LIR se establece que se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago; y, asimismo, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. Sobre el particular, conforme lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la LIR: Artículo 31.- Imputación de rentas y gastos Para efectos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley, respecto del devengo de rentas de primera categoría, así como de las rentas y gastos de tercera categoría se tiene en cuenta lo siguiente: (…) b) Cuando parte de la contraprestación se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, esa parte del ingreso o gasto se devenga cuando ocurra tal hecho o evento. c) Entiéndase por “hecho o evento que se producirá en el futuro” a aquel hecho o evento posterior, nuevo y distinto de aquel hecho sustancial que genera el derecho a obtener el ingreso o la obligación de pagar el gasto. En consecuencia, se considera que la contraprestación se fija en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro cuando aquella se determina, entre otros, en función de las ventas, las unidades producidas o las utilidades obtenidas.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo señalado en la Exposición de Motivos del D. Leg. N° 14258: Se incorpora lo depuesto en el párrafo anterior teniendo en cuenta que existen casos en los que toda o parte de la contraprestación se fija en función al acontecimiento de hechos o eventos futuros. Esto suele ocurrir, tratándose de regalías donde se acostumbra que la determinación de todo o parte de los ingresos esté sujeta a hechos o eventos futuros; así por ejemplo, se pacta que, parte de la contraprestación se fije en función de un porcentaje de las ventas, las unidades producidas o las utilidades obtenidas.

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Norma que introdujo el concepto de devengado en el artículo 57 de la LIR, aplicable a partir del 01/01/2019.

Del enunciado del caso sabemos que Zevallos & Marulanda Abogados S.R.L. cobra un honorario fijo, el cual no está supeditado al cumplimiento de una condición, salvo el cumplimiento general de los términos y condiciones del servicio pactados en contrato, por lo cual, como se ha indicado en el subnumeral 1.1, su devengo ocurre cuando culmina el servicio. Sin embargo, el bono de éxito sí depende directamente de que el resultado del arbitraje sea favorable (hecho incierto, que no depende directamente de las partes), de lo contrario no se tendrá ninguna obligación posterior con la firma de abogados. Como vemos, el honorario de éxito (10 % de lo recuperado) está sujeto al cumplimiento de un evento que se producirá en el futuro, siendo que el hecho o evento (el resultado del fallo arbitral) es posterior, nuevo y distinto de aquel hecho sustancial, y sobre el cual la firma de abogados no tiene control y es distinto a la prestación del servicio ya brindado, por lo que el devengo del ingreso se producirá en la oportunidad en que surja el derecho al cobro en la medida que el resultado sea favorable, supuesto que, según el enunciado planteado, se determinaría en el ejercicio 2021. 2.

Prohibición de aplicar las normas contables para el devengo tributario

Estando a lo indicado, para efectos de un análisis contable del devengado de ingresos y gastos por intereses que se generan en una operación de endeudamiento (préstamos) se debe recurrir a un análisis en función de la NIIF 9: Instrumentos financieros En el caso del reconocimiento de ingresos por operaciones ordinarias, corresponderá el análisis del contrato y las obligaciones de desempeño en función de la NIIF 15: Ingresos procedentes de contratos con clientes. No obstante, procede indicar que con la modificación del artículo 57 de la LIR a partir del ejercicio 2019 y la inclusión de la definición de devengado en la norma queda proscrito de manera general tomar los criterios contables (no señalados expresamente por la norma) para el análisis de la oportunidad de reconocimiento de ingresos y gastos para fines del Impuesto a la Renta. Esto último también ha sido recientemente afirmado por la Sunat en su Informe N° 043-2020-SUNAT/ 7T0000: Si bien la SBS señala en el Oficio N° 1590-2020-SBS que “se considera que los gastos de estructuración, en general, sí formarían parte del costo financiero de las empresas del sistema financiero” y que, tratándose de la comisión de estructuración, contablemente, “si dicha comisión de estructuración no se pagara si la empresa del sistema financiero no hubiera emitido el pasivo, dicha comisión sería considerada un costo de transacción y el devengo de esta seguiría el patrón de devengo de la tasa de interés compensatorio del pasivo”; ello no es suficiente para afirmar que los gastos que de estos se deriven se devengan conjuntamente con el interés generado por el préstamo otorgado como contablemente podría ocurrir; pues conforme se ha indicado, el artículo 57 de la LIR no recoge la definición de devengado contable.

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Asesoría TRIBUTARIA IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS INFORME PRÁCTICO

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Resumen

Base imponible del IGV: análisis de algunos aspectos controvertidos El cálculo de la base imponible del Impuesto General a las Ventas (IGV) es relevante por el impacto en la determinación del impuesto. Por tanto, resulta importante tener clara la aplicación para el establecimiento de la base imponible del IGV, específicamente en situaciones que revelan algunos aspectos controvertidos y pueden ocasionar reparos, como puede ser la accesoriedad de operaciones, cuando la operación incluye operaciones complementarias, o cuando no hay comprobante de pago o el valor no se ha determinado, entre otros.

Héctor Eduardo VÉLIZ LÁZARO Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Fundador y exmiembro  de la Asociación de Derecho Tributario Vectigalia. Egresado de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad ESAN.

PALABRAS CLAVES: IGV / Base imponible / Accesoriedad / Oportunidad de uso del crédito fiscal / Registro de Compras.

INTRODUCCIÓN El presente documento tratará algunos aspectos controversiales referidos a la determinación de la base imponible para efectos de la Ley del Impuesto General a las Ventas para luego evaluar los supuestos que pueden implicar cierto nivel de dificultad en su aplicación.

I. ASPECTOS GENERALES 1. Operaciones gravadas con el IGV El artículo 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) señala que se considera como operaciones gravadas con el impuesto las siguientes operaciones: venta en el país de bienes muebles, prestación o utilización de servicios, importación de bienes, contratos de construcciones y la primera venta de inmuebles.

2. Determinación de la base imponible Uno de los aspectos esenciales en la estructura de un tributo es el aspecto cuantitativo, es decir, la forma como se va a calcular el mismo, para ello debe quedar claro la base imponible, entendida como el importe o monto sobre el cual se va a aplicar la tasa o alícuota que grava el tributo. Conforme señala el artículo 13 de la Ley del IGV, para determinar el importe sobre el cual se calculará

el impuesto (base imponible) se ha establecido lo siguiente: Venta en el país de bienes muebles

El valor de venta

Prestación o utilización de servicios en el país

El total de la retribución

Contratos de construcción

El valor de construcción

Primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos

El ingreso percibido con exclusión del terreno

Importación de bienes

El valor en aduana más los derechos e impuestos que afecten la importación, con excepción del Impuesto General a las Ventas, en las importaciones de bienes corporales.

Cabe señalar que el artículo 14 de la Ley del IGV precisa que se entiende por valor del bien, retribución por servicios, valor de construcción o venta del bien inmueble a la suma total que queda obligado a pagar el adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la construcción. Sobre este enunciado, cabe señalar que existen ciertos supuestos en los cuales se deben considerar reglas particulares para determinar la base imponible del impuesto: i) el criterio de accesoriedad; ii) supuestos gravados en los que no existe comprobante de pago y supuestos de operaciones cuando no esté determinado el precio; y iii) algunos supuestos especiales.

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Asesoría TRIBUTARIA 2.1.

Base imponible cuando existen conceptos adicionales (accesoriedad)

El artículo 14 de la Ley del IGV establece, además de la definición propuesta, que “cuando con motivo de la venta de bienes, la prestación de servicios gravados o el contrato de construcción se proporcione bienes muebles o servicios, el valor de estos formará parte de la base imponible, aun cuando se encuentren exonerados o inafectos. Asimismo, cuando con motivo de la venta de bienes, prestación de servicios o contratos de construcción exonerados o inafectos se proporcione bienes muebles o servicios, el valor de estos estará también exonerado o inafecto”. Sobre el particular, el Reglamento de la Ley del IGV, en específico el numeral 1 del artículo 5, señala que “en la venta de bienes, prestación de servicios o contratos de construcción, exonerados o inafectos, no se encuentra gravada la entrega de bienes o la prestación de servicios afectos siempre que formen parte del valor consignado en el comprobante de pago emitido por el propio sujeto y sean necesarios para realizar la operación de venta del bien, servicio prestado o contrato de construcción”. Lo expuesto, en la medida que la entrega de bienes o prestación de servicio complementaria cumpla con lo siguiente:

• •

Corresponda a prácticas usuales en el mercado.

• •

No constituya retiro de bienes.

Se otorgue con carácter general en todos los casos en los que concurran iguales condiciones.

Conste en el comprobante de pago o en la nota de crédito respectiva. Por otra parte, respecto de las operaciones gravadas con el impuesto, formará parte de la base imponible la entrega de bienes o la prestación de servicios no gravados, en la medida que formen parte del valor consignado en el comprobante de pago y sean necesarios para realizar la venta del bien, el servicio prestado o el contrato de construcción. Es decir, si en una operación se incluyen conceptos complementarios, estos seguirán el destino de la operación principal, independientemente de que estos conceptos complementarios estén gravados o no. Sobre el particular, la Sunat, en el Informe N° 01712015-SUNAT/5D0000, remitiéndose a lo establecido por el Tribunal Fiscal en las Resoluciones N°s 00002-5-2004, 055571-2005, 00977-1-2007 y 14915-3-2012, precisa que lo establecido por el artículo 14 de la Ley del IGV y su Reglamento encuentra su fundamento en la teoría de la unicidad, por la cual los actos son inseparables en la medida que la obligación accesoria o complementaria busca como finalidad conseguir que la principal cumpla con su propósito. El siguiente gráfico representa lo que establece la norma: Operación principal gravada

Operación principal inafecta o exonerada

Operación complementaria Operación complementaria gravainafecta: sigue el destino de la da: sigue el destino de la principal principal (se grava). (no se grava).

Cabe señalar que para el caso del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) o detracciones, la Administración Tributaria ha seguido el mismo criterio a fin de

determinar si una operación accesoria está sujeta al sistema o no, ello en virtud de que para definir el importe de la operación se efectúa una remisión expresa al artículo 14 del TUO de la LIGV. En el mismo sentido lo ha señalado la Sunat en su Informe N° 040-2013-SUNAT/4B0000, y Carta N° 159-2013.SUNAT.

2.2.

Base imponible cuando no existe comprobante de pago o cuando no esté determinado el precio

Una situación que puede traer complicaciones al contribuyente y está relacionada con la determinación de la base imponible del IGV son aquellos casos en los que no existe comprobante de pago. La norma del IGV, en el numeral 2 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del IGV, establece la siguiente regla: “En caso de no existir comprobante de pago que exprese su importe, se presumirá salvo prueba en contrario, que la base imponible es igual al valor de mercado del bien, servicio o contrato de construcción”.

Es decir, si no se cuenta con el comprobante de pago, la base imponible respecto de la cual se debió calcular el impuesto será el valor de mercado de la operación, a no ser que el contribuyente pueda probar lo contrario. Pero ¿qué se debe entender por valor de mercado? El artículo 42 de la Ley del IGV precisa que “cuando por cualquier causa el valor de venta del bien, el valor del servicio o el valor de la construcción, no sean fehacientes o no estén determinados, la Sunat lo estimará de oficio tomando como referencia el valor de mercado, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta”. Según refiere la Ley del IGV, se considerará como no fehaciente el valor de una operación cuando se produzcan alguno de los siguientes supuestos: i) ii)

El valor sea inferior al valor usual de mercado. Las disminuciones de precio por efecto de mermas se realicen fuera de los márgenes normales. iii) Los descuentos no se ajusten a lo normado en la Ley o el Reglamento. Asimismo, se calificará que el valor de una operación no está determinado si no existe documentación sustentatoria o, de existir, tenga consignada de forma incompleta la información no necesariamente impresa a que se refiere la normativa de comprobantes de pago (entiéndase requisitos mínimos en el caso de comprobantes de pago electrónicos) referente a la descripción de los bienes o servicios, cantidades, unidades de medida y precios. En resumen, en el caso del IGV, no se ha establecido una regla objetiva de valoración de las operaciones, sino una subjetiva, pues el valor de la operación lo fijan las partes; no obstante, en la medida que una operación esté en alguno de los supuestos en los cuales se generan dudas sobre el valor de la operación (valor no fehaciente o valor no determinado), la Sunat podrá de oficio determinar el valor aplicando las reglas previstas en la legislación del Impuesto a la Renta. En esa línea, el valor de la operación será el que determinen las partes, pero para ello (como precisa el numeral 2 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del IGV) el contribuyente deberá estar en condición de acreditar el valor de la operación ante la ausencia del comprobante de pago.

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I M P U E S T O G E N E R A L A L A S V E N TA S - I N F O R M E P R Á C T I C O De lo contrario, se entiende que aplicaría lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley del IGV, es decir, la remisión de las normas de valor de mercado establecidas en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta. En la línea de lo expuesto se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 05578-5-2014, que señala lo siguiente: “Que en ese sentido, habida cuenta que los contribuyentes claramente controlan toda la información relacionada a las operaciones que realizan, incluyendo la vinculada a las variables que han influido en el valor al que transaron cada una de sus operaciones, ya que son ellos los que las definen y en qué medida influyen en el valor de venta de sus existencias, recaerá exclusivamente en ellos proporcionar a la Administración, cuando esto le sea requerido, la documentación que acredite todas y cada una de esas variables. Sin que el contribuyente lo alegue y acredite, nadie puede presumir las condiciones y/o variables que afectan la determinación de los precios de sus bienes y/o servicios. Lo contrario, exigir que se tomen en cuenta variables no alegadas y documentadas por el contribuyente, como determinantes en la fijación del precio de sus bienes, sería asumir que todos los precios siempre varían en la misma medida bajo las mismas circunstancias, lo que no puede ser sostenible”.

En conclusión, para efectos del valor de mercado, el tratamiento establecido en la Ley del IGV sería el siguiente: Excepción

IGV

Valor establecido por las partes (subjetivo)

Valor no fechaciente o no determinado

Aplican las reglas de valor de mercado de la Ley del Impuesto a la Renta

El otro supuesto que puede implicar cierta complejidad es el referido a los casos en los que el precio de la operación no está determinado. Al respecto, el numeral 3 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del IGV establece la siguiente regla: “Tratándose de permuta y de cualquier operación de venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o contratos de construcción, cuyo precio no esté determinado, la base imponible será fijada de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6 del Artículo 10”.

Por su parte, el numeral 6 del artículo 10 del Reglamento de la Ley del IGV establece que “para la determinación del valor de venta de un bien, de un servicio o contrato de construcción, a que se refiere el primer párrafo del Artículo 42 del Decreto; la Sunat lo estimará de oficio tomando como referencia el valor de mercado, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta”. Al igual que en el caso anterior, en la medida que la operación calificaría como de valor no determinado, la Administración Tributaria podría de oficio determinar el valor aplicando las reglas previstas en la legislación del Impuesto a la Renta.

2.3. Supuestos no considerados dentro de la base imponible del IGV Finalmente, es importante analizar algunos supuestos que no deben ser incluidos dentro de la base imponible del IGV y que, sin embargo, muchas veces se consideran erróneamente, y pueden generar alguna contingencia. a) Descuentos comerciales El numeral 13 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del IGV establece que los descuentos que se concedan no forman parte de la base imponible, pero para ello se deben cumplir cuatro condiciones:

i)

Se trate de prácticas usuales al mercado o situaciones como pago anticipado, monto o volumen. ii) Se otorguen con carácter general en todos los casos con condiciones iguales. iii) No constituyan retiro de bienes. iv) Consten en el comprobante o en la nota de crédito, según sea el caso. Si no se cumplen los requisitos indicados, el importe considerado como descuento formará parte de la base imponible. En caso de que los descuentos se otorguen con posterioridad, en virtud del artículo 26 del TUO de la LIGV, procederá efectuar el respectivo ajuste (deducción) al débito fiscal, para lo cual se debe encontrar sustentado en la respectiva nota de crédito. b) Intereses moratorios Un concepto que se encuentra vinculado a las operaciones comerciales son los intereses, y puede existir confusión respecto a si forman parte de la base de cálculo en una operación comprendida en el ámbito de aplicación del IGV y, por ello, considerarlo gravado con el IGV. Por ese motivo, se deben diferenciar los intereses compensatorios1 de los intereses moratorios. En el primer caso, como precisa el artículo 14 de la Ley del IGV, pueden formar parte del valor de una operación y seguir el destino de esta; asimismo, en la medida que de manera individual represente un servicio de financiamiento, también estará gravado con el IGV. En el caso de los intereses moratorios, como ya ha señalado el Tribunal Fiscal en la Resolución de Observancia Obligatoria Nº 214-5-2000, al no representar uno de los conceptos gravados con el impuesto, no estará sujeto al IGV y no formará parte de la base de cálculo del IGV, dada su naturaleza de “penalidad” o “castigo” por incumplimiento, y no de contraprestación por la venta de un bien o prestación de servicio. Procede indicar que similar tratamiento se debe otorgar a las penalidades, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación del IGV. Similar criterio ha vertido la Sunat mediante el Informe N° 016-2019-SUNAT/7T0000: “(…) el criterio vertido en el Oficio N° 057-98- I2.2000(5), del cual fluye que el incumplimiento contractual del proveedor en virtud del cual el adquirente o usuario cobra una penalidad no constituye una operación susceptible de ser gravada con el IGV, habida cuenta que no se encuentra enmarcada en el ámbito de aplicación de dicho impuesto.

Siendo ello así, atendiendo a la consulta, se puede afirmar que el importe de las notas de débito que el adquirente o usuario emite a su proveedor por penalidades impuestas por incumplimiento contractual, que conste en el respectivo contrato, no tiene vinculación alguna con los aspectos relacionados con la obligación tributaria del IGV y, por ende, no debe ser considerado en la declaración jurada de este impuesto”. c) Envases y embalajes retornables El numeral 12 del artículo 5 de la Ley del IGV indica expresamente que “los envases y embalajes retornables no forman parte de la base imponible”. Es decir,

1

Sobre el particular se ha pronunciado la Administración en el Oficio Nº 25196-I2.0000, reiterando mediante la Carta N° 225-2006-SUNAT/200000.

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Asesoría TRIBUTARIA cuando se realiza la transferencia de bienes que requieren de envases, en la medida que estos se retornen no formarán parte de la base de cálculo del IGV. En sentido contrario, por ejemplo, en el caso de envases que se entreguen de manera definitiva al cliente, estos deberán estar gravados con IGV, como si fuera la venta de un bien mueble.

 CASO PRÁCTICO Operación complementaria a la principal gravada con IGV La empresa Agricultores del Sur S.A. se dedica a la venta de uvas, melones y naranjas frescos, también realiza servicios de asesoría en materia agropecuaria. Uno de sus clientes es Conservas del Norte S.A.C., que se dedica a la fabricación de conservas de frutas variadas. Durante el mes de agosto de 2020, Agricultores del Sur ha vendido a Conservas del Norte uvas, naranjas y melones por un importe de S/ 100,000 (no gravado con IGV), también ha realizado servicios de asesoría técnica agrícola a otros clientes por S/ 30,000 + IGV. Además, como parte de la operación, han pactado que Agricultores del Sur, junto con las frutas, se compromete a otorgar los “envases” que sirven para contener la fruta en buen estado (valorizado en S/ 5,000 + IGV). Sin esos envases o contenedores no se podría entregar de manera idónea el producto a Conservas del Norte, siendo necesarios para realizar la venta.

¿Agricultores del Sur debió considerar como operación gravada la venta de los envases?

Solución: En virtud del marco legal antes expuesto, Agricultores del Sur no debió considerar como operación gravada la transferencia de los envases. Ello debido a que calificaría como una operación complementaria o accesoria a la transferencia de las frutas. En virtud de la accesoriedad prevista en el primer párrafo del numeral 1 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del IGV, la parte complementaria o accesoria (en este caso, la transferencia de los envases) debe seguir el destino de la operación principal (venta de la fruta), incluso si está inafecta o exonerada (siempre que formen parte del valor consignado en el comprobante de pago emitido al propio sujeto y sea necesario para realizar la operación de venta del bien). Por tanto, como la transferencia de los bienes que realiza Agricultores del Sur a favor de Conservas del Norte está exonerada del IGV, la transferencia de los envases también debería considerarse exonerada del impuesto. De lo anterior correspondería que Agricultores del Sur proceda con rectificar la declaración de setiembre, modificando la base imponible del impuesto, excluyendo el valor de los envases. Por tanto, la determinación del impuesto en el periodo setiembre, después de realizar la declaración rectificatoria correspondiente, sería la siguiente: SETIEMBRE BASE IMPONIBLE

Agricultores del Sur, por concepto de diversos servicios que ha recibido y otras adquisiciones que ha realizado, está considerando como crédito fiscal S/ 4,500.00, cabe señalar que este importe se ha determinado de acuerdo al procedimiento de la prorrata del crédito fiscal, considerando que Agricultores del Sur realiza operaciones gravadas y no gravadas con el IGV. Además, se está teniendo en cuenta como operación gravada con el IGV la transferencia de los referidos envases por un valor de S/ 5,000 + IGV. Cabe señalar que la venta de frutas que realiza Agricultores del Sur está exonerada del IGV, pues dichos productos figuran en el Apéndice I de la Ley del IGV. La empresa ha determinado el IGV del periodo setiembre de la siguiente forma:

IMPUESTO BRUTO

IGV

30,000

5,400

CRÉDITO FISCAL

-

4,200*

SALDO A FAVOR MES ANTERIOR

-

-

IGV DEL MES

No se están considerando los envases al estar exonerados

1200

* El crédito fiscal se recalcula, dado que ya no se considera la transferencia de los envases como operaciones gravadas para efecto de la prorrata de IGV. Monto referencial para efectos del caso.

Finalmente, cabe indicar que el adquirente de dichos productos (Conservas del Norte) no podrá utilizar el crédito fiscal que ha gravado dicha operación. A mayor abundamiento, procede citar el criterio vertido por la Sunat en el Informe N° 103-2007-SUNAT/2B00002.

SETIEMBRE BASE IMPONIBLE IMPUESTO BRUTO (30,000 + 5,000) CRÉDITO FISCAL

IGV

35,000

6,300

-

4,500

SALDO A FAVOR MES ANTERIOR

-

IGV DEL MES

1,800

Se están considerando los envases

2

“1. Los intereses compensatorios, originados por la venta al crédito de bienes exonerada del IGV, se encuentran exonerados de dicho impuesto. 2. El comprador, en el supuesto que el vendedor de tales bienes aplique el IGV sobre los intereses compensatorios, consignándolos separadamente en el respectivo comprobante de pago, no podrá hacer uso del crédito fiscal correspondiente”.

22 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 19 - 22 a

Asesoría TRIBUTARIA IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS CASOS PRÁCTICOS

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Resumen

Declaración jurada IGV-Renta: aspectos claves para su presentación Las declaraciones juradas mensuales de IGV e Impuesto a la Renta mensual se pueden presentar a través de diversos mecanismos dispuestos por la Sunat, algunos de los cuales resultan de uso obligatorio y en otros casos es opcional, dependiendo de la información que se desea declarar. En el siguiente informe analizaremos el marco aplicable a las diversas modalidades disponibles para la presentación de las declaraciones mensuales de IGV, así como sus principales características y supuestos en los que corresponde su uso. Se incluyen casos prácticos de aplicación.

Marco HERRADA CÓRDOVA Asesor-consultor tributario contable. Contador Público Colegiado. Titulado en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Piura (UDEP). Con especialización en tributación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ex servidor público de Sunat, ex auditor tributario en Price Waterhouse Coopers - PwC Perú y Bakertilly Perú.

PALABRAS CLAVES: Impuesto General a las Ventas / Mis Declaraciones y Pagos / Declara Fácil / Formulario Virtual N° 621.

En ese sentido, todo aquel contribuyente o responsable que realice operaciones tales como compras y ventas locales gravadas o exoneradas, importación y exportación deben presentar de carácter mensual la declaración del IGV.

INTRODUCCIÓN Revisaremos a continuación las diferentes opciones que se encuentran disponibles para la presentación de la determinación mensual del IGV, poniendo énfasis en aquellos que resultan de uso obligatorio.

I. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DECLARACIÓN MENSUAL DE IGV 1. ¿Quiénes están obligados a presentar declaración jurada de IGV? Se encontrarán obligados a presentar la declaración jurada del IGV conforme al artículo 29 del TUO de la Ley del IGV los siguientes: Los sujetos del impuesto (contribuyentes o responsables) Se encuentran obligados a presentar la declaración jurada mensual sobre las operaciones gravadas y exoneradas realizadas, determinando el impuesto resultante o saldo a favor de corresponder.

Los exportadores Se encuentran obligados a consignar los montos que consten en los comprobantes de pago por exportaciones, aun cuando no se hayan realizado los embarques respectivos.

2. ¿Quiénes están exceptuados de la obligación de presentar dicha declaración? Mediante el artículo 3 de la Resolución de Superintendencia (R.S.) N° 203-2006/SUNAT (sustituido por el artículo único de la R.S. N° 272-2016/SUNAT), se establecen algunos supuestos en que los contribuyentes se encuentran exceptuados de la presentación: Se encuentren exonerados del Impuesto a la Renta y realicen, únicamente, operaciones exoneradas del IGV. Perciban exclusivamente rentas exoneradas del Impuesto a la Renta y realicen, únicamente, operaciones exoneradas del IGV. No realicen operaciones gravadas con IGV o que den derecho a crédito fiscal. Quienes solo hayan tenido operaciones con derecho a crédito fiscal cuyos comprobantes de pago o documentos respectivos no hayan sido anotados en el Registro de Compras. Aquellos que hubiesen generado la suspensión de actividades.

Dichas excepciones no aplican cuando la presentación sea requisito para solicitar devoluciones, compensaciones, acogerse a un régimen tributario o para ejercer la

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Asesoría TRIBUTARIA opción de atribución de rentas para efecto de su declaración y pago, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes.

Sunat Virtual A través de la web de la Sunat.

3. ¿Cuáles son los medios para presentar la declaración mensual? Actualmente, existen 2 vías para presentar la declaración mensual de IGV-Renta:

a)

Declara Fácil 633 - Agentes de Percepciones Hidrocarburos Declara Fácil 697 - Agentes de Percepción Ventas Internas

Incluye además la opción “Boletas de Pago” para el pago de tributos, multas, valores, fraccionamiento, fraccionamiento municipalidades, documentos valorados.

En esta plataforma se encuentra disponible el Declara Fácil 621 IGV - Renta Mensual para presentar la declaración mensual y efectuar el pago, de corresponder, de los siguientes conceptos:

¿Quiénes pueden utilizar el Declara Fácil 621 de Sunat Virtual y cómo acceden?



- Pagos a cuenta de tercera categoría (Régimen General o Régimen Mype Tributario)

Aquellos contribuyentes que previamente hayan presentado los libros electrónicos de compras y ventas. Deberán usar: Versión completa

- Pago definitivo de tercera categoría (régimen especial) b)

Mis declaraciones y Pagos - Sunat Virtual

Declara Fácil 626 - Agentes de Retenciones IGV

Mediante la R.S. N° 335-2017/SUNAT se creó el servicio Mis Declaraciones y Pagos, que es un sistema informático en el cual se pueden realizar las presentaciones de sus declaraciones juradas mensuales (formularios), así como la realización del pago de los tributos.

- Impuesto a la Venta del Arroz Pilado (IVAP) A través del PDT N° 621 Solo podrá ser presentado cuando, por causas no imputables al contribuyente, no pueda presentar sus declaraciones determinativas mediante el Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual, el cual solo podrá ser presentado vía Sunat-SOL.

Para dispositivos móviles. Se encuentra incluido en la App Sunat.

Declara Fácil 621 - IGV-Renta Mensual

A través de la plataforma Mis Declaraciones y Pagos

- IGV

Aplicativo descargable previamente de la web de la Sunat.

Versión móvil

Incluyen los formularios de “Declara Fácil” de los siguientes formularios:

a) Plataforma “Mis Declaraciones b) PDT N° 621 (en forma excepy Pagos” cional)

a)

Versión PC

En ese caso, el sistema mostrará la información cargada en función de los libros electrónicos enviados.



Aquellos contribuyentes que no hayan presentado previamente los libros electrónicos de compras y ventas. Deberán usar: Versión simplificada

4. ¿Cómo accedo a la plataforma Mis Declaraciones y Pagos?

En ese caso, el sistema solo presentará las casillas de ventas gravadas (102) y compras gravadas (107), y si el contribuyente requiriese utilizar las demás casillas, deberá usar la versión PC.

Para acceder al sistema Mis Declaraciones y Pagos existen 3 modalidades disponibles:

Para acceder deberán seguir los siguientes pasos:

1.

Acceder al portal de Sunat - Operaciones en Línea (SOL) y luego ingresar a la opción Mis Declaraciones y Pagos Nueva Plataforma.

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I M P U E S T O G E N E R A L A L A S V E N TA S - C A S O S P R Á C T I C O S

2. Se visualiza la opción Declara fácil, entre otros. Se deberá buscar la opción Declara Fácil - IGV Renta Mensual - 621.

Versión completa

b)

Versión simplificada

Mis Declaraciones y Pagos - versión PC El único formulario disponible al día de hoy en esta versión PC del sistema es:

Para instalar el aplicativo directamente (con el autoinstalador) o descargar el mismo en un directorio para su posterior instalación deberá acceder al enlace de instalación dentro de la web de la Sunat1.

Formulario 621 IGV - Renta Mensual

Para elaborar, presentar y pagar este formulario se deberá instalar el aplicativo; y, luego, ingresar al mismo utilizando su clave SOL. También podrá utilizarlo sin estar conectado a Internet. En este caso, para presentar y pagar debe conectarse a Internet y seguir las indicaciones del sistema o exportar el archivo para importarlo a la versión web y seguir las indicaciones del sistema.

¿Quiénes pueden utilizar el Declara Fácil 621 versión PC y cómo acceder? Puede presentarlo cualquier contribuyente (opcional), ya que esta versión incluye la versión completa, que incluye todos los casilleros para la declaración de IGV de compras y ventas, por lo que podrá ser utilizado por aquellos contribuyentes que hayan o no presentado previamente sus libros electrónicos.

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Asesoría TRIBUTARIA c)

Mis declaraciones y Pagos - versión móvil

“Formulario 621 IGV - Renta Mensual”

El sistema Mis Declaraciones y Pagos para dispositivos móviles se encuentra incluido en la app Sunat, el mismo que debe ser instalado desde Play Store.

Este contiene la información simplificada, por lo que solo podrá ser presentado por aquellos contribuyentes que no tengan necesidad de utilizar el resto de casillas que le ofrece la versión completa del Formulario N° 621 IGV - Renta Mensual.

El formulario disponible en esta versión es el:

5. ¿Quiénes se encuentran obligados a utilizar la plataforma Mis Declaraciones y Pagos y desde qué fecha?

destinadas a operaciones gravadas, por lo que podrá utilizar cualquiera de las 3 modalidades disponibles a elección.

Para la presentación de las declaraciones determinativas originales, sustitutorias o rectificatorias se tendrá en cuenta lo siguiente:

• • •

Periodo setiembre 2018 en adelante

Se utilizará solo Declara Fácil 621 IGV - Renta Mensual.

Del periodo enero de 2015 a agosto de 2018

Se podrá utilizar PDT N° 621 IGV Renta Mensual o Declara Fácil 621 IGV - Renta Mensual.

Periodos anteriores a enero 2015

Solo PDT Nº 621 IGV - Renta Mensual.

En síntesis, todos los contribuyentes obligados a presentar sus declaraciones de IGV-Renta deben utilizar la plataforma Mis Declaraciones y Pagos, según las fechas indicadas.

 CASO PRÁCTICO La empresa Balboa & Rodríguez Asociados S.R.L. es una empresa recién constituida que se ha inscrito en la Sunat con fecha de inicio de actividades 01/08/2020. Por el mes de agosto no tuvo ventas, pero sí ha tenido compras gravadas con IGV por el monto de S/ 1,800 (sin IGV). Se sabe que la empresa por el momento no se va a afiliar a libros electrónicos, por lo que nos consulta cómo debe proceder para presentar su declaración: ¿A través de que medio debe presentarla? ¿Cambia la respuesta si la empresa se afilia y envía previamente sus libros electrónicos de ventas y compras?

Solución: Como el contribuyente no ha realizado el envío previo de libros electrónicos y ha tenido compras gravadas con IGV, solo requerirá utilizar la casilla 107 Compras netas

Mis Declaraciones y Pagos - Sunat Virtual Mis Declaraciones y Pagos - versión PC

Mis Declaraciones y Pagos - versión móvil Respecto a la segunda consulta, si la empresa envía previamente sus libros electrónicos, deberá utilizar Mis Declaraciones y Pagos - Sunat Virtual o de manera opcional podrá utilizar la versión PC.

 CASO PRÁCTICO La empresa VH Marulanda S.A.C. se encuentra en una fiscalización del IGV por el ejercicio 2017, por la cual la empresa deberá rectificar el IGV resultante de los periodos agosto a diciembre 2017. Se sabe que la empresa presentó dichos periodos utilizando el PDT 621. Se nos consulta ¿cuál debe ser el medio que deberá utilizar para presentar las referidas rectificatorias? Solución Como se desarrolló, para los periodos comprendidos entre enero 2015 a agosto 2018, el uso del Formulario Virtual N° 621 no resulta obligatorio, por lo que podrá ser presentado utilizando la plataforma de Mis Declaraciones y Pagos o el PDT 621. En caso de utilizar la plataforma virtual, dependiendo de las casillas que necesite utilizar para su declaración, se definirá la modalidad que utilizaría considerando lo antes desarrollado. En caso de que opte por presentar a través del PDT 621, deberá realizar el envío de dicho PDT dentro de la plataforma de Mis Declaraciones y Pagos - Sunat Virtual.

26 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 23 - 26 a

Asesoría TRIBUTARIA OPINIÓN SUNAT

Resumen

Las instituciones educativas particulares y los regímenes tributarios del Impuesto a la Renta A través del Informe N° 075-2020-SUNAT/7T0000, la Sunat analiza la posibilidad del acogimiento de las instituciones educativas particulares (IEP) al Régimen Mype Tributario, realizando una evaluación de la norma aplicable a dichas instituciones (D. Leg. N° 822), así como las disposiciones tributarias pertinentes. En ese sentido, en el presente artículo detallaremos algunos de los aspectos más relevantes que nos deja el referido informe, considerando también los otros regímenes excepcionales del Impuesto a la Renta, como son el Régimen Especial de Renta y el Nuevo RUS, algunas de sus características y su relación con las instituciones educativas particulares mencionadas.

Joaquín CHÁVEZ HURTADO Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Egresado de la maestría en Tributación y Política Fiscal en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Graduado del Programa de Especialización Avanzada en Tributación en la Universidad de Lima. Coordinador del Área de Asesoría Tributaria de la revista Contadores & Empresas.

PALABRAS CLAVES: Informe N° 075-2020-SUNAT / RMT / Impuesto a la Renta / Entidades educativas particulares / Régimen General / RER / Nuevo RUS.

educativas que generen utilidades se les podrá aplicar el Impuesto a la Renta1: “Artículo 19.- Régimen tributario de Centros de Educación Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. (…) Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta2.

I. CONSULTA MATERIA DEL INFORME A través del Informe N° 075-2020-SUNAT/7T0000 (publicado el 15/09/2020), se consulta si las instituciones educativas particulares del Decreto Legislativo N° 882 que realizan actividad lucrativa pueden acogerse al Régimen Mype del Impuesto a la Renta (RMT).

Por su parte, en el Decreto Legislativo N° 8823 se ha establecido4:

II. CONCLUSIÓN DE LA SUNAT La Sunat concluye en el referido informe que las IEP del Decreto Legislativo N° 882 no pueden acogerse al RMT del Impuesto a la Renta, resultando de aplicación la normativa sobre el Régimen General para la determinación del Impuesto a la Renta.

“Artículo 12.- Para efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 19 de la Constitución Política del Perú, la utilidad obtenida

1

III. NUESTROS COMENTARIOS 1. Tratamiento tributario para el Impuesto a la Renta de las instituciones educativas particulares De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política del Perú, a las instituciones

2 3 4

Sin perjuicio de lo indicado, en el Informe N° 072-2020-SUNAT/7T0000 se ha concluido: “No se pierde la inafectación prevista en el artículo 19 de la Constitución Política del Perú en el supuesto que las universidades, institutos superiores y demás centros educativos empleen bienes, realicen actividades y/o presten servicios distintos de los de su finalidad educativa y cultural, en cuyo caso solo se afectarán con impuestos directos o indirectos los bienes, actividades o servicios no destinados a la finalidad educativa y cultural”. El resaltado es nuestro. Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. El resaltado es nuestro.

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Asesoría TRIBUTARIA por las Instituciones Educativas Particulares será la diferencia entre los ingresos totales obtenidos por estas y los gastos necesarios para producirlos y mantener su fuente, constituyendo la renta neta. A fin de la determinación del Impuesto a la Renta correspondiente se aplicarán las normas generales del referido Impuesto”.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, se ha considerado como rentas de tercera categoría, entre otras, en general las obtenidas por actividades comerciales y también las generadas por entidades educativas particulares5: “Artículo 28.- Son rentas de tercera categoría: a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. (…) i) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares.

Del extracto citado se puede afirmar que las instituciones particulares que, producto de su actividad, generen utilidades estarán sujetas al Impuesto a la Renta, debiendo determinar el impuesto siguiendo las reglas generales establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, LIR).

2. Regímenes tributarios del Impuesto a la Renta A efectos de que los contribuyentes puedan determinar su Impuesto a la Renta empresarial, se han otorgado diversos regímenes con la finalidad de que dicha determinación se adecue al tamaño del negocio o envergadura de las actividades, y en los casos que corresponda, sea lo menos compleja posible6. En tal sentido, entre los principales regímenes tributarios del Impuesto a la Renta de tercera categoría o empresarial tenemos, además del Régimen General, al Régimen Mype Tributario, el Régimen Especial de Renta y el Nuevo RUS, los mismos respecto de los cuales detallaremos sus más relevantes características7.

ACTIVIDADES EXCLUIDAS REQUISITOS

No hay límites.

LIBROS Y REGISTROS

Ingresos brutos anuales ≤ a 300 UIT: R. Compras, R. Ventas y Libro Diario Formato Simplificado. > 300 UIT hasta 500 UIT: Libro Diario, Libro Mayor, R. Compras, R. Ventas*. > 500 UIT a 1700 UIT: Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Mayor, R. Compras, R. Ventas*. > 1700 UIT: Libro Caja y Bancos, Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Mayor, R. Compras, R. Ventas (contabilidad completa)*. Sin perjuicio de la obligación de llevar libros y registros electrónicos.

DETERMINACIÓN DEL IR

Pagos a cuenta mensuales (coeficiente o 1.5 %). Declaración anual y pago de regularización (29.5 %).

* Sin perjuicio de otros libros o registros a los que se encuentre obligado.

2.2. Régimen Mype Tributario (RMT) De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1269 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 4032016-EF, las principales características son las siguientes: SUJETOS

SUJETOS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS

5 6

7

Todos generadores de renta de tercera categoría. No se dan restricciones.

Todos generadores de renta de tercera categoría.

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS

No se dan restricciones.

ACTIVIDADES EXCLUIDAS

No se dan restricciones.

REQUISITOS

Ingresos netos por un importe no superior a 1700 UIT. No tengan vinculación (directa o indirecta) en función del capital con otras personas naturales o jurídicas, cuyos ingresos en conjunto no superen el límite detallado en el punto anterior.

LIBROS Y REGISTROS

Registro de Ventas, Compras y Libro Diario de Formato Simplificado, aquellos cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT. Aquellos que superen el límite anterior, se sujetarán a las reglas generales*. Sin perjuicio de la obligación de llevar libros y registros electrónicos.

DETERMINACIÓN DEL IR

Pagos a cuenta mensuales: ingresos netos < 300 UIT se aplica el 1 %. En caso de que superen, se aplican las reglas generales (coeficiente o 1.5 %, el mayor). Declaración jurada anual. Tasas: renta neta imponible hasta 15 UIT, se aplica 10 %. Por el exceso, 29.5 %.

2.1. Régimen General de renta (RG) Régimen principal por excelencia, ya que no observa ninguna restricción a nivel de actividades o montos; sin embargo, la determinación del impuesto puede devenir en compleja, dependiendo del tamaño de la empresa. Entre sus aspectos más resaltantes tenemos:

No se dan restricciones.

* Sin perjuicio de otros libros o registros a los que se encuentre obligado.

2.3. Régimen Especial de Renta (RER) Conforme lo indicado en el artículo 117 y siguientes de la LIR y su Reglamento, lo principal del RER comprende lo siguiente:

El resaltado es nuestro. En el Informe N° 075-2020-SUNAT se trae a colación lo indicado en la exposición de motivos del D. Leg. N° 1269, en el cual se observa “que los regímenes tributarios como el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Nuevo Régimen Único Simplificado fueron creados con la intención de no solo ampliar la base tributaria, sino también para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con lo cual se propiciaría el acogimiento de un mayor número de contribuyentes, es decir, incentivar el ingreso a la formalidad de todas aquellas personas que realizan actividades empresariales”. Sin perjuicio de otros regímenes tributarios especiales, donde las reglas para aplicar el Impuesto a la Renta varíen (régimen de la Amazonía, zonas altoandinas, entre otros).

SUJETOS

Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas domiciliadas.

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS

Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo. Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no señalada expresamente en el inciso anterior.

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O P I N I Ó N S U N AT

ACTIVIDADES EXCLUIDAS

REQUISITOS ACOGIMIENTO

Actividades que sean calificadas como contratos de construcción. Presten el servicio de transporte de carga de mercancías, siempre que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 TM. Organicen cualquier tipo de espectáculo público. Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de productos, de bolsa de valores, agentes de aduana y los intermediarios de seguros. Casinos, tragamonedas y/u otros. Agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. Comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos. Realicen venta de inmuebles. Actividades de médicos y odontólogos, veterinarias, jurídicas, contabilidad, informática, conexas, asesoramiento empresarial y en materia de gestión. Que el ingreso neto anual o de adquisiciones no sea mayor a S/ 525,000. Que el valor de los activos fijos (excepto predios y vehículos) no sea mayor a S/ 126,000. Que la cantidad de trabajadores no sobrepase las 10 personas.

LIBROS Y REGISTROS

Registro de Compras. Registros de Ventas.

DETERMINACIÓN DEL IR

Se efectuará un pago mensual equivalente al 1.5 % de sus ingresos netos mensuales. No se requiere declaración jurada anual.

2.4. Nuevo Régimen Único Simplificado Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 937, podemos destacar:

SUJETOS

Personas naturales y sucesiones indivisas con negocio domiciliadas en el país que obtengan exclusivamente rentas de tercera categoría (empresariales). Personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país que perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios.

ACTIVIDADES EXCLUIDAS

Presten el servicio de transporte de carga de mercancías, siempre que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 TM. Presten el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. Efectúen y/o tramiten cualquier régimen, operación o destino aduanero (salvo excepciones). Organicen cualquier tipo de espectáculo público. Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de productos, de bolsa de valores, entre otros. Sean titulares de negocios de casinos, máquinas tragamonedas y/u otros de naturaleza similar. Entre otros.

REQUISITOS

Ingresos o compras anuales < S/ 96,000. Ingresos o compras mensuales < S/ 8,000. No realicen sus actividades en más de una unidad de explotación, sea esta de su propiedad o la explote bajo cualquier forma de posesión. El valor de los activos fijos afectados a la actividad (excepto predios y vehículos) < S/ 70,000.00.

LIBROS Y REGISTROS DETERMINACIÓN DEL IR

No se encuentra obligado a llevar. Paga un monotributo (IR + IGV).

3. Las instituciones educativas particulares y el acogimiento a un régimen tributario Ahora bien, desde hace algún tiempo, la Sunat emprendió una campaña inductiva con la finalidad de detectar a aquellas instituciones educativas particulares que ejercen sus actividades afectas al Impuesto a la Renta empresarial “indebidamente” acogidas a algún régimen del Impuesto a la Renta distinto al RG, generando mucha incomodidad en los contribuyentes, que se entendían bien acogidos8. Sobre el particular, si nos remitimos a lo establecido en el Capítulo II (disposiciones tributarias), del D. Leg. N° 822, en su artículo 11 se señala: “Artículo 11.- Las Instituciones Educativas Particulares se regirán por las normas del Régimen General del Impuesto a la Renta”.

Asimismo, en el artículo 4 de su Reglamento (Decreto Supremo N° 047-97-EF) se reafirma en lo anterior, al indicar: “Artículo 4.- (...) La diferencia entre los mencionados ingresos y gastos constituye la renta neta de las Instituciones. Para la determinación del Impuesto a la Renta de las Instituciones resultan de aplicación el resto de disposiciones relativas al Régimen General del referido Impuesto”.

Como se puede apreciar de las normas citadas, el legislador ha optado por señalar textualmente que el régimen aplicable a las instituciones educativas particulares que generen rentas de tercera categoría debe ser el Régimen General. Ahora bien, dentro de las normas que regulan los regímenes excepcionales mencionados, no se identifica ninguna disposición sobre la posibilidad de acoger a las instituciones educativas particulares a algún régimen especial o que inobserve lo establecido en el D. Leg. N° 822. Es así que en el Informe N° 075-2020-SUNAT/7T0000, como parte de su análisis, ha indicado lo siguiente: “De otro lado, se tiene que la LPIE ha señalado de manera expresa que a las IEP se les aplica las disposiciones del Régimen General del impuesto a la renta, lo cual implica que no se le pueda aplicar las correspondientes a otro régimen9; sin que una norma posterior, como la del MYPE, haya dispuesto la aplicación de otro régimen para dichas entidades educativas”.

Como se puede apreciar, la conclusión de la Sunat es contundente y basada en la literalidad de la normativa, la cual cierra la puerta a que las instituciones educativas particulares generadoras y afectas a rentas de tercera categoría puedan optar por algún régimen excepcional, sin importar alguna de sus condiciones especiales, como su tamaño, nivel de ingresos, etc.

8

9

Otros comentarios sobre el particular se pueden ver también en el informe “Instituciones educativas, ¿se pueden acoger al Régimen Mype Tributario?” en el número 357 de la Revista Contadores & Empresas correspondiente a la primera quincena de setiembre de 2019. Nota 6 en el texto del informe, la cual indica: “Lo cual se corrobora con el hecho que, a la fecha de entrada en vigencia de la LPIE, se encontraban vigentes tanto el RER (cuyo capítulo fue incorporado a la Ley del Impuesto a la Renta mediante el artículo 7 de la Ley N° 26415, publicada el 30/12/1994) como el RUS (creado por el Decreto Legislativo N° 777, publicado el 31/12/1993), habiendo optado el legislador por no tomar en cuenta estos regímenes tributarios para las IEP”.

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Asesoría TRIBUTARIA TRIBUTACIÓN ELECTRÓNICA

Resumen

Síntesis general de todos los sujetos obligados e incorporados al Sistema de Libros Electrónicos - SLE La Administración Tributaria (en adelante, Sunat) ha venido publicando progresivamente resoluciones de superintendencia, a través de las cuales se brindan determinadas condiciones para obligar a los contribuyentes al llevado de determinados libros y/o registros contables vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica. Al respecto, a dichos sujetos se les asigna la calidad de sujetos “obligados”1 o “incorporados”2. Las obligaciones de los sujetos “obligados” se pueden cumplir a través del SLE-PLE o SLE-PORTAL; sin embargo, las obligaciones de los sujetos “incorporados” solo se pueden cumplir a través del SLE-PLE. A efectos de conocer todos los grupos de obligados e incorporados al Sistema de Libros Electrónicos - SLE, en el presente artículo se desarrollan diversos cuadros, los cuales brindan la información necesaria para saber las condiciones e inicios de obligación.

José Luis SÁNCHEZ ARIAS Ingeniero de sistemas. Egresado de la Maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Gerencia de Sistemas de Información. Especialista en inteligencia de negocios, auditoría de sistemas y seguridad de la información. Ex servidor civil de la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Autor de diversas obras y artículos referidos a libros, comprobantes de pago y documentos electrónicos.

PALABRAS CLAVES: Programa de Libros Electrónicos / PLE / PORTAL / Libros electrónicos / Sujetos obligados / Sujetos incorporados / Nivel de ingresos / Exportación de servicios / Principales contribuyentes.

electrónico de ventas e ingresos y de compras a través del SLE-PORTAL. Obligado: aquellos contribuyentes que cumplen determinadas condiciones, las cuales se enmarcan en ingresos o determinadas operaciones.

INTRODUCCIÓN12 Los sujetos usuarios del Sistema de Libros Electrónicos SLE son cuatro (4): Afiliado: aquellos contribuyentes que de forma voluntaria presentan libros y/o registros electrónicos a través del SLE-PLE. La calidad de sujeto afiliado se obtiene cuando la Sunat remite la primera constancia de recepción. No existe desafiliación. Generador: aquellos contribuyentes que de forma voluntaria presentan libros y/o registros electrónicos a través del SLE-PORTAL. La calidad de sujeto generador se obtiene cuando se genera el primer registro

Incorporados: aquellos contribuyentes que son incorporados al Directorio de Principales Contribuyentes (Prico) o a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN). Tomando en consideración que los sujetos obligados son aquellos con la calidad de “obligados” e “incorporados”, desarrollaremos diversos cuadros donde se determinan sus obligaciones.

I. SUJETOS OBLIGADOS POR INGRESOS 1 2

De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 379-2013/SUNAT y normas modificatorias. De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias.

La obligación para el llevado de los registros electrónicos de ventas e ingresos y de compras por ingresos inició a partir del 01/01/2014, conforme al siguiente detalle:

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T R I B U TA C I Ó N E L E C T R Ó N I C A SUJETOS OBLIGADOS POR INGRESOS Fecha de afiliación al SLE - PLE

Base legal

Requisitos

Numeral 2.1 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

RG, ingresos > 500 UIT entre los meses de 07/2012 a 06/2013 (UIT vigente 2012). Se considerarán las casillas: PDT 621: 100, 105, 109, 112, 160. FV 621 simplificado: 100.

01/01/2014

Registros de Ventas e Ingresos y de Compras electrónicos A partir del 01/2014

Dato adicional -

Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL Plazo de atraso para el ejercicio 2014: cronograma B Plazo de atraso a partir del ejercicio 2015: Cronograma “A”

Numeral 2.2 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

RUC activo, RG, ingresos > 150 UIT en el ejercicio 2014 (UIT vigente 2014). Se considerarán las casillas: PDT 621: 100, 105, 106, 109, 112, 160. FV 621 simplificado: 100.

01/01/2015

Numeral 2.3 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

RUC activo, RG o RER, ingresos => 75 UIT en el ejercicio 2015 (UIT ejercicio 2015). Se considerarán las casillas: PDT 621: 100, 105, 106, 109, 112, 160. FV 621 simplificado: 100.

01/01/2016

A partir del 01/2015

De acuerdo a la segunda disposición complementaria final de la R.S. N° 361-2015/SUNAT, Plazo de atraso para el ejercicio 2015: crono- se toman en cuenta las DD.JJ. incluyendo rectificatorias del grama B 01/2014 a 12/2014 presentadas Plazo de atraso a partir del ejercicio 2016: cro- y que hubieran surtido efecto nograma A al 31/12/2015. Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL

A partir del 01/2016

Se toman en cuenta las DD.JJ. incluyendo rectificatorias de 01/2015 a 12/2015 presentadas Plazo de atraso para el ejercicio 2016: crono- y que hubieran surtido efecto al 31/01/2016. grama B Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL

Plazo de atraso a partir del ejercicio 2017: cronograma A Numeral 2.4 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

RUC activo, RG o RER, ingresos => 75 UIT entre 05/2015 y 04/2016 (UIT vigente 2015). Se considerarán las casillas: PDT o FV 621: 100, 105, 106, 109, 112, 160. FV 621 simplificado: 100.

01/01/2017

RUC activo, RG o RER, ingresos => 75 UIT entre 05/2016 y 04/2017 (UIT ejercicio 2016). Se considerarán las casillas: PDT o FV 621: 100, 105, 106, 109, 112, 160. FV 621 simplificado: 100.

01/01/2018

RUC activo, RG o RER, ingresos => 75 UIT entre 05/2017 y 04/2018 (UIT ejercicio 2017). Se considerarán las casillas: PDT o FV 621: 100, 105, 106, 109, 112, 160. FV 621 simplificado: 100.

01/01/2019

Numeral 2.4 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

RUC activo, RG o RER, ingresos => 75 UIT entre 05/2018 y 04/2019 (UIT ejercicio 2018). Se considerarán las casillas: PDT o FV 621: 100, 105, 106, 109, 112, 160. FV 621 simplificado: 100.

01/01/2020

Numeral 2.4 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

RUC activo, RG o RER, ingresos => 75 UIT entre 05/XXXX-2 y 04/ XXXX-1 (UIT ejercicio XXXX-2). Se considerarán las casillas: PDT o FV 621: 100, 105, 106, 109, 112, 160. FV 621 simplificado: 100.

01/01/ XXXX*

Numeral 2.4 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

Numeral 2.4 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

A partir del 01/2017

Se toman en cuenta las DD.JJ. incluyendo rectificatorias de Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL 05/2015 a 04/2016 presentadas Plazo de atraso para el ejercicio 2017: crono- y que hubieran surtido efecto al 31/05/2016. grama B Plazo de atraso a partir del ejercicio 2018: cronograma A A partir del 01/2018

Se toman en cuenta las DD.JJ. incluyendo rectificatorias de 05/2016 a 04/2017 presentadas Plazo de atraso para el ejercicio 2018: crono- y que hubieran surtido efecto al 31/05/2017. grama B Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL

Plazo de atraso a partir del ejercicio 2019: cronograma A A partir del 01/2019

Se toman en cuenta las DD.JJ. incluyendo rectificatorias de Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL 05/2017 a 04/2018 presentadas Plazo de atraso para el ejercicio 2019: crono- y que hubieran surtido efecto al 31/05/2018. grama B Plazo de atraso a partir del ejercicio 2020: cronograma A A partir del 01/2020

Se toman en cuenta las DD.JJ. incluyendo rectificatorias de 05/2018 a 04/2019 presentadas Plazo de atraso para el ejercicio 2020: crono- y que hubieran surtido efecto al 31/05/2019. grama B Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL

A partir del 01/XXXX*

Se toman en cuenta las DD.JJ. incluyendo rectificatorias de 05/XXXX-2 a 04/XXXX-1 presenPlazo de atraso para el ejercicio XXXX*: cro- tadas y que hubieran surtido efecto al 31/05/XXXX-1. nograma B Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL

* A partir del ejercicio 2021.

Es importante precisar que la obligación por ingresos siempre inicia el 1 de enero de cada año. Asimismo, los plazos máximos de presentación se publican para cada ejercicio tributario, considerando para ello los cronogramas tipo A y B3:

3

Los cronogramas tipo A y B para el ejercicio 2020 se aprobaron mediante Resolución de Superintendencia N° 269-2019/SUNAT.



Cronograma tipo A: lo emplean aquellos contribuyentes que vienen llevando libros electrónicos actualmente.



Cronograma tipo B: lo emplean aquellos contribuyentes obligados para el llevado de los registros electrónicos de ventas e ingresos y de compras solo el ejercicio que inicia su obligación.

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 30 - 33

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Asesoría TRIBUTARIA Si en el ejercicio 2019 determinado contribuyente fue designado como sujeto obligado, empleará el cronograma tipo B para dicho ejercicio; sin embargo, para el ejercicio 2020 empleará el cronograma tipo A.

II. SUJETOS OBLIGADOS POR REALIZAR OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS La obligación para el llevado de los registros electrónicos de ventas e ingresos y de compras por realizar determinadas operaciones de exportación de servicios inició a partir del 01/01/2018, conforme al siguiente detalle: SUJETOS OBLIGADOS POR OPERACIONES Fecha de afiliación al SLE-PLE

Base legal

Requisitos

Numeral 2.5 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

RUC activo, RG, MYPE o RER, con operaciones de exportaciones de servicios (quinto párrafo o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 de la Ley del IGV) entre los periodos 09/2017 y 12/2017.

01/01/2018

Registros de Ventas e Ingresos y de Compras electrónicos

A partir del 01/2018 Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL Plazo de atraso para el ejercicio 2018: cronograma B Plazo de atraso a partir del ejercicio 2019: cronograma A

Numeral 2.6 del artículo 2 de la R.S. N° 379-2013/ SUNAT

RUC activo, RG, MYPE o RER, que realice operaciones de exportaciones de servicios (quinto párrafo o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 de la Ley del IGV) a partir del 01/01/2018.

Primer día calendario del periodo en el que realicen dicha primera operación de exportación.

A partir del periodo mensual que realice la operación de exportación de servicios. Posibilidad de migrar al SLE-PORTAL Plazo de atraso para el ejercicio en el cual realice la primera operación de exportación se servicios: cronograma B.

Es importante precisar que la obligación por realizar operaciones de exportaciones de servicio siempre inicia el primer día calendario del mes en que se realice dicha operación, con excepción de aquellos contribuyentes que realizaron dichas operaciones entre los periodos 09/2017 a 12/2017, quienes iniciaron la obligación a partir del 01/01/2018. Asimismo, los plazos máximos de presentación se publican para cada ejercicio tributario, considerando para ello los cronogramas tipo A y B, lo cual se desarrolló en el numeral anterior.

III. SUJETOS INCORPORADOS POR PERTENECER AL DIRECTORIO DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES O PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES Aquellos contribuyentes que la Sunat incorpore al Directorio de Principales Contribuyentes (Pricos) automáticamente adquieren la calidad de sujetos “incorporados”. Dichos sujetos tienen mayores obligaciones en comparación a los sujetos “obligados”, conforme al siguiente detalle:

SUJETOS INCORPORADOS - PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Tipo

Incorporados

Base legal

Condiciones

Artículo 4 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias

Aquellos designados como principales contribuyentes mediante Resolución de Superintendencia Sunat deben llevar los libros y registros indicados en el Anexo N° 5 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias.

Anexo N° 5

Plazo de atraso

Inicio de obligación

Generación

Sistema a usar

Primer día calendario del cuarto mes siguiente a aquel en que entre en vigencia la resolución de superintendencia que lo designe como principal contribuyente.

Mensual

SLE-PLE

Registro de Compras Cronograma A o B, según corresponda. Registro de Ventas e Ingresos Libro Diario / Libro Diario en formato simplificado

Libro Mayor

De acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 2 de la R.S. N° 234-2006/SUNAT y normas modificatorias.

32 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 30 - 33 a

T R I B U TA C I Ó N E L E C T R Ó N I C A Para ejemplificar el inicio de la obligación se tomará que determinado contribuyente fue incorporado al Directorio de Principales Contribuyentes (Pricos) el 01/10/2020. En este ejemplo, el inicio de la obligación será a partir del 01/02/2021 (periodo 02/2020).

Asimismo, existen obligaciones adicionales para aquellos contribuyentes que la Sunat incorpore a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN). Dicha obligación inició a partir del 01/01/2016, conforme al siguiente detalle:

SUJETOS INCORPORADOS - PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES Tipo

Base legal

Incorporados

Artículo 4 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias

Anexo N° 6

Condiciones Aquellos que al 01/01/2016 pertenezcan a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y cuyos ingresos brutos del ejercicio 2015 => 3000 UIT (UIT Vigente 2015), adicionalmente a los libros y registros indicados en el Anexo N° 5 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, debe llevar los libros y registros señalados en el Anexo N° 6 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias a partir de 01/2016. Generación

Plazo de atraso

Inicio de obligación

Sistema a usar

De acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 2 de la R.S. N° 234-2006/SUNAT y normas modificatorias.

01/01/2016

SLE-PLE

Libro de Inventario y Balances Registro de Costos

Anual

Registro de Activos Fijos Registro de Consignaciones Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas

Mensual

Registro de Inventario Permanente Valorizado Tipo

Base legal

Incorporados

Artículo 4 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias

Anexo N° 6

Condiciones Aquellos designados a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales mediante Resolución de Superintendencia Sunat, con ingresos brutos del ejercicio anterior => 3000 UIT (UIT vigente en el ejercicio anterior a su incorporación), adicionalmente a los libros y registros indicados en el Anexo N° 5 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, deben llevar los libros y registros señalados en el Anexo N° 6 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias. Generación

Plazo de atraso

Inicio de obligación

Sistema a usar

De acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 2 de la R.S. N° 234-2006/SUNAT y normas modificatorias.

Primer día calendario del cuarto mes siguiente a aquel en que entre en vigencia la resolución de superintendencia que lo designe como principal contribuyente nacional.

SLE-PLE

Libro de Inventario y Balances Registro de Costos

Anual

Registro de Activos Fijos Registro de Consignaciones Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas

Mensual

Registro de Inventario Permanente Valorizado

Para ejemplificar el inicio de la obligación se tomará que determinado contribuyente fue incorporado a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) el 01/02/2021 y en el ejercicio 2020 superó

las 3000 UIT. En este ejemplo, el inicio de la obligación será a partir del 01/06/2021 (periodo 06/2021 o ejercicio 2021, según corresponda el libro o registro electrónico).

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 30 - 33

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Asesoría TRIBUTARIA PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Cómo atender acciones inductivas mediante el nuevo Sistema de Gestión Inductiva Electrónica Julio VILLANUEVA TRAUCO Contador Público Colegiado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Especialista en tributación. Asesor tributario de Contadores & Empresas. Egresado del I CAAT SUNAT. Exfuncionario de la Sunat (División Central de Consultas y Acciones Inductivas).

PALABRAS CLAVES: Sunat Virtual / Facultad de fiscalización / Código Tributario / Acciones inductivas / Esquela de solicitud de información / Carta inductiva / Sistema de Gestión Inductiva Electrónica / Clave SOL.

la inconsistencia notificada se presente a través de ese medio, la cual desarrollaremos de manera práctica en el presente informe.

I. PRINCIPALES ASPECTOS REFERENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN INDUCTIVA - GIE

INTRODUCCIÓN Como es de conocimiento, la Sunat, dentro de su facultad de fiscalización señalada en el Código Tributario, realiza la notificación masiva de acciones inductivas, con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, la cual es una etapa previa a la ejecución de acciones de fiscalización y control de mayor alcance y duración; estas últimas acciones no se producen cuando el contribuyente cumple con regularizar o subsanar las inconsistencias detectadas.

1. ¿Qué acciones inductivas pueden ser atendidas mediante el Sistema de Gestión Inductiva Electrónica3? Los documentos que pueden ser atendidos mediante el Sistema Gestión Inductiva Electrónica (GIE) son los siguientes:

Con la finalidad de disminuir el tránsito de personas y aglomeración durante la emergencia sanitaria nacional, la Sunat ha ido implementado diversas formas de interactuar con el contribuyente, como ha sido la implementación de la Mesa de Partes Virtual - Sunat1 y la inclusión al Sistema del Expediente Electrónico Virtual (SIEV) a los procedimientos inductivos (acciones inductivas) iniciadas por esquela (a partir del agosto)2.

De acuerdo a lo señalado en la R.S. Nº 077-2020/SUNAT. De acuerdo a lo señalado en la R.S. N° 106-2020/SUNAT, asimismo, para mayor abundamiento véase el informe “Las acciones inductivas de la Sunat y el Sistema Integrado del Expediente Virtual (SIEV)” en la revista Contadores & Empresas de la primera quincena de julio de 2020, pp. 3 a 7.

CONCEPTO

Esquela de solicitud de información

Documento a través del cual se comunican posibles inconsistencias y/u omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Además, se solicita que presente o proporcione documentación y/o información en el plazo establecido por la Sunat.

Carta inductiva

*

3

De acuerdo a lo publicado en la página web de la Sunat, dentro de la opción Acciones de Fiscalización - 07 Gestión Inductiva Electrónica, la cual se puede visualizar mediante el siguiente enlace: .

De acuerdo a lo publicado en el Manual para el usuario , el cual se puede visualizar mediante el siguiente enlace: .

34 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 34 - 37 a

Es el documento a través del cual se comunican posibles inconsistencias y/u omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de que proceda con su pronta regularización. De no estar de acuerdo con lo indicado en dicho documento, podrá presentar su descargo, debidamente sustentado, a través del sistema.

Bajo ese contexto, recientemente la Sunat ha publicado en su página web una modalidad para facilitar la atención de esquelas de solicitud de información y cartas inductivas, llamada “Gestión Inductiva Electrónica - GIE”, el cual es un sistema que facilita la atención de las acciones inductivas en las que se indique que el sustento de

1 2

TIPOS DE ACCIONES INDUCTIVAS*

P R O C E D I M I E N T O T R I B U TA R I O

2. ¿Cómo realizar la sustentación de inconsistencias u omisiones referidas a una acción inductiva mediante el Sistema de Gestión Inductiva Electrónica? La presentación de la sustentación de inconsistencias u omisiones respecto de lo señalado en la esquela de solicitud de información y carta inductiva se puede realizar mediante Sunat Operaciones en Línea (en adelante, SOL), donde deberá seguir las indicaciones dadas en la esquela para ingresar al ambiente “Consulta de Acciones Inductivas” y ubicar la opción “Sustentar”4. Inmediatamente después de presentada la sustentación de inconsistencias u omisiones, SOL genera la constancia de información registrada, la cual el sujeto puede descargar, imprimir o enviar al correo electrónico que señale siguiendo las instrucciones del sistema5. Lo anteriormente señalado se puede reflejar de la siguiente manera6:

II. PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER LA ESQUELA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN O CARTAS INDUCTIVAS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTIÓN INDUCTIVA ELECTRÓNICA

 CASO PRÁCTICO Atención esquela de solicitud de información El contador de la empresa de transportes Castillo Alata S.A.C., identificado con RUC 20203040452, dedicada a la venta de productos médicos al por mayor, con estado activo y condición habido, nos comunica que con fecha 01/10/2020, mediante el buzón SOL, fue notificada la Esquela de Solicitud de Información N° 216022656145, en la cual le comunican que presenta la siguiente inconsistencia: “De acuerdo a la información de los ingresos declarados en el IGV contra los ingresos declarados en el IRTA anual, ha omitido ingresos en la declaración anual del IRTA del ejercicio gravable 2020”. En la cual le dan un plazo de 10 días hábiles para que revise y regularice sus declaraciones y pagos a fin de determinar la existencia de alguna omisión o error, y proceda voluntariamente a presentar las declaraciones juradas, caso contrario, presente sus sustentos mediante el Sistema de Gestión Inductiva Electrónica. En relación con la inconsistencia, el contador de la empresa nos señala que se debe a que en el mes de diciembre emitió una factura por un anticipo, el cual se incluyó en la base imponible del IGV, pero, dado que no constituye un ingreso para efectos del Impuesto a la Renta, no se incluyó en la base imponible para el cálculo del pago a cuenta. Al respecto, nos consulta:



¿Cómo debería presentar los sustentos mediante el Sistema de Gestión Inductiva Electrónica y si se pudiera pedir una prórroga?



De ser factible, ¿por qué medio se podría solicitar dicha prórroga?

Solución:

4 5

6

De acuerdo al artículo 21 de la R.S. N° 084-2016/SUNAT, modificada por la R.S. N° 106-2020/SUNAT. De acuerdo a lo publicado en el Manual para el usuario - gestión inductiva electrónica, el cual se puede visualizar mediante el siguiente enlace: . Imagen tomada del video tutorial publicado por la Sunat, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: .

Considerando todo lo expuesto en los puntos anteriores, correspondería realizar lo siguiente: 1.

Presentar los sustentos referentes a la inconsistencia detectada mediante el Sistema de Gestión Inductiva Electrónica, ingresando a Sunat Operaciones en Línea (SOL) - “Mis trámites y consultas”. Requerir una prórroga para la atención de la esquela, la cual podrá solicitar mediante el propio

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 34 - 37

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Asesoría TRIBUTARIA sistema. Cabe señalar que esta solicitud es por única vez, y su aceptación es automática, concediéndole una nueva fecha para atender la esquela7. Este nuevo plazo otorgado no podrá ser menor de dos días hábiles8.

En este caso explicaremos el proceso para realizar la atención de la esquela de solicitud de información mediante el Sistema de Gestión Inductiva Electrónica:

Paso 1: Ingresar a la web de la Sunat mediante el siguiente enlace: , dando clic en Operaciones en Línea (SOL).

Paso 2: Inmediatamente se mostrará una pantalla, en donde deberá ingresar el RUC, usuario y contraseña (clave SOL).

Paso 3: Seleccionar la opción Plataforma Electrónica de Fiscalización / Gestión Inductiva / Gestión Inductiva Electrónica / Consulta de acciones inductivas.

78

7 8

De acuerdo a lo indicado en el video tutorial publicado por la Sunat, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: . De acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del artículo 62 del TUO del Código Tributario.

36 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 34 - 37 a

P R O C E D I M I E N T O T R I B U TA R I O

Paso 4: Luego, deberá consultar la esquela de solicitud de información notificada, en la cual podrá realizar lo siguiente:



Visualizar el detalle de la inconsistencia dando clic en la descripción de la inconsistencia de la esquela de solicitud de información.



Solicitar una prórroga para presentar la información solicitada dando clic en la opción “solicitar prórroga”.



Presentar el sustento de la inconsistencia señalada dando clic en la opción “Sustentar”. En caso de adjuntar documentos sustentatorios, estos deberán estar en formato PDF y el peso en conjunto no debe ser mayor a 1 MB.



Proporcionar la información solicitada en la esquela, dando clic en la opción “Documentación Requerida”. En el caso de los documentos que va a proporcionar de acuerdo a lo solicitado en el anexo de la esquela, deberán estar en formato PDF y el peso por cada ítem solicitado no debe ser mayor a 1 MB.

Paso 5: Finalmente, al haber atendido la esquela, el contribuyente deberá descargar su constancia de información registrada. CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 34 - 37

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Asesoría CONTABLE INFORME ESPECIAL

Resumen

NIIF para pymes 2015 Mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 003-2020-EF/30 se oficializó la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las pymes) versión 2015, que reemplaza a la versión original de 2009. Cabe resaltar que esta norma es un documento independiente aplicable para las pymes que se fundamenta en las NIIF completas con ajustes, a las que les han simplificado la redacción, excluido opciones de política contable, rebajado los requerimientos de revelación y eliminado algunas cuestiones tratadas en las NIIF completas.

Martha ABANTO BROMLEY Contadora Pública Colegiada Certificada. Diplomada en especialización NIIF por el Colegio de Contadores Públicos de Lima y la Universidad de Piura. Diplomada en Gestión y Consultoría Tributaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Coordinadora del Área de Asesoría Contable de la revista Contadores & Empresas. Asesora contable-tributaria de Gaceta Consultores S.A.

PALABRAS CLAVES: NIIF para pymes / Versión 2015 / Pequeñas y medianas empresas / IASB / NIIF / PCGE 2019.

En el presente informe se expondrán los principales requerimientos de la NIIF para pymes para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos y transacciones económicas de manera más simplificada.

INTRODUCCIÓN Uno de los primeros temas que abordó el IASB, constituido en 2001, fue la demanda para una versión especial de las Normas de Contabilidad para pequeñas empresas, considerando que en muchos países había preferencia por adoptar la NIIF para las pymes en lugar de normas desarrolladas en el ámbito local o regional. De esta manera, se emitió una propuesta que se basaba en las NIIF completas con modificaciones para reflejar las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las pymes y consideraciones costo-beneficio, dado que muchos requerimientos de la NIIF completas no son relevantes para un grupo de entidades. En este sentido, el IASB emitió en 2009 la NIIF para pymes, la cual fue oficializada en nuestro país mediante Resolución de CNC Nº 045-2010-EF/94, con vigencia a partir del 1 de enero de 2011. Dicha NIIF ha sido modificada y se aprobó su versión 2015, la cual ha sido objeto de oficialización a través de la Resolución de CNC Nº 003-2020-EF/30 y que, según la página web del MEF1, será aplicable a partir del 10 de setiembre de 20202.

I. NIIF PARA PYMES Es un documento independiente o autónomo con normas más sencillas y manejables que se desarrolló utilizando las NIIF completas como punto de partida y, según ello, se han realizado las adecuaciones en función de las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las pymes y de consideraciones costo-beneficio. La NIIF para pymes se encuentra organizada en secciones (35), con normas menos complejas para tratar el registro, medición, presentación y revelación de los hechos económicos.

II. PERSONAS QUE UTILIZAN LA NIIF PARA PYMES Si bien cada país tiene sus propias condiciones, parámetros o límites para definir las pymes3, según el párrafo 1.2 de la NIIF para pymes 2015, se entiende por pequeñas y

3 1 2

. Cabe señalar que, según esta norma, muchos de los párrafos modificados entraban en vigencia para los periodos anuales que comenzaron a partir del 1 de enero de 2017.

En el caso de nuestro país, ello se encuentra regulado en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, promulgada el 3 de julio de 2003, la cual denomina a este tipo de empresas bajo las siglas mype (micro y pequeña empresa): - Microempresa: (i) número total de trabajadores entre uno (1) y diez (10); y (ii) niveles de ventas anuales no mayores a 150 UIT.

38 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 38 - 42 a

INFORME ESPECIAL medianas entidades aquellas que: (a) no tienen obligación pública de rendir cuentas4; y (b) publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Si una entidad en concreto satisface estas dos condiciones, puede ser considerada como una pyme. Cabe señalar que, según el artículo 2 de la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº 003-2020-EF/30, están excluidas de aplicar la NIIF para pymes 2015:

a)

b) Requerir que las propiedades de inversión medidas al costo menos la depreciación y deterioro de valor acumulados se presenten por separado en el cuerpo del estado de situación financiera. c)

Empresas excluidas de aplicar NIIF para pymes (artículo 2 de la Resolución CNC Nº 003-2020-EF/30)

Las empresas y entidades que se encuentran bajo la supervisión y control de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Las empresas y entidades que se encuentran bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

A diferencia de la resolución del CNC que oficializó la NIIF para pymes original5, para efectos de esta norma contable no se clasifica a las pymes en términos cuantitativos, esto es, en función de un volumen de ingresos o número de personal, de esta manera se alinea con el criterio del IASB que argumenta que sus normas se aplicaban en más de un centenar de países y que no era posible establecer límites homogéneos para todos ellos. En consecuencia, cuando una empresa no tiene responsabilidad pública y debe emitir estados financieros de propósito general, entonces puede adoptar la NIIF-pymes (IFRS-SME).

III. PRINCIPALES MODIFICACIONES Según el párrafo BC175 de la NIIF para pymes 2015, los tres cambios significativos son: (a) Permitir un modelo de revaluación para las propiedades, planta y equipo (véanse los párrafos FC208 a FC212). (b) Simplificar los requerimientos de transición (véanse los párrafos FC256 a FC260). (c) Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 (véanse los párrafos FC224 a FC226).

Asimismo, el párrafo BC176 señala que, entre otros, el resto de cambios son:

4

5

Pequeña: (i) número total de trabajadores hasta un máximo de cincuenta (50), y (ii) niveles de ventas anuales entre 151 y 850 UIT. Esto ocurre cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público, o una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros (la mayoría de bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, comisionistas e intermediarios de valores, fondos de inversión y bancos de inversión cumplirían este segundo criterio). Resolución Nº 045-2010-EF/94.

Requerir que, para cada exención por esfuerzo o costo desproporcionado en la NIIF para pymes, una pyme deba revelar cuándo ha usado la exención y las razones para hacerlo.

Añadir guías que aclaren la contabilización de una subsidiaria adquirida con intención de venderla o disponer de ella dentro de un año si dicha subsidiaria no se ha vendido o dispuesto durante ese marco temporal.

d) Permitir que una pyme contabilice las inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados usando el método de la participación, sobre la base de los cambios similares en Método de la Participación en los Estados Financieros Separados (modificaciones a la NIC 27), emitida en agosto de 2014. e)

Aclarar el criterio para los instrumentos financieros básicos en el párrafo 11.9 de la NIIF para las pymes y añadir ejemplos de acuerdo de préstamo simples que cumplan ese criterio.

f)

Incorporar la exención en el párrafo 70 de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo que permite que una entidad use el costo de la pieza de sustitución como un indicador de cuál fue el costo de la pieza sustituida en el momento en que se adquirió o construyó, si no fuera practicable determinar el importe en libros de una parte del elemento de propiedades, planta y equipo que ha sido sustituido.

g) Añadir una exención por esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento de medir el pasivo para pagar un dividendo distinto al efectivo a valor razonable de los activos distintos al efectivo a distribuir. Cabe agregar que entre los cambios basados en razones de costo-beneficio se encuentra la modificación del párrafo 18.20 de la NIIF para las pymes para especificar que si la vida útil de un activo intangible, incluyendo la plusvalía, no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia, pero no superará los diez años. Esto sustituye el requerimiento de utilizar una vida fija de diez años, en ausencia de una estimación fiable de la vida útil. El uso de la mejor estimación se espera que proporcione información mejor a los usuarios de los estados financieros sin costo adicional para los preparadores, que requerir una vida fija de diez años (véase el párrafo FC247).

 CASO PRÁCTICO Aplicación del modelo de revaluación Una pyme aplica la NIIF para pymes considerando la nueva versión 2015, y el 30 de setiembre decide aplicar el modelo de medición de la revaluación al único inmueble que posee, para lo cual contrata el servicio de un tasador independiente. Este le remite

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Asesoría CONTABLE un informe donde se señala que el valor razonable del terreno y de la edificación asciende a S/ 300,000 y S/ 600,000, respectivamente. Se sabe que el importe en libro de ese activo asciende a S/ 150,000 y 300,000 (neto de una depreciación ascendente a S/ 450,000), respectivamente. ¿Cómo sería el tratamiento de la revaluación si la empresa aplica el método de reexpresión proporcional y se encuentra en el régimen general?

Solución: En principio, debe tenerse en cuenta que la modificación en el modelo de medición del rubro Propiedades, Planta y Equipo del costo al modelo de la revaluación constituye un cambio en la política contable conforme con el párrafo 10.10A de la Sección 10 Políticas, Estimaciones y Errores Contables6. Sin perjuicio de lo anterior, agrega el citado párrafo que un cambio del modelo del costo al modelo de revaluación para una clase de propiedades, planta y equipo se contabilizará de forma prospectiva. En este sentido, se entiende que la modificación en la medición del activo de propiedad, planta y equipo solo se efectuará de manera prospectiva, sin requerir efectuar revalorizaciones anteriores.

De acuerdo con los párrafos 17.15 y 17.15B de la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, una entidad puede medir un elemento de propiedades, planta y equipo por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor posteriores. Por lo tanto, con los datos del caso planteado, si la empresa decide como política contable cambiar el método de medición del costo a revaluación de su único activo (inmueble), deberá revaluarlo utilizando el método de reexpresión proporcional. Cabe señalar que, si bien la NIIF para las pymes no menciona los tipos de métodos de revaluación, somos de la opinión de que el activo puede ser revaluado tomando en cuenta los métodos mencionados en las NIIF plenas, específicamente en el párrafo 35 de la NIC 16 Propiedades, planta y equipo. En ese sentido, se tendrá que ajustar la depreciación acumulada a la fecha de la revaluación para igualar la diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo, esto quiere decir que, en el caso de la edificación, se debe reestructurar en forma proporcional el importe compuesto que corresponde a la depreciación para distribuir el valor razonable de acuerdo al informe técnico, tal como se muestra a continuación:

REVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE REEXPRESIÓN PROPORCIONAL Terreno

Importe en libros S/

Valor revaluado S/

Superávit de revaluación S/

150,000

300,000

150,000

Total (S/)

150,000

300,000

150,000

Edificación

Importe en libros S/

Reexpresión

Valor revaluado S/

Superávit de revaluación S/

Importe en libros bruto de edificación

750,000

100 %

1,000,000

250,000

Depreciación acumulada

-300,000

40 %

-400,000

-100,000

Total (S/)

450,000

60 %

600,000

150,000

Total importe inmueble (S/)

600,000

900,000

300,000

Importe en libro

En este sentido, el asiento que se debe efectuar en la fecha efectiva de la revaluación, para incorporar el mayor valor asignado por efecto del superávit de revaluación, de acuerdo al informe del tasador independiente, será el siguiente:6

ASIENTO CONTABLE: ---------------------- x ----------------------33

Propiedad, planta y equipo 331 Terrenos

400,000 150,000

3311 Terrenos 33112 Revaluación 332 Edificaciones 6

La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación de activos, de acuerdo con la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, es un cambio de política contable que ha de ser tratado como una revaluación, de acuerdo con la Sección 17.

3321 Edificaciones 33212 Revaluación

40 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 38 - 42 a

250,000

INFORME ESPECIAL

39

Depreciación y amortización acumulados

5712 Propiedad, planta y equipo

100,000

57121 Adquisición directa 395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo

49

Pasivo diferido

88,500

491 Impuesto a la Renta diferido 3953 Propiedad, planta y equipo - Revaluación

4911 Impuesto a la Renta diferido Patrimonio

39531 Edificaciones x/x 57

Excedente de revaluación

300,000

571 Excedente de revaluación

------------------------------- x -------------------------------

5712 Propiedad, planta y equipo

Por último, cabe resaltar que las revaluaciones se deben realizar con regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.

57121 Adquisición directa x/x

Por la revaluación del inmueble según método de reexpresión proporcional.

---------------------- x -----------------------

 CASO PRÁCTICO

Como podemos apreciar, el mayor valor como consecuencia de la revaluación que incrementa el importe en libros del activo (inmueble) deberá de reconocerse directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación, tal como lo establece el párrafo 17.15C de la Sección 17. De otro lado, es importante destacar que, según el párrafo 29.13 de la Sección 29 Impuesto a las Ganancias, surgen diferencias temporarias, entre otras, cuando los activos se midan nuevamente a valor razonable o se revalúen (por ejemplo, la Sección 16 Propiedades de Inversión y la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo). Agrega el párrafo 29.15 que ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en otro, a título ilustrativo, en el inciso b) del citado párrafo se indica que la depreciación utilizada para determinar la ganancia (pérdida) fiscal puede ser diferente de la utilizada para determinar la ganancia contable, que constituyen diferencias temporarias imponibles y que, por tanto, dan lugar a pasivos por impuestos diferidos. Consecuencia de lo anterior, atendiendo a lo indicado en el párrafo 29.35 de la Sección 29, una entidad reconocerá el Impuesto a la Renta diferido en el mismo componente del resultado integral total (es decir, operaciones continuadas, operaciones discontinuadas u otro resultado integral) o en patrimonio, en función de la transacción u otro suceso que diera lugar al gasto por impuestos. En este sentido, deberá reconocerse el pasivo tributario diferido como se muestra a continuación: ASIENTO CONTABLE: ------------------------------- x ------------------------------57

Excedente de revaluación 571 Excedente de revaluación

Por el pasivo tributario diferido generado por la revaluación del inmueble S/ 88,500 (S/ 300,000 x 29.5).

88,500

Utilización del método de la participación para inversiones Una pyme, según las normas contables, que aplica la NIIF para pymes tiene una inversión en acciones en una asociada, respecto de la cual tiene una participación ascendente al 30 % del patrimonio de esta y que muestra un valor en libros (costo) de S/ 30,000. Como consecuencia de la nueva norma NIIF para pymes versión 2015, la empresa estima que resulta más relevante medirla al valor de participación. ¿Cómo sería el tratamiento contable, si se sabe que al cierre del ejercicio 2019 el patrimonio de la empresa en que se tiene la inversión asciende a S/ 150,000 y al 30 de setiembre este es S/ 120,000?

Solución: De conformidad con el párrafo 10.10 de la Sección 10 Políticas, Estimaciones y Errores Contables, si esta norma permite una elección de tratamiento contable (incluyendo la base de medición) para una transacción específica u otro suceso o condición, y una entidad cambia su elección anterior, eso es un cambio de política contable. Como consecuencia de lo anterior, y en concordancia con el literal c) del párrafo 10.11 de la precitada sección, una entidad contabilizará los cambios de política contable de forma retroactiva. Lo anterior significa, según el párrafo 10.12, que se aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. De acuerdo con el literal c) del párrafo 9.26 de la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, la entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados:

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 38 - 42

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Asesoría CONTABLE (a) al costo menos el deterioro del valor; (b) al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados; o (c) usando el método de la participación siguiendo los procedimientos del párrafo 14.8. Agrega que la entidad aplicará la misma política contable a todas las inversiones de una categoría (subsidiarias, asociadas o entidades controladas de forma conjunta), pero puede elegir políticas diferentes para las distintas categorías. Según el párrafo 14.8 de la Sección 14 Inversiones en Asociadas, el método de la participación en una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción) y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la asociada. Siendo que este cambio requiere la aplicación retrospectiva de esta política, en primer término, deberá calcularse el valor según el método de participación al 31/12/2019. De esta manera, a la fecha antes indicada, el valor de participación en la inversión en la empresa asociada se calculará tal como se muestra a continuación: Participación: S/ 150,000 x 30 % = S/ 45,000 En este sentido, considerando que la empresa (inversionista) tiene una inversión al costo que asciende a S/ 30,000 y deberá ajustar este valor según el incremento o disminución de las variaciones patrimoniales en la entidad en la que se participa; se tiene que al 31 de diciembre de 2019 se deberá incrementar la inversión en S/ 15,000 (S/ 45,000 - S/ 30,000). En cuanto a la situación al 30 de setiembre, se deberá realizar un nuevo cálculo, de lo cual resultará que el valor de participación a dicha fecha ascenderá a S/ 36,000 (S/ 120,000 x 30 %), esto es, deberá disminuirse como consecuencia de la actual situación económica. A continuación, se mostrará un asiento a modo de resumen que muestre el incremento neto en la inversión:

5912 Ingresos de años anteriores x/x

Por el ajuste de la inversión según el método de participación.

------------------------------- x -------------------------------

Cabe indicar que, según el párrafo 29.25 de la Sección 29 Impuesto a las Ganancias, una entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y con participaciones en negocios conjuntos, excepto que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes: i) la controladora, inversor o participante en un negocio conjunto sea capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria; y ii) es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Conforme con el párrafo anterior, si se cumplieran las condiciones antes señaladas, no se efectuaría ningún asiento contable para reconocer el pasivo tributario diferido proveniente de la utilización del modelo de la participación; sin embargo, de no cumplirse estas, deberán reconocerse las diferencias temporarias como se muestra a continuación: Base contable al 31/12/2019

Base tributaria al 31/12/2019

Diferencia temporaria

PTD (29.5 %)

45,000

30,000

15,000

4,425

Base contable al 30/09/2020

Base tributaria al 30/09/2020

Diferencia temporaria

PTD (29.5 %)

36,000

30,000

6,000

1,770

Diferencia temporaria inicial

4,425

Reversión de diferencia

-2,655

Considerando lo anterior, deberá efectuarse el siguiente asiento en el mes de setiembre para reconocer el pasivo tributario diferido: ASIENTO CONTABLE:

ASIENTO CONTABLE:

----------------------------- x -----------------------------

------------------------------- x ------------------------------30

Inversiones mobiliarias

59 6,000

5912 Ingresos de años anteriores 88

3022 Acciones representativas de capital social - Comunes

49

9,000

4911 Impuesto a la Renta diferido Patrimonio

6781 Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial Resultados acumulados

Pasivo diferido 491 Impuesto a la Renta diferido

678 Participación en resultados de entidades relacionadas

59

Impuesto a la Renta

x/x 15,000

Por el pasivo tributario diferido generado por la revaluación del inmueble S/ 88,500 (S/ 300,000 x 29.5).

----------------------------- x -----------------------------

591 Utilidades no distribuidas

42 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 38 - 42 a

2,665

882 Impuesto a las ganancias - Diferido

30225 Participación patrimonial Gastos financieros

4,425

591 Utilidades no distribuidas

302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial

67

Resultados acumulados

1,770

Asesoría CONTABLE ENFOQUE FINANCIERO

Resumen

El impacto de la COVID-19 en el endeudamiento y los covenants El PBI del Perú cayó 17.37 % en el primer semestre debido al impacto de la cuarentena por la epidemia del coronavirus. Adicionalmente, el Banco Central pronostica una caída del 12.5 % del PIB para este 2020, generando una recesión muy profunda. Ante este escenario económico tan negativo, muchas empresas van a tener que apalancarse para obtener la liquidez necesaria para mantener sus operaciones y evitar quedar fuera del mercado y cerrar sus operaciones. El presente artículo resume los tipos de obligaciones que las empresas adquieren al suscribir contratos de deuda con las instituciones financieras y las consecuencias de no cumplir con estos convenios.

Dante LUNGA CALDERÓN Contador Público Colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Finanzas de ESAN, egresado de la Maestría en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima. Especialista en IFRS, NICS, compliance, control interno, gestor de proyectos de automatización y digitalización de organizaciones. Con 14 años de experiencia profesional como gerente administrativo y financiero de empresas multinacionales del sector educativo, logístico, entretenimiento, retail y fondos de inversión.

PALABRAS CLAVES: Apalancamiento / Covenants / Waivers / Tipos de covenants / Acreedores / contratos de préstamo.

INTRODUCCIÓN La COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes que va a requerir de muchos estímulos financieros de los Gobiernos y de la capacidad de gestión de las organizaciones para poder superar esta situación tan compleja. Una de las estrategias financieras para afrontar este tipo de crisis es la del apalancamiento financiero. Sin embargo, es necesario mencionar que el acceso al crédito de las organizaciones va a depender de sus indicadores de gestión como el EBITDA y las ratios de liquidez y endeudamiento. Por otro lado, es importante que las organizaciones puedan evaluar su nivel de endeudamiento y puedan cumplir con los compromisos adquiridos con sus acreedores financieros (tales como los covenants) con el fin de evitar complicaciones legales y financieras.

I. LOS COVENANTS Los covenants son compromisos incorporados a un contrato de préstamo, cuyo objetivo es garantizar al

prestamista el retorno de su crédito. La intención del acreedor es la de legalmente obligar al deudor a manejar sus finanzas de la manera más prudente posible y a la reducción del riesgo crediticio. Los covenants son una serie de indicadores en los acuerdos de préstamos que determinan cómo los prestatarios pueden gestionarse financieramente. Este tipo de compromisos financieros es común encontrarlos en los préstamos que otorga la banca. Por esta vía, se pretende proteger los flujos de caja generados por el pago de la deuda. Es necesario mencionar que estas restricciones serán impuestas de forma más estricta en proporción al riesgo financiero del prestatario. Los covenants son indicadores utilizados por el sistema financiero para asegurarse que los prestatarios operarán de una manera financiera responsable y eficiente que les permita cumplir con la obligación de pagar el préstamo concedido. Por ejemplo, un covenant puede requerir que el prestatario presente sus estados financieros a la institución financiera acreedora, mientras que otros

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43

Asesoría CONTABLE coventants podrían exigirle no incrementar su nivel de endeudamiento.

• •

No modificar el accionariado de la empresa. No aumentar los gastos administrativos o de ventas de la organización.

II. TIPOS DE COVENANTS Existen muchos tipos de covenants; sin embargo, suelen clasificarse en cuatro grandes grupos:

• • • •

Covenants de hacer (positive covenants) Coventants de no hacer (negative covenants) Covenants financieros Covenants de información

Escenario COVID-19 En un escenario como el actual se pueden presentar situaciones que podrían alterar los contratos de deuda y los covenants. Por ejemplo, ante la falta de liquidez se podría optar por la venta de activos fijos. Esta operación se podría complicar si se tienen covenants que expresamente prohíben este tipo de acciones. Sin embargo, este tipo de restricciones se podrían evitar si se llega a un acuerdo con los acreedores.

3. Covenants financieros Los covenants financieros constituyen obligaciones de mantener ciertos indicadores financieros por parte de la entidad. Este pacto incluye compromisos de carácter general, pero también se desprenden de compromisos particulares que deberá cumplir la organización con el fin de no afectar dichos indicadores. Ejemplos:

1. Los covenants de hacer (positive covenants) Se les conoce también como positive covenants y pueden ser muy variados. Básicamente, se exige mantener asegurados los bienes financiados y asegurar su adecuado mantenimiento. También se les conoce como obligaciones de hacer. Ejemplos:

• •

Un determinado ratio de razón corriente.

• • •

Un determinado ratio de EBITDA.

Un determinado ratio de apalancamiento global de la empresa. Un determinado ratio de liquidez. Un determinado ratio de interest coverage ratio.

Renovar a tiempo ciertas licencias administrativas.

Escenario COVID-19

Renovar contratos indispensables para la organización.

Ante una situación de crisis económica tan fuerte como la actual, tal vez los covenants más difíciles de cumplir son los ratios financieros. En el escenario actual, donde la cuarentena y el impacto de la COVID-19 generaron una serie de quiebras o rompimiento de contratos y caídas de ventas, estas han impactado fuerte y negativamente en los ratios financieros de las organizaciones.

Escenario COVID-19 Debido a la crisis financiera, las organizaciones tienen que concentrarse en gastos y costos esenciales para su operatividad con el fin de mantener la liquidez necesaria para operar hasta la recuperación económica.

2. Los covenants de no hacer (negative covenants) Los covenants de no hacer, que son también conocidos como los negative covenants, son obligaciones de no hacer o de restricciones en determinadas actividades. Estos pueden ser muy variados y en muchos casos van a necesitar permiso previo de los acreedores para realizar alguna actividad mientras dure el periodo del crédito. Ejemplos:



• •

Compromiso de no otorgar ninguna garantía a futuros acreedores sin que los acreedores lo autoricen (negative pledge).



No distribución de dividendos mientras dure el préstamo.



No invertir en bienes de capital o no superar un monto permitido.



No vender activos fijos claves en la operatividad del negocio.

Bajo dicha coyuntura tan complicada, los departamentos financieros han tenido que monitorear sus resultados financieros y analizarlos con el fin de tomar decisiones a corto plazo que les pueda garantizar su operatividad. Adicionalmente, estos análisis también deberían servir para evaluar y tratar de cumplir con sus obligaciones contractuales de endeudamiento y los covenants financieros. En el caso de no poder cumplir con los resultados financieros, se debe comunicar a los acreedores y tratar de llegar a un acuerdo con ellos.

4. Impacto en el EBITDA El EBITDA (Earning Before Interess, Taxes, Depreciation and Amortizations), cuya traducción al español es el de ganancia antes de los intereses, impuestos, depreciación y amortización; es un indicador financiero muy utilizado en las organizaciones actuales para evaluar la rentabilidad de una empresa con el fin de obtener una medida aproximada de la operatividad de la misma.

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ENFOQUE FINANCIERO Es muy probable que las empresas tengan dificultades en alcanzar sus ratios financieros de liquidez y EBITDA de acuerdo a los covenants acordados antes de la pandemia, por ello recomendamos que las organizaciones deben orientarse a la generación de ingresos a medida que la economía se va recuperando y tal vez incursionar en líneas de negocios alternativas a su core business. Por otro lado, recomendamos un estricto control de costos y gastos, y mantener los estrictamente necesarios para la actividad económica.

Escenario COVID-19

Con respecto a los ratios de liquidez, es muy probable que se vean afectados por la crisis actual. Sin embargo, para poder mejorarlo, el departamento financiero deberá gestionar mayores créditos con sus proveedores, tal vez mayores a doce meses en algunos casos (subsidiarias de grupos económicos extranjeros), con el fin de reducir el pasivo corriente y mejorar los ratios de liquidez y de capital de trabajo. Con respecto a los ratios de solvencia, en este escenario actual es un poco más complejo disminuir los ratios de endeudamiento. Sin embargo, se podría mejorar con capitalización de deuda (en el caso de subsidiarias) o aportes de capital por parte de los accionistas.

5. Covenants de información El deudor tiene que proporcionar información periódica a los acreedores, que puede ir desde estados financieros trimestrales y/o anuales auditados hasta información financiera como flujos de caja, presupuestos, proyecciones de ventas que prueben que se están tomando ciertas acciones previstas en otros tipos de covenants. Es importante mencionar que también se debe incluir en este grupo de coventants la obligación de informar a tiempo si es que sucede un hecho excepcional que podría afectar los pagos de las deudas contraídas por la organización.

Sin perjuicio del impacto sustancial de la COVID-19 en los estados financieros y su adecuada revelación, las empresas deberán cumplir con presentar la información solicitada en los compromisos financieros acordados. Las empresas deben presentar a los acreedores la información financiera acordada en los contratos de deuda. Es necesario mencionar que esta información deberá reflejar los efectos de la crisis y registrar tales impactos de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad.

III. INCUMPLIMIENTO DE LOS COVENANTS (WAIVERS) El incumplimiento de covenants suele ser causa de resolución de un contrato; bajo este escenario, la consecuencia más extrema es hacer la declaración de un “event of default”, lo cual podría generar que el deudor tenga que reembolsar el préstamo por anticipación. Si bien es cierto que el incumplimiento de convenants suele ser causa de resolución del contrato, los acreedores prefieren renegociar los términos y condiciones del crédito en lugar de perjudicar a su cliente. Ante esta situación, se pueden exigir garantías adicionales como aumentar las tasas de interés, vender un activo o reforzar el paquete de covenants. En este escenario se configuran los denominados waiver, que constituyen autorizaciones de carácter temporal para el incumplimiento de uno o varios covenant concretos o adicionales. Es el deudor quién, a través de un escrito, debe dirigirse a los acreedores para solicitar permiso de incumplimiento, y los acreedores evaluarán si estas nuevas situaciones serán aceptadas o no. Escenario COVID-19

Ejemplos

• • •

Presentar estados financieros auditados anuales.

• •

Presentar reportes de flujos de caja.

Presentar estados financieros auditados trimestrales. Presentar presupuestos anuales y sus correspondientes ajustes trimestrales.

Presentar planes y proyecciones de ventas.

Muchas empresas pudieron haber celebrado un contrato de deuda y sus correspondientes covenants antes de la pandemia de la COVID-19. Es probable que algunas organizaciones puedan alcanzar estos objetivos mediante una planificación financiera preparada a esta nueva realidad. Sin embargo, de no poder cumplirlas, se debe negociar con los acreedores nuevas condiciones con el fin de evitar las penalidades que puedan complicar la operatividad de la organización.

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45

Asesoría CONTABLE

 CASO PRÁCTICO La empresa Rotecna S.A., en el 2019, adquirió un contrato de préstamo con la entidad financiera WRL Bank por un millón de soles, incluyendo en una de sus cláusulas mantener un EBITDA no menor al 30 % (covenant financiero) mientras dure el término del contrato. Sin embargo, debido a la crisis financiera, se estima que solo podría alcanzar un EBITDA del 12 % al cierre del 2020.



Se mantendrá solo al personal esencial de la empresa y se generarían unos ahorros por –KPEN172.



Se reducen los gastos de viajes y operativos en – KPEN13.



Se logran reducir los gastos de seguros y mantenimientos en –KPEN8.

Si se logran cumplir todos estos ajustes financieros y operativos, la compañía podría alcanzar un EBITDA de 31 %, logrando de esta forma cumplir con sus obligaciones y covenants financieros. ROTECNA PERÚ PRESUPUESTO 2020

Se le consulta al director financiero de la organización qué acciones se podrían implementar para alcanzar los compromisos acordados.

Estimación Nueva Cierre AJUSTES proyección 2020 P&L 2020

Proyección financiera al cierre del 2020:

Reporte expresado en miles de soles

ROTECNA PERÚ

Ingresos

830.00

PRESUPUESTO 2020

Total ingresos

830.00

Gastos subcontratistas

-27.90

12.00

Gastos de intermediarios

-37.60

5.00

Margen bruto

764.50 -515.30

172.00

-343.30 -13.20

Estimación Cierre 2020 Reporte expresado en miles de soles

-75.00

755.00 755.00 -15.90 -32.60 706.50

Ingresos

830.00

Gastos de empleados

Total ingresos

830.00

Gastos de viajes

-26.20

13.00

Gastos subcontratistas

-27.90

Gastos de seguros, mante.

-93.00

8.00

Gastos de intermediarios

-37.60

Gastos de telecomunicaciones

-14.30

-14.30

Margen bruto

764.50

Gastos de servicios profesionales

-5.80

-5.80

-515.30

Gastos de compliance

Gastos de empleados

-26.20

Otros gastos

Gastos de seguros, mante.

-93.00

Total gastos operativos

Gastos de telecomunicaciones

-14.30

EBITDA

99.00

Depreciación

-26.90

EBIT

72.10

-

207.10

Resultados antes de impuestos

72.10

-

207.10

Impuestos

-26.30

Resultados del periodo

45.80

-

180.80

EBITDA %

12 %

Gastos de viajes

Gastos de servicios profesionales

-5.80

Gastos de compliance Otros gastos

-9.90

Total gastos operativos

-665.50

EBITDA

99.00

Depreciación

-26.90

EBIT

72.10

-9.90

-85.00

-665.50

-9.90 193.00

-472.50 234.00 -26.90

Gastos / ingresos financieros

-26.30 31 %

Gastos / ingresos financieros Resultados antes de impuestos

72.10

Impuestos

-26.30

Resultados del periodo

45.80

EBITDA %

12 %

Solución: Con el fin de alcanzar las metas financieras y cumplir con los compromisos de deuda pactados, el director financiero de la organización propone los siguientes ajustes:



Después de analizar las ventas, estas podrían caer en KPEN 75.00.



Se reducen los gastos con los subcontratistas en – KPEN12.



Se reducen los gastos con los proveedores intermediarios en –KPEN5.

CONCLUSIONES Los covenants son requisitos o cláusulas establecidas en un contrato de préstamo, los cuales buscan garantizar el retorno del crédito. A nivel financiero, uno de los problemas que se presentan en las compañías debido a la pandemia de la COVID-19 es poder cumplir los acuerdos que se tomaron previamente, ello debido a que actualmente estamos en un escenario de crisis totalmente distinto y complicado. Ante esta situación, las empresas deberían enfocar todas sus estrategias financieras para poder cumplir con los contratos de deuda y sus coventants de una forma realista. De no poder alcanzarlas, se deberá proponer ciertas flexibilizaciones temporales a los acreedores con el fin de mantener la operatividad de las organizaciones y a la vez las buenas relaciones contractuales con sus acreedores.

46 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 43 - 46 a

Asesoría CONTABLE CASOS PRÁCTICOS

Resumen

Indemnización por seguro de bienes y baja de activo Para prevenir eventualidades negativas por hechos fortuitos o de fuerza mayor, las empresas celebran contratos con compañías de seguros a fin de obtener una indemnización, en caso de que se produzcan daños patrimoniales sobre los activos que posee y que han sido objeto de aseguramiento. En este sentido, de ocurrir el hecho incierto, contablemente se debe reconocer la pérdida sufrida, así como la indemnización o restitución monetaria cuando sea prácticamente cierta (derecho al cobro a la empresa aseguradora), en forma total o parcial, por los bienes perjudicados.

Martha ABANTO BROMLEY Contadora Pública Colegiada Certificada. Diplomada en especialización NIIF por el Colegio de Contadores Públicos de Lima y la Universidad de Piura. Diplomada en Gestión y Consultoría Tributaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Coordinadora del Área de Asesoría Contable de la revista Contadores & Empresas. Asesora contable-tributaria de Gaceta Consultores S.A.

Jorge CASTILLO CHIHUÁN Contador Público Colegiado Certificado por la Universidad de San Martín de Porres. Ex coordinador general del Centro de Orientación al Contribuyente del Colegio de Contadores Públicos de Lima (CCPL). Asesor tributario, contable y laboral de Contadores & Empresas, Gaceta Consultores S.A. y Soluciones Laborales. Conferencista en el Colegio de Contadores Públicos de Lima.

PALABRAS CLAVES: 0ndemnización / Compensación / Hechos fortuitos / Reconocimiento de ingresos y gastos / Póliza de seguro.

I. INDEMNIZACIÓN POR SEGURO Al contratar un seguro, se adquiere una promesa de pago o una prestación futura por los daños o perjuicios que se produzcan en los bienes asegurados, de lo que se desprende que el elemento esencial y característico en los seguros1 es el fin indemnizatorio; entendiéndose que la indemnización en el contrato de seguro “es la cantidad que se paga al beneficiario del contrato, y que es equivalente al valor comercial, valor factura o el convenido entre las partes, de los daños ocasionados a los bienes asegurados y hasta el límite de la suma asegurada”2.

Cabe señalar que existen diferentes tipos de seguros, pero aquellos a los que nos referiremos en la presente casuística son los seguros patrimoniales, entre los que se encuentran aquellos que se contratan contra incendio, robo y/o asalto, rotura de maquinaria, de transporte y multirriesgo.

Asegurado o Tenedor*

Contrato de seguro**

Aseguradora***

*

La parte del contrato de seguro que adquiere el derecho a ser compensado, en caso de producirse el evento asegurado.

**

Un contrato en el que una de las partes (la aseguradora) acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza), acordando compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto (el evento asegurado) que afecta de forma adversa al tenedor del seguro (véase el Apéndice B, que contiene guías sobre esta definición).

*** La parte que, en un contrato de seguro, tiene la obligación de compensar al tenedor del seguro en caso de que ocurra el evento asegurado.

1

2

Dan cobertura a los riesgos que puedan sufrir los bienes de propiedad del tomador del seguro y tienen como objeto indemnizar al asegurado por las pérdidas económicas que sufra su patrimonio como consecuencia de un siniestro en los bienes asegurados. .

De otro lado, es conveniente indicar que, en función del daño y perjuicio, el resarcimiento no necesariamente debe ser por el valor de la pérdida, pues también puede ser por el valor del bien.

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 47 - 53

47

Asesoría CONTABLE

 CASO PRÁCTICO Compensación parcial por pérdida de inventarios por incendio Una empresa comercializadora de prendas de vestir sufre en el mes de agosto del 2020 un incendio en uno de sus almacenes y como consecuencia se pierden mercaderías que tenían un valor en libros de S/ 10,500. La empresa había cubierto dichos bienes con un seguro contra incendios. ¿Cómo deberá reconocer la pérdida sufrida en el mes de agosto y el monto de la indemnización a recibir por la empresa aseguradora? Asimismo, ¿cómo efectuará la empresa el registro de la reposición de la mercadería adquirida por esta en el mes de octubre? Datos adicionales

• •

Verificación por parte del seguro : Setiembre



Compra nueva de mercaderías: S/ 12,000 más IGV (octubre)

Indemnización recibida del seguro: S/ 8,000 (octubre)

beneficios económicos que podían proceder de este y, en consecuencia, debe proceder a su baja. De lo anterior, cabe indicar que, conforme con el párrafo 34 de la NIC 2 Inventarios, una empresa debe reconocer como gasto las pérdidas en el periodo en que estas ocurran. Conforme con lo anterior, la pérdida de inventarios sufrida producto del incendio deberá reconocerse en el mes de agosto. En cuanto a la indemnización, esta constituye un ingreso para la empresa asegurada, toda vez que encaja dentro de la definición de ingreso descrita en el párrafo 4.68 del Marco Conceptual, esto es, un incremento en los activos o disminución en los pasivos que da lugar a incremento en el patrimonio, distinto de los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Registro contable Por lo antes descrito, y aplicando el criterio del párrafo 34 de la NIC 2, el costo de los inventarios siniestrados será reconocido como gasto en el periodo en que ocurra la pérdida.



Pérdida ocasionada por el incendio

ASIENTO CONTABLE: ------------------------------x---------------------------------65

Solución:

Otros gastos de gestión

10,500

659 Otros gastos de gestión

1. Aspecto contable

6593* Pérdida de inventarios 20

Es importante señalar que, con relación a los inventarios, la NIC 2 no regula expresamente el aseguramiento de bienes y su posterior reposición; en ese sentido, se debe aplicar por analogía el tratamiento previsto en otra NIIF que trate de tema similares3, siendo en este caso el criterio dispuesto en el párrafo 66 de la NIC 16, que señala que debe reconocer de manera separada la pérdida, las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como la reposición.

En este sentido, cuando se produce el incendio que destruye los inventarios de propiedad de la empresa asegurada, esta pierde el control sobre dichos bienes dado que deja de tener la capacidad de obtener los

10,500

201 Mercaderías 2011 Mercaderías 20111Costo x/x

Por la pérdida de mercaderías, agosto del 2020.

------------------------------x---------------------------------*

En relación con la pérdida del inventario, debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en el párrafo 5.26 del Marco Conceptual para la Información Financiera, la baja en cuenta4 “tiene lugar cuando esa partida no cumple ya la definición de un activo o de un pasivo”. Agrega dicho párrafo que, para un activo, la baja en cuentas normalmente ocurre cuando la entidad pierde el control5 de todo o parte del activo reconocido.

Mercaderías

Divisionaria sugerida.

Luego de la verificación del siniestro (setiembre) y aprobada la compensación económica por parte de la empresa de seguros o de la empresa ajustadora enviada por esta, la empresa tomadora del seguro deberá reconocer el derecho de cobro, tal como a continuación se muestra: ASIENTO CONTABLE: ------------------------------x---------------------------------16

Cuentas por cobrar diversas - Terceros

8,000

162 Reclamaciones a terceros 1621 Compañías aseguradoras 3 4

5

Párrafos 10 y 11 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. La baja en cuenta es la eliminación, total o parcial, de un activo o un pasivo reconocidos en el estado de situación financiera de una entidad. Véase el párrafo 4.20 del Marco Conceptual para la Información Financiera.

16211* Siniestro inventarios 75

Otros ingresos de gestión 759 Otros ingresos de gestión 7592 Reclamos al seguro 75921* Siniestro inventarios

48 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 47 - 53 a

8,000

CASOS PRÁCTICOS x/x

Aprobación de la indemnización el mes de setiembre.

x/x

Por el destino de los inventarios.

------------------------------x----------------------------------

------------------------------x---------------------------------*

Por la cancelación de la compra realizada en el mes de octubre.

Subdivisionarias sugeridas.

Asimismo, en la oportunidad del cobro, que ocurre en el mes de octubre, en el que se abona la indemnización en su cuenta corriente, se deberá dar de baja el derecho de cobro como se muestra a continuación:

ASIENTO CONTABLE: ----------------------------x---------------------------------42

ASIENTO CONTABLE:

Efectivo y equivalentes de efectivo

4212 Emitidas

8,000 10

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

Efectivo y equivalentes de efectivo

14,160

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

1041 Cuentas corrientes operativas 16

14,160

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

------------------------------x---------------------------------10

Cuentas por pagar comerciales terceros

Cuentas por cobrar diversas - Terceros

1041 Cuentas corrientes operativas

8,000

162 Reclamaciones a terceros

x/x

1621 Compañías aseguradoras

----------------------------x----------------------------------

Cancelación de la Fact. Nº xxx.

16211* Siniestro inventarios x/x

*

2. Aspecto tributario

Cobro realizado el mes de octubre.

------------------------------x----------------------------------

2.1. Impuesto a la Renta

Subdivisionaria sugerida.

a) Devengo

Por la reposición de las mercaderías a ser comercializadas. ASIENTO CONTABLE:

Gasto: respecto de la pérdida de los bienes siniestrados, debe tenerse en cuenta que el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que para la imputación del gasto debe observarse, en general, la fecha en la que se ha producido el hecho sustancial para su generación.

------------------------------x---------------------------------60

Compras

De lo antes indicado se tiene que el gasto se devenga cuando se han producido los hechos sustanciales, que se entiende es la oportunidad en la que ocurre el evento de caso fortuito o fuerza mayor6, sin perjuicio de que luego de ello se contraste con las condiciones para su deducibilidad, que se analizará en el siguiente literal.

12,000

601 Mercaderías 6011 Mercaderías 40

Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar

2,160

401 Gobierno nacional 4011 Impuesto General a las Ventas 40111 IGV - Cuenta propia 42

Cuentas por pagar comerciales terceros

14,160

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4212 Emitidas x/x

Provisión de compras realizadas el mes de octubre.

En este sentido, conforme con el segundo párrafo antes citado, se entiende que se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se

------------------------------x---------------------------------20

Mercaderías

12,000

201 Mercaderías 2011 Mercaderías 20111 Costo 61

Variación de inventarios 611 Mercaderías 6111 Mercaderías

Ingreso: respecto de las indemnizaciones, dispone el inciso a) del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta que: “En el caso de ingresos por prestaciones distintas a las mencionadas en los numerales precedentes, tales como indemnizaciones, intereses, incluyendo los señalados en el inciso e) del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 915 y el mutuo oneroso de bienes consumibles, el devengo se determina conforme a lo dispuesto en el segundo y tercer párrafos del inciso a) del presente artículo”.

12,000 6

Cabe indicar que, con anterioridad, el numeral 4 de la conclusión del Informe Nº 053-2012-SUNAT/4B0000 indicaba que debía tenerse en cuenta la oportunidad en la que ocurre el evento de caso fortuito o fuerza mayor.

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49

Asesoría CONTABLE hubieren fijado los términos precisos para su pago. Por consiguiente, se considerará devengado en la oportunidad en la que surge el derecho al cobro para el asegurado. b) Efecto de la pérdida Debe considerarse que, a fin de determinar la renta neta de tercera categoría, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el caso de pérdidas extraordinarias sufridas por fuerza mayor7, como en el caso planteado, solo serán deducibles en tanto el hecho haya afectado bienes productores de renta gravada y en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnización o seguros. De lo antes indicado se tiene que el gasto reconocido por la suma de S/ 10,500, en tanto es cubierto parcialmente por el seguro, solo será deducible en la parte no cubierta, esto es, en la suma de S/ 2,500 (S/ 10,500 S/ 8,000), más aún cuando los bienes afectados fueron inventarios que la empresa poseía para obtener rentas gravadas. En este sentido, deberá adicionar en su declaración jurada anual el monto de S/ 8,000. c) Indemnización Según el inciso b) del artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta, se encuentran gravadas con el citado impuesto las indemnizaciones destinadas a reponer, total o parcialmente, un bien del activo de la empresa, en la parte en que excedan del costo computable de ese bien8. De lo anterior se tiene que el importe que se reciba por concepto de compensación económica hasta el costo computable del bien se encuentra infecto. Veamos a continuación qué ocurre en este caso:

• • •

Monto indemnizado

:

S/ 8,000

Costo computable

:

S/ 10,500

Exceso percibido

:

S/

0

Según se aprecia, la indemnización recibida no supera el costo computable de los inventarios siniestrados, por lo que la totalidad de la indemnización obtenida por la compañía de seguro no califica como renta gravada, sino como renta inafecta. d) Costo computable De acuerdo al numeral 21.6 del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta, el costo computable será el que correspondía al bien repuesto, agregándose únicamente el importe adicional invertido por la empresa (si hubiera) si es que el costo de reposición excede el monto de la indemnización recibida.

7 8

Eventos que tienen como características las condiciones de extraordinario, imprevisible e irresistible. Salvo que se observe lo previsto en el inciso f ) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que implica que se contrate en el plazo de 6 meses y que la reposición de los bienes sea en el plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la percepción de la indemnización.

En consecuencia, en este caso, se tiene que al reponerse los bienes (inventarios) se incurre en un costo adicional de S/ 4,000 (S/ 12,000 - S/ 8,000); sin embargo, el costo del bien repuesto ascenderá a S/ 12,000, que corresponde al monto desembolsado en reponer el bien. 2.2. Impuesto General a las Ventas a) Retiro Dentro de los supuestos gravados con este impuesto se encuentra la venta de bienes muebles en el país, la cual incluye el concepto de retiro de bienes. A estos efectos, el numeral 2 del inciso a) del artículo 3 de la Ley del IGV establece que no se considera un retiro de bienes aquel que sea consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida, en tanto se encuentren debidamente acreditadas conforme dispongan las normas pertinentes. Para tal efecto, se requiere contar con el informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso, y con el respectivo documento policial, el cual deberá ser tramitado dentro de los diez (10) días hábiles de producidos los hechos o que se tome conocimiento de la comisión del delito, antes de ser requerido por la Sunat, por ese periodo9. En este caso, dado que se contaría con el informe emitido por la compañía de seguros, no se generaría el supuesto de retiro y, por ende, no deberá pagarse el IGV. b) Reintegro del crédito fiscal Si bien, conforme con el artículo 22 de la Ley del IGV, la desaparición, destrucción o pérdida de bienes cuya adquisición generó un crédito fiscal, así como la de bienes terminados en cuya elaboración se hayan utilizado bienes e insumos cuya adquisición también generó crédito fiscal, determina la pérdida del mismo, se exceptúa de esta obligación la desaparición, destrucción o pérdida de bienes que se produzca por caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual el numeral 4 del artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV requiere que se acredite en la forma señalada por el numeral 4 del artículo 2 del citado reglamento (ver literal anterior). Considerando lo señalado en el acápite anterior, al contar con el informe emitido por la compañía de seguros, la empresa tampoco se encontraría obligada a reintegrar el crédito fiscal generado en la adquisición de los bienes siniestrados. c) Crédito fiscal Con relación a la adquisición de inventarios, para reponer los bienes siniestrados, debe tenerse en cuenta que otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes que cumplan lo siguiente:

9

Numeral 4 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29-94-EF (Reglamento del TUO de la Ley del IGV).

50 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 47 - 53 a

CASOS PRÁCTICOS





Que sean permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto.

dispuesto por otra vía se contabilizará según lo establecido en la NIC 16.



La compensación de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se hubieran abandonado se incluirá en la determinación del resultado del periodo, en el momento en que la compensación sea exigible.



El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo rehabilitados, adquiridos o construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo con la NIC 16.

Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto10.

En el caso planteado se cumplen estas condiciones, por lo que se podrá tomar como crédito fiscal el IGV consignado en la factura del proveedor de los bienes adquiridos en el mes de octubre.

 CASO PRÁCTICO

Registro contable

Compensación por pérdidas de bienes de PPE inutilizados totalmente Una empresa que tiene asegurados sus vehículos para el transporte de bienes que comercializa a sus clientes con una póliza de seguros multirriesgo sufre un siniestro (incendio) en el mes de agosto de una de sus unidades de transporte que la incapacita totalmente. Dada la necesidad de dicho bien, la empresa adquiere una nueva unidad en forma inmediata antes del cobro del seguro (setiembre). ¿Cuál será el procedimiento a seguir si se sabe que el valor en libros de la unidad siniestrada es de S/ 32,000, neta de una depreciación acumulada de S/ 28,000, y que el importe a recibir por concepto de indemnización es de S/ 40,000? Datos adicionales

Según lo dispuesto por el párrafo 67 de la NIC 16, se debe dar de baja un elemento de PPE cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición, tal como ocurre en el caso del siniestro que incapacita totalmente el bien. En este sentido, deberá darse de baja en libro el importe no depreciado del bien en la oportunidad en la que se produjo el hecho, esto es, en el mes de agosto de 2020, el cual deberá reconocerse como gasto de conformidad con lo indicado en el párrafo 68 de la NIC 16, tal como se muestra a continuación: Activo

Costo de adquisición

Depreciación

Valor en libros

Vehículo

60,000

28,000

32,000

ASIENTO CONTABLE: ----------------------------x--------------------------------

• •

Verificación por parte del seguro : setiembre



Valor de la nueva unidad (más IGV): S/ 45,000 (se adquiere en setiembre)

65

Indemnización recibida del seguro: S/ 40,000 (octubre)

Solución:

6553* Baja de activo siniestrado Vehículo

1. Aspecto contable



10

La baja en cuentas de los elementos de propiedades, planta y equipo retirados o de los que se haya

Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 055-99-EF (TUO de la Ley del IGV).

32,000

655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas

39

En el caso de bienes conformantes del rubro de Propiedad, Planta y Equipo (PPE), señala específicamente el párrafo 66 de la NIC 16 Propiedades, planta y equipo que, en el caso de compensaciones procedentes de terceros por elementos de PPE, las pérdidas de los elementos de propiedades, planta y equipo son hechos separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o construcción de activos que reemplacen a los citados elementos. En este sentido, se contabilizarán de forma separada:

Otros gastos de gestión

Depreciación y amortización acumulados

28,000

395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo 3952 Depreciación acumulada - Costo 39525 Unidades de transporte 33

Propiedad, planta y equipo

60,000

334 Unidades de transporte 3341 Vehículos motorizados 33411 Costo x/x

Baja del vehículo, mes de agosto del 2020.

----------------------------x--------------------------------

En cuanto a la reposición efectuada por la empresa asegurada en el mes de setiembre, deberá efectuarse el siguiente asiento:

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 47 - 53

51

Asesoría CONTABLE ASIENTO CONTABLE:

7592 Reclamos al seguro

----------------------------x-------------------------------33

Propiedad, planta y equipo

75921* PPE - Vehículo 46,440

x/x

Reconocimiento del importe a ser indemnizado por el seguro.

334 Unidades de transporte

------------------------------x--------------------------------

3341 Vehículos motorizados 33411Costo 40

*

Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar

6,660*

Subdivisionarias sugeridas.

Por el abono en la cuenta corriente efectuada por la empresa de seguro en el mes de octubre del 2020, se efectuará el siguiente asiento:

401 Gobierno nacional 4011 Impuesto General a las Ventas

ASIENTO CONTABLE:

40111 IGV - Cuenta propia 46

Cuentas por pagar diversas - Terceros

----------------------------x--------------------------------

53,100

10

465 Pasivos por compra de activo inmovilizado

Efectivo y equivalentes de efectivo 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

4654 Propiedad, planta y equipo

1041 Cuentas corrientes operativas

46544** Vehículos motorizados x/x

40,000

16

Compra del nuevo vehículo, mes de setiembre del 2020.

Cuentas por cobrar diversas - Terceros

40,000

162 Reclamaciones a terceros

----------------------------x--------------------------------

1621 Compañías aseguradoras *

Véase análisis del IGV al final del presente caso.

**

Subdivisionaria sugerida.

16211* PPE - Vehículo x/x

Por la cancelación de la nueva unidad de transporte en el mes de setiembre, ante de percibir la indemnización del seguro:

Cuentas por pagar diversas - Terceros

53,100

2.1. Impuesto a la Renta

465 Pasivos por compra de activo inmovilizado

a) Devengo

4654 Propiedad, planta y equipo 46544* Vehículos motorizados 10

Efectivo y equivalentes de efectivo

53,100

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 1041 Cuentas corrientes operativas x/x

Cancelación de la Fact. Nº xxx, compra del vehículo.

------------------------------x-------------------------------*

Subdivisionaria sugerida.

Respecto del ingreso por concepto de indemnización, así como del gasto (pérdida del bien siniestrado), de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, estos se reconocerán cuando se hayan producido los hechos sustanciales para su generación. Lo antes indicado significa que el importe no depreciado del bien siniestrado se reconocerá en la oportunidad en la que se produjo el siniestro (agosto), mientras que la indemnización se reconocerá en la fecha en la que la empresa aseguradora reconoce el importe de la indemnización (setiembre). b) Deducción

Por la provisión de la indemnización reconocida por el seguro en el mes de setiembre: ASIENTO CONTABLE: ------------------------------x-------------------------------16

Subdivisionaria sugerida.

2. Aspecto tributario

------------------------------x-------------------------------46

----------------------------x-------------------------------*

ASIENTO CONTABLE:

Por el ingreso percibido de la compañía de seguro.

Cuentas por cobrar diversas - Terceros

40,000

162 Reclamaciones a terceros 1621 Compañías aseguradoras

Según lo dispuesto en el inciso d) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, las pérdidas extraordinarias sufridas por fuerza mayor11 serán deducibles a fin de determinar la renta neta de tercera categoría en tanto haya afectado a bienes productores de rentas gravadas y en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnización o seguros. En nuestro caso, siendo que el importe compensatorio (S/ 40,000) excede el importe en libros del bien (S/ 32,000), se tiene que la

16211* PPE - Vehículo 75

Otros ingresos de gestión

40,000 11

759 Otros ingresos de gestión

Eventos que tienen como características las condiciones de extraordinario, imprevisible e irresistible.

52 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • pp. 47 - 53 a

CASOS PRÁCTICOS totalidad del gasto ha sido cubierto y, por ende, no sería deducible. En consecuencia, deberá adicionarse en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta la suma de S/ 32,000. c) Indemnización Toda vez que la indemnización recibida excede del valor en libros del bien (costo computable), se tiene que el importe en exceso ascendente a S/ 8,000 (S/ 40,000 - S/ 32,000) se encontraría gravado con este impuesto. Sin embargo, es posible la inafectación total de la indemnización recibida, si se cumple con las siguientes condiciones:

• •

Se destina a la reposición total o parcial de dicho bien.



El bien se reponga en un plazo que no deberá exceder de dieciocho (18) meses contados a partir de la referida percepción.

La adquisición se contrate dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se perciba el monto indemnizatorio.

En nuestro caso se presenta una situación especial, pues, dada la necesidad de reponer a la brevedad posible la unidad de transporte, la empresa decidió reponer el bien con sus propios fondos con anterioridad al cobro de la indemnización en el mes de setiembre del 2020. En nuestra opinión, sin perjuicio de ello, no se puede negar que su destino era reponer el bien, por lo que se cumpliría con las condiciones, y el exceso (S/ 8,000) no se encontrará afecto al Impuesto a la Renta12. d) Costo computable De acuerdo al numeral 21.6 del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, el costo computable será el que corresponde al bien repuesto, agregándose únicamente el importe adicional invertido por la empresa (si hubiera) si es que el costo de reposición excede el monto de la indemnización recibida. En consecuencia, en este caso se tiene que al reponerse el bien (unidad vehicular) se incurre en un costo adicional de S/ 5,000 (S/ 45,000 - S/ 40,000), por lo tanto, el costo del bien repuesto ascenderá a S/ 37,000 (S/ 32,000 + S/ 5,000). 2.2. Impuesto General a las Ventas a) Retiro Dentro de los supuestos gravados con este impuesto se encuentra la venta de bienes muebles en el país, la cual incluye el concepto de retiro de bienes. A estos efectos, el numeral 2 del inciso a) del artículo 3 de la Ley del IGV establece que no se considera un retiro de bienes aquel

12

Cabe señalar que en la RTF Nº 06452-5-2009 se señaló que un escenario ideal sería aquel en el que el contribuyente que sufrió el siniestro reciba, en primer lugar, el monto de la indemnización y, posteriormente, adquiera con dicho efectivo otro activo en sustitución del bien que fue siniestrado; sin embargo, ello no necesariamente acontece en la realidad, pues podrían disponer de su propio capital, adquirirlo al crédito o solicitar un financiamiento para la adquisición del mismo y, una vez recibida la indemnización, destinarla a reponer el capital invertido o a cancelar los créditos obtenidos.

que sea consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida, en tanto se encuentren debidamente acreditadas conforme dispongan las normas pertinentes. Para tal efecto se requiere contar con el informe emitido por la compañía de seguros13. De esta manera, considerando que se contaría con el informe emitido por la compañía de seguros, no se generaría el supuesto de retiro y, por ende, no deberá pagarse el IGV. b) Reintegro del crédito fiscal Si bien la desaparición, destrucción o pérdida de bienes cuya adquisición generó un crédito fiscal conforme con el artículo 22 de la Ley del IGV determina la pérdida de este, se exceptúa de esta obligación la desaparición, destrucción o pérdida de bienes que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual se requiere contar con el informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso, y con el respectivo documento policial, el cual deberá ser tramitado dentro de los diez (10) días hábiles de producidos los hechos o que se tome conocimiento de la comisión del delito, antes de ser requerido por la Sunat, por ese periodo14. Considerando lo señalado en el acápite anterior, al contar con el informe emitido por la compañía de seguros, la empresa tampoco se encontraría obligada a reintegrar el crédito fiscal generado en la adquisición de los bienes siniestrados. c) Crédito fiscal Con relación a la adquisición de una nueva unidad de transporte para reponer los bienes siniestrados, debe tenerse en cuenta que otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes que cumplan lo siguiente:



Que sean permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto.



Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto15.

En el caso planteado debe advertirse que, dado que el costo computable del bien ascendería a S/ 37,000, solo en función de este importe podría tomarse el IGV como crédito fiscal. Conforme con lo anterior, en el caso planteado, el IGV que se podrá utilizar como crédito fiscal será de S/ 6,660 (S/ 37,000 x 18 %), mientras que el IGV que no otorga derecho al crédito fiscal S/ 1,440 (S/ 8,100 S/ 6,660) se incorporará al costo del bien para fines financieros.

13 14 15

Numeral 4 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29-94-EF (Reglamento del TUO de la Ley del IGV). Numeral 4 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 29-94-EF (Reglamento del TUO de la Ley del IGV). Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 055-99-EF (TUO de la Ley del IGV).

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Asesoría LABORAL CONTRATACIÓN LABORAL

Resumen

Derechos de los trabajadores a tiempo parcial Son trabajadores a tiempo parcial aquellos que laboran en promedio menos de cuatro horas diarias. Estos trabajadores gozan de los mismos derechos laborales reconocidos en favor de aquellos que laboran a tiempo completo, siempre que para su percepción no se requiera una mínima cantidad de horas de trabajo al día, como es el caso de la compensación por tiempo de servicios. En ese sentido, en el presente informe se enumeran todos aquellos derechos laborales que les corresponden a los trabajadores a tiempo parcial, sustentados normativamente.

Manolo Narciso TARAZONA PINEDO Asesor en materia laboral de Soluciones Laborales y Contadores & empresas.

PALABRAS CLAVES: Trabajador a tiempo parcial / Derechos laborales / Jornada laboral / Horas de trabajo.

I. TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Son trabajadores a tiempo parcial aquellos que laboran en promedio menos de 4 horas diarias. Para determinar si un trabajador labora o no a tiempo parcial, se suman todas las horas laboradas en la semana y se divide entre la jornada semanal de la empresa (entre cinco, si se labora de lunes a viernes; o entre seis, si se labora de lunes a sábado), si el resultado es inferior a cuatro, entonces, estaremos frente a un trabajador a tiempo parcial.

II. PRINCIPALES DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios sociales, siempre que para su percepción no se exija el cumplimiento de requisito mínimo de cuatro horas diarias de labor. En tal sentido, a continuación, desarrollaremos aquellos derechos de los que gozan estos trabajadores.

1. Remuneración mínima vital proporcional La remuneración mínima vital (RMV) es un monto básico fijo que se abona en favor de los trabajadores como contraprestación por la puesta a disposición de sus servicios. Actualmente, es equivalente a S/ 930.00 y

se otorga íntegramente en beneficio de todo trabajador que labore en promedio de cuatro a más horas diarias. Al constituir un monto base fijado por el Estado, no pueden abonarse sumas inferiores, sea por acuerdo individual o colectivo, pues de acreditarse pagos de remuneración inferiores al mismo –a pesar de cumplirse con el mínimo de horas requerido para su percepción– se estará incurriendo en la infracción tipificada en el numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT), aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR (29/10/2006), en el que se dispone que constituye infracción muy grave el “No pagar la remuneración mínima correspondiente”. Ahora, si bien no se pueden pagar montos menores a la RMV, no sucede lo mismo con los trabajadores bajo contrato a tiempo parcial, pues en este caso sí es posible abonar sumas por debajo de los S/ 930.00. Esto se deriva de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 091-92TR (08/04/1992), en cuyo artículo 3 dispone lo siguiente: “Cuando por la naturaleza del trabajo o convenio, el servidor labore menos de cuatro (4) horas diarias, percibirá el equivalente de la parte proporcional de la Remuneración Mínima Vital establecida tomándose como base para este cálculo el correspondiente a la jornada ordinaria del centro de trabajo donde presta servicios”. Es decir, los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a percibir una remuneración en proporción a la RMV, de acuerdo a las horas de trabajo. En tal sentido,

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C O N T R ATA C I Ó N L A B O R A L es posible abonarles montos mayores, pero nunca por debajo de dicha proporción.

2. Descanso semanal obligatorio y feriados El Decreto Legislativo Nº 713 dispone en el artículo 1 lo siguiente: “El trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgará preferentemente en día domingo”. En el mismo tenor, en el artículo 5 dispone que “[l]os trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados señalados en esta ley, así como en los que se determinen por dispositivo legal específico”. Como puede apreciarse, ninguno de los artículos citados contempla otros requisitos más que solamente tener la condición de trabajador para tener derecho al descanso, sea semanal o feriado. Por tanto, al tener la condición de trabajadores, al personal sujeto a un contrato a tiempo parcial también le asiste el derecho a tales descansos.

Sin embargo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio Nº 52 de la Organización Internacional del Trabajo, se puede concluir que los trabajadores a tiempo parcial sí tienen derecho al descanso vacacional. En dicho artículo se dispone lo siguiente: “1. Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por lo menos”. En consecuencia, al haber nuestro Estado ratificado el señalado convenio, los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a por lo menos seis días laborables de descanso.

4. Asignación familiar

3. Descanso vacacional De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 713 y el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 012-92-TR, para tener derecho a las vacaciones, el trabajador debe cumplir, en conjunto, con los siguientes requisitos:

• • •

tendrían derecho al descanso vacacional, por cuanto no cumplirían con el requisito de laborar por lo menos cuatro horas diarias.

Requisito Nº 1: laborar como mínimo 4 horas diarias. Requisito Nº 2: laborar un año completo de servicios.

Requisito Nº 3: haber laborado de forma efectiva cierta cantidad de días (260 días, si la jornada semanal es de lunes a sábado; y 210 días, si la jornada semanal es de lunes a viernes). En consecuencia, para que el trabajador tenga ganado el derecho al descanso vacacional necesariamente debe cumplir con los requisitos mencionados, pues de lo contrario, de faltar alguno de ellos, los trabajadores no podrían reclamarlo. Tomando en cuenta lo descrito, podría llegarse a la conclusión de que los trabajadores a tiempo parcial no

De acuerdo a lo regulado por los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25129, la asignación familiar es un derecho reconocido en favor de aquellos trabajadores de la actividad privada que tengan a su cargo:

• •

Uno o más hijos menores de 18 años. Hijos mayores de edad que se encuentren cursando estudios superiores o universitarios, hasta que culminen sus estudios o hasta que cumplan 24 años.

Es preciso mencionar que el número de hijos no tiene ninguna incidencia en el monto de la asignación, dado que su abono se da independientemente del número de hijos del trabajador. Es decir, si un trabajador tiene dos o más hijos, el monto correspondiente a la asignación será el mismo a aquel que se abona en favor del trabajador que solo tenga a su cargo un hijo. No obstante, la figura cambia en aquellos casos en los que la madre y el padre laboren en una misma empresa o para diferentes empresas:

SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES

FORMA DE ABONO

Si el padre y la madre laboran para la misma empresa

Ambos tendrán derecho a percibir la asignación familiar, no pudiendo en este caso negarse el empleador a pagar este beneficio a solo uno de los progenitores alegando que uno de los cónyuges o convivientes ya lo viene percibiendo.

Si un trabajador labora para más de un empleador

Este beneficio será abonado en forma independiente por cada uno de los empleadores.

El monto de la asignación es equivalente al 10 % de la RMV, es decir, S/ 93.00, monto fijo que se paga sin ninguna condición más que la de cumplir con los requisitos para su percepción. En consecuencia, al ser un monto que no se encuentra condicionado a una cantidad de horas mínimas de labores, los trabajadores a tiempo parcial que tengan hijos menores a su cargo o mayores que cursen estudios superiores o universitarios, tienen derecho a percibir los S/ 93.00 por concepto de asignación familiar. Si bien la Resolución Ministerial Nº 091-92-TR dispone el pago proporcional de la RMV, esta disposición no

alcanza a la asignación familiar, debiendo ser abonado íntegramente, independientemente de las horas de trabajo. Ello se desprende de la conclusión arribada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Informe Nº 028-2012-MTPE/2/14, en el que se ha dispuesto que: “Al revestir las Asignación Familiar un carácter social y estando su entrega vinculada al favorecimiento de los hijos del trabajador, no presenta un tinte contraprestativo que conlleve la posibilidad de sujetarla a ningún tipo de descuento, encontrándose el empleador obligado a otorgarlo en su integridad

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Asesoría LABORAL a todo aquel trabajador que acredite tener a su cargo hijos menores o mayores que cursando estudios superiores hasta seis años después de haber cumplido la edad mayor; siendo además base de cálculo de otros beneficios sociales por disposición expresa del legislador” (el resaltado es nuestro).

El artículo 3 de la Ley Nº 26790 dispone que son asegurados al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. De ese modo, considera como afiliados regulares a: “a) Los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores. (…)”.

5. Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad Por intermedio de la Ley Nº 27735 se regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada a percibir dos gratificaciones en el año, una con ocasión de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de Navidad. El artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2005-TR dispone que la referida ley es aplicable a los trabajadores de la actividad privada con contratos a plazo indeterminado o fijo, así como aquellos contratados a tiempo parcial. En consecuencia, como el artículo 2 de la citada ley refiere que el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponda otorgar el beneficio, el monto a abonar a los trabajadores a tiempo parcial será equivalente la remuneración mensual pactada en el contrato.

6. Participación en las utilidades El artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 892 regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. El artículo 5 de dicho dispositivo dispone que tienen derecho a este beneficio los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecida en la empresa, y aquellos cuya jornada sea inferior a la máxima establecida también participarán en las utilidades en forma proporcional a la jornada trabajada. Para el caso de los trabajadores con jornadas a tiempo parcial, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 009-98-TR, en su segundo párrafo, dispone lo siguiente: “Tratándose de trabajadores que laboren a tiempo parcial, se sumará el número de horas laboradas de acuerdo a su jornada, hasta completar la jornada ordinaria de la empresa”. En consecuencia, de la concordancia entre las normas citadas se concluye que los trabajadores con contrato a tiempo parcial tendrán derecho a participar en las utilidades de las empresas generadores de renta de tercera categoría, siempre que la suma de sus horas laboradas complete la jornada establecida por la empresa donde laboran.

7. Seguro social en salud El Seguro Social de Salud (EsSalud) otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales.

Por tanto, como no se pide otro requisito más que solo tener la condición de trabajador activo dependiente, los trabajadores a tiempo parcial son considerados como afiliados regulares de EsSalud. En consecuencia, así los trabajadores a tiempo parcial perciban ingresos mensuales inferiores a la RMV, los empleadores tienen la obligación de aportar al seguro, como mínimo, el 9 % de S/ 930.00. Ello en virtud de lo contemplado en el artículo 6 de la señalada ley.

8. Seguro social en pensiones Para el caso del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 014-74-TR dispone que son afiliados obligatorios: “a) Los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, cualquiera que sea la duración del contrato de trabajo y/o el tiempo del trabajo por días, semana o mes”. Para el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 054-97-EF dispone que: “Corresponde a los trabajadores, cualquiera sea la modalidad de trabajo que realicen, afiliarse a las AFP (…).” De los citados dispositivos se puede apreciar que los trabajadores a tiempo parcial deben ser afiliados obligatoriamente a cualquiera de los dos sistemas pensionarios, según su elección.

9. Seguro de Vida Ley El artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 688 dispone que: “El trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, a partir del inicio de la relación laboral”. Por otro lado, el Decreto Supremo Nº 009-2020-TR dispone que: “Tienen derecho al seguro de vida: a) Los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral y modalidad contractual al que se sujeten”. Al no disponerse como requisito una cantidad mínima de horas para gozar de este derecho, a los trabajadores a tiempo parcial también se les considera beneficiarios del mismo.

10. Derechos colectivos El artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR dispone que: “El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación, sin autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros”. Por su parte, en el artículo 12 se contempla, entre otros requisitos, que: “Para ser miembro de un sindicato se requiere: a) ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato”. En tal sentido, los trabajadores a tiempo parcial también tienen derecho a sindicalizarse y practicar actos inherentes al sindicato.

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Asesoría LABORAL FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES LABORALES

Resumen

Consideraciones sobre la casilla electrónica de la Sunafil La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha implementado un sistema informático de notificación electrónica con la finalidad de que los empleadores y trabajadores (principalmente) puedan hacer uso de la casilla electrónica y verificar las comunicaciones enviadas en los procedimientos administrativos y actuaciones a cargo de la Sunafil, así como por motivo de acciones de prevención, orientación y difusión. En el presente artículo se verifican los aspectos más relevantes sobre el uso de este buzón informático.

Equipo de CONTADORES & EMPRESAS

PALABRAS CLAVES: Casilla electrónica / Usuario / Documentos / Obligaciones / Cronograma.

I. REGULACIÓN NORMATIVA Con relación a la obligatoriedad y uso de la casilla electrónica, podemoçs citar las siguientes disposiciones normativas: BASE NORMATIVA a) Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

El artículo 11 de la ley indica que las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica.

b) Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo

El artículo 12, numeral 12.1, literal b) de esta norma señala que una de las modalidades para iniciar actuaciones de investigación o comprobatorias es el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica.

c) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

El artículo 20, numeral 20.1.2 reconoce las modalidades válidas de notificación. Asimismo, el numeral 20.4 establece que mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se aprueba la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.

d) Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL

Con esta norma se regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, con miras a efectuar notificaciones, en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Sunafil a través de su Sistema Informático de Notificación Electrónica.

e) Resolución de Gerencia General N° 17-2020-SUNAFIL-GG, que aprueba la Directiva N° 0022020-SUNAFIL/GG denominada “Normas para el funcionamiento del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil”

Con la presente directiva se establecen disposiciones sobre el uso y funcionamiento del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Sunafil.

II. CASILLA ELECTRÓNICA 1. Definición Es el buzón electrónico asignado al usuario, creado en el Sistema Informático de Notificación Electrónica (Sinel)

de la Sunafil, cuyo propósito es el trámite seguro y confiable de las notificaciones en el marco de los procedimientos administrativos y actuaciones de la Sunafil. La casilla electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio.

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Asesoría LABORAL

2. Importancia Su importancia radica en ser un medio ágil y moderno de comunicación, mediante el cual se informa a los administrados los actos y actuaciones administrativas a cargo de la Sunafil. Asimismo, sirve como un mecanismo de orientación y de requerimiento para el cumplimiento de determinadas obligaciones laborales, tales como la información sobre el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, cumplimiento de obligaciones relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, hostigamiento sexual, entre otros.

A fin de recibir las alertas, los usuarios están obligados a mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería. En caso de cambio o modificación de los datos de contacto registrados, el usuario debe actualizar la información en la opción correspondiente de la casilla electrónica.

6. Documentos objeto de notificación A través de la casilla electrónica se pueden notificar documentos relacionados a: Notificaciones

3. Sistema Informático de Notificación Electrónica (Sinel)

Medidas inspectivas.

Es el sistema web que transmite y almacena la información de las notificaciones vía casilla electrónica, sobre los procedimientos administrativos y actuaciones de la Sunafil, tales como:

Resoluciones emitidas en el marco del procedimiento administrativo sancionador o en el marco del procedimiento de ejecución coactiva.

a)

Otros que sean necesarios para el trámite del procedimiento y/o actuación de la autoridad inspectiva de trabajo.

Diligencias preliminares a la fiscalización laboral.

b) Actuaciones inspectivas comprobatoria. c)

Informe de actuaciones inspectivas.

de

investigación

o

Actuaciones inspectivas de consulta o asesoramiento técnico.

7. Obligaciones del usuario El usuario debe cumplir las siguientes obligaciones: a)

d) Procedimiento administrativo sancionador (PAS). e)

Procedimiento de cobranza ordinaria.

f)

Procedimiento de ejecución coactiva.

Adicionalmente, la casilla electrónica podrá ser utilizada para la comunicación de acciones de prevención, orientación y difusión en el marco de la función inspectiva, tales como: a)

Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen.

b) Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sinel. c)

Acciones de orientación y prevención.

Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne.

b) Alertas sobre el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

8. Contenido de las notificaciones

4. Asignación de usuario

La notificación vía casilla electrónica debe contener lo siguiente:

La asignación de un usuario para acceder a la casilla electrónica se efectúa a los administrados que participan en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Sunafil. En ese sentido, pueden acceder a la casilla electrónica: a)

El empleador.

Los representantes de los trabajadores u organización sindical.

El texto íntegro del acto o actuación administrativa, incluyendo su motivación y anexos, de corresponder.

b) La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado, de corresponder. c)

b) El trabajador. c)

a)

El órgano de la Sunafil del cual procede el acto o actuación administrativa y su dirección.

d) Administrados con interés legítimo.

d) La fecha de vigencia de la actuación o acto administrativo notificado y la mención de si agota la vía administrativa, de corresponder.

5. Alertas

e)

La Sunafil comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sinel, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (envío de mensajes a teléfonos móviles). Estas alertas se realizan una vez efectuado el depósito en la casilla electrónica por los responsables de los documentos materia de notificación.

Asimismo, los documentos notificados vía casilla electrónica deben encontrarse firmados digitalmente, según el procedimiento establecido en la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento.

La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos.

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FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES LABORALES

9. Constancia de notificación La constancia de la notificación realizada vía casilla electrónica es incorporada en el expediente correspondiente por las unidades orgánicas y los órganos desconcentrados de la Sunafil a cargo del procedimiento administrativo o actuación inspectiva. La constancia contiene la fecha y hora del depósito, la misma que será impresa e incorporada en el expediente correspondiente.

administrativa se vean imposibilitados de efectuar la notificación vía casilla electrónica utilizando el Sinel, usan las otras modalidades de notificación1, en el siguiente orden de prelación: Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. Mediante telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

10. Validez La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

Por publicación en el diario oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo portal institucional, en caso de que la entidad cuente con este mecanismo.

11. Efecto La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso de que tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida.

La Sunafil, a través de su órgano competente, adopta las acciones que correspondan para atender la situación que imposibilitó el uso de la notificación vía casilla electrónica.

El cómputo de los plazos expresados en días se inicia el día hábil siguiente de aquel en que la notificación vía casilla electrónica surte efectos, salvo que en el acto administrativo notificado se señale una fecha distinta.

14. Cronograma de implementación

12. Régimen de horas para efectos de la notificación De acuerdo al artículo 12, numeral 12.2 de la versión 3 del Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/INII, para el caso de la notificación de requerimientos de información que se realice a través de la casilla electrónica o por correos electrónicos, se considera un régimen de horas, lo cual implica que cuando el depósito en la casilla se efectúe a partir de las 17:31 horas, esta surte sus efectos el día hábil siguiente y, en razón de este último, se inicia el cómputo de los plazos. Ejemplo: notificación realizada un jueves 24/09/2020 a las 17:00 h.

Depósito: Jueves 24/09/2020

Efectos de notificación: Jueves 24/09/2020

Inicio de cómputo de plazo: Viernes 25/09/2020

La implementación de la casilla electrónica se ha venido realizando de forma progresiva. Así, de conformidad con la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, que aprueba el cronograma de implementación para el funcionamiento del Sinel, se pueden verificar las fechas de implementación de este sistema hasta fines del presente año para efectos de la notificación de documentos relacionados a actuaciones y procedimientos de la actuación inspectiva, ejecución de obligaciones, así como acciones de orientación y prevención.

III. USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA Para acceder por primera vez al Sistema de Casilla Electrónica, se debe ingresar al portal institucional de la Sunafil (www.sunafil.gob.pe) y buscar la opción “Casilla Electrónica”, la cual está integrada por las secciones “Empleador” y “Trabajador”. Una vez asignada la casilla electrónica al usuario, esta es considerada como el domicilio digital obligatorio a través del que se notifican los documentos generados en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Sunafil.

Ejemplo: notificación realizada un jueves 24/09/2020 a las 17:31 h.

Depósito: Jueves 24/09/2020

Efectos de notificación: Viernes 25/09/2020

Inicio de cómputo de plazo: Lunes 28/09/2020

13. Imposibilidad de uso de la notificación vía casilla electrónica Cuando las unidades orgánicas, los órganos desconcentrados de la Sunafil y la Intendencia de Lima Metropolitana a cargo del procedimiento o actuación

1

Previstas en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de acuerdo al orden de prelación previsto en dicho artículo.

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Asesoría LABORAL

1. Casilla electrónica (trabajador) Primer paso: registrarse a fin de generar un usuario y contraseña (el usuario es el número de documento de identidad). Como parte de sus datos de contacto, el trabajador debe consignar un correo electrónico y/o número de celular, a efectos de recibir las alertas de notificación.

Segundo paso: ingresar al sistema y visualizar las notificaciones. En “inspecciones” se mostrarán las notificaciones, al dar clic en el botón “ver” se mostrará el detalle.

2. Casilla electrónica (empleador) Primer paso: según los datos de la Sunat, colocar RUC/DNI y clave SOL. Si se ingresa por primera vez, se deben colocar los datos personales para el envío de alertas (correo electrónico y/o número de celular).

Segundo paso: en “inspecciones” se mostrarán las notificaciones y se podrán visualizar los documentos, al dar clic en el botón “ver” se mostrará el detalle. Asimismo, se podrá adjuntar documentos y responder preguntas solicitadas por la Sunafil. No olvidar grabar cada llenado en la plataforma.

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Asesoría LABORAL SEGURIDAD SOCIAL

Resumen

Procedimiento de validación de certificados médicos para el cobro de subsidios La pandemia generada por la COVID-19 ha generado varios retos para los trabajadores y empleadores, quienes han visto obstaculizados los procedimientos administrativos regulares para el acceso a las prestaciones económicas por incapacidad y maternidad. Así, el cumplimiento de los requisitos formales –como lo es el contar con un certificado particular validado por EsSalud– ha sido difícil, si no imposible, ante los cambios y adecuaciones realizados a nivel administrativo. En ese sentido, es importante considerar la regulación existente a la fecha y los mecanismos de trámite habilitados, a efectos de no incurrir en un error que pueda perjudicar tanto al trabajador como al empleador.

Analí Shihomara MORILLO VILLAVICENCIO Asesora en materia laboral de Soluciones Laborales y Contadores & Empresas.

PALABRAS CLAVES: CITT / Reembolso / Subsidio / Incapacidad / Maternidad / Validación de certificados.

El presente informe tiene como objetivo desarrollar brevemente las reglas aplicables para la validación de certificados y los cambios actuales en su tramitación.

INTRODUCCIÓN

I. ¿QUÉ ES UNA VALIDACIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO?

Los procedimientos administrativos de EsSalud se han visto perjudicados en el contexto actual de pandemia, por lo que el Estado ha debido adoptar las medidas necesarias para impedir que la imposibilidad o dificultades para la realización de trámites a nivel de EsSalud perturben el adecuado ejercicio de derechos de trabajadores y empleadores.

La validación de certificados médicos es el acto realizado por el médico de control, el cual consiste en validar el certificado médico particular o el certificado de salud expedido en el país o en el extranjero, a fin de otorgar el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT), previa evaluación de las evidencias médicas y documentarias que sustenten dicho certificado y considerando los criterios técnicos contenidos en la “Guía de Calificación de la Incapacidad”1 2.

Es en ese sentido que EsSalud ha habilitado algunos mecanismos virtuales que permiten la continuidad de trámites sin que sea necesario que los trabajadores y empleadores deban dirigirse a sus instalaciones. Asimismo, recientemente se ha flexibilizado la aplicación del plazo máximo para la validación o canje de certificados médicos. Ambas acciones son expresión de la necesidad de virtualización y flexibilidad de los formales procedimientos administrativos, respectivamente, lo que resulta ser una exigencia para la efectiva protección de los derechos de los trabajadores, quienes aún tienen dificultades para obtener los documentos médicos que sustenten sus delicadas situaciones de salud.

Dicho de otro modo, la validación de certificados médicos es el procedimiento por el cual se evalúan los certificados médicos no emitidos por EsSalud, a efectos de que se emita el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT).

1 2

Anexo 19 de la Resolución de Gerencia General Nº 1311-GGESSALUD-2014. Artículo 3.24 del Decreto Supremo N° 013-2019-TR.

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Asesoría LABORAL

1. ¿Qué es el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT)? El Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) es el documento oficial por el cual se hace constar el tipo de contingencia y la duración del periodo de incapacidad temporal para el trabajo. Es otorgado por EsSalud al asegurado titular que se encuentre acreditado y que tenga derecho al mismo. Se tiene derecho a su emisión según la evaluación del tipo de seguro y característica de cobertura que generan los subsidios por incapacidad temporal para el trabajo o maternidad3. Este documento es expedido obligatoriamente por el médico que realiza la atención y, en algunas patologías, puede ser emitido por el odontólogo u obstetra. Asimismo, la información que contenga deberá ser registrada en la historia clínica del asegurado.

1. Subsidio por incapacidad temporal El derecho al subsidio por incapacidad temporal para el trabajo se adquiere a partir del vigésimo primer día de incapacidad, es decir, desde el día número veintiuno (21), hasta el término de la misma. El plazo máximo para el otorgamiento del subsidio es de 11 (once) meses y diez (10) días en cada caso de enfermedad, en tanto no realice trabajo remunerado5. En ese sentido, durante los primeros veinte (20) días de incapacidad, el empleador continúa obligado al pago de la remuneración. Para tal efecto, la empresa acumula los días de incapacidad remunerados durante cada año calendario por trabajador a su cargo. Estos primeros veinte (20) días deben ser sustentados con el CITT o certificados médicos.

2. Subsidio por maternidad II. ¿PARA QUÉ PROCEDIMIENTOS RESULTA NECESARIA LA VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS? La validación de certificados médicos resulta necesaria para los trámites de reembolso de subsidios que se otorgan a los trabajadores por causa de enfermedad o accidente y por maternidad. Cabe precisar que el subsidio4 es la prestación dineraria de duración determinada que otorga EsSalud con el fin de sustituir la pérdida de ingresos frente a una situación de incapacidad temporal para el trabajo o maternidad, o que tiene por objeto coadyuvar frente a necesidades de mayor gasto como lo son los casos de lactancia y de sepelio.

N° 1

2

El pago del subsidio por maternidad es el monto en dinero al cual tiene derecho la asegurada titular en actividad durante los noventa y ocho (98) días de goce del descanso por alumbramiento, a fin de resarcir el lucro cesante como consecuencia del mismo. La asegurada, para acceder al subsidio, deberá tener derecho de cobertura y vínculo laboral al momento de la contingencia, durante el periodo subsidiado y al momento de la concepción6. Cabe precisar que el subsidio se extenderá por treinta (30) días adicionales en los casos de nacimiento múltiple o de niños con discapacidad.

3. Reembolso de subsidios por incapacidad y maternidad

PRESTACIÓN ECONÓMICA

RESPONSABLE DEL PAGO

¿ES NECESARIO CONTAR CON UN CITT?

Subsidio por incapacidad temporal

EMPLEADOR, quien tiene derecho a reembolso.



Subsidio por mater- EMPLEADOR, quien nidad tiene derecho a reembolso.



N° 1

3

Subsidio por lactancia

ESSALUD

NO

4

Subsidio por sepelio

ESSALUD

NO

De acuerdo a lo expuesto, el otorgamiento de las prestaciones económicas que requieren del Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) se da del siguiente modo:

2

Solo resulta necesario contar con el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT), por tanto, es indispensable validar los certificados médicos no emitidos por EsSalud, en los casos de subsidios por incapacidad temporal y por maternidad, ya que, en ambos supuestos, el responsable de pagarlos con posterior derecho a reembolso es el empleador. Asimismo, en el caso de los subsidios por lactancia y sepelio no se requiere de la acreditación de la imposibilidad de laborar, ya que se generan ante contingencias concretas como son el nacimiento del hijo del asegurado titular y la muerte del asegurado titular, respectivamente.

Artículo 3.6 del Decreto Supremo N° 013-2019-TR. Artículo 3.19 del Decreto Supremo N° 013-2019-TR.

Subsidio por inca- Desde el día núpacidad temporal mero 21 de descanso en adelante. Subsidio por maternidad

Durante todo el periodo de descanso: 98 días.

DOCUMENTO QUE PERMITE EL REEMBOLSO

CITT

CITT

7



REQUISITOS PARA TRAMITAR EL REEMBOLSO DE SUBSIDIOS

1

Estar al día en el pago de las aportaciones que dan derecho al otorgamiento de las prestaciones económicas.

2

Presentar el Formulario Nº 1040 - Formulario para Pago de Prestaciones Económicas, en la forma, plazo y condiciones debidos.

Artículo 36 del Decreto Supremo N° 013-2019-TR. Por excepción, de acuerdo a los artículos 10 y 42 del Decreto Supremo N° 013-2019-TR, a las aseguradas agrarias no se les requiere que cumplan el requisito de haber estado afiliadas al momento de la concepción. Artículo 18 del Decreto Supremo N° 013-2019-TR.

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OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO

Los requisitos para el cobro de subsidios son los siguientes7:

5 6 3 4

PRESTACIÓN ECONÓMICA

SEGURIDAD SOCIAL 3

Contar con el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) del trabajador subsidiado.

4

Adjuntar la documentación complementaria que resulte exigible según se detalle en la parte especial.

c) En caso de que el asegurado no esté afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) o seguro médico particular, se adjuntará copia de los recibos por honorarios profesionales, copia de factura o copia de boleta de venta de la atención medica recibida. REQUISITOS2

Actualmente, debido a la pandemia generada por la COVID-19, la tramitación de los subsidios se realiza a través de la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado (Viva-EsSalud)8.

III. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN? El procedimiento de validación de certificados médicos era antes conocido como canje de certificados. Consiste en sustituir los certificados médicos emitidos por particulares por el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo y se sujeta a las siguientes reglas:

d) En caso de EPS o seguros médicos particulares, se adjuntará la documentación que sustente la atención recibida (copia de la liquidación de gastos, copia de la preliquidación de atención ambulatoria, copia de la orden de atención en farmacia, copia del reporte de consumo por afiliado o copia de la carta de garantía). -

30 días hábiles desde la emisión del certificado particular4.

-

No existe dicho plazo máximo si nos encontramos en los siguientes supuestos: a) Certificados médicos de asegurados que por la distancia no puedan realizar el trámite dentro del plazo establecido. b) Certificados médicos de asegurados hospitalizados o postrados en cama. c) Certificados médicos de maternidad. d) Certificados médicos emitidos en el extranjero5.

-

En el establecimiento de salud al cual está adscrito el asegurado; o En el Centro de Validación de la Incapacidad Temporal (Cevit) de la Red Asistencial, de ser el caso.

PLAZO PARA TRAMITARLO

REGLAS PARA LA VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS Cuando se solicite la validación de un certificado médico que incluya días anteriores al vigésimo primer día de incapacidad del asegurado, se entregará el (los) Certificado(s) de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) por todo el periodo a reconocer, siempre que se cumpla con todos los documentos que sustenten la incapacidad. Cuando el médico de control detecte irregularidades o presuma la falsedad de los documentos presentados, comunicará a la Dirección del Establecimiento de Salud, que devolverá la documentación por escrito al empleador del asegurado comunicándole el hallazgo, para las acciones correspondientes, remitiendo una copia a la Oficina de Gestión de la Incapacidad Temporal y a la Sub Gerencia de Auditoría de Certificaciones y Evaluación Médica de la Gerencia de Prestaciones Económicas. CONSIDERACIONES INICIALES1

En caso de que el expediente de validación haya sido observado, se le otorgará treinta (30) días hábiles al usuario para la subsanación de las observaciones; vencido el plazo, de cumplir con los requisitos, el Centro de Validación de la Incapacidad Temporal (Cevit) resolverá emitiendo el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) por los días de incapacidad temporal que las evidencias medicas lo justifiquen; caso contrario se notificará al usuario, devolviéndose el expediente.

LUGAR DEL TRÁMITE6 1 2 3 4 5

6

REGLAS PARA LA VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS a) Copia de las indicaciones médicas recibidas en la fecha de la atención. Si la atención fue brindada por consulta externa

Si la atención fue brindada durante la hospitalización

El médico de control que evalúa el expediente de validación valorará el contenido del documento y no la forma, pues no es facultad institucional normar los formatos a utilizar por terceros para la emisión de los certificados médicos.

Si la atención fue brindada en el servicio de Emergencia1

a) Presentación del anexo Nº 103: “Formulario para trámite de validación de certificados médicos por contingencias comunes” debidamente llenado y firmado.

1

10 Puede acceder a esta a través del siguiente enlace: https://viva.essalud.gob.pe/viva/login

b) Copia de resultados de exámenes de ayuda al diagnóstico que sustenten la incapacidad, de corresponder. a) Copia de la epicrisis; en los casos de tratamientos quirúrgicos se adjuntará además la copia del reporte operatorio. b) Copia de resultados de exámenes de ayuda al diagnóstico que confirmen la incapacidad, de corresponder. a) Copia de las indicaciones médicas que sustenten la atención. b) Copia de resultados de exámenes de ayuda al diagnóstico que confirmen la incapacidad, de corresponder.

El médico de control podrá solicitar un informe médico, en caso de incapacidad mayor a 20 días o que las evidencias médicas no justifiquen el impedimento, el informe médico deberá contener toda la información necesaria que justifique los días de incapacidad emitidos.

El médico de control es el profesional responsable y acreditado para realizar el procedimiento de validación de certificados. El procedimiento de validación es gratuito y se desarrolla del siguiente modo10:

9

8

Apartado 6.2.4.1 de la Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014. Apartado 6.2.4.2 de la Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014 Anexo de la Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014. Apartado 6.2.4.1.1 de la Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014. Excepciones incorporadas por la Resolución de Gerencia General Nº 1148-GGESSALUD-2019, de fecha 8 de agosto de 2019, la cual modifica la Directiva Nº 15-GGESSALUD-2014, aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 1311-GG-ESSALUD-2014. Apartado 6.2.4.1.2 de la Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014

Cabe precisar que, dependiendo del tipo de atención, se deberán adjuntar documentos adicionales. Así, tenemos lo siguiente9:

Durante el proceso de validación no se podrá devolver por segunda vez el expediente al usuario considerando observaciones que en la primera devolución no se precisaron.

b) Certificado médico con los siguientes datos: nombres y apellidos del paciente, diagnóstico descriptivo o en CIE 10, periodo de incapacidad (inicio y de fin), fecha de otorgamiento del certificado médico, firma del profesional de la salud tratante acorde con el Reniec, sello legible del profesional de la salud tratante y, en caso de que haya sido emitido en el extranjero, deberá estar visado o apostillado por el consulado.

-

Apartado 6.2.4.3 de la Resolución de Gerencia General N° 1311GG-ESSALUD-2014. Los plazos se encuentran estipulados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Seguro Social de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2016-TR, modificado

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Asesoría LABORAL PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS

1

3

2

Emisión del certificado particular.

30 días hábiles

5

Presentación de la solicitud de validación de certificado.

4

Resolución de la solicitud.

3 días hábiles

IV. PLAZO EXCEPCIONAL DE VALIDACIÓN EN RAZÓN A LA COVID-19 Mediante la Resolución de Gerencia General Nº 1063GG-ESSALUD-2020, publicada el 22 de setiembre de 2020, el Estado ha autorizado, de manera excepcional, la presentación de los certificados médicos particulares emitidos fuera del plazo de treinta (30) días hábiles que la Resolución de Gerencia General Nº 1311-GG-ESSALUD-2014 establece para dicho procedimiento11, mientras dure la emergencia sanitaria a causa de la COVID-1912. Por tanto, de acuerdo a lo indicado en la norma, no se aplicará dicho plazo máximo para la validación de:

11

12

Resolución de la solicitud.

3

Subsanación de observaciones.

Cabe precisar que actualmente, por causa de la COVID-19, el procedimiento de validación de certificados se viene realizando de manera virtual en el caso de Lima y Callao. Para ambos casos es posible tramitar los canjes a través de la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado (VIVA-EsSalud: ). Para la realización de este trámite no se requiere registrarse en el sistema, ya que es un trámite que se puede realizar sin usuario y contraseña.

NO SE APLICA EL PLAZO MÁXIMO PARA

EXPRESADO EN FECHAS DEL CALENDARIO

1

Certificados médicos emitidos treinta (30) días hábiles antes de la emergencia sanitaria.

Certificados emitidos desde el 30 de enero de 2020 hasta el 11 de marzo de 2020.

2

Certificados médicos emiti- Certificados emitidos desde el dos durante la emergencia 12 de marzo de 2020 hasta el 6 sanitaria. de diciembre de 2020.



3 días hábiles

por la Resolución Ministerial Nº 109-2019-TR (Anexo 2), así como en el apartado 6.2.4.1 de la Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014. Plazo establecido en el apartado 6.2.4.1.1 de la Directiva Nº 15-GGESSALUD-2014, “Normas y Procedimientos para la Emisión, Registro y Control de las Certificaciones Médicas por Incapacidad y Maternidad en ESSALUD”, la cual es aprobada por la referida Resolución de Gerencia General Nº 1311-GG-ESSALUD-2014. La emergencia sanitaria ha sido declarada por el Ministerio de Salud, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y prorrogada mediante los Decretos Supremos N°s 020-2020-SA y 027-2020-SA.

30 días hábiles

Expediente observado y devuelto.

En ese sentido, los trabajadores y empleadores podrán validar los certificados médicos no emitidos por EsSalud sin necesidad de estar dentro del referido plazo de 30 días hábiles, siempre que los certificados hayan sido emitidos desde el 30 de enero de 2020 hasta el fin de la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 6 de diciembre de 2020. Esto permitirá que muchos casos en los que no se pudo acreditar un descanso y correspondiente pago de subsidio por no haberse validado el respectivo Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) puedan ser subsanados.

CONCLUSIONES



Los requisitos para la validación de certificados médicos son los siguientes: a) presentación del anexo Nº 10: “Formulario para trámite de validación de certificados médicos por contingencias comunes”; b) certificado médico con nombres y apellidos del paciente, diagnóstico descriptivo o en CIE 10, periodo de incapacidad, fecha de otorgamiento del certificado, firma del profesional de la salud tratante, sello legible del profesional de la salud tratante y, en caso de que haya sido emitido en el extranjero, deberá estar visado o apostillado por el consulado; c) si el asegurado no está afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) o seguro médico particular, se adjuntará copia de los recibos por honorarios profesionales, copia de factura o copia de boleta de venta de la atención médica recibida; y d) en caso de EPS o seguros médicos particulares, se adjuntará la documentación que sustente la atención recibida.



La validación de certificados actualmente puede realizarse a través de la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado (VIVA-EsSalud), para lo que no se requerirá de usuario y contraseña. Solo será necesario el llenado de los campos del formulario de la web para la presentación de la solicitud de validación.



La validación de certificados médicos emitidos desde 30 días hábiles antes de la emergencia sanitaria hasta la culminación de la misma, es decir, desde el 30 de enero de 2020 hasta el 6 de diciembre de 2020 podrá realizarse sin aplicación del plazo máximo de 30 días hábiles desde la fecha de emisión del certificado, el cual era la regla general.

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Asesoría EMPRESARIAL INFORME ESPECIAL

Resumen

La contratación asociativa como alternativa en tiempos de crisis: aspectos a tener cuenta en su celebración Ante la necesidad de replantear nuevas modalidades de hacer negocios producto de la pandemia, para desarrollar un negocio en la actualidad surge la idea de constituir una empresa que materialice el emprendimiento de las personas; no obstante, existen otras formas de asociarse que pueden resultar más eficientes y dinámicas respecto de la tradicional idea de crear una sociedad. En este ámbito se encuentran los contratos asociativos, regulados en la Ley General de Sociedades, los cuales cumplen y satisfacen la misma necesidad sin tener que constituir una persona jurídica de por medio.

Héctor J. GÓMEZ BERMEO Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo, con mención en Tributación por ESAN Graduate School of Business. Egresado de la Maestría en Derecho Civil por la Universidad de San Martín de Porres. Egresado del Programa de Educación Ejecutiva (PEE) en Derecho Financiero por la ESAN Graduate School of Business. Autor de artículos y libros relacionados a Derecho corporativo.

PALABRAS CLAVES: Ley General de Sociedades / Asociación en participación / Consorcio / Contratos asociativos / Pandemia.

INTRODUCCIÓN Evidentemente, el reinicio de actividades producto de la ejecución de las fases de reactivación del Gobierno han generado nuevos retos a los empresarios, lo cual se traduce en la posibilidad de cambiar de giro de negocio o, incluso, en tomar nuevos rumbos de emprendimiento, para lo que necesitan asociarse con alguien más para que esa idea de negocio se pueda materializar. En este contexto, un emprendedor1 tiene claramente una finalidad lucrativa, lo que evidencia un plan de negocios diseñado por éste en el cual debería tener todos los microprocesos que son necesarios para el desarrollo de ese potencial negocio. Sin perjuicio de esto, el empresario la mayoría de las veces se enfrenta a limitantes como, por ejemplo, el acceso a financieras, conocimientos en la cadena de distribución del

1

Debe entenderse en este contexto al emprendedor como a aquella persona que ejecuta acciones de organización, coordinación, dirección y control del proceso productivo de bienes o de prestación de servicios, sin importar si esta persona actúa como persona natural o incluso en representación de una persona jurídica.

producto en sí, estrategia de posicionamiento de marca, estudios de mercado, entre otros. Ante estas limitantes, el emprendedor necesita asociarse con terceros que cuenten con la experiencia necesaria o con el capital de trabajo para poder empezar con la producción del emprendimiento. Dicho esto, es regular que, como acto reflejo, el emprendedor considere que es necesario crear una persona jurídica o, si ya es una persona jurídica constituida, constituir otra subsidiaria para desarrollar esa línea de negocio. Sin perjuicio de esto, la creación de una persona jurídica representa en sí abordar complejidades como:

Determinar cuán flexible serán los socios en la libertad de transferir su participación en el negocio. Especificar un sistema de facultades que debe tener cada órgano de la administración de la sociedad. Tener un mecanismo complejo de disolución y liquidación una vez que el negocio en cuestión haya culminado. En ese sentido, la finalidad del presente informe es abordar esquemas con mayor amplitud y flexibilidad de asociación respecto de la figura tradicional que es la constitución de una sociedad bajo el amparo de cualquiera de

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Asesoría EMPRESARIAL las modalidades establecidas en la Ley General de Sociedades (en adelante, la LGS) o, en su defecto, si estamos frente a una persona jurídica ya constituida, reemplazar la idea del ingreso de un nuevo socio a la sociedad o incluso una fusión, con la celebración de contratos asociativos, los cuales se encuentran regulados en el libro quinto de la LGS2.

empresa mercantil sin verse obligado a intervenir en la gestión ni arriesgar mayor capital que el aportado”3. Dicho esto, entre los caracteres más relevantes de este contrato tenemos los siguientes: Al ser el objeto del ASPA la asignación de una participación en el resultado o en las utilidades de uno o varios negocios que desarrolle el asociante, el riesgo de éxito en la generación de utilidades del negocio en cuestión versa en la experiencia del asociante en el mercado en el que se desenvuelve.

Como cuestión previa, debemos entender que este tipo de contratos puede ser bilateral o plurilateral, el cual sirve como instrumento para satisfacer las necesidades o actividades particulares de los contratantes y que cumple diversos tipos de funciones como: 1)

Cambio de titularidad

2)

Financiera

3)

Extintiva

4)

Colaboración gestora

5)

Colaboración asociativa

En lo relacionado al asociado, que es en buena cuenta el socio silencioso en la ejecución del negocio, la LGS a esta prestación la denomina como “contribuciones”, lo cual no implica una “aportación” bajo las reglas mencionadas en la LGS. La razón de esto es que un aporte, conforme el artículo 22 de la LGS1, supone una transferencia de propiedad de los bienes que integrarán el capital social de una sociedad debidamente constituida, extremo que no guarda perfecta correlación con lo que sucede en el ASPA por cuanto no se genera una persona jurídica de por medio.

Dicho esto, en el presente informe analizaremos los alcances y las obligaciones que cada una de las partes deberían asumir en dos tipos de contratos asociativos, cada uno con características propias, que son: i) la asociación en participación, regulada en los artículos 440 al 444 de la LGS; y ii) el consorcio, regulado en los artículos 445 al 448 de la LGS.

Es un contrato de exclusividad en favor del asociado, toda vez que, conforme a lo establecido en el artículo 442 de la LGS, el asociante se encuentra impedido de incluir a terceros en el negocio objeto del ASPA, si es que para estos efectos no cuenta con el consentimiento expreso del asociado. Conforme fluye de la definición de los contratos asociativos, regulada en el artículo 438 de la LGS, estos tienen como formalidad que sean escritos, teniendo en consideración adicionalmente que dichos contratos no se inscriben en el Registro Público.

I. ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 1. Definición y caracteres

Es un contrato de duración temporal, pudiendo ser determinado o determinable, quedando al arbitrio de las partes la asignación del plazo de duración. Asimismo, para la extinción del contrato no resulta necesario realizar un procedimiento equivalente a la disolución y liquidación de sociedades regulada en la LGS.

El contrato de asociación en participación (en adelante, ASPA) es un contrato asociativo, regulado en los artículos 440 al 444 de la LGS, el cual es definido en los siguientes términos: “Artículo 440.- Contrato de Asociación en Participación

2. Esquema

Es el contrato por el cual una persona, denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada contribución”.

A efectos de graficar mejor la relación de los intervinientes del ASPA, tenemos que identificar dos momentos, el primero relacionado al nacimiento de las obligaciones, y el segundo cuando el negocio a cargo del asociante ha generado utilidades y toca realizar la distribución de las mismas.

Sobre la base de esta definición, podemos determinar que: TERCEROS

“[U]na y otra forma de partición capitalista responden al mismo estímulo asociativo: el de obtener un aumento patrimonial sin los inconvenientes que tiene el préstamo para quien necesita dinero, como puede ser la obligación de pagar un interés fijo y de restituir íntegramente el capital recibido.

ASOCIADO

Este deseo armoniza con el contrario del otro contratante: el de participar en las ganancias de una

2

Conforme a lo establecido en el artículo 438 de la Ley General de Sociedades, “se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro”.

3

TERCEROS

ASOCIANTE

TERCEROS

Titular de un negocio o una idea de negocio que necesita bienes o liquidez para desarrollar el negocio.

ASOCIADO

ELÍAS LAROZA, Enrique. Comentarios a la Ley General de Sociedades. Normas Legales, Lima, 1999.

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Otorgan una contribución para recibir una utilidad convenida.

INFORME ESPECIAL Bajo este esquema, tenemos en un primer momento a los asociados otorgando contribuciones al asociante, para que este, de forma personal, se encargue de ejecutar todas las prestaciones necesarias para el desarrollo del negocio, incluyendo relacionarse con terceros, ya sean bancos, proveedores, entre otros. En tal contexto, los asociados no tienen ninguna relación contractual con los terceros. En el próximo esquema tenemos un ASPA dentro de un contexto en donde el negocio ha generado utilidades. En tal sentido, deberá el asociante generar la liquidación íntegra de todos los costos y gastos, de forma previa a la asignación de la utilidad prometida a favor de los asociados, conforme al siguiente esquema:

ASOCIADO

ASOCIANTE

Se le atribuye la utilidad prometida conforme al contrato celebrado.

Generada la utilidad, se deducen costos y gastos.

ASOCIADO





Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del consorcio que se le encargan y aquellas a que se ha comprometido. Al hacerlo, debe coordinar con los otros miembros del consorcio conforme a los procedimientos y mecanismos previstos en el contrato”. Partiendo de esta definición, la gran diferencia que tiene el consorcio respecto del ASPA es que en el consorcio existe, necesariamente, la participación de todos los contratantes en la ejecución del negocio; no obstante, ningún contratante pierde su autonomía en la ejecución de las prestaciones que cada uno hubiera acordado durante la celebración del contrato. Lo que se debe tener en claro es que en este contrato no existe la figura del “socio silencioso”, cada parte se obliga con terceros en la ejecución de sus respectivas prestaciones para el desarrollo del negocio. Ahora bien, el consorcio como contrato presenta los siguientes caracteres: Es un contrato en el que no existe una diferencia sobre la calidad de las partes, es decir, todos los contratantes se asocian únicamente en calidad de “consorciados”.

3. Recomendaciones



un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía.

Debido a que es el asociante quien finalmente se obliga frente a terceros, los asociados deben regular formas específicas para determinar la forma en que se viene ejecutando el plan de negocios en cuestión. Por lo tanto, establecer medios de fiscalización para verificar el avance del negocio resulta una necesidad. Se deben establecer los eventos en específico y los plazos en que los asociados tendrán derecho a recibir la utilidad del negocio en cuestión, debiendo señalar en el contrato los porcentajes que a cada asociado le corresponde. En caso de que las contribuciones que realice el asociado tengan que volver a su esfera de dominio después de la ejecución del negocio, es necesario regularlo expresamente en el contrato, por cuanto existe la presunción de que todos los bienes contribuidos por los asociados son propiedad del asociante. Sin perjuicio de lo indicado, no estaría de más incorporar obligaciones de confidencialidad entre las partes que conforman el ASPA a modo de garantizar la adecuada conducta de los emprendedores.

II. CONSORCIO 1. Definición y caracteres El contrato de consorcio es un contrato asociativo, que se encuentra regulado en los artículos 445 al 448 de la LGS, el cual es definido de la siguiente forma: “Artículo 445.- Contrato de Consorcio Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en

Debe ser entendido como un contrato de riesgo compartido, en el cual existe una participación directa de los contratantes en el negocio en específico, en el cual cada consorciado actúa bajo su propia cuenta y riesgo, en relación con las prestaciones acordadas en el contrato de consorcio. La naturaleza de las prestaciones que asume cada consorciado es de naturaleza “autónoma” debido a que, en concordancia con lo establecido en el artículo 447 de la LGS, cada contratante se “vincula individualmente con terceros”, con lo cual se evidencia que las prestaciones presentes en este caso no tienen una relación de dependencia. Debido a dicha naturaleza, surge la necesidad, eminentemente operativa, de que los contratantes nombren a un administrador del contrato, el cual en la práctica se encarga de interrelacionar los avances de las prestaciones de los consorciados e incluso la atribución de las utilidades, llegado el caso. La celebración del consorcio no genera la creación de una persona jurídica, es por ello por lo que no existe propiamente una denominación social ni una representación de corte orgánico por parte de sus representantes. Sin embargo, para efectos de índole tributaria, cuando el consorcio cuente con contabilidad independiente respecto de las partes que lo conforman, este ostentará la calidad de persona jurídica, debiendo ser inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), tener una denominación asignada y contar con un representante ante la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat). En términos de responsabilidad, el consorcio, si bien no constituye una persona jurídica en sí, es capaz de contraer obligaciones con terceros, para lo cual, ante un evento, este tercero se vea afectado de alguna forma por un incumplimiento de obligaciones, podrá presentar una demanda contra el consorcio, estando los consorciados obligados de forma mancomunada al cumplimiento de las obligaciones contraídas.

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Asesoría EMPRESARIAL

2. Esquemas Al igual que en el ASPA, en el consorcio se presentan dos momentos, el primero relacionado con el nacimiento del contrato en sí y cómo se desarrollará esa relación contractual, y en un segundo momento, la oportunidad de repartir la utilidad que genera el negocio.

Terceros

Terceros

Consorciado

Consorciado

Terceros

Terceros

Negocio

Tomemos por ejemplo que los consorciados están desarrollando el negocio de la construcción de una carretera, para estos efectos un consorciado se encargará del soporte logístico, y el otro consorciado se encargará del financiamiento y control administrativo de la obra de principio a fin. Ambas actividades se traducirían en las contribuciones que cada uno realiza al consorcio de forma independiente. Producida la utilidad, el administrador o el órgano extrasocietario que los consorciados hubieran creado para tal efecto procederán con la repartición de las utilidades generadas en el negocio, siempre que se haya generado la liquidación de gastos y costos correspondientes.

3. Recomendaciones







La creación de un órgano de administración es de vital importancia a efectos de que los consorciados puedan realizar coordinaciones entre sí. Esto permitirá generar un mejor control sobre el avance de las prestaciones que cada consorciado tiene a su cargo. Teniendo en consideración el tipo de prestaciones que tiene el consorcio, ante un evento de incumplimiento de algún consorciado es recomendable establecer remedios como, por ejemplo, la posibilidad de disminuir el porcentaje de la utilidad asignada a un consorciado en caso de que este no cumpla con la prestación a su cargo. La creación de órganos extrasocietarios dependerá de la cantidad de consorciados que participen en el consorcio, por cuanto, mientras más consorciados tengan, será más necesario crear juntas de consorciados para dejar constancia de todas las decisiones que se deberán tomar con ocasión de la ejecución del negocio, contrataciones significativas, entre otros.



Si bien este tipo de esquemas no genera la creación de una persona jurídica, no significa que los consorciados no puedan regular, dentro del mismo contrato de consorcio, aspectos como la posibilidad de crear una futura persona jurídica, si es que, por ejemplo, el desarrollo del negocio se hace una constante. En este extremo, la complejidad de este contrato debería incluir aspectos asociados a la futura administración, así como la distribución de la participación accionaria, entre otros aspectos.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Primero. Para poder ejecutar un negocio, existen alternativas a la figura tradicional de la constitución de una persona jurídica, como lo son los contratos asociativos, los cuales permiten cumplir la misma finalidad con una mayor flexibilidad que la constitución de una sociedad. Segundo. El tipo de contrato asociativo que mejor se ajuste a las necesidades de los contratantes dependerá, en específico, de cuánto involucramiento las partes del contrato tendrán en el negocio. Tercero. Por ejemplo, si uno de los contratantes tiene como finalidad generar una rentabilidad específica aportando un bien (sea dinerario o no), sin que este intervenga en el negocio en cuestión, el tipo de contrato que satisfará tal necesidad sería el de asociación en participación. Cuarto. En caso de que el negocio que las partes quisieran ejecutar requiera la participación activa de todos los contratantes, será necesario estructurar un consorcio para ese tipo de operaciones, delimitando el alcance de cada prestación respecto de todos los consorciados que intervengan en el contrato.

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INDICADORES TRIBUTARIOS(*)

CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES MENSUALES - EJERCICIO 2020 PERIODO TRIBUTARIO Enero 2020 Febrero 2020 (1) Febrero 2020 (2) Febrero 2020 (5) Marzo 2020 (3) Marzo 2020 (4) Marzo 2020 (6) Abril 2020 (3) Abril 2020 (4) Abril 2020 (6) Mayo 2020 (3) Mayo 2020 (4) Mayo 2020 (6) Junio 2020 (3) Junio 2020 (4) Junio 2020 (6) Julio 2020 (3) Julio 2020 (6) Agosto 2020 (3) Agosto 2020 (6) Setiembre 2020 Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020

Buenos contribuyentes y UESP

FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC 0

1

2y3

4y5

6y7

8y9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

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20/02/2020 19/03/2020 09/06/2020 07/07/2020 22/04/2020 18/06/2020 16/07/2020 21/05/2020 09/07/2020 11/08/2020 18/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/07/2020 11/08/2020 09/09/2020 20/08/2020 18/09/2020 18/09/2020 13/10/2020 21/10/2020 19/11/2020 21/12/2020 21/01/2021

21/02/2020 20/03/2020 10/06/2020 08/07/2020 23/04/2020 19/06/2020 17/07/2020 22/05/2020 10/07/2020 12/08/2020 19/06/2020 21/07/2020 21/08/2020 21/07/2020 12/08/2020 10/09/2020 21/08/2020 21/09/2020 21/09/2020 14/10/2020 22/10/2020 20/11/2020 22/12/2020 22/01/2021

24/02/2020 23/03/2020 11/06/2020 09/07/2020 24/04/2020 22/06/2020 20/07/2020 25/05/2020 13/07/2020 13/08/2020 22/06/2020 22/07/2020 24/08/2020 22/07/2020 13/08/2020 11/09/2020 24/08/2020 22/09/2020 22/09/2020 15/10/2020 23/10/2020 23/11/2020 23/12/2020 25/01/2021

Base legal: Anexo I Resolución de Superintendencia (R.S.) N° 269-2019/SUNAT y modificatorias (1) Para los deudores tributarios cuyos ingresos netos sean mayores a 2300 UIT, según cronograma original en el Anexo I de la R.S. N° 269-2019 /SUNAT. (2) Para deudores tributarios que en el ejercicio gravable 2019 hubieran obtenido ingresos netos de hasta 2,300 UIT y hayan sido designados como principales contribuyentes al 31/05/2020 de acuerdo a la R.S. N° 055-2020/SUNAT modificada por la R.S. N° 099-2020/SUNAT publicada el 30/05/2020. (3) Para deudores tributarios cuyos ingresos netos sean mayores a 5000 UIT, según cronograma original en el Anexo I de la R.S. N° 269-2019/SUNAT. (4) Para los deudores tributarios que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT y hayan sido designados como principales contribuyentes al 31/05/2020, de acuerdo a la R.S. N° 065-2020/SUNAT, modificada por las R.S. N° 075-2020/SUNAT, publicada el 29/04/2020 y la R.S. N° 099-2020/SUNAT, publicada el 30/05/2020. (5) Para los deudores tributarios que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 2,300 UIT y no hayan sido designados como principales contribuyentes al 31/05/2020, de acuerdo a la R.S. N° 099-2020/SUNAT publicada el 30/05/2020. (6) .Para los deudores tributarios que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT y no hayan sido designados como principales contribuyentes al 31/05/2020, de acuerdo a la R.S. N° 099-2020/SUNAT, publicada el 30/05/2020.

CRONOGRAMA TIPO A FECHA MÁXIMA DE ATRASO DE LOS REGISTROS DE COMPRAS Y DE VENTAS E INGRESOS (SEAN GENERADOS MEDIANTE EL SLE-PLE O EL SLE-PORTAL) Aplicable para contribuyentes que se encuentran obligados o que voluntariamente llevan sus libros de manera electrónica ENERO A DICIEMBRE 2020 MES AL QUE CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN Enero 2020 Febrero 2020 (1) Febrero 2020 (2) Febrero 2020 (5) Marzo 2020 (3) Marzo 2020 (4) Marzo 2020 (6) Abril 2020 (3) Abril 2020 (4) Abril 2020 (6) Mayo 2020 (3) Mayo 2020 (4) Mayo 2020 (6) Junio 2020 (3) Junio 2020 (4) Junio 2020 (6) Julio 2020 (3) Julio 2020 (6) Agosto 2020 (3) Agosto 2020 (6) Setiembre 2020 Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020

Buenos contribuyentes y UESP

FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC 0

1

2y3

4y5

6y7

8y9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13/02/2020 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 15/04/2020 11/06/2020 09/07/2020 14/05/2020 02/07/2020 04/08/2020 11/06/2020 13/07/2020 13/08/2020 13/07/2020 04/08/2020 02/09/2020 13/08/2020 11/09/2020 11/09/2020 02/10/2020 14/10/2020 12/11/2020 14/12/2020 14/01/2021

14/02/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/04/2020 12/06/2020 10/07/2020 15/05/2020 03/07/2020 05/08/2020 12/06/2020 14/07/2020 14/08/2020 14/07/2020 05/08/2020 03/09/2020 14/08/2020 14/09/2020 14/09/2020 05/10/2020 15/10/2020 13/11/2020 15/12/2020 15/01/2021

17/02/2020 16/03/2020 04/06/2020 02/07/2020 17/04/2020 15/06/2020 13/07/2020 18/05/2020 06/07/2020 06/08/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/07/2020 06/08/2020 04/09/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/09/2020 06/10/2020 16/10/2020 16/11/2020 16/12/2020 18/01/2021

18/02/2020 17/03/2020 05/06/2020 03/07/2020 20/04/2020 16/06/2020 14/07/2020 19/05/2020 07/07/2020 07/08/2020 16/06/2020 16/07/2020 18/08/2020 16/07/2020 07/08/2020 07/09/2020 18/08/2020 16/09/2020 16/09/2020 07/10/2020 19/10/2020 17/11/2020 17/12/2020 19/01/2021

19/02/2020 18/03/2020 08/06/2020 06/07/2020 21/04/2020 17/06/2020 15/07/2020 20/05/2020 08/07/2020 10/08/2020 17/06/2020 17/07/2020 19/08/2020 17/07/2020 10/08/2020 08/09/2020 19/08/2020 17/09/2020 17/09/2020 12/10/2020 20/10/2020 18/11/2020 18/12/2020 20/01/2021

20/02/2020 19/03/2020 09/06/2020 07/07/2020 22/04/2020 18/06/2020 16/07/2020 21/05/2020 09/07/2020 11/08/2020 18/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/07/2020 11/08/2020 09/09/2020 20/08/2020 18/09/2020 18/09/2020 13/10/2020 21/10/2020 19/11/2020 21/12/2020 21/01/2021

21/02/2020 20/03/2020 10/06/2020 08/07/2020 23/04/2020 19/06/2020 17/07/2020 22/05/2020 10/07/2020 12/08/2020 19/06/2020 21/07/2020 21/08/2020 21/07/2020 12/08/2020 10/09/2020 21/08/2020 21/09/2020 21/09/2020 14/10/2020 22/10/2020 20/11/2020 22/12/2020 22/01/2021

Base legal: Anexo II de la R.S.N° 269-2019/SUNAT y modificatoria. (1) Para los deudores tributarios cuyos ingresos netos sean mayores a 2,300 UIT, según cronograma original en el Anexo II de la R.S. N° 269-2019 /SUNAT. (2) Para deudores tributarios que en el ejercicio gravable 2019 hubieran obtenido ingresos netos de hasta 2,300 UIT y hayan sido designados como principales contribuyentes al 31/05/2020 de acuerdo a la R.S. N° 055-2020/ SUNAT, modificada por la R.S. N° 099-2020/SUNAT, publicada el 30/05/2020. (3) Para deudores tributarios cuyos ingresos netos sean mayores a 5,000 UIT, según cronograma original en el Anexo II de la R.S. N° 269-2019/SUNAT. (4) Para los deudores tributarios que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT y hayan sido designados como principales contribuyentes al 31/05/2020, de acuerdo a la R.S. N° 065-2020/SUNAT modificadas por las R.S. N° 075-2020/SUNAT publicada el 29/04/2020 y la R.S N° 099-2020/SUNAT publicada el 30/05/2020. (5) Para los deudores tributarios que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 2,300 UIT y no hayan sido designados como principales contribuyentes al 31/05/2020, de acuerdo a la R.S N° 099-2020/SUNAT, publicada el 30/05/2020. (6) Para los deudores tributarios que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT y no hayan sido designados como principales contribuyentes al 31/05/2020, de acuerdo a la R.S. N° 099-2020/SUNAT, publicada el 30/05/2020.

(*) Los indicadores tributarios señalados en la presente sección únicamente son referenciales. Nota: Los cronogramas de vencimientos completos pueden ser consultados en: .

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • p. 69

69

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS(1)

TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA - (Del 15 al 29 de Setiembre de 2020) TASA ACTIVA EN MONEDA NACIONAL - TAMN DÍAS

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TAMN 12,45 12,42 12,38 12,34 12,34 12,34 12,36 12,38 12,41 12,45 F. Acumulado * 5375,10920 5376,85746 5378,60096 5380,33970 5382,07900 5383,81887 5385,56198 5387,30831 5389,05918 5390,81596 F. Diario 0,00033 0,00033 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 0,00033 0,00033

25

26

27

12,44 5392,57202 0,00033

12,44 5394,32865 0,00033

12,44 5396,08585 0,00033

28

29

12,45 12,51 5397,84492 5399,61261 0,00033 0,00033

TASA DE INTERÉS LEGAL EN MONEDA NACIONAL DÍAS

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

TILMN (%) F. Acumulado * F. Diario

1,15 7,75850 0,00003

1,15 7,75875 0,00003

1,15 7,75900 0,00003

1,14 7,75924 0,00003

1,14 7,75949 0,00003

1,14 7,75973 0,00003

1,15 7,75998 0,00003

1,15 7,76022 0,00003

1,15 7,76047 0,00003

1,15 7,76072 0,00003

1,14 7,76096 0,00003

1,14 7,76120 0,00003

1,14 7,76145 0,00003

1,14 7,76169 0,00003

1,15 7,76194 0,00003

DÍAS

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

TAMEX F. Acumulado * F. Diario

6,37 0,00017 24,47684

6,38 0,00017 24,48104

6,40 0,00017 24,48526

6,40 0,00017 24,48948

6,40 0,00017 24,49370

6,40 0,00017 24,49792

6,38 0,00017 24,50213

6,39 0,00017 24,50635

6,40 0,00017 24,51057

6,39 0,00017 24,51479

6,33 0,00017 24,51897

6,33 0,00017 24,52315

6,33 0,00017 24,52733

6,35 0,00017 24,53153

6,39 0,00017 24,53575

DÍAS

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

TILME F. Acumulado * F. Diario

0,32 2,09325 0,00001

0,32 2,09327 0,00001

0,32 2,09329 0,00001

0,32 2,09331 0,00001

0,32 2,09333 0,00001

0,32 2,09335 0,00001

0,31 2,09337 0,00001

0,31 2,09338 0,00001

0,31 2,09340 0,00001

0,31 2,09342 0,00001

0,31 2,09344 0,00001

0,31 2,09346 0,00001

0,31 2,09347 0,00001

0,31 2,09349 0,00001

0,31 2,09351 0,00001

TASA ACTIVA EN MONEDA EXTRANJERA - TAMEX

TASA DE INTERÉS LEGAL EN MONEDA EXTRANJERA

* Circular B.C.R. Nº 041-94-EF/90, acumulado desde el 1 de abril de 1991 / Fuente SBS y diario oficial El Peruano.

TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE DÓLARES AMERICANOS, EUROS Y YENES JAPONESES (Del 15 al 29 de setiembre de 2020)

TASA DE INTERÉS INTERNACIONAL (Del 14 al 29 de setiembre de 2020) LIBOR % - TASA ACTIVA 1 MES

3 MESES

6 MESES

1 AÑO

PRIME RATE %

0,152 0,151 0,150 0,156 0,156 Sábado Domingo 0,152 0,151 0,148 0,145 0,146 Sábado Domingo 0,147 0,149

0,237 0,246 0,233 0,227 0,225

0,275 0,273 0,270 0,276 0,275

0,403 0,386 0,378 0,376 0,374

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

0,223 0,223 0,225 0,233 0,218

0,273 0,275 0,272 0,274 0,271

0,379 0,377 0,372 0,372 0,369

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

0,220 0,225

0,269 0,265

0,366 0,359

3,25 3,25

DÍAS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DÓLAR BANCARIO FECHA DE CIERRE

DÍAS

Compra 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (*)

DÓLAR BANCARIO PROMEDIO PONDERADO

Venta

Compra

MESES

Compra

YEN JAPONÉS FECHA DE CIERRE

Venta

Compra

Venta

0,028 0,029

0,039 0,039

0,034 0,034 0,034

0,038 0,036 0,039 0,038

de Compras y Ventas.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

1 mes

3 meses

6 meses

1 año

PRIME RATE %

2,178

2,166

2,058

1,997

5,25

2019 AGOSTO

Venta

EURO BANCARIO FECHA DE CIERRE

3,548 3,553 3,565 3,569 4,219 4,427 3,537 3,543 3,548 3,553 4,185 4,212 3,533 3,538 3,537 3,543 4,166 4,217 3,523 3,527 3,533 3,538 4,119 4,242 Sábado 3,523 3,527 Domingo 3,523 3,527 3,543 3,546 3,523 3,527 4,148 4,246 3,552 3,555 3,543 3,546 4,149 4,211 3,566 3,568 3,552 3,555 4,150 4,182 3,577 3,580 3,566 3,568 4,152 4,314 3,590 3,592 3,577 3,580 4,120 4,262 Sábado 3,590 3,592 Domingo 3,590 3,592 3,589 3,593 3,590 3,592 4,159 4,254 3,592 3,597 3,589 3,593 4,078 4,337 Tipo de Cambio Promedio Ponderado Venta a la fecha de publicación, a utilizarse en los Registros Artículo 5, numeral 17 del Reglamento de la Ley del IGV, D.S. Nº 029-94-EF (29/03/1994).

TASA DE INTERÉS INTERNACIONAL - PROMEDIO MENSUAL LIBOR % - TASA ACTIVA

(*)

Meses

Número índice

Variación porcentual Mensual

Acumulada

Variación anual

2020 MARZO

133.82

0.65

0.84

1.008

ABRIL

133,96

0,10

0,95

1,010

MAYO

134,23

0,20

1,15

1,012

SETIEMBRE

2,043

2,125

2,049

2,004

5,15

OCTUBRE

1,878

1,977

1,957

1,951

4,99

JUNIO

133,87

-0,27

0,89

1,009

NOVIEMBRE

1,735

1,905

1,914

1,956

4,75

JULIO

134,49

0,46

1,35

1,014

DICIEMBRE

1,749

1,908

1,901

1,964

4,75

AGOSTO

134,35

-0,11

1,24

1,012

ENERO

1,671

1,820

1,839

1,917

4,75

FEBRERO

1,637

1,679

1,679

1,737

4,75

2020

ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL POR MAYOR A NIVEL NACIONAL (IPM) Variación porcentual Meses

Número índice Mensual

MARZO

0.917

1.102

0.964

0.922

3.73

ABRIL

0,684

1,092

1,068

0,987

3,25

MAYO

0,195

0,404

0,627

0,743

3,25

JUNIO

0,183

1,696

0,426

0,596

3,25

JULIO

0,172

0,268

0,339

0,479

3,25

Acumulada

Variación anual

2020

AGOSTO

0,162

0,253

0,313

0,449

3,25

MARZO

108,515766

0,28

-0,21

0,998

ABRIL

108,271432

-0,23

-0,44

0,996

MAYO

108,140915

-0,12

-0,56

0,994

JUNIO

107,974709

-0,15

-0,71

0,993

JULIO

108,550999

0,53

-0,18

0,998

AGOSTO

108,917620

0,34

0,16

1,002

(1) Los indicadores económico-financieros señalados en la presente sección únicamente son referenciales.

70 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • p. 70 a

INDICADORES LABORALES(1)

CALENDARIO DE OBLIGACIONES LABORALES - 2020

FACTOR ACUMULADO: TASA DE INTERÉS LEGAL LABORAL MONEDA NACIONAL

SET. 2020

TASA ANUAL 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (*)

MONEDA EXTRANJERA

F.DIARIO

F.ACUM.*

0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003

1,97419 1,97422 1,97426 1,97429 1,97432 1,97435 1,97438 1,97441 1,97445 1,97448 1,97451 1,97454 1,97457 1,97460 1,97464

TASA ANUAL 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

F.DIARIO

F.ACUM.*

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

0,71594 0,71594 0,71595 0,71596 0,71597 0,71598 0,71599 0,71600 0,71601 0,71601 0,71602 0,71603 0,71604 0,71605 0,71606

El Factor Acumulado es utilizado para deudas laborales, gratificaciones, vacaciones, etc. Fuente SBS.

AFP

AFP

PERIODO

Cheque de otro banco

Efectivo o cheque del mismo banco

SENATI

CONAFOVICER

Dic.19

06/01/2020

08/01/2020

17/01/2020

15/01/2020

Ene.20

05/02/2020

07/02/2020

18/02/2020

17/02/2020

Feb.20

04/03/2020

06/03/2020

17/03/2020

16/03/2020

Mar.20

03/04/2020

07/04/2020

20/04/2020

15/04/2020

Abr.20

06/05/2020

08/05/2020

19/05/2020

15/05/2020

May.20

03/06/2020

05/06/2020

16/06/2020

15/06/2020

Jun.20

03/07/2020

07/07/2020

16/07/2020

15/07/2020

Jul.20

05/08/2020

07/082020

18/08/2020

17/08/2020

Ago.20

03/09/2020

07/09/2020

16/09/2020

15/09/2020

Set.20

05/10/2020

07/10/2020

19/10/2020

15/10/2020

Oct.20

04/11/2020

06/11/2020

17/11/2020

16/11/2020

Nov.20

03/12/2020

07/12/2020

17/12/2020

15/12/2020

Dic.20

06/01/2021

08/01/2021

19/01/2021

15/01/2021

PROCEDIMIENTOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO UIT = S/ 4,300

CÓDIGOS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO CÓDIGOS BANCO DE LA NACIÓN 5126

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

UIT (%)(1)

IMPORTE (S/)

Inscripción en el Registro Nacional de Agencias – Privadas de Empleo

1.0988

47.25

APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (SPP) SETIEMBRE CONCEPTO Comisión sobre flujo (% remuneración)

HÁBITAT

INTEGRA

PROFUTURO

PRIMA

1.47 %

1.55 %

1.69 %

1.60 %

Comisión mixta

Aprobación, Prórroga o Modificación de Contrato de Trabajo de Personal Extranjero

- Sobre flujo (% remuneración)

0.38 %

0.00 %

0.67 %

0.18 %

Aprobación de Contrato de Trabajo de Personal Extranjero

0.5119

22.01

- Sobre saldo (anual)

1.25 %

0.82 %

1.20 %

1.25 %

Aprobación de Prórroga o Modificación del Contrato de Trabajo de Personal Extranjero

0.5143

22.11

Prima de seguro

1.35 %

6076

Dictamen Económico Laboral / Observación

4.2262

181.73

Fondo de pensiones

10.00 % 9,792.61

0.5917

25.44 Por cada trabajador

Tope de seguro

6114

Terminación Colectiva de los Contratos de Trabajo por Causas Objetivas a) Caso fortuito o fuerza mayor b) Motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos

Gastos de sepelio

4,440.63

5533

6130

Suspensión Temporal Perfecta de Labores por caso fortuito o fuerza mayor

6149

Suspensión Procedimiento Ejecución Coactiva

0.8714

37.47

6254

Fraccionamiento y/o Aplazamiento deuda

0.8452

36.34

Intermediación Laboral

6408

PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP Y RENTA DE QUINTA CATEGORÍA DEL MES DE SETIEMBRE Último dígito de RUC

Fecha

50.53

Dígito 0

15 de octubre

1.2500

53.75

Dígito 1

16 de octubre

1.7321

74.50

Dígitos 2 y 3

19 de octubre

Dígitos 4 y 5

20 de octubre

Dígitos 6 y 7

21 de octubre

Dígitos 8 y 9

22 de octubre

Apertura de sucursales, oficinas, centros de trabajo u otro establecimiento de las entidades que desarrollan actividades de Intermediación Laboral.

1.1750

Renovación de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral

(1) UIT del ejercicio en curso. Notas: Información obtenida del siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/313624/TUPA_317-2018TR_Portal.pdf Por efecto de la tercera y quinta disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1246, se elimina la obligación de registrar los contratos de trabajo sujetos a modalidad y los convenios de modalidades formativas laborales ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, dejándose así sin efecto los siguientes procedimientos contenidos en el TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 38, 108, 109, 110, 111, 112 y 113.

(1) Los indicadores laborales señalados en la presente sección únicamente son referenciales.

CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2a quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • p. 71

71

Apéndice LEGAL

Normas tributarias y relacionadas

·

Informe N° 075-2020-SUNAT/7T0000

Se absuelve consulta institucional sobre acogimiento de las instituciones educativas particulares al Régimen Mype Tributario Las instituciones educativas particulares del Decreto Legislativo N° 882 no pueden acogerse al Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta, resultando de aplicación la normativa sobre el régimen general para la determinación del impuesto. Publicado en la web de la Sunat el 15/09/2020.

·

Informe N° 044-2020-SUNAT/7T0000

Se absuelve consulta institucional sobre categoría de las rentas derivadas de carteras de créditos hipotecarios Las rentas derivadas de carteras de créditos hipotecarios adquiridas por fondos de inversión nacionales a entidades financieras locales mediante la modalidad de cesión de créditos sin recurso, que son atribuidas a sus partícipes, personas naturales domiciliadas y no domiciliadas, constituyen rentas de tercera categoría. Publicado en la web de la Sunat el 17/09/2020.

·

Decreto Supremo N° 286-2020-EF (29/09/2020)

·

Decreto Supremo N° 277-2020-EF (24/09/2020)

Aprueban otorgamiento de garantía del Gobierno Nacional a Bonos de Reconocimiento y otros Mediante el presente decreto se otorga la garantía del Gobierno nacional a los Bonos de Reconocimiento, Bonos de Reconocimiento Complementarios, Bonos Complementarios de Pensión Mínima y Bonos Complementarios de Jubilación Adelantada del Decreto Ley Nº 19990, Ley del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, que se emitan durante el Año Fiscal 2020. Vigencia: desde el 25/09/2020.

·

Decreto Supremo N° 157-2020-PCM (26/09/2020)

Aprueba e implementa la fase 4 de la reanudación de actividades conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF/15 y su modificatoria. VIgencia: desde el 27/09/2020.

·

Resolución Ministerial N° 195-2020-MINCETUR (28/09/2020)

Lineamientos sanitarios ante el COVID-19 para destinos turísticos Mediante la presente resolución ministerial se aprueban los “Lineamientos sanitarios ante el COVID-19 para destinos turísticos”. Vigencia: desde el 29/09/2020.

Se aprueba el “Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV”, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 29173

·

Vigencia: desde el 01/10/2020.

Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para salas de juego Mediante la presente resolución ministerial se aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para salas de juego”, el cual será exigible cuando entre en vigencia la norma que disponga la reanudación de las actividades realizadas por las salas de juego.

Normas laborales y previsionales

Resolución Ministerial N° 196-2020-MINCETUR (28/09/2020)

Vigencia: desde el 29/09/2020.

·

Resolución Jefatural Nº 112-2020/SIS (19/09/2020)

Directiva administrativa que regula los procedimientos de afiliación al Seguro Integral de Salud Mediante la presente norma, se aprueba la Directiva Administrativa N° 001-2020-SIS/GA-V.01, “Directiva Administrativa que regula los procedimientos de afiliación al Seguro Integral de Salud”. Asimismo, se deja sin efecto la Resolución Jefatural N° 126-2015/SIS, que aprobó la Directiva Administrativa N° 001-2015-SIS/GA-V.01, y otras que regulan el proceso de afiliación al SIS. Vigencia: desde el 20/09/2020.

·

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 0000782020-SERVIR/PE (26/09/2020)

Formalizan Acuerdo de Consejo Directivo que aprueba normas para el procedimiento de atención de denuncias Mediante la presente resolución se formaliza el acuerdo de consejo directivo que aprueba la directiva “Normas para el procedimiento de atención de denuncias y actuación de oficio en el marco de la atribución supervisora de la Autoridad Nacional del Servicio Civil”. Vigencia: desde el 27/09/2020.

72 CONTADORES & EMPRESAS / N° 382 • 2 quincena - Setiembre 2020 • ISSN 18135080 • p. 72 a

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PRONUNCIAMIENTOS DE LA SUNAT

3,000

1,800

JURISPRUDENCIAS TRIBUTARIAS

NORMAS TRIBUTARIAS

350 NORMAS CONTABLES

INFOBASE DE LEGISLACIÓN

INFOBASE DE JURISPRUDENCIA

Data Tributaria

Jurisprudencia Tributaria

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