Clasificacion Penitenciaria

Normas de clasificación para internos procesados y / o sentenciados a nivel nacional

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Normas de clasificación para internos procesados y / o sentenciados a nivel nacional

INTEGRANTES: 

ALMANZA CORAHUA, YENIFER CARIN  ATAMARI VALENCIA, MILAGROS  HERRERA ROJAS, CYNTHIA ALEJANDRA  HUAMAN MAMANI, OLGA AMANDA  MALDONADO APAZA, ROXANA FLORENTINA DOCENTE: ANTONIO MANUEL CONCHA SILVA AQP,2016

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INTRODUCCION

La importancia de la clasificación es con el propósito de resocializar al condenado, por lo tanto, debemos precisar sus características singulares de cada interno mediante el diagnóstico integral, con el fin de alcanzar el objetivo de “resocializarlos”, por ello la clasificación es necesaria para evitar la influencia negativa de los internos más desadaptados o violentos, sobre los menos peligrosos o primarios. El establecimiento Penitenciario debe contar con un Centro de Observaciones a cargo del órgano técnico de tratamiento, el cual se encargará de la ubicación del interno, dicho centro deberá formular diagnóstico y pronóstico para su tratamiento en instalaciones adecuadas y con profesionales especializados. En el expediente del interno, se encontrará la ficha de identificación y una hoja penológica a cargo del Registro penitenciario. Finalmente, la clasificación penitenciaria permite una separación adecuada de los internos, facilita el control más efectivo de la disciplina y consecuentemente una mejor administración del centro penitenciario.

Normatividad internacional.

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Diversos documentos de la ONU, como las referidas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de 1955, las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes “Reglas de Bangkok” de 2011, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, “Reglas Mandela” de 2015, son coincidentes al estatuir que para el cumplimiento de los principios tendentes a lograr el fin de la pena, se requiere de un sistema de clasificación de los internos, para lo cual se debe contar con la infraestructura que permita satisfacerla de acuerdo a las distintas categorías determinadas. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955, han sido universalmente reconocidas y han tenido gran valor e influencia como guía en la elaboración de leyes, políticas y prácticas en la materia, por lo que, respecto de la clasificación, se destaca: “Regla 63. 1) (…) la individualización del tratamiento (…) requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los grupos.” (…) “ Regla 67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.” Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela”, explican que, sin reducir el alcance de las normas existentes, deberán cumplirse en virtud de la necesidad de su fortalecimiento, por lo que en relación a la clasificación vinculada al tratamiento refieren que: “Regla 93.-1. Los fines de la clasificación serán: a) separar a los reclusos que, por su pasado delictivo o su mala disposición, pudieran ejercer una influencia nociva sobre sus compañeros de prisión;

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b) dividir a los reclusos en categorías, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su reeducación. 2. En la medida de lo posible, se dispondrá de establecimientos penitenciarios separados, o de pabellones separados dentro de un mismo establecimiento, para las distintas categorías de reclusos.” Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes “Reglas de Bangkok”, destacan también la importancia de la clasificación vinculada al tratamiento y a la reinserción social, determinan que: “Regla 40 Los administradores de las prisiones elaborarán y aplicarán métodos de clasificación centrados en las necesidades propias de su género y la situación de las reclusas, a fin de asegurar la planificación y ejecución apropiadas e individualizadas de programas orientados a su pronta rehabilitación, tratamiento y reinserción social.” “Regla 41 Para efectuar una evaluación de riesgos y una clasificación de las reclusas en que se tengan presentes las cuestiones de género, se deberá: (…) b) Posibilitar que a efectos de la distribución de las reclusas y la planificación del cumplimiento de su condena se tenga presente información fundamental sobre sus antecedentes, como las situaciones de violencia que hayan sufrido, su posible historial de inestabilidad mental y de uso indebido de drogas, así como sus responsabilidades maternas y de otra índole relativas al cuidado de los niños; (…) d) Velar por que se albergue a las reclusas que requieran atención de salud mental en recintos no restrictivos y cuyo régimen de seguridad sea lo menos estricto posible, así como por que reciban tratamiento adecuado en lugar de asignarlas a centros cuyas normas de seguridad sean más rigurosas por la exclusiva razón de que tengan problemas de salud mental.” La clasificación en este contexto permite reunir el conocimiento del interno, a través del cual las decisiones importantes que le afectan deben ser coordinadas bajo un sistema administrativamente definido. 3 El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), organismo que tiene, entre otros objetivos estratégicos el de promover en los gobiernos la adopción y aplicación de las normas, directrices y procedimientos que haya recomendado las Naciones Unidas, realizó en Panamá, en febrero de 2015, el “Taller regional para la clasificación de privados y privadas de libertad en los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”, con el propósito de mejorar las competencias técnicas y profesionales de los

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operadores de los centros penitenciarios sobre las tipologías y metodologías para la clasificación. La Declaración de Doha, de 2015, es otro documento en el cual se destaca la importancia de aplicar los instrumentos internacionales en relación con el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad, mejorando “las políticas penitenciarias centradas en la educación, el trabajo, la atención médica, la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia.” 4 Las ordenanzas internacionales detalladas son coincidentes en reconocer la importancia del principio de excepción para aquellas restricciones legales hacia las personas privadas de libertad, a quienes se deben respetar sus derechos humanos, destacando que la reintegración social es objetivo esencial del sistema penitenciario. Los estándares que derivan de las normatividades nacional e internacional mencionados, coinciden en la necesidad de efectuar una adecuada clasificación inicial de acuerdo a los criterios generales que en las mismas se prevén, y que, en el marco del proceso de individualización del tratamiento, requiere de un análisis técnico especializado.

CLASIFICACION PENITENCIARIA EN EL C.E.P PERUANO ANTECEDENTES DE LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA EN EL C.E.P PERUANO El antecedente legislativo más reciente es el primer código de ejecución penal de 1985 y su reglamento respectivo, que siguiendo criterios pronósticos, en función del grado de readaptación social, consideró tres categorías: 1. fácilmente readaptable: los que no presentan ninguna dificultad para su readaptación a la vida social extra carcelaria, y posiblemente sin riesgo de volver a delinquir. 2. Readaptable que incluía a internos que no presentan problemas serios que dificulten su proceso de readaptación. 3. De difícil readaptación, internos con un pronóstico criminológico que presenta dificultades notorias para alcanzar resocialización. El C. E. P. DE 1991 considera que el interno debe ser clasificado en grupos homogéneos diferenciados, asimismo plantea que la clasificación es continua, de acuerdo al código anterior, al asumir una clasificación bipartita:

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DERECHO DE EJECUCION PENAL a. fácilmente readaptable. b. Difícilmente readaptable.

Este criterio de clasificación está orientado en la perspectiva pronostica de la conducta del interno, que puede hacernos prever un proceso de fácil resocialización, frente al grupo que se caracteriza por un pronóstico reservado para su resocialización. Una segunda perspectiva de separación de los internos, del C.E.P. vigente sigue criterios múltiples, que se orientan a favorecer la administración penitenciaria, basada en juicios dicotómicos, y pautas fijadas por la experiencia penitenciaria, como las siguientes: a. Sexo b. Situación jurídica c. Reincidencia d. Edad. CLASIFICACION PENITENCIARIA De acuerdo al Código de Ejecución Penal y su Reglamento, la clasificación de internos puede ocurrir en dos momentos: 

En los establecimientos transitorios, donde una Junta Técnica de Clasificación (conformado por un abogado, psicólogo y servidor social) determina el establecimiento penitenciario donde será recluido el interno, quien no podrá permanecer más de 24 horas en el centro transitorio.1



En los establecimientos penitenciarios, donde el Órgano Técnico de Tratamiento (conformado por un abogado, psicólogo y servidor social) luego de celebrar una de junta de clasificación y en un plazo de 30 días, debe realizar un estudio

integral

tratamiento.

y

formular

un diagnóstico,

pronóstico

y programa de

2

1 Artículo 41 del RCEP. Asimismo, se indica que dicho plazo puede ampliarse por disposición judicial expresa o por razones de seguridad debidamente motivadas.

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Por la naturaleza del Establecimiento Penitenciario del Callao, sólo se aplica la segunda modalidad de clasificación, pues no existe en la jurisdicción un establecimiento transitorio.3

A) La Clasificación Penitenciaria y la Asignación del Régimen Penitenciario En el penal del Callao, la clasificación está limitada a la asignación de una de las etapas del régimen Cerrado Ordinario, tarea que corresponde a la Junta de Clasificación. Como se ha anotado anteriormente, entre una etapa y otra no existen sustanciales diferencias en cuanto al sistema de patio, visitas, comunicaciones o acceso a los servicios penitenciarios. En las actuales circunstancias, en el penal del Callao no se podría clasificar a un interno en el Régimen Cerrado Especial. Para ello, se requerirá previamente que la autoridad central del INPE autorice la implementación de dicho régimen en un sector del penal. B) La Clasificación Penitenciaria Y La Ubicación Del Interno En Pabellones El objetivo central de la clasificación debe ser la adecuada ubicación del lugar de reclusión

del

interno.

La segmentación de

la población penitenciaria,

como

consecuencia de la clasificación, constituye un tema de especial importancia para garantizar la seguridad del penal y la de los internos. Por ello, es imprescindible clasificar a los internos buscando evitar que los sectores más vulnerables de la población penal puedan ser agredidos. Por ello, y aun cuando la norma no lo prevé

2 Artículo 97 del RCEP

3 A nivel nacional el único Establecimiento Penitenciario Transitorio es el de Lima, conocida comúnmente como

la

Carceleta.

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expresamente, resulta razonable incluir en este proceso la opinión del personal de seguridad. C) La Clasificación y el Tratamiento Penitenciario Conforme al Código de Ejecución Penal toda persona conducida a un establecimiento penitenciario debe ser clasificada. En perspectiva del tratamiento penitenciario, sólo una adecuada clasificación de los internos, podrá permitir que el personal de tratamiento desarrolle sus actividades con mayor normalidad y en un ambiente que propicie el camino hacia la resocialización. De hecho, la infraestructura penitenciaria juega un rol importante en la clasificación, pues el nivel de conservación o deterioro de la misma hará posible o impedirá una real segmentación. En tiempos de hacinamiento exacerbado y de falta de infraestructura en buen estado, el uso adecuado de la infraestructura disponible es una necesidad fundamental,

pues

su empleo debe

estar

estrechamente

relacionado

con

el

tratamiento. En esa dirección, la adopción de criterios básicos de separación, especialmente de los jóvenes reclusos de aquellos que ya optaron por la delincuencia, constituye una obligación primaria. Sobre el particular, la declaración de "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas" resalta la importancia de realizar una real separación entre internos. "Separación de categorías: Las personas privadas de libertad pertenecientes a diversas categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, según su sexo, edad, la razón de su privación de libertad, la necesidad de protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad o del personal, las necesidades especiales de atención, u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna. En particular, se dispondrá la separación de mujeres y hombres; niños, niñas y adultos; jóvenes y adultos; personas adultas mayores; procesados y condenados; y personas privadas de libertad por razones civiles y por razones penales".

Se supone que al momento de la clasificación se debería formular los lineamientos básicos del programa de tratamiento. Por ejemplo, determinar las pautas educativas y laborales necesarias, la prioridad en el acceso a los servicios penitenciarios, y su nivel de vulnerabilidad.

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Al respecto las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Regla 67) señalan que los fines de la clasificación deberán ser: 

Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían influencia nociva sobre sus compañeros de detención; y,



Repartir a los internos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

INGRESO Y CLASIFICACIÓN DEL INTERNO El Interno. Al hablar del interno estamos hablando de una persona que goza de los mismos derechos que un ciudadano en libertad y la única que se puede imponer a esos derechos es la ley y la sentencia respectiva.

La Reclusión del Interno. El Reglamento del Código de Ejecución Penal regula la ejecución de la pena privativa de la libertad de una persona el cual se convierte en “interno” de un establecimiento penitenciario, en condición de procesado o sentenciado. El mismo que a su ingreso es fichado por el Área de Registro Penitenciario y puesto en una Sala de Observación. La reclusión en un Establecimiento Penitenciario sólo se hará por mandato de la autoridad judicial competente.4 Es decir que solo los jueces penales tienen la facultad para disponer el ingreso del interno mediante un mandato judicial el cual dispone el ingreso del interno, este mandato debe ser escrito y motivado, a su vez debe exponerse las razones de internamiento.

Junta Técnica de Clasificación. 4 Artículo 40 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS

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Dentro de los Establecimientos Transitorios, funcionará una Junta Técnica de Clasificación, cuya función será determinar el establecimiento penitenciario que corresponda al interno en base a los criterios establecidos en el Artículo 46 del Reglamento. 5 Según el artículo 46, indica que la clasificación de los internos se efectuará en lo posible en grupos homogéneos diferenciados de acuerdo a los siguientes criterios: 

Los varones de las mujeres.



Los sentenciados de los procesados.



Los primarios de los que no lo son.



Los menores de veintiún años y los mayores de sesenta, del resto de los internos.



Los que requieren ser separados por razones médicas.



Las madres con hijos menores de tres años y las gestantes.



Los fácilmente re-adaptables de los de difícil readaptación.



Los alcohólicos y toxicómanos de los que no lo son.



Los extranjeros de los nacionales.



Los que no expresan voluntad de trabajar al interior del Establecimiento Penitenciario.

En todos los casos, en la clasificación de los internos se deberá garantizar su integridad y seguridad, así como sus derechos humanos. La Junta Técnica de Clasificación estará conformada por un abogado, un psicólogo y un asistente social, y cada uno de los cuales tienen sus respectivas fichas de evaluación y de acuerdo a los resultados obtenidos, son clasificados a 5 Artículo 41 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS

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DERECHO DE EJECUCION PENAL los

diferentes

pabellones,

siendo

sus

resultados

solo

con

fines

de

“Tratamiento”, ya que cada profesional formulará el diagnóstico y pronóstico para su tratamiento. La permanencia del interno en este establecimiento no excederá de veinticuatro horas, salvo disposición judicial expresa o por razones de seguridad debidamente motivadas.

Información al Interno. A su ingreso al Establecimiento Penitenciario, los internos recibirán información mediante una cartilla o informe con las normas que rige el establecimiento en caso de que sea analfabeto se le informara oralmente y en su idioma, sobre el régimen de vida, sus derechos y obligaciones.6 Es importante que el interno conozca al detalle el régimen disciplinario al cual deberá someterse, a su vez lo ayudara a adaptarse al “modus vivendi” del establecimiento penitenciario. Esta información se entregará por escrito y por tanto es imprescindible que se entregue al recluso, debido a que existen varios regímenes penitenciarios los cuales se rigen por sus propias normas internas.

La cartilla contiene lo siguiente: •

De su ingreso;

•

Sus derechos y deberes;



Disciplina: Faltas y sanciones disciplinarias;



Su tratamiento penitenciario;

6 Artículo 42 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS

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

Los beneficios penitenciarios;



El régimen de vida en el Establecimiento Penitenciario;



Orientaciones para hacer consultas y reclamos ante la autoridad del Establecimiento Penitenciario.

Además de entregarle su cartilla, se coordinará con el médico de turno u otro profesional de salud, para la evaluación de la salud del interno, luego de los cuales se firmarán los cargos.7

Es decir que al ingresar al establecimiento penitenciario el interno es examinado por el servicio de salud para conocer su estado físico y mental en el caso de encontrarse huellas de maltrato físico se comunicara al Ministerio Publico o al juez competente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que el médico deberá evaluar, examinar a cada interno tan pronto sea posible después de su ingreso y como también a menudo para prevenir enfermedades. Objetos de Valor y Documentos del Interno. En caso que los internos nuevos porten consigo documentos personales, objetos de valor y/o artículos prohibidos, el personal de seguridad los consignará en un acta, los cuales serán entregados a la Unidad de Administración del penal, quién llevará un libro de inventario en el que se registrarán todas las pertenencias decomisadas y serán devueltos a las personas que el interno designe mediante un acta de recepción.8 Dichos objetos permanecerán en custodia bajo responsabilidad del Director del Establecimiento Penitenciario hasta la liberación del interno o serán entregados en 7 Artículo 59, Reglamento General de Seguridad del INPE

8 Artículo 60, Reglamento General de Seguridad del INPE

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cualquier momento a la persona que el interno designe mediante acta de recepción que es suscrita por el interesado, el funcionario encargado y cuando corresponda por la persona designada por el interno.9 En caso de objetos de valor como reloj, cadena de oro etc.; se considera que esta clase de objetos no deben ser portados en un establecimiento penitenciario porque ocasionaría reacciones negativas entre los reclusos de la cárcel. Las Reglas Mínimas (ONU), en su Artículo 43°señala: “Cuando el recluso ingresa en el establecimiento dinero, los efectos de valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomará las medidas necesarias para que dichos objetos se conserven en buen estado”. Centro de Observación y Clasificación Artículo 44: “Todo

establecimiento

penitenciario

deberá

contar

con

un

Centro

de

Observación y Clasificación a cargo del Órgano Técnico de Tratamiento, lugar donde se determinará la ubicación del interno dentro del establecimiento y se formulará el diagnóstico y pronóstico para su tratamiento. Este Centro será acondicionado atendiendo la infraestructura del establecimiento (…)10 -

Observación

Esta fase está a cargo de un Equipo Técnico interdisciplinario que de acuerdo a cada legislación tiene diversos nombres: "Equipo Técnico de Observación", Órgano Técnico 9 Artículo 43 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS

10 Artículo 44. Reglamento del Código de Ejecución Penal. Decreto Supremo N° 015-2003-JUS.

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de Tratamiento (Art. 108, CEP-1991), y que en base a los exámenes médico, psicológico, social (Arts.62 y 63 del C.E.P y art. 98 del Reglamento el CEP). Debe establecer lo siguiente: -

Diagnóstico criminológico. Pronóstico criminológico. Clasificación del interno según sus posibilidades de readaptación social, en el

-

establecimiento penitenciario o sección del mismo que le corresponda. Programa de tratamiento individualizado.

-

Tratamiento

El programa de tratamiento individualizado se debe iniciar con la ubicación del interno en el establecimiento o la sección que se haya recomendado en la fase de observación. En este periodo el recluso será sometido al tratamiento indicado, ya sea a través de métodos sociales, educativos, psicológicos, médico-biológicos y otros que permitan su resocialización.11

Órgano Técnico de Tratamiento son grupos de trabajo multidisciplinares, que elaboran estudios e informes sobre los cuales adoptarán acuerdos la Junta de Tratamiento, llevando a cabo posteriormente la ejecución de los programas que se adopten por ésta, y que son coordinados desde la Subdirección de Tratamiento a través de los Jefes de Equipo.12

11 SOLIS ESPINOZA, A. (2008). POLÍTICA PENAL Y POLÍTICA PENITENCIARIA. Departamento Académico de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú. San Miguel, Lima, extraído el 07/07/2016 en: http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wpcontent/uploads/2014/05/Politica_penal.pdf.

12 MESA GARCIA, J. Clasificación y Tratamiento de los internos. Régimen penitenciario. Pág. 18.

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(…) El Órgano Técnico de Tratamiento establecerá si al interno le corresponde el Régimen Cerrado Ordinario o una de las etapas del Régimen Cerrado Especial. Estará conformado por un abogado, un psicólogo y un asistente social. “13

El régimen penitenciario Viene a ser el conjunto de condiciones y medidas que se ejercen sobre un grupo de internos que presentan características similares. Asimismo, cada régimen cuenta también con una reglamentación o norma particular que lo diferencia de los otros. Por ello, el régimen de ejecución penal, que a veces erróneamente se denomina sistema penitenciario, viene a ser la especie dentro del género que es el sistema.14

Para Manuel López Rey (1975), régimen es el tipo de vida resultante de la aplicación del sistema y que cabe hablar de régimen general y de regímenes especiales asignados a grupos de condenados según la sentencia, condiciones personales, etc.

Por su parte, Berdugo, Zúñiga y otros (2001, p.185), dicen que el régimen penitenciario, “se constituye como un medio para conseguir un fin, pero este medio tiene diversos objetivos, especialmente diferentes en relación con la situación procesal de los reclusos, según que éstos se hallen en la situación de preventivos o se trate de personas condenadas”. Tipos de regímenes 13 Artículo 45. Reglamento del Código de Ejecución Penal. Decreto Supremo N° 015-2003-JUS.

14 SOLIS ESPINOZA, A. (2008). Ibídem pág. 07.

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En nuestra realidad, las penas privativas de libertad se ejecutan generalmente bajo la modalidad de regímenes penitenciarios institucionales, esto es dentro de un centro carcelario: Al respecto nuestro Código de Ejecución Penal (CEP) considera tres regímenes de ejecución de la pena privativa de libertad, dentro de una institución carcelaria, que son el: cerrado, semiabierto y abierto. Sin embargo, en la práctica sólo existe el régimen de ejecución cerrado de las penas privativas de la libertad.15

Régimen cerrado Que se cumple dentro de un establecimiento penitenciario cerrado, el mismo que puede tener diverso grado de seguridad.

PROGRESIVO REGIMEN CERRADO ORDINARIO -

Máxima autoridad mediana seguridad y mínima seguridad

-

Para sentenciados Para procesados

-

Para delincuentes comunes y

-

de difícil readaptación. Para delincuentes terroristas y

-

excepcionalmente, Procesados.

RÉGIMEN CERRADO ESPECIAL -

máxima seguridad y mediana seguridad

a) El Régimen Cerrado ordinario Según las primeras leyes y en parte el art. IV del Título Preliminar y los artículos 97 y 98 del CEP se estipuló esta modalidad, que en sus años iniciales formalmente constaba de tres etapas. 15 Ibídem pág. 10.

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Actualmente el régimen cerrado tiene un periodo de observación y otro de tratamiento (Art. 58 del Reglamento del CEP). Asimismo, de acuerdo al artículo 11C del CEP, adicionado también por el Decreto Legislativo No. 984, y concordado con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento del CEP. Los internos que se hallan en el régimen cerrado ordinario se clasifican en las siguientes etapas: - Máxima Seguridad, - Mediana seguridad, y - Mínima seguridad. En la etapa de Máxima Seguridad, el interno se encuentra sujeto a estricta disciplina y mayor control. Los internos procesados o sentenciados vinculados a organizaciones criminales que no hayan sido clasificados en el Régimen Cerrado Especial, necesariamente serán ubicados en la etapa de Máxima Seguridad.16 Los internos clasificados en las etapas de Máxima o Mediana Seguridad, deberán permanecer recluidos preferentemente en áreas separadas. Los internos clasificados en la etapa de Mínima Seguridad, deberán estar separados obligatoriamente de los demás internos.17 Los internos bajo el régimen cerrado ordinario se hallan sujetos a ciertas normas de vida dentro del penal (Art. 60 del Reglamento del CEP).

b) Régimen Cerrado especial

16 DECRETO LEGISLATIVO Nº 654. Código de ejecución penal.

17 DECRETO LEGISLATIVO Nº 984. Decreto Legislativo que modifica el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo Nº 654.

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Normado por la segunda parte del artículo 98 del CEP, y los artículos 62, 63, 64 y 65 del Reglamento del C.E.P., y el art. 11B del CEP adicionado por el Decreto Legislativo 984. Este régimen se halla estipulado para sentenciados de difícil readaptación y excepcionalmente procesados con tal condición. (También para terroristas y autores de traición a la patria, al haberse dejado sin efecto el D. Supremo 005-97-JUS (24 Junio de 1997). Además el artículo 11 B del CEP, estipula que los internos vinculados a una organización criminal y según la evaluación de su perfil criminal serán ubicados en una de las etapas del Régimen Cerrado Especial. Según el art. 62 del Reglamento del CEP este régimen tiene dos etapas que “se cumplirán en los establecimientos penitenciarios correspondientes o en los pabellones habilitados para tal finalidad (Art. 63 Reglamento del CEP). Ficha de Identificación y una Hoja Penológica Artículo 45: En todo Establecimiento Penitenciario se elaborará una Ficha de Identificación y una Hoja Penológica que estarán a cargo del Registro Penitenciario.

La Ficha de Identificación de los internos Contendrá: -

Una fotografía, Los datos de filiación, Impresión dactilar, Odontograma, Estigmas y Cualquier otra seña o característica que permitan individualizarlo, debiendo precisarse cualquier impedimento o discapacidad física.

La Hoja Penológica Contendrá información referente a: -

Los mandatos de detención, Sentencias, Traslados, Beneficios y Libertades.

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Se clasificará como activa para los internos que estuvieran en el Establecimiento Penitenciario y pasiva para los que hubieran egresado, activándose si el titular reingresara al establecimiento penitenciario.18 La Dirección de Registro Penitenciario Es el órgano encargado de organizar y administrar las actividades y procesos del registro penitenciario de la institución. Depende del Presidente del INPE.19 Características de las fichas - Ficha penológica: donde se anotara los datos de la identidad personal (filiativo del interno) impresiones dactilares de la mano derecha y sus datos judiciales y penales. - Ficha de identidad penal: donde se anotaran los datos personales (filiativo) de identificación del interno, características físicas, señales particulares y cicatrices; datos físicos, estigmas degenerativos, impresiones dactilares de cada dedo o impresiones simultaneas dactilares con su fórmula dactiloscópica y odontograma. Por ejemplo:          

Datos requeridos: N° de ficha: según el orden correlativo Apellidos y nombres: del interno Fotos: de frente y perfil Alias: apelativo y apodo del interno DNI Test racial: mestizo blanco etc. Color de piel: trigueña, blanco, negro, etc. Sexo: masculino o femenino Nacionalidad: país al que pertenece el internó Delito: tipificado por la autoridad judicial.

18 Artículo 45. Reglamento del Código de Ejecución Penal. Decreto Supremo N° 015-2003-JUS.

19 Portal del Instituto Nacional Penitenciario. Extraído el 02/07/16 en: http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=607&np=352&direccion=1

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       -

Datos filiativos Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento Nombres y apellidos de los padres Profesión Estado domicilio o comunidad indígena Centro de trabajo Estigmas degenerativos Señales particulares: cortes, tatuajes, cicatrices, etc.

      

Odontograma: Dientes: odontogramas de todos los dientes de la boca. Fecha de examen: el ulto examen realizado a los dientes. Arcos dentarios: forma de los dientes de la boca. Tipos de dientes Oclusión: mordidas en los dientes de la boca. Observaciones: anotar todo lo observado. Especificaciones: anotar lo que se encuentra en la boca (corona de oro, etc.)

    

Dactiloscopia: Formula decadactilar: impresiones dactilares. Impresiones dactilares: de cada dedo de las manos. Impresiones simultáneas: de la palma de los dedos de ambas manos. Firma y posfirma del identificador: del técnico que lo realizó Forma y postfirma del jefe de identificación.

- El llenado de las fichas: Se tiene que tomar en cuenta: -

Se realizará a manuscrito, con letra imprenta, legible, elaborado con lapicero

-

de color negro. Se tendrá que llenar todo los campos en las ficha existentes.20

MILAGROS

20 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE REGISTRO PENITENCIARIO DEL INPE.

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GRUPOS VULNERABLES Históricamente en las cárceles se han considerado y tratado a las personas privadas de libertad como un gran grupo homogéneo, sin considerar la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones que pueda existir en ellas. La diversidad puede presentarse por: Etnia, sexo, discapacidad física o intelectual, religión, nacionalidad, identidad de género, edad, ideología, pero ninguna de estas opciones, debe permitir un trato discriminatorio, tanto del personal penitenciario hacia los internos (as) como tampoco, de la población penal hacia los funcionarios, así mismo tocaremos en artículo 47 del reglamento de ejecución penal.

Artículo 47.- “Si la persona privada de libertad es integrante de una comunidad campesina o nativa, la administración penitenciaria deberá incorporar dicha información en su Ficha de Identificación y adoptar las medidas necesarias a efectos de asignarle una Ubicación en el establecimiento penitenciario que garantice su integridad física y mental e impida alguna agresión a su derecho a preservar su identidad étnica y cultural. La ubicación asignada no debe significar su aislamiento respecto al resto de los internos.” Es primordial el reconcomiendo y respeto por los derechos de costumbres y cosmovisión de la población indígena que se encuentra en el Sistema Penitenciario, al margen de su calidad procesal. En este aspecto, se debe considerar especialmente situaciones tales como la realización de ceremonias en fechas significativas, siendo las principales: Celebración del Año Nuevo como para los quechuas y aymaras y de distintas culturas etc, Día de la Mujer Indígenas y rituales de sanación o atención de salud de acuerdo a sus costumbres. En el caso que un interno o interna, solicite tomar yerbas medicinales, la situación deberá ser evaluada por un médico del recinto penal, con la intensión que esta medicina alternativa no se contraponga con la tradicional o pueda dársele un uso indebido. Otro aspecto a considerar con los grupos minoritarios, es el uso de vestuario autóctono, como mantas tradicionales o cintillos, el largo del cabello o el porte de objetos simbólicos. En estos casos, la jefatura del Establecimiento, debe tomar las

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medidas necesarias para evitar cualquier acción que ponga en peligro la seguridad del recinto y el cumplimiento del Reglamento Penitenciario21. Otro tanto, sucede con la situación de aquellas personas privadas de libertad de origen indígena y que estén investidas como autoridad de un determinado pueblo Es primordial considerar necesidades propias de su cultura, cuando acuden de visita o solicitan algún permiso especial para entrevistarse con internos (as) de su pueblo originario. El mismo respeto a la interculturalidad debe tenerse con las personas que visitan a los privados de libertad de pueblos originarios, especialmente, en la introducción al Establecimiento de artículos o símbolos de gran importancia para su cultura. En estos casos, los funcionarios deben velar por la seguridad del recinto, sin afectar las características propias de la identidad de una cultura determinada. Por último, debe prevalecer el respeto en relación a la actitud de los funcionarios y el respeto en relación a la actitud de los funcionarios y el resto de los internos, aprovechando esta instancia para fomentar el valor positivo de la interculturalidad y no ser objeto de ningún tipo de discriminación, por origen, tradición o apariencia.22

La prisión afecta de manera distinta a los privados de libertad. Por ello, es imprescindible identificar a los internos que puedan considerarse vulnerables, debido a alguna cualidad personal como la edad, opción sexual, capacidad física o psicológica, condiciones de salud u otro similar, que los pueda hacer proclives a maltratos físicos o psicológicos o trato discriminatorio por parte de otros internos o las autoridades. La identificación de dichos segmentos, debería permitir la implementación de acciones de protección a favor los internos. 21 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (Organización Internacional del Trabajo Art.8).

22 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Art.2.

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DERECHO DE EJECUCION PENAL a) Los Jóvenes Privados de Libertad:

El Banco Mundial en su informe sobre "El Potencial de la Juventud: políticas para jóvenes

en

situación

de riesgo en América

Latina y

el

caribe23señala

que América Latina registra la mayor tasa de homicidios de hombres entre 15 y 29 (69 por cada 100,000 habitantes), siendo más acentuada esta tendencia entre la población de las comunidades urbano pobres. La ciudad de Lima, cuya población bordea los 8 millones de habitantes, es considerada como una de las ciudades más peligrosas de América Latina, ubicándose en el último rango de ciudades junto a Río de Janeiro, Medellín, Calí, México DF y Caracas. Durante el 2001, se habían registrado en Lima 1,700 homicidios, 32,000 hurtos y 28,000 robos. Esta

expresión

de

violencia

ha

generado

una

creciente percepción de inseguridad ciudadana entre la población, que solicita a los operadores del sistema penal, mayores medidas de control y represión del crimen violento, provocando incluso el surgimiento de iniciativas organizadas de autodefensa comunitaria. Si bien es necesario implementar acciones contra la delincuencia, es importante guardar el equilibrio suficiente para no asumir como única respuesta la acción policial, que en ocasiones limita su actuar a la ideología del orden y la seguridad. El incremento del poder policial con medidas destinadas a la inocuización, tienen gran impacto mediático y social, pero largo plazo, resultan contraproducentes. Por ello, las medidas "estrictamente retributivas", de "mano dura" o "tolerancia cero", no han sido efectivas desde una perspectiva de política pública. En el citado informe del Banco Mundial, se afirma que "no han demostrado tener efectos en reducir las conductas de riesgo entre los jóvenes", por cuanto los factores que están asociados a la comisión de delitos por parte de los jóvenes, están referidos a problemas de acceso a oportunidades y a variables de abandono escolar, falta de trabajo, pobreza, exclusión y consumo de drogas. Se trata entonces de grupos sociales en las que se tiende a observar grandes desventajas en sus "procesos de socialización" y en el "ejercicio pleno de su derecho al desarrollo de su personalidad". 23 BANCO MUNDIAL. El Potencial De La Juventud: Políticas Para Jóvenes En Situación De Riesgo En América Latina Y El Caribe

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Por ello, una de las recomendaciones más importantes que se establece en torno al problema de los jóvenes vinculados a la violencia, es crear estrategias orientadas a su "inserción social", que tenga como eje central respaldar a los jóvenes que han sido víctimas de su propia conducta negativa a fin de recuperarlos y ayudarlos a que retomen un camino seguro y productivo hacia la adultez. Más que castigar la conducta de riesgo, se recomienda hacer hincapié en promover su desarrollo humano. Un joven en prisión, por su condición de vulnerabilidad, es probablemente la persona que con mayor facilidad asuma los "valores" de la cárcel, optando con ello la delincuencia como medio de vida; sin embargo, y al otro extremo de esa hipótesis, es también la persona con mayores probabilidades de resocialización, precisamente por encontrarse en proceso formativo. a. Los niños; que comprende desde su concepción hasta los 12 años, siendo absolutamente irresponsables por la infracción de una norma penal y quienes serán pasibles de medidas de protección establecidas en los artículos 184º y 242º del Código de los Niños y Adolescentes. b. Los adolescentes; que comprende a las personas entre los 12 hasta antes de cumplir los 18 años de edad, quienes están sujetos a una responsabilidad penal juvenil y son pasibles de medidas socioeducativas señaladas en el Código luego de un proceso judicial. En consecuencia, el sujeto activo del sistema penal juvenil en nuestro país, será el adolescente infractor de la ley penal, comprendido en este grupo etáreo. La norma establece un procedimiento especial para el juzgamiento y la posterior aplicación de la medida socioeducativa del Servicio Comunal Especial, en el cual se aplica supletoriamente las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes y el Código de Procedimientos Penales. Se trata de un proceso sumarísimo que de manera general se refiere a la investigación policial, instrucción y juzgamiento.24 Las principales características del procedimiento son: 

En caso de flagrante infracción del adolescente, la Policía lo detendrá y realizará la investigación correspondiente con la intervención del fiscal

24

Código De Los Niños Y Adolescentes

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especializado y de su defensor en un plazo no mayor de 24 horas, a cuyo vencimiento será puesto a disposición del juez especializado, adjuntando el informe policial respectivo (artículo 4.1). En los casos que no exista flagrancia, la Policía puede pedir al fiscal que solicite al juez dictar la medida cautelar de internamiento preventivo, aunque también el fiscal podría solicitar de oficio dicha medida (artículo 4.2).



Por su parte el juez podrá de oficio o a pedido del fiscal, dictar la medida cautelar de internamiento preventivo cuando existan indicios razonables de la comisión de las conductas antes señaladas o cuando exista peligro de fuga o de obstrucción de la acción de la justicia por el adolescente (artículo 4.6).



Si el juez considera procedente el inicio de las investigaciones, convocará en un término máximo de 24 horas a una audiencia única de actuación de medios probatorios, la cual no podrá exceder de tres días, a cuyo vencimiento deberá expedir sentencia debidamente motivado (artículo 4.3).



Si el juez dispone la imposición de la medida del servicio comunal especial, pondrá al adolescente a disposición de la autoridad competente del Ministerio de Justicia. El adolescente puede interponer recurso de apelación dentro de las 48 horas de expedida la sentencia, sin que ello suspenda la ejecución de la medida. El plazo para resolver la apelación no excederá de 5 días.



La norma dispone que el adolescente contará con la presencia de un abogado defensor.25

GARANTIAS DE EJECUCION DE MEDIDAS 25

El Código De Procedimientos Penales

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Ahora bien, el artículo 217º del Código de los Niños y Adolescentes, establece las siguientes medidas socioeducativas: 

Amonestación.



Prestación de servicios a la comunidad.



Libertad Asistida.



Libertad Restringida



Internación en establecimiento para tratamiento.

Como se podrá notar, el nuevo Código ha reformulado el sistema de medidas socioeducativas que contenía el Código de 1993 en tres aspectos. En primer lugar, excluye como medida socio-educativa la protección, que es reservada únicamente para el caso de infracciones cometidas por un niño. En este supuesto, las medidas de protección (artículo 242º) podrán ser: 

Cuidado en el propio hogar, orientándose a los padres o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo el apoyo y seguimiento temporal de Instituciones de Defensa.



Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa con atención educativa, de salud y social.



Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar.



Atención integral en un establecimiento de protección especial.

b) Internos Adultos Mayores:

Como hemos señalado en los párrafos anteriores, la privación de libertad causa impacto diverso en las personas26 en atención a su perfil criminógeno, su estado de salud y su edad. Sin duda, las personas consideradas "adultos mayores", pertenecen a ese segmento vulnerable. 26

GARCIA-BORÉS I PÍ, Josep María. El impacto Carcelario en Sistema Penal y Problemas Sociales en Bergali, Roberto (coord. y colab.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.pag 400.

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Se denomina adultos mayores a toda persona mayor de 60 años, que de acuerdo al mantenimiento de sus capacidades pueden clasificarse en tres grandes grupos.27  Adulto mayor auto-Valente.Aquella persona capaz de valerse por sí misma dentro de las limitaciones propias de un envejecimiento normal;  Adulto Mayor Frágil.Persona que tiene algún tipo de disminución en sus funciones psicosociales y fisiológicas que lo convierte en vulnerable o susceptible; y,  Adulto Mayor Dependiente o Postrada.Aquella persona que tiene una pérdida sustancial del estado de reserva fisiológico, asociada a una restricción o ausencia física o funcional que limita o impide el desempeño de las actividades de la vida diaria. Un adulto mayor que tiene reducida su capacidad física, demanda usualmente mayor atención médica y mejores condiciones de detención. Por ello, en salvaguarda de la dignidad e integridad personal de los adultos mayores, es importante la adopción de acciones que promuevan su bienestar físico y emocional, con la finalidad de reducir el impacto negativo de la prisión. Debemos considerar que la sociedad está viviendo un cambio demográfico importante, que se traduce en una disminución universal de las tasas de natalidad, mortalidad y en un aumento cada vez más acelerado de adultos mayores. Los estados, ante el progresivo aumento de esta población, se han comprometido a que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. Adoptando medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, proporcionando instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica

27

Lineamiento N° 001-2006INPE/OGT. Aprobado Mediante R.P. N° 146-2006-INPE/P. Punto 4.1.

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especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionárselas por sí mismas. Se han ejecutado programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar actividades productivas adecuadas a sus capacidades, estimulando también la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable. De acuerdo a lo anterior, se recomienda a los establecimientos penales adecuar programas de salud e integración para los adultos mayores, considerando los cambios físicos e intelectuales propios de la edad.28 c) Minorías Sexuales: La diversidad sexual es un término que se utiliza para hablar de la diversidad dentro de la orientación sexual; reuniéndose entre ellos personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. En los recintos penales siempre ha sido difícil tratar el tema de la diversidad sexual, tanto por la discriminación a nivel de pares como de los propios funcionarios. El Estado, en los últimos años, ha generado una serie de acciones para terminar con las formas de discriminación en contra de los grupos de orientación sexual. Así, el año 2000, se aprueba en el Congreso y entra en vigencia la Ley contra actos de discriminación N° 27270, que Establece Medidas Contra la Discriminación.

Que

instaura un mecanismo judicial, que permite restaurar eficazmente el imperio del derecho, en aquellos casos que se ha cometido un acto de discriminación arbitraria. A demás, define para efectos de la ley en comento, qué se entiende por “Discriminación Arbitraria”, considerando circunstancias agravantes para aquellos delitos motivados por razones de discriminación y sanciones para los funcionarios públicos que discriminen. En razón de esto, se han implementado políticas públicas contra la discriminación, que deben ser respetadas en todos los servicios públicos. Debemos recordar por tanto, que la Ley Antidiscriminación establece que corresponderá a cada uno de los órganos 28

Organización de los Estados Americanos (OEA) en su “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” o “Protocolo de San Salvador”.

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de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales y que se encuentren vigentes. Asi mismo ,el trabajo debe orientarse, por ejemplo, a tratar a las personas transexuales de acuerdo a su nombre y sexo social, al margen delo indicado en su cédula de identidad, la cual sólo se debe considerar para los efectos administrativos y legales.. En el caso de hacer uso del vestuario junto a su pareja, sea o no del mismo sexo, deben cumplir los requisitos al igual que el resto de la población penal. Sin embargo, para su ubicación dentro del establecimiento penal debe considerarse su vulnerabilidad pues pueden ser víctimas de agresiones de los demás internos, sin que ello suponga formas veladas de aislamiento. Las minorías sexuales son potenciales víctimas de abusos sexuales e incluso de prostitución forzada. INTERNOS CON DISCAPACIDAD: Se considera una persona con discapacidad quien tiene una o más evidencia de pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, que limita su desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad.29 Por ello, una persona con discapacidad privada de libertad, forma parte de los sectores vulnerables de la población penal. La Ley General de la Persona con Discapacidad establece que toda persona con discapacidad tiene derecho a acceder a los servicios de salud del Ministerio de Salud, debiéndosele brindar una atención especial30Las prótesis, aparatos ortopédicos, 29

Artículo 2° de la Ley 27050. Ley General de la Persona con Discapacidad. 30

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medicinas, drogas y toda ayuda compensatoria para la rehabilitación física de las personas con discapacidad, serán proporcionados por los servicios de medicina física del Ministerio de Salud, con el apoyo y coordinación del CONADIS.31 “Artículo 48.- En los casos de personas privadas de libertad con discapacidad, la administración penitenciaria deberá incorporar dicha información en su Ficha de Identificación y adoptar las medidas necesarias que les facilite el acceso, movilidad y desplazamiento en las instalaciones del establecimiento penitenciario. Las personas con discapacidad motora en las extremidades inferiores serán ubicadas obligatoriamente en un ambiente del primer piso. Asimismo, la administración penitenciaria preverá que los ambientes en donde se recluyan a las personas con discapacidad, los tópicos de salud y los servicios básicos, se encuentren acondicionados y ubicados en los primeros

pisos

de

los

establecimientos

penitenciarios.

En

la

determinación de las características, especificaciones y dimensiones de los ingresos a pabellones, zonas de recreo y servicios de los establecimientos

penitenciarios,

se

observarán

los

criterios

de

accesibilidad previstos en la Ley Nº 27050 -Ley General de la Persona con Discapacidad, y en el Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH -Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad y demás normas pertinentes.” A partir de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en el año 2008 entra en vigencia en Chile la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Por otra parte, es importante tener claro que las personas con discapacidad son aquellas que teniendo una o más deficiencias de tipo físicas, mentales, psíquicas, intelectuales o sensoriales, de carácter temporal o permanente al interactuar con Artículo 16° de la Ley 27050. Ley General de la Persona con Discapacidad. 31

Artículo 18° de la Ley 27050. Ley General de la Persona con Discapacidad.

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diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad.32 Además, es responsabilidad del Estado su cumplimiento y respeto, especialmente en lo referido al derecho a la igualdad, expresado, entre otras formas, por la prestación médica en materia de prevención, atención y rehabilitación. La discapacidad, debemos entender, no es una enfermedad sino una condición. En esta misma línea, se debe velar por el derecho al libre desplazamiento, el cual consiste en la eliminación y adecuaciones de las barreras físicas con el fin de tener acceso a las instalaciones de salud, educación, trabajo, cultura y recreación, tanto para los internos (as) como para las visitas de estos. En

los

Establecimientos

Penitenciarios

se

deben

considerar

los

derechos

mencionados, de acuerdo a las posibilidades y recursos, especialmente lo relacionado con salud, educación, trabajo y disponer de pasamanos y ramplas para no limitar los mismos accesos que el resto de los reclusos. Los servicios higiénicos deben ser especiales para esta población.

VULNERABILIDAD POR RAZONES DE SALUD A) Internos con VIH/SIDA: En VIH/SIDA en los establecimientos penales es una realidad. Es innegable las prácticas de comportamientos de alto riesgo para el contagio como relaciones sexuales sin protección, y el uso de inyectables para el consumo de drogas, entre otros. El penal del Callao no está exento de tales prácticas. B) Internos con TBC: El hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, la no detección de la enfermedad y el manejo inadecuado de los pacientes, constituyen las 32

Ley Nº 27050 -Ley General de la Persona con Discapacidad, y en el Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH -Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad

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DERECHO DE EJECUCION PENAL principales

causas

del

incremento

de

los

niveles

de

contagio

de

la Tuberculosis (en adelante TBC) en los establecimientos penitenciarios de gran dimensión como es el caso del penal del Callao. C) Internos con enfermedades terminales: Los establecimientos penitenciarios no son ajenos a la presencia de internos con enfermedades en fase avanzada, estado que generalmente se agudiza por las limitaciones en la atención de salud que tienen los penales. D) Internos con problemas psiquiátricos: Los internos con problemas psiquiátricos no deberían ser recluidos en un establecimiento penal; sin embargo, ello es una realidad por falta de capacidad de atención del sistema de salud mental pública.

MIGRANTES Los migrantes son personas que abandonan su país y se dirigen a otro por diferentes motivos. Usualmente buscan mejorar las condiciones de vida, tanto de su familia como las propias. Conforman un grupo vulnerable por no ser nacionales y no contar, en gran parte de los casos, de una red de apoyo en el país. El migrante tiene derecho a recibir un trato digno en conformidad a su calidad de ser humano, sin ningún tipo de discriminación por nacionalidad, raza o etnia. Además, los migrantes no serán sometidos, individuales o colectivamente a detenciones o prisión arbitraria, salvo por motivos extraordinarios y de acuerdo a los procedimientos que la ley establezca. Tanto al momento de su detención como en el resto del procedimiento judicial, los migrantes deberán ser informados de los motivos de ésta y, en complementariedad, se le harán saber los tratados internacionales a su favor, ratificados por el Estado chileno. Además, se debe informar desde el ingreso a la Unidad Penal, de la existencia de Tratados que permiten su traslado al país de origen, con el propósito que mantenga cercanía con su entorno social y familiar; lo que favorecerá el mejor cumplimiento de la pena y los procesos de reinserción y rehabilitación social. Los migrantes bajo detención tienen derecho a comunicarse con representantes consulares de los Estados nacionales a los que pertenezcan.

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Las autoridades consulares o diplomáticas deberán ser informadas sin demora de la detención en prisión y los motivos de esta medida, siempre y cuando el/la detenido/a lo solicite. Así, toda comunicación con los representantes diplomáticos –tanto la dirigida como la recibida por el detenido deberá efectuarse en el menor tiempo posible. Los detenidos, entonces, pueden optar por la protección y asistencia consular que ofrecen sus Estados de origen. Los migrantes detenidos gozarán de las garantías mínimas, entre ellas, ser asistido gratuitamente por un intérprete en caso de que no comprenda o hable el idioma utilizado durante los procedimientos. Las personas migrantes privadas de libertad tienen derecho a comunicarse con sus familiares y con toda persona que estimen conveniente, entre ellos los médicos y abogado. Para estos últimos, se debe establecer procedimientos que faciliten el contacto con sus defensores, para hacer valer sus pretensiones ante los tribunales. Es relevante tener presente que, en Chile la Constitución Política, no establece diferencias de trato entre chilenos y extranjeros, por esto, los migrantes gozan de los mismos derechos y garantías, frente a una situación judicial. Información sobre internos El director del establecimiento penitenciario deberá informar a la Oficina General de Informática del Instituto Nacional Penitenciario sobre la presencia de los internos señalados en el Artículo 47 y en el Artículo 48, a fin de que mantenga una información actualizada sobre la materia. La Oficina General de Planificación deberá informar mensualmente a la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos - CONAPA y al Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, respecto de la cantidad, nombre y ubicación de los internos integrantes de una comunidad campesina o nativa, o con discapacidad. Asimismo, deberá remitir dicha información a la Defensoría del Pueblo.33

33

Artículo 49 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS

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El objetivo de este artículo es brindar información a dichos organismos sobre el estado ubicación del este grupo humano que es los de mayor vulneración e indefensa puede estar recluidos en los establecimientos penitenciarios. Ello también buscar el respeto de dicho grupo en estado de vulneración, además gracias a esta información, puede haber mayor protección. El mismo respeto a la interculturalidad,34 el respeto a la mujer en cuanto a la igualdad de condiciones, al discapacitado porque no podemos olvidarnos que este grupo son personas con igual de derechos que los demás internos con la diferencia de sus situaciones especiales. Registro de Control de Ingresos y Egresos En todo establecimiento penitenciario deberá implementarse un Registro de Control de Ingresos y Egresos que estará a cargo de la Oficina de Historial Penitenciario. Donde no existiera dicha oficina, el director designará al funcionario que se encargue de dicho registro. Ello con el objetivo de control de los movimientos de los internos dentro del establecimiento penal. Este registro estará documentado quienes son los nuevos internos y los que dejan el establecimiento penitenciario Expediente Penitenciario En todo establecimiento penitenciario se formará un expediente personal de cada interno, que deberá contener:   

Copia del mandato judicial en el que se dispone el internamiento. Copia de la sentencia en los casos de internos condenados. La Ficha de Identificación, en dicha ficha se consigna los datos

 

personales del interno. La Hoja Penalógica Informe médico del examen efectuado al ingreso al establecimiento penitenciario y el resumen de su historia clínica.Informe del Órgano Técnico de Tratamiento del establecimiento penitenciario respecto a la clasificación asignada.

34

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Art.2.

DERECHO DE EJECUCION PENAL         

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Hoja de seguimiento de diligencias judiciales. Récord sobre la conducta y sanciones disciplinarias. Resultados de las evaluaciones efectuadas por los profesionales del Órgano Técnico de Tratamiento. Resultados de las actividades educativas, laborales, recreativas, religiosas y otras. Resoluciones de traslado, si las hubiera. Copia de los oficios de libertad. Otros documentos que la administración juzgue necesarios.

El Área de Registro Penitenciario y el responsable del área de historial penitenciario, serán los encargados de mantener actualizada la documentación que corresponda al expediente. Y debe otorgar copia al interno cuando lo requiera, salvo lo establecido en el inciso referido a los Resultados de las evaluaciones efectuadas por los profesionales del Órgano Técnico de Tratamiento.

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CONCLUSIONES 

El Tratamiento Penitenciario que se aplica en Perú es ineficiente por, primero, la

falta

de presupuesto que el

Estado brinda

a

los

Establecimientos

Penitenciarios El hecho de faltar presupuesto económico hace que lo demás no funcione, ya que también no hay el alimento, por eso se distribuye a cada interno unos 2 a 4 nuevos soles diarios para poder alimentarse, y si cayeran o hay

enfermos,

pues

los

Centros

de salud de

los

Establecimientos

Penitenciarios no pueden cubrir todas las expectativas, primero porque se cuenta con un galeno para una población de más de mil presos, segundo es que no cuentan con una farmacia adecuados e implementados. Por tanto, el tratamiento del delincuente es somera, literal, expresada en mucha tinta derramada en el papel. No olvidemos que el fin del Tratamiento Penitenciario la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penal y medidas penales privativas de la libertad, así como la retención y custodia de 

detenidos, presos y penados. Conforme a las normas internacionales en la materia, se ha reconocido que los fines de la clasificación penitenciaria se encaminan a la separación de los internos con el fin de favorecer el tratamiento para la consecución de la reinserción social efectiva, por lo anterior, la clasificación penitenciaria es dentro de este sistema nacional coadyuvante directo para el tratamiento de las



personas internas. La importancia de una administración penitenciaria es que el interno reciba un tratamiento adecuado, individualizado, con la finalidad de que sea reinsertado a la sociedad obteniendo su desarrollo personal y que este no pueda reincidir en actos ilícitos que causen daños a la sociedad.

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DERECHO DE EJECUCION PENAL BIBLIOGRAFIA

1. Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas Y Tribales En Países Independientes De La OIT (Organización Internacional Del Trabajo Art.8). 2. Declaración De Las Naciones Unidas Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas. Art.2. 3. BANCO MUNDIAL. El Potencial De La Juventud: Políticas Para Jóvenes En Situación De Riesgo En América Latina Y El Caribe 4. Código De Los Niños Y Adolescentes 5. El Código De Procedimientos Penales 6. GARCIA-BORÉS I PÍ, Josep María. El Impacto Carcelario En Sistema Penal Y Problemas Sociales En Bergali, Roberto (Coord. Y Colab.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003.Pag 400. 7. Lineamiento N° 001-2006INPE/OGT. Aprobado Mediante R.P. N° 146-2006INPE/P. Punto 4.1. 8. Organización De Los Estados Americanos (OEA) En Su “Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales” O “Protocolo De San Salvador”. 9. Artículo 2° De La Ley 27050. Ley General De La Persona Con Discapacidad. 10. Artículo 16° De La Ley 27050. Ley General De La Persona Con Discapacidad. 11. Artículo 18° De La Ley 27050. Ley General De La Persona Con Discapacidad. 12. Ley Nº 27050 -Ley General De La Persona Con Discapacidad, Y En El Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH -Reglamento De La Ley General De La Persona Con Discapacidad 13. DECRETO LEGISLATIVO Nº 654. Código de ejecución penal. 14. MESA GARCIA, J. Clasificación y Tratamiento de los Internos. Régimen penitenciario. Pág. 18. 15. SOLIS ESPINOZA, A. (2008). POLÍTICA PENAL Y POLÍTICA PENITENCIARIA. Departamento Académico de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú. San

Miguel,

Lima,

extraído

el

07/07/2016

en:

http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wpcontent/uploads/2014/05/Politica_ penal.pdf. 16. Manual de Procedimientos y Actividades de Registro Penitenciario del INPE.

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