Modelos De Escritos Ncpp.docx

Edilberto Luis Martínez Castro

MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Según el Nuevo Código Proceso Penal Decreto Legislativo N°957

MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Según el Nuevo Código Proceso Penal Decreto Legislativo N°957 Impreso en Perú

Printed in Peru

Primera edición, agosto 2016. © Edilberto Luis Martínez Castro © GRUPO EDITORIAL LEX & IURIS. Jr. Miguel Aljovín 203 Lima - Perú Telf.: 4280599 / Cel.: 997693553. Correo: [email protected]. Web: www.facebook.com/grupoeditorial.lexiuris Todos los derechos reservados. Este libro, o cualquiera de sus partes, no podrá ser reproducido ni registrado ni transmitido ni utilizado en ningún tipo de sistema de almacenaje y de recuperación (ya sea mecánico, elec- trónico, fotoquímico, digital, informático, fotocopiado, grabación sonora, podcast, escaneado, microfilmado, googleado, video, etc.) ni por cualquier otro medio existente o futuro, sin el permiso escrito del autor-editor de este libro. Tiraje: 1000 ejemplares. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2016-10491 ISBN: 978-612-4334-03-0 Impreso en: Talleres Gráficos de la Editorial Lex & Iuris Jr. Miguel Aljovín 203, Lima – Lima. Agosto 2016

ÍNDICE GENERAL

1.

MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS....................................................................15

2.

MODELO DE ESCRITO OPONIENDOSE AL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL EN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD............................17

3.

MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO PRUEBA ANTICIPADA Y ACTUACIÓN DE TESTIMONIAL EN CÁMARA GESSEL EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL.........................................................22

4.

MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL........................23

5.

MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL.........26

6.

MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO.....................29

7.

MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO OPOSICIÓN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE EXTORSIÓN...................................34

8.

MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ACTOS DE CONTROL DE INVESTIGACIÓN EN DELITO DE EXTORSIÓN..................................................36

GRUPO EDITORIAL Lex &

IurIs

5

MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 9.

MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA CONFESIÓN SINCERA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA..........................................................................................39

10. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO PROTECCIÓN DE GARANTÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA EN DELITO DE EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA....................................................................................42 11. MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE ROBO AGRAVADO.............................43 12. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE HURTO AGRAVADO..................................................50 13. MODELO DE ESCRITO OBSERVANDO ACUSACIÓN POR DEFECTOS FORMALES, OFRECE MEDIOS PROBATORIOS, Y OBJETA LA REPARACIÓN CIVIL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO..................................52 14. MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO MEDIOS PROBATORIOS Y FORMULA OPOSICIÓN EN DELITO DE ROBO AGRAVADO............................62 15. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE ROBO AGRAVADO.......................................................................65 16. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE INTEGRE AL PETITORIO Y SE DISPONGA LA REALIZACIÓN DE UNA PERICIA EN DELITO DE HURTO AGRAVADO...............................................................................................................67 17. MODELO DE ESCRITO CANCELANDO LA REPARACIÓN CIVIL Y SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO LA REVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.......................................................................................69 18. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO........71 19.

MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO POR DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR EN JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.............................................................................72

20. MODELO DE ESCRITO QUE SOLICITA DEVOLUCIÓN DE CÉDULA PARA ADJUNTAR ACUSACIÓN POR EL DELITO DE TRÁFICO DE MONEDA.......73 21. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO NULIDAD QUE DECLARA FUNDADA LA REVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR................................................................................74

22. MODELO DE ESCRITO AMPLIANDO FUNDAMENTOS DE NULIDAD DE AUTO QUE DECLARA FUNDADO LA REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR.............................................................77 23. MODELO DE ESCRITO ADJUNTANDO DEPÓSITO JUDICIAL POR MULTA POR EL DELITO DEE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS......................80 24. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ENTREGA DE DNI POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS........................................................81 25. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REHABILITACIÓN POR EL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO.................................82 26. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE CURSE OFICIO AL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PARA LA REMISIÓN DEL DEPÓSITO JUDICAL EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR................................................................................83 27. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CONVERSIÓN DE PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR................................84 28.

MODELO DE ESCRITO JUSTIFICANDO INCONCURRENCIA DE ABOGADO DEL IMPUTADO A LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN........................................................................................................87

29. MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO MEDIO PROBATORIO POR DELITO DE LESIONES.......................................................................................88 30. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO AUDIENCIA PRELIMINAR EN TRASLADO DE INTEGRACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA...........................................................................................89 31. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CORRECCIÓN POR ERROR MATERIAL EN NOMBRE DEL INVESTIGADO EN DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.....................................................................90 32. MODELO DE ESCRITO DEVOLVIENDO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PORQUE YA NO SE EJERCE LA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO........91 33. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO AUTO DE

SOBRESEIMIENTO POR CUMPLIR PAGO DE REPARACIÓN CIVIL EN CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR...................................................................................................................92

34. MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE PRORROGA EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA..............................................................................................................93 35. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA EN DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO..............................98 36. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REHABILITACIÓN EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR......................................................99 37.

MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE DECLARE CONSENTIDA LA SENTENCIA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD.........................................................................................101

38. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REFUNDICIÓN DE PENAS EN DELITO DE ROBO AGRAVADO............................................................................102 39. MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO..........106 40. MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO..............................................................107 41. MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO..........................134 42. MODELO DE ESCRITOS SOLICITANDO SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS.......................135 43. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ENTREGA DE VEHÍCULO..............138 44. MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO, SOLICITANDO COPIAS POR DELITO DE ROBO AGRAVADO....................................................139 45. MODELO DE ESCRITO PARA ACREDITAR ARRAIGO FAMILIAR Y LABORAL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO..................................................140 46. MODELO DE ESCRITO SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE COHECHO PASIVO............................................................................143 47. MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL.......................................................................................................144

4 8 .

MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE CASACIÓN EN DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO .............................. MODELO DE ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE RECURSO DE

4 9 .

APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL DELITO DE EXTORSIÓN ..........................................

5 0 .

1 6 5

1 7 9

MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO NUEVA PRUEBA EN DELITO

DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO ............................................

1 8 0

RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES 1 .

VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD ...................

1 8 5

2 .

VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EN LA MODALIDAD DE ACTOS CONTRA EL PUDOR .....................................................................................

3 .

VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EN SU MODALIDAD DE ACTOS CONTRA EL PUDOR .....................................................................................

4 .

VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL.........................................................

1 9 3

5 .

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN SU MODALIDAD DE ROBO.......

1 9 5

6 .

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SU MODALIDAD DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ....................................................................

7

IMPROCEDENCIA DE DETENCION

1 8 7 1 9 0

1 9 7 2

.-

PRELIMINAR .....................................

0 0

SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 1 .

ACTOS CONTRA EL PUDOR.........................................................................

2 0 3

2 .

ASESINATO............................................................................................... ....

2 1 0

3 .

EXTORSION AGRAVADA..............................................................................

2 2 6

4 .

EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA – TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS EXPLOSIVOS..........................................................................

5 .

PARRICIDIO Y EXPOSICION O ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES

2 5 1

6 .

ROBO AGRAVADO ABSOLUCION .............................................................

2 6 2

7 .

ROBO AGRAVADO ABSOLUCION .............................................................

2 7 3

2 4 0

8 .

ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA ..........................................

2 8 0

9 .

ROBO AGRAVADO Y RECEPTACION ...........................................................

2 8 7

1 0 .

VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD ..............................................

3 0 8

SENTENCIAS DE VISTA 1 .

ABORTO CONSENTIDO EN GRADO DE TENTATIVA..................................

31 7

2 . -

ABUSO DE AUTORIDAD ..............................................................................

3 2 6

3 .

APROPIACION ILICITA – REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA............

33 1

4 .

ASESINATO............................................................................................... ....

3 3 6

5 .

ACTOS CONTRA EL PUDOR – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA..........................................................................................

3 4 4

6 .

ACTOS CONTRA EL PUDOR – ANULAR DEBATE ORAL.............................

35 1

7 .

ACTOS CONTRARIOS AL PUDOR – NULA ABSOLVIENDO AL ACUSADO

3 6 3

8 .

ACTOS CONTRA EL PUDOR – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA..

3 7 2

9 .

APROPIACION ILICITA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA ..........

3 7 9

1 0 .

APROPIACION ILICITA – REVOCAN SENTENCIA CONDENATORIA ABSOLVIENDO AL SENTENCIADO .............................................................

1

APROPIACION ILICITA – REFORMAN INCREMENTO DE

3 8 5

1 .

REPARACION CIVIL......................................................................................

3 9 2

1 2 .

COACCION – CONFIRMAN SENTENCIA ABSOLUTORIA..........................

3 9 6

1 3 .

COHECHO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA..............................

4 0 2

1 4 .

DAÑOS – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA ...............................

4 1 0

1 5 .

DAÑOS – DECLARAR NULIDAD DE DEBATE ORAL ..................................

4 1 8

1 6 .

DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ...............................

4 2 7

1 7 .

EJERCICIO ILEGAL DE UNA PROFESION ...................................................

4 3 5

1 8 .

ENCUBRIMIENTO PERSONAL - NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA ........

44 1

1 9 .

EXTORSION – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA........................

4 5 0

2 0 .

EXTORSION – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA.....................................

4 5 6

21.

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA 466

22. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS – NULA SENTENCIA CONDENATORIA ORDENARON NUEVO JUICIO ORAL....................................476 23. FALSEDAD IDEOLOGICA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA...........485 24. FRAUDE PROCESAL..............................................................................................492 25. HABEAS CORPUS – CONFIRMA IMPROCEDENCIA DE DEMANDA.........506 26. HABEAS CORPUS – CONFIRMA RESOLUCION QUE DECLARA INFUNDADA DEMANDA......................................................................................511 27.

HABEAS CORPUS – DECLARA NULA RESOLUCION QUE DECLARA IMPROCEDENTE......................................................................................................516

28. HOMICIDIO CULPOSOS – NULA SENTENCIA CONDENATORIA..............521 29.

INSTIGACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA 530

30. HOMICIDIO SIMPLE – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA...............539 31. HOMICIDIO CALIFICADO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA..............548 32. HURTO – REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA ABSOLVIENDO AL SENTENCIADO.................................................................................................559 33. HURTO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA.......................................565 34. HURTO AGRAVADO Y ESTELIONATO....................................................................570 35. HURTO Y RECEPTACION.....................................................................................578 36. DIFAMACIÓN AGRAVADA – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA.........................................................................................................585 37. DIFAMACION – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA..........................595 38. INJURIA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA.....................................601 39. INJURIA Y DIFAMACION....................................................................................609 40. LESIONES CULPOSAS GRAVES...........................................................................616 41. LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR...............................................623 42. LESIONES GRAVES..........................................................................................630

43.

OFENSAS AL PUDOR EN SU MODALIDAD DE EXHIBICIONES Y PUBLICACIONES OBSCENAS.................................................................................637

44.

OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA...........................................................................................................645

45. OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR – APELACION INTERPUESTA POR ACTOR CIVIL CONTRA SENTENCIA DE CONFORMIDAD.................650 46. PECULADO – NULA SENTENCIA CONDENATORIA...........................................654 47. PECULADO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA.........................................667 48. ROBO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA....................................680 49. ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA.............................................689 50.

ROBO AGRAVADO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MICROCOMERCIALIZACION DE DROGA................................................................696

51. TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.......................................................706 52. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA..........................................................................................................717 53. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA......723 54. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – REVOCAN EXTREMO DE LA PENA......730 55. USURPACION AGRAVADA – CONFIRMAN SENTENCIA CONDENATORIA..........................................................................................................737 56. USURPACION – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA............................744 57. USURPACION DE FUNCIONES...........................................................................753 58. VIOLACION DE LA LIBERTAD DEL TRABAJO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA.................................................................................760 59. VIOLACION A LA LIBERTAD DEL TRABAJO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA......................................................................................764 60. VIOLACION A LA LIBERTAD DEL TRABAJO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA..................................................................................770 61. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA..........................................................780

62.

VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA 789

63. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MAYOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA..........................................................798 64.- VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL – NULA SENTENCIA CONDENATORIA ORDENAN NUEVO JUICIO ORAL.........................................809 65.- VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA...............................................................818 66. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL Y TRATA DE PERSONA..................826 67. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENORES DE EDAD CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA..........................................................835 68.

USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA.........................................................................................................844

69. USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA ORDENAN NUEVO JUICIO.....................................................853

ANEXOS DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 (29/07/2004)....................................................867 FLUJOGRAMAS: 1.

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Etapa dirigida por el Fiscal (321-343)..............................................................................................1045

2.

ETAPA INTERMEDIA - Etapa dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria (344-355)......................................................................................1046

3.

JUZGAMIENTO - Etapa dirigida por el Juez Unipersonal o por el Juzgado Penal Colegiado (356-403).....................................................1047

MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

1

MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

EXPEDIENTE Nº: ASISTENTE: SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DENTRO DEL MÁS BREVE PLAZO POSIBLE SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARA- TORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUZCO – SEDE ECHARATI: ……………., abogado defensor de MANRIQUE, en el proceso penal instaurado contra mi persona, en agravio de la Echerati por el presunto delito de Falsificación de Documentos, a Ud. con respeto digo: I. SOLICITA REPROGRAMACIÓN: El recurrente en ejercicio legítimo del Derecho de Defensa previsto y regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Peruano que le asiste a mi representada, recurro a vuestro despacho para SOLICITAR POR EQUIDAD SE PROGRAME AUDIENCIA DE IMPROCE- DENCIA DE ACCIÓN DENTRO DEL PLAZO MÁS BREVE, en razón de las siguientes consideraciones: II. FUNDAMENTOS: 2.1. En un primer momento, debemos dejar que la presente solicitud no debe ser tomada como una forma de dilatar la resolución de la controversia que en el presente proceso se encuentra dirimién- dose, por el contrario busca efectivizar y proteger el derecho de defensa que ejercemos todos las partes dentro de un proceso en general.

GRUPO EDITORIAL Lex &

IurIs

15

2.2. En ese sentido, su judicatura se encontraría de vacaciones razón por la cual toda su carga procesal estaría siendo atendida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Quillabamba, razón por la cual imposibilitaría se efectúe de manera regular la Audiencia programada, en la medida que éste juzgado solo está tramitando casos de reos en cárcel, razón por la cual se hace necesario que se programe la aludida audiencia dentro del más breve plazo posible. 2.3. No

obstante,

como

puede

observarse

del

análisis

del

expediente la presente audiencia viene siendo reprogramada en muchas oca- siones, razón por la cual en virtud del Principio de Plazo Razona- ble, solicitamos la nueva audiencia reprogramarse se realice en la fecha más próxima.

a

2.4. Existiendo entonces, una razón suficientemente objetiva para poder reprogramar la audiencia de Improcedencia de Acción, So- licitamos a su Despacho reprograme la misma con la finalidad de no afectar el derecho de defensa, defensa técnica y debido proceso del denunciado. POR LO EXPUESTO: A Ud. Solicito acceder a mi petición por ser de ley. Lugar y Fecha: (…...........................)

------------------------------------------------------------------------------------Abogado

2

MODELO DE ESCRITO OPONIENDOSE AL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL EN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD

EXPEDIENTE N°: ESPECIALISTA: SE OPONE AL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO: Neciosup con DNI Nº………., con domicilio real en ………… de esta ciudad, señalando domicilio procesal, en la calle al ubicado en la calle....................de esta ciudad, en el proceso penal seguido en mi con- tra por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en el supuesto agravio de Anaya y otros, a Ud. con el debido respeto digo: I. PETITORIO.Invocando Tutela Judicial Efectiva (segunda fase - dentro del proceso) y amparado en los Artículos 98 y 100 del Código Procesal Penal, PROCEDO A

OPONERME

DE

MANERA

FORMAL

AL

PEDIDO

DE

CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL REALIZADO POR EL SUPUESTO AGRAVIADO PROCU- RADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL, CARLOS ENRIQUE MOYA LIMO, ante ello, solicito tenga presente y proceda a conferir el valor que se merece el presente escrito de oposición y en su momento declarar in- admisible la solicitud presentada, en base a los siguientes fundamentos. II. FUNDAMENTOS DE HECHO EN QUE SE SUSTENTA LA OPOSICIÓN.A. ASPECTOS PRELIMINARES.•

De acuerdo a la disposición fiscal de fecha 16 de febrero del 2015, se dispuso de la formalización de la investigación preparatoria por el supuesto delito de

abuso de autoridad

en agravio entre otros del Estado representado por el Procurador del Gobierno Regional de La Libertad. •

Luego de las investigaciones y actuaciones procesales llevadas a cabo a nivel fiscal, por disposición del 15 DE AGOSTO DEL 2015 se DIO POR CONCLUIDA LA INVESTI- GACIÓN PREPARATORIA, en vista que al vencimiento del plazo de la investigación conforme al artículo 342 inciso 1 del Código Procesal Penal.

•

El 17 DE AGOSTO DEL 2015, el Procurador Público del Go- bierno Regional acude a vuestro despacho, a solicitar se le tenga por constituido en actor civil, sin embargo la posibi- lidad de que una persona –natural o jurídica- sea conside- rada con legitimidad para obtener la calidad de actor civil pasa por determinar la existencia de los requisitos forma- les y materiales que la norma procesal exige.

•

En ese orden de ideas se deberá analizar si la solicitud cumple con los requisitos formales estipulados en la norma procesal y en especial al plazo que se tiene para realizar dicho acto procesal.

B.

EXISTENCIA DE DEFECTOS DE ORDEN FORMAL Y DE FONDO RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL. •

El Código Procesal Penal, regula de manera expresa el trámite para constituirse en actor civil, así como los requisitos indispensables y necesarios para tal fin. De acuerdo al ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LA SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL DEBERÁ EFECTUARSE ANTE DE LA CULMINACIÓN DE LA INVES- TIGACIÓN PREPARATORIA.

•

El Código contempla que la investigación preparatoria cul- mina mediante una disposición fiscal (artículo 343 del CPP) ya sea por propia decisión fiscal o en cumplimiento de mandato judicial consecuencia de una audiencia de control

de plazos, por lo que al presentarse la decisión adoptada por el fiscal respecto a la conclusión de la Investigación Preparatoria, traerá como –estoy sostenido– la imposibilidad de que el supuesto agraviado pueda constituirse en actor civil. •

En el caso de autos, se puede verificar de la disposición fiscal que se adjunta, se ha dispuesto la conclusión de la in- vestigación preparatoria el 15 DE AGOSTO DEL 2015 sien- do que la solicitud de constitución de actor civil por par- te del Procurador Público del Gobierno Regional ha sido presentada en fecha posterior al acto procesal establecido en el artículo 101 del Código Procesal Civil, esto es, fuera del plazo legal respectivo-17 DE AGOSTO DEL 2015, por lo que vuestro despacho como Juez de Garantías no puede amparar el pedido realizado por el Procurador pues no ha cumplido con el presupuesto requerido relacionado al pla- zo legal para su constitución, el cual es extemporáneo.

•

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 94 del CPP1 establece la posibilidad de ejercer la acción reparatoria por quién resulte directamente ofendido (sujeto pasivo del delito) o perjudicado directamente por las consecuen- cias del delito (sujeto pasivo de la acción). Es evidente, pues, que no basta con invocar que uno ha sido víctima de un delito, sino que también tiene que acreditarlo con prue- bas materiales que sean sometidas a las reglas de la lógica, ciencia y experiencia.

•

1

Puede apreciarse entonces, de lo que es objeto de formalización de la investigación preparatoria es que supuesta-

Art. 94. Definición “Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (…).”

mente la suscrita habría incurrido en abuso de autoridad porque “ habría encerrado en el interior de una institución educativa en forma arbitraria y sin motivo alguno a las personas de Anaya y Huatay, por lo que supuestamente esta parte habría causado un perjuicio a las personas antes mencionadas, no teniendo ninguna participación en dicho acto ni mucho menos los supuestos efectos del mismo se extenderían al Estado a través del Gobierno Regional de La Libertad, dejando sentada una idea preliminar, debi- do a que el artículo 376 del Código Penal expresa que “ al alusión al término alguien permite legítimamente colegir que existe un perjudicado (una persona física o jurídica, un particular o un colectivo social) que es el que sufre el agravio directo del acto arbitrario “ el cual indudablemen- te al supuestamente estar materializado al acto de “ haber encerrado a unas personas “ no se puede considerar como agraviado al Estado, por lo que la Procuraduría del Gobier- no Regional de La Libertad, no tiene interés ni legitimidad, por lo tanto no puede ejercer el derecho de peticionar una reparación civil dentro del proceso penal. •

Esto tiene relación con el Art. 100 del CPP numeral 2 literal “d” que exige que el actor civil ofrezca pruebas documen- tales que acredite su pretensión resarcitoria y consecuen- temente su derecho. En otras palabras, el legislador exige que el actor civil no solo invoque legitimidad sino que la misma tiene que ser demostrada con prueba idónea, la misma que no existe en el presente proceso, pues como se dijo anteriormente el hecho incriminado no tiene relación alguna con la función detentada por mi patrocinada, lo que significa que no existe perjuicio para el Estado.

III. MEDIOS PROBATORIOS DE LA OPOSICIÓN.•

Disposición fiscal de fecha 16 de febrero del 2015, derivado del caso 878 - 2014 en que se procede a la formalización de la investi-

gación preparatoria por el supuesto delito de abuso de autoridad que habría realizado la suscrita, que obra en autos. •

Disposición fiscal del 15 DE AGOSTO DEL 2015 derivado del caso 878 – 2014, exp. 1170 – 2015, en la cual se da por concluida la investigación preparatoria.

•

Escrito de constitución de actor civil presentado por el Procurador Público del Gobierno Regional el 17 DE AGOSTO DEL 2015, esto es fuera del plazo legal estipulado en el artículo 101 del Có- digo Procesal Penal, que obra en autos.

III. ANEXO.•

Disposición fiscal del 15 DE AGOSTO DEL 2015 derivado del caso 878 – 2014, exp. 1170 – 2015. POR LO EXPUESTO: A usted acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…........................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL RECURRENTE

3

MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO PRUEBA ANTICIPADA Y ACTUACIÓN DE TESTIMONIAL EN CÁMARA GESSEL EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA SE ADMITA PRUEBA ANTICIPADA Y SE PROGRAME FECHA PARA LA ACTUACIÓN DE LA TESTIMONIAL EN CÁMARA GESSEL

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO PREPARA- TORIA DE TRUJILLO

DE

INVESTIGACIÓN

……………………….Abogado de …………………………., representante de la menor agraviada de iniciales A. B. C. D., en el proceso seguido contra……………………….. por el delito contra la libertad sexual, ante Ud. digo: Considerando que la Prueba Anticipada consiste en la declaración testimonial de la menor agraviada resulta indispensable y urgente debido al delicado estado de salud mental de la agraviada que padece de RETARDO MENTAL existiendo un alto grado de probabilidad que pueda olvidar los hechos ocurridos materia del presente proceso, más aún si se encuentra en estado de gestación como consecuencia del delito perpetrado en su contra y de los daños psicológicos, por lo que solicito A LA BREVEDAD SE ADMI- TA LA PRESENTE PRUEBA ANTICIPADA Y SE REPROGRAME FECHA PARA LA REALIZACIÓN DECLARACIÓN DE LA MENOR EN CÁMARA

DE

LA

GESSEL teniendo en cuenta además la relevancia de dicha testimonial en el presente proceso y la naturaleza de URGENTE de dicha prueba. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…....................) ------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARA- TORIA DE TRUJILLO ……………………….Identificado con DNI N°……………. domiciliado en ……………………………en representación de mí menor hija de iniciales A. B. C. D., en el proceso seguido contra………………………..por el delito contra la libertad sexual, ante Ud. digo: I.- PETITORIO: De

conformidad

con

lo

dispuesto

en

los

artículos

94,98,99,

100,101,102,104 y 105 del C.P.P. y en representación de mi menor hija de iniciales A.B.C.D., (14 años de edad) parte agraviada en los hechos materia del presente proceso; acudo a vuestro despacho con la finalidad de solicitar mi CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL en el presente proceso, solicitando se me tenga CONSTITUIDO en actor civil y se me otorguen las prerrogativas establecidas en la ley a fin de poder ejercer mi defensa en mérito a los siguientes fundamentos: II.- LEGITIMIDAD DE LA RECURRENTE: La recurrente es madre la menor de iniciales A.B.C.D., quien debido a su minoría de edad y la discapacidad por retardo mental que padece se encuentra imposibilitada para ejercer los derechos que le asiste personalmente en condición de parte agraviada dentro del presente proceso. Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 94 Inc. 2 C.P.P, concordante con lo dispuesto en el Art. 816 del C.C., me asiste el Derecho de Constituirme en ACTOR CIVIL en representación de mi menor hija.

III.- DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL C.P.P: 3.1.- IMPUTADO:........................................, a quien se le notificara en su domicilio ubicado en ………………….. 3.2.- RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL DELITO EN SU AGRAVIO Y EXPOSICIÓN DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN SU PRETEN- SIÓN: 

El imputado agredió sexualmente a mi menor hija desde que ella tenía 13 años de edad hasta en 4 oportunidades desde el mes de agosto del 2013 fecha en que llego a vivir en mi domicilio ubicado en……………………por ser pareja de mi sobrina Ruth en cuyo inmueble resido hasta la actualidad conjuntamente con mi menor hija, cuyos actos se han repetido hasta fines del mes de enero e inicios de febrero del 2014.



Dichos actos se producían en circunstancias que la recurrente salía al mercado a realizar compras para el hogar en donde el imputado aprovechaba para someter sexualmen- te a mi menor hija sin importarle que esta sufre de retardo mental, llegando incluso a embarazarla.



Según lo dispuesto en el Art. 93 del C.P.P., la reparación ci- vil comprende: a) La restitución del bien o si no es posible, el pago de su valor y b) La indemnización de los daños y perjuicios. En el presente caso conforme a los hechos de- nunciados mi menor hija a sido afectada tanto en el aspec- to moral y físico causando problemas de personalidad en mi hija incrementándose por su estado de retardo mental, por lo que no es posible una restitución del bien, conside- rándose además que tanto la recurrente como el padre de mi hija hayamos tenido que ausentarnos de nuestros tra- bajos debido a la instauración del presente proceso penal.



El monto de la Reparación Civil debe de fijarse en conside- ración al daño psicológico y físico de nuestra menor hija.

IV.- PRUEBAS: 4.1.- Acta de denuncia policial 4.2.- Certificado Médico Legal 4.3.- Pericia Psicológica practicada a la menor y al imputado. 4.4.- Testimoniales de la agraviada y de la suscrita. 4.5.- Constancias que acreditan el retardo mental de mi hija. V.- ANEXOS: 5.1.- Copia de mi DNI 5.2.- Acta de Nacimiento de mi menor hija. 5.3.- Copia del DNI de mi menor hija. 5.4.- Copia del carnet de inscripción en el Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad – CONADIS. 5.5.- Copia de la Disposición de Formalización de la Investigación Prepa- ratoria en el presente proceso. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…....................)

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MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Aldair, en los seguidos por Daniel por la supuesta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de Robo Agravado; ante Ud. digo: I.- PETITORIO: Que al amparo de lo que prescriben los artículos 268 y 286 del C.P.P., interpongo Recurso de Apelación contra la resolución número DOS de fecha 10 de octubre del 2015, que resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva de mi patrocinado, elevando los actuados al Superior Jerárquico en donde espero obtener su REVOCATORIA de la resolución impugnada. II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que, mediante Acta de Intervención Policial, el agraviado Daniel, manifiesta que siendo las 21:30 horas del día 08 de Octubre, en circunstancias en que efectuando una carrera de servicio particular a cuatro personas, y estando a la altura del AA.HH. Antenor Orrego, las cuatro personas le querían despojar de su vehículo, para dicho efecto fue golpeado por dichos individuos, para lo cual se dieron a la fuga, por dicho lugar, fue en eso entonces que personal de la Comisaria Nicolás Alcázar, que se encontraban patrullando por dicho lugar, y capturaron a mi pa- trocinando y pusieron a disposición a dicha Comisaria. 2.2.- Posteriormente se le efectuó el acta de registro personal, dando el siguiente resultado:

- Para DROGAS (NEGATIVO) - Para ARMAS DE FUEGO (.NEG.ATIVO) - Para MONEDA NACIONAL (NEGATIVO) - Para MONEDA EXTRANJERA (NEGATIVO) - Para JOYAS Y ALHAJAS (NEGATIVO) - Para OTROS (POSITIVO); entre otros enseres de uso personal 2.3.- De otro lado, mediante la declaración de ALDAIR, este sostiene que el día de la intervención había tomado una carrera en compañía de su amigo FERNANDO, y dos persona más entre la Av. Pumacahua Cuadra 14 El Porvenir, con destino hasta el AA. HH Nuevo Porvenir, y fue en ese momento que el pidió a sus amigos se encontraba en la parte posterior que den su parte correspondiente de la carrera ya que el conductor ha- bía cobrado ocho nuevos soles, y al ver que no tenía quería fugar sin haber cancelado y fue en ese momento que el agraviado coge del brazo a mi patrocinado y en ese momento el co imputado FERNANDO, lo golpea con una piedra, al agraviado y es en ese momento que mi patrocinado coge las llaves del vehículo y fugan, para posteriormente ser detenido por personal policial. 2.4.- El Coimputado en su declaración manifiesta, que quien golpeo al agraviado fue él y lo hizo con una piedra, por parte de su cabeza, y que en ningún momento se efectuó con una arma de fuego como refiere el agraviado y es más cuando se realiza el registro personal se determina que ninguno de los imputados registraban tener arma, lo cual es un con- tradicción por parte del agraviado cuando manifiesta que lo golpearon con una arma de fuego. 2.5.- Asimismo, no obra el acto de reconocimiento RENIEC que debe re- visar la policía con la finalidad que el agraviado logre identificar a los presuntos autores, toda vez que de la declaración del agraviado, él ma- nifiesta que fueron cuatro personas quienes lo tomaron el taxi., con la finalidad de poder determinar las identificación de cada uno deellos. 2.6.- Con respecto al segundo presupuesto referente a la PROGNOSIS DE LA PENA, al no haber elementos de convicción que justifiquen la responsabilidad de mi patrocinado, no se cumple con este presupuesto de la norma procesal penal.

2.7.- Con respecto al PELIGRO PROCESAL, el domicilio real de mi patrocinado esta individualizado con la ficha de la RENIEC, la declaración del propio procesado, la presencia del representante del Ministerio Público, y el acta de verificación domiciliaria hecha por personal de la Comisaria Nicolás Alcázar en el distrito del Porvenir. 2.8.- Asimismo debo manifestar que mi persona labora como Auxiliar de reparto, en la Empresa MARGISA DISTRIBUCIONES S.R.L., con RUC N” 20482616569.asimismo, se encuentra sirviendo al Ejercito— Ministerio de Defensa del Ejercito del Perú., de otro lado se encuentra realizando estudios en SENATI Zonal La Libertad, En el programa de Meca trónica conforme se acredita con los documentos que han sido presentados a su Despacho. 2.9.- Que, en consecuencia, no existiendo los presupuestos legales establecidos para disponer la Prisión Preventiva, la resolución impugnada carece de objeto y sustento legal por lo que solicito a su despacho se sirve elevar los actuados al Superior Jerárquico donde espero alcanzar su REVOCATORIA. III.- NATURALEZA DEL AGRAVIO: La resolución apelada me causa agravio, porque, al decretar de manera indebida la referida medida preventiva en mi contra, se esté contraviniendo derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú, que tienen que ver con las libertades individuales y personales. POR TANTO: A usted Señor Juez, solicito se sirva tener por inter- puesto el presente Recurso, elevarlo al Superior Jerárquico donde espe- ro alcanzar la REVOCATORIA de la resolución impugnada. Lugar y Fecha: (….............................)

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MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Ricardo, en los seguidos por Daniel en la supuesta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de Robo Agravado; ante Ud. digo: L-PETITORIO: Que, en aplicación del irrestricto de derecho de defensa y al derecho fundamental a la libertad ambulatoria reconocida por nuestra Constitución Política del Estado, recurrimos a su digno Despacho en atención a lo dispuesto en el Art. 283° del Código Procesal Penal, con la finalidad de solicitar la cesación de la prisión preventiva que pesa sobre el recurrente v que se sustituya por una medida de comparecencia simple; disponién- dose-en tal sentido mi inmediata libertad; ello en base a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que a continuación se pasa a exponer IL- FUNDAMENTOS DE HECHO: PRIMERO: Que, la libertades uno de los derechos más importantes de la persona humana, es por ello que el Art. 2 inciso 24° de la Constitución Política, consagra la libertad y seguridad personales como un derecho fundamental, que solo puede restringirse por expresa disposición Jurídi- ca con rango de ley, en directa concordancia con los principios de instru- mentalidad, necesidad y prueba suficiente.

proporcionalidad,

legalidad,

SEGUNDO: Que, se inicia la investigación fiscal en contra del recurrente por el delito de Robo Agravado, en agravio de Daniel, investigación que actualmente es llevada a cabo por la Dra. Chávez,

Fiscal de la Prime-

ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad, asignándole a la investigación el 4152-2015, es preciso indicar que al recurrente se le im- puso la medida de prisión preventiva teniéndose en cuenta los primeros recaudos de la investigación TERCERO: Que, sin embargo conforme se ha ido desarrollando la inves- tigación fiscal, se han dado nuevos elementos de convicción que pueden demostrar que no concurren los motivos que inicialmente determinaron la imposición de la medida de prisión preventiva en contra del recurren- te, y resulta de innecesaridad sustituirla por una de comparecencia. Es por ello que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 283” del Código Procesal Penal solicitamos la cesación de la prisión preventiva. CUARTO: Que respecto de la SUFICIENCIA PROBATORIA, se debe decir Señor Juez que ésta se ha desvanecido, ello por cuanto: 1) El Agraviado: DANIEL, en su ampliación de declaración prestada ante el ministerio Pu- blico cae en una serie de contradicciones respecto a lo manifestado en su primera declaración, donde en una primera instancia refiere que fue atacado por arma de fuego, por parte de la persona que se encontra- ba en la parte posterior; sin embargo, en su ampliación de declaración refiere que no se percató con que lo atacaron, pero si fue por la parte posterior, de otro lado, debo manifestar que mi patrocinado refiere en su ampliación de declaración que el agraviado en varias oportunidades le iba cobrando sobre el servicio y al percatarse que probablemente no le iban a cancelar opta coger a mi patrocinado por la parte del brazo, y en esas circunstancias los dos ocupante salen corriendo quedando a un solo ocupante quien le propina un fuerte golpe con una piedra en la ca- beza ya que él había bajado y al ver que no soltaba a su compañero opta por tirarle la piedra. QUINTO: Que, asimismo, la Declaración del Testigo JEAN, refiere que cuando se encontraban patrullando el Asentamiento Humano Antenor Orrego, escucharon unos gritos donde los vecinos refirieron que una persona había sido asaltado con arma de fuego, para posteriormente captúralo, en donde el agraviado le refiere que había asaltado con arma

de fuego, y en su ampliación de declaración el agraviado refiere que no se percató con que lo golpearon estas contradicciones conllevan a desvanecer la actividad probatoria por parte de la Fiscalía confirmando lo manifestado por ambos imputados. SEXTO: Que, sin embargo conforme se ha ido desarrollando la investigación fiscal, se han dado nuevos elementos de convicción que pueden demostrar que no concurren los motivos que inicialmente determinaron la imposición de la medida de prisión preventiva en contra del recurren- te, y resulta de innecesaridad sustituirla por una de comparecencia. Es por ello que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 283’* del Código Procesal Penal solicitamos la cesación de la prisión preventiva. SÉPTIMO: Que respecto de la SUFICIENCIA PROBATORIA, se debe decir Señor Juez que ésta se ha desvanecido, ello por cuanto: 1) El Agraviado: DANIEL, en su ampliación de declaración prestada ante el ministerio Pu- blico cae en una serie de contradicciones respecto a lo manifestado en su primera declaración, donde en una primera instancia refiere que fue atacado por arma de fuego, por parte de la persona que se encontra- ba en la parte posterior; sin embargo, en su ampliación de declaración refiere que no se percató con que lo atacaron, pero si fue por la parte posterior, de otro lado, debo manifestar que mi patrocinado refiere en su ampliación de declaración que el agraviado en varias oportunidades le iba cobrando sobre el servicio y al percatarse que probablemente no le iban a cancelar opta coger a mi patrocinado por la parte del brazo, y en esas circunstancias los dos ocupante salen corriendo quedando a un solo ocupante quien le propina un fuerte golpe con una piedra en la ca- beza ya que él había bajado y al ver que no soltaba a su compañero opta por tirarle la piedra. OCTAVO: Que, asimismo, la Declaración del Testigo JEAN, refiere que cuando se encontraban patrullando el Asentamiento Humano Antenor Orrego, escucharon unos gritos donde los vecinos refirieron que una persona había sido asaltado con arma de fuego, para posteriormente captúralo, en donde el agraviado le refiere que había asaltado con arma

de fuego, y en su ampliación de declaración el agraviado refiere que no se percató con que lo golpearon estas contradicciones conllevan a desvanecer la actividad probatoria por parte de la Fiscalía confirmando lo manifestado por ambos imputados. NOVENO: Que, respecto a la PENA PROBABLE, con los nuevos elemen- tos de convicción, tanto con las declaraciones testimoniales, se puede advertir que no existe ni siquiera una remota posibilidad de que se im- ponga sentencia condenatoria a los recurrentes, por el delito que viene siendo investigado, ya que de autos aparece que no existe elementos suficientes que vinculen a mi patrocinado con el delito que se les viene investigando. DÉCIMO, Que, respecto al PELIGRO PROCESAL, se debe decir que el peligro de fuga queda desvirtuado por cuanto de la carpeta fiscal se pue- de advertir que no es posible que al recurrente se le condene por los hechos investigados, ello debido a los nuevos elementos que han surgi- do en la etapa de investigación permiten establecer un desvanecimiento de la suficiencia probatoria. Por otro lado, se puede advertir que no es posible que el recurrente pueda eludir la acción de la justicia, pues de la investigación se ha llegado a establecer que mi patrocinado se encuentra sirviendo al Ejercito, y al mismo tiempo estudiando. ONCEAVO: En cuanto al peligro de obstaculización, se debe indicar que, la investigación está completa, se han llevado a cabo las diligencias ne- cesarias como para esclarecer los hechos materia de investigación; asi- mismo, se ha determinado que mi patrocinado está colaborando con la justicia cuando ha sido requerido, y mucho más cuando mi coimputado se encuentra gozando de comparecencia, y también se ha presentado las veces cuando ha sido requerido. III.- FUNDAMENTOSDEDERECHO: •Art. 283°del Código Procesal Penal. •Art. 274°Inciso 2°del Código Procesal Penal. •Art. 2° inciso 24°de la Constitución Política del Perú.

IV.- ANEXO: 4.1.- Ampliación de declaración del Agraviado. 4.2.- Ampliación de declaración del imputado 4.3.- declaración de Testigo. OTROSÍDIGO: Que, por convenir a mi derecho y en aplicación del irrestricto derecho de defensa reconocido a toda persona por nuestra Constitución Política de El Estado, recurro a su digno Despacho, con la finalidad de nombrar como nuestro abogado defensor a los letrados ALFONSO y HERNAN, a quien le confiero todas las facultades que el caso amerita, en salvaguar- da de mi derecho derechos procesal, y señalo como domicilio procesal en la calle Almagro 223 Of 210, de esta ciudad de Trujillo, donde se me notificará con las resoluciones que su despacho emita con arreglo a ley. POR TANTO: A usted Señor Juez, acceder a lo solicitado y tramitar conforme a Ley. Lugar y Fecha: (….............................)

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MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO OPOSICIÓN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE EXTORSIÓN

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: OPOSICIÓN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………, Abogado de Anita en los seguidos por la supuesta comisión del delito de extorsión en agravio de Israel; ante Ud. digo: Que habiendo tenido conocimiento de la solicitud del proceso especial de TERMINACION ANTICIPADA presentada por la co procesada Diana y habiéndose corrido traslado de dicho pedido a los sujetos procesales para pronunciarse acerca de su procedencia, la defensa de la procesada Anita, presenta OPOSICIÓN AL ACUERDO DE TERMINACION ANTICIPADA ARRIBANDO ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y LA COPROCESADA DIANA, en mérito a los siguientes fundamentos: 1.- En primer lugar Señor Juez no estamos de acuerdo en que se le imponga una pena suspendida a la co procesada Diana, ya que se trata de un delito de extorsión, con pena grave y donde la pena oscila entre diez a quince años, pues aun con la tentativa la pena no puede llegar a dis- minuir hasta el punto de imponer una pena irrisoria como lo es la pena suspendida, aunada al hecho de que dicha co procesada es la principal procesada por haber cometido el delito en flagrancia delictiva. 2.- No puede aprobarse una terminación anticipada aplicándose el descuento de pena por confesión sincera, ya que la norma procesal claramente establece que no hay confesión sincera en caso de flagrancia delictiva, si recordamos a la co procesada Diana se le intervino in situ, recibiendo el cupo extorsivo junto con el otro co procesado Edinson, por lo que no es aplicable en este supuesto la confesión sincera. 3.- El art. 161 del C.P.P., señala que este beneficio es inaplicable en los su- puestos de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de cargos en aten-

ción a los elementos probatorios incorporados al proceso (…)”, es decir la norma claramente señala que no puede existir confesión sincera en un supuesto de flagrancia delictiva, lo contrario sería afectar el Principio de Legalidad Procesal e ir contra el sentido de la norma, pues claro si existe flagrancia obviamente existen elementos probatorios serios que involucran a la co procesada Diana, por ello no puede aprobarse una terminación anticipada en esos términos. 4.- El art. 160, numeral 2, d) del C.P.P., señala que la confesión tiene que ser sincera y espontánea, y en el presente caso la co procesada Diana, no ha dado una declaración sincera y espontanea en la presente investigación, pues al momento de la intervención policial no acepto los cargos (ver el acta de intervención policial), más bien trato de justificar su pre- sencia en el lugar de la intervención señalando que ha sido enviada por Anita a recoger dicho cupo, siendo que esta circunstancia hasta la fecha no ha sido corroborada, por lo que se aprecia que no ha habido espon- taneidad y sincera en sus declaraciones, pues n o acepto desde un inicio los cargos, es más en su declaración inicial de fecha 22.06.15., tampoco acepta los cargos, señalando cuando le preguntan por el dinero recibido (cupo) que el dinero no era de ella y en la última pregunta señala que no se considera responsable, por lo que no existe confesión sincera en el presente caso y la declaración ampliatoria que ha sido posterior no pue- de ayudar para que se considere que su versión es espontánea y sincera. 5.- Es por lo que solicitamos que se desapruebe la terminación anticipada solicitada por la co procesada Diana, al no existir confesión sincera y por lo tanto no se le puede imponer una pena suspendida que sería un beneficio para la co procesada, pese a que no se cumplen los requisitos legales exigidos en la norma procesal penal vigente. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicito, por ser de justicia Lugar y Fecha: (…............................) ------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ACTOS DE CONTROL DE INVESTIGACIÓN EN DELITO DE EXTORSIÓN

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA ACTOS DE CONTROL DE INVESTIGACIÓN SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………,

Abogado

de

Anita

en

los

seguidos por la supuesta comisión del delito de extorsión en agravio de Marino; ante Ud. digo: I.- PETITORIO: Que a fin de cautelar los intereses de mi legitimo e inherente derecho a la Defensa consagrada en el inciso 14 del Art. 139 de nuestra Constitución Política, con la intención de intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y a utilizar los medios de prueba pertinente y de conformidad con lo establecido en el Art. 337 inciso 5 del C.P.P., la defensa técnica solicita CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL FISCAL ENCARGADO DE LA CARPETA FISCAL, CON LA FINALIDAD DE QUE ORDENE LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN FISCAL EN EL CEMENTERIO MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (calle Miraflores), puesto de flores ANITA en donde estaba la procesada ANITA vendiendo sus flores el día de la intervención, en mérito a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que habiéndose formalizado investigación contra la investigada conforme data de la formalización de que el día de los hechos se intervi- no a Diana conjuntamente con Edinson, en circunstancias que se había constituido hasta la calle de Torre Ugarte a recoger el dinero producto de

la extorsión que se le estaba haciendo a Marino, a quien el día 22/05/15 a las horas 11.00 a.m., le habían dejado en su hotel una carta con conte- nido extorsivo, solicitándole la suma de S/ 5,000.00 caso contrario aten- tarían contra la vida de su mamá, hijos e esposa, que con el propósito antes indicado, luego que el agraviado recibió la carta extorsiva, denun- cio los hechos y se organizó un operativo policial, haciéndose pasar por el agraviado el efectivo policial Arabel, quien fue el que realizo las nego- ciaciones telefónicas con las extorsiones, pactando finalmente la suma de S/ 1,000 soles en el lugar antes indicado que efectuada la entrega del sobre cerrado conteniendo la suma de S/20.00 que el agraviado facilito para que sea utilizado como “carnada” por su parte el efectivo policial, en donde se menciona a la imputada Diana, esta al verse descubierta sindico a su tía Anita como quien le había indicado para que vaya a re- coger el dinero, la misma que se encontraba por las inmediaciones de la Av. Túpac Amaru por el cementerio, lugar en donde el efectivo policial se constituyó al lugar logrando detener a dicha persona. HASTA LA FECHA AUN NO SE HA LLEVADO A CABODICHA DILIGEN- CIA QUE ES NECESARIA PARA PODER OFRECERLA EN EL PLENARIO Y DEMOSTRAR LA INOCENCIA DE LA INVESTIGADA, DEMOSTRAR LAS CIRCUNSTANCIAS PORQUE ANITA SE ENCONTRABA EN LAS INME- DIACIONES DEL CEMENTERIO MIRAFLORES. 2.2.- Que habiendo solicitado esta diligencia, en fecha 05 de octubre del 2015, el Ministerio Público se pronunció en la providencia fiscal de fecha 07 de octubre del 2015 declarando inadmisible dicha solicitud la cual el día 15 de octubre del 2015 se subsano, después por providencia N° 14 se declaró IMPROCEDENTE el pedido. 2.3.- Que no se están respetando los derechos de los investigados, esto es el derecho a probar, ante ello el Principio de Igualdad de Armas, que reconoce el Art. IX del T.P. del C.P.P, que garantiza el derecho de defensa de forma objetiva e imparcial, en donde todas las partes intervinientes en el proceso incluido el imputado tiene las mismas posibilidades de ejer- cer actividad probatoria, de ser escuchados y atendido y lo más impor-

tante de este principio es que no admite la supremacía del Ministerio Público frente al imputado, ambas partes procesales se encuentran en el mismo nivel, tienen las mismas oportunidades de las mismas noticias respecto al proceso, pueden utilizar los mismos medios de prueba, etc. 2.4.- Que en mérito a lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público bajo ningún pretexto no puede concederme la misma, que siendo el Mi- nisterio Público el titular de la acción penal la que ejercita de oficio tal como lo establece el art. 60 y siguientes del C.P.P, y de conformidad con los arts. 11 y 14 de la ley Orgánica del M.P., por cuanto como se puede corroborar y constatar a través de los actuados en el expediente fiscal, ha omitido y rehusado a cumplir con un acto funcional. III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PETITORIO: Inciso 5 del Art. 337 del C.P.P. IV.- ANEXOS: 4 – A.- Escrito de fecha 05 de octubre del 2015. 4 – B.- Providencia Fiscal N° 12 de fecha 07 de octubre del 2015. 4 – C.- Escrito donde se subsana omisión de fecha 15 de octubre del 2015. 4 – D.- Providencia Fiscal N° 14 de fecha 20 de octubre del 2015 POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Juez acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…............................)

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA CONFESIÓN SINCERA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA LA CONFESIÓN SICERA Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………Abogado de Diana en la investigación que se le sigue por la supuesta comisión del delito de extorsión en grado de tentativa en agravio de Marino, ante Ud. digo: I. PETITORIO: Solicito la TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA PRESENTE INVESTIGA- CIÓN, DEBIÉNDOSE APLICAR PARA EL EFECTO LA CONFESIÓN SINCERA DEL SUJETO AGENTE; por los siguientes fundamentos II. FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- La imputada DIANA, desde el primer instante en que fue interveni- da por la Policía Nacional del Perú (PNP) ha confesado con argumentos sólidos e una verdad, la misma que se hace merecedora de la aplicación de la CONFESIÓN SÍNCERA tal como lo señala el Art. 161° del Código Procesal Penal, puesto que con la sola intervención policial (PNP) de in- mediato se puso a disposición de ésta, explicando los hechos de manera sincera, conduciéndolos por el camino correcto para el esclarecimiento de los hechos materia de la demanda, lo que explica con absoluta clari- dad y certeza de que se trata de una confesión sincera sin lugar a dudas por consiguiente es de aplicación la norma procesal antes mencionada. 2.2.- Al haber prestado todas las facilidades para esclarecer los hechos de investigación y consultado por mi persona para solicitar la Terminación

Anticipada, mi Patrocinada (Imputada), me ha manifestado su voluntad de que se dé por terminado el proceso, empleando dicho mecanismo pro- cesal que señala el Art. 468° del citado cuerpo de leyes, demostrando una vez más que se encuentra arrepentida de la conducta desplegada y que es materia de proceso penal; por lo que atendiendo a dicha petición recurro ante vuestro Despacho, solicitando la TERMINACIÓN ANTICI- PADA antes mencionada. 2.3.- Habiendo confesada la imputada de manera voluntaria y sin presión alguna, Así como el haber puesto de manifiesto su voluntad de que su proceso concluya mediante la terminación anticipada; pues, la defen- sa considera que también le alcanza los beneficios que señala el Art. 471° del Código Procesal Penal, en comento. 2.4.- A los hechos expuestos se agrega de que la procesada es una persona aún menor de edad, tan solo de 19 años de edad, madre soltera con arraigo familiar, sin antecedentes policiales, judiciales y penales; asi como, de ima manifiesta voluntad sincera de mejorar su conducta, lo que explica con verdad de que, es una persona que merece que la institución judicial como ente rector tenga en cuenta tales hechos que sirvan para resolver el petitorio. III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 3.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: Art. 2°, inciso 24, referente al derecho de libertad. 3.2.- CÓDIGO PENAL: Art. VIII del T.P., referente a la proporcionalidad de la sanción penal. Art. 22° responsabilidad restringida por la edad. 3.3.- CÓDIGO PROCESAL PENAL: Art. 161, el beneficio por la confesión sincera. Art. 468, norma que permite la terminación anticipada. Art.471, dispositivo legal que permite la reducción acumulada de la pena de una sexta parte.

IV. PRETENSIONES DE LA DEFENSA A FAVOR DEL IMPUTADO: A) Señor Juez, la defensa considera de que teniendo en cuenta las circunstancias como se ha producido los hechos sub materia del proceso, así como la conducta desplegada del sujeto agente, esto es, de haber de- mostrado una confesión sincera con los elementos de veracidad y certe- za, sin haber puesto en ningún momento a duda su verdad, así como los premios que tanto el código sustantivo como el adjetivo ha incorporado para los casos como: la conducta que es materia de investigación, la pena a aplicársele a fin de no causarles mayores secuencias como resultado de una sanción excesiva y teniendo en cuenta los PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD; en concordancia con los Principios de Legalidad y Lesividad del bien jurídico tutelado por la ley penal. B) Normas que amparan para resolver la conducta del sujeto agente: a) Efectos de la confesión sincera, Art. 161 del C.P.P. el Juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal. b) Proceso de Terminación Anticipada, Art. 471 del C.P.P. reducción adicional acumulable: el imputado que se acoja a este proceso recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Juez acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…............................)

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO PROTECCIÓN DE GARANTÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA EN DELITO DE EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA PROTECCIÓN DE GARANTÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO PREPARA- TORIA DE TRUJILLO

DE

INVESTIGACIÓN

……………………Abogado de Diana en la investigación que se le sigue por la supuesta comisión del delito de extorsión en grado de tentativa en agravio de Marino, ante Ud. digo: I.- SOLICITA GARANTÍAS: Señor Juez el día de hoy en momento que ingresaba a la Sala de Audien- cias así como por los pasillos de la Corte Superior de Justicia, he sido insultado de manera vulgar, así como he tenido que esquivar algunos objetos que me han arrojado los familiares de la procesada Anita, por lo que tuve que correr a fin de evitar poner en riesgo i integridad física y psicológica. Por lo expuesto solicito a usted brindarme las garantías necesarias disponiendo las medidas pertinentes para la audiencia del día 12 del mes en curso a las 11.00 a.m. POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Juez acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…............................)

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MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE ROBO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: FUNDAMENTA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……….., en la investigación preparatoria seguida por el presunto delito de Robo Agravado en el grado de tentativa, en agravio de Caballero, a Ud. con respeto digo: I.- PETITORIO:

Dentro del plazo de ley, recurro ante su despacho para FUNDA- MENTAR EL RECURSO de APELACIÓN contra la Resolución N° TRES expedida con fecha 28 de Octubre del 2015, mediante la cual se declara INFUNDADO la solicitud de Cesación de Prisión Preventiva formulada por el imputado; resolución que la defensa considera no se encuentra arreglada a ley ni al derecho, por lo que SOLICITO admitir a trámite el presente recurso y elevar los actuados al SUPERIOR JERÁRQUICO donde espero encontrar su revocatoria; en mérito a los fundamentos que paso a exponer. II- NATURALEZA DEL AGRAVIO: Que, la resolución que es objeto del presente recurso de apelación se interpone por haberse efectuado VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTI- TUCIONAL DE LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO y la FALTA DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, así como también

la afectación del DERECHO A LA DEFENSA, del DERECHO A LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA e implícitamente la vulneración del DERECHO A LA PRUEBA, errores en los que ha incurrido el Juzgador al emitir la aco- tada resolución. III- FUNDAMENTOS DE HECHO 3.1.- Que el Juzgador ha incurrido en un grave error al señalar en el PRIMER CONSIDERANDO, en forma exhaustiva sobre la forma y cir- cunstancias en que ocurrieron los hechos, (sustento fáctico) pese a que ninguna de las partes, esto es ni mi abogado defensor ni el Fiscal han sustentado todos los hechos que se mencionan en este considerando, es más estos mismos fundamentos que el Juzgador sustenta en la resolución impugnada, ya han sido invocados anteriormente cuando resolvió el requerimiento de Prisión Preventiva que fuera solicitada por el Ministerio Público hace varios meses. Que siendo esto así se verifica que la resolución impugnada

ha vulnerado el PRINCIPIO DE

CONGRUENCIA. El autor Miguel Fenech, señala que congruencia es “...la conformidad que debe existir entre el contenido de la sentencia y la pretensión que constituyen el objeto del proceso en que aquella se dicta...”. Lo que apli- cado al presente caso significa que el Juez debe resolver sobre los he- chos invocados que le son sometidos a su conocimiento, puesto que su misión es decidir exclusivamente sobre tales hechos, siendo que le está vedado crear relatos históricos nuevos o incorporar elementos o circuns- tancias ajenos al hecho que se somete a debate. 3.2.- De los fundamentos antes expresado, se puede colegir que el A quo ha fundado su decisión en los hechos y elementos de convicción que se requieren para sustentar una Prisión Preventiva, solicitud que ninguna de las partes había peticionado, por el contrario nuestra pretensión era totalmente distinta ya que el requerimiento de mi defensa es el de Ce- sación de Prisión Preventiva. Es por ello que también

consideramos que se ha incurrido en la afectación del

Principio Constitucional de la FALTA DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, pues no

se cumple con este principio ya que se emite un pronunciamiento sobre cuestiones no invocadas, haciendo alusión a una etapa superada- requerimiento de prisión preventiva, solicitud que no corresponde con lo expresado por mi defensa, ya que ante el pedido expreso de cesación y estando a un abundante sustento de los nuevos elementos de convicción surgidos durante la investigación, se emite una resolución imprecisa, in- coherente, con errores sustanciales que inciden también en la afectación del Derecho a la Defensa. 3.3.- Que, su despacho también incurre en error al declarar INFUNDADO la solicitud de Cesación

de

Prisión

Preventiva,

al

señalar

en

el

TERCER

CONSIDERAN- DO, literal b) “sobre los nuevos elementos”, punto primero, que: “el pre- sente proceso penal se dio en mérito a un hecho en flagrancia delictiva”, sin sustentar cuales fueron esos hechos, y sin establecer en forma con- creta en cuales de las modalidades de fragancia se dieron los hechos que son materia de investigación, por lo que al emitirse la resolución im- pugnada ha incurrido en vulneración del PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, consagrado en el Art. 139°, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, que exige la motivación de las resoluciones, cualquiera que sea el proceso. 3.4.- De igual modo la resolución impugnada incurre en error sustancial, al mencionarse en el TERCER CONSIDERANDO, literal b) “sobre los nuevos elementos”, punto segundo, que: “conforme al acta de registro personal practicada al investigado, se le encontró en su poder de la cartera, con el dinero y bienes de propiedad de Janet, y su hija Astrid, cuando en realidad se verifica que la mencionada ACTA DE REGISTRO PERSONAL, hace alusión que el personal interviniente de la Unidad de Emergencias de la PNP, al efectuar el Registro Personal al recurrente, señala que “se le invitó a que exhiba y entregue los bienes que lleve consigo” más en ningún extremo del Acta menciona que se le encon- tró en su poder la mencionada cartera. Siendo claro y objetivo que

los efectivos policiales que me intervinieron después de ocurridos los hechos, han tratado a toda costa de crear una medio probatorio para involucrarme en la comisión de los eventos, aunado al hecho incuestionable que en mérito a que mi persona se sentía inocente de los cargos que se me estaban imputando y estando a que la cartera de propiedad de la agraviada Astrid fue encontrada en medio de la pista, lugar donde momentos antes el sujeto que se fugó lo dejó tirada en su huida; y la car- tera de propiedad de la agraviada Caballero, fue encontrada dentro del local de la empresa por las escaleras, como lo han aseverado todos los testigos, desde un inicio, es por estas razones que no firmé dicha Acta, conforme se puede verificar del contenido de la misma. 3.5.- Que, su despacho también incurre en error al sustentar en el TERCER CONSIDERANDO, literal b) “sobre los nuevos elementos”, punto i), que la defensa también ofrece la declaración ampliatoria del testigo JO- VANY, quien fue el compañero de trabajo de la agraviada Astrid, cuando en realidad el mencionado testigo no es compañero de trabajo de ésta agraviada, sino de CABALLERO, ya que ambos laboran para la misma empresa. Y respecto al contenido de fondo de ésta declaración, mencio- na que el testigo efectivamente vio que una persona de polo color lila (otro sujeto) fue quien subió las escaleras, y en su testimonial ha variado sustancialmente su declaración por cuanto ha señalado que no llegaron juntos a la calle Zepita y que la presencia de su patrocinado sería cir- cunstancial, que ese día estaba realizando labores para su tío LENIN, cuando en realidad este hecho no ha sido enunciado por mi abogado defensor, ya que mi tío no es el señor Dávila, sino ROGER. No obstante es de verse que el A quo, en forma errada se limita a señalar lo que no ha sido afirmado por mi abogado defensor, sin realizar un análisis objetivo e imparcial. 3.6.- Así mismo señala el A quo, respecto a los nuevos elementos de convicción- las nuevas testimoniales- están orientadas a señalar y sustentar que la presencia de JAIME en el Jr. Zepita donde se produjo la

tentativa del Robo Agravado, en agravio de Caballero, refiere que su par- ticipación fue circunstancial, y que el vehículo menor motocicleta que manejaba se había quedado sin gasolina, y también respecto al caso de la agraviada Astrid El Aquo, se limita a señalar que estas testimoniales son testimonios de descargo y en cuanto a la testimonial

ampliatoria

no

resulta

relevante

para

el

órgano

jurisdiccional determinar si de manera simultánea llegaron el imputado con el sujeto de polo lila o

si llegaron separados, el tema sustancial

es que en el presente caso el imputado estuvo presente en los dos hechos, tanto en el caso del Hurto Agravado y también en el delito de Robo Agravado. La defensa discrepa de esta afirmación por cuanto sí resulta relevante y es fundamental que se esclarezcan estos hechos, ya que se deberá considerar que el recurrente no participó en la comisión del delito, y por esa razón es que llegué a la escena solo, manejando mi motocicleta, pues si hubiera tenido la condición de co-autor del delito (como lo afirma la fiscalía) tendría que haber participado activamente desde un inicio y por tanto habría arribado a ese lugar en mi motocicleta y en compañía del otro sujeto. En cuanto a lo afirmado por el A quo, de que estuve presente en los dos hechos que me imputan: el delito de Hurto Agravado y el de Robo Agravado, dejando de lado pues no considera que con la actuación de las nuevas declaraciones testimoniales se está acreditando que mi presencia en esos lugares (el primero de ellos a la altura de la discoteca Pussicat, y el último en la calle Zepita) obedeció a que en razón de mis labores, recibí la orden de que me apersonara hasta el Hospital de ESSALUD- La Esperanza, con finalidad de entregar un talón de bauchers a la perso- na de VICTORIANO, quien se encontraba en dicho lugar a partir de las cuatro de la tarde, conforme así lo ha ratificado dicho testigo, y luego debía acudir a la OSCE (ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO) por lo que retorné a Trujillo por la carretera Panamericana, y a la altura del óvalo Mochica, es que encontré a la altura

de la tienda Electra al otro sujeto, quien me solicitó que lo traslade hasta la altura de la tienda Plaza Vea ubicada en la calle Gamarra, pero cuando estaba pasando por la discoteca Pussicat, me solicitó que me detuviera con la finalidad de que pueda miccionar, y estando puesto mi caso no pude percatarme de las acciones que desplegó. Al subir a la moto este sujeto, yo continué mi rumbo con dirección a la OSCE a efectuar la verifi- cación de la vigencia del Registro Nacional de Proveedores de la empresa para la cual laboro, es por ello que ingreso a la cuadra cuatro de la calle Zepita, previamente antes de arribar a este lugar, el sujeto me solicitó que lo dejara en la tienda Plaza Vea como así fue y luego prosigo mi ruta, hacia Zepita. Estas afirmaciones han sido corroboradas con las versiones del señor Victoriano y de mi empleador Roger, quienes por cierto fueron citados como testigos de cargo de la Fiscalía, más no por mi parte; por tanto mal puede el Ministerio Público alegar que ellos son testigos alle- gados a mi empleador. 3.7.- Que, así mismo su despacho incurre en error, al considerar que en el presente subsiste el peligro procesal porque la causa se encuentra con acusación; señor Juez, la resolución que impugno vulnera el PRIN- CIPIO DE LEGALIDAD, por cuanto el Art. 283° del Código Procesal Pe- nal, señala taxativamente: “la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los mo- tivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituiría por la medida de comparecencia...”. Siendo esto así, contrario sensu al no mencionar la acotada norma de que se denegará el pedido cuando el caso se encuentre con acusación, resulta impertinente y carente de todo fundamento expresar que se deniega la cesación de la prisión preventiva por que existe una acusación fiscal. 3.8.- Que, por los fundamentos antes expuestos SOLICITO ADMITIR A TRAMITE MI RECURSO y elevar a la Sala Penal de Apelaciones, donde espero encontrar la revocatoria.

IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 4.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ •

Art. 139, inc. 6.- que establece sobre la pluralidad de instancias. •Art. 139, inc. 5.- que establece sobre el deber de motivación escrita de las resoluciones. 4.2.- CÓDIGO PROCESAL PENAL • Art. 414, numeral 1, inciso c), que establece sobre el plazo para interponer recurso de apelación contra los autos. POR LO EXPUESTO: A usted Señor Juez, solicito proveer de acuerdo a ley. Lugar y Fecha: (…............................)

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE HURTO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO JAIME, en la Investigación que se me sigue por la supuesta comisión del delito de HURTO AGRAVADO y otro, en agravio de Marlene y otro, ante Usted; con el debido respeto me presento y digo: I.- PETITORIO: Recurro a vuestro Despacho, solicitando la CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA y su SUSTITUCIÓN POR LA MEDIDA DE COMPARECENCIA RESTRICTIVA, en mérito a los siguientes fundamentos fácticos que a con- tinuación se detalla: a) Declaración testimonial de MANUEL. b) Declaración testimonial de LENIN. c) Declaración testimonial de VICTORIANO. d) Declaración testimonial de HUMBERTO. e) Declaración testimonial de GABRIEL. f) Declaración testimonial de JULIO. g) Declaración ampliatoria del testigo JOVANY. h) Declaración ampliatoria del investigado JAIME. ¡) INFORME ANTROPOLÓGICO FORENSE N° 2015009000449 Todas las declaraciones anteriormente señaladas más el informe antropológico forense, constituyen nuevos elementos de convicción que de-

muestran que no concurren los motivos que determinaron la imposición de la medida de Prisión Preventiva, debiendo de declararse fundada

la

solicitud

de

Cesación

y

dictarse

la

medida

de

Comparecencia Restrictiva. Asimismo se tendrá en cuenta las características personales del imputa- do, el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad y el estado de la causa. Reservándose el Derecho de fundamentar oralmente la presen- te solicitud, mi Abogado defensor en la audiencia de su propósito. II.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: - Art. 283,287.288 y 289 del CPP POR LO TANTO: Solicito a Usted; tramitar conforme a Ley. Lugar y Fecha: (…......................................)

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MODELO DE ESCRITO OBSERVANDO ACUSACIÓN POR DEFECTOS FORMALES, OFRECE MEDIOS PROBATORIOS, Y OBJETA LA REPARACIÓN CIVIL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: CUADERNO DE CONTROL DE ACUSACIÓN OBSERVA ACUSACIÓN POR DEFECTOS FORMALES, OFRECE MEDIOS PROBATORIOS Y OBJETA LA REPARACIÓN CIVIL SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Jaime, en la Investigación seguida en mi contra por el supuesto delito de Robo Agravado, en agravio de Caballero, y otros, a Ud. con todo respeto digo: I.- PETITORIO: Que, estando dentro del término de ley recurro a su despacho con la finalidad de OBSERVAR LA ACUSACION FISCAL POR DEFECTOS FOR- MALES, OFRECER MEDIOS PROBATORIOS y OBJETAR EL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL. Así mismo SOLICITO EL SOBRESEIMIENTO del proceso, en mérito a los siguientes fundamentos que pasaré a exponer: II. OBSERVO LA ACUSACIÓN FISCAL: 2.1. Que, el representante del Ministerio Público formula acusación en contra de mi patrocinado, por los delitos de Hurto Agravado y Robo Agravado en el Grado de Tentativa, luego de su revisión exhaustiva se verifica que adolece de errores de carácter formal que deben subsanarse dentro del plazo legal, pues como bien sabemos la acusación es un acto procesal propio del Ministerio Público, la misma que debe estar revesti- da de formalidad, siendo la que define el área donde se van a desenvol- ver los sujetos procesales, por lo que en el presente caso la acusación

contiene hechos que no son ciertos; pero que el Ministerio Público los expresa dando el carácter de veracidad, en consecuencia me reservaré mi derecho de exponerlos en este acto para realizado en la audiencia respectiva. III. FORMULO SOBRESEIMIENTO: Que, al amparo de lo prescrito por el Art. 350, literal d) del Código Procesal Penal vigente, FORMULO EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO, al amparo de lo dispuesto por el Art. 344°.2, inciso d) del Código Procesal Penal, que señala. “No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado”: el mismo que sustentaré en la Audiencia de Control de Acusación. IV.- OBJETA MONTO DE REPARACIÓN CIVIL Por nuestra parte OBJETAMOS el monto de la REPARACIÓN CIVIL, por cuanto el Ministerio Público sin haber compulsado en forma adecuada todos los medios probatorios aportados al proceso formula acusación en mi contra por los delitos de Hurto Agravado y Robo Agravado, soli- citando el pago de una reparación civil ascendente a S/. 2,000.00 Nue- vos Soles, a favor de las agraviados Marlene y Astrid, en razón de S/. 1,000.00 Nuevos soles por el delito de Hurto Agravado y la suma de S/. 2,500.00 Nuevos soles en favor de la agraviada Caballero, siendo en total S/. 4,500.00 Nuevos Soles, cantidad que considero desproporcio- nada e injusta, ya que no he cometido estos delitos, en consecuencia no se me puede imponer ningún pago por estos conceptos. Por los funda- mentos expuestos, solicito señor Juez se sirva tener por OBJETADA en monto de la reparación civil peticionado por el Ministerio Público. V.- MEDIOS DE PRUEBA 1.- FORMULAMOS OPOSICIÓN A LA ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR FISCALÍA: Que el Acuerdo Plenario en materia penal sobre la Apreciación de la Prueba en los Delitos contra la Libertad Sexual. Acuerdo N° 1-2011/CJ116, en el Fundamento 29, señala en forma general acerca de la selección

y admisión de la prueba en el proceso penal, precisando que se informa del principio de pertinencia de la prueba de expresa relevancia convencional-, así como los principios de necesidad- que rechaza la prueba sobreabundante o redundante-, conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero exige que exista vinculación lógica jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia también resulta aplicable para el presente caso, debiendo distinguir, escoger y preferir entre los distintos medios de prueba que se tienen al alcance para deter- minar, conformar o rechazar la tesis inculpatoria objeto de prueba. Que en ese ese sentido y en concordancia con este Acuerdo Plenario, nos OPONEMOS a la actuación de las siguientes pruebas, las que se realiza por cada delito: DELITO DE HURTO AGRAVADO: A. TESTIMONIALES; De las personas de: EDWIN y FRANCK, efectivos policiales de la P.N.P., por cuanto estas personas no son testigos presenciales ni de oídas del delito de Hurto Agravado, ya que no estuvieron presentes en el lugar de estos hechos y tampoco recepcionaron la declaración de las agraviadas Marlene y Astrill, siendo el P.N.P., Rodríguez, quien tuvo a su cargo esa diligencia, así como también porque las documentales consistentes en el Acta de Intervención Policial y Acta de Registro Personal, carecen de valor probatorio por no haberse formulado con las formalidades de ley, conforme se sustentará en audiencia B. DOCUMENTALES; a).- Acta de Intervención Policial N° 1589-2015 y Acta de Registro Personal elaborada por efectivos policiales de la PNP, y SOLICITO SU EXCLUSIÓN por cuanto no desvirtúan el delito de Hurto Agravado, ya que por el lugar, forma y circunstancias como fui intervenido, considerando que es un lugar distinto al que según las agraviadas han ocurrido los he- chos, no se pueden incorporar estos medios probatorios como válidos, máxime si las mencionadas agraviadas al rendir declaración han señala- do que no me pueden reconocer. Así mismo porque en ninguna de éstas

se expone en forma clara v precisa que se encontró en poder del suscrito algún bien de propiedad de las agraviadas. b).- Ficha de RENIEC del imputado, ya que no acredita la comisión de ningún delito. c).- Acta de entrega de Fotografías y 01 CD de video de seguridad del sauna Puzy Cat de fecha 19-03-2015, proporcionados por la agraviada Marlene, ya que para la actuación de estos medios probatorios no se ha observado las formalidades de ley, pues respecto al video el Ministerio Público debería haber efectuado una diligencia de visualización v trans- cripción del video, convocando a dicha diligencia a las partes procesales, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa y al contradictorio lo que no ha ocurrido en el presente caso. d).- Reporte de antecedentes Penales del Imputado, por los delitos de Peculado y Hurto Agravado, no son pertinentes para los efectos de la de- terminación judicial de la pena, por cuanto por el tiempo transcurrido a la fecha se ha producido la rehabilitación de la pena que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 69° inciso 2 del Código Penal es en forma automática. e).- Acta de reconocimiento de impresiones fotográficas y Visualización de CD, medios probatorios que no guardan pertinencia, conducencia ni utilidad para corroborar el delito de Hurto Agravado, por la sencilla ra- zón que tanto las fotografías así como el video no muestran la comisión de ningún delito por parte del recurrente, sino más bien a una persona trasladándose en un vehículo menor, hecho que no constituye ningún ilícito penal. f).- NOS OPONEMOS A LA ACTUACIÓN DE LAS DOCUMENTALES DE- NOMINADAS “PARA ACREDITAR PROPIEDAD PREEXISTENCIA Y ACTI- VIDAD LABORAL DE COMERCIANTE MARLENE, y son: - Boleta de Venta N° 0002-N° 000901 de Marlene, ésta documental no es pertinente por cuanto al estar en blanco no nos permite establecer si dicha persona ejercía una actividad laboral en la fecha en que ocurrieron los hechos que son materia de investigación.

Nos OPONEMOS también a la actuación de los medios probatorios que obran en los puntos 12.13.15,16,17.19,20.21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31 y 32, por ser documentales en su mayoría comprobantes de pagos o boletas de ventas que han sido emitidos en fechas anteriores a los hechos investigados pues datan del año 2014, siendo que la prueba pertinente para acreditar la propiedad y pre-existencia del dinero hurtado sería el voucher que acreditaría que ese mismo día las agraviadas Marlene y su hija Asírill habrían retirado de alguna entidad bancaria la suma de $/. 2,340.00 dólares americanos, así como la cantidad en soles que le fueran sustraídas. 9).- NOS OPONEMOS A LA ACTUACIÓN DE LA DENOMINADA “PRUEBA MATERIAL”, consistente en: una tarjeta del Banco Internacional del Ecuador - VISA N° 4685-7017-7105-8572, una tarjeta del Banco de Guayaquil N 0002868357, por cuanto dichas documentales son de propiedad del padre de la agraviada: FRANCISCO, persona distinta a las partes procesales. DELITO DE ROBO AGRAVADO: A. DOCUMENTALES: a).- Ficha de RENIEC del recurrente, ya que no acredita la comisión de ningún delito. b).- Acta de Visualización de CD, del video realizado por la agraviada Ca- ballero, por cuanto en esta diligencia se han violentado derechos funda- mentales como es la vulneración del derecho a la defensa, siendo que se realizó sin contar con la participación de mi abogado defensor, así mismo porque el Ministerio Público no realizó la transcripción del video, lo que imposibilita su actuación como prueba de cargo. c).- Reporte de antecedentes Penales del imputado, por los delitos de Peculado y Hurto Agravado, no son pertinentes para los efectos de la de- terminación judicial de la pena, por cuanto por el tiempo transcurrido a la fecha se ha producido la rehabilitación de la pena que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 69° inciso 2 del Código Penal es en forma automática.

d).- Acta fiscal de fecha 27 de Abril de 2015, por carecer de asidero legal que una persona que no es parte del proceso (abogado) informe sobre visitas extrañas a su patrocinada Caballero, máxime si ella misma solicitó el retiro de vigilancia por aseverar que no era objeto de ninguna perse- cución. 2. OFREZCO

MEDIOS

DE

PRUEBA DOCUMENTALES: a).- Acta de Registro Personal, efectuada por la Policía Nacional, dando cuenta de que al momento de mi intervención policial inmediatamente se efectuó mi registro personal, acto en el cual se me incauta bienes de uso personal. La pertinencia, conducencia y utilidad de este documento radica en que no se me incautó ningún objeto o bien de procedencia ilí- cita, conforme se asevera en la tesis fiscal, documental que obra a fs. 09 de la carpeta fiscal. b).- Acta de Recepción de cartera efectuada por JOVANY, la pertinencia conducencia y utilidad de esta prueba radica en que este bien fue halla- do en poder de este testigo, quien hizo entrega de la cartera de agraviada Caballero. c).- Declaración de Astrill, actuada en sede policial durante la etapa pre- liminar, de fecha 19 de Marzo del 2015, en presencia del representante del Ministerio Público, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica de que en el supuesto que ella no concurra a Juicio Oral, por radicar sus familiares directos en Ecuador, se podrá contar con su declaración escri- ta sobre la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos. d).- Declaración de Marlene, actuada en sede policial durante la etapa preliminar, de fecha 19 de Marzo del 2015, en presencia del representan- te del Ministerio Público, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica de que en el supuesto que no pueda concurrir a Juicio Oral, por laborar y radicar en el país de Ecuador, se podrá contar con su declaración escrita sobre la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos.

e).- Acta de Entrega de Especies, Arma de Fuego, Accesorios y Munición, que fuera realizada por el testigo JOVANY, cuya pertinencia, conducen- cia y utilidad está en que servirá para acreditar que él fue la persona que hizo uso de su arma de fuego accesorios y munición el día de los eventos, más no mi persona. f).- Denuncia Verbal N° s/n- 2015, realizada por la agraviada Marlene, la pertinencia, conducencia y utilidad de esta documental está en que ser- virá para acreditar que en dicha denuncia la citada agraviada no precisó las características físicas de sus atacantes, el mismo día en que ocurrie- ron los eventos. g).- Acta de Verificación Domiciliaría, la pertinencia, conducencia y utili- dad de esta documental está en que servirá para acreditar que el suscri- to domicilia en el inmueble indicado, cuya pertinencia y utilidad servirá para corroborar mi domicilio habitual. h).- Providencia Fiscal, de fecha 26 de Mayo del 2015, Informe Multidisciplinario N° OOI-2015-MP-DJLL-UDAViT- (Unidad de Víctimas y Testigos) y el Informe N° 131-2015-REGPOL-DITERPOL-CPNP-A-SIDF (de la PNP) y Acta de Comunicación Telefónica realizada por la PNP a la agraviada Caballero, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que la agraviada Caballero, a través de los Informe Multidisciplinario N° 001-2015-MP-DJLL-UDAVIT- de la Unidad de Víctimas y Testigos y del Informe N° 131-2015-REGPOL-DITERPOL-CPNP-A-SIDF, emitido por la Comisaría Ayacucho, dicha agraviada ha negado ser objeto de intimidación y que no requiere medida de protección. i).- Boucher emitida por el representante legal de la Empresa “ROGER”, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que el suscrito debía hacer la entrega del talón de Boucher al señor Victoriano (por haberse agotado dichos documentos), ubicado en el Hospital La Esperanza-ESSALUD, a efectos de que ésta persona haga el registro de las visitas del médico que en esa fecha le correspondía realizar la visitas domiciliarias médicas a los pacientes de PROGRAMA PADOMI.

j).- Solicitud de Inscripción/Renovación para Proveedores de Servicios, e Impresión fotográfica del portal.osce.gob.pe cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que todo persona natural o jurídica para ser proveedor del Estado debe estar habilitado, pero ese trámite solo puede hacerlo el representante legal y para ello es necesario contar con una clave personal, lo cual si bien es cierto se puede realizar vía internet, pero en el caso específico se trataba de ir a verificar si estaba o no habilitado mi empleador en el Registro Nacional de Proveedores, es decir verificar hasta cuando estaba vigente su registro de proveedores, siendo que solo se puede hacer con el RUC de la empresa y en forma personal, pero por circunstancias de que la computadora estaba deteriorada (con virus) me ordenaron que efectuara personalmente ante la citada oficina de la OSCE ubicada en el Jr. Zepita, cuadra 04, de ésta ciudad la verificación, siendo urgente esa información por cuanto la empresa se hallaba inmersa en un concurso público de licitación que estaba siendo convocada por la SUNAT. Y la fotografía de la citada institución nos indica el horario de atención, por lo que mi persona tuvo que trasladarse del Hospital La Esperanza- ESSALUD, hacia ésta ciudad-Jr. Zepita, para llegar oportunamente k).- Boleta de Venta N° 1 00000000000 12 por consumo de gasolina, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acre- ditar que el día de los hechos mi motocicleta presentaba desperfectos por falta de combustible y por esa razón de apagó estando el Jr. Zepita viéndome obligado a surtirla de combustible en el grifo más próximo, de allí que di la vuelta en U procediendo a retirarme del lugar, siendo intervenido en esos momentos. Y también sirve para corroborar que al haberse ordenado la entrega de la motocicleta con fecha 27 de marzo del 2015 por la Fiscalía, el señor Julio en mi representación se apersonó a la Comisaría de Ayacucho

para

recoger mi motocicleta,

pero por

falta de

combustible ésta no podía arrancar, y para trasladarla se vio precisado a adquirir combustible en el Grifo PRIMAX, ubicado en la Av. 28 de Julio.

I).- Informe Antropológico N° 2015009000449, de Superposición de Imágenes; efectuado por el Servicio de Antropología Forense del Institu- to de Medicina Legal, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que las imágenes de DVD donde se muestra a una persona de sexo masculino que viste polo celeste, de contextura gruesa lleva consigo un objeto de color negro, más no señala con abso- luta certeza que se trate de un bolso o cartera como lo sostiene el fiscal a cargo del caso. B. TESTIMONIALES: JULIO (NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS), peruano, de ocupación chofer de apoyo, cuyo testimonio servirá para acreditar que el día 18 de Marzo del 2015, mi motocicleta presentaba desperfectos por falta de combustible y al ser intervenido policialmente me trasladaron junto con la moto a la Comisaría de Ayacucho donde mi moto quedó retenida y luego al haberse ordenado la entrega con fecha 27 de marzo del 2015 por la Fiscalía, el señor Julio en mi representación al apersonarse a dicha Comisaría no pudo ese día trasladar la moto, retornando al día siguiente 28 de Marzo del 2015 a recogerla luego de adquirir gasolina en el Grifo PRIMAX y de abastecerla se procedió a su traslado este último día. MANUEL(NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS), peruano, de ocupación asistente, cuyo testimonio servirá para acreditar que el día de los hechos él se hallaba presente en este lugar y vio que mi persona solo portaba en la mano mi casco de la motocicleta y también de que mi per- sona desde antes de ingresar al Jr. Pepita estuve solo en mi motocicleta. LENIN, peruano, de ocupación taxista, cuyo testimonio servirá para acreditar que el día de los hechos él se hallaba presente en dicho lugar y observó lo ocurrido por ser testigo presencial, quien me vio solo, manejando mi motocicleta la misma que después se apagó por presentar defectos. ROGER, peruano, de ocupación empresario, cuyo testimonio servirá para acreditar que el día de los hechos, me encargó la comisión de entregar un

talón de boucher al señor Victoriano y de verificar la vigencia del Regis- tro Nacional de Proveedores a la oficina de la OSCE ubicada en la cuadra cuatro del Jr. Zepita. ALDAIR, peruano, de ocupación asistente, testigo presencial de los hechos, primo de la agraviada Caballero, cuyo testimonio servirá para acre- ditar que la agraviada nunca salió del local de la empresa, que luego de ocurridos los hechos no presentaba signos de violencia física y que ésta le comentó que solamente le habían arrebatado la cartera y nada más. POR LO TANTO: Solicito a Usted; tramitar conforme a Ley. Lugar y Fecha: (…......................................)

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MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO MEDIOS PROBATORIOS Y FORMULA OPOSICIÓN EN DELITO DE ROBO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: OFRECE MEDIOS PROBATORIOS y FORMULA OPOSICIÓN SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Jerson, en el proceso que se me sigue por el supues- to delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de Car- los; ante usted con respeto digo: I.- OFRECE MEDIOS PROBATORIOS: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 350 inciso 1 literal “F” del Código Procesal Penal, ofrezco como medios probatorios: A) DOCUMENTALES: 1) CERTIFICADO DE TRABAJO; expedido por el Gerente General de Im- portaciones y Distribuciones LRX.; con el cual se acredita he laborado en dicha empresa en el cargo de ASESOR COMERCIAL desde el 03/02/2014 hasta el día 30/09/2014 y tres boletas de pago, correspondiente a los meses de Julio; Agosto y Setiembre del 2014. 2) CERTIFICADO DE TRABAJO; expedido por el Gerente General de la empresa Génesis S.A.C.; con el cual se acredita he laborado en dicha entidad, con el cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN desde el01/10/2014 hasta el día 31/03/2015. 3) CERTIFICADO DE DOMICILIO; expedido por el Juez de Paz Titular de Buenos Aires-Víctor Larco; con el cual se acredita que mi domicilio ha sido en la calle Antenor Orrego N° 1557 - Buenos Aires Sur- Víctor Larco Herrera.

4) ACTA DE CONSTATACIÓN DE DOMICILIO; elaborada por elS03 PNP. Joel con la cual se acredita que mi domicilio ha sido en la calle Antenor Orrego N°1557 Buenos Aires Sur- Víctor Larco Herrera; cuya utilidad y pertinencia de dicha documental, es demostrar que he tenido mi domici- lio habitual en armonía familiar. 5) ACTA DE NACIMIENTO del recurrente; con el cual se acredita que mi fecha de nacimiento es el 14/09/1995; cuya utilidad y pertinencia de di- cha documental es acreditar que al momento de los hechos contaba con solo19 años de edad; es decir debe considerárseme como un agente de responsabilidad restringida. 6) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES Y JUDI- CIALES del recurrente; cuya utilidad y pertinencia de dicha documental, radica en demostrar que nunca he tenido problemas con la justicia y carezco de toda tipo de antecedentes. 7) DOS TOMAS FOTOGRÁFICAS practicadas al recurrente en las instalaciones de la comisaría de Buenos Aires; donde se evidencia que he sufrido lesiones; y cuya utilidad y pertinencia radica demostrar que fui agredido físicamente por la autoridad policial; lo cual constituye un evi- dente abuso de autoridad. B) TESTIMONIALES: 1) La declaración testimonial de Cristofer (Nombres y apellidos comple- tos); identificado con DNI N° 79282153, con domicilio en la calle Antenor Orrego N° 557 Bue- nos Aires Sur, distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo y departa- mento de La Libertad, de estado civil soltero, ocupación obrero de cons- trucción civil; cuyo testigo estuvo acompañando al recurrente momentos antes de ocurrido los hechos, conforme lo he manifestado en mi decla- ración ante el Ministerio Público; cuya utilidad y pertinencia de dicha testimonial radica en acreditar que jamás he planificado ni estuvo en mi mente delinquir.

II.- FORMULA OPOSICIÓN: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 350 incisos 1 literal “h”” del código Procesal Penal, formulo oposición a los siguientes medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público: 1) CERTIFICADO MÉDICO LEGAL N° 005913-L-D, practicado al recu- rrente por la médico legista Martha; por haberse practicado el día 12- 04- 2015 a las 22 horas; es decir antes de mi intervención que fue realizada a las 23:25 horas del referido día; la cual resulta impertinente 2) INFORME PERICIAL DE RESTOS DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO RD 412-413/2015; de fecha 03 de Jimio del 2015; practicado por el perito Mario G.; por resultar un medio probatorio impertinente; toda vez que no existe elemento de convicción alguno recabado por el Ministerio Público, que establezca que se efectuó disparo alguno con el arma de fuego. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted Señor Juez, se fiche fecha para la audiencia de control de acusación correspondiente. Lugar y Fecha: (…......................................)

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE ROBO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA: SOLICITA: TERMINACIÓN ANTICIPADA SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARA- TORIA DE TRUJILLO …………………………, abogado de mi patrocinado………………………, en el proceso que se le sigue por la comisión del delito contra el patrimonio en su mo- dalidad de robo agravado en agravio de…......, ante usted digo: I.- PETITORIO: Acudo a su despacho en mi calidad de abogado de mi patrocinado, quien después de ser asesorado me ha solicitado la iniciar la tramitación del proceso de terminación anticipada de conformidad con lo que prescribe el Art. 468 inciso 1 del C.P.P., en mérito a los siguientes fundamentos que paso a explicar: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que el Ministerio Público viene investigando a mi patrocinado por la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado, además que se encuentra privado de su libertad a través de la Prisión Preventiva. 2.2.- Que mi patrocinado al suceso de los hechos tenía 19 años de edad, tal como se acredita con el documento de su propósito; por lo tanto se encuentra dentro de lo que prescribe el art. 22 del C.P., (Responsabilidad Restringida). III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PETITORIO: Artículo 468 del C.P.P.

IV.- ANEXOS: Copia del Acta de nacimiento. POR LO EXPUESTO: A usted Señor Juez acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…......................................)

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE INTEGRE AL PETITORIO Y SE DISPONGA LA REALIZACIÓN DE UNA PERICIA EN DELITO DE HURTO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA: SOLICITA: SE INTEGRE AL PETITORIO Y SE DISPONGA LA REALIZACIÓN DE UNA PERICIA SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARA- TORIA DE TRUJILLO ………………………., abogado de …………………….en los seguidos por ……………………..por la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de hurto agravado, ante usted digo: I.- PETITORIO: Acudo a su despacho con la finalidad de solicitar SE INTEGRE a mi petitorio que el juzgado DISPONGA LA REALIZACIÓN DE LA PERICIA DEL VIDEO VISUALIZADO en la diligencia del día 16 de junio del 2015 en el ESTABLECIMIENTO DEL PENAL DE VARONES TRUJILLO, la cual al ser practicada por los peritos informáticos de criminalística de la P.N.P., por ser necesarias para el esclarecimiento de los hechos, en mérito a los si- guientes fundamentos: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que mediante escrito de fecha 17 de julio del año en curso, nuestra parte solicito al R.M.P., la realización de una pericia informática, con la finalidad de determinarse si el objeto que se halló en el lugar de los hechos era uno de forma de bolsa (según fiscalía) o si se trataba del casco de una motocicleta; prueba que consideramos relevante por ser conducente, útil y pertinente para esclarecer de manera cierta si es una bolsa (conteniendo una cartera), bolso o cartera, o si se trataba de un casco de su moto que portaba ese día el imputado.

2.2.- Que, no obstante la suma importancia de la actuación pericial antes mencionada, el Ministerio Público ha emitido Disposición de CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, sin emitir ningún pronunciamiento sobre el ofrecimiento de esta pericia, la misma que ha sido ofrecida dentro del plazo que el propio Fiscal ha otorgado para la investigación preparatoria. La defensa considera que la actuación de este medio de prueba es fundamental para determinar la responsabilidad o no de mi patrocinado, y que al no admitirse la actuación de esta prueba se vulnera lo establecido en el Art. 337°, numeral 4 del Código Procesal Penal, que me faculta poder solicitar la actuación de todas aquellas diligencias que se conside- ren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; por lo que solicitamos a su despacho se INTEGRE AL PETITORIO, QUE SE ADMITA LA ACTUACIÓN DE ESTA PERICIA. POR TANTO: A usted Señor Juez, pido resolver con arreglo a ley. Lugar y Fecha: (…............................)

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MODELO DE ESCRITO CANCELANDO LA REPARACIÓN CIVIL Y SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO LA REVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

EXPEDIENTE: SECRETARIO: ACOMPAÑO DEPÓSITO JUDICIAL DEL PAGO TOTAL DE LA REPARACIÓN CIVIL, ASI MISMO PIDO QUE SE DEJE SIN EFECTO LA REVOCATORIA QUE PESA EN MI CONTRA SEÑOR JUEZ PENAL DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO MARIO GILBERTO LEYVA ARROYO, abogado del sentenciado ELVIS PRESLEY JACKSON POLO, en los seguidos por el Estado Peruano, sobre proceso de Tenencia Ilegal de Armas, a Ud. digo: I.- PETITORIO: Que recurro a su despacho Señor Juez, para ponerle en conocimiento que estoy acompañando ante su judicatura en original el depósito Judicial Nro. 2018081201573, por la cantidad de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300.00), de Fecha 24 de Octubre del 2015, donde consta que he cancelado la totalidad de la Reparación Civil dispuesta por su Despacho a favor del Estado, así mismo, pido que se deje sin efecto el pedido de REVOCATORIA que pesa en mi nombre dictada por su Des- pacho. ANEXO: El siguiente documento: a).- Original del depósito Judicial Nro. 2018081201573, por la cantidad de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300.00), de Fecha 24 de Octubre del 2015.

Por lo expuesto: A Ud. Señor Juez pido se sirva admitir mi escrito y proceder conforme a Ley. Lugar y Fecha: (…........................................)

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SUMILLA: SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIA SEÑOR JUEZ DEL PRIMER PREPARA- TORIA DE PIURA

JUZGADO

DE

INVESTIGACIÓN

Elder Narro Cuzco, interno en el establecimiento penitenciario El Milagro - Tópico, sentenciado por el delito contra el patrimonio en su modalidad de Robo Agravado en agravio de Abigail Ramírez Pita; a usted digo: Señor Juez, por convenir mi derecho, solicito se EXTIENDA copias certificadas (04) juegos de la sentencia y la resolución que declara consentida la misma, y mediante el cual se me condena a 12 años de pena privativa de libertad, las mismas que deberá ser remitidas a la dirección del establecimiento penitenciario. POR TANTO: A usted acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…...............................)

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------------------------------------------------------------------------------------ELDER NARRO CUZCO

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MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO POR DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR EN JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SE APERSONA SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHEPÉN Lucas Mardei en la investigación que se le sigue a Elmer Mac Donald Terrones por el presunto delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Keyko Terrones Becerra; a usted digo: Señor Juez, de conformidad con lo establecido en el Art. 71 del Código Procesal Penal, ME APERSONO A SU DESPACHO en calidad de aboga- do con la finalidad de ASUMIR la defensa técnica del procesado Elmer Mac Donald Terrones, solicitando intervención en el presente proceso. Señalo como domicilio procesal el ubicado en Jirón Miguel Grau No

320 – Chepén, lugar en donde su despacho deberá

notificarme conforme a ley. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y fecha: (….................................................)

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MODELO DE ESCRITO QUE SOLICITA DEVOLUCIÓN DE CÉDULA PARA ADJUNTAR ACUSACIÓN POR EL DELITO DE TRÁFICO DE MONEDA

EXPEDIENTE: ASISTENTE JURISDICCIONAL: DEVUELVE CÉDULA PARA ADJUNTAR ACUSACIÓN SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHEPÉN DIANA RAQUEL AREVALO MINCHAN, en la investigación que se le sigue contra RICARDO MANUEL RAYZA PRADO por el delito de Tráfico de Moneda en agravio del ESTADO; a usted digo: Señor Juez, acudo a vuestro despacho con la finalidad de DEVOLVER la cedula de notificación cursada a mi domicilio procesal en la que se noti- fica el requerimiento acusatorio y me otorga el plazo de 10 días para su absolución, sin embargo de la misma cédula se advierte que la notifica- ción cuenta de 01 folio, lo que advierte que no se ha cumplido con anexar la acusación y por ende es imposible absolver el traslado de la misma. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (…......................................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DE LA INVESTIGADA

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO NULIDAD QUE DECLARA FUNDADA LA REVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: DEDUCE NULIDAD SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PACASMAYO RUBI MYRELLA IPANAQUE GÁLVEZ, abogada de VÍCTOR JULIO MARTÍNEZ CASTILLO, en los seguidos por el delito de Omisión a la Asistencia Fami- liar en agravio de Renzo Armando Martínez Balare- zo; a usted digo: I.PETITORIO Señor Juez, de conformidad con lo establecido 150º inciso d) del Código Procesal Penal, acudo a vuestro despacho con la finalidad de DEDUCIR NULIDAD ABSOLUTA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2015, QUE DECLARA FUNDADA LA REVOCATORIA DE LA CONDI- CIONALIDAD DE LA PENA Y LA CONVIERTE EN EFECTIVA, debiéndose RENOVAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES VICIADOS Y REPONERLOS AL ESTADO EN QUE SE COMETIO EL VICIO. II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que, mediante Resolución de fecha 12 de junio del 2015, su despacho DECLARO FUNDADA LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA, convirtiéndola en EFECTIVA, fundan- do su decisión en el incumplimiento de una de las reglas de conducta impuestas en sentencia de fecha 03 de marzo del 2015, esto es, el incum- plimiento de las pensiones alimenticias devengadas en la suma

de s/ 1, 905.00 nuevos soles.

2.2.- Que, conforme se advierte del documento privado, debidamente legalizado ante el señor Juez de Paz de Pueblo Nuevo – Chepén, con fecha 15 de mayo del 2015, la persona de Luis Custodio Balarezo Espino, identificado con DNI No 19240473, en representación de su hija Patricia Liliana Balarezo Villareal, recibió de parte del sentenciado Víctor Julio Martínez Castillo, la suma de s/ 1, 905.00 nuevos soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas correspondiente al expediente judi- cial No332-2014-22, sin embargo por falta de asesoría en su oportunidad obvio presentar el documento en referencia, siendo que éste documento ha sido recién entregado en la fecha por parte del referido señor Luis Custodio Balarezo Espino quien al enterarse de la situación jurídica del sentenciado es que pone de conocimiento para los fines pertinentes. 2.3.- Que, al privársele de su libertad al sentenciado causa grave perjuicio tanto al alimentista, como a su propia familia, pues al ser ésta persona el único sustento de su familia, ya no habría quien sustente los gastos diarios, lo cual genera que estas personas queden en COMPLETO ESTADO DE ABANDONO. 2.4.- El principio del “interés superior del niño” establece que “en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a tra- vés de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial …así como en la acción de las la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respecto a su derechos”, siendo que esta oportunidad corresponde indicar que es lo m{as favorable al adolescen- te alimentista, pues el solo hecho de que el sentenciado sea internado en un establecimiento penitenciario perjudicaría enormemente a Renzo Armando Farfán Castillo, pues como se puede apreciar del escrito de conversión de pena de fecha 17 de agosto del 2015, el sentenciado es quien de manera directa cumple con el pago de pensiones de estudios en la Institución Educativa privada San Ignacio de Loyola - Guadalupe, así como solventa los gastos de pasaje, traslado, material educativo y otros gastos que el menor requiera, por otro lado debe considerarse aún más que el sentenciado estando libre puede seguir atendiendo aunque retra- sado con el pago de las pensiones alimenticias.

2.5.- La Nulidad absoluta tiene como finalidad reparar el vicio incurrido en el trámite procesal, lo cual es dejar sin efecto la REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA y por el contrario al evidenciarse que el pago de las pensiones alimenticias devengadas sean cancelado anteriormente a la audiencia de revocatoria, debería declararse INFUNDADE EL MISMO y disponerse la libertad del mismo. III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Art. 150º del Código Procesal Penal literal d) que establece la nulidad ante la inobservancia del contenido esencial de los derechos…” IV.- MEDIOS PROBATORIOS: 4.1.- DOCUMENTOS Adjunto a su despacho el documento denominado “Cancelación de pen- siones alimenticias devengadas de fecha 15 de mayo del 2015. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (…...............................................)

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MODELO DE ESCRITO AMPLIANDO FUNDAMENTOS DE NULIDAD DE AUTO QUE DECLARA FUNDADO LA REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: SUMILLA: AMPLIO FUNDAMENTOS DE NULIDAD SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHEPÉN RUBI MYRELLA MARTÍNEZ IPANAQUE abogada de JULIO CESAR FARFÁN CASTILLO, en los segui- dos por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Julio Cesar Farfán Balarezo; a usted digo: I.- PETITORIO: Señor Juez, por convenir mi derecho acudo a vuestro despacho con la finalidad de AMPLIAR MIS FUNDAMENTOS DE HECHO respecto a la nulidad solicitada y que se encuentra pendiente para audiencia el día 28 de agosto del 2015; 1.1.- Que, conforme se dio cuenta en la audiencia de Revocatoria celebra- da con fecha 12 de junio del 2015, el sentenciado JULIO CESAR FARFÁN CASTILLO se encontraba válidamente notificado para la audiencia refe- rida, pues conforme se advierte de la notificación No 6664-2015-JR-PE había sido recepcionado por el mismo sentenciado, pues figura su firma, sin embargo revisado el cuaderno judicial, se advierte que la firma que aparece no le corresponde del puño grafico de Julio Cesar Farfán Cas- tillo, por ende al no tener conocimiento de la audiencia de revocatoria se vulnerado el Principio del Debido Proceso y el Derecho de Legítima defensa.

1.2.- Que, conforme se advierte del escrito de nulidad presentado ante su despacho se ha cumplido con adjuntar un documento privado firmado por don Luis Custodio Balarezo Espino, identificado con DNI No 19240473, en representación de su hija Patricia Liliana Balarezo Villareal, en el cual da cuenta que recibió de parte del sentenciado Julio Cesar Farfán Castillo, la suma de s/ 1, 905.00 nuevos soles, por concepto de pensiones alimenticias devengadas correspondiente al expediente judi- cial No332-2014-22, sin embargo al no encontrarse el sentenciado válida- mente notificado para la audiencia de revocatoria ha sido imposible que éste pueda tomar conocimiento de que periodo de liquidación se estaba haciendo cobro y de esa forma poder presentar el documento referido. 1.3.- Que, para efectos de probar que efectivamente el sentenciado no ha sido notificado válidamente para la audiencia del 12 de junio del 2015 y que por ende la firma que aparece en la cédula de notificación 6664-2015-JR-PE no le corresponde, adjuntamos el informe pericial grafo técnico de parte realizado por el perito grafico Edgar Milton Fernández Bernabé el mismo que ha determinado que la firma cuestionada presenta características graficas de no provenir del titular. 1.4.- Consecuentemente, al evidenciarse que el sentenciado no ha sido la

persona

que

ha

recepcionado

la

cédula

de

notificación

desconociéndose el motivo de la aparición de una firma aparentemente simulada, corres- ponde establecer que éste no ha sido válidamente no0tificado para a

la audiencia del 12 de junio del 2015,

consecuentemente al existir un vicio que conlleva la nulidad, su despacho deberá restaurar los actos procesales hasta el momento en que se

cometió

el vicio,

debiendo

DE-

CLARAR NULA LA

REVOCATORIA DE LA PENA Y POR ENDE DEJAR SIN EFECTO EL INTERNAMIENTO DEL SENTENCIADO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EL MILAGRO, debiéndose disponer nuevamente la realización de la misma. II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Art. 150º del Código Procesal Penal literal d) que establece la nulidad ante la inobservancia del contenido esencial de los derechos…”

III.- MEDIOS PROBATORIOS: 3.1.- DOCUMENTOS Adjunto a su despacho el documento el Informe de Pericia Grafotécnica 2015. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (…...............................................)

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------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL SENTENCIADO

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MODELO DE ESCRITO ADJUNTANDO DEPÓSITO JUDICIAL POR MULTA POR EL DELITO DEE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

EXPEDIENTE: FISCAL A CARGO: SUMILLA: ADJUNTO DEPÓSITO JUDICIAL POR MULTA SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO PREPARA- TORIA DE AREQUIPA

DE

INVESTIGACIÓN

Luis Martínez Castro abogado de Luis Miguel Cacho Ríos, en los seguidos por el delito de T.I.D. en agravio del ESTADO; a usted digo: Señor Juez, conforme a lo dispuesto por su despacho mediante senten- cia de fecha 15 de setiembre de presente año ADJUNTO el certificado de depósito judicial No 2015081201253, mediante el cual CONSIGNO la suma de s/ 675.00 nuevos soles por concepto de Multa, debiéndose en- dosar a la parte respectiva, dejándose constancia de tal acto. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (…...............................................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL SENTENCIADO

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ENTREGA DE DNI POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EXPEDIENTE: ESPECIALISTA SOLICITO DEVOLUCIÓN DE DNI

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA ESPERANZA LUIS MIGUEL RIOS VIGIL, en los seguidos por el delito de T.I.D. en agravio del ESTADO; a usted digo: Señor Juez, conforme consta del expediente judicial de debate el suscrito fue puesto a disposición del despacho del Juzgado Unipersonal por personal de la PNP a fin de que se lleve a cabo la audiencia de Juicio Oral, siendo que en dicho documento se adjuntó mi DNI original, el mismo que no me ha sido devuelto y a fin de poder efectuar trámites personales así como cumplir con sus reglas de conducta, solicito a la brevedad posible la devolución del referido documento. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (…...............................................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL INVESTIGADO

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REHABILITACIÓN POR EL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO

ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE: SUMILLA: SOLICITO REHABILITACIÓN SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PAIJÁN ORLANDO ABIMAEL MOSTACERO PEREZ, sentenciado por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego en agravio de ESTADO; a usted digo: Señor Juez, habiendo transcurrido los cuatros de pena privativa de libertad suspendida conforme así se acredita de la sentencia expedida, así como del cuaderno de registro de control de firmas, de conformidad con lo establecido en el Art. 69º del Código Penal que establece “El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite”, solicito a su despacho DISPONGA LA REHABILITACIÓN, debiéndose disponer se anulen los antecedentes penales y judiciales que se haya podido generar a consecuencia de la condena. POR LO EXPUESTO: A usted acceder a lo solicitado y tramitar con arreglo a Ley. Lugar y Fecha: (…...............................................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL SENTENCIADO

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE CURSE OFICIO AL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PARA LA REMISIÓN DEL DEPÓSITO JUDICAL EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

FISCAL A CARGO: CARPETA FISCAL: SUMILLA: SE CURSE OFICIO SEÑORA FISCAL DE LA FISCALÍA MIXTA DE SANTIAGO DE CHUCO EDILBERTO LUIS REVILLA HINOSTROZA, en la investigación que se le sigue por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de María Es- ther Revilla Llanos; a usted digo: Señora Fiscal, conforme a la copia del depósito judicial No 2015081300197 con fecha 25 de setiembre del 2015 he cancelado por concepto de pen- sión alimenticia devengada la suma de s/ 100.00 nuevos soles, sin em- bargo por un error involuntario ha sido consignado a nombre del Juz- gado Unipersonal de Santiago de Chuco, debiendo ser lo correcto su despacho Fiscalía Mixta de Santiago de Chuco, por cuanto en el juzgado en referencia no existe deuda pendiente de cancelar, razón por la cual solicito a su despacho: 1) OFICIE al Juzgado Unipersonal a fin de que proceda a endosar el depósito y en ejercicio de mi derecho de defensa 2) dicha suma sea consignada en la presente carpeta fiscal, debiéndose deducir dicho monto a la liquidación puesta a cobro. POR LO EXPUESTO: A usted acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…...............................................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL INVESTIGADO

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CONVERSIÓN DE PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: SOLICITO CONVERSIÓN DE PENA SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIO PREPARATORIA DE CHEPÉN JAQUELINE ZAMORA MACHUCA, Abogada de JULIO ARMANDO GUADALUPE FARFÁN, en los seguidos por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; a usted digo: Señor Juez, de conformidad con lo establecido en el Art. 52º del Código Penal, solicito la CONVERSIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBER- TAD DE CARÁCTER EFECTIVA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, pedido que lo sustento en mérito a los siguientes funda- mentos: 1.- Que, mediante sentencia de fecha 04 de marzo del 2014 el Juzgado Unipersonal de Chepén, condenó a Julio Armando Farfán Castillo a DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA POR EL PLAZO DE UN AÑO. 2.- Posteriormente con fecha 12 de junio del 2015, su despacho dispuso DECLARAR FUNDADA EL PEDIDO DE REVOCATORIA Y POR ENDE DISPUSO EL CARÁCTER DE EFECTIVA DE LA PENA DE DOS AÑOS, DIS- PONDIENDO MI INGRESO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EL MILAGRO, resolución que su materia de impugnación, lo cual fue declarado inadmisible. 3.- Posteriormente mediante certificado de depósito judicial No 2015081200774 se CANCELÓ la suma total de s/ 1 905 nuevos soles por

concepto de pensiones alimenticias devengadas, más la reparación civil, cumpliendo de tal forma con la finalidad y/u objetivo del proceso de omisión a la asistencia familiar, esto es, lograr que se cumpla con el pago de las pensiones alimenticias, así como sancionar al que omite cumplir oportunamente. 4.- Que, la condena impuesta en sentencia, así como al haberse dispuesto la revocatoria de la misma ha permitido que el sentenciado tome con- ciencia del delito cometido, logrando en ello, que éste de alguna manera y otra se agencia de dinero y pueda cumplir con su obligación alimentaria, tal es así que ante la existencia de otros procesos judiciales, ya ha cum- plido con el pago total de las demás liquidaciones conforme así se hace notar de las copias de los depósitos judiciales que también se adjunta. 5.- Que, al estar privado de su libertad el sentenciado además de perjudi- cársele en este derecho, también causa grave perjuicio tanto al alimentis- ta, como a su propia familia, pues al ser ésta persona el único sustento de su familia, ya no habría quien sustente los gastos diarios, lo cual genera que estos queden en COMPLETO ESTADO DE ABANDONO. 6.- El principio del interés superior del niño establece “en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial …así como en la acción de las la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respecto a su derechos”, siendo que esta oportuni- dad corresponde analizar pues la necesidad de que el sentenciado sea internado en un establecimiento penitenciario, y valorar si éste estando interno, pueda seguir atendiendo aunque retrasado con el pago de las pensiones alimenticias, pues lo cierto es que el alimentista ya no pueda seguir percibiendo su pensión, pues la persona que está obligado ya no podría materialmente laboral y de tal forma cumplir con el pago, por ende no podría atenderse las necesidades del menor. 7.- Por ello, corresponde en esta oportunidad atender el pedido de CONVERSIÓN DE PENA, debido a que el daño irrogado por el delito cometido

ha sido reparado y por el contrario ha generado la convicción del senten- ciado de cumplir fielmente con el pago de la pensión alimenticia. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (…...............................................)

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MODELO DE ESCRITO JUSTIFICANDO INCONCURRENCIA DE ABOGADO DEL IMPUTADO A LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN

ASISTENTE JURISDICCIONAL: EXPEDIENTE: JUSTIFICACIÓN DE INCONCURRENCIA SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO PREPARA- TORIA DE TRUJILLO

DE

INVESTIGACIÓN

EDILBERTO LUIS MARTÍNEZ CASTRO abogado de RAMÓN VALDEZ PINEDO, en los seguidos por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado; a usted digo: Que, acudo a su despacho para solicitar que se me justifique mi inconcu- rrencia al control de acusación, debido a que en la misma hora progra- mada para su realización he sido citado a la audiencia de Prisión Preven- tiva en el expediente: 123- 2015, asistente jurisdiccional: Pozo, tal como lo acredito con la notificación que anexo al presente, por lo que solicito su reprogramación. POR LO TANTO: Pido a Ud. acceder conforme a ley. ------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL IMPUTADO

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MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO MEDIO PROBATORIO POR DELITO DE LESIONES

CARPETA FISCAL: FISCAL A CARGO: SUMILLA: OFREZCO MEDIO PROBATORIO SEÑORA FISCAL DE LA QUINTA CORPORATI- VA DE CAJAMARCA

FISCALÍA

PROVINCIAL

CARLOS ALBERTO CHIRINOS CASTRO abogado de LUCY MARIBEL CORRALES OLIVARES en la investigación preliminar que se le sigue por la comi- sión del delito de lesiones; ante usted digo: Acudo a su despacho para presentar como medio probatorio la correa con la cual me defendí y me sirvió para repeler el día de los hechos ante la agresión ilegitima del supuesto agraviado, ANEXO: - Correa. POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Fiscal tener por ofrecido los medios probatorios, proveer de acuerdo a sus atribuciones conforme a ley. Cajamarca;…………………………………………..

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO AUDIENCIA PRELIMINAR EN TRASLADO DE INTEGRACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA ASISTENTE JURISDICCIONAL: EXPEDIENTE: SUMILLA: SE TENGA PRESENTE

SEÑOR JUEZ DEL PRIMER PREPARA- TORIA DE HUARAZ

JUZGADO

DE

INVESTIGACIÓN

ELENA AZABACHE CENTENO, abogada de TERESA ROMERO SANCHEZ en la investigación usurpación agravada; ante Usted digo: Que, habiendo sido notificada con la Resolución N° 07, en la cual se me traslada la integración de la acusación presentada por la representante del Ministerio Público, al respecto cabe manifestar que se actúa de acuerdo a lo establecido en el Art. 351.3 del CPP y que se determine en la audiencia de preliminar de control de acusación. POR LO TANTO: A Ud. Señor Juez, proveer de acuerdo a sus atribuciones, conforme a ley. Lugar y Fecha: (…...........................)

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------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DE LA INVESTIGADA

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CORRECCIÓN POR ERROR MATERIAL EN NOMBRE DEL INVESTIGADO EN DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE: SOLICITA: CORRECCIÓN DE DATOS DEL IMPUTADO SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUÁNUCO LITA REYES LINO abogada de LEODAN REYES ROSALES, en la investigación sobre Violencia y re- sistencia a la autoridad en agravio de Ministerio del interior; ante Ud. digo: Que, se ha emitido el Auto de Sobreseimiento, contenida en la Resolución N° 06, que ha resuelto sobreseer la causa, en la cual se ha consignado erróneamente el nombre y los datos del supuesto agraviado LUIS MIGUEL PORRAS BARRANECHEA como si fuera el imputado, siendo que el nombre del imputado es LEODAN REYES ROSALES y los datos consignados no le corresponde; Por ende recurro a vuestro despacho para solicitar que se consigne correctamente el nombre y datos de iden- tificación del imputado del presente proceso que es LEODAN REYES ROSALES, sobreseyéndose la causa seguida en su contra, y se corrija el error material contenido en la RESOLUCIÓN N° 06. POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Juez, proveer de acuerdo a ley. Lugar y Fecha: (…................................)

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MODELO DE ESCRITO DEVOLVIENDO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PORQUE YA NO SE EJERCE LA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO

ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE N°: SUMILLA: DEVUELVO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SEÑORA JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE ICA LUCY

CABRERA

GAMARRA

abogada

del

imputado FLAVIO MAESTRI ESPINOZA sobre robo agrava- do, en agravio del Isaías Huertas López; ante Ud. digo: Que, habiéndoseme corrido traslado el requerimiento de acusación, al respecto debo de manifestar que el imputado FLAVIO MAESTRI ESPI- NOZA, solamente he ejercido su defensa técnica en su declaración realizada en la etapa de investigación preliminar el 18 de abril del presente año, como consta en la Carpeta Fiscal; por lo que ya no soy su abogada y devuelvo las cedulas de notificación con el requerimiento de acusación fiscal y solicito a vuestro despacho que tenga a bien de noti- ficarle a dicho imputado en su domicilio real, para no generarle estado de indefensión. POR LO TANTO: A Ud. Señora Juez, proveer de acuerdo a ley. Lugar y Fecha: (…................................)

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33 MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO AUTO DE SOBRESEIMIENTO POR CUMPLIR PAGO DE REPARACIÓN CIVIL EN CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE: SOLICITO AUTO DE SOBRESEIMIENTO SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO LUIS ÁNGEL VÁSQUEZ REYES, en la investigación que se me sigue por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de Luis Ángel Vásquez Martell; ante Ud. digo: Que, habiéndome acogido al Criterio de Oportunidad y al haber cumpli- do con el pago íntegro de la Reparación Civil; solicito a su despacho que emita el auto de sobreseimiento de la presente causa de acuerdo a lo establecido en el Art. 2.7., del Código Procesal Penal. POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Juez, proveer de acuerdo a ley. Trujillo,……………………………………

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------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL INVESTIGADO

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MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE PRORROGA EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

EXPEDIENTE: 01651 – 2012-38-2501-JR-PE-01 ESPECIALISTA: CARBAJO BELTRAN JOSE FUNDAMENTA APELACIÓN SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARA- TORIA – Sede Central- DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA JORGE LUIS BURGOS GUANILO Identificado con D.N.I N° 25729631 con domicilio real y procesal ubi- cado en Av. Bolognesi N° 276. 2do. Piso. Chimbote; ante usted digo: I.- PETITORIO: Que en el irrestricto Derecho Constitucional de Defensa, en la forma y plazo oportuno FUNDAMENTO EL RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución número DIEZ de fecha ocho de mayo del año del 2,014 a fin de que sea REVOCADA por el Superior Jerárquico; en merito a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a continuación ex- pongo: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que el A quo ha resuelto como primer fundamento fijar como criterio

jurisprudencial

QUE

PARA

DEFINIR

EL

PLAZO

DE

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SE DEBE DE TENER EN CUENTA LA DOCTRINA DEL NO PLAZO. Al respecto debo de manifestar que someterse a la aplicación de la doctrina del NO PLAZO en esta investigación implicaría legalizar actuaciones fiscales arbitrarias que surgen como consecuencia de su inactividad, desidia, apatía procesal de quien tiene a su cargo exclusivo el ejercicio

público de la acción penal, por lo que la doctrina del NO PLAZO no tendría acogida según la STC en el caso Salazar Monroy por la misma conducta negligente del fiscal. Considerando además que en junio del presente año habrán trascurrido 3 años de investigación contra mi patrocinado, lo cual atenta contra los derechos constitucionales del PLAZO RAZONABLE, DEL DEBIDO PROCESO Y DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, por lo que debe de revocarse en este extremo. Asimismo ha resuelto que en cuanto a los requerimientos de prórroga de investigación preparatoria se debe de tener en cuenta el artículo 144.2 del C.P.P., lo cual no es cierto, tal como lo establece la Casación N° 54-2009-La Libertad, en su Noveno Fundamento cuando refiere a la regulación de jueces y fiscales debe ser entendido en relación a aquellas actividades relacionadas con el ejercicio de la acción penal como en el caso de fiscales como sería el caso de formular acusación, y que el caso de solicitar prorroga no estaría inmerso en el inciso 2 del artículo 144 del CPP; sino que en este caso sí se admite la CADUCIDAD, que se deriva de un PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL PROCESO PENAL COMO ES LA PRECLUSIÓN. 2.2.- Que el A quo en su segundo fundamento de la parte resolutiva declara que el plazo inicial de investigación preparatoria de 8 meses fija- do por el Ministerio Público mediante Disposición Fiscal Numero 23 de fecha 27 de marzo del 2,013 aún no ha vencido. En este extremo el Aquo comete un error por cuanto si consideramos que desde el 2 de abril del 2013 fecha en que se comunica al juzgado de investigación preparatoria la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria por 8 meses, a la fecha este ya ha vencido el 02 de diciembre del 2,013. 2.3.- Que asimismo debe revocarse el fundamento tercero de la presente resolución que declara QUE SE VA A COMPENSAR AL MINISTERIO PUBLICO A PREPARATO-

EFECTOS

DEL

PLAZO

DE

INVESTIGACIÓN

RIA INICIAL 5 MESES CON 28 DIAS. Que se debe de revocar en este extremo; pues se estaría considerando a la demanda de Habeas Corpus y al medio de defensa técnico de excepción de improcedencia de acción

como actos dilatorios, a pesar de encontrarse establecidos en la Constitución Política y en la Ley, lo cual atentaría contra el derecho constitucio- nal del derecho de defensa que tiene todo procesado 2.4.- Revocar el extremo cuarto de la presente resolución QUE ESTABLE- CE DE QUE EL PLAZO DE INVESTÍGACION PREPARATORIA INICIAL VA A VENCER EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2,014. Que en el supuesto negado de considerar que se ha dejado de actuar actos de investigación como consecuencia de la presentación de la sentencia de habeas corpus mediante resolución de fecha 10 de junio del 2,013, se han realizado actos de investigación solo 2 meses y 8 días, quedando pendientes 5 meses con 22 días, los cuales vencerían el 30 DE OCTUBRE DEL 2,014 y no como ha mal computado el juzgador. 2.5.- Así como también; SE DEJE SIN EFECTO EL EXTREMO QUINTO DE LA PARTE RESOLUTIVA LA QUE RESUELVE SIN OBJETO EL REQUERIMIENTO

DE

PRORROGA

DE

INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA PLANTEADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEJANDOSE A SALVO SU DERECHO PARA QUE LO PUEDE PLANTEAR OPORTUNAMENTE Y CUANDO LO CREA CONVENIENTE. Pues con esta decisión se estaría materializando el carácter arbitrario no solo del Ministerio Público, sino del juzgador pues además de COMPENSARLE 5 meses y 28 días estaría dejando latente la posibilidad de que el fiscal solicite nuevamente y cuando lo considere conveniente una prórroga de investigación; lo que atentaría nuevamente contra los derechos constitucionales del DERECHO AL PLAZO RAZONABLE, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. III.- FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO DE LA IMPUGNACIÓN: 3.1.- ORDENAMIENTO JURÍDICO EXTERNO: 3.1.1.- LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS De San José de Costa Rica, que precisa en su artículo 8.2.h como Garantía Judicial: “El Derecho de recurrir al fallo ante Juez o Tribunal Superior”.

3.2.- ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO: 3.2.1.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: ARTÍCULO 139 INCISO 6: Que prescribe la Pluralidad de Instancia. 3.2.2.- CÓDIGO PROCESAL PENAL: ARTÍCULO 404: Que prescribe la facultad para recurrir. ARTÍCULO 405: Que prescribe las formalidades del Recurso. ARTÍCULO 413 Inciso 2: Que prescribe el Recurso de Apelación. ARTÍCULO 414 Inciso 1 c: Que prescribe el plazo para interponer el Recurso de Apelación. ARTÍCULO 416.1.e: Que prescribe las resoluciones apelables y exigencia formal. ARTÍCULO 417.1: Que prescribe la competencia del Recurso de Apelación. ARTÍCULO 420: Que prescribe el trámite del Recurso de Apelación. 3.2.3.- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO: EXPEDIENTE: N° 10-2002-AI/TC, Caso Marcelino Tineo Silva y más de 5000 mil ciudadanos, señala que: “El derecho al plazo razonable del pro- ceso es un elemento que se infiere de los derechos al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva reconocido en el artículo 139.3 de la Consti- tución.” EXPEDIENTE: N° 1130-2008-PHC/TC, Caso Fermín Aurelio Rodríguez Vargas, fundamento 5: “…El derecho a que el proceso tenga un límite temporal entre su inicio y su fin, forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocidos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y por tanto, no puede ser desconocido.” IV.

- NATURALEZA DEL AGRAVIO:

Un agravio psicológico que se expresa en la zozobra, incertidumbre de tener que seguir sometido a una investigación que es ilimitada y sometida únicamente a la voluntad del fiscal convirtiéndome en víctima del sistema de justicia penal.

Es pertinente referir lo manifestado por Devis Echandia “Compendio de Derecho Procesal” Editorial ABC, Bogotá. 1,996.p.561: “El derecho de recurrir, cuya naturaleza es estrictamente procesal, es un derecho sub- jetivo de quienes intervienen en el proceso y a cualquier título o condi- ción, para que se corrijan los errores del juez, que le causan gravamen o perjuicio.” POR LO EXPUESTO: A Usted Señor

Juez solicito

se tenga

por

fundamen- tado mi RECURSO DE APELACIÓN y se declare FUNDADA en todos sus extremos. Chimbote, 13 de mayo de 2,014

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL INVESTIGADO

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA EN DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO

EXPEDIENTE JUDICIAL: ESPECIALISTA JUDICIAL: SOLICITA: REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA SEÑOR JUEZ DEL NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL DE TRUJILLO …………… Abogado defensor de..............en el proceso de Cohecho Pasivo Propio, ante usted digo: Acudo a su despacho para solicitar se REPROGRAME LA AUDIENCIA fijada para el día de hoy; debido a que me encuentro delicado de salud debido a una FARINGOLARINGITIS AGUDA tal como lo acredito con el documento de su propósito; y en mérito al Principio de Equidad solicito se admita mi petición. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicitado y tramitar conforme a Ley. Lugar y fecha (…..............)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL RECURRENTE

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REHABILITACIÓN EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

EXPEDIENTE Nº: SECRETARIO: SOLICITA DESAPARICIÓN DE CONDENA – SE CONCEDA LA REHABILITACIÓN SEÑOR JUEZ DEL SÉPTIMO JUZGADO UNIPERSONAL EN LO PENAL DE TRUJILLO: CAYETANO, identificado con DNI Nº 18136510, do- miciliado en el Jirón Santa Marta Nº 282 – Urb. San Jacinto, en el proceso penal seguido en mi contra por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, a Ud. respetuosamente digo: SOBRE NUESTRO PEDIDO Y LA NECESIDAD DE QUE SE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES: Que, en ejercicio irrestricto del principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva y en virtud del derecho de defensa que me asiste, por medio del presente procedo a solicitar a vuestra digan judicatura lo estipulado en el Art. 61 concordado con el Art. 69 del CP. En efecto, que al haberse emitido sentencia condenatoria en mi contra la cual impone una sanción penal con la respectiva pena privativa de libertad suspendida, que hasta la fecha se ha sobrepasado en exceso, sin que exista incumplimiento alguno de mi parte respecto a las reglas de conducta fijadas es que solicito que se tenga por no pronunciada debiendo de remitir los respectivos oficios a quien corresponda a efectos de la cancelación de los antecedentes penales, que hasta la fecha sigue figurando en el Registro Nacional de Condenas. En ese contexto y en atención a lo establecido en el Art. 61 del CP que señala que cumplido el periodo de prueba queda sin efecto la inscrip-

ción en forma automática teniéndose por no pronunciada la condena que debiendo ser concordada con el Art. 69 del mismo cuerpo normativo exige que una vez cumplida la pena que ha extinguido la responsabilidad penal se procede: i) a la restitución de derechos, y; ii) la cancelación de los antecedentes. Así pues Sr. Juez solicito a vuestra judicatura proceda a dejar sin efecto la inscripción de la condena y proceda a emitir la resolución y órdenes que cancelan los antecedentes generados en mi contra. POR TANTO: A Ud. solicito, Señor Juez, acceder a mi pedido. Lugar y Fecha. (…...........................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL REPRESENTANTE

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE DECLARE CONSENTIDA LA SENTENCIA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE: SOLICITO SE DECLARE CONSENTIDA LA SENTENCIA

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SANTIAGO DE CHUCO ROGER JULIO CÁCERES ROMÁN en el proceso de Conducción en estado de ebriedad, en agravio del Estado; ante usted digo: Que, habiéndose emitido sentencia el día 24 de septiembre del presente año, la cual no ha sido impugnada por las partes dentro del plazo de ley; solicito se declare consentida. POR LO TANTO: A Ud. Señor Juez, proveer de acuerdo a sus atribuciones y conforme a ley. Lugar y Fecha: (…................................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL PROCESADO

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REFUNDICIÓN DE PENAS EN DELITO DE ROBO AGRAVADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA: SOLICITO REFUNDICIÓN DE PENAS SEÑORES JUECES DEL JUZGADO PENAL COLEGIADO …………………., sentenciado por el delito de Robo Agravado y otros, en agravio de pasajeros de la Em- presa de Trasportes ….. S.A. y otros, a Ud. con el debido respeto dice: I.-PETITORIO: Invocando el principio Constitucional de la Resocialización de la pena, acudo ante su digno Despacho, con el objeto de solicitar se sirva DECLARAR PROCEDENTE LA REFUNDICIÓN DE CONDENA, que me han impuesto en los procesos signados con el Expediente. N° 0994-2008; Expediente No. 14-2010 (Resuelto en su judicatura), y expediente No. 987-2008, en razón a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se expone: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: PRIMERO: Que, la REFUNDICIÓN DE CONDENAS, como Institución Ju- rídica de Derecho Penal Material, tiene por objeto el posibilitar y facili- tar el Tratamiento único de las múltiples penas impuestas a una misma persona de los casos de concurso Real, que no Plena según los principios recogidos en el Código de Ejecución Penal. SEGUNDO: (PRIMERA SENTENCIA) Que, con fecha 03 de noviembre del año 2010 en el proceso (No. 987-2008), el Juzgado Penal Colegiado de Huaura, emitió sentencia condenatoria, por hechos COMETIDOS EL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007, imponiéndome la pena de 09 años 06 meses de pena privativa de mi libertad, el pago de S/1,600.00 por con- cepto de Reparación Civil en favor de los agraviados, sentencia que se

encuentra consentida, la que se computa desde el 24 de agosto del 2010, vencerá el 23 de febrero del año 2020. TERCERO: (SEGUNDA SENTENCIA) Que, con fecha 24 de Enero del 2011 en el expediente N° 14-2010, seguido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de VIRU, compresión de la Libertad, por HECHOS COMETIDOS el 10 DE ENERO DEL 2010, se me impone condena de 10 años 10 meses de pena privativa de libertad, que lo computan desde el 11 de enero del 2010 y vencerá el 10 de noviembre del año 2020, y al pago de S/12,700.00 nuevos soles por concepto de reparación Civil en forma solidaria con otros sentenciados, sentencia que ha quedado CONSENTIDA. CUARTO: (TERCERA SENTENCIA) Que, con fecha 29 de noviembre de! 2011, en el expediente No. 994-2008 seguido ante el Primer Juzgado Pe- nal Liquidador Transitorio de Chimbote, por HECHOS COMETIDOS EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2008, se me ha impuesto condena de 15 AÑOS, que se ha computado desde el 11 de noviembre del año 2011, vencerá el 10 de noviembre del año 2026, y al pago de S/300.00 nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados, y de S/500.00 nuevos soles a favor del Estado, sentencia que ha quedado ejecutoriada mediante resolución Suprema de fecha O5 de julio del año 2012. QUINTO: Que, tal como se observa del estudio de las sentencias, los hechos materia de la primera sentencia (EXP. No. 2008-987) fueron realizados el 23 DE OCTUBRE DEL 2007, la sentencia recaída en el EXP. No. 994-2008, fueron cometidos con fecha 10 DE ABRIL DEL 2008, y la sen- tencia recaída en el EXP. No. 14-2010, seguido ante su Despacho, fueron cometidos con fecha 10 DE ENERO DEL 2010, estableciéndose señora Juez que, las sentencias han sido impuestas sin que tenga la condición de reincidente, que al ser detenido, he tenido que resolver mis casos pen- dientes con la justicia, pero NO HE PODIDO HACER QUE SE REFUNDAN O ACUMULEN LOS PROCESOS, para que se emita una sola sentencia. TENIENDOSE PRESENTE SEÑORA JUEZ, QUE LOS HECHOS SEGUIDOS EN EL EXP. No. 987-2008 y No. 994-2008, SE COMETIERON ANTES DE LA VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.

SEXTO: Que, es por éstos motivos, y al apreciarse en el presente caso, que los hechos motivos de las sentencias condenatorias guardan entre si una relación de CONCURSO REAL, los cuales de haber sido juzgado en un sólo proceso, se me hubiese impuesto una PENA ÚNICA, conforme al PRINCIPIO DE ABSORCIÓN recogido en nuestro Código Penal, es que me permito acudir ante su digno Despacho, con el objeto de que se sirva DECLARAR PROCEDENTE LA REFUNDICIÓN DE CONDENAS SOLICITA- DAS, DISPONIENDO QUE LA SENTENCIA IMPUESTA EN EL PROCESO N° 2008-987 impuesta por el Juzgado Penal Colegiado de Huaura, y la sentencia IMPUESTA EN EL EXP. No. 14-2010 por el Juzgado de Investi- gación Preparatoria de VIRU; QUEDE REFUNDIDA DENTRO DE LA SEN- TENCIA que se me ha impuesto en el proceso N° 09942008; debiendo tomarse en cuenta el inicio de ésta: 24 de AGOSTO del 2010 a VENCERSE EL 23 DE AGOSTO DEL 2025, considerando la pena efectiva que me en- cuentro cumpliendo, en el expediente No. 2008-987. III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: •Art. 139 Lic. 22, que establece el principio Constitucional de la Resocia- lización de la Pena. 2.- LEY N° 10124: •Art. 4, que establece la permisión legal para la efectiva aplicación de la Institución Jurídica de la Refundición de Penas. 3.- CÓDIGO PENAL: • Art. IX del T.P., que establece el Principio rector de la Función que tiene la pena en nuestro Sistema Penal Peruano. • Art. 50, que establece el marco normativo del Concurso Real de Delitos y el principio de Absorción como línea directriz para su resolución. IV.- MEDIOS PROBATORIOS: 1.- Copias CERTIFICADAS de la Primera sentencia Exp. 2008-987, de fe- cha 03 de noviembre del año 2010, donde consta el tipo de condena im- puesta, de fechas de comisión del delito y que se encuentra

consentida.

2.- Copias CERTIFICADAS de la Segunda sentencia de fecha 24 de enero del 2011 recaída en el Expediente N° 14-2010, emitido por la Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Virú, donde consta la fecha de comisión del delito y que se encuentra consentida. 3.- Copias CERTIFICADAS de la tercera sentencia de fecha 29 de noviembre del 2011, recaída en el expediente No. 994-2008, emitido por el Primer Juzgado Penal Liquidador de Chimbote, la que se encuentra consentida y ejecutoriada, en la que se determina la fecha de comisión del delito. V.- ANEXOS: 1 - A: Copia certificada de la primera sentencia Exp. 2008-987. 1 - B: Copias certificadas de la segunda sentencia Exp. N*^ 14-2010. 1 - C: Copias certificadas de la tercera sentencia Exp. N® 994-2008 OTROSI DIGO.- Señalo como mi domicilio procesal en Diego de Almagro No. 545 de ésta ciudad. POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Juez solicito declarar fundada mi petición, por ser de Ley. Lugar y Fecha (….................................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DE ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DE SENTENCIADO

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MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO

EXPEDIENTE: SECRETARIO: APERSONAMIENTO - SEÑALA DOMICILIO PROCESAL SEÑOR PRESIDENTE DEL PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO. ………………………., Abogado Defensor de…………., con Registro N°……., en los seguidos contra mí patrocinado por presunto delito de HOMICIDIO CALIFICA- DO en agravio de……………, a Usted digo: Que por convenir a los intereses de mi patrocinado me apersono a esta instancia a fin de ejercer su derecho de defensa; asimismo, señalo domicilio procesal en ……….de esta ciudad, lugar donde se me harán saber todas las resoluciones que se emitan en el presente caso. POR LO EXPUESTO: A Usted, Señor Magistrado, solicito proveer de acuerdo a Ley. Lugar y Fecha (….................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------RECURRENTE D.N.I. N° ………..

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MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO

EXPEDIENTE JUDICIAL: ASISTENTE: CUADERNO DE DEBATES: INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA CONDENATORIA Y OTROS SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DE TRUJILLO: ………………, en el proceso penal que se me sigue por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Homicidio Calificado, en el presunto agravio de …………., con respeto digo: III. PETITORIO: Que por corresponder al derecho de defensa de mi persona, consagrado a nivel constitucional, y dentro del plazo establecido en el Art. 416, numeral 1, literal “a” del Código Procesal Penal debidamente concordado con el Art. 421 del mismo cuerpo normativo INTERPONGO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 90, DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2016, QUE IMPONE UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE DIECIO- CHO AÑOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, en mérito a los siguientes fundamentos: IV. ASPECTOS CENTRAL DE NUESTRO RECURSO DE APELACIÓN: AMBITO DE REVISIÓN y AGRAVIO SUFRIDO: 4.1 Atendiendo a los principios constitucionales, que se desarrollaran en el presente recurso, por medio de la presente apelación

buscamos que la Sala de Apelaciones revoque la resolución recu- rrida, teniendo como pretensiones que fijan el ámbito de revisión a las siguientes: 4.1.1 Se ordene la nulidad de la sentencia condenatoria y se disponga la absolución de mi persona por no existir prueba alguna que lo vincule como responsable del delito pues existe duda razonable sobre la participación en los hechos materia de incriminación (pretensión principal). 4.1.2. La naturaleza del agravio es de índole constitucional al haberse afectado derechos fundamentales que han re- percutido de manera directa en la privación de mi li- bertad de una manera indebida, por lo que a través de la presente apelación buscamos que dicho agravio sea reparado y se evite un menoscabo mayor. 4.2. El Tribunal Constitucional ha establecido que la potestad jurisdiccional o la potestad de administrar justicia comprende, en lo esencial, lo siguiente: la tutela de los derechos fundamentales, los derechos ordinarios y procesales e intereses legítimos, el con- trol difuso de constitucionalidad 2, de ahí que ante su violenta- miento las partes procesales pueden recurrir las sentencias que causen agravio sea por inaplicación indebida de la norma o por una incorrecta valoración de la prueba o una indebida valoración de la prueba, hasta el punto de hacerla prevaricadora, como lo es la presente sentencia materia del recurso de apelación. 4.3. Se entiende, que la potestad jurisdiccional no actúa de manera correcta cuando se han inobservado las garantías mínimas para las partes procesales, como lo es la indebida o equivocada motivación, la explicación detallada de las conclusiones a las que se

2

STC expedida por el TC recaída en el Exp. N° 0023-2003-AI/TC.

arriban, entre otros; cuando no se ha cumplido con la motivación o fundamentación de resoluciones al momento de resolver un pe- dido y al no haber observado las normas procesales aplicables al presente caso la decisión se convierte en equivocada y arbitraria siendo necesaria su reforma conforme a las normas que regulan nuestro sistema jurídico. 4.4. En conclusión todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional debe respetar mínimamente, las garantías que componen los de- rechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en- tre los que destacan los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación de las resoluciones judi- ciales, a la obtención de una resolución fundada en el Derecho, a la pluralidad de instancias, entre otros derechos fundamentales3. 4.5. En sentido contrario sino existe un respeto mínimo a estas garantías constitucionales, es obvio que el proceso adolecerá de algún defecto insubsanable que evidenciará la necesidad de sub- sanar la decisión; tal como lo amerita en el presente caso pues se ha procedido a emitir una sentencia condenatoria a pesar de no haberse valorado de manera correcta la prueba así como el he- cho de haberse basado en simples conjeturas y no haberse com- pulsado la reconstrucción de los hechos tomando como cierto algunos testimonios que adolecen de incredibilidad. V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: EQUIVOCACIONES DEL AD QUO AL EMITIR UNA SENTENCIA CONDENATORIA: A. la falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada: criterios para revocar la sentencia impugnada: 5.1. Es evidente Sr. Presidente que la resolución recurrida no tiene una debida motivación, y por el contrario sólo ha utilizado criterios no tan lógicos para condenar a mi persona y luego proceder

3

STC expedida por el TC recaída en el Exp. N° 0004-2006-PI/TC.

a la imposición de una pena grave pues a pesar de no existir pruebas concretas que determinan responsabilidad penal el Ad quo ha procedido a emitir un juicio de condena sin que se hayan respetado las garantías mínimas que conforman el debido proce- so y la valoración y motivación de la prueba. 5.2. Tal como se puede apreciar no existe una “fundamentación” al momento de emitir la sentencia condenatoria. En este punto señalaremos en que han consistido los errores puntuales. i)

La sentencia condenatoria es nula por tener

una

apa-

rente motivación pues ha valorado las pruebas –testimoniales y documentales- de manera incongruente al no tener un razonamiento lógico interno congruente, por lo que se contradice con los criterios establecido en la sentencia recaída en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC la misma que sostiene “a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico”; mereciendo ello que se sancione con nulidad y luego vuestra Sala pro- ceda a absolver a mi persona, en virtud de lo establecido en la Casación N° 05-2007-Huaura y aplicada de manera correcta en El Exp. N° 120-2014 por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad. ii)

La sentencia condenatoria tiene una insuficiente motivación por no pronunciarse sobre todos los aspectos cuestionados o puntos controvertidos propuestos por la defensa: El Tribunal Constitucional, en el criterio fijado

110

GRUPO EDITORIAL Lex &

IurIs

en la STC Nº 1291-2000-AA/TC. FJ 2 ha precisado que “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión”. En el presente caso, el Ad quo no ha tomado en consideración este aspecto pues a pesar de haber propuesto dentro de los alegatos finales una serie de puntos controvertidos, todos ellos relacionados con el thema probandum, no han sido desarrollados y menos contradichos por el Ad quo, como lo es las evidentes contradicciones y falta de credibilidad de los testigos de cargo; así como la imposición de una reparación civil con una suma tan elevada sin que la misma haya sido objeto de prueba y menos de motivación. 5.3. Nos lleva a concluir, entonces, que en “ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los órganos del Poder Judicial en la medida que actúan con sumisión a la ley a que las resoluciones se ajusten a las exigencias del ordenamiento jurídico, sólo así se estará actuando dentro de los parámetros constitucionales”4. 5.4. Así se ha señalado que la motivación de las resoluciones judiciales no sólo constituyen una garantía procesal, sino también un deber de los jueces5. Por lo cual es evidente que la falta de motivación de una resolución decisoria, como en el presente caso lo es, es atentatoria contra el debido proceso y contra la

4

Colomer Hernández, Ignacio. La Motivación de las Sentencias: sus exigencias constitucionales y Legales. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003.

5

Carrión Lugo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo III. Pág. 39. Editorial Grijley. Lima 2005

tutela jurisdiccional efectiva a que tienen derecho todos los justiciables. 5.5. El término motivación denota la justificación de la decisión adoptada en la resolución6, cuestión que no ha ocurrido en el presente caso pues el Ad quo solo ha tomado como referen- cia para emitir su resolución aspectos que no resisten

mayor

análisis

lógico

y

declaraciones

contradictorias pero no ha ex- plicado en conjunto la valoración

de

la prueba pues solo

ha recogido las

declaraciones obtenidas en el interrogatorio de fiscalía más no a las preguntas formuladas por la defensa en el contrainterrogatorio, tal como exige nuestra norma procesal contenida en el Art. 394 numeral 3 del Código Procesal Penal. 5.6. En este sentido debemos de decir que los juzgadores no sólo tie- nen el deber de resolver los conflictos de interés que han sido so- metidos a su decisión, sino también el deber de motivar sus reso- luciones. Un juez para decidir, piensa, reflexiona, busca razones y saca conclusiones dentro del cúmulo de hechos y de elementos probatorios que aparecen en el proceso y de las normas jurídicas aplicables al caso establecido por el ordenamiento jurídico7. 5.7. Situación que no se ha dado en la resolución recurrida y que se deberá subsanar al momento de REVOCAR la resolución recurri- da debiendo de decretar la absolución de mi persona en virtud de la insuficiencia probatoria que existe y en claro respeto al princi- pio de presunción de inocencia e in dubio pro reo. 5.8. En esta línea y siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitu- cional: “según el Art. 139, inciso 5, de la Constitución, toda resolu-

112

6

Colomer Hernández, Ignacio. Op. Cit. Pág. 35.

7

Carrión Lugo, Jorge. Op. Cit. Pág. 198. GRUPO EDITORIAL Lex &

IurIs

ción que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe al poder judicial sino a toda entidad que re- suelva conflictos, incluso el Tribunal Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe que- dar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por lo que se llega a tal o cual conclusión. Pero una resolución en que no se precisan los hechos, el derecho y la conducta responsable, ni tampoco se encuen- tra razón o explicación alguna del por qué se ha resuelto de tal o cual manera no respeta las garantías de la tutela procesal efectiva.”8 5.9. Teniendo como sustento lo señalado líneas arriba, podemos dar- nos cuenta que el Ad quo no ha cumplido con el deber de motiva- ción al momento de emitir una sentencia condenatoria pues solo ha tomado como base declaraciones, a pesar que las mismas tie- nen contradicciones y son insuficientes e incluso no se ha toma- do en cuenta la diligencia de Inspección judicial para determinar la credibilidad de la versión del testigo de referencia que habría visto la huida de mis coacusados. B. El debido proceso y su inobservancia generada por el ad quo al no haber posibilitado un juicio con las garantías jurídicas que la consti- tución prevé 5.10. La necesidad de hacer una reflexión sobre el debido proceso (tal como se hará en líneas seguidas) tiene plena validez pues sirve para centrar nuestro recurso de apelación debido a que el ad quo ha inobservado: 5.10.1.El principio de Presunción de inocencia: A pesar de no existir prueba de cargo en contra de mi persona se ha

8

STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 6712-2005-HC/TC; en el mismo sentido STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 4348-2005-PA/TC; STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 1230-2002-HC/TC.

procedido a emitir una sentencia condenatoria, y que la misma que ha sido considerada como determinante tiene una serie de contradictorias no debiendo ser considerada suficiente para generar un juicio de condena. 5.10.2.El Principio de In dubio pro reo: Solo ha tomado en cuenta un declaraciones de testigos manifiestamente cuestionados y que tienen enemistad manifiesta con mi coacusada y vinculación y sujeción a los intereses del agraviado, la misma que no genera convicción pero a pesar de ello lo ha tomado como única prueba de cargo para emitir una sentencia en mi contra. 5.10.3.La indebida valoración de la prueba pues no ha rea- lizado un correcto juicio

lógico

interno: El Ad quo solo ha

tomado como cierto las respuestas realizadas por los testigos en el contrainterrogatorio pero no ha valorado y menos tomado en consideración siquiera las respuestas brindadas en el contrainterrogatorio, con las cuales se evi- dencia la desacreditación de su testimonio y por la tanto su exclusión como prueba de cargo. A esto hay que sumarle que dentro de los considerando decisivos de la resolución no se ha tomado en cuenta la inspección judicial para de- terminar la posición del testigo y si este podía tener visibi- lidad para apreciar con claridad las características de los autores de los disparos y los vehículos que los movilizaban. 5.11. Ante la vulneración o infracción de orden constitucional, que se ha precisado, es necesario referir que los derechos fundamenta- les son aquellos que se encuentran incluidos en la Constitución Política como norma constitutiva y organizativa del Estado, por lo que dichas garantías deben ser tuteladas pues en ocasiones sirven para reforzar el contenido de las garantías específicas. Su valor se acrecienta cuando se amparan en ellas garantías concre- tas que, por la circunstancia que fuera, no quedaron de modo

expreso en la constitución. Estas son: i) El Debido Proceso; ii) El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva; iii) El Derecho a la Presunción de Inocencia, y; iv) El Derecho a la Presunción de Inocencia. 5.12. Más concretamente, la afirmación antes realizada tiene como significado el deber de protección de los derechos fundamenta- les durante todo el proceso penal, lo que no significa la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos

constitucionales

va-

liosos.

Desde

esa

línea

argumentativa en el presente caso se han violentado una serie de principios constitucionales que generan la nulidad de la resolución recurrida debiendo de or- denarse la absolución de mi persona al no existir pruebas de cargo contundentes, que en grado de certeza, nos permitan concluir en su responsabilidad penal. 5.13. Tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en diver- sas sentencias la tutela jurisdiccional efectiva se proyecta, entre otros aspectos como un deber del órgano jurisdiccional pero que en la actualidad se proyecta y extiende su vigencia y eficacia más allá de estos9. 5.14. Para que vuestro despacho en su calidad Presidente de la Sala pueda amparar nuestro recurso de apelación, debido a la trasgresión flagrante al debido proceso 10 y sobre todo a las garantías antes precisadas es necesario esbozar algunos conceptos sobre

9

Sentencia recaída en el Exp. N° 5514-2005-PA/TC en la cual el Tribunal Constitucional sentando una magnifica doctrina jurisprudencial ha señalado que “El Art. 139, inciso 3 de la Constitución establece que: son principios y derechos de la fun- ción jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

10

“El debido proceso implica el respeto dentro de todo el proceso, de los derechos y garantías mínimas con las que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso del derecho al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, etc”. Ver Exp. Nº 0200-2002aa/tc & Exp. N° 2508-2004-aa/tc.

que debe entenderse por debido proceso. 5.15. El profesor alemán Roxin anota que los derechos fundamentales procesales reconocidos por un Estado es el criterio para medir el carácter autoritario o liberal de una sociedad11. Mientras más respeto a los derechos fundamentales exista se puede decir que el Estado de Derecho cumple con su función: preservar la dignidad de las personas y hacer cumplir el respeto de los dere- chos constitucionales12. 5.16. La revaloración de los derechos fundamentales en el sistema procesal penal actual es eminente. No podemos negar que el CPP recoge dentro de sus apostolados la protección de los derechos del imputado, protegiendo de ese modo, además la dignidad de la persona, fin supremo del Estado peruano. 5.17. Desde ese contexto, del proceso penal constitucionalizado, sur- gen otras garantías que cubren a las partes durante todo el de- sarrollo del proceso. Dentro de estas garantías vital importancia cobra la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, como continente de otros derechos específicos, que nacen a efectos de evitar la arbitrariedad del poder estatal. 5.18. Tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en diver- sas sentencias la tutela jurisdiccional efectiva se proyecta, en- tre otros aspectos como un deber del órgano jurisdiccional pero que en la actualidad, proyecta y extiende su vigencia y eficacia más allá de estos, es decir, se ha convertido en un deber exigible para cualquier órgano o institución que tenga

que resolver

algún confito

de intereses, incluso

comprendiendo a las disposiciones

11

Citado por Bacigalupo, Enrique. El Debido Proceso Penal. Hammurabi. Buenos Aires, 2005. Pág. 24.

12

Por todos Ibídem.

emitidas por el Ministerio Público13. 5.19. Así, pues el derecho a probar, que tiene el imputado se convierte en el norte del proceso. Si bien el imputado entra al proceso penal con un escudo, llamado presunción de inocencia, es un derecho de poder demostrar su no vinculación con el delito, a través de los medios permitidos por ley situación que no se ha permitido en el presente caso al haberse omitido la valoración de medios probatorios determinantes que apo- yaban mi inocencia. 5.20. Por otro lado el debido proceso14 se convierte en otra garantía de suma importancia para el desarrollo valido del proceso penal.

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Sentencia recaída en el Exp. N° 5514-2005-PA/TC en la cual el Tribunal Constitucional sentando una magnifica doctrina jurisprudencial ha señalado que “El Art. 139, inciso 3 de la Constitución establece que: son principios y derechos de la fun- ción jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. So- bre esta disposición constitucional debe realizarse dos precisiones interpretativas. En primer lugar, pareciera desprenderse de la literalidad del texto de la disposición constitucional aludida que el debido proceso constituye, antes que un derecho fundamental, un principio de la función jurisdiccional. El tribunal Constitucional no asume esta interpretación, pues desde la perspectiva de la interpretación cons- titucional de los derechos fundamentales, y a la luz del principio pro homine (artí- culo V del Código Procesal Constitucional), es conforme con la constitución que se interprete también que en dicha disposición constitucional se reconoce el derecho fundamental al debido proceso. En segundo lugar, se ha reconocido el que en el Art. 139, inciso 3 de la Constitución está implícito el derecho al debido proceso, tal interpretación debe ser integrada con aquella otra que extiende la vigencia y efica- cia de este derecho fundamental más allá del ámbito de los procesos judiciales”.

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“El debido proceso implica el respeto dentro de todo el proceso, de los derechos y garantías mínimas con las que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso del derecho al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, etc”. Ver Exp. Nº 0200-2002-aa/tc. En el mismo sentido “cualquier actuación u omisión de órganos estatales, dentro de un proceso, debe respetar el debido proceso legal. Uno de los atributos del debido proceso lo constituye el derecho de defensa”. Ver Exp. N° 2508-2004-aa/tc.

Dentro de ésta garantía, se ubican el derecho a la defensa y a probar, que en caso de inobservancia o limitación indebida genera la nulidad de las actuaciones15. En ese sentido, se garantiza, entre otras cosas, que una persona con la calidad de sujeto pro- cesal como titular de derechos e intereses legítimos se vea facul- tado de ejercer los medios legales suficientes para su defensa16. 5.21. A esto hay que sumarle un hecho concreto que determina el violentamiento del debido proceso penal. Explicamos. Las pruebas que el Ad quo ha tomado como referencia para emi- tir una sentencia condenatoria en contra de mi persona son las declaraciones de los testigos y ha omitido valorar la ins- pección judicial. Pero estas pruebas no sólo ha sido valorado indebidamente al atribuirle un valor de prueba plena y ex- clusiva de cargo sino que además se ha considerado solo un extremo de dichas pruebas pero no se ha tomado en cuenta las incongruencias existentes en cada una de ellas como más adelante se verá. 5.22. Dicho de otro modo, en el presente caso se ha utilizado como ciertas pruebas que a todas luces son cuestionables por las razones que se expondrán en la audiencia de apelación; no sin antes referir que la sentencia recurrida en su fundamentación deficien- te ha tomado como cierto hechos que son contradictorios y ni pueden servir como prueba de cargo, pues violentan el derecho a la prueba y a la motivación de la misma. En efecto como lo ha sos- tenido el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02201-2012-PA/ TC, es necesario que el Juez que por el principio de inmediación valora la pruebas y determine los puntos controvertidos, situa-

15 Exp. N° 0090-2004-aa/tc. 16 “(…) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…) un principio de la función jurisdiccional (…)”. Ver Exp. N° 5156-2006-pa/tc.

ción que no ha pasado en el presente caso 17. C. La indebida valoración de la prueba: incoherencia lógica en la va- loración 5.23. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso, siendo extensible la debida motivación también para el razonamiento correcto de los medios de prueba. 5.24. El TC ha referido que Falta de motivación interna del razonamiento se da “[defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión.

Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito

constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa”, dejando sentado ello en la STC 00728-2008-PHC/TC (Caso Llamoja Hilares). 5.25. Puede apreciarse, entonces, que el juez se sentencia tiene la

17 Uno de los aspectos esenciales que ayudan a determinar la suficiencia o no de la motivación es que la resolución judicial fije, desarrolle, discuta y razone acerca de los puntos controvertidos, establecidos por las partes dentro del proceso. Vid. Castillo Alva, José Luis. Proscripción de la Arbitrariedad y Motivación. Grijley. Lima, 2013. Pág. 106.

obligación de respetar además de una coherencia lógica en la argumentación también debe de tener un coherencia narrativa, situación que no se ha presentado al momento de emitir la sentencia, pues tal como demostraremos ahora el ad quo ha llegado a varias conclusiones pero que no guardan relación con la lógi- ca ni la experiencia y por el contrario son absolutamente incon- gruentes, a saber: 5.25.1.La sentencia arbitraria emitida en contra mi persona tiene diversas falencias y todas relacionadas con las conclusiones arribadas producto de la valoración equívoca de la prueba. En efecto, al momento del “análisis” de manera individual y conjunta de la prueba, se ha desarrollado los fundamentos de condena; sin embargo y luego de una re- visión minuciosa de los mismos no se ha hecho más que repetir las respuestas de los testigos que dieron al interro- gatorio dejando de lado las contradicciones que se evidencian contrainterrogatorio efectuado por la defensa.

en

el

5.25.2.El ad quo, a pesar de existir una acusación deficiente, por la forma contradictoria como se expusieron los hechos, ha considerado a mi persona como coautor del de- lito de homicidio calificado. Estas contradicciones están basadas en los datos incriminatorios brindados por los testigos, los mismos que no han sido coherentes al mo- mento de relatar el supuesto suceso fáctico que habría desencadenado el resultado letal. A esto hay que sumar- le, que el Ad quo ha valorado como verosímil la declara- ción del testigo con clave de reserva N° 001-2011-CQA pero no ha tomado en cuenta la inspección judicial para saber si su versión tiene correlato con la posición en la que se encontraba máxime si entre la hora de la comi- sión del delito (06.15 pm) y la presencia del testigo (6.30 pm) existe una diferencia considerable.

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5.25.3.Lo referido en líneas anteriores a su vez se condice con la falta de razonamiento y falta de prueba –en todo caso en el limbo de la duda razonable- en el extremo de explicar con coherencia y claridad el origen del móvil y la necesidad de dar muerte al occiso, además de no haberse demostra- do que el ejecutor del delito haya actuado en condición de sicario. 5.25.4.Todas estas situaciones evidencian una falta de motiva- ción de la prueba y los diversos errores que se han con- signado en la sentencia, la misma que adolece de nulidad pues el Ad quo, no ha cumplido con el principio de valora- ción debida y de motivación suficiente. D. La falta de valoración de la prueba: violentamiento al derecho de defensa 5.26. Dentro de ésta garantía, se ubican el derecho a la defensa y a probar, que en caso de inobservancia o limitación indebida gene- ra la nulidad de las actuaciones 18. Dicho de otro modo, se garan- tiza, entre otras cosas, que una persona con la calidad de sujeto procesal como titular de derechos e intereses legítimos se vea facultado de ejercer los medios legales suficientes para su defen- sa19. 5.27. El Código Procesal Penal no ha sido ajeno a esta corriente garantísta por lo que en su Art. 71 ha consagrado la facultad de ofrecer pruebas que respalden (no se habla de demostración porque existe una presunción) su inocencia. 5.28. En lo que respecta al derecho a probar, el jurista Eduardo Couture señalaba que la Ley que haga imposible la prueba,

18 Exp. N° 0090-2004-aa/tc. 19 “(…) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…) un principio de la función jurisdiccional (…)”. Ver Exp. N° 5156-2006-pa/tc.

es tan inconstitucional como la ley que haga imposible la defensa. Esta frase hoy cobra gran vigencia, pues el derecho a probar es, esencial para el respeto del debido proceso. 5.29. En puridad el derecho a probar, como derecho fundamental, no sólo posibilita que toda persona pueda utilizarlo dentro de un proceso judicial, sino que, además, se convierte en un aspecto imperante de nuestro ordenamiento, por lo que este (entiéndase el derecho a probar) se puede considerar como aquél de carác- ter subjetivo, que le corresponde a todo sujeto de derecho (sea persona natural o jurídica) pudiendo utilizarlo en el proceso que participa, de tal manera que le permita acreditar su pretensión. 5.30. El derecho a probar tiene un contenido, que está integrado por los derechos siguientes: i) el derecho ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; ii) el derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; iii) el derecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; iv) el derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios, y; v) el derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido ac- tuados y que ingresado al proceso20. 5.31. En el presente caso ha existido un violentamiento al derecho a probar en todas sus manifestaciones antes acotadas pues no se ha realizado una valoración conjunta de todas las pruebas ofrecidas y admitidas por lo que se ha violentado el Art. 393 del CPP que obliga a una valoración individual y luego conjunta de la prueba.

20 Bustamante Alarcón, Reynaldo. “Derecho a Probar como Elemento Esencial de un Proceso Justo”. Ara. Lima – 2001. Pág. 362.

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5.32. La deliberación deberá ser hecha, de manera obligatoria y nece- saria, sobre lo ocurrido el desarrollo del juicio, exigiendo ser ex- haustiva y profunda, orientada en dos sentidos: por una parte a la construcción de la norma aplicable al caso; por la otra, al análi- sis de la información reunida en relación a las distintas hipótesis en juego. El primer nivel es el del análisis jurídico, el segundo, el de la valoración de la prueba21. 5.33. En el presente caso la sentencia es nula por disposición expresa del Art. 150 del CPP y del Art. 393 del mismo cuerpo normativo al no haberse valorado de manera individual y conjunta todas las pruebas pues a pesar de que existe una diligencia de inspección judicial que fue llevada a cabo por el mismo Ad quo, dentro de los fundamentos de la justificación y decisión de la condena no ha sido objeto de mención siquiera y menos de valoración. Para mayor abundamiento y pese a que era necesario determinar con exactitud y precisión tanto el origen como la entidad o magnitud de la lesión se hubiera necesitado una valoración de todos y cada uno de los elementos de prueba, especialmente la inspección judicial para determinar la credibilidad de la versión brindada por el testigo con código de reserva, pero de manera irracional y con una falta de criterio que linda con la insuficiente motivación, el Ad quo no ha considerado siquiera tomarlos en cuenta para desvirtuarlos, no haciendo mención en la sentencia en ningún extremo de la misma. 5.34. Tal como se aprecia de la sentencia que no han sido valorados, la inspección judicial y además se ha fijado una reparación civil sin ningún medio de prueba que acredite la entidad del daño, por lo que se ha generado indefensión a mi persona,

21

Binder, Alberto. “Introducción al Derecho Procesal Penal”. Ad-Hoc. Buenos Aires, 1993. Págs. 243 y 244.

máxime si dichas pruebas han sido parte del debate”, con lo que se evidencia que existe una falta de pronunciamiento teniendo en consideración que dicha prueba evidencia la contradicción en la que han incurrido los testigos. 5.35. La falta de percepción o la omisión de valorar la prueba admi- tida y considerada como dirimente o esencial para el esclareci- miento de los hechos puede generar errores en la logicidad que repercuten en la garantía del debido proceso; lo que constituye además un atentado contra el principio de igualdad de las partes, especialmente al vulnerar derecho subjetivo de probar. En con- secuencia la debida valoración de la prueba no viene a ser la revisión de las cuestiones de hecho, al contrario porque de no efectuarse la misma de manera conjunta, implica incurrir en un error de razonamiento lógico, tal como ha sucedido en el presente caso. E. sobre los errores advertidos en la sentencia y los puntos no toma- dos en cuenta por el ad quo: 5.36. El Ad quo, violentado uno de los aspectos esenciales que ayudan a determinar la suficiencia o no de la motivación es la fijación de los untos controvertidos y la correcta motivación de la sentencia. En el presente caso la resolución recurrida violenta el principio de presunción de inocencia y el in dubio pro reo, contravinien- do lo establecido en la STC 1768-2009-PA/TC, en la medida que no se sustenta en verdaderos hechos de prueba que no generan convicción y certeza de la responsabilidad penal de mi persona. 5.37. Así pues luego de la actividad probatoria y en una cuestión no analizada en la sentencia, la inocencia de mi persona no ha podido ser destruida pues existen contradicciones evidentes que no acreditan ni la coautoría ni mi vinculación con el supuesto acto delictivo. La sentencia emitida por el Ad quo no tiene valoración adecuada de la prueba pues no ha verificado los requisitos sustanciales de las testimoniales como lo es: i) la competencia

de los testigos, y; ii) la credibilidad de los mismos; conforme lo sostiene la doctrina procesalista, en materia de motivación fáctica nos hemos movido históricamente en una especie de zona de penumbra, opaca y ajena a todo tipo de control racional, dejada en manos del arbitrio judicial22. 5.38. Así las cosas, ahora se demostrará, como se hizo a lo largo del juicio oral y que no ha sido tomado en cuenta en la sentencia recurrida, que los testigos no han sido capaces de coincidir de ma- nera plena en los hechos anteriores, concomitantes y posteriores al momento en que se habría producido el hecho delictivo por lo que la resolución recurrida solo ha reproducido la declaración de los testigos en el interrogatorio pero no ha mencionado siquiera las contradicciones que se obtuvo luego del interrogatorio, como a continuación se demostrará: 5.38.1.El primer error que comete el Ad quo es no valorar que tanto el agraviado como mi persona y mi coacusada Paola Ventura Salazar estuvimos juntos el día de los hechos, por lo que de acuerdo a las reglas de la máxima de la experien- cia no es posible que una persona que se siente amenaza- da tenga trato y se frecuente con sus agresores pues si él estaba presente en el mismo vehículo es imposible que en su presencia se haya concertado con los otros coacusados su eliminación. 5.38.2.No existe prueba alguna de que mi persona tenga una conducta agresiva o codiciosa, es decir, no se ha practicado una pericia psicológica que determine que sea violento o tenga personalidad agresiva o con ánimo de lucro. A esto hay que sumarle que el ad quo no ha considerado siquiera desvirtuar lo establecido en el Acuerdo Plenario 02-205/

22

Taruffo, Michelle. “La Prueba de los Hechos”. Trotta. Madrid, 2002. Pág. 454.

CJ-116 que establece los parámetros para valorar declaraciones testimoniales que tiene un grado de subjetividad elevado por la relación que existe entre los testigos y los acusados pues como se ha evidenciado entre los testigos, todos ellos muy cercanos al agraviado (yerno e hija). En otras palabras el Ad quo siquiera ha desvirtuado este extremo planteado por la defensa lo que evidencia una nulidad en la sentencia. 5.38.3.En el ítem 15 de la sentencia, página 22, se ha hecho referencia como prueba actuada a la diligencia de inspección judicial pero al momento de la valoración individual y con- junta no se ha mencionado siquiera. Dicha omisión gene- ra una doble afectación. Por un lado al derecho a valorar la prueba actuada en juicio y por otro lado que al no ser contrastada con la declaración del testigo con código de reserva no se puede evidenciar que su declaración tenga veracidad o sea creíble. 5.38.4.Una de las pruebas fundamentales que ha considerado el Ad quo en su sentencia es el reporte de llamadas, donde mi persona realiza al número atribuido a…................Esta inferencia equivocada que se realiza en la sentencia parte de un hecho no probado sino que además contradictorio. ¿Cómo es posible que mi persona haya realizado llamadas a mi coacusado para ponernos de acuerdo acerca de la co- misión del delito cuando el agraviado estaba en el mismo lugar e incluso habíamos departido un almuerzo juntos? La respuesta es obvia, desprendiéndose que es material- mente imposible acordar la ejecución de una persona, en su misma presencia pues eso pondría de manifiesto el plan criminal. 5.38.5.De acuerdo a la imputación fiscal, que se cita en la sentencia, luego de dar muerte al agraviado “el autor del disparo

huye a bordo de una motocicleta, en tanto que sus dos acompañantes abordan la camioneta Station Wagon color blanco con placa de rodaje N° TD-1653, habiendo llegado al lugar del crimen al poco tiempo la hija del victimado”23; luego de manera contradictorio la hija del victimado (sic) en su declaración, obrante en el punto 6 de la sentencia ha referido que “estaba a más de cien metros de su casa, colo- cándose a su lado siendo que en ese instante la gente co- mentaba que de un tico” 24, evidenciándose una contradic- ción entre lo declarado por el testigo de código de reserva y la misma hija del agraviado por lo que su declaración no está inmersa dentro de los criterios exigidos por el Acuer- do Plenario 02-205/CJ-11625. 5.38.6.El ad quo ha dado como probado ciertos hechos que no tienen sustento probatorio por tener contradicciones evidentes. En principio ha referido que mi coacusada ……. trabajaba en el meretricio, denigrando su honor pues dicha aseveración no tiene prueba contundente máxime si el mismo yerno del agraviado, …………, ha referido ello siendo poco probable que suegro y yerno concurran a lugares de dudosa reputación. En lo que respecta al testigo con códi- go de reserva ha tenido serias contradicciones en un prin- cipio afirmó que al producirse los disparos estuvo sentado en el parque de la urbanización “La Noria” donde está el reservorio, en una banca cerca al jardín de niños desde donde puede verse el pasaje Descartes; sin embargo en la diligencia de inspección judicial cambió de versión soste- niendo que estuvo en la banca cercana a la calle Sócrates.

23

Ver primer párrafo de la página 3 de la sentencia recurrida.

24

Ver primer párrafo de la página 19 de la sentencia recurrida.

25

Como en el ítem 3.38.2 del presente escrito de apelación.

Así mismo existen otra serie de contradicciones como la forma en la que los vehículos estaban estacionados, primero refiere que estaban en sentido contrario para luego sostener que estaban uno a continuación del otro. 5.38.7.Resulta incongruente que el Ad quo le haya considera- do como creíble la declaración de…………, quien refirió que conoció a mi coacusada ………….. hace varios años y que recién dos meses antes del asesinato le dijo que necesitaba un sicario porque el agraviado le daba asco. Esta versión adolece de credibilidad por dos razones fundamentales: i) el testigo es una persona que ha referido que tuvo condenadas por delitos graves, además de tener adicciones por ciertas sustancias prohibidas, y; ii) por que no es común, lógico y creíble que una persona se acerque a alguien que conoce a su posible victima para preguntarle por alguien que pueda acabar con la vida de éste último si como el mismo testigo ha referido que “no puede decir que fue ella (……………) quien mató a… ”. 5.38.8.Por su parte, la hija del agraviado y testigo en el proceso también ha relatado ciertas cosas que no tienen coherencia, incluso evidenciándose contradicciones en su dicho. Primero afirmó que mi coacusada ………. lo llamó a las 7 de la noche para preguntarle si era cierto que habían matado a ……..pero no existe prueba alguna de dicha comunicación, la misma que nace con el ánimo de incriminar a dicha persona. Así mismo está testigo ha referido que ………….. era la amante ocasional de su padre pero luego sostiene que “le exigía muchas cosas a su padre” 26 por lo que no es entendible que siendo la amante ocasional le exija cosas y menos la amenace. Así mismo la testigo refirió que nunca

26

Ver página 17 de la sentencia recurrida.

tuvo contacto con …….para luego referir que “en tres opor- tunidades salió a comer con su padre” 27. De ello se colige que no es creíble la versión que existían amenazas pues de ser así la testigo, en su condición de hija no habría acepta- do salir con ella a departir momentos juntos. 5.38.9.La sentencia de manera errada, en el considerando décimo quinto sostiene de manera contradictorio que “la acusada ……..tenía dinero en el banco con su pareja senti- mental agraviado, y además tenía diferentes bienes a que se refieren las fichas registrales remitidas con el oficio de Registros Públicos (…) lo que podría llevar a pensar

que

la

muerte

económicamente a…

del

occiso

no

favorecía

,

pero si se tiene en cuenta que esas relaciones sentimentales no andaban bien (…) lo que podría dar lugar para que el occiso pueda tratar de quitarle los bienes que le había dado, por lo que el homicidio tuvo un fin económico, sin perder de vista que el acusado ………actuó como sicario para cuya consumación debió recibir un beneficio económico esto es obró por lucro, lo cual alcanza a los coautores del hecho”28. Respecto esto debemos de afirmar lo siguien- te: i) no puede hablarse de móvil económico pues la acu- sada ……….era propietaria de los bienes; ii) no es tan facial “quitar” los bienes como refiere el Ad quo pues para ello habría que demostrar que el acto jurídico es nulo y nun- ca existieron procesos civiles respecto a este extremo; iii) sobre la relación deteriorada que existía entre la acusada ………y el agraviado no hay más que conjeturas pues incluso la misma asistente contable que veía los negocios comunes

27

Ver página 17 de la sentencia recurrida.

28

Ver página 28 de la sentencia recurrida.

que tenían ha referido que “en ningún momento lo vio ame- nazado”29; iv) se habla de un presunto sicario y que este habría recibido un dinero, pero no se especifica cuanto y de qué manera lo recibió siendo esencial ello como parte del principio de imputación necesaria, y; v) hace extensivo el móvil del lucro a mi persona sin fundamentar porque razón extiende dicha conclusión pues no se ha demostrado que mi persona se haya beneficiado económicamente o de algún modo pecuniario por lo que este extremo de la impu- tación no tiene correlato fáctico ni probatorio. 5.38.10. La agravante de alevosía que el Ad quo maneja en el presente caso no se configura; esta consiste en utilizar un medio de ejecución de especial intensidad para consumar el hecho (utilización de medios asegurativos), que por su naturaleza o el contexto en que se presenta, no permita que la víctima se defienda o pueda repeler el ataque (apro- vechamiento del estado de indefensión de la víctima), lo cual implicará como contracara que el autor haya

realizado

un

homicidio

sin

riesgo

propio

(consistente en la defensa de la víctima). En el presente caso no debe ser de recibo dicha agravante en la medida que mi persona no ha teni- do participación en el supuesto evento delictivo pues no puede entenderse que haya intentado siquiera el asegura- miento de la víctima pues no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que sucedieron. Del mismo modo sucede con el hecho de que al haberse realizado el evento en un pasaje transitado cerca de un parque, con afluencia de gente, no existe la aseguración del hecho y menos en la indefensión de la víctima.

29

Ver página 22 de la sentencia recurrida.

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5.38.11. El testigo con código de reserva N° 001-2011-CQA sostu- vo que “sonaron tres o cuatro disparos”30. Sin embargo por la descripción de los hechos contenida en la misma acusa- ción donde narra que el agraviado es “interceptado de ma- nera imprevista y violenta (…) tanto que su acompañante le efectúa un disparo con arma de fuego (…) luego de lo cual el autor del disparo huye a bordo de una motocicle- ta”31. Como puede apreciarse Sr. Presidente, la información brindada por el testigo con código de reserva no es fide- digna e incluso es contradictoria con la misma requisito- ria oral planteada por el fiscal pues no existe casquillos o resto de varios disparos, tan solo de uno y es el que le ocasiona la muerte al agraviado. 5.38.12. Otro dato contradictorio lo encontramos en el tiempo (hora) de la supuesta producción del resultado letal. De acuerdo a la tesis fiscal “el día veintiséis de abril del año 2011, siendo aproximadamente las seis y quince minutos de la tarde (…) en estas circunstancias es interceptado de manera imprevista y violenta (…) le efectúa un disparo con arma de fuego” 32; por su parte el testigo con código de reserva N° 001-2011-CQA señala, respecto a la hora del suceso, que “el día veintiséis de abril del dos mil once es- taba con una mujer sentados en una banca del parque del reservorio de la Noria (…) le miró la placa al carro ya que todavía eran las seis y media de la tarde”33. Ante lo expues- to podemos colegir que hay una evidente contradicción sobre la hora del suceso que no tendría nada de raro sino fuera porque el testigo con código de reserva afirmó haber

30

Ver punto 5 de la sentencia, contenido en la página 15.

31

Contenido página 2 y 3 de la sentencia recurrida.

32

Ver último párrafo de la página 2 de la sentencia recurrida.

33

Ver página 16 de la sentencia recurrida.

visto a las personase incluso señaló la placa del carro que supuestamente se utilizó para trasladar al autor del hecho no coincidiendo las horas brindadas por lo que existe duda razonable sobre la información incorporada por dicho ór- gano de prueba. 5.38.13. Otro de los puntos que es necesario destacar tiene relación con las supuestas extorsiones y amenazas que mi coacusada …………le hacía al agraviado para que le compre cosas o sino iba a atentar contra su vida. En principio no existe denuncia alguna por parte del agraviado sobre este hecho, tanto así que el agraviado sin exigencia alguna realizaba negocios con la referida persona. Del mismo modo se debe tener en cuenta que una persona que está siendo amenazada o coaccionada no andaría de manera voluntaria y libre con las personas que realizan dichas acciones hasta el punto de departir momentos juntos con él y con su familia, por lo que dicho análisis no resiste a los cánones de las máximas de la experiencia. 5.38.14. Por último, aun cuando estamos impugnando la respon- sabilidad penal, debemos de manifestar que la sentencia recurrida es nula pues otorga un monto excesivo monto reparatorio sin que tenga pruebas para justificar dicho monto, adoleciendo de motivación. Como se ha dicho a lo largo de los cuestionamientos a las sentencias en el extre- mo del objeto civil, la determinación de la reparación civil en los procesos penales es uno de los aspectos menos de- sarrollados en las resoluciones judiciales, pues carece de una idónea fundamentación y debida motivación, lo que genera la nulidad de la misma, conforme a lo establecido por el Art. 150 del CPP34.

34

Sobre este punto puede verse a Poma Valdivieso, Flor de María Madelaine. “La Reparación Civil por Daño Moral en los Delitos de Peligro Concreto”. En: Revista Oficial del Poder Judicial: Año 6 - 7, N° 8 y N° 9 / 2012-2013. Pág. 95 y ss.

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5.39. Como conclusión tenemos que la sentencia no establece la auto- ría de mí persona, el móvil, la aportación al suceso de los hechos, entre otras cosas. Todos estos aspectos contradictorios no han sido observados por el Ad quo y menos desvirtuados de allí que nuestra principal pretensión se sustente en la falta de resolución de los puntos controvertidos que se han fijado por las partes, lo que hace que la sentencia recurrida arbitraria y con falta de moti- vación. Así también se puede observar que el aspecto de la repa- ración civil no ha merecido mayor fundamentación, aun cuando estamos cuestionando el juicio de condena, por lo que evidencia una deficiente laboral valorativa del Ad quo. PRIMER OTROSI DIGO: Designo como mi abogado defensor al letrado que suscribe el presente escrito de apelación, a quien se le debe otorgar todas las prerrogativas que la ley establece, pudiendo actuar en mi re- presentación conforme al Art. 80 del CPP. SEGUNDO OTROSI DIGO: Así mismo, procedo a variar mi domicilio procesal al ubicado en la Calle………………………….., único lugar al cual deben dirigirse las notificaciones que se cursen en el presente proceso. POR ESTAS CONSIDERACIONES: Señor Presiente de conformidad a lo ya esbozado solicitamos se declare fundado el presente recurso impugnatorio en aplicación estricta de la legislación vigente y proceda a revocar la sentencia condenatoria proce- diendo a absolver a mi persona. Lugar y Fecha :(…....................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL SENTENCIADO

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MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO

ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: SUMILLA: APERSONAMIENTO/PRECISO DOMICILIO SEÑORES MAGISTRADOS DEL JUZGADO COLEGIADO PENAL DE TRUJILLO DAVID GOLIAT HERNÁNDEZ VELEZMORO, identificado con DNI No 32912619, con domicilio real en Jirón Alianza Lima No 783 – Chepén, en la inves- tigación por el presunto delito de Robo Agravado en grado de tentativa en agravio de Noé Abraham Llanos Lara; a usted digo: Señor Magistrados, de conformidad con lo establecido en el Art. 71 del Código Procesal Penal, ME APERSONO A SU DESPACHO con la finali- dad de DESIGNAR COMO ABOGADA – defensora a la letrada PATRICIA CHAVEZ HORNA con Reg. CALL 2522 quien ejercitará mi defensa y para quien solicito intervención. Asimismo señalo como domicilio procesal el ubicado en Jirón Nicolás de Piérola No 1320 – Chepén y/o en Ayacucho 701 Oficina 204 Trujillo, lugar en donde su despacho deberá notificarme conforme a ley. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha :(…....................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DE LA ABOGADA

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL PROCESADO

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MODELO DE ESCRITOS SOLICITANDO SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS

SOLICITA SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS DE PREVENCIÓN A EFECTOS DE EVITAR LA CONSTANTE COMISIÓN DE DELITOS SEÑOR JEFE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD DE LA POLÍCIA NACIONAL DEL PERÚ - TRUJILLO: ……………….. con DNI Nº ……….. representante legal de la empresa ……, con domicilio real en…......., y domicilio procesal en …………………………de esta ciu- dad, a Ud. con el debido respeto digo: I. PETITORIO Que en atención a la función que vuestra dependencia tiene asignada por las leyes de la materia, siendo que la principal misión es prestar la seguridad y velar por la tranquilidad pública, por medio del presente SOLICITAMOS SE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS CON LA FI- NALIDAD DE EVITAR LA COMISIÓN DE UNA SERIE DE ACTOS DE- LICTIVOS POR PARTE DE UN GRUPO DE DELINCUENTES QUE VIENE OPERANDO EN LA RUTA VIRÚ–CHIMBOTE CON LA ÚNICA FINA- LIDAD ATENTAR CONTRA EL PATRIMONIO DE MI REPRESENTADA Y DE LOS PASAJEROS QUE MOVILIZAMOS, por lo que solicitamos la presencia de efectivos policiales en la referida zona a efectos de poder evitar la comisión de ilícitos penales graves, en base a los siguientes fundamentos: II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS QUE ORIGINAN LA NECESIDAD DE PREVENIR LOS HECHOS DELICTIVOS A COMETERSE 2.1. Conocido es por todos que el objeto social de mi representada es el transporte interprovincial de pasajeros y carga, teniendo como principales Lima – Trujillo – Piura, por lo que nos desplazamos a

lo largo de la Panamericana Norte a efectos de poder brindar un servicio de calidad como parte de nuestro objetivo. 2.2. Sin embargo y por las fechas en las que nos encontramos en los distritos de Virú hasta Chimbote tenemos serios inconvenientes pues en varias oportunidades hemos sufrido el robo de pertenencias tanto de la empresa como de los pasajeros por delincuentes que incluso participan armados y con clara exposición para la vida de nuestros pasajeros y tripulantes. 2.3. En razón a ello solicitamos que no brinde el apoyo respectivo a efectos de contrarrestar los posibles ataques que pudieran realizar las personas involucradas en esta actitud delictiva, que no tiene otra finalidad más que beneficiarse de manera indebida con el patrimonio ajeno, debiendo de disponer la presencia perma- nente, entre los tramos antes indicados, de efectivos armados a efecto de que brinden la seguridad respectiva. 2.4. En ese contexto y como quiera que es una conducta que se da frecuentemente en estas fechas, es fácil entender que existirán posibles eventos gravosos, los mismos que se pueden prevenir si se desarrolla una labor de inteligencia y se nos presta las garantías del caso, brindándonos seguridad, a efectos de que el personal policial pueda desarrollar la protección a la vida de las personas que se movilizan por las carreteras del Perú. 2.5. De acuerdo al Artículo 166 de la Constitución Política “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las per- sonas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, inves- tiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”, por lo que en atención a ello y con la finalidad de preservar la seguri- dad de las personas que laboran y se movilizan en nuestras unida- des móviles solicitamos que se nos presten la seguridad necesaria con el patrullaje permanente por la zona de Virú y Chimbote.

ANEXOS: 1-A.- Copia de mi DNI 1-B.- Copia del Poder que acredita mi representatividad 1-C.- Copia de la ocurrencia policial de fecha 27 de diciembre del 2014 que acredita los constantes robos por la zona. POR TANTO: A Usted, Señor Jefe de la División de Seguridad, solicitamos acceder a nuestra petición por ser de justicia. Lugar y Fecha: (…..........................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL REPRESENTANTE

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MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ENTREGA DE VEHÍCULO

FISCAL ENCARGADO DEL CASO: SO 2. PNP: SUMILLA: SOLICITO ENTREGA DE VEHÍCULO SEÑOR COMISARIO DE LA COMISARÍA DEL MILAGRO - TRUJILLO ALEX MAICOL CHAVEZ HORNA, identificado con DNI No 18767654, con domicilio real en AA.HH. San Sebastián s/n, de El Milagro - Trujillo; a usted digo: Señor Fiscal, acudo a vuestro despacho con la finalidad de SOLICITAR LA ENTREGA DE MI VEHÍCULO MOTOTAXI DE PLACA DE RODAJE 9463-2S marca BAJAJ, color rojo, la misma que ha quedado retenida debido a mi intervención en estado de ebriedad, acreditando mi propiedad conforme a la copia de la tarjeta de propiedad que adjunto, así mismo se indica que la misma cuenta con SOAT, sin embargo por un des- cuido involuntario el documento ha sido deteriorado. Cabe señalar que por tratarse el vehículo de una herramienta de trabajo, resulta necesario que la misma sea entregada a la brevedad posible, a efectos de poder realizar mi actividad laboral y de esa manera llevar el sustento a mi familia. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha :(…....................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL SOLICTANTE

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MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO, SOLICITANDO COPIAS POR DELITO DE ROBO AGRAVADO

SUMILLA: APERSONAMIENTO, SOLICITA COPIAS SIMPLES SEÑOR JEFE DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DIVINCRI-HUARAZ CAMPOS CRUZ YONER, identificado con DNI N°44343963, en la investigación seguida en mi contra por el supuesto delito de Robo Agravado a usted digo: Que recurro a su honorable despacho con la finalidad de apersonarme a la presente investigación, a la vez nombrar como mi abogado al Defen- sor Público, ESTHER FANNY MANRIQUE GAMARRA, identificado con Reg. CAA N° 2006, a quien se le deberá dar participación en todas las diligencias que se programen, señalando como mi domicilio procesal sito en el Jr. Víctor Cordero N° 827 Huaraz Belén (Costado del Colegio de Economistas), lugar donde a partir de la fecha se me harán llegar todas las diligencias realizadas. OTROSI DIGO: Solicito que se me expidan copias simples de todo lo ac- tuado, bajo costo del solicitante, ello por convenir a mi derecho de con- formidad con el Art 84 Inciso 7 del Código Procesal Penal POR LO TANTO: A Ud. Señor sírvase tenerme lo apersonado. Huaraz,…………………………

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DE LA ABOGADA

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL INVESTIGADO

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MODELO DE ESCRITO PARA ACREDITAR ARRAIGO FAMILIAR Y LABORAL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO

EXPEDIENTE: SECRETARIO: PRESENTA DOCUMENTOS PARA ACREDITAR ARRAIGO FAMILIAR Y LABORAL SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE …………….. …………………..en los seguidos por ……… la supuesta comisión del delito de Robo Agravado; ante usted digo: Acudo a su despacho para presentar los siguientes documentos que acreditan: 1.- ARRAIGO FAMILIAR 1.1.- ACTA DE NACIMIENTO de................en la que se acredita que desde que nació el …………. ha vivido en la calle ……………………………………… 1.2.- FICHA ÚNICA DE MATRÍCULA expedida por el Director del Colegio ………. en el año de ……. con lo que se acredita que en la etapa escolar mí patrocinado …………. tenía como dirección domiciliaria la calle …………………………………….. 1.3.- PAPELETA DE PERMISO DEL EJERCITO PERUANO expedida por el Comandante del ………..de fecha ……….. con lo que se acredita que mí patrocinado tenía en esa época como dirección domiciliaria en la calle ……………………….. 1.4.- DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA CON FIRMA LEGALIZADA de fecha.........., en la que mí patrocinado declara que vive con sus padres en el domicilio ubicado en la calle ………………………

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1.5.- CERTIFICADO DE BUENA SALUD expedida por el Hospital Regional Docente de ……. de fecha.............en la que se consigna como domicilio de mi patrocinado la calle ………………….. 1.6.- FORMULARIO N°……., expedido por la SUNAT de fecha........con lo que se acredita que desde esa fecha mi patrocinado consigna como domicilio la calle ……………………………… 1.7.- GUÍA DE REMISIÓN N° …….. expedida por …….., de fecha , con la que se acredita que mí patrocinado tiene como dirección domiciliaria en la calle: ………………………………….. 1.8.- FORMULARIO DE RECLAMO de …….. de fecha ……., con la que se acredita que mí patrocinado tiene como domicilio la calle: ……………………………………………………….. 1.9.- ESTADO DE CUENTAS CUATRIMESTRAL, expedido por AFP…… del grupo ……. con lo que se acredita que mí patrocinado consigna como dirección domiciliaria la calle: ………….. 2.- ARRAIGO LABORAL 2.1.- CERTIFICADO DE TRABAJO, expedida por el Administrador de la Obra ……….. con la que refiere que mi patrocinado ha laborado en esta compañía como peón desde el …… hasta el ……… en la obra “MEGACON- DOMINIO LOS BRILLANTES DE SANTA INES”, con lo que se acredita que mi patrocinado trabaja desde el año …. en labores de construcción civil en la ciudad de ……. 2.2.- 10 (DIEZ) BOLETAS DE REMUNERACIONES, expedidas por la …….. RUC N° ……….., en la obra CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CENTRAL desde el día …….. al… ,con lo que se acredita con documentos que mí patrocinado trabajaba en labores de construcción civil en la ciudad de Trujillo, y coincide con lo manifestado en su declaración a nivel policial, cuando refiere: “ESTUVE TRABAJANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA ….” (fojas 24). 2.3.- CONSTANCIA DE TRABAJO, expedida por………., quien su calidad de gerente general de la empresa ………..refiere que mí patrocinado

ha venido ocupando el cargo de maestro pintor desde el día ………hasta la actualidad, con lo que se acredita con documento lo manifestado en su declaración policial, cuando refiere: “Y POR EL MOMENTO ESTOY TRABAJANDO COMO PINTOR PARA EL MAESTRO…………” (Fojas 24). POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Presidente insertar los documentos al expediente para su valoración en su debida oportunidad. Lugar y fecha (…..................................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

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------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL IMPUTADO

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MODELO DE ESCRITO SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE COHECHO PASIVO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA: SEÑALA DOMICILIO PROCESAL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD ……………………. Identificado con DNI N° ……… con domicilio real en Jr. Huallaga 1134 interior 12 Urb. El Molino en los seguidos por Procurador Publico Anticorrupción por la supuesta comisión del delito de cohecho pasivo propio; ante usted digo: Acudo a su despacho para dar cumplimiento a la resolución número DIEZ de fecha diecisiete de junio del dos mil trece y por lo tanto nombro como mi abogado defensor al letrado ……… y señalo mi domicilio proce- sal ubicado en ……. Oficina …. de esta ciudad en donde se me harán llegar las notificaciones de Ley. POR LO EXPUESTO: A Usted dar por cumplido lo ordenado para los fines de Ley. Lugar y fecha (….......................)

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL RECURRENTE

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MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE: ASISTENTE JURISDICCIONAL: INTERPONE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL POR AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PER- SONAL SEÑOR PRESIENTE DE LA SALA PENAL DE APELACIONES DE AREQUIPA: ………….. abogado de Romaña, en el proceso cons- titucional de Habeas Corpus interpuesto contra Meza y otros por la flagrante vulneración a la liber- tad individual a Ud. respetuosamente digo: IV. PETITORIO: Que por corresponder a mi derecho de defensa, consagrado a nivel constitucional, y conforme a lo establecido en el Art. 18 del Código Procesal Constitucional INTERPONGO RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL CONTRA LA SENTENCIA DE VISTA, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 15, DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2015, QUE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DECLARANDO IMPROCEDENTE EL HÁBEAS CORPUS, POR UNA INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA ADEMÁS DE HABER INOBSERVADO LA AFECTACIÓN AL DERECHO PREDETERMI-

A

SER

SOMETIDO

A

LA

JURISDICCIÓN

NADA POR LEY, en mérito a los siguientes fundamentos: VII. ANTECEDENTES: SOBRE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y LO RESUELTO EN PRIMERA INSTANCIA: 7.1. A fin de que sea expuesto con mayor precisión y sea comprendida la afectación al derecho a la tutela procesal efectiva que se buscó reparar mediante el presente proceso, resulta pertinente exponer brevemente los hechos que motivaron la interposición de la demanda de hábeas corpus en su oportunidad.

7.2. La vulneración de la garantía constitucional del juez natural o predeterminado por ley deriva del proceso penal signado con ex- pediente Nro. 0792-2004, seguido en contra de Romaña y otros, en el que, en una primera oportunidad, con fecha 12 de noviem- bre de 2007, fue emitida una sentencia condenatoria por el en ese entonces Sexto Juzgado Especializado Penal de Arequipa, el cual declaró autor del delito de falsedad material, falsedad ideo- lógica y del delito de defraudación en agravio del Banco de Crédi- to del Perú a mi patrocinado junto a sus coprocesados. 7.3. En esa primera oportunidad, cuando fue apelada la sentencia y fueron elevados los actuados, el miembro de la Quinta Sala Penal Especializada, demandado Percy, formuló su pedido de inhibición con fecha 8 de abril de 2008. 7.4. Con fecha 22 de abril de 2008, la Quinta Sala Penal Especializada en lo Penal, conformada por motivo del pedido de inhibición del Juez Superior demandado, declaró infundada la inhibición pro- puesta, ordenándose que debía continuar con el conocimiento de la causa. 7.5. Con fecha 13 de octubre de 2008, fue planteada la recusación en contra del Juez Superior Gómez Benavides por Romaña, por motivos de que era deudor del Banco de Crédito del Perú. 7.6. Con fecha 16 de octubre de 2008, por resolución emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora Permanente fue emitido el auto de trámite que declaró improcedente la recusación planteada por contra el juez superior al haberse sustraído la materia con el cuaderno de inhibición que fue formulado en su oportunidad, y quienes suscribieron esta resolución fueron los Jueces Superiores…….., ………., …….., y, cuando se suponía que, al haberse de- clarado infundada la inhibición y recusación del magistrado……., debió de asumir de su competencia como conformante de la Sala. 7.7. Con fecha 20 de octubre de 2008, fue interpuesto un recurso de nulidad en contra de la resolución que declaró improcedente la recusación planteada contra el Juez Superior …………………….

7.8. Con fecha 18 de noviembre de 2008, fue emitida la Sentencia de Vista en contra de la sentencia de primer grado que condenó a los procesados, declarándola nula. 7.9. Con fecha 13 de febrero de 2009, expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema, esta resolvió el recurso de casación interpuesto por el demandante, indicando en el mismo que no podía pronun- ciarse por cuanto existía un cuaderno de inhibición que se había formado y, por tanto, había una sustracción de la materia. 7.10. Irregularmente, con fecha 19 de julio de 2010, el Juez Superior …… asume competencia e interviene como ponente al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Superior Penal, cuando en la primera oportunidad en la que debió de conformar Sala se apartó irregularmente de su competencia. 7.11. Fluye de la demanda, entonces, que se dirige en contra de …. – en su condición de Juez del Primer Juzgado Penal Transitorio de Arequipa–, en contra de ……….. y……. – Jueces de la Primera Sala Penal Liquidadora permanente– por la vulneración del de- bido proceso en conexidad con el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley y amenaza al derecho a la libertad individual. 7.12. Concretamente se refiere que el demandante viene siendo procesado en el Exp. N° 792-2004 por el delito de Falsedad Material y otros en agravio del Banco de Crédito del Perú habiéndose incluso en la actualidad emitido una sentencia condenatoria en su contra, lo que evidencia la condición esencial para poder in- terponer el presente Habeas Corpus al existir amenaza flagrante a la libertad del demandante. 7.13. Para ello es necesario precisar la afectación que cada demandado habría desarrollado de tal manera que se especifiquen los hechos: 7.13.1. En cuanto a ……., presidente de la Sala Penal Liquidadora, en su oportunidad se inhibió cuando una primera sen-

tencia condenatoria llegó a Sala. La referida inhibición fue desamparada e incluso confirmada por la misma Corte Suprema y a pesar de eso el demandado jamás integró el colegiado habiendo permitido que otros jueces dicten la resolución pero no a quien era el llamado por Ley. 7.13.2. El demandado …. en su condición de Juez encargado del expediente penal pese a dicha situación procedió a fijar fecha para lectura de sentencia, sabiendo de la existencia de la nulidad, y procedió a llevar a cabo la diligencia imponiendo al demandante una pena privativa de libertad efectiva de 4 años. 7.14. Por su parte la resolución N° 05 de fecha 19 de diciembre del 2014, declara fundada la demanda de Habeas Corpus respecto a …… y ….., e infundada respecto a los otros dos integrantes de la Sala, habiendo dispuesto la nulidad de todo lo actuado a partir del acto procesal consistente el pronunciamiento por parte de la Sala llamada por ley respecto al recurso de Apelación planteado por la defensa del demandante respecto a una de las sentencias condenatorias, que si bien fue anulada ha permitido la amplia- ción de la denuncia y del respectivo auto ampliatorio por el delito de Asociación para Delinquir, que conforme a las reglas del Códi- go de Procedimientos Penales debe tramitarse bajo las pautas del procedimiento ordinario. 7.15. La referida sentencia –de primera instancia- establece como premisas más importantes –y que han sido desconocidas por el Ad quem- las siguientes: 7.15.1. En el considerando primero se hace alusión al marco consti- tucional y procesal que regula el proceso de Habeas Corpus. 7.15.2. En el considerando dos y tres se hace referencia a los fines de los procesos constitucionales y lo que ampara el Habeas Corpus, como proceso ligado de manera necesaria a la Li- bertad Individual.

7.15.3. El considerando quinto puede atribuírsele mayor importancia pues sirve de marco para exponer los fundamentos de hecho por los cuales se ampara el referido proceso, específicamente por vulneración al principio del juez natural, es decir, el juez predeterminado por Ley. 7.15.4. En el considerando sexto se establece como conclusión la violación a la reglas de la competencia al no haberse formado la Sala de manera correcta y no haber participado el demandado.......pese a haberse rechazado su inhibición. 7.15.5. En el considerando séptimo se analiza todas las pruebas aportadas–específicamente las piezas procesal del proceso penal al que es sometido el demandante- destacando la vulneración a la libertad individual por haberse fijado fecha para la lectura de sentencia pese a que la Sala que resolvió la apelación no estuvo bien conformada al no haber permitido que el magistrado llamado por ley conociera el caso. 7.15.6. En el considerando octavo se ha concluido de manera general la afectación al principio de la jurisdicción predeterminada por Ley y la afectación directa que ha tenido en la libertad del demandante al haberse fijado fecha para la lectura de la sentencia a pesar que no se ha llevado el pro- ceso conforme a Ley. VIII. LA PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE HÁBEAS CORPUS: 8.1. El artículo 18º del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el inciso 2) del artículo 202° de nuestra Constitución Política, precisa que el Recurso de Agravio Constitucional procede, contra la resolución de segunda instancia que declarando improcedente o infundada la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento desestima lo solicitado por el demandante.

8.2. En este sentido, la premisa básica para la procedencia del Recur- so de Agravio Constitucional es que la demanda en segunda ins- tancia baya sido desestimada en uno de sus extremos, es decir, si una de las pretensiones constitucionales han sido declaradas infundadas o improcedentes, el demandante podrá interponer el referido recurso en los extremos que desestima una determinada pretensión. 8.3. A tenor de ello debemos de tener en cuenta que mi persona interpone demanda de Hábeas Corpus, contra de Meza – en su condición de Juez del Primer Juzgado Penal Transitorio de Arequipa–, en contra de …….., ………. y...........Jueces de la Primera Sala Penal Liquidadora

permanente–

fundamentando

que

los

demandados a través de actos concretos -por la vulneración del debido proceso en conexidad con el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley y amenaza al derecho a la libertad indivi- dual- han causado una afectación a la libertad personal. 8.4. Dicha demanda Constitucional, previo al traslado de los deman- dados, fue declarada fundada en parte por el Ad quo, siendo im- pugnada ante la Segunda Superior Sala de Apelaciones por lo de- mandados, argumentando que no existe afectación a la libertad personal pues lo único que se pretende es frustrar la emisión de una sentencia. 8.5. Mediante resolución Nº 15, de fecha 12 de febrero del 2015, la Superior Sala de Apelaciones REVOCA la Resolución de primera instancia, mediante la cual se declara IMPROCEDENTE la demanda constitucional de hábeas corpus interpuesto por mi persona, la que me deniega justicia razón por la cual el RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO REÚNE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD, POR ENDE, DEBE ADMITIRSE A TRÁMI- TE, Y VUESTRA HONORABLE SALA PRONUNCIARSE. 8.6. Es pertinente mencionar, asimismo, que el plazo para interponer el RAC es de diez días HÁBILES contados desde el día siguien-

te de notificada la resolución de segundo grado que desestima la demanda y que concedido el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días. Por esas consideraciones nos encontramos dentro del plazo legal para interponer recurso de agravio consti- tucional. 8.7. El Tribunal Constitucional en el Expediente N 02877-2005-HC/ TC, en su fundamento 6, ha señalado que sólo entendiendo el verdadero carácter de los procesos constitucionales, es posible determinar que en él se presentar diversos tipos de medios impugnatorios, aunque básicamente habla de los recursos, descartando para efectos del caso, los llamados remedios. 8.8. Asimismo, precisa que el más clásico de los recursos es aquel por el cual, tras la sentencia de primera instancia, las partes tienen la posibilidad de apelar la resolución emitida. Pero, más aún el constituyente consideró otro adicional para el caso de los pro- cesos constitucionales, el cual merece ser entendido como parte de la teoría de los medios impugnatorios: éste es el Recurso de Agravio Constitucional. 8.9. En ese sentido, la respuesta a la interrogante de ¿Cuál es el fundamento constitucional del Recurso de Agravio Constitucional?, tenemos que la misma se encuentra recogida en el texto normativo de la Ley Fundamental, puesto que dicha norma, en el inciso 2) del artículo 202º, ha establecido como una atribución del Tribunal Constitucional, el “conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, acción de cumplimiento”. 8.10. Del mismo modo, tal como ha señalado el supremo Intérprete de la Constitución, el fundamento de la existencia de los recursos parte de la premisa de que, en la delicada misión de administrar justicia, no debe descartarse a priori la existencia del error ju- dicial. La base constitucional de esta aseveración se halla en el

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artículo 139°, inciso 6) de la Constitución, que garantiza el acceso de los justiciables a la pluralidad de instancias COMO garantía de justicia. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos enumera, en su artículo 8°, las garantías judiciales a las que tiene derecho toda persona, estableciendo, en el inciso h), del numeral 2 el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. IX. ASPECTOS CENTRAL DE NUESTRO RECURSO DE AGRAVIO CONS- TITUCIONAL: SOBRE EL AGRAVIO: 9.1. El Tribunal Constitucional ha establecido que la potestad jurisdiccional o la potestad de administrar justicia comprende, en lo esencial, lo siguiente: la tutela de los derechos fundamentales, los derechos ordinarios y procesales e intereses legítimos, el con- trol difuso de constitucionalidad35. 9.2. Se entiende, que la potestad jurisdiccional y más aún la constitu- cional no actúa de manera correcta cuando se han inobservado las garantías mínimas para el justiciable, como lo es la indebida o equivocada motivación, la desproporcionalidad de la decisión, entre otros; cuando no se ha cumplido con la motivación o funda- mentación de resoluciones al momento de resolver un pedido y al no haber valorado de manera correcta las pruebas que susten- tan la pretensión, sustentando la decisión equivocada en meras conjeturas y suposiciones, aceptando incluso la invocación de hechos distorsionados que afectan la libertad individual y locomotora de las personas. 9.3. Atendiendo a los principios constitucionales, por medio de la

presente

apelación

buscamos

que

el

Tribunal

Constitucional (que en el presente caso asume competencia constitucional

para

resolver

en

última

instancia el proceso de

35

STC expedida por el TC recaída en el Exp. N° 0023-2003-AI/TC.

y

definitiva

Habeas Corpus) revoque la resolución recurrida y declare FUNDADA la demanda en la medida que nuestra petición tie- ne plena justificación al existir una afectación real y eminente a la libertad de mi persona, al haberse violentado el principio de legalidad, no habiéndose respetado el principio de jurisdic- ción predeterminada por ley y permitir que un juez distinto al designado ex ante la tramitación del proceso pueda interve- nido a pesar de no tener la competencia para ello, por lo que consideramos que la decisión del Ad quem es incorrecta en la medida que no ha valorado de manera correcta los argumen- tos ni las pruebas así como el hecho de haber aplicado indebidamente una norma procesal que hubiera servido de sustento para resolver la presente causa, teniendo como consecuencia la emisión de una resolución con incongruente motivación pues se ha pronunciado de manera ilógica sobre los puntos controvertidos. 9.4. En conclusión todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional debe respetar mínimamente, las garantías que componen los de- rechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en- tre los que destacan los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación de las resoluciones judi- ciales, a la obtención de una resolución fundada en el Derecho, a la pluralidad de instancias, entre otros derechos fundamenta- les36. 9.5. En sentido contrario sino existe un respeto mínimo a estas garantías constitucionales, es obvio que el proceso adolecerá de algún defecto insubsanable que evidenciará la necesidad de sub- sanar la decisión; tal como lo amerita en el presente caso, por lo que el agravio que han sufrido mi persona, es de índole jurídico y personal. Jurídico porque no se ha aplicado de manera correcta

36 STC expedida por el TC recaída en el Exp. N° 0004-2006-PI/TC.

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las normas que regulan el proceso de Habeas Corpus y personal porque hay una afectación eminente sobre la libertad locomoto- ra y ambulatoria al habérsele dictado una sentencia condenato- ria sin que se respete los derechos y garantías que rigen para la tramitación de un proceso penal. X. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL: EQUIVOCACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA AL DESESTIMAR NUESTRA DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS: F. Inobservancia por parte de la sala penal de apelaciones: indebida motivación en base a consideraciones subjetivas: - En este sentido se ha llegado a determinar que existe un violentamiento a la Libertad Locomotora y Ambulatoria pues se trata de una resolución generada producto de un proceso penal, en donde no se ha respetado el debido proceso y las garantías que en él rigen, por lo que la misma se convierte en inconstitucional al no haber respetado el referido derecho no siendo válida la res- tricción, en base a las siguientes consideraciones, las mismas que no han sido objeto de pronunciamiento por el Ad quem, lo que convierte a la Resolución en nula, a saber: -

No existe pronunciamiento sobre la afectación al principio del Juez Natural o también conocido como el derecho a ser juzgado por el juez predeterminado por Ley a pesar de haberse demostrado que la inhibición que realizó el Dr. …….. fue desestimada; dicho magistrado igual no conformó la Sala que emitió pronunciamiento respecto a uno de los actos procesales –apelación de sentencia- lo que evidencia una afectación al debido proceso y a pesar de ello se emitió una sentencia condenatoria en mi contra. •

No es argumento válido y objetivo el emitido por el Ad quem el sostener que el presente proceso tiene una finalidad obstruccionista. Como se sabe, el uso de los procesos constitucionales tiene una legitimación normativa por lo que en base a supuestos no puede ser considerado que el

uso correcto de los medios legales puede ser tomada como una conducta obstruccionista. En efecto, la instauración del presente proceso constitucional tiene una sola finali- dad, el respeto de un derecho constitucional debidamente protegido y que ha sido inobservado de manera arbitraria tanto por el Juez Penal como por el Ad quem. •

Se invoca la existencia de otro proceso de Habeas Corpus donde se determinó la afectación al plazo razonable por lo que se descarta la posibilidad de plantear otra afectación. Este razonamiento no solo es incorrecto sino que además termina por deslegitimar la sentencia recurrida pues si bien existe un primer proceso constitucional por no ha- berse respetado el derecho al plazo razonable no es menos cierto que durante la tramitación del presente proceso se ha podido evidenciar muchas otras falencias como lo es el hecho de no haberse respetado el principio del juez natural pues debió de intervenir como miembro de la Sala el Dr. ………….

•

Por último, no se puede permitir que se sostenga tan alegremente, sin motivación y razonamiento alguno que no existe afectación al principio del “Juez Natural” cuando de los actuados y pruebas aportadas al presente proceso se evidencia que la inhibición que emitió el Dr ……..fue des- estimada, lo que obligaba a conocer el proceso y emitir el fallo conforme a su convicción aun cuando la decisión –por ser un órgano colegiado- es conjunta.

G. Falta de motivación y fundamentación en la resolución impugna- da: inobservancia de la jurisprudencia del tribunal constitucional: - Es evidente Sr. Presidente que la resolución recurrida no tiene una debida motivación, y por el contrario sólo ha utilizado criterios no tan lógicos para desestimar nuestra demanda de Habeas Corpus, pues a pesar que se ha demostrado que existe una

afectación indebida a la Libertad ambulatoria, se ha desestimado nuestra pretensión. -

La Sala Penal de Apelaciones se pronuncia de manera equivocada sobre la razón jurídica para desestimar nuestra petición máxime si como lo dejamos sentado en nuestro escrito que la conducta de los demandados han inobservado la garantía constitucional de la Libertad ambulatoria al no respetarse el principio del “Juez Natural”, posibilitando la participación de un juez sin competen- cia para ello.

-

Nos lleva a concluir, entonces, que en “ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los órganos del Poder Judicial en la medida que actúan con sumisión a la ley a que las resoluciones se ajusten a las exigencias del ordenamiento jurídico, sólo así se estará actuando dentro de los parámetros constitucionales”37.

-

Así se ha señalado que la motivación de las resoluciones judiciales no sólo constituyen una garantía procesal, sino también un deber de los jueces 38. Por lo cual es evidente que la falta de motivación de una resolución decisoria, como en el presente caso lo es, es atentatoria contra el debido proceso y contra la tutela jurisdiccional efectiva a que tienen derecho todos los justiciables.

-

El término motivación denota la justificación de la decisión adop- tada en la resolución39, cuestión que no ha ocurrido en el presen- te caso pues el Ad quo solo no ha tomado nuestros argumentos, sin hacer una interrelación entre los fundamentos de hecho y de

37

Colomer Hernández, Ignacio. La Motivación de las Sentencias: sus exigencias constitucionales y Legales. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003.

38

Carrión Lugo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo III. Pág. 39. Editorial Grijley. Lima 2005

39

Colomer Hernández, Ignacio. Op. Cit. Pág. 35.

derecho40, situación indispensable para considerar que ha tenido motivación y consecuentemente se encuentra arreglada a ley, es- tando de la mano con la argumentación. -

En este sentido debemos de decir que los juzgadores no sólo tie- nen el deber de resolver los conflictos de interés que han sido so- metidos a su decisión, sino también el deber de motivar sus reso- luciones. Un juez para decidir, piensa, reflexiona, busca razones y saca conclusiones dentro del cúmulo de hechos y de elementos probatorios que aparecen en el proceso y de las normas jurídicas aplicables al caso establecido por el ordenamiento jurídico41.

-

Situación que no se ha dado en la resolución recurrida y que se deberá subsanar al momento de declarar FUNDADA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL Y REVOCAR LA SENTENCIA DEBIENDO DE REFORMARLA Y DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS ordenando que: i) SE ORDENE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE DONDE SE PRODUCE EL VICIO NULIFI- CANTE. En esta línea y siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitu- cional: “según el Art. 139, inciso 5, de la Constitución, toda resolu- ción que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe al poder judicial sino a toda entidad que re- suelva conflictos, incluso el Tribunal Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe que- dar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por lo que se llega a tal o cual conclusión. Pero una resolución en que no se precisan los hechos, el

40

Ibídem. Pág. 36.

41

Carrión Lugo, Jorge. Op. Cit. Pág. 198.

derecho y la conducta responsable, ni tampoco se encuentra razón o explicación alguna del por qué se ha resuelto de tal o cual manera no respeta las garantías de la tutela procesal efectiva.”42. - Teniendo como sustento lo señalado líneas arriba, podemos darnos cuenta que el AD Quem no ha cumplido con el deber de motivación al momento de declarar IMPROCEDENTE nuestra de- manda de Habeas Corpus pues no ha establecido de manera los fundamentos de hecho y derecho que darían paso a ello sumado a la falta de pronunciamiento de todos los puntos controvertidos y afectaciones alegadas, desconociendo incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Sentencia recaída en el Exp. N° 813-2011-PHC/TC sostiene en su FJ N° 12, a saber: “§4. Derecho al juez predeterminado por la ley 12. El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución consagra el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho atributo es una manifestación del derecho al “debido proceso legal” o lo que con más propiedad se denomina “tutela procesal efectiva”. Por su parte, el artículo 8.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “[t] odapersona tiene derecho a ser oída, con las debidas ga- rantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tri- bunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (…)”. 13. El contenido de este derecho plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien juzgue sea un

42

STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 6712-2005-HC/TC; en el mismo sentido STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 4348-2005-PA/TC; STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 1230-2002-HC/TC.

juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcio- nal o por una comisión especial creada exprofesamente jurisdiccionales

para o

que

desarrollar dicho

funciones

juzgamiento

pueda

realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de

los

poderes

públicos

pueda

avocarse

al

conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante un órgano jurisdiccional; y, en segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, lo que comporta que dicha asignación debe haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso y que tales reglas estén previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de una interpretación sistemá- tica de los artículos 139º inciso 3 y 106º de la Constitu- ción [STC N.º 0290-2002-PHC/TC, fundamento 8]. 14. En adición a ello este Tribunal ha entendido que el dere- cho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por la ley participa de la condición de un derecho de configura- ción legal, por lo que corresponde al legislador establecer los criterios de competencia judicial por medio de una ley orgánica, que concretice su contenido constitucionalmen- te protegido [STC N.º 01934-2003-HC/TC, fundamento 6]. 15. Desde esa perspectiva es de verse que el contenido constitucionalmente protegido del derecho al juez predeterminado por la ley o “juez natural” alude principalmente a aquellas condiciones que debe reunir en abstracto el ór- gano encargado de impartir justicia en cada caso concreto, siendo por tanto la constatación de su agravio un asunto de mero análisis normativo. 16. Sin embargo a juicio de este Tribunal, una adecuada protección del mencionado derecho pasa necesariamente por ir más allá del respeto formal de su contenido, pues

tan importante como que la potestad jurisdiccional y la competencia vengan asignadas previamente, es que dicha asignación sea respetada escrupulosamente por los órganos jurisdiccionales en los asuntos que son sometidos a su conocimiento. En efecto, de nada serviría que las leyes de la materia otorguen potestad jurisdiccional a los órganos correspondientes y definan su competencia con anterio- ridad al inicio de los procesos si es que finalmente dichas atribuciones pueden ser desconocidas al momento de ser ejercidas en el caso concreto. En tal sentido este Colegia- do estima que la violación o inobservancia de las reglas de competencia previamente establecidas en la ley, en el contexto de un determinado proceso judicial, constitu- ye un asunto de innegable relevancia constitucional que merece ser tutelado a través del proceso de amparo, por tratarse de afectaciones manifiestas del derecho consti- tucional al juez predeterminado por la ley”43. -

Como puede apreciarse de la Sentencia invocada, el hecho de inobservar las reglas de competencia previamente establecidas así como las del juez predeterminado por ley justifican la tutela mediante un proceso constitucional, por lo que se puede apreciar una equivocación mayúscula por parte del Ad quem al declarar la improcedencia de la demanda a pesar de existir afectación al núcleo duro del derecho protegido constitucionalmente.

-

Por otro lado, conforme se puede apreciar de los puntos 2.3.2. y 2.3.3. de la sentencia impugnada, los Jueces Superiores que conformaron la Sala que conoció el recurso de apelación interpuesto por los demandados han aducido, contrariamente a la línea interpretativa y jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que únicamente existiría afectación de la garantía constitucional del

43

El resaltado es nuestro.

juez natural o predeterminado por ley cuando el juez a conocer los hechos materia de un proceso esté investido del poderdeber de jurisdicción, puesto que han afirmado que su vigencia se daría con el solo hecho de que los miembros de los Tribunales Superio- res tengan potestad jurisdiccional. -

Contrario a lo sostenido por los jueces superiores conformantes de la Sala, el Tribunal Constitucional ha sido claro en afirmar que la garantía cuya vulneración constituyó la razón de pedir de la demanda de hábeas corpus tiene virtualidad en dos situaciones. Así, pues, el TC ha señalado: “El contenido de este derecho plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien juzgue sea un juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional o por una comisión especial creada ex-profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante órga- no jurisdiccional; y, en segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, lo que comporta que dicha asignación debe haberse rea- lizado con anterioridad al inicio del proceso y que tales reglas estén previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de una interpretación sistemática de los artículos 139º inciso 3 y 106º de la Constitución”44. (Las negritas y cursivas son nuestras)

-

Es así que la garantía constitucional del juez natural o predeterminado por ley se proyecta también a la asignación de un juez de

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En: la sentencia recaída en el expediente STC 0813-2011-PA/TC, FJ. 13. GRUPO EDITORIAL Lex &

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conocer los hechos materia de un proceso conforme a las reglas provistas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como cuerpo nor- mativo directriz del ejercicio de la función jurisdiccional. -

A mayor abundamiento, en específico respecto a la ausencia de uno de los miembros de un órgano colegiado, el TC ha señalado: “Cuando el Juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un impedimento, será reemplazado por una sola vez por el Juez llamado por Ley, sin suspenderse el juicio, a condición de que el reempla- zado continúe interviniendo con los otros dos miembros. La licencia, jubilación o goce de vacaciones de los Jueces no les impide participar en la deliberación y votación de la sentencia”45.

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-

Es decir, mutatis mutandis, nuestro Tribunal Constitucional ha afirmado que continuará conociendo el proceso o el incidente el Juez que conformó el órgano colegiado, a no ser que sea reemplazado por el Juez llamado por ley, lo que debe entenderse como siguiendo el procedimiento adecuado para su reemplazo.

-

Lo anterior se corrobora con una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales citadas y el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que esta última también es una disposición abierta y que ha de concretizarse para recién adquirir la plenitud de su sentido, pues señala que las Salas Pe- nales tienen competencia para resolver los recursos de apelación “conforme a ley”, lo que significa que deben de hacerlo de acuer- do a los procedimientos que otras leyes sobre la materia prevean, y que, en este caso, habría sido el Código de Procedimientos Pe- nales, y, en específico su artículo 36, referido a la resolución del incidente de inhibición o recusación.

En la sentencia recaída en el expediente STC 4928-2012-PA/TC, FJ.7.

-

Lo precedente, es evidente que no ha ocurrido en el presente caso, puesto que, como se observa, el Juez de la Sala que postuló su inhibición y cuya, ulteriormente, recusación fue propuesta nunca cesó en su competencia, porque los pedidos fueron, en el primer caso, declarado infundado y en el segundo no hubo pronunciamiento al aducirse la sustracción de la materia.

-

Es, pues, por todo esto que Y ahí reside la afectación insalvable que ha viciado de nulidad a todos los actos procesales que se realizaron con posterioridad.

-

Abona también a nuestra posición también el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre que la predeterminación de la jurisdicción por la ley también consista en que: “Y por último, que tales reglas de competencia, objetiva y funcionalmente, sean previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 139°, inciso 3), y 106° de la Constitución. “La pre- determinación legal del juez significa”, como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España [STC 101/1984],

“que

la

ley,

con

generalidad

y

con

anterioridad al caso, ha de contener los criterios de determinación competencial cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del ca- so”46. -

Del

cual,

reformulando

dicho

pronunciamiento,

resulta

evidente que, a fin de resguardar la tutela procesal efectiva, que se des- envuelve antes, durante y después del proceso, esta no puede restringirse al nivel anterior del mismo cuando ha existido una variación de la competencia que inicialmente fue predetermina- do por la ley, que es lo que ha sucedido en el presente caso, pues

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En la sentencia recaída en el expediente STC 1076-2003-HC/TC, FJ 4.

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uno de los jueces superiores que debió de conocer junto con sus pares los incidentes de segunda instancia, pese a haber sido con- firmada su competencia, se apartó sin más. -

Por otro lado, los miembros de la Sala Superior han afirmado, en el punto 2.3.4. de la sentencia de vista, que no existe conexidad entre lo que en realidad se pretendió en la demanda de hábeas corpus y una afectación a la libertad individual, omitiendo dar respuesta a ello y deslizando la absolución del punto controverti- do sobre la conexidad con la afirmación de que lo que se preten- dería con la demanda es deslegitimar el proceso que se ha venido sustanciando en contra de mi patrocinado.

-

En segundo lugar, han aducido que el pronunciamiento de fondo y la efectividad de la pena impuesta quedarán finalmente decidi- dos cuando la instancia superior resuelva el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso penal de cuya irregularidad deri- va el presente proceso de hábeas corpus.

-

Sin embargo, contra lo primero, debemos de señalar que lo cierto y concreto es que la amenaza y, a la fecha, afectación a la liber- tad individual se ha hecho patente con la existencia de sentencia condenatoria emitida por el Juez Penal Unipersonal que conoció el caso, quien desatendió el mandato contenido en la sentencia que declaró fundado el presente hábeas corpus.

-

Asimismo, contra lo segundo, debemos de advertir que el proceso de hábeas corpus se sustancia no sólo cuando existe una afectación a la libertad individual, sino cuando la amenaza a la misma es inminente, y toda sentencia condenatoria es, de por sí, una afectación si no amenaza inminente de restricción a la liber- tad individual, siendo irrelevante si es que dicha amenaza será revocada en segunda instancia. OTROSÍ DIGO:

De conformidad con lo preceptuado en el Art. 36 del Código Procesal Constitucional solicitamos que una vez que se eleve

el expediente, se nos conceda el respectivo informe oral a efectos de pre- cisar los agravios invocados a los letrados que suscribimos el presente recurso, señalando para estos efectos como domicilio procesal la Casilla Judicial … del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. POR ESTAS CONSIDERACIONES: Señor Presiente de conformidad a lo ya esbozado solicitamos se declare fundado el presente recurso impugnatorio. Lugar y Fecha (…................)

------------------------------------------------------------------------------------Abogado

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MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE CASACIÓN EN DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: FUNDAMENTA RECURSO DE CASACIÓN SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE TRUJILLO …………………… con Reg. CALL …….abogado defensor de IVÁN, con domicilio procesal en casilla N° ……. - Lima, en Trujillo en la Casilla 24 del CALL; con co- rreo electrónico.............., cuaderno incidental de prolongación de la Prisión Preventiva, en los seguidos por la presunta comisión del delito de HOMICII. PETITORIO:

DIO CALIFICADO Y OTRO, en agravio de FRANK y otro, a Ud., con respeto digo:

Que, habiendo tomado conocimiento en la fecha del 14 de Marzo del año 2016 en audiencia de apelación; de la Resolución N° 08, AUTO DE VISTA que RESUELVE DE MANERA UNÁNIME: CONFIRMAR la Resolución N° 03 de fecha 07 de Enero de 2016, que declaro fundado el requerimiento fiscal y prolongue el plazo de prisión dictado a IVÁN por el presunto de- lito de HOMICIDIO SIMPLE en agravio de Frank por el presunto delito de HOMICIDIO SIMPLE CON GRADO DE TENTATIVA en agravio de Júnior a DOS MESES MÁS, el mismo que Vencerá el 23- 05-2016, teniendo en cuenta también los plazos de suspensión de los cuales ha hecho referen- cia la señorita representante del ministerio público, confirmándose en todos sus extremos la referida resolución, debiendo devolverse el pre- sente cuaderno al juzgado de rigen; Con todo lo demás que contiene la recurrida, dentro del plazo que me concede el artículo 414° numeral

1 literal a) del D. Leg. 957 y, al amparo del numeral 4) del artículo 427° del NCPP, presento recurso impugnativo EXCEPCIONAL, DE CASACIÓN contra dicha Resolución N° 08, por Inobservancia de garantías constitu- cionales, errónea interpretación de la ley penal y, por considerar necesa- rio para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. II. FORMALIDADES DEL RECURSO: Precisamos las partes o puntos dela decisión a los que se refiere la impugnación: 2.1. Nos sustentamos en la causal que contempla el numeral 1) del artícu- lo 429° del NCPP, porque la resolución impugnada ha sido expedida con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales, del numeral 3) del mismo ARTÍCULO del NCPP, por que el juez superior ha efectua- do una interpretación errónea de los criterios valorativos de los medios probatorio destinados a enervar el principio de presunción de inocencia. 2.2. Nos sustentamos en la causal que contempla el numeral 4) del artículo 427° del NCPP, el mismo que permite, excepcionalmente, pueda aceptarse el recurso de casación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, respecto a que criterios valorativos adecuados deben ser aplicados por los magistrados al calificar si estos enervan válidamente el principio de presunción de inocencia. III. ITER PROCESAL 3.1. Trámite en primera Instancia Con fecha 07 de Enero del 2016, mediante Resolución N° 03, se emite El Auto que Resuelve; “...DECLARAR FUNDADO el requerimiento de pro- longación de la PRISIÓN PREVENTIVA solicitada contra... IVÁN DIEGO PISCOYA RAMOS,... por el plazo de 02 meses,... Que con fecha 12 de Enero de 2016, dentro del plazo legal, se interpuso el recurso de apelación contra la Resolución N° 02 de fecha 07 de Enero del 2016 Que con fecha 13 de Enero de 2016, el juzgado emitió la resolución que concedido mediante resolución N° 05 el recurso impugnativo de apelación, notificado con fecha 14 de Enero de 2016.

3.2. Trámite en segunda instancia Que con fecha 14 de Marzo del año 2016, se realizó la Audiencia de Ape- lación de Auto que declare fundado el requerimiento fiscal de prolonga- ción de la prisión preventiva. Que mediante Resolución N’ 08, en la fecha de audiencia (14 de Marzo del año 2016), la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Trujillo, resuelve; CONFIRMAR la resolución N° 02 de fecha 07 de enero de 2016, que declaro fundado el requerimiento fiscal de Prolongación de la prisión preventiva respecto del imputado apelante IVÁN DIEGO P/SCOYA RAMOS, con todo lo de- más que contiene la recurrida”. IV. EXPONGO LA ESPECIAL FUNDAMENTACIÓN EXIGIDA PARA El RECURSO DE CASACIÓN. Dado a la naturaleza extraordinaria de la casación, solo se interpone contra resoluciones expresamente establecidas en la ley y por motivos expresamente descritos en ella, así como cuando la Sala Penal de la Cor- te Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial; por lo que en atención a lo referido ex- pondré las causales por las que se interpuso la presente casación: 4.1. ARTÍCULO 429 INCISO 01 INOBSERVANCIA DE ALGUNAS GARAN- TÍAS CONSTITUCIONALES. Debiendo entender por garantías constitucionales a normas que no van a restringir sus efectos a determinados momentos o actos del proceso penal, sino que su configuración va a permitir que proyecten su fuerza garantista-vinculante a todos los momentos por los que pasa el desenvolvimiento del proceso, es decir, desde la fase preliminar o prejudicial, pasando por las fases de instrucción, intermedia y juicio oral, hasta con- cluir la fase impugnatoria, con lo que recién se puede decir que el proce- so penal ha concluido definitivamente. 4.11. Se ha violado el artículo 139 numeral 3 de la Constitución, que garantiza el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; esto que me-

diante esta antojadiza interpretación de las normas penales se pretende inobservar las reglas mínimas de todo proceso penal, y vulnerar con esto todo el esquema jurídico procesal peruano, porque el juez superior (Ma- gistrados de la Sala Mixta Permanente) y el juez de Primera instancia (Juez del Quinto Juzgado de Familia) han efectuado una interpretación errónea los criterios valorativos de los medios probatorio destinados a enervare! principio de presunción de inocencia. 4.12. Se ha violado el artículo 1° de la Constitución, desde que no se me considera para nada que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado, constando que en la práctica se me mancilla sin piedad. 4.13. Se ha violado el artículo 138^ de la Constitución, desde que los ma- gistrados no se someten al Estado Constitucional de Derecho y prefieren las normas subalternas al respeto del orden constitucional. 4.14. Se ha violado el artículo 139° numeral 9) de la Constitución, desde que se están aplicando normas que restringen los derechos de mi patro- cinado. 4.2. ARTÍCULO 427°, INCISO 04 SER NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. Que, en el presente proceso, es del caso hacer uso de la facultad que autoriza el apartado cuatro del Artículo 427° del nuevo Código Procesal Penal, en tanto que se trata de filar un criterio Interpretativo definitivo de carácter general si la aparentemente abundancia probatoria dentro de un proceso que no es declarado complejo, Implica una especial difi- cultad o prolongación del proceso según b establece el artículo 274° del N.C.P.P., como base para prolongación de la prisión preventiva, si este era evidente desde el inicio de la investigación preparatoria, en tanto la el plazo de nueves meses que establece el N.C.P.P., a criterio del fiscal le resulta insuficiente, sin que de parte de la defensa se observe una actividad dilatoria u obstruccionista tendiente a alargar la investigación, además que según se aprecie del caso la demora en el juzgamiento se ha debido a la deficiencia de fiscalía de no concurrir con sus respectivos ór-

ganos de prueba y de concurrir con los órganos de prueba de la defensa, Nuestro criterio es que el Órgano Judicial de Apelación, no puede asumir como sentado que los juzgados de primera instancia, no son falibles de cometer errores de aplicación de la normatividad vigentes y de criterios básicos acerca de la valoración adecuada de las pruebas puestas a su conocimiento, siendo claro que de una investigación que desde un inicio se observa la presencia de gran actividad probatoria, tendiente acredi- tar un mismos hecho el fiscal, dentro del marco legal que establece el N..C.P.P., debe acopiar estos elementos probatorios, en el plazo razona- ble establecido a fin de no dilatar en el tiempo la Investigación penal y a posterior verse obligado a sustentar un prolongación de prisión preven- tiva cuando ha tenido el suficiente tiempo para acoplar sus elementos probatorios, aunado a esto tal actividad no implica una especial prolon- gación del proceso para ser argumentado como base según lo establece el Art 274 del NCPP, sin que esta actividad pueda de alguna manera ser atribuida en calidad de actividad dilatoria y/o obstruccionista de parte de la defensa del investigado de otro lado no puede sancionarse con la prolongación de una medida coercitiva personal como la prisión preven- tiva los actos dilatorios de fiscalía al no concurrir con sus órganos de prueba y generar reprogramaciones Innecesarias”, pues ello tiene mar- cada relevancia constitucional al estar implicado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, y al derecho a la defensa, el derecho a la igualdad de armas, el derecho a la debida motivación de las resolución judiciales y la debida aplicación de normas procesales. Que debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° numeral 24° letra e] de la Constitución Política del Estado, toda perso- na es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmen- te su responsabilidad; Que, el artículo 8° de la Convención Americana sobre los derechos humanos señala que: “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”; SI LA INOCENCIA SE PRESUME. CONTRARIO SENSU. LA CULPABILIDAD SE DEMUESTRA. La culpabilidad, en su acepción más amplia es el juicio que permite imputar a una

persona un hecho antijurídico; que^ le compete al Juez acreditar y explicar en la Sentencia cuál es el razonamiento y las pruebas de las que se vale para imputar el injusto a su autor; la Presunción de inocencia es relativa de verdad, e impide que en sede penal tengan cabida otras presunciones para demostrar la culpabilidad; Que, el artículo III del Título Preliminar del Código Penal señala que “No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponda”; Que, la prueba de cargo debe ser proporcionada por la acusación, no teniendo el acusado deber alguno de probar su Inocencia^ de modo que su acti- vidad o falta de ella jamás puede ser valorada en su contra’, Que, debe tenerse, presente el criterio de concurrencia de prueba, es decir, para condenar a una persona es exigible que se practique en el proceso una actividad probatoria precisa, no bastando la convicción judicial para lle- gar a una conclusión, puesto que, para tener validez, el convencimiento judicial solo puede formarse sobre la base de pruebas en sentido objeti- vo incriminador. Los elementos que sirvan de base para la condena, han de consistir en auténticos medios de prueba. En Principio, solamente los medios practicados en el juicio oral pueden servir de base para la con- dena, así lo establece el artículo 393° inciso 1 del Código Procesal Penal; Que, el criterio de prueba de cargo consiste que la prueba practicada ha de referirse en todo caso al delito por el que se condena, no siendo válida una prueba genérica sin referencia objetiva alguna al hecho que se afir- ma acreditado. La prueba ha de tener un sentido incriminador objetivo; Que, asimismo el criterio de suficiencia de prueba, ha sido asumido por la Corte interamericana de Derechos Humanos como la prueba incom- pleta o insuficiente que no es procedente para condenar a una persona, sino absolverlo; a este criterio de suficiencia se refiere el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal cuando establece que la Pre- sunción de inocencia requiere, para ser desvirtuada, de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garan- tías procesales.

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Que aunado a lo ya mencionado debe también tenerse en cuenta que pese a la presión ejercida por la ciudadanía en su conjunto, debido al temor colectivo fundado, debido a la creciente criminalidad que azote o afronte determinado departamento o localidad, los jueces y magistrados deberán de separar el temor propio de un ciudadano, al carácter coercitivo que poseen, puesto que de no hacerlo, y dejar prevalecer el miedo dejando consciente o inconscientemente que se vea disminuido gradualmente la presunción de inocencia del justiciable, antelando un juicio de valor propio de un ciudadano con temor y no de un magistrado Investido con las prerrogativas que el estado le ha Irrogado, se genera un desmedro abismal a los derechos de los ciudadanos Por lo que se hace necesaria la Intervención de la Corte de Casación de la Sala Suprema Penal de la República, para establecer, para determinar, para dejar precedente, a nivel nacional el cumplimiento de esta corriente jurisprudencial (que el Órgano Judicial de primera y de segunda instan- cia deben de revisar el normal y fiel curso del proceso judicial a fin de garantizar la correcta valoración de las pruebas presentadas, en tanto se revise el cumplimiento del orden formal y luego sustancial de la norma procesal y sustantiva, para que cada prueba obtenga el verdadero valor y calidad que merece respeto de acreditar o desacreditar la tesis incri- minatoria que recae sobre el Imputado” y no se haga Ilusa la justicia a favor de los justiciables en general, peor aún si quienes dictan resolucio- nes en contra de esta comente jurisprudencial y más que todo legal, son aquellos que se dicen precursores del Nuevo Código Procesal Penal, y en el presente caso extrañamente no lo han aplicado, por el contrario lo han contradicho, sin fundamento legal, doctrinario alguno, como ordena nuestro código vigente. V. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: 5.1. Que como es de apreciarse de la Resolución N® 02 de fecha 07 de enero de 2016; El Juzgado de Primera Instancia al resolver ha efectuado una calificación errada de la norma procesal en tanto no se cumplen los requisitos establecidos por el art. 274 del N.C.P.P., sobre la especial pro- longación o dificultad en la tramitación del proceso.

5.2. Que la sala al dictar su auto de confirmación de prolongación de la prisión preventiva no ha tenido en consideración que el AD QUO no eva- lúo de manera adecuada que EXISTE NORMA EXPRESA Y CLARA que re- gula y establece los requisitos para disponer un prolongación de prisión preventiva (Art 274°.1 del NGPP); norma que no se aplicó con arreglo a ley, sino por el contrario transgrediéndola visiblemente se consideró que existe una especial dificultad en la tramitación de este proceso; dado a que de los fundamentos expuestos por el Representante del Ministerio Púbico es evidente que no los reúne ni tífica como tales. 5.3. La sala de apelaciones valido el Accionar del Juez de primera instan- cia al confirmar su resolución N” 02, sin observar que el AD QUO no ha tenido en consideración que el presente proceso no ha sido declarado complejo, dado a que se inició como un proceso común y se dictó la prisión preventiva por el lapso de 9 meses (bajo regla general clara y explícita Art 272.2 del NCPP), que señala: LA PRISIÓN PREVENTIVA NO DURARA MAS DE NUEVE MESES. 5.4. Que la sala con su Resolución de confirmatoria, valida el razonamiento del ADQUO que a su criterio, califico como procedente el pedido fiscal de prolongación de prisión preventiva basado en que debido a la aparente abundancia probatoria que sería actuada en juicio, este se extenderla en varias sesiones de audiencia y por tal el procesos no terminaría dentro del plazo que originalmente la concediera el juzgado que fue el de 9 meses de prisión preventiva, siendo que tales hechos eran evidentemente advertibles desde un inicio de la investigación, y por tal a estas alturas del proceso no puede de ninguna manera alegarse que exista prolongación del proceso por estas actuaciones si estás desde un inicio debieron de ser previstas como parte de la teoría del R.M.P., y por tanto debió de actuar más diligenciosamente con su investigación. 5.5. Que estando a todo lo mencionado se interpuso el recurso de Apelación con el fin de que este órgano superior con un mejor criterio revocase la resolución de primera instancia por los errores que se advirtieron oportunamente a través del recurso de apelación respectivo, que

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pese a todo lo ya advertido, este órgano superior continuo en el mismo lineamiento erróneo y califico Resolviendo confirmar la Resolución de primera Instancia, incurriendo este juzgado superior en el mismo error Interpretación de la norma procesal aplicable al caso concreto.” 5.6. Que la Sala ni el A QUO ha contemplado que en casos similares al presente órganos superiores ya han resuelto mediante ejecutorias en la cuales dejan en claro cuál es el parecer o criterio que debe de tener al momento de evaluar pedidos de este tipo, sien esto la Resolución N” 03 recaída en el Exp. N” 00281-2013-11-1826-JR-PE-02 emitido por LA SALA PENAL DE APELACIONES de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, resolvió en un caso en donde el fiscal a cargo de una investigación solicita la prolongación de la prisión preventiva (como es el presente), y el juzgado resuelve DECLARAR INFUNDADO TAL REQUERIMIENTO, conforme se aprecia del segundo párrafo del considerando SEGUNDO”(...) el artículo 274 del Código Procesal Penal cuando estable- ce los plazos de prolongación de prisión preventiva, señalan que este NO ES OBLIGATORIOSINO UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR...” esto aunado a lo expresado en el considerando QUINTO de esta resolución se deja claro que “La Prolongación de la prisión preventiva no constituye un acto parcial y que se deba estar solicitando los pedidos conforme al desarrollo de la investigación, sino que obedece a una estra- tegia debidamente definida desde el inicio de la investigación prepara- toria en este sentido debe de entenderse que no se puede por el simple capricho del representante del Ministerio Público declarar fundado un pedido de una medida tan gravosa. De igual modo la resolución emiti- da por la SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE CAÑETE que resolvió en el Exp: 00607-2013, al confirmar la resolución que Declara Infundado el pedido fiscal de Prolongación de la prisión preventiva, el cual se basaba al igual que el presente en lo prescrito por el Art 274.1 del NCPP “CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS QUE IMPORTEN UNA ESPECIAL DIFICULTAD O PROLONGACIÓN DEL DE LAIN- VESTIGACIÓN O DEL PROCESO....LA PRISIÓN PREVENTIVA PODRA PROLONGARSE”, siendo que del mismo es claro que no se concede esta

prolongación de prisión preventiva puesto que no puede determinarse que exista una conducta obstruccionista del imputado o de la defensa (como es el presente caso). 5.7. Finalmente en la audiencia que resolvió sobre el requerimiento fiscal se hizo notar que, “Que conforme se expresó en la audiencia de propósito, el retraso en el enjuiciamiento se debe a los actos dilatorios de la fiscal porque es ella quien concurre con solo un testigo por fecha teniendo conocimiento que la misma se celebra cada ocho días, más aun concurre con testigos de la defensa generando asi perjuicio al proceso, en tal sentido no puede apli- car según la doctrina de los actos propios que todo el perjuicio ocasio- nado por su parte deba de ser asumido por el procesado. Que tampoco existió mala fe conforme lo pretendió hacer creer la representante del Ministerio Público, en razón a la inconcurrencia de la fecha del 22 de di- ciembre sino que se imposibilito debido a cruce con diligencias lo mismo que se comunicó al despacho de manera oportuna por lo que se tuvo por justificada, y a fin de que no se le perjudique en el tiempo a la represen- tante del ministerio público se procedió a la supresión de los plazos, por lo que no existe perjuicio que genere dificulta y menos prolongación del proceso. Que a su vez resulta irrazonable y abusivo el haber concedido un plazo de prolongación de prisión de 2 meses y aunado al mismo se le conceda 67 días de suspensión de plazo, en tal sentido no era pasible de concederse el pedido efectuado por la representante del ministerio público respecto de la prolongación de prisión en tanto tenia ganado 67 días más producto de las suspensiones que la misma fiscal informo y pidió sean contabilizados. VI. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: CÓDIGO PROCESAL PENAL Art. 413°.-CLASES: Los recursos contra las resoluciones judiciales son; 3°Recurso de Casación. Art 414°.- PLAZOS: Los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal distinta, son:

a). “Diez días para el recurso de casación”. Art 427° PROCEDENCIA: 1. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores. 2. La procedencia del recurso de casación, en los supuestos indicados en el numeral 1), está sujeta a las siguientes limitaciones: a) Si se trata de autos que pongan fin al procedimiento, cuando el delito imputado más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años. b) Si se trata de sentencias, cuando el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayora seis años. c) Si se trata de sentencias que impongan una medida de seguridad, cuando ésta sea la de internación. 3. Sí la impugnación se refiere a la responsabilidad civil, cuando el monto fijado en la sentencia de primera o de segunda instancia sea superior a cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la res- titución no pueda ser valorado económicamente. 4. Excepcionalmente, será procedente el recurso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Art 429 CAUSALES.- Son causales para interponer recurso de casación: 1. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 2. Sí la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad.

3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicídad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. VII. FUNDAMENTACIÓN DEL AGRAVIO: Se agravia a mi patrocinado, en tanto y en cuanto no se me permite acceder a una efectiva tutela jurisdiccional, a un debido proceso, al derecho de defensa, esto es, atentarse contra e! derecho de defensa de los justiciables, y producirse la inobservancia de garantías constitucionales, provocándose la errónea interpretación de la ley penal, además de la errónea interpretación de la norma procesal aplicable Art 272” inc. 2y Art 274° Inc. 1 NCPP. Se debe de establecer JURISPRUDENCIA de cumplimiento obligatorio, en tanto que se trata de fijar un criterio Interpretativo definitivo de carácter general si la aparentemente abundancia probatoria dentro de un proceso que no es declarado complejo, Implica una especial dificultad o prolongación del proceso según lo establece el artículo 274° del N.C.P.P., como base para prolongación de la prisión preventiva, si este era eviden- te desde el Inicio de la investigación preparatoria, en tanto la el plazo de nueves mes^ que establece el N.C.P.P., a criterio del fiscal le resulta Insu- ficiente, sin que de parte de la defensa se observe una actividad

dilatoria

u

obstruccionista

tendiente

a

alargar

la

Investigación, además que según se aprecie del caso la demora en el juzgamiento se ha debido a la defi- ciencia de fiscalía de no concurrir con sus respectivos órganos de prueba y de concurrir con los órganos de prueba de la defensa, Nuestro criterio es que el Órgano Judicial de Apelación, no puede asumir como sentado que los juzgados de primera Instancia, no son falibles de cometer errores de aplicación de la normatividad vigentes y de criterios básicos acerca de

la valoración adecuada de las pruebas puestas a su conocimiento, siendo claro que de una Investigación que desde un inicio se observa la presen- cia de gran actividad probatoria, tendiente acreditar un mismos hecho el fiscal, dentro del marco legal que establece el N..C.P.P. debe acoplar estos elementos probatorios, en el plazo razonable establecido a fin de no dilatar en el tiempo la Investigación penal y a posterior verse obligado a sustentar un prolongación de prisión preventiva cuando ha tenido el suficiente tiempo para acoplar sus elementos probatorios, aunado a esto tal actividad no Implica una especial prolongación del proceso para ser argumentado como base según lo establece el Art 274° del NCPP, sin que esta actividad pueda de alguna manera ser atribuida en calidad de activi- dad dilatoria y/o obstruccionista de parte de la defensa del investigado de otro lado no puede sancionarse con la prolongación de una medida coercitiva personal como la prisión preventiva los actos dilatorios de fis- calía al no concurrir con sus órganos de prueba y generar reprograma- ciones innecesarias; pues ello tiene marcada relevancia constitucional al estar implicado el derecho a !a tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, y al derecho a la defensa, el derecho a la igualdad de armas, el derecho a la debida motivación de las resolución judiciales y la debida aplicación de normas procesales. VIII.- PRETENSIÓN IMPUGNATIVA: Que se DECLARE FUNDADA LA CASACIÓN y en consecuencia REVO- CAR la Resolución N° 08 de fecha 14 de Marzo, que Confirma la Resolu- ción N” 03; de fecha 07 de enero de 2016, Ordenando a la Sala Emita una Resolución con arreglo a Ley y a las garantías constitucionales. Valorando de manera adecuada los medios probatorios puestos a conocimiento de sus despachos y además de la conecta interpretación de la norma procesal aplicable, y en tanto se declare INFUNDADO el presente requerimiento fiscal de PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. En virtud de lo expuesto, solicito se tenga interpuesto en el plazo legal establecido el presente recurso de casación y se lo declare admisible -art

456 del C.P.P., y se case la resolución recurrida, resolviendo el caso con arreglo a la ley y doctrina jurisprudencial del Supremo Tribunal de Casa- ción Penal (art 460 del Código Procesal Penal). POR LO EXPUESTO: Solicito se me conceda el Recurso de Casación por las causales invocadas, por ser de justicia Lugar y Fecha: (…............................)

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MODELO DE ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL DELITO DE EXTORSIÓN

EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN SEÑOR PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE TRUJILLO Santos, en los seguidos por la presunta comisión del delito de Extorsión, en agravio de Celmira, a Ud. con respeto digo: Acudo a su despacho DESISTIENDOME del Recurso de Apelación contra el auto numero DOS de fecha 26/09/2014, que declara fundada la prisión preventiva, por convenir a mi derecho de defensa en juicio ya que se estoy a la espera de la recopilación y resultados de nuevos elementos de convicción. Amparo mi pretensión en lo dispuesto por el Art. 406 del C.P.P. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicitado Lugar y Fecha: (…............................)

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MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO NUEVA PRUEBA EN DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO

ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: OFRECE NUEVA PRUEBA SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA SALA PENAL DE APELACIONES DE TRUJILLO ELENA JANNETT CHIPE GUZMAN, Abogada de GILMER BURGA MARA por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en agravio del ESTA- DO; a usted digo: De conformidad con lo establecido en el Art6. 422 del Código Procesal Penal OFREZCO COMO NUEVO MEDIO DE PRUEBA, los siguientes: I.- TESTIMONIALES: 1.1.- Testimonial de doña RUTH NOVOA LINCON, identificada con DNI No 41233220, con domicilio real en calle Ramón Castilla No 284Villa Hermosa – Chepén, persona quien declarará respecto a los hechos del cual fue testigo el día 28 de agosto del 2014 cuando era intervenido el sentenciado Gilmer Burga Mara, por cuanto detallará como es que el personal de serenazgo de la Municipalidad de Chepén lo intervino, pre- cisará el lugar de la intervención, la forma y circunstancia de la inter- vención, la participación de cada interviniente, detallará como es que le efectuaron el registro personal y si efectivamente le encontraron en posesión de arma de fuego. Con dicha declaración se corroborara la ver- sión del sentenciado y demostrara la falsedad de los hechos imputados. 1.2.- Testimonial de doña VICTORIA ALIAGA LOZADA, identificada con DNI No 42335422, con domicilio real en Mz. L 0024 AA.HH. Sixto Balarezo – Chepén, persona que declarará respecto a la rencilla existente entre el serenazgo interviniente José Luis Hernández Huamán (persona que supuestamente encuentra el arma de fuego) y el sentenciado GIL-

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MER BURGA MARA, precisará la existencia de una amenaza efectuada por el Hernández Huamán en contra del sentenciado con anterioridad al día de los hechos. II.- DOCUMENTALES 2.1. Copia de la constancia de Libertad expedida por el Director del Esta- blecimiento Penitenciario de Cajamarca, documento que acreditará que el referido Gilmer Burga Mara fue externado del penal por cumplimiento de pena, y que a la fecha de los hechos no se encontraba con beneficio penitenciario alguno. ADJUNTO: 02 Copias de DNI de los testigos ofrecidos. Copia simple de la constancia de libertad. POR TANTO: A usted pido tener por ofrecido los medios de prueba indicados. Lugar y Fecha: (…...............................................)

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RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES

RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES

1.

VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD EXPEDIENTE : 2007-01367-25-1601-JR-PE-1 IMPUTADO : CÉSAR RICHARD VEGA PACHAS DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD JUEZ : JUAN JULIO LUJAN CASTRO ASISTENTE JURISD. : ASUNCIÓN PEREDA YUPANQUI Resolución número : UNO

Trujillo, veinticuatro de abril del año dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el requerimiento de detención preliminar formulado por la Señora Fiscal, doctora Rosa María Vega Luján; Y CONSIDERAN- DO: PRIMERO: Que, se solicita se expida orden de detención preliminar respecto de la persona de César Richard Vega Pachas por ser presunto autor del delito de violación sexual en agravio de la menor Huidixsa Maribel Gonzáles Villegas, de quince años de edad quien laboraría como empleada doméstica en la casa del im- putado.- SEGUNDO: Que la detención preliminar judicial es una medida de coer- ción procesal prevista en el parágrafo a) del inciso primero del artículo doscientos sesenta y uno del Código Procesal Penal por la cual el Juez de la Investigación Preparatoria -a solicitud del fiscal y sin trámite alguno- teniendo a la vista las actua- ciones remitidas por aquél, dicta mandato de detención cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de liber- tad superior a cuatro años, y por las circunstancias del caso pueda desprenderse cierta posibilidad de fuga; TERCERO: Que en el presente caso, se atribuye a César Richard Vega Pachas, haber cometido el delito de violación sexual en agravio de la referida menor con fecha veintitrés del mes en curso, aproximadamente a las ocho de la mañana con treinta minutos, en circunstancias que había enviado a la agraviada a comprar cigarros y al regresar el imputado se encontraba en la puerta de la vivienda y cuando le hacía entrega de los cigarros el referido Vega Pachas la cogió de las manos y tapándole la boca la hizo entrar a la vivienda y llevándola has- ta el dormitorio la habría sometido sexualmente.- CUARTO: Que, estando al mérito del reconocimiento médico legal practicado a la referida menor se acredita que al momento de ser examinada presentaba equimosis y laceraciones que por sus características, tamaño y ubicación demostrarían que ha sido víctima de violencia ejercida (según se expone en la solicitud del Ministerio Público) para posibilitar el acceso sexual.- QUINTO: Que, de conformidad con lo expuesto se verifica que si bien es cierto en el caso de autos no hay flagrancia delictiva, existen razones plau- sibles para considerar que el imputado César Richard Vega Pachas ha cometido el delito de violación sexual en agravio de la indicada menor, de lo cual GRUPO EDITORIAL Lex &

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MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez

incluso, el Castro

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Ministerio Público informa que existirían dos personas de nombres “Jenny” y “Mar- tha” quienes serían vecinas de la misma quinta y que habrían socorrido a la menor agraviada luego de que esta saliera corriendo semidesnuda del domicilio del impu- tado.-SEXTO: Que, el delito cuya comisión se imputa a César Richard Vega Pachas se sancionado con una pena privativa de libertad mayor de cuatro años y además es posible advertir cierta posibilidad de fuga teniendo en cuenta la gravedad de la pena y que el imputado labora en la ciudad de Lima.- POR ESTOS FUNDAMENTOS y de conformidad con lo establecido por los artículos 262° y 264° del Código Proce- sal Penal; RESUELVO: Declarando FUNDADO el requerimiento fiscal de detención preliminar por veinticuatro horas de CÉSAR RICHARD VEGA PACHAS, nacido en Chiclayo, el primero de setiembre de mil novecientos setentiséis, de sexo masculi- no, actualmente de treinta años de edad, a fin de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, continúe con las diligencias preliminares para establecer su responsabilidad con relación al delito que se le imputa; debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial; con conocimiento de la Defensoría de Oficio, para los fines consiguientes. - - - - - - - - -

2.

VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EN LA MODALIDAD DE ACTOS CONTRA EL PUDOR EXPEDIENTE DELITO ESPECIALISTA AGRAVIADO IMPUTADO

: 2007-02683-25-1601-JR-PE-1 : ATENTADO CONTRA EL PUDOR. : MARIA GONZALEZ PEREZ : R.A.S.B. : QUESQUEN NIÑO ROLANDO VAN

RESOLUCIÓN NUMERO UNO Trujillo, once de junio Del dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento de detención prelimi- nar judicial, solicitada por la Representante del Ministerio Público; y ATENDIEN- DO: Primero.- Que, en el caso que nos ocupa, la Segunda Fiscalía Corporativa de Trujillo, solicita se expida Detención Preliminar del investigado Rolando Van Quesquén Niño, por ser el presunto autor del delito de Violación Contra la Liber- tad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en menores de catorce años en agravio del menor de iniciales R.A.S.B. de diez años de edad, delito previsto y penado por el artículo 176 - A del Código Penal, parte in fine y proporcionando los datos necesarios de dicho ciudadano para la emisión de las órdenes de detención, conforme se aprecia de los recaudos que se acompañan; Segundo.- La Libertad personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones, las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la Constitución. En consecuencia una persona puede ser detenida por mandamiento escrito y moti- vado del Juez o en caso de flagrante delito. Adicionalmente, se establece que la restricción de la libertad personal puede efectuarse en los casos previstos por la ley; Tercero.- Que, la detención Preliminar Judicial es una medida de coerción pro- cesal prevista en el artículo 261 del Código Procesal Penal, que dispone el mandato de detención hasta por veinticuatro horas al investigado que se encuentre incurso en uno de los tres supuestos alternativos señalados en el numeral uno del indi- cado artículo, esto es a) no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circuns- tancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga; b) el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención; o c) el detenido fugare de un centro de detención preliminar. Así mismo, no obstante que se haya satisfecho los presupuestos para dictar mandato de detención preliminar, sin perjuicio de amparar la medida solicitada, sólo se podrá emitir las órdenes de detención (requisitorias) si la Fiscalía solicitante procura la información idónea BAJO SU

RESPONSABILIDAD que, de cuenta de la debida individualización del investigado, con el propósito de

descartar el supuesto de homonimia, esto es nombres y apellidos; edad; sexo; lugar y fecha de nacimiento, lo que en el caso de autos esta garantizado con la ficha de RENIEC que el representante del Ministerio Público ha adjuntado a sus recaudos; Cuarto.- Que, la solicitud de la representante del Ministerio Público precisa que los elementos de juicio sobre la probable realización del evento delictivo son los siguientes: 1) la referencial de la menor agraviada quien efectivamente reconoce al imputado y, refiere es su profesor de música, el mismo que la ha besado en su boca y la ha abrazado, obrante de fojas veintidós a veintitrés; 2) la partida de nacimiento obrante a folios ocho del que se advierte que la menor agraviada tiene diez años de edad 3) el certificado de reconocimiento médico practicado a la menor agraviada obrante a folios veintiuno; 4) Declaración de Patricia Bolaños Grau, obrante a fojas treinta y uno a treintitrés, 5) declaración de Jorge Adrián Salas Ruiz de fojas trein- ta y cinco a treintiséis; 6) declaración de Elmer Alfredo Bolaños Izaguirre, a fojas treinta y ocho; 7) declaración de Cipra Marcelo Auria Yaneth obrante a fojas cua- renta; 8) declaración de la Directora del Centro Educativo Perpetuo Socorro, Julia Consuelo Geldres Otiniano a fojas cuarenta y nueve; 9) ficha Reniec del denunciado, a fojas veintisiete; 10) Acta de Verificación de la vivienda donde se realizaron los hechos denunciados a fojas cuarenta y siete; 11) constancia de notificación al denunciado; de fojas cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarentiséis; 12 ) Informe Psicológico expedido por la Psicóloga Adriana Elena Miranda Troncoso que concluye que la niña ha sido víctima de abuso sexual, estress post Traumático y depresión reactiva, obrante en autos de fojas once a doce; actuados que generan convicción de probabilidad de la realización del evento delictivo y de la participa- ción del imputado de quien se pide su detención preliminar, esto es del imputado ROLANDO VAN QUESQUÉN NIÑO cuyos datos personales ha proporcionado lA representante del Ministerio Público, y en caso de condena la pena ha de ser mayor a cuatro años de privación de libertad, y estando a la pena conminada, el Juzgado considera que existe peligro de fuga, lo que debe evitarse debidamente; Quinto.- Que, estando a las considerativas que anteceden, se verifica la relación causal entre los supuestos facticos y jurídicos anotados para calificar positivamente la solicitud del Representante del Ministerio Público, a fin de limitar el derecho fundamental de la libertad del investigado, habida cuenta que la conducta del investigado se encuentra subsumida en la previsión señalada en el inciso a) del item 1 del anotado artículo 261 del Código Procesal Penal, siendo la prognosis de la pena por el delito de Violación Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en menor de catorce años de edad, siendo que la agraviada de iniciales R.A.S.B. tie- ne diez años de edad; la pena mínima es no menor de diez años, desprendiéndose de los fundamentos facticos que existe coherencia lógica en los hechos descritos, conducta o circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación del imputado; y compulsado con el juicio de valor producto del empleo de los principos de razonabilidad y de proporcionalidad; corresponde proceder con la urgencia a la

que alude el numeral tres del prenotado artículo 261. Por estos fundamentos y, en observancia de los artículos 262 y 264 del Código Procesal Penal; RESUELVO: LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por veinticuatro horas de ROLANDO VAN QUESQUÉN NIÑO, con Documento Nacional de Identidad Número 17891639 na- cido el diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, en el Distrito de San Pedro de Lloc – Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad, de sexo masculino, de cuarentiséis años de edad, talla un metro setenta y cinco, contextura regular, hijo de Simón y de Luzgarda, con secundaria completa, con domicilio en calle Colón seiscientos setenta y ocho o calle Blas Pascal trescientos setenta y uno – trescientos setenta y siete Urbanización La Noria, Trujillo, a fin de que la Segunda Fiscalía Corporativa de Trujillo, continúe con las diligencias preliminares para esta- blecer o no la responsabilidad del mismo, con relación al delito de Violación Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en menor de catorce años de edad, debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial, anotándose las características señaladas en el artículo 3 incisos a, b, c y h de la Ley de Procedimiento de Homonimia.

3.

VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EN SU MODALIDAD DE ACTOS CONTRA EL PUDOR 1° JUZ. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE : 03234-2010-69-1601-JR-PE-01 ESPECIALISTA : GUILLERMO MORIN RODRIGUEZ MINIST. PUBLICO : ÁVALOS RODRÍGUEZ, CONSTANTE CARLOS IMPUTADO : ROJAS SANCHEZ, JOSE EVARISTO DELITO : ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VÍCTIMA: 10-14 AÑOS). AGRAVIADO : BLTM,

Resolución Nro. Uno Trujillo, dieciséis de junio Del año dos mil Diez.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento de detención preliminar judicial, solicitada por el Representante del Ministerio Público; y ATENDIENDO: Primero. Que, en el caso que nos ocupa, la Segunda Fiscalía Corporativa de Trujillo, Tercer Despacho solicita se expida Detención Preliminar del imputado JOSÉ EVA- RISTO ROJAS SÁNCHEZ, por ser el presunto autor del delito de Actos Contra el Pu- dor en agravio de la adolescente de las iniciales B.L.T.M., delito previsto y penado en el Art. 176 – A inciso 3 del Código Penal, y proporcionando los datos necesarios de dicho ciudadano para la emisión de las órdenes de detención, conforme se aprecia de los recaudos que se acompañan; Segundo.- La Libertad personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones, las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la Constitución articulo dos numeral 24 acápite f). En consecuencia, una persona puede ser detenida por mandamiento escrito y motivado del juez o en caso de flagrante delito. Adicionalmente, se establece que la restricción de la libertad personal puede efectuarse en los casos previstos por la ley; Tercero.- Que la Detención Preliminar Judicial es una medida de coerción pro- cesal prevista en el artículo 261° del Código Procesal Penal, que dispone el mandato de detención hasta por veinticuatro horas al investigado que se encuentre incurso en uno de los tres supuestos alternativos señalados en el numeral uno del indicado artículo, esto es: a) no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancio- nado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga; b) el sorprendido en fla- grante delito logre evitar su detención; o c) el detenido fugare de un centro de de- tención preliminar. Asimismo, no obstante que se haya satisfecho los presupuestos para dictar mandato de detención preliminar, sin perjuicio de amparar la medida solicitada, sólo se podrá emitir las órdenes de

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detención (requisitorias) si la Fiscalía

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solicitante procura la información idónea BAJO SU RESPONSABILIDAD que, de cuenta de la debida individualización del investigado, con el propósito de descartar el supuesto de homonimia, esto es nombres y apellidos ; edad; sexo; lugar y fecha de nacimiento, lo que en el caso de autos esta garantizado con la hoja identificatoria de la RENIEC proporcionada por el Ministerio Público que corren adjuntados a sus recaudos; Cuarto.- Que, la solicitud del representante del Ministerio Público precisa que los elementos de juicio sobre la probable realización del evento delictivo son los siguientes: 1) la denuncia de doña María carmen Tapullima Marichi en calidad de madre de la menor agraviada, quién denuncia al vigilante del centro educativo Ramón Castilla Marquezado del distrito el Porvenir refiriendo que el día 30 de Mayo del presente año a la una de la tarde en circunstancias que la agraviada se apersono al colegio donde trabaja el imputado , quien le ofreciera regalarle un papelón, la condujo al almacén y luego su dormitorio donde la beso, le hizo tocamientos en sus partes intimas, llegando a bajarse el pantalón y realizar flotaciones con su miembro viril en la vagina de la agraviada, que ante la llamada a la puerta del colegio el imputado salio arreglándose la ropa y con el cabello alborotado de lo que se percató la testigo María Marilu Cerdán Ramos quien es madre de familia y había concurrido a realizar el aseo de las aulas, para luego observar que del cuarto del procesado salía la agraviada y luego verificaron con otra madre de familia que la cama de éste estaba desordenada y tibia de cuyos hechos dieron cuenta a la denunciante quien interpuso la denuncia correspondiente. 2) El Reconocimiento medico legal numero 005255-CLS en el rubro de DATA la agraviada refiere que el auxiliar del colegio (refiriéndose al imputado) en dos oportunidades el bajo su pantalón y le toco su vagina y la beso; así mismo se indica que nos e evidencia lesiones traumáticas externas recientes, himen integro, ano no signos de acto contra natura, sin embargo debe tenerse en cuenta que los cargos son sobre actos contra el Pudor. 3) declaración de la menor agraviada de fojas trece a fojas quince en las cuales narra la forma y circunstancias como se produjeron los hechos imputados al investigado. 4.- La declaración de la testigo María Marilu Cerdan Ramos de fojas 26ª fojas 27 quien ha preciado las circunstancias como vio salir a la agraviada el día de los hechos del dormitorio del procesado. 5.-La ficha de la Reniec del denunciado obrante a fojas 29, actuados que generan convicción de probabilidad de la realización del evento delictivo y de la participación del imputado de quien se pide su detención preliminar, esto es del imputado JOSÉ EVARISTO ROJAS SÁNCHEZ cuyos datos personales ha proporcionado la representante del Ministerio Público, y en caso de condena la pena ha de ser mayor a cuatro años de privación de libertad, y estando a la pena conminada, el Juzgado considera que existe peligro de fuga, lo que debe evitarse debidamente. Quinto.- Que, estando a las considerativas que anteceden, se verifica la relación causal entre los supuestos fácticos y jurídicos anotados para calificar positivamente la solicitud de la Representante del Ministerio Público, a fin de limitar el derecho fundamental de la libertad del investigado, habida cuenta que

la conducta del investigado se encuentra subsumida en la previsión señalada en el inciso a) del ítem 1 del anotado artículo 261° del Código Procesal Penal, siendo la prognosis de la pena por el delito Contra el Pudor de Menor de Catorce años, esta sancionada con una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ochos años, desprendiéndose de los fundamentos fácticos que existe coherencia lógica en los hechos descritos, conducta o circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación del imputado; y compulsado con el juicio de valor pro- ducto del empleo de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad; corres- ponde proceder con la urgencia a la que alude el numeral 3 del citado articulo 261°. Por estos fundamentos y, en observancia de los artículos 262° y 264° del Código Procesal Penal; RESUELVO: LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por veinti- cuatro horas de JOSÉ EVARISTO ROJAS SÁNCHEZ identificado con DNI Numero 18098318, nacido en EL DISTRITO DE Chuquibamba, Provincia de Chachapoyas de- partamento de amazonas, el 26 de octubre de 1937, de sexo masculino, de 72 años de edad, talla aproximada 1.60 centímetros, hijo de María y de Manuel, con grado de instrucción Primaria, con domicilio en la Habana 266 El Alambre de esta ciudad, a fin de que la Segunda Fiscalia Corporativa de Trujillo, continúe con las diligen- cias preliminares para establecer o no la responsabilidad del mismo, con relación al delito Contra el Pudor en agravio de la adolescente de las iniciales BLTM. de 12 años de edad, debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial, anotándose las características señaladas en el artículo 3 o incisos a, b, c y h de la Ley de Procedimiento de Homonimia; con conocimiento de la “Defensoría de Oficio, para los fines consiguientes.-

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VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DETENCIÓN PRELIMINAR DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR ASISTENTE JURISDICCIONAL : GABRIELA QUIROZ IZQUIERDO

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO Trujillo, tres de abril del año Dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el requerimiento fiscal de la señora Fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo de Detención Preliminar; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, se solicita se expida detención preliminar al investigado Marco Antonio Lazaro Villaroel por ser presunto autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor M.L.V.T.; SEGUNDO: Que, la detención preliminar judicial es una medida de coerción procesal prevista en el parágrafo a del inciso primero del artículo doscientos sesenta y uno del Códi- go Procesal Penal, que el Juez de la investigación preparatoria a solicitud del fiscal y sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dictará mandato de detención preliminar, cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerar que una persona a co- metido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años, y por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga; TERCERO: Que del requerimiento fiscal y recaudos que se adjuntan existen razo- nes suficientes para considerar que el imputado a cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a los cuatro años, tomándose en cuenta el certificado médico legal de folios tres que arroja lesiones traumáticas extra genita- les de origen contuso, himen complaciente, y la declaración de la menor agraviada de folios cuatro y cinco, quien refiere que cuenta con trece años de edad, y que a su vez sindica al imputado como autor del ilícito; respecto del peligro procesal de fuga, estando al quantum de la condena a imponerse que será mayor de cuatro años de pena privativa de libertad, por la naturaleza del delito, lesión del bien jurí- dico conjugándola con la pena conminada se considera que existe peligro de fuga lo que debe evitarse debidamente CUARTO: Que, estando a los considerandos que preceden se verifica la relación nexal entre los supuestos fácticos y jurídicos para calificar positivamente la solicitud del representante del Ministerio Público a fin de limita el derecho a la libertad del investigado, pues la conducta del investigado se encuentra subsumida en el inciso a) del item uno del anotado artículo doscien- tos sesenta y uno del Código Procesal Penal, desprendiéndose de los fundamentos facticos y circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación del im- putado y concursando con el juicio de valor producto del empleo de los principios

de razonabilidad y proporcionalidad corresponde proceder con la urgencia a que alude el numeral tres del artículo doscientos sesenta y uno. por estos fundamentos en observancia del artículo doscientos sesenta y dos y doscientos sesenta y cua- tro del C resuelvo la DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por VEINTICUATRO HORAS del imputado MARCO ANTONIO LAZARO VILLAROEL, nacido el seis de noviembre de mil novecientos ochentisiete, de sexo masculino, actualmente con diecinueve años de edad hijo de Anibal Antonio y de Flor Esther a fin de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo continué con las diligen- cias preliminares por el delito de Violación Sexual de menor, debiendo cursarse la comunicación correspondiente anotándose las características físicas consignadas en los incisos a. b. c y h del artículo tres del la 27411 de la Ley de Procedimiento de Homonimia

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DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN SU MODALIDAD DE ROBO JUEZ SECRETARIA PEREZ

: Dra. MERY ROBLES BRICEÑO : Dra. M. CECILIA GONZALEZ

Trujillo, dos de agosto del dos mil cinco.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el oficio y resolución de la representante del Ministerio Público que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el Artículo Segundo de la Ley Veintisiete mil novecientos treinticuatro establece la potestad discrecional del Juez Penal de disponer la detención preliminar hasta por veinticuatro horas de una persona que viene siendo sometida a investigación a nivel policial, siempre y cuando el pedido fuera formulado por el Ministerio Público y se y resulte necesario en caso de urgencia y peligro en la demora, al no darse el supuesto de la flagrancia delictiva. SEGUNDO.- Que, en el caso de autos, se advierte que la imputación formulada por el agraviado Justo Reyes Carrión, de haber sido víctima de asalto y posterior robo de la suma de dieciséis mil nuevos soles, por parte del investigado CARLOS JUAN ZAVALETA GÓMEZ, en la cuadra cinco de la Avenida Jesús de Nazareth, por parte de sujetos desconocidos, indicando que anotó el número de placa de vehículo de servicio público utilizado, siendo que el día de la fecha, al ser intervenida la persona de Carlos Juan Zavaleta Gómez lo ha reconocido como uno de los asaltantes y al ser informado por el personal policial de la Comisaría, que éste será puesto en libertad, es que solicita la detención preliminar TERCERO.- Que, asimismo, se aprecia que existen suficientes razones de urgencia y peligro en la demora en caso no se disponga la detención preliminar del investigado CARLOS JUAN ZAVALETA GOMEZ, dado que puede darse el caso de una obstrucción al correcto proceder de la justicia penal, en caso no sea habido por las autoridades policiales. CUARTO.- Que, en el presente caso al intervenido Carlos Juan Zavaleta Gómez no se le ha encontrado en flagrancia delictiva dado el transcurrir del tiempo desde la fecha de comisión del ilícito penal, acaecido el día anterior a su intervención; QUINTO.- Que, por otro lado del contexto mismo de la resolución fiscal, en el considerando uno, se precisa que el denunciante Justo Reyes Carrión al ser informado por el personal policial de la Comisaría que el intervenido Carlos Juan Zavaleta Gómez será puesto en libertad, solicita la detención preliminar; genera indicios de la existencia de una detención irregular; SEXTO.Que, en consecuencia, resulta adecuado a los actuados y al marco legislativo antes invocado, el acceder al pedido formulado por la representante del Ministerio Público, de proceder a detener preliminarmente por veinticuatro horas al investigado CARLOS JUAN ZAVALETA GOMEZ, la misma que se llevará a cabo por efectivos

de la Policía Nacional del Perú y con presencia del Ministerio Público, a efectos de garantizar los derechos y garantías que ostenta el investigado. Por estas consideraciones: SE RESUELVE: ORDENAR LA DETENCIÓN PRELIMINAR HASTA POR VEINTICUATRO HORAS del investigado CARLOS JUAN ZAVALETA GOMEZ, la misma que deberá ejecutarse por los efectivos de la Policía Nacional del Perú, con presencia del representante del Ministerio Público; CURSESE los Oficios a las autoridades correspondientes para que procedan conforme lo ordenado, y teniendo en cuenta lo anotado en el quinto considerando de la presente Resolución INVES- TIGUESE acerca de las probables irregularidades originadas en la detención del investigado Carlos Juan Zavaleta Gómez; NOTIFÍQUESE a quienes corresponda.-

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DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SU MODALIDAD DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE : 2007-02545-25-1601-JR-PE-1 DELITO : Comercialización de materias primas o insumos destinados a la elaboración ilegal de drogas. AGRAVIADO : EL ESTADO IMPUTADO : ALAYO CRUZ ALBERTO JUEZ : DRA. MERY ROBLES BRICEÑO ASISTENTE JURISD. : DANIEL SANCHEZ PAGADOR Resolución Número : UNO

Trujillo, diecisiete de Mayo Del año dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento de detención preliminar judicial, solicitada por la Representante del Ministerio Público; y ATENDIENDO: Primero. Que, en el caso que nos ocupa, la Segunda Fiscalía Corporativa de Truji- llo, solicita se expida Detención Preliminar del investigado Alberto Alayo Cruz, por ser el presunto autor del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado, delito previsto y penado por el Artículo 296 del Código Penal, y proporcionando los datos necesarios de dicho ciudadano para la emisión de las órdenes de detención, conforme se aprecia de los recaudos que se acompañan; Segundo.- La Libertad personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones, las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la Constitución1. En

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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9, inciso 1) señala: “Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”; Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7 inciso 2) señala: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”¸ Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que: “(...) nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidas por la misma (aspecto formal)” (Caso Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero de 1994, párrafo 47)¸y Constitución Política de 1993 esta- blece que la libertad personal puede ser objeto de determinadas restricciones. En ese sentido, el artículo 2 inciso 24 de la Constitución de 1993 establece: “Toda persona tiene derecho: (...) A la libertad y seguridad personales. En consecuencia: (...) b) No se permite

forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. (...) f) Nadie puede ser

consecuencia, una persona puede ser detenida por mandamiento escrito y motivado del juez o en caso de flagrante delito. Adicionalmente, se establece que la restricción de la libertad personal puede efectuarse en los casos previstos por la ley; Tercero.- Que la Detención Preliminar Judicial es una medida de coerción procesal prevista en el artículo 261° del Código Procesal Penal, que dispone el mandato de detención hasta por veinticuatro horas al investigado que se encuentre incurso en uno de los tres supuestos alternativos señalados en el numeral uno del indicado artículo, esto es: a) no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga; b) el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención; o c) el detenido fugare de un centro de detención preliminar. Asimismo, no obstante que se haya satisfecho los presupuestos para dictar mandato de detención preliminar, sin perjuicio de amparar la medida solicitada, sólo se podrá emitir las órdenes de detención (requisitorias) si la Fiscalía solicitante procura la información idónea BAJO SU RESPONSABILIDAD que, de cuenta de la debida individualización del investigado, con el propósito de descartar el supuesto de homonimia, esto es nombres y apellidos ; edad; sexo; lugar y fecha de nacimiento, lo que en el caso de autos esta garantizado con la ficha de RENIEC que el representante del Ministerio Público ha adjuntado a sus recaudos; Cuarto.- Que, la solicitud de la representante del Ministerio Público precisa que los elementos de juicio sobre la probable realización del evento delictivo son los siguientes: 1) el acta de intervención policial realizada el día diecisiete de Mayo del dos mil siete, a las cuatro horas, en la que se intervino y detuvo al señor Roger Layza Ríos, en la que manifesto que los paquetes de droga incautados iban a ser entregados al señor Alberto Alayo Cruz; 2) Acta de intervención al señor Alberto Alayo Cruz, realizada el diecisiete de Mayo del año en curso, a las cinco horas; 3) Prueba de orientación, pesaje y descarte de droga que arroja positivo para pasta básica de cocaína en los dos paquetes con un peso de seiscientos noventa y cuatro punto diecisiete gramos, el paquete que tiene un sticker pequeño color verde azul y de novecientos cuarenta y tres punto cincuenta y cinco el que tiene un sticker con el nombre de Roger LA R pequeño color blanco, que hace un total de 1,637.72, actuados que generan convicción de probabilidad de la realización del evento delictivo y de la participación del imputado de quien se pide su detención preliminar, esto es del imputado ALBERTO ALAYO CRUZ cuyos datos personales ha proporcionado la representante del Ministerio Público, por cuanto según el acta de Intervención Policial y Comiso de Droga que se ha anexado al requerimiento fiscal, el intervenido

detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”.

Roger Layza Ríos manifestó que el saco conteniendo la droga le fue encargado por un sujeto en el caserio El Molino, el día dieciséis de Mayo para ser entregado en esta ciudad a la persona de Alberto Alayo Cruz, quien lo recogería en la agencia Tiburón y le entregaría la suma de cincuenta nuevos soles, lo cual efectivamente ha sucedido al haberse intervenido el día de la fecha a esta persona a las cinco horas conforme al acta de Registro Personal e Incautación; por lo que en caso de condena la pena ha de ser mayor a cuatro años de privación de libertad, y estando a la pena conminada, el Juzgado considera que existe peligro de fuga, lo que debe evitarse debidamente. Quinto.- Que, estando a las considerativas que anteceden, se verifica la relación causal entre los supuestos fácticos y jurídicos anotados para calificar positivamente la solicitud de la Representante del Ministerio Público, a fin de limitar el derecho fundamental de la libertad del investigado, habida cuenta que la conducta del investigado se encuentra subsumida en la previsión señalada en el artículo 261° del Código Procesal Penal, siendo la prognosis de la pena por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, mayor a cuatro años, ya que para la conducta tipificada en la norma antes indicada se contempla una pena no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación, desprendiéndose de los fundamentos fácticos que existe coherencia lógica en los hechos descritos, conducta o circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación del imputado; y compulsado con el juicio de valor producto del empleo de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad; corresponde proceder con la urgencia a la que alude el numeral 3 del prenotado articulo 261°. Por estos fundamentos y, en observancia de los artículos 262° y 264° del Código Procesal Penal; RESUELVO: LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por quince días de ALBERTO ALAYO CRUZ, nacido en el Distrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, el 08 de Agosto de 1968, de sexo masculino, actualmente de 38 años de edad, hijo de Lorenzo y Anita, con quinto año de primaria, con domicilio en el Barrio N° 1-A Alto Trujillo, Mz. W, lote 2, El Porvenir, a fin de que la Segunda Fiscalia Corporativa de Trujillo, continúe con las diligencias preliminares para establecer o no la responsabilidad del mismo, con relación al delito contra la Salud Pública en su figura de Tráfico Ilícito de Drogas, debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial, ano- tándose las características señaladas en el artículo 3 o incisos a, b, c y h de la Ley de Procedimiento de Homonimia; con conocimiento de la “Defensoría de Oficio, para los fines consiguientes.Notifíquese.

7.-

IMPROCEDENCIA DE DETENCION PRELIMINAR RESOLUCIÓN NUMERO UNO

Trujillo, seis de julio Del dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con el requerimiento fiscal de Detención Preliminar que antecede; Y CONSIDERANDO: Primero: Que, la doctora Silvia Lucía Chang Chang, Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Provin- cial Corporativa de Trujillo, solicita Mandato de Detención Preliminar contra Víctor Carlos Acevedo Chávez, Trujillo, sin embargo no adjunta elementos de convicción alguno que acredite los fundamentos de su requerimiento de detención preliminar; Segundo: Que, el artículo 203º, inciso 2º del Código Procesal Penal establece que deben existir suficientes elementos de convicción que permitan a la autoridad judi- cial disponer la medida solicitada; asimismo, el artículo 122º, inciso 5º de la norma anotada, precisa que los requerimientos deben estar motivados y estarán acom- pañados de los elementos de convicción que lo justifiquen. Tercero: Que, por otro lado tampoco se ha acreditado que el denunciado Víctor Carlos Acevedo Chávez haya sido citado oportunamente, y no haya concurrido, lo que permitiría colegir peligro de fuga. Por éstas consideraciones, SE RESUELVE: DECLARAR IMPRO- CEDENTE la solicitud de Requerimiento de Detención Preliminar solicitada por la doctora Silvia Lucía Chang Chang, Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo. NOTIFIQUESE conforme a ley.-

SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 1.

ACTOS CONTRA EL PUDOR EXPEDIENTE JUECES

: 04565-2014-25-1601-JR-PE-05 : JORGE LUIS QUISPE LECCA (*)JUAN JULIO LUJAN CASTRO RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO : GABRIELA QUIROZ IZQUIERDO : 3FPPCT DR ENRIQUE PORTOCARRERO : SAENZ ROJAS, LUIS ALBERTO : ACTOS CONTRA EL PUDOR. : S.C.S.CH. : ONCE

ESPECIALISTA MIN. PUBLICO TUESTA IMPUTADO DELITO AGRAVIADO Resolución número

SENTENCIA Trujillo, primero de febrero del año dos mil dieciséis Habiéndose llevado a cabo el juzgamiento en audiencia ante el Segundo Juz- gado Penal Colegiado Supraprovincial integrado por los Señores Magistrados Ra- quel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro (quien intervino como ponente y Director de Debate); correspondiente al proceso penal seguido contra LUIS ALBERTO SAENZ ROJAS por el delito de actos contra- rios al pudor, tipificado en la última parte del artículo 176-A con la agravante del último párrafo inc. 2 del Código Penal; en agravio de la menor de iniciales S.C.S.CH. el mencionado órgano jurisdiccional ha expedido la siguiente SENTENCIA: IDENTIFICACION DEL ACUSADO SAENZ ROJAS: Identificado con documento nacional de identidad número 17862009, nacido el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y dos, es conviviente, grado de instrucción secundaria completa, trabajaba como chofer y percibía dos mil soles mensuales, sin bienes propios ni antecedentes penales. PARTE EXPOSITIVA PRIMERO: HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE ACUSACION: Según lo expuesto por el representante del Ministerio Público la menor agra- viada tiene su domicilio en la manzana “D” lote 18 “Nueva Florencia” del distrito de “Florencia de Mora” donde vive con su madre, la denunciante Gioconda Sabina Chu Arellano y otros familiares, siendo el caso que un mes anterior a la denuncia (regis- trada con fecha dos de mayo del dos mil catorce) su padre, el acusado Luis Alberto Sáenz Rojas, en la primera vez que estaba puesta un pantalón “panty” color negro, a horas 18:00 aproximadamente, le metió la mano en su parte íntima y al amanecer su madre encontró su “panty” rota; al día siguiente, en horas de la madrugada, nue- vamente volvió a tocarle sus partes íntimas, e inclusive, conforme refiere la menor, le habría introducido su pene en su vagina, y en la noche nuevamente lo volvió a hacer y nuevamente le tocó sus GRUPO EDITORIAL Lex &

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MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez

partesCastro íntimas. Al día siguiente, cuando estaba

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durmiendo en su cama, el imputado se levantó y fue a la habitación de la menor y le arrinconó a la pared y nuevamente sacó su pene y lo puso en su vagina. Al día siguiente le pidió para que fueran al cuarto de su hermano y nuevamente la cogió y le puso su pene en su vagina y después la llevó a su sala y nuevamente le cogió sus partes íntimas y le dijo que si contaba lo sucedido ya no iba a regresar y se iba a quedar para siempre en su trabajo; refiriendo además la menor que estos hechos ocurrieron después de los feriados de “semana santa” y que fueron como en seis oportunidades y le compraba un chupetín y regalos para no le dijera a su madre. SEGUNDO: PRETENSION PENAL: Según el representante del Ministerio Pú- blico el acusado es autor del delito de actos contra el pudor tipificado en la última parte del artículo 176-A con la agravante del último párrafo inc. 2 del Código Penal (por ser padre biológico de la menor) por lo que solicitó que se le imponga la pena de diez años de privación de libertad. TERCERO: PRETENSION CIVIL: El representante fiscal solicitó que el monto de la reparación civil se fije en cinco mil soles a favor de la menor agraviada. CUARTO: PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: El señor abogado defensor del acusado expuso que la versión de la agraviada tiene muchas contradicciones y que ha sido manipulada para imputar a su padre. DERECHOS Y ADMISION DE CARGOS. De conformidad con el Art. 372 del Código Procesal Penal, el Juez director de debates, después de haber instruido de sus derechos al acusado le preguntó si admitía ser autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; ante lo cual, previa consulta con su abogado defensor contestó que no aceptaba la responsabilidad penal. ACTUACION PROBATORIA EN JUICIO ORAL PERITO DANTE FAUSTINO GORDILLO FERNANDEZ: Dijo haber examinado a la menor agraviada de iniciales S.C.S.CH. y es autor del certificado médico legal N° 006468-CLS en el que concluyó: “No presenta lesiones traumáticas recientes paragenitales ni extragenitales; himen sin desfloración; vulvitis aguda por proba- bles hongos, ano sin signos de acto contra natura; clínicamente con edad aproxi- mada de siete años” DECLARACIÓN DE GIOCONDA SABINA CHU ARELLANO: Es madre de la menor agraviada y el acusado es padre de sus dos hijos, lo conoce desde el año mil novecientos noventa y nueve, sí convivió con él seis años en “Nuevo Florencia” en la casa de ella. Un día, la última semana de abril del dos mil catorce, a la hora del almuerzo, notó a su hija triste, pensativa, le preguntó qué le pasaba y ella le dijo que le iba a contar pero que no le diga a su papá, le dijo que él le tocaba sus partes íntimas en la cama, que cuando fueron a la Plaza de Huan- chaquito le quitó su ropa de baño y le metió la mano y cuando se quedaban solos en la casa le hacía lo mismo, le decía que no cuente sino se iría de

la casa. También le dijo que él le ofrecía comprar dulces y yogurt y traerle ropa de Lima. Se fue a la

Comisaría a poner una denuncia, fue un día jueves, al siguiente día que su hija le contó. Estos hechos ocurrieron cuando ellos convivían. Posterior a la denuncia él se ausentó y después llamó por teléfono y le dijo que le pase el teléfono a su hija, ella le respondió que no le iba a pasar porque estaba durmiendo, le dijo que ya no regrese a la casa, luego la llamó diciendo que ya se había enterado que lo denunciaron, pero ya no regresó a la casa. La “panty” de su hija estaba rota y le dijo que su papá la había roto para manosearla. Su hija le dijo que su hermano no le hizo nada, que fue su papá; la niña dormía compartiendo la habitación con su hermano y ella dormía en una habitación contigua. Cuando fue a lavar la “panty” se dio cuenta que estaba rota; no denunció inmediatamente por- que primero conversó con su madre, no tenía problemas con él en ese momento. Sí sabía que él tenía otros hijos y no tuvieron problemas. PERITO GIULIANA ELAINE GUTIERREZ MELENDEZ: Dijo haber evaluado a la menor agraviada S.C.S.CH. se le puso a la vista el protocolo de pericia psicológica N° 006480-2014-PSC, que lo reconoció y dijo que después de entrevistar a la menor concluyó que presentaba:“ clínicamente nivel de conciencia en desarrollo, acorde a su edad cronológica, logra entender su realidad; personalidad en proceso de estructuración; problemas emocionales (sintomatolo- gía ansiosa depresiva) asociados a experiencias de abuso sexual. En cuanto a la di- námica familiar: familia desintegrada y con disfuncionalidad previa; requiere apoyo psicoterapéutico y acompañamiento al proceso. DECLARACION DE LA MENOR AGRAVIADA S.C.S.CH: Dijo que está en segundo año, vive con su mamá, su abuelita y su hermano. Su papá se llama Luis Alberto Rojas, él ya no está en su casa desde el año dos mil catorce, no lo extraña, no siente nada por él. Su papá le hacía daño, le tocaba sus partes íntimas (señala su vagina con su mano). Dijo que la primera vez que su padre le hizo tocamientos indebidos fue cuan- do estaba en el segundo piso y su mamá estaba cocinando; su papá rompió la “panty” con su mano, él quería que ella use falda pero ella no quería. Le contó a su mamá que sólo su papá le ha hecho eso y nadie más, no recuerda cuando le contó a su mamá pero fue en la cocina, en horas de la tarde que estaban comiendo. Dijo que seis veces le tocó su papá y su mamá nunca lo vio. En su colegio va bien, tiene notas altas, ha repetido el año porque se ponía muy mal. DECLARACIÓN DEL ACUSADO LUIS ALBERTO SAENZ ROJAS: Tiene cincuenta y tres años de edad, es conductor de vehículo, antes de ser detenido vivía en “Florencia de Mora” con la señora Gioconda, sus hijos y la mamá de la señora. Por su trabajo se ausentaba quince días, una semana, llegaba solo en la noche y se iba al día siguiente. Era una “convivencia seria”, pero con el tiempo se malogró su relación. Tiene su esposa en Laredo con tres hijos, además tiene hijos mayores en el extranjero. La señora Gioconda sí sabía que tenía otros hijos por ese

lado venían los problemas y amenazas. Con sus hijos se llevaba bien, de maravilla; solo una vez su hija Sovieska le dijo que “Gonzalo” le bajaba su calzoncito y quería jugar al papá y la mamá. Le dijo a la señora que la lleve al doctor, pero nunca la llevó. La niña le dijo que a su mamá la vió con un señor desnuda; fue así como descubrió que ella le era infiel y tuvieron problemas, ella lo celaba, una vez le encontró con semen en su vagina y le reclamó, optó por retirarse de la casa y ella se puso a llorar. Luego que se fue de la casa llamó, ella le contestó toda “brava” que lo iba a denunciar para que se pudra en la cárcel; lo han denunciado por venganza por lo que la ha dejado a ella. PARTE CONSIDERATIVA QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO (Calificación Penal) Calificación legal del hecho cometido.- De acuerdo con los términos de la acusación fiscal el delito cometido por el acusado se encuentra previsto y sanciona- do en el artículo 176-A del Código Penal, en concordancia con el último párrafo del mismo artículo que textualmente establece: “El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo ó tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve años. Si la víctima se encuentra en algunas de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173 ó el acto tiene un carácter degradante ó produce grave daño en la salud, física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”. El bien jurídico tutelado en los delitos contenidos en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal está constituído por la libertad sexual de un hombre ó una mujer; entendiéndose que en el caso de los actos contrarios al pudor se trata de tocamientos que en forma dolosa realiza el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual. Tratándose de menores el bien jurídico protegido no es propiamente la liber- tad sexual sino la indemnidad sexual pues se trata de personas que no están en condiciones de ejercitar libremente su sexualidad, la misma que debe ser respetada y protegida jurídicamente. SEXTO: HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS (Apreciación razonada delos medios de prueba actuados) 1)

Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicial- mente su responsabilidad, dentro de un proceso regular, decisión que debe estar basada en suficiente actividad probatoria de cargo en virtud de la cual

se le pueda considerar responsable más allá de cualquier duda razonable con- forme al literal “e” del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución Políti- ca. El aporte probatorio de la parte acusadora debe ser de tal magnitud que el órgano jurisdiccional quede convencido en forma irrefutable respecto de la responsabilidad penal. 2)

En la audiencia de juzgamiento se han actuado como medios de prueba de cargo, además de las declaraciones de los peritos, los testimonios de la menor agraviada y de su señora madre. En el caso de la testimonial de doña Gioconda Sabina Chu Arellano solamente ha brindado información referencial respecto del hecho central que se imputa al acusado, es decir, la versión que a ella le narró su hija. La narración respecto de la cual el órgano jurisdiccional debe desplegar mayor evaluación y análisis es precisamente la que corresponde a esta menor de iniciales S.C.S.CH. y se debe merituar teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario número 02 del año dos mil cinco.

3)

Con respecto a las declaraciones de los peritos el colegiado las tomará en cuenta y analizará convenientemente en la medida que puedan operar como elementos corroborativos de la prueba central que en procesos de esta naturaleza está constituída por la declaración de la agraviada. En este orden de ideas, corresponde evaluar si la sindicación formulada por la menor reúne los requisitos necesarios para enervar el derecho a la presunción de inocencia que le asiste al acusado Sáenz Rojas de acuerdo con el criterio del mencionado Pleno Jurisdiccional de fecha treinta de Setiembre del año dos mil cinco, en que los señores magistrados de la Sala Penal Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la República establecieron que tratándose de las declara- ciones de una agraviada, aún cuando sea el único testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtuali- dad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza de conformidad con el Acuerdo Plenario número 02- 2005-CJ-116, son las siguientes:

4)

a)

Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es relaciones entre agraviada e imputado resentimientos, enemis- tad u otras que parcialidad de la declaración, que por ende generar certeza.

decir, que no existan basadas en el odio, puedan incidir en la le nieguen aptitud para

b)

Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria; y

c)

Persistencia en la incriminación.

Durante el juzgamiento no se han actuado medios probatorios que acrediten la existencia de incredibilidad subjetiva; es decir de motivos fundados basa-

dos en enemistad ó resentimiento por los cuales la menor agraviada haya sido

capaz de sostener una sindicación falsa en contra de su progenitor. Si bien es cierto el acusado al momento de formular su declaración afirmó que con la madre de la menor tenían una “convivencia seria” y que su relación “se ma- logró” con el tiempo porque ella llegó a tener conocimiento que él tenía otros hijos, se trata de afirmaciones no demostradas durante la audiencia. Además no se ha actuado prueba que acredite fehacientemente que entre el acusado y la madre de la menor hayan surgido desavenencias debido a que ella le fue infiel. Se trata de afirmaciones del acusado respecto de las que no se ha actua- do ninguna prueba. 5)

En cuanto a la verosimilitud del relato brindado por la menor agraviada el juz- gado colegiado debe tener en cuenta que si bien es cierto durante su declara- ción en juicio ella ha efectuado una sindicación directa en contra del acusado su versión debe ser cuidadosamente merituada a efecto de determinar si re- úne esta exigencia relacionada con la coherencia y consistencia que la narra- ción debe exhibir para ser capaz de crear convicción. En este orden de ideas el órgano jurisdiccional colegiado a cargo de expedir la presente sentencia debe considerar que al momento de formular su declaración la menor dijo que su padre le había efectuado tocamientos indebidos “en seis oportunidades” y que su mamá “nunca lo vió”; circunstancia que no se condice con la versión que la misma menor proporcionó a la perito psicóloga Giuliana Gutiérrez Meléndez a quien en la entrevista de fecha veintitrés de mayo del año dos mil catorce le contó que su padre la “paraba manoseando a cada rato” y que su madre “lo perdonó la primera vez y de allí, también lo perdonó, se disculparon y a la tercera vez lo perdonó también”. Debe destacarse que respecto de esta circunstancia la señora Gioconda Sabina Chu Arellano (madre de la agraviada) no ha sido interrogada y además resulta evidente que la menor no ha relatado un hecho cierto al mencionar que su madre “perdonó” hasta en tres oportuni- dades a su padre por los tocamientos indebidos en su agravio. La señora perito refirió que si la menor hizo su narración en esos términos es porque “así lo percibió”; sin embargo, a criterio del órgano jurisdiccional la versión de la menor pierde consistencia y credibilidad al haber sostenido ante la mencionada perito una circunstancia que resulta no solamente inverosímil sino también increíble que incluso involucraría a la señora Gioconda Sabina Chu Arellano como partícipe del hecho delictivo denunciado.

6)

El colegiado también debe verificar si en el caso materia de pronunciamiento existen elementos periféricos que corroboren la imputación de la menor y en este sentido se debe merituar si las declaraciones de la madre o las de los señores peritos constituyen dichos elementos periféricos corroborantes de carácter objetivo en virtud de los cuales la declaración sea idónea para desvir- tuar la presunción de inocencia que asiste al acusado. En este sentido, la declaración de doña Gioconda Sabina Chu Arellano

carece de dicha fuerza corroborativa puesto que la información que dicha testigo ha

proporcionado proviene directamente de la misma menor agraviada, por lo que no reúne esta condición ó requisito fundamental que es el de originarse en una fuente extraña a la propia agraviada. Con el mismo criterio, las decla- raciones de los señores peritos médico y psicóloga tampoco tienen cualidades adecuadas para ser consideradas como prueba periférica. 7)

Durante su alegato final el señor representante del Ministerio Público hizo referencia a los requisitos que establece el Acuerdo Plenario número 022005; sin embargo omitió mencionar cuál sería a su juicio el medio de prueba que de manera periférica corroboraría la imputación de la menor agraviada, por lo que de conformidad con los fundamentos que anteceden, a criterio del órgano jurisdiccional colegiado, en el presente caso los medios de prueba actuados son insuficientes para expedir sentencia condenatoria ya que no concurren los requisitos que exige el mencionado Acuerdo Plenario y por lo tanto carecen de eficacia para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al acusado.

SETIMO: COSTAS: Conforme a lo regulado en el artículo 497 del Código Pro- cesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal o la que resuelva un incidente de ejecución establecerá quien debe soportar las costas del proceso y el órgano jurisdiccional debe pronunciarse de oficio y motivadamente sobre su pago. El inciso tercero del indicado numeral señala que las costas serán de cargo del vencido pero el órgano jurisdiccional puede eximirlo, total o parcialmente, cuando hayan existido razones serias y fundadas para promover o intervenir en el proceso. En el caso que ha sido materia de juzgamiento, no se puede imponer el pago de las costas al representante del Ministerio Público por expreso mandato del artículo 499.1 del Código Procesal Penal. PARTE RESOLUTIVA POR ESTAS CONSIDERACIONES, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo integrado por los Señores Magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro; de conformidad con lo regulado en el artículo 176-A del Código Penal concordante con los artículos 394, 395 y 398 del Código Procesal Penal; y con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú: ABSUELVE a LUIS ALBERTO SAENZ ROJAS de la acusación fiscal como autor de delito de actos contrarios al pudor en agravio de la menor con iniciales S.C.S.CH. y consentida ó ejecutoriada que quede la presente resolución ARCHIVENSE los actuados en el modo y forma de ley inscribiéndose la sentencia en el registro co- rrespondiente, dejándose sin efecto cualquier medida cautelar personal ó real que se hubiese dispuesto en contra del acusado. Sin costas.- - - - - - LOPEZ PATIÑO QUISPE LECCA

LUJAN CASTRO

2.

ASESINATO EXPEDIENTE JUECES

: 04578-2015-19-1601-JR-PE-02 : JORGE LUIS QUISPE LECCA (*)JUAN JULIO LUJAN CASTRO RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO ESPECIALISTA : CESAR ADRIAN HARO MENDEZ IMPUTADO : CHUQUIRUNA MENDOZA, AXEL JAIR ENRIQUE DELITO : ASESINATO DE LUCIO SOLEDAD, LUIS GUILLERMO DELITO : ASESINATO AGRAVIADO : ALFARO QUIROZ, VICTOR ALBERTOSUCESION Resolución número : VEINTISIETE

SENTENCIA Trujillo, diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis Habiéndose llevado a cabo el juzgamiento en acto público ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo integrado por los señores magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro (Director de Debate); correspondiente al proceso seguido contra los acusados AXEL JAIR ENRIQUE CHUQUIRUNA MENDOZA (autor material) y LUIS GUILLERMO DE LUCIO SOLEDAD (instigador) por delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado (con la agravante de lucro) a que se refiere el inciso primero del artículo 108 del Código Penal en agravio de Víctor Alberto Quiroz Alfaro; el mencionado órgano jurisdiccional ha expedido la siguiente SENTENCIA: IDENTIFICACION DEL ACUSADO CHUQUIRUNA MENDOZA: Sexo masculino, con documento nacional de identidad número 47865278, actualmente interno en el establecimiento Penal “El Milagro” de Trujillo, nació el diecisiete de agosto del año mil novecientos noventa y tres en Trujillo, tiene veintidós años de edad, es hijo de Rubén y Patricia, grado de instrucción secundaria completa, estado civil soltero, dice ser estudiante, sin bienes propios y carecer de antecedentes penales. IDENTIFICACION DEL ACUSADO DE LUCIO SOLEDAD: Sexo masculino, con documento nacional de identidad número 46479335, ac- tualmente interno en el establecimiento Penal “Picsi” de Chiclayo, nació el veintiséis de mayo del año mil novecientos ochenta y nueve en Chepén, tiene veintiséis años de edad, es hijo de Luis y Nancy, grado de instrucción secundaria completa, es con- viviente y tiene una hija, trabajaba de mecánico industrial y percibía ciento sesenta soles semanales, sin bienes propios y dice carecer de antecedentes penales.

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PRIMERO: HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE ACUSACION: Conforme a la teoría del caso propuesta por el representante del Ministerio Público, se imputa el acusado Chuquiruna Mendoza haber matado de un disparo a Víctor Al- berto Quiroz Alfaro. Los hechos sucedieron el día dos de julio del año dos mil trece a las 20:00 horas aproximadamente, siendo que el móvil de dicha muerte habría sido por lucro (sicariato) dado que el mencionado imputado habría sido contrata- do por su coacusado Luis Guillermo de Lucio Soledad para victimar al agraviado. Precisa que los hechos han acontecido en los exteriores del local comercial “Comer- cializadora Aníbal Quiroz C.I.A.” de propiedad del occiso cuando éste se retiraba del citado local. El día en que ocurrió el hecho delictivo, se le comunicó a personal de la DEPINCRI-Chepén el ingreso de una persona herida por proyectil de arma de fuego al Hospital de Apoyo de Chepén, verificándose que el herido era Víctor Aníbal Quiroz Alfaro quien según diagnóstico médico presentaba herida por proyectil de arma de fuego en el tórax con entrada y salida; razón por la cual fue derivado al Hospital “Las Mercedes” de Chiclayo. Según las primeras investigaciones que se efectuaron, el autor material del disparo que acabó con la vida del occiso habría sido el acusado Chuquiruna Men- doza quien al ser detenido confesó su responsabilidad y además informó que para ejecutar este delito había sido contratado por su co acusado de Lucio Soledad. En tal sentido el Ministerio Público imputa a Chuquiruna Mendoza como autor mate- rial y a De Lucio Soledad como instigador del homicidio calificado en agravio del occiso Víctor Aníbal Quiroz Alfaro. SEGUNDO: PRETENSION PENAL.- El representante del Ministerio Público sostuvo que los acusados son autores del delito de homicidio calificado previsto en el inciso primero del artículo 108 del Código Penal y consecuentemente solicitó que al acusado Chuquiruna Mendoza (autor material) y a De Lucio Soledad (instigador) se les impongan once y quince años de privación de libertad respectivamente para cada uno TERCERO: PRETENSION CIVIL.- El señor abogado de la parte agraviada, cons- tituída como actor civil, solicitó que por concepto de reparación civil se imponga a los acusados la obligación de pagar solidariamente la suma de S/. 300,000.00.- (trescientos mil soles) a favor de los herederos legales del occiso. CUARTO: PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO DE LUCIO SOLEDAD.- El señor abogado del acusado De Lucio Soledad expuso su alegato prelimi- nar indicando que la imputación no será probada pues su defendido no contrató ni conoce al autor material del delito. Su patrocinado fue persuadido para propor- cionar información que conocía porque Chepén es un pueblo chico, a él también se lo habían comentado. Finalmente dijo que contra su defendido solamente existe la declaración de su coacusado.

PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO CHUQUIRUNA MENDOZA.- El señor abogado del acusado Chuquiruna Mendoza expuso su alegato preli- minar indicando que su defendido acepta los cargos pero no está de acuerdo con el monto de la reparación civil ya que no cuenta con recursos económicos. DERECHOS Y ADMISION DE CARGOS. De conformidad con el Art. 372 del Código Procesal Penal, después de haber instruído de sus derechos a los acusados se les preguntó si admitían ser autores del delito de homicidio calificado y respon- sables del pago de la reparación civil; ante lo cual previa consulta con sus respec- tivos abogados defensores, el acusado De Lucio Soledad contestó negativamente, por lo que se continuó con el desarrollo de la audiencia de juzgamiento. ACTUACION PROBATORIA EN JUICIO ORAL Se consignan a continuación las actuaciones probatorias realizadas durante la audiencia de juzgamiento destacando los aspectos más relevantes de las mismas, en base a los cuales se ha formado la convicción del órgano jurisdiccional: ACUSADO CHUQUIRUNA MENDOZA: Dijo que sí conoce a su co acusado De Lucio Soledad, desde el día que ocurrieron los hechos; un conocido “Pirula” conocía a un tal “Coche”, este último estaba vinculado al mundo delictivo. “Pirula” lo conectó con “coche” para hacer un “trabajo” en el valle. “Pirula” le presentó a “co- che” éste último le conversó sobre el “trabajo” que era como un amedrentamiento ó extorsión. Le iban a pagar S/.5,000.00.- luego llega a contactarse con De Lucio, “coche” le dio su número. De Lucio lo resultó llamando, y le conversó sobre el “tra- bajo”; viajó y él lo recibió en el terminal de Chepén, le conversó sobre el “trabajo” que era un amedrentamiento y que le iba a pagar, lo llevó a almorzar y luego lo llevaría a enseñarle el lugar que era una tienda; luego lo llevo a que deje sus cosas. En la noche le dio las características de la persona (occiso). Se le puso a la vista su declaración anterior, reconoció su firma. En la pregun- ta cuatro dijo que “Pirula” le habló sobre un “quiebre” y que él le proporcionó el arma de fuego, el mototaxista se la entregó pero fue enviado por De Lucio. De Lucio lo llamó diciendo que le iba a enviar el arma con el chofer y que él le iba a dar las características del occiso y el mismo lo iba a “sacar” del lugar. El taxista lo llevó, el “marcó” la zona, entró incluso a la tienda, no lo vió; al occiso lo vio cuando cerraban el negocio, lo estaban esperando dentro de la moto. El mototaxista le indicó quien era el agraviado. En el negocio había un “guachimán”. Cuando el agraviado salió se acercó a él (el mototaxista le dijo él es) el señor se percató y se acercó como si supiera que iba a atentar contra él, el señor lo cogió del brazo izquierdo, forcejearon y se produjo el disparo, luego del disparo el señor lo soltó, él corrió y el señor lo

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siguió pero logró escapar. El mototaxista lo llevó a una casa humilde, allí lo dejo, se puso a llamar a De Lucio para que alguien venga a recogerlo. De Lucio vino, le hizo cambiar de polo,

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lo llevó al paradero y le entregó el arma. De Lucio le dió sólo quinientos soles; tuvo un intercambio de palabras con él porque su intención no era herir a la persona y se lo dijo a De Lucio. Al único que conoce en Chepén es a De Lucio, “Coche” se lo presentó. De Lucio le dijo que viaje a Chepén y viajó al siguiente día, le dio las indicaciones, él lo espe- raba en una mototaxi. Cuando fueron a comer le dió seiscientos soles pero habían quedado que le pagaría cinco mil. De Lucio dijo que los seiscientos eran sólo para viáticos, comieron y lo dejó en el hotel pero estaban en constante comunicación. A las 6:00 p.m. vino a recogerlo, salieron, lo llevó a un lugar donde estaban jugando casino y le indicó que mate a una persona (le dijo como estaba vestido) era un se- ñor de promedio cuarenta años pero después le dijo que mejor no porque estaba con sus guardespaldas. Luego lo llevó a una plazuela y de allí a una discoteca, eran como las 7:00 p.m. Allí lo dejó con unos amigos que se los presentó; se fue y le dijo que espere su llamada. A los veinte minutos volvió a llamarlo y le dijo que iba a matar a otra persona, no le dijo a quién y lo llevó al lugar donde iban a cometer el hecho, era frente a una “plazuelita”; le indicó el local y se fue. Se quedó con el mo- totaxista. Entró al local y no lo vió al señor que tenía que matar, salió y se regresó en la moto. No pudo matarlo, la pistola se la dio De Lucio en el hotel. Lo esperó una media hora, vio que cerraron la puerta, esperó que salgan los trabajadores; el señor salió al último. El mototaxista le dijo “ él es”; se acercó hacia él hasta unos tres metros y el señor se dio cuenta y se acercó, allí le hizo un disparo, corrió a la moto y fugaron. El mototaxista lo dejó fuera de una casa (con el arma) y se fue. Lo llamó a De Lucio, se metió en la mototaxi que estaba estacionada. Cuan- do De Lucio contestó le dijo que estaba yendo para allá. Se le puso a la vista su declaración de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, reconoció su firma. Dijo que en esa oportunidad dijo que De Lucio le pagaría menos porque sólo era para que lo “asuste” al agraviado pero la verdad es que quería matarlo. De Lucio es alto, cabello corto, blanco, tiene un tatuaje en el brazo. Se le hizo saber que en su anterior declaración dijo que De Lucio lo llevó a su casa pero eso es falso ya que De Lucio le dio el arma en el hotel, no es cierto que se la dio el chofer de la moto. Dijo que se regresó solo al paradero luego de discutir en la casa de De Lucio DECLARACIÓN DE KARLA LILIANA MORI YENQUE: El occiso fue su esposo, eran casados. El dos de julio del año dos mil trece eran como las 5:00 p.m. Se esposo la llamó y le dijo que vaya con su hija a la tienda. A las 6:30 llegó y se puso a conversar con una empleada de nombre Julia, ella le contaba lo que hacía su es- poso, se subió al carro ella le comenzó a contar. A eso de las 8:00 pm escuchó un cohete y un silbo de su esposo, bajó del carro, él venía corriendo, también vio un chico de talla mediana. Esa mañana él llegó a las 11:00 a la casa, se sentó en el baño, le dijo que estaba molesto porque en el banco se encontró con De Lucio, “Culebra”

y “Marvin” que lo amenazaban para que deje los terrenos. De Lucio es conocido como un bandido que andaba en cosas malas. De Lucio fue el que lo incentivó a su esposo a comprar el terreno. El llegó a pedir trabajo a su esposo, trabajó dos o tres meses haciendo “mandados”. Reconoció las vistas fotográficas del terreno, no sabe quién lo tiene en posesión actualmente pero sí sabe que a De Lucio lo capturaron allí con un arma de fuego porque lo estaba enseñando para venderlo. Sí entregó unos documentos a la policía que los encontró en la caja fuerte de la empresa, entre esos documentos había una fotocopia del DNI de De Lucio; también encontró unos vouchers de dinero que su esposo le depositó a De Lucio y a Alfonso Chumacero por intermedio de “Western Union”. Su esposo le dijo que el terreno lo adquirió hace bastante tiempo, tenía un cer- tificado de posesión. En los días previos también le contó que tuvo otros incidentes con De Lucio y otro sujeto, que lo amenazaron para que lo “suelte” el terreno. A veces llegaba de Lucio con otras personas al negocio y le pedían plata a su esposo, él les daba. Su empresa tenía un ingreso mensual de doscientos o trescientos mil soles. A Alfonso Chumacero lo criaron desde chiquito, llegó a su casa a los doce años, lo criaron en su casa, él le dijo que a “Don Beto” (su esposo) lo paraba amenazando un tal “Yoki”. No sabe si otras personas hayan amenazado a su esposo. Se le hizo reconocer su declaración previa en la que dijo que por el momento no sabe quién ni porqué atentaron contra su esposo, incluso mencionó un posible romance que su esposo tenía con la esposa de un amigo y una aventura que tiene con una chica de Chiclayo. Dijo que eso le contaron como chismes pero nunca lo comprobó. En la pregunta número cinco dijo que hace años “Yoki” De Lucio traba- jaba como seguridad del terreno pero que realmente no fue seguridad. DECLARACIÓN DE MARCO RAFAEL RODRIGO VERASTEGUI: Es de Chepén, vive allí, siempre ha vivido allí. Si conoció al occiso, fue contador de las empresas y él las administraba, estaban al día, generaban ganancias, era una empresa exitosa, una sociedad familiar conformada por tres hermanos y la mamá. El occiso percibía un sueldo en planilla; su esposa se llama Karla Mori, tenían una hija de ocho años. El día de los hechos estaban en una reunión laboral, eran como las 8:00 p.m. aproximadamente. Los hechos pasaron a los cinco ó seis minutos que él se retiró. Se regresó y vio que el occiso venía, lo auxilió. El occiso no le dijo nada. La empresa no había comprado terrenos, no sabe si él personalmente había comprado terrenos. El agraviado nunca le dijo que haya tenido problemas con De Lucio por deudas, terrenos o amenazas. Con el occiso solo tuvieron vínculo laboral, la empre- sa si tuvo un juicio por despido arbitrario con un ex trabajador “Rojas”. A De Lucio lo veía esporádicamente, iba a la tienda pero no sabe para

qué.

DECLARACIÓN DE RUBEN VARGAS CABANILLAS: Es el más antiguo tra- bajador de la empresa “Productos Lucero”; eran socios el señor Quiroz Alfaro con sus hermanos. El finado estaba a cargo de la empresa y de otra más. Esa empresa fabricaba tintes, vendían a nivel nacional. El día y hora de los hechos él estaba en su domicilio. No sabe si el occiso tenía terreno para destinarlos a la agricultura. Si lo veía a De Lucio llegar esporádicamente al negocio del finado, nunca los vió discu- tir. Sí conoce a Alfonso Chumacero, trabajador de la “comercializadora” no sabe sí tenía amistad con el finado, sí conoce el Cerro Prieto pero no sabe si allí se vendían terrenos, sí dio una declaración anterior, se la pusieron a la vista; reconoció su fir- ma en todas las páginas. Leyó la pregunta nueve y en su respuesta dijo que escuchó “por versiones de algunas gentes” que el señor sí tenía terrenos en el “Cerro Prieto” pero no escuchó si tenía problemas con alguna gente por esos terrenos. En la pregunta diez dijo que una persona alta y delgada iba a la tienda a cobrarle por los trabajos que hacía en sus terrenos, era alto, delgado, medio moreno. La gente decía que al señor lo mataron por un problema de terrenos. Cuando se retiró a su casa pasó por la “esquina de la cuchilla”, pero no lo vió a De Lucio. El finado no contrató personal de seguridad pero en la tienda si tenía un vigilante. DECLARACIÓN DE ASUNCION RIOS ESQUEN: Vive en Mocupe, fue presi- dente de la Comunidad Campesina; muy poco va a Chepén, no lo conoció al occiso ni sabe a qué se dedicaba. De Lucio llegó a su taller de carpintería en una oportuni- dad, dijo que el señor Quiroz tenía un área de terreno en una pampa en Mocupe y que le diera dinero S/.100.00.- para poner gente porque esos terrenos le pertene- cían. El Sr. Quiroz había solicitado ciento diez hectáreas de terreno, esto le dijo De Lucio pero que él los estaba administrando. De Lucio le dijo “volveré” amenazante, estaba con dos personas que se quedaron en la puerta del taller y en la calle es- perando. El le respondió que ya no era Presidente de la Comunidad y que eso lo solucione con el actual Presidente. En el año 1,996 le incendiaron su local y su documentación; desconoce si se adulteró la posesión a nombre de otra persona pero sí sabe que apareció otro documento por 400 hectáreas a favor del Sr. Quiroz; no vio el documento pero un comunero le contó y le hizo llegar por medio de la comunidad, el no entregó el documento, le falsificaron su firma y lo denunció. ACUSADO LUIS GUILLERMO DE LUCIO SOLEDAD: Ha vivido en Chepén los últimos quince años, con su esposa y su abuelo. Se ha dedicado a varios trabajos y seis años como seguridad del Sr. Víctor Quiroz Alfaro. Al occiso lo conoció por medio de su tío Segundo Barrios Soledad. Sí conoce a la señora Karla Liliana Mori, es esposa del Sr. Quiroz, trabajó seis años con él y le pagaban quinientos soles semanales, también le ayudaba a hacer compras en su tienda y en seguridad de su terreno, viajaban a distintos lugares con distintas chicas que salían con él. Él le dijo en varias oportunidades que recibía amenazas de muerte.

Cuidaba su terreno

en “Pampa de la Sandía”, pusieron cerca de plantines. Acompañó al occiso a ver a Ruperto Valdez (Presidente de la Comunidad Campesina) y al Sr. Ríos Esquén. En una oportunidad fue a ver solo al Sr. Ríos Esquén porque el finado le envió a pedir apoyo pues una señora lo estaba invadiendo. En una oportunidad le entregó nueve mil soles al Sr. Asunción para que retire una denuncia en contra del occiso. Sí lo detuvieron en la “Pampa de la Sandía” lo acusaron de tenencia ilegal de arma de fuego por cuyo caso fue absuelto. El dos de julio en la tarde estuvo con sus familiares, y también con el occiso y lo llamó el finado para que recoja unos documentos de la Notaría “Merino” tenía buena rela- ción con él. Cuando se enteró del hecho delictivo estaba en la casa de su abuelo. En una declaración dijo que no sabía sobre las circunstancias de la muerte. En una segunda declaración dijo que sí sabía y suministró los pormenores y el nombre del sicario. En su segunda declaración se sintió más protegido porque se comunicó con un grupo de policías que vinieron de Trujillo y por el doctor William Rabanal. El Doctor le dijo que le brinde información sobre la banda “Los ángeles negros” En su declaración previa del nueve de agosto del año dos mil trece dijo que estaba en frente de la tienda y vió el hecho. Dijo eso porque el Dr. Rabanal le pidió que declare así, que lo apoyó en este caso. Nunca amenazó al Sr. Quiroz Alfaro. Eran amigos. Después del crimen lo vio a Chuquiruna en una discoteca con un tal “Piru” unos catorce días después de la muerte del Señor Quiroz. A Axel Chuquiruna siempre lo veía que paraba con “Piru” en Chepén. ORALIZACION DE DOCUMENTOS: Se procedió a oralizar los medios probatorios documentales ofrecidos por las partes, resaltando cada una a su turno el significado probatorio que consideró útil para su teoría del caso. QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO.- (Calificación penal) De acuerdo con los términos de la acusación fiscal el delito cometido por los acusados se encuentra previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 108 del Código Penal que textualmente establece: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1)

Por ferocidad, por lucro ó por placer;

2)

Para facilitar u ocultar otro delito;

3)

con gran crueldad ó alevosía;

4)

Por fuego, explosión, veneno ó por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida ó salud de otras personas;

5)

Si la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú ó de las Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial ó del Ministerio Público, en el cumplimiento de sus funciones.” ; verificándose que se trata de un tipo

penal que protege el bien jurídico vida humana en forma especial pues- to que ha previsto una pena de mayor gravedad (respecto del delito de homicidio simple) para aquél que en forma consciente atente contra la vida de un ser humano y concurra cualquiera de las hipótesis fácticas previstas en los cinco incisos del mencionado numeral. El bien jurídico tutelado en este tipo penal es la vida humana, agravándose la penalidad en atención a la verificación de alguna de las circunstancias establecidas en la norma, en el caso, la agravante que el Ministerio Público invoca es la de lucro. SEXTO: HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS (Apreciación razonada de los medios de prueba actuados) 1)

La audiencia de juzgamiento se ha llevado a cabo con todas las garantías pro- pias del nuevo ordenamiento procesal penal. Se han recibido las declaracio- nes de los diferentes testigos que han ofrecido las partes, así como también de los señores peritos, y teniendo en cuenta que son dos las personas acusadas por este delito el colegiado debe pronunciarse separadamente a fin de deter- minar su responsabilidad penal en cada caso.

2)

Conforme al literal “e” del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución Política toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Dicha declaración de responsabilidad debe producirse dentro de un proceso regular, decisión que debe estar basada en suficiente actividad probatoria de cargo en virtud de la cual se le pueda con- siderar responsable más allá de cualquier duda razonable. En este sentido el aporte probatorio de la parte acusadora debe ser de tal magnitud que el órga- no jurisdiccional quede convencido de manera absoluta y en forma irrefutable respecto de la responsabilidad penal. En el caso materia de la presente sentencia, la materialidad de los hechos que constituyen el delito de homicidio ha sido acreditada fehacientemente pues si bien es cierto el señor perito médico legista José Ricardo Haro Varas no ha rendido declaración en juicio, las partes arribaron a una convención proba- toria respecto del contenido del Informe Pericial de Necropsia suscrito por dicho perito, esto es, se dio como un hecho acreditado la conclusión de dicho documento en el sentido que el occiso Víctor Alberto Quiroz Alfaro falleció el día dos de julio del año dos mil trece por shock cardiogénico y taponamiento cardiaco por laceración cardiovascular como consecuencia de traumatismo toracoabdominal perforante por proyectil de arma de fuego.

3)

Para determinar si al acusado Axel Chuquiruna Mendoza le alcanza responsabilidad penal por el delito que se le imputa se debe tener en cuenta que este acusado ha sido incriminado por el Ministerio Público como autor directo

del disparo que acabó con la vida del occiso Quiroz Alfaro, imputación que

ha sido admitida desde un primer momento por el mencionado Chuquiruna Mendoza quien al momento de rendir su declaración en juicio, de manera voluntaria y espontánea, en presencia de su abogado defensor y no obstante haber sido advertido de su derecho a guardar silencio, no solamente admitió su responsabilidad sino que también relató detalladamente las circunstancias en que cometió el homicidio en agravio del occiso Quiroz Alfaro, debiendo re- saltarse que la declaración del mencionado acusado se prolongó y fue necesa- rio llevarla a cabo en dos sesiones de audiencia y en ambas el acusado reiteró espontáneamente su aceptación de responsabilidad respecto del delito que se le imputa. De lo expuesto se infiere entonces que la aceptación de responsabilidad que ha efectuado el acusado Chuquiruna Mendoza no solamente la ha formulado al momento de brindar su declaración sino a lo largo de todas las oportuni- dades en que ha debido hacer uso de la palabra e incluso en su autodefensa material no sólo reiteró su autosindicación sino también pidió disculpas a los familiares del occiso agraviado por el atentado contra su vida. 4)

El órgano jurisdiccional colegiado debe destacar sin embargo que el reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado Chuquiruna Mendoza por sí solo no es el único elemento de prueba que se está teniendo en cuenta para alcanzar el grado de convicción necesario a fin de expedir sentencia condena- toria sino que en el caso específico también se cuenta con el “acta de recons- trucción de hechos del delito” documental que corre en el expediente judicial y que corresponde a la diligencia realizada con fecha veintiocho de agosto del año dos mil trece en la cual el acusado Chuquiruna, en compañía de su aboga- do defensor, se constituyó en la Plazuela “Bolognesi” de la ciudad de Chepén, a la altura de la tienda comercial “Aníbal Quiroz & Cia.” y en presencia del señor representante del Ministerio Público procedió a describir de manera detallada las circunstancias en que se produjo el homicidio en agravio del occiso.

5)

De lo expuesto precedentemente se puede concluir que la participación del acusado Axel Chuquiruna Mendoza en los hechos materia de juzgamiento es admitida por el propio acusado y se encuentra plenamente corroborada con el mérito del acta de reconstrucción de hechos descrita en el numeral que an- tecede. En este orden de ideas el colegiado puede concluir que el Ministerio Público ha cumplido con aportar medios de prueba suficientes y que la pre- sunción de inocencia que asistía al mencionado acusado se ha desvanecido, por lo tanto se puede expedir contra él sentencia condenatoria.

6)

El Ministerio Público también ha formulado acusación contra Luis Guillermo de Lucio Soledad imputándole la comisión del delito de homicidio con la agra- vante de lucro a que se refiere el inciso primero del artículo 108 del Código Penal. Sostuvo el representante fiscal que este acusado tendría la

condición

de instigador y que su participación en el delito ha consistido en contactar y contratar al autor material (confeso Chuquiruna Mendoza) y brindarle las facilidades para que se traslade a la ciudad de Chepén y ejecute el delito. El acusado de Lucio Soledad ha negado su participación en los hechos y según sostuvo su abogado defensor ni siquiera conoce a su coacusado Chuquiruna Mendoza cuya declaración es la única que lo vincula como autor del delito de homicidio. 7)

El colegiado a cargo del juzgamiento debe examinar la prueba actuada con la finalidad de determinar si es idónea para destruir la presunción de inocencia que asiste al acusado de Lucio Soledad quien niega su participación en los hechos; sin embargo el acusado Chuquiruna Mendoza al momento de rendir su declaración brindó información detallada que lo incrimina pues éste último narró que sí conoce a de Lucio y que fueron unos individuos conocidos como “coche” y “pirula” quienes lo contactaron con de Lucio para que haga un “tra- bajo” en el valle por lo que iba a recibir cinco mil soles. Este acusado dijo que de Lucio lo llamó por teléfono y le conversó sobre ese “trabajo”, luego viajó a Chepén en donde lo recibió el propio de Lucio, lo llevó a almorzar, le enseñó el lugar en donde se iba a ejecutar el crimen y le entregó el arma de fuego, indi- cándole también las características del agraviado. Luego de cometido el asesi- nato (según la versión de Chuquiruna) un mototaxista lo llevó hasta una casa humilde en donde se quedó y al rato llegó de Lucio para llevarlo al paradero, le devolvió el arma y de Lucio le entregó quinientos soles por lo que tuvieron una discusión ya que esa no era la suma pactada.

8)

A fin de que sea idónea para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al acusado de Lucio Soledad la versión incriminatoria que ha brindado Chu- quiruna Mendoza debe ser analizada bajo las reglas del Acuerdo Plenario nú- mero 02-2005 ya que se trata de la única testimonial que lo incrimina frontal- mente y por lo tanto resulta imprescindible que concurran todos los requisi- tos que establece este Acuerdo Plenario de fecha treinta de setiembre del año dos mil cinco, en que los señores magistrados de la Sala Penal Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la República establecieron que tratán- dose de la declaración de un coimputado deben valorarse especialmente las siguientes circunstancias: a)

Desde la perspectiva subjetiva la personalidad del imputado y sus relaciones con el afectado por su testimonio así como también las posibles motivaciones de su delación, que estas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales. Igualmente se señala que se debe tener cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad.

b)

Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato esté mínimamente corroborado con otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato ó circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminatorio.

c)

Finalmente, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coim- putado y, de ser el caso, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso; sin embargo ha de tenerse en cuenta que el cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su aprecia- ción judicial, pudiendo el juzgador optar por la que considere adecuada en la medida que el conjunto de sus declaraciones haya sido sometido a debate y análisis.

d)

9) En este orden de ideas, en cuanto a la personalidad del acusado Chuquiruna Mendoza se ha de tener en consideración que se trata de un sujeto que ha demostrado un especial desprecio por la vida humana, siendo capaz de asesinar por encargo y con la promesa de recibir una compensación económica, lo que comúnmente se denomina un “sica- rio”. Esto no significa que se pueda desestimar su declaración por este solo motivo sino que deben analizarse concurrentemente los otros re- quisitos ó parámetros que establece el Acuerdo Plenario en mención y para el colegiado a cargo del juzgamiento es evidente la motivación del acusado Chuquiruna Mendoza para delatar a su coacusado ya que ha tenido conversaciones con el Ministerio Público con miras a llegar a una conclusión anticipada que si bien es cierto no se concretó fue debido a que no se pusieron de acuerdo finalmente en cuanto al monto de la reparación civil.

10) El mencionado Acuerdo Plenario 02-2005 exige también, desde una perspectiva objetiva que el relato esté mínimamente corroborado con otras acreditaciones indiciarias que consoliden su contenido incriminatorio. La narración del acusado Chuquiruna Mendoza carece por completo de este tipo de corro- boraciones. Durante su alegato final el representante del Ministerio Público sostuvo que estos indicios corroborativos estarían constituidos en primer lu- gar por la declaración testimonial de doña Karla Mori Yenque (viuda del occi- so) quien sostuvo que su esposo le había referido que fue víctima de amenaza por parte del mismo de Lucio en horas de la mañana del mismo día en que fue victimado. Igualmente, precisó el señor Fiscal que según el testigo Alfonso Dany Chumacero García el occiso también estaba siendo víctima de amenazas por parte del acusado de Lucio. Finalmente, el representante fiscal sostuvo que en otro proceso penal se había recibido la declaración de un testigo con identidad protegida (100-2014) quien sindicaba al acusado de Lucio como au- tor del homicidio en agravio de Víctor Aníbal Quiroz Alfaro.

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11) Se recibió la declaración testimonial de doña Karla Mori Yenque, esposa del occiso, sin embargo esta testigo no ha podido aportar información relevante que coadyuve a acreditar la imputación en contra del acusado. Esta testigo dijo que cuando estaba en la puerta del negocio de su esposo conversando con una empleada de su completa confianza, escuchó un “cohete” y un silbo de su esposo; sin embargo no ha podido reconocer al acusado de Lucio ni pre- cisar que al momento de ejecutar el delito el acusado haya estado en el lugar de los hechos ó en las cercanías. De otro lado, con respecto a la declaración del testigo Chumacero García se trata de un medio de prueba que fue ofrecido como declaración testimonial a ser ac- tuada durante la audiencia de juzgamiento; sin embargo no concurrió a rendir declaración. El representante del Ministerio Público solicitó que se oralice lo que no se pudo amparar debido a que la declaración no fue obtenida en forma que asegure la vigencia del principio de contradicción. 12) En cuanto a la declaración del testigo con identidad protegida que fue oralizada por el representante del Ministerio Público se debe tener en cuenta que este testigo no fue ofrecido para que declare en forma personal ante el órgano jurisdiccional encargado del juzgamiento sino que el representante fiscal se ha limitado a ofrecer el acta que contiene dicha declaración que además ha sido tomada con motivo de otra investigación, tal como el propio señor fiscal lo señaló en su alegato de clausura. Se trata en estricto de lo que en doctri- na se conoce como “prueba trasladada” y que en el nuevo código procesal penal del año dos mil cuatro no ha sido regulada de manera expresa. “La prueba trasladada es una fórmula que importa el desplazamiento material de las pruebas practicadas válidamente en un proceso a otro, cualquiera que sea el medio utilizado, llámese declaración de parte, testimonio de terceros, dictamen de peritos, inspección judicial, documentos, etc. En otras palabras, se entiende por prueba trasladada a aquella que se lleva a un proceso transponiéndola o traspasándola de otro simultáneo o anterior, de manera tal que servirá para constituir prueba en uno distinto de aquel que se dictó”. (Tomado del artículo “Precisiones sobre la posibilidad de aplicar la prueba trasladada en el proceso penal” en “GACETA PENAL & Procesal Penal”; Tomo 77 / Noviembre 2,015; p.p 248-249. 13) El Tribunal Constitucional peruano, en su sentencia con motivo del expedien- te 00012-2008-PI/TC de fecha catorce de julio del año dos mil diez ha esta- blecido las reglas para el tratamiento de la denominada “prueba trasladada” prevista en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales que son las siguientes: i) en principio, la sentencia de un proceso penal puede ser utili- zada en cualquier otro proceso, pero ello no la convierte en prueba plena; ii) los hechos acreditados en esa sentencia lo están en relación a los condena-

dos; iii) si un tercero es juzgado por los mismos hechos, puede cuestionar no solo si tales hechos han ocurrido, sino también cuestionar su participación en ellos; iv) el medio probatorio debe ser incorporado al proceso, de modo que se afiancen las garantías procesales penales establecidas en la Constitución, entre ellas la relacionada con los derechos de contradicción y defensa; y v) además, en relación a la valoración de la precitada sentencia, los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados con criterio de conciencia, esto es, que su valor probatorio depende de la evaluación que el juez realice de todos los actuados en el proceso. 14) En su alegato final el representante del Ministerio Público sostuvo que en el expediente 169-2014 la Sala Penal Nacional le ha brindado credibilidad a la declaración del testigo 100-2014 y en base a ella han dictado mandatos de pri- sión preventiva contra integrantes de la organización delictiva “Los Malditos del Triunfo” sin embargo, no se está teniendo en cuenta que en el presente proceso penal los integrantes del órgano jurisdiccional colegiado no se van a pronunciar respecto de una medida cautelar sino respecto de una acusación y pedido de pena en contra de los acusados lo que exige un cien por ciento de convencimiento a diferencia de una medida cautelar que únicamente exige elementos de convicción graves y fundados. En este sentido, no es posible im- poner sentencia condenatoria en base a la simple oralización de una declara- ción de un testigo cuya identidad es desconocida por la defensa del acusado. La declaración del testigo con identidad protegida oralizada en audiencia no reúne los requisitos precedentemente señalados y por lo tanto no se puede considerar que reúna las condiciones que el Tribunal Constitucional ha seña- lado debe cumplir para que tenga la condición de prueba trasladada. 15) En cuanto a la coherencia y solidez que debe tener el relato del coimputado se debe resaltar que la declaración que ha brindado el acusado Chuquiruna Mendoza, si bien es cierto incrimina persistentemente a de Lucio Soledad ex- hibe ciertas inconsistencias que a criterio del colegiado la hacen inidónea para sustentar con ella una sentencia condenatoria. Al momento de narrar los he- chos ha incurrido en contradicciones puntuales como por ejemplo respecto al lugar en donde se hospedó cuando llegó a la ciudad de Chepén, el monto que le iba a pagar de Lucio para cometer el delito, la identidad de la persona que le entregó el arma de fuego que iba a utilizar, la naturaleza de lo que él denominó el “trabajo” que le estaban solicitando realizar en Chepén, pues en un primer momento trató de hacer creer que se trataba de un simple amedrentamien- to pero ante el contrainterrogatorio del representante del Ministerio Público admitió finalmente que se trataba de un homicidio (“quiebre”) de lo cual se concluye que no constituye un relato capaz de producir convicción plena de responsabilidad respecto al acusado de Lucio Soledad.

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16) Durante la audiencia de juzgamiento también se han escuchado las declaraciones de otros testigos ofrecidos por el Ministerio Público como por ejemplo de Marco Rodrigo Verástegui, Rubén Vargas Cabanillas y Asunción Ríos Es- quén que a criterio del órgano jurisdiccional no han aportado información re- levante con respecto a la responsabilidad que se atribuye al acusado de Lucio Soledad y con la cual la fiscalía ha tratado de acreditar el móvil del asesinato, es decir el deseo de éste acusado de “apropiarse” de un terreno eriazo ubicado en lo que se denomina la “pampa de las sandías” cuya existencia no ha sido acreditada documentalmente pero que la defensa no la ha negado. Al respecto el colegiado debe precisar que durante la audiencia no se ha intro- ducido ni oralizado, ni siquiera se ha hecho mención de que el occiso Quiroz Alfaro haya ostentado la condición de propietario, es decir titular registral, de dicho terreno y que el acusado de Lucio haya podido beneficiarse hereditaria- mente con la desaparición física del occiso, pues en todo caso los herederos forzosos serían su esposa e hijos. En el caso específico se trataba de una ex- tensa área de terreno respecto de la cual no se ha demostrado que el occiso haya estado en posesión efectiva (estando al mérito de las vistas fotográficas que corren en el expediente judicial) es decir desarrollado una intensa acti- vidad agropecuaria que justifique tenerlo como poseedor del predio y por lo tanto, si el acusado de Lucio hubiese tenido la intención de apoderarse de ese terreno lo hubiese podido hacer tomando posesión del mismo y sin eliminar físicamente al occiso. En todo caso, no se puede perder de vista que el testigo Ríos Esquén al momento de rendir su declaración dijo que respecto de esos terrenos se produjo una controversia en cuanto a la titularidad de la posesión ya que “apareció” otro documento por cuatrocientas hectáreas a favor del occiso y que en ese documento le falsificaron su firma, lo que evidencia que el señor Quiroz podría haber tenido disputas con otras personas respecto de la posesión documental reconocida por la Comunidad Campesina. 17) De otro lado, al momento de formular su alegato final el señor abogado defensor del acusado De Lucio Soledad refirió que existen numerosos contraindicios que abonan en contra de la tesis incriminatoria como por ejemplo la declaración de la señora Karla Mori Yenque quien en su primera declaración tomada a pocos días del fallecimiento de su esposo dijo que creía que el móvil del asesinato podría ser por problemas de deudas ó relaciones extramatrimo- niales de su esposo pero no imputó a su defendido. Efectivamente, a la au- diencia de juzgamiento concurrió la mencionada señora y en ningún momento negó haber declarado en tales términos, sin embargo, explicó que eso lo dijo porque se lo habían contado y que realmente se trataba de rumores y chismes sin embargo en esa oportunidad no narró que el mismo día del asesinato del señor Quiroz Alfaro su ex trabajador de Lucio Soledad lo había amenazado de muerte en el Banco.

SETIMO: DETERMINACION DE LA PENA.- Con la finalidad de determinar técnicamente la intensidad de la sanción que se debe imponer al acusado Chu- quiruna Mendoza en cuanto a su modo de ejecución y extensión se debe tener en cuenta y apreciar los distintos factores objetivos y subjetivos presentes en el caso, para determinar la gravedad del delito (antijuricidad del hecho) así como también el grado de responsabilidad del autor (culpabilidad). El artículo 108 del Código Penal en el que se subsume la conducta cometida por el acusado establece una pena abstracta no menor de quince años de privación de libertad; sin embargo, la extensión concreta de la pena a imponerse al acusado debe ser fijada entre estos dos límites punitivos (mínimo y máximo) que establece el citado artículo, proceso dentro del cual el órgano jurisdiccional se encuentra sometido a los principios constitucionales de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad. Del mismo modo, para la determinación judicial de la pena se debe tener en consideración los criterios contenidos en el artículo 45, así como también las circunstancias modificativas de la responsabilidad previstas en los artículos 46, 46A y 46-B del Código Penal. Habiendo determinado la pena básica con la que se sanciona en abstracto el delito cometido por el acusado al órgano jurisdiccional le corresponde identificar la pena concreta que se le debe imponer en base a las circunstancias relevantes presentes en el caso y en este sentido debe valorarse especialmente la confesión que desde un primer momento ha efectuado el acusado admitiendo su responsabi- lidad y que incluso en base a ello se produjo un intento de arribar a una conclusión anticipada que no se concretó por discrepancia en cuanto al monto de la repara- ción civil sin embargo el Ministerio Público manifestó su conformidad para que al acusado se le impongan nueve años de privación de libertad lo que el colegiado encuentra que a pesar de estar por debajo del mínimo legal tiene sustento legal por tanto se trata de una circunstancia de atenuación que lo justifica. OCTAVO: DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL.- De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien (o si esto no es posible el pago de su valor) y la indemnización de los daños y perjuicios. Para establecer el monto de la reparación civil se debe tener en cuenta el daño causado. En este sentido, el daño puede ser patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimonial (daño a la persona y daño moral). Por daño emergente se entiende la pérdida patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir. El daño a la persona se configura cuando se causa lesión a la integridad física o se le produce menoscabo en su aspecto psicológico o en su proyecto de

vida,

mientras que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima, lo que le produce un gran dolor y aflicción. En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este caso, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta que el bien jurídico contra el que se ha atentado se encuentra en la escala máxima de valoración y exige una especial protección por su naturaleza y elevada jerarquía debiendo el colegiado establecer prudencialmente una suma que satisfaga la pretensión civil ejercitada. NOVENO: COSTAS.- De conformidad con lo regulado en el artículo 497.1 del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas, estableciéndose también que cuando el acusado sea hallado culpable se le impondrá el pago de costas. PARTE RESOLUTIVA : POR ESTAS CONSIDERACIONES el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo integrado por los señores magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro, de conformidad con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú, ABSUELVE a LUIS GUILLERMO DE LUCIO SOLEDAD de la acusación fiscal como instigador del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Alberto Quiroz Alfaro. CONDENA al acusado AXEL JAIR ENRIQUE CHUQUIRUNA MENDOZA como autor de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homi- cidio calificado en agravio de Víctor Alberto Quiroz Alfaro; y como tal le impone la pena de NUEVE AÑOS de privación de libertad que con descuento de la prisión preventiva que viene cumpliendo desde el día treinta y uno de agosto del año dos mil trece vencerá el día treinta de agosto del año dos mil veintidós, fecha en que deberá ser puesto en libertad a menos que tenga pendiente de ejecutarse otro mandato de detención.FIJA la reparación civil en la suma de DOSCIENTOS MIL y 00/100 SOLES (S/. 200,000.-) que el sentenciado Chuquiruna Mendoza deberá pagar a favor de los herederos legales del occiso dentro del término de ejecución de la pena.CONSENTIDA ó EJECUTORIADA que sea la presente sentencia REMITANSE los boletines de condena correspondientes y una vez hecho ARCHIVENSE los ac- tuados en el modo y forma de ley.- ANULENSE los antecedentes judiciales y policia- les que se hubiesen generado para el acusado absuelto por estos hechos y GIRESE la papeleta de libertad que procederá siempre que no tenga ninguna otra orden de detención.- SIN costas.- - - - - - - - - ----------------------------LUJAN CASTRO LOPEZ PATIÑO QUISPE LECCA

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EXTORSION AGRAVADA EXPEDIENTE N° 2148 - 2015 ESPECIALISTA : GEOVANNA CASAS NOVOA ACUSADO : JESUS IVAN RODRIGUEZ LOZANO DANNI ERIK RODRIGUEZ LOZANO MARCO ANTONIO MACHCO RODRIGUEZ DELITO : EXTORSIÓN AGRAVADA AGRAVIADOS : NORES DEL PILAR ALFARO HURTADO COLEGIADO : JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.) RAQUEL ALEJANDRA LÓPEZ PATIÑO JUAN JULIO LUJÁN CASTRO

SENTENCIA RESOLUCIÓN N° DOCE. El Milagro, once de abril del dos mil dieciséis.Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRA- PROVICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD integrado por los señores Jueces Penales Dr. Jorge Luis Quispe Lecca, Presidente y Director de Debates; Dra. Raquel Alejandra López Patiño y Dr. Juan Julio Luján Castro; en el proceso seguido contra JESUS IVAN RODRIGUEZ LOZANO, DANNI ERIK RO- DRIGUEZ LOZANO y MARCO ANTONIO MACHCO RODRIGUEZ, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN AGRAVADA, en agravio de Nores del Pilar Alfaro Hurtado. PARTE EXPOSITIVA 1)

Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del Ministerio Público: Que, con fecha 02 de abril del 2015 aproximadamente a las 17:20 horas, la agraviada Nores Del Pilar Alfaro Hurtado, denuncia ser víctima de extorsión, puesto que el mismo día a las 13:00 horas sujetos desconocidos le hicieron tres (03) llamadas telefónicas a su celular personal N° 947955468, del teléfono celular N°956469997, perteneciente a los sujetos extorsionadores, llamada mediante la cual le pidieron a la agraviada la suma de S/. 5,000.00 nuevos soles, asimismo le indicaron que eran de la banda de los pulpos, y en caso de no llegar a un acuerdo le costaría la vida de sus familiares, ya en la tercera llamada la agraviada repudio el acto extorsivo de los sujetos desconocidos, producto de ello recibió, de los extorsionadores, un mensaje de texto del mismo celular, en el que le manifestaban: “entonces

como no quieres colaborar entonces actuare con la vida de tu madre y de todos tus hermanos

ahora el precio se duplica. Y tú sabes porque me retaste ahora vamos a ver porque quien te va a defender así me llame quien me llame será mejor que te des prisa porque muy pronto vas a estar de luto chao pronto tendrás noticias mías”. Ante la recepción de la denuncia expuesta, personal policial de DEPINCRIES- TE, preparo un operativo policial, y, siendo que en la fecha 06 de abril del 2015, aproximadamente a las 10:00 horas, se reiniciaron los actos extorsivos, utilizando el teléfono celular N° 988947328, para tal operativo la SO3 PNP Jackelin Cienfuegos Ríos, en su calidad de agente encubierto, se comunicó con los extorsionadores, del teléfono celular N° 947955468, acordando que se depositara en un número de cuenta del BCP cuyo titular es el señor Humberto Benites Gómez, la suma S/. 1,900.00 nuevos soles, sin embargo al no haber sistema acordaron que el dinero debería ser entregado en la cuadra 11 de la Av. José Crespo, a la altura del Pasaje Eugenio Pachimir – Cerro Cruz Blanca – El Porvenir. Conforme a lo pactado con los presuntos extorsionadores, se puso en ejecución el operativo policial, con la finalidad de identificarlos y realizar su captura, es así que aproximadamente a las 17:20 horas, la agente encubierto, recepcionó una (1) llamada telefónica procedente del teléfono celular N° 988947328, en la cual le indicaban que debería entregar el dinero a la persona que encontraría con el polo característico del equipo de futbol “Barcelona F.C. (colores azul y granate), y que ahí mismo recibiría un stiker; siguiendo lo pactado, la agente encubierto, se dirigió al lugar donde entregaría el dinero, es así que aproximadamente a las 17:45 horas, llego al Pasaje Eugenio Pachi- mir y se le acercaron los imputados DANNI RODRIGUEZ LOZANO, MARCO ANTONIO MACHCO RODRIGUEZ Y JESUS IVAN RODRIGUEZ LOZANO, siendo que este último vestía un polo del equipo de futbol Barcelona F.C. y fue quien le solicito a la agente encubierto que le entregue el dinero, por lo que la agente encubierto le entrego el sobre manila, ante ello personal policial que se encontraba a los alrededores del punto de encuentro, procedieron a intervenir a los mencionados, siendo que de la intervención a JESUS IVAN RODRIGUEZ LOZANO se le incauto un sobre manila, conteniendo 5 copias de billetes de S/. 100.00 nuevos soles, un equipo celular de color negro con plomo, marca “LG” con su respectiva batería y sin chip, siete envoltorios de papel periódico tipo “ketes”, conteniendo cada uno de ellos en su interior sus- tancia blanquecina pulverulenta con olor y características a P.B.C. y un envol- torio de papel periódico de tipo “paco” conteniendo en su interior, yerba seca verdosa, con olor y característica a Cannabis Sativa -Marihuana-; a DANNI ERIK RODRIGUEZ LOZANO se le incauto un sticker por duplicado con la inscripción “LOS NERDS” de color naranja, un teléfono celular color blanco con bordes metálicos marca “SAMSUNG”, con su respectivo chip, cuyo nú-

mero es 990195387 de la empresa MOVISTAR, (el mismo que minutos antes a la intervención policial se habría comunicado con el teléfono extorsivo N° 988947328, conforme consta del Acta de Visualización de memoria de teléfono celular N° 990195387, un teléfono celular marca “BlackBerry” de color ne- gro, con su respectiva batería y sin chip, cinco envoltorios de papel periódico tipo “ketes”, conteniendo cada uno de ellos en su interior, yerba seca verdosa, con olor y característica a cannabis sativa – marihuana- y, a MARCO ANTO- NIO MACHCO RODRIGUEZ se le incauto un teléfono celular marca “ALCA- TEL” con chip de numero 978194270 –movistar-, siete envoltorios de papel periódico tipo “kete” conteniendo cada uno de ellos en su interior sustancia blanquecina pulverulenta con olor y características a P.B.C. y un envoltorio de papel periódico de tipo “paco” conteniendo en su interior yerba seca verdosa, con olor y características a cannabis sativa -marihuana-.

2)

-

Calificación Jurídica y Pretensión Penal: Se imputa a los acusados Jesús Iván Rodríguez Lozano, Danni Erik Rodríguez Lozano y Marco Antonio Machco Rodríguez ser COAUTORES del delito de Extorsión agravada en grado de tentativa en agravio de Nores del Pilar Alfaro Hurtado previsto y sancionado en el Artículo 200°, cuarto parágrafo, del Código Penal, que prescribe que “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o una institución pública o privada a otorgar a un agente o a un tercero una ventaja indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años(…), concordante con el quinto párrafo parágrafo b) que prescribe que: “La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida: (…) b) Participando dos o más personas(..)” y con el Articulo 16 del Código Penal que prescribe: “En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”. Por lo que la representante del Ministerio Público solicita se le imponga a los acusados la pena de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA.

-

Pretensión Civil: La representante del Ministerio Público solicita se le imponga a los acusados por concepto de Reparación Civil, pagar la suma S/.1,500.00 (MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES) en forma solidaria a favor de la agraviada Nores del Pilar Alfaro Hurtado.

Se Instruyó de sus derechos a los acusado y ante la pregunta de admitir ser autores del delito materia de acusación y responsables de la Reparación Civil, respondieron Ser Inocentes, por lo que se continuó con el desarrollo del de- bate; de conformidad con el artículo 356 del Código Procesal Penal.

3)

Pretensión de la defensa:

3.1) De Jesús Iván Rodríguez Lozano.- Que el día de los hechos los tres acusados se encontraban a unos escasos metros de la casa del acusado; las tres viven en el pasaje Pachimir, dos son hermanos y con el otro coacusado son primos; que su cliente vive en ese domicilio y allí trabajan en calzado y como era lunes se encontraba descansando porque él es zapatero; que su patrocinado tiene un celular que no sirve, solo podía escuchar música. Por otro lado probara que la intervención fue irregular porque los tres acusados estaban afuera del domicilio de su patrocinado, que la intervención fue dentro del domicilio, que los policías manipularon los teléfonos celulares a efectos de poder generar responsabilidad en los imputados. Por ello la defensa solicito que se haga el levantamiento de llamadas del día de los hechos a fin de corroborar si es que existen llamadas realizadas al número extorsionado; sin embargo aún no se ha logrado. Acreditara con testigos que los acusados fueron intervenidos dentro del inmueble y que como nadie se acercaba al dinero, los intervinieron a ellos porque estaban a unos 40 metros. 3.2) De Danni Erik Rodríguez Lozano.- Que fiscalía sostiene que su patrocinado actuó de campana, esto significaría que no es coautor (ya que no tiene dominio del hecho, su participación no es fundamental para la realización del ilícito penal), sin embargo el ente acusador, lo ha considerado como tal; la defensa sostiene que el teléfono celular de su cliente fue manipulado a efectos de in- criminarlo por este ilícito penal, el teléfono que venía utilizando el señor Dan- ni es el 990195387, y es este número el que luego de la intervención aparecen llamadas entre este y el numero extorsivo (988947328). La detención se hace en el Pasaje Pachimir (de mas o menos 100 escaleras), en donde supuestamen- te se iba a recoger el sobre extorsivo, su patrocinado se encontraba en ese lu- gar porque vive allí en una casa que funciona también como taller de zapatos. El día de los hechos, estas personas estaban trabajando, salieron de trabajar y estuvieron tomando una gaseosa; la policía al ver que nadie se acercaba a recoger el sobre, entraron a la casa y se los llevan. Ninguna persona que va a extorsionar, le dice a la victima que vaya y deje el sobre a la puerta de su casa. 3.3) De Marco Antonio Machco Rodríguez.- Sostiene que demostrara que la detención no se hizo en el lugar donde dice la policía, sino que se realizó dentro del domicilio de los hermanos Rodríguez Lozano, donde se desempeñan como zapateros. Asimismo que la intervención no fue a las 6 pm. sino a las 4 pm. 4)

Admisión de nuevos medios probatorios.-

Ministerio Publico: Ninguno

-

Defensa de los hermanos Rodríguez Lozano: Presenta un video en cd de la diligencia de constatación domiciliaria de sus patrocinados;

en la medida que allí se podrá observar a que distancia esta la casa de su

patrocinado del lugar de los hechos y poder con ello acreditar su teoría del caso. o 4)

6)

Colegiado: Admite el medio de prueba.

Examen de los acusados: 5.1)

Jesús Iván Rodríguez Lozano: Se reserva

5.2)

Danni Erik Rodríguez Lozano Se reserva

5.3)

Marco Antonio Machco Rodríguez: Se reserva

Medios probatorios Actuados:

6.1) Del Ministerio Público: 6.1.1) Declaración de la testigo Nores del Pilar Alfaro Hurtado: Refiere que no conoce a los acusados. Que ha sido víctima de extorsión, puesto que el día jueves santo del 2015 recibió una llamada en la que le dicen que son de los “pulpos” y le piden una colaboración de S/. 5,000.00 soles, por lo que cuelga pero le vuelven a llamar y rechaza la realización del pago; para que luego le manden un mensaje diciéndole que como no quiere colaborar, ahora la suma se duplica y que si no paga pronto estará de luto. El numero al cual le extorsionaban era el 947956468 y de allí también le mandaron los mensajes extorsivos; por estos hechos fue a denunciar, en la Comisaria le pidieron que dejara su celular y un número de referencia (dejo su número claro); el lunes al medio día la señorita de la DIVINCRI le llama y le dice que su agresor se comunicó y le dijo que llegaron a un acuerdo de S/. 1,900.00 soles y que le tenía que hacer una recarga a otro número del extorsionador. En el tiempo en que fue víctima de extorsión era alistadora de calzado; el número del que la llamaron es el 988947328 y el número al que le realizo la recarga es el 956469997. A las 17:30 le timbra la señorita policía para que vaya a la DIVINCRI y fue y vio tres chicos esposados; el día jueves le llaman a su celular claro y le dicen “ya te cagaste”, búscate tu padrino porque ellos no han sido. -

Defensa de los hermanos Rodríguez Lozano.- Le llaman el jueves al número claro, le dijeron que los que han cogido no han sido, y que se busque su padrino; luego ya no la han seguido extorsionando. Refiere que no le entrego dinero a la policía; que en la Comisaria vio los cheques y stikers naranjas y envolturas de papel periódico sobre una mesa, la policía le dijo que los capturaron a las 4:00 pm.

6.1.2) Declaración del testigo SO3 PNP Jackelyn Alcira Cienfuegos Ríos: Quien refiere que trabaja en DEPINCRI Este de El Porvenir, que la agraviada denuncio que la estaban extorsionando y que le pedían S/.

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5,000.00 soles. Participo como agente encubierto, se hizo pasar por la agraviada y realizo negociaciones con el extorsionador, llegando a un acuerdo; finalmente se pactó la entrega del dinero en el Cerro La Cruz; una vez en el lugar se volvió a comunicar con el extorsionador, quien le indico que suba con el dinero por las gradas del cerro, para luego indi- carle que deje el sobre con el dinero y que baje del lugar, por ello dejo el dinero ahí y procedió a retirarse, refiere que bajo para pedir apoyo. No llego a ver quién de las tres personas recogió el sobre. No tuvo conoci- miento de la participación detallada de los 3 jóvenes, solo los vio bajar del cerro. Refiere que el extorsionador le dijo que uno de sus cachacos iba a ir a recoger el sobre de dinero, no recuerda si le dijo como iba a estar vestido. -

Defensa de los hermanos Rodríguez Lozano: Refiere que no firmó el Acta de intervención policial, ella no participo en la intervención, solo fue agente encubierto, como tal solo hace las negociaciones hasta el pacto y entrega del dinero, si hubiesen llegado a recoger el dinero cuando ella estaba presente hubiese intervenido. En el operativo participaron: Teniente Maldonado, Méndez, Sar- miento y otros; demoraron en bajar a los acusados mas o menos 10 minutos; el celular con que ella hizo comunicación no se logró ubicar. Posterior a ello realizo una verificación domiciliaria en Pa- saje Pachimir; reconoce el Acta de verificación domiciliaria de los imputados Jesús Iván Rodríguez Lozano y Danni Rodríguez Lozano quienes viven en Pasaje Pachimir 378, en cuyo domicilio encontra- ron calzado, hormas y máquinas; por otro lado Machco Rodríguez vive en Calle Arica a la derecha a una cuadra del Pasaje Pachimir, este lugar fue quemado hace un mes. Refiere que no vio stickers. El teniente Maldonado tampoco ha participado en la intervención, puesto que se quedó en el carro.

-

Director de debates: Subió las tres cuartas partes de la escalera y la casa de los hermanos Rodríguez Lozano estaba en la esquina, es decir, estaba cerca; al igual que la casa del otro muchacho.

6.1.3) Declaración del testigo PNP Francisco Armando Maldonado Jaime: Refiere que en abril del 2015 laboraba en DEPINCRI Este de El Porvenir; participo en el operativo como supervisor es decir no participo directa- mente, solo supervisa que se lleve a cabo bien el operativo; refiere que apoyó en la redacción de actas; que en el operativo participaron 9 o 10 compañeros. Que por referencias sabe que se les encontró un sobre. - Defensa de los hermanos Rodríguez Lozano: No redacto actas, solo firmo como conformidad; llego después al Pasaje Pachimir. Había más de un intervenido que vivía en el Pasaje Pachimir.

6.2) De la Defensa: 6.2.1) Declaración de la testigo Rosita Carolay Vega García: Refiere que es alistadora de calzado, que los acusados son sus amigos y vecinos. Vive en Jesús de Nazaret al lado del Pasaje Pachimir, que los acusados viven allí, en toda una esquina. El 06 de abril del 2015 fue lunes y no trabajan (lunes de zapatero), su esposo quería irse a cortar el cabello, por lo que él se fue y ella se quedó con su hijo; desde su casa se puede ver la casa de ellos y lo ve a su esposo con Jesús, Danni y Marco Antonio, enton- ces ella se cambia y luego de 20 minutos sale de su casa y ve que ya no estaba su esposo, solamente estaba Jesús, Danni y Marco, por lo que se va caminando y le pregunta a Jesús si había visto a su esposo y le contesta que ya se había ido; entonces Danni le invita a tomar gaseosa, luego logra ver a Marco que estaba con un celular marca Alcatel color plomo con negro y le dice que le preste para llamarlo a su esposo y él le dijo que no tenía crédito y de ahí al bajar las gradas le dijo que le había mentido que si tenía crédito. Se retira y a mitad de las gradas encontró a una señora con un sobre en la mano, bajando por la tienda pudo ver a ocho hombres con ropa deportiva que estaban esparcidos; luego de encontrarse con su esposo fue a comprar a la tienda y cuando regreso ya no había nadie, de la tienda salieron a los 20 minutos aproxima- damente, cuando sale vio que sacaban de la casa de Jesús a los tres acusados, y que Cinthya (la esposa de Jesús) decía a donde los llevan, mientras que la testigo fue a avisarle a la mamá de Machco Rodríguez; los sacaron esposados y en sandalias y no tenían sobre ni celular en la mano, ni stickers; los llevan en una camioneta blanca; refiere la testigo que ella trabajaba con ellos y que la casa de donde los sacaron es un taller. - Ministerio Público: Que a las 3:30 pm. los ve a los acusados en la puerta de la casa de Jesús y que a las 4:00 pm. que regresa los ve que los llevaban. 6.2.2) Declaración de la testigo Cinthia Elizabeth Rosas Gonzales: Jesús Rodríguez Lozano es su conviviente. Que el día 06 de abril del 2015 fue lunes, su esposo no trabaja; se encontraba en la parte de atrás en su corral lavando su ropa; su esposo se encontraba afuera con Tony Peláez Guzmán, Marco Machco Rodríguez y Danni Rodríguez Lozano, estaban sentados tomando gaseosa, cuando de pronto escucho un sonido y de- cían la policía y vio a la policía sacando de su cuarto de Danni Rodríguez Lozano a su esposo Jesús y a su cuñado Danni y a su primo Marco, los tiraron al piso y los estaban enmarrocando y ella les dijo “porque lo llevan”, ante esto los policías le dijeron palabras soeces como “cállate conchetumare sino también te llevamos a ti”, luego vieron que los lleva-

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ron hacia Nicolás Alcázar por lo que se fueron a dicha Comisaria y allí les dijeron que no habían hecho ninguna intervención, posteriormente se dirigieron a la Comisaria Sánchez Carrión y no había ninguna in- tervención; ante esto llamo a su hermana para preguntar por su hija y ella le refirió que la policía fue por segunda vez a su casa y sacaron los celulares, el del señor Danni lo sacaron de su cuarto de su cajón (celular blanco Galaxy) y el otro celular se encontraba en su cuarto de ella, pero no servía para llamar solo para escuchar música y tomarse fotos; en estas circunstancias es que logran divisar que la camioneta blanca de los policías que estaban vestidos de civil con ropa deportiva se iba por el camal; que a los acusados los llevaron descalzos. A las 4:00 p.m. se los llevaron. Todo esto lo vieron sus vecinos y estuvo entre ellos la se- ñora Rosita Vega con su esposo. En su casa, en donde los intervinieron fabrican calzado de niños. 7)

Oralización de la prueba documental: Destacaron las partes el significado probatorio que consideran útil de las documentales admitidas como medios de prueba.-

8)

Alegatos de Clausura: se formularon los alegatos finales reafirmándose en sus posiciones expuestas en sus teorías del caso. Se le dio oportunidad al acusado para ejercer su autodefensa.

PARTE CONSIDERATIVA 9)

Calificación legal: Que, los hechos materia de juzgamiento han sido calificados por el Ministerio Público como Delito contra el patrimonio en la modalidad de Extorsión, tipificándolo en el artículo 200°, cuarto párrafo, del Código Penal, el mismo que se configura cuando el sujeto activo “mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”. Constituyendo circunstancia agravante cuando el delito es cometido con el concurso de dos o más personas.

10)

Doctrina2: - El bien jurídico protegido: El otro bien jurídico que se trata de proteger con la extorsión aparte del patrimonio es la libertad personal entendida tanto en su acepción de no estar obligado a hacer lo que la Ley no man-

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SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. IDEMSA. Marzo 2005, p. 841, 842, 846, 847, 849, 8, 52, 855, 856.

da ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, así como en su acepción de libertad ambulatoria o de locomoción. -

Tipicidad Objetiva: Se configura cuando el agente, actor o sujeto activo, haciendo uso de la violencia o amenaza, obliga a ésta o a otra a entregar a aquel o a un tercero una indebida ventaja patrimonial o de cualquier otro tipo. El objetivo del sujeto activo es lograr una ventaja indebida; es decir, el agente no debe tener derecho a obtenerla.

-

Tipicidad Subjetiva: Se configura a título de dolo, no cabe la comisión culposa; es decir, el agente actúa con conocimiento que está prohibido hacer uso de la violencia o la amenaza para obtener una ventaja cualquiera sin tener derecho a ella; sin embargo -pese a ello- voluntariamente decide desarrollar la conducta extorsiva empleando algún medio con la finalidad de lograr su objetivo.

A parte del dolo se exige la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo, esto es, el ánimo de obtener una ventaja de cualquier índole por parte del sujeto agente. 11)

Hechos probados y Análisis de la prueba actuada: El Ministerio Público imputa a los acusados Jesús Iván Rodríguez Lozano, Danni Erik Rodríguez Lozano y Marco Antonio Machco Rodríguez, el de haber pretendido extorsionar a la agraviada Nores del Pilar Alfaro Hurtado, a quien por llamadas telefónicas a su celular No. 947955468, se le venía exigiendo el pago de la suma de cinco mil nuevos soles bajo amenaza de que si no cance- laba le costaría la vida a ella como a sus familiares, recibiendo mensajes de texto en el mismo sentido proveniente del teléfono No.988947238; por lo que interpone la denuncia correspondiente ante la Depincri Este quien organizó un operativo. Para tal efecto la SO3 PNP Jackelin Cienfuegos Ríos, fungió de agente encubierto, quien se comunica con los extorsionadores –desde el telé- fono de la agraviada- acordando con los delincuentes depositar en una cuenta de terceros del Banco de Crédito, la suma de un mil novecientos soles que se venía exigiendo, sin embargo al no haber sistema acordaron que el dinero iba a ser entregado en la cuadra once de la Av. José Crespo, a la altura del Pasaje Eugenio Pachimir –Cerro Cruz Blanca- El Porvenir. A las 17:20 la agente reci- bió un llamada indicándosele que concurra al referido lugar donde a una per- sona que se encontraría vestido con el polo del equipo de Fútbol “Barcelona F.C.”, le entregaría el dinero pactado y quien le entregaría a su vez un sticker, por lo que aproximadamente a las 17:45 se constituyó a dicho lugar y le acer- caron los tres acusados, solicitándole el dinero el acusado Jesús Rodríguez Lo- zano quien vestía el polo de Barcelona F.C., interviniéndolos personal policial encontrándoseles en su poder estupefacientes, además a Jesús Rodríguez se le incautó el sobre manila conteniendo el dinero que se preparó para el opera-

tivo, como equipos celulares; a Danni Erik Rodríguez Lozano se le incautó un sticker con la inscripción “Los Nerds” y un celular Samsung No.990195387 de la empresa Movistar el que minutos antes de la intervención se había comuni- cado con el teléfono extorsivo No.988947328. 11.1) Los acusados han negado los cargos, mientras su defensa técnica sostiene que los acusados residen en las inmediaciones del pasaje Pachimir y no es cierto que fueron intervenidos por la policía recogiendo el dinero exigido por los extorsionadores, sino la policía en un acto arbitrario ingresó al domicilio de los hermanos Rodríguez Lozano y los sacaron conjuntamente con su primo Marco Antonio Machco Rodríguez, quienes se encontraban en el interior que es un taller de calzado, luego han manipulado su celular haciendo aparecer que tuvo comunicación con el teléfono de los extorsio- nadores y dicha intervención se produjo a las cuatro de la tarde mas no a las seis como señala la policía. Que, estando a las posiciones de las partes lo que queda es determinar en juicio si existen suficientes pruebas para concluir por la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, debiéndose para ello observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia y evaluar si la prueba cumplen los estándares mínimos de calidad que sean suficientes para desvirtuar el principio de Presunción de inocencia de que se encuentra investido el acusado. 11.2) El Tribunal Constitucional ha señalado (STC 0618-2005-PHC/TC, fundamentos 21 y 22) que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tántum, implica que “(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tra- mitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”. En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de inocencia (STC 0618-2005-PHC7TC, fundamento 22) comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sen- tencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”. Que, bajo tales parámetros se pasará a evaluar la prueba actuada en juicio.

11.3) Que, respecto de la existencia del delito ésta ha quedado acreditada con la declaración de la agraviada Nores del Pilar Alfaro Hurtado quien se ratifica en su denuncia verbal que formuló ante la policía Nro.117-2015, de fecha 02 de abril del 2015 –que obra en el expediente judicial- donde señala que venía siendo extorsionada con llamadas a su teléfono celular desde el teléfono Nro.9564469997, exigiéndosele el pago de la suma de cinco mil nuevos soles bajo amenaza de atentar contra ella y su familia. Versión que ha sido ratificada con las actas de visualización de memoria de su teléfono celular donde aparecen registradas las llamadas como de los mensajes de texto con contenido extorsivo que recibió, lo que se encuentra corroborada además con la declaración de la SO3 Jackelin Cienfuegos Ríos. Por lo que en mérito a la referida prueba se encuen- tra suficientemente probado la existencia del delito pero en grado de tentativa porque éste no llegó a consumarse al no haberse doblegado la voluntad de la agraviada quien en lugar de acceder al requerimiento extorsivo concurrió a la autoridad policial a denunciar el hecho. 11.4) Que, en lo que respecta a la responsabilidad de los acusados se les imputa haber concurrido al Pasaje Eugenio Pachimir a recoger el dinero que se había pactado con la agente encubierta Cienfuegos Ríos (ascendente a un mil novecientos soles), que iban a ser entregados por la referida agente al acusado Jesús Iván Rodríguez Lozano, mientras sus coacusados Danni Erik Rodríguez Lozano y Marco Antonio Machco Rodríguez iban a actuar de campanas en dicho acto de entrega. Pero de lo actuado aparece que ello no ha sido así, porque si bien se montó un operativo para intervenir a los extorsionadores y para ello la testigo Cienfuegos Ríos se le encomendó la labor de agente encubierto quien se iba hacer pasar por la agraviada para realizar las negociaciones, ésta ha manifestado en juicio que luego de pactar con los extorsionadores la entrega de una suma de dinero en el pasaje Pachimir-Cerro Cruz Blan- ca, se montó el operativo y para ello se preparó un sobre con el supues- to dinero que se le iba a entregar a los extorsionadores, conforme así aparece del acta preparatoria de dinero de folios 104, de donde fluye que se acondicionó en un sobre manila cuatro billetes de cien nuevos soles, y que servía para preparar una celada para intervenir a los ex- torsionadores. Pero de lo narrado por la referida testigo en juicio no es cierto que ella entregó el sobre en sus manos al sujeto o sujetos que irían a recogerlo, porque ha referido que por teléfono celular le daban instrucciones y éstas fueron que iban a mandar uno de sus “cachacos” a recoger el sobre pero que tenía que dejarlo en un arbusto junto a las escaleras, por lo que así lo hizo y luego bajo las escaleras y no vio quien lo recogió ni vio la intervención, agregando que si le entregaba el sobre

directamente a quien iba a recogerlo, ella misma lo hubiese intervenido. Además de la referida agente se ha recepcionado en juicio la declara- ción del Teniente PNP Francisco Maldonado Jaime, quien refiere que no participó en la intervención y sólo sabe de ello por referencias, que sólo fue supervisor para que se lleve el operativo bien y se limitó a firmar las actas en señal de conformidad, pero si se llegó a enterar que más de uno de los intervenidos vivía en el pasaje Pachimir. 11.5) De las referidas testimoniales se llega a concluir que los testigos de car- go ofrecidos por el Ministerio Público, respecto a la intervención de los acusados, sólo conocen de ello por referencias mas no han interveni- do en la detención de los acusados, pero dado el cuestionamiento de la defensa en el acto de la intervención de los acusados que sostiene que sus patrocinados fueron sacados arbitrariamente del domicilio de los intervenidos Danni y Jesús Iván Rodríguez Lozano del pasaje Pa- chimir en vista que nadie se acercaba a recoger el sobre con el dine- ro que había dejado por las inmediaciones la efectivo PNP Cienfuegos Ríos, era necesario la concurrencia a juicio de los efectivos policiales que intervinieron en la detención de los referidos acusados para que se ratifiquen de la legalidad de su intervención que está contenida en el acta de intervención policial, más aún si su contenido difiere de lo señalado por la referida agente encubierta, porque mientras en dicha acta aparece que la testigo Cienfuegos Ríos entregó el sobre a Jesús Rodríguez Lozano, ésta en juicio ha mencionado que ello no ha sido así, que ella dejó el sobre en unos arbustos y que luego se retiró bajando por las escaleras del cerro Cruz Blanca no percatándose quien recogió el sobre. En consecuencia, dada esa grave discrepancia, no genera con- vicción de veracidad el contenido del acta de intervención si ello ha sido puesto en cuestión por la propia agente encubierto. Incluso el Tenien- te PNP Maldonado Jaime que aparece firmando dicha acta no quiere comprometerse en su contenido porque refiere que sólo firmó en señal de conformidad, pero no le consta lo que allí aparece porque no inter- vino en dicho operativo y sólo conoce del mismo por referencias. De lo expuesto se concluye que han sido ofrecidos por el Ministerio Público como testigos quienes no intervinieron en la detención de los acusados, sólo son testigos referenciales que han puesto en cuestión el acta de su propósito, cuando debió ofrecerse las declaraciones de los efectivos policiales que intervinieron a los acusados. Lo que sí queda claro es que no se ha probado lo consignado en el requerimiento acusatorio en el sentido que los acusados fueron intervenidos cuando se acercaron a recoger el sobre solicitándoselo a la mencionada agente encubierto, porque si ello hubiera sido así refiere la mencionada testigo ella misma los hubiere intervenido, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

11.6) Aunado a lo expuesto, también ha quedado probado, con la declaración de la testigo Cienfuegos Ríos y ratificada con el acta de verificación Fis- cal de folios ciento nueve y el video visualizado en juicio admitido a la defensa, que los acusados Jesús y Danni Rodríguez Lozano domicilian en el pasaje Pachimir No.378, y su coacusado Marco Machco Rodríguez vive “a dos casas del domicilio de la familia Rodríguez Lozano”, don- de se confecciona calzado conforme a las tomas fotográficas admitidas como prueba de descargo, de donde aparece que hay instaladas máqui- nas y enseres propios del desempeño de dicha actividad, sosteniendo la defensa que ello prueba su tesis porque sus patrocinados viven en las inmediaciones donde la agente encubierta dejó el sobre con el dinero y desvirtúa la teoría del caso del Ministerio Público porque refiere que si fueran sus patrocinados quienes iban a recoger el dinero no iban a acordar que dejen el sobre prácticamente en la puerta de su casa, conclusión que formula la defensa y el Colegiado la considera coheren- te porque ningún extorsionador va a pactar que entreguen el dinero producto de la extorsión en las inmediaciones de su domicilio. En con- secuencia, aparte de las declaraciones de los testigos de cargo que no abonan a favor de la tesis acusatoria sólo quedan documentos (papeles) que resultan insuficientes para sustentar el caso, como son el acta de vi- sualización de memoria telefónica del teléfono que pertenecería al acu- sado Danni Erik Rodríguez Lozano que aparece suscribiéndola el SOT1 PNP Mio Mansilla, quien también suscribió el acta de intervención que se ha puesto en cuestión, perdiendo credibilidad el contenido de dichas actas por cuanto el personal policial no se sometió al contradictorio en juicio para responder por los cuestionamientos que la defensa formula en la indicada intervención aduciendo que no se realizó a las seis de la tarde sino a las cuatro de la tarde y que se manipularon los teléfonos que se intervino. Más aún si los testigos de descargo refieren haber sido testigos presenciales de que efectivamente a los acusados los sacaron de su domicilio como es la testigo Rosita Vega García quien también vive por las inmediaciones y refiere haber presenciado ello e incluso agrega que personal policial ingresó al inmueble en una segunda oportunidad para sacar los celulares, declarando en el mismo sentido la testigo Cin- thia Elizabeth Rosas Gonzáles, conviviente del acusado Jesús Rodríguez Lozano. 11.7) En consecuencia, bajo las condiciones expuestas, y no habiéndose com- probado la tesis acusatoria del Ministerio Público, no se puede cons- truir y elaborar una sentencia condenatoria si no se tienen los medios de prueba suficientes que corroboren la acusación; pues, una sentencia condenatoria sólo se puede construir sobre suficiente

prueba de cargo

que cauce convicción en el juzgador más allá de toda duda razonable que efectivamente se cometió el delito y que el acusado es autor o partícipe en el mismo, porque ni siquiera el juzgador puede construir una sentencia condenatoria en grado de probabilidad o presunciones. En el presente caso existen muchas dudas respecto a la legitimidad de la intervención a los acusados y que el Ministerio Público debió advertir y no hacer eco de todo lo que le dice la policía; lo menos que amerita es una investigación al personal policial que intervino a fin de deslindar responsabilidades de tipo penal y que el Ministerio Público está llamado a iniciar en atribución a sus facultades constitucionales como defensor de la legalidad en un Estado Constitucional de Derecho. 11.8) Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe so- portar las costas del proceso. Que, en el presente caso resultó vencida la parte acusadora. Y como quiera que el código procesal penal lo ha previsto en el artículo 499.1, los representantes del Ministerio Público, están exentos del pago de costas, así deberá declararlo esta judicatura. PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de La Corte Su- perior de Justicia de La Libertad, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 16, 23, 28, 45, 57, 92 y 200 del Código Penal concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 392, 393, 394,399 y 403 del Código Procesal Penal. FALLA: I.

ABSOLVIENDO a los acusados JESUS IVAN RODRÍGUEZ LOZANO, DANNI ERIK RODRÍGUEZ LOZANO y MARCO ANTONIO MACHCO RODRÍGUEZ como autores del delito contra el Patrimonio en la modalidad de extorsión agravada en grado de tentativa, en agravio de Nores del Pilar Alfaro Hurta- do.

II.

SE ORDENA.- La anulación de los antecedentes que se hubieran generado, cursándose los oficios respectivos.

III. COSTAS.- Sin Costas IV. MANDO.- Que consentida, que sea la misma se archive definitivamente. S.S. QUISPE LECCA LOPEZ PATIÑO LUJÁN CASTRO

4.

EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA – TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS EXPLOSIVOS EXPEDIENTE N° 669 - 2015 ESPECIALISTA : MARIA GONZÁLES PÉREZ ACUSADOS : SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN LUIS GUSTAVO GIL LEÓN MARLON STALIN CUASIMODO GIL DELITO : EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOSEXPLOSIVOS AGRAVIADO : CÉSAR MARTÍN GONZALES TRINIDAD EL ESTADO COLEGIADO : JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.) RAQUEL ALEJANDRA LÓPLEZ PATIÑO JUAN JULIO LUJÁN CASTRO

SENTENCIA RESOLUCIÓN N° ONCE Trujillo, veintiséis de abril del año dos mil dieciséis.Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el Juzgado Penal Colegiado integrado por los señores Jueces Dr. Jorge Luis Quispe Lecca, quien interviene como Director de Debates, Raquel Alejandra López Patiño y Juan Julio Luján Castro, en el proceso seguido contra SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN, LUIS GUSTAVO GIL LEÓN, MARLON STALIN CUASIMODO GIL como COAUTORES del delito contra el patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN AGRAVADA en grado de tentativa en agravio de CÉSAR MARTIN GONZALES TRINIDAD; y por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS - EXPLOSIVOS, en agravio del ESTADO.PARTE EXPOSITIVA 1)

Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del Ministerio Público: Que, el día 27 de enero del 2015, a horas 23:30 aproximadamente, el agraviado César Martin Gonzales Trinidad encontró debajo de la puerta de su domicilio ubicado en Calle 22 de febrero N° 1792 - La Esperan- za, un sobre pequeño de papel bond con una hoja con manuscrito donde le pedían la suma de S/.10,000.00 soles para no atentar contra la vida de sus familiares, dejándole además una munición calibre 38 marca FEDERAL ESPE- CIAL e indicándole que debería llamar al celular N° GRUPO EDITORIAL Lex &

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985165139. Ante ello el

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agraviado, al promediar las 23.50 horas del mismo día recurre a la DEPINCRI NORTE, para formular su denuncia. Posteriormente el 29 de enero del 2015, el agraviado se apersona nuevamente ante la DEPINCRI NORTE para solicitar apoyo, puesto que habían dejado en su domicilio un sobre con contenido extorsivo y a su vez un artefacto explosivo como una dinamita; fue así que personal policial se constituyó en su vivienda y efectivamente encontraron un sobre carta cerrado en su interior una hoja de cuaderno rallado con contenido extorsivo y una canilla de dinamita de 13 cm. de largo con descripciones FAMESA EXPLOSIVOS SEMIGELATINADOS 65. Ante ello Personal Policial inicio las comunicaciones con los presuntos extor- sionadores, comunicándose al número dejado en el sobre, pactando la suma de S/. 3,000.00 soles, dinero que sería entregado en la intersección de las calles José Marti y María Morelos del Distrito de La Esperanza. Luego de apostarse en dicha zona, llego un taxi modelo tico color amarillo de la empre- sa Taxi tour California, descendiendo un hombre vestido con casaca de color negro con rojo, pantalón jean azul y zapatillas color plomo, al cual se le entre- go el sobre con el dinero extorsivo. Luego de ello, al abordar dicho vehículo, se logró intervenir a los ocupantes: SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN, a quien se le encontró un sobre manila cuyo contenido era de la suma de S/. 400.00 Soles y otras especies; asimismo a LUIS GUSTAVO GIL LEÓN, quien era chofer del taxi, y en la parte posterior del vehículo se encontró a MARLON STALIN CUASIMODO GIL. Por otro lado, tras revisarse el vehículo, en la guantera se encontró dos canillas de dinamita y un sobre de carta. - Calificación Jurídica y Pretensión Penal: Que los acusado tienen la calidad de COAUTORES del delito contra el patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, el mismo que se encuentra tipificado en el Art.200 primer párrafo del Código Penal que prescribe: “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años (…)”; concordante con el Artículo 16 del mismo cuerpo normativo que prescribe: “En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”. Asimismo, en la calidad de COAUTORES del delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS - EXPLOSIVO, tipificado en el Artículo 279 del Código Penal, que prescribe: “El que sin estar debidamente autorizado, fabrica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, armas, armas de juego artesanales, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixian-

tes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.”. Por lo que el representante del Ministerio Público solicita que se les imponga a los acusados DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBER- TAD por el delito de Extorsión en grado de tentativa; y, SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD por el delito de Tenencia de materia- les peligrosos-explosivos. - Pretensión Civil: Solicita el pago de la suma S/.1,500.00 (Mil Quinientos Soles) que deberá ser cancelados a favor de la agraviado Cesar Mar- tin Gonzales Trinidad, por el delito de Extorsión en grado de tentativa; y, S/. 1,200.00 (Mil Doscientos Soles) a favor del Estado por el delito de Tenencia de materiales peligrosos-explosivos. 2)

Se Instruyó de sus derechos a los acusados y ante la pregunta de admitir ser autores del delito materia de acusación y responsables de la Reparación Civil, respondieron: -

-

Acusado Segundo Alexander Gil León: Luego de consultar con su abogado, contestó haber cometido los delitos de extorsión simple y te- nencia. Acusado Luis Gustavo Gil León: Luego de consultar con su abogado, contestó ser inocente. Acusado Marlon Stalin Cuasimodo Gil: Luego de consultar con su abogado, contestó ser inocente.

Por lo que se continuó con el desarrollo del debate; de conformidad con el artículo 356 del Código Procesal Penal. 3)

Pretensión de la defensa de los acusados:

4)

Defensa del acusado Segundo Alexander Gil León: Sostiene que su patrocinado participo solo del delito de extorsión; asimismo, respecto al delito de tenencia de materiales explosivos considera debe tenerse en cuenta que las canillas de dinamita que se encontró en poder de su patrocinado se encontra- ban sin mecha ni fulminante por lo que constituiría un elemento inocuo para la comisión de delito, un objeto inidóneo incapaz de ocasionar una vulnera- ción al bien jurídico protegido, el peligro común. -

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Defensa del acusado Luis Gustavo Gil León: Sostiene que su patrocinado no tuvo participación alguna en el hecho materia de imputación. No tuvo conocimiento de la extorsión y estuvo circunstancialmente con su hermano. Su hermano lo abordo y subió al taxi que el manejaba le dijo que le haga un servicio por el lugar donde se cobraría el dinero producto de la extorsión de lo que desconocía. Lo cual demostrara en el juicio oral.

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- Defensa del acusado Marlon Stalin Cuasimodo Gil: Sostiene que su patrocinado es inocente. Que estaba con sus coinculpados porque son familia porque ellos le invitaron a comer pollo a la brasa. Asimismo, ma- nifiesta que a su patrocinado se le encontró un celular cuyo número te- lefónico no tiene relación con el delito. Por ultimo sostiene que cuando subió al vehículo, sus coinculpados ya se encontraban dentro de este. 5)

Admisión de nuevos medios probatorios: No se ofreció.

6)

Medios probatorios Actuados:

5.1) Del Ministerio Público: 5.1.1 Declaración del testigo SOT 2 PNP Jorge Luis Vargas Benel: Quien refiere que el 29 de enero del año 2015, tuvo participación en una intervención policial que se realizó por motivo de una extorsión. Dicha intervención se realizó debido a que el día 27 de enero del mismo año se presentó un agraviado a presentar una denuncia porque estaba sien- do víctima del delito de extorsión. Posteriormente el día 29 de enero se presentó nuevamente informando que habían dejado un sobre en su casa con contenido extorsivo, fue en estas circunstancias que los efectivos policiales realizaron tratativas con los extorsionadores, pac- tando la entrega del dinero producto de la extorsión en La Esperanza (no recuerda las calles); de esta manera fue que personal encubierto se aposto a dicho lugar, un efectivo policial se hizo pasar por el agraviado, luego, apareció un tico del cual bajo un sujeto que se acercó al policía encubierto a pedir el dinero, a continuación el sujeto abordo el vehículo y finalmente se le hizo la intervención; de esta intervención se obtuvo que en el vehículo habían 3 personas y además se encontraron dos car- tuchos de dinamita. 5.1.2) Se le pregunta al testigo si el realizo el Acta de Registro Personal y res- ponde de forma negativa, para posteriormente reconocer su firma en dicha Acta. Asimismo reconoce su participación en el acta de interven- ción y manifiesta que el Registro vehicular lo realizo el PNP Reyes Blas; asimismo, que el sobre manila que se encontró a uno de los imputados, lo hallo el PNP Huanca Perales. -

Defensa de Luis Gustavo Gil Leon: Refiere que el testigo no puede especificar que encontró el sobre. Asimismo que Alexander Gil León participo de manera individual y que manifestó durante la intervención que sus acompañantes no tenían nada que ver.

-

Declaración del Perito SOB PNP Edgard Miguel Ángel Rocha Rojas: Quien refiere que los cartuchos de dinamita se encontraban en buen estado de conservación y operatividad; estos cartuchos

son parte del llamado “tren explosivo”. El “tren explosivo” consis- te en 3 elementos para que un material explosivo pueda detonar, los cuales son: un iniciador, que es una mecha lenta o un cordón detonante más un fulminante; un detonador y el explosivo en sí (dinamita). Por tanto los cartuchos contenían material explosivo, pero no generaban peligro, puesto que si en esas condiciones se intentaba prender la dinamita, esta se quema pero no explota.

6)

-

Defensa de Luis Gustavo Gil León: Solo se encontró el cartucho: no tenía los otros dos elementos, la dinamita se consume o quema pero no explota. Explotaría estando a una temperatura mayor de 750 grados centígrados en un ambiente cerrado pero como se en- contró no generaba ningún peligro.

-

Declaración del agraviado César Gonzales Trinidad: Quien refiere que el día 27 de enero del 2015 aproximadamente a las 23:30 ho- ras se da con la sorpresa que en la puerta de su casa habían dejado un sobre cerrado. Posteriormente junto con personal policial lo abrieron y encontraron en su interior un manuscrito en el que exi- gían el pago de S/. 10,000.00 soles para no atentar contra la vida de su familia. Luego, el día 29 de enero del mismo año al promediar el medio día, volvió a encontrar otro sobre; debido a ello recurrió a la Comisaria, así fue que efectivos policiales se apersonaron hasta su vivienda y recogieron el sobre; en estas circunstancias procedió a interponer su denuncia y fueron los efectivos policiales los que intervinieron para capturar a los extorsionadores. Finalmente la policía le comunico que habían capturado a las personas que esta- ban involucradas en el delito.

Examen de los acusados:

6.1) Declaración del acusado Marlon Stalin Cuasimodo Gil: Sostiene que su primo (Segundo Alexander Gil León) le invito a comer pollo a la brasa. Para esto subió al vehículo donde se encontraban sus dos primos coacusados. Al subir al vehículo se ubicó en la parte posterior de este. Manifiesta también que tra- bajaba en construcción, que sus primos viven a una cuadra de su casa y que nunca ha estado involucrado en denuncias. -

Defensa de Luis Gustavo Gil León: Segundo A. Gil León estaba sentado en la parte delantera del vehículo, en el lado derecho y se encontraba escuchando música. Cuando llegaron a determinado lugar, Segundo bajo del vehículo y les dijo a sus acompañantes: “espérenme acá”, en eso llegaron los policías a bajarlos del auto. No vio cuando sacaron un car- tucho del vehículo puesto que todo pasó muy rápido. Asimismo refiere que al momento en que Segundo baja del auto deja una bolsa negra en la guantera de la cual desconocía su contenido.

-

Representante del Ministerio Público: Segundo Alexander le invita a comer pollo y cuando sube al vehículo, quien manejaba era Luis Gil León. En la calle José Marti baja Segundo del vehículo y luego llegan los policías a intervenirlos.

6.2) Declaración del acusado Luis Gustavo Gil León: Quien refiere que al promediar las 19:00 horas, cuando se encontraba en su domicilio, llego su hermano Segundo A. Gil León a pedirle que le hiciera una carrera a la pollería Nacarino, ante lo cual accedió. Cuando enrumbo la marcha al lugar, tras recorrer tres ca- sas encontraron a su primo Marlon Cuasimodo a quien su hermano Segundo invito a subir al vehículo para dirigirse a comer pollo. Encontrándose ya, por la Calle José Marti cuadra 15, su hermano le dijo que se detuviera porque iba a ver a un amigo; pasaron un promedio de 4 minutos y luego pudo observar que la policía traía a su hermano enmarrocado hacia el vehículo y les manifes- taron que estaban involucrados en una extorsión y procedieron a llevarlos a la Comisaria. Respecto a la bolsa que su hermano dejo en la guantera, manifiesta que desconocía su contenido. -

Defensa de Cuasimodo Gil: refiere que su patrocinado se encontraba en la puerta de su casa parado con su hijo y que su hermano le invito a comer pollo.

-

Representante del Ministerio Público: Luis Gustavo Gil León se dedicaba a taxista, manejaba un vehículo alquilado. Segundo Alexander Gil León dejo la bolsa en la guantera del vehículo, cuando bajo de este.

6.3) Declaración del acusado Segundo Alexander Gil León: Quien refiere que antes de ser intervenido por la policía, se dedicaba al oficio de albañil. Manifiesta que en enero se encontraba en Nueva Jerusalén y como estaba realizando una extorsión le dijo a su hermano que lo lleve a la pollería, pero que en el trayecto iba a recoger una plata de un amigo. Para que su hermano no sospeche invito también a su primo que encontraron en el camino y este último acepto la invi- tación. Posteriormente llegaron a la calle José Marti, donde había convenido seria la entrega del dinero y fue en esos instantes en que lo arrestaron. Su primo y su hermano no tenían conocimiento de la extorsión. Refiere que al momento de bajar del vehículo, él dejo una bolsa negra en la guantera. -

7)

Representante del Ministerio Público: Él es el que genera la idea y planifica las circunstancias para cometer la extorsión, puesto que se encontraba necesitado de dinero. No pensaba hacerle daño a la víctima de extorsión. Asimismo manifiesta que las canillas que se le encontra- ron solo eran para asustar ya que no tenían mecha y que las consiguió en Tacora haciéndose pasar por minero informal.

Oralización de los medios probatorios: Destacaron las partes el significado

probatorio que consideran útil de las documentales admitidas como medios

de prueba. 8)

Alegatos de Clausura: se formularon los alegatos de clausura donde el representante del Ministerio Público formula retiro de acusación por el delito de tenencia ilegal de materiales explosivos y por el delito de extorsión agravada contra los acusados Luis Gustavo Gil León y Marlon Stalin Cuasimodo Gil, for- mulando cargos contra el acusado Segundo Alexander Gil León por el delito de extorsión simple en grado de tentativa. Igualmente la defensa formula sus alegatos finales y se les dio la oportunidad a los acusados para que ejerzan su autodefensa.

PARTE CONSIDERATIVA 9)

Respecto al Retiro de Acusación por el delito de Tenencia de materiales explosivos. El Ministerio Público en principio formuló cargos contra los acusados por el indicado delito al haberse hallado en la guantera del vehículo en que se trasladaban, dos canillas de dinamita, pero luego de escuchado la exposición del perito balístico forense Edgar Miguel Rocha Rojas quien refiere que para la detonación de tal producto se requería además del iniciador o mecha así como del fulminante y detonador, por lo que procede a retirar la acusación en éste extremo en vista que el indicado especialista refiere que para la detonación de la indicada canilla se requería de sus otros componentes y por sí solo no representaba ningún peligro. En efecto el referido profesional ha ilustrado al Colegiado que las canillas halladas (cartucho de dinamita recortado) por sí solo no representan peligro alguno porque para ello se requiere que esté com- pleto el denominado ”Tren explosivo”, el que está compuesto por un elemento iniciador (mecha lenta o eléctrica), un detonador (fulminante) y un explosivo (dinamita), y si bien la canilla recortada contenía material explosivo éste no constituía peligro porque incluso se podía poner al fuego y no explotaba, se requería de su mecha y su detonador o fulminante para que constituya peligro. Siendo ello así, entonces estamos ante un instrumento inocuo, inidóneo para que constituya peligro y ponga en riesgo el bien jurídico tutelado, por lo que el pedido del Ministerio Público se encuentra sustentado en la prueba actuada en juicio y por tanto debe tenerse por retirado la acusación en éste extremo.

10)

Respecto del delito de extorsión (Acusación contra Segundo Alexander Gil León y retiro de acusación de sus coacusados). En principio el Ministerio Público había formulado cargos contra los tres acu- sados Segundo Alexander Gil León, Luis Gustavo Gil León y Marlon Stalin Cuasimodo Gil, por el delito de extorsión en su modalidad agravada dada la pluralidad de agentes, pero en sus alegatos de clausura ha mantenido los car- gos sólo respecto del acusado Segundo Alexander Gil León retirándolo res-

pecto de los otros dos acusados, en vista que si bien los acusados fueron intervenidos en el mismo vehículo, fue el acusado Segundo Alexander Gil León quien descendió del mismo y fue intervenido por personal policial cuando se disponía a recoger el sobre que contenía el dinero que se le exigía al agraviado César Martín Gonzáles Trinidad a quien se le venía extorsionando, mientras sus coacusados se encontraban circunstancialmente en el vehículo, por ha- berlo así sostenido desde un inicio el acusado Segundo Alexander admitiendo los cargos en su contra, y así haberlos ratificado su hermano Luis Gustavo Gil León quien refiere que su hermano lo busco para que le haga un servicio de taxi a una pollería y en el trayecto subió su primo coacusado Cuasimodo Gil, quienes refieren desconocían de los hechos. Sobre ello en juicio se ha recibido la declaración del agraviado Gonzáles Trinidad quien ratifica que venía siendo extorsionado y le exigían el pago de diez mil nuevos soles, y la policía se en- cargó de preparar el dinero para capturar a los extorsionadores; asimismo se ha recepcionado la declaración del testigo efectivo policial Jorge Vargas Benel quien participó en la intervención de los acusados. Por lo que queda indubita- blemente probado la comisión del delito de extorsión. En cuanto a la responsabilidad del acusado Segundo Alexander Gil León éste desde el inicio del juzgamiento ha aceptado los cargos, es más, fue interveni- do en flagrancia delictiva recogiendo el sobre que supuestamente contenía el dinero exigido en la extorsión, por lo que no queda duda respecto de su responsabilidad en el delito. En lo que atañe a los acusados Luis Gustavo Gil León y Marlon Stalin Cuasimodo Gil, quienes refieren haberse encontrado circunstancialmente en el vehículo intervenido debido a que el primero de los nombrados hacía servicio público de taxi mientras el segundo refiere fue invitado a abordar por su coacusado Segundo Alexander quien le invitó a comer pollo a la brasa. Al respecto debe considerarse que si bien los referidos acusados fueron intervenidos en el vehículo donde también se desplazaba el acusado Segundo Alexander Gil León, ello no resulta suficiente para concluir que los tres están en la misma situación y se trataba de un caso de flagran- cia, que en el caso del acusado Segundo Alexander si resulta claro porque se acercó a recoger el dinero, pero de los otros dos acusados que estuvieron en el carro se requiere prueba adicional caso contrario se estaría incurrien- do en criterios de responsabilidad objetiva que se encuentra proscrito por el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal. Para desentrañar ello sólo se ha recepcionado el testimonio del testigo efectivo de la Policía Nacional Jorge Vargas Benel, quien refiere que luego de recepcionada la denuncia del agraviado se iniciaron la tratativas con los extorsionadores y quedaron en entregar un sobre con dinero, y al llegar al lugar pactado llegó un vehículo de donde bajo un sujeto que es intervenido, procediendo además a intervenir a dos sujetos que se encontraban en el interior de dicho vehículo,

refiriendo el

testigo que el intervenido Segundo Alexander Gil León desde un inicio admi- tió su participación en el delito pero en forma individual aduciendo que sus acompañantes no tenían nada que ver. Además de tal testimonio no se tiene otro testimonio que evaluar respecto de la responsabilidad de los acusados no obstante que fueron notificados todos los efectivos policiales que participa- ron en la intervención, por lo que siendo así, es sólo sobre tal prueba que se tiene que pronunciar el Colegiado al evaluar el retiro de acusación formulada. En ese sentido se advierte que conforme al relato del testigo se desprende que el acusado Segundo Alexander desde un inicio -al momento de su inter- vención-, además de asumir su responsabilidad excluyó la participación en el ilícito de sus coacusados, lo que ha sido ratificado en juicio al afirmar que admite su responsabilidad pero que su hermano es taxista y le pidió que le haga un servicio a una pollería y para que su hermano no sospeche invitó a su primo Cuasimodo Gil a abordar el vehículo para ir a comer pollo a la brasa, siendo luego intervenido por personal policial junto a sus familiares; versión que es ratificada por sus coacusados. En consecuencia, el Colegiado advierte que no hay más prueba que vincule a los acusados Marlon Cuasimodo Gil y Luis Gustavo Gil León que el hecho de estar a bordo del vehículo en el que se trasladaba el acusado Segundo Alexander, y al haberse afirmado por los testigos que ese hecho fue circunstancial en vista que los antes mencionados desconocían de las actividades del antes referido acusado, y advirtiendo que el retiro de acusación tiene los mismos efectos de una sentencia absolutoria (archivo del caso), es sobre esa base que el Colegiado da por retirada la acu- sación en éste extremo por el Ministerio Público. 11)

Individualización de la Pena. Para los efectos de la individualización de la pena, se tiene en cuenta los prin- cipios de lesividad y proporcionalidad previstas en los artículos cuarto y oc- tavo del Título Preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal a imponerse esté acorde con la culpabilidad por el hecho, dentro de los límites mínimos y máximos que sanciona la norma penal que subsume el hecho impu- tado al acusado, debiendo considerarse además lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Código Penal, así como la naturaleza del delito cometido y las cir- cunstancias de su perpetración. Que, a fin de determinar la pena respecto del acusado Segundo Alexander Gil León debe considerarse que mediante Ley No.30076, que modifica los artícu- los 45, 45-A y 46 del Código Penal, se estableció el sistema de tercios, entonces en aplicación a dichas normas el Colegiado para determinar la pena debe pre- viamente identificar el espacio punitivo de la pena a imponer, y luego evaluar si concurren circunstancias atenuantes o agravantes, y si éstas son genéricas o privilegiadas o cualificadas. En tal sentido si bien al inicio del juicio el Minis-

terio Público postuló la figura de extorsión en su modalidad agravada por la presunta pluralidad de agentes, pero al haber retirado la acusación respecto de dos acusados entonces estamos ante la figura básica tipificada en el primer párrafo del artículo 200 del Código Penal cuya pena fluctúa de diez a quince años de pena privativa de la libertad; pero para su determinación además debe considerarse las calidades personales del acusado quien se trata de una persona con una serie de carencias porque sólo cuenta con estudios prima- rios, de ocupación obrero de construcción civil, conviviente, sin antecedentes tratándose de un agente primario, no concurriendo ninguna circunstancia agravante cualificada, concurriendo si una atenuante privilegiada porque el delito se frustró –por la oportuna intervención policial- quedando el mismo en grado de tentativa. Siendo así, entonces debe imponerse una pena por debajo del mínimo legal si consideramos además que desde el inicio del juicio aceptó los cargos y su defensa sólo cuestionó la inidoneidad del supuesto material explosivo que en efecto tuvo razón conforme a la explicación proporcionada por el perito balístico, además de cuestionar la tipificación del hecho juzgado. Por lo que el Colegiado atendiendo a los principios de proporcionalidad y de lesividad del bien jurídico considera que debe imponerse ocho años de priva- ción de su libertad. 12)

Reparación Civil. Respecto a la reparación civil ésta debe fijarse atendiendo los conceptos establecidos en el artículo 93 del Código Penal, cual es la restitución del bien o el pago de su valor, además de la indemnización causada por los daños y perjuicios irrogados a la víctima por el delito. En tal sentido el Colegiado con- sidera que estando a la naturaleza del delito y al no haberse consumado el mismo, la suma propuesta por el Ministerio Público es una suma prudencial y razonable. En tal sentido, en aplicación a los principios de ponderación y de proporcionalidad el Colegiado estima los daños y perjuicios en la suma de quinientos nuevos soles que deberá cancelar el sentenciado en ejecución de sentencia.

13)

Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quién debe soportar las costas del proceso. Que en el presente si bien se le impone sentencia conde- natoria al acusado Segundo Alexander Gil León por el delito de extorsión, debe considerarse que éste asumió su responsabilidad desde el inicio del juz- gamiento y debido a que su defensa cuestionó la materialidad del delito de tenencia de materiales peligrosos explosivos como el de aducir que no se ti- pificaba la figura agravada sino básica de extorsión, es que no prosperó una conclusión anticipada, pero al condenársele efectivamente por la figura básica y al haberse determinado luego de la actividad probatoria que el explosivo

que portaba era inocuo, entonces bajo tales circunstancias debe eximirse al condenado del pago de costas, debido a que los fundamentos de su abogado defensor fueron amparados. PARTE RESOLUTIVA. Por estos fundamentos, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial del distrito Judicial de La Libertad, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 16, 23, 28, 45, 57, 92, 200° primer párrafo y 279-A del Código Penal concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 387.4, 392, 393, 394, 397, 399, 402 y 403 del Código Procesal Penal. FALLA: I.

DESE por retirada la acusación contra los acusados MARLON STALIN CUA- SIMODO GIL, LUIS GUSTAVO GIL LEÓN y SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN, por el delito de tenencia de materiales peligrosos explosivos, en agra- vio de El Estado.

II.

DESE por retirada la acusación contra los acusados MARLON STALIN CUA- SIMODO GIL y LUIS GUSTAVO GIL LEÓN por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa en agravio de César Martín Gonzáles Trinidad; ANU- LENSE los antecedentes que se hubieren generado en el extremo del retiro de acusación.

III. CONDENANDO al acusado SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN como autor del delito de extorsión en su figura básica, a OCHO AÑOS DE PENA PRIVA- TIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, en agravio de César Martín Gonzáles Tri- nidad; encontrándose privado de su libertad desde el veintinueve de enero del dos mil quince la pena vencerá el veintiocho de enero del dos mil veintitrés, fecha en que será puesto en inmediata libertad siempre y cuando no exista otro mandato de detención emanado de autoridad competente. IV.

REPARACIÓN CIVIL.- Se fija en la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES que cancelará en ejecución de sentencia a favor del agraviado.

V.

COSTAS. - Sin Costas.

VI.

INSCRIPCIÓN.- Se inscriba en el registro correspondiente a cargo del Poder Judicial la sentencia firme o consentida. Se archive definitivamente S.S. QUISPE LECCA LOPEZ PATIÑO LUJÁN CASTRO

250

GRUPO EDITORIAL Lex &

IurIs

5.

PARRICIDIO Y EXPOSICION O ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES EXPEDIENTE N° 1069-2015 ESPECIALISTA : GEOVANNA CASAS NOVOA ACUSADA : LORENA EVELYN AGUILAR AGUILAR DELITO : PARRICIDIO EXPOSICION O ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES AGRAVIADO : MENOR DE INICIALES N.G.M.A. COLEGIADO : JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.) RAQUEL ALEJANDRA LÓPEZ PATIÑO JUAN JULIO LUJAN CASTRO

SENTENCIA RESOLUCIÓN N° VEINTITRES Trujillo, veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis.Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRA- PROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, integrado por los señores Jueces doctores Jorge Luis Quispe Lecca, Presidente y Director de Debates, Dr. Juan Julio Luján Castro y Dra. Raquel Alejandra López Patiño, en el proceso seguido contra LORENA EVELYN AGUILAR AGUILAR como autora del presunto delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de PARRI- CIDIO AGRAVADO en la forma de comisión por omisión, asimismo como autora del presunto delito EXPOSICION Y ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES en agravio de su hija, la menor de iniciales N.G.M.A.PARTE EXPOSITIVA. 1)

Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del Ministerio Público: Que, con fecha 14 de febrero de 2015 siendo las 08:00 de la noche aproximadamente, luego de haber llegado de su trabajo al cuarto que alquilaba en el tercer piso de la calle Inca Roca N° 1203 – Río Seco – El Porvenir, donde también se encontraba en ese momento su conviviente Lorena Evelyn Aguilar Aguilar y su menor hijastra de iniciales N.G.M.A. de tan solo un años y dos meses de nacida a punto de ver la televisión, es en ese momento la golpea a la menor, coge a su hijastra y la lanza contra la cama donde se golpea la cabeza contra la pared y luego nuevamente la coge y la lanza contra el col- chón, también le pisa su estómago, luego de eso la menor blanqueaba los ojos mirando para arriba, sus brazos y piernas estaban doblados como estirándose pero torcidos, estaba con convulsiones,

respirante entrecortado, todo eso fue

presenciado por la madre de la menor Lorena Evelyn Aguilar Aguilar, quien se encontraba en el cuarto, pero pese a que tenía la posición de garante, pues era la madre biológica y tenía la obligación de impedir el resultado, no realizó nin- guna conducta, se quedó inactiva para evitar esos hechos. Luego de ocurridos los hechos la menor fue conducida por su padrastro y madre al Policlínico de Río Seco – El Porvenir y luego al Hospital Santa Isabel, donde al no contar con los implementos necesarios la desplazaron en ambulancia al Hospital Belén de Trujillo, donde quedó en observación, sin embargo, el 15 de febrero a las 06:20 horas a causa del golpe en la cabeza que le ocasiono su padrastro, le produjo una hemorragia subdural masiva que fue la causa de la muerte de la menor.

252

-

Calificación Jurídica del Ministerio Público y Pretensión Penal.Que, la acusada es AUTORA del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de PARRICIDIO AGRAVADO, previsto en el Artículo 107 del Código Penal que prescribe: “El que a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de quince años” y concordante con el artículo 108° inc. 1 y 3 del Código Penal que prescribe: “Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Por ferocidad (…) 3. Con gran crueldad”, en agravio de la menor de iniciales N.G.M.A. Atribuyéndole la calidad de autora por su participación por comisión por omisión, conforme al artículo 11 del Código Penal, por haber omitido evitar la muerte de su menor hija, pese a que estuvo presente. Asimismo se le atribuye la calidad de AUTORA del delito de EXPOSICION O ABANDONO A PERSONAS INCAPACES previsto en el Artículo 125° del Código Penal que prescribe: “El que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona inca- paz de valerse por sí misma que estén legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su cuidado (…)”, en agravio de iniciales N.G.M.A. Por lo que solicita se le imponga al acusado la sanción de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD por el delito de Parricidio Calificado y UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBER- TAD por el delito de exposición o abandono de personas incapaces; haciendo un total de DIECISÉIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA por ambos delitos.

-

Pretensión Civil.- solicita el pago de S/.8,000.00 (OCHO MIL NUEVOS SOLES) que que deberá cancelar a favor de la sucesión de la menor, representado por su padre Segundo Alfredo Murga Arteaga.

GRUPO EDITORIAL Lex &

IurIs

2)

Pretensión de la defensa de Lorena Evelyn Aguilar Aguilar: Postula por la inocencia de su patrocinada puesto que a lo largo del juicio demostrara que la acusada no se encontraba presente cuando el sentenciado Bacilio Cueva gol- peo a su menor hija. Además ella hizo todo lo posible por ayudar a su niña ya que al verla en mal estado recurrió a pedir ayuda a su vecina y también llamo al padre de la menor para que la auxiliara, asimismo fue ella quien la llevo al policlínico Rio Seco y luego al Hospital Belén.

3)

Se Instruyó de sus derechos al acusado y ante la pregunta de admitir ser autor del delito materia de acusación y responsable de la Reparación Civil, respondió que Negativamente; por lo que, se continuó con el desarrollo del debate, de conformidad con el Artículo 356 del Código Procesal Penal.

4)

Admisión de nuevos medios de Prueba: -

Ministerio Publico: Ninguna Defensa: La testimonial del sentenciado David Bacilio Cueva COLEGIADO: Admite la declaración

5)

Examen de la acusada Lorena Evelyn Aguilar Aguilar: No va a declarar

6)

Medios probatorios Actuados:

6.1) Del Ministerio Público: 6.1.1) Declaración de la testigo Rosa Iris Cruzado Reyes.- Quien, refiere que el día 14 de febrero del año 2015 a las 19:00 horas aproximadamente se encontraba cocinando cuando toca la puerta posterior la señora Lorena desesperada y gritando dice “señora Iris, mi hija se está ahogando”, por lo que envió a su hermana Nélida a ayudar a la señora Lorena. Al poco rato su hermana Nélida regresa y le dice que la bebe tiene algo, que algo le han hecho porque ya se estaba estirando y su estómago estaba morado. Refiere que su hermana le dijo que le pregunto a la señora Lo- rena que había pasado con la bebe y que le dijeron que no sabían que tenía su niña. Al ver esta situación su hermana le aconsejo que llevaran a la bebe al hospital; luego como a las 6:00 horas aproximadamente le llaman para decirle que la bebe había fallecido. Más tarde empezaron los comentarios de que el señor David había sido el que mato a la bebe. Sostiene que a la señora Lorena no la conocía mucho, que el señor Da- vid si lo conocía porque era vecino. Hace una semana y media, antes de los hechos, vio a la bebe con el mentón morado, por lo que le pregunto a la señora Lorena que había pasado y ella le manifestaba que se había caído, en varias oportunidades le pudo ver moretones a la bebe. - Defensa.- Los golpes que le vio a la bebé fueron antes de que sucedieran los hechos. Reconoce su declaración previa ante el Minis- terio Publico y aclara que luego de que la señora Lorena subió con

un plato de comida para su pareja (el señor David) habrán pasado un promedio de 5 a 10 minutos cuando la señora Lorena le llama para decirle que su bebé se estaba ahogando. El señor Carruitero López no estaba en su casa cuando sucedieron los hechos. No ha presenciado que el señor David golpeara a la niña. Tampoco ha presenciado que la señora Lorena dejara que golpeara a la niña. 6.1.2) Declaración de la Testigo Nélida Cruzado Reyes.- quien refiere que cuándo viene de vacaciones a la ciudad de Trujillo llega a la casa de su hermana, por lo que en verano del año 2015 se encontraba en dicho domicilio. Sostiene que el día 14 de febrero su hermana Rosa la envió a ayudar a Lorena, puesto que esta última estaba pidiendo ayuda aduciendo que su bebita se estaba ahogando; por ello es que la testigo subió las escaleras para proceder a ayudarla, es en esos momentos que observa que la señora Lorena tenia a la niña cargada en sus brazos y le refirió que no sabía que tenía su niña, que ella la dejo durmiendo, bajó a comprar por unos minutos y cuando regreso la encontró mal; por lo que le dijo que le dé respiración boca a boca pero no servía de nada; en esos momentos volteó a mirar en el cuarto para ver si había algo con lo que la niña se haya podido hacer daño y logro ver al sentenciado David Bacilio Cueva quien caminaba de un lado a otro dentro del cuarto como preo- cupado. Acto seguido comenzó a aplastarle el pecho a la bebe, mientras la señora Lorena le daba respiración; posteriormente le tocó el pulso y lo sentía débil por lo que le aconsejo a Lorena que la lleve al Hospital. La bebé tenia huellas moradas por el cuello y el cuerpo morado. Refiere que cuando ella le sugirió a la señora Lorena que la lleve a la bebé al Hospital, el señor David comento que hace rato que le estaba diciendo eso a Lorena y ella no le hacía caso. Días antes de los hechos le noto moretones a la bebe en el cuerpo, en sus brazos, su rostros se notaba huellas de dedos. - Defensa.- Le observo moretones a la niña una semana antes de los hechos. No ha visto al señor David golpear a la niña. Reconoce la foto del señor Walter Carruitero y asevera que si lo conoce y el día de los hechos no se encontraba en la casa. 6.1.3) Declaración del testigo médico José Manuel Burgos Zavaleta.- Refiere que en el año 2015 trabajaba en el Hospital Belén y que el día 14 de febrero del 2015 en la noche se encontraba de guardia en Emergencia, en estas circunstancias es que atendió a la menor de iniciales N.G.M.A. quien llego derivada de otro establecimiento de salud. Que la menor de un año dos meses llego sedada porque estaba convulsionando más de media hora, hicieron una primera evaluación concluyendo que tenía estable su respiración, sus funciones vitales

estaban estables pero se-

dada. Por lo que luego empezaron un interrogatorio a la familia, quienes refirieron que estando sentada jugando, la niña empezó súbitamente a convulsionar, después de ello la llevaron a un establecimiento de salud; refirieron que no había tenido caída alguna; el interrogatorio lo reali- zaron a la madre de la menor (señora Lorena) y a su pareja (David), la mayor parte de información la proporciono la madre. Luego observaron una lesión contusa en un lado de la cara y parte del cuello por lo que preguntaron a la familia y refirieron que se lo hizo jugando. Refiere que si la familia de la menor hubiese comunicado que hubo algún golpe la menor hubiese sido trasladada de frente a cirugía. Tanto la madre de la menor como su pareja daban la misma versión de lo ocurrido con la menor, no se contradecían. Luego que la menor fallece, le llamo la aten- ción varias cosas primero que la niña se haya deteriorado rápidamente, otro que en el proceso de reanimación observaron que empezó a salir sangre viva del estómago de la menor lo que les sorprendió porque pre- vio a eso no se observó ningún sangrado. Esto fue lo que determinó que decidieran que se proceda a hacer la necropsia para investigar la causa de muerte. - Defensa.- Recibieron a la menor a las 21:50 aproximadamente. Cuando hizo las preguntas a la madre de la menor no noto en ella nerviosismo, estaba normal. 6.1.4) Declaración del Perito Médico Psiquiatra José Ángel Holgado Minaya.- Se ratifica en la Pericia Psiquiátrica N° 3014-2015 de fecha 05 de junio del 2015 que le practico a la acusada. Las conclusiones son: no presenta trastorno psicopatológico de psicosis, su inteligencia es clínicamente normal para su edad y nivel educativo, presenta personalidad con rasgos disociales: tendencias de impulsividad por inmadurez, no presenta tendencias agresivas, se sugiere de la participación de psicolo- gía clínica para el desarrollo adecuado de su personalidad. La personalidad con rasgos disociales quiere decir que está dentro de lo normal. Tendencia a salirse de las normas sociales, puede llegar a ser imprudente con su seguridad y la de los demás. 6.1.5) Declaración del testigo médico Roger Haro Castillo.- Refiere que el 14 de febrero del año 2015 en horas de la noche se encontraba laborando en Emergencias del Policlínico Santa Isabel del Porvenir. Que ese mismo día atendió a una menor de un año dos meses quien fue llevada al Hospital por su madre, la menor llego en mal estado al Hospital de inmediato procedieron a revisarla pero no respondía a los estímulos. Le pregunto a la madre porque la menor se encontraba en ese estado y la madre refirió que de un momento a otro la niña se quedó en ese estado, negaba que la menor se haya golpeado. No se

percató si la menor tenía

golpes en el cuerpo. La madre fue quien le proporcionó información sobre el estado de la menor. - Defensa: No recuerda la hora en que llego la menor al Hospital. Las acciones que tomaron para socorrer a la menor fue revisar las funciones vitales, si el corazón está latiendo; tomar la temperatura. No tuvo conocimiento de que la niña primero fue trasladada al Policlínico Rio Seco y que en su establecimiento no le dieron Diasepan a la niña. Se le pone a la vista su declaración previa ante el Ministerio Publico y se ratifica en que la hora en que llego la menor al Hospital fue a las 21:05 aproximadamente. Refiere que en su experiencia el tiempo aproximado que transcurre de trasladar a una persona del Hospital Santa Isabel al Hospital Belén es de 10 a 15 minutos. 6.1.6) Declaración del testigo Deivi Yulissa Avalos Rodríguez.- Refiere que en febrero del 2015 alquilaba un cuarto en Río Seco. Vivía en el tercer piso y tenía como vecinos a la señora Lorena y el señor David (acusados), el señor Walter y una persona más. Fueron pocas las veces en que vio a los acusados discutir. Escuchaba a la menor llorar en varias ocasiones pero no sabía porque. La madre de la menor no le manifestó si ella o la menor eran víctimas de maltrato físico. El día 14 de febrero del 2015 llego a su cuarto a las 21:00 a 21:30 horas aproximadamente y vio a la acusada en el pasadizo con su hija en brazos, le pregunto qué había pasado y le refirió que la menor estaba jugando y se había caído. Observo que la menor aun respiraba pero se desmayaba. -

Defensa.- Reconoce su firma en la declaración rendida ante el Ministerio Publico de fecha 11 de junio del 2015 y refiere que no se ratifica en su declaración puesto que si vio al acusado pegar a la niña en una oportunidad y que en ese momento no se encontraba presente la madre de la menor (la señora Lorena). Precisa que el día 14 de febrero del 2015 no vio al señor Walter Carruitero.

-

Ministerio Público.- Recuerda que un día que no fue a trabajar, observo que los 3 estaban afuera en el lavadero, la menor estaba en una tina, ya se dormía y el señor David le tiraba agua para que se despierte, luego de un rato el señor David y Lorena se fueron a descansar y la dejaron a la menor allí en la tina; por lo que la testigo fue, la saco y se la llevo a su cuarto para que duerma. En esta situación es que la madre de la menor se fue al baño y el señor David aprovechaba para echarle agua en la cara a la menor.

-

Defensa.- Cuando le echaron agua la menor lloraba, en esos momentos la acusada estaba en el baño.

6.1.7) Declaración del testigo Segundo Alfredo Murga Arteaga.- Refiere que está casado desde hace 33 años y que tuvo una relación sentimental con la acusada por dos años, que dicha relación la mantuvo estando casado y que producto de la relación tuvieron una hija; asimismo refiere que termino su relación con la agraviada porque ella se enamoró de otro hombre; se separaron cuando la menor tenía 11 meses; se veían cada quince días o semanalmente con ella y la niña, él cumplía con la niña. La menor se veía bien de salud, vestida y bañada. Refiere que la última vez que la vio fue el 9 o 10 de febrero. Un día que se encontraron en plaza vea (chacarero) la niña se cayó y a los 3 días que fue a dejarle su pensión la vio con un moretón; luego ya no la vio. Un sábado se ente- ró de lo que había sucedido, ya que lo llamo la acusada llorando y le dijo que la niña estaba mal, que no despertaba; por lo que fue al hospital Be- lén en donde se encuentra con los acusados. Es allí donde la madre de la niña le refiere que había salido a comprar comida y cuando regreso la encontró en mal estado, como convulsionando; asimismo, que David le refirió que estuvo viendo televisión, sonó algo y luego la niña estaba en el piso convulsionando, por lo que la llevaron a la posta. Fiscal deja constancia de que el testigo ha visitado a la acusada en el penal un pro- medio de 49 veces según información remitida por el INPE. 7)

Defensa.- Quiso recoger a su hija pero ella se puso a llorar y le dijo que no haga eso.

Oralización de los medios probatorios. Destacaron el significado probatorio que consideran útil las partes. Alegatos de clausura, se produjeron los alegatos de clausura donde las partes se ratificaron en sus pedidos iniciales expuestos en sus alegatos de apertura, y se concedió el uso de la palabra a la acusada quien refirió ser inocente.

PARTE CONSIDERATIVA: 11)

Hechos probados y Análisis de la prueba actuada:

11.1. Que, se imputó al ahora sentenciado David Jesús Bacilio Cueva el de haber venido maltratando a la menor de iniciales N.G.M.A. (de un año y dos meses de edad) quien era hija de su conviviente coacusada Lorena Evelyn Aguilar Aguilar, tal es así que el día 14 de febrero del 2015 –en la habitación que alqui- laba con su entonces conviviente- a horas 8 pm. aproximadamente, se ensañó con la menor golpeándola en forma violenta y reiteradamente, causándole la muerte por un golpe mortal que le propinó en la cabeza que le produjo una hemorragia subdural masiva, ello en presencia de su coacusada quien a pesar de estar presente no hizo nada para evitar tal desenlace fatal, por lo que los cargos contra ésta última son precisamente la de haber cometido el delito de parricidio por su participación por comisión por omisión. Asimismo

se le imputa a la acusada la comisión del delito de exposición o abandono de personas incapaces no precisándose el presupuesto fáctico de ésta última im- putación. 11.2. El acusado Bacilio Cueva aceptó los cargos al inicio del juzgamiento, sometiéndose al procedimiento de conclusión anticipada, por lo que se le impuso sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado en agravio de la menor a veinte años y seis meses de pena privativa de la libertad. Respecto de su coacusada Lorena Evelyn Aguilar Aguilar, ésta no aceptó los cargos soste- niendo que no estuvo presente cuando su coacusado golpeó mortalmente a su menor hija y que hizo todo lo posible en salvaguarda de su salud, lleván- dola al Policlínico de Río Seco y Hospital Belén. Por lo que se continuó con el juzgamiento respecto de la acusada, actuándose actividad probatoria ya no para acreditar la muerte de la menor sino la responsabilidad que le atribuye el Ministerio Publico en la comisión del delito. Por lo que bajo tal premisa pasa a evaluarse la actividad probatoria para determinar si efectivamente éste re- sulta suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia que la protege. 11.3. Que, evaluando individualmente las declaraciones de los testigos: Rosa Iris Cruzado Reyes (dueña del inmueble donde la acusada con su ex conviviente alquilaron una habitación), concluye que la acusada luego de regresar de comprar comida subió a su cuarto y pidió ayuda porque su bebe se encontraba mal, refiriendo la testigo que mandó a su hermana Nélida Cruzado Reyes para ver lo que sucedía porque ella se encontraba ocupada, y quien a su vez refiere que vio a la acusada con su menor hija en brazos y le sugirió que la lleve al hospital porque vio a la menor en mal estado. A su turno la testigo Jessica Marlene Alfaro Peves (vecina de cuarto de los acusados), refiere que el día de los hechos, al regresar de la calle, encontró a la acusada en el pasadizo con su bebe en brazos y le preguntó que ha pasado y ésta le respondió que su hijita estaba jugando y se ha caído; refiriendo además la testigo que sí vio golpear en una oportunidad el sentenciado Bacilio Cueva a la menor pero no se encontraba presente la acusada. De lo que podemos concluir que se trata de testimonios de testigos que no presenciaron los hechos. Por su parte los médicos José Manuel Burgos Zavaleta y Roger Haro Castillo refieren que atendieron a la menor quien se encontraba en mal estado de salud y que la acusada como su entonces conviviente afirmaban que no se había golpeado. 11.4. El Ministerio Público atribuye a la acusada una conducta omisiva al haber permitido, ante su presencia, que el acusado golpee mortalmente a su menor hija causándole la muerte por un golpe a la cabeza. De la evaluación de la prueba se llega a concluir que ningún testigo afirma haber presenciado que el sentenciado Bacilio Cueva golpee a la menor en presencia de su madre la acusada, menos el día de los hechos 14 de febrero del 2015, porque conforme

lo ha señalado la dueña del inmueble donde tenían alquilado una habitación los acusados, testigo Rosa Iris Cruzado Reyes, quien afirma que cuando la acusada regresó de comprar comida subió a su habitación y luego comenzó a llamar a su puerta solicitando auxilio porque su hijita se estaba muriendo, y como estaba ocupada le dijo a su hermana Nélida Cruzado Reyes que la vaya a ver y quien a su vez refiere que la encontró en el pasadizo y le dice que le dé respiración boca a boca pero la bebe no reaccionaba, y como sentía su pulso lejos es que le aconseja que la lleve a un hospital, lo que en efecto así ocurrió siendo trasladada la menor por su madre al policlínico del Río Seco – El Por- venir, luego al policlínico Santa Isabel y finalmente –dado el grave estado de la menor- al Hospital Belén donde finalmente fue atendida. Concluyendo de tales relatos que la acusada Aguilar Aguilar se ausentó de la habitación para comprar sus alimentos y al regresar y subir a su habitación es que encuentra a su menor hija en mal estado y procede a pedir ayuda a la dueña de la casa, evidenciándose que no estuvo presente al momento que fue golpeada por el acusado Bacilio Cueva. Es más, su preocupación fue socorrer a la menor a quien incluso le dio respiración boca a boca –conforme al relato de la testigo Nélida Cruzado Reyes-, pero al no ver reacción en la menor es que decide lle- varla hasta en tres centros de salud como son el Policlínico del Río Seco – El Porvenir, Policlínico Santa Isabel y finalmente al Hospital Belén, no probándo- se que haya permitido que el sentenciado Bacilio Cueva la golpee mortalmente a su hija y que nada haya hecho al respecto. Además, con la declaración del testigo Segundo Alfredo Murga Arteaga –padre de la menor- se prueba que la acusada desde el hospital lo llamó comunicándole del grave estado en que se encontraba su hija, quien refiere que cuando le pidió explicaciones por lo ocurrido ésta le dijo que había salido a comprar comida y a su regreso la en- contró en ese estado, y que había dejado a la menor con su ex conviviente ya sentenciado, quien le dijo que él estuvo viendo televisión y escuchó algo y lue- go vio a la niña en el piso; corroborándose que la acusada no estuvo presente al momento que el sentenciado le propino la golpiza que le causó la muerte. Para imputarle la comisión del delito de parricidio a la acusada sea por comi- sión o por omisión, debe estar nítidamente probado su ánimo necandi y deli- berado propósito de acabar con la vida de su menor hija, y en el caso materia de juzgamiento aparece lo contrario, porque luego de subir la acusada a su habitación empezó a pedir ayuda al encontrar a su menor en mal estado, pro- porcionándole respiración boca a boca y al no encontrar resultados lo llevó hasta a tres centros de salud para auxiliar a la menor. Si hubiera participado en el ilícito y hubiera tenido el ánimo de acabar con la vida de su hija sencilla- mente no la hubiera socorrido y la hubiera dejado morir en su habitación sin socorrerla, lo que no ocurrió en el presente caso. 11.5. Que, en lo que respecta a las declaraciones de los médicos que atendieron a

la menor, como es el caso del médico Roger Haro Castillo, quien la atendió en el Hospital Santa Isabel, y del médico José Manuel Burgos Zavaleta que la atendió en el Hospital Belén, coinciden en señalar que cuando pidieron infor- mación a la acusada y su conviviente, éstos si bien negaron que la menor haya recibido algún golpe, debe considerarse que ello no es indicio de responsabili- dad para la acusada si consideramos -que -como ya se refirió- ésta no estuvo presente al momento que Bacilio Cueva golpeo a la menor y éste le refirió que desconocía los motivos por el cual la menor se puso en mal estado porque de repente se había puesto así; por lo que es de concluir que la acusada sólo repitió lo que le dijo su entonces conviviente quien se había quedado a solas con la menor cuando ella salió a comprar comida. En lo que respecta al tes- timonio de la testigo Jessica Marlene Alfaro Peves –vecina de habitación de la acusada-, ésta igualmente refiere no haber presenciado los hechos porque llegó después y sólo vio a la acusada con su menor hija en brazos, y la infor- mación que proporciona de haber presenciado en una oportunidad golpear al sentenciado Bacilio Cueva a la menor en ausencia de su madre la acusada, tal información no es de calidad para resolver el presente conflicto de contenido penal, porque incluso de haberlo presenciado la madre en ésa oportunidad no se puede asumir que por ello habría también permitido que su entonces conviviente asesine a su hija. 11.6. El Ministerio Público también le ha formulado cargos a la acusada por el delito de exposición o abandono a personas incapaces, tipificado en el artículo 125 del Código Penal, pero en el requerimiento acusatorio no aparece el presu- puesto fáctico (hechos) en que sustenta tal imputación, sólo agrega que hay concurso real de delitos: parricidio y exposición o abandono a personas inca- paces, pero sin delimitar los hechos que le corresponde a éste segundo delito, lo que causa indefensión a la parte acusada. El referido ilícito penal tiene dos supuestos delictivos: exposición y abandono, no se ha precisado el mismo, además, la exposición es un delito de peligro concreto y actual y sólo puede materializarse por acción mas no por omisión, aunque el segundo supuesto si es de comisión por omisión y se materializa cuando el agente se aleja del ambiente en donde se encuentra el menor de edad, dejándolo indefenso y ex- puesto a peligro, con el fin de no brindarle los cuidados debidos a los cuales está obligado, siendo tal supuesto de peligro concreto e inminente para la vida misma o para la salud del sujeto pasivo. En el presente caso, al no haber pre- cisado la representante del Ministerio Público cual es la conducta criminal de la acusada por el cual expuso o abandonó a su menor hija al peligro, debemos intuir que se refiere por el hecho de haberla dejado en compañía de su conviviente, en la habitación donde residían, mientras fue a comprar alimentos y al regresar la encontró en mal estado, pero si ello fuere el fundamento debe considerarse que tal conducta incriminada resulta atípica porque el hecho

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de dejar a su bebe con su padrastro y en el lugar donde residen no significa haberla abandonado y dejado expuesta al peligro, porque si ello fuera así en- tonces de qué convivencia se estaría hablando, si es un hecho aceptado que los acusados con la menor residían en dicha habitación. Ahora, de aceptar tal tesis entonces el Ministerio Público admitiría que la acusada no estuvo presente al momento que su ex conviviente Bacilio Cueva le infirió los golpes mortales a la menor porque la dejó “abandonada” con éste, lo que tornaría en incongruente su tesis acusatoria porque por un lado refiere que éste la golpeo en su presencia y por otro que le dejó abandonado con éste. 9.7. Que, estando a lo antes expuesto a criterio del Colegiado la prueba actuada no resulta suficiente para concluir por la responsabilidad de la acusada en la muerte de su menor hija, en vista que para que se pueda concluir que efectiva- mente la acusada es coautora del asesinato de su hija, se requiere que exista prueba que demuestre más allá de toda duda razonable su responsabilidad, pero al no contarse con tal prueba, no se puede construir y elaborar una sen- tencia condenatoria como persigue el Ministerio Público. 10) COSTAS: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas del proceso. Que en el presente caso resultó vencida la parte acu- sadora. Y como quiera que el Código Procesal Penal ha previsto en el artículo 499.1 a los representantes del Ministerio Público, como exentos del pago de costas, así deberá declararlo el Juzgador PARTE RESOLUTIVA. Por estas consideraciones el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovin- cial de Trujillo, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 25, 28, 45, 46, 92, 107, 108° incisos 1 y 3, y 125 del Código Penal, concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 392, 393, 394, 399 y 403 del Código Procesal Penal. FALLA: I.- ABSOLVIENDO de la acusación Fiscal a la acusada LORENA EVELYN AGUILAR AGUILAR, por los delitos de parricidio agravado y de exposición o abandono a personas incapaces, en agravio de la menor de iniciales N.G.M.A. II.- ANULENSE los antecedentes que se hubieran generado contra la absuelta por los hechos motivos del presente proceso.III.- COSTAS. Sin Costas. Se archive definitivamente.S.S. QUISPE LECCA LÓPEZ PATIÑO LUJÁN CASTRO.

6.

ROBO AGRAVADO - ABSOLUCION EXPEDIENTE N° 177 - 2015 ESPECIALISTA ACUSADO DELITO AGRAVIADO COLEGIADO

: ROSMIERE ISIDRO HINOSTROZA : JESUS ALBERTO LEIVA MEZA RUDDY GIAN MARCOS SANCHEZ MENDO : ROBO AGRAVADO : SERAPIO RÍOS JUAREZ : JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.) JUAN JULIO LUJÁN CASTRO RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO

SENTENCIA RESOLUCIÓN N° Dieciséis. Trujillo, cinco de abril del año dos mil dieciséis.Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRA- PROVINCIAL, integrado por los señores Jueces: Dr. Jorge Luis Quispe Lecca, Pre- sidente y Director de Debates, Dra. Raquel Alejandra López Patiño y Dr. Juan Julio Luján Castro, en el proceso seguido contra el acusado JESUS ALBERTO LEIVA MEZA Y RUDDY GIAN MARCOS SANCHEZ MENDO, por el Delito contra el Patri- monio en la modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de Serapio Ríos Juárez.PARTE EXPOSITIVA 1)

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Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del Ministerio Público: Que, el día 22 de octubre del 2014, al promediar las 14:00 horas, el agraviado (un sacerdote católico) se constituyó al Banco Continental ubicado en el Jirón Gamarra de la ciudad de Trujillo, retirando por ventanilla la suma de 11,050.00 euros destinados a solventar los gastos del Comedor del colegio San Francisco Santa Ana de Huamachuco, para luego al promediar las 14:50 horas dirigirse a una casa de cambio ubicada en el mismo Jirón, logrando cambiar la suma de 5,050.00 a moneda nacional por un monto de S/. 18,230.50, para luego trasladarse a bordo de un taxi no identificado con dirección a la Iglesia ubicada en la Av. Fátima de la Urb. California de Tru- jillo. Siendo las 15:15 horas aproximadamente en circunstancias en las que el agraviado bajo del taxi frente a la Parroquia y al cruzar fue atacado por un sujeto de unos 20 a 25 años de edad vestido con jeans quien portaba un arma de fuego con lo que golpeo en la cabeza al agraviado causándole heri- das y pidiéndole el dinero para luego dispararle, GRUPO EDITORIAL Lex &

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impactando el proyectil en

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el celular que el agraviado llevaba en el bolsillo de lado izquierdo del buzo y otro disparo le impacto en la pierna izquierda originándole una lesión; luego de ello el delincuente logro arrebatarle la mochila que contenía el dinero, los documentos, su billetera, los documentos personales y los vouchers del retiro y cambio del dinero para luego retirarse a bordo de una camioneta 4x4 color negra, dándose a la fuga por la Avenida Húsares de Junín, circunstancia en la que el agraviado fue auxiliado y trasladado a la Clínica SANNA donde fue atendido. Enterados de los hechos, personal policial recabo copia de un video de la cámara de seguridad instalada en la parroquia y luego de su visualiza- ción se logró recabar las características principales del vehículo en la que los autores del hecho se dieron a la fuga, ubicando el vehículo al interior de una cochera en la localidad de Moche; asimismo el agraviado logro reconocer el vehículo, asimismo en la cochera se intervino a las personas de Ángel Ricardo Rodríguez Rodríguez y Teresa Flora Quinto de la Peña quienes refirieron que el vehículo fue dejado en el frontis de su casa, cuyo patio lo utilizan como cochera por un sujeto conocido como Roy de características de 1.65 mts. de estatura, pelo lacio corto de unos 30 años de edad, quien el 22 de octubre del 2014 entre las 16:30 y 17:00 horas lo dejó comprometiéndose a retirarlo al día siguiente a las 7:00 horas. Mediante la inspección técnico criminalística y peritaje efectuado sobre el vehículo de placa de rodaje BJ1232 no existía de- nuncia alguna y que dicha placa se encontraba registrada a nombre del testigo Illahuamán Chipana Juan Mariano y Escobar Quispe Gladys con domicilio en el Callao – Lima. Por lo que dicho vehículo fue sustraído en la ciudad de Lima y llego a Trujillo el 22 de octubre 2014. Que efectuada la inspección técnico criminalística y recojo de huellas en el vehículo se obtiene que la muestra de impresiones dactilares proviene de la persona de Ruddy Gian Marco Sánchez Mendo (el ahora acusado), que la señora Quinto de la Peña logro reconocerlo como el sujeto que le dejo la camioneta en la cochera de su casa. El agraviado Serapio Ríos Juárez logro reconocer a Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo como el chofer de la camioneta de donde bajo la persona que lo asalto; de la misma manera logro reconocer a Jesús Alberto Leiva Meza como la persona que lo despojo dela mochila con el dinero así como quien le ocasiono las lesio- nes en el cuerpo. − Calificación Jurídica y Pretensión Penal.- Que, los acusado son COAUTORES del delito contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO AGRA- VADO, previsto en el Artículo 189° del Código Penal con la agravante de ser cometido: “(…)3. A mano armada y 4. Con el concurso de dos o más personas asimismo con la agravante contenida el inc. 1 del segundo párrafo del mismo artículo que refiere: 1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. Por lo que el Representante del

Ministerio Público solicita se le imponga al acusado Rudy Gian Marco Sánchez Mendo la sanción de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y al acusado Jesús Alberto Leiva Meza la sanción de VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. −

Pretensión Civil.- Se solicita se fije por concepto de Reparación Civil, la suma de CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES, que deberán cancelar a favor del agraviado.

2)

Se Instruyó de sus derechos a los acusado y ante la pregunta de admitir ser partícipe o autor del delito materia de acusación y responsable de la Reparación Civil; Contestaron Ser Inocentes, por lo que se continuó con el desarrollo del debate; de conformidad con el Artículo 356 del Código Procesal Penal.

3)

Pretensión de la defensa

4)

5)

3.1)

Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: Sostiene que el dia en que sucedieron los hechos su patrocinado se encontraba trabajando en la ciudad de Lima, en un car wash. Debido a ello es que la tesis de la defensa es por la inocencia de su patrocinado.

3.2)

Defensa de Jesús Alberto Leiva Meza: Sostiene que el día en que sucedieron los hechos su patrocinado se encontraba vacacionando con sus familiares en las “Lagunas de Conache”. Asimismo resaltar que la incorporación de su patrocinado en el proceso es únicamente por un acta de reconocimiento en ficha RENIEC, la cual fue deficiente.

Nuevas Pruebas: -

Ministerio Publico: Ninguna

-

Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: No

-

Defensa de Jesús Alberto Leiva Meza: Ofrece 6 fotografías y boletas de compra para acreditar que estaba en lagunas de Conache. En la medida que la Administradora de dicho establecimiento informo que en octubre no laboraron. En este sentido la finalidad de estos medios probatorios es acreditar que sí estuvo dicho establecimiento si se encontraba operando en la fecha señalada.

-

COLEGIADO: Admite los nuevos medios de prueba

Examen del acusado: 5.1)

Declaración del acusado Jesús Alberto Leiva Meza: Refiere que se dedicaba a manejar combi, actualmente maneja colectivo; el día de los hechos no trabajo en la combi, se fue a las “lagunas de Conache” a ma- nera de celebrar su cumpleaños que era el día 24 de octubre, estuvo allí hasta las 17:30 a 18:00 horas aproximadamente. A dicho lugar fue con sus padres, su cuñada, hermano y enamorada.

6)

-

Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: No conoce a su coacusado

-

Ministerio Público: Tiene licencia de conducir, trabaja en la Empresa Girasoles; sin embargo no se encuentra registrado como cho- fer en la empresa; trabaja desde el 2013 eventualmente en las com- bis. Su cumpleaños cayó viernes 24 de octubre, lo celebro con sus amigos y tomaron cerveza; ese día no laboró; con sus familiares celebro el miércoles 22 de octubre y tampoco laboro; celebro el 22 con su familia porque el 24 de octubre acostumbraba pasarlo con sus amigos. El sábado y domingo trabajo en su casa. Lo intervinie- ron saliendo de una cebichería con su enamorada, le pidieron sus documentos y observaron en el sistema que tenía una detención preliminar en su contra.

Medios probatorios Actuados:

6.1) Del Ministerio Público: 6.1.1) Declaración de la testigo Teresa Flora Quinto de la Peña: refiere que vive en Avenida La Marina 278- Moche; allí guarda vehículos de personas conocidas; el 22 de octubre del 2015 un joven dejo un vehículo y dijo que al día siguiente lo iba a recoger, eran las 16:00 a 17:00 horas aproximadamente, no conocía al joven, pero lo había visto antes en una o dos oportunidades conversando con un vecino. El vehículo era una camioneta negra 4x4 marca Santa fe; el día 23 de octubre en la noche vino la policía. Refiere que nunca ha visto a los acusados, no los reco- noce. Refiere que no declaro ante el Ministerio Publico; por lo que se le pone a la vista su declaración previa de fecha 23 de octubre del 2014 la cual reconoce, que su ampliación de declaración la realizo el 24 de octubre del 2014 y conto con la presencia de un abogado. Participo de un reconocimiento fotográfico en la primera diligencia, la cual se realizó en su casa; sostiene que no logro reconocer a nadie, no recuerda si el abogado estuvo en la diligencia de reconocimiento. -

Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: No da boleta por servicio de cochera. La persona que dejo el vehículo en su cochera era un joven con pelo corto trigueño de 30 a 35 años. Ve a los acusados y dice que su edad promedio seria de uno de 20 a 23 años y del otro de 25 años aproximadamente.

-

Ministerio Público: Alquila a personas conocidas del lugar. A la persona que llego ese día con la camioneta la vio dos veces, la pri- mera vez fue a dejar un taxi y también conversaba con el vecino.

6.1.2) Declaración del testigo Juan Mariano Illahuaman Chipana: Refiere que tuvo camioneta BJ-232, que le robaron dicha camioneta y no pudo recuperarla. Que el vehículo le robaron el día 05 de marzo del 2015 por

cuatro delincuentes en momentos en que ingresaba a su domicilio; que el hecho lo denuncio en la Comisaria del sector. El 22 de octubre del 2014 el vehículo aún se encontraba en su poder; no tramito cambio de placa. No conoce a David Gregorio Sánchez Gonzales ni a los proce- sados. Tampoco conoce a José Antonio Pomares Poma. Desconoce los datos donde aparece su firma en carta poder emitida en Notaria Pozo Valdez. 6.1.3) Declaración del testigo PNP Carlos Sánchez Cabanillas: Hizo la investigación; refiere que parece que fue marcaje desde la entidad financiera hasta la casa de cambio y luego a su convento. A los dos días ubican a la camioneta en una cochera informal, esperaron por cierto tiempo a que alguien llegara por el vehículo pero nadie llego a recogerlo. Por lo que citaron a la fiscal de turno y procedieron a realizar la intervención del vehículo, lograron entrevistarse con una señora y un señor, quienes aceptaron haber recepcionado el vehículo, pero que la persona que lo había dejado dijo que lo dejaban por un día. Llamaron a DEPROVE y Cri- minalística porque habían huellas aprovechables al interior del vehícu- lo, vouchers de los que habían pagado peaje de Lima a Trujillo. Determi- nan que las placas del vehículo no pertenecían al carro original, que el carro había sido robado 20 días antes en el distrito de San Miguel y que las placas consignadas en el vehículo pertenecían a las placas del carro de un abogado. Refiere que el agraviado reconoció por ficha RENIEC a dos personas (los acusados) asimismo también reconoció al vehículo. El agraviado reconoció a Sánchez Mendo como la persona que conducía el vehículo, y al otro como el que le arrancha la bolsa y lo dispara. La se- ñora Teresa Quinto de Peña reconoció al que conducía el vehículo como Sánchez Mendo. - Defensa de Jesús Alberto Leiva Meza: El procedimiento para el reconocimiento fotográfico es el siguiente: Se buscan cinco fotos con similitud de características de la persona, luego se pone a la vista del agraviado en presencia del Ministerio Público. Previamente el agraviado tiene que proporcionar las características de los acusa- dos. El acusado Leiva se encontraba en el libro de incriminados. -

Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: El abogado de Flor Quinto de la Peña llego allí nada más y se dio inició a la diligen- cia.

6.1.4) Declaración del Perito Dactiloscópico PNP Jorge Rodríguez Menacho: Se ratifica en la pericia realizada, refiere que se confronto la mues- tra obtenida del vehículo con las huellas dactilares que tenían regis- trada y dio positivo respecto al pulgar derecho del señor Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo, ya que este tenía un ingreso al penal.

7)

Oralización de documentos. Destacaron cada parte el significado probatorio que consideran útil a las documentales admitidas.

8)

Alegatos de Clausura, se formularon los alegatos de clausura donde cada parte se ratificó en sus alegatos iniciales de apertura. Se les dio oportunidad al acusado para que ejerza su autodefensa.

PARTE CONSIDERATIVA O FUNDAMENTOS: PREMISA NORMATIVA: 9)

Calificación legal: Que, los hechos así descritos por el Ministerio Público en esta etapa del juicio oral, configuran el Delito contra el patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, el mismo que se encuentra previsto y sancionado por el Artículo 189 del Código Penal “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 3) a mano armada…4) Con el concurso de dos o más personas”. Concordante con la agravante contenida en el segun- do párrafo del referido artículo que prevé que la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido: 1) Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.

10)

Doctrina3: −

Tipicidad Objetiva.- se define al robo agravado como aquella conducta por la cual el agente haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su víctima, sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se apodera ilegítimamente con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el accionar alguna o varias circunstancias agravantes previstas expresamente en el Código Penal.

−

Circunstancias agravantes:

−

Inciso 3.- A mano armada, cuando se utilizan por el agente armas de fuego. Inciso 4.- Con el concurso de dos o más personas Además en el caso materia de análisis concurre una circunstancia agra- vante adicional que es cuando se causa lesiones a la víctima, como en el presente caso que se le causó lesiones por PAF en la pierna al agraviado (inciso 1 del segundo párrafo del artículo 189 del Código Penal).

−

Tipicidad Subjetiva.- se requiere necesariamente el dolo, elemento cognoscitivo (se refiere al conocimiento que debe haber tenido el autor para obrar con dolo) y elemento volitivo (referido a la voluntad del

3

SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. IDEMSA. Marzo 2005, p. 724 y 726.

agente para desarrollar la conducta) conciencia y voluntad de la realización de la tipicidad objetiva. 11)

Hechos probados y Análisis de la prueba actuada: 11.1) Que, se imputa a los acusados el de haber asaltado al agraviado Serapio Ríos Juárez en circunstancias que éste retiró una suma de dinero en moneda extranjera (euros) de una ventanilla del Banco Continental ubicado en el Jr. Gamarra, para luego dirigirse a cambiar una parte en moneda nacional en una casa de cambios del mismo jirón (S/18230.50), para luego dirigirse a bordo de un taxi con dirección a la iglesia ubicado en la Av. Fátima de la Urbanización California de ésta ciudad. En esas circunstancias bajó del taxi y al cruzar la avenida, es interceptado por un sujeto de unos 20 a 25 años de edad, que lo golpea en la cabeza exi- giéndole el dinero, para luego dispararle impactando un proyectil en el teléfono celular que tenía en el bolsillo izquierdo y otro disparo impacto en la pierna izquierda, originándole una lesión, para luego arrebatarle la mochila que contenía el dinero y sus documentos, para luego subir- se rápidamente a una camioneta color negra 4 x 4 dándose a la fuga, siendo auxiliado y trasladado a una clínica. Se imputa al acusado Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo como el sujeto que conducía la referida camioneta mientras que el acusado Jesús Alberto Leiva Meza se le im- puta el de haberle arrebatado la mochila con dinero al agraviado y de lesionarlo con un disparo de arma de fuego. 11.2) Los acusados han negado los cargos refiriendo Sánchez Mendo que no estuvo en el lugar de los hechos, mientras Leiva Meza refiere que ese día estuvo en Lagunas de Conache celebrando su cumpleaños. Que, estando a las posiciones de las partes lo que queda es determinar en juicio si existen suficientes pruebas para concluir por la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, debiéndose para ello observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia y evaluar si la prueba cumplen los estándares mínimos de calidad que sean suficientes para desvirtuar el principio de Presunción de inocencia de que se encuentra investido el acusado. 11.3) El Tribunal Constitucional ha señalado (STC 0618-2005-PHC/TC, fundamentos 21 y 22) que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tántum, implica que “(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tra- mitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”.

En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de inocencia (STC 0618-2005-PHC7TC, fundamento 22) comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sen- tencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”. Que, bajo tales parámetros se pasará a evaluar la prueba actuada en juicio. 11.4) Que, evaluando en forma individual la prueba obtenemos que la testigo Teresa Flora Quino de la Peña, quien regenta una cochera en la Avenida La Marina No.278- Moche, refiere que un joven dejó el 22 de octubre del 2015, una camioneta 4 x 4 color negra –utilizada en el asalto- pero no se trata de ninguno de los acusados que son jóvenes porque aquella persona tendría de treinta a treinta y cinco años. Mientras el testigo Juan Marino Illahuaman Chipana refiere que tuvo una camioneta de placa B1J-232, que le robaron el 05 de marzo del 2015 en la ciudad de Lima. El efectivo policial Carlos Sánchez Cabanillas refiere que estuvo a cargo de la investigación y el carro utilizado en el asalto fue traído de la ciudad de Lima con placa que le correspondía a un vehículo robado y que fue guardado en una cochera de Moche, reconociendo el agraviado por ficha de Reniec a los acusados como autores del asalto. A su turno el perito dactiloscópico Jorge Rodríguez Menacho sostiene que realizó una pericia dactiloscópica sobre una huella dactilar impregnada en el espejo retrovisor del vehículo utilizado en el asalto, dando positivo res- pecto del pulgar derecho del acusado Sánchez Mendo. 11.5) Que, evaluando tal prueba en forma conjunta llegamos a la conclusión que si bien no ha concurrido el agraviado a juicio, el Colegiado estima que se encuentra probado la comisión del delito –lo que incluso no ha sido cuestionado por la defensa-, porque con la declaración del efectivo policial Carlos Sánchez Cabanillas, quien estuvo a cargo de la investi- gación, reconoce que el agraviado Serapio Ríos Juárez fue “marcado” desde una entidad financiera hasta una casa de cambios donde cambió moneda extranjera luego se dirigió a su convento de la Avenida Fátima donde fue asaltado, lo que se corrobora con el acta de ocurrencia poli- cial s/n-2014, acta de incautación de vehículo, acta de reconocimiento fotográfico de vehículo, acreditándose que en tal evento delictivo el re- ferido agraviado fue herido por PAF en la pierna izquierda, conforme aparece de la historia clínica del agraviado y el certificado médico legal No.015427-L, probándose que en el referido asalto se utilizó una

camio-

neta 4 x 4, color negra, marca Hyundai Modelo Santa Fe, de placa de rodaje B1J-232, la misma que había sido robada en la ciudad de Lima a la ciudadana Katia María Milagros Lauro Chávez de Maraví, (conforme a la denuncia verbal interpuesta en la Comisaría de San Miguel), pero la placa correspondía a otro vehículo del testigo Juan Mariano Illahuamán Chipana, quien refiere que su vehículo también ha sido robado en la ciudad de Lima. En consecuencia, se encuentra probado que el agravia- do fue víctima de un asalto cuando regresaba de una casa de cambios luego de cambiar moneda extranjera a soles (S/.18,230.oo), siendo in- terceptado en la Avenida Fátima de ésta ciudad, por unos sujetos que utilizando arma de fuego lo despojaron de la indicada suma de dinero, pero para cumplir su propósito criminal le dispararon en la pierna, hu- yendo luego en la camioneta 4 x 4 color negra, marca Hyundai, que posteriormente fue ubicada en una cochera. 11.6) Que, si bien se encuentra acreditada la comisión del delito aún sin pre- sencia del agraviado en juicio, porque ello se comprueba con prueba supletoria como son las declaraciones testimoniales y las documentales a que se han hecho referencia. Pero en lo que respecta a la responsabili- dad de los acusados era necesaria la concurrencia a juicio del agraviado Serapio Ríos Juárez para que les formule cargos, y si bien aparece que el referido agraviado a nivel de investigación habría reconocido a los acu- sados mediantes sus fichas de Reniec, conforme así aparece del acta de reconocimiento correspondiente que obra en el expediente judicial de donde fluye que habría reconocido al acusado Sánchez Mendo como el sujeto que conducía la camioneta donde se desplazaban los asaltantes, mientras a Leiva Meza lo reconoce como el sujeto que le arrebató la mo- chila con el dinero y quien le disparó en la pierna, pero tal documento no puede suplir a la imputación personal que debió haber efectuado en juicio el mencionado testigo sometiéndose al contradictorio, más aún si tal diligencia de reconocimiento no se ha llevado con las garantías del contradictorio que contempla el artículo 189.3 del Código Procesal Penal, es decir, no estuvo presente un abogado defensor que represente los intereses de los acusados en dicha diligencia de investigación. Por otro lado, la testigo Teresa Flora Quinto de la Peña, quien regenta una cochera en la localidad de Moche y donde se guardó la camioneta que se utilizó en el asalto, refiere no reconocer entre los acusados a la per- sona que se acercó a su cochera a guardar tal vehículo, porque quien lo dejó fue una persona de unos treinta a treinta y cinco años mientras los acusados son jóvenes y tendrán de veinte a veintitrés años, negando el contenido del acta de reconocimiento donde aparecería que reco- noce a Sánchez Mendo como el sujeto que llegó a guardar el vehículo. GRUPO EDITORIAL Lex &

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Por lo que carece de virtualidad procesal la referida documental porque además de no haber sido materia de ratificación contiene los mismos defectos del acta de reconocimiento que se realizó con el agraviado. Quedando sólo en pie la pericia dactiloscópica No.3582014, ratificado en juicio por el perito Jorge Rodríguez Menacho, quien concluye que de las muestras que se tomaron del interior de la camioneta utilizada en el asalto de placa B1J-232, se ha demostrado que la muestra dubitada uno, proviene del pulpejo dactilar del dedo pulgar derecho del ciudadano que se encuentra inscrito en Reniec como Ruddy Gian Marco Sánchez Mendo. Es decir, solo se tiene como prueba de cargo la referida pericia, lo que a criterio del Colegiado resulta insuficiente para construir sólo sobre ella un juicio de culpabilidad, se requiere además de ello prueba adicional que corrobore que efectivamente el referido acusado Sánchez Mendo participó en el asalto. Pero se advierte una investigación defi- ciente donde ni siquiera aparece se le haya tomado declaración al agraviado, quien no ha concurrido a juicio pese a las continuas citaciones y prestar facilidades para que declare mediante video conferencia desde la ciudad de Lima. En consecuencia, bajo las condiciones expuestas, y no habiéndose comprobado la tesis acusatoria del Ministerio Público, no se puede construir y elaborar una sentencia condenatoria si no se tienen los medios de prueba suficientes que corroboren la acusación; pues, una sentencia condenatoria sólo se puede construir sobre suficiente prueba de cargo que cauce convicción en el juzgador más allá de toda duda razonable que efectivamente se cometió el delito y que el acusado es autor o partícipe en el mismo, porque ni siquiera el juzgador puede construir una sentencia condenatoria en grado de probabilidad o pre- sunciones. En el presente caso el agraviado no han concurrido a juicio a ratificarse en su imputación, el efectivo policial Sánchez Cabanillas sólo proporcionó información de la investigación que realizó, mientras la testigo Quinto de La Peña sólo da cuenta que efectivamente en su cochera se guardó la camioneta que se utilizó para el asalto pero no reconoce a los acusados como el sujeto que se acercó a su cochera a guardarlo; sólo se tiene el resultado de una pericia dactiloscópica que arroja que una muestra encontrada en el interior de la camioneta uti- lizada en el asalto, le corresponde al acusado Sánchez Mendo, prueba que resulta insuficiente para sustentar un juicio de culpabilidad. En lo que respecta al acusado Leiva Meza sólo existe por parte del agraviado un reconocimiento por ficha de Reniec a nivel de investigación, pero no ha sido ratificado en juicio. Por lo que siendo ello así, debe absolverse de los cargos a los acusados

11.7) Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe so- portar las costas del proceso. Que, en el presente caso resultó vencida la parte acusadora. Y como quiera que el código procesal penal lo ha previsto en el artículo 499.1, los representantes del Ministerio Público, están exentos del pago de costas, así deberá declararlo esta judicatura. PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de La Corte Su- perior de Justicia de La Libertad, con la potestad que le confiere la Constitución Po- lítica del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 23, 28, 45, 57, 92 y 189 incisos 3 y 4 del Código Penal concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 392, 393, 394, 399 y 403 del Código Procesal Penal. FALLA: V.

ABSOLVIENDO a los acusados JESUS ALBERTO LEIVA MEZA y RUDDY GIAN MARCOS SÁNCHEZ MENDO, como autores del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Serapio Ríos Juárez.

VI.

SE ORDENA.- La anulación de los antecedentes que se hubieran generado, cursándose los oficios respectivos.

VII. COSTAS.- Sin Costas VIII. MANDO.- Que consentida, que sea la misma se archive definitivamente. S.S. QUISPE LECCA LOPEZ PATIÑO LUJÁN CASTRO

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7.

ROBO AGRAVADO - ABSOLUCION EXPEDIENTE : Nº 01241-2016-74-1601-JR-PE-07 ACUSADOS : LUIS ALBERTO OTINIANO REYNA DELITO : ROBO AGRAVADO AGRAVIADO : PAOLA ESTHEFANY TORRES RODRIGUEZ JUZGADO COLEG. : Dra. RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO (D. de D.) Dr. JORGE LUIS QUISPE LECCA Dr. JUAN JULIO LUJAN CASTRO ASISTENTE JUD. : Dra. GEOVANNA BEATRIZ CASAS NOVOA

SENTENCIA RESOLUCION NUMERO NUEVE Trujillo, trece de Abril del Año dos mil dieciséis.VISTOS y OIDOS; en audiencia pública y oral llevada a cabo ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, integrado por la señora Juez doctora Raquel Alejandra López Patiño, Directora de Debates, y por los señores Jueces doctores Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro, la causa Nº 01241-2016-74, seguida por el Ministerio Público representado por la señora Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, doctora Julia Roxana Ávila Aguirre, contra el acusado con mandato de prisión preventiva: LUIS ALBERTO OTINIANO REYNA, peruano, de diecinueve años de edad, nacido el seis de Setiembre de mil novecientos noventa y seis, en la ciudad de Trujillo, hijo de Luis Alberto Otiniano Lavado y de Rosa Consuelo Reyna Sánchez, de estado civil soltero, con tercer grado de instrucción primaria, de ocupación ayudante de construcción civil, gana cincuenta nuevos soles diarios, sin antecedentes penales, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 77064284, con domicilio real en la manzana X, lote 16, Barrio 2-A del centro poblado Alto Trujillo del dis- trito de El Porvenir, el mismo que estuvo asistido por su abogada defensora Erika Yesenia Vergara Córdova, con colegiatura del Colegio de Abogados de La Libertad Nº 2450, acusado al que se imputa la comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en agravio de Paola Esthefany Torres Rodríguez.Y CONSIDERANDO: ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACION: PRIMERO.- Que, conforme señala la señora Representante del Ministerio Pú- blico en la acusación fiscal escrita, y en el juicio oral al plantear la teoría del caso y al formular su alegato de clausura, el doce de Febrero del año dos mil

dieciséis,

siendo las trece horas, la agraviada Paola Esthefany Torres Rodríguez se encontra- ba en las inmediaciones de las manzanas C y D de Manuel Cipriano Rafael- Nuevo Porvenir del Distrito El Porvenir esperando colectivo para dirigirse a su centro de trabajo, en cuyas circunstancias recibe una llamada telefónica, motivo por el cual saca su celular de la cartera para contestar la llamada, en esos instantes de manera sorpresiva dos sujetos no identificados la acorralan colocándose detrás de ella, mientras que el acusado Luis Alberto Otiniano Reyna, quien vestía un polo color rosado y short color azul se pone delante de la agraviada y con un cuchillo que portaba en su mano derecha la amenaza diciéndole que le cortaría el estómago mientras que con la mano izquierda coge la mano derecha de la agraviada, mano en la cual la agraviada tenía su celular y forcejea con ella logrando sustraerle su celular marca Samsung Galaxy E5, color blanco, número 970010910 de la empresa Mo- vistar valorizado en la suma de mil nuevos soles, para después darse a la fuga por inmediaciones del barrio 03 del centro poblado Alto Trujillo del distrito El Porvenir, en esos momentos apareció un patrullero a quienes pidió ayuda dicha agraviada, por lo que los efectivos policiales iniciaron la búsqueda de los delincuentes, y cuan- do avanzaron encontraron a dos personas a quienes le preguntaron si habían visto pasar a un sujeto de polo color rosado, quienes manifestaron que había pasado corriendo es así que cuando avanzan la agraviada logra ver al acusado, quien al ver que la policía lo seguía ingresó sin autorización alguna al inmueble ubicado en la Mz. LL lote 20 barrio 3 del Centro Poblado Alto Trujillo (taller de calzado), motivo por el cual con la autorización de Carlos Javier De la Cruz los efectivos policiales y la agraviada ingresan al inmueble, lugar donde la agraviada reconoce plenamente al acusado como el sujeto que momentos antes le había amenazado con un cuchillo y le había sustraído su celular, por lo que en dicho lugar la agraviada le increpó al acusado donde estaba su celular a lo que el acusado respondió que lo había tirado al interior del inmueble pero al realizar la búsqueda del celular, previa autorización del propietario, no lograron encontrarlo e inclusive un efectivo policial timbró al número de celular de la agraviada pero el celular ya estaba apagado, motivo por el cual fue conducido a la Comisaria PNP Alto Trujillo para las investigaciones del caso.PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: SEGUNDO.- Que, por los hechos antes detallados, el Ministerio Público ha formulado acusación fiscal contra el acusado Luis Alberto Otiniano Reyna, como autor del delito de Robo Agravado, que reprime el artículo 188 del Código Penal como tipo base, con las agravantes contempladas en los incisos 3 y 4 de la primera parte del artículo 189 del citado Código Penal, solicitando que se le imponga doce años de pena privativa de libertad, más la obligación de pagar la suma de dos mil nuevos soles a favor de la agraviada por concepto de reparación civil.-

PRETENSION DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: TERCERO.- Que, la defensa técnica del acusado Luis Alberto Otiniano Reyna argumentó que Fiscalía no tiene pruebas suficientes para poder acreditar la res- ponsabilidad penal de su patrocinado respecto al hecho delictivo, puesto que del relato brindado por el efectivo policial José Eduardo Cruz Ávila se desprende una apreciación diferente a la sustentación de la acusación, pues el efectivo policial ma- nifestó que la agraviada le narró cómo habían sucedido los hechos, indicando que cuando iba a tomar su colectivo sacó su celular para conversar, momento en el cual tres sujetos le arrebataron el celular amenazándola con un arma blanca, lo cual no resulta cierto pues si hubiera sido amenazada con un arma blanca, los sujetos también debieron haberle robado el bolso que tenía en esos momentos; además de ello la agraviada refirió que la persona que le había robado la amenazó con un cu- chillo en el estómago, sin embargo a su patrocinado no se le ha encontrado ningún arma blanca o cuchillo en su poder; así mismo el efectivo policial manifestó que la agraviada le refirió cómo estaba vestida la persona que le había robado su celular, y que este se encontraba descalzo, pues había dejado sus zapatos en el lugar don- de había sido asaltada, no obstante se puede apreciar en las fotografías tomadas inmediatamente después de la intervención policial de su patrocinado, que éste se encontraba con sandalias y no descalzo como manifestó la agraviada, del mismo modo refirió el efectivo policial que su patrocinado se metió a una casa, donde manifestó haber dejado el celular, empezando a timbrar al celular, el cual no estaba apagado pues timbraba sin que se escuchara, lo que quiere decir que su patrocina- do no tenía ningún celular en su poder y que tampoco lo había dejado en la casa re- ferida, ello aunado a que los efectivos policiales no vieron el robo por encontrarse a dos cuadras y media de donde había sucedido el hecho y que al momento de ver a su patrocinado lo vieron caminando no dándose a la fuga como sucedería cuando una persona roba, por lo que postula que no se ha podido desvirtuar la presunción de inocencia de su patrocinado y que no existe prueba suficiente para emitir una sentencia condenatoria, concluyendo que su patrocinado debe ser absuelto de los cargos imputados en la acusación fiscal.TRAMITE DEL PROCESO: CUARTO.- Que, el proceso se ha desarrollado conforme a las normas del De- creto Legislativo Nº 1194 que regula el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia, y al pasar a juicio oral se ha llevado a cabo de acuerdo a los cauces y trámites señala- dos en el vigente Código Procesal Penal, dentro del sistema acusatorio adversarial que informa este Código, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las prerrogativas del artículo 371 del Código Procesal Penal, al culminar los ale- gatos preliminares o teoría del caso, se efectuaron las instrucciones al acusado, haciéndole conocer sus derechos, quién al no admitir la autoría del delito de robo agravado y la responsabilidad en el pago de la reparación civil por este delito, se procedió a la actuación de las pruebas admitidas, las mismas que deben ser valo-

radas dentro del contexto que señala el artículo 393 del acotado Código Adjetivo, finalmente se procedió a escuchar los alegatos de clausura y la autodefensa material del acusado, pasando luego a deliberar, después de un breve lapso se reabrió la audiencia dándose lectura a la parte dispositiva de la sentencia y a una síntesis de los fundamentos que motivan la decisión, señalando el día de la fecha para la lectura integral de la sentencia, conforme faculta el inciso 2. del artículo 396 del Código Procesal Penal.ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS: QUINTO.- Que, dentro del debate probatorio, bajo el control de los sujetos procesales, observando el contradictorio, se han actuado las siguientes pruebas: 1.

Examen del acusado Luis Alberto Otiniano Reyna.- Se acogió al derecho de guardar silencio.

2.

Declaración del testigo SO3-PNP José Eduardo Cruz Ávila.- Dijo que el día doce de Marzo del año en curso, a las trece horas con cinco minutos, se encontraba realizando patrullaje preventivo a bordo de un vehículo patrullero por el Barrio 3 del Centro Poblado Alto Trujillo en compañía del sub oficial de Tercera Jaime Coricasa Barrios como chofer, en esos momentos la agraviada Paola Esthefany Torres Rodríguez les pidió apoyo, porque había sido víctima de asalto y robo por tres sujetos que le quitaron su celular, que hizo fuerza para evitar el robo siendo amenazada con arma blanca por uno de los sujetos que vestía polo rosado, short azul y estaba descalzo, el mismo que le había puesto un cuchillo a la altura del estómago para luego quitarle el celular de las manos; por lo que comenzaron la búsqueda a bordo del vehículo policial en compañía de la agraviada, siendo que al subir encontraron a dos jóvenes en una esquina a quienes preguntaron si habían visto al sujeto con las caracte- rísticas mencionadas, respondiéndoles que se había ido corriendo, por lo que continuaron con la búsqueda y al voltear por una pampa de arena divisaron al acusado Luis Alberto Torres Rodríguez, quien estaba caminando, pero que al dar la vuelta y percatarse de la presencia policial empezo a correr llegando a agarrar algo en la casa ubicada en la pampa, mientras que la agraviada lo sindicaba de manera segura como la persona que le había quitado su celular, hecho que motivó que el declarante bajara del vehículo policial y emprendie- ra la persecución a pie por casi tres cuadras, logrando el acusado meterse al inmueble ubicado la Mz. LL lote 20 donde operaba un taller de zapatería, observando a través de la puerta de vidrio blanco de dicho inmueble que de- trás había una persona con polo rosado y short azul, procediendo a tocar la puerta, para luego salir el propietario y permitirle el ingreso al inmueble donde encontró y redujo al acusado, llegando posteriormente en el patrullero su compañero con la agraviada, quien sindicaba en todo momento al acusado pidiéndole que le devolviera su celular Samsung Galaxy E5, respondiendo el

acusado que había tirado el celular por entre los retazos de cuero, procedien- do a buscar el celular sin encontrarlo, a pesar de haber timbrado al teléfono sustraído; finalmente condujeron al intervenido a la comisaria a fin de hacer el acta respectiva, siendo que en la comisaria la agraviada le manifestó que tenía temor, precisando que posteriormente al comunicarse con la agraviada vía telefónica, ésta le manifestó que no iría a la audiencia porque tenía temor, que no encontraron el cuchillo utilizado para amenazar a la agraviada, tampoco encontraron el celular sustraído, y no presenció el robo denunciado.3.

Oralización de prueba documental.- Se dio lectura a la prueba documental ofrecida oportunamente por el Ministerio Público, que ha sido admitida en el auto de enjuiciamiento, destacando la pertinencia y utilidad de cada una.-

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS: SEXTO.- Que, los supuestos fácticos enunciados en la tesis acusatoria están referidos al tipo penal de Robo Agravado, que reprime el artículo 188 del Código Penal como tipo base, que está referido a “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayén- dolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad (…)”, con las circunstancias agravantes contempladas en los incisos 3 y 4 de la primera parte del artículo 189 del mismo Código Penal, que está referido a que: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: Inciso 3. “A mano armada” e Inciso 4. Con el concurso de dos o más personas.”, de modo que con relación al bien jurídico tutelado en estos casos, el tratadista Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre nos dice: “El robo al igual que el hurto constituyen un atentado contra el patrimonio, contra los derechos reales inherentes a la propiedad, cuando se produce el desapoderamien- to del bien mueble, debiendo agregar algo más en el caso de robo, que es de verse que el plus de desvalor radica en que la sustracción del bien se realiza mediando violencia y/o amenaza grave sobre la persona, por lo que la libertad, la vida, el cuer- po y la salud también son objeto de tutela en este tipo penal.”4 Tipicidad Subjetiva.- El Tratadista antes citado nos dice a este respecto: “La figura delictiva del robo, resulta reprimible a título de dolo, conciencia y voluntad de realización típica, el autor dirige su conducta a desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, mediando violencia física y/o amenaza de peligro inminentes para su vida o integridad física.” 5

4

Derecho Penal – Parte Especial. Tomo II. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2008. Pág. 206.

5

Obra citada. Pág. 216.

ANALISIS DEL CASO CONCRETO - CONTEXTO VALORATIVO SETIMO.- Que, conforme es de verse de los supuestos fácticos de la tesis acusatoria enunciada en el primer considerando de esta sentencia, al acusado Luis Alberto Otiniano Reyna se le imputa concretamente, ser uno de los tres sujetos que interceptaron a la agraviada Paola logrando despojarla de su celular después de haber sido amenazada con un cuchillo; que siendo esto así, se hace necesario establecer si en el juicio oral se ha actuado prueba que vincule al acusado como autor del delito de Robo Agravado materia de la acusación fiscal, toda vez que se considera inocente de la imputación.OCTAVO.- Que, en principio cabe destacar que la agraviada Paola Esthefany Torres Rodríguez no ha concurrido a prestar declaración en el juicio y tampoco ha justificado su inasistencia, en cuyo caso no existen cargos concretos y directos que vinculen en forma objetiva a Luis Alberto Otiniano Reyna como autor del delito contra el patrimonio incriminado, resultando insuficiente para el caso el Acta de In- tervención Policial corriente a fojas treinta y seis, que ha sido incorporado al juicio con el examen en la audiencia al efectivo policial SO3-PNP José Eduardo Cruz Ávila, toda vez que este efectivo policial no ha presenciado el hecho delictuoso, en cuyo caso la versión de los hechos que ha consignado en el Acta de Intervención Policial y su propia declaración en el juicio resultan meramente referenciales, de modo que para ser valoradas en la sentencia se requiere que sean corroboradas con otros me- dios de prueba, conforme establece el inciso 2. del artículo 158 del Código Procesal Penal, lo cual no se cumple en el caso in examine al no haber prestado declaración en el juicio la indicada agraviada, quién resulta ser la única testigo presencial del injusto penal, máxime si al ser intervenido dicho acusado no se le ha encontrado el cuchillo que según la tesis acusatoria fue empleado para amenazar a la agraviada, así como tampoco el celular sustraído.NOVENO.- Que, en este orden de ideas, cabe concluir que la actividad proba- toria desarrollada en el juicio oral no resulta suficiente para establecer con grado de certeza la responsabilidad penal del imputado Luis Alberto Otiniano Reyes, y por ende para sustentar una sentencia condenatoria, que no puede ser impuesta en base a suposiciones, si no cuando exista plena certeza sobre la responsabilidad penal del acusado, sustentada en hechos suficientes y debidamente probados, lo cual no concurre en el presente caso, manteniéndose incólume la presunción de inocencia que le garantiza a dicho imputado el párrafo e) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, por lo que deviene en inexorable que sea absuelto de la acusación fiscal en atención a lo establecido en el artículo 398 del Código Procesal Penal.DECIMO.- Que, conforme al artículo 499 del Código Procesal Penal, el Minis- terio Público está exento del pago de costas, lo que se debe tener presente en la parte dispositiva de la sentencia.-

PARTE RESOLUTIVA: En consecuencia, habiéndose analizado los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos en la tesis acusatoria, así como la responsabilidad penal del acusado, bajo las reglas de la lógica y la sana crítica, de conformidad con los dispositivos legales antes invocados y artículos 392, 393, 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de la Nación, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, FALLA: 1.

ABSOLVIENDO a LUIS ALBERTO OTINIANO REYNA, de la acusación fiscal como autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Paola Esthefany Torres Rodríguez.-

2.

SIN costas.-

3.

ORDENA que se GIRE la correspondiente papeleta de libertad para la inme- diata excarcelación del acusado absuelto, siempre que no tenga otra orden de detención emanada de autoridad competente, DEJANDOSE constancia de que la papeleta de libertad fue girada el cinco de Abril último con motivo de haberse dado lectura a la parte dispositiva de esta sentencia.-

4.

MANDA que consentida o ejecutoriada que sea esta sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en el proceso respecto del acusado absuelto, y Fecho: se ARCHIVE lo actuado de modo de- finitivo en el modo y forma de ley.-

5.

DESE lectura en audiencia pública.-

8.

ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA EXPEDIENTE : N° 02058-2015-48-1601-JR-PE-05 ACUSADO : RAY MANUEL QUISPE FLORES DELITO : ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA AGRAVIADA : GISSELA TATIANA ALCANTARA RUIZ JUZGADO COLEG. : Dra. RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO (D. de D.) Dr. JORGE LUIS QUISPE LECCA Dr. JUAN JULIO LUJAN CASTRO ASISTENTE JUD. : Dra. ADELY MARGOT ALBITRES ALVA

SENTENCIA RESOLUCION NUMERO DIEZ Trujillo, cuatro de Mayo del Año dos mil dieciséis.VISTOS y OIDOS; en audiencia pública y oral llevada a cabo ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, integrado por la señora Juez doctora Raquel Alejandra López Patiño, Directora de Debates, y por los señores Jueces doctores Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro, la causa N°020582015-48, seguida por el Ministerio Público representado por el señor Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, doctor Luis Enrique Portocarrero Tuesta, contra el acusado con mandato de prisión pre- ventiva RAY MANUEL QUISPE FLORES, peruano, de veinticuatro años de edad, nacido el cuatro de Enero de mil novecientos noventa y dos, en la ciudad de Trujillo, hijo de Pánfilo Quispe Ruiz y de Rosita Flores Valverde, de estado civil soltero (conviviente), tiene un hijo, con instrucción técnico superior en mecánica, de ocupación mecánico, percibe mil doscientos nuevos soles mensuales, sin antecedentes penales, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 71650319, con domicilio real en la calle Tunante N°147, segundo piso, de la Urb. Palermo-Trujillo, el mismo que estuvo asistido por su abogado defensor doctor Orlando Ruiz Cuenca, con colegiatura del Colegio de Abogados de La Libertad N° 5671, acusado al que se imputa ser autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en Grado de Tentativa, en agravio de Gissela Tatiana Alcántara RuizY CONSIDERANDO: ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACION: PRIMERO.- Que, conforme detalla el señor Representante del Ministerio Pú- blico en la acusación fiscal escrita, y en el juicio oral al plantear la teoría del caso y al formular su alegato de clausura, el día cinco de Abril del año dos mil GRUPO EDITORIAL Lex &

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al promediar la una de la madrugada, la agraviada Gissela Tatiana Alcántara Ruiz salio de su centro de labores, el restaurante “El Buen Paladar”, sito en la avenida América Norte N° 173, urbanización Las Quintanas de esta Ciudad, y al encontrarse caminando por la avenida América Norte colocándose los audífonos de su celular con la finalidad de escuchar música, a la vez que guardaba en su bolso el equipo celular marca Motorola Moto G, color negro, con protector rosado, 4G post pago Claro N° 982016382 de su propiedad valorizado en novecientos nuevos soles, se le acercó por la parte posterior un sujeto desconocido de contextura media, estatura media tez blanca, pelo negro, que vestía pantalón jean celeste camisa a cuadros, después identificado como el acusado Ray Manuel Quispe Flores, quien le propi- nó un puñete a la altura del rostro lado izquierdo tratando de quitarle su equipo celular, al oponer resistencia la agraviada se produjo un forcejeo durante el cual el acusado le propinó un puntapié derribándola al suelo donde la arrastro para finalmente quitarle el celular y darse a la fuga, siendo perseguido por la agraviada y luego capturado por los vecinos, y al preguntarle la agraviada dónde estaba su celular, le contestó que lo había botado más abajo, por lo que caminaron conjun- tamente con el imputado aproximadamente una cuadra hasta que dicho acusado señaló unos arbustos indicando que ahí lo había escondido, procediendo él mismo a sacar el celular y al observarlo la agraviada pudo darse cuenta que su celular se encontraba roto e inoperativo.PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: SEGUNDO.- Que, por los hechos antes detallados, el Ministerio Público ha formulado acusación fiscal contra el imputado Ray Manuel Quispe Flores, como autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en Grado de Tentativa, que reprime el artículo 188 del Código Penal como tipo base, con la circunstancia agravante contenida en el inciso 1. de la primera parte del artículo 189 del acotado Código Penal, en concordancia con el artículo 16 del citado Código Sustantivo relativo a la tentativa, solicitando que se le imponga once años de pena privativa de la libertad, y pague la suma de dos mil nuevos soles a favor de la agra- viada por concepto de reparación civil.PRETENSION DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: TERCERO.- Que, la defensa técnica del acusado Ray Manuel Quispe Flores ar- gumentó que, no existen medios de prueba idóneos para establecer la responsabili- dad de su patrocinado, la declaración primigenia de la agraviada fue prestada ante la policía sin la presencia del Ministerio Público y recién su declaración ampliatoria fue en presencia del Fiscal, quedando duda sobre su idoneidad, por otra parte, la policía está obligada a recoger y conservar los elementos principales del delito, en el presente caso del celular que se dice sustraído a la agraviada, sin embargo no existen documentos de su recuperación y devolución a la agraviada, lo cual indica

que esa diligencia se realizó a nivel policial sin intervención fiscal, por lo que no ha quedado acreditada la preexistencia de ese celular, en el juicio oral se ha pretendido probar la preexistencia del indicado celular con una declaración jurada de propiedad suscrita por la propia agraviada y con un Voucher de pago de servicios de telefonía que no son idóneos, asimismo, del Acta de Intervención Policial y de la declaración prestada por el efectivo policial Dante Mostacero León resulta que al llegar este efectivo policial al lugar de los hechos encontró un grupo de unas diez personas que tenían reducido al acusado, sin que en el Acta de Intervención Poli- cial se haya identificado a esas diez personas, también se consigna que el efectivo policial se hizo presente con agentes de seguridad ciudadana cuyos nombres tam- poco se ha consignado en el acta, por lo que carece de valor probatorio, además, al prestar declaración en la Fiscalía, la agraviada refiere que el sujeto que la atacó vestía pantalón jean y camisa a cuadros, pero en el acta de intervención no se ha detallado este hecho, por todo lo cual se puede concluir que el acta en referencia estada viciada, además, la agraviada no ha concurrido al juicio oral a prestar decla- ración, por lo que no concurre el principio de inmediatez para acreditar la veraci- dad de los cargos, por consiguiente, al considerar que no existe prueba idónea para acreditar la responsabilidad de su patrocinado por los hechos imputados, concluyó solicitando que su indicado patrocinado Ray Manuel Quispe Flores sea absuelto de la acusación fiscal.TRAMITE DEL PROCESO: CUARTO.- Que, el proceso se ha desarrollado de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el vigente Código Procesal Penal, dentro del sistema acusatorio adversarial que informa este Código, habiéndose instalado la audiencia previa ob- servancia de las prerrogativas del artículo 371 del Código Procesal Penal, al culmi- nar los alegatos preliminares o teoría del caso, se efectuaron las instrucciones al acusado, haciéndole conocer sus derechos, quién al no admitir la autoría del delito incriminado y la responsabilidad en el pago de la reparación civil, se procedió a la actuación de las pruebas admitidas, las mismas que deben ser valoradas dentro del contexto que señala el artículo 393 del acotado Código Adjetivo, finalmente se procedió a escuchar los alegatos de clausura y la autodefensa material del acusado Ray Manuel Quispe Flores, pasando luego a deliberar, después de un breve lapso se reabrió la audiencia dándose lectura a la parte dispositiva de la sentencia y a una síntesis de los fundamentos que motivan la decisión, señalando el día de la fecha para la lectura integral de la sentencia, conforme faculta el inciso 2. del artículo 396 del Código Procesal Penal.ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS: QUINTO.- Que, dentro del debate probatorio, bajo el control de los sujetos procesales, observando el contradictorio, se han actuado las siguientes pruebas:

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1.

Examen del acusado Ray Manuel Quispe Flores.- Se acogió al derecho de guardar silencio.

2.

Declaración del SOS-PNP Dante Mostacero León.- Se le puso a la vista el Acta de Intervención Policial corriente a fojas ocho del expediente judicial, después de examinarlo lo reconoció en su contenido y suscripción, agrego que el día cinco de Abril del año dos mil quince, en horas de la noche se encon- traba patrullando en una unidad móvil con personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, recibieron información por radio de la central de comunicaciones que en la avenida América con Uceda Meza se estaba produciendo un asalto, al llegar al lugar indicado encontraron a una chica que al parecer había tenido un enfrentamiento tenía la cara golpeada, llorosa y con el pelo suelto, asímismo encontraron un grupo de unas diez personas que tenían sujeto al acusado presente en la sala, indicando la chica que esa persona le había robado su celular, le mostraron el celular que había sido recuperado, el mismo que tenía la pantalla rota y estaba inoperativo, la chica les indicó también que el sujeto le había apegadop para quitarle el ce- lularf,dcho acusado aceptó haber robado el celular siendo condiucido am la Comisaría de La Noria.-

3.

Oralización de prueba documental.- Se dio lectura a la prueba documental ofrecida oportunamente por el Ministerio Público que ha sido admitida en el auto de enjuiciamiento, destacando la pertinencia y utilidad de cada una. También se dio lectura a solicitud del señor Fiscal al acta de la declaración prestada por la agraviada ante el Ministerio Público en la etapa de investigación preparatoria, por no haber concurrido dicha agraviada a prestar declara- ción en el juicio oral, dicha acta corre a fojas cuarenta y seis del cuaderno de debate.-

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS: SEXTO.- Que, los supuestos fácticos enunciados en la tesis acusatoria están referidos al tipo penal de Robo Agravado, que reprime el artículo 188 del Código Penal como tipo base, que está referido a que “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustra- yéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad (…)”, con la circunstancia agravante contemplada en el inciso 1. de la primera parte del artículo 189 del mismo Código Penal, que está referido a que: “La pena será no menor de doce ni mayor de vein- te años, si el robo es cometido: Inciso 1. Durante la noche o en lugar desolado.”, de modo que con relación al bien jurídico tutelado en estos casos, el tratadista Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre nos dice: “El robo al igual que el hurto constituyen un atentado contra el patrimonio, contra los derechos reales inherentes a la propie-

dad, cuando se produce el desapoderamiento del bien mueble, debiendo agregar algo más en el caso de robo, que es de verse que el plus de desvalor radica en que la sustracción del bien se realiza mediando violencia y/o amenaza grave sobre la persona, por lo que la libertad, la vida, el cuerpo y la salud también son objeto de tutela en este tipo penal.”6 Tipicidad Subjetiva.- El Tratadista antes citado nos dice a este respecto: “La figura delictiva del robo, resulta reprimible a título de dolo, conciencia y voluntad de realización típica, el autor dirige su conducta a desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, mediando violencia físicas y/o amenaza de peligro inminentes para su vida o integridad física.” 7 ANALISIS DEL CASO CONCRETO - CONTEXTO VALORATIVO SETIMO.- Que, conforme resulta de los supuestos fácticos de la tesis acusato- ria enunciada en el primer considerando de esta sentencia, al acusado Ray Manuel Quispe Flores se le imputa concretamente, haber interceptado a la agraviada y dado un puñete en la cara para despojarla de su celular, al oponer resistencia dicha agraviada el acusado la derribó al suelo y mediante la fuerza logró despojarla de dicho celular, y al darse a la fuga fue detenido por los vecinos del lugar y entrega- do a la policía recuperándose el celular sustraído que estaba roto e inoperativo; que siendo esto así, se hace necesario establecer si en el juicio oral se ha actuado prueba que vincule al acusado como autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en Grado de Tentativa materia de la acusación fiscal, toda vez que se considera inocente de la imputación.OCTAVO.- Que, principio cabe destacar que la agraviada Gissela Tatiana Al- cántara Ruiz no ha concurrido a prestar declaración en el juicio oral y menos ha justificado su inasistencia, en cuyo caso no existen cargos concretos y directos que vinculen al acusado como autor del delito de Robo Agravado materia de la acusación, ya que para el efecto resulta insuficiente el Acta de Intervención Policial corriente a fojas ocho del expediente judicial, que ha sido incorporado al juicio con el examen en la audiencia al efectivo policial SOS-PNP Dante Mostacero León, toda vez que no ha presenciado el ilícito penal incriminado, ya que conforme indica tan- to en el Acta como al prestar declaración, al llegar al lugar de los hechos encontró que un grupo de unas diez personas ya habían detenenido al acusado y recuperado el celular, indicandole la agraviada presente en el lugar que el acusado la había golpeado y quitado el celular, en cuyo caso la versión de este efectivo policial y lo que ha consignado en el Acta de Intervención Policial respecto al robo del celular

6

Derecho Penal – Parte Especial. Tomo II. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2008. Pág. 206.

7

Obra citada. Pág. 216.

resultan meramente referenciales, de modo que para ser valoradas en la sentencia se requiere que sean corroboradas con otras pruebas, conforme establece el inciso 2. del artículo 158 del Código Procesal Penal, lo que no se cumple en el caso in examine al no haber prestado declaración en el juicio la indicada agraviada, en estas condiciones, la oralización del Certificado Médico Legal Nº 005382-L corriente a fojas diez del expediente judicial, no resulta por si solo prueba pertinente, conducente y útil para acreditar el delito de robo, ya que no demuestra que el acusado causó a la agraviada las lesiones que se describen y menos para despojarla de su celular; que por otra parte, la inconcurrencia injustificada de la agraviada al juicio oral para prestar declaración, no puede ser convalidada con la oralización del acta de declaración prestada por dicha agraviada en la etapa de Investigación Preparatoria, puesto que en principio no se trata de un medio de prueba sino de un acto de investigación del Ministerio Público para sustentar la acusación fiscal, además la lectura en la audiencia del acta de declaración de la agraviada no cumple con los principios de inmediación, contradicción y oralidad propios del juicio oral, como así considera el tratadista Pablo Sánchez Velarde al decir: “que la prueba preconstituida en materia procesal penal son los elementos que preexisten al proceso o se obtienen como consecuencia de los actos investigativos, sobre todo de las diligencias iniciales, y sólo podrán convertirse en actos de prueba si se reproducen en el juicio oral y se someten al contradictorio…” 8 , y como se ha visto, la declaración de la agraviada no se ha podido reproducir en el juicio oral por no haber concurrido a la audiencia máxime si no ha quedado justificada su inasistencia.NOVENO.- Que, en este orden de ideas, cabe concluir que la actividad proba- toria desarrollada en el juicio oral no resulta suficiente para establecer con grado de certeza la responsabilidad penal del acusado Ray Manuel Quispe Flores, y por ende para sustentar una sentencia condenatoria, que no puede ser impuesta en base a suposiciones, sino cuando exista plena certeza de la responsabilidad del acusado, sustentada en hechos suficientes y debidamente probados, presupuestos que no concurren en el presente caso, manteniéndose incólume la presunción de inocencia que le garantiza a dicho imputado el párrafo e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, por lo que debe ser absuelto de la acusación fiscal en atención a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Procesal Penal.DECIMO.- Que, de acuerdo al artículo 499 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está exento del pago de costas, lo que se debe tener presente en el fallo de la sentencia.-

8

Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2006. Pág. 662.

PARTE RESOLUTIVA: En consecuencia, habiéndose analizado los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos en la tesis acusatoria, así como la responsabilidad penal del acusado, bajo las reglas de la lógica y la sana crítica, de conformidad con los dispositivos legales antes invocados y artículos 392, 393, 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de la Nación, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, FALLA: 1.

ABSOLVIENDO a RAY MANUEL QUISPE FLORES, de la acusación fiscal como autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en Grado de Tentativa, en agravio de Gissela Tatiana Alcántara Ruiz.-

2.

SIN costas.-

3.

ORDENA que se GIRE la correspondiente papeleta de libertad para la inme- diata excarcelación del acusado absuelto, siempre que no tenga otra orden de detención emanada de autoridad competente, DEJANDOSE constancia de que la papeleta de libertad fue girada el veintidós de Abril último con motivo de haberse dado lectura a la parte dispositiva de esta sentencia.-

3.

MANDA que consentida o ejecutoriada que sea esta sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en el proceso respecto del acusado absuelto, y Fecho: se ARCHIVE lo actuado de modo de- finitivo en el modo y forma de ley.-

4.

DESE lectura en audiencia pública.S. S. LOPEZ PATIÑO QUISPE LECCA LUJAN CASTRO

9.

ROBO AGRAVADO Y RECEPTACION EXPEDIENTE JUECES PATIÑO

: 06519-2014-10-1601-JR-PE-08 : RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ

(*)JUAN JULIO LUJAN CASTRO JORGE LUIS QUISPE LECCA ESPECIALISTA : AMADO ARTEAGA TACANGA IMPUTADO : PEREZ AREVALO, EDWIN DELITO : ROBO AGRAVADO FERNANDEZ GARCIA, DEISY JOVANA DELITO : RECEPTACIÓN FERNANDEZ AGUIRRE, GIANCARLOS DELITO : ROBO AGRAVADO ROJAS SANCHEZ, JOEL LEONARDO DELITO : ROBO AGRAVADO AGRAVIADO : EL ESTADO Resolución número : VEINTITRES

SENTENCIA Trujillo, dos de mayo del año dos mil dieciséis VISTOS: Habiéndose llevado a cabo el juzgamiento en acto público en la sala de audiencias adjunta al Establecimiento Penal “El Milagro” ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, que integran los Señores Magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro (Director de Debate); correspondiente al proceso penal seguido contra los acusados GIANCARLOS FERNANDEZ AGUIRRE, JOEL LEONARDO ROJAS SANCHEZ, EDWIN PEREZ AREVALO y DEYSI JOVANA FERNANDEZ GARCIA, a quienes el Ministerio Público los ha acusado, en el caso de Fernández Aguirre y Rojas Sánchez como autores del delito de robo agravado en agravio de Jorge Luis Sánchez Ramos. En el caso de Edwin Pérez Arévalo como cómplice secundario del mismo delito y autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego; y en el caso de Deysi Jovana Fernández García como autora del delito de receptación agravada. El mencionado órgano jurisdiccional ha expedido la siguiente SENTENCIA: IDENTIFICACION DEL ACUSADO FERNANDEZ AGUIRRE: Sexo masculino, identificado con documento nacional de identidad número 73987296, nacido el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro en el distrito de Trujillo, pro- vincia de Trujillo, departamento de “La Libertad”, tiene veintidós años de edad, los nombres de sus padres son Carlos Jhimmy y Jhovani, residía en Av.

Independencia Nº 886, “Las Delicias”, distrito de Moche provincia de Trujillo, es soltero, tiene quin-

to año de secundaria, trabajaba como taxista y percibía cuarenta soles diarios, no tiene bienes propios, dice carecer de antecedentes penales. IDENTIFICACION DEL ACUSADO ROJAS SANCHEZ: Sexo masculino, identificado con documento nacional de identidad número 70931188, nacido el siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de “La Libertad”, tiene veintiún años de edad, residía en la calle Arizona Lote 74, curva de Sun, distrito de moche, tiene un hijo, grado de ins- trucción segundo de secundaria, trabajaba como mototaxista y percibía cuarenta soles diarios, sin bienes propios, sin antecedentes penales. IDENTIFICACION DEL ACUSADO PEREZ AREVALO: Sexo masculino, identi- ficado con documento nacional de identidad número 47992586, nacido el veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y tres, en el distrito y provincia de Rioja departamento de San Martín”, tiene veintiún años de edad, residía en la calle Luis Alberto Sánchez Mz. C, lote 08, Miramar, provincia de Trujillo es soltero, tiene gra- do de instrucción hasta quinto de secundaria, trabajaba como vigilante y percibía setecientos cincuenta soles al mes, sin bienes propios, sin antecedentes penales. IDENTIFICACION DE LA ACUSADA FERNANDEZ GARCIA: Sexo femenino, identificada con documento nacional de identidad número 43141276, nacida el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo del departamento de “La Libertad”, tiene treinta y tres años de edad, residía en el pasaje Cajabamba s/n, “Las Delicias”, distrito de Moche, es madre soltera de dos hijos, tiene primaria completa, trabajaba en cocina y percibía setecientos soles mensuales, sin bienes propios, sin antecedentes penales. PARTE EXPOSITIVA PRIMERO: HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE ACUSACION: Según la teoría del caso sostenida por la representante del Ministerio Público, el día once de noviembre del año dos mil catorce, aproximadamente a las once de la noche, el agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos, se encontraba realizando servicio de taxi en el vehículo de placa de rodaje T2L-527, marca Chevrolet, color blanco, por la avenida “La Marina” cuando le tomaron un servicio de taxi tres adolescentes me- nores de edad (a los que se les ha identificado como Bryan Eustaquio Cabellos, Alín Arbildo Valdiviezo Vera y Jorge Andy Siesquen Bobadilla) con destino a la entrada de la campiña de Moche. A la altura de la entrada de la campiña estos menores le pidieron al agraviado que se estacionara en la esquina, es en esos momentos que Alín Arbildo Valdiviezo Vera lo golpeó en la cabeza con la cacha de un arma de fue- go y le apuntó en la cabeza, lo pasaron hacia el asiento posterior y lo sentaron en el centro. Bryan Eustaquio Cabellos se sentó como conductor y manejó el vehículo dirigiéndose por unas chacras solitarias, donde no había luz, bajaron al agraviado del carro y lo

llevaron a una distancia aproximada de cinco metros en donde lo

amarraron de pies y manos y le pusieron una chompa en la cabeza indicándole que no se moviera pues de lo contrario le iban a disparar y empezaron a desarmar el vehiculo, luego el agraviado escuchó que llamaron por teléfono y dijeron: “Lobo entra ya”, luego escuchó que ingresó otro vehículo, el cual estuvo en el lugar unos veinte minuto aproximadamente, escuchando luego que dijeron “Lleva ya un poco”, escuchó también que este vehículo se fue del lugar, luego los sujetos han seguido desarmando llantas y autopartes y después de unos veinticinco minutos el agraviado escuchó que regresó nuevamente el vehículo y oía que se empezaron a pelear por el dinero en efectivo que él había tenido en su billetera, en la suma de seiscientos soles, luego de unos diez minutos el agraviado escuchó que todos los sujetos suben al vehículo y se van del lugar, pero previamente uno de los sujetos le desató los pies, situación que aprovechó para quitarse la chompa de la cabeza y se puso de pie, observando que se alejaba del lugar un vehículo marca TOYOTA, modelo Yaris de color negro, en cuyo interior iban cinco sujetos, ante lo cual el agraviado corrió por la campiña de Moche y se dirigió a la Comisaría de Moche a donde llegó aproximadamente a la una y media de la madrugada y narró lo suce- dido, procediendo la policía a realizar un operativo por toda la jurisdicción, es así que cuando se encontraban en el cruce de “Las Delicias”, el agraviado observó un vehículo marca TOYOTA, modelo Yaris, color negro, en cuyo interior viajaban cinco sujetos por lo que indicó a la policía que ese vehículo era similar al que usaron los asaltantes, ante lo cual la policía ha comenzado a seguir al vehículo, produciéndose una persecución, pues el yaris al notar la presencia policial pretendió darse a la fuga, sin embargo uno de los patrulleros se adelantó y le cerró el paso y se bajaron los policías corroborando que la placa del vehículo era T2D-355 en cuyo interior se encontraban cinco ocupantes, todos varones, así mismo en ese acto el agraviado reconoció a los menores Bryan Eustaquio Cabellos, Alín Arbildo Valdiviezo Vera y Jorge Andy Siesquen Bobadilla, quienes habían participado en el asalto y robo de su vehículo horas antes. Asimismo se verifico que quien conducía el vehículo era el acusado Giancarlos Fernández Aguirre, alias “Lobo” y como copiloto se encontraba el acusado Joel Leonardo Rojas Sánchez. Los efectivos policiales, al tomar conocimiento del lugar exacto donde se encontraban las autopartes robadas al vehículo, se dirigieron en forma inmediata al domicilio de la imputada Deisy Jovana Fernández García, quien es tía de Giancarlos Fernández Aguirre, en donde efectivamente se encontraron las autopartes sustraídas, así mismo la hoy acusada Fernández García, refirió que esos bienes le habían sido encargados por su sobrino Giancarlos. Igualmente el menor Alin Val- diviezo Vera, informó a la policía que el arma de fuego utilizada en el asalto había sido proporcionada por Edwin Pérez Arévalo alias “Charapo” a quien se le habían devuelto después de cometido el robo, por lo que la policía procedió a buscar a Pérez Arévalo ubicándolo a la altura de la Mz. “C”, lote 8, Miramar, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga y puso resistencia; y al ser reducido en

su registro personal se le encontró en posesión de un arma de fuego, tipo revolver marca “Jaguar”, calibre 38 especial. SEGUNDO: PRETENSION PENAL: La representante del Ministerio Público sostuvo que los acusados Giancarlos Fernandez Aguirre y Joel Leonardo Rojas Sán- chez han intervenido en calidad de coautores del delito de Robo Agravado previsto en el artículo 189, inciso 2,3,4 y 8 del código penal solicitando catorce años de pena privativa de la libertad para cada uno de ellos y para Edwin Pérez Arévalo en calidad de cómplice secundario del delito de Robo Agravado solicitó se le imponga la pena de ocho años de privación de libertad; asimismo con respecto al acusado Pérez Arévalo como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego solicitó se le imponga la pena de seis años de pena privativa de la libertad. Con respecto a la acusada Deisy Jovana Fernández García que es acusada en calidad de autora del delito de receptación agravada, solicitó la pena de seis años de privación de la libertad. TERCERO: PRETENSION CIVIL: La representante del Ministerio Público soli- citó que la reparación civil se fije en la suma de tres mil nuevos soles (S/. 3,000.00.) que deberán pagar los acusados en forma solidaria a favor del agraviado. CUARTO: PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO FERNANDEZ AGUIRRE: El señor abogado del acusado Fernández Aguirre dijo que no existen pruebas contundentes contra su patrocinado, señaló que el once de noviembre en horas de la noche su defendido estaba en su casa con su familia y le hicieron tres llamadas para que vaya hacer un servicio de taxi y salió. Sobre las cosas encontra- das en la casa de su tía, manifestó que las llevo allí a solicitud de su coacusado Joel Rojas Sánchez. DEL ACUSADO PEREZ AREVALO: El señor abogado del acusado Pérez Aré- valo dijo que no es verdad que su patrocinado haya proporcionado el arma de fuego a los menores para que cometan el asalto, tampoco es verdad que le encontraron en su poder un arma de fuego. Señaló que el arma se la sembraron los efectivos policiales. DEL ACUSADO ROJAS SANCHEZ: El señor abogado del acusado Rojas Sán- chez dijo concretamente que su patrocinado no tiene nada que ver con los hechos pues no participó. DE LA ACUSADA FERNANDEZ GARCIA: El señor abogado de la acusada Fernández García dijo que demostrará la inocencia de su patrocinada pues ella no tenía conocimiento del contenido de las bolsas que le dejó encargadas su sobrino. DERECHOS Y ADMISION DE CARGOS: De conformidad con lo establecido en el Artículo 372 del Código Procesal Penal, el Juez director de debate, después de haber instruido de sus derechos a los acusados les preguntó

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si admitían ser autores de los delitos materia de acusación; ante lo cual previa consulta con sus respecti-

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vos abogados defensores contestaron que no se consideraban responsables; por lo que se continuó con el desarrollo de la audiencia de juzgamiento, actuándose los medios probatorios admitidos en etapa intermedia. ACTUACION PROBATORIA EN JUICIO ORAL Se procedió a realizar las actuaciones probatorias destacándose a continuación sus aspectos más relevantes, en base a los cuales se ha formado la convicción del órgano jurisdiccional colegiado: DECLARACIÓN DEL PNP JORGE LUIS AGREDA CAMPOS: Manifestó que el día de los hechos se encontraba de servicio en la Comisaría de Moche y una perso- na de apellido Sánchez llegó diciendo que tres sujetos le habían robado su vehículo en un lugar denominado “La Patita” y lo habían dejado maniatado, fueron al lugar de los hechos encontrando el vehículo abandonado y desmantelado, el agraviado manifestó que había escuchado de un tal “Lobo” al que lo estaban llamando para que recoja las cosas que habían sustraído y conducía un vehículo TOYOTA yaris color negro. Entonces se avisó al patrullero donde estaban lo sub oficiales Laines y Vera. Luego llevaron el vehículo del lugar de los hechos hasta la comisaría y empe- zaron a buscar al yaris negro, los dos patrulleros y el agraviado en una camioneta particular blanca, aproximadamente a las tres de la mañana al patrullar por un parquecito en un pasaje por “Las Delicias”, vieron un yaris negro y que al percatar- se de la presencia policial salieron corriendo de una casa dos sujetos y subieron al vehículo, empezaron a perseguirlo, haciendo sonar la sirena para que se detengan, pero no se detenían, logrando capturarlos a la altura de la entrada de “Las Delicias”. En ese momento llegó el otro patrullero y el agraviado reconoció a tres de las cinco personas que habían dentro del vehículo. Luego de que fueron intervenidos y reducidos fueron llevados a la comisaría, allí Fernández Aguirre, alias “lobo” manifestó que había encargado las cosas sus- traídas en la casa de un familiar, acudieron en un patrullero con el mismo detenido a la casa de su familiar, al tocar la puerta salió una señora quien manifestó que era su tía y que desconocía que las cosas eran robadas, los invitó a pasar a la cocina diciendo que allí estaban las cosas que le habían encargado. Al pasar, las cosas sustraídas del vehículo se encontraban camufladas en un saco y una caja, no se notaban a simple vista. Luego de recuperar las cosas llevaron a la tía de “lobo” a la comisaría. Posteriormente preguntaron a los detenidos quien les había proporcionado el arma, y uno de ellos (el menor Alín Arbildo Valdiviezo Vera, alias “negro alín”) les dijo que el arma se las había proporcionado un tal “cha- rapo” (el acusado Pérez Arévalo) quien vivía en el Alto Moche, luego fueron con el menor a la casa de “charapo” pero en el trayecto el menor lo divisa y lo señaló, a lo cual tras interceptarlo y registrarlo tenía un arma. En ningún momento golpearon al detenido Pérez Arevalo.

DECLARACION DEL PNP JULIO CESAR VIERA VIERA: Dijo que el día doce de noviembre del año dos mil catorce prestaba servicio en la Comisaría de Moche, estaba patrullando y recibió una llamada telefónica de un colega de la comisaría informándole que había sucedido un robo y que el agraviado había visto las carac- terísticas del vehículo que era un yaris negro y que uno de los delincuentes tenía como apodo el “lobo”, se reunieron con el otro patrullero y una camioneta parti- cular de un familiar del agraviado y empezaron a indagar, en eso divisaron a dos sujetos saliendo de una casa, al ver éstos al patrullero subieron a su vehículo el cual tenía las características del mismo vehículo que buscaban, iniciaron la persecución, lográndolos capturar, habían dos personas adultas adelante y tres menores atrás, en esta intervención estaba el agraviado presente y pudo reconocer a los tres me- nores como aquellos que le habían robado el carro. En la comisaría los menores reconocieron que fueron autores del robo, luego dieron información respecto del lugar en donde habían dejado las cosas robadas, fueron a la casa, tocaron la puerta, se recuperaron varias autopartes que estaban escondidas en ollas. Luego uno de los detenidos Alín Arbildo Valdiviezo Vera alias “Negro Alin” dijo que un tal “charapo” (Pérez Arévalo) proporcionó el arma para el asalto, fueron a casa de “charapo” antes de llegar lo vieron, al reconocerlo Alín Ar- bildo Valdiviezo Vera lo sindicó por lo que lo detuvieron aunque puso resistencia. El acusado Fernández Aguirre (alias “Lobo”) colaboró para la recuperación de las cosas. DECLARACIÓN DEL SO PNP LAINES LARA: Dijo que el doce de noviembre del año dos mil catorce trabajaba en la comisaría de moche, estaba en el patrullero, era el conductor del vehículo y el técnico Agreda le comunica sobre el robo de un carro. Iniciaron la búsqueda, el agraviado dijo que al momento de ser asaltado es- cuchó mencionar a un tal “lobo”. Vieron un yaris negro en “Las Delicias”, y al notar la presencia policial trató de darse a la fuga. Al intervenirlo, habian cinco personas dentro del vehículo, luego llegó el agraviado y reconoció a uno de los intervenidos. Cuando llegaron a la comisaría, Fernández Aguirre (alias “lobo”) le confesó que sí habían cometido el robo, y que las cosas estaban escondidas en la casa de su tía Deisy, fueron allí, tocaron la puerta, salió la acusada y reconoció que su sobrino le fue a encargar unas cosas que se encontraban en cajas y bolsas, la señora dijo que su sobrino las dejo allí, regresaron a la comisaría pero uno de los intervenidos dijo que la pistola se la dio un tal “charapo”, el intervenido les enseñó el domicilio donde vivía, lo ubicaron y le encontraron un revólver en la cintura. Reconoció el acta y reconoció a Pérez Arévalo que estaba con otra persona al momento de la intervención. A Pérez lo llevaron a la comisaría, puso resistencia pero no lo golpea- ron. Reconoció que el acusado Fernández Aguirre (alias “lobo”) les dio información para recuperar las autopartes que habían sido robadas.

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DECLARACIÓN DEL SO PNP EDER CRUZ ORDINOLA: Dijo que estaba patrullando como conductor con el Sub Oficial Viera y recibieron una llamada del Técnico Agreda comunicándoles que se había producido el robo de un vehículo en que el agraviado señaló que había sido un tal “lobo” en un TOYOTA yaris negro. Iniciando la búsqueda lo encontraron por “Las Delicias”, habian cinco personas dentro del vehículo. Tres eran menores de edad. El agraviado estuvo presente en la intervención y reconoció a los detenidos quienes fueron llevados a la comisaría de moche. DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO JORGE LUIS SANCHEZ RAMOS: Dijo que el once de noviembre del dos mil catorce lo asaltaron, se estaba dirigiendo a Moche, por la altura de la empresa America Express, tres muchachos lo paran para que los lleve a la campiña de moche, uno lo comenzó a golpear con la cacha del revólver y le dijo que era un asalto, lo pasaron a la parte de atrás y ellos se dirigie- ron a las chacras, lo golpeaban y amenazaban, luego se estacionaron, lo amarraron de manos y pies y le pusieron un trapo en la cabeza, comenzaron a desmantelar el carro. Luego escuchó que hacen llamadas diciendo que “ingrese el lobo”, llegó un carro y llevó algunas piezas; a los veinticinco minutos regresa el carro y uno de ellos le comienza a desatar, ahí ve que era un yaris negro con cinco personas, se pudo desatar completamente y fue a la comisaría de Moche donde hizo la denuncia, sa- lieron a buscar por alto Moche, por “Las Delicias” vio el carro que había estado lle- vando sus cosas, en su interior habían cinco personas, los capturaron y reconoció a los tres que le habían tomado la carrera, pero no a los dos que estaban delante. Uno de los muchachos le dijo que diga que no había plata en su billetera y lo iba a desamarrar, otro le dijo que diga que sí hubo plata o le iba a disparar por eso acepto que sí tenía plata en su billetera. Su carro quedo totalmente desmantelado, era un chevrolet sail blanco. También le robaron su billetera con seiscientos soles y un celular Alcatel. Ellos también se decían “bryan” “gordo” “Arlin” Se recuperó y se entregaron casi todas las cosas pero no la computadora del carro tampoco su billetera con el dinero ni su celular. El vehiculo era de la empresa Turismo Moche. Lo golpearon en la cabeza pero no fue a pasar el reconocimiento médico legal. Señaló además que no escuchó que alguno de los menores haya dicho que el que proporcionó el arma era un tal “charapo”. DECLARACIÓN DE JOVANY AGUIRRE POLO: La madre de Fernández Aguirre dijo que estaba en su casa en “Las Delicias”; ese día su hijo llegó a las ocho y cuarenta y cinco de la noche, era taxista, estuvo con él conversando y alguien lo llamó para que haga una carrera él le dijo que ya no estaba trabajando, como insis- tieron acepto porque ella le dijo que lo haga, dijo que Joel fue el que lo llamó (Joel Leonardo Rojas)

El día doce de noviembre a las seis y media de la mañana, su hijo salió de su casa y ya no lo volvió a ver hasta el día siguiente en la comisaría. Su hijo no tiene apodo, a su papa le dicen “lobo” y a él “lobito”. DECLARACIÓN DEL PERITO ROCHA ROJAS: Concluyó en el peritaje balís- tico Nº 1608-14 que el arma de fuego era un revólver jaguar que estaba en buen estado de conservación y operable. DECLRACION DE KAREN ANABEL EUSTAQUIO CABELLOS: Dijo que Bryan Eustaquio Cabellos es su hermano y que el día doce de noviembre del año dos mil catorce a las cinco de la mañana unos policías irrumpieron en su casa, se metieron a la habitación de su hermano y lo sacaron esposado, iban a llevarlo a la comisaría de moche, les preguntaron a los policías con qué documento fundamentaban el hecho de estar llevándoselo, pero ellos no le enseñaron ningún documento y se lo llevaron a la fuerza, y en la camioneta también habían dos menores de edad, que lo único que atinó a hacer fue llamar a su enamorado porque su papá no se encon- traba en su casa ya que estaba de viaje. Casi a las seis de la mañana llegaron a la comisaría, había un montón de personas, en ese momento ella se alejó a ver lo que estaba pasando y su enamorado se quedó, un policía se acercó a su enamorado Edwin Pérez Arévalo, lo cogió del hombro y lo hizo entrar a la comisaría, y se quedó con su primo mirando, y como su mamá sufre de los nervios se asustó, escucharon golpes y se asustaron, quisieron ingresar, pero dos policías no los dejaron ingresar, un policía se acercó y le pidió cinco mil soles para que no lo metan a la cárcel a su enamorado, y ella no sabía que motivo tenían para encerrarlo, le tomó una foto porque su enamorado salió golpeado. Sostuvo que con Edwin Pérez Arévalo tiene una hija de dos meses de edad. No recuerda el rostro del policía que le solicitó dinero, que primero le pidió a su enamorado y que luego, como ella era la única que estaba allí, se lo pidió a ella, lo exigió para que no involucre a su enamorado. DECLARACION DE EUSTAQUIO CABELLOS BRYAN: Dijo que conoció a Andy Siesquén jugando partido, ese día estuvo en su casa, Alín fue a verlo, iban a una fiesta o algo así, se fueron con Andy, Joel y Giancarlos; sin embargo no se fueron a ninguna fiesta, sino al óvalo de la Avenida “América” y tomaron un taxi, subieron Alín, Joel y él, le pidieron que los lleve a la campiña, Siesquen Bobadilla también fue en el taxi, lo cogotean al agraviado y lo sientan en el asiento de atrás, lo llevaron hacia adentro y comenzaron a desmantelar el carro, Alín tenía una ma- nopla, no llevaron arma, después del robo Joel Leonardo Rojas Sánchez lo llevó a su casa en el carro de Giancarlos. Giancarlos si tenía conocimiento del robo, él los movilizó en un Yaris Negro, Joel Rojas también estuvo en el vehículo y participó del robo. A Giancarlos no lo llamaron, seguramente el calculó su tiempo, Joel Rojas fue el que cogoteó al agra- viado.

DECLARACION DE ALIN VALDIVIEZO VERA: Dijo que Siesquen, Eustaquio los conoce jugando fútbol, desde el dos mil catorce, a Pérez Arévalo no lo conoce. El doce de noviembre del dos mil catorce vinieron a verlo para ir a moche Siesquen y otro amigo, el “lobo” les dijo si querían ir a ganar una plata y los llevó a cometer el robo. Bryan, Joel y él tomaron el taxi, Siesquen también estaba, nadie tenía arma de fuego ni manopla. Lo detuvieron en su casa durmiendo, el “lobo” es el que lo llevó a su casa después de cometer el robo, refiere que nunca dijo a la policía que Pérez Arévalo le proporcionó un arma, afirmó que la idea de robar fue del “lobo”, Joel fue el que tomó la carrera, asimismo dijo que Joel le sacó al agraviado una billetera con diez soles, el “lobo” llegó al escenario de los hechos al momento de que desarmaban el carro. Se le mostró el acta de intervención y negó haber declarado que tenía armas. Tampoco le enseñó a la policía la casa de “charapo” (Pérez Arévalo) porque no la conoce. DECLARACIÓN DE BERMÚDEZ ALMECK: Dijo que solamente conoce a Alín, refiere que el doce de noviembre del dos mil catorce, la policía lo detuvo en la casa de Alín, no conoce a Pérez Arévalo ni su casa. DECLARACION DE CARMEN JUANA CABELLOS: Dijo que conoce a Edwin Pérez Arevalo porque es enamorado de su hija, señala que Bryan Eustaquio es su hijo que en la madrugada del doce de noviembre del dos mil catorce llegaron dos policías y subieron por el techo de su casa e ingresaron, rompieron la puerta de la habitación de su hijo, un policía se metió por la ventana y sacaron a su hijo agarra- do de la nuca, le preguntó a la policía a donde llevaban a su hijo, a lo que el policía respondió que lo llevaban a la comisaría y que si deseaba averiguar mas que se acercara a la comisaría. Sostuvo que no tenía a quien acudir y que le preguntó a su hija a quien llamar, a lo que ella respondió que llamaran a su enamorado, a lo que la madre aceptó. Cuando llegaron a la comisaría cogieron a Edwin Pérez Arevalo de la nuca, lo palmearon y luego lo metieron a la comisaría, posteriormente ellas escucharon golpes, por lo que su hija quiso entrar a ver que es lo que pasaba ya que Edwin Pérez Arevalo sólo las estaba acompañando, y los policías se pararon en la puerta y no las dejaron ingresar. Un policía le pidió a su hija cinco mil soles para sacar a Edwin Pérez, le tomaron fotos a los golpes de Edwin Pérez. DECLARACION DE KATHERINE GOICOCHEA CABELLOS: Dijo que conoce a Edwin Pérez Arévalo porque ha trabajado con él en la empresa “Green Perú” hace cinco años, trabajaba en espárragos. Conoce a Bryan Eustaquio cabellos porque el es su primo. Vive en la casa de su tía, que alquila un cuarto, es inquilina, asimismo manifestó que el día de los hechos entraron unos policías a su casa a sacar a su primo de su cuarto, y su prima preguntó con que permiso ingresan a su casa y ellos no contestaron.

Refiere que acompañó a Karen, Edwin y a su tía a la comisaría de Moche y un policía palmeó al hombro de Edwin y se lo llevaron, y al rato escucharon golpes por lo que quisieron entrar a ver que pasaba y dos policías les impidieron el pase. DECLARACION DEL ACUSADO PEREZ AREVALO: Dijo que no conoce a sus coacusados, los conoció en la comisaría, a Joel tampoco lo conoce, a Deisy Fernán- dez tampoco la conoce, de los adolescentes sólo conoce a Bryan Eustaquio Cabe- llos que es hermano de su pareja. Manifestó que en noviembre del dos mil catorce trabajaba como agente de seguridad pero no usaba armas de fuego porque no tenía licencia, solo usaba cinto. El once de noviembre del año dos mil catorce, por la noche estaba en su domicilio del “Alto Salaverry”, a las cuatro y media despertó y vio llamadas de su pareja, la llamó y ella le dijo que lo detuvieron a su hermano sacándolo de su casa, llegó a la comisaría a preguntar si estaba detenido, le dijeron que sí, estuvo esperando y unos agentes lo hicieron pasar para conversar, allí le dijeron que él también estaba involucrado en el robo, lo golpearon con la cacha de una pistola y lo encerraron en la carceleta, le pidieron cinco mil soles para que salga, cuando fue a la comisaría no tenía arma de fuego, afirma que no es loco ni delincuente, ni entregó ninguna arma a los adolescentes. DECLARACION DEL ACUSADO GIANCARLO FERNANDEZ: Dijo que sí conoce a Joel Rojas Sánchez hace mucho tiempo, han estudiado juntos, no conoce a Bryan ni Alín, sí conoce a Deisy Fernández, es su tía. Trabaja como taxista, ese día le llamó Joel a las once de la noche para que le haga una carrera a la campiña de Moche, cuando llegó al lugar se dio con la sorpresa que había un taxi desmantelado y tres menores de edad. Joel subió algunas autopartes a su vehiculo y se dirigieron a Moche sin los menores, llegaron a Moche con las cosas, lo llamaron a Joel por el celular y él le dijo “regrésate” y le reclamaban por una plata, luego se regresó al alto Moche y de allí se fue a “Las Delicias”, por allí los interviene la policía pero ya Joel estaba manejando, ya no estaban los menores, las cosas las habían dejado con su tía, Joel le dijo que “mañana te doy algo más de la carrera que me estas haciendo”. Señaló que a su papa le dicen “lobo”, a él le dicen solamente “Giancarlos”, no conoce a Pérez Arevalo. Sostuvo que no tenía brevete y que cuando llegó a la campiña Joel ya estaba con el vehículo desmantelado, allí se dio cuenta que las cosas eran robadas, su tía le dijo que deje las cosas en la sala, que las recoja al día siguiente, nunca antes había encargado cosas a su tía en horas de la madrugada. DECLARACION DE LA ACUSADA DEISY FERNANDEZ GARCIA: Dijo que Giancarlos Fernández es su sobrino, él llegó cuando ella ya estaba durmiendo y le dijo que le quería encargar cosas, conociéndolo que es trabajador le recibió las cosas, él le dijo que le encargaba las cosas de su carro, pero no vió las cosas, más tarde llegó la policía y no sabia que decirles, les dijo busquen en la cocina y allí esta- ban las cosas al lado de la mesa, no sabía que las cosas eran robadas. No tiene ollas

grandes si no pequeñas, asimismo refirió que su sobrino llegó en su propio carro, no vio cuando metió las cosas porque se fue a dormir, nunca le había encargado cosas a esa hora. ORALIZACION DE DOCUMENTOS: Se oralizaron los medios probatorios do- cumentales ofrecidos por las partes resaltando cada una su mérito conforme a sus respectivas teorías del caso, cuyos argumentos han quedado registrados en audio. QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO (Calificación Penal) Calificación legal del hecho cometido.- De acuerdo con los términos de la acusación fiscal los delitos cometidos por los acusados se encuentran previstos y sancionados en varios tipos penales. En primer lugar en el artículo 189 (numerales 2, 3, 5 y 8) del Código Penal que sanciona con una pena mínima de doce años de privación de libertad a quienes incurran en esta figura típica (robo agravado). De acuerdo con su ubicación dentro del Código sustantivo el bien jurídico tutelado en este tipo penal es el patrimonio; y deriva del tipo básico de robo simple previsto en el artículo 188. El criterio rector para identificar la consumación en este delito se sitúa en el momento en que el titular o poseedor de la cosa deja de tenerla en el ámbito de su protección dominial y por consiguiente, cuando el agente la pone bajo su poder de hecho. Este poder de hecho (resultado típico) se manifiesta en la posibilidad de realizar sobre el objeto del delito actos de disposición, aún cuando sólo sea por un breve tiempo; sólo en ese momento es posible sostener que el autor consumó el de- lito. Por consiguiente, la consumación viene condicionada por la disponibilidad de la cosa sustraída, entendida como posibilidad material de disposición ó realización de cualquier acto de dominio. En el caso específico, el Ministerio Público también está formulando acusación por los delitos de Tenencia ilegal de arma de fuego y Receptación agravada. SEXTO: HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS (Apreciación razonada de los medios de prueba actuados) 1)

Conforme al literal “e” del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución Política del Perú, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, dentro de un proceso regular, decisión que debe estar basada en suficiente actividad probatoria de cargo en virtud de la cual se le pueda considerar responsable más allá de cualquier duda razonable. En este sentido el aporte probatorio de la parte acusadora debe ser de tal magnitud a fin de que el órgano jurisdiccional quede conven- cido irrefutablemente respecto de la responsabilidad penal que se imputa.

2)

Teniendo en consideración que en el presente caso se encuentran involucra-

dos como presuntos autores cuatro personas, el colegiado debe efectuar la

valoración de los distintos medios de prueba actuados en forma individualiza- da a fin de determinar si tienen mérito suficiente para enervar la presunción de inocencia que a ellos les asiste. Así, en el caso del acusado Giancarlos Fernandez Aguirre, al momento de brindar su declaración en juicio de manera voluntaria reconoció que el día de los hechos siendo aproximadamente las once de la noche efectuó un servicio de taxi a su amigo y co acusado Joel Leonardo Rojas Sánchez con dirección a la campiña de Moche y que al llegar vio que había un taxi desmantelado y tres menores de edad, quienes subieron las autopartes a su vehículo. Agre- gó que incluso hizo un segundo viaje a requerimiento de su amigo y que las cosas robadas las dejaron en la casa de su tía Deysi. Este acusado ha tratado de perfilar una versión de autodefensa en la que él solamente se habría limi- tado a hacerle un servicio de taxi a su coacusado Rojas Sánchez, a quien dice conocer desde hace muchos años; sin embargo, conforme se establecerá en los párrafos siguientes sus afirmaciones carecen de credibilidad pues no se corroboran con ningún otro medio de prueba y tampoco se condicen con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Según la testimonial del agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos, luego de que los asaltantes habían desmantelado su vehículo escuchó que empezaron a hacer llamadas telefónicas diciendo “Ingresa lobo”, frase con la que estaban requi- riendo a Fernández Aguirre a efecto de que se constituya en el lugar con el vehículo que conducía y de esa manera puedan trasladar las autopartes roba- das. Esta información debe contrastarse con los datos que el mismo acusado ha proporcionado en el sentido que cuando llegó al lugar, el carro ya estaba desmantelado y habían tres adolescentes, por lo que recién allí (según trató de hacer creer al colegiado) “se percató que se trataba de un robo”. 3)

Estando a las consideraciones expuestas, respecto a la imputación en contra del acusado Fernández Aguirre como autor del delito de robo agravado se tie- ne en primer lugar su propia declaración que en vez de apuntalar su defensa permite (interpretada en conjunto con los otros medios de prueba actuados) afirmar que éste no solamente ha tenido participación directa en el hecho de- lictivo sino que también ha planificado la acción delictiva junto con el acusado Joel Rojas Sánchez puesto que así lo han declarado los menores Eustaquio Cabellos y Valdiviezo Vera. Específicamente el primero de ellos sostuvo que cuando estaba en su domicilio fueron a verlo “Andy, Joel y Giancarlos” con la intención de ir a una fiesta pero realmente no fueron allí sino al Ovalo de La Avenida “América” a tomar un taxi con la finalidad de asaltarlo. El Sub Oficial Cruz Ordinola ha sostenido que se hizo la intervención al ahora acusado Fer- nández Aguirre porque el agraviado dijo que uno de los que lo habían asalta- do fue un tal “lobo” a bordo de un vehículo yaris de color negro. El Sub oficial

Laines Lara afirmó incluso que cuando estaban casi llegando a la Comisaría el tal “lobo” reconoció que sí había participado en el robo y que las cosas las tenían escondidas en la casa de su tía Deysi. Si bien es cierto en juicio el agra- viado no lo ha sindicado de manera frontal se debe valorar especialmente su narración en cuanto afirma haber escuchado que los asaltantes llamaban por teléfono y decían “ingresa lobo, ingresa lobo”, circunstancia que sin lugar a dudas involucra contundentemente a Fernández Aguirre quien ha pretendido negar que se le conozca con el apelativo de “lobo”; sin embargo ha aceptado que a su padre sí lo llaman con este sobrenombre pero a él solamente se le conoce como “Giancarlos”, circunstancia que difiere con lo afirmado por doña Jovany Aguirre Polo (madre del acusado) quien sostuvo que a su papá le dicen “lobo” y a él “lobito”. 4)

Según la tesis de descargo que el acusado y su defensa legal han sostenido en juicio Giancarlos Fernández Aguirre, quien se dedica a la labor de taxista, estaba en su domicilio en horas de la noche y fue llamado reiteradamente por su coacusado Rojas Sánchez para que le haga un servicio de transporte a la campiña de Moche, sin tener conocimiento que se iba a cometer un delito de robo; sin embargo esta versión no solamente carece de medios probatorios que la hagan creíble sino que también contradice a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. El acusado Fernández Aguirre dijo que cuando ya se encontraba en su casa para ir a descansar su amigo y co acusado Joel Rojas Sánchez lo llamó insistentemente por teléfono para solicitarle que le haga un servicio de taxi a la campiña de Moche; lo que Fernández Aguirre dice haber aceptado porque Rojas es un amigo de muchos años. Este detalle de la versión de Fernández Aguirre llama poderosamente la atención ya que tratándose de un amigo tan cercano, con el que obviamente tenía mucha confianza, no es creíble ni verosímil que no le haya preguntado (ni Rojas le haya conta- do) el motivo por el cual necesitaba trasladarse urgentemente a esa hora a la campiña de Moche, salvo que se hubiese tratado de un problema ó percance relacionado con la salud de algún familiar directo de su amigo (que no es el caso pues Fernández Aguirre no lo ha referido). No se ha brindado una razón lógica y verosímil en virtud de la cual el acusado Fernández Aguirre haya po- dido aceptar hacer ese servicio de transporte a tan altas horas de la noche de lo que se puede inferir con certeza que tenía conocimiento pleno del evento delictivo que se iba a ejecutar.

5)

En su alegato final el señor abogado del acusado Fernández Aguirre dijo que su defendido se dedica al oficio de taxista y que el día de los hechos simple- mente hizo un servicio de taxi a su coacusado Rojas Sánchez, sin embargo ni siquiera ha acreditado ser titular de una licencia de conducir que lo habilite para desempeñarse en tal labor. Sostuvo también el señor abogado que en el peor de los casos su defendido habría cometido el delito

de receptación pues

no sabía del robo y tampoco conocía a los menores que desmantelaron el vehículo pero sí aceptó haber trasladado las autopartes y haberlas guardado en la casa de su tía Deysi Jovana Fernández García, a pesar de haberse percatado que se trataba de bienes robados. Se trata obviamente de un intento por minimizar la responsabilidad de su defendido sin embargo, el delito que ha cometido éste acusado es el de robo agravado y no receptación tal como se ha demostrado con las pruebas actuadas en juicio. Los menores Eustaquio Cabellos y Valdiviezo Vera afirmaron que Giancarlos Fernández Aguirre sí ha tenido conocimiento del robo y participó del asalto, que los movilizó en un au- tomóvil yaris de color negro y que incluso la idea de robar fue de él; por ende el fallo debe ser condenatorio respecto de este acusado. 6)

En cuanto a la imputación en contra del acusado Joel Leonardo Rojas Sán- chez el juzgado colegiado debe tener en cuenta que también se le sindica como autor del mismo delito de robo agravado en perjuicio del taxista Jorge Luis Sánchez Ramos y que según la sintética teoría del caso expuesta por su abogado en su alegato de apertura él no ha participado en el delito. Este acusado ha hecho uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia de juzgamiento y la tesis de defensa ó teoría del caso que sostuvo su abogado ha sido muy concreta, limitándose a negar su participación, aunque manifestó que sí es cierto que esa noche llamó a su coacusado Fernández Aguirre para solicitarle que le haga un servicio de taxi pues tenía que comprar pañales pero que a esa hora el delito ya se había cometido. Respecto del acusado Rojas Sánchez se tiene en primer lugar la declaración que ha brindado su co acusado Fernández Aguirre quien lo involucra en los hechos afirmando que Rojas lo llamó a altas horas de la noche para pedirle que le haga un servicio de taxi (circunstancia que es admitida por la defensa de Rojas Sánchez) indicando que quería que lo traslade a la campiña de Moche. El órgano jurisdiccional colegiado considera sin embargo que se trata de una versión inverosímil que colisiona con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia pues atenta contra toda lógica admitir que el acusado Fernández Aguirre haya aceptado hacer dicho servicio a esa hora cuando ya se había retirado a descansar y menos aún por un motivo que no implicaba ninguna ur- gencia; y desde la óptica de Rojas Sánchez es obvio que habría resultado más conveniente adquirir uno o dos pañales en alguna bodega o farmacia cercana, de la localidad de Moche y esperar las horas de la mañana para comprar el resto de pañales que necesitaba.

7)

El señor abogado defensor del acusado Rojas Sánchez también sostuvo que a su patrocinado lo han involucrado en este delito para exonerar de responsabilidad al acusado Fernández García. Al respecto se debe considerar que

efectivamente, tratándose de la versión que ha proporcionado un coacusado, la información ingresada por Fernández García debe ser analizada bajo las reglas que establece el Acuerdo Plenario número 02-2005 en cuanto a las consideraciones que se deben tener para valorar las declaraciones de co acu- sados en un mismo proceso, pues es evidente que la estrategia trazada por la defensa de éste último se ha estructurado en base al involucramiento de Rojas Sánchez con la finalidad de evadir su responsabilidad o por lo menos aminorarla. Sin embargo, no es menos cierto que el acusado Rojas Sánchez -por medio de su defensa legal- ha aceptado que esa noche sí le solicitó a su coacusado que le haga un servicio de taxi pero dice que fue para ir a comprar pañales y cuando el robo ya se había cometido. De lo expuesto se puede concluir que las versiones de ambos coacusados concuerdan básicamente en cuanto los dos reconocen que esa noche sí estuvieron juntos, aunque Rojas Sánchez dice que fue para ir a comprar pañales (versión poco creíble tal como ya se explicó) y Fernández Aguirre afirma que su amigo y coacusado fue quien lo hizo trasladarse a la campiña de Moche para recoger autopartes de un vehículo desmantelado que había sido robado la misma noche al agraviado. 8)

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden se debe tener en cuen- ta que con respecto a la imputación que el Ministerio Público hace en contra del acusado Rojas Sánchez se cuenta con otras declaraciones que igualmente lo involucran como participante en este hecho delictivo y son las testimonia- les de los menores Eustaquio Cabellos y Valdiviezo Vera, ambos internos en el Establecimiento de menores de “La Floresta” por estos hechos. Eustaquio Cabellos afirmó que cuando estaba en su casa descansando el acusado Joel Rojas Sánchez junto con Giancarlos Fernández Aguirre y otro menor de ape- llido Siesquén Bobadilla fueron a verlo a su casa para ir a una fiesta pero fi- nalmente no fueron a ninguna fiesta sino a cometer un robo. Según la versión que han proporcionado Eustaquio Cabellos y Valdiviezo Vera el acusado Rojas Sánchez ha tomado parte inclusive en la ejecución misma del asalto en contra del agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos, es decir cuando le arrebataron el vehículo, siendo el que lo “cogoteó” al mencionado agraviado para reducirlo y pasarlo al asiento posterior.

9)

Las pruebas actuadas durante la audiencia de juzgamiento permiten entonces al colegiado concluir que Rojas Sánchez no solamente ha intervenido en la ejecución misma del robo sino que también ha tenido una participación previa en el diseño y planificación del delito ya que según él mismo ha reconocido, es cierto que llamó a su coacusado Fernández Aguirre en horas de la noche y que estuvo en contacto con él; aunque la versión de éste último no es aceptada en su totalidad por Rojas Sánchez

cuyas contradicciones e inconsistencias no

hacen más que profundizar la convicción judicial de responsabilidad de Joel Leonardo Rojas Sánchez. Si bien es cierto los dos indicados menores han participado en la ejecución del robo y por ello se encuentran recluidos en el establecimiento de menores de “La Floresta” sus versiones sí pueden ser valoradas en toda su dimensión por el órgano jurisdiccional ya que a diferencia del acusado Fernández Aguirre no se trata de co acusados que estén tratando de obtener algún provecho específico o tengan otro interés en el resultado del proceso, ellos ya han sido juzgados y se les ha impuesto una medida socioeducativa de readaptación y en consecuencia la sindicación que han formulado en juicio, tanto en contra de Rojas Sánchez como en contra de Fernández Aguirre, debe tomarse en cuenta. 10)

A la acusada Deysi Fernández García se le imputa la comisión del delito de receptación en su forma agravada prevista en el artículo 195 del C.P.) pues se- gún expuso el representante del Ministerio Público, con conocimiento de que se trataba de bienes obtenidos a partir de un hecho delictivo o en todo caso de dudosa procedencia, aceptó que su sobrino Giancarlos Fernández Aguirre deje en su vivienda del centro poblado de “Las Delicias” las autopartes del ve- hículo previamente arrebatado al agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos y des- mantelado en la campiña de Moche. Respecto de esta imputación el abogado defensor de dicha acusada manifestó que su patrocinada es inocente pues ella desconocía el contenido de las bolsas. La acusada ha declarado en juicio y ha dicho que su sobrino llegó a su casa cuando ella ya estaba durmiendo y le dijo que quería encargarle unas cosas, a lo que ella asintió porque “se trata de un muchacho trabajador”. Le permitió que deje las cosas en su casa pero dice que no las vió porque se fue a dormir inmediatamente, circunstancia que a criterio del juzgado colegiado tampoco es verosímil por lo avanzado de la hora en que su sobrino llegó a pedirle ese favor y porque debió resultarle sospechoso que viviendo en el mismo centro poblado haya preferido dejar las cosas en la casa de su tía y no en la de su mamá, donde él también vivía.

11)

Los efectivos policiales que han declarado en juicio, Sub Oficiales Julio César Viera Viera y Laines Lara han sostenido que cuando llegaron a la vivienda de la acusada Fernández García ella les abrió la puerta y con su autorización pro- cedieron al registro en donde verificaron que las autopartes robadas estaban escondidas en el ambiente de la cocina, camufladas dentro de cajas y bolsas e incluso ollas, circunstancia que desbarata la tesis de la defensa en el sentido que la acusada Deysi Fernández García no se percató donde se guardaron las cosas o no supo que se trataba de bienes robados ya que de ser cierta su versión aún en el supuesto de que se haya retirado a dormir inmediatamente y teniendo en cuenta que las autopartes se encontraban empaquetadas, tendría

que haberse percatado de que su sobrino Giancarlos se estaba demorando más tiempo del necesario para simplemente dejar los costales y cerrar la puer- ta. Entonces, es evidente que la acusada no solamente se limitó a autorizar a su sobrino para que deje las cosas en su casa sino que también colaboró o ayudó a esconder los bienes dentro de la cocina o por lo menos estuvo pre- sente y despierta mientras que su sobrino lo hacía. 12)

Finalmente, al acusado Edwin Pérez Arévalo, el Ministerio Público le ha for- mulado acusación atribuyéndole la comisión de dos delitos, en primer lugar el delito de robo agravado (cómplice secundario) pues habría proporcionado o prestado una arma de fuego (revólver) con la que los menores asaltaron al agraviado y lograron quitarle su vehículo taxi que posteriormente condujeron a la campiña de Moche y lo desmantelaron. También se le imputa a este mismo acusado la comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego pues según el requerimiento acusatorio, al momento que fue intervenido por efectivos policiales de la Comisaría de Moche tenía en su poder un arma de fuego de tipo revólver calibre 38. Respecto de la imputación en contra de Pérez Arévalo por el delito de robo agravado, se aprecia que esta se sustenta en una supuesta sindicación que habría hecho el menor Alin Valdiviezo Vera. Esta versión ha sido introducida en el juicio por los Sub oficiales Agreda Campos, Laines Lara y Cruz Ordinola quienes afirmaron que al momento de su detención uno de los menores (“ne- gro Alin”) les dijo que el arma para cometer el robo se las había proporcio- nado un tal “charapo” que vivía en Alto Moche. Sin embargo, se debe tener en cuenta que según la versión del agraviado en ningún momento escuchó que se haya sindicado a nadie con dicho apelativo. Por su parte el menor en referencia, Alin Valdiviezo Vera, en juicio ha negado haber dicho a los efec- tivos policiales que Edwin Pérez Arévalo (“charapo”) les haya proporcionado un arma de fuego para cometer el robo. No se ha actuado ningún otro medio de prueba que corrobore la versión de los efectivos policiales. El acusado Pérez Arévalo no ha sido detenido junto con los otros acusados ni con los menores que efectuaron el asalto y tampoco se le ha intervenido en posesión de alguno de los bienes (autopartes) que se extrajeron del vehículo robado, por consiguiente, la imputación en su contra por el delito de robo agravado carece de prueba suficiente que la corrobore por lo que se le debe absolver en este extremo.

13)

Al acusado Pérez Arévalo también se le imputa la autoría del delito de tenen- cia ilegal de arma de fuego, respecto de lo cual se han recibido en juicio las declaraciones de los efectivos policiales, entre ellas la del Sub oficial Laines Lara quien sostuvo que al acusado Pérez Arévalo se le encontró un revólver a la altura de la cintura.

En defensa de su patrocinado, el señor abogado ha manifestado que no es verdad que el arma de fuego se la hayan encontrado en su poder pues los policías se la “sembraron”. El acusado Pérez Arévalo ha hecho uso de su dere- cho a declarar en juicio y ha afirmado de modo resuelto y convincente que no conoce a ninguno de sus coacusados y tampoco a los menores que cometieron el asalto, que no es ningún delincuente y que a él lo detuvieron cuando con- currió a la Comisaría de Moche a preguntar respecto del paradero del menor Eustaquio Cabellos (hermano de su pareja). Allí lo hicieron esperar y luego lo hicieron pasar para conversar pero estando dentro le dijeron que también estaba involucrado en el robo, lo golpearon con la cacha de una pistola y lo encerraron en una carceleta solicitándole cinco mil soles para dejarlo libre. 14)

De lo expuesto resulta entonces que aparecen confrontadas las versiones de los efectivos policiales y la del acusado Pérez Arévalo por lo que para pronunciarse respecto de la responsabilidad penal de este acusado en cuanto al delito de tenencia ilegal de arma de fuego que se le imputa debe tenerse en cuenta que en toda investigación o averiguación de hechos y circunstancias de posible connotación penal la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Públi- co se encuentran obligados a hacerlo de manera legítima esto es con la debida observancia y respeto de las normas que aseguran la vigencia irrestricta y el respeto de los derechos fundamentales de las personas. El señor abogado de- fensor de Edwin Pérez Arévalo sostuvo en su alegato final que cuando estaba detenido su patrocinado fue agredido dentro de la Comisaría, circunstancia que afirmó se encuentra corroborada con un certificado médico legal y con las vistas fotográficas tomadas al acusado en las que se aprecian las heridas que se le causaron. Efectivamente, durante la audiencia de juzgamiento se ha oralizado el Certificado Médico Legal número practicado por la Dra. Milagros Nélida Arroyo Zavaleta que si bien es cierto no ha declarado en juicio las conclusiones a las que llega en dicho certificado sí se oralizaron y no pueden dejar de valorarse por su trascendencia y porque además el Ministerio Público no las ha cuestio- nado. En dicho documento la mencionada perito concluyó que el ahora acu- sado Edwin Pérez Arévalo presentaba lesiones traumáticas de origen contuso en región supraciliar derecha con equimosis violácea de párpados. Las vistas fotográficas que se adjuntan y corren en el expediente judicial corroboran la naturaleza de las lesiones que se causó al hoy acusado debiendo destacarse que estas lesiones presumiblemente han sido causadas cuando ya se encon- traba detenido.

15)

Lo expuesto en el numeral que antecede, estando a la fecha en que fue detenido el acusado Pérez Arévalo y la fecha del certificado médico legal, corrobora la afirmación de su abogado defensor y además de constituir un fuerte

indicio de abuso policial desmerece la actuación policial en su conjunto ya que resulta evidente que los efectivos del orden se han excedido en sus funciones atentando contra los derechos de una persona que según su versión sola- mente había concurrido a la Delegación Policial de Moche con la finalidad de averiguar si uno de sus familiares se encontraba allí detenido y que después de hacerlo esperar se le habría detenido en forma injustificada, para luego golpearlo y solicitarle dinero para dejarlo en libertad, según lo que ha narrado el acusado en juicio. Los integrantes del órgano jurisdiccional colegiado a cargo de expedir la pre- sente sentencia consideran que la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano no puede ser enervada con medios de prueba obtenidos en base a una investigación e intervención policial de tal naturaleza, en la cual existen muy fuertes indicios que llevan a pensar que se habrían vulnerado los dere- chos fundamentales del acusado Pérez Arévalo y en tal circunstancia no sola- mente se le debe absolver de la acusación fiscal por todos los cargos sino que también se deben cursar copias certificadas a Inspectoría Policial para que se investiguen más fondo los hechos y de ser el caso se impongan las sanciones disciplinarias que correspondan. SETIMO: DETERMINACION DE LA PENA.- Con la finalidad de determinar técnicamente la intensidad de la sanción que se debe imponer a los acusados Fer- nández Aguirre, Rojas Sánchez y Fernández García por los delitos en los que se les ha encontrado responsabilidad; se deben apreciar los distintos factores objetivos y subjetivos presentes en el caso, para determinar la gravedad del delito (antiju- ricidad del hecho) así como también el grado de responsabilidad de los autores (culpabilidad). En este orden de ideas, en el caso de los acusados Fernández Aguirre y Rojas Sánchez, el artículo 189 del Código Penal, en cuyos numerales 2, 3, 5 y 8 se subsume la conducta que han cometido establece una pena abstracta no menor de doce ni mayor de veinte años de privación de libertad. La extensión concreta de la pena a imponerse debe ser fijada teniendo en cuenta el grado de participación de cada acusado, los principios constitucionales de legalidad, lesividad, culpabilidad y pro- porcionalidad y adicionalmente que los hechos han alcanzado grado de consuma- ción al haberse consumado el apoderamiento de los bienes (autopartes) extraídos del vehículo robado. En el presente caso, con respecto al acusado Fernández Aguirre el Ministerio Público ha solicitado que se le imponga una pena de catorce años, sin embargo el colegiado considera se le debe sancionar con una pena de diez años de privación de libertad pues si bien es cierto el delito ha alcanzado la consumación también lo es que se trata de un acusado que carece de antecedentes penales y que según la propia fiscalía reconoce, al momento de cometer los hechos tenía veinte años de

edad. En el mismo sentido respecto del acusado Rojas Sánchez a quien se debe imponer la misma pena y dado que se encuentra con mandato de comparecencia deberá disponerse su ubicación y detención de conformidad con lo que establece el artículo 402.2 del Código Procesal Penal estando a la naturaleza del delito que ha cometido y evitar el peligro de fuga Con respecto a la pena a imponerse a la acusada Deysi Fernández García se debe tener en cuenta que el delito por el que se le ha formulado acusación es el de receptación agravada contemplado en el artículo 195 del Código Penal y que se sanciona con una pena mínima de seis años y máxima de doce años de privación de libertad puesto que se trata de bienes extraídos de un vehículo automotor y además provienen de un delito de robo agravado. El delito cometido por esta acu- sada también ha alcanzado el grado de consumado y si bien es cierto no cuenta con antecedentes penales se trata de una persona mayor de edad (treinta y cuatro años) que resulta plenamente imputable por el delito que ha cometido por lo que se le debe imponer la pena mínima, es decir seis años de privación de libertad y que teniendo en cuenta que se encuentra con mandato de comparecencia también debe ordenarse su ubicación y detención de conformidad con lo que establece el artículo 402.2 del Código Procesal Penal. OCTAVO: DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL.- De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien (o si esto no es posible el pago de su valor) y la indemnización de los daños y perjuicios. Para establecer el monto de la reparación civil se debe tener en cuenta el daño causado. En este sentido, el daño puede ser patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimonial (daño a la persona y daño moral). Por daño emergente se entiende la pérdida patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir. El daño a la persona se configura cuando se causa lesión a la integridad física o se le produce menoscabo en su aspecto psicológico o en su proyecto de vida, mientras que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima, lo que le produce un gran dolor y aflicción. En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este caso, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta que el agraviado recuperó su vehículo desmantelado pero no recuperó la totalidad de sus bienes (autopartes) y que además también se debe tener en cuenta el daño moral que se le ha causado. NOVENO: COSTAS.- De conformidad con lo regulado en el artículo 497.1 del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas, estableciendo también el artículo 500.1 que cuando el imputado sea condenado deberá pagar las costas.

PARTE RESOLUTIVA : Por estas consideraciones el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo de conformidad con lo regulado en los artículos 189, 195 y 279 del Código Penal concordantes con los artículos 394 y 399 del Código Procesal Penal; y con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú; ABSUELVE a EDWIN PEREZ AREVALO de la acusación fiscal como autor de los delitos de robo agravado (cómplice secundario) y tenencia ilegal de arma de fuego en agravio de Jorge Luis Sánchez Ramos y del Estado. CONDENA a los acusados GIANCARLOS FERNANDEZ AGUIRRE y JOEL LEONARDO ROJAS SANCHEZ como coautores del delito de robo agravado en agravio de Jorge Luis Sánchez Ramos y consecuentemente se les impone la pena de DIEZ AÑOS de privación de libertad que teniendo en cuenta que fueron detenidos el doce de noviembre del año dos mil catorce se cumplirán el once de noviembre del año dos mil veinticuatro; CONDENA a DEYSI JOVANA FERNANDEZ GARCIA por la comisión del de- lito de receptación agravada en agravio de Jorge Luis Sánchez Ramos y le impone la pena de a SEIS AÑOS de privación de libertad que estando a que actualmente se encuentra en libertad se computarán desde la fecha en que sea internada en el establecimiento penal de mujeres debiendo disponerse su ubicación y detención. FIJESE la reparación civil en la suma de S/. 3,000.00.- (TRES MIL y 00/100 NUEVOS SOLES) que será pagada por los sentenciados solidariamente a favor del agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos, a razón de dos mil soles de parte de los acusa- dos Fernández Aguirre y Rojas Sánchez; y mil soles por parte de la acusada Fernán- dez García.- Consentida que sea la presente sentencia ARCHIVENSE los actuados y gírense los respectivos boletines.- OFICIESE para la ubicación y captura de los sentenciados Daysi Jovana Fernández García y Joel Leonardo Rojas Sánchez.- - - - LUJAN CASTRO QUISPE LECCA LOPEZ PATIÑO

10. VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD EXPEDIENTE : Nº 01376-2009-14-1601-JR-PE-02 ACUSADO : JORGE LUIS QUEZADA CASTILLO DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD AGRAVIADO : MENOR DE INICIALES E.S.C.C JUZGADO COLEG. : Dra. RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO (D. de D.) Dr. JORGE LUIS QUISPE LECCA Dr. JUAN JULIO LUJAN CASTRO ASISTENTE JUD. : Dra. LUISA DORIS QUEZADA MURGA

SENTENCIA RESOLUCION NUMERO VEINTISIETE Trujillo, dos de Febrero del Año dos mil dieciséis.VISTOS y OIDOS; en audiencia privada llevada a cabo ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, integrado por la señora Juez doc- tora Raquel Alejandra López Patiño, Directora de Debates, y por los señores Jueces doctores Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro, la causa Nº 01376-2009-14 seguida por el Ministerio Público representado por el señor Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Esperanza, doctor Es- teban Rafael Zafra Guerra, contra el acusado con mandato de prisión preventiva JORGE LUIS QUEZADA CASTILLO, peruano, de cuarenta y tres años de edad, na- cido el veinticuatro de Octubre del año mil novecientos setenta y dos, en la ciudad de Trujillo, hijo de Félix Quezada Vega y de María Imelda Castillo Espinoza, de esta- do civil soltero, con quinto grado de primaria, de ocupación vendedor ambulante, gana cuarenta nuevos soles al día, no tiene antecedentes penales, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 19083208, con domicilio real en el Pasaje Girardot Nº 1498 del distrito de La Esperanza parte baja, el mismo que estuvo asistido por su abogado defensor doctor Alfonso Asto Agreda, con colegiatura del Colegio de Abogados de La Libertad Nº 25, acusado al que se imputa la comisión del delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iníciales E.S.C.C.Y CONSIDERANDO: ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACION: PRIMERO.- Que, conforme detalla el señor Representante del Ministerio Pú- blico en la acusación fiscal escrita, y en el juicio oral al plantear la teoría del caso y al formular su alegato de clausura, el seis de Noviembre del año dos mil

siete la menor de iníciales E. S. C. C., de dieciséis años de edad, denuncia que desde cuan-

do tenía ocho años de edad ha sido objeto de violación sexual por su padrastro de nombre Jorge Luis Quezada Castillo, en el interior del inmueble ubicado en la man- zana C, lote 45, de la III Etapa del sector Manuel Arévalo del distrito de La Espe- ranza donde vivía con su señora madre, sus hermanos y su mencionado padrastro, quién aprovechaba de que todos dormían en un dormitorio grande, violaciones que se repitieron en varias oportunidades, utilizando para ello un cuchillo con el que le incaba en el cuello y cuando no se dejaba la golpeaba dejándola morada, amena- zándola que en caso que contara lo sucedido la iba a matar, producto de los abusos sexuales ha concebido un hijo de nombre Cesar Augusto, el mismo que no ha sido reconocido por su padrastro pero este le decía a la madre de la agraviada que sí era su hijo, hechos que sucedieron hasta el mes de Mayo del año dos mil cinco en que nació su menor hijo y que su madre tiene conocimiento de estos hechos .PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: SEGUNDO.- Que, por los hechos antes detallados, el Ministerio Público ha formulado acusación fiscal contra el imputado Jorge Luis Quezada Castillo, por el delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2 y la última parte del artículo 173 del Código Penal, solicitando que se le imponga treinta años de pena privativa de libertad, y pague la suma de cuatro mil nuevos soles a favor de la agraviada por concepto de reparación civil, más la suma de doscientos nuevos soles por concepto de alimentos a favor del menor fruto del delito de nombre Cesar Augusto.PRETENSION DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: TERCERO.- Que, la defensa técnica del acusado Jorge Luis Quezada Castillo argumentó que, en el juicio oral no se ha acreditado fehacientemente que su pa- trocinado sea responsable del hecho delictuoso, puesto que la denuncia de la tía de la agraviada solo refiere lo que ésta le manifestó lo cual no le consta, mientras que el dicho de la menor agraviada no ha podido ser corroborado, toda vez que no ha concurrido al juicio oral a ratificarse, por lo tanto no existe pruebas ni cargos suficientes que acrediten que su patrocinado sea el autor del hecho incriminado, por lo que concluyó solicitando que su indicado patrocinado Jorge Luis Quezada Castillo sea absuelto de la acusación fiscal.TRAMITE DEL PROCESO: CUARTO.- Que, el proceso se ha desarrollado de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el vigente Código Procesal Penal, dentro del sistema acusatorio adversarial que informa este Código, habiéndose instalado la audiencia previa ob- servancia de las prerrogativas del artículo 371 del Código Procesal Penal, al culmi- nar los alegatos preliminares o teoría del caso, se efectuaron las instrucciones al acusado, haciéndole conocer sus derechos, quién al no admitir la autoría del delito incriminado y la responsabilidad en el pago de la

reparación civil, se procedió a la

actuación de las pruebas admitidas, las mismas que deben ser valoradas dentro del contexto que señala el artículo 393 del acotado Código Adjetivo, finalmente se procedió a escuchar los alegatos de clausura y la autodefensa material del acusado, pasando luego a deliberar, después de un breve lapso se reabrió la audiencia para dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia y a una síntesis de los fundamentos que motivan la decisión, señalando el día de la fecha para la lectura integral de la sentencia, conforme faculta el inciso 2. del artículo 396 del Código Procesal Penal.ACTUACION DE MEDIOS PROBATAORIOS: QUINTO.- Que, dentro del debate probatorio, bajo el control de los sujetos procesales, observando el contradictorio, se han actuado las siguientes pruebas: 1.

Examen del acusado Jorge Luis Quezada Castillo.- Se acogió al derecho de guardar silencio.-

2.

Oralización de prueba documental.- Se dio lectura a la prueba documental ofrecida oportunamente por el Ministerio Público y la Defensa del acusado, que ha sido admitida en el auto de enjuiciamiento, destacando la pertinencia y utilidad de cada una.-

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS: SEXTO.- Que, los supuestos fácticos enunciados en la tesis acusatoria, están referidos al tipo penal de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2. y último párrafo del artículo 173 del Código Penal modificado por Decreto Legislativo Nº 896 vigente en la época en que la menor agraviada contaba con ocho años de edad, por lo que es necesario establecer una delimitación técnica de la conducta típica in- criminada, que está referida a que: Artículo 173. El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: Inciso 2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. Último párrafo: Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 3.”, de modo que con rela- ción al bien jurídico tutelado en estos casos, la jurisprudencia de la Corte Suprema nos dice: “(…) con su conducta el sujeto activo ha lesionado el bien jurídico tutelado que es la indemnidad sexual del menor agraviado, teniendo en cuenta que lo que la norma protege en los impúberes es su libre desarrollo sexual y psicológico en relación con los mayores, debido a su incapacidad para discernir y el estado de indefensión dada por su minoría de edad, (…)”. 9

9

Ejecutoria Suprema de fecha 15 de Enero de 2004, inserta en la obra “Jurisprudencia Penal 2. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República”, del doctor José Luis Castillo Alva. GRUPO EDITORIAL Lex &

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Editora Jurídica GRIJLEY. Lima-2006. Pág. 208.

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ANALISIS DEL CASO CONCRETO - CONTEXTO VALORATIVO SETIMO.- Que, conforme resulta de los supuestos fácticos de la tesis acusatoria enunciada en el primer considerando de esta sentencia, al acusado Jorge Luis Quezada Castillo se le imputa concretamente, haber aprovechado de ser padrastro de la menor de iníciales E.S.C.C. y de vivir en la misma casa, para hacerla víctima en varias oportunidades de violación sexual desde cuando ella contaba con ocho años de edad, hasta el mes de Mayo del año dos mil cinco en que nació el menor hijo fruto de ese abuso sexual, cuando dicha agraviada contaba con catorce años de edad; que siendo esto así, se hace necesario establecer si en el juicio oral se ha actuado prueba que vincule a dicho acusado como autor del delito de violación sexual de menor de edad materia de la acusación fiscal, toda vez que se considera inocente de la imputación.OCTAVO.- Que, en principio se debe considerar que el Ius Puniendi del Estado se debe ejercitar cuando exista plena certeza de la responsabilidad penal del acusado, sustentada en hechos suficientes y debidamente probados, pero estos supuestos no concurren en el caso In Examine, toda vez que la denunciante Solangel Elena Calderón de la Cruz y la agraviada ahora ya mayor de edad de iníciales E.S.C.C. no han concurrido al juicio oral a prestar la declaración que les respecta, en cuyo caso no existen cargos directos y objetivos que vinculen al acusado como autor de la violación sexual a la menor agraviada que se le imputa en la acusación fiscal, toda vez que en estas condiciones no existe prueba fehaciente que vincu- le a dicho acusado como autor de la desfloración himeneal que ha presentado la agraviada conforme al Certificado Médico Legal Nº 006955-H y del embarazo de dicha agraviada a que se refiere el Certificado Médico Legal Nº 003158-PF-AR, que corren a fojas seis y siete del expediente judicial respectivamente, y han sido orali- zados como prueba documental por no haber concurrido a la audiencia los Peritos Médicos Legistas Martha Cecilia Bellina Montoya y Nilo Calderón Mezones, asi- mismo, en estas condiciones, carece de fuerza probatoria la Notitia Criminis que contiene el Acta de Denuncia Verbal que ha sido oralizada y corre a fojas una del expediente judicial, al no haber concurrido al juicio para ratificar esta denuncia las ya referidas, denunciante Solangel Elena Calderón de la Cruz y la agraviada de iníciales E.S.C.C.; por otra parte, si bien es cierto en el auto de enjuiciamiento se ha admitido como prueba documental del Ministerio Público el Acta de Declaración prestada ante la policía por la denunciante Solangel Elena Calderón de la Cruz y el Acta de Referencia prestada por la menor agraviada ante la Policía y en presencia del Fiscal de Familia, por lo que han sido oralizados en el juicio y corren a fojas nueve y diez del expediente judicial, sin embargo al no haber contado esas declara- ciones con la intervención de algún órgano jurisdiccional, resultaba necesario para darles valor probatorio en el juicio oral que concurran la denunciante y la indicada agraviada a prestar declaración y sean sometidas al contradictorio, ya que la inconcurrencia al juicio de la denunciante y de la agraviada en referencia, no puede

ser convalidada con la oralización de esas actas de declaración, pues esa lectura en estas condiciones no cumple con los principios de inmediación, contradicción y oralidad propios del juicio, como así lo ha considerado el tratadista Pablo Sánchez Velarde al decir: “que la prueba preconstituída en materia procesal penal son los elementos que preexisten al proceso o se obtienen como consecuencia de los actos investigativos, sobre todo de las diligencias iníciales, y sólo podrán convertirse en actos de prueba si se reproducen en el juicio oral y se someten al contradictorio…” 10 . En similar sentido se pronuncia el tratadista José Antonio Neyra Flores cuando nos dice: “la prueba preconstituída y la prueba anticipada, vista desde la perspecti- va de excepción al principio de inmediación con relación a la prueba, debe ser valo- rada cuando se cumple los requisitos legalmente establecidos para su actuación y deben interpretarse siempre de manera restrictiva, ya que la regla principal de todo procedimiento acusatorio es que las pruebas que sirven de sustento de valoración para emitir una sentencia sean pruebas debidamente actuadas en el juicio oral bajo la vigencia de los demás principios que la informan.” 11 NOVENO.- Que, en este orden de ideas, cabe concluir que la actividad proba- toria desarrollada en el juicio oral no resulta suficiente para establecer con grado de certeza la responsabilidad penal del acusado Jorge Luis Quezada Castillo, man- teniéndose incólume la presunción de inocencia que garantiza a dicho imputado el párrafo e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, en cuyo caso debe ser absuelto de la acusación fiscal, en atención a lo que estipula el artículo 398 del Código Procesal Penal.DECIMO.- Que, de acuerdo al artículo 499 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está exento del pago de costas, lo que se debe tener presente en la parte dispositiva de la sentencia.PARTE RESOLUTIVA: En consecuencia, habiéndose analizado los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos en la tesis acusatoria, así como respecto de la responsabilidad penal del acusado, bajo las reglas de la lógica y la sana crítica, de conformidad con los dispositivos legales antes invocados y artículos 392, 393, 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de la Nación, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo,

10

Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2006. Pág. 662.

11

Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2010. Pág.

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FALLA: 1.

ABSOLVIENDO a JORGE LUIS QUEZADA CASTILLO, de la acusación fiscal por el delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iníciales E.S.C.C.-

2.

SIN costas.-

3.

MANDA que se GIRE la correspondiente papeleta de libertad para la inmedia- ta excarcelación del acusado absuelto, siempre que no tenga otro mandato de detención emanado de autoridad competente, DEJANDOSE constancia que la papeleta de libertad fue girada el veintiséis de Enero en curso, cuando se dio lectura a la parte dispositiva de esta sentencia.-

4.

ORDENA que consentida o ejecutoriada que sea esta sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en el proceso respecto del acusado absuelto, y fecho: se ARCHIVE lo actuado en el modo y forma de ley.-

5.

DESE lectura en audiencia pública.S. S. LOPEZ PATIÑO QUISPE LECCA LUJAN CASTRO

SENTENCIAS DE VISTA

SENTENCIAS DE VISTA

1.

ABORTO CONSENTIDO EN GRADO DE TENTATIVA EXPEDIENTE Nº : 2008-4887-15-1601-JR-PE-7.ACUSADA : FLOR MARINA LOPEZ DE CASTILLO DELITO : ABORTO CONSENTIDO – TENTATIVA AGRAVIADO : ELICIA VERONICA ROMAN CASTILLO PROCEDENCIA : SETIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL APELANTE : MINISTERIO PÚBLICO ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, veintiuno de diciembre Del Año Dos Mil Nueve.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - ---I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO: 01.- Que, viene en apelación la sentencia de fecha dos de octubre del Año 2009, obrante de fojas 114 a 121 que absuelve de la acusación fiscal a Flor Marina López de Castillo, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de aborto consentido, en agravio de Elicia Veró- nica Román Castillo. 02.- Que, el Representante del Ministerio Público, ha interpuesto el recuso de apelación contra la sentencia absolutoria solicitando la nulidad de la misma y del juicio oral, por la vulneración al debido proceso, desde que se he vulnerado el derecho ha probar que tiene el ministerio Público, por cuanto el Juez prescindió de las testimoniales de Elicia Verónica Román Castillo y Sara Castillo Altivez, que habían sido ofrecidas a pesar que no se había efectivizado el apercibimiento de conducción compulsiva y por haberse desconocido su domicilio actual; el Juez le denegó la orali- zación de la declaración de los testigos que se habían recepcionado en presencia del Representante del Ministerio Público; Se ha vulnerado el principio de la motivación judicial, debido a que le Juez no ha tenido en cuenta las pericias que acreditan el grado de embarazo de la agraviada. 03.- Que, por otro lado, la Defensa ha solicitado que se confirme la sentencia; sosteniendo que durante el proceso no se ha acreditado que se haya practicado maniobra abortiva alguna, menos se le ha dado medicamento alguno a la agraviada, conforme se acredita con los informes de los peritos biólogos, no se le encontró ninguna sustancia abortiva; no existió el feto producto de la concepción; el Ministerio público GRUPO EDITORIAL Lex &

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MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castroacuso sin fundamentos y para pedir la nulidades debe tener en cuenta la taxa-

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tividad prevista en el artículo 149 del código procesal penal. 04.- Que, después de escuchar a ambas partes su alegatos de inicio, no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, la acusada guardó silencio y se escuchó los alegatos finales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hechos y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida. - - - - - - - - - - - - - II.- CONSIDERANDOS: 2.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS.2.1.1. Que, el Artículo 139 Inciso 05 del Constitución Política del Perú, prescribe “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto las decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hechos en que sus sustentan”.--2.1.2. Que, en igual sentido lo establece el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar, que “todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se susten- tan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la preproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye la motivación suficiente.”. - - - - - - - - - - - - - 2.1.3. Que, así mismo, tenemos que el Artículo 394 Inciso 03, del Código Pro- cesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y complete de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba en que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”.- - - - - - --------------------2.1.4. Que, por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las reso- luciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordena- miento jurídico o los que se deriven del caso A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se

presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de

una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamen- te confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de iden- tificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

12

c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tu- tela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motiva- ción de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (in- congruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se pro- duzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando in- defensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”12.- - -----

EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan

singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien

2.1.5. Que, la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRAL- GO)”13.- Según Olsen Ghirardi14 se considera que la resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. - - - - - - - - - - 2.1.6. Que, para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máximas de experiencia 15, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contrario, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras: a)

Falta absoluta de motivación: Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.

b)

Motivación aparente: En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzgador glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la

es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura. 13

CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201.

14

GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231.

15

Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146.

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profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamento 16; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambiguas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estric- to, motivación alguna y no debe ser considerada como una motivación real17. c)

Motivación insuficiente: Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficien- te, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la convicción18. Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpreta- ción y aplicación del Derecho ajena a toda arbitrariedad”19.

d)

Motivación incorrecta: Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.

2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. Que, los hechos materia de la acusación del Ministerio Público son los siguientes: El día 21 de agosto de 2008, siendo la s13.30 horas aproximadamente la acusada Flor Marina López de Castillo fue intervenida por la policía en su consultaría obstétrico ubicado en la avenida Sánchez Carrión 394 – segundo piso, luego de que iniciara un procedimien- to abortivo destinado a interrumpir el embarazo de la agraviada Eli- cia Verónica Román Castillo, quien llego a ese lugar con la finalidad de practicarse un aborto; dicha intervención policial se realizó después de

16

FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117.

17

GHIRARDI, O., op cit., pág. 231.

18

Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI,

O. El razonamiento..., pág. 103. 19

Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102.

haber entrevistado a la agraviada y su madre, que salían del consultorio, habiendo referido que se había sometido a practica abortiva. 2.2.2. Que la impugnación confiere a este colegiado competencia para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nu- lidades absolutas o sustanciales no advertida por el impugnante como lo establece el artículo 409 del código procesal penal, bajo esta facultad y más aún su el Representante del Ministerio Público, entre otros ar- gumentos, de su pretensión impugnatoria ha solicitado la nulidad de la sentencia por vulneración al principio de la motivación de la sentencia, se examina los fundamentos que ha tenido el Juez Ad quo para expedir la sentencia absolutoria; con este propósito se aprecia que la sentencia impugnada contiene los siguientes considerandos el primero se refiere al tramite del proceso, el segundo al a actuación probatoria; el tercero, cuarto y quinto a la calificación jurídica de los hechos, siendo este últi- mo considerando el que contiene al argumento central en el que le Juez basa su decisión y solo se limita a afirmar: “Que ante los hechos presen- tados por la fiscaliza se tiene los siguientes presupuesto”: a) que el estado de gestación de la agraviada no ha sido acreditado en juicio b)

que en dicho estado a acudido en compañía de su madre a someterse a un aborto en el consultorio obstétrico de la acusada.

c)

que al tratarse de una tentativa este no se habría consumado ante la intervención policial.

Y después de un breve argumentación de Juez concluye que al no haber estado gestando, se este en te la circunstancia del delito imposible. 2.2.3. De lo glosado se aprecia que el Juez para arribar a la conclusión de que se este ante un delito imposible, ha partido de la premisa de que el estado de gestación de la agraviada no ha sido acreditado en autos; sin embargo este afirmación categórica no tiene ningún sustento desde que el Juez no ha precedido a examinar individualmente y luego en conjunto las pruebas actuadas en juicio y en su defecto no ha expresa- do los motivos o razones por le cual no ha tomado en consideración las siguientes pruebas:

322

a)

Las testimoniales del Comandante PNP Jaime Julián Hurtado Sán- chez y la Sub Oficial Técnico PNP Martha esperanza Díaz Díaz, quienes participaron en la intervención policial y registro personal respectivamente; en la que el primero de los citado ha sostenido que la abordar a dos personas (agraviada y su madre) que salían del consultorio de la acusada, una de ellas dijo que había sido so- metida a una práctica abortiva.

b)

El examen a los peritos biólogos forenses Fernando Cabrera LaGRUPO EDITORIAL Lex &

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rreategui y Carlos Alfredo Vergara Díaz, autores de la pericia 332 – 08 de fecha 23 de agosto de 2008, quienes examinaron el material quirúrgico, equipo de venoclisis y la camilla de fierro forrada con marroquín en donde se encontró restos de sangre humana;. c)

El examen al perito médico legista José Teodomiro Quispe Ricci, quien dijo ser el autor del certificado médico legal 8985 de fecha 21 de agosto de 2008 en el que se describe que la examen la agravia- da presentaba lesión traumática puntiforme reciente compatible con punción por la aguja de jeringa en la nalga izquierda; presen- taba signos de presuntos embarazo y manifestó que al examen de sangre arrojo positivo para embarazo y que no tiene conocimiento si se realizó cacografía que le requirió.

d)

El examen al perito biólogo forense José Luis Canales Guillen, quien dijo ser el autor del dictamen pericial número 1008268 de fecha 22 de agosto de 2008, de biología forense, que lo realizó con la Docto- ra Susan Obeso Marroquin; se ratificó en los términos del mismo, en la que se concluye que la muestra de sangre de la agraviada a la detención de hormona gonadotropina corionica humana – HCGH, fue reactivo; agrando que la presencia de esta hormona podría ser un prueba más del estado del embarazo, pero no es determinante.

e)

El examen a los peritos químicos Rafael Willy Guillen Manrique y Doris Mery Chavez Quiñones, quienes expresaron ser autores del dictamen pericial químico toxicológico QT 779-08 de fecha 26 de agosto de 2008, en el que se determinó que la muestra de orina de la agraviada dio positivo para benzodiazapinas, indicando los peritos que es un biorelajante para la musculatura uterina para la relajación en espasmos uterinos y que se usa para la relajación, para presencia e intervención quirúrgica en general.

f)

El examen a la perito Doris Mery Chávez Guilen, respecto al dictamen pericial físico químico farmacológico FQ 91-08 respecto a los productos incautados a la acusada, indicando que los fármacos NIFEDIPINO, SULFASALAZINA, CLRANFENICO Y GENTAMICINA se aconsejan evitar en el embarazo al igual que todos los fármacos, especialmente en el primer trimestre por los posibles efectos en le feto, el ERGONEX puede tener efectos de contracciones uterinas y vasoconstrictores en la placenta y en el cordón umbilical causando daño al feto, por lo tanto no debe usarse en el embarazo, el CYTO- TEC aumenta la frecuencia de las contracciones uterinas, por lo que a veces es usado por el médico especialista en la inducción del parto al termino del

embarazo no debe usarse en el primer trimes- tre el embarazo porque lo interrumpe.

g)

El examen perito médico Félix Ángel Medina Ore, respecto del pro- nunciamiento médico legal número 075-09-D y 074-09-D del 18 de marzo de 2009, quien ha sostenido que sobre la base de los documentos materia de pronunciamiento la agraviada ha estado gestando, salvo que se demuestre lo contrario.

2.2.4. Que, al no haberse valorado las pruebas actuadas en juicio o no haberse expresado los motivos del porque no se han tomado en consideración, no conduce a precisar que estamos ante una sentencia con motivación aparente; desde que las premisas en que se sustenta la conclusión ca- recen de contenido real desde que no se sustentan en el material pro- batorio actuado en el juicio oral, con lo cual se ha infringido el deber de motivas la decisión judicial. 2.2.5. Que, la total configuración de derecho de motivación de las resoluciones jurisdiccionales resulta siendo consecuencia no sólo del derecho a la tutela judicial efectiva y la norma recogida en la Constitución Política. La doctrina procesal penal se ha encargado de precisar que la motivación resulta un deber del juez que se deriva además del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en su versión de derecho a obtener una resolución fundada que ponga fin a proceso, del derecho a la defensa(9), de la necesidad de controlar la sujeción del juzgador a la ley(10), del derecho a la pluralidad de instancias(11) y del mandato de interdicción de la arbitrariedad(12). 2.2.6. Que, en este orden de ideas, tenemos que le derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en sus instancias reconocidas perderían razón de ser, en cuanto partes integrantes del superior a la tutela judicial efectiva, si el sujeto no tuviera también el derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso. De nada serviría que se haya permitido al sujeto comparecer al proceso, en sus instancias legalmente previstas, si no se prevé también un derecho para que el órgano jurisdiccional no puede eludir dar la respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen al proceso, o dé una que resulte del proceso sea amigue. Y, como tenemos en la sentencia solo se ha limitado a describir actuaciones de juicio, más no a valorar las pruebas actuadas. Por lo que se ha incumplido el deber de motivación de la sentencia como garantía de la administración de justicia. - - - - - - - - - ----------------------------------2.2.7. Que, frente a este hecho, no es cualquier respuesta la que satisface le derecho a la tutela judicial efectiva, sino que es necesario que ésta, además de ser clara, deba encontrarse debidamente motivada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica. Derecho que no sólo le corresponde al imputado, contra quien se dirige la persecución penal

(razón de ser del proceso), sino también a todos los sujetos procesales que tenga un interés propio en el proceso, es decir el agraviado, actor civil y el tercero civilmente responsable. Siendo así que no sólo se debe fundamentar en derecho la sentencia condenatoria, sino también la absolutoria;- - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.8. Que, por consiguiente al haberse transgredido el derecho a la debida motivación, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 409 Inciso 01, concordante con el Artículo 150 párrafo a) y el Artículo 154 Inciso 04 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad de la Sentencia y del Juicio Oral, y exhortar a los magistrado del Juzgado Penal Colegiado a efectos de que en el futuro, cumplan con el deber constitucional de motivación de las resoluciones, y debiéndose disponerse la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado, al amparo del principio de imparcialidad. 2.2.9. Que, por último, en cuanto al pago de las costas, tal como lo señala el Código Procesal Penal en su artículo 497º, este corresponde al vencido, sin embargo, de conformidad con el Artículo 499 del Ministerio Público se encuentra exento de pago, por lo que se lo debe eximir del pago de las costas del proceso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - ------DECLARARON NULA la Sentencia Absolutoria de fecha 2 de octubre del año dos mil nueve que absuelve a la acusada FLOR MARINA LÓPEZ DE CASTILLO, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de ABORTO CONSENTIDO, en grado de tentativa, en agravio de Elicia Verónica Román Castillo. 

DISPUSIERON que otro Juez efectúe un nuevo juicio oral, y expida una sen- tencia observando la garantía de la debida motivación y demás garantías que consagra nuestra Constitución Política.- - - - - - - - -



DECLARARON Exento del pago del costas al Ministerio Público



EXHORTARON al Magistrado del Juzgado Unipersonal, a efectos de que en lo sucesivo cumpla con el deber de motivación. - - - - - - -



ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricar- do Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.-

ABUSO DE AUTORIDAD EXPEDIENTE : 04366-2008-41-1601-JR-PE-02.IMPUTADO : ALFREDO NICOLAS LARIOS VÁSQUEZ DELITO : ABUSO DE AUTORIDAD AGRAVIADO : LIGA DISTRITAL DE GIMNASIA DE TRUJILLO PROCEDENCIA : 2º JUZGADO UNIPERSONALAPELANTE : MINISTERIO PÚBLICO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, Veintiuno de Mayo Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - ----------I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Que, viene en apelación la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diez, que obra de fojas 45 a 55 que absuelve de la acusación fiscal a Alfredo Nicolás Larios Vásquez como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Abuso de Autoridad, en agravio de la Liga Distrital de Gim- nasia de Trujillo representada por Luis Riquelme Sánchez Rivas, y Clara Ros- mery Rafael Esquivel. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --1.2.- Que, El Ministerio Público, ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia absolutoria, sosteniendo que la sentencia consigna como única razón para la absolución que en el comportamiento del acusado no ha habido dolo; sin embargo no se han valorado las testimoniales de los testigos de car- go, las normas del deporte y demás documentales actuadas en juicio oral; solicitando se revoque la sentencia apelada y se imponga una condena. -------------------------------------------1.3.- Que, por su parte el abogado del acusado ha solicitado que se confirme la sen- tencia absolutoria, considerando que la sentencia está debidamente motivada y no ha existido ánimo de delinquir. - - - - - 1.4.- Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, no se ha oralizado piezas procesales, el sentenciado fue interrogado por su abogado y por la representante del Ministerio Público; y como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el

Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - -

II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. Que, el delito de abuso de autoridad, previsto en el Artículo 376 del Có- digo Penal se configura cuando: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.2. Que el delito de abuso de autoridad tiene dos modalidades de ejecución i) cometer un acto arbitrario cualquiera con perjuicio de terceros y ii) ordenar un acto arbitrario cualquiera con perjuicio de terceros; en el primer supuesto el delito se consuma cuando el funcionario público dirige y ejecuta acciones destinadas a producir el acto arbitrario y el perjuicio de tercero; mientras que en el segundo supuesto, al ser un tipo penal de mera actividad el delito se consuma al producirse la orden o mandato por parte del funcionario público20. - - - - - - - - - - - - ------------------------------2.1.3. El delito de abuso de autoridad requiere de un acto arbitrario y de un perjuicio para alguien; sino se acreditan dichos presupuestos cabe la absolución21.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. Que, la sentencia apelada en la parte expositiva, ha precisado que los hechos y circunstancias objeto de la acusación son los siguientes: El Instituto Peruano del Deporte, mediante Resolución número cero cero cinco guión IPC de fecha ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, cedió en uso permanente y exclusivo la cancha de calentamiento adyacente al Coliseo Gran Chimú de Trujillo a la Liga deportiva Distrital de Gimnasia de Trujillo. El acusado Alfredo Nicolás Larios Vásquez, en su condición de Presidente del Consejo Regional del Deporte de La Li- bertad, nombrado por Resolución número doscientos cuarenta y cinco guión dos mil cinco guión P/IPD de fecha veintitrés de Junio del dos mil cinco, por tres años, hasta el mes de Junio del año dos mil ocho, funcionario Público que de manera arbitraria y unilateral impidió el uso exclusivo de dicha Cancha de Calentamiento a los directivos de la citada

20

R.N. 779 – 2004 – Piura, Sentencia del 26 de octubre de 2004 Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema., en Castillo Alva, José Luis, Jurisprudencia Penal. I, Grijley, Lima, 2006, p.577.

21

Exp. 3436 – 96- Lambayeque, Ej. Suprema, 14 de noviembre 1996, en Rojassi Pella, Carmen, Ejecutorias Supremas Penales, 1993 – 1996, Legria, Lima, 1997, p. 234.

Liga, toda vez que con fecha diez de abril del dos mil ocho violentó las puertas de ingreso a ese local ubicado en la intersección de las Aveni- das Vera Enrique e Industrial de esta Ciudad, para luego cambiar otra chapa y otro candado, quedando en el interior del inmueble todos los bienes muebles de propiedad de la Liga de Gimnasia de Trujillo, cau- sándole perjuicio al haberla despojado del uso exclusivo del inmueble, perjudicando el desarrollo de sus actividades deportivas; a su vez dicho imputado ordenó la instalación de los aparatos deportivas enviados por el Instituto Peruano del Deporte de Lima en la cancha de calentamiento, desconociendo el derecho de uso que ostentaba la Liga de Gimnasia de Trujillo y sin impórtale que el lugar era pequeño, para que quepa allí el equipo deportivo enviado y el equipo deportivo de la liga de Gimnasia, la que ocasionó el deterioro y destrucción de los aparatos deportivos de propiedad de la Liga de Gimnasia, así como que algunos aparatos deportivos también de su propiedad sean movidos a otro destino, cau- sando perjuicio económico a esta Liga Deportiva; que, asimismo, el ac- tuar arbitrario del imputado ha causado perjuicio a la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo, al haber vulnerado sus derechos al desconocer al directorio tomando a su cargo la administración de los bienes de ofici- na, mobiliario, artefactos y aparatos deportivos de su propiedad, pues sólo le permitió el ingreso al local por horas, en el horario establecido por parte del IPD por órdenes del imputado, impidiendo la administra- ción directa de sus bienes muebles; que, de otro lado, también se tiene que de manera arbitraria el imputado habría ordenado que se impida el ingreso al local deportivo de la agraviada Clara Rosmery Rafael Esqui- vel, y que se le impida que siga desempeñando las labores de guardia- nía, disponiendo que esa labor la ejecute otra persona a quien se había contratado con esa finalidad. 2.2.2. Que, la sentencia apelada se sustenta en que el cambio de cerraduras del local de la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo no ha obedecido a una intención dolosa del acusado, de cometer un acto arbitrario con abuso de sus atribuciones para causar un perjuicio a la Liga de Gimna- sia de Trujillo, con tanto mayor razón si después de estos hechos se han mantenido abiertas las puertas del local de la liga sin limitar el acceso de ninguna persona conforme han señalado los testigos. Asimismo se señala que, se imputa al acusado haber ordenado en forma arbitraria que se impida el ingreso a local deportivo de la agraviada Clara Rosmery Rafael Esquivel y se le impida que siga desempeñando las labores de guardianía; que, a este respecto, no se ha actuado prueba pertinente, contundente y útil que demuestro en forma fehaciente que el acusado dio la orden que le

atribuyen, máxime si dicha agraviada no ha concu-

rrido al juicio oral a prestar la declaración que le respecta sobre estos hechos, por lo que, las testimoniales sobre este extremo resultan meramente referenciales, y por el mismo insuficientes para establecer la responsabilidad penal del acusado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.3. Que, el representante del Ministerio Publico ha sostenido que a nivel de juicio oral se han actuado pruebas que acreditan el delito materia de la acusación, tales como las testimoniales de los testigos Luis Riquelme Sánchez Rivas, Segundo Aníbal Cabrejo Delgado y Julio Cesar Musayon Méndez, quienes coinciden en declarar que se ha cambiado la cerradu- ra, además obran los documentos e incluso policiales con lo que se acre- dita que se ha violentado la cerradura; por otra parte si se ha acreditado el acto doloso ya que conociendo que se le cedió en uso exclusivo a la Liga Deportiva ha ordenado a espaldas de los directivos, con el objeto de ostentar la administración de la cancha de calentamiento adyacente de Coliseo Gran Chimú - - 2.2.4. Que, es necesario precisar que esta Sala, de conformidad con el artículo 425 inciso 2 parte pertinente del CPP, no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal, consistente en las declaraciones de los testigos Luis Riquelme Sánchez Rivas, Segundo Aníbal Cabrejo Delgado y Julio Cesar Musayon Mendes, Presidente, Vice – Presidente y Teso- rero de la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo respectivamente; Iván Henrry Vargas Navarro, Víctor Alejandro Azañero Díaz y Víctor Hugo Solórzano Díaz, que han sido objeto de inmediación por el Juzgado Co- legiado; máxime si en la audiencia materia del grado no se ha actuado ninguna prueba que ponga en cuestión las citadas testimoniales. - - - --------------2.2.5. Que con las testimoniales actuadas en juicio oral, de los citados directivos, se encuentra acreditado que como representantes de la Liga de Gimnasia con fecha veintidós de marzo del dos mil ocho, autorizaron al Instituto del Deporte representado por el acusado, la instalación de los aparatos de última generación que habían sido enviados de la Ciudad de Lima, en el local cedido a la Liga; este hecho probado, aunado al hecho consistente en que el material deportivo no fue entregado en cesión de uso a la parte agraviada; como lo admite el representante del Ministerio Público en su apelación escrita, permite válidamente inferir que el material deportivo se encontraba bajo la administración de la representada del acusado; por tanto La Liga de gimnasia, al haber acep- tado compartir las instalaciones, dejó de tener el uso exclusivo de las instalaciones. Por tanto, la medida atribuida al acusado consistente en haber ordenado el cambio de las cerraduras de las puertas de ingreso al local, ha tenido como objeto el de salvaguardar los bienes del Estado y

cuidado de los equipos, más no desalojarlos; conforme se desprende del contenido del oficio número 450 – CRD, de fecha 14 de abril de 2008, remitido por el acusado a la Liga agraviada, que obra del folio seis y siete actuado en juicio oral. Y cuyo hecho no ha impedido el ingreso de los directivos e integrantes de la Liga, desde que el local permanecía abierto, conforme lo ha sostenido el testigo José Santos Reyes Huanta. -------------------------------2.2.6. Que habiendo el Juzgado Unipersonal realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios actuados en audiencia de juicio oral, en merito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como señala el Profesor San Martín, “es fundamental para la efectividad de la contradicción y consiste en reconocer a las partes los mimos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación” 22, en la que se ha determinado que el acusado no ha tenido la conciencia y voluntad de abusar de sus atribuciones como funcionario público; la sentencia absolutoria venida en grado que se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, debe ser confirmada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - ------

CONFIRMAR la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil nueve, que absuelve de la acusación fiscal a Alfredo Nicolás Larios Vásquez como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Abuso de Autoridad, en agravio de la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo, representada por Luis Riquelme Sánchez Rivas, y Clara Rosmery Rafael Esquivel.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricar- do Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22

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3.

APROPIACION ILICITA – REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL : Nº 0819-2010-0-1601-SP-PE-01 INCULPADO : MIGUEL ANGEL ALCALDE QUISPE DELITO : APROPIACION ILICITA AGRAVIADO : JUAN CALIXTO REYES JULCA PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ASCOPE IMPUGNANTE: IMPUTADO MATERIA : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA Trujillo, Nueve de Febrero Del Año Dos Mil Once.VISTA Y OÍDA en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magis- trados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de la Sala y Director de Debates), Doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Juez Superior Titular) y el Doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA (Juez Superior Titular), en la que interviene como apelante el imputado Miguel Ángel Alcalde Quispe, asesorado por su abogada defensora Dra. Mercedes Emperatriz Torres Carnero, así como la representante del Ministerio Publico Doctora Lea Gua- yan Huaccha. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, por la cual se condena a Miguel Án- gel Alcalde Quispe, a Tres Años de pena efectiva por el delito de apropiación ilícita, en agravio de Juan Calixto Reyes Julca, así como al pago de la repara- ción civil equivalente a la suma de S/. 500.00 ( Quinientos Nuevos Soles y 00/100), sin perjuicio de devolver el bien indebidamente apropiado.-

2.

Que, la sentencia venida en grado ha sido cuestionada a través del recurso de apelación formulado por la abogada defensora del sentenciado Miguel Ángel Alcalde Quispe, quien sostiene que no existe la suficiente actividad probatoria que desvirtué la presunción de inocencia del imputado; por lo que solicita la revocatoria de la sentencia venida en grado bajo tres supuestos: 1.- por falta de valoración de las pruebas; 2.- por la afectación del principio de presunción de inocencia; 3.- vulneración a lo prescrito en el articulo 383 inciso 1 literal d) concordante con c) del Código Procesal Penal.-

3.

Por su parte la representante del Ministerio Publico, solicita que la sentencia recurrida sea confirmada por cuanto en la misma se ha valorado los medios probatorios que se han aportado al juicio oral siendo la sentencia el resultado de dicho debate contradictorio realizado en el estadio correspondiente; considera además, que no existe afectación al principio de presunción de ino- cencia, así como tampoco se ha contravenido a lo dispuesto en el articulo 383 inciso 1 literal d) concordante con c) del Código Procesal Penal.-

4.

Que, como efecto de las apelaciones formuladas, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para emitir la sentencia condenatoria recurrida y fijar el monto de la reparación civil, y en tal sentido se pronuncia de la si- guiente manera:

II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISA NORMATIVA 5.

Que, el Artículo 190 del Código Penal establece que “El que en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o de hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

6.

“La pena es una sanción legal y una consecuencia jurídica del delito que se aplica siempre al agente de infracción dolosa; el juzgador para imponerla debe haber corroborado la imputación con medios idóneos y suficientes que de- muestren la culpabilidad del autor, en su sentido amplio de responsabilidad penal”23.

2.2. PREMISA FACTICA 7.

Que, respecto a los hechos que son materia de análisis conforme a la acusación final los mismos están referidos a que con fecha 30 de enero del 2008 aproximadamente a las 11.30 horas, en circunstancias que el agraviado Juan Calixto Reyes Julca, se encontraba a bordo de su moto lineal en la localidad de Chocope, se le acerco el acusado Miguel Ángel Alcalde Quispe a quien lo conocía desde niño, quien le pidió prestada su motocicleta marca Mavila, año 2006, color roja de placa MD-17561 para dar una vuelta y buscar a un amigo,

23 Corte Suprema de Justicia. Primera Sala Penal Transitoria. R.N. Nº 187-2004. JUNIN. Avalos Rodríguez Constante Carlos/Robles Briceño, Meri Elizabeth. Modernas Tendencias Dogmáticas en la jurisprudencia Penal de la Corte Suprema. Gaceta Jurídica, Lima.2005, p.79.

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la misma que no le ha sido devuelta pese a que lo ha ido a buscar a su domicilio ubicado en calle Los Girasoles – Sector San Salvador de Paijan y en el de sus familiares de Chocope, quienes le refirieron no haberlo visto. 8.

Que, por otro lado, ha quedado acreditada la preexistencia del bien con la tarjeta de propiedad y la boleta de venta Nº 043-0057016; con lo que se configuraría el delito de Apropiación Ilícita, previsto en el Artículo 190º del Código Penal.

9.

Este colegiado sostiene que para fundamentar un juicio de condena se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral 24, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del procesado, es decir, que se haya desvirtuado la presunción de inocencia 25, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad” y además sobre el “in dubio pro reo”, cabe precisar que según la abundante doctrina, estas categorías jurídicas mencionadas están íntima y directamente vinculadas a la actividad probatoria, pues no se puede hablar de una de ellas si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o cuando menos uno de éstos, pues el Ministerio Públi- co como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifestación del derecho de defensa.

24

“Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y continuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596.

25

La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

10.

En relación a lo mencionado en el considerando precedente, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presen- te ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera ins- tancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, no se ha llegado a determinar la responsabilidad del procesado, máxime si el repre- sentante del Ministerio Público prescindió de las testimoniales de cargo del agraviado Reyes Julca Juan Calixto, es decir no hubo ratificación de la denun- cia realizada por el agraviado más solo en juicio oral se procedió a oralizar el acta de manifestación del agraviado.

11.

La doctrina procesal precisa que existe responsabilidad penal única y exclusi- vamente cuando existen en autos medios probatorios que acrediten en forma indubitable y fehaciente la responsabilidad penal del agente, que le permita al Juez tener la convicción de que la persona a quién se juzga es culpable, en ese sentido la carga de la prueba recae exclusivamente en el Ministerio Público, la misma que debe ser contundente que permita destruir la presunción de ino- cencia a que tiene derecho toda persona y no se afecte la dignidad del sujeto imputado, de modo que si el juez no tiene certeza sobre la culpabilidad del acusado no debe dictar sentencia condenatoria, más aún si también se encuen- tra vigente el principio indubio pro reo, en cuya virtud si existe duda sobre la responsabilidad del acusado, debe estarse a lo más favorable al acusado, aten- diendo a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.

12.

De lo expuesto, se advierte claramente que existe duda razonable si el procesado recibió de parte del agraviado la motocicleta color roja de placa MD17561 que produzca obligación de devolver o hacer uso determinado, y que lo haya colocado dentro de su esfera patrimonial obteniendo un provecho pro- pio o el de un tercero, es decir, la insuficiencia de medios probatorios de cargo no permiten establecer con certeza la tipicidad de su conducta, en éste caso, existe duda razonable, en aplicación del principio universal de indubio pro reo recogido en el numeral 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y el principio de presunción de inocencia

recogido en el literal e) del

numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política, referente a los derechos de la persona y el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 13.

Es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, al haber realizado un análisis conjunto, ha determinado que el Juez Unipersonal ha realizado una inadecuada valoración de los medios probatorios de cargo presentados por el representante del Ministerio Público, como son la denuncia del agraviado, la misma que no fue ratificada en juicio oral, la tarjeta de propiedad de la moto lineal y boleta de venta Nº 043-0057016, extendida por Mavila; lo cual acredi- tan la preexistencia de la moto lineal de placa de rodaje MD-17561; así mismo se ha tenido en cuenta para una sentencia condenatoria efectiva, los antece- dente penales del imputado, lo cual ha originado un prejuzgamiento por parte del A quo, no obstante ello no se ha podido acreditar que el imputado haya tenido o tenga en su poder la moto lineal de propiedad del agraviado; por tal razón, determina que la sentencia condenatoria no está sustentada en ele- mentos de convicción suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia del imputado, motivo por el cual la sentencia recurrida debe ser revocada.-

14.

Que, por último, en cuanto al pago de las costas, tal como lo señala el Código Procesal Penal en su artículo 497°, este corresponde al vencido, sin embargo, de conformidad con el Artículo 499 el Ministerio Público se encuentra exento de pago, por lo que se lo debe eximir del pago de las costas del proceso.-

III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experien- cia, y de conformidad con las normas antes señalada, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO: 1)

REVOCAR la Sentencia de fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, por la cual se condena a Miguel Ángel Alcalde Quispe, a Tres Años de pena efectiva por el delito de apropiación ilícita, en agravio de Juan Calixto Reyes Julca, así como al pago de la reparación civil equivalente a la suma de S/. 500.00 (Qui- nientos Nuevos Soles y 00/100), sin perjuicio de devolver el bien indebida- mente apropiado y REFORMÁNDOLA lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal por el delito de apropiación ilícita, en agravio de Juan Calixto Reyes Julca.-

2)

DISPUSIERON si inmediata libertad del imputado MIGUEL ÁNGEL ALCAL- DE QUISPE siempre y cuando no pese sobre él otra condena efectiva, por consiguiente gírese la papeleta de libertad en el día a fin de que se dé cumpli- miento lo dispuesto en la presente resolución. Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución, se devuelvan los presentes

actuados al Juzgado de Origen, para los fines de Ley.Sin costas.- Actuó como Juez Superior ponente el Dr. José Ricardo Cabrejo Villegas.-

4.

ASESINATO PROCESO PENAL Nº : 04535-2009-65-1601-JR-PE-06 ASISTENTE JURISDICCIONAL : LEOMARA JUNIOR CASTRO JUÁREZ AGRAVIADO : VERDE VALVERDE, RENE ADOLFO IMPUTADO : AVILA GARCIA, CHRISTIAN IRWIN Y OTROS DELITO : ASESINATO MINISTERIO PÚBLICO : DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL COLEGIADO IMPUGNANTE : DEFENSA TÉCNICA DE LOS IMPUTADOS ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE Trujillo, Dos de Septiembre De Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Supe- rior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular), doctor NOÉ VIRGILIO LÓPEZ GASTIABURÚ (Juez Supernume- rario Superior, Ponente y Director de Debates), en la que intervienen como parte apelante, la defensa técnica de los imputados sentenciados, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria; solicitando en audiencia de apelación la nulidad de la venida en grado, resolución número tres de fecha seis de mayo de dos mil diez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recur- so de apelación interpuesto por, la defensa técnica de los sentenciados con- tra la sentencia condenatoria, resolución número tres de fecha seis de mayo de dos mil diez, obrante en las páginas cuarenta y cuatro a cincuenta y dos; la misma que, falla CONDENANDO a los acusados MIGUEL ALEJANDRO ÁVILA GARCÍA y MANUEL ÁNGEL ÁVILA BENITES a seis años de pena privativa de libertad efectiva en calidad de PARTICIPES del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Simple, en agravio de RENE ADOLFO VERDE VALVERDE y su sucesión; además, se fijó la suma de quince mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del pariente más cercano del agraviado.

2.

Fundamentos del Recurso de Apelación:

2.1

Que, en el juicio de apelación el Abogado Defensor de los sentenciados, postula un desistimiento parcial de la apelación, varía la tesis de revocatoria por la tesis de nulidad de la sentencia; así mismo, se desiste de los medios pro- batorios admitidos en esta instancia; es decir, de dos testimoniales sin que el representante del Ministerio Público se oponga a tal desistimiento; ante esto, la Sala Penal de Apelaciones por unanimidad resuelve tener por desistido al abogado de los sentenciados de la actuación de dichos medios probatorios.

2.2

Que, el Abogado defensor sostiene que la sentencia condenatoria de este pro- ceso se encuentra viciada de nulidad absoluta prevista en el artículo 150° del CPP -2004 pues, se les condena por el término genérico de partícipes sin pre- cisar si son cómplices primarios o secundarios; de manera que, esta resolu- ción no contiene parte considerativa, vulnerando la necesidad lógica jurídica de separación de partes de la sentencia, lo que se encuentra prescrito en el artículo 122° del Código Procesal Civil que es de aplicación supletoria en este caso; asimismo, que se han violado pautas de elaboración de la sentencia, previstos en el artículo 343° inciso primero y tercero del CPP – 2004, pues ha utilizado pruebas diferentes: el Protocolo de Necropsia N° 328-09, Dic- tamen Pericial de Biología Forense N° 255/09 y 257/09, Dictamen Pericial Químico Toxicológico N° 901-09.

2.3

Asimismo, el Abogado Defensor sostiene que se ha reemplazado dos veces al Juez del Juzgado Penal Colegiado Doctor César Ortiz Mostacero por parte del Doctor William Matta Berrios los días 23 de Abril de dos mil diez y el día 06 de Mayo del mismo año violándose de esta manera el principio de la inmediación que durante el Juicio Oral se ha realizado una convención probatoria.

2.4

Que por su parte, el Representante del Ministerio Público, solicita que se declare Nula la sentencia apelada coincidiendo en los fundamentos esgrimidos por el Abogado Defensor; ya que, tras haber revisado la carpeta fiscal y los audios correspondientes, desde un punto de vista objetivo solicita la nulidad de la venida en grado de conformidad con el artículo 150°, inciso “d” del CPP – 2004, por que se advierte de la propia sentencia que se condena a los imputados a seis años de pena privativa de libertad en calidad de “participes”, no habiendo especificación alguna en la sentencia si la calidad de participes es en calidad de cómplices o de instigadores y si siendo en calidad de cómplices esta es en calidad de cómplices primarios o cómplices secundarios, de conformidad con el artículo 24° y 25° del Código Penal; de manera que, no ha individualizado los actos mismos respecto a cada sentenciado.

2.5

Señala también que, advirtiéndose también que existe una incongruencia en cuanto a la desvinculación; por cuanto, existiendo una sentencia de conformidad por el delito de Homicidio Calificado, esto es, con ferocidad; existe

una

desvinculación con el delito de Homicidio Simple; a modo de conclusión solicita la nulidad de la venida en grado y la realización de nuevo juicio oral. 3.

Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto, en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera.

II.

ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS:

Ante esta instancia superior se admitieron medios de prueba mediante resolu- ción número diez, de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez como consta a fojas ciento veintidós y ciento veintitrés, los que en audiencia apelación han sido dados por desistidos, lo que fue solicitado por el abogado de la defensa de los sentencia- dos, preguntado el representante del Ministerio Público no formuló oposición a dicho pedido. III. CONSIDERANDOS 3.1. PREMISA NORMATIVA: 1)

A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que, el nuevo Código Procesal Penal regula la Nulidad de los Actos Procesales, bajo el principio de TAXATIVIDAD, así se desprende del artículo 149°26 del CPP - 2004. Taxatividad también llamada ESPECIALIDAD o LEGALI- DAD DE LA NULIDAD, por la taxatividad, la nulidad sólo podrá ser de- clarada por causal expresamente establecida en la ley. De allí se deduce que no existen nulidades por analogía o por extensión. Se trata pues, de un límite infranqueable para los sujetos del proceso establecido por el derecho positivo.27

2)

Este superior colegiado tiene a bien precisar que, de acuerdo con la doctrina tradicional la nulidad alude a la inobservancia de las formas

26

ARTICULO 149° CPP – 2044: TAXATIVIDAD. “La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos por la Ley”.

27

GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO. “El Código Procesal Penal – Comentarios descriptivos, explicativos y críticos”. Jurista Editores E.I.R.L. Lima. 2008. p. 344.

establecidas por la ley para el cumplimiento de un acto procesal. Por ello es que el presente artículo se refiere expresamente a la inobservan- cia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales. Pero se diferencia claramente de la inexistencia pues, mientras que el acto inexistente no es propiamente un acto procesal sino que tan sólo tiene la apariencia de él; en cambio, el acto nulo si es un acto procesal, aun cuando defectuoso, que puede ser declarado sin valor pero que también puede ser subsanado.28 3)

En este orden de ideas, el artículo 150° del Código Penal establece para los casos de Nulidad Absoluta que, “no será necesaria la solicitud de nu- lidad de algún sujeto procesal y podrán ser declaradas aun de oficio los defectos concernientes… d) a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución”. Este artículo regula la llamada nulidad absoluta que está vinculada con la existen- cia de graves irregularidades que han sido taxativamente señaladas y que acarrean irremediablemente la ineficacia del acto procesal viciado, nulidad absoluta que tiene su origen en un acto procesal gravemente afectado por defectos concernientes a los tópicos mencionados en los cuatro literales del articulo en comentario, siendo que los actos afecta- dos con nulidad absoluta no admiten convalidación una vez que haya sido declarada su invalidez por el órgano jurisdiccional.29

4)

La causal de nulidad absoluta invocada en el presente proceso penal (literal “d”) es la de mayor importancia. La doctrina del contenido esencial de los derechos fundamentales, cuyo desarrollo inicial se debe a los alemanes, estuvo primigeniamente destinada a servir de límite a la potestad limitadora ejercida por el legislador sobre los derechos. En esta concepción, el contenido esencial de los derechos fundamentales es una suerte de núcleo duro indisponible que no puede ser violentado o rebasado por el legislador. Sin embargo, un desarrollo posterior en España, a través del artículo 53.1 de su Constitución, entendió que el contenido esencial no sólo es un “límite de límites” sino un límite a la regulación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

5)

Que las leyes de procedimiento son de interés público y de garantía

28

Es pertinente el ejemplo de CREUS, en el sentido que la sentencia dictada por quien no tiene la condición de juez, es un acto inexistente y, por ello, no es propiamente un acto procesal sino que únicamente tiene la apariencia de tal.

29

GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO. “El Código Procesal Penal – Comentarios descriptivos, explicativos y críticos”. Jurista Editores E.I.R.L. Lima. 2008. p. 345.

para el ejercicio de los respectivos derechos de los sujetos procesales y por ello vienen obligados al estricto cumplimiento de sus disposiciones reguladas, sujetándose a las formas y términos que establecen para que aquellos derechos sean solicitados, acreditados y resueltos y que la Nulidad Absoluta se produce siempre que un acto procesal adolezca de una circunstancia esencial fijadas en las leyes del procedimiento como absolutamente indispensable para que el acto produzca sus efectos normales en forma radical e insubsanable. 3.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 6)

Como se advierte de la revisión de los actuados el día veintitrés de abril del año dos mil diez el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de La Libertad, presidida por el Señor Juez Doctor Enrique Namuche Chunga como director de debates y la Doctora Mery Robles Briceño y el Doctor William Matta Berrios, Juez Suplente que reemplaza por vacaciones al Señor Juez Doctor Cesar Ortiz Mostacero, iniciaron el Juicio Oral del Ministerio Público contra CHRISTIAN ERWIN ÁVILA GARCÍA, MIGUEL ALEJANDRO ÁVILA GARCÍA y MANUEL ÁNGEL ÁVILA BENITES por el delito de Homicidio Calificado en el artículo 108° inciso tercero del Código Penal en agravio de RENE ADOLFO VERDE VALVERDE y su sucesión.

7)

Que, en dicho proceso se ha expedido una sentencia de conformidad, y en este acuerdo de conclusión anticipada se condena a CHRISTIAN ERWIN AVILA GARCÍA a ocho años con seis meses de pena privativa de la libertad en calidad de autor del delito de Homicidio Calificado ti- pificado en el artículo 107° numeral tercero del Código Penal en agravio de RENE ADOLFO VERDE VALVERDE y su sucesión; y no habiendo acuerdo en cuanto a la reparación civil y además dos de los co-acusados se declaran inocentes la misma se definirá con la sentencia; tal como es de verse de la sentencia de conformidad que corre en autos a fojas treinta y siete a cuarenta y uno.

8)

Que, cuando el mismo Juzgado Penal Colegiado emite la sentencia con- denatoria contra los dos co-acusados MIGUEL ALEJANDRO AVILA GARCIA y MANUEL ANGEL AVILA BENITES incoherentemente se desvinculan de la tesis acusatoria y su propia valoración jurídica de los hechos realizada cuando expidieron la sentencia de conformidad donde tipificaron al hecho como Homicidio Calificado previsto en el artículo 108° del Código Penal inciso tercero; es decir, la agravante gran cruel- dad o alevosía; y condenan a estos acusados como “participes” del delito de Homicidio Simple tipificado en el artículo 106° del Código Penal. De esta manera se llega al absurdo de que unos mismos hechos donde el

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autor realiza un asesinato por gran crueldad o alevosía y los partícipes cooperan en un Homicidio Simple, teniendo en consideración que los llamados “participes” inmovilizaron a la víctima para permitir el ataque homicida, puñalada que le produjo el traumatismo toráxico penetrante que causó la muerte de la víctima.

30

9)

Que, en esta sentencia se condena como partícipes a MIGUEL ALEJAN- DRO AVILA GARCÍA y MANUEL ANGEL AVILA BENITES, sin precisar su forma de participación; es decir, son cómplices primarios o secun- darios porque tal como lo precisa el autor FELIPE VILLAVICENCIO TE- RREROS, lo que se busca es apreciar debidamente la importancia del aporte que hace cada sujeto al injusto y precisar el personal juicio de reproche que le corresponde y el Código Penal Peruano está afiliado al sistema diferenciador 30por lo tanto; entre nosotros la distinción de los diferentes papeles cumplidos por quienes forman parte en el delito es fundamental por las exigencias de mayor seguridad jurídica, desde este orden de ideas el Código Penal Peruano en su artículo 25° distingue la complicidad primaria de la complicidad secundaria señalando conse- cuencias penales diferentes respecto a la pena, esta exigencia funda- mental y garantista no ha sido realizada por el Juzgado Penal Colegiado, lo que implica una grave vulneración a los derechos de los procesados.

10)

También es de advertir de la revisión de la sentencia condenatoria que corre a fojas cuarenta y cuatro a cincuenta y dos inclusive en la llamada parte considerativa no hay una expresión clara y precisa de lo que se decide, respecto a todos los puntos controvertidos, que si bien existe en esta sentencia una larga relación de los fundamentos de hecho y algunos de derecho que sustentan la decisión, sin embargo no nos per- suade de lo primero que ha de exigirse en la motivación que es que pro- porciona un armazón argumentativo racional a la resolución judicial no existe en esta sentencia la llamada justificación “interna” que exige que esta haya sido correctamente inferida de las personas que lo sustentan y esto se observa al realizar la desvinculación se vulnera el principio de lógica jurídica de la NO CONTRADICCIÓN, pues es de preguntarse que en la realización del delito los supuestos “participes” que cooperan en la realización de un Asesinato previsto en el artículo 108 del Código Penal respondan como “participes de un Homicidio Simple”, cuando el mismo Juzgado Penal colegiado condenó en el mismo proceso al autor de la muerte de la víctima por Asesinato.

CÓDIGO PENAL, “Felipe Villavicencio Terreros, Edit: Cultural Cuzco S.A. Editores Lima Perú, pag 148.

11)

Que, respecto al reemplazo de dos veces durante el Juicio Oral al magistrado Doctor Cesar Ortiz Mostacero por parte del magistrado suplente Doctor William Matta Berrios, él lo reemplazó al iniciar el Juicio Oral el día 23 de Abril del año dos mil diez, por vacaciones del primero de los nombrados, luego cumplidos estas se integró al Juzgado Penal Colegiado el seis de Mayo del mismo año, por lo tanto no ha sido remplazado dos veces pues quien inició el proceso como miembro del colegiado fue el Señor Doctor William Matta Berrios, por lo tanto, en el Juicio Oral concreto sólo ha sido reemplazado una sola vez, por lo que no se ha violado el principio de inmediación.

12)

Que, respecto a que se han utilizado pruebas diferentes a las que fue- ron legítimamente incorporadas al proceso, y estas son el Protocolo de Necropsia N° 328-09, Dictamen Pericial de Biología Forense N° 255/09 y 257/09, Dictamen Pericial Químico Toxicológico N° 901-09 , de manera que han sido convertidas en pruebas sin que éstas hayan sido introducidas válidamente, violando el artículo 383°31 inciso 1 parágrafo “c” tercer párrafo del CPP – 2004, no se ha explicado por que, lejos de exigir la presencia de los órganos de prueba llámese los peritos, se ha dejado de lado la oralidad y se ha dado validez como documenta- les estos informes periciales.

13)

Que, estando a ello se establece que los actuados han violentado el debido proceso, y la Tutela Jurisdiccional efectiva, lo que hace pasible de ser sancionada con nulidad de conformidad con los artículos 139.3 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 incido d del Código Procesal Penal.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1)

31

DECLARAR NULA, la sentencia condenatoria, resolución número tres de seis de mayo de dos mil diez, obrante en las páginas cuarenta y cuatro a cincuenta

ARTÍCULO 383° - CPP 2004: Lectura de la prueba documental.“1. Sólo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: c) Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes. También se darán lectura a los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe;”

342

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y dos, la misma que, falla CONDENANDO a los acusados MIGUEL ALEJAN- DRO ÁVILA GARCÍA y MANUEL ÁNGEL ÁVILA BENITES a seis años de pena privativa de libertad efectiva en calidad de PARTICIPES del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Simple, en agravio de RENE ADOLFO VERDE VALVERDE y su sucesión. 2)

DISPUSIERON que otro Juzgado Penal Colegiado realice un nuevo juicio oral.

3)

NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.

Actuó como Juez Supernumerario Superior Ponente y Director de Debates, Señor Doctor Noé Virgilio López Gastiaburú.

5.

ACTOS CONTRA EL PUDOR – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL Nº : 1687-2010-64-1601-JR-PE-01 ASISTENTE JURISDICIONAL : FRESIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. AGRAVIADA : MENOR A.C.S.C. IMPUTADO : ARTEAGA CONTRERAS, MIGUEL ÁNGEL. DELITO : ACTOS CONTRA EL PUDOR EN AGRAVIO DE MENO- RES (EDAD VICTIMA, 10 AÑOS). MINISTERIO PÚBLICO : LEA GUAYAN HUACCHA FISCAL TITULAR SUPERIOR PENAL PRIMERA FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO IMPUGNANTES : - MINISTERIO PÚBLICO - IMPUTADO ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA.

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE Trujillo, primero de Junio De Dos Mil Once. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Supe- rior de Justicia de La Libertad, doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor OSCAR ELIOT ALARCÓN MON- TOYA (Juez Superior Titular), en la que intervienen como apelantes, el Ministerio Público a través de su representante y el imputado, quienes han interpuesto re- curso de apelación contra la sentencia condenatoria, resolución de fecha cinco de Noviembre de Dos Mil Diez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recur- so de apelación interpuesto por, el Ministerio Público y el imputado contra la sentencia condenatoria, resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, de fecha cinco de Noviembre de Dos Mil Diez, obrante en las pági- nas treinta y nueve a cincuenta y uno; la misma que, condena a Miguel Ángel Arteaga Contreras, como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C, imponiéndole ocho años de pena privativa de libertad efectiva y a su vez fija el pago de una reparación civil as- cendente al monto de tres mil nuevos

soles a favor de la menor agraviada.

2.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:

2.1

Respecto de la Apelación interpuesta por el Ministerio Público: El Ministerio Público, a través de su representante, con fecha cinco de noviembre de Dos Mil Diez, interpone recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de la misma fecha, en el extremo de la pena impuesta al procesado la cual es de ocho años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de actos contra el pudor en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C; según consta en acta de registro de audiencia de lectura de sentencia, obrante en la página treinta y ocho, apelación que fue fundamentada con posterioridad a su interposición como consta en autos, en las páginas cincuenta y tres a cincuenta y cuatro, solicitando el INCREMENTO DE LA PENA IMPUESTA al procesado, siendo que en la audiencia de apelación, la señora fiscal, ha formu- lado DESISTIMIENTO DE LA APELACIÓN interpuesta, habiéndose declarado fundado tal desistimiento y por tanto consentida la resolución en el extremo antes mencionado.

2.2

Respecto de la Apelación interpuesta por el Ministerio Público: La defensa del procesado interpone recurso de apelación en el extremo que falla condenado a su patrocinado Miguel Ángel Arteaga Contreras, como au- tor del delito de actos contra el pudor en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C. , a ocho años de pena privativa de libertad efectiva y fija el monto de tres mil nuevos soles como reparación civil; solicitando se REVOQUE dicha sentencia y se ABSUELVA a su patrocinado, argumentando que no se ha eva- luado en forma correcta los medios de prueba, pues la sola declaración de la víctima no puede ser fundamento para la condena, no habiéndose aplicado el acuerdo plenario N° 002 – 2005, respecto a la ausencia de incredibilidad sub- jetiva, al haber sido influenciada la víctima por su madre, persona ésta que ha mantenido una relación sentimental con el procesado y que una vez termina- da la misma actuó en represalia; respecto a la verosimilitud de la declaración, este elemento tampoco es consistente por no existir coherencia entre espacio y tiempo.

2.3. Contradictorio del Ministerio Público: El Ministerio Público, solicita que se CONFIRME la resolución apelada pues el juzgador ha evaluado los medios probatorios y ha destruido la presunción de inocencia que le asistía al procesado, probando su autoría en la comisión del delito de actos contra el pudor en menor de edad, además menciona que no se puede dar distinta interpretación al declaración brindada por la agra- viada y que ha sido merituada debidamente por el Ad Quo, menciona que en juicio oral se ha advertido en forma directa que la menor irrumpió en llanto y que el perito psicólogo manifestó que la menor agraviada ha desarrollado

un relato coherente y que se encuentra bajo efectos de un estresor de índole sexual. Respecto de la relación sentimental entre el procesado y la madre de la víctima que menciona la defensa, ésta no ha sido acreditada en el proceso y constituyen meras aseveraciones, y que existen elementos probatorios para que se confirme la sentencia apelada, pues la menor mantiene su imputación sin animadversión al procesado y que la relación sentimental que se atribuye a su madre con el imputado recién se ha probado en el juicio oral; existe ve- rosimilitud, pues el acusado acudía de visita al inmueble; la persistencia de la incriminación también se cumple. 4. Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. III. ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron ni se actuaron medios de prueba. III. CONSIDERANDOS: 3.1. Fundamentos Jurídicos: 3.1.1.

A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia absolutoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, contenido en el artículo 176°-A del Código Penal, el cual prescribe que: “El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, comete un acto contrario al pudor en una persona menor de catorce años, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 1.

Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años.

2.

Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve años.

3.

Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del Artículo 173 o el acto tiene un carácter de- gradante o produce un grave daño en la salud, física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”.

3.1.2.

En el delito de actos contrarios al pudor, el bien jurídico protegido es la liber- tad sexual de un hombre o de una mujer, entendiéndose dicha figura delictiva como todo tocamiento lúbrico somático que realiza el sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual.32

3.2. Fundamentos Fácticos: 3.2.1. Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, de fecha cinco de No- viembre de Dos Mil Diez, obrante en las páginas treinta y nueve a cin- cuenta y uno; la misma que, condena a Miguel Ángel Arteaga Contreras, como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C, imponiéndole ocho años de pena privativa de libertad efectiva y a su vez fija el pago de una reparación civil ascen- dente al monto de tres mil nuevos soles a favor de la menor agraviada. 3.2.2. Que, la sentencia apelada en la parte expositiva, se indica que los hechos y circunstancias objeto de la acusación descritos por el Ministerio Público consisten en que desde marzo hasta noviembre de 2009, en cir- cunstancias en las que su tío Miguel Ángel Arteaga Contreras, llegaba de visita a su domicilio, en una oportunidad, cuando su mamá estaba ausente, él llegó cuando ella se encontraba en su dormitorio, empujan- do la puerta bajo el pretexto de enseñarle la tarea, luego le decía que se siente sobre sus piernas y cuando se negaba, la jalaba y empezaba a be- sarla en la boca y le decía que estaba enamorado de ella, que era bonita, que le iba a comprar una cámara fotográfica, un celular; él se bajaba el cierre, sacaba su pene afuera y le pedía que le toque su pene y que lo bese, pero ella se negaba; por eso el denunciado la jaló, luego la tiró en la cama y se echó encima de ella, estaba el denunciado con su ropa pero con el pene afuera, quería bajarle la falda, pero no pudo. Entonces él le metió su mano por debajo de la falda de la menor y empezó a tocarle sus partes íntimas. En ese momento la menor agraviada comenzó a llorar y su tío le dijo que no llore por que tenía un arma, ella pensó que la iba a matar y se calló, un momento después su mamá toca la puerta de su casa y de inmediato su tío se levanta de la cama, se sube el cierre y sale a abrir la puerta, su mamá ingresa a la casa y se pone a cocinar, después almuerzan todos y luego el tío lleva a la menor agraviada al colegio, ma- nifestándole en el camino que quería tener una relación con ella para que vivan juntos; la dejó en el colegio y se retira.

32 EJECUTORIA SUPERIOR DE LA SALA PENAL DE APELACIONES PARA PROCESOS SUMARIOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 18 DE MAYO DE 1998, EXP. N° 8145-97.

Estos hechos se han repetido en varias oportunidades, porque el denunciado siempre ingresaba a su dormitorio, con el pretexto de ayudarla con las tareas, incluso aprovechaba cuando estaba dormida; pero nunca dijo nada porque él le había dicho que tenía un arma y pensaba que le podía hacer algo. 3.2.3. La defensa del procesado, ha manifestado en la audiencia de apelación que no se ha evaluado en forma correcta los medios de prueba, pues la sola declaración de la víctima no puede ser fundamento para la condena, asimismo, argumenta que no se ha aplicado el Acuerdo Plenario N° 002 – 2005, respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, al haber sido influenciada la víctima por su madre, persona ésta que ha mantenido una relación sentimental con el procesado y que una vez terminada la misma actuó en represalia, respecto a la verosimilitud de la declaración, este elemento tampoco es consistente por no existir coherencia entre espacio y tiempo. Con respecto a la declaración de la víctima, cabe mencionar que en los casos en que la sindicación de la víctima sea la única fuente de prueba de la vinculación del imputado con el delito, deberá aplicarse los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor. Consecuentemente, cuando falten los tres requisitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…” [EXP. N.° 1218-2007-PHC/TC]. ); mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitablemente a una sentencia absolutoria por imperativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. En el presente caso, como consecuencia de la inmediación, el Ad Quo ha podido valorar la declaración de la menor agraviada de manera directa

y de acuerdo al considerando decimoprimero de la sentencia apelada, la víctima mantiene un relato creíble, verosímil y persistente, toda vez que no se ha acreditado la preexistencia de sentimientos de odio o venganza en la menor agraviada, como producto de una supuesta relación amorosa entre la madre de la misma y el procesado, que pudieron haber conllevado a dicha menor a acusar al procesado; por otro lado, la menor agraviada hace un relato detallado y coherente de los hechos que son materia de acusación y esto le genera reacciones como llanto, siendo además corroborado con la pericia psicológica actuada en juicio; a su vez la menor agraviada hace una sindicación persistente al procesado manteniendo su declaración desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso. 3.2.4. En relación a lo mencionado, respecto de la valoración de la prueba tes- timonial, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmedia- ción por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otor- gar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar la responsabilidad del procesado. Además, no sólo se ha hecho la valoración de la declaración de la vícti- ma, sino también de la pericia psicológica oralizada por la perito psicó- loga corroborando todo lo dicho por la menor, en juicio oral. 3.2.5. Al haberse efectuado el examen de la sentencia venida en grado, se ad- vierte que la misma ha sido dictada haciendo una valoración conjunta de todos los medios de prueba aportados y oralizados en la audiencia de juicio oral, lo que le ha permitido al Ad Quo arribar a dictar sentencia condenatoria. De lo expuesto, se advierte claramente que la sentencia venida en grado se ha dictado cumpliendo con los requisitos de los ar- tículos 394 y 399 del Código Procesal Penal, por lo que este Colegiado Superior considera que resulta la confirmatoria de la sentencia apelada.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1)

CONFIRMAR la sentencia condenatoria, resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, de fecha cinco de Noviembre de Dos Mil Diez, obrante en las páginas treinta y nueve a cincuenta y uno; la misma que, con- dena a Miguel Ángel Arteaga Contreras, como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C, imponién- dole ocho años de pena privativa de libertad efectiva y a su vez fija el pago de una reparación civil ascendente al monto de tres mil nuevos soles a favor de la menor agraviada, con lo demás que contiene.

2)

NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.

Actuó como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, Señora Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.

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6.

ACTOS CONTRA EL PUDOR – ANULAR DEBATE ORAL EXPEDIENTE N° : 2821-2011-1601-JR-PE-06 ASISTENTE : JAINO ALONSO GRANDEZ VILCHEZ IMPUTADO : CESAR OSWALDO ALVAREZ SANDI AGRAVIADO : MENOR DE INICIALES G.C.A.C. DELITO : ACTOS CONTRA EL PUDOR PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL COLEGIADO IMPUGNANTE : IMPUTADO ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE Trujillo, veintiséis de junio del año Dos Mil Doce. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN SEGUNDO RODOLFO ZAMORA BARBOZA (Juez Superior Titular) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Superior Titular); en la que inter- vinieron la representante del Ministerio Público, doctora Cecilia Esther Goicochea Ruiz, y la defensa técnica del sentenciado, integrada por los doctores Luis Miguel Saldaña Monzón y Luis Michael Morillo, conforme se ha registrado en correspon- diente registro de audio. INTRODUCCIÓN: I.

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO:

1.

CESAR OSWALDO ÁLVAREZ SANDI, identificado con DNI N° 18176892, de 61 años de edad, de 1.60m de altura, de estado civil casado, con grado de ins- trucción secundaria, y domiciliado en Manzana V3 Lote 4, de la Urbanización San Andrés V etapa de esta ciudad.

HECHOS IMPUTADOS: 2.

Se atribuye al procesado Cesar Oswaldo Álvarez Sandi la comisión del delito contra la Libertad Sexual en la figura de Actos Contra el Pudor en Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales G.C.A.C., hechos que se suscitaron en el domicilio del imputado, ubicado en la Mz. V3 Lote 4 de la Urb. San Andrés V Etapa, durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2010, cuando la menor tenia 10 años de edad; siendo que un día, cuando la menor

se quedó en este inmueble viendo televisión, se acercó su abuelo, el imputado Cesar Oswaldo Álvarez Sandi, la levantó del mueble arrinconándola contra la pared y la comenzó a besar en la boca, tocándole los senos y sus partes ínti- mas, a la vez que agarraba de la mano para que toque su miembro viril. Des- pués le propuso que fueran a acostarse, lo que no fue aceptado por la menor, para luego de ello darle dinero. Que, según se oralizó en la acusación, estos hechos se habrían producido en reiteradas oportunidades. II.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

3.

Es materia de apelación la sentencia, resolución número tres, de fecha veintitrés de febrero del presente año, la misma que condena a Cesar Oswaldo Álvarez Sandi, como autor del delito Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en agravio de la menor de iniciales G.C.A.C., imponiéndole una sanción de diez años de Pena Privativa de Libertad Efectiva, y obligándolo al pago de una Reparación Civil ascendente a mil Nuevos Soles (S/. 1000.00).

PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 4.

La defensa del sentenciado solicita a esta Sala de Apelaciones, revocar la sen- tencia recurrida y reformándola, absuelva a Cesar Oswaldo Álvarez Sandi de los cargos formulados en su contra. Como pretensión subsidiaria, se solicita se declare la nulidad de la sentencia impugnada.

FUNDAMENTOS: 5.

La defensa técnica del imputado, sostiene que el a quo ha realizado una inde- bida valoración de los medios probatorios actuados en primera instancia.

6.

En el transcurso de la audiencia de apelación, propuso tres supuestos defectos en los que incurre la sentencia impugnada, argumentando: a)

352

Aplicación mecánica de la parte in fine del artículo 173 del Código Penal. Que si bien es cierto, existe un vinculo familiar innegable, el sentenciado únicamente ha tenido una convivencia durante los meses de agosto, setiembre y octubre del año 2010, antes de esto nunca hubo mayor acercamiento; y esto implica necesariamente, que no existía una relación familiar constante y cercana, que genere un vinculo de con- fianza. Que el tiempo de convivencia es importante porque no todas las relaciones familiares poseen el vínculo de confianza; y la fiscalía no ha acreditado este punto en el juicio oral. Que la menor no ha podido pre- cisar en qué momento se realizaron los actos materia del proceso, no pudiéndose determinar si fue en la primera semana o primer día de la convivencia por lo que no se puede acreditar si a ese entonces la menor habría depositado su confianza en el procesado. A pesar de esto, en la página 10 de la sentencia recurrida, se expresa que GRUPO EDITORIAL Lex &

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se ha acreditado la

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relación abuelo nieta, con lo cual se da por satisfecho el extremo del tipo penal que exige la concurrencia del vínculo familiar que impulsa a la menor a depositar su confianza. b)

Ánimo lúbrico respecto a los hechos. El artículo 176 de Código Penal, requiere para su configuración un elemento subjetivo del tipo, en específico una tendencia interna trascendente, el ánimo lubrico. En este tipo de delitos la acción se aprecia como una expresión de la tendencia subjetiva del autor. Además, el informe psicológico emitido como pro- ducto de la entrevista al procesado, señala que este tendría rasgos de personalidad histriónica y es psicosexualmente inmaduro; sin embargo en la sentencia impugnada, el a quo expresa que tanto efectuada la pe- ricia psicológica por la perito psicóloga quien tanto en su informe como en su declaración, concluyó que el procesado es inmaduro psicosexual- mente y tiene inclinación a relacionarse con menores de edad, como lo es en el presente caso la agraviada, quedando clara la alta posibilidad de vinculación entre el abuelo por su inclinación a relacionarse con me- nores de edad. Esta parte de la sentencia, sostiene esta parte, afecta el principio de motivación, ya que el artículo 139.5 de la Constitución obliga a que los fundamentos de la sentencia tengan relación con los hechos y con las pruebas actuadas. La referida pericia, tampoco implica que se haya cumplido con el elemento subjetivo del tipo.

c)

Ha existido una deficiente defensa técnica. Que como se aprecia de los audios del juicio oral, el abogado de la defensa en primera instancia, ha tenido poca o nada participación en la declaración de los diversos ór- ganos de prueba. Que por cualquiera que fuere el motivo, no se realizó una correcta defensa técnica, afectando así el derecho de su patrocina- do.

PETICIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 7.

La representación del Ministerio Público resalta que la parte contraria ha introducido pretensiones, hechos y argumentos nuevos, diferentes a los expresados en el escrito de apelación; sin embargo, el Ministerio Público está en condiciones de contradecir estos nuevos argumentos. Esta parte formula la tesis de que la sentencia materia de apelación es correcta, tanto en sus elementos sustanciales como formales.

FUNDAMENTOS: 09. La fiscalía sostiene que la sentencia recurrida explica claramente la imputación de la menor, que el juzgador ha tenido en cuenta las pruebas actuadas durante el juzgamiento, que la imputación de la menor agraviada cumple con los requisitos previstos en el acuerdo plenario 02-2005/CJ-116, que esta de-

claración se encuentra respaldada por la pericia psicológica practicada a la menor ya que se aprecia el estado ansioso por la que atraviesa la menor al momento de relatar la experiencia traumática. Que no existe en la menor indicador de tendencia a la mentira. En cuanto al ánimo lascivo, y situación de confianza, estos se sustentan en el vínculo de familiaridad no negado por el imputado, que como se explica e la sentencia se ha comprobado la existencia del dolo y el vínculo familiar, satisfaciéndose así los requisitos exigidos por el tipo penal. ITINERARIO DEL PROCESO: 09. Instalada la audiencia de apelaciones de la presente causa, la defensa técnica del procesado César Oswaldo Álvarez Sandi, solicitó al colegiado se tome nueva declaración a la menor agraviada, se corrió traslado de tal pedido al representante del Ministerio Público, quien sostuvo la improcedente de la so- licitud del abogado defensor, a lo que la presente sala luego de la deliberación correspondiente decidió declarar improcedente el pedido de la defensa. 10.

Luego de expresados los alegatos de apertura de ambas partes, la defensa solicitó a la Sala sea tomada la declaración del sentenciado, lo que el presente colegiado estimó improcedente ya que los cuestionamientos a la resolución recurrida son de índole puramente jurídicos, ante esta decisión se planteó re- curso de reposición, por lo que este colegiado luego de la deliberación debida procedió a ratificar su decisión, sin embargo señaló que si es parte de la teoría de caso, y en atención al derecho del acusado a intervenir en cualquier estado del proceso, esta declaración podría ser actuada.

11.

La defensa técnica del sentenciado solicitó la oralización de la pericia psicoló- gica efectuado a este, a lo que el Ministerio Público no se opuso, sin embargo, el colegiado declara improcedente tal pedido ya que este medio probatorio ha sido introducido a través de un órgano de prueba y fue ampliamente discu- tida en su contenido en el juicio oral. Por lo que como efecto de la apelación formulada, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia recurrida.

III. CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 13. Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y sancionado en el Código Penal, específicamente en el artículo 176-A del Código Penal, el cual prescribe: “El que sin propósito de tener acceso carnal regu- lado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus par- tes íntimas o actos libidinosos contrarios al

pudor, será reprimido con las

siguientes penas privativas de la libertad: …(último párrafo) Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173(…),la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”. El agravante exigido por el artículo 176-A, es el previsto en la parte in fine del precepto normativo 173 del mismo cuerpo legal, cuya redacción es la siguiente: “Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, (…)”. 14. En doctrina nacional se entiende por actos contrarios al pudor a “…aquellos tocamientos y manipulaciones que realiza el agente o autor sobre el cuer- po de la víctima, así como aquellos tocamientos o actos libidinosos que se obliga efectuar a la victima sobre su propio cuerpo o sobre el cuerpo de un tercero, especialmente en sus genitales o zonas erógenas con la finalidad de satisfacer su propia lujuria, excitando el libido del sujeto pasivo y sin que el agente haya evidenciado su intención frustrada de practicar el acto sexual o análogo, siendo indiferente las circunstancias que el autor alcan- ce o no el orgasmo o la eyaculación”33. 15. En relación al agravante previsto en la parte in fine del artículo 173 del Código Penal, este colegiado superior debe precisar que se configura el agravante cuando el agente se encuentra premunido de la confianza de la victima o este “realiza actos tendientes a lograr la confianza de su victima, y aprove- chándose” de esta particular situación realiza el tipo penal, “(…) la confianza supone una relación personal entre dos sujetos. La relación existente en- tre ambos es la única circunstancia que puede generar una mutua lealtad o una recíproca confianza. En el caso del delito en hermenéutica, la rela- ción debe existir entre el agente y el menor de dieciocho años”34. 16. “El debido proceso penal puede entenderse como aquella garantía genéri- ca mediante la cual se data de rango constitucional a todas aquellas ga- rantías procesales especificas reconocidas o no expresamente en la cons- titución, que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso penal se configure como un proceso justo, en los términos que la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos lo diseñan”35. 17. A su vez, el Tribunal Constitucional refiriéndose al debido proceso ha establecido que: “…significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del

33 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho penal Parte Especial”. Tercera Edición 2008. Pág. 769. 34 Ibid, p. 572. 35 R.N Nº 1160-2006. SALA PENAL PERMANENTE. Lima. 18/04/2007.

proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la moti- vación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 21922002-HC/TC (F.J. N° 1), N° 2169-2002-HC/TC (F.J. N° 2) y N° 33922004-HC/TC (F.J. N° 6)”36. 18. El artículo 2 numeral 20 literal e) de la Constitución Política del Estado que establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; y que además se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. PREMISA FÁCTICA: 19. De la acusación formulada por el Ministerio Público se desprenden los hechos y circunstancias materia de la imputación, se tiene que en el domicilio del imputado, ubicado en la Mz. V3 Lote 4 de la Urb. San Andrés V Etapa, durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2010, cuando la menor tenía 10 años de edad, el procesado se acercó a la menor de iniciales G.C.A.C., la levantó del mueble arrinconándola contra la pared y la comenzó a besar en la boca, tocándole los senos y sus partes íntimas, a la vez que agarraba de la mano para que toque su miembro viril. Después le propuso que fueran a acos- tarse, lo que no fue aceptado por la menor, para luego de ello darle dinero. Que, según refiere la menor agraviada, estos hechos se habrían producido en reiteradas oportunidades. DECLARACIÓN DEL SENTENCIADO: 20. César Oswaldo Álvarez Sandi, al ser interrogado en la audiencia de apelación dijo: Que veía muy poco a su nieta, porque ella vivía en la Urb. Covicorti, que únicamente convivió por un tiempo con la menor y su madre, luego de que

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Sentencia recaída en el expediente Nº 8125-2005-PHC/TC FJ 6.

estas regresaran de Argentina; que su hijo vivía en constante pelea con ella, incluso les boto de la casa y es por eso que fueron a su casa a pedir un lugar donde quedarse; que su esposa era la que paraba constantemente con la menor, que antes de viviera en su casa la relación con la menor era muy lejana, no como con sus demás nietos, con los que si tiene una relación cercana; que cuando su hijo y la menor agraviada vivieron en Argentina nunca tuvo contacto con ellos; que nunca ha tenido problemas en su vida, que la madre de la menor vivía peleando con su hijo, ella juro venganza contra la familia; que sus dos hijas Cesia y Lorena vivían en su casa durante el tiempo en que la menor y su madre habitaban en su casa; que su esposa tiene diabetes emotiva, no tra- baja, no puede desplazarse así no más, por lo que estaba permanentemente en su casa, que durante el tiempo referido en la acusación una de sus hijas no tenía trabajo, por eso nunca salía de su casa. Al contra interrogatorio respon- dió: que ha vivido con la niña, que llegaron en agosto o setiembre 2010; que nunca ha tenido enemistad con la madre de la menor, pero sí le aconsejaba que se una a su esposo por los niños; con respecto a la amenaza, no lo dijo en la primera audiencia porque no se lo preguntaron. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA: 21. Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instan- cia”. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribunal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas senten- cias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los tes- tigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la es- tructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a

la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los cono- cimientos científicos. En consecuencia, el relato factico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radi- calmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contra- dictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia37. 22. Que, en los casos en que la sindicación de la víctima sea la única fuente de prueba de la vinculación del imputado con el delito, deberá aplicarse los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibi- lidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemis- tad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coinci- dente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme. Cuando falten los tres requisitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…”38; mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitablemente a una sentencia absolutoria por im- perativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 23. En ese sentido, partiendo precisamente de lo expuesto por el a quo: “pues constituyen la única prueba enfrentada a la tesis de la defensa, que pro- clama la inocencia del acusado, pues prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que seña- len su inveracidad” (fundamento 9.2 c), sobre el análisis de la declaración de la víctima en el sentido que conforme al acuerdo 2-2005/CJ-116 lo que se

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GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid 2004. pag. 275-276.

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Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el EXP. N° 1218-2007-PHC/TC.

compone con el acuerdo 1-2011/CJ-116, en el sentido que siendo “en los delitos contra la libertad o indemnidad sexual una prueba privilegiada precisamente por ser única debe resistir el control tanto lógico como material, tanto en el contradictorio oral como fundamentalmente en la sentencia. 24. Es precisamente en ese orden de ideas que este tribunal encuentra en el análisis del elemento de ausencia de incredibilidad subjetiva realizado por el a quo, en proporción inversa con la valla mas baja colocada por los acuerdos plenarios 02-2005/CJ-116 y 01-2011/CJ-116 en el sentido que “una persona puede ser condenada por la prueba única proveniente de la declaración de la agraviada”, es pues que para mantener incólume el principio de igualdad de las partes privilegio del proceso, informador ineludible del proceso penal por mandato de los Artículos I.3 y X del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal y por ende del contradictorio oral y fundamentalmente en la sentencia de tal suerte que en estos casos la motivación debe ser reforzada, dejando sin lugar a duda de cualquier lector y más una del propio condenado, que sepa cuáles son las razones por las que es sentenciado como agente titular del de- lito. 25. Es pues que no solo no encontramos esta motivación reforzada en atención a que la declaración de la víctima sea prueba privilegiada, sino que el a quo, expresa “a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relacio- nes acusador/ acusado que pudiera conducir a la deducción de la exis- tencia de un móvil, resentimiento, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; lo que no se ha evidenciado en el presente caso, dado que, como fluye de la declaración de la madre, de la agraviada y del acusado, vertidas durante el juicio oral, estos han referido que nunca han tenido problemas, por lo tanto no existe algún motivo fundado que haga presumir que se le está inventando cargos, como ha venido sosteniendo el abogado defensor durante todo el desarrollo del proceso”, dando por hecho que la inexistencia de la actividad probatoria de descargo genera por si sola (es decir la inacción procesal del condenado) la conclusión de ausencia de incredibilidad subjetiva. Esta conclusión no aparece tan clara, para este tribunal si la construcción probatorio no ha sido indiciaria sino de prueba directamente dejando, sin ningún fundamento, como hecho incontestable que no existe ausencia de incredibilidad subjetiva, pese a que por toda defensa el abogado del condenado ha insistido precisamente sin justificar como este dato se materializa, fundamente que sin desarrollarse, generar pues una ausencia de convicción sobre la inocencia o culpabilidad del condenado, sin que se justifique y reforzadamente la ausencia de incredibilidad subjetiva. Máxime si la defensa alega lo contrario porque incluso en inacción probatoria,

es obligación de la judicatura tener una certeza absoluta al respecto, de ser

necesario incluso actuando prueba de oficio como lo prescribe el artículo 385 del Código Procesal Penal, pero no puede actuarse para condenar dando por hecho este razonamiento con la sola actuación parcial de la agraviada y su madre, peor aún si el a quo ha acogido no apartarse de los acuerdos 02-2005/ CJ-116 y 01-2011/ CJ-116 que privilegian la prueba proveniente solo de la víc- tima, a lo que debe aunarse que el dicho del propio condenado como parte asimilada probatoria en concurso con la declaración de la menor tendría que venir justificada la ausencia de vulneración del derecho humano a la no incri- minación propia. 26. Pero aún si en este caso, se ha corroborado con una hipótesis de “alta probabilidad” como se aprecia de la resolución impugnada, específicamente en el numeral 9.1 tercer párrafo el a quo emplea como fundamento para fijar la responsabilidad del sentenciado: “es determinante la pericia efectuada al acusado, por la perito Andrea Runategui Chávez, quien en su informe pericial y durante su declaración concluyó que el señor Cesar Oswaldo Álvarez Sandi es inmaduro sexualmente y tiene inclinación a relacionarse sexualmente con menores de edad, como es en este caso su menor nieta de iniciales G.C.A.C., quedando claro la alta posibilidad de la vinculación del abuelo como autor de los hechos materia de imputación, debido a su inclinación a relacionarse con menores de edad”. Presentándose aquí un error en la justificación interna del razonamiento del a quo, ya que la premisa utilizada para llegar a la conclusión lógica, no es válida o verdadera, dado que revisado el audio y el protocolo de pericia psicológica N° 007340-2010-PSC realizado al imputado, se aprecia que la perito psicóloga llega únicamente a la conclusión de que el sujeto presenta rasgos de personalidad histriónica e inmadurez psicosexual, con tendencia a relacionarse con personas menores que él, y no como se expresa en la sentencia inclinación a relacionarse con menores de edad. 27. Los fundamentos anteriores nos llevan a la conclusión de afección seria a la debida motivación de las resoluciones judiciales del artículo 139.5 de la Constitución, garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del casodesarrollada por el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 2 del Exp. N° 1480-2006-AA/TC: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los pro- pios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin em- bargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales

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no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios”. 28. Que, conforme se ha desarrollado en considerandos anteriores, el proceso penal debe desarrollarse respetando las normas imperativas referidas al debido proceso y las garantías constitucionales previstas a favor del procesado. Siendo ello así, se tiene que toda resolución judicial debe contener una “adecuada conexión entre los hechos que sustentan la decisión (quaestio facti) y las normas jurídicas que la respaldan (quaestio iuris), en cuya virtud se delimita las razones que justifican el fallo adoptado en función a los hechos declarados probados y las normas invocadas para dar respaldo a las pretensiones y resistencias de las partes”.39 29. Siguiendo con la idea anterior, y como se mencionó en la premisa jurídica de la presente resolución, la circunstancia agravante por la cual se sanciona al procesado, exige por su redacción, que el agente activo del delito defraude la confianza que el sujeto pasivo ha depositado en el como causa de su vínculo familiar. Es decir, el agente aprovechando la firme confianza o buena fe que le tiene el menor, realiza la acción típica; circunstancia o hecho que no ha sido debatido en juicio oral, ni analizada por a quo al momento de expedir la sentencia impugnada, limitándose este, a verificar el vínculo de familiaridad existente, conforme es de verse en el numeral 9.3 de la sentencia recurrida. 30. Tomando en consideración los fundamentos expresados en esta sentencia, a criterio de esta Sala Superior en el juicio oral existe material probatorio de cargo que debe ser discutido nuevamente en igualdad de armas, para que se haga posible un efectivo razonamiento conforme a las reglas previstas en el Código Procesal Penal, ya que la sustentación de la presente sentencia y la afectación del derecho de defensa descritos anteriormente, son hechos que el presente tribunal no puede pasar por alto; es por ello que éste Colegiado con afán de preservar el modelo acusatorio adversarial, así como el fin dikeló- gico40 del derecho, que es hacer realidad la justicia, es que entiende que ante una flagrante violación de las leyes de la lógica formal y del razonamiento jurí- dico, así como de las garantías previstas a favor del procesado; debe decretar no sólo la nulidad de la sentencia materia de impugnación sino del juicio oral del cual fue producto, ordenando que sea un nuevo juez quien sustancie tal acto procesal, respetando las normas referidas a una tutela procesal efectiva, para finalmente expedir nueva sentencia.R.N. N° 1322-2005 La Libertad

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Alude a la ciencia de la justicia, el hacer justicia al caso concreto.

31. Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que el recurso de apelación ha sido presentado por la defensa del sentenciado y que tal acto se ha realizado en ejercicio regular del derecho constitucional y procesal41 a la doble instancia, además de poseer razones fundadas para hacerlo, por lo que debe eximírseles del pago de costas. IV.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experien- cia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1)

DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia, resolución número tres, de fecha veintitrés de febrero del presente año, la misma que condena a Cesar Oswaldo Álvarez Sandi, como autor del delito Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en agravio de la menor de iniciales G.C.A.C., imponiéndole una sanción de diez años de Pena Privativa de Libertad Efectiva, y obligándolo al pago de una Reparación Civil ascendente a mil Nuevos Soles (S/. 1000.00).

2)

ANULAR el debate oral realizado en la presente causa.

3)

ORDENARON se realice un nuevo juicio oral, por otro juez llamado por ley.

4)

DISPUSIERON que se cursen los oficios correspondientes al establecimiento Penal “El Milagro”, para la inmediata puesta en libertad del procesado Cesar Oswaldo Alvarez Sandi para lo cual se ordena que se GIRE LA PAPELETA DE LIBERTAD, siempre y cuando no se encuentre con proceso pendiente u orden de captura o requisitoria vigente por mandato judicial.

5)

SIN COSTAS.

6)

NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.

Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas

41

Artículo 106 del Código Procesal Penal.

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7.

ACTOS CONTRARIOS AL PUDOR – NULA ABSOLVIENDO AL ACUSADO PROCESO PENAL PROCESADO RAFAEL DELITO EDAD AGRAVIADO PROCEDENCIA IMPUGNANTE MATERIA

: Nº 348-2008-14-1601-JR-PE-08. : JUAREZ ARRUNATEGUI, : ACTOS CONTRARIOS AL PUDOR EN MENOR DE : MENORES DE INICIALES B.K.L.C. C.E.C.L. Y C.F.L.A. : 8º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL : MINISTERIO PÚBLICO : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA Trujillo, Seis De Abril Del Año Dos Mil Once.VISTA Y OÍDA.- en audiencia de apelación de sentencia, por los señores ma- gistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presi- dente de la Sala y Director de Debates), Doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UN- CHON (Juez Superior Titular) y la Doctora NORMA BEATRIZ CARBAJAL CHA- VEZ (Juez Superior Titular), en la que interviene como apelante la representante del Ministerio Público señora Fiscal Lea Guayan Huaccha, así como el sentenciado Rafael Juárez Arrunátegui, asesorado por su abogado defensor Dr. Lucio Carlos Vásquez Rodríguez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

15.

Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha dieciséis de octubre del año dos mil ocho, obrante a fojas treinta y nueve, la cual por mayoría falla absolviendo al acusado en cárcel Rafael Juárez Arrunátegui de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra la Indemnidad Sexual en la modalidad de Actos contrarios al Pudor de menor de edad, en agravio de las menores de sexo femenino de iniciales C.F.L.A. y B.K.L.C., y menor de sexo masculino de iniciales C.E.C.L.. Asimismo, se dispo- ne que en el día se gire la papeleta de excarcelación.---------

16.

Que, la sentencia venida en grado ha sido apelada, a través del recurso de ape- lación que corre a fojas 81 a 84, interpuesto por la representante del Minis- terio Público, en cuanto al extremo de la absolución respecto de las menores de sexo femenino de iniciales C.F.L.A. y B.K.L.C, solicitando que la misma sea REVOCADA en los extremos apelados.------------------------------------

17.

Que, la representante del Ministerio Público manifiesta que las razones por las cuales se ha impuesto el recurso impugnatorio están referidas a que en

el juicio oral se ha realizado actividad probatoria que ha logrado acreditar la existencia del delito y desde luego la responsabilidad del imputado en los hechos que fueron materia de investigación, en tal sentido la señora Fiscal que ha interpuesto el recurso impugnatorio considera que no se han valorado dichos medios probatorios por lo que se ha incurrido en las causales de nulidad contenidas en el artículo 150º del Código Procesal Penal y también con desconocimiento de los artículos 158º inciso 1) y el artículo 393º incisos 1)y 2) del Código Procesal Penal, que exigen que el juzgador debe hacer una valoración individual y luego conjunta de todos los elementos probatorios que se hubieren incorporado y desarrollado en el juicio oral que es la parte estelar del proceso; así como también se ha vulnerado el principio de motivación de resoluciones judiciales contenido en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado y por ende el debido proceso. Siendo así la fiscalía considera que en el presente caso lo que debe operar es la Nulidad de la sentencia materia de impugnación.-----------------------------------------------------18.

Que, por su parte la defensa del sentenciado considera que dicha sentencia si esta arreglada a ley, que ha sido efectuada valorando todos los medios proba- torios actuados en el juzgamiento, y en ese sentido considera que la sentencia si cumple con todos los estándares mínimos para que sea confirmada dado que se ha valorado en forma conjunta los medios probatorios, con los cuales no ha sido posible menoscabar la presunción de inocencia de la cual el senten- ciado gozó durante todo el proceso. En ese sentido solicita que se CONFIRME la sentencia venida en grado.-----------------

19.

Que, como efecto de la impugnación planteada, esta Sala Penal de Apelaciones asume competencia para efectuar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para emitir la sentencia absolutoria recurrida, y en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera:

II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISAS NORMATIVAS 20.

El hecho ilícito objeto del presente proceso se subsumen en la descripción tí- pica contenida en abstracto en el artículo 176-A inciso 1) del Código Penal que prescribe: “El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el ar- tículo 170º, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a este a efec- tuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 1) Si la victima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años…”----------------

21.

En Doctrina se entiende por actos contrarios al pudor, “…aquellos tocamien- tos y manipulaciones que realiza el agente o autor sobre el

cuerpo de la

víctima, así como aquellos tocamientos o actos libidinosos que se obliga efectuar a la víctima sobre su propio cuerpo o sobre el cuerpo de un terce- ro, especialmente en sus genitales o zonas erógenas con la finalidad de sa- tisfacer su propia lujuria, excitando el libido del sujeto pasivo y sin que el agente haya evidenciado su intención frustrada de practicar el acto sexual o análogo, siendo indiferente las circunstancias que el autor alcance o no el orgasmo o la eyaculación”.42----------------------------------------------------------------22.

En el delito de actos contra el pudor, la Jurisprudencia señala que: “…el bien jurídico protegido es la libertad sexual de un hombre o de una mujer, en- tendiéndose dicha figura delictiva como todo tocamiento lubrico somático que realiza el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual”.43---------------------------------------------------

23.

“El debido proceso penal puede entenderse como aquella garantía genérica mediante la cual se data de rango constitucional a todas aquellas garantías procesales especificas reconocidas o no expresamente en la constitución, que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso penal se configure como un proceso justo, en los términos que la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos lo diseñan”.44----------------------------------------

24.

“Toda resolución judicial debe contener una adecuada conexión entre los hechos que sustentan la decisión (quaestio facti) y las normas jurídicas que la respaldan(quaestio iuris), en cuya virtud se delimita las razones que justifican el fallo adoptado en función a los hechos declarados probados y las normas invocadas para dar respaldo a las pretensiones y resistencias de las partes”.45--------------------------------------------------------------------------------------

2.2. PREMISAS FÁCTICAS 25.

Que, en instancia de juicio de apelación se dio cuenta de que no se han presentado, ni han sido admitidos nuevos medios de prueba.----------------------

26.

Que, en audiencia de apelación de sentencia, la representante del Ministerio Publico sostuvo que los hechos en el presente caso estuvieron referidos a que el día 18 de enero del 2008 siendo las 14:40 horas aproximadamente,

42

SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho penal Parte Especial”. Tercera Edición 2008. Pág. 769.

43

Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para procesos Sumarios con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima del 18/05/1998. Exp. Nº 8145-97. “Jurisprudencia Penal Comentada”. Lima-Gaceta Jurídica, 1999, p.241

44

R.N Nº 1160-2006. SALA PENAL PERMANENTE. Lima. 18/04/2007.

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QUEJA Nº 1545-2006. SALA PENAL TRANSITORIA. Tacna. 20/03/2007

el imputado se dirigía por la calle San Isidro de la urbanización El Paraíso de la localidad de Moche, llevando consigo sillas de bebe, según el explica para ser entregadas a una persona que le había solicitado, sucediendo que al pasar por esta calle frente a una bodega se encontraban tres menores jugando; estos menores son el menor de sexo masculino de iniciales C.E.C.L. de 5 años, la menor de sexo femenino de iniciales B.K.L.C. de 5 años y la otra menor de iniciales C.F.L.A., de 4 años, estos menores ante el ofrecimiento que hace el imputado al menor de sexo masculino de darle una propina si es que lo acompañaba, este menor es cogido de la mano por el imputado, así como también la menor de iniciales C.F.L.A. y son llevados a una distancia de 100 metros aproximadamente del lugar donde se encontraban, hacia un ambiente de construcción rustica con esteras donde son ingresados y donde el imputado procede a efectuar tocamientos en la vagina de la menor agraviada.----------------------------------------------------------------------------------------27.

Que, , luego de revisar los actuados así como la sentencia que es materia de impugnación, considera que se ha incurrido en causales de nulidad al haberse vulnerado el debido proceso y también el principio de motivación de resoluciones judiciales contenidos en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado, y ello en razón a que en el desarrollo de la sentencia se puede apreciar que en el considerando tercero es el único considerando donde aparentemente se desarrolla la valoración que habría hecho el colegiado de toda la actividad probatoria realizada en el juicio oral; este considerando señala que no se ha llegado a determinar de manera fehaciente en qué lugar y en qué momento se habría producido el acto de tocamiento que refiere la menor quien por lo demás, en el acto de su declaración se ha presentado como una niña muy vivaz, despierta y que no aparenta tener afectación psicológica alguna pues se desenvuelve normalmente, por ello dicha declaración no causa certeza probatoria, ni convicción en el colegiado por haberse generado dudas respecto a en que momento se habría producido el tocamiento, ni tampoco se ha producido carga probatoria que conduzca al colegiado concluir por una condena volitiva, típica y culpable del acusado.----------------------------------------------------

28.

Que, el considerando tercero es el argumento del que se vale el colegiado en primera instancia para absolver al imputado, sin embargo como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 728-2008, caso Juliana Llamoja Aguilar, en el punto número seis señala: “respecto a la debida motivación de las resoluciones que importa que los jueces al resolver la causa expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión, esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.--------------------------------------------------

29.

Que, en el caso de autos el juzgador únicamente se refiere a la declaración de la menor agraviada y la referencia es de manera parcializada, tangencial puesto que en este caso, en el juicio oral no solo se ha recibido la declaración de la menor agraviada, también el imputado prestó su declaración y si se revisan ambas declaraciones, existe concordancia entre lo que dice la menor agraviada y lo manifestado por el imputado. Asimismo si revisamos el audio del juicio oral se advierte que también se ha recibido a los peritos que hicieron la revisión psicológica, tanto a la menor agraviada como al imputado; es más el imputado también fue sometido a una pericia psiquiátrica.---------------------La perito psicóloga que examinó a la agraviada refiere que la menor presenta trastornos de las emociones asociados a experiencia extresora de tipo sexual en remisión total. Es clarísima la conclusión a la que llega la perito psicóloga de que la menor de edad por el soporte familiar que tiene, está recuperándose notablemente del trauma que sufrió a consecuencia de los hechos; con respec- to al imputado el perito psicólogo señala, que presenta una personalidad de rasgos pasivos, agresivos que tiene escaso control de sus impulsos y conflicto en el área psicosexual. Igualmente la pericia psiquiátrica que se le practicó al imputado refiere que también presenta una personalidad pasivo-agresiva y con inteligencia clínicamente normal.------------------------------

30.

Que, tampoco se ha tomado en cuenta lo señalado por el acuerdo plenario Nº 2-2005 que señala en el caso de la declaración de los testigos o de las victimas debe tenerse en cuenta la ausencia de incredibilidad subjetiva, la ve- rosimilitud y la persistencia en la incriminación. Existe persistencia, coheren- cia y solidez en la declaración de la agraviada, no hay motivos por los cuales ella haya declarado contra el imputado por alguna otra razón que no sea la realidad de los hechos, que no sea la verdad de lo que realmente le aconteció.------------------------------------------------------------------------------------------

31.

Que, la Fiscal refiere que estos elementos no aparecen ni valorados individualmente, ni valorados en forma conjunta en la sentencia y únicamente el juzgador se ha guiado por su criterio de que la menor como es vivaz no crea certeza en el colegiado de que hayan ocurrido los hechos, entonces habría que preguntarnos porque una menor que ya se encontraba en tratamiento puede expresar el hecho del que fue objeto es que no se puede creer en su versión, ¿hay alguna regla de la lógica que nos indique eso?. Esto implica pues que en el presente caso no se ha tomado en cuenta el artículo 158º numeral 1 del C.P.P., así como el artículo 393º incisos 1) y 2) del C.P.P., que si bien permiten la libre valoración de la prueba, esta valoración de la prueba también tiene sus límites en la lógica, en el razonamiento y en las

experiencia, no se ha cum- plido con ello y de manera muy apresurada se ha dispuesto la absolución de esta persona quien ha cometido un hecho grave que el Estado está obligado

a sancionar, teniendo en cuenta que se trata de menores en desarrollo y que son parte valiosa de nuestra sociedad. Siendo así, en el presente caso estando a lo expuesto, se puede verificar claramente la vulneración al principio de motivación de las resoluciones judiciales y por ende al debido proceso, por lo que la fiscalía considera que esta sentencia impugnada debe ser declarada NULA.---------------------------------------------------32.

Que, a su turno el abogado defensor del imputado, señala que no se debe tomar en cuenta lo señalado por el acuerdo plenario Nº 2-2005, debido a que en el presente caso no es aplicable, pues la defensa considera que no se ha cumplido con uno de los requisitos señalados en dicho Acuerdo, como lo es la persistencia en la incriminación por parte de los menores agraviados, esto debido a que solo una de las menores agraviadas intervino en el juicio oral.----

33.

Que, la representante del Ministerio Público enarbola las pericias efectuadas a la menor agraviada y al imputado, que si bien es cierto son efectuadas por profesionales psicólogos y psiquiatras, eventualmente hay que tener en cuen- ta que estas pericias son efectuadas por personal del Ministerio Publico. Sin embargo, traemos a colación la pericia psicológica efectuada a la menor, pues posee ciertas peculiaridades y una de ellas es que al momento de analizar e interpretar sus resultados el perito psicólogo señala que esta menor es extro- vertida, comunicativa, abierta, espontánea y se encuentra demandante ante la satisfacción de sus necesidades. Si nosotros tenemos en cuenta nuestros conocimientos sobre cuáles son los signos de un menor agredido sexualmente son todo lo contrario, un menor se muestra poco comunicativo, se encuentra estresado, baja en sus calificaciones, que afectan su participación en su vida diaria.--------------------------------------------------------------------------------

34.

Que, por todas las razones expuestas, la defensa del imputado considera que lo que corresponde es que se CONFIRME la sentencia recaída en el presente proceso penal, en el extremo de la absolución, por considerar que se encuentra arreglada a ley.---------------------------------------------------------------------

35.

Considerando que la impugnación de la sentencia se sustenta en un cuestionamiento de la valoración de puro derecho que han realizado los jueces del colegiado en Primera Instancia y teniendo en cuenta la inasistencia del impu- tado, la Sala consideró innecesario su interrogatorio.----------------------

2.3.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.36.

Resulta pertinente y necesario señalar que quien interpone el presente recurso impugnatorio es la representante del Ministerio Publico, conforme es de verse del recurso obrante a folios novecientos cuarenta y siguientes del cuaderno de debates, así como de la sustentación oral del mismo, realizado

en la audiencia de apelación de sentencia convocada por esta Sala Superior.-------

37.

Tratándose la presente apelación de una falta de valoración de los medios probatorio, así como de la ausencia de una debida motivación de la sentencia y por tanto una vulneración al debido proceso; corresponde a este Colegiado analizar los aspectos formales y sustanciales de la resolución recurrida a fin de determinar si la misma a sido expedida conforme a los criterios comunes de validez de las Resoluciones Judiciales, esto es de la justificación interna, y externa, y no adolece de ningún defecto o error. Del análisis de la recurrida el Colegiado advierte que existe un error in cogitando46, plasmado en lo siguiente: a.- Falta de valoración de los hechos, materia del Thema Probandum, y así como de los medios probatorios ofrecidos y actuados en el juicio oral, que son los únicos que el Juzgador valora, porque allí, en el juicio oral, es donde se produce la auténtica prueba, que servirá para condenar o absolver, según sea el caso. b.- Incongruencia entre los hechos, los medios probatorios actuados, los fundamentos considerativos de la recurrida, y su Resolución.----------------

38.

A criterio de esta Sala, se ha producido dicho error puesto que, se ha violado las reglas de razonabilidad y justificación en la sentencia emitida por el A quo, es decir existe una falta de motivación de la misma y lo cual se observa en: 24.1 Que, no han sido merituados los exámenes periciales practicados tanto a la menor de iniciales C.F.L.A., como al propio imputado; con los cuales se acredita el evento traumático del que fue víctima dicha menor, pues presenta trastorno de las emociones asociado a experiencia estresora de tipo sexual, así como también la personalidad pasivo-agresiva del imputado, escaso control de impulsos y los trastornos que padece en el área psicosexual que lo hace proclive a perpetrar agresiones de tipo sexual. 2.4.2 Tampoco han sido valoradas las documentales consistentes en tres Cer- tificados Medico Legales, que fueron practicados a los menores agra- viados, con los cuales se corrobora la agresión sexual de la que fueron víctimas. 2.4.3 Asimismo, no se ha tenido en cuenta el Acta de Denuncia en la cual se detalla el motivo y la descripción de los hechos, la cual fue sentada el

46

“[...] radica en definitiva en el examen de las reglas del pensar, o sea, si el razonamiento que efectúan los jueces inferiores es correcto formalmente desde el punto de vista lógico [...] Estos defectos formales no están precisamente referenciados a las formas exigidas en el procedimiento, sino a las formas esenciales de las reglas lógicas del pensamiento”

mismo día en que supuestamente se perpetró la agresión sexual a los menores. 2.4.4 Que, no se ha valorado la visualización del video obrante a fojas 28 en donde se constata el lugar donde se habrían producido los hechos materia de acusación 2.4.5 Igualmente no se ha tomado en consideración y menos valorado las testimoniales de las madres de los menores, en las que afirman que en- contraron a su menores hijos en el interior de la casa donde se habría perpetrado el ilícito penal, en compañía del imputado, y que la menor de iniciales C.F.L.A. manifestó a su madre que el imputado le había tocado sus partes íntimas; hecho que es corroborado por las tres en sus respectivas declaraciones.----------------------------------------------------------------39.

A criterio de esta Sala Superior en el juicio oral se ha producido y recopilado prueba suficiente para que el juzgador razone conforme a los elementos constitutivos del delito de actos contrarios al pudor en menor de edad, denunciados; sin embargo, en la sustentación de la sentencia absolutoria el A quo, ha omitido la valoración de testimoniales, documentales y actos de prueba realizados, que resultan sumamente importantes para la valoración conjunta y razonada de los hechos materia de debate, a la luz de los tipos penales. Es por ello, que éste Colegiado, entiende que con afán de preservar el modelo acusatorio adversarial, así como el fin dikelógico 47 del derecho, que es hacer realidad la justicia, es que entiende que ante una flagrante violación de las leyes de la lógica formal y del razonamiento jurídico, debe decretar la nulidad de la sentencia materia de impugnación.-----

40.

Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien la representante del Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, tal acto lo ha realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional y procesal 48 a la doble instancia y ha tenido razones fundadas para ello, por lo que debe eximírsele del pago de costas.-----------------------------

III.- PARTE RESOLUTIVA Que por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas antes señalada, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO:

47

Alude a la ciencia de la justicia, el hacer justicia al caso concreto.

48

Art. 106 Código Procesal Penal

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1)

NULA la sentencia de fecha dieciséis de octubre del dos mil ocho, en el extremo en el cual, por mayoría falla ABSOLVIENDO al acusado en cárcel Rafael Juárez Arrunátegui de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra la Indemnidad Sexual en la modalidad de Actos contrarios al Pudor en menor de edad, en agravio de la menor de sexo femenino de iniciales B.K.L.C., y el menor de sexo masculino de iniciales C.E.C.L.-

2)

DISPUSIERON que Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución, se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen, para los fines de Ley. Actuó como Juez Superior Ponente, el Dr. José Ricardo Cabrejo Ville- gas.-

8.

ACTOS CONTRA EL PUDOR – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL Nº : 01173-2009-33-1601-JR-PE-05 ASISTENTE JURISDICIONAL : LUCIO ZAVALETA MENDOZA AGRAVIADA : MENOR R.P.F.O.S IMPUTADO : LEIVA SULLON, EDUARDO DELITO : ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VICTIMA, 7 AÑOS). MINISTERIO PÚBLICO : DRA. ELENA DEL CARMEN JARA CASTAÑEDA FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL II FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO IMPUGNANTE : MINISTERIO PÚBLICO Y AGRAVIADA ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ Trujillo, Cuatro de Junio De Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRI- NA MIÑANO (Juez Superior Titular), en la que intervienen como parte apelante, el Ministerio Público a través de su representante y la agraviada, quienes han in- terpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, resolución número cinco de fecha dos de febrero de dos mil diez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recur- so de apelación interpuesto por, el Ministerio Público y la parte agraviada contra la sentencia absolutoria, resolución número cinco de fecha dos de fe- brero de dos mil diez, obrante en las páginas setenta y cuatro a ochenta; la misma que, absuelve al imputado de la acusación fiscal como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, en agravio de la menor de iniciales R. P. F. O. S.

2.

Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1.- El Ministerio Público, a través de su representante, con fecha dos de febrero de del presente año, interpone recurso de apelación según consta

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en acta de registro de audiencia de lectura de sentencia, obrante en la página setenta y tres, apelación que fue fundamentada con posterioridad a su interposición como consta en autos, a fojas ochenta y ocho, so- licitando la nulidad de la sentencia absolutoria expedida por el Juzgado Colegiado, por cuanto el A quo ha arribado a conclusiones erradas, ha valorado indebidamente los medios probatorios que se han actuado en juicio, lo cual pues afecta al derecho a la debida motivación, realizando un motivación aparente, no habiendo valorando los medios probatorios en forma conjunta. 2.7

Señala que, en juicio oral se han actuado tanto la prueba documental como la prueba testimonial pertinentes, existiendo incluso un careo en- tre la madre de la menor agraviada y el imputado, por lo cual considera que el Juzgado Colegiado ha realizado una errada conclusión de los medios probatorios actuados. No puede concluir que el sentenciado no pernoctaba en el lugar, sólo llega a esta conclusión con una parte de la declaración del imputado y no ha tenido en cuenta el contra interroga- torio, en el que si acepta, asimismo, la madre de la menor agraviada ha declarado que los sábados si pernoctaba y en vacaciones todos los días. De igual forma, el procesado ha admitido que la menor si ingresaba a su dormitorio. En la sentencia se dice que la madre ha manifestado que “nunca ha descuidado a su hija” y que la menor habla despacio, por ello no se ha actuado con arreglo a la sana crítica y las reglas de lógica, pues tratándose de un niña víctima está afectada. En la sentencia no se ha hecho pronunciamiento sobre las pericias psicológicas.

2.8

A su turno, la defensa de la agraviada, en su recurso de apelación, ha manifestado que no se ha aplicado en Acuerdo Plenario 02/05, y que existen elementos probatorios para que se revoque la sentencia apelada, pues la menor mantiene su imputación sin animadversión al procesado y que la relación sentimental que se atribuye a su madre con el imputado recién se ha introducido en el juicio oral. Asimismo, la niña tiene consecuencias psicológicas con reacción depresiva; existe verosimilitud, pues el acusado vivía en el inmueble; la persistencia de la incriminación también se cumple. También la pericia psicológica del sentenciado indica que tiene dificultad en el control de sus impulsos y disfunción de orden sexual.

2.9

La defensa técnica del procesado solicita que se confirme la sentencia apelada por no existir pruebas de cargo. Analizando el Acuerdo Plenario, antes mencionado, menciona respecto a la temporalidad de la denuncia, habiéndose enterado la madre el veintiuno de enero de dos mil nueve, celebró el cumpleaños de su hijo al día siguiente y recién de- nunció el día veintisiete. Fundamenta que la madre ha manipulado a la

agraviada debido a la relación extramatrimonial que ha sostenido con el sentenciado, y que inclusive en el juicio se sonrojó y desencajó cuando se le imputó la relación impropia. De igual forma no existe verosimilitud respecto de los hechos, porque en el inmueble viven de quince a diecio- cho personas, por lo que existe una duda razonable. Existen contradic- ciones en las declaraciones de la madre pues manifiesta que los hechos se produjeron sobre la ropa de la víctima y ésta refiere que fue sobre su vagina, por ello las declaraciones de la menor aunadas a que recibe un medicamento para evitar las convulsiones, resultan distorsionadas; y, finalmente que no existe persistencia en la incriminación, invocando el Principio in dubio pro reo. 3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron ni se actuaron medios de prueba. III. CONSIDERANDOS: 3.1. PREMISA NORMATIVA: A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia absolutoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, contenido en el artículo 176°-A del Código Penal, el cual prescribe que: “El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, comete un acto contrario al pudor en una persona menor de catorce años, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 1.

Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años.

2.

Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años.

3.

Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cuatro ni mayor de seis años. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del Artículo 173 o el acto tiene un carácter particular-

mente degradante o produce un grave daño en la salud, física o mental

de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”. En el delito de actos contrarios al pudor, el bien jurídico protegido es la liber- tad sexual de un hombre o de una mujer, entendiéndose dicha figura delictiva como todo tocamiento lúbrico somático que realiza el sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual.49 3.2. Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, resolución número cinco de fecha dos de febrero del año dos mil diez, obrante en las páginas se- tenta y cuatro a ochenta; la misma que absuelve a EDUARDO LEIVA SULLON como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, en agra- vio de la menor de iniciales R.P.F.O.S. 3.3. Los hechos que son materia de acusación descritos por el Ministerio Público consisten en que durante el año dos mil ocho, la menor agraviada vivía en el domicilio ubicado en la calle Chávez Aguilar número quinientos dieciséis de la Urbanización Primavera, conjuntamente con sus padres, lugar donde también vivía el procesado con su familia, y aprovechando las oportunidades en las que la menor agraviada había ingresado a su dormitorio a efectos de jugar con el karaoke que había en dicho lugar, el ahora sentenciado habría besado a la menor en la boca, realizándole además tocamientos indebidos, poniéndole el pene en su vagina y en sus nalgas, hecho que se había repetido en diversas oportunidades hasta que en el mes de Enero le comunicó a su madre, proce- diendo a hacer la denuncia. 3.4. Respecto de la tesis nulidificante del Ministerio Público, al efectuarse el examen de la sentencia venida en grado, se advierte que la misma ha sido dictada haciendo una valoración conjunta de las declaraciones del procesado Eduardo Leiva Sullón, de la menor agraviada de iniciales R.P.F.O.S., de la testigo Arase- lis Martina Solano Ortiz, madre de la menor agraviada, el careo entre ésta úl- tima y el procesado, las testimoniales de los Policías Julio Américo Nanay Ba- rrera y Rolando Cruz Montoya, conforme se advierte del Considerando siete , efectuando juicios de ausencia de la cuestión criminal, lo que le ha permitido arribar a la absolución. En relación a lo mencionado, respecto de la valoración de la prueba testimonial, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado

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EJECUTORIA SUPERIOR DE LA SALA PENAL DE APELACIONES PARA PROCESOS SUMARIOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 18 DE MAYO DE 1998, EXP. N° 8145-97.

por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que for- man parte del proceso, se ha llegado a determinar la falta de responsabilidad del procesado, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas. Y respecto de la ausencia de valoración de las Pe- ricias Psicológicas, no resulta tampoco correcta tal afirmación puesto que el en item 7.4.f. de la sentencia se ha considerado que no es determinante para fundamentar una sentencia condenatoria. 3.5. En este orden de ideas este Colegiado Superior considera que la sentencia ve- nida en grado se ha dictado cumpliendo con los requisitos de los artículos 394 y 398 del Código Procesal Penal, por tanto, no se han configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 150 literal d) del mencionado Código. 3.6. En efecto devolutivo de la solicitud de revocatoria de la parte agraviada, la descripción de la prueba actuada en juicio oral, tiene como mérito, que el Juzgado Colegiado si ha tenido en cuenta los presupuestos previstos en el Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116 numeral diez“50, desvirtuando las ga-

50 Tratándose de las declaraciones de los coimputados y testigos, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico “testis unus testis nullus”, para ser consi- derada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a)

Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.

b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c)

Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior. (…)”.Guerrero López , Iván Salomón, en Common Law en el Perú?. Ju- risprudencia Penal Vinculante- Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116.pp 261.

rantías de certeza de las declaraciones efectuadas en el juicio oral. Es en este sentido, que éste colegiado advierte para sustentar el juicio de absolución se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas que han sido materia de un debate contradictorio por parte del representante del Ministerio Público y la defensa del procesado, así como que en virtud del principio de inmediación, el colegiado ha podido observar de manera objetiva las declaraciones tanto del imputado como la de la agraviada, realizando el análisis del caso concreto en su contexto valorativo que fundan la sentencia apelada. 3.7. Para fundamentar un juicio de absolución se requiere que no se haya desvirtuado la presunción de inocencia51, recogido en el literal e) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad” y además sobre el “in dubio pro reo” a que se contrae el numeral 11 del artículo 139 de nuestra Constitución Política, cabe precisar que según la abundante doctrina, estas categorías jurídicas están íntima y directamente vinculadas a la actividad pro- batoria, pues no se puede hablar de una de ellas si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; es en ese sen- tido, que éste colegiado advierte para sustentar el juicio de absolución se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas que han sido materia de un debate contradictorio por parte del re- presentante del Ministerio Público y la defensa del procesado, así como que en virtud del principio de inmediación, el Juez ha podido observar de manera objetiva la declaraciones, cuya valoración la realiza en el Considerando Siete denominado “Subsunción del hecho a la Norma”, habiendo el Colegiado de primera instancia, motivado su decisión en forma consistente y razonada, por tal razón, se determina que la sentencia venida en grado se ha sustentando en

51 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones ju- diciales, motivo por el cual se decide la confirmatoria de la resolución apelada. 3.8. Es indudable que para revertir la condición inicial de inocente que tiene todo procesado y dictar sentencia condenatoria, es necesario que las pruebas sean contundentes, claras como la luz del día, lo que no acontece en el presente caso, donde existen versiones contradictorias de la menor agraviada y de su madre, dejando en duda las afirmaciones de la menor agraviada. 3.9. De lo expuesto, se advierte claramente que existe duda, de ahí, que en aplicación del principio universal de indubio pro reo recogido en el numeral once del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado y el principio de presunción de inocencia recogido en el literal e) del numeral vein- ticuatro del artículo dos de la Constitución Política, referente a los derechos de la persona y el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal vigente, resulta la confirmatoria de la sentencia apelada. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 3)

CONFIRMAR la sentencia absolutoria, expedida mediante resolución número cinco de dos de febrero de dos mil diez, obrante en las páginas setenta y cua- tro a ochenta; la misma que, absuelve a EDUARDO LEIVA SULLON del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, en agravio de R.P.F.O.S., con lo demás que contiene.

5)

NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.

Actuó como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, Señora Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.

9.

APROPIACION ILICITA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE IMPUTADO VERDE DELITO AGRAVIADO APELANTE ASUNTO

: 01628-2010-13-1601-JR-PE-04 : UBALDO DUMAN GUTIÉRREZ : APROPIACIÓN ILICITA : AGROPERU S.A. : AGRAVIADA : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, Veintinueve De Setiembre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - - - - - ---I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Viene en apelación la sentencia que absuelve a Ubaldo Duman Gutiérrez Ver- de como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad, de apropiación ilícita en agravio de la empresa Importadora AGROPERU S.A.---------------------------1.2. Que, el abogado del la parte agraviada ha interpuesto el recurso de apelación, solicitando se declara nula la sentencia, por cuanto se han vulnerado garantías constitucionales y normas procesales por considerar que el hecho si constituye el delito de apropiación ilícita y en todo caso para motivar una desvinculación en mérito a las facultades previstas en el artículo 374 del CPP que el Juez ha obviado y no ha tomado en consideración. - - - - - - - - - - --------------1.3. Que, por su parte el abogado del imputado, solicita que se confirme la senten- cia venida en grado, por considerar que ha sido expedida conforme a ley.- - -------------------------------------1.4. Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - ---------------------------

II.- CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1

Que, el Artículo 190 prescribe que “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.”

2.2

Que existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente por un titulo que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya el valor incorporado a él, esto es, el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión; a lo que se agrega el hecho que el ilícito materia de imputación es eminentemente doloso; por lo que el agente debe conocer y querer la apropia- ción, requiriéndose, además, un elemento subjetivo del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o provecho. 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------

2.3

El autor nacional Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre ha precisado que quien no tenía la obligación de devolver el bien, nunca, podrá ser autor de Apropiación Ilícita (…) Cuando el Gerente usa en provecho propio o en beneficio de tercero, el patrimonio de la persona jurídica, constituye una modalidad típica de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas. 53 - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------

FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación Que, en la sentencia apelada se ha precisado que los hechos materia de la acusación consisten en que el 23 de octubre de 2008, el acusado ingresó al local de la empresa importadora AGROPERU S.A., ubicado en las localidades de Virú y Chao y sustrajo toda la mercadería que allí se encontraba así como el dinero producto de la venta de los bienes. Que el mismo acusado reconoce que había ingresado a la empresa y que retiró los productos que ahí se encontraban, valorizados en S/ 36,516.00 y S/20.664.00, con el fin de resguardar su patrimonio en el 51% de las

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R.N. N° 573-2004. Corte Suprema de Justicia de la Republica. Primera Sala Penal Transitoria.

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Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág 286. GRUPO EDITORIAL Lex &

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acciones de la empresa agraviada, ya que su socio se había apoderado de $ 1 000 000 y que si devolvía el dinero corría el riesgo de que su socio lo desaparezca. Que el acusado valiéndose de su cargo como gerente de la empresa agraviada se apoderó de dichos bienes pese a habérsele cursado cartas notariales, pero este no devolvió, por lo que el acusado ha actuado con el animus de incrementar a su patrimonio una suma dineraria perteneciente a la empresa. - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------De los fundamentos de la apelada2.4

En la sentencia apelada, se precisa que el propio acusado ha aceptado haber retirado los productos mencionados de las tiendas de Virú y Chao; hecho que se corrobora con las declaraciones de Marco Antonio Rodríguez Pando, Ruperto Gutiérrez, Roger Eduardo Verde Zavaleta, y Gregorio Hermógenes Reyes Romero. El acusado asumió por mandato judicial la calidad de Gerente General de la Empresa Importadora AGROPERU S.A. y en tal condición proce- de al retiro de la mercadería, por lo que es evidente que se trata de un asunto de carácter netamente societario, que tiene que resolverse por las normas que contiene el régimen de administración de una sociedad. No existe en autos prueba alguna que acredita la entrega al acusado de los bienes que es indica que se ha apoderado o sustraído; asimismo no aparece como prueba docu- mental la carta notarial que acredite que se haya efectuado el requerimiento de devolución. Así como en esta clase de delitos resuelta indispensable una pericia contable para determinar o establecer el monto de lo apropiado, peri- cia que no se ha practicado; por lo que no se dan los presupuesto de los ele- mentos de tipo objetivo del delito de apropiación ilícita. - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.5

Delimitación de la pretensión del impugnante. Que el abogado de la parte agraviada en su alegato ante esta instancia ha so- licitado que se declare nula la sentencia por cuanto ha habido vulneración de garantías constitucionales y normas procesales, indicando que en la conducta atribuida al acusado concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo de apropiación ilícita y en todo caso ha existido un desconocimiento de orden procesal por cuanto el artículo 374 del CPP establece que antes de iniciar los alegatos de clausura si el Juez advierte que se trata de otra conducta y no la que se sostiene en la tesis acusatoria, existe la posibilidad de que invoque a las partes sobre todo a la fiscalía, le permita la posibilidad de una recalifica- ción de la conducta a fin de no generar un estado de indefensión y un estado de impunidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

2.6

Análisis de la pretensión impugnatoria del sentenciado.

2.7

Que, en el delito de apropiación ilícita previsto en el artículo 190 del CP según el autor Nacional Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, el objeto materia

del

delito ingresa en forma lícita a la esfera de custodia del autor, y la calidad del injusto típico deviene a posteriori, cuando el sujeto activo se niega a devolver el bien, produciéndose en consecuentemente una apropiación ilegal; y citando al extinto autor Raúl Peña Cabrera, sostiene que la esencia de esos delitos se limitan a aquellos casos en los que se trasmiten la posesión a través y exclu- sivamente mediante un título que señala la forma y modo de devolver el bien recibido. 54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ---2.8

Que en la sentencia apelada se ha llegado a establecer que el día 23 de octubre del 2009 el acusado al haber recuperado la condición de gerente de la empre- sa agraviada, por mandato judicial, procedió a retirar mercadería de los loca- les ubicados en la localidad de Virú y Chao; hecho que ha sido admitido por el acusado; quien en su declaración prestada en juicio oral ha señalado que la mercadería lo retiro con cargadores en un camión y los ha vendido porque en su calidad de gerente tiene esa potestad; y el monto de la venta lo tiene a buen recaudo, para una futura liquidación de la empresa, por ser bienes de la empresa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

2.9

Que en el presente caso se advierte que la mercadería ha ingresado en forma lícita a la esfera de custodia del acusado, bajo el titulo de administración, al haber asumido la condición de gerente, conforme ha quedado probado, con el acta de toma de posesión de cargo actuada por el Juez de Paz de Segunda Nominación de Chao y en tal condición ha asumido la disponibilidad del bien, al amparo de las facultades previstas en la Ley 226887- Ley de Sociedades; por lo que bajo esa facultad el acusado ha procedido a vender dicha mercadería y el producto de la venta a quedado pendiente de una rendición de cuenta, conforme lo ha sostenido en su glosada declaración. - ------

2.10 De lo glosado no se advierte que el acusado haya incorporado a su esfera de dominio el producto de la venta de la mercadería de la empresa, que es uno de los presupuestos para la configuración del tipo penal materia de acusación, sino que por problemas entre los socios, en el que ha mediado una decisión judicial para que el acusado reasuma el control de la empresa, ha motivado que el acusado, haya puesto a buen recaudo el producto de esta venta y suje- ta a una liquidación, conforme lo ha afirmado en su declaración prestada en juicio oral. Además, se aprecia que no se ha realizado una rendición de cuen- tas, que en casos como este permiten objetivamente determinar si el sujeto agente está actuando como dueño del objeto, especie o dinero al rehusarse a su devolución; resultando para ello ilustrativa la ejecutoria recaída en el

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54 Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág 281 y 282.

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expediente 6922- 97, que establece que tratándose del delito de apropiación ilícita imputado a los miembros de la junta directiva de una asociación civil, no procede denunciar penalmente sino después de rendidas las cuentas o practicada liquidación contable y determinados los bienes y saldos dinerarios y el respectivo requerimiento para la entrega de estos últimos”. 55 De lo que se colige que se trata de un conflicto entre socios que debe ser ventilado dentro del ámbito del derecho societario, y no en el ámbito del derecho penal que es un mecanismo de control social formal, que tiene como principio rector ser fragmentario y de última ratio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -------------2.11 Que, con relación a que el Juez no ha procedido conforme lo establece el artí- culo 374 del CPP, es de precisarse que en el presente caso no se advierte que estos hechos se adecuen a otro tipo penal, más aún si el apelante tampoco lo ha precisado, además es de advertirse que la representante del Ministerio Público en esta instancia se ha desistido de la apelación que interpuso contra la sentencia apelada y ha expresado que se encuentra conforme con los fun- damentos de la misma, por tanto es evidente que el titular de la acción penal pública, también considera que el presente caso no tiene relevancia jurídica penal; fundamentos por los cuales este argumento del abogado del actor civil no tiene sustento, ni merito para fundar la nulidad solicitada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.12 Que en este orden de ideas se aprecia que el Juez Unipersonal ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de las pruebas actuadas en audiencia de juicio oral, en la que se ha determinado que la conducta atribuida al acusado no constituye delito por lo que la sentencia absolutoria venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, debe ser confirmada. -----III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas an- tes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUEL- VE:.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

55 Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA.

Febrero 2010. Pág. 296.



CONFIRMAR la sentencia que absuelve al acusado Ubaldo Duman Gu- tierrez Verde, como autor de la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita en agravio de la Empresa Impor- tadora AGROPERÚ S.A., con lo demás que contiene. -------------------------------------------



ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricardo Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. APROPIACION ILICITA – REVOCAN SENTENCIA CONDENATORIA ABSOLVIENDO AL SENTENCIADO EXPEDIENTE IMPUTADO TORRES DELITO AGRAVIADO APELANTE ASUNTO

: 04015-2009-83-1601-JR-PE-05 : MARCK DAMON CABRERA LEIDI MARIBEL REATIGUI ROJAS : APROPIACIÓN ILICITA : : IMPUTADO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Treinta de diciembre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - - -------I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Viene en apelación la sentencia que condena a los acusados Mark Damon Ca- brera Torres Y Leydi Maribel Reátegui Rojas, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad, de apropiación ilícita en agravio de la Asociación de Padres de Familia – APAFA de la Institución Educativa “María del Socorro” N° 80034 de Huanchaco .- 1.2. Que, el abogado del imputado Mark Damon Cabrera Torres ha interpuesto el recurso de apelación, solicitando que se sentencia sea revocada, por conside- rar que la Sentencia es subjetiva y sólo se sustenta en que no se ha acreditado los gastos realizados por su patrocinado, además no existe ningún documento de culpabilidad, el hecho no cumple con el elemento subjetivo y objetivo de delito imputado, no existe apropiación ya que el gasto ha sido en beneficio del centro educativo tal como faculta la ley de APAFAS. 1.2. Que, el abogado de la imputada Leydi Maribel Reategui Rojas ha interpuesto recurso de apelación con la sentencia de primera instancia, solicitando que la sentencia sea revocada, por considerar que no se ha acreditado el injusto pe- nal, ya que la perito no ha declarado en juicio oral, por lo que no se ha actuado esta pericia. 1.3. Que, por su parte el representante del Ministerio Público solicita que se confirme la sentencia venida en grado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

1.4. Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las par- tes no solicitaron la oralización de piezas procesales, el imputado brindó su declaración; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los funda- mentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recu- rrida.- - - --------------------------------------- II.- CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.- Que, el Artículo 190 prescribe que “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.” 2.2.- Que existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente por un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya el valor incorporado a él, esto es, el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión; a lo que se agrega el hecho que el ilícito materia de imputación es eminentemente doloso; por lo que el agente debe conocer y querer la apropia- ción, requiriéndose, además, un elemento subjetivo del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o provecho. 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------2.3.- El artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se en- cuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sen- tencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.

56 R.N. N° 573-2004. Corte Suprema de Justicia de la Republica. Primera Sala Penal Transitoria.

FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.4.- Que, en la sentencia apelada se ha precisado que los hechos materia de la acusación consisten en que los acusados Mark Damon Cabrera Torres y Ley- di Maribel Reátegui Rojas, se les atribuye el hecho de que en su condición de Presidente y Tesorera de la APAFA de la Institución Educativa “Maria del Socorro” N° 80034 de Huanchaco durante el periodo 2007-2008, no presen- taron los informes de movimiento económico y el estado financiero que tenían en su poder como consecuencia del aporte económico realizado por los pa- dres de familia de la Institución Educativa “Maria del Socorro” N° 80034 de Huanchaco, por concepto de APAFA, a pesar de habérseles requerido opor- tunamente y en diversas oportunidades por parte de los padres familia de la referida Institución Educativa, de la Presidente del Consejo de Vigilancia , del Presidente del Órgano de Control y Vigilancia y del Director del Centro Educativo. El monto del que se han apropiado indebidamente los acusados asciende a la suma aproximada de 9,096 nuevos soles, monto dinerario que ha sido aportado por los padres de familia de la referida Institución en la cuenta N° 001-700-17-494-0, de la Caja Nor Perú, producto de los fondos que tenia dicha persona jurídica como consecuencia del aporte e ingresos recaudados por los anteriores representantes legales de la APAFA hasta el 15 de diciembre de 2007, apropiación correspondiente al periodo que ejercieron los imputados como Presidente y Tesorera respectivamente, esto es desde Junio del 2007 al mes Junio del 2008, en que se eligió a la nueva junta directiva, de la que aparece que el 30 de Junio de 2007, aparecía como saldo a favor de la APAFA la suma de 8,844 nuevos soles con 54 céntimos, y al término de la gestión de los denunciados se aprecia un saldo de 68 céntimos . Además, de 23 recibos por concepto de cuota extraordinaria cancelados por los padres de familia de dicho Centro Educativo, en el mes de Enero del 2008, durante la gestión de los acusados, aparte del monto dinerario se les atribuye a los acu- sados la apropiación de documentos contables de la APAFA, los mismos que dichos imputados tienen en su poder, pese a habérseles requerido en diversas oportunidades sin ser devueltos, tal como se desprende del Acta de Asamblea Extraordinaria de Padres de Familia de fecha 30 de Abril del 2008.De los fundamentos de la apelada2.5.- En la sentencia apelada, se precisa que ha quedado acreditado el delito de apropiación ilícita con el Estado de la Cuenta de Ahorro de la Caja Nor Perú que corre de fs. 19 a fs 28 del Expediente Judicial que el anterior Consejo Directivo de la APAFA presidido por la señora María Virginia Candiotti Asseo dejó un saldo contable de 8,937 nuevos soles con 8 céntimos, que

guarda con-

cordancia con el Estado de este último se detalla los retiros efectuados por los acusados durante su gestión hasta dejar en dicha cuenta de ahorros con un saldo de 68 céntimos, sin que halla cumplido con rendir cuentas del dinero retirados requerimientos que les hicieron la Presidenta del Consejo de Vigi- lancia, como consta en los oficios que corren a fs. 32 y 33, oficio del Juez de paz de Huamachuco de fs. 41 y cartas notariales de fs. 86 y 87 de expediente judicial; Asimismo el delito esta acreditada con las declaraciones testimonia- les realizadas en juicio oral por Dagoberto Vargas Paz y por Isabel Morazán Vargas, miembro del Consejo Educativo Institucional – CONEI y Presidenta del Consejo de Vigilancia de la APAFA, quienes declaran que el acusado se ha negado a rendir cuentas, negando además que el dinero retirado de la cuenta de ahorros de la Caja Nor Perú haya sido invertido en la remodelación del lo- cal de la Institución Educativa y que le resto haya sido entregado a los padres. Delimitación de la pretensión del impugnante. 2.6.- Que el abogado del imputado Mark Damon Cabrera Torres en su alegato ante esta instancia ha solicitado que se revoque la sentencia venida en grado, por considerar que su patrocinado una vez asumida sus funciones, retiró el dinero con la finalidad de ser utilizado en mejoras del centro educativo, existen fo- tografías que acreditan la construcción, además el gasto no han sido negado, por lo que los denunciantes tenían alguna objeción deberían actuar mediante el proceso civil de rendición de cuentas, ya que el proceso penal es la última alternativa, siendo la conducta de su patrocinado atípica. 2.7.- Que el abogado de la imputada Leydi Maribel Reátegui Rojas en su alegato en audiencia de apelación ha sostenido de que la anterior junta no dejo ningún monto económico, pero no hay discusión que había un dinero recaudado ese año, el dinero había sido gastado para hacer mejoras del centro educativo, construcciones, carpetas; atribución que señala la ley de APAFA 28628 en su artículo 16; además el perito, no concurrió a juicio oral a fin de indicar que téc- nica utilizó en su informe, no teniendo valor probatorio conforme lo indicado en el Artículo 383 numeral c. - - - - - - - - - - ------Del delito de Apropiación ilícita, materia de acusación. 2.8.- Que, en el delito de apropiación ilícita previsto en el artículo 190 del CP según el autor Nacional Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, el objeto materia del delito ingresa en forma lícita a la esfera de custodia del autor, y la calidad del injusto típico deviene a posteriori, cuando el sujeto activo se niega a devolver el bien, produciéndose en consecuentemente una apropiación ilegal; y citando al extinto autor Raúl Peña Cabrera, sostiene

que la esencia de esos delitos se limitan a aquellos casos en los que se trasmiten la posesión a través y exclu-

sivamente mediante un título que señala la forma y modo de devolver el bien recibido. 57 - - - - - 2.9.- La jurisprudencia ha establecido que existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mue- ble, que ha recibido lícitamente por una título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el pro- pietario, ya sea del valor incorporado a él, esto es el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza de su función del objeto en cuestión; a lo que se agrega el hecho que le ilícito materia de imputación es eminentemen- te doloso –“animus doloso”-; por lo que el agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose, además, un elemento subjetivo del tipo, el cual es el ánimo de lucro, que comprende la intensión de apoderarse del bien y la de obtener un beneficio o provecho58. En el mismo sentido según la doctrina, la figura típica previsto el artículo 190 adquiere perfección delictiva, cuando el agente se propia de forma definitiva del bien o cuando hace un uso determi- nado de aquel; estado consumativo que ha de condecirse con uso determina- do de aquel; estado consumativo que ha de condecirse con ciertos actos de disposición que efectué sobre el bien, que haya de advertir ya la intención de ejercer un nuevo dominus sobre la cosa (ocultarla, pretender venderla o dala en arrendamiento). De todas maneras, como expresa Peña Cabrera, en diversas manifestaciones de apropiación dificultan la elaboración de una regla general59. - - - - - - - - - Análisis de la resolución recurrida y valoración de la prueba.2.10.- Que, el estado de cuenta de Ahorro de la Caja Nor Perú que corre a fojas 19 a 28 de expediente judicial acredita que el anterior Consejo Directivo de la APA- FA anterior le dejó un saldo contable de 8,937 nuevos soles con 8 céntimos; que guarda concordancia con el Estado de este último se detalla los retiros efectuados por los acusados durante su gestión hasta dejar en dicha cuenta de ahorros con un saldo de 68 céntimos; que si bien se ha acreditado estos hechos e incluso con la declaración del imputado, no se ha acreditado el suma de dinero apropiado, que es muy diferente al saldo dejado por la anterior ges-

57

Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág. 281 y 282.

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Recurso de Nulidad N° 573-2004 /LIMA; Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica. Pág. 1 y 2.

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Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág. 289.

tión, puesto que la APAFA está autorizada a realizar una serie de gastos, por lo cual merecía un examen pericial, además en el delito de apropiación ilícita se hace necesario la pericia contable a fin de determinar el monto apropiado, por lo que es fundamental la actuación de la pericial contable para determinar la cantidad de dinero apropiado indebidamente 60; al no haberse actuado el examen de la pericia contable, no es posible determinar los ingresos, egresos y gastos que los procesados realizaron durante el periodo que ocuparon el cargo de Presidente y Secretario respectivamente; por lo que no se ha logrado acreditar fehacientemente lo ilícitamente apropiado por parte de los procesa- do, y cuál es el perjuicio económico ocasionado a la asociación. 2.11.- La Ley 28628, ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas, establece en su Artículo 16 numeral a) que los recursos pueden destinarse a colaborar con el manteni- miento y reparación de la infraestructura física; señalando además que puede destinarse los recursos a la conservación y refacción del mobiliario escolar; además tomando en cuenta que el acusado en audiencia de Juicio Oral y en Audiencia de Apelación, a declarado de manera uniforme que ha realizado gastos en beneficio del Centro Educativo y a solicitud del director del Plantel; a criterio de la Sala para que se configure el delito de apropiación ilícita es necesario que le agente realice actos de disposición del dinero que le ha sido entregado en su administración, actos al que no tenía derecho; que si bien no se ha rendido cuentas en el tiempo y modo oportuno de los fondos recibidos por los anteriores directivos de la asociación de padres de familia, así como no hacer entrega de la documentación requerida por el Consejo de Vigilancia y nueva Directiva de APAFA; e incluso dicha documentación pudo ser solicitada sólo por los padres de familia, a fin de recibir la información; pero al no existir la pericia contable que acredite el monto apropiado los acusados deben ser absueltos; teniendo en cuenta que la parte acusadora no ha aportado material probatorio que acredite el agravio a la asociación. 2.12.- Por estas consideraciones, esta Sala considera que en la resolución recurrida el Juez no ha expresado con suficiencia, claridad y coherencia las razones que ha tenido para condenar a los imputados, por lo que la sentencia debe ser revocada y reformándola absolver a los acusados. - - - - - -

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Resolución Suprema N° 399-1999/JUNIN – Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica.

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III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - ------

REVOCAR la Sentencia que condena a sentencia que condena a los acusados Mark Damon Cabrera Torres Y Leydi Maribel Reategui Rojas, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad, de apropiación ilícita en agravio de la Asociación de Padres de Familia – APAFA de la Institución Educativa “Maria del Socorro” N° 80034 de Huanchaco, a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, bajo determina- das reglas de conducta; y fija como reparación civil la suma de 12 nuevos soles que deberán cancelar de manera solidaria a favor de la agraviada; y REFOR- MÁNDOLA: DECLARARON absolver de la acusación fiscal a Mark Damon Cabrera Torres Y Leydi Maribel Reátegui Rojas, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad, de apropiación ilícita en agravio de la Asociación de Padres de Familia – APAFA de la Institución Educativa “María del Socorro” N° 80034 de Huanchaco.



ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Lilly del Rosa- rio Llap Unchon. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. APROPIACION ILICITA – REFORMAN INCREMENTO DE REPARACION CIVIL PROCESO PENAL Nº : 00186-2010-0-1601-SP-PE-06 ASISTENTE JURISDICIONAL : LUCIO ZAVALETA MENDOZA AGRAVIADO : BENITES VIUDA DE LAVADO FANNY EMPERATRIZ IMPUTADO : FERNANDEZ DE CORDOVA ZAVALA, CARLOS EDUARDO DELITO : APROPIACIÓN ILÍCITA MINISTERIO PÚBLICO : DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : V JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO IMPUGNANTE : ACTORA CIVIL ASUNTO : APELA SENTENCIA EN EL EXTREMO REPARACIÓN CIVIL

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE Trujillo, Dos de Noviembre De Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRI- NA MIÑANO (Juez Superior Titular), doctor CARLOS AURIO PRADO MUÑOZ (Juez Superior Supernumerario) en la que intervienen como parte apelante, la par- te constituida como actora civil, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de condenatoria, de fecha nueve de julio de dos mil diez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte constituida como actora civil y contra la sentencia de condenatoria que declara responsable penalmente a CARLOS EDUARDO FERNANDEZ DE CORDOVA ZAVALA, resolución siete de fecha nueve de julio de dos mil diez, obrante en las páginas cincuenta y siete a sesenta y cuatro; la misma que lo condena como autor del delito de APRO- PIACIÓN ILÍCITA, en agravio de FANNY EMPERATRIZ BENITES VIUDA DE LAVADO, a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año, a condición que cumpla con las reglas de conducta allí indicadas y fija una reparación civil de trescientos Nuevos

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Soles, sin perjuicio de la inmediata devolución de los bienes ilícitamente apropiados o su pago valorizado en la suma de mil ciento veintisiete nuevos soles y veinticuatro céntimos.

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2.

Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1.- La actora civil FANNY EMPERATRIZ BENITES VIUDA DE LAVADO, interpone recurso de apelación según recurso de páginas sesenta y siete a sesenta y ocho, y según consta en acta de registro de audiencia; en el extremo de la sentencia que fija en concepto de reparación civil a su favor la suma de trescientos Nuevos Soles. 2.2.- Señala que en la venida en grado se ha ordenado pagar la suma de trescientos nuevos soles por concepto de reparación civil, pero esta suma no guarda relación con la conducta del procesado que es miembro de la policía nacional del Perú y que en tal condición debió ser un servidor de la justicia y no haber mostrado la conducta que mereció la sentencia condenatoria. Además la actora civil, ha tenido que trasladarse desde la sierra como por ser profesora en al localidad de Santiago de Chuco, lo que le ha ocasionado gastos por concepto de traslados y alojamiento, los que sí pueden ser cubiertos por el condenado pues, como policía nacional del Perú tiene ingresos y así mismo debe reparar los daños que ha ocasionado, solicitando que se incremente la reparación civil a la suma de mil nuevos soles, invocando el artículo 92° del Código penal. 2.3.-

El Ministerio Público, no se opone a la pretensión de la actora civil, ya que los hechos se suscitaron desde agosto del 2007 y al no haber devuelto los bienes se sustenta el incremento de la reparación civil; así mismo, es coincidente en cuanto la actora civil ha realizado gastos en los viajes que ha realizado a esta ciudad.

2.4.- Por su parte, el imputado a través de su abogado defensor, solicita que se confirme la sentencia condenatoria en el extremo de la reparación civil; pues, la actora civil nunca ofreció medios de prueba que acredite el daño, según así se desprende del auto de enjuiciamiento. En tal sentido, ya se ha debatido este extremo sin medios probatorios, según así se verifica del fundamento 12 de la sentencia, el juez ha tenido en cuenta los presu- puestos de la reparación civil y respecto de los gastos en la persecución del proceso estos deben fijarse como costas, cuyo monto señalado en la sentencia no ha sido materia de impugnación por la ahora apelante. 3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida en el extremo del monto fijado por concepto de reparación civil. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron ni se actuaron medios de prueba.

III. CONSIDERANDOS 3.1. PREMISA NORMATIVA: 0.1.- A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de Apropiación Ilícita, el cual se encuentra tipificado en el artículo 190°, del Código Penal, cuyo primer párrafo prescribe: “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o de un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer uso de- terminado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. 0.2.- El bien jurídico protegido en el delito de Apropiación Ilicita es la propiedad sobre una cosa y, en relación a ésta, la capacidad de disposición que tiene el propietario, lo que implica que tenga derecho a su restitución y como contra partida obliga al otro a la restitución de la cosa 61. 3.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 03.- Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, resolución siete de fecha nueve de julio de dos mil diez, obrante en las páginas cincuenta y siete a sesenta y cuatro; la misma que declara responsable penalmente a CARLOS EDUARDO FERNANDEZ DE CORDOVA ZAVALA, resolución siete de fecha nueve de julio de dos mil diez, obrante en las páginas cincuenta y siete a sesen- ta y cuatro; la misma que lo condena como autor del delito de APROPIACIÓN ILÍCITA, en agravio de FANNY EMPERATRIZ BENITES VIUDA DE LAVADO, a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año, a condición que cumpla con las reglas de conducta allí indicadas y fija una reparación civil de trescientos Nuevos Soles, sin perjuicio de la inme- diata devolución de los bienes ilícitamente apropiados o su pago valorizado en la suma de mil ciento veintisiete nuevos soles y veinticuatro céntimos. 04.- Respecto al extremo materia de la apelación, consistente en el monto de la reparación civil de trescientos Nuevos Soles que a solicitud de la actora civil debe incrementarse hasta mil Nuevos Soles y según lo peticionado por el imputado debe mantenerse en dicho monto, se debe adoptar como premisa normativa, el Artículo 93° del Código Penal que establece el contenido de la reparación civil:

61 EJECUTORIA SUPERIOR DE LA SALA DE APELACIONES PARA PROCESOS SUMARIOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 28 DE ENERO DE 1998. EXP. 3567-97. EN JURISPRUDENCIA PENAL PROCESOS SUMARIOS, LIMA GACETA JURIDICA, 1999, PAG. 267.

”La reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”. 05.- El artículo 93.2° del Código Penal establece que la reparación civil comprende la indemnización de daños y perjuicios, la que comprende los daños patrimo- niales y no patrimoniales, como el daño corporal; para establecer el quantum indemnizatorio de la responsabilidad por este tipo de delito en el que agente realiza actos de disposición o uso determinado de un bien mueble y siendo eminentemente doloso, lo que implica un desmedro de la parte agraviada y un beneficio económico respectivamente del condenado y donde el objeto mate- rial del delito importa un valor económico de lo que se deduce que la exigencia de la devolución debe ser total. 06.- No obstante lo previsto este Superior Colegiado considera que en el requerimiento acusatorio, el monto de la reparación civil que solicita este Ministerio es de quinientos Nuevos Soles, no obstante ello el juzgador en el fundamento doce de la sentencia apelada, sólo ha impuesto la suma de trescientos nuevos soles como monto de reparación civil, sin perjuicio de la devolución efectiva de lo ilícitamente apropiado, sin que para que el señalamiento se haya con- siderado que la reparación civil debe estar en función a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados, debiendo existir proporcionalidad entre estos y el monto que por dicho concepto se fija, pues la indemnización cumple una función reparadora y resarcitoria de acuerdo a lo establecido por el artículo 93° y artículo 101° del Código Penal. En consecuencia, en el caso de autos el monto se ha señalado sin existir proporcionalidad entre éste y los daños irrogados, correspondiendo incrementar el monto a la suma de cuatrocientos nuevos soles, siendo esto así, debe revocarse al sentencia en este extremo. III. PARTE RESOLUTIVA Por todas las consideraciones expuestas, la PRIMERA SALA PENAL DE APE- LACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNA- NIMIDAD RESUELVE: 1)

CONFIRMAR, en el extremo que fija la reparación civil y REVOCAR en el extremo que fija la suma de trescientos nuevos soles y REFORMANDOLA, se incrementa a la suma de cuatrocientos nuevos soles, sin perjuicio de la inmediata devolución de los bienes ilícitamente apropiados o su pago valorizado en la suma de mil ciento veintisiete nuevos soles y veinticuatro céntimos.

2)

NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.

3)

DEVUÉLVASE la presente causa a su Juzgado de Origen para los fines de ley. Actuó como Ponente y Directora de Debates, la señora Jueza Superior, Docto-

ra Lilly Del Rosario Llap Unchón.

12. COACCION – CONFIRMAN SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL Nº : 00430 - 2011-0-1601-SP-PE-01 ASISTENTE JURISDICIONAL : MARÍA PATRICIA CHAVEZ DIAZ. AGRAVIADO : EFREN FIDEL RODRÍGUEZ GARCÍA. IMPUTADOS : - CLAUDIO ALEJANDRO JUÁREZ RODRÍGUEZ. - ERASMO CATALINO JUÁREZ RODRÍGUEZ . - PAUL JUÁREZ RODRÍGUEZ. DELITO : COACCIÓN. MINISTERIO PÚBLICO : DRA. JUANA COSME QUIROZ FISCAL ADJUNTO SUPERIOR. PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL DE OTUZCO, JULCÁN Y SANTIAGO DE CHUCO IMPUGNANTE : ACTOR CIVIL. ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA.

SENTENCIA RESOLUCIÓN N° DOCE. Trujillo, veintitrés de Noviembre De Dos Mil Once. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente), Dra. LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), Dr. RUDY GONZÁLEZ LUJÁN (Juez Superior Supernumerario) quien interviene por vacaciones del Dr. OSCAR ELIOT ALAR- CÓN MONTOYA; en la que actúa como parte apelante, el Actor Civil, respecto de la sentencia absolutoria, resolución número siete de fecha primero de julio de dos mil once. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Actor Civil contra la sentencia absoluto- ria, resolución número siete de fecha primero de julio de dos mil once, obrante en las páginas sesenta y siete a setenta y nueve; la misma que absuelve a CLAUDIO ALEJANDRO JUÁREZ RODRÍGUEZ, ERASMO CATALINO JUÁREZ RODRÍGUEZ y PAUL JUÁREZ RODRÍGUEZ de la acusación fiscal en su contra por el delito contra la libertad personal en la modalidad de Coacción, en agra- vio de Efrén Fidel Rodríguez García.

1.2. El Actor Civil, a través de su abogado defensor, solicita la NULIDAD de la ve- nida en grado bajo los siguientes argumentos: No ha existido una verdadera investigación pues existen vacíos donde no se ha llevado a cabo una debida investigación, por lo que solicita se realice una nueva investigación. Así como, argumenta que, en la sentencia recurrida, no se han valorado los medios pro- batorios. 1.3. Por su parte la representante del Ministerio Público sostiene que se ha verificado que para la acción penal, en este estado, los plazos se encuentran vencidos, considerando que los hechos se han producido en octubre de 2008 habiendo transcurrido mas de tres años, lo que conlleva a determinar que el Ministerio Público debe controlar la legalidad del plazo de la acción penal a fin de verificar si el plazo para interponer dicha acción se encuentra vigente. En este caso se encuentra vencido ya que el delito de coacción, que es el que se le atribuye a los procesados, establece la pena de dos años a la misma que sumándole un año resulta un plazo de tres años conforme lo establece el artí- culo 83 del Código Penal, para el cómputo del plazo de prescripción extraor- dinaria, en aplicación del cual el colegiado superior, de oficio, debe DAR POR PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL, y al mismo tiempo que debe aplicar el artículo 347(sic) del Código Procesal Penal referido a la extinción de la acción penal por prescripción. Así, refiere, que al momento de iniciar una Investigación Preparatoria, en la Etapa Intermedia, el Ministerio Público debe verificar la vigencia de la acción penal, verificándose que en este estadio se ha vencido el plazo extraordinario del delito atribuido a los sentenciados cuya sentencia se encuentra con efec- tos suspendidos; por lo que carece de objeto una revisión de la misma en un nuevo juicio por que en cuanto le corresponde al Ministerio Público perseguir éste ya no se encuentra legitimado para ello. 1.4. La defensa de los procesados se adhiere completamente al pedido de la repre- sentante del Ministerio Público. Asimismo, para garantizar los derechos in- demnizatorios de sus patrocinados solicita que se someta a debate la presente apelación ya que el agraviado no acredita que se le ha obligado a hacer y/o que se le ha obligado a no hacer algo. Así alega que, el artículo 151 del Código Penal, exige que mediante violencia o amenaza se le impida hacer algo o se le obligue a hacer algo a la víctima, pues bien, en autos no se ha demostrado las amenazas ni lo que el agraviado haya hecho o dejado de hacer producto de las amenazas que le hicieran los procesados. lo único que ha presentado el agraviado es una copia certificada de denuncia que presenta su hija, por haber dejado de trabajar en una mina de carbón en quiruvilca producto de las amenazas o agresiones de los procesados, denuncia que fue dirigida no contra los procesados, sino contra la madre y hermanas de éstos, así es que

la denuncia no se concreta directamente contra ellos, además sólo se trata de una denuncia, no ha llegado a emitirse o corroborarse por pronunciamiento jurisdiccional alguno. A su vez, concluye que por falta de tipicidad el Ad Quo ha absuelto a sus pa- trocinados y por ello solicita que SE CONFIRME la sentencia venida en grado. 1.5. Ante esta instancia superior no se admitieron nuevos medios de prueba, así como tampoco se ha oralizado medio de prueba alguno. 1.6. Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el Ad Quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.

CONSIDERANDOS

Premisa Normativa: 2.1. A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia absolutoria, este colegiado superior precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el delito contra la Libertad Personal en la modalidad de Coacción, contenido en el artículo 151° del Código Penal que establece “El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”. 2.2. Asimismo, es necesario precisar que “La amenaza es aquella acción que debe producir en el sujeto pasivo un temor o compulsión, por lo que se ve obligado a obedecer al agente, realizando una conducta que éste le indica, debiendo ser tal temor consecuencia de una amenaza suficientemente idónea acerca de un mal inminente. La violencia física, en cambio debe ser suficientemente marca- da para generar la anulación de la voluntad de la víctima, quien se ve obligada a realizar una conducta no querida”.62 Premisa Fáctica: 2.3. Los hechos que son materia de acusación plasmados en la teoría del caso del Ministerio Público consisten en que el día ocho de octubre de 2008, siendo, aproximadamente, las tres de la tarde, en circunstancias que el agraviado

62 EJECUTORIA SUPERIOR DE LASALA PENAL DE APELACIONES PARA PROCESOS SU-

MARIOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 19 DE DE JUNIO DE 1998, EXP. N° 1310-98-ROJAS VARGAS, FIDEL. JURISPRUDENCIA

PENAL COMENTADA, LIMA, GACETA JURÍDICA, 1999. P.683.

Efrén Fidel Rodríguez García se encontraba en el Taller de Mecánica “Maestro Canevaro”, ubicado en la Av. Villareal de la ciudad de Trujillo, llegaron los im- putados con la finalidad de agredirlo físicamente, lo cual no se consumó debi- do a la intervención de su sobrino Oswaldo Rodríguez Mantilla, sin embargo lo han amenazado de muerte manifestándole que le iban a quitar sus terrenos ubicados en el distrito de Quiruvilca; posteriormente, el día 19 de octubre de 2008 el imputado Alejandro Juárez Rodríguez ha llegado a la casa de la señora Augusta Vilma Rodríguez García, quien es hermana del agraviado, a quien le manifestó que conjuntamente con los otros imputados iban a sembrar drogas o armas al agraviado para que lo metan a la cárcel, acusándolo además de la comisión de supuestos delitos de violación sexual, robo y asesinato, sino acce- de a sus pretensiones económicas por los terrenos ya mencionados; asimismo el agraviado manifiesta haber sido objeto de amenazas en los Caseríos de San Pedro y Canibamba, en los meses de agosto y setiembre de 2008, a lo cual le restó importancia, sin embargo ante los hechos ocurridos posteriormente refiere que la finalidad de los imputados es apropiarse de sus terrenos y de las minas de carbón que se encuentran dentro de dichos terrenos. 2.4. Respecto a la prescripción de la acción penal, que pretende la representante del Ministerio Público, se tiene el artículo 339 del Código Procesal PENAL , el cual establece en su numeral 1 “ La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.”; Por su parte el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ- 116 sobre Prescripción: Problemas Actuales, en el desarrollo del tercer tema sobre el apartado uno del artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal, prescribe que “La Formalización de la Investigación Preparatoria suspende el curso de la prescripción de la acción penal”, en su apartado 25 y 26 explica que “La consecuencia mas significativa es que el tiempo transcurrido con anterioridad al momento en que se presentó la causa que suspendió el proceso no se pierde y se sumará al que transcurra después de su reiniciación, pero el tiempo cumplido durante la vigencia de la suspensión no se computa para los efectos de la prescripción extraordinaria.” “Sin embargo, la literalidad del inciso 1 del Artículo 339 del Código Procesal Penal evidencia que regula expresamente una suspensión “sui generis”, diferente a la ya señalada, por que afirma que la formalización de la investigación preparatoria emitida por el fiscal, como director y coordinador de esta etapa procesal – quien adquiere las funciones de las que actualmente goza el juez de instrucción -, suspende el curso de la suspensión de la acción penal. Con la formulación de la imputación se judicializa el proceso por la comunicación directa entre el Fiscal y el Juez de la investigación preparatoria y culmina la etapa preliminar de investigación practicada por el fiscal. En consecuencia, queda sin efecto el tiempo que transcurre desde éste acto Fiscal hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución judicial que le ponga fin

o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobreseimiento del fiscal”. Según obra en autos se verifica que la Formalización de la Investigación Preparatoria se produjo en la fecha 28 de enero de 2009, fecha hasta la cual desde que ocurrieron los hechos según la acusación fiscal -el ocho de octubre de 2008-, había transcurrido menos de un año; de este modo lo afirmado por la representante del Ministerio Público carece de asidero; toda vez que no ha operado el plazo prescriptorio extraordinario para el delito de coacción, pues el artículo 151 del Código Penal establece una pena privativa de libertad no mayor de dos años, lo cual concordado con los artículos 80 y 83 del código acotado, y conforme al acuerdo plenario ya referido, con la formalización de la investigación se interrumpió el plazo de prescripción de la acción penal. 2.5. En lo referente a lo expresado por la defensa de los procesados, esta Sala Superior, al haber realizado el análisis de la sentencia impugnada, determina que la venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la expe- riencia y la sana crítica, respetando de ese modo el derecho al debido proce- so y motivación de resoluciones judiciales exigido por nuestro ordenamiento jurídico, al haberse realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, a las cuales este colegiado respetando lo establecido en el artículo 425, numeral 2 del Código Procesal Penal, no pue- de darle un valor diferente. Y respecto a la prueba documental, ésta también ha sido valorada adecuadamente por la juzgadora de primera instancia. 2.6. En relación a lo mencionado en el considerando precedente, respecto de las testimoniales actuadas, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar que no existe responsabilidad de los procesados. 2.7. Respecto a la alegación de defensa de los procesados en cuanto considera que la sentencia ha motivado debidamente respecto del ejerció de violencia

o amenaza y que ésta no ha sido suficiente para generar la anulación de la voluntad del agraviado de tal forma que se ve obligado a realizar la conducta no querida, dicho fundamentos no han sido motivo de objeción por parte del apelante en la audiencia de apelación, siendo que este colegiado considera que conforme a la sentencia expedida materia de impugnación es de mérito considerar que el delito imputado se consuma cuando se impídela sujeto pa- sivo hacer algo prohibido por la ley o hacer algo no exigido por a misma, de tal forma que no se ha doblegado la voluntad y en consecuencia la conducta desplegada no se encuentra o subsume en el tipo penal contenido en el artí- culo 151 del Código Penal. 2.8. La sentencia apelada hace un análisis probatorio, de lo que se verifica que la juzgadora ha realizado adecuadamente la valoración de los medios probatorios actuados en juicio oral, en forma individual y conjunta; y por lo tanto, la tesis de la defensa del Actor Civil no tiene sustento. La jueza de primera ins- tancia ha respetado el artículo 158° del Código Procesal Penal, así como, los artículos 394° y 398° del Código Procesal Penal, al haber realizado una correc- ta motivación de la sentencia apelada, cumpliendo además con lo establecido en la norma procesal penal artículo 394, acerca de los requisitos de sentencia. En consecuencia no se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 150 del Código Procesal Penal, al haberse respetado el principio cons- titucional del debido proceso contenido en el artículo 139.3 de la Constitución y el principio de motivación debida de las resoluciones judiciales, también el sustento constitucional en el numeral 5 del mencionado artículo 139. 3.

RESOLUCIÓN:

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1)

CONFIRMAR, la sentencia absolutoria, resolución número siete de fecha pri- mero de julio de dos mil once, obrante en las páginas sesenta y siete a setenta y nueve; la misma que absuelve a CLAUDIO ALEJANDRO JUÁREZ RODRÍGUEZ, ERASMO CATALINO JUÁREZ RODRÍGUEZ y PAUL JUÁREZ RODRÍGUEZ de la acusación fiscal en su contra por el delito contra la libertad personal en la modalidad de Coacción, en agravio de Efrén Fidel Rodríguez García.

2)

NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente la Doctora Lilly Llap Unchón.

13. COHECHO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE : 1411- 2009-26-1601-JR-PE-04 IMPUTADO : ROBERTO EMILIO GARCÍA CIURLIZZA DELITO : COHECHO AGRAVIADOS : - EL ESTADO . - KELLY AIDEÉ HERNÁNDEZ VÁSQUEZ. PROCEDENCIA : 8° JUZGADO UNIPERSONAL DE TRUJILLO. APELANTE : MINISTERIO PÚBLICO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, Veintitrés de Marzo Del Año Dos Mil Once. VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de Sala), Dra. LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Directora de Debates), y OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA(Juez Superior Titular). I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Es materia de apelación la sentencia de fecha cinco de julio de dos mil diez, que obra de las páginas cincuenta y uno a cincuenta y cinco que absuelve de la acusación fiscal a Roberto Emilio García Ciurlizza por la comisión del delito de Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Cohecho Propio, en agravio de la Dirección Regional de Educación de La Libertad y Kelly Aideé Hernández Vásquez. 1.2.- El Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, solicitando se REVOQUE la sentencia venida en grado, en virtud que el A Quo no ha realizado una adecuada valoración de la prueba actuada en juicio oral, específicamente, ha desacreditado la testimonial de la agraviada por considerarlo que carece de credibilidad basándose en subjetividades, y tratando de orientar las demás testimoniales hacia una sentencia absolutoria; por lo cual solicita se revoque la sentencia y se imponga una sentencia conde- natoria. 1.3.- Por su parte el abogado del procesado Roberto Emilio García Ciurlizza, solicita se confirme la sentencia, por cuanto las pruebas carecen de contundencia. 1.4.- En esta instancia no se han ofrecido ni admitido medios probatorios y tampo- co se han actuado nuevas pruebas, ni se oralizaron medios probatorios. Con respecto al procesado, éste inasistió a la audiencia, y en cuanto a la agraviada, hizo intervención oral en la audiencia de apelación.

1.5.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y dere- cho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida. II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. El artículo 393 del Código Penal prescribe: “El funcionario Público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inha- bilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.” 2.1.2. En en delito de Cohecho Propio “el comportamiento típico está dado por los verbos rectores solicitar y/o aceptar y los medios corruptores por los sustantivos donativo, promesa u otra ventaja; en tal virtud, corres- ponde verificar si existen pruebas que acrediten que dichos elementos están presentes en la conducta desplegada por el procesado” (Ejecuto- ria Suprema del 24/2/2003 R.N. 04-1995-LIMA) 2.1.3. El artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Estado es- tablece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser trata- da como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. 2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. La tesis acusatoria consiste en que el agraviado Roberto Emilio García Ciurlizza, quien es Gerente del Centro de Capacitación y Desarrollo Em- presarial CEDEPRO y, a su vez docente del Instituto Superior Tecnoló- gico “TRUJILLO”, donde fue profesor de la agraviada tanto en el quinto como el sexto ciclo, tiempo durante el cual le pedía que trabaje para él, pero ella no accedía pese a que le ofrecía pagar más; no obstante ello le entregó su tarjeta personal donde se consignaba sus nombres y los datos de de la oficina que tiene en la Beneficencia Pública – oficina número trescientos treinta y uno-, resultando que en el último examen del curso de Contabilidad de Cooperativas, el mismo que fue tomado en diciembre, le dijo que no iba a aprobar, desaprobándola con la nota

de cinco (05) como si nada hubiera hecho, por lo que se quedó junto con otros dos compañeros para recuperación en el mes de marzo, señalándose como fecha de examen el día veinte de marzo a las ocho de la mañana, fecha previo a lo cual como tenía sus números telefónicos en la tarjeta que le proporcionara, por primera vez procedió a llamarlo el día lunes dieciséis de marzo a las nueve de la noche, para pedirle la postergación de la hora del examen por que se cruzaba con la hora de su trabajo, respondiéndole que la podía atender a las doce y treinta del día martes diecisiete de marzo en su oficina de la Beneficencia Pública, a donde iba por primera vez y al llegar fue conducida a la oficina del ahora procesado por la secretaria Brenda Fiorella Mogollón Valverde y luego de tomar asiento, salió al pasillo para despedir a sus secretarias, poniéndole de manifiesto luego frente a su requerimiento de poster- gación de la hora de examen para las ocho de la noche, le mostró que la Jefa de Departamento de Contabilidad Andrea Segura Vásquez era quien había estipulado el horario de examen y luego de manifestarle en el marco de la conversación que sufría de gastritis, le procedió a tocar desde su estómago hacia sus partes íntimas, a lo que ella sorprendida le dijo que no iba para eso, encarándole directamente que quería de ella, respondiéndole éste que iba a ser claro, que sólo quería tocarla, verla y acariciarla, diciéndole que no vaya a dar examen el día viernes y que él iba a ver como se la jugaba, citándola de nuevo para que vaya a su ofi- cina el día jueves diecinueve a las doce y treinta del día, cita a la que no acudió por temor a que le pudiera hacer lo mismo, más bien procedió a sentar su denuncia ante la dirección, tal como lo acredita con los docu- mentos que adjunta, presentándose el día veinte a las ocho horas para dar el exámen y antes de la evaluación estando ya en el aula, la llamó a un lado para preguntarle por que no había ido el día anterior, respon- diéndole que no pudo, procediendo a decirle “que no dé el examen y que se vaya a trabajar”, no sin antes decirle que a las doce horas fuera a su oficina, sin embargo ella insistió en dar su examen y mientras trataba de hacerlo le recordaba lo que le había hecho le preguntaba si le gustó; luego él se acercó a los otros dos alumnos que estaban también dando el examen de desaprobados, diciéndoles que dejen sus exámenes con sus nombres y que vayan por la tarde a su oficina para que “arreglen”, luego retornó hacia ella, le dijo que no iba a acceder a sus pretensiones sexuales y que más bien le ofrecía algo de dinero a lo que este le respon- dió que “eran dos personas las que llenaban las actas” , preguntándole si creía suficiente cincuenta soles para cada uno, respondiéndole “es muy poco” a lo que le dijo que cien , respondiéndole que aceptaba, es decir que de los doscientos nuevos soles, tenía que darle cien a cada

uno de los que llenaban las actas y que el dinero debía ser llevado el día viernes por la tarde y debía ser entregado a una de sus secretarias lo que puso en conocimiento de la directora del Instituto María Elena Hidalgo Coba y al Asesor Orlando Miranda Gutiérrez, quienes le mani- festaron que no entregara suma de dinero y que contara con su apoyo; por lo que el día veintitrés de marzo de dos mil nueve este último lue- go de coordinar con la Policía la fue a recoger de su trabajo y se diri- gieron hacia la Plaza de Armas donde la Policía los estaba esperando, procediendo a subir y hacer la entrega del dinero, quedándose con la fotocopia de los billetes, ingresando a la oficina fue atendida por dos se- cretarias del procesado, una de ellas Priscila Aguilar Otiniano espera en la puerta y le hace entrega al profesor diciéndole que lo revise, a lo que no aceptó, ordenándole a secretaria Brenda Fiorella Mogollón Valverde que reciba el dinero, luego le agradeció y salió de la oficina, quedándose los tres en la oficina pero cuando salía le timbró a los Policías para que procedan a realizar la verificación del dinero entregado y cuando baja le avisan que había un señor vestido de civil que era policía, luego llegó la representante del Ministerio Público, que se entrevistó con los efectivos policiales, procedieron a subir al lugar de los hechos, aceptando el pro- cesado haber recibido el dinero por la matrícula en el curso que él iba a dictar, lo cual menciona la agraviada que es falso, porque no quería verlo a él sino fue porque el asesor y los Policías le indicaron que tenía que ser ella quien entregue el dinero, concluyendo que primero realizó hostigamiento sexual y luego pretensiones económicas. 2.2.2. La sentencia absolutoria, materia del grado, se sustenta en que al momento de valorar la declaración del testigo o agraviado aun cuando sea el único testigo de los hechos, para ser considerada prueba de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia, se requiere en su perspectiva subjetiva que no existan razones basa- das en el odio, resentimiento, enemistad u otras causas que incidan en la parcialidad de su obligación y dentro de la perspectiva objetiva que el relato incriminador esté íntimamente corroborado por otras acre- ditaciones indiciarias que lo consolide, le de coherencia y solidez, sin contradicciones ni incoherencias, lo que considera se ha producido con la declaración de la agraviada y que valoradas en su conjunto con las demás pruebas de cargo, le resulta creíble la versión del procesado, corroborada con la declaración de su secretaria y que la intervención se produjo en circunstancias de hora de salida y cuando abandonaban el local, resultándole convincente que la agraviada haya planificando un escándalo con el fin de cambiar al profesor y aprobar el examen, como se ha visto con el acta posterior rendida con otro profesor.

2.2.3. En la sentencia apelada se ha valorado en forma individual y en conjunto las pruebas consistentes en examen del acusado, de los testigos Pedro Tunjar (Capitán PNP), María Hidalgo (Directora del Instituto), Orlando Miranda (Asesor Legal del Instituto), testigo Olga Villalobos (compañera e estudios), Testigo Jack Cruz, José Huertas, Brenda Mogo- llón, Priscila Aguilar (Secretaria), y la declaración de la agraviada, bajo el Considerando sétimo “Hechos Probados o No Probados. Valoración de la Prueba. La Carga de la Prueba”; siendo que la impugnación por parte del Ministerio Público se sustenta en que no se ha realizado una adecuada valoración de la prueba actuada en juicio oral, específica- mente, ha desacreditado la testimonial de la agraviada por considerarla que carece de credibilidad basándose en subjetividades, y tratando de orientar las demás testimoniales hacia una sentencia absolutoria; por lo cual solicita se revoque y se imponga una sentencia condenatoria. 2.2.4. Que en el presente caso, a fin de desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, el Juez Unipersonal ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios actuados en audiencia de juicio oral, en la que se ha aplicado los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusadoracusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de re- sentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, aparien- cia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradic- ciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor. Consecuentemente, cuando falten los tres requi- sitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para establecer la respon- sabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…” [EXP. N.° 1218-2007-PHC/TC]. ); mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitable- mente a una sentencia absolutoria por imperativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 2.2.5. Asimismo, respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, del Código Procesal Penal prescribe

que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prue- ba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, docu- mental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue ob- jeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su va- lor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribunal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inme- diación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su conte- nido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instan- cia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abier- tas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estruc- tura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con mani- fiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininte- ligible, incompleto, incongruente o contradictorio en si mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia. (cita doctrinaria: ver: GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, dos mil cuatro, paginas doscientos se- tenta y cinco / doscientos setenta y seis)”63 2.2.6. Es necesario precisar que en mérito a los principios de inmediación y de oralidad que priman en materia de actuación y valoración de la prueba personal esta Sala de conformidad con el mencionado artículo 425 inciso 2 parte pertinente del CPP, no puede otorgar diferente valor

63 CASACION N° 05-2007- HUAURA; Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

probatorio a la prueba personal, consistente en las declaraciones de la agraviada y de los testigos que han sido sometidas al debate probatorio ) los que analizados no existe error en lo mencionado por los testigos en la recurrida, y que aquellos testimonios no son imprecisos, dubitativos, ininteligibles, incompletos, incongruentes o contradictorio en si mismos; los que tampoco se han desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia. 2.2.7. Desde la perspectiva del juicio de hecho o de culpabilidad, para que una sentencia no vulnere el principio lógico de razón suficiente, debe cumplir dos requisitos: a) consignar expresamente el material probato- rio en que se fundan las conclusiones a que se arriban, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que seleccione como relevan- te (basados en medios de prueba útiles, decisivos, e idóneos) requisito descriptivo; y b) valorarlo debidamente, de suerte que evidencie una ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el fallo, requisito intelectivo. 64 y bajo esta premisa, reexaminando la sentencia materia del grado en el extremo referido a la participación del acusado en el delito de cohecho, se aprecia que esta cumple con los requisitos descriptivo e intelectivo, en el que se ha evidenciado la racio- nalidad y coherencia interna con entidad suficiente para que los argu- mentos del Ministerio Público no tengan sustento desde que el Juez de primera instancia ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios de cargo. 2.2.8. Bajo las consideraciones expuestas la Sala estima que al no haberse enervado la presunción de inocencia, de conformidad con el artículo 425 del Código procesal penal, la sentencia recurrida que absuelve al procesado de la acusación fiscal debe confirmarse. 2.2.9. Por último, respecto de las costas procesales, esta Sala Penal considera que el Ministerio Público se encuentra exonerado por Ley del pago de las mismas por lo que no corresponde su imposición pese a que le ha sido adverso. III.- RESOLUCIÓN: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTI- CIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

64

Casación Nro. 03-2007-Huaura

CONFIRMAR sentencia de fecha cinco de julio del año dos mil diez que ab- suelve de la acusación fiscal a Roberto Emilio García Ciurlizza por la comisión del delito de Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Cohecho Propio, en agra- vio de la Dirección Regional de Educación de La Libertad y Kelly Aideé Hernández Vásquez, con lo demás que contiene. - SIN COSTAS en el presente proceso penal;



ORDENARON se devuelva el expediente al Juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Directora de Debates, la Juez Superior, Lilly Llap Unchón.

14. DAÑOS – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL Nº : 00322 - 2011-0-1601-SP-PE-01 ASISTENTE JURISDICCIONAL : CARMEN BUCHELLI DEVILLE. AGRAVIADO : REYNELDA JULIA PAREDES CARLOS. PROCESADO : TERESA PAREDES VÁSQUEZ. DELITO : DAÑOS AGRAVADOS. MINISTERIO PÚBLICO : Dra. LEA GUAYÁN HUACCHA FISCAL SUPERIOR PENAL DE LA I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL DE OTUZCO, JULCÁN Y SANTIAGO DE CHUCO. IMPUGNANTE : TERESA PAREDES VÁSQUEZ. ASUNTO : APELACION SENTENCIA CONDENATORIA SUSPENDIDA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE: Trujillo, Trece de Octubre De Dos Mil Once. VISTA Y OÍDA en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, señores Jueces Superiores LILLY DEL ROSARIO LLAP UN- CHÓN ( Presidenta de Sala y directora de debates), RUDY GONZALES LUJÁN (Juez Superior Supernumerario, quien interviene por licencia del doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA), CARLOS AURIO PRADO MUÑOZ (Juez Superior Supernumerario que interviene por licencia del Juez Superior Titular, doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS), en la que interviene como parte apelante la sen- tenciada TERESA PAREDES VÁSQUEZ, quien interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, resolución número nueve de fecha dieciocho de Mayo del año dos mil once. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la procesada TERESA PAREDES VÁQUEZ, contra la sentencia condenatoria resolución número nueve de fecha dieciocho de Mayo del año dos mil once la misma que la condena como autora del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, en

410

GRUPO EDITORIAL Lex &

IurIs

agravio de REYNELDA JULIA PAREDES CARLOS, a TRES AÑOS de pena privativa de libertad suspen- dida por el mismo plazo, bajo reglas de conducta y le impone como reparación

GRUPO EDITORIAL Lex &

IurIs

411

civil la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES que deberá abonar a favor de la agraviada. 2.

3.

Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1

La procesada TERESA PAREDES VÁQUEZ, interpone recurso de apela- ción según consta en autos, obrante en las páginas sesenta y cinco a setenta, mediante el cual solicita que se revoque la sentencia venida en grado y se le absuelva del delito que se le imputa.

2.2

En la audiencia de apelación, la defensa de la procesada fundamenta su recurso en que los medios probatorios no son suficientes y no corres- ponden a la realidad, sostiene que la supuesta agraviada no ha probado fehacientemente derecho alguno para promover este juicio, por lo tanto no tiene legitimidad para obrar, sino que es una cosa caprichosa lo que plantea, nunca ha sostenido un juicio con la procesada pues ella no es nada respecto del bien.

Contradictorio del Ministerio Público: 3.1.

La representante del Ministerio Público afirma que de la revisión de los actuados así como de lo desarrollado en juicio oral aparece que con los medios probatorios actuados y sometidos a debate así como valorados individual y conjuntamente, se demuestra la existencia del delito de Da- ños Agravados así como la responsabilidad penal de la procesada, por lo tanto la sentencia se encuentra arreglada a derecho por lo que debe ser confirmada.

3.2.

Respecto a lo que afirma la defensa sobre la legitimidad para obrar de la agraviada, sostiene que agraviada Reynelda Paredes Carlos (la agra- viada) es conviviente de Agapito Romero Delgado quien fuera declarado posesionario del bien sub litis luego de un proceso de usurpación agra- vada que ganara el referido señor contra la procesada, situación que la legitima para ser parte en el presente proceso.

3.3.

Asimismo, en lo referente a la prueba actuada y valorada para emitir sentencia condenatoria, la representante del Ministerio Público, refiere que se ha actuado la declaración de la agraviada quien se pronuncia sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la forma en que ha sido amenazada por la procesada para que no se acercara al predio; así como la declaración de Milagritos Rodríguez Burgos quien afirma que la agraviada es conviviente del posesionario del predio y manifiesta que ha visto las circunstancias en que la se han producido los daños en el predio; a su vez se ha actuado el examen del perito Juan Pablo Fernández Acosta quien ha constatado los daños y ha valorado los mis- mos en seis mil cuatrocientos treinta y nueve nuevos soles, así también

se han valorado las actas de las rondas campesinas, la denuncia de la agraviada; entre otras pruebas, las mismas que acreditan la calidad de sujeto pasivo de la agraviada en el delito de daños agravados según lo cual se ha emitido sentencia condenatoria habiéndose valorado todos los medios de prueba, por lo tanto la apelada debe ser confirmada. 4.

Como efecto de la apelación formulada, esta Sala Superior asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el Ad Quo al dictar la sentencia condenatoria recurrida, asimismo para revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto.

II.

ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS:

Ante esta instancia superior no se admitieron medios probatorios, y por lo tanto no se han actuado nuevos medios de prueba. Asimismo, no se ha oralizado prueba alguna, pues todas han sido oralizadas en juicio oral. III. CONSIDERANDOS 1.

PREMISA NORMATIVA: A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, el mismo que se encuentra contenido en el artículo 205° del Código Penal, que prescribe que: “El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”. Debemos precisar que, en los delitos de Daños, el bien jurídico protegido es el patrimonio, pero de forma concreta la funcionalidad del bien, su integridad material así como su valor en el mercado, que han de afectarse cuando el agente destruye, daña o inutiliza el objeto material del delito 65. Como señala Creus; “lisa y llanamente el agente extingue o menoscaba los poderes que el sujeto pasivo pueden ejercer sobre la cosa, por medio de un atentado contra la cosa misma, cuyo valor económico de cambio o utilitario elimina o reduce”.66 Esta conducta punible presenta formas agravadas como en el caso de autos,

65

PEÑA CABRERA FREYRE, ALONSO RAÚL. Derecho Penal – Parte Especial. Tomo II. Idemsa. Lima p.461.

66

CREUS, CARLOS; Derecho Penal. Parte Especial, Tomos I,II y III. Ed. Astrea, Buenos Aires, 1era. Reimpresión, 1996.

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así el artículo 276 del Código Penal establece: “La pena será no menor de uno ni mayor de seis años cuando:

2.

…3)

La acción es ejecutada empleando violencia o amenaza contra las personas.

4)

Causa destrucción de plantaciones o muerte de animales.

5)

Es efectuado en bienes cuya entrega haya sido ordenada judicialmente”

De lo mencionado en el considerando anterior este superior jerárquico precisa que, respecto al delito de Daños se debe tener en consideración que el daño o menoscabo del bien ajeno protegido jurídicamente, da lugar, en base a los supuestos de antijuricidad de este acto a una obligación de restaurar o de compensar el derecho vulnerado. Lo protegido es la capacidad de disposi- ción que tiene el propietario sobre la cosa, por eso se afecta materialmente el mismo, en la medida en que ella tiene una determinada relevancia económica y esa capacidad de disposición aparece protegida jurídicamente (derecho de propiedad). Pero cabe resaltar que, no se puede decir que el bien objeto de tu- tela sea la propiedad, pues cuando se trata de menoscabo o inutilización de la cosa el derecho de propiedad puede quedar incólume en cuyo caso se lesiona el contenido jurídico y económico del derecho de propiedad.67 Entonces, podemos decir que se produce una defraudación de las legítimas expectativas del propietario del bien, en cuanto a los fines que le esperaba obtener con su uso y disfrute así, como con el valor económico que pretendía obtener con su posterior enajenación.

3.

PREMISA FÁCTICA Según se desprende de la acusación fiscal, en el mes de marzo de 2009, los imputados Teresa Paredes Vásquez, Ángel Elmer Delgado Paredes, Elder Delgado Paredes, Ronald Delgado Paredes y Julio Arquímedes Quiñones Paredes (fallecido el 02 de octubre de 2009), estaban terminando o haciendo consumir una inverna de pasto, en los terrenos denominados “Piedra colorada”, “Casa de Tejas” y “El ovejero” de propiedad de la agraviada, ubicada en el caserío “Soledad” - distrito de Quiruvilca – provincia de Santiago de Chuco – La Libertad, así como lo han amenazado (los imputados) de muerte con una escopeta. Que la imputada Teresa Paredes Vásquez ha sido condenada por el delito de Usurpación y en mérito a ello el Juez Penal de Santiago de Chuco, ha dado posesión del terreno en mención, desde el año 2007, en ejecución de la

67

BAJO FERNANDEZ, MIGUEL, PEREZ MANZANO MERCEDES y SUAREZ GONZALES, CARLOS; Manual de Derecho Penal, Parte Especial. Segunda edición Editorial Centro de estudios Ramón Areces SA, Madrid, 1993.

sentencia expedida en la Instrucción N° 28 – 2001, de la que se presenta copia simple así como copia del acta de lanzamiento y ministración de posesión. Los daños consisten en que los imputados se han puesto de acuerdo y han ingresado al bien inmueble denominado “Piedra Colorada”, “Casa de Tejas” y “El Ovejero” y han procedido a cosechar papas en un área de 0.13 hectáreas, chochos en un área de 0.15 hectáreas, así como se han aprovechado de los pastos con sus animales así como dichos pastos también han sido vendidos a terceros en un área de 1.40 hectáreas, y han talado 26 árboles de eucaliptos. 4.

Esta Sala Superior al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se dictado respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser de- terminados jurídicamente; es así, que se funda en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y estable- cer los niveles de imputación 68, partiendo de esta premisa, se debe tener en cuenta que en el trámite del presente proceso penal, en la audiencia de juicio oral, la misma que debe ser entendida como la central, la más importante del juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que realizaran durante la au- diencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas o de información documental y/o material, o por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba, las partes han hecho uso de las estrategias de defensa en igualdad de oportunidades, es decir, se ha respetado el principio de igualdad de armas, el cual supone un garantía de equilibrio entre lo alegado por cada uno de los sujetos procesales y las pruebas con las que cuenta para sustentar su teoría del caso, es decir, se ha permitido el real esclarecimiento de los he- chos a fin de determinar la responsabilidad penal de la procesada, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como el Profesor San Mar- tín, lo sostiene, es fundamental para la efectividad de la contradicción y “con- siste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.69

5.

Este colegiado advierte que para sustentar el juicio de condena se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas

68

El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica R.N.

N° 2714-2003-Lima-Cono Norte. p.,380. 69

http://blog.pucp.edu.pe/item/23860

que han sido materia de un debate contradictorio por parte de la representante del Ministerio Público y la defensa de los procesados, así como que en virtud del principio de inmediación, el Juez Unipersonal ha podido observar de manera objetiva, como ha sido la declaración de la agraviada Reynelda Julia Paredes Carlos, quien se pronuncia sobre las circunstancias en que ocu- rrieron los hechos y la forma en que ha sido amenazada por la procesada para que no se acercara al predio; la declaración de Adriana Milagritos Ro- dríguez Burgos quien afirma que la agraviada es conviviente del posesionario del predio y manifiesta que le consta la existencia de los daños producidos en el predio de la agraviada; a su vez se ha actuado el examen del perito Juan Pablo Fernández Acosta quien ha constatado los daños y ha valorizado los mismos en seis mil cuatrocientos treinta y nueve nuevos soles; así también se han valorado las actas de las rondas campesinas donde consta la venta que realizaran la procesada Teresa Paredes Vásquez de los pastos existentes en el predio de la agraviada; la copia de la denuncia de la agraviada; la copia de la resolución judicial que pone fin al proceso de usurpación agravada que el conviviente de la agraviada - Edil Agapito Romero Delgado - siguiera contra la procesada venciendo a ésta; así como la copia el acta de lanzamiento donde se le deja como posesionario Edil Agapito Romero Delgado; la promesa de venta de los predios sub litis, efectuada a la señora Deamira Vásquez Sánchez y el contrato de herencia mediante el cual la señora Deamira Vásquez Sánchez constituye como heredero de dichos predios a Edil Agapito Romero Delgado (conviviente de la agraviada); según así lo ha expuesto en el considerando Noveno, realizando el análisis del caso concreto en su contexto valorativo que funda la sentencia apelada. 6.

En relación a la prueba personal que ha sido actuada y valorada en primera instancia, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor pro- batorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artícu- lo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar la responsabilidad de la proce-

sada Teresa Paredes Vásquez, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas. 7.

Respecto al argumento de apelación sobre la legitimidad para obrar de la agraviada se tiene la suficiente carga probatoria de que la agraviada tiene tal legitimidad en el presente proceso toda vez que actúa en calidad de conviviente del propietario de dichos predios- el señor Edil Agapito Romero Delgado pues de la declaración de Adriana Milagritos Rodríguez Burgos quien sostiene que le consta el estado de convivientes de la agraviada con Edil Agapito Romero Delgado; así como de la declaración de la propia agraviada quien asegura ser conviviente del propietario de los predios con quien ha procreado hijos; se le reputa a la agraviada la calidad de conviviente del propietario con los derechos que le asisten como tal al encontrarse en concubinato propio, por lo tanto está plenamente legitimada para intervenir en el presente proceso. A su vez en cuanto al derecho de propiedad del señor Edil Agapito Romero Delgado sobre los predios sub litis, tal derecho se verifica con la prueba que se menciona que en el considerando cinco de esta resolución; pruebas que sin cavilaciones deja claro que se ha lesionado el bien jurídico consistente en la propiedad de la agraviada, no obstante que conforme a la premisa normativa, no se hace necesario que se vulnere la propiedad sino el patrimonio, y en forma especifica la funcionalidad del bien en posesión, según doctrina especializada, presupuesto éste que si se verifica del examen realizado al perito – ingeniero agrícola - , Juan Pablo Fernández Acosta quien aporta que constató los daños realizados en los predios de la agraviada, así como con la copia del acta de verificación de daños ocasionados, que realiza la ronda campesina del Distrito Nueva Fortaleza donde se deja constancia de los daños producidos en dicho predio.

8.

De esta manera ha quedado acreditada la conducta de la procesada, configurándose todos los elementos constitutivos de injusto penal contenido en el artículo 205 concordado con el artículo 206, numerales 3, 4 y 5 del Código Penal, por lo que habiéndose desvanecido la presunción de inocencia de con- tenido constitucional y también prevista en el artículo II del Código Procesal Penal con la suficiente actividad probatoria de carga obtenida y actuada con la debidas garantías procesales, este superior colegiado ha decidido que la sentencia apelada debe de ser confirmada.

IV.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y la pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas antes señalada, la PRIMERA SALA PENAL DE APE- LACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNA- NIMIDAD HA RESUELTO:

1.

CONFIRMAR la sentencia condenatoria resolución número nueve de fecha dieciocho de Mayo del año dos mil once la misma que la condena como autora del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, en agravio de REY- NELDA JULIA PAREDES CARLOS, a TRES AÑOS de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo, bajo reglas de conducta y le impone como reparación civil la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES que deberá abonar a favor de la agraviada, con lo demás que contiene.

2.

NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Ponente y Directora de Debates, la señora Jueza Superior Titular Lilly del Rosario Llap Unchón.

15. DAÑOS – DECLARAR NULIDAD DE DEBATE ORAL EXPEDIENTE : 05437-2010-73-1601-JR-PE-05 ESPECIALISTA : CARMEN V. BUCHELLI DEVILLE IMPUTADO : MARIA LUISA VILCA BEJARANO DELITO : DAÑOS AGRAVIADO : CARLOS ARTURO PIZARRO VEGA PROCEDENCIA : 8° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO IMPUGNANTE : MINISTERIO PÚBLICO Y AGRAVIADO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE Trujillo, doce de julio del año Dos Mil Doce. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN SEGUNDO RODOLFO ZAMORA BARBOZA (Juez Superior Titular) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Titular Superior), en la que participa- ron, el doctor Francisco Javier Arista Montoya como representante del Ministerio Público, y el abogado defensor público de la sentenciada doctor Luis Orlando Sán- chez Ruiz, conforme se ha registrado en correspondiente registro de audio. I.- INTRODUCCIÓN: IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: 01.- MARIA LUISA VILCA BEJARANO, de 41 años de edad identificada con DNI N° 18131253, natural del Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, de la Re- gión Ancash, de estado civil casada, grado de instrucción superior, y con do- micilio real en Jr. Almagro N° 363-1, de esta ciudad. HECHOS IMPUTADOS: 02.- Se atribuye a la procesada María Luisa Vilca Bejarano la comisión del Delito Contra el Patrimonio en su figura de Daños, en agravio de Carlos Arturo Pizarro Vega. Hecho que según la imputación fiscal se suscitaron el día 27 de febrero de 2010, en circunstancias que el agraviado fue contratado por Roger Aurelio Obando Ascón (esposo de la acusada), para realizar un servicio de fil- mación en el interior del inmueble ubicado en las Esmeraldas N° 354, momen- tos en que hace su ingreso la acusada, molesta porque se estaba filmando en el interior de su domicilio, es ahí que de forma violenta le arrebata la cámara filmadora para luego arrojarla al piso, produciéndole

los daños imputados.

II.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

03.- Es materia de apelación la sentencia, resolución número dos, de fecha veintiséis de enero del año dos mil doce, la misma que absuelve a María Luisa Vilca Bejarano de los cargos formulados en su contra, como presunta autora de la comisión del Delito de Daños en agravio de Carlos Arturo Pizarro Vega. PETICIÓN JURIDICA DEL ACTOR CIVIL 04.- El actor civil interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia, este medio impugnatorio corre en folios 37 y 38 del cuaderno de debate. Sin embargo, a la realización de la audiencia de apelación esta parte no concurrió asesorada por su abogado defensor, por lo que en el acto se preguntó a las partes procesales acerca de su conformidad en cuanto a que la defensa de los intereses del actor civil sea efectuada por el representante del Ministerio Público, a lo que no hubo objeción, continuándose con el decurso normal de la audiencia. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 05.- El Representante del Ministerio Público, solicitó se revoque la sentencia impugnada y modificándola se condena a la imputada; alternativamente, solicitó la nulidad del juicio oral. FUNDAMENTOS: 06.- Que, esta parte fundamenta su petición en que el a quo no ha valorado debidamente las pruebas actuadas en juicio oral. Así en sus alegatos finales se argumentó: a.

Que, la declaración del agraviado cumple con los requisitos previstos en el acuerdo plenario 02-2005/CJ-116. En cuanto a la persistencia en la incriminación, corroboración con otros medios probatorios y ausencia de incredibilidad subjetiva.

b.

Que, el a quo sustenta su fallo en la incongruencia entre las versiones sobre el precio de la cámara. Existiendo un informe pericial valorativo realizado por un perito del Ministerio Público que ha determinado el valor actual del bien dañado (S/. 850.00).

c.

Que, el fundamento esbozado por el a quo acerca de la continuidad temporal entre la ocurrencia de los hechos y la denuncia presentada, y de la imprecisión generada en cuanto a la identidad de la cámara, es incorrecto.

PETICIÓN JURÍDICA DE LA DEFENSA: 07.- Por su parte, la defensa de María Luisa Vilca Bejarano sostuvo que el a quo ha valorado debidamente las pruebas y que la sentencia es acorde al ordenamiento jurídico, por tanto debe confirmarse.

FUNDAMENTOS: 08.- La defensa basa su petición en: 1) Que no se ha acreditado fehacientemente la preexistencia del bien. 2) Que el informe técnico no tiene fecha y la pericia va- lorativa se ha realizado sin respetar la cadena de custodia. 3) Que los testigos no coinciden en el tamaño de la cámara. 4) Que las primeras declaraciones del testigo Roger Aurelio Obando Ascón estuvieron motivadas por un contexto conflictual (violencia familiar y proceso de divorcio seguido contra la imputa- da). 5) Que lo actuado en el juicio oral resulta creíble y el valor que le dio el a quo a través del principio de inmediación es correcto. ITINERARIO DEL PROCESO: 09.- En la audiencia de apelación no se actuó nueva prueba, no se oralizaron piezas documentales, no fue necesaria la declaración de las partes debido a la naturaleza del recurso impugnatorio, por lo que como efecto de la apelación formulada, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia recurrida. III. CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 10.- A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, está contenido en el artículo 205° del Código Penal, que prescribe que: “El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”. 11.- Debemos precisar que, en los delitos de Daños, el bien jurídico protegido es el patrimonio, pero de forma concreta la funcionalidad del bien, su integridad material así como su valor en el mercado, que han de afectarse cuando el agente destruye, daña o inutiliza el objeto material del delito 70. Como señala Creus; “lisa y llanamente el agente extingue o menoscaba los poderes que el sujeto pasivo pueden ejercer sobre la cosa, por medio de un atentado contra la cosa misma, cuyo valor económico de cambio o utilitario elimina o reduce”.71

70

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal – Parte Especial. Tomo II. Idemsa. Lima p.461.

71

CREUS, Carlos; Derecho Penal. Parte Especial, Tomos I,II y III. Ed. Astrea, Buenos Aires, 1era. Reimpresión, 1996.

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12.- En concordancia con lo anterior se tiene el comentario de BAJO FERNANDEZ en alusión a este Tipo Penal: “Lo protegido es la capacidad de disposición que tiene el propietario sobre la cosa, por eso se afecta materialmente el mismo, en la medida en que ella tiene una determinada relevancia econó- mica y esa capacidad de disposición aparece protegida jurídicamente (de- recho de propiedad). (…)Pero cabe resaltar que, no se puede decir que el bien objeto de tutela sea la propiedad, pues cuando se trata de menoscabo o inutilización de la cosa el derecho de propiedad puede quedar incólume en cuyo caso se lesiona el contenido jurídico y económico del derecho de propiedad.”72. Entonces, podemos decir que se produce una defraudación de las legítimas expectativas del propietario del bien, en cuanto a los fines que le esperaba obtener con su uso y disfrute así como con el valor económico que pretendía obtener con su posterior enajenación. 13.-

Que, el Artículo 139 Inciso 05 de la Constitución Política del Perú, prescribe “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instan- cias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. En igual sen- tido, lo establecido el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar, que “Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.”; y lo prescrito en el Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y cir- cunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”.

14.- Que, por su parte el Tribunal Constitucional 73 ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del jus- ticiable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magis- trados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.

72

BAJO FERNANDEZ, Miguel, PEREZ MANZANO Mercedes y SUAREZ GONZALES, Carlos; Manual de Derecho Penal, Parte Especial. Segunda edición Editorial Centro de estudios Ramón

Areces SA, Madrid, 1993. 73

EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.

A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su deci- sión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de trans- mitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión.

c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela ju- dicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan mo- dificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa).”.

PREMISA FÁCTICA: 15.- De la acusación formulada por el Ministerio Público se desprenden los hechos y circunstancias materia de la imputación, se tiene que la procesada, el día 27 de Febrero del 2010, el agraviado fue contratado por el esposo de la acusada Roger Aurelio Obando Ascón para realizar un servicio de filmación en el inte- rior del inmueble ubicado en las Esmeraldas N° 354, momentos en que hace su ingreso la acusada, molesta porque estaban filmando el interior de su do- micilio, y donde en forma violenta le arrebata la cámara filmadora y la arroja al piso, produciéndole los daños imputados. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA: 16.- Que, se debe tener en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y esta-

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blecer los niveles de imputación 74, partiendo de esta premisa, en el trámite del proceso penal, el debate oral debe ser entendido como la fase central de la etapa de juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que se realizarán durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas o de información documental y/o material, o por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba. 17.- Que, respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará inde- pendientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, pre constituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instan- cia75. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribunal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas senten- cias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los tes- tigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los cono- cimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radi- calmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contra-

74

El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica R.N. N° 2714-2003-Lima-Cono Norte. p.,380.

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Inciso 2 del Artículo 425 del Código Procesal Penal.

dictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia76. 18.- Que, para la valoración de la declaración del agraviado debe de aplicarse los criterios contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurren- tes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acu- sador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado, requisito que en el presente caso se encuentra presente ya que como refiere el agraviado el fue contratado para realizar una grabación, hecho que ha sido confirmado con las declaraciones de Miguel Ángel Pizarro Horna y de Roger Aurelio Obando Ascón, además de no haber sido rebatido por la defensa de la procesada; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por cir- cunstancias de lugar y tiempo, este criterio también se ha visto satisfecho en el presente caso ya que las declaraciones vertidas en el juicio oral coinciden parcialmente en cuanto a la forma en que sucedió el enfrentamiento, siendo además corroborado con el informe médico legal N°002088-L efectuado en la persona de Miguel Ángel Pizarro Horna que acredita la agresión referida por los declarantes (puñetaso al hijo del agraviado); c) persistencia en la incrimi- nación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme. Elemento de juicio que se evidencia también en el presente proceso, ya que a lo largo del proceso, el agraviado ha mantenido la imputa- ción de manera similar. 19.-

Que, como ya se dijo existe el deber de motivar adecuada y suficientemente las resoluciones judiciales, haciendo efectiva de esta manera la garantía constitucional prevista a favor de los justiciables con la finalidad de evitar la emisión de decisiones arbitrarias por parte de los órganos jurisdiccionales. Siendo ello así, se tiene que toda resolución judicial debe contener una “adecuada conexión entre los hechos que sustentan la decisión (quaestio facti) y las normas jurídicas que la respaldan (quaestio iuris), en cuya virtud se delimita las razones que justifican el fallo adoptado en función a los hechos declarados probados y las normas invocadas para dar respaldo a las pretensiones y resistencias de las partes”.77”.

20.- Que, la resolución impugnada presenta error in cogitando o error en la motivación o juicio lógico desplegado para sustentar el fallo; concretamente una

76

GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Editorial Colex. Madrid, 2004. pp. 275-276

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QUEJA Nº 1545-2006. SALA PENAL TRANSITORIA. Tacna. 20/03/2007

deficiencia motivación externa de la misma (Literal “c” del fundamento 15 de la presente resolución). Es decir la justificación de la premisa de donde parte el juez para motivar su resolución es deficiente, ya que en un momento en el rubro valoración individual de la prueba, establece las diferentes premisas que a su criterio han quedado establecidas: el daño realizado a la filmadora y el precio en que el perito ha valuado tal daño, la laceración presente en el labio del testigo Miguel Ángel Pizarro Horna, sin embargo cuando desarrolla una valoración conjunta, basa fundamentalmente su fallo en que las testimo- niales de cargo son discrepantes entre sí, sin tener en cuenta que dos de las tres declaraciones coinciden en la forma y circunstancias de los hechos, sin embargo se privilegia la contradicción realizada por el testigo Roger Aurelio Obando Ascón esposo de la imputada y sobre la cual esta parte puede ejercer algún tipo de influencia; además de la discrepancia o variación del precio del bien dañado, hecho fáctico que objetivamente quedaría fuera de discusión al existir la valuación de un perito oficial. Mayor razón si el a quo no ha mencio- nado cosa alguna sobre la preexistencia del bien objeto del delito que en este caso viene respaldada por la pericia valorativa, copia certificada de la boleta de venta y el testimonio del agraviado. 21.- Que, en virtud de los fundamentos anteriores nos llevan a la conclusión de afección seria a la debida motivación de las resoluciones judiciales del artículo 139.5 de la Constitución, garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso desarrollado por el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 2 del Exp. N° 1480-2006-AA/TC: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proce- so. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios”. 22.- Que, Tomando en consideración los fundamentos expresados en esta sentencia, a criterio de esta Sala Superior en el juicio oral existe material probatorio de cargo que debe ser discutido nuevamente en igualdad de armas, para que se haga posible un efectivo razonamiento conforme a las reglas previstas en el Código Procesal Penal, ya que la sustentación de la presente sentencia es un hecho que el presente tribunal no puede pasar por alto; es

por ello que éste Colegiado con afán de preservar el modelo acusatorio adversarial, así como el

fin dikelógico78 del derecho, que es hacer realidad la justicia, es que entiende que ante una flagrante violación de las leyes de la lógica formal y del razonamiento jurídico, así como de las garantías previstas a favor del procesado; debe decretar no sólo la nulidad de la sentencia materia de impugnación sino del juicio oral del cual fue producto, ordenando que sea un nuevo juez quien sustancie tal acto procesal, respetando las normas referidas a una tutela pro- cesal efectiva, para finalmente expedir nueva sentencia.R.N. N° 1322-2005 La Libertad 23.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que el recurso de apelación ha sido presentado por el Actor Civil y el Ministerio Público, en ejercicio regu- lar del derecho constitucional y procesal79 a la doble instancia y de su deber de persecución del delito respectivamente, además de poseer razones fundadas para hacerlo; por lo que debe eximírseles del pago de costas. IV.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experien- cia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1.- DECLARAR LA NULIDAD la Sentencia, resolución número dos, fecha veintiséis de Enero del año dos mil doce, la misma que Absuelve a María Luisa Vilca Bejarano de los cargos formulados en su contra, como presunta autora de la comisión del Delito de Daños en agravio de Carlos Arturo Pizarro Vega. 2.-

ANULAR el debate oral realizado en la presente causa.

3.-

ORDENARON se realice un nuevo juicio oral por otro juez llamado por ley.

4.-

SIN COSTAS.

5.-

NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.

Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas

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Alude a la ciencia de la justicia, el hacer justicia al caso concreto.

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Artículo 106 del Código Procesal Penal.

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16. DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PROCESO PENAL Nº : 00539-2010-0-1601-SP-PE-01 ASISTENTE JURISDICCIONAL : EIDAN V. ULLOA RUIZ AGRAVIADOS : EL ESTADO – PROCURADURIA DEL PODER JUDICIAL IMPUTADO : MARIA JULIA ALVA LEON VICTORIA YSABEL ALVA JAVE DELITO : DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD MINISTERIO PÚBLICO : DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : OCTAVO JUZGADO PENAL COLEGIADO IMPUGNANTE : MINISTERIO PÚBLICO ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO VENTINUEVE Trujillo, Veintiséis de Octubre De Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Supe- rior de Justicia de La Libertad, doctor VICTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular - Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN ((Juez Superior Titular y Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular), en la que intervienen como parte apelante, el representante del Ministerio Público, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia venida en grado, resolución número TRECE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve y que consta en páginas ochenta y nueve a noventa y tres. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación promovido por el representante del Ministerio Público, quien ha interpuesto dicho recurso contra la sentencia venida en grado, resolución número TRECE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve y que obrante en las páginas ochenta y nueve a noventa y tres, en el extre- mo que ABSUELVE a las imputadas MARIA JULIA ALVA LEÓN y VICTORIA ISABEL ALVA JAVE de la acusación fiscal donde se les imputa ser autoras del delito desobediencia y resistencia la autoridad en agravio del ESTADO, solicitando que se revoque la venida en grado y emita sentencia condenatoria contra las mencionadas acusadas.

2.

Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1.- El señor representante del Ministerio Público, Doctor CARLOS MATAMOROS CURIPACO, en audiencia de apelación de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, solicita que se revoque la sentencia en el extremo que absuelve a las imputadas MARIA JULIA ALVA LEÓN y VICTORIA ISABEL ALVA JAVE de la acusación fiscal donde se les im- puta ser autoras del delito desobediencia y resistencia la autoridad en agravio del ESTADO, considerando que existen suficientes elementos de convicción y otros elementos periféricos que determinan la comisión del delito materia de acusación y la responsabilidad penal de las inves- tigadas. 2.2.- Se advierte de la sentencia, que existen ciertas incongruencias respecto a los presupuestos que ayudan a inferir que las investigadas no habrían cometido el hecho delictivo. Por cuanto, la señora Juez de Paz fue al lugar de la diligencia pero fue impedida por 20 personas dentro de las cuales se encontraban las imputadas; 2.3.- Dicha sentencia no se encuentra arreglada a derecho, por cuanto en el juicio oral se actuaron medios probatorios que corroboran tanto la comisión del delito así como la responsabilidad que le asiste al imputado en la comisión de los hechos que fueron materia de investigación; en tal sentido, la fiscalía considera que debe revocarse la venida en grado en el extremo antes precisado.

3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto, en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron medios probatorios, y por lo tanto no se han actuado nuevos medios de prueba. Habiéndose llevado a cabo la declaración del procesado en la audiencia de apelación conforme consta en audio. III. CONSIDERANDOS 3.1. PREMISA NORMATIVA: 1)

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A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia venida en grado, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son GRUPO EDITORIAL Lex &

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materia del presente proceso penal, se ha configurado el ilícito penal de Desobediencia o resistencia a la autoridad, prescrito en el artículo 368° del Código Penal. 2)

Respecto al mencionado delito, este superior colegiado tiene a bien precisar que, consiste en desobedecer o resistir la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones; por lo tanto, para que se consuma dicha acción típica basta el incumplimiento de la orden u omitir su realización siempre y cuando ésta se encuentre dentro del marco de la ley80.

3)

Podemos agregar que, la desobediencia es la rebeldía u oposición abier- ta hostil y maliciosa, acompañada de actos de contradicción, decidida y resuelta al cumplimiento de un mandato u orden en curso de ejecución, expreso y personal de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

3.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 4)

Es materia de impugnación, la sentencia venida en grado, resolución número TRECE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve y que obrante en las páginas ochenta y nueve a noventa y tres; en el extremo que, ABSUELVE a las imputadas MARÍA JULIA ALVA LEÓN y VICTORIA ISABEL ALVA JAVE de la acusación fiscal donde se les im- puta ser autoras del delito desobediencia y resistencia la autoridad en agravio del ESTADO.

5)

Para fundamentar un juicio de condena se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral 81, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del procesado, es decir, que se haya desvirtuado la presunción de inocencia82, a la que

80

EJECUTORIA SUPREMA DEL 6/8/99. EXP. N° 3297-98, LIMA DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA, IMA, GACETA JURÍDICA, AÑO 7, NÚMERO 28, ENERO 2001, P.323.

81

“Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y con- tinuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596.

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La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de

algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de in- culpabilidad”, categoría jurídica que está íntima y directamente vincu- lada a la actividad probatoria, de igual forma el principio de in dubio pro reo, pues no es posible referirse a éstos si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o cuando menos uno de estos, pues el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifestación del derecho de defensa. 6)

La presunción de inocencia es un derecho fundamental (artículo 2.24. “c” Constitución Política) que se encuentra consagrado en todos los or- denamientos constitucionales modernos que tienen como fin supremo la prevalencia del individuo frente al Estado e incluso frente al proceso penal. De esta manera, la presunción de inocencia como garantía pro- cesal penal consiste en que el investigado, imputado o encausado debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia judicial firme y por magistrados independientes.

7)

Siguiendo a Vegas Torres, la presunción de inocencia tiene un triple enunciado: 1) la presunción de inocencia es un concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, de cor- te liberal, en el cual se mira fundamentalmente ha establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal; 2) la presunción de inocencia es un postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partir- se de la idea de que el inculpado es inocente y, por lo tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del im- putado durante el proceso; 3) la presunción de inocencia es una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con inci- dencia en el ámbito probatorio, conforme a lo cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación,

proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”.

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En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

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imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada.83 8)

Cabe anotar que tanto la presunción de inocencia así como el indubio pro reo inciden sobre la valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es algo objetivo, supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incriminatorias, sino a la entidad y cualidad que deben reunir estas). La sentencia, en ambos casos, será absoluto- ria, bien por falta de pruebas (presunción de inocencia), bien porque la insuficiencia de las mismas - desde el punto de vista subjetivo del juez - genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo), lo que da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente.84

9)

La sentencia apelada hace un análisis probatorio en el cuarto considerando, de lo que resulte que no se ha cumplido con los artículos 394° y 938° del Código Procesal Penal, al no haber motivado en forma clara, lógica y completa cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados o que lo justifique. Siendo esto así, no ha valorado la testimonial del Mayor de la PNP Carlos Antonio Aliaga Cortesana y las documentales actuadas en juicio oral como son: resolución judicial N°52 de fecha 29 de Abril de 2008, la constancias de notificación de la resolución judicial N° 52 realizadas a las acusadas, y escrito pidiendo suspensión de lanzamiento de fecha 27 de mayo de 2008, presentado por las acusadas; además de el Acta de Diligencia de Lanzamiento de fecha 27 de mayo de 2008.

10)

Ahora bien, en vía jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha establecido que “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judi- ciales constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales una res- petuosa, razonada, motivada y congruente con las pretensiones opor- tunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia que las resoluciones judiciales sean motivadas, garantiza que

83

VEGAS TORRES, JAIME. “Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal”, Editorial La Ley. Madrid.

84

EXPEDIENTE N° 00728-2008-PHC/TC. Considerando 37.

los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegu- rando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (…). En tal sentido(…) implica la exigencia de que el órgano jurisdiccio- nal sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el mar- co de un proceso(…) Fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamiento del fallo y lo pretendido por las partes; y c) que por sí mismas expresen una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando ésta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por revisión85.

85

11)

Asimismo, tenemos en el Artículo 394° numeral tres, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y valoración de la prueba que lo sustenta, con indicación del razonamiento que lo justifique”.

12)

A juicio del Tribunal Constitucional, el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia na- rrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamen- te confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de iden- tificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, 1°ed. Enero 2009, p.702-703.

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c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tu- tela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motiva- ción de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (in- congruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se pro- duzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando in- defensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”86.

Esta Sala Superior, al haber realizado un análisis conjunto, determina que este extremo de la sentencia venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conllevando de ese modo al del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales exigido por nuestro ordenamiento jurídico, no habiéndo- se realizado el análisis de los actuados ni de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar que no existe

EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura.

responsabilidad de las procesadas, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se ha dictado respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determi- nados jurídicamente; por ello se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 150° del Código procesal Penal. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1.- DECLARAR NULA, la sentencia, resolución número TRECE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve y que obrante en las páginas ochenta y nueve a noventa y tres, en el extremo que ABSUELVE a las imputadas MARIA JULIA ALVA LEÓN y VICTORIA ISABEL ALVA JAVE de la acusación fiscal donde se les imputa ser autoras del delito desobediencia y resistencia la auto- ridad en agravio del ESTADO. 2.- ORDENARON la realización de nuevo juicio oral y la intervención de otro juzgador. 3.- NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Titular, Ponente y Director de Debates, Señora Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.

17. EJERCICIO ILEGAL DE UNA PROFESION EXPEDIENTE : 05485-2009-60-1601-JR-PE-03.IMPUTADO : PISCONTE LAZARO WILSON ANTONIO DELITO : EJERCICIO ILEGAL DE UNA PROFESION AGRAVIADO : EL ESTADO PROCEDENCIA : PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL APELANTE : IMPUTADO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Treinta de Junio Del Año dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - ----------I.-

PRETENSION DE LAS PARTES.-

1.1.- Que, viene en apelación la Sentencia que condena al acusado Wilson Antonio Pisconte Lázaro, como autor del delito de Ejercicio Ilegal de una Profesión, en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de dos años bajo reglas de conducta; y fija una reparación civil en la suma de quinientos nuevos soles a favor de la agraviada. - - - - - - - - - - - - - 1.2.- Que, el abogado del imputado ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia condenatoria y solicita que sea revocada y se le absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal, porque el hecho investigado es atípico, puesto que la conducta de elaboración de los estados financieros en calidad de contador encargado lo ha realizado sin estar presente el dolo, por disposi- ción del Director del plantel ante la ausencia del Contador Público Colegiado. -------------------------------------------------1.3.- En contraposición a la pretensión de la defensa del imputado, la representan- te del Ministerio Publico, solicita se confirme la sentencia apelada, al haber- se acreditado la responsabilidad del imputado, por concurrir los elementos del tipo objetivo y subjetivo; agregando que si bien en el sello no se señala la matricula, el no tiene el título, solo tiene estudios técnicos en el área de contabilidad y en el colegio tiene resolución de encargatura pero pertenece al área ocupacional de este colegio. Ha transgredido la directiva 002 – 2008

– EF/93.01 en el que se establece que los estados financieros de los CAFAE deben ser elaborados y suscritos por un contador público colegiado y habilitado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.4. En igual sentido el abogado del Actor Civil solicita se confirme la sentencia apelada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- ACTUACIONES PROCESALES.2.1.- Que en la audiencia de apelación la parte apelante se ratificó y expresó los fundamentos de su apelación y por su parte el Ministerio Publico sustento su pretensión punitiva; no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales. 2.2.- El acusado prestó su declaración sosteniendo que trabaja en el Colegio Militar Ramón Castilla desde 1989. El año 2007 se conformó el CAFAE y en enero del 2008 le dieron un memorándum para realizar la contabilidad porque el con- tador hizo abandono del cargo. Y como el Gobierno Regional pedía el balance del CAFAE a la dirección del colegio, le dieron un memorándum para hacer la contabilidad a pesar de que sabían que no era contador. Y se apersono a las oficinas del Gobierno Regional en donde le explicaron cómo hacerlo. Le dijo al director que tenía que ser firmado por un contador público colegiado; pero él le dijo que lo firme; y lo firmó como contador encargado, con el sello que le hicieron en la dirección. Les dijo que necesitaban la firma de un contador, pero lo enviaron así. No está inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, estudio en el instituto Carlos E. Uceda Meza, es técnico.2.3.- Se escuchó los alegatos finales de las partes, quienes desarrollaron sus pretensiones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4.- Con efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- CONSIDERANDOS: 3.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.3.1.1. El delito de ejercicio ilegal de la profesión se encuentra previsto en el artículo 190 del Código Penal que prescribe: “El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, será reprimido con pena priva- tiva de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años, si el ejercicio de la profesión se da en el ámbito de la función pública o prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.” 3.1.2. En la sentencia de casación 03-2007 – Huaura de 07.11.07, se ha precisado que uno de los elementos que integra el contenido esencial de la presunción de inocencia como regla de prueba es que la actividad

probatoria realizada en el proceso sea suficiente, conforme al primer párrafo del artículo dos del título preliminar del Nuevo Código Procesal Penal. Ello quiere decir, primero, que las pruebas, así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones, estén referidas a los hechos objeto de imputación, al aspecto objetivo de los hechos, y a la vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------3.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 3.2.1. Que los hechos objeto de la acusación del Ministerio Público son los siguientes: Que en el Informe Especial Nº 025-2008-02-5342 emitido por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de La Libertad se indica que con oficio Nº 152-2008-CMGMRC-CAFAE/PRE, del 24 de Marzo 2008, el CAFAE del Colegio Gran Mariscal Ramón Castila remite al CAFAE del Gobierno Regional información Financiera Contable para su consolidación y posterior envió a la Contaduría y como resultado de la revisión a la información documentada se evidencia que los Estados Financieros estaban firmados por Wilson Antonio Pisconte Lázaro cuyo sello sólo se describía la palabra contador (e), sin la matricula correspondiente. Y a su solicitud el Decano del Colegio de Contadores de La Libertad les informó que la citada persona no se encuentra inscrito en su base de datos y por lo tanto no es miembro de la orden. Así mismo El Director del Colegio Gran Mariscal Ramón Castilla informó que Wilson Antonio Pisconte Lázaro es un servidor nombrado cuya formación académica es el de ser Especialista Profesional en Contabilidad Empresarial, laborando desde 1991 en el Área Administrativa y que desde el año 2002 se le encargó vía Resoluciones Directorales el cargo de Especialista en Finanzas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2.2. En la sentencia apelada se sostiene que valorando la prueba de cargo consistente en la declaración del acusado y la documental admitida se ha llegado a establecer: La existencia del hecho doloso en cuanto a la elaboración de los estados financieros, firmados por el acusado como contador (e), quien desempeña el grupo ocupacional como auxiliar, tiene estudios de segundo ciclo de contabilidad empresarial; y no es miembro de la orden del colegio de contadores públicos; que esta normado que la elaboración y firma de los estados financieros del CAFAE en el sector público, deben ser elaborados y firmados por un contador público, que además debe estar colegiado y habilitado para tal función; con lo que queda plenamente demostrado su responsabilidad penal,

en el ámbito de la función pública o prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 3.2.3. Que, el acusado en su declaración en juicio oral y en el examen ante esta instancia acepta la comisión de los hechos; y en igual sentido el aboga- do del imputado, sin embargo como teoría del caso, ha planteado que la conducta es atípica, por estar exenta de dolo; en tal sentido queda delimitado el ámbito de análisis en esta instancia, esto es el de determi- nar si el acusado ha actuado con conciencia y voluntad de cometer la conducta prevista en el artículo 363 del CP y la circunstancia agravante. -------------------------------3.2.4. Que el tipo penal tiene una vertiente objetiva (tipo objetivo) como una vertiente subjetiva (tipo subjetivo). El dolo supone la realización consciente (el querer) y voluntaria (el saber) de los elementos subjetivos del tipo. Por lo que el dolo contiene un elemento cognoscitivo, en el que el agente actúa consciente de sus actos, conociendo los elementos de acción típica, sujeto, conducta, objetos relación causal; y el elemento volitivo, el agente no solo debe haber conocido los elementos del tipo objetivo, sino que además debe haber tenido la voluntad de realizar- los87. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2.5. La Directiva N° 002 - 2008 - EF/93.01 de fecha 07 de enero de 2008, que regula los criterios para la preparación y presentación de los estados financieros e información complementaria elaborados por los comi- tés de administración de los fondos de asistencia y estimulo – CAFAE de las entidades del sector público, establece que los estados finan- cieros de los comités de administración de los fondos de asistencia y estimulo CAFAE deberán ser elaborados y suscritos por un contador público colegiado habilitado; sin embargo el acusado, quien no tiene el título de contador y por tanto no pertenece a la orden del Colegio de Contadores Públicos, ha procedido a elaborar la información financiera contable del ejercicio presupuestal 2007 del CAFAE – SEDE –UE.310 y después de firmar cada una de las 10 hojas usando un sello como contador (e), el Presidente del CAFAE del citado colegio con un oficio número 152 – 2008 –CMGMRC. CAFAE/PRE de fecha 24 de marzo de 2008 lo envió al Presidente del CAFAE – Sede Central del Gobierno Re- gional de la Libertad; habiendo actuado con pleno conocimiento de la

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MARIO PABLO RODRÍGUEZ HURTADO, “Manual De Casos Penales - Teoría del Delito y su im- portancia ene. Marco de la Reforma Procesal Penal”. 1º edición. Ed. Cooperación Alemana de Desarrollo. Lima - Perú: 2008. Pág. 170.

glosada disposición legal, desde que para elaborar dichos balances ha tenido que seguir las pautas y usar los formatos anexos. En ese sentido el acusado ha realizado actos propios de la profesión de contador pú- blico de naturaleza dolosa, pues en su condición de especialista en con- tabilidad tenía pleno conocimiento que no podía realizar actos propios del ejercicio de la profesión de contador y sin embargo los ha realizado, por lo que al haber concurrido el elemento cognoscitivo y volitivo se ha llegado a establecer que el acusado ha actuado en forma dolosa.- - - - ----------------------------------3.2.6. Por lo que habiéndose analizando en conjunto las pruebas y en virtud al principio de unidad de pruebas, se determina que el Juzgado unipersonal ha realizado una adecuada valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo presentados por la fiscalía, los mismos que han sido actuados en audiencia de juicio oral, llevándose a cabo un trámite adecuado del proceso penal, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como señala el Profesor San Martín, “es fundamental para la efectividad de la contradicción y consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación”88, por tal razón, este superior jerárquico establece que la sentencia condenatoria venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales; además como ha quedado establecido las pruebas actuadas y debidamente valoradas han sido suficientes para sustentar la teoría del caso del representante del Ministerio Público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2.7. De esta manera ha quedado acreditado fehacientemente la comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión y la culpabilidad del acusado, en calidad de autor, por lo que habiéndose desvanecido la presunción de inocencia prevista en el artículo II del Código procesal penal con la sufi- ciente actividad probatoria de carga obtenida y actuada con la debidas garantías procesales, la sentencia apelada que contiene una pena que guarda correspondencia con el injusto cometido, debe de ser confirma- da.- - - - - - - III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas

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http://blog.pucp.edu.pe/item/23860

de la experiencia, de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia que condena al acusado Wilson Antonio Pisconte Lázaro, como autor del delito de Ejercicio Ilegal de una Profesión, en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el pla- zo de dos años bajo determinadas reglas de conducta; y Fija una reparación civil en la suma de quinientos nuevos soles a favor de la agraviada, con lo demás que contiene. - - - - -



Y EJECUTORIADA que sea la presente devuélvase al Juzgado de origen. Actuó como Director de Debates y Ponente, el Juez Superior Walter Ricardo Cotrina Miñano.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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18. ENCUBRIMIENTO PERSONAL - NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE IMPUTADO DELITO AGRAVIADO APELANTE ASUNTO

: 01972-2010-86-1601-JR-PE-01 : DANIEL JANAMPA BERROSPI : ENCUBRIMIENTO PERSONAL : EL ESTADO – PODER JUDICIAL : MINISTERIO PÚBLICO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, siete de Octubre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, JUAN RODOLFO SEGUNDO ZAMORA BARBO- ZA (Presidente), WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO y RUDY EDINSON GON- ZALEZ LUJAN. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Es materia de apelación la sentencia que absuelve al acusado Daniel Janampa Berrospi como autor del delito contra la Función Jurisdiccional, en la modali- dad de Encubrimiento Personal, en agravio del Estado – Poder Judicial. - - - - ---------------------------1.2. El representante del Ministerio Púbico ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, solicitando que se declare nula por considerar que no se ha hecho una correcta valoración de los medios probatorios actua- dos. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3. El abogado del imputado solicita que se confirme la sentencia de materia de grado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4. Que esta Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.

CONSIDERANDOS:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1 Que, el delito de encubrimiento personal previsto en el artículo 404 del Código Penal se configura cuando el sujeto agente sustrae a una persona de la persecución penal o de la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia. 2.2. Que El Tribunal Constitucional ha señalado que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas conforme al artículo 139°, inciso 5), de la

Constitución, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que per- tenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una con- troversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.(…) En tal sentido el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pro- nunciamientos del fallo y lo pretendido por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión89. 2.3

Que, asimismo el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una in- ferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitu- cional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

89 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4947-2009-HC/TC. Caso Manuel Gómez Pachon y

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otros

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c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucio- nal si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamen- tos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

2.4

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modi- ficación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de ampa- ro. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incon- testadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”90.- - - - - - - - - - Que, la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efec- túa (FERNANDEZ ENTRALGO)”91.- Según Olsen Ghirardi92 se considera que la

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EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura.

91

CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201.

92

GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231.

resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5

Que, para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máximas de experiencia93, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contrario, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras: a)

Falta absoluta de motivación: Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.

b)

Motivación aparente: En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzga- dor glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamen- to94; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambi- guas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una mo- tivación real95.

c)

Motivación insuficiente: Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que

93

Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146.

94

FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117.

95

GHIRARDI, O., op cit., pág. 231.

llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la con- vicción96. Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una con- creta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbitrariedad”97. d)

Motivación incorrecta: Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.

2.6

Que, así mismo, el Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, señala que es un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improba- das, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razona- miento que la justifique”.-

FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.7

Los hechos materia de la acusación, descritos en la sentencia, consisten en que el día 07 de diciembre del año 2005, en horas de la tarde los policías Fernando Díaz Nery y Luis Carrasco Torres intervienen a Angel Alfonso Chang Fukuda por encontrarse con mandato de detención, conforme a la copia de requisitoria dictado por el Juzgado Mixto de Virú en la instrucción 255 – 2005 por el delito de omisión a la asistencia familiar siendo trasladado a la comisa- ría de Virú, sin embargo el acusado, el Mayor PNP Daniel Janampa Berrospi, Comisario de Virú, propone una transacción con la madre de los alimentistas y luego en forma ilegal y sin mandato judicial expreso lo pone en libertad, sustrayéndolo de la acción de la justicia.

De los fundamentos de la apelada2.8

96

En la sentencia apelada se sostiene, que ante un documento de transacción que soluciona el problema alimenticio entre las partes, que origino la orden de

Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103.

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Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102.

captura, fue puesto en conocimiento del Juzgado Mixto, por parte del acusado mediante un oficio, lo que ha originado que el Juzgado convalide la puesta en libertad del requisitoriado. No ha existido la seguridad para efectuar la detención, por tratarse de una copia de requisitoria, la que no estaba dirigida a la comisaria sino a la policía judicial, y por la hora ya no se podía verificar la autenticidad de la misma. La conducta del acusado no se encuadra en el delito de encubrimiento, pues la prueba no demuestra que el acusado haya tenido la intención de sustraer al intervenido, por el contrario puso en conocimiento del Juagado según las indicaciones de la misma titular, la que a su vez emite la resolución convalidando el accionar del acusado, distinto hubiera sido si hubiera puesto en libertad sin dar a conocer los hechos al Juzgado. Y si la Fiscalía aduce que el acusado omitió poner al detenido a disposición, tal con- ducta no constituye el tipo penal y tampoco se acredita el elemento subjetivo, que es doloso. Delimitación de la pretensión impugnatoria del Ministerio Público. 2.9

El Representante del Ministerio Público ha solicitado la nulidad de la senten- cia y un nuevo juicio oral, por no haberse hecho una correcta valoración de los medios probatorios actuados en juicio; por considerar que el comportamiento del acusado si se encuadra dentro del tipo penal, por haber propuesto a las partes un acuerdo, ha facilitado la salida el detenido para dirigirse a la notaria y ha ordenado al comandante de guardia que registre la libertad del detenido.

Análisis de las pretensiones impugnatorias.2.10 Que en la audiencia de apelación de sentencia no se han actuado nuevas prue- bas, el acusado se acogió al derecho de guardar silencio y no se oralizó ningún medio probatorio; de allí que el análisis de las pretensiones de las partes, con- sistente en la nulidad de la sentencia, solicitada por el Ministerio Público y la solicitud de que se confirme la sentencia por parte de la defensa del acusado, se circunscribirá a las pruebas actuadas en juicio oral y si estas han sido va- loradas por el Juez Unipersonal de primera instancia, de acuerdo a las reglas o pautas de valoración previstas en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal. 2.11 Que, con las declaraciones testimoniales del personal de la PNP Fernando Flo- ro Díaz Nery y Luis Amador Carrasco Torres y copia del oficio de captura expedido por el Juzgado Mixto de Virú, que ha sido oralizado en juicio oral, se ha llegado a probar que ambos policías, procedieron a intervenir y condu- cir a la Comisaría de Virú al requisitoriado Ángel Alfonso Chang Fukuda, por existir una orden de captura, al haber sido declarado reo ausente, en el pro- ceso penal que se le sigue por el delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de Carlos Chang Rosado; registrándose su detención a las dos y cinco de la tarde, y a las cuatro de la tarde fue liberado por orden del acusado, en

su condición de Jefe de la citada comisaría; conforme se ha acreditado con el libro de registro de detenidos y con la declaración testimonial del PNP Nicolás Nedder Infante Castillo, quien se desempeñaba ese día como comandante de guardia, actuadas en juicio oral. Y cuyos hechos, así descritos, se encuentran consignados en la sentencia apelada. De los elementos objetivos del tipo penal. 2.12 El legislador ha utilizado en la configuración del tipo el verbo rector “sustraer” entendiéndose por tal a toda conducta que facilite o haga posible eludir la investigación o la acción de la autoridad; es decir sustraer a la persecución penal o a la acción de la justicia, impedir que consiga llegar a él por cualquier medio (ocultamiento, facilitamiento de fuga, etc). El verbo rector no debe en- tenderse en su acepción literal sino en el sentido de la acción material de impedir que el encubierto pueda ser perseguido o condenado” 98. 2.13 Que, con relación al elemento objetivo del tipo penal, materia de acusación, en la sentencia apelada se ha sostenido que si el representante del Ministerio Público aduce que el acusado omitió poner el detenido a disposición del órga- no jurisdiccional, tal conducta no constituye el tipo penal. Sin embargo, esta afirmación, no se condice con un análisis racional de los hechos probados, desde que en el presente caso, al haberse acreditado que el intervenido quedó en calidad de detenido, a las dos y cinco de la tarde, en la Comisaria de la PNP de Virú, esta situación fáctica, ha conllevado que el detenido ingrese al ámbito de custodia por parte del personal de la policía nacional de dicha Comisaria, como ente corporativo y por ende bajo esa situación jurídica, el deber jurídico de ponerlo a disposición del Juzgado Mixto de Virú; en tal sentido la conducta del acusado, de haber dispuesto la liberación del requisitoriado por el Juzga- do Mixto, con lo cual ha impedido que el ente corporativo policial ponga a disposición del citado Juzgado al detenido, importa la conducta comisiva de sustraer al detenido de la persecución penal, al que se encontraba sujeto en el proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar; en tal sentido la conducta del acusado si se adecua a la estructura normativa del tipo penal objetivo, materia de acusación. Del elemento subjetivo del tipo. 2.14 Que el tipo penal admite solo el supuesto de naturaleza dolosa; el agente en- cubridor debe tener conocimiento o presumir que el encubierto ha cometi- do o participado de un hecho ilícito y es en ese saber que los sustrae de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada

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Jorge B. Hugo Álvarez. Delitos Contra la Administración de Justicia. Gaceta Jurídica S.A. Editorial el Buho. Primera Edición - octubre 2004. Pág. 59 y 60.

por la justicia. Esta acción dolosa admite multiplicidad de formas o modalidades adecuadas para fomentar la sustracción de la persecución penal o de cualquier otra medida ordenada por la justicia; resultando irrelevante que el agente encubridor asegure o no algún tipo de ventaja patrimonial o no. 99 2.15 En la sentencia apelada, se sostiene que las pruebas actuadas no demuestran que el acusado haya tenido la intención de sustraer al intervenido de la acción de la justicia; argumento que también ha sido sostenido por la defensa del acusado. Por lo que a efectos de determinar si en la conducta del acusado con- curre el elemento subjetivo del tipo, que es de naturaleza dolosa o intencional; se aprecia que en el presente proceso ha quedado acreditado, que el Juzgado Mixto de Virú presta atención al público, hasta las tres de la tarde, conforme lo ha sostenido el testigo Luis Felipe Rodríguez Saona, en su declaración pres- tada en juicio oral, quien en esa fecha se desempeñaba como Juez Suplente en el citado Juzgado; y cuyo horario es público conocimiento. Sin embargo, a pesar de que el intervenido estaba detenido en la Comisaría desde las dos con cinco minutos de la tarde, no fue puesto a disposición del Juzgado y muy por el contrario el acusado ordeno que personal policial escolte al detenido a una oficina notarial, de esa localidad, para suscribir una transacción con la señora Marita Marlene Rosado Ponce, como lo ha sostenido esta testigo en su declaración prestada en juicio oral y posteriormente el acusado procedió a liberar al detenido. 2.16 Que de estos hechos se desprende que el acusado ha tenido pleno conocimiento que existía una orden de captura contra el detenido, que se encontraba bajo el ámbito de custodia del personal policial de la Comisaria a su cargo; y es en ese saber que procedió a liberarlo, sustrayendo al detenido de la persecución penal, por la cual era requisitoriado por el Juzgado Mixto de Virú; por lo que este colegiado estima que el acusado ha tenido la conciencia y voluntad de sustraer de la acción de la justica al detenido; siendo indiferente el que posteriormente mediante un oficio haya puesto en conocimiento de su liberación al detenido; máxime si en ese oficio el acusado afirma que intentó comunicarse con el Juez Suplente, no teniendo comunicación con este, y sin embargo el Juez Suplente en su declaración prestada en juicio oral ha sosteni- do que no ha tenido conocimiento de la transacción efectuada entre las partes y que se ha encontrado en el Juzgado hasta las tres de la tarde; además tam- poco tiene sustento el hecho que en dicho oficio se afirme que se comunicó personalmente este hecho a la Juez titular Zully Sevillano Novoa, desde que la citada Juez, como ya se ha establecido, ese día se encontraba de licencia.

99 Jorge B. Hugo Álvarez. Delitos Contra la Administración de Justicia. Gaceta Jurídica S.A. Editorial el Buho. Primera Edición - octubre 2004. Pág. 64.

2.17 Que, en este orden de ideas, se advierte que se ha vulnerado la garantía de la motivación de la decisión judicial, en concreto el principio lógico de razón suficiente, desde que si bien se ha consignado en la sentencia el material pro- batorio en que se fundan las conclusiones, sin embargo no se ha efectuado una adecuada valoración, que evidencie la ligazón racional con las afirma- ciones y negaciones incorporadas en el fallo, por lo que se ha incurrido en una insuficiente motivación, incumpliéndose de esta manera con la exigencia constitucional y legal, del deber de motivación de las sentencias como garan- tía de la administración de justicia, por consiguiente al haberse transgredido el derecho a la debida motivación, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 409 Inciso 01, concordante con el Artículo 150 parágrafo d) y el Artí- culo 154 Inciso 04 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad de la Sentencia y del Juicio Oral, y exhortar a los magistrados del Juzgado Colegiado ha efecto de que en lo sucesivo, cumpla con el deber constitucional de motivación de las resoluciones; debiéndose disponerse la realización de un nuevo juicio oral por otro Juez, al amparo del principio de imparcialidad.- - - --------------------2.18 Que, por último, en cuanto al pago de las costas, tal como lo señala el Código Procesal Penal en su artículo 497°, este corresponde al vencido, sin embargo, de conformidad con el Artículo 499 el Ministerio Público se encuentra exento de pago, por lo que se lo debe eximir del pago de las costas del proceso.- - - ---------------------------------III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUS- TICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - -----------------------

DECLARARON NULA la Sentencia Absolutoria de fecha 03 de junio de 2010, que absuelve al acusado DANIEL JANAMPA BERROSPI, como autor del de- lito contra la función jurisdiccional, en la modalidad de Encubrimiento Perso- nal, en agravio del Estado - Poder Judicial. - -

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DISPUSIERON que otro Juzgado efectúe un nuevo juicio oral, y expida una sentencia observando la garantía de la debida motivación y demás garantías que consagra nuestra Constitución Política.- - - - - - -

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DECLARARON Exento de pago de costas al Ministerio Público.- - - -

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EXHORTARON a los Jueces a efecto de que en lo sucesivo cumpla con el de- ber de motivación.- -

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EJECUTORIADA que sea la presente DEVUELVASE al Juzgado de origen.

Actuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano.-

19. EXTORSION – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE IMPUTADO DELITO AGRAVIADA JAVE APELANTE ASUNTO

: 01298-2009-21-1601-JR-PE-06. : JUAN EMILIO RUIZ PEREZ : EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA : MILAGROS ENIGSABETH LANDERAS : SENTENCIADO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Veintiuno de Diciembre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Es materia de apelación la sentencia que condena al acusado Juan Emilio Ruiz Pérez, por el delito de Extorsión en grado de tentativa en agravio de Milagros Enigsabeth Landeras Javes, a diez años de pena privativa de libertad; y fija como reparación civil la suma de mil nuevos soles a favor de la agraviada. 1.2. El abogado del imputado ha solicitado que se revoque la sentencia, por considerar que su patrocinado no tiene antecedentes penales; que ha tenido problemas con el hermano de la agraviada, no estuvo presente al momento de los hechos, no ocasionó disparo alguno, ni ha pedido alguna suma de dinero y que la comprobación policial de los daños ocasionados en el inmue- ble de la agraviada, producto de los disparos debió realizarla un perito en balística. 1.3. El representante del Ministerio Público ha solicitado que se confirme la sentencia, considerando que a través de todo el proceso y en juicio oral se ha acopiado suficiente material probatorio que acredita la responsabilidad del procesado en el delito de Extorsión en grado de tentativa. 1.4. En la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, el imputado brindó su declaración; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.

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II.- CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.- El Artículo 200º del Código Penal prescribe: “El que mediante violencia o ame- naza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cual- quier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”. 2.2.- En los casos en que la sindicación de la víctima sea la única fuente de prueba de la vinculación del imputado con el delito, deberá aplicarse los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que impone la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor. Consecuentemente, cuando falten los tres requisitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…” [EXP. N.° 1218-2007-PHC/TC]. ); mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitablemente a una sentencia absolutoria por imperativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 2.3.- Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, pre constituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribu- nal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la

conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estruc- tura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la per- cepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscali- zados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimien- tos científicos. En consecuencia, el relato factico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en si mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en se- gunda instancia. (cita doctrinaria: ver: GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, dos mil cuatro, paginas doscientos setenta y cinco / doscientos setenta y seis)”100 FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.4.- En la parte expositiva de la sentencia se ha precisado que los hechos objeto de la acusación son los siguientes: el día siete de diciembre de dos mil ocho a horas dos y quince de la madrugada aproximadamente, cuando la agraviada se encontraba descansando en su domicilio, ubicado en la prolongación Santa Cruz número ochocientos dos, Chicago, escuchó disparos, pensando en un primer momento que se trataba de avellanas, pero como estos seguían, empe- zando a romperse las lunas de su inmueble, instantes que en compañía de su esposo Milton Fernando Herrera Tafur, suben al segundo piso y observaron a dos personas del sexo masculino en una motocicleta color negro con líneas plateadas, la denunciante los ha conocido como los alias “Pico” y “Fito”, quie- nes se dedican a robar por su domicilio, que portaban armas de fuego con las cuales disparaban a su domicilio, impactado los proyectiles, en la ventana, la puerta y la pared del primer piso, luego estos sujetos antes de retirarse, la amenazaron que la iban a matar a ella y a su esposo, y que iban a secuestrar a su menor hijo, exigiéndole dinero, dándose a la fuga en la motocicleta.

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100 CASACION N° 05-2007- HUAURA; Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

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De los fundamentos de la sentencia. 2.5.- En la sentencia apelada se sostiene que mediante el acta de denuncia verbal 1203-08 CPNP Ayacucho el día siete de diciembre del año dos mil ocho, en la madrugada la agraviada concurre a la dependencia policial de Ayacucho a de- nunciar los hechos en la cual depone que los sujetos apodados Pico y Fito rea- lizaron disparos a su inmueble llegando a amenazarlos con palabras soeces y pedían dinero para evitar un posible secuestro a uno de sus menores hijos y amenazándolos con hacerles daño, dando las características del apodado Fito, persona de aproximadamente un metro setenta, pelo crespo y tez blanca, lo cual coincide con la características del acusado conforme es de verse en mérito al principio de inmediación; asimismo en el parte policial 1088-2008-II DIRTEPOL, ese mismo día a horas catorce y treinta el sub oficial Rolando De La Cruz Montoya se constituyó al inmueble de propiedad Carla León Monto- ya comprobando que en la pared de cemento de la puerta de metal había un impacto al parecer producido por arma de fuego con desmoronamiento del cemento en un aproximado de 2.03 centímetros, igualmente en el segundo inmueble de propiedad de Milagros Landeras Javes, en cuya puerta de metal con lunas presenta dos orificios al parecer por arma de fuego; además la de- claración de Milton Fernando Herrera Tafur quien es cónyuge de la agraviada corrobora las exigencias de cobro a la agraviada y su familiar; considerando lo preceptuado en el Acuerdo Plenario 02-2005 de las Sala Penales, cuando el agraviado sea el único testigo de los hechos al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia. Delimitación de la pretensión del impugnante. 2.6.- El abogado del imputado solicita que se revoque la sentencia, por considerar que no se ha tenido en cuenta los alegatos de la defensa para dictar Sentencia, basándose sólo en la sindicación de los agraviados; para lo cual argumenta: a) Que, en el acta de denuncia verbal 1203-2008, en un primer momento la de- nuncia lo hacen dos personas Milagros Elizabeth Landeras Javes y Carla León Montoya estas personas señalan que Fito y Pico han disparado, no manifes- tado que pedían dinero; y durante el proceso Carla León Montoya no aparece para corroborar su versión hecha en su denuncia; b) La policía nacional no siendo experta en delito de extorsión ofician para una inspección crimina- lística, realizándose como aparece en el parte 10882008 en donde se relata la situación, además el personal PNP Rolando de la Cruz Montoya no fue a rendir su declaración de los hechos en juicio oral; c) En juicio oral al agraviado Milton Fernando Herrera Tafur se le preguntó si tiene un hermano de nombre Flavio, aceptando, e incluso este hermano ha ingresado la penal el Milagro; d)

la agraviada en su declaración en el parte manifiestan que los dos sujetos por- taban armas de fuego y armas blancas, en juicio oral nunca manifestaron que tenían armas blancas, de igual manera el agraviado señala que fueron ocho disparos, mientras la esposa señala que fueron cuatro, además señalan que los acusados piden dinero, más no señalan el monto, ni en donde iba a ser la entrega del dinero; e) además en lo que se refiere al plenario 02-2005 aparte de los presupuestos en este caso no hay corroboración de los hechos, por lo cual la sentencia debe ser revocada. Análisis de la pretensión impugnatoria del sentenciado. 2.7.- En relación al cuestionamiento de que se le ha condenado solo en base a la sindicación, es de advertir que en el Acta de denuncia Verbal Nr 1203-08 CP- NP-AYACUCHO a folio 1 del expediente judicial, en donde la agraviada narra todos los hechos que conforman el delito, señalando “… portaban armas de fuego con las cuales disparaban a su domicilio haciendo (04) impactos de bala, portaban armas blancas y estaban en un vehículo menor motocicleta (…), insultaban con palabras soeces y pedían dinero para evitar un posible secuestro a su menor hijo…” no advirtiéndose contradicción alguna entre la denuncia verbal y lo declarado en juicio oral, por el contrario las declaraciones han sido en lo sustancial coherentes, firmes y por ende verosímiles, y que ade- más han sido analizadas bajo los alcances del Acuerdo Plenario N° 02-2005/ CJ-116, del 30.9.2005, el mismo que debe servir de parámetro en los casos, como el presente, en que la declaración de los agraviados es la única prueba de cargo. En efecto es de estimarse que las declaraciones de los agraviados cumplen con los presupuestos de credibilidad establecidos en el acuerdo ple- nario referido y por lo tanto, se erigen como prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia. Así: a) la ausencia de incredibilidad subjetiva se verifica en tanto que no se ha establecido en el juicio la existencia de algún motivo – anterior al hecho- que haga creer de manera fundada que los agraviados han actuado bajo un móvil de odio, enemistad o resentimiento hacia el acusado, y si bien el acusado en esta audiencia de apelación ha ale- gado la existencia de alguna enemistad con el hermano de Milton Fernando Herrera Tafur llamado Flavio, señalado que se ha producido una pelea entre éste último y el sentenciado, a criterio de la Sala este hecho no tiene mayor trascendencia puesto que la persona llamada Flavio no es directamente uno de los agraviados sino una tercera persona, siendo éste cuñado de la agravia- da, además este hecho no ha sido objetivamente corroborado, quedando en un solo dicho; b) la verosimilitud en su declaración también está acreditada, puesto que la sindicación hecha por los agraviados ha sido sólida, y en lo sus- tancial coherente, además de haber sido corroborada, no solo por sus decla- raciones sino por el Parte Nº 1008-2008-II DITERPOL-OFICRI-AIC, en donde

el Sub Oficial Rolando De La Cruz Montoya se hace presente en el lugar de los hechos comprobando que existen orificios al parecer de armas de fuego, con lo cual los hechos están acreditados; por ende le reviste mayor credibilidad a su declaración. Por último, c) la persistencia en la incriminación, aquí, es de advertir que los agraviados deben mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor y esto ha ocurrido así en el presente caso, pues se ha sostenido de manera uniforme que el sentenciado ha disparado, ha amenazado con secuestrar a su menor hijo y ha solicitado dinero. 2.8.- Por estas consideraciones, este colegiado estima que el Juzgado Colegiado ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios actuados en audiencia de juicio oral, por lo que la senten- cia condenatoria materia del grado que se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, debe ser confirmada. III. PARTE DECISORIA: Por las consideraciones expuestas, analizados los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTI- CIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

CONFIRMAR sentencia que condena al acusado Juan Emilio Ruiz Pérez, por el delito de Extorsión en grado de tentativa en agravio de Milagros Enigsabeth Landeras Javes, a diez años de pena privativa de libertad; y fija como repara- ción civil la suma de mil nuevos soles a favor de la agraviada, con lo demás que contiene.



DEVUELVASE al Juzgado de origen, consentida o ejecutoriada que sea la pre- sente resolución.

Actuó como Ponente y Director de Debates, la Juez Superior, Lilly del Rosario Llap Unchon.-

20. EXTORSION – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL Nº ASISTENTE GIL AGRAVIADA IMPUTADO(S) MINISTERIO PÚBLICO PROCEDENCIA TRUJILLO IMPUGNANTE ASUNTO

: 2008-03499-71-1601-JR-PE-1 : LEYDI CONSUELO ABANTO : MARIA LIZARRAGA ORTIZ : JUAN ELKIN AVALOS ZARATE CARLOS OMAR HILARIO LOYAGA : DRA. ELIA VILCA JULCA : 1ER. JUZGADO PENAL COLEGIADO DE : MINISTERIO PÚBLICO : APELACIÓN DE SENTENCIA (EN SU EXTREMO AB- SOLUTORIO)

SENTENCIA Trujillo, veintiséis de noviembre del año dos mil nueve. VISTA Y OÍDA, en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Presidente, Juez Superior Titular), doctora LILLY LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Po- nente y Directora de Debates), doctor WALTER COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular), en la que intervienen como partes apelantes la representante del Minis- terio Público Dra. Milagros Arabela Holguín Cabanillas y el sentenciado Juan El- kin Avalos Zarate, los mismos que han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de fecha veintidós de abril del presente año dos mil nueve, siendo que la representante del Ministerio Público apela respecto al extremo de la absolutoria de CARLOS OMAR HILARIO LOYAGA; y el sentenciado Juan Elkin Avalos Zarate, apela la referida sentencia respecto al extremo de su condenatoria por el delito de extorsión en agravio de María Lizárraga Ortiz, a la pena de doce años de pena privativa de libertad. Debe precisarse que respecto de la apelación del Ministerio Público en el extremo de la condenatoria de Juan Elkin Avalos Zarate, esta Sala en la expedición de la presente resolución, NO va emitir pronunciamiento respecto a esta apelación, por cuanto, mediante resolución de fecha diecinueve de octubre del dos mil nueve, ha resuelto CONFIRMAR, la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil nueve, en el extremo que CONDENA a Juan Elkin Avalos Zárate como autor del delito de Extorsión, en agravio de María Lizárraga Ortiz y como tal se le impone la pena de Doce años de pena privativa de libertad efectiva, con lo demás que contiene, respecto de dicho sentenciado. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

La Sala Penal de Apelaciones conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la señora representante del Ministerio Público, me-

diante su recurso de la página sesenta y cinco a sesenta y ocho, contra la sentencia en el extremo de la absoluciòn de fecha veintidós de abril del año dos mil nueve, obrante en las páginas cincuenta y tres a sesenta y dos, la misma que absuelve al procesado Carlos Omar Hilario Loyaga, de la acusación fiscal por el delito de EX- TORSIÓN, en agravio de Maria Lizárraga Ortiz. Conforme se advierte de la acusación fiscal efectuada por la representante del Ministerio Público, la misma que obra en los actuados, en la Carpeta Fiscal (páginas cincuenta y cuatro a cincuenta y ocho), se tiene que el día 18 de julio a las 10:45 horas se coordinó un operativo policial para atrapar a los delincuentes que estaban extorsionando a la agraviada María Lizárraga Ortiz, elaborando el Acta Preparatoria de dinero por la suma de ochocientos nuevos soles con los números de serie anotados, dinero que se entregaría a cambio de no atentar contra su in- tegridad física y la de su familia, y planificado el operativo para las 11:30 horas, en que el personal PNP haciéndose pasar por la parte agraviada abordó un servicio de taxi, siendo un efectivo policial el que lo condujo, desplazándose a indicaciones de los extorsionadores a la Avenida Pumacahua de El Porvenir a la altura del Colegio José Carlos Mariátegui, tal como lo había indicado el extorsionador por teléfo- no, debiendo entregar el dinero a una persona de sexo masculino de polo verde y pantalón negro a la altura de SENCICO, una policía femenina que actuaba como si fuera la agraviada, cuando se acercó un hombre al vehículo que se estacionó, le preguntó a éste si era la persona quien iba a recibir el dinero, respondiendo éste que si, por lo que la policía femenina que hacía las veces de la agraviada le entregó el sobre conteniendo el dinero, bajando el conductor del taxi y al notar esa actitud el imputado Hilario Loyaga emprende la fuga, realizándose la persecución, logrando detenerlo a quien se le encontró en el bolsillo de su pantalón el sobre con el dinero marcado, mientras que otra parte del personal policial intervenía a escasos metros a otra persona en actitud sospechosa, quien al ver la intervención se dio a la fuga pretendiendo lanzar su celular hacia el techo, cayendo éste al suelo, siendo intervenido y conducido a la oficina de Secuestros de la Divincri, siendo que en este caso la conducta se encuadra en la acción de obligar a la agraviada a que entregue una suma de dinero o sea el acto de disposición patrimonial y la intimación o ame- naza en la que existe una conexión causal adecuándose al tipo penal de extorsión. II.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO INTERPUESTO:

2.1. DE LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO En las páginas setenta a sesenta y cinco a sesentiocho, la señora representante del Ministerio Público, interpone recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, sustentado ante ésta Superior Sala, que se revoque dicha sentencia, respecto de Carlos Omar Hilario Loyaga. Señala como fundamentos de su recurso de apelación que:

a)

No se han valorado las pruebas como son la declaración vertida por el sentenciado Ávalos Zarate y las testimoniales del personal policial inter- viniente en cuanto al comportamiento y actitudes que tuvo el absuelto Hilario Loyaga. Estas testimoniales han sido vertidas con coherencia y solidez. El ahora sentenciado Juan Elkin Avalos Zárate en todo mo- mento se ha declarado convicto y confeso de los hechos manifestando su arrepentimiento de los hechos por lo cual refiere que es verdad que llamó a la agraviada, además acepta que se puso de acuerdo con su coacusado Carlos Omar Hilario Loyaga y que éste le proporcionó el nú- mero de celular de la agraviada y que la llamó para informarle el modo de la entrega de dinero, por lo que el grado de participación de Hilario Loyaga es la de cómplice primario.

b)

La negativa en el sentido que desconocía que se estaba extorsionando a la agraviada y que solo fue a recoger el dinero de una junta es irrelevante y carece de valor probatorio, por las declaraciones vertidas por su co acusado y el personal policial, pues emprendió la huida cuando ya había recibido el dinero.

c)

En este orden de ideas la sentencia carece de motivación y razonamien- to lógico jurídico.

III. ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta Instancia Superior no se admitieron medios probatorios, tal como se verifica de la resolución de fecha primero de octubre del año dos mil nueve, obrante en las páginas ciento dieciséis a ciento diecinueve, por los fundamentos que allí se indican, prosiguiéndose al señalamiento de la fecha para la realización de la Audiencia de Apelación de sentencia, la misma que se realizó en la fecha pro- gramada, tal como es de verse del Registro correspondiente, obrante en autos, en las páginas ciento veintiocho a ciento veintinueve. IV.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS:

4.1 Premisa Normativa: 4.2 Los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de Extorsión en su fórmula simple, cuyo tipo penal se encuentra establecido en el primer párrafo del artículo 200º del Código Penal, el cual prescribe: “El que mediante violencia o amenaza, obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.”

En este sentido, el delito de extorsión consiste en obligar a una persona a otorgar al agente o un tercero una ventaja económica indebida, mediante violencia o amenaza (…); de lo anterior se advierte claramente que los medios para realizar la acción están debidamente establecidos por el artículo 200º del Código Penal; así, por violencia se debe entender la ejercida sobre una persona, suficientemente para vencer su resistencia y consecuencia de lo cual realice el desprendimiento económico; mientras que la amenaza, no es sino el anuncio del propósito de causar un mal a una persona, cuya idoneidad se decidirá de acuerdo a si el sujeto pasivo realiza el desprendimiento(…)101 El delito de extorsión, es un tipo penal complejo y pluriofensivo, pues lesiona (…) el patrimonio, la libertad y, eventualmente la integridad personal de la persona, de suerte que éstos últimos bienes jurídicos son un medio para ata- car el patrimonio; que el fin pretendido por el agente es la consecución de un lucro y el medio para conseguirlo es el empleo de la violencia o intimidación, a través del cual se obliga o exige a la víctima la realización de un acto de dispo- sición patrimonial por el anuncio de un daño inminente, de quien finalmente depende el cumplimiento de lo exigido.102 4.2. Respecto a la vinculación y accionar del sentenciado absuelto, se le investiga como cómplice primario, que corresponde a una forma de participación que se encuentra establecida en el artículo 25 del Código Penal, cuando dispone “el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado (…)”. Conocida también como complicidad necesaria, consiste en la contribución cuya presencia es determinante para la ejecución del delito; es decir, son actos de cooperación de tal magnitud que –a pesar de no poseer un dominio del hecho- sin su presencia no sería posible la comisión del delito. Según Enrique Gimbernart Ordeig, en su obra “Autor y cómplice en el derecho español” página 155, los actos de cooperación necesaria son aquellos actos sin los que el autor no hubiera podido realizar el hecho. La tesis de necesariedad es matizada en relación a las circunstancias que rodean al autor del delito y a las circunstancias en las que se lleva a cabo el hecho delictivo. 4.3. En el Acta de Intervención Policial, de fecha dieciocho de julio del año dos mil ocho, obrante en la página cuatro, se aprecia que se le ha detenido al pro-

101 Exp. Nº 2528-99-Lima, Ejec. Supr. 25 agosto.1999, en Revista Peruana de Jurisprudencia. Año II Nº 4, Trujillo, 2000.p.373. 102 R.N. Nº 2220-2004-Ayacucho, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 29 de Diciembre de 2004, S.P.P., en San Martín Castro, Cesar, Jurisprudencia y precedente Penal vinculante.

Selección de ejecutorias de la Corte Suprema, Palestra, Lima, Lima, 2006, p. 573)

cesado Carlos Omar Hilario Loyaga en el lugar de los hechos, verificándose de ésta manera la versión de la agraviada, la misma que proporcionó información sobre el lugar en donde se iba a entregar el dinero materia de la extorsión, por lo que con motivo del operativo planificado, se llegó a realizar la referida intervención y consecuentemente efectuar el Acta de Registro personal (pá- gina veintitrés) y el Acta de Hallazgo y Recojo del Celular Marca Motorola Nº 064-964278023 (teléfono incautado), obrante en la página nueve. 4.4. En vía jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha establecido:” El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un ele- mento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales una respetuosa, razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables(…)En tal sentido(…) implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso(…)[F]undamentalmente que exista: a)fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamiento del fallo y lo pretendido por las partes; y c) que por sí mismas exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando ésta sea suscinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión103. 4.5. En la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha quedado establecido que:” la observancia de las garantías del Debido Proceso no sólo son exigibles a los órganos que ejercen “función jurisdiccional en sentido estricto, sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, es decir de conducir un proceso.(…)Por la razón mencionada, esta Corte con-

103 Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, 1°ed. Enero 2009, p.702-703

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sidera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artí- culo 8 de la Convención Americana”.104 4.6. La Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 1644-2003, ha señalado que: “En el juicio oral no se ha efectuado una debida apreciación de los he- chos, ni se ha compulsado adecuadamente la prueba actuada con el fin de establecer fehacientemente la responsabilidad o irresponsabilidad de los encausados, por lo que la situación jurídica debe ser materia de un nuevo juzgamiento, a fin de realizarse una mejor apreciación de los hechos y una valoración integral de los medios probatorios, por lo que, resulta necesa- ria la actuación de determinadas diligencias para el cabal esclarecimiento de los hechos; declararon nula la sentencia y mandaron se realice un nue- vo juicio oral.”105 4.7. La sentencia apelada, respecto de la intervención del procesado Hilario Loyaga en el fundamento 9.5. considera que refiere como justificación de su presencia en el lugar de los hechos, que fue utilizado por el ahora condenado Juan Elkin Avalos Zárate, desconociendo el accionar previo desplegado por éste último; versión que ha mantenido en la audiencia; pesando en su contra habérsele intervenido a la altura de Sencico, lugar donde debería entregarle la agraviada la suma de dinero con motivo que no se concreticen las amenazas de que era objeto, habiendo recibido el sobre conforme al acta de incautación, presentando las características de vestimenta proporcionada a la agraviada, que se corrió al ver la persona con el revólver que se bajó del carro, lo que demuestra objetivamente que estuvo en el lugar de los hechos, pero no se ha acreditado fehacientemente que haya tomado conocimiento previo del accio- nar desplegado y haya existido un concierto de voluntades con su co proce- sado, pues este no ha sido consistente en la imputación directa contra Loyaga habiendo cambiado de versiones, sin que se hayan valorado la declaración de la agraviada, la declaración de los sub oficiales PNP que intervinieron inicial- mente y la declaración del propio Juan Elkin Avalos Zárate, el que en el juicio oral expresó que la idea de la extorsión partió de ambos, manifestándose contradicciones de gran envergadura. 4.8. Esta Sala Superior al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma ha vulnerado principios fundamentales constituidos como

104 Corte IDH. Caso Tribunal Constitucional. Sentencia de Fondo de 31 de enero de 2001, párr. 71. 105 Gaceta Jurídica. El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. R.N.N°

1644-2003-Lima.p.393

los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídica- mente; es así, que debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputación 106, partiendo de esta premisa, se debe tener en cuenta que en el trámite del presente proceso penal, en la audiencia de juicio oral, la misma que debe ser entendida como la central, la más importante del juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que realizaran durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas o de información documental y/o material, o por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba. 4.9. Este colegiado sostiene que para fundamentar un juicio de absolución, requie- re como presupuesto que no hayan existido en juicio oral 107, suficientes ele- mentos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del acusado, es decir, que no se haya desvirtuado la presunción de inocencia108,

106 El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica R.N.N° 2714-2003-Lima-Cono Norte.p.380. 107 “Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y continuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596. 108 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

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a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad” y sobre el “indubio pro reo”, cabe precisar que según la abun- dante doctrina, estas categorías jurídicas están íntima y directamente vincula- das a la actividad probatoria, pues no se puede hablar de una de ellas si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o cuando menos uno de estos, pues el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifestación del derecho de defensa. Es en ese sentido, que este colegiado advierte para sustentar el juicio de absolución no se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las misma que han sido materia de un debate contradictorio por parte de la representante del Ministerio Público y la defensa de los procesados, así como que en virtud del principio de inmediación, el colegiado ha podido observar de manera ob- jetiva, como ha 4.10. sido la declaración del procesado Juan Elkin Avalos Zarate, quien ha referido que la idea de extorsión partió de ambos y que inclusive el procesado absuelto le proporcionó el número telefónico de la agraviada, dicho que no han sido contrastados por el colegiado de primera instancia con la declaración de la agraviada y de los efectivos policiales que realizaron las diligencias, como han sido el SO3 PNP Marithza Verónica Asmat Sánchez, SO PNP Henry Apaza Calizaya y SOt PNP Robert Alberto vega martino y SOT 3 PNP Juan- Miguel Esquerre Cedamanos. Toda la descripción de la prueba actuada en juicio oral, tiene como mérito, mostrar la deficiencia que éste superior colegia- do advierte en cuanto a que el colegiado de primera instancia ha incurrido al hacer la valoración de las testimoniales de cargo del Ministerio Público, pues no ha tenido en cuenta los presupuestos previstos en el Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116 numeral diez“109,más aún si se tiene en cuenta que tales dichos

109 Tratándose de las declaraciones de los coimputados y testigos, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico “testis unus testis nullus”, para ser consi- derada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a)

Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.

b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.

que, han sido sustentados por los testigos de manera uniforme, concordante y que a lado de la declaración de la agraviada y del condenado Juan Elkin Ava- los Zarate, en virtud al principio de oralidad, tal como consta en audio, y que al ser sometidas al debate habrían coadyuvado a que el colegiado adopte un criterio de certeza, que los ayude a motivar su decisión, es decir, se ha vulne- rado una norma de carácter procesal, prescrita en el artículo 383° del Código Procesal Penal, colocándose en una desigualdad a las partes procesales, es decir, se ha vulnerado el principio de igualdad de armas, el cual supone un garantía de equilibrio entre lo alegado por cada uno de los sujetos procesales y las pruebas con las que cuenta para sustentar su teoría del caso, es decir, ha existido restricción para permitir el real esclarecimiento de los hechos a fin de determinar la responsabilidad penal de los procesados. 4.11.La agraviada, ha señalado la forma cómo se realizaron los hechos, sin embar- go, ese testimonio no ha sido analizado, lo que es motivo para que exista im- posibilidad de que este sea contrastado con los demás elementos de prueba, es decir, el colegiado, al sentenciar debe merituar los hechos y las pruebas personal real y documental, así como la indiciaria que existe en autos para de- cidir adecuadamente el caso como corresponde a la facultad discrecional de su arbitrio, más aún si se trata de un delito que reviste gravedad, por lo cual el órgano jurisdiccional debe agotar los apremios que la Ley confiere para el mejor esclarecimiento de los hechos y establecer fehacientemente la inocen- cia o responsabilidad del justiciable, lo que no ha ocurrido en el presente caso pues no se ha llevado a cabo una adecuada compulsa probatoria que permita arribar a los fines del proceso penal vigente de acuerdo al nuevo modelo acu- satorio con tendencia adversarial. 4.12.Es en ese orden de ideas, este superior jerárquico, al haber realizado un aná- lisis conjunto, en virtud al principio de comunidad de la prueba, se ha deter- minado que el colegiado no ha realizado una adecuada valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo presentados por el representan- te del Ministerio Público, los mismos que han sido ofrecidos y actuados en au- diencia de juicio oral, no contando por tal motivo con todas las prerrogativas para llevar a cabo un trámite adecuado del proceso penal al cual se encontra- ban sujetos las partes procesales, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como el Profesor San Martín, lo sostiene, es fundamental para la efectividad de la contradicción y “consiste en reconocer a las partes

c)

Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior. (…)”.Guerrero López , Iván Salomón, en Common Law en el Perú?.

Ju- risprudencia Penal Vinculante- Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116.pp 261.

los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación110, por tal razón, éste superior jerárquico determina que la sentencia absolutoria venida en grado no se ha sustentando en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conllevando de ese modo a una vulneración del debido proceso y motivación deficiente de resoluciones judiciales, motivo por el cual éste superior jerárquico advierte que la venida en grado ha incidido en una causal de nulidad. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en observancia debida a lo establecido en el artículo 150º inciso d) y 154º del Nuevo Código Procesal Penal, impartiendo Justicia en nombre del pueblo: a)

DECLARA NULA, la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil nueve, en el extremo que ABSUELVE a CARLOS OMAR HILARIO LOYAGA de la acusación fiscal por el delito de Extorsión, en agravio de María Lizárraga Ortiz

b)

ORDENA la realización de nuevo juicio oral, con la intervención de otro cole- giado, teniendo en cuenta los considerandos precedentes.

c)

NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley,

Actuó como Juez Superior Ponente la señora Doctora Lilly del Rosario Llap Unchón.

110 http://blog.pucp.edu.pe/item/23860

21. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE : 00248-2011-0-1601-SP-PE-01 ASISTENTE JURISDICCIONAL : CARMEN BUCHELLI DEVILLE. IMPUTADO : ELÍAS ROSALES VASQUEZ. DELITOS : -FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. -FALSEDAD GENÉRICA. AGRAVIADO : EL ESTADO: - REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC). - MINISTERIO DE JUSTICIA. PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN Y PATAZ. ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA.

SENTENCIA Resolución Número Dieciséis. Trujillo, Dieciocho de Noviembre Del Año Dos Mil Once. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública de Apelación por los magistrados inte- grantes de la Primera Sala Superior Penal, Doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VI- LLEGAS (Presidente de Sala), doctora LILLY LLAP UNCHÓN (Jueza Superior Titu- lar, Directora de Debates) y doctor MARTÍN VIDAL SALCEDO SALAZAR (Juez Superior Supernumerario) quien interviene por licencia del Dr. OSCAR ALARCÓN MONTOYA, y como parte apelante el Ministerio Público Dr. Carlos Matamoros Cu- ripaco, quien interpuso recurso impugnatorio consistente en la nulidad contra la Sentencia Absolutoria, Resolución Número Seis, de fecha veintiocho de Abril del año Dos Mil Once. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Es materia de apelación la sentencia, Resolución Número Seis de fecha veintiocho de Abril de Dos Mil Once, que obra en las páginas ochenta y tres a noventa y tres ocho, la misma que falla absolviendo de la acusación fiscal a ELÍAS ROSALES VÁSQUEZ por los Delitos contra Fe Pública en sus modalida- des de Falsificación de Documentos y Falsedad Genérica en agravio del ES- TADO representado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Ministerio de Justicia. 1.2.- El Ministerio Público ha deducido la NULIDAD contra la sentencia absoluto- ria, sustentando que no se ha observado los derechos y garantías previstos en

la Constitución Política del Estado y que existe incongruencia omisiva, esto es en la motivación aparece una incongruencia que ha llevado a la absolución del procesado, lo cual se configura como una vulneración al debido proceso. Así, afirma el representante del Ministerio Público que existe una afectación al debido proceso debido a que la respuesta del órgano jurisdiccional al emi- tir sentencia debe ser siempre basada en derecho, lo cual no se ha dado en el presente caso. En lo referente a la incongruencia omisiva: en el cuarto con- siderando de la sentencia, respecto al delito de falsificación de documentos, el juez manifiesta que los hechos materia de acusación no se subsumen en el artículo 427 del Código Penal, ni en su primero, ni segundo párrafo, esto es que el hecho resulta atípico; al mismo tiempo, al concluir refiere que no se ha destruido la presunción de inocencia, es decir, faltan pruebas contra el procesado respecto a la comisión del delito de Falsificación de Documentos, como se observa, el juzgador primero establece en la sentencia que el hecho es atípico y resulta concluyendo que se absuelve al procesado por falta de pruebas, es notable que se da una contradicción en tanto se afirma que los hechos son atípicos por lo que no tendría por que hacer la valoración de la prueba ya que ésta no determina la comisión del delito de Falsificación de Documentos; en esto se sustenta la incongruencia omisiva, advertida por el Ministerio Público. Lo mismo ocurre en el delito de Falsedad Genérica: El juez parte de la premisa que el accionar del procesado no se subsume en ninguno de los supuestos del artículo 438 del código penal, llegando a la conclusión luego, nuevamente rea- lizando el mismo razonamiento que realizó para el otro delito, que no existen suficientes elementos probatorios que puedan referir que el procesado haya cometido el delito de Falsedad Genérica. Estos argumentos en la sentencia de- terminan una valoración en el sentido de que no habría suficientes elementos probatorios que determinen la responsabilidad del procesado, y no como dice en primera instancia, el juez, que los hechos son atípicos. 1.3.- Por su parte, la defensa del procesado solicita que se CONFIRME la sentencia, pues la misma se encuentra basada en la prueba presentada por la Fiscalía y no existe la incongruencia que alega el Ministerio Público. Sostiene, el abogado defensor, que al retirarse la acusación contra los coacusados, el juez de juicio oral determina que si el Ministerio Público ha quitado fuerza a la actividad probatoria, dejando sólo acusación contra el procesado como el tramitador, obra la presunción de inocencia. Asimismo, argumenta que, es evidente que los artículos 427 Y 438 del Código Penal, exigen una conducta específica dolosa, y de toda la actividad probato- ria actuada en juicio oral no se ha determinado que el procesado

haya cometi-

do tales hechos ilícitos. No obstante, la defensa acepta que al redactar la sentencia, el juez argumenta que no se ha actuado prueba suficiente y por eso no encuadra la conducta con los tipos penales, no debiendo utilizar esta última frase; pero, al concluir, el juez es contundente al precisar que se absuelve al procesado por primar la presunción de inocencia. Por lo tanto, no hay nulidad absoluta, ni violación al debido proceso, así como no existe incongruencia en la redacción de la sentencia. 1.4.- En esta instancia no se han admitido ni se han oralizado nuevos medios de prueba. II.- CONSIDERANDOS: Fundamentos Jurídicos: 2.1. El artículo 427, parte in fine, del Código Penal prescribe: “El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso pueda resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días – multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de documento privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de sus uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”. 2.2. Respecto al delito de Falsedad Genérica, el artículo 438 del Código Penal, establece: “El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años…” 2.3. El artículo 2 numeral 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad median- te sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.

Fundamentos fácticos: 2.4. La tesis acusatoria consiste en que ante la Notaría Pública de la Provincia de Sánchez Carrión a cargo del Dr. Antonio De Gracia Vásquez, el día doce de enero del año dos mil cinco acudieron las personas que se identificaron como Manuel Guadalupe Otiniano Cerna y Francisca Valderrama de Otiniano, siendo que ésta última para identificarse presentó el ticket N° 22749125 de trámite del DNI expedido por el RENIEC. Ambos habrían solicitado al Notario redacte la Escritura Pública de venta de un terreno de su propiedad ubicado en el Caserío “La Arena” inscrito en los Registros Públicos con la ficha regis- tral N° 1911. En aquella fecha y de manera conjunta acudieron a la Notaría De Gracia Vásquez dos personas más a quienes se identificó como Palmiro Marceliano De La Cruz, Presidente de la “Asociación Cultural, Educativa y de Bienestar Integral” y Elías Rosales Vásquez, Vicepresidente de la referida Asociación y a la vez tramitador del referido acto jurídico. Según señala una vez elaborada la Escritura Pública los compradores y vendedores firmaron la misma y el protocolo notarial en el Registro de Escrituras Públicas con el N° 50, fojas 111, serie N° 754161, Tomo I Del Bienio 2005 – 2006. Según como han sido expuestos los hechos el Notario Público, al conocer que se había falseado los datos en la identidad de las partes que celebraron el acto jurídico y con posterioridad a los hechos por razones totalmente circunstan- ciales logró tomar conocimiento que la persona identificada como Francisca Valderrama de Otiniano o Francisca Valderrama Gervasio habría fallecido mu- cho antes de la celebración del contrato de compra venta del predio siendo que incluso respecto del ticket del RENIEC se pudo verificar que la inscripción ya había sido cancelada por fallecimiento de la mencionada persona e incluso el RENIEC habría suspendido todo trámite al respecto, razón por la que de- nuncia los hechos alegando que todos los denunciados actuaron dolosamente al llevar ante la Notaría a una persona que se identificó como Francisca Val- derrama de Otiniano sabiendo que en realidad se llevó a otra a la que se le hizo pasar por una persona que a la fecha de la celebración del contrato había fallecido, siendo que con intervención de todos los que acudieron a la oficina notarial, mediante la presentación de esta tercera persona a quien le hicieron firmar el contrato de compra venta, consumaron una conducta ilícita en agra- vio del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC y del Pro- curador Público del Estado encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, hecho que no ha quedado allí sino que ha continuado cuando el terreno comprado por la “Asociación Cultural, Educativa y de Bienestar Inte- gral” fue vendido a la Empresa Minera “CAMBIOR S.A.”, luego de lo cual recién se le pagó por el terreno comprado a don Manuel Guadalupe Otiniano Cerna la suma ascendente a cien mil nuevos soles (S/ 100 000.00 ).

2.5. La sentencia absolutoria, materia del grado, en su cuarto y quinto considerando de la “MOTIVACIÓN DE HECHOS PROBADOS O NO Y SUSTENTO DE LA DECISIÓN” recae, efectivamente y como lo afirma el representante del Mi- nisterio Público, en un error en la motivación debido a la incongruencia entre lo manifestado por el Juez respecto a la atipicidad de los hechos materia de acusación y de juicio oral, al referir que estos “no se subsumen” en el tipo pe- nal; y luego concluir que no se ha destruido la presunción de inocencia y que faltan pruebas para determinar la responsabilidad del procesado en los tipos penales que se le imputan, por lo que corresponde absolverlo de la acusación fiscal. 2.6. De lo argumentado por el representante del Ministerio Público, se obtiene que la sentencia vulnera el debido proceso por la incongruencia omisiva en la que recae el juzgador al fundamentar su cuarto considerando, por lo que solicita la nulidad de la venida en grado. Como se ha establecido en el considerando precedente, el error es evidente, esto es, a todas luces existe tal incongruen- cia, y en efecto, se vulnera la debida motivación de resoluciones derecho cons- titucional establecido en el artículo 139 de la Constitución Política. 2.7. Respecto a lo que sostiene la defensa del procesado, reconoce que existe el mencionado error en la motivación, no obstante refiere que debe tomarse en consideración no ello, sino la conclusión a la que arriba el juzgador al estable- cer que se absuelve al procesado por falta de pruebas en su contra. Siendo así, no existe ninguna vulneración al debido proceso y no procede la nulidad de la sentencia. 2.8. Esta Sala Penal Superior considera que la total configuración del derecho de motivación de las resoluciones jurisdiccionales resulta siendo consecuencia no sólo del derecho a la tutela judicial efectiva y la norma recogida en la Cons- titución Política. La doctrina procesal penal se ha encargado de precisar que la motivación resulta un deber del juez que se deriva además del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en su versión de derecho a obtener una resolución fundada que ponga fin a proceso, del derecho a la defensa, de la necesidad de controlar la sujeción del juzgador a la ley, del derecho a la pluralidad de instancias y del mandato de interdicción de la arbitrariedad. 2.9. El Artículo 139 numeral 05 del Constitución Política del Perú, prescribe “La mo- tivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto las decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hechos en que sus sustentan”.En igual sentido lo establece el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar, que “todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda

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instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye la motivación suficiente”. Asimismo, el Artículo 394 numeral 03, del Código Procesal Penal, señala como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba en que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”. 2.10. Por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la de- bida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una in- ferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitu- cional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver

las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan

planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modi- ficación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de ampa- ro. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incon- testadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”111. 2.11. Para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resolucio- nes jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máxi- mas de experiencia112, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contra- rio, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras: a)

Falta absoluta de motivación: Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.

b)

Motivación aparente: En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzga- dor glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamen- to113; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambi-

111 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura. 112 Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146. 113 FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117.

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guas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una mo- tivación real114. c)

Motivación insuficiente: Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la con- vicción115. Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbi- trariedad”116.

d)

Motivación incorrecta: Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.

2.12. También la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación al proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRALGO)”117.- Según Olsen Ghirardi118 se con- sidera que la resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra,

114 GHIRARDI, O., op cit., pág. 231. 115 Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103. 116 Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102. 117 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201. 118 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231.

por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma ex- plícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. 2.13. Respecto a la nulidad deducida, la finalidad mediata de la declaración de la nulidad se vincula con los derechos de la sociedad y del imputado referidos a la finalidad de preservar en última instancia el debido proceso y la inviola- bilidad de la defensa en juicio, decir que la nulidad es el castigo con el que la ley adjetiva sanciona las afectaciones a las garantías constitucionales en el proceso. La Sala dentro de sus facultades revisa si la resolución apelada se ha dictado conforme a ley y al proceso y, si ha sido debidamente motivada; al respecto, al revisar el contenido de la resolución apelada se evidencia que el señor Juez sostiene la atipicidad de los hechos materia de acusación y de juicio oral, al referir que estos “no se subsumen” en el tipo penal y luego con- cluye que no se ha destruido la presunción de inocencia y que faltan pruebas para determinar la responsabilidad del procesado en los tipos penales que se le imputan, por lo que corresponde absolverlo de la acusación fiscal. De lo que se evidencia una motivación incorrecta, faltando al Principio de Congruencia, si se tiene en consideración que el principio de presunción de inocencia en- cuentra fundamento normativo en el artículo 2 del numeral 24 .e de nuestra Constitución Política, el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 del numeral 2 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y el articulo 8 numeral 2 del Pacto de San José de costa Rica; y precisamente nuestro texto constitucional establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que prescribe que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probato- ria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, lo que presupone que se haya determinado previamente la tipicidad de la conducta desplegada por el actor y que en su función de garantía busca que la ley ac- tué siempre sometiendo a análisis una conducta que tenga relevancia penal, descartando cualquier otra parecida o análoga, siendo que el sujeto activo de la conducta típica es quien realiza la conducta prohibida por el tipo penal y que la adecuación de dicha conducta concretada en la realidad, hace que la ley penal mediante la comprobación con la coincidencia del hecho cometido, es presupuesto de la pena contenida en la ley, significando que la conducta contradice la prohibición o mandato penal, por ello si no hay conducta típica, mal podría ser sometida a la comprobación de la prueba.

2.14 De este modo el Juzgador de primera instancia, ha actuado vulnerando el de- bido proceso, en cuanto ha transgredido el derecho a la debida motivación; en consecuencia y de conformidad con lo estipulado en el Artículo 409 numeral 01, concordante con el Artículo 150 párrafo d) del Código Procesal Penal, co- rresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, y exhortar al magistra- do que emitió la sentencia a efectos de que cumpla con el deber constitucional de debida motivación de las resoluciones. III. RESOLUCIÓN: Por las consideraciones expuestas, la PRIMERA SALA SUPERIOR PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RE- SUELVE: 1)

Declarar NULA la sentencia, Resolución Número Seis de fecha veintiocho de Abril de Dos Mil Once, que obra en las páginas ochenta y tres a noventa y tres ocho, la misma que falla absolviendo de la acusación fiscal a ELÍAS ROSALES VÁSQUEZ por los Delitos contra Fe Pública en sus modalidades de Falsifica- ción de Documentos y Falsedad Genérica en agravio del ESTADO represen- tado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Ministerio de Justicia

2)

ORDENARON la realización de nuevo juicio oral, con la intervención de otro Juzgador.

3)

NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente la Doctora Lilly Llap Unchón.

22. FALSIFICACION

DE DOCUMENTOS – NULA SENTENCIA CONDENATORIA ORDENARON NUEVO JUICIO ORAL

EXPEDIENTE IMPUTADO MARTÍN. DELITO AGRAVIADO

PROCEDENCIA ASUNTO CONDENATORIA.

: 01357-2009-07-1601-JR-PE-06 : FERNANDEZ SALAZAR, JOSÉ : FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. : - EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. - EL ESTADO – INSTITUTO NACIONAL DE DEFRENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI). : SEXTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL. : APELACION DE SENTENCIA

SENTENCIA Resolución Número Trece. Trujillo, Veinticinco de Agosto Del Año Dos Mil Once. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública de Apelación de Doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS, doctora LILLY LLAP UNCHÓN (Jueza Superior Titular, Di- rectora de Debates) y doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA (Juez Superior Titular) , en la que interviene como parte apelante, el procesado José Martín Fer- nandez Salazar, quien interpuso recurso de apelación contra la sentencia conde- natoria, Resolución Número Seis, de fecha cuatro de Mayo del año Dos Mil Once. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Es materia de apelación la sentencia, Resolución Número Seis de fecha Cuatro de Agosto de Dos Mil Once, que obra de fojas cuarenta y ocho a sesenta y uno, la misma que condena a JOSÉ MARTÍN FERNÁNDEZ SALAZAR como Autor del delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de Uso de Documento Privado Falso en agravio de la Empresa Agraria Chiquitoy S.A. Y el Estado – Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Pro- piedad Intelectual - INDECOPI – La Libertad, a TRES AÑOS de pena privativa de libertad, SUSPENDIDA en su ejecución por el plazo de Dos Años; ordena el pago de Seiscientos Nuevos Soles (S/. 600.00) como Reparación Civil a favor de cada agraviado y, a su vez, le impone multa de ciento ochenta días multa afectándose el veinticinco por ciento de su ingreso diario. 1.2.- El procesado ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, sustentando que no se cumple con los artículos 394.3 y 395 del

Código Procesal Penal, solicitando que se le absuelva o se declare la nulidad

de la sentencia, pues adolece de cuestiones de forma, asimismo se advierte una motivación y valoración de medios probatorios deficiente, lo que vulnera el debido proceso. Precisa que la sentencia impugnada no tiene numeración correlativa en sus considerandos, lo que ocasiona una falta de motivación clara, lógica y completa. A fin de poder ejercer plenamente su derecho de de- fensa; se debe partir de la premisa que existe un documento falso, para luego afirmar que se ha utilizado, siendo la pericia la prueba máxima para atribuir si el documento es falso, el Ad Quo ha sostenido que la pericia le causa con- vicción, imputándosele la utilización de dos documentos falsos, sin embargo aquella prueba adolece de deficiencias advertidas por el propio Juzgador y el Perito de Parte. Asimismo, sostiene que se ha vulnerado el debido proceso, por cuanto la pericia ha sido mutilada cuando se agrega al expediente judicial, pues no contiene los anexos consistentes en la toma de muestras y diversos documentos de comparación consistentes en cartas, entre otros; habiéndo- le solicitado al Juez que se incorporen los anexos, sin embargo éste no los incorporó, manifestando que iba a resolver con lo escuchado y actuado, y posteriormente sustentó la condena en la pericia que se encuentra mutilada, habiendo resuelto con autos diminutos. 1.3.- Por su parte el Ministerio Público sostiene que la sentencia si es correcta y arreglada a ley, al existir una debida valoración y motivación por lo que se llegado a establecer la responsabilidad del procesado y la comisión del delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de Uso de Documento Privado Falso. En cuanto al argumento que no se cumple con el requisito de forma del ar- tículo 395, respecto de la numeración de los considerandos, del texto de la resolución se advierte que éste se encuentra numerado y humillado todos los aspectos que ha tenido en cuenta el Juzgador, no existe ningún párrafo sin numeración y sin fundamento, por ello no hay sustento fáctico de la defensa. Respecto de la pericia que cuestiona al no haberse tomado en cuenta los ane- xos, se debe analizar que el material probatorio no sólo versa sobre esta prue- ba, sino que del tomo tres de la carpeta fiscal aparecen veintinueve boletas de pago en original. Se cuestiona además si el procesado celebró el contrato de trabajo y es el testigo Córdova Pérez el que señaló que cada funcionario tenia como ingreso la suma de diez mil Nuevos Soles y el Área Legal en la que se desempeñaba el procesado la suma de tres mil Nuevos Soles, de igual forma los reportes de ESSALUD y SUNAT describen que su remuneración era de esta última suma; además el Perito de Parte explica que existen sellos que no corresponden a la época de los documentos en cuestión y en el debate peri- cial se concluye que es acorde con la realidad de los hechos, en conclusión la resolución impugnada ha analizado por cada párrafo la fundamentación de los documentos falsos.

1.4.- La empresa agraviada Chiquitoy S.A. solicita la confirmatoria, sostiene que la sentencia guarda coherencia y logicidad con lo actuado y que en la pericia se ha evaluado los documentos en forma coherente, ha tenido en cuenta los documentos originales para elaborarse el informe pericial. Además se denegó al procesado la solicitud de ampliación de crédito laboral en el proceso admi- nistrativo ante Indecopi y no ha sido materia de acción contenciosa adminis- trativa, tampoco ha solicitado una nueva liquidación de derechos laborales, debiéndose tomar en cuenta esta situación dada su condición de abogado, concluyendo que la sentencia ha valorado en conjunto los elementos proba- torios de la comisión del delito, haciendo énfasis en la pericia y la prueba testimonial. 1.5.- En esta instancia no se han actuado nuevas pruebas. Al resolverse la inciden- cia planteada por la defensa se mandó incorporar al expediente judicial los anexos del informe pericial, habiendo presentado el Ministerio Público copias simples de los mismos, no habiéndose cumplido con el mandato, se ordena acompañar el expediente fiscal en el cual obren los documentos en original que forman parte del mencionado Informe Pericial. Como efecto de la apela- ción formulada, la Sala Penal Superior asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida asimismo para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. El artículo 427, parte in fine, del Código Penal prescribe: “El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso pueda resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días – multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de documento privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de sus uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”. 2.1.2. El artículo 2 numeral 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocen- cia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Titulo

Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada

de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. 2.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS: 2.2.1. La tesis acusatoria consiste en que el procesado José Martín Fernández Salazar, solicitó ante una comisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – IN- DECOPI – La Libertad, un reconocimientote crédito, indicando como deudor a la Empresa Agraria Chiquitoy S.A, generándose el Expedien- te Administrativo Número 013 – 2004/CCO – ODI – LAL – 001 – 340, mediante Resolución Número 0779 – 2007 – INDECOPI – ODI –LAL, le reconocen un crédito a su favor frente a la Empresa Agraria Chiquitoy S.A. Posteriormente con fecha 20 de setiembre del año 2008 el procesado solicita una ampliación de créditos laborales y mediante Resolución Número 0410 – 2008/ INDECOPI – LAL de fecha 13 de marzo del año 2008, la Comisión de INDECOPI resuelve reconocer el nuevo crédito de origen laboral a favor del procesado frente a la Empresa Agraria Chi- quitoy S.A ., siendo que éste con fecha 02 de abril del año 2008 inter- pone contra la Resolución antes indicada Recurso de Reconsideración adjuntando como anexos a su solicitud Copia Certificada de contrato de “Adecuación de Contrato de Trabajo” de fecha 03 de mayo del año dos mil cuatro y boleta de pago del mes de junio del año 2004, docu- mentos que son falsos, pues según la pericia grafotécnica efectuada por la perito grafotécnica ROCÍO DEL PILAR CARRANZA SANDOVAL en relación al contrato de Adecuación de Contrato de Trabajo de fecha 03 de mayo del año 2004, indica que no es auténtico o genuino, toda vez que si bien es cierto la firma trazada a nombre de DANTE A. VILLA- NUEVA MORALES, (Juez de Paz), es genuina, sin embargo por algunas divergencias que presentan respecto a patrones de cotejo, se trata de firma no vigente para la fecha mayo de 2004, habiéndose empleado materiales y grafismos que no guardan relación de coetaniedad con la fecha del documento cuestionado del 03 de mayo del año 2004, como son: El empleo de grafismos al trazar el nombre “Luis Guillermo Alarcón Brenes”, diferente tipo de sellado fechador, disímil tipo de sellado de certificación, documentos presentados por el procesado con la finali- dad de obtener un provecho económico, teniendo pleno conocimien- to de la falsedad contenida en dichos documentos, habiendo quedado corroborada la falsedad de los documentos

incriminados con el Dictá-

men Pericial de Grafotecnia N° 135 – 2009, realizado por los peritos grafotécnicos DINA ALEJANDRINA ESPARTA CÁRDENAS y PALERMO HUMBERTO CHAVARRI MONZON, en donde se concluye que se ha de- terminado que los documentos dubitados, “Boleta de Pago Trabajador Agrario” de fecha junio de 2004 y “Adecuación de Contrato de Trabajo” de fecha 03 de mayo de 2004, presentan características divergentes con los documentos de comparación, es decir se han realizado en dife- rentes épocas, así también con los informes remitidos por ESSALUD y por la SUNAT, con relación a los importes retenidos de la remuneración que perciba el procesado. 2.2.2. La sentencia condenatoria, materia del grado, se sustenta en la actuación probatoria producida en el juicio oral consistente en: a) Por parte del Ministerio Público: La declaración del testigo Sergio Miguel Obregón Matos, la declaración de los Peritos Grafotécnicos Palermo Humberto Chavarri Monzón y Dina Alejandrina Esparta Cárdenas; b) Por parte de la defensa del acusado: Declaración del perito grafotécnico Pool Gilbert Fernández Bernabé, declaración del testigo Carlos Eduardo Córdova Pérez; asimismo se ha realizado el debate pericial entre el Peri- to Grafotécnico de descargo y los Peritos oficiales. 2.2.3. La actividad probatoria realizada en el juicio oral debe efectuarse con pleno respeto de los derechos fundamentales y observando los principios que la orientan como son el de Legalidad, Legitimidad, Libertad de la Prueba, Pertinencia de la Prueba, Conducencia y Utilidad. Correspon- de al caso concreto el análisis del Principio de Legalidad que se debe respetar desde la obtención, recepción y valoración de la prueba que debe realizarse en virtud de lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. Es así que en el Acuerdo Plenario N°2 – 2007/ CJ -116 del 16 de noviembre de 2007 sobre Valor probatorio de la pericia no ratifica- da, se contempla que “Es evidente que la prueba pericial es de carácter compleja, consta de tres elementos: a) el reconocimiento pericial (reco- nocimientos, estudios u operaciones técnicas, esto es, las actividades especializadas que realizan los peritos sobre el objeto peritado), b) el dictamen o informe pericial – que es la declaración técnica en estricto sentido -, y c) el examen pericial propiamente dicho”. 2.2.4. Según el registro de la audiencia de Apelación de Sentencia plasmado en el acta de páginas ciento dos y ciento tres, el procesado planteó una cuestión previa, solicitando que se incorporen los anexos mencionados en el Informe Pericial de Grafotecnia número 135-2009, de la página cuarenta y tres a cuarenta y nueve del expediente judicial, los cuales no fueron adjuntados; disponiéndose que se incorporen al proceso los do- cumentos que se mencionan, GRUPO EDITORIAL Lex &

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suspendiéndose la audiencia a fin que la

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representante del Ministerio Público remita los referidos documentos, presentándose por este Ministerio copias simples (páginas ciento cinco a ciento noventa y ocho) y que en audiencia posterior se acompañó la propia carpeta fiscal con los documentos en original sobre los cuales se realizó la pericia, consistentes en: Las Muestras de Comparación de fir- mas espontáneas de la persona de Luis Guillermo Alarcón Brenes y Car- los Eduardo Córdova Pérez, así como estampado de sellos post firma, y la muestras de firmas exprofesas de ambas personas y de Dante A. Villanueva Morales(Juez de Paz de Chiquitoy); así como las cartas con el logo de la empresa Chiquitoy S.A, Declaración Jurada, Memorándum, entre otros documentos, con excepción de las Muestras Incriminadas: Documento denominado “Adecuación de Contrato de Trabajo” de fe- cha 03 de mayo de 2004 y “Boleta de Pago del trabajador agrario” de fecha junio de 2004, los mismos que ya se encuentran en el expediente judicial. Con esta descripción resulta claro que la actividad de reconoci- miento pericial, el estudio y operación técnica, como actividad especiali- zada del perito se practicó sobre estos documentos y que el dictamen o informe pericial se emitió con los mismos, como así consta del Informe N°1352009 que menciona en forma textual que se devuelve la mues- tra incriminada y las muestras de comparación conforme a la cadena de custodia, así como las vistas fotográficas del estudio realizado; sin embargo el examen pericial propiamente dicho se llevó a cabo sin los mencionados documentos. 2.2.5.- Según el registro de audio, en la audiencia de Juicio Oral de fecha 04 de abril de 2011, habiendo transcurrido una hora con 16 minutos de audiencia, la defensa del procesado, en sus alegatos de apertura, solicita que se desglose los anexos de la pericia N° 135/2009, de la carpeta fiscal, y se agregue al expediente judicial, ya que en éste no se encuentran todos los anexos, sólo el contrato de trabajo “Adecuación de Contrato de Trabajo” y Boleta de Pago de trabajador agrario, que son las muestras incriminadas. Hace este pedido a fin de que el Juez pueda verificarlos y resuelva mejor, alegando que la pericia es un todo de la cual forman parte los anexos. Ante este pedido el Juez acepta el mismo y ordena que se haga el desglose de dichos anexos de la carpeta fiscal y se agregue al expediente judicial Asimismo, en el registro de audio de la continuación de audiencia de Juicio Oral, en la fecha 29 de abril de 2011, en el minuto 60 la defensa, en sus alegatos finales, deduce cuestión previa ya que había solicitado se agreguen los anexos de la pericia grafotécnica número 135 / 2009 al expediente judicial, sin embargo estos no se consignan en el expediente judicial. Ante esto, el Juez rechaza la Cuestión Previa formulada por la

defensa, aduciendo que el expediente queda a disposición de las partes para que estas soliciten la incorporación de documentos en el mismo, desconociendo, de este modo, la solicitud que hiciera la defensa en la audiencia de fecha 04-04-2011, al realizar sus alegatos de apertura. Asi- mismo, el Juez argumenta que no es el estadío para formular ese tipo de observaciones, y se basa en el artículo, 137 del Código Procesal Penal. Ante esto la defensa solicita al juez subordine los formalismos ante su derecho a la defensa, alegando que mediante esos documentos – los anexos que no obran en el expediente y que solicita se agreguen a éste – el juez podrá notar que la pericia realizada tiene inconsistencias y falsedades, aduciendo el Juez que ya se agregó los documentos al expe- diente judicial y que los que solicita son otros documentos y que no es la etapa de alegatos finales donde se va a ordenar o formar el expedien- te judicial, pidiendo que se agregue documentos. Además el juicio oral no es para ver documentos, lo que interesa es lo que dice el perito en el juicio oral y con respecto a esto se realizó el debate pericial. 2.2.6.-De esta manera se lleva a cabo tal acto procesal – la audiencia de juicio oral - con autos diminutos y efectuada la valoración de dicha prueba por el Juzgador de igual forma; de lo que se colige que la descripción de la prueba pericial actuada en juicio oral, tiene como mérito mostrar la deficiencia que éste superior colegiado advierte en cuanto a que el Juzgador de primera instancia ha incurrido al realizar la actuación y la valoración de la prueba antes mencionada vulnerado principios funda- mentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusato- rio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto comple- jo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputación119, partiendo de esta premisa, se debe tener en cuenta que en el trámite del presente proceso penal, en la audiencia de juicio oral, la misma que debe ser entendida como la central, la más importante del juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán con- frontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que realizaran durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de per- sonas o de información documental y/o material, o por último cuando

119 El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica

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R.N.N° 2714-2003-Lima-Cono Norte.p.380.

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se extraigan los datos de otras fuentes de prueba, se han producido los vicios procesales mencionados que no resultan salvables, impidiendo que el jugador cumpla con las reglas sobre la valoración de la prueba, en primer orden, el juicio de fiabilidad probatoria que indica que se debe comprobar que la prueba incorporada al juicio tenga todos los re- quisitos formales y materiales para alcanzar su finalidad, es decir para demostrar o verificar la certeza y la veracidad del hecho controvertido, lo que no ha ocurrido al no tener a la vista el informe pericial completo, asimismo, luego de verificar la fiabilidad del medio de prueba es necesa- rio proceder a la interpretación de la prueba practicada, labor mediante la cual el juez trata de determinar y fijar el contenido que se ha querido transmitir mediante el empleo de medios de prueba y una vez determi- nado esto se inicia el juicio de verosimilitud de los hechos resaltados en este caso por el informe pericial y debate para lo cual se deberá emplear razonamientos deductivos o silogismos, valiéndose para ello de las re- glas de la experiencia, sin perjuicio del examen conjunto o global de las pruebas, actuación que no se ha realizado. 2.2.7.-Esta Sala Penal Superior sostiene que para fundamentar un juicio de condena se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral120, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del sentenciado, cuyo recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba se encuentran sujetos al Principio de Legalidad que permitan estimar que los hechos materia de investigación están vinculados a la conducta que ha observado el sentenciado, habiéndose realizado un debate pericial y la valoración de autos incompletos, por tal razón, éste superior jerárquico determina que la sentencia condenatoria venida en grado no se ha sustentando en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conlle- vando de ese modo a una vulneración del debido proceso y motivación deficiente de resoluciones judiciales, que se erigen como pilares de las garantías de administración de justicia contenidos en el artículo 139 de la Carta Magna, motivo por el cual se advierte que la venida en grado

120 “Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y continuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596.

ha incurrido en causal de nulidad, en aplicación de lo establecido en el artículo 150º inciso d) y 154º del Código Procesal Penal. III.- PARTE RESOLUTIVA: Por las consideraciones expuestas, la PRIMERA SALA PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1.- Declarar NULA la sentencia, Resolución Número Seis de fecha Cuatro de Agosto de Dos Mil Once, que obra de fojas cuarenta y ocho a sesenta y uno, la misma que condena a JOSÉ MARTÍN FERNÁNDEZ SALAZAR como Autor del delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de Uso de Documento Privado Falso en agravio de la Empresa Agraria Chiquitoy S.A. Y el Estado – Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI – La Libertad, a TRES AÑOS de pena privativa de li- bertad, SUSPENDIDA en su ejecución por el plazo de Dos Años; ordena el pago de Seiscientos Nuevos Soles (S/. 600.00) como Reparación Civil a favor de cada agraviado y, a su vez, le impone multa de ciento ochenta días multa afectándose el veinticinco por ciento de su ingreso diario, con lo demás que contiene. 2.- ORDENARON la realización de nuevo juicio oral, con la intervención de otro Juzgador. 3.- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente la Señora Doctora Lilly Llap Unchón.

23. FALSEDAD IDEOLOGICA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE IMPUTADO

DELITO AGRAVIADO ALFONSO PROCEDENCIA ASUNTO

: 00515-2009-87-1601-SP-PE-01.- (3218-2008-87) : GOMEZ SANDOVAL INES ADOLFA LUNA SANDOVAL MANUEL SANCHEZ VARGAS EMILIO GERARDO : FALSEDAD IDEOLOGICA : SICCHA ALFARO EL ESTADO : 1º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, Veintinueve de Abril Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, LILY LLAP UNCHON (Presidente), WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO y OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA por inhibición del Dr. VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO.- - - - - - - - - - - I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Que, viene en apelación la sentencia de fecha doce de agosto del año dos mil nueve, que obra de fojas 56 a 61 que absuelve de la acusación fiscal a Manuel Luna Sandoval, Inés Adolfa Gómez Sandoval y Emilio Gerardo Sánchez Vargas por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de Falsedad Ideológica, en agravio del Estado y Alfonso Siccha Alfaro.- - - - - - - -----------1.2.- Que, el Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, solicitando se revoque la sentencia venida en grado, en virtud que el A Quo a realizado una indebida valoración de los medios proba- torios que se actuaron en juicio oral; por lo cual solicita se revoque la senten- cia y se imponga una sentencia condenatoria. - - - - - - - - - - - - - - - - --1.3.- Que, asimismo el actor civil ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia que absuelve a los acusados Manuel Luna Sandoval, Inés Adolfa Gómez Sandoval y Emilio Gerardo Sánchez Vargas; sosteniendo que el juez tiene una idea equivocada acerca de lo que es el delito de falsedad ideológica; ha apreciado inadecuadamente las formas, circunstancias y el tiempo; no ha tenido en cuenta que en el proceso la actividad probatoria ha acreditado la comisión del delito y la responsabilidad de los acusados; y estando ante una sentencia con fundamentos de hecho y derecho

equivocados, se ha transgre-

dido lo dispuesto en el artículo 139.5 de la Constitución, por lo que solicita que se declare la nulidad de la sentencia venida en grado y se disponga la emisión de una nueva sentencia con arreglo a ley. - - - - - - - - - - - 1.4.- Que, por su parte el abogado de los imputados Manuel Luna Sandoval, Inés Adolfa Gómez Sandoval, solicita se confirme la sentencia, por cuanto en la escritura pública de propiedad no se ha insertado declaraciones falsas, la escritura pública es de acuerdo a ley, por cuya razón se solicita confirmar la sentencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5.- Que, asimismo el abogado del imputado Emilio Gerardo Sánchez Vargas, ha solicitado que se confirme la sentencia ya que su defendido compro de buena fe y los que vendieron también vendieron de buena fe, y de esa manera se logro inscribir en registros público; es un hecho atípico puesto que no se ha insertado declaraciones falsas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------1.6.- Que en esta instancia no se han actuado nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales y los imputados guardaron silencio; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelacio- nes asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - ----------------------------------------------II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. Que, el artículo 428 de Código Penal prescribe: “El que inserta o hace in- sertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a he- chos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siem- pre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------2.1.2. Que, La falsedad ideológica recae exclusivamente sobre el contenido de representación del documento, sin que se modifiquen ni imiten para nada los signos de autenticidad. En ella nos encontramos con un docu- mento cuya forma es verdadera, como lo son sus otorgantes, pero que contiene declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba esta

destinado, en ella se hacen aparecer como verdaderos o reales, hechos que no han ocurrido, o se hacen aparecer hechos que han ocurrido de un modo de-

terminado, como si hubiesen ocurrido de otro diferente… En el documen- to ideológicamente falso hay una forma autentica y un contenido falso. La conducta de insertar.- Únicamente puede insertar en el documento quien lo extiende y, puesto que se trata de documentos públicos, solo puede ser protagonista de esta actividad quien tiene el poder jurídico para extenderlos, por lo cual es conducta típica propia y exclusiva del funcionario fedatario. La conducta de hacer insertar.- hace insertar declaraciones falsas en documento público quien logra que el fedatario incluya en el documen- to manifestaciones que no revelan la verdad pasada, dando como ocu- rrido lo no pasado o como ocurrido de un modo distinto del que suce- dió. Así, pues, sólo quien es otorgante del documento puede asumir esta conducta típica. Que para la falsedad documental no basta que se incluya una mentira en el documento, sino que es imprescindible que esa mentira tenga ap- titud para ocasionar perjuicio. Falsedad ideológica y simulación.- Hay simulaciones que pueden constituir falsedades ideológicas punibles y otras que no, lo cual depende de la posibilidad de que el acto simulado pueda o no acarrear perjuicios; si aquella se da, tendremos la falsedad documental delictuosa; si la simu- lación sólo puede irrogar perjuicio a uno de los otorgantes del acto que conoce esa simulación, no ocurrirá eso…121.” 2.1.3.- Que el artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Pre- liminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona impu- tada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías pro- cesales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. Que, la tesis acusatoria consiste en que el agraviado Alfonso Siccha Al- faro demanda a los esposos Manuel Luna Sandoval e Ines Adolfa Go121 Carlos Creus. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. 6º Edición. Editorial ASTREA - Buenos Aires Argentina. 1998. GRUPO EDITORIAL Lex &

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mez Sandoval, sobre la obligación de dar suma de dinero, ante el Tercer Juzgado Civil, Expediente 1050-1997, en la cual se dispuso la medida cautelar de embargo y se ordena el remate ubicado en Santa Elena – Virú, inmueble de propiedad de los acusados; en esas circunstancias los acusados se ponen de acuerdo con Emilio Sánchez y suscriben un contrato en el cual aparece que adquiere el inmueble y luego interpo- ne una demanda de tercería de propiedad en el Expediente 966-2003, que culminó con la sentencia infundada confirmada por la Sala Civil; lo cual evidencia que los acusados se pusieron de acuerdo para celebrar el contrato de compra venta de los acusados que fue elevado a Escritura Pública e inscrito en los Registros Públicos; para causar un perjuicio al agraviado; constituyéndose en un documento de fecha cierta a partir del treinta y una de diciembre del dos mil uno, por lo que la medida cautelar gozaba de plena eficacia. Por lo que los acusados actuaron concursalmente con la finalidad de usar un documento como si el con- tenido fuera exacto a fin de que expida una resolución contraria a ley. ----------2.2.2. Que, la sentencia absolutoria, materia del grado, se sustenta en que ha existido una compra venta conforme a las normas de nuestro ordenamiento civil, Artículo 1529 y siguientes, en la cual se pueden vender bie- nes inmuebles con inscripciones de gravámenes y cargas que el nuevo comprador las asume en su integridad al recibir el activo y pasivo del inmueble. Por lo que el comportamiento de los acusados no se subsume en el Artículo 428 del Código Penal; porque no se insertó o se hizo in- sertar declaraciones falsas, ni tampoco se hizo uso del documento como si el contenido fuere exacto; y a la fecha de la compra venta la medida cautelar tenía plena eficacia, tal es así que la tercería fue declarada in- fundada y confirmada por el superior. Por lo que el hecho imputado no constituye delito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------2.2.3. Que en la sentencia apelada se tiene por acreditado hechos respecto a los cuales las partes no lo han objetado en los escritos impugnatorios así como tampoco en las alegaciones actuadas en la audiencia de apela- ción y respecto a los cuales este colegiado considera que se encuentra arreglado al acervo probatorio actuado en el juicio oral, como son los siguientes: a)

Que el agraviado Alfonso Siccha Alfaro siguió el proceso de Obligación de dar suma de dinero a Manuel Luna Sandoval e Inés Gómez en vía ejecutiva en mérito a la letra de cambio por la suma de S/ 7 500.00 dólares americanos conforme aparece en la sentencia, en la que se ordena llevar a cabo la ejecución forzada en los bienes

de los ejecutados con fecha veintitrés de julio de 1998; y cuya medida

de embargo se había ordenado mediante resolución judicial de fecha 08 de abril de 1997. b) Del título de propiedad 046788-90 expedido por el Ministerio de Agricultura, se acredita que Manuel Luna Sandoval e Inés Gómez fueron declarados propietarios del predio rustico ubicado en San- ta Elena con la parcela Nº 12824 y 12699 del distrito de Virú ins- crita en los Registros Públicos desde el veintidós de junio de 1990. ------------------------------2.2.4. Que, con relación al extremo de la sentencia absolutoria, que ha sido objeto de la impugnación por parte del Ministerio Público y del actor civil, representado por el curador procesal, estas se sustenta en que en el contrato de Compra Venta ha habido una simulación, se ha insertado en un documento el cual ha sido elevado ha escritura publica y poste- riormente inscrito en registros públicos declaraciones falsas, por cuan- to este bien nunca ha sido vendido realmente; Además en el proceso civil los imputados han sido notificados en el mismo predio; incluso en la cláusula tercer del contrato establece que se deja constancia que so- bre la parcela de terreno materia de venta no pesaba ningún gravamen que pueda limitar su libre disposición, por lo cual se ha determinado la falsedad del contenido del acto jurídico simulado; que a realizado una indebida valoración de los medios probatorios que se actuaron en juicio oral; y que el juez tiene una idea equivocada acerca de lo que es el de- lito de falsedad ideológica; ha apreciado inadecuadamente las formas, circunstancias y el tiempo; no ha tenido en cuenta que en el proceso la actividad probatoria ha acreditado la comisión del delito y la respon- sabilidad de los acusados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.5.- Que, el delito de falsedad ideológica que se le atribuye a los acusados, previsto en el artículo 428 del CP prevé 3 supuestos: el que inserta, el que hace insertar en instrumento público declaraciones falsas y el que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto; a los acusa- dos se les atribuye el segundo y el tercer supuesto típico, y al respecto CREUS122 ha sostenido que hace insertar declaraciones falsas en un do- cumento público, quien logra que el fedatario incluya en el documento manifestaciones que no revelan la verdad; y considera que hay simula- ciones que pueden constituir falsedades ideológicas punibles, siempre y cuando pueda acarrear perjuicio. - - - - - - - - - -

122 Carlos Creus. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. 6º Edición. Editorial ASTREA - Buenos Aires Argentina. 1998. GRUPO EDITORIAL Lex &

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2.2.6. Que en el presente caso, a fin de desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, el Ministerio Público como titular de la carga de la prueba, ha tenido que aportar suficiente material probatorio que acrediten que los acusados han hecho insertar en la Escritura Pu- blica un contrato de compra venta falso, o como el fiscal asimismo lo ha denominado simulado; y hayan usado el documento como si el conteni- do fuera exacto y siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio; y efectuándose un reexamen de las pruebas actuadas en Juicio Oral, se aprecia que las documentales que han sido sometidas al debate proba- torio solo permiten acreditar: Que los acusados celebraron un contrato de compra venta, que fue elevado a escritura pública el 13 de diciembre del 2001, después que se emitió la sentencia del Juzgado Civil en el que se ordenó llevar a cabo la ejecución forzada en los bienes de los obligados y con cuyo documento se tramitó una tercería de propiedad que fue declarada infundada. Sin embargo el colegiado estima que el Ministerio Publico no ha acreditado que la compra venta haya sido falsa o simulada, máxime si de la sentencia aportada a este proceso, recaida en el proceso sobre tercería de propiedad, seguida por Emilio Sánchez Vargas contra Alfonso Siccha Alfaro y otros, de fecha 24 de setiembre del dos mil tres, expedida por la II Sala Civil, en el tercer considerando se indica que de los documentos aportados fluye en forma inequívoca la compra venta efectuada por el actor; y como fundamento de la decisión de confirmar la sentencia que declara infundada la demanda, se tiene que los actos de disposición realizados a favor del demandante tiene eficacia solo a partir del trece de diciembre del 2001 vale decir con pos- terioridad a la anotación de los embargos decretados, cuyas medidas mantiene su plena vigencia. ------------------------------2.2.7. Y con relación al argumento de la apelación consistente en que a través de la escritura pública se hizo insertar declaraciones falsas como lo es la cláusula tercer del contrato de compra venta en el que se deja constan- cia que sobre la parcela de terreno materia de venta no pesaba ningún gravamen que pueda limitar su libre disposición; se debe tener en cuen- ta que este hecho no ha sido descrito en la acusación, lo cual impide a este colegiado un pronunciamiento, en virtud del artículo 397.1 del CPP, que regula la correlación que debe existir entre acusación y sentencia. -----------------------2.2.8. Que, bajo las consideraciones expuestas la Sala estima que al no haber- se enervado la presunción de inocencia, de conformidad con el artículo 425 del código procesal penal, la sentencia recurrida que absuelve al acusado de la acusación fiscal debe confirmarse. - - - - - - - -

-----------------------

III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

CONFIRMAR sentencia de fecha doce de agosto del año dos mil nueve que absuelve a Manuel Luna Sandoval, Inés Adolfa Gómez Sandoval y Emilio Gerardo Sánchez Vargas por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de Falsedad Ideológica, en agravio del Estado y Alfonso Siccha Alfaro, con lo demás que contiene. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ORDENARON se devuelva el expediente al Juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricar- do Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------

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24. FRAUDE PROCESAL PROCESO PENAL PROCESADO SOLEDAD DELITO AGRAVIADO

IMPUGNANTE MATERIA

: Nº 6678-2008-60-1601-JR-PE-06. : FIESTAS HARO, SANDRA : FRAUDE PROCESAL : REYES DIAZ, ASCENCIO : EL ESTADO : PODER JUDICIAL : MINISTERIO PÚBLICO - ACTOR CIVIL : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECINUEVE.Trujillo, veintiséis de setiembre del año dos mil once.VISTA Y OÍDA; en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presi- dente de la Sala y Director de Debates), Doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UN- CHON (Juez Superior Titular) y el Doctor OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA (Juez Superior Titular), en la que interviene como apelante el agraviado Ascencio Reyes Díaz, asesorados por su abogado defensor Dr. Jaime Italo Zavaleta Briones, así como el representante del Ministerio Público señor Fiscal Carlos Matamoros Curipaco. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

PRIMERO.- Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia, de fecha diecisiete de mayo del año dos mil once, contenida en la resolución Nº nueve, de folios ciento diez a ciento diecisiete, la cual falla absolviendo a la acusada Sandra Soledad Fiestas Haro de la acusación fiscal como autora del delito de fraude procesal en agraviado del Estado, poder judicial y de Ascencio Reyes Díaz. SEGUNDO.- Que, la sentencia venida en grado ha sido cuestionada, a través del recurso de apelación interpuesto por la defensa del agraviado Ascencio Reyes Díaz, quien solicita que se declare nula la sentencia. Asimismo, el recurso plantea- do por la representante del Ministerio Público Dra. Elena Del Carmen Jara Casta- ñeda, quien solicita que se revoque la sentencia venida en grado. TERCERO.- Que, viene en apelación la resolución N° ocho, de fecha catorce de diciembre de dos mil nueve, obrante en acta a folios treinta y nueve del expediente judicial, la cual declara el sobreseimiento parcial del proceso respecto a los delitos de falsedad ideológica y usurpación agravada; resolución que fue apelada por el agraviado Asencio Reyes Díaz.

CUARTO.- Que, asimismo, viene en apelación la resolución N° veintidós, de fecha catorce de mayo de dos mil diez, obrante a folios uno, la cual declara fundada la solicitud de sobreseimiento respecto al delito falsedad ideológica en la modali- dad de uso de documento falso como si su contenido fuera cierto; la cual fue ape- lada por el agraviado Asencio Reyes Díaz. QUINTO.- Que, al hacer sus alegatos de apertura, la defensa del agraviado señaló como fundamentos de su apelación, en primer lugar, la aplicación errónea del artículo 410° por haberse afectado la actividad probatoria; en segundo lugar, la vulneración a la aplicación del artículo IX del Título Preliminar, principio obligatorio que garantiza la participación del agraviado como una parte activa dentro de todas las etapas del proceso; sumado a ello, la vulneración al principio de preclusión pro- cesal, por no haberse culminado la etapa de control de acusación al haberse tenido pendiente la apelación de los sobreseimientos y continuar el juicio oral. SEXTO.- Que, a su turno, el representante del Ministerio Público, expreso que no obstante la apelación formulada por la Fiscal Provincial Elena Jara Castañeda plantea se revoque la sentencia y se condene; la Fiscalía Superior solicita la nulidad en concordancia con el artículo 150° del Código Procesal Penal, esto en la medida que considera que antes de emitirse la sentencia absolutoria, debió haberse resuelto las impugnaciones que estaban pendientes y no haberlo dispuesto como una impugnación con carácter diferida. SETIMO.- Que, como efecto de la impugnación planteada, esta Sala Penal de Apelaciones asume competencia para efectuar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para emitir la sentencia absolutoria recurrida, y en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera: II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISAS NORMATIVAS OCTAVO.- Que, los hechos objeto del presente proceso penal se subsumen en el artículo 416° del Código Penal que establece: “El que por cualquier medio frau- dulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. “Se configura el delito de fraude procesal cuando el sujeto valiéndose de cualquier medio fraudulento induce a error a un funcionario o servi- dor público para obtener resolución contraria a la ley” (R.N. N° 70-2004-Tacna)123. NOVENO.- Que, el artículo 410° numeral 1 prescribe: “En los procesos con pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte auto de sobreseimiento, es-

123 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Diccionario Penal Jurisprudencial. Primera Edición-Noviembre 2009. p. 281 GRUPO EDITORIAL Lex &

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tando pendiente el juzgamiento de los otros, la impugnación que se presente si es concedida reservará la remisión de los autos hasta que se pronuncie la sentencia que ponga fin a la instancia, salvo que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes”. 2.2. PREMISAS FÁCTICAS DECIMO.- Que, en instancia de juicio de apelación, se dio cuenta de la inexis- tencia de nuevos medios probatorios admitidos. Las partes, a su turno, refirieron que no solicitaban la oralización de medios de prueba. Asimismo, por tratarse de un cuestionamiento de puro derecho, no fue necesario interrogar a la sentenciada Sandra Soledad Fiestas Haro. Sobre la apelación de la Sentencia Absolutoria DECIMO PRIMERO.- Que, en audiencia de apelación de sentencia, el repre- sentante del Ministerio Público manifiesta que se ha vulnerado el debido proceso. El fiscal provincial en su oportunidad ha solicitado un requerimiento mixto, esto es acusación y sobreseimiento, dentro de las cuales concluyó el sobreseimiento sobre dos delitos, Falsedad Ideológica en agravio del Estado y Usurpación Agravada en agravio de Ascencio Reyes Díaz, sobreseimientos que fueron declarados fundados e impugnados por la parte agraviada, en este caso por el señor Ascencio Reyes Díaz y en mérito al artículo 410° del Código Procesal Penal, se dispuso una impugnación con carácter de diferida, esto a efectos de que se resuelva al momento de emitir sentencia y esta sea impugnada por el agraviado. No obstante, la fiscalía considera que este procedimiento debió haberse agotado a efectos de que esta resolución pueda llegar en forma consentida y que no vulnere y no incurra en nulidad. DECIMO SEGUNDO.- Que, en ese mismo requerimiento la fiscal formula acu- sación contra Sandra Soledad Fiestas Haro por el delito de Falsedad Ideológica en su modalidad de Uso de Documento y por el delito de Fraude Procesal; respecto al primer delito, a petición de la parte agraviada en la audiencia de control de acusa- ción sobresee la causa y también concede apelación con carácter diferido. La fis- calía considera que este aspecto debió haberse resuelto antes de iniciarse el juicio oral y debió ser resuelto porque considera que los hechos guardan coherencia y son determinantes para que finalmente el juez pueda dilucidar en forma positiva o negativa los cargos imputados a la hoy absuelta, por cuanto se ha absuelto respec- to a un hecho que dio origen y esto es que a la acusada se le imputó haber realizado una compraventa ficticia y en la cual se habrían insertado dos hechos falsos –esto era la falsedad ideológica que le había imputado la fiscalía- como consecuencia de que en esa compraventa dentro de una de las cláusulas se señala que el vendedor hará entrega del bien en un tiempo determinado a la agraviada, como esto no sucedió, este documento es utilizado en una conciliación extrajudicial, quedándose sujeto a cumplimiento de la entrega de un inmueble, como esto tampoco sucedió,

ese documento es utilizado en un proceso judicial de Cumplimiento de Acta. La fis- calía considera que la compraventa guarda relación con el Acta de Conciliación Ex- trajudicial, por cuanto deviene de este primer hecho; entonces el hecho de haberse declarado sobreseído y no haberse resuelto respecto a esa impugnación, puede suceder que en ese acto el Fiscal Superior se oponga a dicho sobreseimiento, y considera que de ser cierta, podría darle otro derrotero a la apreciación incluso de los elementos de prueba en juicio oral. En ese sentido la fiscalía manifiesta que previo a haberse emitido la sentencia absolutoria, se debió haber resuelto estas im- pugnaciones y recién ahí darse inicio al juicio oral. Que, por esas consideraciones, la fiscalía sostiene que se ha afectado el debido proceso; en ese sentido y conforme a lo prescrito en el artículo 150° numeral d) respecto a la inobservancia del conte- nido social de los derechos y garantías previstos en la Constitución, esta sentencia deviene en nula. DECIMO TERCERO.- Que, a su turno, la defensa del agraviado Ascencio Reyes Díaz sostiene en cuanto a la apelación de sentencia que, la fiscalía a esbozado uno de los argumentos que la defensa tiene como vicio nulificante, generado en esta causa, y justamente se da a raíz de un pronunciamiento de la Primera Sala Penal de Apelaciones cuando decide declarar nula el concesorio, nulo todo lo actuado y con- cede estas apelaciones con efecto diferido, basándose en el artículo 410° que inten- ta que se continúe el juicio oral para el delito de fraude procesal y la apelación de los sobreseimientos se difiera hasta culminada la instancia como señala el artículo en mención. Sin embargo la interpretación teleológica de este artículo señala, salvo que ello ocasione grave perjuicio a las partes; la apelación diferida solo se puede dar siempre y cuando el pronunciamiento de dicha apelación no afecte a las partes. Los cuatro delitos denunciados, falsedad ideológica, falsificación de documentos, el delito de tentativa de usurpación agravada y el delito de fraude procesal, provie- nen de un mismo acto, el hecho de que la señora Sandra Soledad Fiestas Haro haya falseado la documentación y haya fingido una compraventa con su abuelo sobre un inmueble, con el fin de desalojar al señor Ascencio Reyes Díaz, alegando que ella no conocía de que un señor tenía más de veinticinco años viviendo en ese domicilio. Que, en cuanto al delito de usurpación agravada este se configura, porque gracias a esa compraventa el abuelo de la sentenciada hace una supuesta Acta de Concilia- ción Extrajudicial donde se compromete después de la compraventa, a entregar el inmueble. Posteriormente la sentenciada inicia un proceso de Ejecución de Acta de Conciliación para desalojar a su patrocinado. Cuando el juez llega a hacer el desalo- jo, se da cuenta que la persona que iban a desalojar no era el abuelo de la señora Sandra Soledad Fiestas Haro sino el agraviado Ascencio Reyes Díaz; es por eso que el juez civil detiene la ejecución forzada y constata, señalándole al agraviado que se le esta siguiendo un proceso del cual nisiquiera se le había notificado. Cuando el constata la demanda, inclusive esta había sido firmada por un abogado vecino del señor Ascencio, preguntándole a dicho abogado si esa era su firma, resultando que hasta esa firma la habían falsificado. Todos los hechos parten de una misma

fuente, el crear actos procesales ilícitos para desalojar a una persona que no tenía nada que ver en el problema familiar que supuestamente existía entre familias. Que, todo esto afecta a la parte agraviada en su derecho a probar, porque si se lleva a sobreseimiento tres delitos y se espera resolver dicho sobreseimiento, una vez que ya se actuó todas la pruebas que van a servir para probar todos los delitos, en el caso de que esta Sala Superior ampare el sobreseimiento, revoque los autos y ordene que esos delitos pasen a juicio oral, se van actuar las pruebas que ya se actuaron en juicio oral, de las cuales tanto el abogado defensor de la sentenciada como la misma sentenciada, ya van a saber que preguntas se le hizo a tal testigo, que documentos y cual es la parte pertinente de los mismos; entonces, se estaría afectando la actividad probatoria para un futuro juicio oral sobre los demás delitos. DECIMO CUARTO.- Que, otro de los fundamentos que tiene la defensa para solicitar el efecto nulificante de la alzada, es la vulneración no a un artículo del Código Procesal Penal, sino a un principio, que según señala el artículo X del Título Preliminar, tiene que interpretarse por encima de las normas procesales porque este tiene un rango jurídico mayor de donde se desprende los conceptos elabora- dos para la parte procesal, y esto en referencia a la participación del agraviado en juicio oral; el artículo IX del Título Preliminar específica que este Código garantiza la participación del agraviado en todos los actos procesales; sin embargo cuando se inició la etapa de juicio oral, el abogado que sustenta la presente apelación, asumió el caso ya en juicio, no habiéndose constituido en actor civil el anterior abogado del agraviado, esto porque pensaban hacer el cobro de la reparación civil en la vía civil. Sin embargo, la defensa refiere que el proceso penal se está interpretando de una manera totalmente equivocada, pisoteando el artículo IX del Título Preliminar y ha- ciendo que prácticamente la víctima sea amordazada en juicio oral y el único dere- cho a probar lo tenga tanto la imputada como su abogado defensor, esto porque al abogado defensor de la imputada no se le pone un requisito de procedibilidad para que pueda hacer uso de su derecho a contradicción en juicio oral, pretendiéndose utilizar la constitución en actor civil como requisito de procedibilidad para que su patrocinado mediante su abogado defensor, pueda hacer un control de calidad de la prueba y solo se le atribuye dicha responsabilidad al representante del Ministe- rio Público, vulnerando con ello, el artículo mencionado. DECIMO QUINTO.- Que, asimismo la defensa señala que al aplicarse erróneamente el artículo 410°, se ha vulnerado el Principio de Preclusión, según el cual, las etapas del proceso tienen que agotarse para poder pasar a otra etapa; sin em- bargo tenemos que la etapa intermedia del proceso común se encuentra abierta porque esta pendiente de resolverse la apelación de los sobreseimientos. Por lo tanto no se debió haber pasado a juicio oral, porque para aplicarse la norma pro- cesal esta no puede estar en discordancia con los principios procesales, menos aún con las garantías constitucionales procesales establecidas en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

Sobre la apelación de los autos de Sobreseimiento DECIMO SEXTO.- Que, los delitos sobreseídos en la etapa de control de acu- sación, son delitos que han sido flagrantemente cometidos; sin embargo la defensa no comprende como a pesar de existir todas las pruebas aportadas a la investiga- ción, tanto el Ministerio Público como el Juzgado de Investigación Preparatoria requieren el sobreseimiento de delitos que han sido totalmente manifiestos para poder demostrar la conducta ilícita de la ahora sentenciada. Esto es, la escritura pública por la que supuestamente se hizo una compraventa a favor de la imputa- da, siendo esto innecesario porque ella era la única heredera de su abuelo al ser su único familiar, sino que el trasfondo era otro. Que, no obstante, el amplio ba- gaje probatorio que obra en el expediente judicial, como en la Carpeta Fiscal que demuestran que los delitos se cometieron, por lo que el sustento que ha tenido el Juzgado de Investigación Preparatoria y el fiscal en su oportunidad, es totalmente errado, no existiendo asidero legal en la resolución judicial materia de impugnación para que estos tres delitos hayan sido sobreseídos, máxime si el delito de fraude procesal no se hubiera cometido si es que no hubiera existido los delitos de falsifi- cación de documentos y falsedad ideológica, lo que a consideración de la defensa es totalmente ilógico. Que, por todo lo expuesto la defensa solicita se revoquen los autos apelados, para que pueda efectivizarse la labor de persecución penal de los delitos cometidos por la imputada. 2.3.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.Sobre el sobreseimiento de los delitos de Falsedad Ideológica y Usurpación Agravada, solicitados por el Ministerio Público. DECIMO SETIMO.- Con fecha catorce de diciembre del dos mil nueve, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo resuelve: “declarar FUNDADO el Requerimiento de SOBRESEIMIENTO PARCIAL presentado por el Cuarto Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo; en consecuencia, SOBRESEASE PARCIALMENTE el proceso seguido contra SANDRA SOLEDAD FIESTAS HARO, por los presuntos delitos de Falsedad ideoló- gica en agravio del Estado y de Ascencio Reyes Díaz y por el delito de Usurpación agravada en agravio de Ascencio Reyes Díaz”. DECIMO OCTAVO.- Que, el delito Falsedad Ideológica se encuentra tipificado en el artículo 428º del Código Penal el cual prescribe que: “El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la decla- ración fuera conforme a la verdad será reprimido con…”. Asimismo; el delito de Usurpación Agravada se encuentra tipificado en el artículo 202º concordado con el 204º del Código Penal el cual prescribe que: “La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años cuando: El inmueble está reservado para fines habitacionales”.

DECIMO NOVENO.- Respecto del delito de Falsedad Ideológica, este se con- suma cuando el sujeto agente inserta en un Documento Público declaraciones fal- sas concernientes a hechos que deban probarse con el documento; por lo tanto, al ser el documento en cuestión una escritura pública en la cual se le imputa a la acusada Sandra Soledad Fiestas Haro, haber insertado como domicilio del vende- dor Cornelio Eleazar Haro Villegas, la calle Coronel Gómez 118-122 y 124, cuando en realidad sólo residía en el 118, dado que en el 122 residía el agraviado; y, en se- gundo lugar en la inclusión de una cláusula en la cual el vendedor se comprometía a entregar el inmueble con fecha primero de agosto del 2007. Al respecto se debe señalar que resulta evidente que quien hizo tales afirmaciones fue el vendedor del inmueble (Cornelio Eleazar Haro Villegas), en base al ejercicio de la autonomía de la voluntad de la cual gozan los contratantes al celebrar actos jurídicos, y que les per- mite concertar los mismos bajo las condiciones que ellos crean pertinentes, como en el caso concreto, estipular una condición temporal respecto a la entrega del bien; facultad que es jurídicamente valida por cuanto así manifestaron su voluntad los contratantes; máxime si se aprecia que dicha condición la impuso el vendedor del bien, por lo tanto, mal se haría en imputar dicha acción a la imputada Sandra Soledad Fiestas Haro, cuando ese hecho en concreto (como ya se explicó), es resul- tado del ejercicio regular de una facultad prescrita en la legislación civil, deviniendo en irrelevante para el derecho penal, debiéndose sobreseer en ese extremo. VIGESIMO.- Respecto del delito de Usurpación Agravada que se atribuye a la imputada Sandra Soledad Fiestas Haro, en calidad de autor mediato, debe tenerse en consideración que la pretendida diligencia de lanzamiento se llevó a cabo en mé- rito a una orden judicial; en este sentido, el Órgano Jurisdiccional no puede cons- tituirse en instrumento para el delito de usurpación agravada; pues para calificar de autoría mediata el hecho de un autor, este debe reunir ciertos presupuestos o requisitos, como por ejemplo que el autor mediato domine la voluntad del instru- mento (Poder Judicial – órgano jurisdiccional), pero ese dominio debe recaer sobre una voluntad en concreto, sobre una persona determinada y no sobre un Órgano Publico compuesto de varios integrantes, como un órgano judicial o juzgado, pues en este caso no existe realmente el dominio de la voluntad sobre una determinada persona; por otro lado, entre ellos debe existir una relación de dependencia o de subordinación, que en el presente caso no existe, por lo que la referida autoría mediata no se da en el caso in análisis; no reuniendo la imputada Sandra Soledad Fiestas Haro los requisitos para ser considerada autor mediato; por el contrario el juzgado actuó en el marco de sus funciones jurisdiccionales. Debiéndose confirmar en este extremo. Concluyendo, al amparo del artículo 344º inciso 2 parágrafos “a” y “d” del Código Procesal Penal, debe confirmarse el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Publico, respecto de los delitos de Falsedad Ideológica y Usurpación Agravada.

Sobre el sobreseimiento del delito de Falsedad Ideológica – Uso de Documento Público Falso como si su contenido fuera exacto, solicitado por la defen- sa de la acusada. VIGESIMO PRIMERO.- Que mediante resolución número veintidós de fecha catorce de mayo del dos mil diez se resuelve: “DISPONER el SOBRESEIMIENTO PARCIAL de la investigación preparatoria que se sigue contra la imputada SAN- DRA SOLEDAD FIESTAS HARO, como autora del delito contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Ideológica – Uso de Documento Público Falso como si su contenido fuera exacto, prevista en el segundo párrafo del artículo 428º del Código Penal”. VIGESIMO SEGUNDO.- Que, el delito Falsedad Ideológica – Uso de Documento Público Falso, se encuentra tipificado en el artículo 428º, segundo párrafo, del Código Penal el cual prescribe que: “El que inserta o hace insertar en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso pueda resultar algún perjuicio con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa”; y, en el párrafo segundo: “ El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”. VIGESIMO TERCERO.- Que, en relación al delito de falsedad ideológica Uso de Documento Público Falso como si su contenido fuera exacto, el abogado de la acusada sustentó su pedido de sobreseimiento, dentro del supuesto de inexisten- cia de elementos de convicción suficientes que posibiliten el enjuiciamiento de la imputada, basándose en el hecho de que concluida la etapa de la investigación preparatoria no se ha recabado elemento de convicción alguno que acredite la in- serción de algún dato falso en los documentos incriminados. VIGESIMO CUARTO.- Que, el tipo penal del delito de falsedad ideológica re- quiere necesariamente la concurrencia de un documento público respecto del cuál se inserten o hagan insertar datos falsos, por lo que apreciándose del tenor del requerimiento acusatorio que la acusación reposa en el hecho fáctico de que la imputada ha hecho uso del Acta de Conciliación Extrajudicial para interponer la demanda de Ejecución de Acta de Conciliación, acta en la cuál se habrían consigna- do dos hechos falsos referidos tanto al domicilio del vendedor como a la fecha de entrega del inmueble materia de la controversia, se advierte la inexistencia de uno de los elementos objetivos del tipo, dado que si bien es cierto el Acta de Concilia- ción Extrajudicial constituye de acuerdo a la Ley de la materia Título de Ejecución, no puede perderse de vista, no obstante ello, que tal situación no le otorga la cali- dad de documento público, ello en razón que de conformidad con lo prescrito por el artículo 235º del Código Procesal Civil, son

documentos públicos: a) El otorgado

por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y b) La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia, por lo que no reuniendo el documento incriminado, las características precitadas no se puede aducir que nos encontramos ante la presencia de un documento público máxime si el citado documento no puede equipararse a documento público de conformidad con lo previsto en el artículo 433º del Código Procesal Penal. En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia del elemento objetivo del tipo penal de falsedad ideológica, nos encontramos ante una causal de atipicidad relativa que redunda no sólo en la configuración del delito antes citado, en su primera modalidad, sino también y, consecuentemente, en la configuración del delito de falsedad ideológica en la modalidad de uso del documento en el cuál se han insertado o hecho insertar datos falsos como si el contenido fuera cierto. En consecuencia, al amparo del artículo 344º inciso 2 parágrafo “b” del Código Proce- sal Penal, debe confirmarse el sobreseimiento solicitado por el abogado defensor de la sentenciada, respecto del delito de Falsedad Ideológica – Uso de Documento Público Falso como si su contenido fuera exacto, por la causal de atipicidad. Sobre la sentencia absolutoria del delito de Fraude Procesal. VIGESIMO QUINTO.- Según lo expuesto por el señor representante del Ministerio Público, los hechos que dan contenido fáctico a la denuncia y a la acusación consisten en que la acusada Sandra Soledad Fiestas Haro, se habría coludido con su abuelo Cornelio Eleazar Haro Villegas para realizar una venta ficticia de la vivienda ubicada en la calle Coronel Gómez 122 en cuyo segundo piso vive el agraviado Ascencio Reyes Díaz desde hace veinticinco años. La referida venta se formalizó mediante Escritura Pública de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete otorgada ante la Notaría Cieza Urrelo y se sostiene que en dicho documento público se insertaron dos hechos falsos: El primero de ellos consistiría en que el señor Cornelio Haro Villegas vivía en la calle Coronel Gómez 118-122-124 y el segundo hecho falso -que se incluyó en una cláusula adicional- consistiría en que el vendedor (Cornelio Haro Villegas) se comprometió a entregar el inmueble el día primero de agosto del año dos mil siete. Refirió también el representante del Ministerio Público que al no haberse cumplido la entrega del inmueble en la fecha señalada, la acusada y su abuelo (con fecha diez de agosto del mismo año) concurrieron ante un centro de conciliación en donde acordaron que éste último entregaría el inmueble definitivamente el día veinticinco del mismo mes; sin embargo tampoco cumplió por lo que la acusada acudió a la vía civil interponiendo una demanda de ejecución de acta de conciliación en donde obtuvo una resolución judicial ordenando el desalojo, diligencia que se vio frustrada pues la Jueza que la ejecutaba advirtió que el inmueble era habitado por persona distinta. VIGESIMO SEXTO.- Que, el artículo 416º del Código Penal incrimina a la persona que: “por cualquier medio fraudulento induce a un error a un funcionario

o servidor público para obtener resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. Dentro de los elementos objetivos del tipo están: (i) una conducta engañosa; (ii) la inducción en error al servidor público, y (iii) el propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. El propósito buscado por el sujeto activo es cambiar, alterar o variar la verdad ontológica con el fin de acreditar ante el proceso una verdad distinta a la real, que con la expedición de la sentencia, acto o resolución adquirirá una verdad judicial o administrativa. Para que se configure esa conducta punible es preciso que exista una actuación judicial o administrativa en la que deba resolverse un asunto jurídico, y que, por ende, sea adelantada por las autoridades judiciales o administrativas. Incurre en ella el sujeto -no califica- do- que por cualquier medio fraudulento induzca en error al servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Si bien no se exige que se produzca el resultado perseguido, se entiende consumado cuando el agente, de manera fraudulenta, induce en error al servidor. Pero perdura mientras se mantiene el estado de ilicitud y aun con posterioridad si se requiere de pasos finales para su cumplimiento 124. Sobre los medios de prueba actuados en el juicio oral. VIGESIMO SETIMO.- La declaración del agraviado Ascencio Reyes Díaz; quien señalo que: “es Ingeniero Civil y trabaja en Paita. Vive con su señora y sus hi- jas en la calle Coronel Gómez 122 (segundo piso) de la ciudad de Trujillo desde hace veinticinco años. El Señor Cornelio Haro le alquiló el inmueble. A la acusada la co- noce desde niña pues vive en la casa adyacente, número 118. Refirió que el día seis de noviembre del año dos mil siete le rompieron la reja y la acusada ingresó a su casa con siete policías, un juez y un secretario. La acusada se había confabulado con su abuelo para lanzarlo a la calle”. La declaración de la testigo Maria Soledad Roggero; quien señalo que: “es profesora cesante y conoce al agraviado Ascencio Reyes Díaz. Vive a cinco puertas de su casa. También conoce a la acusada Sandra Fiestas desde el año 1,980 y hasta ahora vive en el barrio. En el mes de agosto del año dos mil siete la acusada vivía en el número 118 de la calle Coronel Gómez. Al esposo de la acusada lo conoce solamente de vista”. La declaración del testigo Jorge Luís Hoyle Ciudad; quien señalo que: “también es vecino del agraviado pues vive en el número 164 de la calle Coronel Gómez desde el año 1,965. También co- noce a la señora Sandra, ella siempre ha vivido en el vecindario, específicamente en el inmueble signado con el número 118. Durante los años 1,993 y 1,994 viajaba constantemente a los Estados Unidos de América. Luego se fue en el año 2,000 y

124 http://www.juecesyfiscales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215:fraudeprocesalendelitopermanente&catid=12:jurisprudencia&Itemid=7.

regresó en el 2,007. La señora Sandra seguía viviendo allí. A su esposo lo conoce de vista”. La declaración del testigo Raúl Ulises Uriol Rodríguez; quien señalo que: “vive a dos cuadras de la casa del agraviado Ascencio Reyes Díaz. Conoce también a la señora Sandra, ella siempre ha vivido en el inmueble signado con el número 118 de la calle Coronel Gómez. Al esposo de la agraviada lo conocía solamente de vista”. La declaración del testigo Raúl Ulises Uriol Rodríguez; quien señalo que: “también es vecina de ambas partes desde aproximadamente veinte años atrás. El agraviado es amigo de su esposo. La acusada siempre ha vivido en el barrio al igual que el agraviado. Al esposo de la acusada no lo conoce pues solamente venía de visita cada cierto tiempo”. La declaración del testigo Sergio La Madrid Ramírez; quien señalo que: “es vecino de la acusada. Ambos viven en la calle Garcilazo de la Vega de la Urbanización “El Sol” y la conoce desde hace aproximadamente quince años porque era enamorada de su vecino Luis Vargas Pérez. Ella vive en esa calle (en el número 171) desde que eran novios”. La declaración de la testigo Katty Amasifuen Rengifo; quien señalo que: “vive en la calle Garcilazo de la Vega 174 de la Urbanización “El Sol” desde hace catorce años y a la acusada la conoce desde que llegó a vivir allí. Sus hijos tienen la misma edad y estuvo invitada a su primer cumpleaños. Ella vive justo frente a su casa pero no recuerda el número de la casa”. La declaración del testigo Álvaro Amayo Álvarez; quien señalo que: “también vive en la calle Garcilazo de la Vega de la Urbanización “El Sol” junto al departamento donde vive la acusada con su esposo e hijo. La conoce desde el año mil novecientos noventa y ocho”. VIGESIMO OCTAVO.- Debe observarse también que la actividad probatoria actuada en la audiencia de juzgamiento ha estado destinada básicamente a acre- ditar el lugar de residencia de la acusada Sandra Soledad Fiestas Haro (cuestión probatoria irrelevante para el delito investigado); sin embargo a criterio del Supe- rior Colegiado, en atención al delito materia de análisis (fraude procesal), lo que realmente se ha debido demostrar no es el lugar ó dirección en donde vivía ó vive la acusada; sino el conocimiento que tenía respecto de la ocupación del inmue- ble que había adquirido y del que quería entrar en posesión; pues si la teoría del caso del agraviado así como del Ministerio Publico consiste en señalar que la acusada realizo el fraude procesal para poder desalojar al agraviado Ascencio Re- yes Díaz, pues mínimamente se debió probar esa parte del tipo objetivo; es decir que la acusada tenia el conocimiento y la voluntad de hacer todo ello, para poder desalojar al referido agraviado, máxime si el fraude procesal es un delito eminen- temente doloso; sin embargo, no se ha actuado ningún medio de prueba respecto de ello y por el contrario, las cartas notariales de fojas 17 a fojas 19 abonan a favor de la tesis de descargo pues acreditan que tan pronto se frustró la diligencia de lanzamiento (seis de noviembre del dos mil siete) y tomó conocimiento que la casa se encontraba ocupada por otra persona se lo increpó a su transferente. Se puede concluir entonces que durante la audiencia no se han actuado suficientes medios

probatorios que acrediten de manera plena la responsabilidad penal de la acusada, en consecuencia debe confirmarse la sentencia absolutoria. Sobre la nulidad deducida por los recurrentes respecto de los autos de sobreseimiento y de la sentencia absolutoria. VIGESIMO NOVENO.- El artículo 150° del Código Procesal Penal señala que: “La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos por la Ley. Asimismo, el artículo 150° del mismo cuerpo legal señala que: “No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes: a) A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; b)A la capacidad y constitución de Jueces; c) A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria; d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución”. TRIGESIMO.- Podemos definir la nulidad procesal como la sanción de inefi- cacia mediante la cual se priva a un acto o actuación del proceso o a todo él, de sus efectos normales previstos por la ley, cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas por aquélla. También se dice que la nulidad procesal “se pro- duce siempre que un acto procesal adolezca de una circunstancia esencial fijada en las leyes de procedimiento como absolutamente indispensable para que el acto produzca sus efectos normales, en forma radical e insubsanable”125. Asimismo, se define a la nulidad como la sanción procesal con que la ley determina un “acto pro- cesal, privándolo de sus efectos jurídicos por haberse apartado de los requisitos que la misma ley señala para la eficacia del acto. Es importante dejar establecido que la función de nulidad en cuanto sanción procesal “no es la de afianzar el cum- plimiento de las formas porque sí, sino el de consolidar los fines asignados a éstas por la ley126. TRIGUESIMO PRIMERO.- Que, respecto a la nulidad deducida por los recu- rrentes, en el sentido de que hubo una incorrecta interpretación y/o aplicación del artículo 410º del Código Procesal Penal, se debe precisar que el referido dispositivo legal esta imbuido de los principios que gobiernan el sistema procesal penal de carácter acusatorio con tendencia adversarial, habida cuenta que busca dinami- zar e impulsar el proceso, evitando que se entrampe con múltiples apelaciones y

125 Serra Domínguez, Manuel. ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL. Ariel, Barcelona, 1969. 126 DE QUIROS. CARLOS y RODRÍGUEZ. WALTER. Nulidades en el Proceso Penal; ediciones jurídi- cas cuyos. R. L.. Mendoza, 1982, p. 11.

reenvíos al superior jerárquico, materializando con ello, los principios de celeridad y economía procesal, así como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por otro lado, la misma norma prevé que si el efecto diferido puede ocasionar un grave perjuicio a alguna de las partes, estas pueden recurrir en Queja, la misma que debió ser interpuesta al tercer día de notificados con el concesorio de la apela- ción; sin embargo ello no ocurrió así, convalidando las partes recurrentes el efecto diferido con que fue concedida la apelación. Por lo tanto hacerlo en esta instancia, deviene en extemporáneo; por lo que, aunado al hecho de que no se trata de alguna inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución, y por el contrario constituye una aplicación normativamente correcta de la ley, debe declararse infundada la nulidad. TRIGESIMO SEGUNDO.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien la defensa del agraviado así como el representante del Ministerio Público, han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria emitida en primera instancia, tal acto lo han realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional y procesal127 a la doble instancia y han tenido razones fundadas para ello, por lo que debe eximírseles del pago de costas. III.- PARTE RESOLUTIVA Que por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas antes señalada, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO: 1)

DECLARARON INFUNDADA la nulidad deducida por el representante del Ministerio Público, respecto a la sentencia absolutoria de fecha diecisiete de mayo del año dos mil once.

2)

CONFIRMAR la resolución de fecha catorce de diciembre del dos mil nueve, que resuelve declarar FUNDADO el sobreseimiento presentado por el Cuarto Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo; en consecuencia, SOBRESEASE PARCIALMENTE el proceso se- guido contra Sandra Soledad Fiestas Haro, por los presuntos delitos de False- dad Ideológica en agravio del Estado y de Ascencio Reyes Díaz y por el delito de Usurpación Agravada en agravio de Ascencio Reyes Díaz.

3)

CONFIRMAR la resolución número veintidós, de fecha catorce de mayo del dos mil diez, que resuelve DECLARAR FUNDADO el SOBRESEIMIENTO PAR- CIAL de la investigación preparatoria que se sigue contra la imputada Sandra

127 Art. 106 Código Procesal Penal

Soledad Fiestas Haro, como autora del delito contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Ideológica – Uso de Documento Público Falso como si su contenido fuera exacto, prevista en el segundo párrafo del artículo 428º del Código Penal. 4)

CONFIRMAR la resolución número nueve, de fecha diecisiete de mayo del año dos mil once, que ABSUELVE a la acusada SANDRA SOLEDAD FIESTAS HARO, de la acusación fiscal como autora del delito de Fraude Procesal en agravio del Estado (Poder Judicial) y de Ascencio Reyes Díaz.

5)

DISPUSIERON que Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución, se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen, para los fines de Ley. Actuó como Juez Superior Ponente, el Dr. José Ricardo Cabrejo Ville- gas.-

25. HABEAS CORPUS – CONFIRMA IMPROCEDENCIA DE DEMANDA HABEAS CORPUSNº : 5528-2010.- (EXP.2010-5528-0-1601-JR-PE-2) DEMANDANTE : SANTIAGO TIBURCIO FLORES. MATERIA : HABEAS CORPUS. DEMANDADO : JOSE FIRMO RUFINO JUAREZ. PROCEDENCIA : SEGUNDO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION PREPARA- TORIA. IMPUGNANTE : DEMANDANTE. ASUNTO : APELACION DE RESOLUCION QUE DECLARA

IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS. Trujillo, Treinta y uno de Enero. Del Año Dos Mil Once.I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO: 01.- Que, viene en apelación de la Resolución de Fecha 10 de Enero del Año 2011, obrante a fojas 55, que declara Improcedente la Demanda Constitucional de Habeas Corpus, interpuesta por el Ciudadano SANTIAGO TIBURCIO FLORES , contra JOSE FIRMO RUFINO JUAREZ, por el supuesto de Restricción a la Libertad de Tránsito o de Locomoción.- - - - ------------02.- Que, a fojas 59, el demandante SANTIAGO TIBURCIO FLORES , plantea su recurso de apelación dentro del término legal y fundamenta su recurso de apelación, señalando que el Ad quo debió como mínimo efectuar actuaciones probatorias que demuestren la afectación o no de sus derechos, siendo necesario ordenar la realización de actuaciones indispensables por parte del juez, para que así cesen los actos violatorios de derechos constitucionales, en este caso referente a la restricción de la libertad de tránsito, por lo que interpone la presente demanda de hábeas corpus, solicitando se revoque la resolución apelada y se decla- re fundada su demanda de habeas corpus. - - - - -

II.

CONSIDERANDOS:

1.1

PREMISA NORMATIVA.03.- Que, el Artículo 02, Inciso 11 de la Constitución Política del Perú, prescribe que toda persona tiene derecho (…) a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. -------

04.- Que, el Artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, prescriben: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la pri- macía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitu- cionales”.- - 05.- Que, el Artículo 4, del Código Procesal Constitucional, prescribe que se entiende por Tutela Procesal Efectiva “aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradic- torio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la juris- dicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en dere- cho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.- - - - - -----------------------------------------------------------------06.- Que, el Artículo 09 del Código Procesal Constitucional, prescribe que “En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa”.- - - - - ------------------------------------------07.-

Que, de otro lado el Artículo 17 del Código Procesal Constitucional, prescribe que la Sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente título, deberá contener, según sea el caso, entre otros, 1) La identificación del demandante; 2) La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga la amenaza, violación o que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo; 3) La determinación precisa del derecho vulnerado, o la consideración de que el mismo no ha sido vulnerado, o, de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida; 4) La fundamentación que conduce a la decisión adoptada; 5) La decisión adoptada señalando, en su caso, el mandato concreto dispuesto”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --------

08.- Que, el Artículo 25 del Código Procesal Constitucional, prescribe que el “Hábeas Corpus procede ante la acción u omisión que amenace

o vulnere los derechos que enunciativamente, conforman la libertad individual, entre los cuales se señala en el Inciso 6) El derecho

de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transi- tar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad.”.09.- Que, el Artículo 31 del Código Procesal Constitucional, señala el trámi- te de los procesos de habeas corpus en casos distintos, “Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración de la integridad personal, el Juez podrá constituirse en el lugar de los hechos, o, de ser el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la violación, requiriéndoles expliquen la razón que motivó la agresión, y resolverá de plano en el término de un día natural, bajo responsabilidad”.- -------------------------10.- Que, finalmente el Artículo 20, del Código Procesal Constitucional, que prescribe “…Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido sólo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo”.- - - - - - - - - - --------------------------11.- La Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella, entre ellos la libertad de tránsito. Así, el propósito fundamental del hábeas corpus restringido es tutelar el ejercicio del atributo ius movendi et ambulandi, que constituye la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él y en su acepción más amplia en supuestos en los cuales se impide, ilegítima e inconstitucionalmente, el acceso a ciertos lugares, entre ellos, el propio domicilio; no obstante, puede ser condicionado y limitado por ley.128--12.-

La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles de tutela por vía del hábeas corpus, de los más tradicionales. Con este derecho se busca reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida, pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio, y que, en tanto sujetos con capacidad de autodeterminación, tienen la libre opción de disponer cómo o por dónde deciden desplazarse, sea que dicho despla-

128 STC 2413-2008-PHC.

zamiento suponga facultad de ingreso a nuestro Estado, circulación o tránsito dentro de él, o sea que suponga simplemente salida o egreso del país. Dicho atributo, por otra parte, se encuentra también reconocido en los artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 22° de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituyéndose en uno de los derechos de mayor implicancia en el ámbito de la libertad personal perteneciente a cada individu.129-------------------------------------------------------1.2

PREMISA FACTICA.13.- Que, del estudio de los actuados, se verifica que en la presente vía constitucional, el demandante SANTIAGO TIBURCIO FLORES, recurre a esta vía cuestionando actos por parte de JOSE FIRMO RUFINO JUAREZ, siendo tales actos consistentes en la edificación de construcciones de adobe sobre el pasaje B, ubicado en el sector C entre los bloques 54 y 57 de la Parcela 10721 del Mercado Autogestionario el Progreso de Trujillo que es pasaje público, lo que se cuestiona directamente tiene que ver con restricciones a la libertad de tránsito o de locomoción pre- suntamente producidas por los hechos antes mencionados. Se trata, por consiguiente, no de un supuesto de detención arbitraria, frente al que normalmente procede un hábeas corpus de tipo reparador, sino de un caso en el que se denuncia una restricción a la libertad individual distinta a los supuestos de detenciones arbitrarias o indebidas, lo que permite considerar que se invoca el denominado hábeas corpus de tipo restringido , pretensiones planteadas en su demanda de fojas 02.- - - 14.- Que, el, demandante alega que según el artículo 9 del Código Procesal Constitucional: “en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probato- rias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa.” El demandante sostiene que, el juez debió constituirse al lugar de los he- chos para verificar los actos materia de la vulneración de los derechos fundamentales; sin embargo, como se colige de los actuados no ha sido necesaria realizar dicha diligencia pues involucran derechos que deben ser dilucidados en otras vías judiciales.-----------------------15.- De la pretensión planteada, se desprende que existen derechos de naturaleza real (propiedad y posesión) en controversia, los que, como se

129 EXPEDIENTE: 314-2008

sabe, no forman parte del ámbito de protección del proceso constitucional de hábeas corpus, por lo que debe declararse improcedente tal pretensión en aplicación del artículo 5,1 del Código Procesal Constitucional.------------16.- Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, y de conformidad con las normas antes señalas, la SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD.- - - - - - - - - - -----------------RESOLUCIÓN: 1.- CONFIRMARON la Resolución de Fecha Diez de Enero del Año Dos Mil Once, obrante a fojas 51, que Declara Improcedente la Demanda Constitucional de Habeas Corpus, interpuesta por el ciudadano SANTIAGO TIBURCIO FLORES, contra el ciudadano JOSE FIRMO RUFINO JUAREZ. Actuó como Vocal Po- nente, Doctor José Ricardo Cabrejo Villegas.-

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26. HABEAS CORPUS – CONFIRMA RESOLUCION QUE DECLARA INFUNDADA DEMANDA HABEAS CORPUS Nº: 4681-2010-0-1601-JR-PE-02 BENEFICIARIO : PHILIPPE CAYRO, JEAN MATERIA : HABEAS CORPUS. DEMANDADOS : MAGISTRADOS DE LA PRIMERA SALA CON REOS EN CARCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA: - FIGUEROA NAVARRO, ALDO MARTIN - QUISPE ALCALÁ, JUAN PABLO - ESPINOZA SANCHEZ, ANA LUZMILA : MAGISTRADOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: - SALAS GAMBOA, ROGER - BARRIENTOS PEÑA, PASTOR ADOLFO - PRINCIPE TRUJILLO, HUGO HERCULANO - PARIONA PASTRANA, JOSE - URBINA GANVINI, PEDRO GUILLERMO SOLICITANTE : YSLA RUBIO, SHEYLA EVELYN PROCEDENCIA : 2º JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA IMPUGNANTE : DEMANDANTE. ASUNTO : APELACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS

Trujillo, Diecisiete de Junio. Del Año Dos Mil Once.I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

Viene en apelación de la Resolución número once de fecha 11 de Marzo del Año 2011, obrante a fojas 271, que declara Infundada la Demanda Constitucional de Habeas Corpus, interpuesta por la ciudadana SHEYLA EVELYN YSLA RUBIO a favor de JEAN PHILIPPE CAYRO, contra los magistrados de la Primera Sala con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima: ALDO MARTIN FIGUEROA NAVARRO, JUAN PABLO QUISPE ALCALÁ, ANA LUZMILA ESPINOZA SANCHEZ y contra los magistrados de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia: ROGER SALAS GAMBOA, PASTOR ADOLFO BARRIENTOS PEÑA, HUGO HERCULANO PRINCIPE TRUJILLO, JOSE PARIONA PASTRANA y PEDRO GUILLERMO URBINA GANVINI, por el supuesto de vulneración de sus derechos inherentes a la libertad individual y la tutela procesal efectiva como son: derecho a probar, derecho de defensa, derecho al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a la obtención de una resolución fundada en derecho y la observancia del principio de legalidad procesal penal.---------------------------------------------------------------------------------

2.

A fojas 289, el demandante, plantea su recurso de apelación dentro del término legal y fundamenta su recurso de apelación, señalando que la resolución número once del once de marzo del año dos mil once le causa agravio toda vez que no se ha pronunciado sobre el fondo de su petición y por el contrario, sólo ha precisado en el fundamento Nº 10 de su resolución: “Que, de la demanda constitucional se desprende que la accionante no solo pretende que en vía constitucional se revise la sentencia condenatoria recaída en el expediente Nº 212-04, dictada por la Primera Sala Penal con reos en cárcel de Lima y la Ejecutoria Suprema Nº 2080-2006 expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que declara no haber nulidad en la sentencia condenatoria que impuso treinta años de pena privativa de libertad a Jean Philippe Christopher Cayro por el delito de Tráfico ilícito de Drogas; sino que también cuestiona la forma como se ha desarrollado el proceso y sobre todo el juicio oral(…)”.-------------------------------

II.

CONSIDERANDOS:

2.1

PREMISA NORMATIVA.-

3.

El Artículo 4, del Código Procesal Constitucional, prescribe que : “se entiende por Tutela Procesal Efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predetermi- nada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las re- soluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.---------------------------------------------------------------------------------

4.

El Código Procesal Constitucional (artículo 25º) ha acogido una concepción amplia de este proceso constitucional, cuando señala que “(...) también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”. De ahí que se debe admitir que, también dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquél y el derecho fundamental a la libertad personal.130------------------------------------------------------------------------

130 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EXP. N.º 5872-2005-PHC/TC

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5.

“El hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela procesal efectiva, sino que la violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la liber- tad individual para que se pueda aplicar lo establecido en este precepto normativo”. 131 ------------------------------------------------------------------------------------

2.2

PREMISA FACTICA.-

6.

Del estudio de los actuados, se verifica que en la presente vía constitucional Sheyla Evelyn Ysla Rubio en representación del beneficiario Jean Philippe Cayro, interpone la presente demanda de Hábeas Corpus a fin de solicitar que se declare la nulidad de la Ejecutoria Suprema, la nulidad de la sentencia condenatoria, ordenando en consecuencia se provea un nuevo juicio oral en estricto respeto del derecho de defensa y el debido proceso.-------

7.

Conforme al artículo 25º último párrafo esta demanda de hábeas corpus a sido incoada bajo la nomina de que se han vulnerado derechos conexos a la libertad que tienen que ver con el debido proceso.-------------------------------------

8.

La demanda de Habeas Corpus ha sido denegada por la recurrida, porque ma- nifiesta que, los hechos que sustentan la demanda constitucional de Habeas Corpus han sido reexaminados por los tribunales ordinarios, no obstante la accionante en forma errónea pretende que la vía constitucional opere como una suprainstancia y que se revisen aspectos que constituyen materia ajena al Juez Constitucional.-------------------------------------------------------

9.

El A quo también señala como fundamento que, respecto a la privación del derecho de defensa que la accionante alega, el favorecido de la presente garantía fue detenido en flagrancia delictiva producto de un operativo de inteligencia desplegado por la DINANDRO, comunicándosele oportunamente los cargos que se le imputaron, por lo que ha podido ejercer su derecho de defensa, tal como lo ha hecho al designar un abogado defensor privado que ha intervenido a lo largo del proceso. Así mismo, en referencia a la vulneración de su derecho a probar, el A quo señala que, este no fue afectado, ya que como se aprecia del acta del 25 de abril del 2005, la defensa de Jean Philip- pe Christophe Cayro en efecto ofreció sus medios probatorios, los cuales no fueron rechazados, sino que la sala dispuso que de considerarlo pertinente se ordenaría la concurrencia de los testigos ofrecidos, pero la defensa omitió presentar los pliegos interrogatorios.----------------------------------

10.

El juez constitucional señala que el derecho al contradictorio no se vio afectado, puesto que contra la declaratoria de improcedencia del pedido de

aper-

131 STC 5211-2006-PHC. FJ 2

tura del Cuaderno Especial denominado “Agente Encubierto”, la cual fue debi- damente sustentada, estando en el estadio adecuado, la defensa no formulo observación ni interpuso medio impugnatorio alguno. Así, la defensa del favo- recido interpuso recurso de nulidad contra la sentencia de primera instancia emitida por la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima, siendo esta revisada por la Corte Suprema, demandada también en el presente proceso constitucional, evidenciándose así que el ciudadano Jean Philippe Christophe Cayro a lo largo de todo el proceso penal ha ejercido plenamente su derecho de defensa técnica y material contradiciendo e impugnando las actuaciones y resoluciones que habrían atentado contra sus derechos en la vía adecuada.----------------------------------------------------------------11.

Si bien las sentencias sometidas a revisión han quedado firmes, en ellas y en el desarrollo del proceso penal no se aprecia en forma manifiesta, patente, clara, visible y menos aquellos comprendidos dentro de la tutela procesal efectiva, tales como el derecho a probar, el derecho al contradictorio y derecho de defensa como lo ha señalado la accionante.-------------------------------

2.3

ANALISIS DEL CASO.-

12.

La presente Sala considera que el A quo actuó teniendo en cuenta que del análisis de los fundamentos de la demanda se colige que la supuesta vulnera- ción al debido proceso, derecho a probar, al contradictorio y de defensa, ma- terializados en las sentencias emitidas por la Primera Sala con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, en modo alguno comportan afectación de los derechos invocados.---------------------------------------

13.

Respecto a la afectación del derecho de defensa que alega la demandante, no existe tal, puesto que el favorecido en el presente proceso, desde el momento de su intervención fue comunicado de los cargos formulados en su contra, teniendo éste la oportunidad de designar un abogado defensor como cierta- mente lo hizo, interviniendo éste a lo largo de todo el proceso, ejerciendo así su derecho de defensa.------------------------------------------------------

14.

De igual forma, su derecho a probar no ha sido vulnerado, toda vez que como consta en el acta del 25 de abril del 2005 el A quo no rechazo como medio probatorio de la parte imputada la prueba testimonial, sino que se dispuso que de considerarlo pertinente se ordenaría la concurrencia de los testigos ofrecidos, omitiendo la defensa presentar los pliegos interrogatorios para su actuación.--------------------------------------------------------------------------------

15.

Así mismo, en cuanto a lo señalado por la demandante de que su derecho al contradictorio se habría visto afectado, al respecto este Colegiado considera que, el beneficiario de este proceso ejerció libremente su derecho, ya que

como se observa en autos, ante la sentencia emitida por la Primera Sala con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, éste por intermedio de su abogada formuló recurso impugnatorio, observándose así que su derecho estuvo garantizado y que en ningún momento se le negó la posibilidad de ejer- cerlo libremente. Así también, es necesario precisar que ante la denegatoria del pedido de apertura del Cuaderno de Procedimiento Especial denominado Agente encubierto, el auto fue leído en la audiencia de fecha 25 de abril de 2005, donde la defensa no formuló ninguna observación, tampoco interpuso recurso impugnatorio alguno, con lo cual se observa que pudiendo ejercer su derecho este omitió hacerlo, no siendo esto responsabilidad del A quo.----------------------16.

En cuanto a la ejecutoria suprema emitida por la Segunda Sala Penal Transito- ria de la Corte Suprema de Justicia, no se ha afectado derecho o garantía fun- damental del favorecido, puesto que esta ha sido el resultado de un análisis pormenorizado de los actuados en primera instancia, por tanto no constituye afectación alguna por encontrarse arreglada a derecho.----------------

17.

Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y de conformidad con las normas antes señalas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD.---------------------------------------------------------------------------------------

III. RESOLUCIÓN: 1.- CONFIRMAR la resolución número11 del once de marzo del año dos mil once que declara infundada la demanda de Hábeas corpus interpuesta por doña SHEYLA EVELYN YSLA RUBIO a favor de JEAN PHILIPPE CAYRO, contra los magistrados de la Primera Sala con reos en cárcel de la Corte Superior de Jus- ticia de Lima: ALDO MARTIN FIGUEROA NAVARRO, JUAN PABLO QUISPE ALCALÁ, ANA LUZMILA ESPINOZA SANCHEZ y contra los magistrados de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia: ROGER SALAS GAMBOA, PASTOR ADOLFO BARRIENTOS PEÑA, HUGO HERCULANO PRINCIPE TRUJILLO, JOSE PARIONA PASTRANA y PEDRO GUILLERMO URBINA GANVINI. 2.- ORDENARON se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen para que proceda conforme a Ley, consentida que sea la presente.- Actuó como Vocal Ponente el Dr. José Ricardo Cabrejo Villegas.

27. HABEAS CORPUS – DECLARA NULA RESOLUCION QUE DECLARA IMPROCEDENTE DEMANDANTE : JUAN REVOREDO DIESTRA ORBEGOSO. MATERIA : HABEAS CORPUS. DEMANDADO : PABLO CESPEDES GARCIA. JUEZ DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE ASCOPE. PROCEDENCIA : SEPTIMO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA. IMPUGNANTE : DEMANDANTE. ASUNTO : APELACION DE RESOLUCION QUE DECLARA IMPROCEDEN- TE LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS.

Trujillo, Seis de Febrero. Del Año Dos Mil Once.I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO: 01.- Que, viene en apelación de la Resolución de Fecha 11 de Enero del Año 2011, obrante a fojas 31, que declara Improcedente la Demanda Consti- tucional de Habeas Corpus, interpuesta por el Ciudadano JUAN REVO- REDO DIESTRA ORBEGOSO., contra PABLO CESPEDES GARCIA, Juez de Investigación Preparatoria de Ascope, por el supuesto de atentar contra su libertad personal e individual y el debido proceso.----02.-

II.

Que, a fojas 35, el demandante, plantea su recurso de apelación dentro del término legal y fundamenta su recurso de apelación, señalando que el Ad quo ha realizado una interpretación errónea del artículo 5 del Có- digo Procesal Constitucional, referido a las causales de improcedencia en cuanto prescribe que: no proceden los procesos constitucionales, entre otros, cuando: 1) Los hechos y petitorios de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido. La recurrida por esta razón alega que la protección que se pide no tiene contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus, por cuanto el demandante se encuentra sometido a una investigación penal por el delito de violación sexual y que, la conse- cuencia respecto de su libertad ambulatoria se vería afectada no consti- tuyendo pues una detención arbitraria e injusta como lo exige la citada norma legal para acceder a ella, ya que toda vez será en la vía ordinaria en que debe resolver su conflicto.-

CONSIDERANDOS:

1.1

PREMISA NORMATIVA.-

03.- Que, el Artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitu- cional, prescribe: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”.--04.- Que, el Artículo 4, del Código Procesal Constitucional, prescribe que : “se entiende por Tutela Procesal Efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.----------------------------------------------------05.- Que, de otro lado el Artículo 17 del Código Procesal Constitucional, prescribe que: la sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente título, deberá contener, según sea el caso, entre otros, 1) La identificación del demandante; 2) La identificación de la autoridad, fun- cionario o persona de quien provenga la amenaza, violación o que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo; 3) La determinación precisa del derecho vulnerado, o la consideración de que el mismo no ha sido vulnerado, o, de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida; 4) La fundamentación que conduce a la decisión adoptada; 5) La decisión adoptada señalando, en su caso, el mandato concreto dispuesto”.-----------06.- El Tribunal Constitucional ha señalado que el hábeas corpus conexo: “Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones (…) como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc. Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados –previstos en el artículo 3° de la Constitución entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados”.-132---------------------------

132 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EXP. Nº 2663-2003-HC/TC

07.-

El último párrafo del artículo 25° del Código Procesal Constitucional señala que “también procede el hábeas corpus en defensa de los dere- chos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”. En cuanto a este supuesto de procedencia, se debe subrayar que el há- beas corpus es un proceso constitucional autónomo, en el cual el juez constitucional asume una función tutelar del derecho fundamental a la libertad personal y de los derechos conexos con este, de acuerdo con el artículo 200°, inciso 1, de la Constitución. No obstante, desde una concepción restringida, el hábeas corpus se entiende vinculado, única- mente, a la protección del derecho fundamental a la libertad personal y a un núcleo duro de derechos fundamentales que se concentran en torno a dicho derecho, tales como el derecho a la seguridad (artículo 2°, inciso 24, de la Constitución), a la libertad de tránsito –ius movendi e ius ambulandi– (artículo 2°, inciso 11, de la Constitución) y a la integridad personal (artículo 2°, inciso 24, literal h, de la Constitución).- 133-------------------------------------------

08.- El Código Procesal Constitucional (artículo 25º) ha acogido una concepción amplia de este proceso constitucional, cuando señala que “(. ) también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”. De ahí que se debe admitir que, también dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquél y el derecho fundamental a la libertad personal.134-------------------------09.- “El hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela procesal efectiva, sino que la violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la libertad individual para que se pueda aplicar lo establecido en este precepto normativo”. 135--------------10.- Que, finalmente el Artículo 20, del Código Procesal Constitucional, que prescribe “…Si el Tribunal considera que la resolución impugnada

133 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EXP. N.º 9057-2005-PHC/TC 134 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EXP. N.º 5872-2005-PHC/TC 135 STC 5211-2006-PHC. FJ 2

ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido sólo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo”.------------------------------1.2

PREMISA FACTICA.11.- Que, del estudio de los actuados, se verifica que en la presente vía constitucional, el demandante JUAN REVOREDO DIESTRA ORBEGOSO, recurre a esta vía cuestionando por haberse atentado contra su libertad personal e individual y el debido proceso por parte de PABLO CESPE- DES GARCIA, Juez de la Investigación Preparatoria de Ascope, siendo que tales actos se realizaron el día 06 de Enero del 2011, fecha en la cual estaba fijada la audiencia de prisión preventiva solicitada por la Segun- da Fiscalía Penal Corporativa de Ascope, por el presunto delito de viola- ción sexual, con el número de expediente 345-2010, el mencionado día la abogada defensora se apersonó a horas 11:30 de la mañana al local del Juzgado de la investigación Preparatoria de Ascope para que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva, sin embargo la asistente Dra. Kelly Rosmery Morillas Pérez le manifestó que el juez no se encontraba que había salido a realizar unas diligencias, indicando que se comuni- caría vía telefónica al Sr. Juez Pablo Céspedes García, tal como efectiva- mente se realizó, comunicándose éste con la abogada defensora a quien le manifestó que la audiencia se iba a reprogramar y que su asistente la Dra. Nelly le iba a notificar el día y la hora. Después de la comunicación telefónica la Dra. Nelly le pidió la dirección a la abogada defensora, para notificar con la nueva fecha y hora para la realización de la audiencia de prisión preventiva, señalando que le iba notificar vía telefónica para lo cual la abogada defensora proporcionó su número telefónico, así como también solicitó el número telefónico de la asistente Dra. Nelly. El día 07 de Enero del 2011 a horas 9:00 am. la abogada defensora se apersonó al juzgado para tener conocimiento de la fecha y hora de la audiencia, a lo cual la asistente le refirió que le solicite al juez, y personalmente cuando converso con el juez en las instalaciones del Juzgado el Dr. Céspedes le dijo la audiencia de prisión preventiva ya había sido llevada a cabo el día 06 de enero con un defensor de oficio, pretensiones planteadas en su demanda de fojas 02.----12.- Que, si bien es cierto que en los procesos constitucionales no existe la etapa de la actividad probatoria, en el presente caso el ad quo no ha realizado la mínima actividad probatoria necesaria en este caso, para determinar si el imputado prestó su consentimiento para ser asistido

por un defensor de oficio, así como también, la razón por la que el Juez de Investigación Preparatoria reprogramó una audiencia que ya había sido llevada a cabo, además de recabar los audios de la audiencia para constatar que no se haya vulnerado el derecho a un debido proceso; todo esto con el fin de realizar una adecuada valoración y un correcto razonamiento lógico jurídico, que le permita resolver sobre la proceden- cia o improcedencia del habeas corpus.----13.- Que, en virtud del proceso constitucional iniciado al plantearse el Habeas Corpus, el juez encargado de resolver la causa se convierte en juez constitucional, y por lo tanto en defensor de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política a través de las diversas garantías constitucionales para hacer efectivo dichos derechos. Es por esta razón, que el juez está en la obligación de velar por preservar esos derechos fundamentales, entre ellos el derecho fundamental a la libertad personal y demás derechos conexos; por lo cual resulta incom- prensible e injustificable la conducta del juez frente al Habeas Corpus planteado por el imputado, pues lo correcto era que despliegue una mí- nima actividad probatoria destinada a obtener la mayor certeza sobre los hechos materia de discusión en el presente proceso; por ello es que se le recomienda en este y en los sucesivos casos realizar las diligencias indagatorias a fin de no incurrir nuevamente en error, llamándosele se- veramente la atención por su accionar en el presente caso .----14.-

Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, y de conformidad con las normas antes señalas, la SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD.------------------------------------

III. RESOLUCIÓN: 1.- DECLARARON NULA la Resolución de Fecha 11 de Enero del Año 2011, obran- te a fojas 31, que Declara Improcedente la Demanda Constitucional de Hábeas Corpus, interpuesta por el Ciudadano JUAN REVOREDO DIESTRA ORBEGO- SO, contra PABLO CESPEDES GARCIA, Juez de la Investigación Preparatoria de Ascope. 2.- ORDENARON se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen para que proceda conforme a lo dispuesto en el considerando 11, y su criterio con- forme a Ley.- Actuó como Vocal Ponente el Dr. José Ricardo Cabrejo Ville- gas

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28. HOMICIDIO CULPOSOS – NULA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE IMPUTADO DELITO

: 01415-2009-87-1601-JR-PE-06 : ROBERTO JAVIER LUIS JACINTO : HOMICIDIO CULPOSO Y FUGA DEL LUGAR DE ACCIDENTE DE TRANSITO AGRAVIADO : BERTHA MATILDE GRAUS DE ANCHAY APELANTE : IMPUTADO. ACTOR CIVIL. ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Veintiocho De Setiembre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Presidente), WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Director de debates) y CARLOS PRADO MUÑOZ por licencia del Juez Superior Víctor Raúl Malca Guaylupo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Viene en apelación la sentencia que condena al acusado Roberto Javier Ruiz Jacinto, por el delito de Homicidio Culposo y Fuga en Accidente de Tránsito en agravio del Bertha Matilde Graus De Anchay y el Estado, a cinco años de pena privativa de libertad efectiva y a una reparación civil de nueve mil quinientos nuevos soles a favor de los herederos de la agraviada y quinientos soles a favor del Estado, en forma solidaria con el tercero civil Marco Antonio Rivera Jacinto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------1.2. Que, el abogado del imputado a interpuesto recurso de apelación contra la ci- tada sentencia y ha solicitado la nulidad de la sentencia, por considerar que se ha trasgredido los derechos fundamentales y la garantía a un debido proceso, la garantía al derecho a la defensa de los sujetos procesales en general y el derecho a una motivación de las resoluciones jurisdiccionales; se ha incurrido en motivación aparente, se ha incurrido en motivación errónea, en falta de verosimilitud de los hechos descritos para que se establezca una responsabi- lidad penal. 1.3. Que, el abogado de la agraviada ha interpuesto el recurso de apelación, solicitando se revoque la sentencia en el extremo de la reparación civil y se fije la suma de cincuenta mil nuevos soles, por considerar que se trata de la vulne- ración del bien jurídico vida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

1.4. El Fiscal Superior ha solicitado que se confirme la sentencia, por considerar que no existe ninguna causal de nulidad, que ha habido un debido proceso, no ha existido indefensión de los sujetos procesales. Y en el extremo de la reparación civil el monto debe modificarse a cincuenta mil nuevos soles. - - 1.5. Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las par- tes no solicitaron la oralización de piezas procesales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - ------------------II.

CONSIDERANDOS:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.- El delito de homicidio culposo, materia de la pretensión acusatoria, se encuen- tra previsto en el Artículo 111 del CP y prescribe lo siguiente: “El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona será reprimido…” “La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos litro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.” --2.2.- El delito de fuga del lugar del accidente de tránsito, se encuentra previsto en el artículo 408 y prescribe: “El que, después de un accidente automovilístico o de otro similar en el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte, se aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles, pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de cuatro años y con noventa a ciento veinte días- multa.”-- -2.3.- Que El Tribunal Constitucional ha señalado que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas conforme al artículo 139°, inciso 5), de la Constitución, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa

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de los justiciables.(…) En tal sentido el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente

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de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y lo pretendido por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión 136. - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------2.4.- Que, la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRALGO)”137.- Según Olsen Ghirardi138 se considera que la resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expre- siones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. 2.5.- Que, para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máximas de experiencia139, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contrario, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras:

136 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4947-2009-HC/TC. Caso Manuel Gómez Pachon y otros 137 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201. 138 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231. 139 Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146.

a)

Falta absoluta de motivación: Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.

b)

Motivación aparente: En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzga- dor glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamen- to140; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambi- guas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una mo- tivación real141.

c)

Motivación insuficiente: Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la con- vicción142. Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbi- trariedad”143.

140 FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117. 141 GHIRARDI, O., op cit., pág. 231. 142 Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103. 143 Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102.

d)

Motivación incorrecta: Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.

2.6.- Que, el Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal prescribe, como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”.- - - - - - - - - - - - - - FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.7.- Que, en la sentencia apelada se ha precisado que los hechos y circunstancias objeto de la acusación consisten en que el día 18 de Enero del 2009 entre las 19:20 a 19:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la agraviada quien en vida fue Bertha Matilde Graus Ávila se encontraba en compañía de hija Yesenia milagros Anchay Graus Ávila al costado del grifo San Jorge ubicado en el Alto Mochica, con la finalidad de tomar un vehículo de servicio público (taxi) para dirigirse a su domicilio. Según lo manifestado por la testigo presencial Yesenia Milagros Anchay Graus, observó en primer lugar la luz de un vehículo que pasaba por la pista para seguidamente escuchar un grito de su madre acompañado de un golpe, Luego de lo cual el vehículo que la atropelló retrocede y se da a la fuga con dirección al Distrito de la Esperanza. Posteriormente y con apoyo de personas que estaban por el lugar, la hija de la agraviada la condujo al Hospital Regional en donde certificaron su deceso. De los fundamentos de la apelada2.8.- De la lectura de la sentencia apelada se aprecia que esta se sustenta, en que está probado que el accidente fue causado por una combi, de placa de rodaje QD - 1450 conforme han expuesto los testigos: María Vásquez, Vicente Anticona y Melisa Navarro. Y en cuanto al conductor y chofer de la combi el dueño Marco Antonio Rivera Jacinto ha referido que su hermano, el acusado Roberto Javier Ruiz Jacinto es la persona que está a cargo del carro, el mismo que lo tiene en su poder aproximadamente del 20 de enero de 2008. Y la persona que estuvo manejando el día de los hechos, por cuanto su defensa refiero que se encontraba en un taller de mecánica y para el juzgador es un ar- gumento de defensa no creíble, y porque los testigos han reconocido la combi y el número de placa. - - - - - - - - - - - - -

Delimitación de la pretensión impugnatoria del imputado. 2.9.- El abogado del imputado ha solicitando la nulidad de la sentencia y del juicio oral, porque se ha violentado el derecho esencial de debida motivación de las resoluciones contenida en el artículo 139 de la Constitución Política argumen- tando lo siguiente: a) Es una sentencia de carácter diminuta con motivación aparente, es decir no solamente se debe hablar de las premisas, sino porque se llegó a la conclusión b)Que, el Juez en el punto 7.11 señala que en cuanto al conductor o chofer de la combi el dueño Marco Antonio Rivera Jacinto a referido que su hermano el acusado Roberto Luis Jacinto es la persona que está a cargo del carro, el mismo que lo tiene en su poder desde 20 de enero del año dos mil ocho; siendo esto falso porque el hermano ha estado en el juicio y no ha sido interrogado, bajo los fundamentos de contradicción, inmediación y publicidad. c) Que estamos en un delito de negligencia, pero en la sentencia no tenemos ningún fundamento sobre el riesgo, no se ha fundamentado sobre la naturaleza de un delito culposo. d) Con relación a la pena esta debe fundamentarse, más aún, si se le va a aplicar una pena efectiva. - - - - - - - - - - - - - Análisis de la pretensión impugnatoria del acusado. 2.10.- Que la impugnación confiere a este colegiado competencia para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante como lo establece el artículo 409 del código procesal penal, bajo esta facultad y más aún si el abogado del acusado ha solicitado la nulidad de la sentencia por vulneración al principio de motivación de la sentencia, se examina los fundamentos conte- nidos en la sentencia apelada. De la motivación de las resoluciones judiciales. 2.11.- La obligación de motivar expresamente las resoluciones judiciales se encuen- tra recogida en el artículo 139 de la Constitución. La exigencia de motivación no supone una exhaustiva y pormenorizada descripción del proceso intelec- tual que ha llevado la juez o al tribunal a resolver en un determinado sentido. Desarrollando tal precepto constitucional, el NCPP que establece la obliga- ción de motivar especialmente el auto de admisión de las pruebas ofrecidas (Art 155.2) la exigencia de explicitar los resultado obtenidos y los criterios adoptados en el proceso de valoración (158.1) y las necesidades de justificar el razonamiento probatorio (Art 394) motivación que deberá cumplir con los presupuestos de claridad, logicidad y completitud144. - -

144 Pablo Talavera Elguera. “La Prueba en el Nuevo Proceso Penal”. Editorial GTZ. Marzo 2009.

Pág. 30.

2.12.- La motivación constitucionalmente exigible requiere de una argumentación que fundamente la declaración de voluntad del juzgador y que atienda al sis- tema de fuentes normativas establecido. El Tribunal debe expresar de modo claro, entendible y suficiente –más allá que, desde la forma de la misma, sea sucinta, escueta o concisa e incluso por remisión- las razones de un concreto pronunciamiento, en qué se apoya para adoptar su decisión -no hace falta, por cierto, que entre a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte, pero sí que desarrolle una argumentación racional ajus- tada al tema en debate. Desde la perspectiva del juicio de hecho o de culpabilidad, para que la senten- cia no vulnere el principio lógico de razón suficiente debe cumplir dos requi- sitos: a) consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que seleccione como relevante [basados en medios de prueba útiles, decisivos e idóneos] -requisito descriptivo-; y, b) valorarlo debidamente, de suerte que evidencie su ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el fallo-requisito intelectivo145 .-----------------------------------2.13.- El Art 393.2 de CPP establece que el Juez debe proceder a examinar las pruebas individualmente y luego conjuntamente con las demás; y en lo que respecta al examen individual, el autor nacional Pablo Talavera 146 ha sosteni- do que este examen está relacionado, como un conjunto de actividades racio- nales: juicio de fiabilidad, interpretación, juicio de verosimilitud, comparación de los hechos alegados con los resultados probatorios. Respecto al primero el juez comprueba que la prueba incorporada a juicio tenga todos los requisitos formales y materiales para alcanzar su finalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------2.14.- Que de la lectura de la sentencia se aprecia que el Juez en mérito a las decla- raciones testimoniales de Vicente Anticona, María Vásquez y Melisa Navarro, llega a la escueta conclusión que el accidente fue causado por una combi de color azul, con placa de rodaje QD-1450; y en el extremo vinculado a estable- cer en forma concreta y específica la responsabilidad penal del acusado, ha sostenido que en cuanto al conductor o chofer de la combi, el dueño Marco Antonio Rivera Jacinto, ha referido que su hermano el acusado es la persona que ha estado a cargo del carro y la persona que estuvo manejando el día de

145 Casación Nº 03-2007- HUARA 146 Pablo Talavera Elguera. “La Prueba en el Nuevo Proceso Penal”. Editorial GTZ. Marzo 2009. Pág.

115.

los hechos. Sin embargo este colegiado estima que si bien el Juez ha consignado el material probatorio en el que funda su conclusión; no ha efectuado el juicio de fiabilidad probatoria, orientado a determinar si dicha prueba reúne las exigencias materiales o formales legalmente exigidas para que pueda tener eficacia probatoria en el momento del examen conjunto de las pruebas; máxi- me si dicha parte procesal (tercero civil) no ha prestado ninguna declaración en juicio oral, que es la etapa procesal por excelencia en la que se incorpo- ran y actúan los medios probatorios para ser sometidos en forma pública al contradictorio y al principio de inmediación. Además no ha efectuado una adecuada valoración de dicha “referencia” al haber omitido expresar la ligazón racional con la afirmación sostenida, esto es se ha omitido el requisito inte- lectivo del citado principio de razón suficiente, desde que no se ha seguido con los demás pasos del juicio de valoración de la prueba como son la inter- pretación de la prueba, el juicio de verosimilitud y la comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados; incurriéndose de esta forma en una motivación insuficiente. - - - - ------------------------------2.15.- Que en la sentencia apelada el Juez concluye que existe un nexo de causalidad entre el comportamiento culposo y el resultado muerte y que la conducta del acusado se subsume en los tipos penales de homicidio culposo y fuga en accidente de tránsito; sin embargo no se ha explicitado las razones jurídicas, por las cuales se llega a tales conclusiones, es decir el Juez ha omitido un análisis técnico jurídico, sobre la infracción del deber de cuidado en que incu- rrido el acusado, esto es si es a título de imprudencia, negligencia o impericia y no precisa cual es la regla de tránsito que se ha infringido para los efectos de realizar el juicio de subsunción, conforme lo exige el art. 394 inc. 4 CPP. --------------------2.16.- Que, asimismo, con relación a la determinación judicial de la pena en la sen- tencia solo se cita los artículos 45 y 46 del CP y se describen los criterios de las mismas; sin embargo en este extremo el Juez tampoco ha realizado una descripción en forma específica, de cada uno de los criterios vinculados al acusado a efectos de determinar las razones por los cuales le impone la pena de 5 años de pena privativa de la libertad, máxime si el representante del Ministerio Público ha solicitado la pena de 5 más 1 año. En igual sentido en el extremo de la reparación civil no se explica las razones por las cuales se fija la suma de diez mil nuevos soles por este concepto a favor de los agraviados. 2.17.- Que en tal sentido al no haberse consignados todos los argumentos que llevaron a tomar la decisión en la sentencia materia de grado, este colegiado estima que se ha incurrido en una motivación insuficiente; por consiguiente al haberse transgredido el derecho a la debida motivación, de conformidad

con lo estipulado en el Artículo 409 Inciso 01, concordante con el Artículo 150 pa-

rágrafo d) y el Artículo 154 Inciso 03 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad de la Sentencia y del Juicio Oral, y exhortar al Juez Unipersonal a efecto de que en lo sucesivo, cumpla con el deber constitucional de motivación de las resoluciones; debiéndose disponerse la realización de un nuevo juicio oral por otro Juez, al amparo del principio de imparcialidad.- - - ----------------------------2.18.- Que, del presente cuaderno aparece, que el acusado Roberto Javier Ruiz Jacinto en el presente proceso se ha encontrado con mandato de comparecencia simple, por cuya razón estando a la decisión adoptada debe girársele la papeleta de excarcelación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------III. RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

DECLARARON NULA la sentencia que condena al acusado Roberto Javier Ruiz Jacinto, por el delito de Homicidio Culposo y Fuga en Accidente de Trán- sito en agravio del Bertha Matilde Graus de Anchay y el Estado, a cinco años de pena privativa de libertad efectiva y a una reparación civil de nueve mil quinientos nuevos soles a favor de los herederos y quinientos nuevos soles a favor del Estado.- - - - - - - - - - - - - - -



DISPUSIERON que otro Juez efectúe un nuevo juicio oral, y expida una sen- tencia observando la garantía de la debida motivación y demás garantías que consagra nuestra Constitución Política.- - - - - - - - - - - - - - - -



RECOMENDARON al Juez Unipersonal que en lo sucesivo cumpla con el de- ber de motivación de las resoluciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



DISPUSIERON la inmediata libertad del citado acusado, girándose la papele- ta de excarcelación correspondiente, la misma que se efectivizara siempre y cuando no exista otro mandato de prisión emanado de autoridad competen- te.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



EJECUTORIADA que sea la presente DEVUELVASE al Juzgado de origen. Ac- tuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. INSTIGACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA PROCESO PENAL Nº ASISTENTE AGRAVIADOS

IMPUTADO(S)

MINISTERIO PÙBLICO PROCEDENCIA IMPUGNANTE(S) ASUNTO

: 2009-00542-0-1601-SP-PE-01 : LEOMARA JUNIOR CASTRO JUAREZ : ENRIQUE RAUL CORDOVA VELASQUEZ RICARDO HUMBERTO MACCHA LAZO PAULINA LULICHAC MANTILLA : SAMUEL GONZALO ADRIANZEN MENACHO HECTOR SAMUEL ADRIANZEN ADRIANZEN : DR. OSCAR PEREZ AGUILAR : JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE PAIJAN : ACTORES CIVILES : APELACIÓN SENTENCIA ABSOLUTORIA Y REPARA- CION CIVIL

SENTENCIA Trujillo, dieciséis de noviembre del año 2009 VISTA Y OÍDA, en audiencia de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Presidente, Juez Superior Ponente), doctora LILLY LLAP UNCHÓN DE LORA (Juez Superior Titular y Directora de Debates), doctor WALTER COTRINA MIÑANO (Juez Supe- rior Titular),en la que intervienen como parte apelante los actores civiles ENRIQUE RAUL CORDOVA VELASQUEZ, RICARDO HUMBERTO MACCHA LAZO Y PAULINA LULICHAC MANTILLA, los mismos que han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria y monto de la reparación civil, resolución final de fecha treinta de julio del dos mil nueve. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO: La Sala Penal de Apelaciones conoce la presente causa, en virtud de los recur- sos de apelación interpuestos por los actores civiles, contra la sentencia abso- lutoria de fecha treinta de julio del dos mil nueve, en el extremo que absuelve al procesado HECTOR SAMUEL ADRIANZEN ADRIANZEN, de los cargos que se formulan como instigador del delito de Homicidio en grado de tentativa, en agravio de ENRIQUE RAUL CORDOVA VELASQUEZ, RICARDO HUMBERTO MACCHA LAZO Y PAULINA LULICHAC MANTILLA y en el extremo que fija la suma de veinte mil Nuevos Soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar el condenado Samuel Gonzalo Adrianzen Menacho a los agraviados, a razón de DIEZ MIL NUVEVOS SOLES a favor de Paulina

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Lulichac Mantilla, Humberto Maccha

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MIL

NUEVOS

SOLES

a

favor

de

Ricardo

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Lazo y CUATRO MIL NUEVOS SOLES a favor de Enrique Raúl Córdova Vásquez. Conforme se advierte de la acusación fiscal, la misma que obra en los actuados, se tiene que el día once de febrero del dos mil ocho, a horas catorce y treinta aproximadamente, en circunstancias que los procesados Héctor Samuel Adrianzen Adrianzen y Samuel Adrianzen Penacho, se encontraban en el Fundo La Pampa del sector El Paraíso distrito de Rázuri, provincia de Ascope, llegaron las personas de paulina Lulichac mantilla, Raul Córdova Ve- lásquez, Humberto Maccha Lazo, Luis Sánchez, Vanesa Villavicencio y Luis Sánchez Lulichac, con la finalidad de cosechar ají en dicho terreno, por cuanto este terreno se encontraba en posesión del último de los mencionados y al ver que los procesados estaban presentes y había un tractorista arando la tierra, destruyendo los sembrios, Luis Sánchez Lulichac, se acercó al tractoris- ta para reclamarle tal situación; en ese momento Samuel Gonzalo Adrianzén Menacho sacó su arma, apuntándole con la misma y tras mentarle la madre le amenazó para que saliera de su terreno e incluso hizo disparos, tirándose éste al suelo para evadir los disparos, ante lo cual su madre Paulina Lulichac se acercó al agresor a recriminarle por qué le disparaba a su hijo, siendo en estas circunstancias que Samuel Adrianzén Adrianzén la cogió por los cabellos y ordena a su hijo que la mate, por lo que intervino Ricardo Humberto Maccha Lazo también para reclamar por qué atacaban a Paulina Lulichac Mantilla, en ese momento Samuel Gonzalo Adrianzen Penacho, dispara contra Paulina Lulichac Medina y Ricardo Humberto Maccha Lazo y cuando Raúl Córdova Ve- lásquez se acercó a ambas personas con la intención de auxiliarlos, también le disparó, disparando también contra Luis Santos Sánchez Ramírez, pero como él corrió no logró impactarle ninguno de los disparos que éste hizo e inmedia- tamente después del suceso en el que las personas mencionadas resultaran gravemente heridas, en inminente peligro de vida , luego de estos ataques los denunciados subieron a su carro, dejando abandonados a los heridos en dicho terreno. II.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS INTERPUESTOS: -

Páginas noventa y cinco a ciento dos, recurso impugnatorio de apelación de Enrique Raúl Córdova Velásquez;

-

Páginas ciento tres a ciento diez, recurso impugnatorio de apelación de Ricar- do Humberto Maccha Lazo Ambos sustentan ante ésta Superior Sala, que se revoque la sentencia apelada en el extremo de la absolución y se le condene al procesado Héctor Samuel Adrianzen Adrianzen a la pena más alta del tipo penal denunciado y en lo que respecta a la reparación civil sea elevada, toda vez que el juez de primera

instancia ha incurrido en error en el primer y sétimo considerando de la sen- tencia pues no ha evaluado íntegramente los medios probatorios admitidos, al haberse obviado el móvil del delito y los actos preparatorios que realizó el procesado absuelto; y respecto de la reparación civil, es un error señalar que el ingreso mensual del condenado Samuel Gonzalo Adrianzen Penacho es de mil doscientos Nuevos Soles mensuales, pues declaró percibir cuatro mil nuevos soles mensuales, por tanto tiene capacidad económica suficiente, soli- citando la suma de catorce mil nuevos soles para Ricardo Humberto Maccha Lazo y la suma de seis mil nuevos soles para Enrique Raúl Córdova Veláquez. - Páginas ciento once a ciento dieciocho, interpone recurso de apelación la actora civil Paulina Lulichac Mantilla, impetrando que se revoque el extremo de la absolución y se condene con la pena mas alta del tipo legal denunciado a Héctor Samuel Adrianzen Adrianzen; y en lo que respecta a la reparación civil sea elevada a la suma no menor de cincuenta mil Nuevos Soles. Señala que la sentencia apelada violenta sus derechos fundamentales como el debido pro- ceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de legalidad y el irrestricto derecho a la defensa, pues el absuelto Hector Samuel Adrianzen Adrianzen es el autor intelectual del delito de Homicidio en grado de Tentativa; y, respecto de la reparación civil solicita la suma de cincuenta Mil nuevos soles, por exis- tir un daño irreparable tanto material como moral, al haber sufrido lesiones graves por impacto de proyectil de arma de fuego. III. ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Que, ante esta Instancia Superior no se admitieron ni actuaron nuevos medios de pruebas. IV.

INTERROGATORIO DEL SENTENCIADO. El sentenciado, hizo ejercicio de su derecho a guardar silencio.

V.- FUNDAMENTOS JURÌDICOS Y FÀCTICOS: 5.1. La Premisa Normativa respecto de los hechos que son materia del presente proceso penal, el Ministerio Público los ha configurado en el ilícito penal de Delito contra LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en la modalidad de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, contra Samuel Gonzalo Adrianzen Menacho en la calidad de autor y a Héctor Samuel Adrianzen Adrianzen en calidad de instigador. El mencionado delito se encuenntra tipificado en el ar- tículo 106° del Código Penal, el cual prescribe: “El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis, ni mayor de veinte años, en concordancia con lo que dispone el artículo 16 “En la tenta- tiva el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió

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cometer, sin

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consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena; así como el artículo 24 del mismo Código establece que “El que do- losamente determina otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor”. 5.2. En la Audiencia de Expedición y Lectura de Sentencia de las páginas ochenta y siete a noventa y cuatro, el Juez Unipersonal: A)

Aprueba el acuerdo parcial arribado por el señor Fiscal, el abogado y el acusado, respecto de la pena a imponerle y condena al acusado Samuel Gonzalo Adrianzén Menacho como autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud en el grado de tentativa, en agravio de Enrique Raul Córdova Velásquez, Ricardo Humberto Maccha Lazo y Paulina Lulichac Mantilla, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres años a condición de que observe reglas de conducta,

B)

Fija en la suma de veinte mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar el condenado a razón de diez mil nuevos soles a favor de Paulina Lulichac Miranda, seis mil nuevos soles a favor de Ricardo Humberto Maccha Lazo y cuatro mil nuevos soles a favor de Enrique Raul Córdova Velasquez.

C)

Absuelve de la acusación fiscal al acusado Héctor Samuel Adrianzén Adrianzén, de los cargos que se le formulan como instigador del delito de Homicidio en grado de tentativa.

Es materia del recurso de apelación la sentencia, resolución número cuatro, de fecha treinta de julio del dos mil nueve, sólo en el extremo que absuelve de la acusación fiscal al acusado Héctor Samuel Adrianzén Adrianzén, de los cargos que se le formulan como instigador del delito de Homicidio en grado de tentativa; y en el extremo del monto de la reparación civil. 5.3. Respecto del extremo que absuelve de la acusación fiscal al acusado Héctor Samuel Adrianzén Adrianzén, de los cargos que se le formulan como instiga- dor del delito de Homicidio en grado de tentativa, la doctrina penal esclarece que la participación es una intervención en un hecho ajeno, que por pertene- cer al autor, la posición del partícipe es secundaria en términos de coopera- ción determinante. De ahí que la participación constituye el segundo nivel de la concurrencia de personas en la realización de un ilícito penal, y se entiende como la contribución o colaboración a la comisión del delito prestada por per- sonas que no poseen el dominio del hecho, pues su actuación en el delito es accesoria al comportamiento del autor directo. En cuanto a las formas de participación la instigación o inducción, como mo- dalidad de participación, consiste en la conducta que realiza el instigador al

inducir o motivar a otro sujeto -tercera persona- a fin de que cometa un delito; esto es, hacer generar en otro la volunta criminal, según Enrique Bacigalupo Zapater, en Principios de Derecho Penal. Parte General. Madrid:Akal, 1998, p.251. En este sentido también se encuentra legislado en el texto del artículo 24 del Código Penal, cuando señala “el que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible (…)”. En efecto, la figura de instigación exige hacer surgir la determinación delictiva en alguien que es el instigado-autor, y al instigador le alcanza la sanción punitiva en tanto la conducta del instigado se subsuma en cualquiera de los tipos penales. De esta forma el instigador se puede valer de diversos medios para inducir a otro a cometer el delito, como las promesas, las recompensas económicas, los regalos, siempre y cuando esté revestido de idoneidad. No habrá instigación si el ejecutor material estaba decidido con anterioridad cometer el delito (En Nuñez, Ricardo C., Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, Buenos Aires:Jurídicas Europa-América, 1958, p., 300). Asimismo, en la sentencia número 2270-2004 “EL tipo de participación requiere que el sujeto, objetivamente, realice un aporte cocasual-psíquico o por medio de consejos y/o material, mediante la ejecución de los hechos concre- tos, según las reglas de la imputación objetiva, respecto del hecho del autor principal, y que lo haga en esta etapa de preparación o, según sea el caso en la etapa de la ejecución del delito; y, subjetivamente, que su actuación sea dolosa, esto es que conozca que presta aporte a la realización de un hecho punible; que a efectos de delimitar el aporte propiamente típico del participe es de tener presente”. 5.4. Según el debate producido en esta instancia, al procesado absuelto Hector Samuel Adriánzen Adrianzen, se le atribuye la conducta de instigador según las testimoniales de: A)

Paulina Lulichac, que dijo que posiblemente el último nombrado ordenó a su hijo que matara a cualquiera, que le escuchó decirle mátalo pero no sabe a quien se refería porque estaba inconsciente.

B)

Ricardo Humberto Maccha Lazo, “indico que fue a Luis Sanchez Lulichaac a quien le decía que lo mate, porque para él fueron los primeros disparos”

C)

Enrique Raúl Córdova Velásquez manifestó “que las palabras mátalo , mátalo las escuchó cuando estaba en el suelo, pero no sabe de quien” … “ no puede precisar quien dijo esas palabras pero cuando las escuchó ya se habían producido los disparos, pues le habían disparado a Lulichac”

D)

Luis Alberto Sánchez Lulichac quien atestiguó que“ si le dijo a su hijo que lo mate, agregando era contra mi

E)

Rossmery Villavicencio Vergara dijo que “el papa si dijo mátalo mátalo, pero después que el hijo había disparado”

Según el análisis de la sentencia venida en grado, las expresiones mátalo, má- talo que se le atribuyen al procesado absuelto, fueron escuchadas por los testigos presenciales momentos después que el condenado había disparado y presumiblemente estaban dirigidas a la persona de Luis Sanchez Lulichac, que fue el que desde que llegó al terreno se enfrento a los acusados para re- clamarles y lo corroboran los testigos como Rossmery Villavicencio Guevara, quien ha expresado que el papa le ha dicho mátalo después que el hijo había disparado a su esposo, en igual sentido se han referido los agraviados Enrique Córdova Velásquez y Ricardo Maccha Lazo según se ha dejado expresado en el resumen de sus declaraciones y por el contrario el testigo presencial y padre de Luis Sánchez Lulichac ha dicho en el juicio que no escuchó que dijeran mátalo, mátalo. Mas no aparece acreditada la responsabilidad a título de instigador del delito de Homicidio en grado de tentativa que se imputa al absuelto Héctor Samuel Adrianzen Adrianzan, pues para que tenga esa con- dición en la escena delictiva no sólo debió indicar al autor la posibilidad de la comisión del ilícito en perjuicio del agraviado, sino determinarlo a que lo perpetre, proporcionándole información o medios para su materialización e indicándole las acciones que debía realizar, lo que no ocurre en el caso de autos ya que los medios de prueba sometidos al contradictorio en juicio resul- tan insuficientes para establecer con certeza legal que la conducta de este es determinante para que el procesado condenado disparara a los agraviados. La prueba de cargo se reduce a los testimonios, los mismos que confluyen en la existencia de un grupo considerable de personas, lo cual no permite destruir la presunción de inocencia que lo respalda como derecho constitucional, co- rrespondiendo absolverlo. 5.5. Que, el artículo 425 inciso inciso 2 prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presen- te ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, es en ese orden de ideas, que, éste su- perior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, no se ha llegado a determinar la

responsabilidad del procesado absuelto, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte de las pruebas. 5.6. A nivel doctrinario también se han establecido como requisitos de la instigación: A)

Que el inductor no posea el dominio del hecho, puesto que éste le pertenece al sujeto inducido en su calidad de autor. Esta característica se torna en principal, pues de lo contrario el instigador aparecería como autor inmediato.

B)

Que la conducta desplegada por el sujeto instigado (autor) sea producto de la inducción, debiendo existir una relación personal entre inductor e inducido. De ahí que se hace necesario que la voluntad delictiva del autor se haya originado recién con la intervención del instigador. Si el autor ya poseía la intención criminal, la instigación será técnica- mente imposible, existiendo una relación de causa-efecto entre su inducción al autor y la conducta de este.

C)

Que los actos que despliega el instigador deben tener la suficiente potencialidad como para lograr en el sujeto instigado una materialización de la voluntad criminal, que mínimamente alcance el grado de tentativa.

D)

Que el delito cuya ejecución debe materializar el instigado debe ser aquel delito querido por el instigador. Si ejecuta un delito distinto, la responsabilidad del participe desaparecerá, ya que no seria posible establecer una relación causal.

E)

Que el inductor deba actuar intencionalmente, a fin de lograr el hecho delictivo. La instigación culposa no es punible.

Por ello, conforme también lo ha expuesto en la audiencia de apelación de sentencia, el representante del Ministerio Publico, el instigador debe tener una valoración psicológica, pues no ha quedado claro que hayan elementos objetivos, sólo las declaraciones testimoniales en las que se le atribuye al señor Adrianzen Adrianzen ordenar que maten, pero no se ha podido compro- bar si estas expresiones fueron suficientes para haber determinado la con- ducta del autor, por lo que coincide con el fallo absolutorio, debiendo en tal sentido estar a lo que expone. 5.7. Respecto de la posición del Ministerio Público se debe resaltar la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N.º 2005-2006-PHC/TC caso Manuel Enrique Umbert Sandoval, dictada a los 13 días del mes de marzo de 2006, en cuyos fundamentos 5, 6 y 7 sobre la constitucionalidad del principio acusatorio, “que informa el enjuiciamiento en el proceso penal, ha sido reco- nocida por este Tribunal [Exp. 1939-2004-HC, Ricardo Ernesto Gómez Casa- franca, Exp. 3390-2005-HC, Jacinta Margarita Toledo

Manrique]. La vigencia

del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: “a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acu- sación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad” [Gómez Colomer, Juan Luis. El Proceso Penal en el Estado de Derecho. Diez estudios doctrinales. Lima, Palestra, 1999]. El fundamento 6 explica que la primera de las características del principio acusatorio mencionadas guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo 159º de la Constitución, entre otras, de ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. De modo análogo, aunque no se trata de un supuesto de decisión de no haber mérito para acusar sino de no haber mérito a denunciar, puede citarse lo señalado en la sentencia recaída en el expediente de inconstitucionalidad 0023-2003-AI/TC, en la que este Tribunal declaró inconstitucional la disposi- ción del entonces vigente Código de Justicia Militar, que admitía la posibilidad de que si los fiscales no ejercen la acción penal, el Juez instructor podría abrir proceso. De acuerdo a la ya reseñada característica del principio acusatorio, la falta de acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria, máxime si el fiscal tuvo la opción, en vez de acusar, de solicitar la ampliación de la instruc- ción. En caso el fiscal decida no acusar, y dicha resolución sea ratificada por el fiscal supremo (en el caso del proceso ordinario) o por el fiscal superior (para el caso del proceso sumario), al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso penal debe llegar a su fin”. 5.8. Respecto del extremo apelado del monto de la reparación civil, el artículo 92 del Código Penal establece que “la reparación civil se determina conjuntamen- te con la pena” y que su contenido según el artículo 93 comprende: 1. La resti- tución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios. Siendo menester destacar que después de ocurridos los hechos el condenado ha hecho entrega de sumas de dinero para sufragar los gastos de la recuperación de la salud de las victimas, ascendentes a las sumas de dos mil ciento cuarenta y cinco nuevos soles con treinta céntimos a favor del agraviado Humberto Maccha Lazo y la suma de Mil nuevos soles, por ante la Fiscalía, a favor de Paulina Lulichac Mantilla, conforme a los documentos de páginas cuarenta

y seis a cuarentiocho y sesenta y ocho, correspondiendo

los montos señalados como reparación civil, más las sumas entregadas, a la entidad del daño causado, en el caso concreto el daño irrogado a la salud e integridad física de los agraviados por los impactos de proyectil de arma de fuego, fijados con criterio de equidad, al no haberse aportado prueba por los sujetos legitimados para sustentar este extremo. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo: 1)

2)

CONFIRMA, la sentencia de fecha fecha treinta de julio del dos mil nueve de las páginas ochenta y siete a noventa y cuatro, en los extremos que: a)

Absuelve de la acusación fiscal al acusado Héctor Samuel Adrian- zén Adrianzén, de los cargos que se le formulan como instigador del delito de Homicidio en grado de tentativa.

b)

Fija en la suma de veinte mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar el condenado a razón de diez mil nuevos soles a favor de Paulina Lulichac Miranda, seis mil nuevos soles a favor de Ricardo Humberto Maccha Lazo y cuatro mil nuevos soles a favor de Enrique Raúl Córdova Velásquez.

NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley, DEVUELVASE la presente causa a su Juzgado de Origen para los fines de ley, Actuó como Juez Superior Ponente la Señora Doctora Lilly Llap Unchón de Lora.

30. HOMICIDIO SIMPLE – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE IMPUTADO PERALTA DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA APELANTE ASUNTO

: 04748-2009-61-1601-JR-PE-01.: EVER JUNIOR FERREL : HOMICIDIO SIMPLE : ROLANDO MICHAEL BAZAN ZAVALETA : QUINTO JUZGADO UNIPERSONAL : MINISTERIO PÚBLICO Y ACTOR CIVIL : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, Catorce de Julio Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - --------------------------------I.-

ANTECEDENTES.-

1.1.- Que, viene en apelación la sentencia que absuelve al acusado Ever Júnior Ferrel Peralta como autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de Homicidio Simple, en grado de tentativa, en agravio de Rolando Michael Bazan Zavaleta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2.- El representante del Ministerio Público ha interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, solicitando que se declare Nula, por conside- rar que el Ad quo no ha realizado valoración conjunta de los medios probato- rios actuados en juicio, por lo que solicita que se declare nula la sentencia, en virtud a lo establecido en el artículo 425 inciso tercero, literal “a” concordante con el Artículo 158 inciso 1 del código procesal penal. - - - - 1.3.- El abogado de la parte agraviada solicita que la Sentencia sea declarada Nula, considerando que el delito está acreditado y la autoría está acreditada, y no se ha insistido en la declaración de Cintha Mildred Reyes García que al final tuvo dos declaraciones que imputa el delito al acusado, y cuando es citada a juicio bajo apercibimiento de grado o fuerza no asistió; no ha sido ubicada, todo esto ha motivado que quede impune, solicitando se declara nula, por no haberse agotado los medios probatorios, fundamentando el petitorio en el Artículo 425 inciso tercero, literal “a” concordante con el Artículo. 128 inciso 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------1.4.- Por su parte, el abogado del imputado, de conformidad de Art. 425 inciso 3 li-

teral “b”, solicita se confirme la sentencia emitida en primer grado, en mérito al artículo II de Título Preliminar del Código procesal penal, sobre el principio de

presunción de inocencia, considerando que los medios probatorios actuados en juicio no han podido destruir este derecho; las pruebas testimoniales, periciales, documentales no ha sido suficientes; el Juez ha hecho una valoración integral e individual, considerando que está arreglado a ley.- - - ---------------------------------------------------1.5.- En la audiencia no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, se escucharon los alegatos de las partes y la autodefensa del acusado; por lo que la Sala Penal de Apelaciones asume com- petencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida; así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante como lo establece el artículo 409 del código procesal penal.- - - ------------------------------------------II.- CONSIDERANDOS: 2.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. El artículo 16 del CP prescribe que en la tentativa el agente comienza le ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Y el artículo 106 del CP, prescribe que el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años. 2.1.2. El artículo 139 inciso 11 de la Constitución establece la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. 2.1.3. El Tribunal Constitucional haciendo una interpretación a partir del texto constitucional, preciso el contenido del indubio pro reo, señalando algunos de sus alcances en el caso Giuliana Llamoja. Asi tiene dicho que “… el principio in dubio pro reo, por otro lado significa que en caso de duda sobre la responsabilidad del procesado, debe estarse a lo que sea más favorable a este (la absolución por contraposición a la condena). Si Bien es cierto que el principio in dubio pro reo no está expresamente reconocido en el texto de la constitución, también lo es que su existencia se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia, que si goza del reconocimiento constitucional, como de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1 de la carta fundamental)147.

147 María Córdova Chávez, favor rei: su contenido y su concepción como principio rector de la pre- sunción de inocencia y del indubio pro reo. Gaceta Penal y Procesal Penal tomo 10. Abril 2010. página 346.

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2.1.4. Que el artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocen- cia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías pro- cesales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------2.1.5. El Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho a la presunción de inocencia (cf. STC 0618-2005-PHC7TC, FJ 22) comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que co- rresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condena- toria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”. En aten- ción a esto, si es que en el desarrollo del proceso no se ha encontrado suficiente convicción de la existencia del delito así como de la vincula- ción del procesado con éste, lo que cabe por mandato constitucional es absolver al procesado. ---------------------------2.1.6.- Respecto a la evaluación de los medios probatorios y la sola sindicación, la posición del Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 1218-2007-PHC/TC, ha señalado que: “la responsabilidad penal que se atribuye al inculpado dentro de un proceso penal, en la medida que comporta la adopción de medidas que implican una restricción de la libertad individual, se construye sobre la base de la actuación de los medios probatorios que a su seno hayan ingresado, y que además generen en el juzgador la convicción de la realización de los hechos investigados, así como de la participación del inculpado en ellos. En ese sentido, la mera sindicación no puede ser fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena.” 2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. Que, la sentencia apelada en la parte expositiva ha precisado que los hechos objeto de la acusación son los siguientes: El día 28 de Junio del año 2009, siendo las 6:00 de la tarde, el agraviado llegó a la casa de su amiga de nombre Cinthia, sito en la calle María Parado de Bellido Nº 440 – El Porvenir, para invitarle a salir a bailar, luego de esperar que

ésta se cambiara salieron de la casa; y cuando abordaron un taxi subió primero Cinthia y cuando el agraviado pretendía subir sintió un fuerte hincón en el lado izquierdo de la espalda, al voltear alarmado siguió re- cibiendo varias puñaladas en distintas partes del cuerpo; éstas heridas graves pusieron en peligro la vida del agraviado. - - - - -------------------------------------2.2.2. El representante del Ministerio Público ha interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, solicitando que se declare nula, por considerar que el Ad quo no ha realizado una valoración con- junta de los medios probatorio actuados en juicio, por lo que solicita que se declare nula la sentencia, en virtud a lo establecido en el artículo 425 inciso tercero, literal “a” concordante con el Artículo 158 inciso 1 del código procesal penal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.3. Que en igual sentido el abogado de la parte agraviada solicita que la Sentencia sea declarada Nula, considerando que está acreditado el deli- to y la autoría; y no se ha insistido en la declaración de Cinthia Mildred Reyes García que al final tuvo dos declaraciones que imputan el delito al acusado y cuando es citada a juicio bajo apercibimiento de grado o fuerza no asistió y no ha sido ubicada; todo esto ha motivado que quede impune, solicitando se declare nula, por no haberse agotado los medios probatorios, fundamentando el petitorio en el Artículo 425 inciso terce- ro, literal “a” concordante con el Artículo. 128 inciso 1 del CPP. 2.2.4. Las pruebas actuadas en juicio oral han acreditado la existencia del deli- to de homicidio, en grado de tentativa, conforme se encuentra desarro- llado en la sentencia, materia del grado, y respecto al cual las partes no han realizado ningún cuestionamiento; sin embargo respecto a la res- ponsabilidad del acusado, el Juez Unipersonal lo absuelve por conside- rar que existe un estado de duda razonable y es respecto a este extremo que el Ministerio Público y el actor civil ha impugnado y planteado la te- sis nulidicente, que es materia del reexamen en esta instancia.- - - - - - 2.2.5. Con relación a la pretensión impugnatoria del Ministerio Público que se sustenta en que el Juez no ha valorado: La declaración del Testigo SO3 PNP Noel Rodríguez Minchola, quien tomo la declaración de Cin- thia Mildred Reyes García; la lectura de la declaración de Cinthia Mil- dred Reyes García, el reconocimiento del imputado, hecha por la citada testigo y por el agraviado; se aprecia que el Juez en el sexto y sétimo considerando ha sostenido que según la teoría del caso de la parte que acusa, dos personas presenciaron los hechos, el taxista, que no ha sido ofrecido por el Ministerio Público y la testigo Cinthia Reyes, cuya decla- ración se prescindió, por cuanto la parte

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acusadora no ha logrado su

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concurrencia al juicio oral a pesar de haberse ordenado su conducción compulsiva, y con relación a los documentos ofrecidos por el ministerio público estos resultan contradictorios para los oferentes debido a que la citada testigo en su declaración inicial, no logra dar los nombres del acusado; y si bien es cierto en el acta de reconocimiento en ficha del RENIEC aparece sindicando al acusado, esta se ha efectuado sin la pre- sencia del abogado defensor del acusado, en la que solo ha intervenido la fiscal del caso y esta testigo en el acta de reconocimiento personal, de fecha 22 de diciembre de 2009 realizada con las formalidades que la ley exige, en la que estuvo presente el hoy acusado y otras personas, indica no reconocer a ninguno; de allí la importancia de haber llevado a juico dicho órgano de prueba; sin embargo el ministerio publico no logro su actuación. - - - - - - - - -2.2.6. Que nuestro ordenamiento jurídico procesal penal y la uniforme doctrina ha precisado que los actos de prueba se realizan en el juicio oral, con la observancia de los principios procesales de inmediación contradicción y publicidad; sin embargo excepcionalmente existen pruebas que se producen antes del juicio oral, como son la prueba anticipada y la prueba constituida; la primera según el código procesal penal, “durante la investigación preparatoria a solicitud del fiscal o de los demás sujetos procesales, podrá instarse al Juez la actuación de una prueba anticipada en los casos que se requiera la actuación de una testimonial cuando se requiera examinarlos con la urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que ello no podrá hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento o que han sido expuestos a violencia, ofertas o promesas u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente;… el reconocimiento o inspecciones que por naturaleza y características debe ser considerados actos definiti- vos o irreproducibles y no sea posible postergar su realización hasta el juicio oral”148 y requiere de las formalidades establecidas para la ac- tuación de una prueba en juicio oral, esto es preservando los princi- pios de contradicción, publicidad de ser el caso; por tanto si bien las entrevistas o declaraciones actuadas por personal policial a la luz de lo señalado no tienen formalmente la categoría de prueba anticipada o preconstituida y por tanto no tiene valor probatorio; empero debe con- siderarse su valor referencial en tanto estas declaraciones o entrevistas se hayan actuado preservando el derecho de defensa del imputado y

148 El Juicio Oral. Gaceta Penal y Procesal Penal, presentado por Cesar Nagasaki Servigón. Octubre 2009. Página 148

estas sean introducidas en el juicio oral para el debate probatorio; conforme así lo prescribe el artículo 383 inciso 1 literal d) del CPP cuando establece que solo podrán ser incorporadas al juicio para su lectura las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leídas las declaraciones prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes. Y de igual manera el precedente obligatorio contenido en el fundamento jurídico cinco de la ejecutoria suprema. R.N. Nro. 3044- 2004-Lima, de fecha uno de diciembre del 2004, que establece lo siguiente: “cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles– situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma habi- litante pertinente referido a la presencia del fiscal y, en su caso, del abogado defensor……” . 2.2.7. Que de lo glosado se establece que si bien se puede conceder valor pro- batorio a los actos de investigación consistente, en una declaración o acta de reconocimiento, que hayan sido oralizadas en juicio oral; estas tendrán dicho valor en la medida en que hayan sido actuadas con las garantías y formalidades establecidas en la ley, esto es el de haberse emplazado o puesto en conocimiento de su actuación a la defensa del imputado, para que ejerza su derecho de defensa. En tal sentido anali- zando los actos de investigación, consistentes en la declaración policial de la testigo Cinthia Reyes García y el acta de reconocimiento de esta testigo respecto a las fichas de RENIEC, en la que identifica y reconoce al acusado como autor del delito materia de juzgamiento, que según la representante del Ministerio Público no han sido debidamente valora- dos por el Juez; se aprecia que en estos actos de investigación actuados por personal policial y la Fiscalía Provincial respectivamente no se em- plazó al abogado del imputado para que ejerza el derecho de defensa; por lo que esta omisión, incurrida por el Ministerio Público, en su con- dición de director de la investigación preparatoria, no puede ser supe- rada con la oralización de los documentos en juicio oral, desde que la defensa del acusado por la naturaleza de los mismos, materialmente ha estado imposibilitado de examinar al órgano de prueba (testigo), precisamente por no haberse posibilitado su participación en los actos de investigación; de tal manera que estos carecen de la virtualidad probatoria alegada por el Ministerio Publico; por lo que el juez ha efectuado un adecuado razonamiento para desestimar la relevancia probatoria de estos actos de investigación.

2.2.8. Que si bien el abogado del actor civil ha precisado que la testigo ha prestado dos declaraciones y que no se han actuado todos los medios probatorios: de los actuados se advierte que el Juez ha dictado los apre- mios necesarios para la concurrencia de los testigos ofrecidos por las partes y en forma concreta respecto a la testigo de cargo ofrecida por el Ministerio Público, Cinthia Mildred Reyes García, quien fue reitera- damente citada para que preste su declaración en juicio oral y ante su inconcurrencia el Juez ordeno la conducción compulsiva, que no fue materializada; por lo que el Juzgador en efectividad del apercibimiento procedió a prescindir de la declaración de esta testigo. Que este co- legiado considera que dicha decisión se sustenta en las facultades de dirección del juicio oral que el artículo 363.1 del CPP le concede al Juez Unipersonal y además en la observación de los principio procesales del juicio oral, previstos en el artículo 656 del citado cuerpo legal, concreta- mente el principio referido a la continuidad del juzgamiento; por lo que la decisión del Juez de prescindirse de la citada testigo se encuentra de- bidamente sustentada. Que además es de resaltarse que dicha testigo en el acto de investigación de reconocimiento personal, que fue actuado por la Fiscalía Provincial en presencia de los abogados defensores del imputado y del actor civil, no reconoció al imputado que se encontraba en la rueda de personas, como el autor del delito materia del juzga- miento; medio probatorio que no abona a la pretensión del Ministerio Público y del actor civil y por el contrario no hace más que sustentar la teoría del caso del imputado. 2.2.9. Que con relación al testigo SO3 PNP Noel Rodríguez Minchola, quien en juico oral ha sostenido que cuando le tomo la declaración a la testigo Cinthia García, ella le dijo que el agraviado le invito a salir a una fiesta y que fue interceptado por el denunciado quien la cogió y lo agredió con un cuchillo; en primer lugar debe tenerse en cuenta, que se trata de un testigo de referencia, el que solo con otras pruebas que corroboren su testimonio puede servir para imponer sentencia condenatoria, como lo establece el artículo 158 inciso 2 del CPP; y en el presente caso se advierte que en la declaración de la testigo a que hace referencia este testigo policial, dicha testigo no identifico con sus nombres al acusado y además ella en el reconocimiento de personas, ya analizado, no reco- noció al acusado como el autor de los hechos; por tanto este testimonio referencial tampoco abona a las pretensiones del Ministerio Público. 2.2.10.- Que si bien mediante el acuerdo plenario 2-2005/CJ-116 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, se ha establecido que constituye precedente vinculante el fundamento diez, referido a la declaración del agraviado con entidad suficiente para enervar la presunción

de

inocencia; si bien esta declaración presenta ausencia de incredibilidad subjetiva, esto es que no existen ningún relación entre el agraviado y el acusado basadas en odio, enemistad u otros que indican la parcialidad de la declaración; que concurre la persistencia en la incriminación. Sin embargo no concurre la verosimilitud, esto es que la declaración no está rodeada de corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le den aptitud probatoria; debiendo entenderse como tales “… a elementos de corroboración obtenidos de otras pruebas autónomas practicadas en el proceso con todas las garantías (testificales, periciales, documentales..)149; y como se ha apreciado no concurren en el presente proceso, con lo cual la imputación del agraviado no constituye entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado, por no estar rodeada de corroboraciones periféricas. 2.2.11. Que siendo que de conformidad con el artículo 425 inciso 2 del CPP este colegiado no puede darle valor probatorio distinto a las declaraciones testimoniales de descargo prestadas en juicio oral, que han sido valo- radas por el juez en mérito al principio de inmediación, este colegiado estima que surge una duda respecto a la responsabilidad del acusado que ha sido debidamente desarrollada en la sentencia apelada, se llega a la conclusión que los argumentos del representante del Ministerio Público y del abogado del actor civil no tienen sustento, ya que el Juz- gado Unipersonal de primera instancia ha realizado una adecuada va- loración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios de cargo presentados por las partes, los mismos que han sido actuados en audiencia de juicio oral, en merito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como señala el Profesor San Martín, “es fundamental para la efectividad de la contradicción y consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación”150, por tal razón, este superior jerárquico considera que la sentencia absolutoria venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales.- - - - - - - - -------

149 (Miranda Estrampres, M. La Mínima actividad probatoria en el proceso penal. J. M. Bosh Editor. Barcelona.1997. p.217.)

150 http://blog.pucp.edu.pe/item/23860

III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - - ----------------------------------------

CONFIRMAR la Sentencia que absuelve al acusado Ever Júnior Ferrel Peralta como autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Simple, en grado de tentativa, en agravio de Rolando Michael Ba- zan Zavaleta, con lo demás que contiene.- - - - - - - - - - -



ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricar- do Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

31. HOMICIDIO CALIFICADO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL PROCESADOS

: Nº 3308-2009-96-1601-JR-PE-02. : ORCHESS ESPINOZA, FELIX RAFAEL : MARTINEZ PALACIOS ROLDAN, CESAR : SOLES PULIDO, JUAN CARLOS DELITO : HOMICIDIO CALIFICADO AGRAVIADO : REYNA HILARIO, JULIO CESAR PROCEDENCIA : SEGUNDO JUZGADO COLEGIADO IMPUGNANTE : MINISTERIO PÚBLICO MATERIA : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA Trujillo, Dieciséis de Mayo Del Año Dos Mil Once.VISTA Y OÍDA.- en audiencia de apelación de sentencia, por los señores ma- gistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presi- dente de la Sala y Director de Debates), Doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Juez Superior Titular) y la Doctora NORMA BEATRIZ CARBAJAL CHAVEZ (Juez Superior Titular), en la que interviene como apelante la repre- sentante del Ministerio Público señora Fiscal Juana Cosme Quiroz, así como los procesados Félix Rafael Orchess Espinoza representado por su abogado Dr. Carlos Ramírez Minchola, Cesar Martínez Palacios Roldán representado por su abogado Dr. Wilmer Iglesias Díaz y Juan Carlos Soles Pulido representado por su abogado Dr. José Luis Zarate Rodríguez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Que, viene a conocimiento de ésta Superior Sala de Apelaciones, el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha veinte de julio del año dos mil diez, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro, la cual falla absolviendo a Félix Rafael Orchess Espinoza, Cesar Martínez Palacios Roldán y Juan Carlos Soles Pulido de la acusación fiscal, al primero como autor y a los dos últimos como cómplices primarios del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Calificado, en agravio de Julio Cesar Reyna Hilario. Que,lasentenciavenidaengradohasidocuestionada,atravésdelrecursodeapelacióninterpuestoporlarepresentantedel MinisterioPúblico, quiensolicitala NULIDAD de la misma.-----------------------------------------------------------------------------

2.-

Que, la Fiscalía considera que ha sido violado el derecho de prueba que está reconocido por nuestra Constitución como parte del Debido Proceso, ello en razón de que tras haberse admitido en la Audiencia Preliminar de Acusación los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, estos no han sido valorados conforme lo dispone el Código Procesal Penal, esto es que cada medio probatorio debe ser valorado de manera individual y posteriormente realizarse la valoración conjunta de todos los medios probatorios. En consecuencia solicita que se declare la nulidad de la sentencia absolutoria, a fin de que otro juez aplicando debidamente las normas del Código Procesal Penal, proceda a realizar la valoración de los medios de prueba en un nuevo juicio. Que, la defensa de Félix Rafael Orchess Espinoza, solicita que la sentencia materia de impugnación sea CONFIRMADA. Que, la defensa de Juan Carlos Soles Pulido, considera que la sentencia venida en grado se encuentra arreglada a derecho y está basada en una insuficiencia probatoria por lo que solicita la CONFIRMATORIA de la misma. Que, en concordancia con la tesis de inocencia del sentenciado absuelto Cesar Martínez Palacios Roldán, la defensa solicita que se CONFIRME la sentencia absolutoria, pues esta sentencia ha sido expedida conforme a los elementos que aparecen en autos y porque no existe actividad probatoria que establezca en forma contundente la responsabilidad del sentenciado.----------------------------------------------

3.- Que, como efecto de la impugnación planteada, esta Sala Penal de Apelaciones asume competencia para efectuar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para emitir la sentencia condenatoria recurrida y fijar el monto de la reparación civil, y en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera: II. CONSIDERANDOS: 2.1. PREMISAS NORMATIVAS 4.- El hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y sancionado enelartículo 108º inciso 3) del Código Penal, queprescribe: “Seráreprimidocon pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concu- rriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: ” Con gran crueldad o alevosía…”--------------------------------------------------------------------------------------5.- Un homicidio es alevoso cuando se perpetra ante un estado de indefensión de la víctima, que la hace presa fácil de las intenciones homicidas del agente, es pues su vulnerabilidad, de no poder hacer uso de mecanismos

de defensa, lo que fundamenta la agravación. 151 -------------------------------------------------------------------6.- Según doctrina nacional, su configuración requiere de la concurrencia de ocultamiento del sujeto activo o de la agresión misma, falta de riesgo del sujeto activo al ejecutar su acción homicida, y estado de indefensión de la víctima.152 2.2. PREMISAS FÁCTICAS 7.- Que, en instancia de juicio de apelación se dio cuenta de la inexistencia de nuevos medios probatorios admitidos.-----------------------------------------------------8.- Que, la representante del Ministerio Público manifiesta que en la sentencia recurrida, la señora juez, no obstante que en la Audiencia Preliminar de Control de Acusación, valorando la pertinencia, utilidad y conducencia de los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público en relación a las declaraciones de la señora María Elvira Eladio Uceda y Gerardo Reyna Vidal, sin embargo al momento de la valoración descarta totalmente fundamento alguno, simple- mente aduciendo que estas dos personas estuvieron fuera de la escena del de- lito y simplemente tomaron conocimiento indirecto. Esta valoración no se con- duce con las exigencias para la valoración que establece el Código Procesal Penal, toda vez que no se trata de valorar únicamente pruebas directas, mu- chas veces en relación a un hecho, debe apreciarse inclusive indiciariamente los medios probatorios, en este caso las declaraciones de ambas personas que resultan ser los padres del agraviado, quienes efectivamente estuvieron fuera de la escena del crimen, porque estuvieron recogiendo caña brava a una distancia de dos kilómetros de donde ocurrieron los hechos, sin embargo tomaron conocimiento por mención de la testigo presencial de los hechos Carmen Elvira Reyna Hilario, en forma inmediata, de modo que se trata de testigos de referencia que no solamente contribuyen a ratificar la versión incriminatoria de esta testigo presencial, sino que también dan cuenta del móvil delictivo que tuvieron los sujetos agentes de este hecho, lo que resulta razonable en estos medios de prueba que la juez no ha tomado en cuenta, afectando con esto el derecho de prueba que no solamente consiste en la garantía del ofrecimiento del medio probatorio, de su admisión y de su actuación, porque solamente eso bastaría sería ilusorio para las pretensiones de quienes pretenden probar un

151 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal – Parte Especial. IDEMSA. Lima – Perú. Reimp. Julio 20009. p. 65 152 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. IDEMSA. Lima – Perú, marzo GRUPO EDITORIAL Lex &

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hecho, sino que se valore según las exigencias del Código Procesal Penal, valo- ración individual de cada prueba y posterior evaluación conjunta, en este caso ni siquiera se ha valorado individualmente, sino que se ha descartado pese a que en la audiencia preliminar, se hizo un control de la pertinencia, utilidad y conducencia de estos medios de prueba.--------------------------9.- Que, la fiscal sostuvo que respecto a la declaración de la testigo presencial del hecho, Carmen Elvira Reyna Hilario, el control o la valoración que realizó la señora juez de primera instancia, lo hizo en base a los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario Nº 02-2005, y señala que referente a la incredibilidad subjetiva ésta no reúne los requisitos por tener vínculo familiar con el agraviado -que resulta ser hermano- por lo que tiene una carga subjetiva, no reuniendo así los requisitos de imparcialidad. En cuanto al análisis que hace respecto a la verosimilitud, la versión de dicha testigo igualmente aludiendo a que ella no precisa la distancia que había entre su persona en relación al imputa Orchess Espinoza y al lugar en que se encontraba su hermano, huyendo por el techo de la vivienda, señala que es imposible que haya estado más allá de 2 metros el que hizo el disparo del lugar en que se encontraba el agraviado tratando de huir -de los que lo perseguían- por el techo de la vivienda, esto debido a que el médico legista sostuvo que la distancia del disparo se había realizado a 1 metro, sin embargo eso no es todo lo que declara la menor, debió haberse hecho una valoración completa en función al hecho imputado de estas circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, lo cual no se hace. Además en el aspecto de la verosimilitud significa que tiene que valorarse la credibilidad del declarante y en este caso debía haberse recurrido precisamente a las declaraciones de los testigos de referencia Maria Elvira Hilario Uceda y Medardo Reyna Vidal, quienes precisamente en sus declaraciones ratifican la versión de la menor, el Acta de levantamiento del cadáver, en el cual también la menor ratifica al fiscal que realizó la diligencia, le dice que quien disparó es el acusado Orchess, no se hace esa valoración simplemente se descarta en este aspecto. Luego, cuanto a la persistencia en la incriminación, señala igualmente que la referencia que da la testigo no es creíble porque ella señala que su hermano después de haber sido disparado cae y sigue corriendo y luego recién cae desvanecido a 20 metros, hecho que no es cierto, ya que en su declaración la menor no precisa la distancia del lugar donde cae su hermano y la del lugar en donde finalmente se encontró el cadáver del agraviado. En consecuencia, esta valoración es totalmente insuficiente, deficiente y ademas resulta una vulneración total porque en el Nuevo Código Procesal Penal a diferencia del anterior, està establecida la forma como deben ser valorados los medios probatorios; es mas, en cuanto a la declaración que hace el acusado quien en

el juicio señala variando totalmente una declaración que había dado ante la fiscalia, resulta dando el nombre de una tercera persona como el autor del dis- paro, esto es presenta una coartada que tampoco a sido valorado bajo ningún punto dicha declaración.--------10.- En consecuencia, el Ministerio Público, considera que la valoración de los me- dios de prueba realizada en primera instancia, no se condice con los requisitos que exige el Código Procesal Penal, y que existe una vulneración del derecho a la prueba, por consiguiente del debido proceso, toda vez que el derecho a la prueba no se garantiza únicamente con el ofrecimiento, admisión y actuación si es que no se hace una debida valoración de los medios probatorios.- - - - - -------------11.- Que, a su turno, la defensa del sentenciado manifestó que ha quedado demostrado que su patrocinado en la fecha en que se produjo el evento delictivo que tuvo como resultado el fallecimiento del señor Julio Cesar Reyna Hilario -esto es con fecha 9 de mayo de 2007- se encontraba por lugares aledaños a donde se produjo dicho evento, encontrándose hasta las 10 a.m. en la ladrillera Cerámicos del Norte ubicado por el puente Virú, escuchando un disparo y observando el tumulto de la gente que se acerba al lugar donde ocurrió el hecho.----------------------12.- La única imputación que radica contra el señor Orchess Espinoza, es la versión brindada por la testigo Carmen Elvira Reyna Hilario hermana del occiso agraviado, quien señala de manera contradictoria aspectos que no guardan relación con el suceso que se produjo. De conformidad con el Pleno Jurisdic- cional Nº 2 – 2005, donde se establece la certidumbre o certeza que puede darle el magistrado respecto a la veracidad de este hecho, es la ausencia de incredibilidad subjetiva, y que la testigo Carmen Elvira Reyna Hilario a tenido una fuerte carga subjetiva al momento de brindar su declaración, por un lado señala que su hermano fue perseguido por unos ronderos, quien en dos opor- tunidades salió de su casa, y es en la segunda oportunidad que éste le dice que estaba siendo perseguido y que saliera a ver, cuando ella sale fuera de la casa, efectivamente se da cuenta que la casa estaba rodeada por ronderos del Puente Virú, del Sector Las Palmeras, en ningún momento le dijo que estaba siendo perseguido por el señor Félix Rafael Orchess Espinoza, entonces hay una situación contradictoria respecto al inicio o la fuente que dio origen al hecho criminal en cuanto a la persona que efectúo el disparo. Inclusive en el juicio oral a señalado que fue Félix Rafael Orchess Espinoza el que hizo el disparo en contra del occiso agraviado, señalando medidas que han sido contradecidas por personal especializado. En primer momento dijo que el acusado se encontraba frente al agraviado a un metro de distancia y que su hermano estaba detrás de ella a otro metro de distancia lo que haciendo una

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simple operación matemática da como resultado dos metros de distancia; por su parte el perito médico legista y el perito balístico han señalado en audiencia que este disparo no ha podido ser a más de un metro de distancia, es más que por las características del arma que se empleo por cuanto se encontró dentro del pulmón derecho del agraviado un taco de munición deformado, indicaría de que el disparo no ha podido ser a más de 30 centímetros de distancia, lo que no coincide con el dicho de la testigo Carmen Elvira Reyna Hilario. Por lo que la defensa considera que la declaración contradictoria de la testigo presencial de los hechos, no basta para sostener una tesis incriminatoria en contra del sentenciado Félix Rafael Orchess Espinoza, por lo que la presun- ción de inocencia del sentenciado, la cual se encuentra contemplada en nues- tra carta magna, se encuentra incólume, es más haciendo la invocación del principio in dubio pro re, la duda favorece al reo por insuficiencia probatoria, en cuanto tenga que indicar que Félix Rafael Orchess Espinoza ha sido autor del delito materia de autos, no ha sido destruida o no ha sido corroborada con un medio probatorio idóneo y pleno para establecer una tesis de condena.-------------------------------------------------------------------13.- Que, el defensor del sentenciado Juan Carlos Soles Pulido, sostiene que la sentencia venida en grado esta arreglada a derecho, porque en el juicio oral llevado a cabo en primera instancia de la actuación de todos los medios probatorios de descargo, como de la declaración de los propios sentenciados, declaración de testigos; en este caso el señor Cesar Claudet Sánchez y la secretaria Dania Judith Guevara Guarniz, acreditaron que los sentenciados Félix Rafael Orchess Espinoza y Juan Carlos Soles Pulido momentos antes de los hechos estaban en otro lugar, y por otro lado la declaración de los peritos tanto balistico señor Edgar Rocha Rojas y el perito médico Dante Gordillo Fer- nández, efectivamente siendo exámenes de peritos oficiales que son partes imparciales en el proceso, ellos no declaran a favor de ninguna de las partes. De ambas declaraciones se han corroborado las versiones de que la decla- ración del único testigo de cargo Carmen Elvira Reyna Hilario no se ajusta a la realidad por situaciones evidentes y contradictorias que son corroboradas técnicamente con la propia declaración de ellos, porque por ser hermana del agraviado ya de por si su declaración pierde imparcialidad. Además su decla- ración evidencia dos momentos diferentes y contradictorios, porque ella dice que su hermano se encontraba detrás y que escucho un disparo pero no vio que le haya caído el disparo, y que justo al momento del disparo su hermano estaba tratando de huir por un hueco del techo ubicado en la parte de atrás, e inclusive dijo en juicio oral que el agraviado corrió aproximadamente 20 metros de distancia, lo cual es imposible ante la declaración que ella brindo en juicio, porque ella se quedó parada mirando hacia delante, no respondiendo a la pregunta de cómo ella puedo haber visualizado al agraviado por la parte

de atrás, declaración que ha sido desvirtuada y que efectivamente el juez de primera instancia ha recogido.----------------------------------------------------------------------------------------------14.- Que, la defensa del sentenciado Cesar Martínez Palacios Roldán, concuerda con los abogados de la defensa de los demás sentenciados absueltos, y considera que el A-quo ha realizado una correcta valoración de todos los medios probatorios actuados en juicio oral; por lo tanto que la sentencia venida en grado se encuentra arreglada a derecho. Asimismo señala que su patrocinado ha declarado que en ningún momento hizo entrega de la escopeta al senten- ciado Félix Orchess Espinoza, y que uno de los ronderos que lo acompañaba Juan Segundo Chávez Malaver fue quien efectuó el disparo, quien en horas de la mañana del día en que se produjeron los hecho, sufrió el arrebato de S/. 200.00 por parte del agraviado Julio Cesar Reyna Hilario, siendo esta la razón por la que presidieron esa junta de ronderos, persiguiendo al occiso agraviado, quien además era un prontuariado, tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio y otros, hacia su domicilio que se ubica en la ladrillera Cerámicos del Norte, lugar donde se produjeron los hechos materia del presente proceso.----------------------------------------------------------------------15.- Considerando que la impugnación de la sentencia se sustenta en un cuestionamiento de la valoración de puro derecho que ha realizado el Juez de Prime- ra Instancia, la Sala consideró innecesario el interrogatorio al imputado.--2.3.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.16.- Que, en principio resulta necesario dejar anotado que la presente resolución es expedida en mérito a la apelación interpuesta por la representante del Ministerio Público, en contra de la sentencia emitida en primera instancia por la cual se le absuelve a los acusados Félix Rafael Orchess Espinoza, Cesar Mar- tínez Palacios Roldán y Juan Carlos Soles Pulido del delito de Homicidio califi- cado, señalando como fundamento suficiente de su apelación y su pedido de nulidad de la misma, la falta de valoración de los medios probatorios ofrecidos por su Ministerio, y que fueran actuadas en Juicio Oral.------------------------------------------------------------------17.- Que, en autos y del decurso de la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral, se ha llegado a demostrar que los testigos de referencia Maria Elvira Hilario Uceda y Medardo Reyna Vidal, no se encontraron en el lugar de los hechos, cuando se produjo el delito en agravio del occiso, sino que se entera- ron de los mismos por la versión que les fuera proporcionado por la testigo presencial de los hechos, Carmen Elvira Reyna Hilario, quien es su

hija, y a la vez hermana del occiso, por lo que dichas declaraciones deben ser valoradas con las reservas del caso, pues el testimonio brindado, se basa en lo que escu-

charon de tercera persona, y no por lo que por medio de sus sentidos puedan haber tomado conocimiento.----18.- Que, siendo ello así, entonces dicha declaración testimonial por sí sola no podrá tener mayor valor probatorio y peso específico para dar por probado un hecho, sino que la misma deberá estar corroborada, no sólo por la declaración de quien informó de los hechos, y que es testigo directo y presencial de los mismos, sino también por el conjunto de la actividad probatoria, que en su valoración conjunta, podrá dar una apreciación cierta de la veracidad o no del testimonio de los testigos de oídas.----------------------------------------------------------------------------------19.- Que, desde esa perspectiva resulta necesario examinar si es que la declaración de la testigo presencial de los hechos, Carmen Elvira Reyna Hilario, reúne los requisitos de credibilidad consignados y exigidos en el acuerdo plenario No. 02-2005, expedido por la Corte Suprema, referente a los elementos que debe contener la declaración testimonial directa de cargo.----------------------------------------------------20.- Que, en ese sentido el A-quo, no ha valorado de forma correcta la declaración de la testigo presencial de los hechos, realizando una indebida aplicación del Acuerdo Plenario No. 02-2005, cuyos requisitos para valorar el testimonio son: 1)

Ausencia de incredibilidad subjetiva: En el presente caso, respecto a este requisito, es erróneo afirmar que como la testigo Carmen Elvira Reyna Hilario es hermana del occiso agraviado, ello conlleva a una fuerte carga de subjetividad que impide que pueda actuar con imparcialidad. En su lugar se debe analizar, como lo ha señalado la Corte Suprema, que no exista relación entre el agraviado e imputado de odio, resentimiento o enemistad antes del hecho delictivo que pueda incidir en la parcialidad de su declaración.

2)

Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. En el caso de autos ha sido actuado en juicio oral el Examen Nº 252-07 del perito balístico forense SOB-PNP Edgar Miguel Ángel Rocha Rojas, el cual corrobora la declaración de la única testigo presencial de los hechos, señalando que al momento del examen balístico practicado al cadáver del occiso agraviado Julio Cesar Reyna Hilario, se observa que éste presenta una herida de ingreso y que dicha herida es compatible a las originadas por el ingreso de proyectiles múltiples - denominados perdigones- de cartucho de arma de fuego tipo escopeta. Además, al momento de su declaración el perito señalo que el disparo se produjo a

corta distancia esto es a menos de un metro de distancia, corroborando así el dicho de la menor sobre la distancia que existía entre el imputado Félix Rafael Orchess Espinoza -quien supuestamente efectuó el disparo- y su hermano, era de un metro y medio aproximadamente.

21.-

3)

Persistencia en la incriminación: El Colegiado en primera instancia ha señalado que el relato de la testigo no cumple este requisito puesto que su versión carece de solidez e incluso de coherencia, toda vez que tam- poco resulta verosímil el dicho de la testigo en cuanto refiere a que des- pués de ser herido su hermano, pudo trepar la pared para salir por el hueco del techo, caer al otro lado de la pared y pudo avanzar 20 metros antes de caer desvanecido, como pretende dicha testigo, todo lo cual lleva al convencimiento de que los hechos no han ocurrido en la forma y circunstancias que narra la menor Carmen Elvira Reyna Hilario. Para que este requisito se cumpla debe observarse la coherencia y solidez del relato, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso.

4)

Es necesario tener en cuenta que la única testigo presencial de los hechos desde un primer momento y a lo largo de todo el proceso ha sido firme en señalar a los imputados como responsables de la muerte de su hermano Julio Cesar Reyna Hilario.-------------------------------------------------------------------

Que, esta Sala Superior luego de haber escuchado los audios de Audiencia de juicio oral, concluye en que el A-quo ha incurrido en un error, al señalar en la sentencia materia de impugnación que la testigo Carmen Elvira Reyna Hilario al brindar su declaración ha manifestado que la distancia que existía entre ella y su hermano era aproximadamente de un metro, y que la distancia de ella con el imputado Félix Rafael Orchess Espinoza también era de un metro; hecho que no se ajusta a la verdad puesto que en la Sesión del 03 de junio de 2010 (1:21:41 de la grabación)el representante del Ministerio Publico le pregunta a la testigo Carmen Elvira Reyna Hilario: ¿Desde dónde tú estabas parada,… que distancia había entre tú y él( en referencia al occiso agraviado)?, ella contesta: “No había más ni menos de un metro a metro y medio aproximadamente”; luego el fiscal le pregunta: …¿Qué distancia había entre él(refiriéndose al imputado Orchess Espinoza) y tu hermano?, ella contesta: “La misma distancia”.------------------------------------------------

22.- Que, este Colegiado advierte que la sentencia impugnada incurre también en error, al señalar que el perito balístico forense SOB-PNP Edgar Miguel Ángel Rocha Rojas, al momento de declarar en juicio ha señalado que para el disparo efectuado contra el occiso agraviado, se pudo haber empleado un arma de cañón corto de 25 a 30 centímetros; dicho que es totalmente falso, pues luego de escuchar el audio Audiencia de juicio oral, en la Sesión del

27 de mayo de 2010(1:23:56 de la grabación), se le pregunta al perito: ¿Según el tatuaje, según las características que se refleja en la pericia, es posible que se haya utilizado un arma de 25 a 30 centímetros. A una distancia de dos metros y que haya dejado ese tatuaje?, el perito contesta: “No, no puede dejar”, le pregunta el Fiscal: ¿Podría decir porque no?, el perito responde: “Porque un arma de esas dimensiones es de un cañón corto y el ahumamiento que presenta acá no, responde a un disparo más cercano, más preciso”.-------------------------------------------------------------------------------------------23.- Que, esta Sala Superior después de haber realizado el estudio de los actuados, así como de los medios de prueba actuados en juicio oral y de la escucha de los audios, llega a la conclusión de que la sentencia materia de impugnación, presenta diversas inconsistencias que han sido advertidas por este Colegiado y que se han precisado en los considerandos precedentes. Asimismo El A-quo ha realizado una errónea interpretación y aplicación del Acuerdo Plenario Nº 2-2005, producto de la cual en su criterio se ha generado una duda razonable en cuanto a la veracidad de la declaración brindada en sede judicial por la única testigo presencial de los hechos Carmen Elvira Reyna Hilario, dando como resultado la sentencia absolutoria impugnada.-----------------------------------------------------------------------------24.- Que, esta Sala Superior, considera que el A quo no ha realizado una correcta va- loración de todos los medios de prueba actuados en juicio, y atendiendo a que la defensadelossentenciadosabsueltos, nohapodidorebatirelcaudalprobatorio ofrecido por parte de la fiscalía, habiendo quedado demostrado para este Cole- giado, la existencia de irregularidades en la apreciación de los hechos materia de autos-----------------------------------------------------------------------------------25.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien la representante del Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria emitida en primera instancia, tal acto lo ha realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional y procesal153 a la doble instancia y ha tenido razones fundadas para ello, por lo que debe eximírsele del pago de costas.--------III.- PARTE RESOLUTIVA Que por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas antes señalada, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR

153 Art. 106 Código Procesal Penal

UNANIMIDAD HA RESUELTO: 1.-

DECLARAR NULA la sentencia de fecha veinte de julio del año dos mil diez, la cual falla ABSOLVIENDO a los acusados Félix Rafael Orchess Espinoza, Cesar Martínez Palacios Roldán y Juan Carlos Soles Pulido de la acusación fiscal, al primero como autor y a los dos últimos como cómplices primarios del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Calificado, en agravio de Julio Cesar Reyna Hilario.-

2.- NULO, el juzgamiento oral realizado.3.- DISPUSIERON que los actuados sean remitidos al Juzgado Colegiado llamado por ley para que proceda a realizar el juzgamiento oral de los procesados. Actuó como Juez Superior Ponente, el Dr. José Ricardo Cabrejo Villegas.-

32. HURTO – REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA ABSOLVIENDO AL SENTENCIADO EXPEDIENTE : 05074-2009-43-1601-JR-PE-03 IMPUTADO : SAUL BERNABE BARRIOS CONTRERAS DELITO : HURTO AGRAVADO AGRAVIADO : EL ESTADO- MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICA- CIONES. PROCEDENCIA : 1° JUZGADO UNIPERSONAL DE TRUJILLO APELANTE : IMPUTADO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Veinte de Enero Del Año Dos Mil Once.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente), LILLY LLAP UNCHON (Directora de Debates) y OSCAR ELIOT ALAR- CÓN MONTOYA. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Es materia de apelación la sentencia que condena a Saul Bernabe Barrios Con- treras, por la comisión del delito de Hurto Agravado en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de dos años, a condición de que cumpla con determinadas reglas de conducta; y fija una reparación civil de trescientos nuevos soles que el sentenciado deberá pagar a favor de la parte agraviada. 1.2. El abogado del imputado Saul Bernabe Barrios Contreras, ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia que condena a su patrocinado, solicitando se revoque la sentencia y se absuelva a su patrocinado, por en cuanto no ha sido expedida de acuerdo a ley; puesto que no está acreditado el día, modo y circunstancias como ha ocurrido los hechos que son materia de impu- tación del Ministerio Público, tampoco está acreditado que el procesado tenga participación en estos hechos; no se ha tenido en consideración objetivamen- te una serie de aspectos vitales y se ha realizado una merituación subjetiva de los hechos. Indica también que no ha existido dolo por parte del sentencia- do por cuanto desconocía el carácter delictuoso de su accionar y al margen del funcionamiento de la radio, existía un móvil altruista, el cual era llevar el mensaje cristiano, dado su condición de evangélico, agregando que no se ha acreditado el monto de lo dañado, por ello no se han cumplido los elementos objetivos y subjetivos del tipo.

1.3. Asimismo se sustenta en que ha quedado proscrito todo tipo de responsabilidad objetiva, invocando el artículo VII del T.P. del Código Penal y que se ha lesionado el Principio de Lesividad contenido en el artículo IV. 1.4. Por su parte el Ministerio Público deja que la Sala con mayor criterio resuelva lo conveniente, al considerar que no se cumplen con los elementos objetivos y subjetivos del tipo de Hurto Agravado, es así que en los delitos contra el patrimonio resulta necesario que haya un documento que acredite el monto de lo apropiado. El Juez no ha tomado en cuenta el artículo IV del T.P. del C.P. que refiere que la acción ilícita debe poner en peligro o lesión el bien jurídico protegido, esto es el espectro radioeléctrico. El Juez no ha valorado correcta- mente al testigo de la parte agraviada, por lo que en su alegación no ha cuan- tificado el monto que ha sufrido el bien jurídico tutelado. 1.5. En la audiencia de apelación, no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, el sentenciado prestó su declaración y se escucharon los alegatos finales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida. II.

CONSIDERANDOS:

A.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

1.1. El delito de Hurto Agravado está previsto en el Artículo 186° que debe ser concordado con el artículo básico 185° del CP que señala los elementos constitutivos del hurto “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años Se equiparan a bien mueble el espectro electromagnético…; el mismo que el artículo 186° del CP establece el hurto agravante, prescribiendo en el inciso 6) Mediante el concurso de dos o más personas, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años cuando el hurto es cometido utilizando el es- pectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales. Si tomamos la tipicidad objetiva del hurto agravado, para estar ante esta figu- ra, se requiere la presencia de la totalidad de los elementos típicos del hurto básico señalados en el artículo 185° del CP; es decir la preexistencia de un bien mueble, que el agente se apodera ilegítimamente de un bien mueble para obtener un provecho, que exista sustracción del bien del lugar donde se en- cuentre, que dicho bien sea total o parcialmente ajeno; además del elemento subjetivo del dolo, es decir la conciencia y voluntad de la realización de todos GRUPO EDITORIAL Lex &

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los elementos objetivos y ánimo de lucro. (Expediente N° 445-98 en Salinas Siccha, Ramiro; 2008, p.875). 2.2 Entendiendo el espectro electromagnético como aquel campo de energía natural formado por la ionosfera, franja de la atmosfera terrestre llamada ionosfera, a través del cual se desplazan y se distribuyen las diversas ondas radioeléctricas lanzadas desde la tierra por estaciones emisoras para efectos de las telecomunicaciones a mediana y gran escala, la agravante se configura cuando el agente utilizando el espectro radioeléctrico hurta (o mejor usa) el espectro electromagnético para la transmisión de telecomunicaciones ilegales o clandestinas. B.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

De los hechos objeto de la acusación 1.3. En la parte considerativa de la sentencia recurrida, se ha precisado que los hechos objeto de la acusación consisten en que de acuerdo con las acciones de control del espectro radioelectrónico, en el distrito “El Porvenir”, Trujillo, La Libertad, se detectaron la emisión de la señal de radio eléctrica de la esta- ción no autorizada de radio difusión sonora en FM denominada RADIO HO- RIZONTE, frecuencia 104.6 MHZ, con estudio en la calle Los Milagros N° 168 del Sector Mirador II de “El Provenir”, en merito a las visitas inspectoras del personal especializado, conforme al acta de inspección técnica N° 002894- 2008/09 del 04 de marzo del 2009, recepcionada por el señor Segundo David Valdivieso Alfaro; habiéndose encontrado en estas inspecciones operando en la mencionada estación radial, la misma que no contaba con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así mismo, durante la etapa de investigación se determinó que el sentenciado Saúl Bernabé Barrios Contreras, fue la persona que organizo el funcionamiento de la emisora radial del cual fue propietario y administrador. De los fundamentos de la apelada1.4. En la sentencia apelada se ha establecido que el testigo José Luis Alfonso Fer- nández Vega, labora en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el área de medidas cautelares en la cual ejecutan incautaciones y todo lo demás que conlleve a identificar, incautar a radios clandestinas. Tiene conocimiento del funcionamiento de la Radio Horizonte desde octubre del dos mil cinco, el mismo que fue detectado a través del Ministerio de Transportes y Comunica- ciones y después se notificado más de una oportunidad para que dejara de operar. Esta radio fue identificada desde aproximadamente el cuatro de agosto del dos mil nueve, en el dial 104.6, cuando los ingenieros hacen las verificaciones

técnicas con equipos llamados Gonios y a través de las coordenadas vía satéli- te con el GPS. Los ingenieros hicieron un acta que al momento de realizarse in situ, se notificó a la persona que se encuentra en el domicilio, indicándole que es una radio clandestina y dentro de las observaciones siempre se les indicó que dejen de operar y que desmonten su sistema irradiante que viene a ser la antena, que bajen la antena, ya que el hecho de ser instalada es la comisión de un delito. En el acta, cuando se le notifica siempre se le adjunta en la parte posterior todo lo que es el reglamento de la Ley de radio y televisión; o sea el acta de incautación en la primera cara está todo lo que ha sido observado. Se realizó el allanamiento el nueve de julio del dos mil nueve, el cual se encontró funcionando la radio, no encontraron a nadie aperando en el local de la radio, almacenaban bienes de la iglesia. El testigo David Valdivieso Alfaro, manifiesta que si conoce al acusado, tiene una amistad a nivel eclesiástico porque profesan la fe como cristianos, conoce la existencia de Radio Horizonte por invitación del señor Saúl Bernabé Barrios Contreras, acepto apoyarlo en la difusión de mensajes evangélicos, no tenía horario fijo, tenía un programa llamado “ciento cuatro puntos” donde com- partía la palabra de Dios. Se transmitía desde el inmueble de un hermano, el señor Segundo Mantilla, prestaba el inmueble por requerimiento de el señor Saúl Bernabé Barrios Contreras, la radio no tenía los permisos de funciona- miento. Al interrogatorio del abogado de la defensa respondió, que el espacio 104 no tenía carga publicitaria, sólo programaba mensajes, predicar y poner músicas cristinas, no había ningún fin lucrativo ni tampoco de pasar publici- dad, que ha trabajado en muchas radios y lo hacía de forma gratuita. En tanto, el testigo Segundo Mantilla Arenas, sostiene también que sí conoce al señor Saúl Bernabé Barrios Contreras, son hermanos en la iglesia, sí tiene conoci- miento de la Radio Horizonte, la conoce porque funcionó en su domicilio, en la azotea en un cuartito durante aproximadamente de tres a cuatro meses; el mismo que no cobraba nada, puesto que le dio para predicar el evangelio que le había dicho, no le dieron ningún beneficio. De igual forma se han valorado el Informe Técnico realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Acta de Inspección Técnica, la gráfica del espectro radioeléctrico, el acta de allanamiento, descerraje e incautación y el Memorando referido a la cuantía a que ascendería el perjuicio económico. Análisis de las pretensiones impugnatorias.1.5. Respecto a la tesis de nulidad de la representante del Ministerio Público debe atenderse 1.6. Es de sostener, para la configuración del delito de hurto agravado, es necesa- rio la concurrencia de la totalidad de los elementos típicos del hurto básico.

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En la sentencia apelada no se ha logrado determinar la existencia del delito de hurto agravado tipificado en el artículo 186° inciso 6 del C.P., no se haya acreditado el elemento básico del delito, el de obtener un provecho y el dolo de realizar todos los elementos objetivos y ánimo de lucro, pues de la prueba testimonial actuada se resalta que el procesado no ha tenido la finalidad de obtener un provecho económico sino el de difundir ideas cristianas, así tam- bién lo ha sostenido el procesado en la Audiencia de Apelación. En la activi- dad probatoria desarrollada en juicio oral, los testigos presentados por el Mi- nisterio Publico, José Luis Alfonso Fernández Vega, Segundo David Valdivieso Alfaro y Segundo Mantilla Arenas, se ha determinado que la instalación de la Radio Horizonte, se efectuó sin la conciencia y voluntad de obtener un prove- cho y ánimo de lucro, por lo que al no concurrir la tipicidad de la conducta, se excluye su responsabilidad penal. 1.7. Asimismo, no siendo posible cuantificar con precisión el perjuicio que repre- senta para el Estado el uso indebido del espectro electromagnético, materia del ilícito, por no haberse presentado en auto medios probatorios que acre- diten fehacientemente a cuanto asciende el monto irrogado, no se ha llegado a establecer en forma fehaciente el perjuicio causado, no siendo suficiente el Memorando N° 002-2010/TC/9.04 de fecha cuatro de enero de dos mil diez, pues del mismo considerando sexto de la resolución apelada se establece que está referido a la cuantía que “ascendería” el perjuicio causado por la operati- vidad de la denominada Radio Horizonte. 1.8. Por lo que habiéndose analizando en conjunto las pruebas y en virtud al prin- cipio de unidad de pruebas, se determina que el Juzgado Unipersonal no ha realizado una adecuada valoración de todos y cada uno de los medios proba- torios de cargo presentados por la Fiscalía, siendo criterio de este Colegiado como así lo ha precisado el Ministerio Público en esta instancia de revisión, que no se han configurado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Hurto Agravado, por tal razón, este superior jerárquico establece que la sentencia condenatoria venida en grado al no haberse sustentado en las nor- mas invocadas y criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, debe ser revocada. III. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experien- cia, de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

REVOCAR la Sentencia en el extremo que condena a SAÚL BERNABÉ BARRIOS CONTRERAS, por la comisión del delito de Hurto Agravado, en agra-

vio del Estado-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de dos años, a condición de que cumpla con determinadas reglas de conducta y REFORMANDOLA, se le ABSUELVE de la acusación fiscal. 

ANULAR los antecedentes penales y judiciales que se hayan producido por la tramitación de este proceso.



Y EJECUTORIADA que sea la presente devuélvase al Juzgado de origen.

Actuó como Directora de Debates, señora Juez Superior, la doctora Lilly del Rosario Llap Unchón.

33.

HURTO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA CASO PENAL INCULPADO DELITO AGRAVIADO IMPUGNANTE ASUNTO ABSOLUTORIA.

: Nº 2009-00519-0-1601 : ELVIS ROLANDO RODRIGUEZ CABANILLAS : HURTO AGRAVADO : OSCAR MARIANO RODRIGUEZ CABANILLAS : MINISTERIO PÚBLICO Y ACTOR CIVIL : APELACION DE SENTENCIA

SENTENCIA Trujillo, once de noviembre Del Año Dos Mil Nueve.VISTA Y OIDA; La audiencia de Apelación de Sentencia Absolutoria, por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, VICTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Pre- sidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Director de Debates). I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.- Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia que absuelve al acusado Elvis Rolando Rodríguez Cabanillas, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en agravio de Oscar Mariano Rodríguez Cabanillas. 2.- Que, la sentencia venida en grado ha sido recurrida por el Ministerio Público y cuyo representante en la audiencia de apelación de sentencia ha sostenido que en la sentencia se ha incurrido en errores de valoración de medios proba- torios que vulneran el debido proceso, por contener una motivación aparente y que si bien no se han aportado medios de prueba directos si se cuenta con la prueba indiciaria que no ha sido valorada, por lo que solicita la revocatoria del fallo absolutorio y se dicte una sentencia condenatoria. 3.- La sentencia también fue apelada por el actor civil solicitando que se revoque la sentencia absolutoria y se expida una sentencia condenatoria al no haberse valorado las pruebas ofrecidas y actuadas y la prueba indiciaria y pide una reparación civil de cien mil nuevos soles. 4.- Que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida.

II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISA NORMATIVA 2.1.1.- Que, el Artículo 186° del Código Penal señala expresamente que “El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: 1.- en casa habitada; 2.durante la noche; 3.-mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos…”.2.1.2.- De conformidad con el 201 del Código Procesal Penal en los delitos con- tra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de prueba idóneo. 2.1.3.- El artículo 158 del código procesal penal establece que la prueba por indicios requiere: que el indicio este probado, que la inferencia esté ba- sada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia y que cuando se trata de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como no se presenten contra indicios consistentes. 2.1.4.- Que para establecer cuando nos encontramos ante indicios contingentes se debe recurrir a la doctrina y en esa línea se cita al maestro Florencio Mixan Mass, quien en su libro “Prueba Indiciaria” Ediciones BGL. 1995. página 196 a 199 sostiene que cuando a simple vista, en el instante de encontrar, de percibir un indicio dado no es posible iden- tificar con exactitud la relación causal a la que pertenece, los autores han convenido en denominarlo “indicio contingente” , entre los que se encuentran: indicios de la capacidad de delinquir, indicios anteriores, concomitantes y posteriores al delito, incluyéndose en este grupo a los actos u omisiones que en el contexto del caso tengan la connotación de actos preparatorios; supresión o alteración de huellas, ocultamiento de instrumentos, signos exteriores de riqueza; presencia en el lugar del delito, antes, durante o inmediatamente después, actitud de mala jus- tificación, etc. 2.1.5.- Que La Sala Penal Permanente en la Ejecutoria Suprema recaída en el Expediente Número 1912 – 2005 – Piura, del 06.09.05 ha precisado que para sustentar una sentencia condenatoria basada en la prueba indiciaria, se deben respetar los requisitos materiales legitimadores, que es la única manera de enervar el derecho a la presunción de inocencia, siendo estos: a) el indicio debe estar plenamente probado; b) deben ser plurales; c) concomitantes; d) deben estar interrelacionados. 2.1.6.- Que el artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Esta- do establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de ino- cencia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Titulo Prelimi- nar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada

de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya decla- rado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motiva- da. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probato- ria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. 2.2.- PREMISAS FACTICAS Y ANALISIS DEL MATERIAL PROBATORIO.2.2.1.- Que la tesis acusatoria consiste en que siendo las cero horas con veinte minutos del día primero de enero del dos mil ocho, se produjo el hurto de la suma de cuatrocientos setenta mil nuevos de propiedad de Os- car Mariano Rodríguez Cabanillas que tenía en el inmueble ubicado en Transversal Ancash sin número – San Pedro de Lloc, que se realizo sin violentar las chapas de ingreso a la casa, verificándose que la ventana de vidrio con perfiles de metal tipo corrediza del dormitorio del agravia- do se encontró semi levantada y corrida hacia un extremo, por el cual ingresaron los autores forzando luego la chapa de uno de los cajones ubicados en la parte inferior izquierda del closet, donde se encontraba el dinero. Y las huellas dactilares encontradas en el lado derecho de la ven- tana al análisis dio como resultado, según pericia del parte policial, que la huella del dedo pulgar de la mano derecha corresponde al acusado. 2.2.2.-Que, en la audiencia de apelación de sentencia, no se ha actuado prueba nueva, el procesado ha guardado silencio y además no se ha oralizado ninguna prueba documental, por lo que el análisis de las pretensiones expresadas por las partes, se limitarán a realizar un reexamen de las pruebas actuadas en juicio oral y si han sido valoradas de acuerdo a las reglas exigidas por el Código Procesal Penal. 2.2.3.-Que el cargo contra el acusado Elvis Rolando Rodríguez Cabanillas por el delito de hurto agravado sólo se basa en el parte policial 06 – 2008 III – DIRTEPOL, sobre “Diligencias periciales practicas en huellas papila- res”, de fecha once de enero del dos mil ocho, que contiene el resultado de un examen de huellas dactilares encontradas en el lado derecho de la ventana del dormitorio del agraviado; por donde habría ingresado el autor u autores para proceder a sustraer el dinero; en el que se conclu- ye, que la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha pertenece al acusado. 2.2.4.- Que si bien el citado parte policial, que contiene el estudio de huellas papilares por parte de dos peritos dactiloscópicos, fue oralizado en la audiencia de juzgamiento y no fue objeto del examen pericial bajo las reglas previstas en el artículo 181 del código procesal penal, esta omisión atribuida a las partes del proceso, no necesariamente lo anula ni

lo excluye del acervo probatorio, como ha quedado establecido en el

acuerdo plenario numero 2-2007 / CJ-116 del 16 de noviembre del 2007 de las Salas Penales de la Corte Suprema. 2.2.5.- Sin embargo, se advierte que el estudio practicado por dos peritos dactiloscópicos de la Oficina de Apoyo Técnico de Criminalística de la Ciudad de Trujillo, es genérica y conclusiva, por lo que siguiendo los fundamentos contenidos en la sentencia apelada, este estudio especializada no contiene la descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los que se realizo el peritaje; la exposición deta- llada de lo que se ha comprobado; la motivación o fundamentación del examen técnico; los criterios técnicos o científicos que se han tenido en cuenta para efectuar el examen; y demás elementos que se precisan en el artículo 178 del código procesal penal y que son necesarias para hacer una adecuada valoración de la opinión especializada dactiloscópica; por lo que este estudio por ser incompleto no puede para ser valorado como elemento probatorio de cargo. 2.2.6.- Y en todo caso el glosado examen dactiloscópico solo revela la existen- cia del indicio de presencia del acusado en el lugar de los hechos, el que siguiendo la doctrina autorizada citada en la premisa normativa de esta sentencia, viene a ser un indicio contingente; el mismo que por si solo es insuficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado; desde que para que este tenga relevancia probatoria se requiere no solo que el indicio este probado, sino que sean plurales, tal como lo exige el articulo 158 inciso 3 del código procesa penal. Que además, no debe perderse de vista que el agraviado en la audiencia de juzgamiento ha sostenido, que ha su domicilio tenían acceso su Chofer y hombre de confianza, José Guevara Becerra, su ex conviviente Ignia Vílchez Flores, Jorge Luis Abanto Medina e inclusive que sospechaba del carpintero que cambio las chapas del cajón de su closet. 2.2.7.- Por estas consideraciones, por los propios fundamentos de la sentencia apelada, al no haberse enervado la presunción de inocencia, de confor- midad con el artículo 425 del código procesal penal, la sentencia recu- rrida que absuelve al acusado de la acusación fiscal debe confirmarse. 2.2.8.- Que, siendo la parte apelante el Ministerio Público, por expresa regulación del Código Procesal Penal, a pesar de ser la parte vencida, queda exento del pago de costas. III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

1.

CONFIRMAR la sentencia que absuelve de la acusación fiscal al acusado ELVIS ROLANDO RODRIGUEZ CABANILLAS, como autor del delito contra el pa- trimonio, en la modalidad de HURTO AGRAVADO, en agravio de Oscar Maria- no Rodríguez Cabanillas, con lo demás que contiene.

2.

SIN COSTAS y EJECUTORIADA que sea la presente DEVUELVASE al juzgado de origen. Actuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano.-

34. HURTO AGRAVADO Y ESTELIONATO EXPEDIENTE : 00676-2010-0-1601-JR-PE-01 IMPUTADO : TEOFILA RUIZ SANDOVAL DELITO : HURTO AGRAVADO AGRAVIADO : LUJAN ISABEL SEGURA ROJAS PROCEDENCIA : Jº UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIA DE HUAMACHUCO APELANTE : IMPUTADA ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Catorce de Diciembre Del dos mil diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

Es materia de apelación la sentencia que condena a la acusada Teófila Ruiz Sandoval como autora de la comisión de los delitos contra el patrimonio, en la mo- dalidad de Hurto Agravado y Estelionato, en agravio de Lujan Isabel Segura Rojas, a cuatro años de pena privativa de libertad y ciento veinte días multa, pena principal que se suspende en su ejecución por el término de dos años, bajo determinadas reglas de conducta; y fija como reparación civil la suma de cuatro mil nuevos soles a favor del agraviado, sin perjuicio de devolver el monto de dinero entregado por el agraviado en la suma de diez mil nuevos soles, por la adquisición del vehículo. -----------------------1.1. Que, El abogado de la imputada ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia que condena a su patrocinada, solicitando que se revoque dicha sentencia, por considerar que no existe dolo en el comportamiento de su patrocinada, tanto en el delito de hurto como en el delito de estafa; en efecto respecto al delito de hurto el bien ha sido sustraído con conocimiento de la conviviente del agraviado y su hermano y dicho vehículo fue trasladado a un taller para su reparación; en cuanto al delito de estafa no existe engaño, pues- to que, le ha dado un bien cierto y propio; por lo cual solicita que se revoque la sentencia y se absuelva a su patrocinada. - - - - - - - - - - - - - - - - - --------1.2. Por su parte el representante del Ministerio Público solicita que se confirme la sentencia venida en grado por considerar que a través de la investigación se ha determinado con plenitud la conducta objetiva y subjetiva de hurto agrava- do y estelionato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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1.3. Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las par- tes no solicitaron la oralizaciòn de piezas procesales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ----II.

CONSIDERANDOS:

2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1.-HURTO AGRAVADO: Esta previsto en el Artículo 186 que prescribe “El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: inciso 3). Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, e inciso 6). Mediante el concurso de dos o más personas.” Este artículo debe ser concordado con el tipo básico previsto en el artículo 185º del código penal, en que se señalan los elementos constitutivos del delito de hurto. El delito de hurto, desde la perspectiva objetiva, exige que el agente se apodere ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. El acto de apoderamiento es, pues, el elemento central de identificación para determinar la consu- mación y la tentativa. El apoderamiento importa: a) el desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder patrimonial del tenedor – de su esfera de posesión- a la del sujeto activo, y b) la realización material de actos posesorios, de disposición sobre la misma. Esta disponibili- dad que, más que real y efectiva – que supondría la entrada en la fase de agotamiento del delito- debe ser potencial, esto es, entendida como posibilidad material de disposición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída. (criterio adoptado en la SENTENCIA PLE- NARIA Nº 1-2005-DJ-301 CPP ) 2.1.2.- ESTELIONATO: El delito de Estelionato, como subespecie del de- lito de defraudación patrimonial, previsto en el artículo 197º, numeral 4), del Código Penal, se configura cuando el agente dolosamente vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos, siendo sancionado dicho ilícito penal con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días multa. En efecto para la configuración del delito de estelionato se requiere que el agente venda un inmueble como bien libre, cuando está embargado o grabado y sin poner en conocimiento del comprador, exigiéndose así mismo el animo doloso del agente con el fin

de perjudicar al agraviado con la compra. El Estelionato no es otra cosa

que un caso especial o una forma de estafa, por lo que en él también se sanciona a quien mediante engaño o ardid hace incurrir en error, para aprovecharse económicamente, propiciando un perjuicio económico en el agraviado. El engaño debe ser anterior al error. El error es el falso conocimiento de la realidad producido por el engaño, error que, a su vez, motiva la disposición patrimonial perjudicial al agraviado. 2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.2.1.- Que, en la parte expositiva de la sentencia se ha precisado que los hechos objeto de la acusación son los siguientes: los hechos se remontan al veintiséis de abril del año dos mil siete y consisten en que la acusada Teófila Ruíz Sandoval vendió a plazos al agraviado don Luján Isabel Segura Rojas un vehículo-camión con placa de Rodaje WO-7938, marca “Mitsubishi”, año 1988, por la suma de veintidós mil nuevos soles, de los cuales el comprador ha cancelado la suma de diez mil nuevos soles, habiendo manifestado la acusada al momento de la venta que dicho vehículo era de su propiedad y que sobre el cual no existía ningún gravamen, dándose con la sorpresa posteriormente, el agraviado, que dicho vehículo estaba embargado a favor de la Municipalidad Provincial del Callao-Lima; y que, además de ello en fecha posterior se ha apersonado la acusada al domicilio del agraviado y ha procedido a sustraer el vehículo objeto de la compraventa, sin autorización de comprador y tenedor del vehículo, habiéndolo materializado con ayuda de otras personas, esto es: de Federico Ruíz Sandoval, Aurelio Segura Rojas y el chofer conocido como “mono”, encendiendo dicho vehículo y llevándolo al taller de Wilson Paredes. Que, posteriormente el dieciocho de setiembre de 2008 la acusada volvió a vender dicho vehículo al señor Eugenio Cirilo Ríos Anticona por veintiún mil nuevos soles conforme al acta de transferencia vehicular número 937, habiendo solicitado para ello al señor Santos Víctor Pérez Delgado hiciera la transferencia a este último comprador, lo que no hizo con el hoy agraviado que era el primer comprador de dicho vehículo. De los fundamentos de la apelada2.2.2.- En la sentencia objeto de impugnación se da por acreditado que la agraviada vendió el vehículo de placa de rodaje WD-7938, como bien libre estando gravado a favor de la Municipalidad Provincial del Callao -Lima, tal como se desprende de la copia certificada de búsqueda direc- ta de SUNARP, corroborada con las documentales consistentes en la copia de la minuta de compraventa, que en su primera cláusula, la acu- sada declara ser única y exclusiva propietaria de dicho vehículo y en su

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tercera cláusula declara que sobre éste no pesa ningún gravamen; con el informe policial número 49-2009 y acta de intervención e incautación de vehículo que acredita que el vehículo fue intervenido en poder de Juan Jaime Ríos Rondón mostrando un acta de transferencia vehicular de dieciocho de setiembre de 2008, suscrita entre Víctor Pérez Delgado como vendedor y Eugenio Cirilo Ríos Anticona como comprador. Así mismo, se da por acreditado con la declaración de Pérez Delgado que la acusada no ostenta la propiedad del vehículo. De este modo la senten- cia venida en grado encuentra responsabilidad en la acusada respecto de los delitos de hurto agravado y estelionato. Delimitación de la pretensión impugnatoria del Abogado Defensor. 2.2.3.- Como pretensión impugnatoria de la defensa se invoca la absolución de la acusada, al considerar que no ha existido dolo en su actuar. Pues Santos Víctor Pérez Delgado (anterior propietario del vehiculo) declara que ha vendido el vehículo a Federico Ruiz Sandoval, hermano de la acusada, y que, es ella quien pagó el saldo de dicha venta, por lo que se le entregó una constancia de compra venta, y en consecuencia la propietaria del vehículo es la acusada, quien en todo momento tuvo disposición del vehículo; sostiene, además, que Santos Víctor Pérez Del- gado tuvo conocimiento que la acusada vendió el vehículo. De otro lado, alega que dicho vendedor no hizo conocer a la acusada que el bien es- taba gravado. Siendo que por tales razones no se configura el delito de Estelionato; en relación al delito de Hurto Agravado sostiene que existe familiaridad entre el presunto agraviado Luján Isabel Segura Rojas y la acusada, puesto que el agraviado es conviviente de la sobrina de la acusada, haciendo el negocio en ese contexto de familiaridad, lo cual no es punible por concurrir una excusa absolutoria; asimismo, sostiene que el agraviado dejó el carro porque no podía pagar, y ante un tiempo prudencial la imputada comunica a la conviviente del agraviado que iba a retirar el vehículo, procediendo a recoger el vehículo e internarlo a un taller, no existiendo en ello dolo. Análisis de las pretensiones impugnatorias.2.2.4.- Cabe partir de la premisa de que la acusada a través de su defensa, tanto en su escrito de apelación como en su intervención oral en la audiencia de apelación, no ha negado y/o contradicho los hechos objeto de imputación, sino que su estrategia ha estado orientada a negar la adecuación típica de los hechos a los delitos de estelionato y hurto agravado por inexistencia del elemento subjetivo, esto es el dolo. En efecto, el tipo penal tiene una vertiente objetiva (tipo objetivo) y una vertiente subjetiva (tipo subjetivo). En relación al dolo, este supone la

realización consciente (el querer) y voluntaria (el saber) de los elementos subjetivos del tipo. El dolo contiene un elemento cognoscitivo, en el que el agente actúa consciente de sus actos, conociendo los elementos de acción típica, sujeto, conducta, objetos relación causal; y el elemento volitivo, el agente no solo debe haber conocido los elementos del tipo objetivo, sino que además debe haber tenido la voluntad de realizar- los154. Corresponde entonces hacer el juicio de tipicidad: en relación al delito de Estelionato tenemos, la Copia certificada de la Búsqueda en SUNARP con el cual se ha llegado acreditar que el vehículo tiene gra- vamen a favor de la Municipalidad del Callao; La Minuta de compra venta del vehículo de placa de rodaje WO-7938 realizada por la acusada como vendedora y Lujan Ysabel Segura Rojas como comprador; y, la Copia de contrato compraventa del vehículo de fecha 18 de setiembre de dos mil ocho, con el que se logra acreditar que Santos Víctor Pérez Delgado vende el vehículo a Eugenio Cirilo Ríos Atincona, a pedido de la acusada, en tanto esta no tenía documento que acredite su propie- dad. Existen dos supuestos que son objeto de imputación respecto este tipo penal: a) La venta de bien ajeno. No existe documento alguno que acredite la propiedad de la acusada Ruiz Sandoval sobre el vehículo de placa WO-7938; es más, el anterior propietario, esto es, el señor Santos Víctor Pérez Delgado, ha manifestado que jamás vendió el vehículo en cuestión a la hoy acusada, sino al señor Federico Ruiz Sandoval. Por su parte la acusada sostiene que ella pagó el saldo por lo cual se le hizo una constancia de compraventa, sin embargo, tal documento no ha sido introducido al juicio. En tal sentido es de considerar que este supuesto si configura el delito de estelionato pues la acusada vendió un vehículo sin ser propietaria del mismo, y obviamente que no hizo conocer al com- prador sobre tal situación. Sobre este punto cabe hacer una aclaración adicional, y es que, es posible que el objeto de un contrato de compra- venta sea un bien que no se encuentra en la propiedad del vendedor, un bien ajeno, siempre y cuando el comprador conozca esa situación, lo cual conlleva a la obligación del vendedor de adquirir dicha cosa para transferirla al comprador. Es diferente cuando se vende como propio lo que es ajeno, pues en ese caso se incurre en la figura penal denominada estelionato, prevista y penada en el artículo 197º inciso 4 del código

154 MARIO PABLO RODRÍGUEZ HURTADO, “Manual De Casos Penales - Teoría del Delito y su im- portancia ene. Marco de la Reforma Procesal Penal”. 1º edición. Ed. Cooperación Alemana de Desarrollo. Lima - Perú: 2008. Pág. 170.

penal, un ilícito penal, no puede al mismo tiempo ser ilícito civil155. b) La venta como bienes libres de los que están embargados o gravados. Este supuesto presupone de por si que el agente (el que vende) es el propie- tario del bien, y que la ilicitud de la conducta radica en que, no obstante tener conocimiento del gravamen que pesa sobre el bien, no lo hace de conocimiento del comprador y lo vende como si se tratara de un bien li- bre. Bajo esta premisa, y siendo congruentes con la conclusión anterior de que la acusada no es propietaria del bien, este supuesto no configura el delito de estelionato, pues como señaláramos la venta de bien libre estando gravado presupone la titularidad sobre el bien de quien vende. En resumen la acreditación del supuesto a), esto es, la venta de bien ajeno, excluye la configuración del supuesto b), dado que este exige la existencia de lo que esta negado en el primero, la propiedad. Por consiguiente, este extremo de la sentencia debe ser confirmado, pero con mención expresa de que un solo supuesto, el de venta de bien ajeno, configura el delito de estelionato. 2.2.5.- Que, respecto al delito de Hurto Agravado en que la acusada habría sustraído el vehículo de placa WO-7938 del exterior de la casa del agraviado en complicidad de otras personas se ha acreditado con el acta de intervención del vehículo que obra a fojas 73 del expediente judicial de la que se desprende que la sentenciada llevó el vehículo (luego de sustraerlo) al taller del señor Juan Jaime Ríos Rondón, así mismo, tenemos la propia declaración de la acusada, obrante a folios 74 a 78 del expediente judicial, brindada ante la fiscalía y debidamente introducida a juicio oral en donde manifiesta que fue a conversar con el denunciante y al no encontrarlo procedió a recoger el vehículo de la puerta de su casa, lo cual lo hace con el hermano del denunciante; además, ello está corroborado con la declaración del agraviado quien afirma que cuando regresó de la ciudad de Trujillo no encontró el vehículo. Así pues, está claro que el vehículo en cuestión estaba bajo el ámbito de custodia del agraviado que lo suponía suyo en mérito al contrato de compraventa que celebró con la acusada, y que esta lo sustrajo ilegítimamente, esto es, sin mediar justificación valida, y en todo caso, suponiendo que le correspondía algún derecho sobre el bien, ante el incumplimiento del contrato por parte del comprador, debió recurrir a la justicia civil para exigir su cumplimiento. De otro lado, la acusada al sustraer el vehículo, no solo lo ha sacado del ámbito de custodia del agraviado, sino que lo

155 Cfr. CAS. Nº 1657 – 2006 LIMA, de fecha 20 de julio de 2006, disponible en www.jurisprudenciacivil.com

ha introducido al suyo, de modo que al dejarlo en el taller ha desarrollado ya actos de disposición material, y no solo potencial, con los que basta para la consumación del delito. Con todo no cabe duda que su actuar ha sido eminentemente doloso. 2.2.6.- Que, por lo demás, habiéndose analizando en conjunto las pruebas y en virtud al principio de unidad de pruebas, se determina que el Juzgado unipersonal ha realizado una adecuada valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo presentados por la fiscalía, los mismos que han sido actuados en audiencia de juicio oral, llevándose a cabo un trámite adecuado del proceso penal, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como señala el Profesor San Martín, “es fundamental para la efectividad de la contradicción y consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación”156, por tal razón, este superior jerárquico establece que la sentencia condenatoria venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales; además como ha quedado establecido las pruebas actuadas y debidamente valoradas han sido suficientes para sustentar la teoría del caso del representante del Ministerio Público. No obstante, también se debe precisar que respecto al supuesto b) referido en el considerando 2.4 el A Quo ha incurrido en error de apreciación sobre la tipificad de la conducta de la acusada, que corrigiéndolo, debe quedar claro que solo la venta de bien ajeno configura el ilícito penal de estelionato.- - - - - - ------------------------2.2.7.- En el juicio de apelación la defensa de la acusada ha referido que el he- cho no sería punible toda vez que existe una Excusa Absolutoria debido a la relación de familiaridad entre los sujetos del conflicto primario, esto es, la acusada es tía del agraviado. Por su parte el agraviado ha negado tal relación parental. Sin embargo, es de advertir que la relación a que hace referencia la acusada, es la de ser tía política del agraviado, toda vez que éste es el conviviente de su sobrina, y con total claridad dicha relación no constituye una de las que configuran una excusa absoluto- ria tal y como se desprende de la lectura del artículo 208º del código penal, por lo que debe desestimarse sin más. 2.2.8.- Existe también otro asunto que merece atención al menos referencialmente, se trata de la determinación judicial de la pena, siendo que en el

156 http://blog.pucp.edu.pe/item/23860

presente caso existe un concurso real de delitos que no ha advertido el A Quo, y que tendría incidencia en el quantum impuesto en la sentencia recurrida; sin embargo, que este tribunal se pronuncie al respecto y por consiguiente aumente la pena impuesta colisionaría con el principio de la Prohibición de la Reformatio In Peius, pues el único que ha impugna- do la sentencia es la acusada. En tal sentido, la sentencia también debe confirmase en el extremo de la pena impuesta. 2.2.9.- De esta manera ha quedado acreditado fehacientemente la comisión del delito de Hurto Agravado y Estelionato, así como la culpabilidad de la acusada, por lo que habiéndose desvanecido la presunción de ino- cencia prevista en el artículo II del Código Procesal Penal con la sufi- ciente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con la debidas garantías procesales, esta debe ser confirmada. III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - ----------------------

CONFIRMAR la Sentencia que condena a la acusada Teófila Ruiz Sandoval como autora de la comisión de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado y Estelionato –venta de bien ajeno-, a cuatro años de pena privativa de la libertad, y ciento veinte días multa, pena principal que se sus- pende en su ejecución por el termino de dos años, bajo determinadas reglas de conducta; y Fija como reparación civil la suma de cuatro mil nuevos soles a favor del agraviado, sin perjuicio de devolver el monto de dinero entregado por el agraviado consistente en la suma de diez mil nuevos soles; con lo demás que contiene.



EJECUTORIADA que sea la presente DEVUELVASE al Juzgado de origen. Ac- tuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano.-

35. HURTO Y RECEPTACION EXPEDIENTE IMPUTADO AGREDA DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA APELANTE ASUNTO

: 03177-2009-12-1601-JR-PE-05.: JUNIOR ALEXANDER MEDINA JOSÉ MANUEL ESPEJO SANDOVAL : HURTO AGRAVADO Y RECEPTACIÓN : ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL DE PERÚ : 3º JUZGADO UNIPERSONAL DE TRUJILLO : IMPUTADO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Trece de Septiembre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Director de debates).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Viene en apelación de la sentencia que condena a Junior Alexander Medina Agreda, por la comisión del delito de Hurto Agravado en agravio de la Escuela Técnica Superior de la PNP, a tres años de pena privativa de libertad, a José Manuel Espejo Sandoval por la comisión del delito de receptación, en agravio de la escuela Técnica Superior de la PNP, a dos años de pena privativa de la libertad, penas suspendidas por el termino de las condenas, a condición de que cumplan determinadas reglas de conducta; y Fija una reparación civil de mil quinientos nuevos soles que cancelaran los sentenciados solidariamente a favor de la institución agraviada. - - - - - - - - ----------------------------------1.2.- Que, la abogada del imputado Junior Alexander Medina Agreda, ha interpues- to recurso de apelación contra la sentencia que condena a su patrocinado, so- licitando se revoque la sentencia y se absuelva a su patrocinado, por en cuan- to que la sentencia no ha sido expedida de acuerdo a ley; puesto que no está acreditado el día, modo y circunstancias como ha ocurrido los hechos que son materia de imputación del Ministerio Público, tampoco no está acreditado que mi patrocinado tenga participación en estos hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------1.3.- Asimismo el abogado del sentenciado José Manuel Espejo Sandoval ha inter-

puesto recurso de Apelación, solicitando se revoque la sentencia condenatoria, al considerar que en la sentencia no se ha tenido en cuenta las decla-

raciones que ha hecho el imputado en el que manifiesta que al momento de ser intervenido por el personal de la policía el día 13 de julio, ha sido golpea- do coaccionado y obligado a firmar documento, asimismo en el Juicio Oral también fue coaccionado y obligado a firmar documento los cuales no han debido ser valorados y tomados como soporte probatorio; además que no se ha demostrado con pruebas concretas que el acusado Medina Agreda Junior Alexander haya entregado el objeto materia del delito a Espejo Sandoval José Manuel y tampoco que dicho bien haya tenido procedencia delictuosa con conocimiento con estos. - - - - - - - - - - - - - - - - - ----1.4.- Por su parte el Ministerio Público ha solicitado que se confirme la sentencia venida en grado, por considerar que en forma válida se ha actuado los elementos probatorios en juicio oral que finalmente han determinado la responsabilidad penal de los sentenciados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -------------1.5.- En la audiencia no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, los sentenciados prestaron su declaración y se escucharon los alegatos finales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------II.

CONSIDERANDOS:

A.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

2.1.- El delito de Hurto Agravado está previsto en el Artículo 186 concordado con el Art. 185 que prescribe que “El que, para obtener provecho, se apodera ile- gítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de liber- tad no menor de uno ni mayor de tres años…; estableciendo Artículo 186 las agravantes de hurto prescribiendo en el inciso 1) En casa habitada. Inciso 2) Durante la noche. - - - - - - 2.2.- El delito de Receptación está previsto en el Artículo 194 que prescribe “El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayu- da a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y, con treinta a noventa días- multa”. - - 2.3.- Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará

indepen- dientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas

pericial, documental, pre constituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. B.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

De los hechos objeto de la acusación 2.4.- Que, en la parte expositiva de la sentencia se ha precisado que los hechos objeto de la acusación son los siguientes: se les imputa a los acusados que le día 04 de julio de 2008 en horas de la noche, en circunstancias que el acusado Junior Alexander Medina Agreda sustrajo del interior de la escuela de suboficiales de la Policía Nacional de Trujillo, el proyector de video marca EPSON, modelo POWER LITE 750C-2000, LUMENS-REVOLUC 1024X678 de propiedad de dicha institución policial, el bien una vez sustraído del interior de la escuela se la entrega al acusado José Manuel Espejo Sandoval para su comercialización. El 11 de julio los oficiales encargados de la dirección de la escuela descubren el hurto y luego de las investigaciones pertinentes, el bien es recuperado el día 13 de julio de 2008 luego de que el propio acusado hicie- ra las coordinaciones pertinentes con José Manuel Espejo Sandoval para la devolución del bien. De los fundamentos de la apelada2.5.- En la sentencia apelada se ha establecido que la testigo Mego Meregildo, imputa al acusado Medina Agreda, que el día cuatro de julio, en horas de la noche, procedió a sacar un maletín que según él le refirió era de ropa sucia, encontrándose en la parte externa una carro azul, además que expresamente le dijo que le comunicara si llegaba una carro azul, siendo azul el color del carro de la línea de taxis en la que trabaja el acusado Espejo Sandoval; además la sustracción se encuentra corroborada con la declaración de Rafael Horna Moreno, quien refiere que el acusado median aceptó haber sacado el proyector por necesidad, que lo habían vendido, y que para recuperarlo le dieron facilidades, como un celular para que se comunique, posteriormente intervinieron a Espejo Sandoval, este sabía perfectamente de su procedencia ilícita, y aún así ha procedido a comercializarlo, para posteriormente tratar de devolverlo; siendo intervenido en posesión del proyector, según se desprende del acta de incautación y registro personal; acta que tiene valor probatorio, por cuanto por su misma naturaleza constituye una prueba pre constituida, al haberse generado con motivo de una intervención en situación de flagrancia, no siendo necesario la presencia del Representante del Ministerio Público, acta que no ha sido cuestionada y por el contrario el acusado Espejo Sandoval ha aceptado haberse encontrado en poder del proyector, dando justificacio- nes mínimas sobre su proceder.- - - - - - - - - - ---

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Delimitación de la pretensión de los impugnantes. 2.6.- La abogada del imputado Junior Alexander Medina Agreda sustentando su pretensión impugnatoria sosteniendo que no se ha acreditado que su patrocinado haya sustraído el proyector de video por los siguiente argumentos: a) Que la testigo Heidy Isabel Mego Meregildo en ningún momento ha señalado haber visto a Medina Agreda tener un reproductor de video en su maletín y sacarlo al exterior de la escuela; b) En dicha escuela se tiene una mayor seguridad con la finalidad de que todos los alumnos no salgan fuera de la ins- titución, no ha estado las llaves a cargo de ningún alumno, siendo imposible que Medina Agreda haya salido de la institución; c) La contradicción de Rafael Horna Moreno quien a nivel de investigación preparatoria refirió que Medina Agreda le confesó que sustrajo el proyector de video para comercializarlo en horas de la mañana, sin embargo en juicio oral señala que personalmente él no lo interrogó sino que lo hizo otro oficial; d) La declaración de Manuel Espejo Sandoval quien jamás ha admitido que Medina Agreda le entregó el proyector de propiedad de la escuela para que él lo comercialice. - - - - - - - - -----------------------------------------2.7.- Por su parte el abogado del imputado José Manuel Espejo Sandoval sustentando su pretensión impugnatoria ha sostenido que no se ha probado fehacientemente que su patrocinado haya cometido el ilícito penal de receptación; que, si bien es cierto en sus declaraciones a nivel preliminar e investigación preparatoria ha manifestado que efectivamente que el coacusado le ha hecho entrega del proyector se tiene que tomar en cuenta que fue obligado a firmar el acta de intervención como el acta de visualización del teléfono; y que el Juez solamente ha resultado en base a unas deducciones, que no tienen prueba objetiva para acreditar los hechos. ---------------------------------------Análisis de las pretensiones impugnatorias.2.8.- Que en la sentencia apelada se tiene por acreditada la existencia del delito de hurto agravado, extremo respecto al cual la defensa del imputado Medina Agreda no ha efectuado ningún cuestionamiento, habiendo centrado su im- pugnación sólo respecto a la autoría, sosteniendo que no se ha acreditado que su patrocinado haya sustraído el proyector; por lo que el reexamen se centra- ra solo respecto a este extremo. Y del análisis de la sentencia materia de grado se aprecia que esta se sustenta en las siguientes pruebas: a) La testimonial de Heidy Isabel Mego Meregildo quien ha sostenido en juicio oral que el día cuatro de julio del dos mil ocho cuando ella estaba de cuartelera en la Escuela de Oficiales de esta Ciudad, en horas de la noche, el acusado le dijo que iba a retirar un maletín negro con ropa sucia, el mismo que entregó a una persona que estaba en un auto azul; b) La

declaración del testigo de referencia Rafael

Horna Moreno, quien ha sostenido en juicio oral que un oficial le contó que el imputado Medina Agreda había aceptado haber sustraído el proyector y para ello le dieron facilidades para recuperarlo, por lo que cuando ya tenían el proyector en un taxi, llegó la policía y el estuvo presente cuando fue interve- nido el acusado Espejo Sandoval; c) El acta de intervención policial y acta de registro personal, que ha sido objeto del debate probatorio en juicio oral, del que se desprende que en efecto el día trece de julio del 2008, a las 15.20 horas personal policial intervino al imputado Espejo Sandoval en posesión del pro- yector de la agraviada, a bordo de un vehículo taxi, de color azul conducido por Abel Rodríguez Rojas; lo cual aunado al acta de visualización de teléfono celular con lo cual se acredita la comunicación telefónica que han tenido los acusados, antes de la intervención policial; y de igual manera el vínculo de amistad, que ha sido admitido por parte de Espejo Sandoval a pesar de haber- lo negado el imputado Medina Agreda, han generado la convicción respecto a la culpabilidad de los acusados. 2.9.- Por lo que habiéndose analizando en conjunto las pruebas y en virtud al principio de unidad de pruebas, se determina que el Juzgado unipersonal ha realizado una adecuada valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo presentados por la fiscalía, los mismos que han sido actuados en audiencia de juicio oral, llevándose a cabo un trámite adecuado del proceso penal, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como señala el Profesor San Martín, “es fundamental para la efectividad de la contradicción y consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación”157, por tal razón, este superior jerárquico establece que la sentencia condenatoria venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales; además como ha quedado establecido las pruebas actuadas y debidamente valoradas han sido suficientes para sustentar la teoría del caso del representante del Ministerio Público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.10.- De esta manera ha quedado acreditado fehacientemente la comisión del deli- to de Hurto Agravado y Receptación, así como la culpabilidad de los acusados, por lo que habiéndose desvanecido la presunción de inocencia prevista en el artículo II del Código procesal penal con la suficiente actividad probatoria de carga obtenida y actuada con la debidas garantías procesales, la sentencia apelada que contiene una pena que guarda correspondencia con el injusto

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cometido, con relación al imputado Medina Agreda debe de ser confirmada.--------------2.11.- Con relación a la pena impuesta al acusado José Manuel Espejo Sandoval, estando a la naturaleza del delito, que prevé una pena no mayor de tres años, siendo un agente primario esta deber ser fijada en forma razonable y propor- cional, por lo que estando a las facultades contenidas en el artículo 425 inciso 3 b) del CPP esta debe ser modificada. 2.12.- Que en la parte resolutiva de la sentencia se ha fijado el pago de 30 días multa al acusado Medina Agreda, a pesar de que el tipo penal no prevé esta pena y el Ministerio Público no ha requerido esta pena para este acusado sino para el acusado Espejo Sandoval, por lo que se ha incurrido en una causal de nulidad prevista en el artículo 150 d) del CPP, en este extremo. 2.13.- Que con relación a la reparación civil, si bien esta comprende la restitución del bien y la indemnización de los daños y perjuicios conforme lo establece el artículo 93 del Código penal, en el presente caso ha quedado acreditado con el acta de registro personal que se ha recuperado el bien, por tanto este extremo debe ser fijado en forma razonable debiendo existir proporcionalidad entre el perjuicio y el monto que por dicho concepto se fija, por lo que a juicio de este colegiado la suma fijada en mil quinientos nuevos soles resulta excesiva, por lo que debe ser regulada y fijada atendiendo a los glosados parámetros. III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experiencia, de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CONFIRMAR la Sentencia en el extremo que condena a Junior Alexander Medina Agreda, por la comisión del delito de Hurto Agravado, en agravio de la Escuela Técnica Superior de la PNP, a tres años de pena privativa de liber- tad, suspendida en su ejecución por el término de tres años, a condición que cumpla con las reglas de conducta fijadas. –



NULO el extremo en que se impone la pena de 30 días de multa que deberá cancelar el acusado Junior Alexander Medina Agreda a favor del Estado. - -----------------



CONFIRMAR la Sentencia en el extremo que condena a José Manuel Espejo Sandoval, por la comisión del delito de Receptación, en agravio de la Escuela Técnica Superior de la PNP y LA REFORMARON en el extremo del quantum, y le IMPUSIERON UN AÑO de pena privativa de libertad suspendida por el

mismo plazo, sujeto a las reglas de conducta fijadas en la apelada.



MODIFICARON la suma señalada como reparación civil la misma que la fijaron en la suma de UN MIL NUEVOS soles, que deberán pagar los sentenciados en forma solidaria a favor de la agraviada.



Y EJECUTORIADA que sea la presente devuélvase al Juzgado de origen. Actuó como Director de Debates y Ponente, el Juez Superior Walter Ricardo Cotrina Miñano.- - - - - - -- - - - - - - - - -

36. DIFAMACIÓN AGRAVADA – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL Nº: 2716- 2010-0-1601- JR- PE- 03 ASISTENTE : RENATO VARGAS YSLA QUERELLANTE : VÍCTOR PERALTA CHAVEZ QUERELLADOS : - GREGORIO CHAVEZ RONCAL - LUZ VIOLETA BURGOS CHAVEZ DELITO : DIFAMACION AGRAVADA PROCEDENCIA : TERCER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL IMPUGNANTE : QUERELLANTE ASUNTO : APELACIÓN SENTENCIA

SENTENCIA Resolución Número Quince. Trujillo, seis de Mayo de Dos Mil Once. VISTA Y OÍDA, en audiencia de apelación de sentencia, por los señores Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Su- perior Titular, Presidente de Sala y Directora de Debates), doctor OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA (Juez Superior Titular), doctor MARTÍN VIDAL SALCEDO SALAZAR (Juez Superior Supernumerario), en la que interviene como parte ape- lante el querellante Víctor Peralta Chávez, el mismo que ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, resolución número siete de fecha dos de Noviembre del año dos mil diez. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. La Sala Penal de Apelaciones conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el querellante, contra la sentencia (páginas ciento tres a ciento catorce), resolución número siete de fecha dos de Noviembre del año dos mil diez, a) en el extremo que CONDENA al querellado GREGORIO CHAVEZ RONCAL, como autor del delito contra el Honor en la modalidad de DIFAMACION AGRAVADA por Medio de Prensa, en agravio de VÍCTOR PE- RALTA CHAVEZ y le impone un año de pena privativa de libertad, suspendida por el mismo término, mas el pago de ciento veinte días multa y una repara- ción civil ascendente al monto de Diez Mil Nuevos Soles; asimismo, b) en el extremo que ABSUELVE a la co - querellada LUZ VIOLETA BURGOS CHAVEZ por el mismo delito mencionado. Debe precisarse que el querellado Gregorio Chávez Roncal solicitó se tenga por adherido a la apelación formulada por el querellante, sobre el cual recayó

la Resolución Número Diez que declaró Improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la sentencia. 1.2. Conforme se advierte del escrito de querella, el mismo que obra en los actuados en las páginas tres a trece, los querellados LUZ VIOLETA BURGOS CHAVEZ y GREGORIO CHAVEZ RONCAL en las fechas 20, 21 y 22 del mes de abril del año dos mil diez, emitieron declaraciones tanto por prensa escrita (Satélite, Industria, El Popular, La República, etc,.) como televisiva (Sol TV No- ticias), atribuyéndole al querellante conductas delictivas que han perjudicado su honor y reputación. El querellado Gregorio Chavez Roncal declaró en los diarios “La Industria” y “La República” en la fecha 21 de abril de 2010 que el re- currente es el presunto responsable del atentado ya que una vez tuvo discre- pancias con éste, y que por ello lo mandó golpear ya que lo cuestionó durante su gestión como Director Ejecutivo del Hospital Belén de Trujillo. Además, se ha puesto de conocimiento sobre el supuesto accionar delictivo del querellan- te, a la Televisora Canal SOL TV NOTICIAS, quienes en su edición matutina han difundido las declaraciones de los querellados en el que declaran que el año 2009, el recurrente cuando era aún Director del Hospital Belén – Trujillo, amenazó y pagó a una persona la suma de quinientos Nuevos Soles para pe- garle al querellado. Asimismo, el querellado Gregorio Chavez Roncal, el día 20 de Abril de 2010, en las noticias emitidas a las 7:00 A.M, vía televisiva, por el canal ya referido, hace alusión a la persona del querellante imputándole los mismos hechos y expresando que su carácter es violento, impulsivo y venga- tivo. Todos estos hechos difamatorios fueron transmitidos por medios de comuni- cación televisivos y prensa escrita escuchados por diferentes distritos de la provincia de Ascope, habiendo originado el desprestigio de su persona, des- honrándolo y desacreditándolo ante la opinión pública y ante el cuerpo mé- dico, político, afectando de esta manera su honor e intachable reputación, no sólo como persona sino como profesional médico. 1.3. Fundamentos del recurso impugnatorio de apelación: El Recurso de Apelación, interpuesto por el querellante Víctor Peralta Chavez que obra en las páginas ciento veintiuno a ciento veintisiete, solicita que se revoque la sentencia, en los extremos en que se absuelve de los cargos im- putados a la querellada Luz Violeta Burgos Chávez; se condena al querellado Gregorio Chávez Roncal a sólo un año de pena privativa de libertad suspen- dida y se le impone al pago de un reparación civil de diez mil Nuevos Soles a favor del querellante; en consecuencia deberá reformarse la apelada senten- ciando y condenando a la querellada absuelta se le imponga la pena de tres años de pena privativa de la libertad efectiva y al pago de 120 días multa, al querellado sentenciado se le incrementará la pena de uno a tres años de pena

privativa de la libertad efectiva, a ambos querellados condenándolos al pago de una reparación civil de s/. 80.000.00 Nuevos Soles de manera solidaria a favor del querellante. 1.3.1. Sobre el extremo que absuelve a la querellada.El apelante sustenta ante esta Superior Sala, que existe una incongruencia entre los fundamentos y la parte resolutiva de la sentencia, ya que justifica el accionar doloso de la querellada de dañar la reputación del agraviado, amparándola en su calidad de ama de casa y grado cultu- ral, pese a que existe prueba de las declaraciones dañosas de su parte ante SOL TV NOTICIAS, las mismas que son proferidas con conocimien- to y voluntad de dañar la reputación del querellante, por lo tanto, el Ad quo emite una sentencia que no se encuentra fundada en elementos suficientes que la justifiquen, es decir no existe congruencia entre los fundamentos y la parte resolutiva de la sentencia, además existe abun- dante material probatorio que acredita lo expuesto. 1.3.2. Sobre la condena del querellado Gregorio Chávez Roncal a sólo un año de pena privativa de libertad suspendida.En este sentido, el apelante, se basa en el actuar doloso del querellado, pues de las pruebas se colige que éste actuó con dolo y animus difamandi. Asimismo, refiere que se le acusa de hechos delictivos que no son ciertos, por lo que existe, además, calumnia, pues manifiesta que el querellado y su pareja, la querellada, han vertido acusaciones falsas y no sólo eso sino que las han puesto de conocimiento a la televisora regional Canal Sol TV Noticias, la misma que ha difundido dichas decla- raciones. Además, manifiesta que el querellado declaró ante el canal televisivo aludido que él tiene un carácter violento, impulsivo y vengativo, lo que no se justifica, además de haberle hecho otras falsas imputaciones, las mismas que hicieron con la querellada ante ese medio televisivo. Con esto se configura una comisión dolosa de su actuar. Refiere que la conducta reprochable e irresponsable de los querellados, ha provocado una inestabilidad emocional en su persona como en su fa- milia, así como el descrédito personal y profesional, lo mismo que pone en riesgo su futuro como profesional médico; asimismo le ha generado gastos por concepto de honorarios profesionales del abogado que se encarga de su defensa en el presente proceso. Concluye que la recurrida no se encuentra fundada en elementos suficientes que permitan justificar la decisión judicial, es decir no existe una congruencia entre los fundamentos y la parte resolutiva de la

sentencia, toda vez que en caso concreto se ha concluido de las ac-

tuaciones procesales glosadas, acreditado el delito en la modalidad de Difamación Agravada, así como la responsabilidad penal del querellado. Hace referencia, además, el apelante que el querellado es reincidente en la comisión de este delito, según se ha acredita con el expediente, ya fenecido, Exp. N° 2007 - 04898 – 0 – 1601 – JR – PE, tratándose de una querella tramitada bajo la actuación del asistente de causas jurisdic- cionales Raúl Azabache Anhuamán, proceso que le siguió doña Wilma Esther Valle Rodríguez al ahora querellado. Por estos fundamentos, es que el apelante, solicita se reformule la pena privativa de libertad sus- pendida por un año, a tres años de pena privativa de la libertad efectiva, teniendo en cuenta la figura agravada del delito de difamación. 1.3.3. Sobre el monto impuesto por concepto de reparación civil.El apelante, refiere que la suma de S/. 10,000 Nuevos Soles, monto dinerario impuesto por concepto de reparación civil, es irrisoria, teniendo en cuenta el modus operando del querellado, quien abusando de su condición de trabajador del Hospital Belén, sindicalista, se desligó de la verdadera naturaleza de su trabajo. Asimismo, alude a que la reparación civil de acuerdo a nuestro ordena- miento penal, debe guardar relación y proporcionalidad al daño cau- sado, a los intereses de la víctima y debe indemnizar por los daños y perjuicios, y en caso de existir terceros civilmente obligados responsa- bles del hecho punible, efectuar el pago de la reparación civil en forma solidaria, de acuerdo al artículo noventa y cinco del Código Sustantivo; y en el caso de autos el honor del agraviado no tiene el valor de S/. 10,000 Nuevos Soles, por ello solicita que se revoque la sentencia y se reforme en este sentido, aumentando la suma reparatoria al monto de S/. 80.000.00 Nuevos Soles a pagarse en forma solidaria por los que- rellados Luz Violeta Burgos Chávez y Gregorio Chávez Roncal. 1.4. Fundamentos de la parte querellada. Según lo expuesto en la audiencia de Apelación, el abogado defensor de los querellados ha solicitado se revoque la sentencia en el extremo que condena al querellado Gregorio Chávez Roncal y que se confirme en cuanto absuelve a la querellada Luz Violeta Burgos Chávez, manifiesta que no existen medios probatorios que acrediten que los querellados haya cometido el delito de difa- mación agravada, pues, no se ha señalado de forma directa al querellante sino se ha mencionado al Director del Hospital De Belén, en este sentido se trata de una persona jurídica, por lo tanto no se ha mellado el honor ni la reputación. La actuación de los querellados deviene en una conducta atípica por la exis- tencia de una exceptio veritatis, se han referido al ejercicio de sus funciones y ha actuado como dirigente en defensa

pública.

1.5. Actuación probatoria en segunda instancia y hechos probados: Ante esta Instancia Superior, mediante Resolución N° 14, de fecha 11 de Abril de 2011, se admitieron nuevos medios de prueba consistentes en recortes pe- riodísticos del Diario “La Industria” de la fecha 22 de Octubre y 14 de Noviem- bre de 2010; los cuales fueron oralizados. 1.6. Interrogatorio de los querellados. Los querellados no han declarado en la audiencia de apelación. II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS: 2.1. PREMISA NORMATIVA: Los hechos que son materia del presente proceso penal, el denunciante las enmarca en el ilícito penal de Difamación, el cual se encuentra tipificado en el artículo 132º inc.3 del Código Penal, que prescribe: “ El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa … Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa.” 2.2. La doctrina explica la ratio iuris del derecho al honor, la que es analizada por el doctor Carlos Mesía (en su obra Exégesis del Código Procesal Constitucional, página 279), considera que “el honor en su proyección social, implica el deber moral y jurídico de valorar a la persona por las cualidades y virtudes que la distinguen de su obrar. Lo que él hace en beneficio suyo y de los demás se proyecta sobre el resto de las personas y exige del ordenamiento, del estado y la sociedad, reconocimiento, protección y respeto. Atentan contra el honor o la honra todas las conductas dirigidas a negar ese reconocimiento mediante gestos, dibujos o acciones. Estamos, pues, ante un derecho de inequívoco signo personalista, que se vincula de modo muy estrecho a la propia personalidad …”. 2.3. De la revisión de los actuados se desprende, en el caso concreto, que los que- rellados los días 20, 21 y 22 del mes de abril del año dos mil diez, emitieron declaraciones tanto por prensa escrita (Diarios Satélite, La Industria, El Po- pular, La República, etc,.) como televisiva (Sol TV Noticias), atribuyéndole al querellante conductas delictivas que han perjudicado su honor y reputación. El querellado Gregorio Chávez Roncal declaró en los diarios “La Industria” y “La República” en la fecha 21 de abril de 2010 que el recurrente es el presunto

responsable del atentado ya que una vez tuvo discrepancias con éste, y que por ello lo mandó golpear ya que lo cuestionó durante su gestión como Director Ejecutivo del Hospital Belén de Trujillo. Además, se ha puesto de cono- cimiento sobre el supuesto accionar delictivo del querellante, a la Televisora Canal SOL TV NOTICIAS, quienes en su edición matutina han difundido las declaraciones de los querellados en el que declaran que el año 2009, el recu- rrente cuando era aún Director del Hospital Belén – Trujillo, amenazó y pagó a una persona la suma de quinientos Nuevos Soles para pegarle al querellado. Asimismo, el querellado Gregorio Chávez Roncal, el día 20 de Abril de 2010, en las noticias emitidas a las 7:00 A.M, vía televisiva, por el canal ya referido, hace alusión a la persona del querellante imputándole los mismos hechos y expresando que su carácter es violento, impulsivo y vengativo. 2.4. Los hechos y conductas que perjudican el honor y reputación del querellante, con la actuación del querellado Gregorio Chávez Roncal ante la prensa, dando declaraciones sobre los acontecimientos de que fuera objeto en su domicilio, contenidos en el diario El Satélite y El Popular, los días veinte y veintiuno de abril y en el diario La República, están relacionadas con la entrevista que se propaló en el Canal Sol TV, en la atribuye hechos delictivos al ex director Víc- tor Peralta, y que desde su punto de vista podría ser el ex Director, pues como fue duramente cuestionado por su persona y por el gremio que representa y como tiene un carácter impulsivo y vengativo entonces quien más podría ser; de lo que se colige que le imputa al querellante la autoría del atentado que sufrió en su domicilio, hechos atribuido que revisten gravedad y que son co- metidos por personas al margen de la ley. Asimismo, respecto del argumento de defensa que lo vertido por el querellado ha sido en términos condicionales, resulta contrario por constituir un cargo concreto, al haber mencionado su nombre y apellido, después de mencionar que ostentaba el cargo de ex Direc- tor, además no se ha referido a la persona jurídica del Hospital de Belén sino a la propia persona del querellante. 2.5. En lo correspondiente a la Exceptio Veritatis que plantea la defensa de los querellados, en el Derecho Penal, artículo 134.1 del C.P., si el procesado por delitos contra el honor, demuestra la verdad de los hechos por él imputados, quedará exento de responsabilidad criminal, por tratarse de un caso de atipicidad, al referirse su aplicación a funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o a la comisión de faltas penales o infracciones administrativas. La exceptio veritatis constituye a efectos penales una causa de exclusión de la antijuridicidad, al ser la causa de exclusión de la pena en aquellos supuestos en que la Ley así lo establece y permite, en el caso de autos no procede ya que los hechos imputados al que- rellado no se relacionan con el desempeño de sus funciones como Director del Hospital de Belén, sino que consisten en acusaciones de hechos GRUPO EDITORIAL Lex &

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sos supuestamente cometidos por el querellante en agravio del querellado. Así se le sindica de haber pagado para que lo golpearan, así como de haber realizado un atentado en el domicilio de éste, todo esto ha sido declarado y difundido en prensa escrita como televisiva; y asimismo el querellado declara que el querellante tiene un carácter violento, impulsivo y vengativo. Todas estas acusaciones y características de la personalidad del querellante, nada tienen que ver con el desempeño de sus funciones en su calidad de funciona- rio público; por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, a su vez realizada la valoración de las pruebas actuadas en esta instancia, las que no resultan pertinentes por referirse a una publicación periodística relacionada con testimoniales que no han sido materia de actuación y el segundo artículo periodístico a hechos que no se refieren a la materia investigada, se ha llegado a determinar la responsabilidad del querellado. 2.6. Asimismo, es de aplicación el carácter vinculante establecido en el Acuerdo Plenario Nº 03-2006/CJ-116 que estable que “…Un primer criterio está re- ferido al ámbito sobre el que recaen las expresiones calificadas de ofen- sivas al honor de las personas. La naturaleza pública de las libertades de información y de expresión, vinculadas a la formación de la opinión ciudadana, exige que las expresiones incidan en la esfera pública -no en la intimidad de las personas y de quienes guarden con ella una personal y es- trecha vinculación familiar, que es materia de otro análisis, centrado en el interés público del asunto sobre el que se informa o en el interés legítimo del público para su conocimiento. Obviamente, la protección del afectado se relativizará -en función al máximo nivel de su eficacia justificadora cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de relevancia pública, quienes, en aras del interés general en juego, deben soportar cierto riesgo a que sus derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o informaciones de ese calibre -más aún si las expresiones importan una crítica política, en tanto estas se perciben como instrumento de los derechos de participación política-: así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Herrera Ulloa, del 2 de julio de 2004, …”158, habiéndose ya dado explicación que los hechos atri- buidos al querellantes no han incidido dentro de la esfera de su actuar como funcionario público y analizando si la conducta atentatoria contra el honor está justificada por ampararse en el ejercicio de las libertades de expresión o de información, los adjetivos calificativos-cualidades, hechos y conductas

158 PEÑA GONZALES, Oscar. “Los Precedentes Vinculantes”. Ed. APECC. 1era. Edición. 2009. p., 327

atribuidas, resultan desproporcionadas e injustificadas, aun cuando se trate de un personaje público, como el querellante, pues el querellado ha actuado con evidente falta de respeto a la dignidad humana. 2.7. En cuanto al cuestionamiento de la defensa del querellante sobre la aplicación de la pena privativa de libertad de un año con carácter de suspendida, impuesta al querellado Gregorio Chávez Roncal, el artículo 45 del Código Penal impone tomar como base de la pena, en primer lugar, las carencias sociales que hubiere sufrido el agente, así como su cultura y sus costumbres, y por otro lado, los intereses de la víctima, recogiendo en el primero de los criterios mencionados el llamado principio de culpabilidad o corresponsabilidad de la sociedad, y en segundo, se alude al grado de culpabilidad que cabe imputarle al autor en cuanto a su formación cultural y el refinamiento de sus costumbres nos llevan a un menor o mayor grado de reprochabilidad y de exigibilidad. Cabe señalar que para la determinación judicial de la pena, se debe tener en cuenta el Principio de Proporcionalidad, el cual sirve como guía y límite para que el órgano jurisdiccional se encargue de imponer una sanción concreta enmarcada dentro de los límites normativos. De esta forma, en la sentencia la juzgadora valora todas y cada una de las circunstancias concurrentes para determinar la sanción correspondiente a un hecho delictivo concreto, en este sentido, para determinar el marco legal concretoindividualización judicial, debe tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, a partir del conjunto de factores fijados por los artículos 45 y 46 del Código Penal antes señalado; que a estos últimos efectos es de asumir como criterio determinante una relación de proporcionalidad entre la entidad del injusto perpetrado y la culpabilidad por el hecho, que por cierto no es matemático sino sustentado en valoraciones de orden cultural y en consideraciones pre- ventivas, que desde luego no deben vulnerar las exigencias constitucionales representadas genéricamente por el principio de prohibición de exceso.159 En este sentido, teniendo en cuenta lo antes señalado, se verifica que la juzgado- ra, en el considerando Octavo, al establecer el quantum de la pena ha actuado en atención al principio de proporcionalidad y legalidad al momento de la determinación de la pena. 2.8. Siendo también pretensión del querellante, la condena de la querellada Luz Violeta Burgos Sánchez, es de advertir que en efecto no se ha demostrado el ánimo doloso por su parte, ni que el direccionamiento de sus palabras esté dirigido contra persona en particular, de lo que se desprende que no se han cumplido con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal materia de

159 R.Nº.Nº 1108-2004.

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investigación consistentes en la imputación directa sobre un hecho o cualidad que atente contra el honor del querellante, la difusión o publicidad de la im- putación y el ánimus injuriando o animus difamando, por lo que ante ello la Juzgadora Unipersonal ha realizado una debida valoración y motivación que conlleva a la absolución de la querellada,, conforme a los artículos 398 del CPP y art. 139.5 de la Constitución Política 2.9. Respecto al extremo materia de la apelación, consistente en el monto de la reparación civil de diez mil Nuevos Soles que a solicitud del querellante debe incrementarse hasta ochenta mil Nuevos Soles, se debe adoptar como premi- sa normativa, el Artículo 93° del Código Penal que establece el contenido de la reparación civil: ”La reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”. Asimismo, el artículo 93.2° del Código Penal establece que la reparación civil comprende la indemnización de daños y perjuicios, y en el presenta caso el objeto material del delito no importa un valor económico, no obstante lo previsto este Superior Colegiado considera que la juzgadora en el fundamento Noveno de la sentencia apelada, ha motivado la imposición de una reparación civil ascendente a la suma de diez mi Nuevos Soles, monto que está en función a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados, pues la indemnización cumple una función reparadora y resarcitoria de acuerdo a lo establecido por el artículo 93° y artículo 101° del Código Penal, siendo esto así, también debe confirmarse la sentencia en este extremo, precisándose que ante la solicitud de aclaración respecto del monto, por parte del querellado Chávez Roncal, mediante resolución número ocho de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, se declaró improcedente la solicitud de aclaración de la resolución número siete (sentencia apelada), en atención a que en la mencionada resolución, se aprecia de su contenido que el monto de la reparación civil es de diez mil Nuevos Soles, situación que se ve corroborada por la razón expedida por el Asistente de realización de audiencias. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, conforme a los artículos 394 y 399 del Código Procesal Penal, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo: 1)

CONFIRMA, la sentencia que: a)

CONDENA al querellado GREGORIO CHAVEZ RONCAL como autor del delito contra el Honor en la modalidad de DIFAMACIÓN AGRAVADA por Medio de Prensa, en agravio de VÍCTOR PERALTA CHAVEZ y le im- pone un año de pena privativa de libertad, suspendida por el mismo

término, mas el pago de ciento veinte días multa y una reparación civil ascendente al monto de Diez Mil Nuevos Soles; asimismo, b)

En el extremo que ABSUELVE a la co - querellada LUZ VIOLETA BUR- GOS CHAVEZ por el mismo delito mencionado; con lo demás que con- tiene.

2.- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. 3.- DEVUÉLVASE la presente causa a su Juzgado de Orígen para los fines de ley. Actuó como Juez Superior Ponente la Señora Doctora Lilly Llap Unchón de Lora.

37.

DIFAMACION – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE N° : 05844-2010-0-1601-JR-PE-09 ASISTENTE : JAINO ALONSO GRANDEZ VILCHEZ QUERELLANTE : MARIA TEREZA RODRIGUEZ TASILLA QUERELLADO : GLORIA MARUJA MENDOZA PELAES DELITO : DIFAMACIÓN PROCEDENCIA : 9° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO IMPUGNANTE : QUERELLANTE ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTITRES Trujillo, Once de Abril del año Dos Mil Doce. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN SEGUNDO RODOLFO ZAMORA BARBOZA (Juez Superior Titular) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Superior Titular); interviniendo como recurrente la querellante particular, María Tereza Rodríguez Tasilla, la misma que ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, resolución número seis de fecha seis de mayo del año dos mil once. I.-

INTRODUCCIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO: 01.- GLORIA MARUJA MENDOZA PELAES, identificada con DNI N° 17879962, nacida el catorce de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, de estado civil soltera y con domicilio real en Mz. “Q” Lote N° 26 del Asentamiento Humano Alan García, Distrito La Esperanza – parte baja, de esta ciudad. II.- PLANTEAMIENTO DEL CASO: PRETENSIÓN PUNITIVA: 02.- Mediante escrito de Querella obrante de fojas uno a cinco, la querellante particular María Tereza Rodríguez Tasilla, formula su pretensión punitiva, atribu- ción de hechos, petición de pena y calificación jurídica que ha continuación se indican:

HECHOS IMPUTADOS: 03.- Se imputa a la acusada que el día 05 de noviembre del 2010, a las 12:00 de la noche ingresó a la Cochera “San Agustín”, ubicada en el Pasaje Jorge Chávez N°120, de la Urb. San Nicolás, del distrito y provincia Trujillo, y sin motivación alguna agredió verbalmente a la querellante, calificándola con términos como prostituta, borracha, ratera, cachera. Todo ello en presencia de las personas que guardan sus vehículos en el establecimiento y vecinos del local. CALIFICACION JURÍDICA: 04.- Los hechos expuestos han sido tipificados por la querellante particular, quien debido a la calidad del presente proceso tiene las facultades y obligaciones correspondientes al Ministerio Público (artículo 462, inciso 3 del CPP), como delito contra el honor, en su figura de Difamación, previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 132 del Código Penal. PETICIÓN DE PENA: 05.- La querellante particular no ha hecho ningún pedido en este extremo, limi- tándose a solicitar se imponga como reparación civil la suma de S/. 15 000 (quince mil Nuevos Soles). PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 06.- La parte querellante solicita la revocatoria de la sentencia recurrida, basando su pedido en que el A quo no ha realizado una debida valoración del caudal probatorio actuado en el juicio oral; y que existe en el proceso suficiente material probatorio de cargo que establece la culpabilidad de la querellada. Asimismo, solicita que se declare nula la sentencia. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA: 07.- La querellada ha negado la realización de los actos imputados, conforme se aprecia del escrito de contestación obrante a folios ciento seis a ciento doce, y del audio del juicio oral; refiriendo que el día 05 de Noviembre fue intercep- tada por su ex conviviente Melanio Vicente Pardo Naves, quien le reclamaba porque lo había denunciado ante el Ministerio Público por el delito de Omi- sión a al Asistencia Familiar. Luego, apareció la querellante, quien sin ningún motivo empezó a agredirla física y verbalmente. PETICIÓN JURÍDICA DE LA DEFENSA: 08.- A su turno, la querellada solicita que se confirme la sentencia toda vez que en la expedición de la resolución recurrida se ha producido una adecuada valora- ción de las pruebas actuadas y que de estas fluye la atipicidad de la conducta objeto del presente proceso penal.

ITINERIARIO DEL PROCESO: 09.- Es materia de apelación la sentencia, resolución número seis de fecha seis de mayo del año dos mil once, que corre de folios ciento cuarenta y seis a ciento cincuenta y seis del expediente judicial, la misma que absuelve a Gloria Maru- ja Mendoza Pelaes de los cargos formulados por la querellante, María Teresa Rodríguez Tasilla, por la presunta comisión del Delito de Contra el Honor en su figura de Difamación. 10.- En la audiencia de apelación se actuó nueva prueba, se oralizaron las documentales consistentes en la copia de la contestación de demanda de prorrateo de Alimentos entre la Querellada y el convivientes de la Querellante Particular y copia de la cedula de notificación del Proceso Penal de Omisión a la Asisten- cia Familiar seguido contra Melanio Vicente Pardo Naves. No fue necesaria la declaración de las partes, por lo que como efecto de la apelación formulada, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida. III. CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 11.- Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y sancionado en el artículo 132° del Código Penal, el cual prescribe: “El que ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difun- dirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días multa.”… 12.- Con respecto al delito de DIFAMACIÓN se ha establecido que alcanza la perfección delictiva “cuando la atribución delictiva o la cualidad injuriante que profiere el agente, es objeto de conocimiento por parte de varias personas, reunidas o separadas; lo importante a todo esto es la idoneidad del medio para que el contenido de la información sea recepcionada por los desti- natarios; sin que sea necesario que el sujeto pasivo tome conocimiento de ello, esto es así en tanto, la afectación al bien jurídico no depende de que la víctima se entere de la información propalada, sino de que la informa- ción ofensiva lleguen a oídos del colectivo. El peligro del descrédito de la reputación se produce con la sola divulgación ante varias personas de la imputación difamatoria, escribe SALINAS SICCHIA. Existen casos en que el ofendido es el último en enterarse que se le ha difamado”160

160 SALINAS SICCHIA, R., citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl en “Derecho Penal –

Parte Especial”. Tomo I. Pp.343.

13.- En conformidad con lo anterior “El delito de difamación se distingue tres elementos concurrentes para configuración del mismo: a) la imputación de un hecho, calidad o conducta que pueda perjudicar el honor o reputa- ción de una persona; b) la difusión o publicidad de la imputación y, c) el animus injuriando o animus difamando, es decir el dolo consistente en la conciencia y voluntad de lesionar el honor mediante la propalación de la noticia por cualquier medio.”161. 14.- Queda determinado por tanto, que el tipo penal de difamación requiere para su comisión, que el querellado atribuya un hecho o conducta al querellante, que perjudique su honor o reputación, y que ello se realice ante un número plural de personas, sea por separado o conjuntamente. PREMISA FÁCTICA: 15.- Del escrito de querella se desprenden los hechos y circunstancias materia de la querella, se tiene que la querellada Gloria Maruja Mendoza Pelaes, el día 05 de noviembre del 2010, a las 12:00 de la noche ingresó a la Cochera “San Agustín”, ubicada en el Pasaje Jorge Chávez N° 120, de la Urb. San Nicolás, del distrito y provincia Trujillo, y sin motivación alguna agredió verbalmente a la querellante, calificándola con términos como “prostituta”, “borracha”, “ratera”, “cachera”, entre otros. Hechos que a entender de la querellante constituyen delito de difamación. VALORACIÓN PROBATORIA: 16.- Revisado el material probatorio actuado en juicio oral se advierte que la declaración del testigo Alex enrique Ávalos Calderón, constituye la prueba de cargo fundamental para la imputación de los hechos a la querellada, este tes- tigo refiere que el día viernes 05 de noviembre del año 2010, se encontraba físicamente en el lugar de los hechos, que la señora Gloria Maruja Mendoza Pelaes se encontraba también en el lugar aproximadamente a las 12:00 de la noche, que es cierto que la señora Gloria Maruja entró al local insultando a la querellante, diciéndole “prostituta”, “borracha”, “cachera”, produciéndose en- tre ellas una discusión. Sin embargo, esta prueba testimonial al ser analizada conforme las reglas de la valoración establecidas en el acuerdo plenario sobre “Requisitos de la Sindicación de Coacusado, Testigo o Agraviado” 162, no satis- face un requisito fundamental para su plena validez, específicamente, desde la perspectiva objetiva se requiere que el relato incriminado esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias, lo que en el presente caso no se ha acreditado.

161 R.N. N° 3357-2002 La Libertad 162 ACUERDO PLENARIO N° 2-2005/CJ-116.

17.- Sin perjuicio de lo establecido en el considerando anterior, de la declaración referida, se desprende que el testigo Alex enrique Ávalos Calderón era la úni- ca persona que se encontraba en el lugar, ergo no se satisface el requisito objetivo de que la comunicación de los hechos infamantes se realice a varias personas, deviniendo la conducta en atípica, siendo innecesario realizar jui- cios de antijuricidad y culpabilidad. 18.- Los demás medios probatorios actuados en el juicio oral, que son: La Declaración del testigo Alex Enrique Ávalos Calderón; copia del Acta de aplicación del Principio de Oportunidad de fecha 09 de febrero del año 2011, respecto al pago de liquidaciones alimenticias devengadas a cargo de Melanio Pardo Naves; Resolución de Gobernación Número 019-2011-IN-508/G-LLIB de fecha 04 de enero de 2001, sobre garantías personales solicitadas por la querellante; copia del Acta de Audiencia de fecha 29 de noviembre de 2010 recaída en el expediente numero 1146-2010, sobre otorgamiento de garantías a la querellante; Solicitud de Garantías Personales presentada con fecha 09 de noviembre de 2010 por la querellante; Acta de Denuncia Verbal S/N-10-CPNP-EA de fecha 10 de noviembre de 2010, presentada por la querellante; copia de la Resolución expedida por a Primera Fiscalía Provincial de Familia con fecha 02 de octubre de 2009, sobre violencia familiar instaurada por la querellada contra Melanio Pardo Naves; copia de la Resolución expedida por el Octavo Juzgado de Paz Letrado Expediente N° 592-2010, sobre proceso de faltas presentada por la querellante, por los mismos hechos y Memorial de fecha 09 de marzo, firmado por vecinos de la querellada. No constituyen elementos probatorios conducentes a acreditar la responsabilidad penal sobre el hecho imputado, y lo único que permite inferir son las constantes disputas entre la querellante, su conviviente, Melanio Pardo Naves, y la querellada existen continuas disputas. 19.- Que, conforme ha sido establecido por la jurisprudencia nacional “Son supuestos para la emisión de una sentencia absolutoria, la que es incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia o la invocación del principio indubio pro reo o cuando existe duda razonable respecto de la responsabilidad pe- nal del procesado; que, el primer supuesto está referido al derecho funda- mental que crea a favor de los ciudadanos el derecho de ser considerado inocentes mientras no se presente prueba suficiente para destruir dicha presunción; que el segundo supuesto se dirige al juzgador como una nor- ma de interpretación para establecer que en aquellos casos en los que se ha desarrollado una actividad probatoria normal; si las pruebas dejaren duda en el ánimo del juzgador, se debería por humanidad y por justicia absolver a los encausados”163. Ello, en concordancia con lo instituido en el

163 R.N. N° 3351-2004 PUNO

Articulo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal: “Toda persona im- putada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declara- do su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales”. Siendo que del exa- men de lo actuado se advierte que no existe suficiencia probatoria o elemen- tos de cargo que permitan generar la convicción necesaria para enervar la presunción constitucional de inocencia que ampara a la querellada. 20.- Finalmente, esta Sala Superior al realizar el análisis de la causa venida en gra- do, concluye que no se encuentra acreditada la responsabilidad penal de la encausada Gloria Maruja Mendoza Pelaes, puesto que en juicio oral no se ha actuado prueba concluyente que demuestre que la acusada cometió el delito de Difamación, por tanto el fallo ha sido emitido respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial. 21.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien la defensa de la querellante ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia emitida en primera instancia, ha de tenerse en cuenta que este recurso ha sido inter- puesto en virtud al derecho de instancia plural consagrado en el articulo 139 de la Constitución Política y por el artículo 106 del Código Procesal Penal, por lo que debe eximírsele del pago de costas IV.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experien- cia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1.- CONFIRMAR la Sentencia, resolución número seis de fecha seis de mayo del año dos mil once, que corre de folios ciento cuarenta y seis a ciento cincuenta y seis del expediente judicial, la misma que absuelve a Gloria Maruja Mendoza Pelaes de los cargos formulados por la querellante, María Teresa Rodríguez Tasilla, por la presunta comisión del Delito de Contra el Honor en su figura de Difamación. 2.- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas.

38.

INJURIA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE QUERELLADOS

: 00418-2010-0-1601-SP-PE-01 : MANUEL SUAREZ NINAQUISPE ELADIO COTRINA PAREDES DELITO : INJURIA QUERELLANTE : ERNESTO GONZALO VÁSQUEZ CORREA APELANTE : QUERELLANTE ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, Veinticinco de Octubre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Presidente), WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Director de debates) y OS- CAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA, por inhibición del Juez Supernumerario, Carlos Aurio Prado Muñoz, quien integra la Sala por licencia del Juez Superior Víctor Raúl Malca Guaylupo.- - - - - - - - - - - - - I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Que, viene en apelación la sentencia que absuelve a los querellados Manuel Suarez Ninaquispe y Eladio Cotrina Paredes, como autores del delito contra el honor, en la modalidad de injuria y difamación por medio de comunicación social, en agravio de Ernesto Gonzalo Vásquez Correa. 1.2. El abogado del querellante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que se revoque la sentencia y se condena a los querellados, por considerar, que el considerando sexto de la sentencia emitida es errónea. 1.3. Que, por su parte el abogado de los querellados solicita que se confirme la sentencia por considerar que ha sido emitida con arreglo a los actuados y no habiéndose producido hechos dolosos, no se ha afectado ningún bien jurídico protegido, por lo que no existe delito. 1.4. Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las par- tes no solicitaron la oralización de piezas procesales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - --------------------------

II.

CONSIDERANDOS:

A.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.- Que, el delito de injuria está regulado en el Artículo 130 del CP que prescribe: El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jor- nadas o con sesenta a noventa días-multa. 2.2.- El delito de difamación previsto en el artículo 132 del Código Penal establece: El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pue- da difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa. (…)Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro me- dio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa. 2.3.- Que, Según Peña Cabrera Freyre: Primero, el “honor” es un atributo propio del ser humano, que emana de la “dignidad”, que le viene dado por su condi- ción de persona, por lo que dicho derecho subjetivo no puede ser negado por consideraciones de orden social, económico, cultural, etc.; segundo, el honor es un bien jurídico que adquiere grados de desarrollo, que tienen que ver con la realización del individuo como persona en un determinado sistema social, conforma va obteniendo determinados logros personales, proyectos profesio- nales, grados jerárquicos (funcionales, optimización académica, etc.), va ad- quiriendo un reconocimiento social (reputación), que puede verse seriamente menoscabado cuando se propala un juicio de valor ofensivo o la presunta comisión de un delito, lo que en todo caso, incide en el grado de afectación al bien jurídico, no en cuanto a la relevancia jurídico-penal de la conducta. 164 2.4.- Que, en el acuerdo plenario Nº03-2006 CJ-1166 de las salas penales de la Corte Suprema, de fecha trece de octubre de 2002, se ha señalado que “Los artículos 130° al 132° del Código Penal instituyen los delitos de injuria, difamación y calumnia como figuras penales que protegen el bien jurídico honor. El honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son ne- cesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la conciencia y el sentimiento

164 Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre. Derecho Penal- Parte Especial. Tomo I. Editorial Moreno

S.A. Febrero 2010. Lima-Perú. Pág. 329.

que tiene la persona de su propia valía y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos [en igual sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia número 0018-1996AI/TC, del 29.4.1997, que hace mención al honor interno y al honor externo, y llega a decir que la injuria, a diferencia de la difamación y la calumnia, sólo inciden el honor interno, que es muy subjetivo]. Este bien jurídico está reconocido por el artículo 2°, numeral 7), de la Constitución, y constituye un derecho fundamen- tal que ella protege, y que se deriva de la dignidad de la persona – constituye la esencia misma del honor y determina su contenido-, en cuya virtud los ata- ques al honor son ataques inmediatos a la dignidad de la persona. Su objeto, tiene expuesto el Tribunal Constitucional en la sentencia número 2790-2002- AA/TC, del 30.1.2003, es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión e información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva” B.

FUNDAMENTOS FACTICOS.-

De los hechos objeto de la querella 2.5.- En la sentencia apelada se ha precisado que los hechos y circunstancias objeto de la querella consisten en lo siguiente: A) Los querellados con fecha 5 de octubre del años dos mil ocho, hicieron circular en todo el distrito de Pueblo Nuevo un pasquín en el que se atribuyen ser socios de la CAT Tahuantinsuyo Lta. y luego mencionan en términos injuriosos y difamatorios que:”...nuestra organización campesina ha luchado incesantemente por más de quince años contra cuatro socios traidores de nuestra sociedad, Ernesto Gonzalo Vásquez Correa…una serie de argucias mal intencionadas, por cierto ilegales, para des- conocer nuestro legítimo derecho y de esta manera apropiarse de nuestra tierra. Utilizando el adjetivo de traidor atribuido a su persona. Asimismo: “El grupo antes mencionado dirigido por Ernesto Gonzalo Vásquez Correa, du- rante más de tres quinquenios, han usufructuado cuantiosas cantidades de dinero de la producción de nuestras tierras y del arrendamiento de otra par- te… Gonzalo Vásquez y su grupo cada vez que se moría un socio hacía fiesta e implícitamente decía: que queda uno menos para ganar la batalla(…) cambiaron el nombre de nuestra sociedad con la intensión de borrar la existencia de nuestra cooperativa y apropiarse de nuestro legítimo derecho… han venido disponiendo y saqueando los recursos de nuestra cooperativa”. B)

Con fecha tres de marzo del año de dos mil nueve los querellados efec- tuaron una publicación en la página tres del diario “Ultimas Noticias”, en la que Manuel Suarez Ninaquispe afirma que ha perdido su condición de socio y que se encuentra tramitando ilegalmente el

proceso judicial de convocatoria a asamblea general de asociados, y el querellado Eladio

Cotrina Paredes afirma que los actuales representantes de la Cooperativa se han dedicado a alquilar las tierras de la misma y vivir de ellas. C)

Con fecha dieciocho de septiembre del año dos mil nueve, los querellados hacen circular un pasquín, esta vez firmando por ellos mismos, en el que vierten una serie de injurias y difamaciones en contra del querellante, como: Don Ernesto Gonzalo Vásquez Correa… en el colmo en su senitud por dilatar tiempo para seguir cometiendo sus fechorías, ha apelado a la Corte Superior de Justicia de La Libertad (…) por lo que tendrá que responder por la traición, por lo daños y perjuicios que por diecisiete años, consecutivos a causado a nuestra cooperativa (…) deploramos de manera categórica los actos desleales, ambiciosas, ca- lumniosas y malintencionados perpetrados por don Ernesto Gonzalo Vásquez Correa, hechos ilegales que nos viene causando graves daños sociales, psicológicos, materiales y económicos”.

D)

Finalmente, Suárez Ninaquispe efectúa una publicación en la página dos del diario “Ultimas Noticias” en la que sostiene que Vásquez Correa sin autorización del pleno decidió cambiar la razón social de la coope- rativa y desde hace diecisiete años viene cobrando por el alquiler de trescientas hectáreas de un total de quinientos treinta y un hectáreas que dispone la Cooperativa para la siembra de arroz.

De los fundamentos de la sentencia. 2.6.- En la sentencia apelada se sostiene que si bien el contenido de los pasquines contienen frases injuriantes y difamatorias contra el querellante no se ha acreditado fehacientemente su autoría, ya que en dicho anónimo se ha consignado Cooperativa Agraria de Trabajadores Tahuantinsuyo Limitada en donde no aparece ni los nombres ni las firmas de los querellados, además que tampoco su contenido ha sido sometido a reconocimiento en el debate proba- torio; en cuanto al documento con fecha 18 de septiembre de dos mil nueve, que si bien aparecen nombres y firmas, tampoco se ha acreditado que dichas firmas correspondan a los querellados, ya que no se solicito su reconocimien- to en cuanto a la firma y al contenido en el debate probatorio en la audiencia, máxime si se trata de una copia simple y los querellados han negado ser auto- res del delito; respeto a la publicación del día martes 3 de marzo de 2009 en del diario “Ultima Noticia” señala que al efectuar un análisis se constata que se trata de una afirmación genérica en la que el querellado vierte una opinión sobre un proceso judicial y la labor del juez del caso, careciendo de contenido injuriante o difamatorio que afecte el honor del querellante; en cuanto a la publicación en el diario “Ultima Noticia” de fecha 28 de septiembre de 2009 el texto atribuido al querellado Suárez Ninaquispe, carece de contenido inju- riante o difamatorio, tomando del contexto del que se vierte, aparecen como

denuncia pública y opinión del querellado, sobre presuntos hechos suscitados en la gestión del Presidente de la aludida Cooperativa, críticas, opiniones o denuncias públicas de las que no están exentas las personas representativas o directivas de cualquier entidad sea pública o privada. Delimitación de la pretensión del impugnante. 2.7.- La abogada del querellante, solicita que se revoque la sentencia, sosteniendo que en el acápite sexto de la sentencia se ha considerado que los hechos y la autoría no han sido acreditados; sin embargo los documentos presentados han acreditado la autoría tales como: la publicación de fecha 3 de marzo de 2009 en donde el periodista menciona el nombre de Manuel Suarez, el documento del anexo 1-h en donde consta las firmas de los querellados, que si bien en este documento no se ha realizado una pericia, jamás se ha negado la au- toría; asimismo en la publicación del 28 de septiembre de 2009 el periodista del diario da fe que los querellados han sido quienes han dado esa entrevista, además el abogado ha aceptado la autoría de sus patrocinados respecto a los documentos, aceptación que los querellados no han refutado. Análisis de la pretensión impugnatoria del sentenciado. Con relación al delito de Injuria. 2.8.- Que, en el acuerdo plenario Nº03-2006/CJ-1166 se ha establecido lo siguiente:“El honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos [en igual sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia número 00181996- AI/TC, del 29.4.1997, que hace mención al honor interno y al honor externo, y llega a decir que la injuria, a diferencia de la difamación y la calumnia, sólo inciden en el honor interno, que es muy subjetivo..” por lo tanto, siendo que el bien jurídico tutelado en el delito de injuria, es el honor interno de la perso- na, al que algunos autores denominan el honor subjetivo; se requiere que el autor de forma directa “…ofenda o ultraje a otra…con palabras, gestos o vías de hecho”. Y en el caso de la difamación, el bien jurídico tutelado es el honor externo, al que algunos autores denominan honor objetivo; el que se vulnera o afecta cuando el autor “… ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación…”.

2.9.- Que el querellante ha sostenido que los querellados, han hecho circular en el Distrito de su domicilio documentos con contenidos injuriosos y han efectua- do una publicación de sus declaraciones en un diario, con similar contenido. Que, sin hacer un mayor análisis del contenido de las expresiones o declara- ciones de los querellados, en esta clase de delitos, como se ha precisado, se requiere que el autor en forma directa ofenda o ultraje a otra con palabras, gestos, etc.; forma que no concurre en este caso, en el que las expresiones que el querellado considera afectante a su honor no han sido expresadas en forma directa al querellado, sino a través de medios de comunicación o difu- sión; razón por la que este Colegiado estima que la conducta atribuida a los querellados no se adecua a la figura típica, al no concurrir haberse producido las ofensas en forma directa, por lo que debe absolvérseles a los querellados, por este delito. Del delito de difamación. 2.10.- Que analizando el documento, que obra a folios 24, denominado Boletín Informativo Número 03 – 2008, de fecha 05 de Octubre del 2008, de la Comisión de Defensa, se aprecia que mediante este documento, se le atribuye al querellante determinadas cualidades y conductas como el de haberse aseso- rado por tinterillos de baja calaña para apropiarse de las tierras, usufructuado cuantiosas cantidades de dinero de la producción de las tierras , con la com- plicidad de algunas autoridades corruptas que le otorgaron ilegalmente nueva personería, con cuyo reconocimiento han venido disponiendo y saqueando los recursos de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Tahuantinsuyo Limita- da; sin embargo, se aprecia que en juicio oral, los querellados han negado ser autores de los delitos que se les imputan y el querellante no ha aportado nin- gún medio de prueba que acredite la conducta ilícita de los querellados, con- sistente en haber hecho circular por todo el Distrito tal documento; por lo que la sola imputación del querellante, quien sostiene conflictos judiciales con los querellados, no corroborada con medio de prueba idóneo resulta insuficiente para vulnerar el principio de presunción de inocencia de los querellados. 2.11.- Que, en igual sentido, con relación al documento denominado Cooperativa Agraria de Trabajadores Tahuantinsuyo Limitada – Pronunciamiento de fecha 18 de setiembre del 2009, del folio veintiséis, que aparece suscrito por los querellados, se aprecia que se trata de una copia xerox y si bien el querellante le atribuye a los querellados haber hecho circular este documento por todo el Distrito; tampoco ha acreditado estas imputaciones, desde que los querellados han negado ser los autores y el querellante no ha ofrecido medio de prueba idóneo que corrobore sus imputaciones. Además, de la revisión del audio de lo acontecido en la audiencia de juicio oral, en esta, en ningún momento la defensa de los querellados ha admitido o aceptado haber hecho

circular dichos documentos, como lo ha sostenido la abogada del querellante en su alegato en esta instancia. 2.12.- Con relación a las declaraciones de los querellados, publicadas en el Diario Ultimas Noticias, de fecha Martes 03 de marzo del 2009, página 3 se aprecia que en ella los querellados expresan los pormenores del proceso judicial y las sentencias recaídas en el conflicto que tienen entre socios de la Cooperativa Tahuantinsuyo e indican “que no es justo que nuestras tierras estén en poder de unos cuantos, que se dedican a alquilarlas y a vivir de ellas. Que se entere la comunidad de los problemas de la Cooperativa”. Este colegiado estima que estas expresiones, además de tener un contenido informativo como expre- samente se indica en esa declaración, son genéricas, como se ha precisado en la sentencia apelada; es decir en estas no se identifica o individualiza a la persona a quien se le atribuye tal calidad o conducta; lo cual impide conocer en forma concreta y específica a la víctima o persona perjudicada por las afir- maciones de los querellados, que por lo demás también es un presupuesto para la configuración del delito de difamación; y ante su inconcurrencia es de estimarse que la conducta atribuida a los querellados resulta atípica. 2.13.- Que respecto a las declaraciones expresadas por el querellado Suarez Ninaquispe, contenidas en el indicado diario, de fecha 28 de setiembre del 2009, en la página 2, se aprecia que el querellado declara sobre un proceso judicial de nulidad de acto jurídico, que en las tres instancias le han dado la razón y afirma: “ que el querellado sin autorización del pleno decidió cambiar la razón social de la cooperativa y desde hace 17 años viene cobrando por el alquiler de 300 hectáreas de un total de 531 has que dispone la cooperativa… y que Vásquez sigue conduciendo las tierras de la cooperativa, arrendadas a terceras personas. Se ampara en una apelación ante la Corte Superior de la Libertad”. Del contenido de estas declaraciones se aprecia que estas han sido expresadas, también en un contexto informativo respecto al proceso judicial que sostienen las partes como socios o partes interesadas en la Cooperativa o Empresa Tahuantinsuyo y no contienen ninguna atribución de calidad o conducta que pueda afectar el honor del querellado, desde que en ella se indica que el querellante se ampara, se entiende para conducir las tierras, en una apelación ante la Corte Superior. Por tanto esta conducta atribuida a los querellados tampoco se adecua a la estructura normativa del tipo penal que prescribe el delito de difamación. 2.14.- Por estas consideraciones, este colegiado estima que el Juez Unipersonal ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios actuados en audiencia de juicio oral, por lo que la senten- cia absolutoria materia del grado que se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, debe ser confirmada. --

III. RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

CONFIRMAR sentencia que absuelve a los querellados Manuel Suarez Nina- quispe y Eladio Cotrina Paredes, como autores del delito contra el honor, en la modalidad de Injuria y difamación por medio de comunicación social, en agravio de Ernesto Gonzalo Vásquez Correa, con lo demás que contiene. - - - --------------------------------------



EJECUTORIADA que sea la presente DEVUELVASE al Juzgado de origen. Actuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39. INJURIA Y DIFAMACION EXPEDIENTE : Nº 2009-00721-0-1601-SP-PE-1 QUERELLADO : EDINSON SALUSTIO GUEVARA ROMERO DELITO : INJURIA Y DIFAMACION QUERELLANTE : MARA ANA BERECIC ACOSTA IMPUGNANTE : QUERELLANTE PROCEDENCIA : CUARTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO. ASUNTO : APELACION DE EXTREMO DE SENTENCIA

SENTENCIA Trujillo, trece de Enero Del año dos mil diez.VISTA Y OIDA; La audiencia de Apelación de Sentencia condenatoria, por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VICTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Director de debates y ponente). I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

01.- Que, viene el presente proceso penal en apelación de la Resolución N° 10, de fecha 24 de agosto de 2009, que contiene la sentencia que absuelve al querellado Edinson Salustio Guevara Romero por el delito de injuria en agravio de Mara Ana Berecic Acosta y reserva el fallo condenatorio a Edinson Salustio Guevara Romero, por el delito de Difamación Agravada, por medio de la pren- sa, en agravio de la citada querellante, por el plazo de un año, sujeto a reglas de conducta y al pago de dos mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de la querellante. 02.- La parte apelante, esto es la querellada, en la audiencia de apelación ha preci- sado que la apelación ha sido interpuesta contra la sentencia: a) en el extremo que se le absuelve al querellado por el delito de injuria y solicita que esta sea revocada; y b) en el extremo que se le fija como reparación civil al querellado, por el delito de difamación agravada, la suma de dos mil nuevos soles y tenien- do en cuenta que ha solicitado la suma de trescientos mil nuevos soles solicita una suma acorde a los daños ocasionados; respecto al primer extremo indica que el querellado acepta la información del audio que iban más allá del tema de funcionaria pública de su patrocinada, iba al tema personal; y si su patro- cinada escucho o no escucho el programa eso no es suficiente puesto que el delito se configura conforme al artículo 130, no necesariamente tiene que ser vertido directamente para ser escuchado por la agraviada, sino que puede hacerse a través de otras personas, no es necesario que se le haya dicho a ella

o que escuche la noticia; ha afectado el honor y se ha determinado el animus injuriandi; y respecto al segundo extremo, sobre la reparación civil fijada en dos mil nuevos soles tanto la norma y jurisprudencia habla de un proporcio- nalidad del daño ocasionado, se está hablando del honor de una persona, el honor ha sido mellado públicamente, ha sido escuchado por miles de perso- nas ha sido desprestigiada como persona, como sicóloga, en su condición de terapeuta, como cónyuge, como mujer y como funcionaria pública; lo que le ha llevado a presentar su renuncia; solicita y pide una suma que parcialmente cubra el honor de la persona pública y los daños y perjuicios ocasionados a la agraviada. 03.- A su turno, la parte querellada indica que respecto al delito de injuria, como todo delito requiere dos elementos objetivo y subjetivo, esto es el dolo y el animus de injuria a la querellante, lo cual no se ha acreditado; por cuanto lo que su patrocinado ha hecho es difundir y denunciar la conducta funcional de una funcionaria judicial como gerente de la oficina de derechos humanos; ha cometido una serie de abuso cuyas denuncias se le hacía llegar a su patroci- nado en su facultad de informar hechos reales y ciertos; y sobre la reparación civil esta debe ser de acuerdo al daño causando en este caso no se ha causado un daño, el expresar una noticia se está dando una información y si la quere- llante ha renunciado a su cargo se debe a todos los procedimientos sanciona- dores y a quejas de los trabajadores de la municipalidad, por tanto no existe nexo casual entre hecho y resultado; por lo que la petición de la querellante es exagerada y desproporcional, por lo que solicita que se confirme los extre- mos apelados, esto es que se le absuelva del delito de injuria y se confirme la reparación civil. 04.- Que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asu- me competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia en los extremos recurri- dos. II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISA NORMATIVA 05.- Que el delito de injuria de conformidad con el artículo 131 del Código Penal se configura cuando el sujeto agente ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho y será reprimido con prestación de servicios comunitarios de diez a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa díasmulta” 06.- El delito de injuria se configura cuando el sujeto activo ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, lo que significa que el medio empleado es la palabra dicha, esto es que se requiera una acción, vale decir la realización de un acto en sí, ultrajante. La ofensa puede también producirse GRUPO EDITORIAL Lex &

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mediante lo que en doctrina se llama injuria real, caracterizada por gestos o cualquier otro signo representativo de un concepto o idea ultrajante. Las Vías de hecho, en cambio, son las conductas que se exteriorizan por movimientos corporales165. 07.- Que en el acuerdo plenario Nº03-2006 CJ-1166 de las salas penales de la Corte Suprema, de fecha trece de octubre de 2002, se ha señalado que “Los artículos 130° al 132° del Código Penal instituyen los delitos de injuria, difamación y calumnia como figuras penales que protegen el bien jurídico honor. El honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimita- ción depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momen- to histórico, pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos [en igual sentido se ha pronunciado el Tribu- nal Constitucional en la sentencia número 0018-1996-AI/TC, del 29.4.1997, que hace mención al honor interno y al honor externo, y llega a decir que la injuria, a diferencia de la difamación y la calumnia, sólo inciden el honor interno, que es muy subjetivo]. Este bien jurídico está reconocido por el artículo 2°, numeral 7), de la Constitución, y constituye un derecho fundamental que ella protege, y que se deriva de la dignidad de la persona – constituye la esen- cia misma del honor y determina su contenido-, en cuya virtud los ataques al honor son ataques inmediatos a la dignidad de la persona. Su objeto, tiene expuesto el Tribunal Constitucional en la sentencia número 2790-2002-AA/ TC, del 30.1.2003, es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la hu- millación, ante si o ante los demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión e información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva” 08.- Respecto a la pretensión resarcitoria planteada, tenemos que todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también da lugar al surgimiento de la responsabilidad civil por parte el autor, es por ello que en aquellos casos en que la conducta del agente ocasione un daño repara- ble, corresponde fijar junto con la pena el monto de la reparación civil. En con- secuencia, su determinación y cuantificación debe guardar proporción con el

165 Caro Jhon, José Antonio; “Diccionario…”, op.cit.pág. 198. Citando el Exp. N° 4465-98-Lima, Ej. Sup., 5 nov. 1998, en: ROJAS VARGAS, Fidel, Jurisprudencia penal, procesos sumarios,

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daño y perjuicio irrogado, dicha reparación, conforme lo indica el artículo 93 del Código Penal, comprende: la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios, rigiendo para tal efecto, no sólo la ley penal, sino además, de las disposiciones del Código Civil, de tal forma que, se cubra la indemnización por el daño emergente y lucro ce- sante. De igual forma en cuanto a sus alcances el artículo 95 del Código Penal señala que la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados, por lo que la obligación del pago de la referida reparación es de naturaleza solidaria, es decir, ya sea el obligado directo, ya sea el tercero civilmente responsable, la deuda debe ser exigida en su totalidad a cualquiera de ellos, y una vez satisfecho el crédito del deudor solidario, su codeudor queda librado de la deuda, sin perjuicio del derecho de repetición que se genera. 09.- Que, la denominación de reparación civil derivada del delito o ex-delicto debe ser entendida sólo como una referencia a la limitación del tema objeto de análisis: sólo la reparación o resarcimiento civil que deriven de hechos cons- titutivos de delito. En sentido estricto, la reparación civil no deriva del delito sino del daño causado; por ello, la mejor doctrina, apunta que la reparación civil “no es, en puridad, una responsabilidad ex delicto, sino ex damno,”166 FUNDAMENTOS FÁCTICOS: 10.- Que, en el presente caso no se han actuado nuevas pruebas ni se han oralizado documentos, por lo que no ha existido mayor debate probatorio, ya que tan solo se ha contado con la declaración del querellado, quien se ha limitado a reafirmar lo dicho ya en el juicio oral. Por lo que para resolver la apelación se tendrá que realizar un reexamen de los hechos y pruebas actuadas y dis- cutidas en juicio oral, con las limitaciones propias que exige el principio de inmediación, respecto a la valoración de las pruebas personales. 11.- Que la querellante Mara Ana Berecic Acosta interpuso la querella contra Edin- son Salustio Guevara Romero por los delitos de injuria y difamación, soste- niendo que a través de un programa radial llamado Zona Informativa emitido por Radio La Grande, el querellado ha tocado temas de su vida personal y de su vida familiar; Y siendo que el Juez de primera instancia ha considerado que el querellado ha tenido animus difamatorio al considerar inmoral a la agra- viada, que le gusta volar, en clara alusión a que se drogaría, ha tocado la vida familiar, ha hecho ver que el Alcalde le sufragaría los gastos al exterior, y que

166 Cfr. GARCÍA-PABLOS, Antonio. La Reparación Civil Derivada del Delito y su Controvertida Naturaleza, en BAIGUIN (Coord.); De las penas. Homenaje al Profesor Isidoro de Benedetti, Depal-

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ma, Buenos Aires, 1997, pág. 241.

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ha menoscabado la imagen y el honor de la querellante; al haberlo encontrado responsable del delito de difamación agravada, por medio de la prensa, le ha reservado el fallo condenatorio por este delito, sujeto a reglas de conducta y ha fijado una reparación civil de dos mil nuevos soles; absolviendo al querella- do por el delito de injuria. 12.- Que respecto al extremo de la sentencia, en la que se reserva el fallo condenatorio al querellado por el delito de difamación agravada, este no ha sido apelado por el querellado; y por su parte la parte querellante ha precisado en la audiencia de apelación que solo apela: a) En el extremo que se absuelve al querellado por el delito de Injuria; y b) En el extremo que se fija la reparación civil en dos mil nuevos soles; por tanto respecto al delito de difamación agra- vada, por medio de la prensa, este ha quedado consentido. 13.- En el décimo primer considerando de la sentencia el Juez Unipersonal sostiene que es un requisito que perfecciona el delito de injuria, que el ofendido o la persona a la cual va dirigida el mensaje ofensivo debe estar presente al mo- mento de ser expresadas las palabras, gestos o vías de hecho y siendo que la querellante ha señalado en el juicio oral que nunca ha escuchado el programa del querellado se le debe absolver por este delito; al respecto la parte apelante ha sostenido que si su patrocinada escucho o no escucho el programa eso no es suficiente puesto que el delito se configura conforme al artículo 130, no necesariamente tiene que ser vertido directamente para ser escuchado por la agraviada, sino que puede hacerse a través de otras personas, no es necesario que se le haya dicho a ella o que escuche la noticia. 14.- Que para los efectos de dilucidar el cuestionamiento que ha realizado la parte apelante al razonamiento efectuado por el Juez; es necesario precisar que en el acuerdo plenario Nº03-2006/CJ-1166 citado, se ha precisado que: “El honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimita- ción depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momen- to histórico, pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos [en igual sentido se ha pronunciado el Tribu- nal Constitucional en la sentencia número 0018-1996-AI/TC, del 29.4.1997, que hace mención al honor interno y al honor externo, y llega a decir que la injuria, a diferencia de la difamación y la calumnia, sólo inciden en el honor in- terno, que es muy subjetivo..” por lo tanto siendo que el bien jurídico tutelado en el delito de injuria, es el honor interno de la persona, al que algunos auto- res denominan el honor subjetivo; se requiere que el autor de forma directa

“…ofenda o ultraje a otra…con palabras, gestos o vías de hecho”. Y en el caso de la difamación, el bien jurídico tutelado es el honor externo, al que algunos autores denominan honor objetivo; el que se vulnera o afecta cuando el autor “…ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación…”; por cuya razón en la injuria el agravio es directo y en la difamación lo es entre varias personas; bajo estas consideraciones los hechos sostenidos por la parte querellante no configuran el delito de injuria por cuya razón se debe confirmar la sentencia en el extremo que absuelve al querellado por el delito de injuria. 15.- Con relación al extremo de la reparación civil fijada en dos mil nuevos soles, la parte querellante ha solicitado una suma mayor a la fijada y que cubra los daños y perjuicios ocasionados a la agraviada; y por su parte el querellado ha solicitado que se confirme dicho monto. Al respecto se debe tener en cuenta que el bien Jurídico, como se ha precisado, en los delitos de difamación, es el honor externo u objetivo, “el mismo que consiste en la valoración que otros realizan de nuestra personalidad ético – social, estando representado por la apreciación o estimación que hacen los semejantes de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social […]. Por lo tanto, es la buena reputación que gozamos ante nuestros conciudadanos, siendo esta conducta afectada por toda manifestación que logre quebrantar la estimación que disfruta una persona en su medio social” 167. Que en el presente caso el sentenciado con su conducta ha perjudicado el honor externo u objetivo de la agraviada Mara Ana Berecic Acosta, quien se desempeñaba como Sub Gerente de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 del Código Penal el monto de la reparación civil debe fijarse en atención a la magnitud del daño ocasionado a la parte agraviada, y siendo que en el presente caso no existe proporcionalidad entre este y el monto que por dicho concepto ha sido fijado en la sentencia apelada, corresponde incrementarla en forma razonable. III. RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, LA PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, RESUELVE:

167 Caro Jhon, José Antonio; “Diccionario…”, op.cit.pág. 198. Citando el Exp. N° 4732-97-Lima, Ej. Sup., 23 ene. 1998, en: ROJAS VARGAS, Fidel, Jurisprudencia penal, Ejecutorias supremas,

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1.- CONFIRMAR la sentencia, en el extremo que ABSUELVE al querellado EDINSON SALUSTIO GUEVARA ROMERO, por el delito de injuria, en agravio de MARA ANA BERECIC ACOSTA. 2.- REVOCAR en el extremo que se fija la suma de dos mil nuevos soles por concepto de reparación, civil, que deberá cancelar el citado querellado, por el delito de difamación agravada, por medio de la prensa, y REFORMANDOLA fijaron en la suma de NUEVE MIL NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil deberá cancelar el querellado a favor de la citada querellante. Actuó como Juez Superior Ponente y Director de Debates, Walter Ricardo Cotrina Miñano.-

40. LESIONES CULPOSAS GRAVES PROCESO PENAL Nº : 00277-2011-0-1601-JR-PE-03 ASISTENTE JURISDICCIONAL : ROGÉR RENATO VARGAS YSLA. AGRAVIADO : ROSA VIOLETA MIRANDA MEDINA PROCESADO : IVÁN DÍAZ CHINCHAYHUARA MINISTERIO PÚBLICO : DRA. NANCY SUSANA CARBONEL CARRANZA PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL DE CHEPÉN Y PACASMAYO IMPUGNANTES : IVÁN DÍAZ CHINCHAYHUARA ASUNTO : APELACIÒN DE SENTENCIA CONDENATORIA SUS- PENDIDA

SENTENCIA RESOLUCION NÚMERO NUEVE Trujillo, once de Octubre del Dos Mil Once VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor MARCO AURELIO VENTURA CUEVA Presidente de Sala, JORGE LUIS CUEVA ZAVALETA y LILLY LLAP UNCHÓN (quien interviene por inhibición del señor Juez Superior Titular doctor VÍCTOR ALBERTO MARTÍN BURGOS MARIÑOS), Directora de Debates; en la cual interviene como parte apelante IVÁN DÍAZ CHINCHAYHUARA. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por IVÁN DÍAZ CHINCHAYHUARA contra la sentencia condenatoria, resolución número tres, de fecha treinta de mayo del año dos mil once obrante en las páginas doscientos cuarenta y cinco a doscientos setenta y cuatro, la misma que condena al recurrente IVÁN DÍAZ CHINCHAYHUARA, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de LESIONES CULPOSAS GRAVES, en agravio de ROSA VIOLETA MIRANDA MEDINA, a DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA y FIJA como reparación civil el monto de CUATRO MIL NUEVOS SOLES. 1.2.- Fundamentos del Recurso de Apelación: El procesado IVÁN DÍAZ CHINCHAYHUARA, a través de su abogado defensor interpone recurso de apelación obrante a folios trescientos veinte a trescientos veintinueve, mediante el cual solicita se revoque la sentencia con-

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denatoria emitida en su contra y se le absuelva de la acusación fiscal, en tanto, señala que existe una irregular tramitación del proceso en relación con la función del Ministerio Público, debido que la doctora NANCY SUSANA CAR- BONEL CARRANZA, quien actúa como Fiscal, fue quejada pero continuó en el proceso; la representante del Ministerio Público selectivamente separa a los médicos que tenían vinculación directa en la supuesta negligencia médica; señala también que la sentencia venida en grado, condena solamente a uno de los galenos; no está de acuerdo a ley debido a que no recoge el criterio de las partes, específicamente de la defensa; no se ha valorado debidamente la prueba de pericia médica que no resulta idónea porque hay incongruencias e imprecisiones, el perito médico es la primera vez que emite un dictamen de tal naturaleza; además el examen psicológico indica que no existen daños post operatorios, y que los síntomas aparecieron después, no puede existir un diagnóstico errado inicial y tampoco existe una estandarización para el diag- nóstico de apendicitis aguda, por ello no existe relación de causa efecto con diecisiete horas de por medio al cuidado de los padres de la agraviada, asimis- mo, no valora las pruebas pese a que existen abundantes pruebas a favor y la carencia de pruebas en contra, al no haber actuado con negligencia, impru- dencia o impericia, ha habido un tratamiento prudente, ya que el diagnóstico de apendicitis aguda no está relacionada con la actuación del procesado sino que se pudo determinar por el tiempo transcurrido. 1.3.- Fundamentos del Ministerio Público: Por su parte, la representante del Ministerio Público - Dra. NANCY SUSANA CARBONEL CARRANZA, Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de la Libertad - solicita la confirmatoria de la sentencia conde- natoria emitida por el JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL DE CHEPÉN Y PACASMAYO; en la cual después de la valoración de cada una de las pruebas se le condenó al procesado a dos años de pena privativa de libertad y el pago de CUATRO MIL NUEVOS SOLES como reparación civil, argumenta que ha quedado demostrado el delito de lesiones culposas y la responsabilidad del procesado, al haber atendido a la agraviada y no haber dispuesto la elaboración de un hemograma para determinar la apendicitis aguda y peritonitis, habiendo administrado solamente un analgésico y otro medicamento para la fiebre y devuelta a su domicilio, de ello existen pruebas médicas que lo acreditan, por lo que al agudizarse su cuadro de salud regresó al Hospital, siendo atendida por otros galenos quienes han atestiguado sobre los dolores abdominales y la negligencia ocurrida. Así el Médico Gerardo Luis Costa Ruiz señala que la función del investigado era dejarlo en observación en el centro hospitalario, lo que no ocurrió conforme a lo manifestado por los padres, habiéndose producido las lesiones y que en función del principio de

inmediación se solicitó a la agraviada que muestre la cicatriz que le causó la intervención quirúrgica de urgencia, advirtiendo que es notoria y abarca una longitud de diez centímetros, lo que también se encuentra aunado al examen psicológico que concluye que la menor agraviada presenta signos de stress. 1.4.- Como efecto de la apelación formulada, esta Sala Superior Penal asume com- petencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de dere- cho que tuvo el Ad Quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida, asi- mismo para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA: Ante esta instancia superior no se han ofrecido nuevos medios de prueba por las partes. En la audiencia de apelación, el recurrente no propuso nueva prueba ni tampoco ha solicitado la oralización de prueba documental, por lo que en el presen- te caso, la Sala Penal Superior deberá realizar un reexamen de la prueba discutida en el juicio oral. III.- INTERROGATORIO DEL SENTENCIADO: El procesado no formuló declaración en Audiencia de Apelación, al no haberse cuestionado el juicio de hecho de la sentencia, sin embargo formuló su defensa ma- terial como últimas palabras en la audiencia de apelación tal como consta en audio. IV. CONSIDERANDOS 4.1.- PREMISA NORMATIVA: Los hechos que son materia del presente proceso penal, el Ministerio Público los ha configurado en el ilícito penal de LESIONES CULPOSAS, el cual se encuentra previsto en el artículo 124 del Código Penal según el cual “el que por culpa, causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días multa. La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días multa, si la lesión es grave … La pena será no mayor de tres años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de cuatro años”. 4.2.- PREMISA FÁCTICA: Los hechos atribuidos al apelante, según el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio consisten en que el veinte de agosto de dos mil ocho, la me- nor Rosa Violeta Miranda Medina, presentaba dolores en el abdomen,

siendo llevada por su señora madre a emergencia del Hospital de Apoyo de Chepén

a las 12:30 horas, siendo atendida por el médico Ivan Díaz Chinchayhuara, quien no tomó el cuidado suficiente, brindándole un diagnóstico errado, pres- cribiéndole analgésicos que enmascararon el cuadro de apendicitis que pre- sentaba dicha menor, dándole de alta el mismo día a horas 3.20 a pesar que la menor agraviada ya presentaba fiebre, retornando a su casa donde continuó con dolores, habiendo sido conducida al día siguiente por su padre, ingre- sando a Emergencia al promediar las 8 a.m. siendo atendida por el médico de turno Gerardo Luis Costa Ruiz, el mismo que suguiró interconsulta por parte de los galenos Obed Noe Aldave Pita, Overly Sanson Buchelli Perales y Flor de María Villacorta Olivares, resultando que al solicitar dicha interconsulta a los dos primeros en su calidad de cirujanos, la menor ya evidenciaba clínicamente el cuadro de apendicitis aguda con alta probabilidad de peritonitis como signo de complicación, en vista que la menor tenia signo de rebote positivo, habien- do demorado en el diagnóstico evidente para presentar finalmente un cuadro de apendicitis perforada mas peritonitis focalizada, diagnostico proporciona- do cerca del medio día del 21 de agosto de 2008, habiéndola trasladado al Hospital Regional de Trujillo por cuanto el anestesiólogo no dio pase para dicha operación en el Hospital de Apoyo Chepén, basándose en la comple- jidad del cuadro presentado y con el certificado Médico legal N° 096-2009, se determinó que la agraviada presentó riesgo de salud con compromiso de vida, debido a la infección del apéndice que se complicó con peritonitis gene- ralizada lo cual de no haber sido tratada a tiempo (intervención quirúrgica) ocasionó mas daños a nivel sistémico. 4.3.- En el debate contradictorio realizado en primera instancia, se advierte claramente que se encuentra suficientemente demostrado el resultado típico consistente en las lesiones ocasionadas a la parte agraviada con el certificado médico legal 0096-2009 de la página sesenta y siete que la menor agraviada, presentó diagnóstico de apendicitis aguda y peritonitis generalizada, según diagnóstico final del Hospital Regional Docente, presentando riesgo de salud con compromiso de vida, debido a la infección de la apéndice que se compli- có con la peritonitis generalizada lo cual de no haber sido tratada a tiempo (intervención quirúrgica) ocasiona mas daños a nivel sistémico; este Certifi- cado fue expedido por el Médico Legista Calixto Gerónimo Rubio quien al ser examinado en el juicio oral por parte del Ministerio Público, explicó que “si es que hubiera estado en observación hubiera sido factible que se diagnostique, al momento del ingreso se dio un tratamiento, fue dirigido a calmar el dolor abdominal y calmar otras sintomatologías y también para la temperatura, se le dio metamizol, que calma el dolor y la temperatura la disminuye o la norma- liza, si hubo ese tratamiento, entonces una demora para el diagnóstico, que a las ocho de la mañana ya estaba plenamente identificado el diagnóstico ; acá hay un retraso desde que acude a la emergencia a las 12.30 horas del día 20 de agosto y fue operada en horas de la noche del día 21, es decir mas de vein-

ticuatro horas, las consecuencias un tiempo mas de exposición a los agentes nocivos a tipos de medicamentos mas costosos, tiempo de hospitalización mas prolongado y una cicatriz más evidente, por el tipo de operación, es más peli- groso operar peritonitis aguda que apendicitis … que vio a la menor después de varios días de alta, que mostraba una cicatriz amplia, de forma longitudinal que es característica de procesos infecciosos, de intervenciones, con cavidad abierta, que en la peritonitis se deja cavidad abierta con la finalidad de limpiar la secreciones purulentas, a consecuencia de ello en estos pacientes siempre se va a encontrar una alteración en cuanto a su estética en el abdomen; es una cicatriz permanente indeleble, duradera, es una cicatriz amplia, el daño a la salud de la menor va a seguir sintiendo dolor después de la interven- ción … “. De igual forma se ha acreditado con el examen psicológico forense y la declaración del perito psicológico Juan Andrés Salina Quiñe que la menor agraviada presenta signos de estrés y tensión asociado al trato inadecuado generado por la situación vivencial que atraviesa (estado de salud) y que puso en peligro su integridad y existencia, manifestando efectos postraumáticos de la experiencia vivida, así como confusión y tendencia depresiva por actitud de adultos de la institución de salud que eran responsables de su cuidado y estado integral de salud. 4.4.- En el juicio oral también ha quedado demostrado que la causa del resultado típico se ha debido a la conducta desplegada por el autor, el Médico Díaz Chinchayhuara, al ingresar la menor al Hospital a las 12.30 horas del día vein- te de agosto de dos mil ocho, le indica reposo, nada por vía oral, control de funciones vitales, bromuro de hioscina por vía intramuscular, dimenhidrinato vía oral, lo cual ha quedado probado con la declaración del procesado, de lo declarado por la madre de la menor y de la Historia Clínica de página 41 vuelta. 4.5.- Las cuestiones fundamentales que el supuesto de hecho suscita se refieren a la delimitación jurídica y el contenido material de la denominada lex artis mé- dica. En la jurisprudencia, el concepto de lex artis médica se configura como «aquel criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico”. De un modo general, se trataría de hacer bien las cosas, actuando con la diligencia, pericia y técnica debidas. Por su parte, la lex artis ad hoc es la forma particular de tratar un caso clínico concreto; sería la aplica- ción de las reglas y normas de actuación en medicina a un paciente concreto y determinado (la personalización de cada acto médico). Este criterio tiene en cuenta las especiales características de su autor, de su posible especialización, de la complejidad y trascendencia vital para el paciente, para calificar dicho acto de conformidade o no con la técnica normal requerida. En la sentencia que nos ocupa, el criterio de la lex artis« comporta no sólo el cumplimiento formal y protocolar de las técnicas previstas con arreglo a la ciencia médica adecuadas a una buena praxis, sino GRUPO EDITORIAL Lex &

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la aplicación de tales técnicas con el cui-

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dado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inhe- rentes a cada intervención según su naturaleza y circunstancias. Lo contrario supondría poner a cargo del médico una responsabilidad de naturaleza objeti- va, vinculada exclusivamente al resultado y al margen, por tanto, de cualquier valoración sobre culpabilidad, impidiéndole demostrar la existencia de una actuación médica diligente y ajustada a la lex artis encaminada a solucionar el problema sometido a su consideración. 4.6.-La lex artis, entendida de esta forma, implica la obligación del médico de reali- zar todas las pruebas diagnósticas necesarias, atendido el estado de la ciencia médica en ese momento. En el presente caso, el Médico observó la presencia del fuerte dolor abdominal y fiebre y sin embargo, no mantuvo en observación a la agraviada, impidiendo el uso de las pruebas diagnósticas necesarias, es claro que médico no previó el efecto; todo lo cual permite imputar el resultado dañoso al apelante. Así pues, la Sentencia apelada declara la actuación negli- gente del profesional médico sentenciado que le permite imputar el resultado dañoso de lesiones culposas graves, por cuanto implica una actuación negli- gente del sentenciado por una mala praxis médica en la medida en que ante los síntomas presentados no adoptó los medios necesarios para generar un diagnóstico adecuado. Asimismo, no puede cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución posterior, dada la dificultad que entraña acertar con el co- rrecto diagnóstico por no haber puesto para su consecución todos los medios disponibles para tal efecto. La toma de decisiones clínicas está generalmente basada en el diagnóstico que se establece a través de una serie de pruebas encaminadas a demostrar o re- chazar una sospecha o hipótesis de partida, pruebas que serán de mayor uti- lidad cuanto más precozmente puedan identificar o descartar la presencia de una alteración, sin que presente una seguridad plena, lo que no ha sucedido en este caso, ya explicado por el Perito Médico Legista que existió un retraso en el diagnóstico por no haber sido puesta en observación la agraviada, por lo que analizando las obligaciones del médico y que se centran en la obligación general de prestación de los servicios médicos con la diligencia debida en el marco de las reglas consagradas por la práctica médica, es decir, la lex artis, el negligente actuar del médico se ve configurado por una omisión de la obli- gación de medios, contraria, precisamente, a la diligencia médica, como así ha sucedido en el supuesto enjuiciado. 4.7.- Asimismo ha quedado probada la causalidad entre la conducta y el resultado típico, a partir del hecho de que la conducta del imputado ha incrementado el riesgo más allá de lo jurídicamente permitido, trayendo como consecuencia, el resultado típico antes descrito; habiéndose analizado los hechos teniendo en cuenta las pruebas actuadas en juicio oral y aplicando las reglas de la sana crítica y las reglas de la experiencia. En tal sentido se tiene que la menor ha

permanecido en el hospital desde las 12.30 horas, habiendo sido dada de alta por el médico Chinchayhuara a pesar de presentar fiebre (38.5), que de ha- ber actuado conforme a las precauciones impuestas por la prudencia hubiera prevenido el daño que se le ocasionó a la agraviada, como lo fue la apendicitis aguda y peritonitis generalizada con compromiso de vida, habiendo infringido el deber objetivo de cuidado por incumplimiento del procedimiento de labor médica, lo que se encuentra acreditado con las documentales de las páginas cuarenta y uno, cuarenta y cinco, cuarenta y siete y sesenta y siete y con las declaraciones del mismo procesado y la declaración testimonial del Médico Legista Calixto Jerónimo Rubio, concluyéndose que ha inobservado las re- glas de profesión al no haber realizado las pruebas adecuadas de descarte de apendicitis y más bien con el medicamento administrado enmascaró los síntomas, desencadenando el cuadro de apendicitis con peritonitis genera- lizada, tipificando su conducta el delito de lesiones culposas graves, que se han ocasionado por su actuar negligente al no haber tomado las precaucio- nes necesarias para detectar el cuadro clínico que padecía la agraviada, al no someterla a la observación y haber agotado todos los recursos para evitar el grave daño a su salud. 4.8.-De esta manera ha quedado acreditada la conducta del procesado, configurándose todos los elementos constitutivos del injusto penal contenido en el artículo 124 del Código Penal, por lo que habiéndose desvanecido la presunción de inocencia de contenido constitucional y también prevista en el artículo II del Código Procesal Penal con la suficiente actividad probatoria de carga obtenida y actuada con la debidas garantías procesales, la sentencia apelada debe de ser confirmada. V.- RESOLUCIÓN: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señala- da, la TERCERA SALA PENAL SUPERIOR DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO: 1) CONFIRMAR la Sentencia Condenatoria resolución número tres, de fecha treinta de mayo del año dos mil once obrante en las páginas doscientos cuarenta y cinco a doscientos setenta y cuatro, la misma que condena al recurrente IVÁN DÍAZ CHINCHAYHUARA, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de LESIONES CULPOSAS GRAVES, en agravio de ROSA VIOLETA MIRANDA MEDINA, a DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA y FIJA como reparación civil el monto de CUATRO MIL NUEVOS SOLES a favor de la agraviada; con lo demás que contiene. Actuó como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, la Doctora Lilly Llap Unchón, quien interviene por inhibición del Juez Superior Titular Víctor Burgos Mariños.

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41. LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR EXPEDIENTE ESPECIALISTA IMPUTADO GANOZA DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA IMPUGNANTE ASUNTO

: 00350-2012-83-1601-SP-PE-03 : JOSE MANUEL GONZALES PAJUELO : MIRIAM ROSA PLASENCIA ÑAÑO DE : LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR : RAMON ANDRES PLASENCIA GUARNIZ : JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ASCOPE : MINISTERIO PÚBLICO : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO Trujillo, cinco de octubre del año Dos Mil Doce. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN SEGUNDO RODOLFO ZAMORA BARBOZA (Juez Superior Titular) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Titular Superior), en la que participa- ron, la doctora Ana Cristina Vigo Ordoñez como representante del Ministerio Pú- blico; el agraviado, Ramón Andrés Plasencia Guarniz; la sentenciada, Miriam Rosa Plasencia Ñaño de Ganoza, y su abogado defensor doctor Luis Alejandro Guzmán Rubio; conforme consta en el correspondiente registro de audio. I.-

INTRODUCCIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: 01.- WILFREDO ALONZO RAMOS VILLALOBOS, identificado con DNI N° 16672578, de 42 años de edad, nacido el 20 de julio de 1968, estado civil casado, de ocupación chofer, con educación superior incompleta y domicilio real en Santa Rosa de Monserrate Manzana M lote 18. HECHOS IMPUTADOS: 02.- Se atribuye a la procesado Wilfredo Alonzo Ramos Villalobos la comisión del Delito Contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones Gra- ves por Violencia Familiar, en agravio de Mireya Paredes Charcape. Hecho que según la imputación fiscal se suscitó el día 07 de noviembre de 2010 a las 16:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la agraviada se en- contraba en su dormitorio hablando por teléfono ingreso su esposo Wilfredo Alonzo Ramos Villalobos y sin decir palabra alguna empezó a agredirla, propi-

nándole golpes en diferentes partes del cuerpo, y con la finalidad de quitarle su celular le doblo el brazo hasta romperle el hueso; por lo que fue internada en el Hospital Lazarte de Trujillo; producto de las agresiones, la agraviada presenta lesiones que merecen atención facultativa de 20 días e incapacidad médico legal de 90 días. II.- PLANTEAMIENTO DEL CASO: 03.- Es materia de apelación la sentencia, resolución número seis, de fecha treinta y uno de enero del año dos mil doce, obrante de fojas 38 a 44 del cuaderno de debates, la misma que condena Wilfredo Alonzo Ramos Villalobos como autor del Delito de Lesiones Graves por Violencia Familiar en agravio de Mi- reya Paredes Charcape, imponiéndole 5 años de Pena Privativa de Libertad y obligándolo al pago de S/. 8 000.00 (ocho mil con 00/100 nuevos soles) por concepto de reparación civil. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 04.- La defensa técnica del sentenciado, ante este colegiado superior, solicitó se modifique la sentencia recurrida en el extremo de la pena, rebajando el quan- tum de la pena y estableciendo una de carácter suspendida. FUNDAMENTOS: 05.- Esta parte fundamenta su petición en que: a.

Existen elementos que permiten rebajar la pena, como que se pretendió realizar un acuerdo con el Ministerio Público fijando la pena en 4 años de pena privativa de libertad suspendida y S/. 7 000.00 (siete mil con 00/100 Nuevos soles), pero éste no fue aprobado por el a quo.

b.

Hay contradicción entre el contenido del acusatorio y las declaraciones de la agraviada. Así, en el primero, la agraviada hablaba por teléfono cuando el sentenciado ingreso a su dormitorio y empezó a agredirla; sin embargo en la declaración, la agraviada en su declaración manifiesta que el sentenciado ingreso a su domicilio cuando ella hablaba por telé- fono, ante esto le recrimina con quien estaba hablando, eso generó una discusión y posteriormente un forcejeo producto del cual se originan las lesiones en el brazo de la víctima, siendo luego trasladada al hospital para su inmediata atención.

c.

No ha habido una mala intención de producir la lesión, no ha habido premeditación de los hechos, los sucesos han sido causados por la discusión, que en realidad lo que se produjo eran lesiones culposas.

d.

A pesar de que la ley ha señalado el mínimo de 5 años como sanción para el delito, sin embargo, este hecho no es una camisa de fuerza a la que el juez deba ceñirse de forma ciega, ya que tendría que apreciarse

el con-

texto social, no tiene antecedentes, su trabajo y domicilio son conocidos, y durante el proceso no ha descuidado el mantenimiento de su hogar. e.

La imposición de una pena privativa de libertad efectiva, implica que se cumplan los 2 objetivos fundamentales es decir que el delincuente se tenga que resocializar y readaptar, solo esto permite cumplir con la finalidad de hacer efectiva la cárcel. En el presente caso no es necesario readaptar al sujeto. Que no se resuelve nada con la aplicación de la pena, sino se agrava la situación de la familia.

PETICIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 06.- Por su parte, la representación del Ministerio Público solicitó se confirme la sentencia en ambos extremos, pena y reparación civil. FUNDAMENTOS: 07.- La defensa basa su petición en: 1) El sentenciado aceptó los cargos, pero no hubo acuerdo en la pena y reparación civil, por tanto nunca se concretizó tal acuerdo. 2) Que, la violencia de género está enraizada en nuestro país debido a la dependencia de la mujer al hombre, lo que origina que la violencia física y psicológica sea permitida. 3) Que, el requerimiento acusatorio sirve como base para llevar adelante el juicio oral, sin embargo tiene que tomarse en cuenta que fueron los medios probatorios actuados y valorados los que llevaron al a quo a expedir sentencia condenatoria. 4) Que, la agraviada en ningún momento admite que se produjo un forcejeo, y que según el certificado médico legal las lesiones produjeron 90 días de incapacidad. 5) Que, el procesado, ha sido sentenciado anteriormente por violencia familiar. Y 6) De las evaluaciones psicológicas practicadas a los sujetos del proceso, se desprende que la agraviada presenta estresor por la convivencia con el agresor, que el sentenciado tiene rasgos de personalidad pasivo agresivo con escaso control de impulsos. ITINERARIO DEL PROCESO: 08.- En la audiencia de apelación no se actuó nueva prueba, no se oralizaron piezas documentales, no fue necesaria la declaración de las partes debido a la natura- leza del recurso impugnatorio, por lo que como efecto de la apelación formula- da, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamen- tos de hecho y derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia recurrida. III.- CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 09.- Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y sancionado en el Código Penal, específicamente en el primer párrafo del artículo

121-B del Código Penal, el cual prescribe: “El que causa a otro daño grave en

el cuerpo o en la salud por violencia familiar será reprimido con pena pri- vativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y suspensión de la patria potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes.” 10.- Que, respecto al tipo penal este colegiado superior debe precisar que fue introducida al Código Penal por Ley N° 29282, el 27 de noviembre de 2008, y se presenta como lo que en doctrina penal se denomina Ley Penal en Blanco o Ley necesitada de complemento, estas normas penales se caracterizan porque la prohibición o el mandato de acción se encuentra en disposiciones distintas de la ley que contiene la amenaza penal. Malo Camacho, refiriéndose al tema señala: “existe ley penal en blanco, cuando la conducta, materia de regulación, es cedida a un ordenamiento distinto, a veces de rango inferior”168. “En consecuencia como el tipo penal aparece legalmente descrito de mane- ra parcial, se deja al juez la definición del mismo tipo”169. 11.- Siendo ello así, el análisis del artículo 121-B debe ser analizado en concordancia con otras normas, en primer lugar el inciso “3” del artículo 121 del Código Penal, “(…). Se consideran lesiones graves: (…) 3) Las que infieren cualquier otro tipo de daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.”; de igual manera con el literal “a” del artículo 2 del TUO de la Ley 26260, “A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coac- ción graves, que se produzcan entre: a. Cónyuges.”. PREMISA FÁCTICA: 12.- De la acusación formulada por el Ministerio Público se desprenden los hechos y circunstancias materia de la imputación, se tiene concretamente que el sen- tenciado, el día 07 de noviembre de 2010 a las 16:30 horas aproximadamente, agredió a su cónyuge Mireya Paredes Charcape, produciéndole la fractura de su brazo, lesión que motivó la prescripción de 20 días de atención facultativa y 90 de incapacidad médico legal. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA: 13.- Que, la intervención del órgano superior en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios, el de la limitación recursal, conocido

168 MALO CAMACHO, Gustavo. Derecho Penal Mexicano. 3° Edición. Editorial Porrúa. Mexico,

2000. p. 192. 169 Ibídem.

también como tantum devolutum quantum apelatum. Como ha establecido el Tribunal Constitucional “La actividad recursiva en nuestro sistema pro- cesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación conoci- do como “Tantum Apellatum Quantum Devolutum” sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensio- nes o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso (…) Significa ello que el Tribunal revisor sólo puede conocer y decidir aque- llas cuestiones que ha limitado la impugnación del recurrente; (…) salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que vulnere el orden público y las buenas costumbres o que exista una manifiesta vulneración de derechos fundamentales cuyo cumplimiento no fue advertido por el recurrente”170. Este principio es recogido por el ordenamiento penal formal en el inciso 1 del artículo 419 del Código Procesal. 14.- Que, los argumentos de apelación vertidos por el impugnante en la audiencia de apelación, y contenidos en los literales “b” del numeral 5 de la presente resolución, no guarda relación con la pretensión impugnatoria planteada, ya que la posible incongruencia entre la declaración de la víctima y el requeri- miento acusatorio del Ministerio Público, no podría afectar la determinación de la pena sino que incide directamente en la generación de la convicción necesaria para emitir un fallo condenatorio. 15.- Por otro lado, en cuanto al fundamento de que los hechos materia del proceso constituyen una acción culposa y no dolosa, como sostiene el Ministerio Público, y sentencia el a quo. Se debe señalar que, la impugnación planteada por el apelante busca la disminución del quantum de la pena; en ningún mo- mento en el desarrollo del juicio oral y de la audiencia de apelación se ataca la calificación jurídica de los hechos, maxime si el sentenciado reconoce su responsabilidad en los hechos. 16.- Que, la determinación judicial de la pena es el procedimiento técnico y valorativo que se relaciona con la decisión del órgano jurisdiccional de establecer la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o participe de la infracción penal. Este procedimiento comprende dos etapas secuenciales: la primera, es la determinación de la pena básica, esto es, verificar el mínimo y máximo de pena conminada aplicable al delito; en la segunda etapa, el Juzgador debe individualizar la pena concreta, entre el mínimo y el máximo de la pena básica, evaluando para ello, las diferentes cir- cunstancias agravantes y atenuantes previstas en el Código Penal, concurren-

170 STC EXP. N.° 05178-2009-PA/TC, Fundamento Jurídico 11.

tes en el caso penal171. Al respecto de la concurrencia de varias circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad se ha establecido que el Juez no puede dejar de apreciar o valorar cada circunstancia concurrente, llevando este supuesto a un proceso de compensación entre factores de aumento y disminución de la sanción. 17.- Que, en referencia al argumento acerca de que se pretendió llegar a un acuerdo con el Ministerio Público sobre la pena y reparación civil, y este hecho constituye un elemento que podría aplicarse para beneficiar al sentenciado con una reducción de la pena por debajo del mínimo legal, este colegiado debe precisar que son los artículos 45 y 46 del Código Penal los que permiten al juz- gador determinar la pena dentro de la discrecionalidad otorgada por la norma penal (rango de pena), ello, sin perjuicio de las normas especiales contenidas en el ordenamiento sustantivo y adjetivo que benefician a determinados su- jetos con la posibilidad de fijar una pena por debajo del mínimo legal, como consecuencia de su calidad o condición, o en razón a su colaboración dentro del proceso penal. Por lo que el fundamento de la parte recurrente queda descartado. 18.- Analizada la sentencia recurrida, se tiene que el a quo ha realizado un procedimiento semejante al expuesto anteriormente (párrafo 16), ya que como se desprende de los considerando sétimo de la parte considerativa de la senten- cia impugnada, ha tenido en cuenta las circunstancias agravantes y atenuan- tes previstas en los artículos 45 y 46 del Código Penal (entre ellos la inexis- tencia de antecedentes penales del sentenciado y el análisis social del hecho, fundamento “d” de la apelación). Proceso valorativo que ha conducido a que el órgano de primera instancia establezca que los hechos objeto del presente proceso merezcan ser infligidos con cinco años de pena privativa de libertad (que constituye el límite inferior de la pena, establecida en el Artículo 121-B del C.P.). En virtud de lo cual, esta Sala encuentra que la pena ha sido correc- tamente determinada. 19.- Que, partiendo del hecho de que el sentenciado cometió el delito imputado por el Ministerio Público, la consecuencia necesaria y directa es que se le imponga la pena previamente amenazada por ley para no realizar tal conducta típica. La aplicación de esta sanción va dirigida a resocializar al delincuente o infractor de la ley penal, conforme a lo mandado por el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. Por lo que el argumento contenido en el literal “e” de los fundamentos de la apelación no encuentra sustento legal.

171 ACUERDO PLENARIO Nº 1-2008/CJ-116

20.- Que, la Constitución Política del Estado ha establecido el deber de motivar adecuada y suficientemente las resoluciones judiciales, haciendo efectiva de esta manera la garantía constitucional prevista a favor de los justiciables con la finalidad de evitar la emisión de decisiones arbitrarias por parte de los órganos jurisdiccionales. Siendo ello así, se tiene que toda resolución judicial debe contener una “adecuada conexión entre los hechos que sustentan la deci- sión (quaestio facti) y las normas jurídicas que la respaldan (quaestio iu- ris), en cuya virtud se delimita las razones que justifican el fallo adoptado en función a los hechos declarados probados y las normas invocadas para dar respaldo a las pretensiones y resistencias de las partes”.172”. Exacción que ha sido cumplida por el a quo al momento de expedir al sentencia, por lo que la resolución debe ser confirmada. 21.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que el recurso de apelación ha sido presentado por el sentenciado, en ejercicio regular del derecho consti- tucional y procesal173 a la doble instancia, por lo que debe eximírseles del pago de costas.R.N. N° 1322-2005 La Libertad IV.- PARTE RESOLUTIVA: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experien- cia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1.- CONFIRMAR la Sentencia, resolución número seis, fecha treinta y uno de enero del año dos mil doce, la misma que condena Wilfredo Alonzo Ramos Villalobos como autor del Delito de Lesiones Graves por Violencia Familiar en agravio de Mireya Paredes Charcape, imponiéndole 5 años de Pena Privativa de Libertad y obligándolo al pago de S/. 8 000.00 (ocho mil con 00/100 nue- vos soles) por concepto de reparación civil. 2.- SIN COSTAS. 3.- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas.

172 QUEJA Nº 1545-2006. SALA PENAL TRANSITORIA. Tacna. 20/03/2007 173 Artículo 106 del Código Procesal Penal.

42. LESIONES GRAVES PROCESO PENAL Nº : 00755-2009-28-1601-JR-PE-05 ASISTENTE JURISDICIONAL : CESAR ADRIÁN HARO MENDEZ AGRAVIADO : JORGE OSMAR COSAVALENTI ZELADA IMPUTADO : JORGE LUIS VILCA CRUZADO DELITO : LESIONES GRAVES MINISTERIO PÚBLICO : DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : QUINTO JUZGADO UNIPERSONAL DE TRUJILLO IMPUGNANTE : IMPUTADO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA DE CONDENATORIA

SENTENCIA Trujillo, Ocho de Abril De Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Supe- rior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor WALTER COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular), en la que intervienen como parte apelante, el imputado JORGE LUIS VILCA CRUZADO, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, resolución número SEIS, de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por, el imputado JORGE LUIS VILCA CRUZADO, contra la sentencia condenatoria, resolución número SEIS, de fecha veintisie- te de octubre de dos mil nueve, obrante en las páginas ciento cinco a ciento doce; la misma que, condena al acusado como autor del delito de LESIONES GRAVES, en agravio de JORGE OSMAR CASAVALENTI ZELADA, a CUATRO AÑOS de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el lapso de DOS AÑOS y quedando sujeto a observar las reglas de conducta precisadas en la sentencia venida en grado. 2.- Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1.- El imputado JORGE LUIS VILCA CRUZADO, a través de su abogado de- fensor, interpone recurso de apelación según consta en autos, obrante en las páginas ciento diecinueve a ciento veinte, solicitando

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que se revoque la sentencia venida en grado y se declare la absolución de su patrocinado.

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2.2.- Señala que, dentro de la sentencia condenatoria, el juzgador no ha tenido en cuenta ni mucho menos ha valorado el careo que la defensa so- licitó en el juzgamiento que se ha realizado al imputado, lo cual vulnera el debido proceso, como es la justa valoración de los medios de prueba. 2.3.- Con respecto a la declaración del perito médico, ésta manifiesta en audiencia que para tratar el diagnóstico de una lesión como la que se ha presentado al supuesto agraviado, tuvo que haber revisado los exáme- nes adicionales, como son: las placas radiográficas que se ha dispuesto practicar a una persona, hecho que ha sido señalado en la audiencia al ser contrainterrogado por la defensa, sin embargo, los hechos no han sido valorados adecuadamente por el juzgador, por lo que sería necesa- rio que todo ello amerite una revisión por este colegiado, conforme a lo normado por el artículo 158° del NCPP. 2.4.- Que no cabe lugar a dudas que en el presente caso, existe una razonable duda respecto a que si el imputado es quien ha cometido el hecho en forma dolosa, en contra del supuesto agraviado, pues en el presente caso, se ha presentado una nulidad, por cuanto en etapa intermedia, no se ha realizado una defensa activa a favor del imputado, por lo que con ello, en la etapa de juzgamiento no se ha permitido la presentación de medios de prueba para probar su teoría del caso, lo cual vulnera el derecho a tutela procesal efectiva y el debido proceso, lo cual amerita una revisión por este colegiado. Precisa que su apelación se fundamen- ta jurídicamente en los artículos cuatrocientos catorce (414°) y cuatro- cientos dieciséis (416°) literal a. 2.5.- Finalmente, en la audiencia de apelación esgrimió además que las lesiones que presenta el agraviado se deben a la legítima defensa que tuvo que realizar ante la agresión verbal y física que recibió y que solamente atinó a defenderse. 3.- El MINISTERIO PÚBLICO, a través de su representante, solicita que se confirme la sentencia venida en grado. 4.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia recurrida, asimismo para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjun- to, no habiendo interpuesto la parte imputada recurso de apelación. II.

ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS:

Ante esta instancia superior no se admitieron y no se actuaron medios de prueba.

III. INTERROGATORIO DEL PROCESADO El procesado Jorge Luis Vilca Cruzado hizo ejercicio de su derecho a declarar en esta instancia, actuándose su declaración. IV.

CONSIDERANDOS

4.1. PREMISA NORMATIVA: El artículo 121º del Código Penal, prescribe que “El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves: 1.

Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.

2.

Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente.

3.

Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo pre- ver este resultado la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años. Cuando la víctima es miembro de la policía nacional del Perú o de las fuerzas armadas, magistrado del poder judicial o del ministerio público, en el cumplimiento de sus funciones se aplicará pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años.” 4.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 4.2.1. Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, resolución número SEIS, de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, obrante en las páginas ciento cinco a ciento doce; la misma que, condena al acusa- do como autor del delito de LESIONES GRAVES, en agravio de JORGE OSMAR CASAVALENTI ZELADA, a CUATRO AÑOS de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el lapso de DOS AÑOS, a condición de que cumpla con las reglas de conducta que en ella se de- tallan, consistentes en: a) No frecuentar lugares donde se expendan bebidas alcohólicas; b) No conducir en estado de ebriedad cuando éste supere los limites permitidos; c) No variar del lugar de su residencia sin previo aviso y autorización del señor Juez o fiscal; d) Comparecer al local del Ministerio Público cada TREINTA DÍAS a fin de controlar su asistencia y justificar sus actividades firmando la ficha respectiva; e) Pago Integro de la Reparación Civil de S/. 4000.00 nuevos soles en ocho cuotas de S/. 500.00 nuevos soles cada treinta días; siendo la pri-

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mera cuota a pagar el día 19 de noviembre del 2009 y así sucesivamente hasta la cancelación total. 4.2.2. Esta Sala Superior al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma ha sido dictada cumpliendo con los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acu- satorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sen- tencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, so- bre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que per- mita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputación174, partiendo de esta premisa, en el trámite del presente proceso penal, en la audiencia de juicio oral, la misma que debe ser en- tendida como la central, la más importante del juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que se realizaran durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas o de información documental y/o material, o por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba, se han actuado la declaración testimonial del agraviado Jorge Omar Casavalenti Zelada, el careo entre el acusado y agraviado y el examen del perito médico Atilio Alvarez Díaz y de la pe- rito médico Lourdes Nathaly Urbina Vásquez, haciendo referencia el A quo que los medios probatorios consistentes en el Informe Médico ex- pedido por el Jefe de Departamento de Emergencia y cuidados críticos del Hospital regional y el certificado médico legal Nº 000346-PF-AR ya han sido evaluados con las declaraciones de los señores peritos, acredi- tándose fracturas de huesos propios de la nariz, mas fisura de muñeca izquierda-fractura de radio y de apófisis cubital. 4.2.3. Este colegiado sostiene que para fundamentar un juicio de condena se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral 175, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la res-

174 El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica R.N.N° 2714-2003-Lima-Cono Norte.p.380. 175 “Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y continuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596.

ponsabilidad de los procesados, es decir, que se haya desvirtuado la presunción de inocencia176, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad” y además sobre el “in dubio pro reo”, cabe precisar que según la abundante doctrina, estas categorías jurídicas mencionadas están íntima y directamente vincula- das a la actividad probatoria, pues no se puede hablar de una de ellas si ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o cuando menos uno de éstos, pues el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifestación del derecho de defensa. Es en ese sentido, que éste colegiado advierte para susten- tar el juicio de condena se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas que han sido materia de un debate contradictorio por parte del representante del Ministerio Público y la defensa del procesado, así como que en virtud del princi- pio de inmediación, el Juez Unipersonal ha podido observar de manera objetiva la declaración del propio acusado, cuya valoración la realiza en el Considerando cuarto, habiendo el Juzgador de primera instancia, motivado su decisión en forma consistente y razonada. 4.2.4. En relación a lo mencionado en el considerando precedente, el artícu- lo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “… La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe ad- vertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede

176 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”.

En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar la responsabilidad del procesado condenado, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas. 4.2.5. Habiendo esgrimido el apelante como argumento de defensa la causa de justificación prevista en el artículo 20 inciso 3 del Código Penal, consis- tente en la legitima defensa, debe analizarse el Principio por el cual, en un conflicto entre dos bienes jurídicos, debe salvarse el preponderante para el Derecho Positivo, y esa preponderancia debe extraerse teniendo en cuenta la jerarquía de las normas, mediante la interpretación coordi- nada de las reglas legales aplicables al caso. Tanto la Constitución Polí- tica en su artículo 2, inciso 23 como el Código Penal comprenden el acto justificante de la legítima defensa, el cual para que pueda configurarse debe cumplir con tres requisitos: a) Agresión ilegitima, que consiste en una acción u omisión dolosa por parte del agente, la ilegitimidad de la agresión implica que ésta sea antijurídica, pero esta antijuricidad debe ser material y no formal, es decir, debe darse una efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos defendibles, existiendo un riesgo inminente de ser lesionados, asimismo, la actualidad de la agresión, la defensa se manifestará mediante el “impedir” o “repeler” la agresión; b) La necesi- dad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, la norma al referirse al medio empleado, mas que referirse al simple instrumento o arma con el cual se evita la agresión, tiene como idea central la agresión ilegitima en si, es decir, la modalidad de defensa. La defensa es necesaria si la acción del agredido era menos dañosa en cuanto aquellas que estaban a su disposición para rechazar la agresión en una situación concreta. Se determina la necesidad de la acción considerando las ac- ciones que el autor tenía a su disposición para impedir la agresión antes de comenzar la defensa, y estableciendo si (el modo en que se ejerce) la defensa emprendida es la que causa menos daño: si bien no está obli- gado a correr riesgos innecesarios, tampoco debe incurrir en un medio desproporcionado si es posible repeler la agresión con medios menos drásticos. Sin embargo, para la determinación de los medios empleados se utiliza: la racionabilidad de la defensa, la cual se determina mediante el análisis de las situaciones y circunstancias concretas que concurren

en el hecho; ya no se requiere, el criterio de proporcionalidad del medio empleado. Y c) Falta de provocación suficiente, el Código Penal prevé que el agresor no haya actuado impulsado por una provocación sufi- ciente por quien ejerce la defensa. Respecto de estos argumentos de la defensa, este Colegiado también acoge los fundamentos que contiene la sentencia recurrida en el considerando Cuarto, párrafos cuatro y cinco, pues no se han cumplido los requisitos para que se configure la legítima defensa que se han expuesto anteriormente. 4.2.6. Es en ese orden de ideas que éste superior jerárquico, al haber realizado un análisis conjunto, ha determinado que el Juez Unipersonal ha realizado una adecuada valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo presentados por el representante del Ministerio Público, los mismos que han sido ofrecidos y actuados en audiencia de juicio oral, llevándose a cabo un trámite adecuado del proceso penal al cual se encontraban sujetos las partes procesales, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como el Profesor San Martín, lo sostiene, es fundamental para la efectividad de la contradicción y “con- siste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defen- sa, es decir idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e im- pugnación177, por tal razón, se determina que la sentencia condenatoria venida en grado se ha sustentando en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, motivo por el cual esta Órgano Jurisdiccional colegiado decide la confirmatoria de la resolución apelada. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1).- CONFIRMAR, la sentencia condenatoria, resolución número SEIS, de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, obrante en las páginas ciento cinco a ciento doce; la misma que, condena JORGE LUIS VILCA CRUZADO como au- tor del delito de LESIONES GRAVES, en agravio de JORGE OSMAR CASAVA- LENTI ZELADA, a CUATRO AÑOS de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el lapso de DOS AÑOS y quedando sujeto a observar las reglas de conducta allí descritas, con lo demás que contiene. 2).- NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. 3).- DEVUELVASE la presente causa a su Juzgado de Origen para los fines de ley. Actuó como Juez Superior Ponente la Señora Doctora Lilly Llap Unchón.

177 http://blog.pucp.edu.pe/item/23860

43. OFENSAS AL PUDOR EN SU MODALIDAD DE EXHIBICIONES Y PUBLICACIONES OBSCENAS EXPEDIENTE : 00474-2010-0-1601-SP-PE-01.IMPUTADO : GENIX LUIS SATALAYA FASIBI DELITO : EXHIBICIÓN Y PUBLICACIONES OBSCENAS AGRAVIADA : A.CH.A. PROCEDENCIA : JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHEPEN. APELANTE : IMPUTADO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Veinte de Agosto Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Privada realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, LILY LLAP UNCHON (Presidente E.), WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO y RUDY GOZALES LUJAN por licencia del Dr. Víctor Raúl Malca Guaylupo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO: 1.1.

Que, viene en apelación la Sentencia que condena al acusado Genix Luís Satalaya Fasani como autor del delito de del delito contra la libertad sexual – ofensas al pudor público-, en la modalidad de Exhibiciones obscenas, en agravio de las menores de iniciales A.J.CH.A. (09), A.CH.A. (10), R.M.A.M. (12) y M.M.A.M. (06), a tres años de pena privativa de libertad, pena que se suspende por el término de dos años a condición que cumpla con determinadas reglas de conducta; y fija una reparación civil de seiscientos nuevos soles, a favor de la parte agraviada.- - - - - - -----------------

1.2.

Que, el abogado del imputado ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia que condena a su patrocinado ya que la Sentencia ha sido construida en base a dichos y en base a ciertas testificaciones incoherentes y contradictorias, no existiendo elementos de prueba rele- vantes que consolide la justificación de la resolución, por tal razón fren- te a esa insuficiencia probatoria, frente a la negativa de mi patrocinado y la pericia psicológica, por lo cual solicita que se revoque la sentencia y se absuelva a su patrocinado..- - - - - - - - - - - - ---------------------

1.3.

Que, por su parte la representante del Ministerio Público solicita que se confirme la sentencia venida en grado, por cuanto no resulta ser cierto que exista insuficiencia probatoria y una indebida valoración por

cuanto si bien es cierto, existe como prueba de cargo las versiones de las menores estas satisfacen plenamente lo señalado en el acuerdo plenario 02-2005/CJ-116 de la corte suprema, por lo cual consideramos que efectivamente esos elementos de prueba han sido suficientes para condenar al acusado. - - - - 1.4.

Que, en esta instancia no se han actuado nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralizaciòn de piezas procesales, el sentenciado concurrió a esta audiencia en la que se sometió al interrogatorio, ratificando su no responsabilidad en los hechos objeto imputación ; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hechos y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - ---

II.- CONSIDERANDOS: A.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

2.1. El delito de exhibición y publicaciones obscenas previsto en el artículo 183 inc. 1 del Código Penal prescribe: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena”. So- bre este delito cabe anotar que lo que se protege es la decencia sexual pública, la misma que sufre menoscabo de dos formas: por la publicación y la exhibi- ción obscena. En tal sentido el pudor es el bien jurídico protegido, entendido éste como sentimiento medio de decencia sexual. No obstante la naturaleza abstracta del bien jurídico, pueden considerarse como agraviados a quienes presenciaren las exhibiciones toda vez que ello les ocasione agravio. La con- figuración de este delito exige también la concurrencia de otros elementos típicos, que las exhibiciones se realicen en lugar público y sean de índole obs- cena. Por sitio público debe entenderse aquellos que están abiertos en el mo- mento del hecho a la generalidad de la gente o para una cantidad de ellas. Lo obsceno es “la manifestación torpe de lo sexual que condensa la lascivia en el modo indecoroso de expresarlo, o sea la manifestación que nos choca, por la manera como expresa la sexualidad, ante las nociones que tenemos de cuáles deben ser los límites de esta expresión, como integrantes de la sociedad en que vivimos”(Carlos Creus). Lo obsceno es lo que excita el instinto sexual y dirigido a ese fin178.

178 Cfr. EDGARDO ALBERTO DONNA en DERECHO PENAL. Parte Especial. Tomo I. Rubinzal – Culzoni editores. Buenos aires, 1999. Pag.491 y ss.

2.2. Que en los casos en que la sindicación de la víctima sea la única fuente de prueba de la vinculación del imputado con el delito, deberá aplicarse los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor. Consecuentemente, cuando falten los tres requisitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…” [EXP. N.° 1218-2007-PHC/TC]. ); mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitablemente a una sentencia absolutoria por imperativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 2.3. Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribu- nal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órga- no jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas

abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estruc- tura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la per- cepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscali- zados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimien- tos científicos. En consecuencia, el relato factico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en si mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en se- gunda instancia. (cita doctrinaria: ver: GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, dos mil cuatro, paginas doscientos setenta y cinco / doscientos setenta y seis)”179 B.

FUNDAMENTOS FACTICOS.-

De los fundamentos de la sentencia. 2.4. Que, la sentencia apelada en la parte expositiva ha precisado que los hechos objeto de la acusación son los siguientes: El acusado Geniz Luis Satalaya Fasabi les mostraba su miembro viril (pene) a las menores de iniciales A.J.CH.A. de nueve años de edad, A.CH.A. de diez años de edad, R.M.A.M. de doce años de edad y M.M.A.M. de seis años de edad, desde el año dos mil ocho, en diferentes fechas, aprovechando que dichas menores pasaban caminando con dirección a sus domicilios por la puerta y portón de la vivienda de éste, la cual es muy cercana al domicilio de las menores agraviadas, procediendo a enseñarles su pene para luego esconderse rápidamente tras la puerta o detrás del portón de su vivienda, e incluso en una oportunidad siguió a la menor de iniciales R.M.A.M. de doce años de edad, mostrándole su pene, en momentos en que no había gente en la calle, en horas de la tarde. - - - - - - - - - - - - - - - - ---------2.5. según se desprende del tenor de la sentencia (fundamento sétimo: hechos pro- bados y no probados), tanto el delito como la responsabilidad penal acusado están acreditados con las declaraciones coherentes y verosímiles de las meno- res agraviadas, corroborada con las versiones de los Testigos Rene Altamira- no Alcántara, Olga Mendoza Barrantes y Cesar augusto Altamirano Alcántara quienes relatan sobre la forma en que tomas conocimiento de los hechos; ade- más, tales declaraciones de las agraviadas han sido sometidas al test de control según las exigencias que establece el acuerdo plenario sobre la sindicación de la víctima expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente sentencia.

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179 CASACION N° 05-2007- HUAURA; Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

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Delimitación de la pretensión del impugnante. 2.6. El abogado del imputado ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia que condena a su patrocinado ya que la Sentencia de primera instancia no considera que esta con arreglo a ley; así en sus alegatos finales ha cuestionado que: a) ha sido condenado solo en base a las declaraciones de las agraviadas –incoherentes y contradictorias-, sin que exista otros medios probatorios que corroboren la imputación, amparándose en la existencia de un acuerdo plenario, b) que existe jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que la mera sindicación de la víctima, sin otras pruebas que la corroboren, no puede fundar una sentencia condenatoria, y c) señala que el informe pericial no ha evidenciado indicios Psicopatológicos en su persona y que recomienda, ante la incertidumbre, un estudio más profundizado psiquiátrico, ya que a través de la Psicología no se puede determinar, tal como lo ha ratificado dicho, perito en audiencia de juicio oral, de que no presenta conducta propia para actos obscenos hacia menores, d) y, finalmente que durante el proceso ha negado de manera categórica y contundente los hechos materia de imputación, además de que si han ocurrido años atrás porque no denunciaron a la autoridad Análisis de la pretensión impugnatoria del sentenciado. 2.7 Que, en relación al cuestionamiento de que se le ha condenado solo en base las incoherentes y contradictorias180 declaraciones de las menores agraviadas al amparo de un acuerdo plenario, es de advertir, primero, que el recurrente no ha expresado y menos especificado cuales serían tales contradicciones y, segundo, que aun no habiéndolas precisado, de las mismas no se advierte con- tradicción alguna, por el contrario las cuatro agraviadas de iniciales A.J.CH.A. (09), A.CH.A. (10), R.M.A.M. (12) y M.M.A.M. (06), en sus declaraciones han sido en lo sustancial coherentes, firmes y por ende verosímiles, y que además han sido analizadas bajo los alcances del acuerdo plenario N° 02-2005/CJ- 116, del 30.9.2005, el mismo que debe servir de parámetro en los casos, como el presente, en que la declaración de la víctima es la única prueba de cargo. En efecto es de estimarse que las declaraciones de las agraviadas cumplen con los presupuestos de credibilidad establecidos en el acuerdo plenario referido

180 Único supuesto, que en la presente causa, habilita que este Tribunal Superior ejerza un control sobre la prueba personal actuada en el juicio de primera instancia de la que este colegiado no tiene inmediación. Los demás supuestos que también habilitan ejercer un control no han sido invocados por el recurrente, pues no se ha actuado prueba nueva en esta instancia, así como tampoco ha cuestionado que el A quo ha entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo- el relato fáctico.

y por lo tanto, se erigen como prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia. Así, la ausencia de incredibilidad subjetiva se verifica en tanto que no se ha establecido en el juicio la existencia de algún motivo – anterior al hecho- que haga creer de manera fundada que las menores (o sus padres) han actuado bajo un móvil de odio, enemistad o resentimiento hacia el acusado, y si bien el acusado en esta audiencia de apelación ha alegado la existencia de alguna enemistad, esta no ha sido objetivamente corroborada, quedando en un solo dicho; la verosimilitud en su declaración también está acreditada, puesto que la sindicación hecha por las agraviadas ha sido sólida, y en lo sustancial coherente, además de haber sido corroborada, no solo por las declaraciones de los padres de estas sobre la forma de cómo toman cono- cimiento de los hechos y el acta de constatación fiscal realizada en las afueras de la casa del acusado, sino también por las pericias psicológicas a las que han sido sometidas cada una de las agraviadas. Pues debe entenderse “que ésta no solo permite advertir su estado emocional y el nivel de afectación que ha podido causarle el delito en su agravio, sino especialmente para determinar el grado de fiabilidad de su testimonio. Las técnicas psicológicas, de común aceptación, pueden descartar en un testigo menor la presencia de ideas de fabulación, de simulación o de fantasía, y concluir por la verosimilitud y sin- ceridad del relato”181. Que esta situación de fabulación o simulación no ha sido advertida en la pericias psicológicas realizadas a las menores agraviadas; por ende le reviste mayor credibilidad a su declaración. Por último la persistencia en la incriminación, aquí, es de advertir que las víctimas deben mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor y esto ha ocurrido así en el presente caso, pues se ha sostenido de ma- nera uniforme que el sentenciado les he enseñado su pene varias veces desde la puerta de su casa, cuando no había gente. 2.8. Respecto a la jurisprudencia –exp. 4598-96-B; exp. 872-98 - citada por el recurrente que establece que la mera sindicación de la víctima no puede fundar una sentencia condenatoria cuando no está mínimamente corroborada, es de señalar que ya en el ámbito probatorio se ha superado la posición clásica del “testis unus testis nullus”, y actualmente la declaración del agraviado tiene entidad suficiente para ser considerada prueba válida de cargo y enervar la presunción constitucional de inocencia, en tanto sea sometida a una profun- da y exhaustiva valoración, para cuyo efecto la Corte Suprema en Acuerdo Plenario Nº N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005 ha precisado tres garantías de certeza, -las que han sido verificadas en considerando anterior- que de con-

181 Sentencia del Tribunal Supremo Español, 1773/2002, citada por CESAR SAN MARTIN CASTRO, en “Delitos Sexuales en Agravio de Menores. Aspectos materiales y procesales, ob. Cit. p

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currir si pueden fundar una condena, por lo demás si no concurren ninguna de estas garantías estaremos ante una mera sindicación sin ningún sustento y no podrá fundar una condena en base a ella. En todo caso estimamos que el criterio adoptado en las ejecutorias citadas ha sido desarrollado, analizado y sistematizado en este acuerdo plenario. 2.9. Respecto al argumento de que en la Pericia Psicológica el perito concluye que no se evidencia indicios psicopatológicos, y se sugiere la evaluación por un psiquiatra forense para descartar o reafirmar tendencia paidofilicaexhibi- cionista- voyeurista en el acusado, es de advertir que a la vez la misma pe- ricia concluye que el imputado tiene una personalidad inestable e inmadura con rasgos disóciales, y característica pasivo-agresiva. Tiende a manifestar pensamientos confusos y desordenados a nivel psicosexual que están evolu- cionando en un cuadro patológico de personalidad; en efecto la finalidad de la pericia psicóloga es establecer el perfil psicosexual del acusado que sirva como referente a la hora de evaluar la personalidad del agente y su relación con el hecho delictivo, de modo que en el presente caso la misma ha cumplido su objeto, sin que se exiga determinar si el agente padece una anomalía o pa- tología sexual. Pues en todo caso, el perfil sexual no es prueba determinante de la comisión del delito sino solo un indicador que –en el presente caso- se tiene en cuenta en virtud a los demás medios probatorios como son las decla- raciones de las cuatro menores agraviadas. 2.10. Finalmente resta por analizar la aseveración del recurrente de que durante el proceso ha negado de manera categórica y contundente los hechos materia de imputación, además de que si han ocurrido años atrás porque no denun- ciaron a la autoridad. En efecto el acusado ha negado la imputación en su contra lo cual se entiende desde que esta ejerciendo su derecho a la defensa material, sin embargo, si bien por mandato de la ley se le presume inocente, la actuación probatoria desplegada por el ente acusador ha desvirtuado tal presunción conforme se ha analizado en los considerandos precendetes. Y de otro lado alega a su favor que los supuestos hechos no se denunciaron sino después de dos años, a lo que cabe señalar que el espacio de tiempo entre los hechos y la denuncia ha sido justificado en que las mismas menores han reco- nocido que no pusieron en conocimiento de sus padres los hechos obscenos por vergüenza, lo que es natural y entendible. 2.11. Con todo lo expuesto estimamos que la pretensión impugnatoria del recurren- te no tiene asidero fáctico ni jurídico pues conforme se ha analizado existe prueba suficiente que acredita la comisión del delito y la responsabilidad en él del acusado, y por lo demás la sentencia ha sido debidamente fundamentada por lo que debe ser confirmada en todos sus extremos.

III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia que condena al acusado Genix Luís Satalaya Fasani como autor del delito de del delito contra la libertad – ofensas al pudor públi- co, en la modalidad de Exhibiciones obscenas, en agravio de las menores de iniciales A.J.CH.A., A.CH.A., R.M.A.M. y M.M.A.M., a tres años de pena priva- tiva de libertad, pena que se suspende por el término de dos años, a condición que cumpla con determinadas reglas de conducta; y fija una reparación civil de seiscientos nuevos soles, a favor de la parte agraviada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -



EJECUTORIADA que sea la presente DEVUELVASE al Juzgado de origen. Actuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano.-

44. OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE IMPUTADO RAMOS DELITO AGRAVIADO APELANTE ASUNTO

: 05830-2009-64-1601-JR-PE-06 : PEDRO GUILLERMO MARCHENA : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR : SILVIA ELIZABETH MARCHENA CHACÓN : IMPUTADO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, dos de Noviembre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY DE ROSARIO LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.----------------------------I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

Que, viene en apelación la sentencia que condena a Pedro Guillermo Marche- na Ramos, como autor del delito contra la Familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar, en agravio de Silvia Elizabeth Marchena Ramos, a dos años de pena privativa de la libertad suspendida por el mismo periodo, bajo determinadas reglas de conducta y fijando como reparación civil la suma de trescientos nuevos soles a favor de la agraviada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1. El abogado del imputado a interpuesto recurso de apelación contra la senten- cia que condena a su patrocinado, solicitando que se revoque la sentencia y se absuelva a su patrocinado, por considerar que los medios probatorios admiti- dos, adolecen de causal de nulidad absoluta por cuanto estas no se sustentan en las garantías procesales y a un debido proceso, estos medios de prueba que han sido admitidos no tienen un origen legal y licito, adolecen de nulidad absoluta y de carácter insubsanable, no deberían haberse valorado, por lo que la sentencia debe ser revocada. 1.2. Que por su parte el representante del Ministerio Público solicita que se confirme la sentencia venida en grado, por considerar que el proceso no adolece de nulidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4. Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, el imputado prestó su declaración; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia

recu- rrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.

CONSIDERANDOS:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.- El delito de omisión a la asistencia familiar previsto en el artículo 149 del CP se configura cuando el sujeto agente omite dolosamente cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial. Siendo bien jurí- dico protegido, específicamente, los deberes de asistencia alimentaria. Infrin- giéndose este deber cuando media una resolución judicial que ordena la pen- sión alimentaria, a la cual se hace caso omiso. No siendo necesario que exista un perjuicio concreto del afectado con la omisión, sino basta que no se haya cumplido con lo ordenado por la resolución judicial, a pesar de que existe un requerimiento para que se efectivice la pensión alimentaría.- - 2.2.- Al respecto la Jurisprudencia ha señalado que “El delito de omisión de asistencia familiar se produce cuando el infractor incumple dolosamente su obli- gación alimentaría judicialmente declarada; en el presente caso, al hallarse tal obligación señalada en resolución judicial superior debidamente notificada al procesado, quien fue requerido para el pago de pensiones devengadas, las mismas que no han sido canceladas, existen suficientes fundamentos para que el encausado sea pasible de condena” 182. - - - - - - - - - ------------- ------------------FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.3.- Los hechos materia de la acusación, descritos en la sentencia, consisten en que mediante la sentencia de fecha 07 de noviembre del 2008 emitida por el Juzgado de Paz de Segunda Nominación de Chicama, se ordenó que el hoy acusado Pedro Guillermo Marchena Ramos, acuda a su menor hija Silvia Eliza- beth Marchena Chacón una pensión mensual y adelantada de S/ 200.00 nue- vos soles; y practicada la liquidación de pensiones alimenticias devengadas con sus respectivos intereses legales, que sumaron S/ 1207.50, al no ser ob- servada, fue aprobada mediante resolución de fecha 26 de enero del 2009 y a su vez se le requirió para que cumpla con pagarlo en el plazo de tres días, con el apercibimiento correspondiente de remitir copias certificadas al ministerio público en caso de incumplimiento, y al no cumplirla, mediante resolución de fecha 12 de febrero del 2009 se dispuso remitir copias al Ministerio Público para la denuncia correspondiente.

182 Ejecutoria Superior de la sala Penal de apelaciones para procesos Sumarios con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima del 01.09.1998, Expediente Nº3062-98; en “Código Penal

16 años de jurisprudencia sistematizada”, Fidel Rojas Vargas y Otros. T.II. Pág. 135.

De los fundamentos de la apelada2.4.- En la sentencia apelada se sostiene, que todas las resoluciones del juzgado extra penal han sido remitidas a la calle Usquil Nro. 133 de Chicama y todas las notificaciones han sido recibidas por Yulissa Angélica Bazán Silvia, perso- na que resultó ser la conviviente del demandado hoy acusado y con ella había procreado una hija y habían hecho vida en común por cuatro años aproxima- damente, habiendo tenido una situación de hecho, como el propio acusado lo ha manifestado en audiencia al señalar “si la conozco”, “fuimos convivientes”, “llegaba a verla dos o tres veces a la semana porque tenía una casa alquilada”, pudiendo concluir que el acusado no solamente ha tenido un domicilio sino varios, como el mismo lo ha manifestado al inicio de su declaración, indicando que vivía en Trujillo desde del año 1990, que antes vivía en la calle Libertad 132 en Paijan también ha vivido en Campiña, en Chicama y por último en Lima; estos hechos también esta probados con la testimonial efectuada por la ma- dre de la menor agraviada quien ha señalado en audiencia pública, que desde que ha nacido su hija, hace ocho años, el acusado no ha cumplido con su obli- gación de padre y que el domicilio en la cual ha sido notificado es el domicilio del acusado donde vive con su conviviente Yulisa Bazan Silva, porque lo ve llegar constantemente (versión que coincide con la del propio acusado que ha señalado que llega dos o tres veces a la semana), dicho que genera certeza y es creíble teniendo en cuenta que la madre de la menor agraviada vive a escasas cuadras de la casa de la señora Yulissa Bazan, por último el propio demandado hoy acusado recibió personalmente la cedula de notificación de la Resolución de fecha 26 de enero del 2009 en la cual se aprueba la liquidación de pensiones alimenticias y que le requiere para el pago bajo apercibimiento de remitirse copias certificas al Ministerio Público en el domicilio tantas veces negado calle Usquil número 133 Chicama. Delimitación de la pretensión impugnatoria. 2.5.- Que, el abogado del imputado en su alegato ante esta instancia ha solicitado que se revoque la sentencia y se dicte un sentencia absolutoria, por considerar que en el proceso civil del cual se deriva la denuncia por el delito de omi- sión a la asistencia familiar se ha seguido con dolo y fraude, por los siguientes fundamentos: a) las notificaciones del proceso de alimentos se ha notificado en diversas direcciones, donde nunca ha residido, siguiéndose el proceso en ignorancia del imputado; b) El fiscal al disponer que la notificación se realice en el verdadero domicilio de la Urbanización Covicorti de la ciudad de Trujillo, es desde ese momento que el imputado tomó conocimiento del proceso; c) La notificaciones han sido meramente fabricadas por el Juez de Paz de Segunda Nominación de Chicama en perjuicio de su patrocinado, para favorecer a la denunciante madre de la menor.

Análisis de las pretensiones impugnatorias. 2.6.- Que, de la copias xerox certificadas del expediente judicial del proceso de alimentos seguido ante el Juez de Paz de Segunda Nominación de Chicama, que obran en el cuaderno anexo se aprecia que por resolución de fecha 26 de enero del dos mil nueve se aprobó la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas ascendentes a la suma de mil doscientos siete nuevos soles con cincuenta céntimos y se le requirió al obligado, esto es al hoy acusado, el pago dentro del plazo concedido y ante el incumplimiento el Ministerio Público pro- cedió a ejercitar la acción penal. La defensa del acusado ha señalado que no se le ha notificado las resoluciones del proceso de alimentos, por lo que no ha tenido conocimiento de este proceso; sin embargo, es de advertirse que la glosada resolución que aprueba la liquidación y requiere al obligado el pago de las pensiones alimenticias devengadas se le notificó en el domicilio ubicado en la Calle Usquil Nro 133 – Chicama, en la que el testigo actuario ha dejado constancia que la notificación de la resolución la recibió personalmente al de- mandado, quien se negó a firmar; y siendo que dicho acto procesal no ha sido objeto de remedio procesal o impugnación alguna, en esa vía procesal, que haya merecido un pronunciamiento que le reste eficacia jurídica, se infiere que dicha notificación ha cumplido con la finalidad de hacer conocer al obligado con el contenido de la resolución, por lo que el argumento de la defensa no tiene sustento y además no puede ser amparado en este proceso, que si bien tiene incidencia en la conducta atribuida al acusado de omitir el cumplimiento de un resolución judicial, no debe entenderse como la prolongación del proce- so civil, en el que se puedan efectuar cuestionamientos procesales. 2.7.- Que, en este orden de ideas y al haberse establecido que el acusado ha omitido cumplir con la obligación alimenticia contenida en la resolución judicial sin que exista ninguna causa fundada que lo justifique, este colegiado estima que se ha desvanecido la presunción de inocencia prevista en el artículo II del Có- digo procesal penal con la suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con la debidas garantías procesales; por lo que la sentencia condena- toria que ha sido expedida respetando las reglas de la sana crítica, conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y lo conocimientos científicos, debe ser confirmada.- - - - - - - - - -----------------------------------------III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE

JUS- TICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - -

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CONFIRMAR la sentencia que condena a Pedro Guillermo Marchena Ramos, como autor del delito contra la Familiar en la modalidad de omisión a la asis- tencia familiar, en agravio de Silvia Elizabeth Marchena Ramos, a dos años de pena privativa de la libertad suspendida por el mismo periodo, bajo determi- nadas reglas de conducta, y fija como reparación civil la suma de trescientos nuevos soles a favor de la agraviada , con lo demás que contiene.

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EJECUTORIADA que sea la presente DEVUELVASE al Juzgado de origen. Ac- tuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano.-

45. OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR – APELACION INTERPUESTA POR ACTOR CIVIL CONTRA SENTENCIA DE CONFORMIDAD PROCESO PENAL Nº : 01526-2010-33-1601-JR-PE-06 ASISTENTE JURISDICIONAL : DANIEL SANCHEZ PAGADOR AGRAVIADO : LOZANO GUTIERREZ, MARCO IMPUTADO : LOZANO QUISPE, ROGER FELIPE DELITO : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR MINISTERIO PÚBLICO : DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO IMPUGNANTE : ACTOR CIVIL ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA EN EL EXTREMO DE LA REPARACIÓN CIVIL

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE Trujillo, Dos de Noviembre De Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Supe- rior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRINA MI- ÑANO (Juez Superior Titular), en la que intervienen como parte apelante, la actora civil, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de conformidad en el extremo que fija reparación civil, resolución número dos de fecha quince de julio de dos mil diez. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por, la actor civil contra la sentencia de conformi- dad, resolución número dos de fecha quince de julio de dos mil diez, obrante en las páginas once a quince; la misma que, falla APROBANDO el Acuerdo de Conclusión Anticipada arribada por las partes, en consecuencia CONDE- NANDO al acusado ROGER FELIPE LOZANO QUISPE como autor del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA

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FAMILIAR, en agravio de MARCO LOZANO GUTIERREZ, a la pena de tres años de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo, a condición de que cumpla con las reglas de conducta que en ella se precisa.

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2.- Fundamento del Recurso de Apelación: 2.1.- La defensa técnica de la parte recurrente, actora civil, con fecha ventiuno de julio del presente año, interpone recurso de apelación según consta en autos, obrante en las páginas diecinueve a veintitrés, solicitando que se revoque la sentencia recurrida en el extremo que fija por concepto de reparación civil el monto ascendente a doscientos nuevos soles (s/.200.00) por considerarla una burla y que no está acorde con el daño ocasionado a un menor de edad de nueve años; en consecuencia, se fije un monto mayor, ascendente a tres mil nuevos soles (s/.3,000.00). 3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron ni se actuaron medios de prueba. III.- CONSIDERANDOS 3.1. PREMISA NORMATIVA: 1.

A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, contenido en el artículo 149º del Código Penal, el cual prescribe que: “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial...”. El bien jurídico protegido en el delito de Omisión de Asistencia Familiar es la familia, específicamente los deberes de asistencia alimentaria. Infringiéndose este deber cuando media una resolución judicial que ordena la pensión alimentaria, a la cual se hace caso omiso. No siendo necesario que exista un perjuicio concreto del afectado con la omisión, sino basta que no se haya cumplido con lo ordenado por la resolución judicial, a pesar de que existe un requerimiento para que se efectivice la pensión alimentaría.

2.

Siendo que el delito de omisión de asistencia familiar se configura cuando el agente omite cumplir con la prestación de alimentos establecida por una resolución judicial, razón por la que se dice que es un delito de peligro, en la medida que basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el tipo,

sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud del sujeto pasivo, requiriéndose que dicho comportamiento se realice necesariamente a título de dolo.183 3.

En este sentido, se configura dicho ilícito penal, cuando el obligado a prestar alimentos, es notificado para cumpla dentro del plazo, con el mandato judicial de pagar alimentos a favor del agraviado y no cumple con ello, siendo el bien jurídico protegido la familia, pues la comisión de este delito supone la infrac- ción de deberes de orden asistencial en el ámbito familiar, dicho bien jurídico protegido es de relevancia y de necesaria protección penal que se justifica ple- namente en lo prescrito en el articulo 6° segundo párrafo de la Constitución Política, como es el deber de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Al respecto la Jurisprudencia ha señalado que “El delito de omisión de asistencia familiar se produce cuando el infractor incumple dolosamente su obli- gación alimentaria judicialmente declarada; en el presente caso, al hallarse tal obligación señalada en resolución judicial superior debidamente notificada al procesado, quien fue requerido para el pago de pensiones devengadas, las mismas que no han sido canceladas, existen suficientes fundamentos para que el encausado sea pasible de condena”184.

3.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 4.

Es materia de impugnación, la sentencia de conformidad en el extremo que fija reparación civil, resolución número dos de fecha quince de julio de dos mil diez, obrante en las páginas once a quince; la misma que, falla APROBANDO el Acuerdo de Conclusión Anticipada arribada por las partes, en consecuencia CONDENANDO al acusado ROGER FELIPE LOZANO QUISPE como autor del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de MARCO LOZANO GUTIERREZ, a la pena de tres años de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo, a condición de que cumpla con las reglas de conducta que en ella se precisa.

5.

Respecto al extremo materia de la apelación, consistente en el monto de la reparación civil de doscientos nuevos Soles que a solicitud de la actora civil debe incrementarse hasta tres mil Nuevos Soles y según lo peticionado por el imputado debe mantenerse en dicho monto, se debe adoptar como premisa

183 R. N. N° 5425-98-LAMBAYEQUE. Revista Peruana de Jurisprudencia. Normas Legales, Año II, N° 3, p.322. 184 Ejecutoria Superior de la sala Penal de apelaciones para procesos Sumarios con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima del 01.09.1998, Expediente Nº3062-98; en “Código Penal 16 años de jurisprudencia sistematizada”, Fidel Rojas Vargas y Otros. T.II. Pág. 135.

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normativa, el Artículo 93° del Código Penal que establece el contenido de la reparación civil: ”La reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”. 6.

El artículo 93.2° del Código Penal establece que la reparación civil comprende la indemnización de daños y perjuicios, la que comprende los daños patrimo- niales y no patrimoniales, como el daño corporal; para establecer el quantum indemnizatorio de la responsabilidad por este tipo de delito que se considera de peligro, en la medida que basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el tipo, sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud del sujeto pasivo, no resulta necesario que se acredite el daño causado.

7.

No obstante lo previsto este Superior Colegiado considera que en el requerimiento acusatorio, el monto de la reparación civil que solicita este Ministerio es de trescientos nuevos Soles, y que el artículo 350° del Código Procesal Pe- nal en el literal g), establece que se podrá objetar la reparación civil o reclamar su incremento para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes; situación que no se ha producido, por lo cual es de confirmarse el monto de doscientos nuevos soles impuesto en la sentencia, conforme es de apreciarse del Acta de Registro de Audiencia de Acusación en la cual se dictó el auto de enjuiciamiento contra ROGER FELIPE LOZANO QUISPE solicitando la señora Juez la imposición de tres años de pena privativa de libertad y una reparación civil ascendente a la suma de trescientos Nuevos Soles, sin que se haya obje- tado ni se haya ofrecido medios de prueba pertinentes.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1).- CONFIRMAR, la sentencia de conformidad, resolución número dos de fecha quince de julio de dos mil diez, obrante en las páginas once a quince; la misma que, falla APROBANDO el Acuerdo de Conclusión Anticipada arribada por las partes, en consecuencia CONDENANDO al acusado ROGER FELIPE LOZANO QUISPE como autor del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de MARCO LOZANO GUTIERREZ, a la pena de tres años de pena pri- vativa de libertad suspendida por el mismo plazo, a condición de que cumpla con las reglas de conducta que en ella se precisa 2).- NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. 3).- DEVUELVASE la presente causa a su Juzgado de Origen para los fines de ley. Actuó como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, Señora Doctora

Lilly Del Rosario Llap Unchón.

46. PECULADO – NULA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL INCULPADO

: Nº 1133-2008-82-1601-JR-PE-01. : ARMAS SOTO, FLOR DE MARIA : PEREZ LOYOLA DE LA CRUZ, KARIN ROCIO : RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FLAVIO HUGO : ULLOA VILLA, ELIAS DELITO : PECULADO AGRAVIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY (EL ESTADO) PROCEDENCIA : 7° JUZGADO UNIPERSONAL IMPUGNANTE : SENTENCIADOS MATERIA : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA.

SENTENCIA Trujillo, veintisiete de enero del año dos mil doce.VISTA Y OÍDA en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magis- trados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de la Sala y Director de Debates), JUAN RODOLFO SEGUNDO ZAMORA BAR- BOZA y el Señor Juez Supernumerario Doctor RAÚL IPANAQUE ANASTACIO (quien interviene por licencia del Señor Juez Superior Titular Doctor MANUEL ES- TUARDO LUJÁN TUPEZ; en la que intervienen como apelantes los inculpados Flor de María Armas Soto, asesorada por su abogado Dr. Juan Nelson Linares Calde- rón; Flavio Hugo Rodríguez Rodríguez y su abogado defensor Dr. Luis José Martín Fernández Salazar; Elías Ulloa Villa, asesorado por su defensa colegiada Drs. Luis Manco Napán y José Manuel Gamboa Cabel; así como la representante del Minis- terio Público, Dra. Ana Cristina Vigo Ordóñez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

01.- Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha 24 de agosto del 2011, obrante de fojas 218 a 236 del cuaderno de debates, expedida por el 7° Juzgado Unipersonal, la cual falla condenando a Elías Ulloa Villa como autor del delito de Peculado doloso en agravio del Estado – Mu- nicipalidad Distrital de Salaverry a cinco años de Pena Privativa de Libertad, asimismo se condenó a los acusados Flor de María Armas Soto y Flavio Hugo Rodríguez Rodríguez a la pena de dos años de pena privativa de libertad, sus- pendida por el mismo término, a condición de la observancia de reglas de conducta. 02.- Que, la sentencia venida en grado ha sido cuestionada a través de los recursos de apelación formulados por los abogados defensores de los

sentenciados

Elías Ulloa Villa, Flavio Hugo Rodríguez Rodríguez y Flor de María Armas Soto, quienes solicitan se REVOQUE la resolución impugnada. 03.- Que, al hacer sus alegatos preliminares, la defensa del sentenciado Elías Ulloa Villa varía su pretensión impugnatoria solicitando se declare nula la sentencia y se realice nuevo juicio oral, en base a que se ha vulnerado el principio al debido proceso, concretamente porque se ha dejado de valorar medios pro- batorios. Por su parte la defensa de la sentenciada Flor de María Armas Soto, sostiene que la recurrida viola el derecho al debido proceso, como consecuen- cia de que no se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas, ni se ha tenido en cuenta el acuerdo plenario 04-2005 sobre definición y estructura típica del delito de Peculado, solicitando se revoque la sentencia. Finalmente, por parte de Flavio Hugo Rodríguez Rodríguez, su abogado alegó que la sen- tencia apelada incurre en dos errores, la primera consistente en que no se ha comprobado los presupuestos materiales exigidos por el tipo penal y desa- rrollados en el acuerdo plenario aludido anteriormente; y el segundo, que no se ha probado el elemento subjetivo del delito, esto es el dolo, solicitando la revocatoria de la sentencia en el extremo que lo condena a dos años de pena privativa de libertad. 04.- Que, a su turno, la fiscalía solicita que se confirme la sentencia toda vez que en la expedición de la sentencia recurrida se ha respetado el debido proceso; que se ha producido una adecuada valoración de los pruebas actuadas a lo largo del juicio oral, y que de estas fluye la responsabilidad de los condenados; que no se ha dejado de aplicar el acuerdo plenario 04-2005/CJ-116; considerando finalmente que pese a que en instancia superior se actúe nueva prueba, esta no podría variar el sentido de la decisión. 05.- En la audiencia de apelación, habiéndose admitido con anterioridad nueva prueba, se actuaron las documentales consistentes es los informes periciales grafotécnicos Nº 32-2011 y Nº 33-2011, obrantes a folios 353 a 359 y 362 a 368 respectivamente, de igual manera se tomo la declaración del perito grafotécni- co de parte, Pool Gilbert Fernández Bernabé. 06.- Las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, y no fue necesaria la declaración de los procesados; y por tratarse de una cuestión de pleno derecho, como efecto de la apelación formulada, ésta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida. II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISA NORMATIVA 07.- Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y sancionado en el artículo 387° del Código Penal que prescribe: “El funcionario

o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privati- va de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.”. 2.2. PREMISA FÁCTICA 08.- Que, se acusa a los procesados la comisión del delito de peculado en virtud a hechos acaecidos durante el año 2002, que son: Se imputa a Flor María Armas Soto, Flavio Hugo Rodríguez Rodríguez, Karin Rocio Pérez Loyola De La Cruz y Elías Ulloa Villa, en sus calidades de cajera de la unidad de tesorería, Jefe de la unidad de tesorería, Jefe de rentas y apoyo a la unidad de tesorería y Director de administración de la Municipalidad Distrital de Salaverry haberse apropiado indebidamente distintas sumas de dinero, por conceptos varios, los mismos que no lo reportaban o registraban ante la Municipalidad, o, en otros casos, lo hacían en montos menores a los realmente recibidos, dichas apropiaciones fueron bajo las siguientes modalidades: a) Sobre el pago de licencia de obra de la empresa GMT Consorcios Terminales, esta empresa cancelo el 16 de setiembre del 2002, mediante giro de ingresos N° 002243, se- rie B, el importe de S/ 7,695.33, por concepto de licencia de obra; sin embrago, dicho monto nunca ingreso a las arcas municipales b) Pago de alcabala de la Empresa Agrícola Alpamayo S.A. con ocasión de la compraventa del predio rustico signado con el lote 10.7-V, sector IV, proyecto especial CHAVIMOCHIC, distrito de Salaverry, suscrito entre la vendedora Empresa ITSMO S.R.L., y la compradora Empresa Agrícola Alpamayo S.A., esta pago el impuesto a la alca- bala el 10 de julio del 2002, en caja de la unidad de tesorería, ascendente a S/ 6,880.28 N.S., extendiéndosele el giro de ingresos N° 01689, serie B; sin em- bargo, en los archivos de dicha entidad edilicia, no se encuentra dicho docu- mento y por el contrario, se ha ubicado el giro de ingresos N° 01690 (esto es, el siguiente en orden correlativo), con la misma fecha, a nombre de la misma Empresa, por el mismo concepto, pero con un monto distinto del realmente cancelado, esto, por S/ 4,110.16. así las cosas, en este caso se habrían apropia- do de la diferencia entre lo realmente cancelado y lo consignado en el giro de ingresos N° 01690, ascendente a S/. 2,740.12 NS., c) Licencia de obra de la Empresa GTM Consorcios Terminales: esta empresa solicito a la Municipali- dad de Salaverry la licencia de construcción para la obra “construcción de dos tanques de 30MB-terminal Salaverry-GTM”, cancelado por dicho concepto el 15 de julio del 2002 la suma de S/ 3,061.58, extendiéndosele el giro de ingreso, se aprecia que el mismo fue emitido a favor de otra persona, de nombre Lisan- dro Cubas Vallejo, por concepto de expedición de una partida de matrimonio por el importe de S/ 7.50 nuevos soles, es decir, los funcionarios de la entidad edil citada se han apropiado de la suma de dinero cancelado por la referida

empresa, d) Pago de alcabala de la empresa transportes San Andrés S.R.L.: con ocasión de la compra venta del predio ubicado en el Km. 2.75 de la autopista Salaverry, entre el Banco Continental y la Empresa de Transportes San Andrés S.R.L., esta se encontraba obligada a cancelar al municipio la suma de S/ 7,038.00 N.S. por concepto de alcabala. Así, el 28 de octubre del 2002, mediante giro de ingreso N° 002686, serie B, la empresa cancelo la cuenta S/ 1,500.00 N.S, así mismo, el 27 de diciembre del 2002, mediante giro de ingreso N° 003228, serie B, cancelo también la suma de S/1,500.00 N.S.; sin embargo, ninguno de estos montos han sido ingresados a las arcas municipales, por lo que existe una apropiación de S/ 3,000.00 nuevos soles, e) Importe de S/ 1,492.50 nuevos soles que no ingresó a la Municipalidad y tampoco fue re- gistrado en el Libro de Bancos : A la revisión de libro de Bancos, hasta el 28 de octubre de 2002 en la Caja total se depositó la suma de S/ 4,365.68, faltando 1,492.68, f) Apropiación de S/ 326.96 nuevos soles. El 20 de Noviembre del 2002, Cesar Martínez Vargas cancelo con giro de ingreso 002903 el importe de S/ 326.96 nuevos soles por concepto de Tributos Municipales y de la re- visión de la copia, se aprecia que ha sido adulterada figurando a nombre de Alberto Hipólito Vásquez por el importe de S/ 8.50 nuevos soles por concepto de solicitud de certificado de posesión, g) Diferencia de ingresos de teso- rería del mes de enero del 2002 y depósitos bancarios, correspondiente a enero del 2002, se advierte que mientras ingresó a la unidad de Tesorería S/ 98,878.80 los depósitos bancarios registrados en el libro de Bancos del mismo periodo ascienden a la suma de 94,266.10 nuevos soles existe un faltante de S/ 4,612.70 nuevos soles, dinero que no ha ingresado a las cuentas de la agra- viada .Sumadas las apropiaciones en su totalidad existe la apropiación de S/ 21,.436.29 nuevos soles. 09.- Que, en audiencia de juicio oral, el representante del Ministerio Público proce- dió a retirar la acusación contra la procesada Karin Rocio Pérez Loyola De La Cruz, al considerar que en el transcurso de ésta, se actuaron medios de prue- ba suficientes que establecieron la inexistencia de vinculación directa entre la referida y los hechos objeto de imputación; manteniéndose y ratificándose los cargos atribuidos a los demás sentenciados. 10.- Que, de la actuación probatoria en instancia inferior, específicamente de la pericia contable realizada por la contadora pública Pilar Pereda Zárate, así como de su ratificación y declaración en juicio, ha quedado acreditado fehacientemente la propiedad y preexistencia de los bienes objeto del injusto culpable, consistentes en sumas dinero; pecunio, que en determinados casos no fue ingresado a las arcas municipales, y en otros, fue extraído de las mismas. 11.- Que, en descargo de los hechos imputados, Flor de María Armas Soto, re-

firió que laboraba en la oficina de tesorería con el señor Hugo Rodríguez,

bajo un contrato temporal; que su labor específica era llenar los giros de ingreso, recepcionar dinero; que durante el año 2002 le entregó dinero por diferentes conceptos al señor Elías Ulloa (otrora Administrador de la Municipalidad Distrital de Salaverry), ya que este le exigía que lo haga bajo amenaza de despedirla; y que realizó los informes 004-2002MDS-Caja, 0022002MDS, 003-2002MDS-Caja, 006-2002 MDS-Caja, 005-2002MDS-caja y 001-2002MDS-Caja, para comunicar a su jefe, Hugo Rodríguez, los hechos acontecidos. 12.- A su vez, la defensa y el propio sentenciado Flavio Hugo Rodríguez Rodríguez, refieren que este se desempeñó como Tesorero de la municipalidad en el año 2002, que trabajaba con señora karin Pérez encargada de apoyo de tesorería, libros y las cuentas corrientes, Armas Soto como cajera encargada de recau- dación de fondos, antes de ser tesorero estaba en abastecimiento y anterior- mente en rentas, que durante el 2002 hubo recibió informes de Flor De María Armas Soto, motivo por el cual procedió a elaborar los propios y dirigirlos a la administración y al alcalde, como son los informes 0009-2002-MDS- UT, 0007-2002-MDS-UT, 0008-2002-MDS-UT, 00011-2002-MDS-UT, 000172002-MDS-UT, 0001.2002-MDS-UT y 008-2002-MDS-UT, pidiendo a Elías Ulloa Villa subsanar dichos retiros. 13.- Sobre los hechos materia de imputación, Elías Ulloa Villa refiere que durante el año 2002 se desempeñó como Administrador Municipal, que no tenía labor de supervisión sobre el área de Tesorería, que no tiene conocimiento de nin- guno de los informes mencionados por los coacusados, niega haberle pedido los montos dinerarios a la señora Flor De María Armas Soto, mucho menos que haya ejercido amenaza sobre ella, finalmente que no ha firmado ningún documento donde acredite que se le entregó dinero. 2.3.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.14.- Que, en principio resulta necesario dejar anotado que la presente resolución es expedida en mérito a la apelación interpuesta por la defensa de los senten- ciados apelantes, contra de la sentencia emitida en primera instancia por la cual se les condena por el delito de Peculado en agravio del Estado – Munici- palidad Distrital de Salaverry. 15.- Que, esta Sala Superior, luego de analizar los actuados del expediente judicial y los registros de audio del presente proceso, así como de evaluar los argu- mentos vertidos por el Juzgado Penal Colegiado en la sentencia materia de impugnación en la que se condena los acusados Flor de María Armas Soto, Flavio Hugo Rodríguez Rodríguez y Elías Ulloa Villa, así como aquellos funda- mentos esgrimidos por las partes en esta segunda instancia, considera que debe definirse, en que la litis se centra en determinar si la recurrida contiene

una interpretación suficiente, razonada y lógica sobre los hechos y demás ele- mentos constitutivos del objeto del presente proceso, y por ende si contiene una decisión correcta y suficientemente motivada. 16.- Que, con respecto al delito de Peculado, se debe decir que constituye un delito especial y de infracción de deber. Es un delito especial porque formalmente restringe la órbita de la autoría a sujetos cualificados, pero se trata de un de- lito de infracción de deber porque el fundamento de la responsabilidad penal en concepto de autor no radica en el dominio sobre el riesgo típico, sino que reside en el quebrantamiento de un deber asegurado institucionalmente y que afecta sólo al titular de un determinado status o rol especial185. Este injusto penal reprocha al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le están confiados por razón de su cargo. Por tanto para atribuirle responsa- bilidad a una persona por el delito de peculado nuestro ordenamiento no sólo exige que el sujeto activo tenga la calidad especial, sino que además, ostente un vínculo funcional con los caudales o efectos del Estado. En ese sentido tenemos lo desarrollado por el jurista ROJAS VARGAS:“Tanto en el delito doloso como culposo de peculado solo puede ser autor el funcionario o servidor público que reúne las características de relación funcional exigidas en el tipo penal, es decir, quien por el cargo tenga bajo su poder o ámbito de vigilancia (directo o funcional), en percepción, custodia o administración las cosas (caudales o efectos) de los que se apropia o utiliza para sí o para otro.”186. 17.- Que, en igual sentido se encuentra establecido en el Acuerdo Plenario 042005/CJ116 que “Para la existencia del delito de peculado no es necesario que sobre los bienes que se le haya confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del hecho ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público; debe tener, por tanto, competencia funcional específica. La disponibilidad a que se hace referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que el agente ostenta como parte que es de la administración pública.”187. Es de

185 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Citado por: REAÑO PESCHIERA, José Leandro. “Formas de intervención en los delitos de peculado y tráfico de influencias”. Edit. Jurista. Lima 2004. p. 23. 186 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos Contra la Administración Pública. 4ª edición. Editorial Grijley. Lima, 2007. p.480 187 Fundamento Jurídico 6 del Acuerdo Plenario 04-2005/CJ116

resaltar, que el referido acuerdo al desarrollar los elementos objetivos del tipo de Peculado, instituye que el comportamiento o acción típica debe contener ciertos elementos para su configuración como lo es “La Existencia de una re- lación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. Se entiende por relación funcional el poder de vigilancia y control sobre la cosa como mero componente típico, esto es, competencia del cargo, confianza en el funciona- rio en virtud del cargo, el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos.”188 y “La percepción, no es más que la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre lícita. La administración, que im- plica las funciones activas de manejo y conducción. La Custodia, que importa la típica posesión que implica la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de los caudales y efectos públicos”189. Siendo así, la vinculación funcional resulta un elemento o núcleo de la tipicidad impres- cindible para subsumir una conducta en la figura de peculado, es decir la po- sesión de los caudales o efectos de la que goza el funcionario o servidor debe basarse en el ámbito de competencia del cargo, determinado o establecido en la ley o normas jurídicas de menor jerarquía; dicha posesión puede ser directa o indirecta, es decir, estar en contacto con los caudales y efectos o darla por asumida, bastando solamente la facultad de disposición jurídica o disposición funcional; en consecuencia, como lo expresa FIDEL ROJAS, el funcionario o servidor público que sustrae, se apropia o usa bienes, sin poseer el citado vinculo funcional con la cosa, no podrá ser igualmente autor de peculado190. 18.- Que, en referencia a la existencia de este elemento de la tipicidad objetiva, la sentencia recurrida, en su fundamento 5 (Juicio de Subsunción) desarrolla: “los acusados se apropiaron de la suma de S/21,436.29 nuevos soles en su condición de Funcionario y Servidores Públicos de la Municipalidad agraviada, con motivo de tener acceso a ingresos de pagos de usuarios, con los medios de prueba ofrecidos y la prueba actuada en juicio la que debe corroborarse en su integridad, se tiene que al haberse establecido plena- mente la relación funcional por razón de cargo de los acusados en su con- dición de funcionarios y servidores públicos, el elemento típico de poder de vigilancia y control sobre la cosa del Estado: Dinero, por mandato de un reglamento de funciones de la entidad municipal, el contenido del caudal dinero se encuentra contenido dentro del ámbito de percepción, es decir de ingresos lícitos en el caso de autos de particulares que hacían diversos pagos

188 Literal a del Fundamento Jurídico 7 del Acuerdo Plenario 04-

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2005/CJ116 189 Literal b del Fundamento Jurídico 7 del Acuerdo Plenario 04-2005/CJ116 190 ROJAS VARGAS, Fidel. Loc. cit., p. 481.

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a la entidad agraviada y si hubiere llegado a las arcas conforme al monto cancelado hubieren podido integrar el patrimonio estatal en calidad de bien público.”. A su vez, en el numeral 2.5 de la misma, se halla plasmado: “A pesar de haber sido entre uno de los fundamentos de los acusados han aludido que la Municipalidad no cuenta con Manual de Organización y Funciones (MOF) que viene a ser un instrumento de gestión administrativa que detalla las tareas, actividades y/o funciones específicas de los cargos ubicados en las diferentes unidades operativas de la estructura orgánica aprobada por el Concejo Municipal, los mismos que se encuentran previstos en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), este instrumento normativo también señala las relaciones de coordinación, jerarquía y grado de responsabilidad que le compete a cada cargo,(…). Asimismo, permitirá que los funcionarios y servidores conozcan con claridad su ubicación dentro de la estructura orgánica, y la delimitación de sus deberes funcionales, pero existen deberes intrínsecos a cada labor inherentes e inseparables como es el caso de las personas que laboran en Caja es tener por norma cuidar hasta el último céntimo de salida de las arcas porque esta bajo su responsabilidad los egresos e ingresos siendo esta una responsabilidad, compatibles con el cargo asignado”. 19.- Que, de los audios correspondientes al desarrollo del juicio oral, medios probatorios actuados y argumentos impresos en la sentencia, no ha quedado establecida cual era la normativa vigente al momento de los hechos (MOF y ROF) que reglamentase o estableciera los deberes y funciones de cada uno de los imputados, y por tanto constituya el tan mencionado vínculo o vincula- ción funcional con los bienes, necesario para que un Funcionario o Servidor Público realice el ilícito penal en análisis; vulnerándose así, la restricción fuer- temente acentuada de la tipicidad por autoría con respecto a este tipo, que se colige de la lectura del mismo y que imposibilita argumentar por una lectura extensiva en esa materia, mucho menos por un desbordamiento analógico que rompa los diques de la razonabilidad abriendo las compuertas a la analo- gía in malan parten191. 20.- Que, el Artículo 139 Inciso 05 de la Constitución Política del Perú, prescribe “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. En igual sentido, lo establecido el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar, que “Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de

191 Ibid., p. 482.

los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.”; y lo prescrito en el Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”. 21.- Que, por su parte el Tribunal Constitucional192 ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su deci- sión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de trans- mitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motiva- ción exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indis- pensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si

192 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización

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del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura.

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bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela ju- dicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modi- ficación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de ampa- ro. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incon- testadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)…”.

22.- Que, la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Moti- var significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRALGO)”193. Según Olsen Ghirardi194 se considera que la reso- lución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. Finalmente, en cuanto a la motivación fáctica y jurídica debe tenerse presente que, la primera comprende una síntesis del iter razonativo que da por probado determinados hechos, excluyendo otros; y la segunda o motivación fundad en derecho es entendida como la explicación racional de por qué los hechos se subsumen dentro de un determinado ámbito normativo.195

193 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201. 194 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231. 195 CACERES JULCA, Roberto. Las Nulidades en el Proceso Penal. Jurista Editores. Lima, 2007 p. 175.

23.- Que, para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máximas de experiencia196, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contrario, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras: a)

Falta absoluta de motivación: Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.

b)

Motivación aparente: En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzga- dor glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamento197; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambiguas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una motivación real198.

i)

Motivación insuficiente: Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la con- vicción199. Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y

196 Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146. 197 FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117. 198 GHIRARDI, O., op cit., pág. 231. 199 Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103.

razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial res- ponda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbitrariedad” 200. j)

Motivación incorrecta: Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.

24.- Siendo ello así, el Colegiado debe analizar los aspectos formales y sustanciales de la resolución recurrida a fin de determinar si la misma a sido expedida conforme a los criterios comunes de validez de las Resoluciones Judiciales, esto es de la justificación interna, y externa, y no adolece de ningún defecto o error. Del análisis de la recurrida el Colegiado advierte que existe un error in cogitando201, plasmado en lo siguiente: a)

Motivación aparente sobre elementos objetivos del tipo, específicamen- te a la vinculación funcional exigida entre los sujetos activos y los bie- nes materia del delito.

b)

Falta de motivación, con respecto a la valoración de los criterios de cre- dibilidad en las imputaciones entre coacusados.

25.- Que, al actuarse nueva prueba en la audiencia de apelación, consistente en los informes periciales grafotécnicos Nº 32-2011 y Nº 33-2011, y la declara- ción del perito grafotécnico de parte, Pool Gilbert Fernández Bernabé, quien concluye la falsedad de las firmas (tanto del imputado Elías Ulloa Villa, como del Sr. Jorge Alberto Rosario Armas) de los informes: 001-2002-MDS-UT, 007-2002-MDS-UT, 008-2002-MDS-UT, 009-2002MDS-UT, 011-2002-MDSUT y 017-2002-MDS-UT, actuados en juicio oral. 26.- Que, atendiendo a lo señalado en el considerando precedente, esta Sala Superior considera necesario que las cuestiones advertidas merecen un nuevo análisis ya que la sentencia emitida por el A quo es diminuta pues al momento de ser expedida este no contaba con los medios de prueba señalados ante- riormente (informes periciales), debido a que este fue realizado con poste- rioridad, siendo de suma importancia que sean incorporados y corroborados

200 Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102. 201 “[...] radica en definitiva en el examen de las reglas del pensar, o sea, si el razonamiento que efectúan los jueces inferiores es correcto formalmente desde el punto de vista lógico [...] Estos defectos formales no están precisamente referenciados a las formas exigidas en el procedi-

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miento, sino a las formas esenciales de las reglas lógicas del pensamiento”

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por una pericia oficial, para que el juzgador los pueda valorar conjuntamente con las demás pruebas actuadas en juicio, y poder resolver conforme a Ley y preservando la justicia. 27.- Por ello éste Colegiado entiende que con afán de preservar el modelo acusatorio con rasgos adversariales, así como el fin dikelógico 202 del derecho, que en última instancia es hacer realidad la justicia, es que entiende que ante una flagrante violación de las leyes de la lógica formal, y del razonamiento jurídico, debe decretar la nulidad no sólo de la sentencia, sino también del juicio oral, ordenando que sea otro juez, quien sustancie dicho juicio, y valore y meritúe las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la ciencia, la lógica, y las máximas de experiencia. 28.- Que, como consecuencia de que este Colegiado ha encontrado causales de nulidad en la sentencia recurrida, y a efectos de no violentar injustamente el derecho a la libertad de la procesada Elías Ulloa Villa, se debe dejar sin efecto la orden de captura emitida en su contra, corriéndose los oficios respectivos. 29.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien los sentenciados han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, tal acto lo ha realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional y procesal 203 a la doble instancia y ha tenido razo- nes fundadas para ello, por lo que debe eximírsele del pago de costas. III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experien- cia, y de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO: 1).- NULA la sentencia contenida en la resolución Nº nueve, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil once, por la cual se CONDENA a Flor de María Armas Soto, Flavio Hugo rodríguez Rodríguez y Elías Ulloa Villa, por la supuesta comisión del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado, en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Salaverry. 2).- ORDENARON se realice un nuevo juicio oral, por otro juez.3).- DEJARON sin efecto las órdenes de captura impartida contra el imputado Elías Ulloa Villa, oficiándose con tal fin a la Policía Nacional. Actuó como Juez Superior Ponente, el Dr. José Ricardo Cabrejo Villegas.-

202 Alude a la ciencia de la justicia, el hacer justicia al caso concreto. 203 Art. 106 Código Procesal Penal

47. PECULADO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE IMPUTADO

DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA APELANTE SENTENCIAASUNTO

: 2009-128-0-1601-SP-PE-01.: JAVIER ALBERTO PALOMINO CASTAÑEDA CARLOS ALFREDO COSTILLA GALLO GENARO GUERRERO FARFÁN : PECULADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE : JUZGADO UNIPERSONAL DE CHEPEN-PACASMAYO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE Y DO. : APELACION DE SENTENCIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2009.

Trujillo, ocho de Marzo del año dos mil diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - -------------------------------I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Que, viene en apelación la sentencia de fecha diez de marzo 2009, que obra de fojas 70 a 80 que absuelve de la acusación fiscal a Carlos Alfredo Costilla Gallo y Genaro Guerrero Farfán como autores del delito contra la administra- ción pública- delito cometido por funcionarios públicos, en la modalidad de peculado, en agravio de la Municipalidad Distrital de Guadalupe y del estado peruano y desvinculándose de la acusación formulada contra Javier Alber- to Palomino Castañeda como autor del delito contra la administración públi- ca, delito cometido por funcionario público, en la modalidad de peculado en agravio de la Municipalidad Distrital de Guadalupe y del estado peruano, en consecuencia condena la citado acusado como autor del delito contra el patri- monio, en la modalidad de apropiación ilícita en agravio de la Municipalidad Distrital de Guadalupe a dos años de pena privativa de la libertad suspendida por el mismo plazo de la condena, fijándose reglas de conducta y una repara- ción civil consistente en restituir el dinero ilícitamente sustraído.- - - - - - - - - --------------------------1.2.- Que, La Municipalidad Distrital de Guadalupe, representada por su Alcalde Edwin Eric Mora Costilla ha interpuesto el recurso de apelación, que obra de folios 128 a 131, contra la sentencia en el extremo que absuelve a los acusados Carlos Alfredo Costilla Gallo y Genaro Guerrero Farfán y al no haberse valoGRUPO EDITORIAL Lex &

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rado los medios probatorios actuados en juicio oral solicita que sea revocada

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y se emita una sentencia condenatoria, precisando el abogado de esta parte en su alegato en la audiencia de apelación que existe un acta de compromiso suscrita por los tres procesados en donde de manera voluntaria se comprometen a devolver el dinero apropiado indebidamente de manera proporcional, es de la suma de 18,281 nuevos soles con veintiún céntimos, debidamente legalizada y un informe del contador de la Municipalidad Distrital de Guada- lupe y se ha acreditado la condición de servidores públicos de los procesados, quienes han tenido la obligación de cuidar el dinero de las arcas de la munici- palidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------1.3.- Que, además, el sentenciado Javier Alberto Palomino Castañeda ha interpues- to apelación en el extremo que le impone sentencia condenatoria y solicita que se le absuelva de la que se le ha impuesto por el delito de apropiación ilícita, sosteniendo sus abogado defensor en su alegato que se ha vulnerado el principio al debido proceso, el derecho de defensa y que existen errores graves de hecho, que se le ha condenado por un delito que no ha sido objeto de investigación y juzgamiento y no se ha demostrado que su patrocinado se haya apropiado del dinero de la agraviada, y respecto al acta que suscribió, esta fue firmada bajo presión y bajo la condición de que le se le iba a seguir contratando. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------1.4.- Que, por su parte la abogada de los imputados absueltos ha solicitado que se confirme la sentencia absolutoria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --1.5.- Que después de escuchar a las partes sus alegatos de inicio, no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, el sentenciado prestó su declaración y se escuchó los alegatos finales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - -II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. Que mediante acuerdo plenario 4 – 2005/CJ-116 del 30 de setiembre del 2005, las Salas Penales de la Corte Suprema, han establecido como precedente vinculante lo siguiente: “El artículo 387 del Código Penal vi- gente, establece en primer lugar la acción dolosa en el delito de pecu- lado, al señalar que <<El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya recepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo…>>; en segundo lugar, la acción culposa se

traduce en el comportamiento negligente del sujeto activo, describiéndolo como <<Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la

sustracción de los caudales o efectos…>>; concluyendo en tercer lugar, que las acciones dolosas y culposas admiten circunstancias agravantes precisamente en la importancia especial de la finalidad pública para lo cual estaban destinados los bienes <<Si los caudales o efectos estuvie- ran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social…>> (forma de circunstancia agravante incorporada por Ley Nº 26198 del 13 de junio de 1993). Para la existencia del delito de peculado no es necesario que sobre los bienes que es le haya confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto mate- rial del hecho ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que le sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público, debe tener, por tanto, compe- tencia funcional específica. La disponibilidad a que se hace referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que le agente os- tenta como parte que es de la administración pública. Todo ello nos lleva a sostener que tratándose el peculado de un delito pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección jurídico-penal: a) garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública y b) evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. 2.1.2. Que, el Artículo 139 Inciso 05 de la Constitución Política del Perú, pres- cribe “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.----------------------------------2.1.3. Que, en igual sentido lo establece el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar, que “Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se susten- tan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación sufi- ciente.”. - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.4. Que, así mismo, tenemos en el Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”.- - - - - - - - -

-------------------

2.1.5. Que, por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las reso- luciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordena- miento jurídico o los que se deriven del caso A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia na- rrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamen- te confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de iden- tificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tu- tela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motiva- ción de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (in- congruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se pro-

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duzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando in- defensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”204.- - - - - - - 2.1.6. Que, la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRAL- GO)”205.- Según Olsen Ghirardi206 se considera que la resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. - - - - - - - - - - 2.1.7. Que, para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máximas de experiencia207, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contrario, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras:

204 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura. 205 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201. 206 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231. 207 Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146.

a)

Falta absoluta de motivación: Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argu- mento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.

b)

Motivación aparente: En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzgador glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamento208; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambiguas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constitu- ye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una motivación real209.

c)

Motivación insuficiente: Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argu- mentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la convicción210. Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbitrariedad”211.

208 FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117. 209 GHIRARDI, O., op cit., pág. 231. 210 Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103. 211 Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102.

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d)

Motivación incorrecta: Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrec- tamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.

2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. Que, los hechos materia de la acusación del Ministerio Público son los siguientes: Que a raíz de una reestructuración en las áreas administrati- vas de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, dispuesta por el alcalde Edwin Eric Mora Costilla al asumir su cargo en el mes de enero de dos mil siete, el jefe del área de contabilidad CPC Marco Antonio Arbildo Ramírez mediante informe Nro. 024 – 2007 –JUP CON/MDG de fecha veintitrés de enero del año dos mil siete hace conocer de ingresos a caja no depositados en la cuenta bancaria correspondiente a los meses de junio a diciembre del dos mil seis hasta por un monto de dieciocho mil doscientos ochenta y un nuevos soles con veintiún céntimos, conclu- yendo que los responsables serían el tesorero Carlos Costilla Gallo, el cajero Genaro Guerrero Farfán y el auxiliar de tesorería Javier Palomino Castañeda, quienes habrían venido sustrayendo sistemáticamente para si el dinero que recibían de los pobladores de Guadalupe, existiendo un acta de compromiso en la que aceptaron voluntariamente haberse apropiado del dinero, manifestando sus disponibilidad para proceder a su devolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.2. Que la impugnación confiere a este colegiado competencia para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante como lo establece el artículo 409 del código procesal penal, bajo esta facultad se examina los fundamentos que ha tenido el Juez Ad Quo en la sentencia impugnada. - - - 2.2.3. Que en la sentencia apelada se tiene por acreditado hechos respecto a los cuales las partes no lo han objetado en los escritos impugnatorios así como tampoco en las alegaciones actuadas en la audiencia de apela- ción y respecto a los cuales este colegiado considera que se encuentra arreglado al acervo probatorio actuado en el juicio oral, como son los siguientes: a)

Con el informe Nro.024 – 2007 – JUP – CONT/MDG de fecha vein- titrés de enero del dos mil siete, emitido por el Contador Marco An- tonio Arbildo Ramírez, mediante el cual puso en conocimiento del alcalde respecto a los ingresos a caja no depositados en la cuenta bancaria de la municipalidad agraviada; con la pericia contable de

folios ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta y cinco y examen del perito Nelson Grados Urcia actuado en el juicio oral, se ha llegado a determinar que se ha producido una apropiación sistemática de la suma de dieciocho mil doscientos ochenta y un nuevos soles con veintiún céntimos de la Municipalidad Distrital de Guadalupe. b)

Que los imputados en la fecha en que se suscitaron los hechos ma- teria del juzgamiento prestaban servicios en la Municipalidad agra- viada en los siguientes cargos: El acusado Carlos Alfredo Costilla Gallo tenia la condición de tesorero y sus funciones consistían en el control de la información de movimiento de ingresos y egresos registrados en el sistema de administración financiera de la muni- cipalidad, la verificación de los saldos de caja y banco, el control de los ingresos y egresos, el registro administrativo de las operaciones de ingresos en el sistema integrado financiero para gobiernos lo- cales y verificar que la documentación sustentatoria cumpliera los requisitos establecidos por la normatividad vigente. El acusado Ge- naro Guerrero Farfán, como cajero se encargaba de la percepción de los pagos efectuados a la municipalidad, la elaboración de los partes diarios de ingresos para su remisión a tesorería y efectuar reportes de los recursos recaudados. Y el acusado Javier Alberto Palomino Castañeda, como auxiliar de contabilidad asignado a las áreas de contabilidad y tesorería, tenía a su cargo por delegación el registro de ingresos en el sistema SIAF, la revisión de los vouchers de los depósitos y los expedientes de los gastos; comisionándole el cajero de la municipalidad, en varias oportunidades, el depósito de dinero en la cuenta de la municipalidad en la Caja Nor Perú.

c)

Los imputados Costilla Gallo y Guerrero Farfán, tesorero y cajero respectivamente por razones de su cargo han tenido la disponibilidad jurídica sobre los caudales que ingresaban a las arcas municipales y en cuanto al imputado Palomino Castañeda en atención a las labores asignadas pese a que el cajero le comisionaba en diversas oportunidades el depósito de dinero de manera informal, no reunía la condición de sujeto vinculado normativa y funcionalmen- te con los caudales, ni en percepción, administración o custodia por lo que su intervención a titulo de autor del delito de peculado se excluye.

2.2.4. Con relación al extremo de la sentencia absolutoria de los acusados Costilla Gallo y Guerrero Farfán, que ha sido objeto de la impugnación por parte de la Municipalidad agraviada, se aprecia que esta se susten- ta en el siguiente razonamiento : Que si bien existe un acta de compro- miso en la que se hace constar que los acusados con

fecha 23 de enero

del 2007, se hicieron presentes en el despacho de la autoridad edilicia a efectos de hacer conocer la disponibilidad para devolver el dinero fal- tante, aceptando voluntariamente haberse apropiado del mismo y com- prometiéndose a su devolución; este documento fue cuestionado por los acusados, por las circunstancias que rodearon sus suscripción como lo es una coacción de parte del alcalde para no ser destituidos; y viene a constituir solo un indicio y como no se ha actuado medio probatorio conducente que corrobore el contenido de dicho documento que pro- duzca certeza, no se ha acreditado que estos imputados se apropiaron para sí o para otro del dinero que le fue confiado por su cargo. - - - - - --------------2.2.5. Que, sin embargo el Juez Unipersonal al expedir la sentencia apelada, en el extremo absolutorio no ha tenido en cuenta el material probatorio actuado con lo cual se ha llegado a acreditar lo siguiente: a)

Que mediante el informe 024-2007 emitido por parte de Contador de la Municipalidad agraviada, Marco Arbildo Ramírez, como consecuencia de realizar el cierre contable y presupuestal y al análisis efectuado a los mes de julio a diciembre del 2006 detecto que los ingresos que corresponden al servicio de agua potable y alcantarillado no fueron depositados en la cuenta de ahorro asignada de la agraviada, y que no solo se trata de un solo deposito, sino que estaban relacionados a ocho depósitos, esto es del 23, 24, 25, 28, 29 y 31 de agosto y primero y cuatro de setiembre del 2006, que suman un total de 18,281 nuevos soles con veintiún céntimos.

b)

Que el artículo 39 de la directiva de tesorería para gobiernos locales correspondiente al año fiscal 2006, aprobada por Resolución Directoral 007-2006-EF/77.15 de fecha 1 de febrero del 2006, establece que son responsables del manejo de las cuentas bancarias de la municipalidad, el director de administración o funcionario que haga sus veces y el tesorero; por lo que por mandato legal en lo que corresponde al tesorero y por las funciones que los acusados absueltos desempeñaban, son responsables de la percepción del dinero recaudado y de efectuar los depósitos en la cuentas banca- rias de la municipalidad, como ha quedado establecido en el Juicio oral;

c)

El imputado Palomino Castañeda, tanto en su declaración prestada en el juicio oral y en la audiencia de apelación de sentencia si bien admite que por encargo del cajero en varias oportunidades ha efectuado depósitos de dinero en la cuenta de la municipalidad desde fines de febrero hasta de agosto del 2006, excepto el última

semana de ese mes, desde que a partir de setiembre el tesorero le comunico que los depósitos lo iba a efectuar el personal del sistema de agua potable; ha negado haberse apropiado del dinero. Por lo que siguiendo el razonamiento del Juez Unipersonal si el dinero se hubiera apropiado solo y solamente este imputado a quien le encargaban depositar las sumas recaudadas en el día, los acusados absueltos por razones de sus cargos y por que no solo se trataba de un solo depósito sino de ocho como se ha precisado, han es- tado en condiciones de darse cuenta en forma oportuna de que esas sumas de dinero no fueron depositados en la cuenta de la agraviada; desde que mientras el acusado Guerrero Farfán, como cajero percibía los pagos efectuado a la municipalidad y encargaba al acusado sentenciado efectuar los depósitos y el acusado Costilla Gallo como tesorero tenia la función de verificar los saldos de caja y banco y la documentación sustentatoria. d)

En ese sentido existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los acusados absueltos con el delito de peculado previsto en el artículo 387 del código penal, que se configura con la conducta del funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción o administración o custodia le están confiados por razón de su cargo; sin perderse de vista que la figura de peculado en su vertiente culposa prevista en el segundo párrafo de este artículo se configura si el agente por culpa, da ocasión a que se efectué por otra persona la sustracción de caudales o efectos.

2.2.6. Que con relación al extremo de la sentencia que condena al acusado Palomino Castañeda por el delito de apropiación ilícita, el juez al desvincularse de la acusación del delito de peculado, previamente ha dado cumplimiento a lo previsto en el numeral 1 del artículo 374 del código procesal penal, y en mérito a la facultad prevista en el numeral 2 del artículo 397 del citado cuerpo legal; sin embargo estando a los funda- mentos precedentes, en los que se ha establecido que existen elemen- tos probatorios que vinculan a los acusados absueltos con el delito de peculado, el cargo atribuible al acusado Palomino Castañeda ya no sería el de autor del delito de apropiación ilícita, sino de participe del delito de peculado; desde que la jurisprudencia en forma uniforme ha estable- cido que el extraneus, como lo es el imputado, que no tiene la calidad exigida por la ley para el autor material del delito de peculado, responde en calidad de cómplice del hecho punible realizado por quien si posee tal calificación, en consecuencia este extremo al estar vinculado a una decisión respecto a los acusados Costilla Gallo y Guerrero Farfán, tam-

bién debe ser declarada nula; máxime si en la sentencia el Juez solo ha condenado al acusado por el delito de apropiación ilícita en agravio de la Municipalidad y ha omitido al Estado Peruano. - - - - - 2.2.7. Que, bajo estas consideraciones este colegiado considera que el Juzgado Unipersonal no ha examinado individualmente y luego en conjunto las pruebas actuadas y no ha respetado las reglas de la sana critica, especialmente conforme a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, conforme lo establece el artículo 393 inciso segundo del código procesal penal, incurriendo lo que en doctrina se denomina una motivación insuficiente, desde que solo se han consignado algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la decisión, con lo cual se ha infringido el deber de moti- var la decisión judicial.- - - - - - - - - 2.2.8. Que, la total configuración del derecho de motivación de las resoluciones jurisdiccionales resulta siendo consecuencia no sólo del derecho a la tutela judicial efectiva y la norma recogida en la Constitución Política. La doctrina procesal penal se ha encargado de precisar que la motivación resulta un deber del juez que se deriva además del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en su versión de derecho a obtener una resolución fundada que ponga fin al proceso, del derecho a la defensa 212, de la necesidad de controlar la sujeción del juzgador a la ley213, del derecho a la pluralidad de instancias 214 y del mandato de interdicción de la arbitrariedad215. - - - -

212 Conforme ha señalado Binder, en razón del derecho a la defensa, el procesado “debe tener la posibilidad de conocer cuales son los hechos que se le imputan y en virtud de qué pruebas se fundamenta dicha imputación”. BINDER, Alberto. Introducción al derecho procesal penal cit. pág. 154. 213 Cfr. VELEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho procesal penal. Tomo I. Córdoba – Argentina: Mar- cos Lerner, Reimpresión de la Tercera edición, 1982, pág. 364. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. “La motivación de las sentencias”, en Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia pe- nal. Madrid – España: Consejo General del Poder Judicial, 1992, pág. 98. CONDE-PUMPIDO TOURON, C. op cit., pág. 201. 214 Cfr. MAURACH, Reinhart - ZIPF, Heinz. - GÖSSEL, Karl-Heinz. Derecho penal 2. Buenos Aires –Argentina: ASTREA, Traducción de la Séptima edición alemana, 1995, pág. 796 (nº. marg. 195) BOIX REIG, Javier. “La motivación de la individualización de la pena”, en Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia penal, cit. pág. 193. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 98. 215 Cfr. VELEZ MARICONDE, A.., op cit., pág. 363. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 98. BOX REIG, J., op cit., pág. 193. En los países de nuestra cultura jurídica, “la primera aparición del deber de motivar responde prioritariamente a exigencias de carácter político: se busca en el

2.2.9. Que, en este orden de ideas, tenemos que el derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en sus instancias reconocidas perderían razón de ser, en cuanto partes integrantes del superior derecho a la tutela judicial efectiva, si el sujeto no tuviera también el derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso. De nada serviría que se le haya permitido al sujeto comparecer al proceso, en sus instancias legalmente previstas, si no se prevé también un derecho para que el órgano jurisdiccional no pueda eludir dar la respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen al proceso, o dé una que resulte del proceso sea ambigua. Y, como tenemos en la sentencia solo se ha limitado a describir actuaciones de juicio, mas no a valorar las pruebas actuadas. Por lo que se ha incumplido el deber de motivación de la sen- tencia como garantía de la administración de justicia.- - - - - - - - - - - - - --------------------------------2.2.10.Que, frente a este hecho, no es cualquier respuesta la que satisface el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que es necesario que ésta, además de ser clara, deba encontrarse debidamente motivada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica. Derecho que no sólo le corresponde al imputado, contra quien se dirige la persecución penal (razón de ser del proceso), sino también a todos los sujetos procesales que tengan un interés propio en el proceso, es decir el agraviado, actor civil y el tercero civilmente responsable. Siendo así que no sólo se debe fundamentar en derecho la sentencia condenatoria, sino también la absolutoria; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.11.Que, por consiguiente al haberse transgredido el derecho a la debida motivación, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 409 Inciso 01, concordante con el Artículo 150 parágrafo a) y el Artículo 154 Inciso 04 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad de la Sentencia y del Juicio Oral, y disponerse la realización de un nuevo juicio oral por otro Juzgado, al amparo del principio de imparcialidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 2.2.12.El agraviado ha solicitado que se revoque el extremo de la sentencia que absuelve a los acusados y se les imponga la sentencia condenatoria, sin embargo es posición de este superior colegiado, que no resulta de aplicación lo preceptuado en el artículo 425 inciso 3, respecto a la revo-

una garantía frente al arbitrio”. ANDRES IBAÑES, Perfecto. “Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal”, en Cuadernos. Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia

penal, cit. pág. 119.

cación de la sentencia absolutoria por sentencia condenatoria, por ser violatorio con el principio de la doble instancia que tiene toda persona imputada, esto es, el de cuestionar los hechos y el derecho de la senten- cia condenatoria ante una instancia superior, lo que no podría darse si la Sala Superior de Apelaciones revocase una sentencia absolutoria e impusiese una condenatoria. En este caso, los imputados sólo tendrían derecho al recurso de casación, y ya no al de la apelación, sólo podría cuestionar el derecho, más no las pruebas, afectando así su derecho constitucional a la doble instancia, entendida como doble conforme. - -------------------------------------------III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - DECLARARON NULA la Sentencia de fecha 10 de marzo del año dos mil nue- ve que absuelve a Carlos Alfredo Costilla Gallo y Genaro Guerrero Farfán como au- tores del delito contra la administración pública- delito cometido por funcionarios públicos, en la modalidad de peculado, en agravio de la Municipalidad Distrital de Guadalupe y del Estado Peruano. Y desvinculándose de la acusación formulada contra Javier Alberto Palomino Castañeda como autor del delito contra la admi- nistración pública, delito cometido por funcionario público, en la modalidad de peculado en agravio de la municipalidad distrital de Guadalupe y del estado pe- ruano, en consecuencia condena la citado acusado como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de apropiación ilícita en agravio de la municipalidad distrital de Guadalupe a dos años de pena privativa de la libertad suspendida por el mismo plazo de la condena, fijándose reglas de conducta y una reparación civil consistente en restituir el dinero ilícitamente sustraído.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - 

DISPUSIERON que otro Juez efectúe un nuevo juicio oral, y expida una sen- tencia observando la garantía de la debida motivación y demás garantías que consagra nuestra Constitución Política.- - - - - - - - - - - - - - - - - -------



ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricar- do Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------

48. ROBO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE N° ASISTENTE PROCESADO AGRAVIADO DELITO PROCEDENCIA IMPUGNANTE ASUNTO

: 01883-2011-75-1618-JR-PE-03 : CARMEN BUCHELLI DEVILLE : JORGE ANIBAR ALEJO LUJAN : OSCAR PÉREZ CARRANZA TOLENTINO GIL ALFREDO RAFAEL : ROBO AGRAVADO : EXP.01883-2011-75 JUZGADO COLEGIADO : PROCESADO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA Trujillo, siete de Mayo Del año Dos Mil Doce. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN SEGUNDO RODOLFO ZAMORA BARBOZA (Juez Superior Titular) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Superior Titular); en la que inter- vinieron, la doctora Ana Cristina Vigo Ordoñez como representante del Ministerio Público, y el abogado defensor del imputado doctor Francisco Javier Morales Men- doza, conforme se ha registrado en correspondiente registro de audio. I.

INTRODUCCIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: 1.

ANIBAR ALEJO LUJAN, identificado con DNI N° 45304344, nacido el 10 de diciembre de 1986, de estado civil soltero, con grado de instrucción quinto de primaria, no tiene hijos, de ocupación ayudante de construcción, y con domi- cilio real en Av. Gran Chimú N° 699 – La Esperanza.

HECHOS IMPUTADOS: 2.

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Se atribuye al procesado, ser autor del presunto delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, en perjuicio de Óscar Pérez Carranza, en circunstancias que con la fecha 15 de Abril del año 2011, aproximadamente a las 12:20 p.m., con la concurrencia de dos sujetos más, valiéndose de una pistola plástica con apariencia de real, amenazas y violencia, le arrebataron al agraviado, el motocar de placa T1-6870, un celular color negro N° 948615869 de la empresa movistar, y la suma de S/. 30.00 (treinta nuevos soles), hechos que ocurrieron en inmediaciones de la cuadra 14 de la Calle 22 de Febrero – La Esperanza. GRUPO EDITORIAL Lex &

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II.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

3.

Es materia de apelación la sentencia, resolución número trece de fecha nueve de enero del año dos mil once, que corre de folios ciento tres a ciento once del cuaderno de debate, la misma que condena a Jorge Anibar Alejo Lujan como autor del Delito de Robo Agravado en agravio de Oscar Pérez Carranza; impo- niéndole una pena de diez años de pena privativa de libertad efectiva, además del pago de doscientos nuevos soles (S/. 200.00) por concepto de reparación civil

PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 4.

La defensa del sentenciado solicita a esta Sala de Apelaciones, revocar la sen- tencia recurrida y reformándola, absuelva a Jorge Anibar Alejo Luján de los cargos formulados en su contra.

FUNDAMENTOS: 5.

La defensa técnica fundamenta su pretensión en que el imputado no ha cometido el delito incriminado, y en que el A quo no ha realizado una debida va- loración de los medios probatorios actuados en el juicio oral, específicamente de las declaraciones rendidas en el desarrollo de este acto procesal.

6.

En los alegatos finales, esta parte argumentó: a).- Que la sentencia no se encuentra arreglada a ley, debido a que el representante del Ministerio Público efectúa un requerimiento acusatorio alegando que el grado de comisión del delito fue la tentativa, y haciendo una corrección lo establece como consumado. b).- Que, en la declaración de los testigos se aprecian serias inconsistencias, y que no se ha efectuado una razonada y debida valoración de estas pruebas. c).- Que, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal, establece que carecen de efecto legal, las pruebas obtenida con violación a los derechos fundamentales.

PETICIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 7.

Por su parte, la representante del Ministerio Público sostiene que la sentencia se encuentra arreglada a ley y por tanto debe ser confirmanda.

FUNDAMENTOS: 8.

La fiscalía formula la tesis de que la resolución recurrida es correcta, ya que en el juicio oral se ha logrado acreditar la responsabilidad del imputado.

9.

Que, en todo momento la tesis incriminatoria ha propuesto que los hechos objeto del presente proceso constituyen robo consumado, que fue un error

por parte del Ministerio Público ingresar una acusación aludiendo el grado de tentativa del delito, el mismo que fe subsanado inmediatamente, y que a pesar de ello no se han afectado los derechos del acusado ya que el debate, se ha producido sobre la base de la imputación como delito consumado. ITINERARIO DEL PROCESO: 10. En audiencia de apelación, el abogado de la defensa solicitó variar su pretensión por la de nulidad, petición que fue trasladada al Ministerio Público, quien pidió que dicha pretensión sea declarada improcedente, ya que el objeto y fundamentos de la apelación ya han sido establecidos en el escrito correspondiente, y que en todo caso es potestad del órgano superior revisar la formalidad de la resolución venida en grado. Con respecto a este punto, la Sala expresó que el marco de la pretensión impugnatoria está contenido en el escrito recursal, lo que permite que el debate se produzca en igualdad de armas, y que tal variación atentaría contra las garantidas constitucionales; sin embargo, ello no significa que el colegiado no realizará un análisis material y formal de la sentencia impugnada, concordante ello a las normas referidas al debido proceso y la tutela procesal efectiva, en base a estos argumentos la Sala resolvió por unanimidad declarar improcedente la petición de variación de la pretensión impugnativa, y ordenaron se continúe con el proceso en el estadio correspondiente. 11.

En la audiencia de apelación no se actuó nueva prueba, no se oralizaron piezas documentales, no fue necesaria la declaración de las partes debido a la naturaleza del recurso impugnatorio, por lo que como efecto de la apelación formulada, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia recurrida.

III. CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 12. Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y sancionado en el Código Penal, específicamente en el artículo 188° del Código Penal, el cual prescribe que: “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndo- lo del lugar en que se encuentra, empelando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años”; cabe resaltar que este tipo básico o simple, ha presentado circunstancias agravantes, las cuales se encuentran precisadas en el artículo 189° del Código Penal, cuyo tenor es: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte , si el robo es cometido: … 4) Con el concurso de dos o más

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personas … 8) Sobre vehículo automotor”. Dicho esto ya no se encuadra la conducta imputada a los condenados en el tipo simple de robo, sino dada la gravosidad de su conducta, constituye el tipo penal descrito en el artículo 189°, siendo perseguible penalmente su conducta por el ilícito penal de robo agravado, siendo importante esta precisión ya que como se ha dicho, la con- ducta se encuentra tipificada en una norma penal complementaria, debiendo precisarse en qué circunstancias agravantes se ha perpetrado el hecho216. 13. De lo mencionado en el considerando anterior, este superior jerárquico debe precisar que, en los delitos de ROBO AGRAVADO, el bien jurídico protegido es de naturaleza pluriofensiva, toda vez que no sólo protege el patrimonio, sino además la integridad y libertad personal. Así mismo, en el delito de robo agra- vado, se trasgreden bienes de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, la vida, el patrimonio, entre otros bienes jurídicos, lo que hace de este injusto un delito complejo; siendo un conglomerado de elemen- tos típicos, en el que sus componentes aparecen tan indisolublemente vincu- lados entre sí, formando un todo homogéneo indestructible, cuya separación parcial daría lugar a la destrucción del tipo. 14. Como Doctrina Jurisprudencial se ha establecido: “…respecto a los delitos de robo agravado, el momento consumativo requiere la disponibilidad de la cosa sustraída por el agente. Disponibilidad que, más que real y efectiva debe ser potencial, esto es, entendida como posibilidad material de dispo- sición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída”217. 15. En conexión al agravante previsto en el numeral 4 del artículo 189 del Código Penal, ha sido determinado que: “El agravante de la concurrencia de dos o más personas en el robo se justifica porque la pluralidad de agentes in- crementa el poder ofensivo de la agresión y potencia la indefensión de la víctima, elevando el peligro de un daño sobre su vida o salud.”218. 16. Que, en relación al agravante previsto en el numeral 8 del artículo 189 del Código, esta Sala Superior debe citar lo desarrollado por SALINAS SICCHA219, “se configura cuando el robo se produce sobre un vehiculo automotor. Aquí el agravante se configura cuando el objeto del robo es un vehiculo. Se busca protegerle patrimonio de las personas que cuentan con un vehículo

216 ROJAS VARGAS, Fidel. Jurisprudencia Penal Patrimonial. Editorial Grijley. Lima, 200. Pág.48. 217 Sentencia Plenaria N° 01-2005/DJ-301-A.

218 R.N. N° 4172-2004 Chincha 219 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. Volumen II. Editorial Grijley. Cuarte Edición. Lima, noviembre de 2010. Pág. 978.

en su poder…”, siendo que en el presente caso la victima fue violentada en razón a esta circunstancia, lo que determina que se encuentre en una situación de mayor indefensión o vulnerabilidad, que precisamente es el fundamento del agravante. 17. De igual manera la jurisprudencia nacional ha instituido que: “El debido proceso penal puede entenderse como aquella garantía genérica mediante la cual se data de rango constitucional a todas aquellas garantías procesa- les especificas reconocidas o no expresamente en la constitución, que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso penal se configure como un proceso justo, en los términos que la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos lo diseñan”220. 18. A su vez, el Tribunal Constitucional refiriéndose al debido proceso ha establecido que: “…significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la moti- vación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 2192-2002-HC/TC (F.J. N° 1), N° 2169-2002-HC/TC (F.J. N° 2) y N° 3392-2004-HC/TC (F.J. N° 6)”221. 19. El artículo 2 numeral 20 literal e) de la Constitución Política del Estado que establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; derecho que además se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Pre- liminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tra- tada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obte- nida y actuada con las debidas garantías procesales.

220 R. N. N° 1160-2006 SALA PENAL PERMANENTE. Lima. 18/04/2007.

221 Sentencia recaída en el expediente N° 8125-2005-PHC/TC FJ 6.

PREMISA FÁCTICA: 20. De la acusación formulada por el Ministerio Público se desprenden los hechos y circunstancias materia de la imputación, se tiene que el procesado, el 15 de Abril del año 2011, aproximadamente a las 12:20 p.m., con la concurrencia de dos sujetos más, valiéndose de una pistola plástica con apariencia de real, amenazas y violencia, le arrebataron al agraviado, el motocar de placa T1- 6870, un celular color negro N° 948615869 de la empresa movistar, y la suma de S/. 30.00 (treinta nuevos soles), hechos que ocurrieron en inmediaciones de la cuadra 14 de la Calle 22 de Febrero – La Esperanza. DEBIDO PROCESO 21. Que, conforme se ha desarrollado en considerandos anteriores, el proceso penal debe desarrollarse respetando las normas referidas al debido proceso y las garantías constitucionales previstas a favor del procesado, teniendo en consideración el fundamento de la defensa técnica del procesado (parágrafos “a” y “c” del numeral “6” de la presente resolución), se hace necesario incidir en que en el presente caso se aprecia que el Ministerio Público incurre en con- tradicciones al ingresar dos escritos de acusación, cuya diferencia estriba en el grado del desarrollo del iter criminis del presente caso; de igual manera. el A quo emitió sentencia considerando que el delito objeto de pronunciamiento del presente proceso, se hallaba en grado de tentativa, mientras que la acusa- ción fiscal definitiva, sostenía la consumación; sin embargo, no se aprecia de estos hechos que se haya vulnerado efectivamente de los derechos y garantías constitucionales y procesales del sentenciado, ya que el debate, a lo largo del juicio se ha llevado a cabo sobre la base de los mismos hechos, es decir, los hechos imputados han sido inmutables. Por otro lado, en referencia a legiti- midad de la prueba, este órgano superior no encuentra violación directa ni indirecta de derechos fundamentales que determinen la eficacia de las pruebas obtenidas e incorporadas al proceso. VALORACIÓN PROBATORIA: 22. Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instan- cia222. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribunal

222 Inciso 2 del Artículo 425 del Código Procesal Penal.

de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valo- ración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad na- rrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los cono- cimientos científicos. En consecuencia, el relato factico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radi- calmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contra- dictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia223. 23. En el presente caso la sindicación de la víctima y la declaración de la testigo Giovani Magali Sánchez Gutiérrez, han sufrido una transmutación considerable, llegando incluso a contradecir lo declarado en sede policial, aduciendo que fueron obligados a rendir tales testimonios por los efectivos policiales intervinientes, hecho que al ser contrastado con el Acuerdo Plenario N° 022005/CJ-116, acarrearía la incredibilidad de dichos testimonios. sin embargo, conforme se ha establecido en el mismo instrumento legal “los requisitos expuestos, como se ha anotado, deben apreciarse con el rigor que corres- ponde. Se trata, sin duda, de una cuestión valorativa que incumbe al ór- gano jurisdiccional. Corresponde al Juez o Sala Penal analizarlos ponde- radamente, sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto.”224; y teniendo en consideración lo previsto en el artículo 393.2 del Código Procesal Penal, mismo que establece que “La va-

223 GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Editorial Colex. Madrid, 2004. pp. 275276

224 Párrafo N° 11 del Acuerdo Plenario 02-2005/CJ116.

loración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”, apoyado además en primer lugar por el reconoci- miento efectuado en juicio oral por el agraviado Oscar Pérez Carranza, el cual da razón acerca de que el procesado es la persona intervenido a la cual se le incauta el celular que se le había sustraído, en segundo lugar por las declara- ciones de los efectivos policiales Marco Antonio Ninaquispe Portilla y Marcos Cabanillas Celis, así como de la propia declaración de la víctima quienes re- fieren que entre el fin de la persecución efectuada por éste, y la intervención efectuado por aquellos, no hubo un intervalo de tiempo mayor a cinco minu- tos, lo que brinda un soporte objetivo a ser tomado en cuenta, para generar convicción acerca del acaecimiento los hechos. 24. Por los considerandos, expresados Esta Sala Superior realizado el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se ha dictado respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que se ha desvirtuado la presunción de inocencia225, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad”, ello en concordancia con lo instituido en el Articulo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente ac- tividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías

225 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”.

En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

procesales”. Por lo que este Colegiado Superior, ha decido la confirmatoria de la sentencia impugnada. 25. Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien la defensa del sentenciado ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, tal acto lo ha realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional y procesal 226 a la doble instancia, por lo que debe eximírseles del pago de costas. IV.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experien- cia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1)

CONFIRMAR la Sentencia, resolución número trece de fecha nueve de enero del año dos mil once, obrante de folios ciento tres a ciento once del cuaderno de debate, la misma que condena a Jorge Anibar Alejo Luján como autor del Delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado en agravio de Oscar Pérez Carranza, imponiéndole un pena de diez años de pena privativa de libertad, y obligándolo al pago de doscientos Nuevos Soles (S/. 200.00), por concepto de reparación civil.

2)

NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.

Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas.

226 Artículo 106 del Código Procesal Penal.

49. ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA PROCESO PENAL Nº ASISTENTE JURISD AGRAVIADO IMPUTADO DELITO MINISTERIO PÚBLICO PROCEDENCIA IMPUGNANTE(S) ASUNTO

: 03489-2010-57-1601-JR-PE-01 : NESTOR DANIEL SANCHEZ PAGADOR : DAVALOS URIOL, CARLOS ANDRES : LLAMOGA RUMAY, IVAN ANDERSON : ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA : DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO : JUZGADO COLEGIADO : IMPUTADO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA RESOLUCION NUMERO DIEZ Trujillo, Veintiséis de Enero Del Dos Mil Once VISTA Y OÍDA, en audiencia de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY LLAP UNCHÓN (Jueza Superior Titular, Directora de Debates), doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA (Juez Superior Titular), en la que intervienen como parte apelante, el sentenciado IVAN ANDER- SON LLAMOGA RUMAY, quien interpuesto recurso de apelación contra la senten- cia condenatoria, resolución número cinco, de fecha veintiséis de julio del año dos mil diez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

La Sala Penal de Apelaciones conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado IVÁN ANDERSON LLAMOGA RUMAY, contra la sentencia condenatoria, resolución número cinco, de fecha veintiséis de julio del año dos mil diez, la misma que condena a diez años de pena privativa de libertad efectiva por el delito contra el patrimonio en la modalidad de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA; y fija como re- paración civil la suma de Doscientos y 00 /100 Nuevos soles (S/.200.00) en agravio de ULADIS EDGARDO DÁVALOS URIOL.

2.

Fundamentos del Recurso de Apelación:

2.1. El abogado del imputado IVAN ANDERSON LLAMOGA RUMAY, ha interpues- to el recurso de apelación contra la sentencia, en el extremo que condena a su patrocinado como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa a diez años de pena privativa de la libertad efectiva, solicitando se revoque

dicha sentencia por considerarle injusta y no acorde a ley, puesto que se ha olvidado la actuación de una prueba importante y no han sido valoradas en forma conjunta todas las pruebas aportadas y actuadas al momento de expedirse en la sentencia condenatoria, tales como, la testimonial del propio agraviado ofrecido por la fiscalía, el mismo que tiene una versión de los hechos muy distinta a lo manifestado por los testigos ofrecidos por la fiscalía, vulnerándose de esta forma el debido proceso y el principio del contradictorio que debe primar en este nuevo modelo procesal. 2.2. Además fundamenta que durante el desarrollo del juicio oral, no se ha llegado acreditar en forma fehaciente e indubitable que el arma de fuego exista, me- nos se ha puesto a la vista para su reconocimiento por parte de los testigos ofrecidos que participaron en la intervención policial, a efecto de determinar si efectivamente se trata de la misma arma de fuego incautada, pues la fiscalía no ha probado ni ha ofrecido la correspondiente pericia balística, a efecto de determinarse su operatividad y deslindarse si estamos o no ante una tentativa no punible en virtud al artículo 17° del Código Penal, igualmente, no se ha to- mado en cuenta el resultado de la pericia de absorción atómica ofrecida por la fiscalía, cuyo resultado arroja positivo para plomo y negativo para antimonio y bario. 3.

A su turno, el representante del Ministerio Público, solicitó la confirmatoria de la sentencia impugnada, pues se han actuado elementos suficientes de prueba como el reconocimiento en rueda, en presencia de su Abogado Defensor, en la que describe y sindica al procesado, también los efectivos policiales corroboran tal información y lo sindican como autor. Asimismo, en el registro Personal se le encontró el revólver y cinco cartuchos en el tambor de dicha arma, y por último que durante el decurso de la investigación no ha cuestionado los actos investigatorios, no obstante contar con su defensa técnica, y que en todo caso se trata de un asunto de valoración probatoria de las declaraciones testimoniales y la Sala de Apelaciones no puede dar diverso valor probatorio al otorgado por el Juzgado Colegiado.

4.

Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida, asimismo para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto.

II.

ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS:

Ante esta Instancia Superior no se admitieron ni actuaron nuevos medios de prueba.

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III. INTERROGATORIO DEL SENTENCIADO El sentenciado presente IVAN ANDERSON LLAMOGA RUMAY no declaró. IV.

CONSIDERANDOS:

4.1. Premisa Normativa: 

Los hechos que son materia del presente proceso penal, el Ministerio Público los ha configurado en el ilícito penal de Delito contra el Patrimo- nio en la modalidad de Robo Agravado, el cual se encuentra tipificado en el artículo 189°incisos 2, 3, 4 y 5 del Código Penal, el cual prescribe “La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: ”… 2.Durante la noche o en lugar desolado, 3. A mano armada, 4. Con el concurso de dos o más personas y; 5 En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga (…).



En tanto, el artículo 16° del Código Penal prescribe lo siguiente “En la tentativa el agente comienza la ejecución del delito, que decidió co- meter, sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”.

4.2 Hechos objeto de imputación: Según la tesis incriminatoria de la acusación fiscal, del informe policial N° 272009-RPLL-DIVPOL-P-V-PNP-CDD, señala que el 24 de setiembre del 2009, siendo las 7.16 pm la comisaria de Ciudad de Dios recibió una llamada telefónica, por el cual se ponía en conocimiento un asalto y robo producido a la altura del Km. 698 de la carretera Panamericana Norte, en dicho lugar se encontró la camioneta station wagon marca TOYOTA, modelo PROBOX, Color blanco, con placa de rodaje TD-1274, perteneciente a la Empresa de Transporte de Pasajeros “San Francisco de Asís”, que cubre la ruta Chepen- Cruce de San José y viceversa, se encontraba volteada como consecuencia del forcejeo entre los delincuentes y el conductor identificado como Uladis Edgardo Dávalos Uriol, que se originó que se despistara y se diera una vuelta de campana, como subsecuente daños materias y personales de los pasajeros María Pura Montoya Lezama, Lilibeth Milagros Cienfuegos Medina, Bryan Manuel Mina Gonzales y Uladis Edgardo Dávalos Uriol, los cuales fueron conducidos al Hospital Tomás La Flora; circunstancias en las cuales se intervino a Iván Anderson LLamoga Rumay, natural de Paijan y uno de los dos autores del asalto y robo en circunstancias que trataba de fugarse en un mototaxi confundiéndose entre los heridos, el cual fue sindicado como uno de los asaltantes por el chofer del vehículo, lo que motivo su intervención y al efectuarse su diligencia de registro personal se le halló en su poder un arma de fuego (revolver) marca Smith Wesson Calibre 32, abastecido con 5 cartuchos del mismo calibre; así mismo la

cantidad de quince ketes con pasta básica de cocaína y un paco de marihuana, luego de lo cual fue trasladado a la Comisaria de la PNP de Ciudad de Dios; para las investigaciones de caso; que producto de la intervención policial se ha elaborado el Acta de registro personal, comiso de drogas e incautación; en el cual el registro personal de imputado LLamoga Rumay, se le encontró quince envoltorios de papel periódico, tipo ketes contenido en su interior una sustancia blanquecina pulverulenta con olor y características a pasta básica de cocaína- PBC; así mismo con envoltorio de papel tipo Sativa-Marihuana, así mismo se ha encontrado en su cintura lado derecho un revolver calibre 32 Calibre 32- Auto marca Smith Wesson, abastecida con 5 cartuchos, el mismo que tiene un número con seis dígitos pero no se encuentra legibles y la cacha se encuentra cubierta con una soguilla y cinta de papel aislante color crema; también se le encontró la suma de S/. 16.00 nuevos soles y un celular marca Sansung color negro, en regular estado de conservación y funcionamiento; instrumental que oportunamente se ha solicitado la confirmatoria por parte del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo. 4.3. Esta Sala Superior al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma ha sido dictada cumpliendo con los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputación 227, partiendo de esta premisa, en el trá- mite del presente proceso penal, en la audiencia de juicio oral, la misma que debe ser entendida como la central, la más importante del juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que se realizaran durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas o de información documental y/o material, o por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba, se han actuado las declaraciones testimoniales del SOT PNP Segundo Huamán Barbarán, SOT PNP. Roger Cabanillas Gálvez, SOT PNP. Juan Espino- za Mondragón. 4.4. En relación a lo últimamente mencionado, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede

227 El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica R.N.N° 2714-2003-Lima-Cono Norte.p.380.

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otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor pro- batorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia. 4.5. Respecto del argumento de apelación consistente en que el procesado no por- taba arma y que la pericia absorción atómica sólo dio como resultado positivo para plomo más no para antimonio y bario, y, además que no se ha realizado la pericia que indique si el arma se encontraba operativa; es de advertir que en diligencia de registro personal se le halló en poder del procesado un arma de fuego (revolver) marca Smith Wesson Calibre 32, abastecido con cinco car- tuchos del mismo calibre, cuya acta no ha sido cuestionada; y que para la con- figuración del delito de Robo Agravado, el accionar delictivo se debe ejercer con violencia y amenaza sobre la victima, no siendo necesario que se hayan efectuado disparos con la misma, por cuanto se considera arma todo instru- mento real o aparente que incrementa la capacidad de agresión del agente y reduce la capacidad de resistencia de la victima228, capaz de ejercer un efecto intimidante sobre ésta al punto de vulnerar su libre voluntad, despertando en esta un sentimiento de miedo, desasosiego e indefensión229, por lo que ceñi- dos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar la responsabilidad del procesado condenado, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas. 4.6. Este colegiado sostiene que para fundamentar un juicio de condena se requie- re como presupuesto que hayan existido suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad de los procesados, es decir,

228 Ejecutoria Suprema del 15/7/2004, R. N. N° 1163-2004 CAJAMARCA.; Modernas Tendencias dogmáticas en la Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema; Lima, Dialogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, 2005, p. 259. 229 Ejecutoria Suprema del 10/7/98, Exp. N° 2179-98 LIMA, Jurisprudencia Penal Comentada, Lima, Gaceta Jurídica, 1999, p. 196.

que se haya desvirtuado la presunción de inocencia230, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad”. Es en ese sentido, que se advierte que para sustentar el juicio de condena se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas, como se realiza en el Considerando Undécimo, específicamente el relato que hizo el agraviado a la policía al sindicar in situ al condenado como autor del hecho, mantenien- do su dicho en el Reconocimiento en Rueda de Personas, aun tratándose del único testigo, su relato tiene entidad para ser considerado como prueba válida de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de ino- cencia del procesado, motivado su decisión en forma consistente y razonada. Menciona la sentencia venida en grado, bajo el rubro sobre la comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, evaluando de manera conjunta los medios probatorios admitidos por los sujetos procesales se advierte que: si bien es cierto no ha concurrido al contradictorio la agraviada, sin embargo existe el acta de reconocimiento en rueda de personas, practicada en presen- cia del Ministerio Público, el Abogado defensor del acusado, mediante la cual la victima sindica directamente al acusado como la persona que conjuntamen- te con otra lo encañonaron con arma de fuego con la finalidad de robarle su vehículo; a esto se suma las declaraciones de los policías que dan testimonio de manera uniforme y coherente, que el acusado fue intervenido in situ, al ser sindicado por el agraviado como uno de los autores del hecho doloso, en circunstancias que trataba de darse la fuga, y al registro personal se le incautó un arma de fuego, consistente en un Revolver Calibre 32 Auto, marca Smit Wesson, abastecido con 5 cartuchos calibre “32” WW; de lo que se concluye que toda la descripción de la prueba actuada en juicio oral, tiene como mérito, que el colegiado de primera instancia ha tenido en cuenta los presupuestos

230 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda

suficientemente demostrada”. http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

En

previstos en el Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116 numeral diez“231,más aún si tales dichos que al lado de otros elementos de prueba fehacientes, como la prueba documental, han permitido corroborar los hechos investigados. 4.7. Es en ese orden de ideas, éste superior jerárquico, al haber realizado un análisis conjunto, ha determinado que el colegiado ha realizado una adecuada va- loración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo presentados por el representante del Ministerio Público, lo que determina que la sentencia condenatoria venida en grado se ha sustentando en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conllevando de ese modo al cumpli- miento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, por el cual éste superior jerárquico decide la confirmatoria de la resolución apelada. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, resuelve: 1)

CONFIRMAR la sentencia, resolución número cinco, de fecha veintiséis de julio del año dos mil diez, las misma que por unanimidad CONDENA a IVAN ANDERSON LLAMOGA RUMAY, a diez años de pena privativa de libertad, procesado por el delito contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, en agravio de ULADIS EDGARDO DÁVA- LOS URIOL, con lo demás que contiene.

2)

DEVUELVASE la presente causa a su Juzgado de Origen para los fines de ley, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución.

Actuó como Juez Superior, directora de debates, la Señora Doctora Lilly Llap Unchón.

231 Tratándose de las declaraciones de los coimputados y testigos, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico “testis unus testis nullus”, para ser consi- derada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a)

Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.

c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior. (…)”.Guerrero López , Iván Salomón, en Common Law en el Perú?. Ju- risprudencia Penal Vinculante- Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116.pp 261.

50. ROBO AGRAVADO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MICROCOMERCIALIZACION DE DROGA EXPEDIENTE IMPUTADO CRUZ DELITO

AGRAVIADO APELANTE ASUNTO

: 04989-2009-48-1601-JR-PE-03.: HUGO ALBERTO AREVALO DE LA ERIK ALBERTO CONTRERAS AGUILAR : LESIONES GRAVES, ROBO AGRAVADO, TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, MICROCOMERCIALIZACIÓN : KARLA JESSICA CASTILLO BOGGIO DE ESPINOZA, JOSÉ RI- CARDO ESPINOZA ZEGARRA, EDGAR ROBINSON PORTILLA JARA : MINISTERIO PÚBLICO E IMPUTADO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Uno de Octubre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Director de debates).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Viene en apelación de la sentencia que: a) absuelve a Erik Alberto Contreras Aguilar, como coautor del delito de robo agravado en agravio de Karla Jessica Castillo Boggio de Espinoza, José Ricardo Espinoza Zegarra y Edgard Robin- son Portillo Jara; b) Condena a Hugo Alberto Arévalo De La Cruz por el delito de Robo Agravado a veinte años de pena privativa de libertad, en agravio de Karla Jessica Castillo Boggio de Espinoza, José Ricardo Espinoza Zegarra y Edgard Robinson Portillo Jara; c) condena a Hugo Alberto Arévalo De La Cruz por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de posesión con fines de micro comercialización a tres años de pena privativa de libertad más 180 días multa, en agravio del estado; d) Absuelve a Hugo Alberto Arévalo De La Cruz, como autor de delito de peligro común en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado; e) condena a Hugo Alberto Arévalo De La Cruz como autor de la comisión del delito de Peligro Común en la Modalidad de Tenencia ilegal de Municiones, en agravio del estado, a Seis años de pena privativa de libertad; f) Dispone la sumatoria de las penas im- puestas por tratarse de Concurso Real de Delitos, la que alcanza a veintinueve años de pena privativa de libertad; g) Fija como reparación Civil la suma de dos mil

nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados, al pago de la suma de mil nuevos soles por el delito de traficó ilícito de drogas y de tenencia ilegal de municiones, a favor del Estado.

1.2.- El abogado del sentenciado Hugo Alberto Arévalo De La Cruz ha interpuesto recurso de Apelación contra el extremo de la sentencia que condena a su patrocinado, solicitando se revoque y se le absuelva, por considerar que no se ha valorado adecuadamente los medios probatorios, no se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia y no se ha aplicado el principio de congruencias al no haberse motivado en su integridad los medios probatorio aportados en la etapa de juicio. 1.3.- La representante del Ministerio Público también ha interpuesto el recurso de apelación y ha solicitado que se declare nula la sentencia en el extremo que absuelve al imputado Erik Alberto Contreras Aguilar, por considerar que exis- ten vicios al motivar la resolución judicial; y en el extremo de la sentencia que absuelve al acusado Hugo Alberto Arévalo De La Cruz por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego esta debe confirmarse, al haberse valorado adecuada- mente los medios probatorios que han acreditado la responsabilidad de este imputado. 1.4.- Asimismo el abogado del sentenciado Hugo Alberto Arévalo De La Cruz ha interpuesto recurso de Apelación, solicitando se revoque la sentencia y se ab- suelva a su patrocinado, por considerar que no se ha valorado adecuadamen- te los medios probatorios, no se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia y no se ha aplicado el principio de congruencias al no haberse moti- vado en su integridad los medios probatorio aportados en la etapa de juicio. 1.5.- Que por su parte el Abogado del imputado Erik Alberto Contreras Aguilar, so- licita que se confirme la sentencia venida en grado por encontrarse de acuer- do al ley, al considera que se ha valorado adecuadamente los medios proba- torios, donde ha prevalecido la presunción de inocencia de su patrocinado. ---------------1.6.- En la audiencia no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, el sentenciado prestó su declaración y se escucharon los alegatos finales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho de la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - II.

CONSIDERANDOS:

A.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.- Que, el artículo 189 del Código Penal regula el delito de robo agravado señalando que: “la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: 3) a mano armada; 4) Con el concurso de dos o más personas.- -----

2.2.- Que, el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones está regulado por el Artículo 279 del Código Penal en cual prescribe, “el que ilegítimamente fabrique, almacena, suministra o tiene en su poder bombas, armas, municiones o materiales destinados para us preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años”. - - - - - - - - - ------------2.3.- Que el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de micro comercialización prevista en el Artículo 298 establece que: “la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y ciento ochenta a trescientos sesenta días multa cuando: La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus de- rivados, cien gramos de mariguana o diez de sus derivados o dos gramos de éxtasis. - - - - - - - - - - - - - 2.4.- En la sentencia de casación 03-2007 – Huaura de 07.11.07, se ha precisado que uno de los elementos que integra el contenido esencial de la presunción de inocencia como regla de prueba es que la actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente, conforme al primer párrafo del artículo dos del título preliminar del Nuevo Código Procesal Penal. Ello quiere decir, primero, que las pruebas, así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus disposicio- nes, estén referidas a los hechos objeto de imputación, al aspecto objetivo de los hechos, y a la vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -----------------B.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS.De los fundamentos de la sentencia respecto al delito de robo.2.5.- En la sentencia apelada se ha precisado que con las pruebas actuadas en juicio oral se ha acreditado que el día 27 de Agosto del año 2009, luego que los esposos Jorge Espinoza Zegarra y Karla Jessica Castillo Boggio de Espinoza efectuaran la venta del vehículo de placa de rodaje RGK- 424 , la segunda de las citadas en compañía de Edgar Portilla Jara se dirigieron a la casa de cambio “Las Vegas” efectuando el cambio de $ 6834, dirigiéndose a su domicilio en la calle Francisco de Borja N° 144 - La Merced , y cuando el vigilante iba a abrir la puerta de la cochera, se acercó un sujeto, que efectuó un disparo contra el vehículo de placa de rodaje BQ 5567 conducido por Portilla jara, procediendo a arrebatar la cartera de la agraviada Castillo de Espinoza, para lo cual también disparo contra el citado conductor, causándole lesiones graves, y huyendo en una motocicleta rojo conducida por otro sujeto; hechos que se

han acreditado con las testimoniales de los dos agraviados, las pericias médi- co legal e historia clínica practicada al agraviado Portilla Jara y la pericia de biología forense practicada en la vestimentas de este último. Y que la propiedad y preexistencia del dinero ha quedado acreditada con el acta de transferencia vehicular, con la constancia de retiro del dinero del ban- co Scotibank del adquirente y documento de cambio de dinero de la citada casa de cambios. De los fundamentos de la apelada sobre la responsabilidad penal del acusado Hugo Alberto Arévalo de la Cruz, 2.6.- Respecto al delito de Robo Agravado.-En la sentencia apelada se ha establecido que la responsabilidad del acusado Hugo Alberto Arévalo de la Cruz se encuentra acreditada con la declaración de Karla Jessica Castillo de Espinoza quien ha sostenido que el citado acusado es la persona que le apuntó con el arma de fuego y mediante amenaza le arrebató el bolso con el dinero; la declaración de Edgar Portillo Jara quien resultó con heridas graves por arma de fuego y reconoce plenamente al acusado como la persona que le disparó y arrebató el bolso a la agraviada; la declaración del testigo de código de re- serva (clave 01) quien afirma que pudo advertir como sucedieron los hechos y reconoce también al acusado como la persona que efectuó los disparos y la declaración de Juan Julio Blas Guzmán, vigilante del inmueble, quien sostiene que al abrir la puerta de la cochera ha visto de frente al asaltante, dando las características del acusado. 2.7.- Respecto a los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones.- En la apelada se ha precisado que se ha llegado a acreditar la comisión de estos delitos y la responsabilidad del acusado, en mérito al acta de intervención policial, acta de registro personal y examen de sarro ungueal que resulto positivo para adherencia de cocaína, estableciéndose que el día 8 de agosto al ser intervenido el citado acusado y efectuarse el registro personal se le encontró en su poder: a) una bolsa conteniendo 39 ketes de Pasta básica de cocaína con un peso de 9.12 gramos y 8.69 gramos de cannabis sativa; y b) tres municiones calibre 9mmm, marca S&B y un arma hechiza tipo revolver, calibre 22, con mago de jebe. Precisándose que respecto al arma de fuego, el acusado fue absuelto porque la pericia balística forense se practicó en un arma de fabricación extranjera que no corresponde al arma incautada. De los fundamentos de la apelada respecto a la absolución del acusado Erick Alberto Contreras Aguilar. 2.8.- Que respecto a la responsabilidad de este acusado, en la sentencia apelada se ha precisado que la agraviada no ha podido reconocer a la persona que conducía la moto, pues estaba de espaldas, toma con reserva la testimonial de

Portilla Jara y no le presta credibilidad al testigo con clave 01, para concluir que emerge una duda razonable generada por las contradicciones en que han incurrido los testigos lo cual hace procedente la aplicación del principio del indubio pro reo que lo favorece y permite absolverlo del cargo por el delito de robo agravado . Delimitación de la pretensión de los impugnantes. 2.9.- Del acusado Arévalo de la Cruz , su abogado ha solicitado se revoque la sentencia, ya que no se ha determinado la verosimilitud de las declaraciones por los siguientes argumentos: a) Existe contradicción de la declaración de Karla Jesica Castillo Boggio por las características físicas que ella da con respecto a su patrocinado, lo cual no concuerda con lo real, tal como aparece en su ficha de RENIEC; además que ha incurrido en contradicción al señalar que ha recibido el dinero cuando firmó el contrato en el Scotiabank puesto que los hechos ocurrieron el 27 de agosto 2009 mientras que en el expediente aparece que el contrato fue firmado el día 28 de agosto; b) Existen contradic- ciones entre la testigo Karla Jesica Castillo Boggio y Edgar Robinson Portilla Jara puesto que al declarar se contradicen en la vestimenta del imputado, el primero dice que tenía un polo blanco con cuello tipo revés y el segundo dice que tenía una casaca color blanco de buzo. c) Los testigos señalan que es una moto color roja sin embargo la moto intervenida es color negra. d) El testigo Clave ha señalado que ha estado al frente de la casa, pero este ha declarado posterior a tres meses, tiempo en el que pudo haber tomado conocimiento por los periódicos. e) En una primera acta se dice que se le encontró droga, marihuana y un revólver y en una segunda acta se agrega que se le encontró también municiones. 2.10.- El representante del Ministerio Público ha solicitado que se declare nula la sentencia en el extremo que absuelve al acusado Erik Alberto Contreras Aguilar, por considerar que se ha incurrido en falta de motivación de las resoluciones judiciales, al existir incongruencia en el considerando sétimo, no ha seguido un razonamiento de logicidad, puesto que existe la declaración de testigo con código (clave 01) que ha reconocido a Contreras Aguilar como la persona que se encontraba en la moto y con su motor encendido y el testigo Edgar Portilla lo ha reconocido como el sujeto que se encontraba en la moto- cicleta. Asimismo que se declare nula en extremo que absuelve al sentenciado Hugo Alberto Arévalo de la Cruz del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, por el hecho que la pericia balística se habría realizado en un arma diferente a la que aparece en el acta de registro personal; desde que, si bien se ha con- signado en el acta una arma hechiza de calibre 22 y en la pericia que se trata de arma sin marca de fabricación extranjera de calibre 22, esto se debe sólo a una mala descripción del personal policial al anotar lo datos, sin tener en

cuenta que sobre la misma arma se ha efectuado la cadena de custodia. Y en los demás extremos esta sentencia debe confirmarse. Análisis de las pretensiones impugnatorias.2.11.- En la audiencia de apelación de sentencia no se actuaron nuevas pruebas, por no haber sido ofrecidas por las partes, el acusado Arévalo de la Cruz prestó su declaración relatando que fue intervenido por personal policial en su trabajo, no se oralizó ninguna prueba documental; por lo que el análisis de las pretensiones expresadas por las partes se centraran en las pruebas actuadas en juicio oral y si estas han sido valoradas por el colegiado de primera instancia, de acuerdo a las reglas previstas en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal. 2.12.- Que es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órga- no jurisdiccional de primera instancia. Ello desde luego, reduce ese criterio fiscalizador del Tribunal de Apelación, pero no lo elimina. En esos casos –las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrecha- mente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles de control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que puedan se fiscalizados a través de la reglas de la lógica la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia , el relato fáctico que el Tribunal de Primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovi- ble, pues: a) puede ser entendido o preciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto –el testigo no dice lo que lo menciona el fallo; b) pue- de ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o c) ha podido ser desvirtuado por pruebas prac- ticadas en segunda instancia (ver: Gimeno Sendra, Vicente: Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid,, dos mil cuatro, Pág. 275 y 276.)232. Respecto al acusado Hugo Alberto Arévalo de la Cruz.2.13.- Del análisis de la sentencia materia del grado, respecto al delito de robo agra- vado, se advierte que esta se sustenta en el mérito de las pruebas actuadas

232 Casación 05-2007 Huara Sala Penal Permanente de la Corte Suprema

en juicio oral, consistentes en las actas de reconocimiento de persona, de las que en efecto, aparece que los agraviados Karla Castillo Boggio de Espinoza y Edgard Portilla Jara, en rueda de personas reconocieron al acusado, de quien previamente en forma coincidente aportaron sus características físicas; en las testimoniales de los citados agraviados, quienes en juicio oral han relatado la forma y circunstancias en que el citado acusado arrebato el bolso contenien- do el dinero que portaba la agraviada y quien efectuó el disparo de arma de fuego contra el agraviado, ocasionándole las lesiones graves descritas en los exámenes médicos periciales e historia clínica. 2.14.- Que el abogado del acusado pretende enervar el valor probatorio que le ha otorgado el colegiado de primera instancia, a las glosadas pruebas personales bajo el argumento de que las características físicas aportadas por la citada agraviada respecto a su patrocinado, no se condice con las que presenta y que figuran en su ficha de RENIEC y la existencia de contradicciones entre ambos testigos, sobre la vestimenta del acusado, en la que el testigo Portilla Jara ha sostenido que tenía un polo blanco con cuello tipo revés y la testigo ha indicado que tenía una casaca con blanco de buzo; que al respecto, es de ano- tarse lo siguiente: a) Los citados testigos, antes de efectuar el reconocimiento físico del acusado en rueda de personas, en forma coincidente aportaron las características físicas, las mismas que corresponden a las del acusado, como se ha explicitado en la sentencia a partir del análisis del material probatorio; y b) Sobre las contradicciones en la vestimenta del acusado, esta resulta irre- levante frente a la directa imputación de los testigos, quienes tanto en rueda de personas y en sus declaraciones testimóniales han sido persistentes en lo sustancial, al haberse evidenciado una versión sin modificaciones, unifor- me y coherente; por tanto estos argumentos de la defensa a juicio racional de este colegiado no tienen la entidad suficiente para restarle credibilidad a estas imputaciones, que se encuentran rodeada de las pautas de valoración contenidas en el acuerdo plenario 2 – 2005/CJ-116 como son la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Las mismas que además fueron valoradas en conjunto con la declaración del tes- tigo de clave 01, quien reconoce al acusado como el autor de los disparos y la declaración oralizada en juicio oral del testigo Juan Julio Blas Guzmán, vigilan- te del inmueble de la agraviada, quien solo aporta las características físicas del acusado, que no ha sido observado ni cuestionado por la defensa; y que han servido para formar convicción respecto a la responsabilidad del acusado. 2.15.- Y con relación a los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, es de advertirse que en efecto con las pruebas pre constituidas consistentes en el acta de intervención policial y acta de registro personal, comiso de droga e incautación de armas de fuego y especies, que ha sido objeto del debate probatorio en juicio oral, se ha

llegado a acre-

ditar que en horas de la mañana del día 28 de agosto del 2009, los miembros de la Policía Nacional identificados como Wilfredo Mantari Fernández, Carlos Sánchez Silva, Juan Baluarte Nuñez, Dante Muñoz Arroyo y Víctor Gonzales Carranza, quienes han prestado sus declaraciones testimoniales en juicio oral, excepto el último de los citados, procedieron a intervenir al acusado quien se encontraba a bordo de una motocicleta negra y tenía en su poder la droga antes descrita, un arma de fuego de fabricación hechiza, tipo revolver, calibre 22 y las municiones; en tal virtud los argumentos de la defensa, respecto al cuestionamiento sobre los objetos comisados e incautados a su patrocinado, no tienen sustento, por cuya razón la sentencia condenatoria en este extremo, que se encuentra ceñida a los parámetros de motivación judicial exigido por nuestro ordenamiento constitucional y procesal, debe ser confirmada. 2.16.- Y con relación al extremo de la tenencia del arma de fuego, como se ha precisado según el acta de registro personal al acusado se le ha encontrado en posesión del arma hechiza ya descrita, sin embargo del dictamen pericial de balística forense, se ha examinado un arma de fabricación extranjera, con cachas de madera, características distintas al arma incautada, con lo cual no se ha podido determinar las condiciones y operatividad del arma incautada al acusado para atribuirle objetivamente un juicio de culpabilidad, desde que en esta clase de delitos resulta necesario tener la certeza de que el arma de fuego esta operativa o es idónea para ocasionar un peligro común y definir la naturaleza delictiva del hecho atribuido, conforme se ha asumido en la ju- risprudencia nacional 233 por lo que bajo este razonamiento que se encuentra debidamente explicitado en la sentencia, este colegiado estima que también debe confirmarse en este extremo. 2.17.- Estando a las razones expuestas se puntualiza que los argumentos del abogado defensor del acusado Arévalo de la Cruz no tienen sustento desde que el colegiado de primera instancia ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto del material probatorio de cargo presentados por la fiscalía, que han sido actuados en audiencia de juicio oral y sometidos al debate probatorio en la que se ha preservado las garantías del debido proce- so, por tal razón, este superior jerárquico considera que la sentencia conde- natoria venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales. 2.18.- De esta manera ha quedado acreditada fehacientemente la comisión del delito de robo agravado, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones

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233 RN. 4783-2001 La Libertad – Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

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y la responsabilidad del acusado, en calidad de autor, por lo que habiéndose desvanecido la presunción de inocencia prevista en el artículo II del Código procesal penal con la suficiente actividad probatoria de carga obtenida y ac- tuada con la debidas garantías procesales, la sentencia apelada que contiene una pena que guarda correspondencia con los injustos cometidos, debe con- firmarse. Respecto al acusado Erick Alberto Contreras Aguilar 2.19.- Que de la lectura de la sentencia apelada se aprecia que el colegiado de primera instancia resaltando el hecho que la agraviada, no ha podido reconocer a este acusado por haberse encontrado en la moto de espaldas, ha efectuado un análisis racional respecto a las contradicciones incurridas por el testigo Portilla Jara y el testigo de clave 01, que han generado una duda razonable que motiva la decisión de absolver a este acusado. Además abona a favor de esta decisión, el hecho que el vigilante Juan Julio Blas Huaman, cuya decla- ración se ha dalo lectura en juicio oral, la misma que no ha sido objeto de cuestionamiento por las partes, ha sostenido que las características del sujeto que conducía la moto era de contextura delgada, cabello lacio, trigueño; sin embargo el testigo de clave 01, en su declaración prestada en juicio oral ha sostenido que el sujeto que estaba en la moto era de un metro sesenta, de contextura gruesa; contradicciones que son de tal entidad que no hacen más que generar una duda razonable respecto a la responsabilidad del acusado, que conlleva a la aplicación del indubio pro reo que es un principio y una ga- rantía basada en el hecho de que la duda favorece al procesado y encuentra sustento en otro principio fundamental reconocido en la Constitución Política que es el de presunción de inocencia, es decir que una sentencia condenato- ria emanada de un proceso que declara la culpabilidad, debe ser construida cuando se haya llegado al grado de certeza, que en el presente caso no se ha arribado; por lo que este colegiado estima que la tesis de la fiscalía en este extremo no tienen sustento, por tal razón, este superior jerárquico considera que la sentencia absolutoria se ha sustentado en criterios objetivos de la lógi- ca, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales III.- RESOLUCIÓN: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experiencia, de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE:- - - - -



CONFIRMAR la Sentencia que absuelve al acusado Erik Alberto Contreras Aguilar, como coautor del delito de robo agravado, en agravio de Karla Jessica Castillo Boggio de Espinoza, José Ricardo Espinoza Zegarra y Edgard Robinson Portilla Jara.



CONFIRMAR la Sentencia que absuelve al acusado Hugo Alberto Arévalo de la Cruz, como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en agravio del estado.



CONFIRMAR la Sentencia que condena al acusado Hugo Alberto Arévalo de la Cruz, como autor del delito de robo agravado, en agravio de Karla Jessica Castillo Boggio de Espinoza, José Ricardo Espinoza Zegarra y Edgard Robin- son Portilla Jara; como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, en la mo- dalidad de posesión de drogas, con fines de microcomercialización, en agravio del Estado y como autor del delito de tenencia ilegal de municiones en agra- vio del estado; a las penas de veinte años, tres y seis años de pena privativa de libertad respectivamente, que por tratarse de un concurso real de delitos suman veintinueve años de pena privativa de libertad, con lo demás que con- tiene. - - - - - -- - -



Y EJECUTORIADA que sea la presente devuélvase al Juzgado de origen. Actuó como Director de Debates y Ponente, el Juez Superior Walter Ricardo Cotrina Miñano.- - - - - - -- - - - - - - - - -

51. TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROCESO PENAL Nº : 05968-2009-98-1601-JR-PE-04 ASISTENTE JURISDICCIONAL : CESAR ADRIÁN HARO MÉNDEZ AGRAVIADO : EL ESTADO IMPUTADO : ERNESTO LENIN GUZMÁN ESQUIVEL DELITO : TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, ROBO AGRAVADO MINISTERIO PÚBLICO : DRA. LEA GUAYAN HUACCHA FISCAL SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : OCTAVO JUZGADO PENAL COLEGIADO IMPUGNANTE : MINISTERIO PÚBLICO ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE Trujillo, Quince de Octubre De Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Presidente (e) y Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRINA MI- ÑANO (Juez Superior Titular), y el doctor CARLOS AURIO PRADO MUÑOZ (Juez Superior Supernumerario) quien interviene por licencia del doctor VICTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO, en la que intervienen como parte apelante, la representante del Ministerio Público, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sen- tencia venida en grado, en el extremo que absuelve al imputado por el delito robo agravado; así también, interviene como parte apelante, la defensa técnica del im- putado sentenciado, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia venida en grado respecto al extremo condenatorio de la misma, esto es, el extremo que condena al imputado por el delito de tenencia ilegal de armas. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación promovido por la representante del Ministerio Público, quien ha interpuesto dicho recurso contra la sentencia venida en grado, reso- lución de fecha catorce de junio de dos mil diez, obrante en las páginas veinti- séis a treinta y cuatro de los actuados, en el extremo que ABSUELVE al impu- tado por el delito robo agravado en agravio de LUIS RENAN VIVAR MILLA, solicitando que se revoque la venida en grado en el extremo antes señalado y

agrega se confirme dicha sentencia en el extremo que CONDENA al imputado como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego a SEIS AÑOS de pena privativa de libertad en agravio del Estado; así también, interviene como parte apelante, la defensa técnica del imputado sentenciado, quien ha inter- puesto recurso de apelación contra la sentencia antes mencionada respecto al extremo condenatorio de la misma, esto es, el extremo que condena al im- putado por el delito de tenencia ilegal de armas, y solicita la confirmatoria en el extremo que la absuelve del delito de Robo Agravado. 2.- Fundamentos del Recurso de Apelación: RESPECTO DEL EXTREMO ABSOLUTORIO: 2.1.- La señora representante del Ministerio Público, Doctora LEA GUAYAN HUACCHA, en audiencia de apelación de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, solicita que se revoque la sentencia en el extremo que absuelve al imputado ERNESTO LENIN GUZMAN ESQUIVEL por delito de robo agravado en agravio de LUIS RENAN VIVAR MILLA, considerando que dicha sentencia no se encuentra arreglada a derecho, por cuanto en el juicio oral se actuaron medios probatorios que corroboran tanto la comisión del delito así como la responsabilidad que le asiste al imputado en la comisión de los he- chos que fueron materia de investigación; en tal sentido, la fiscalía considera que debe revocarse la venida en grado en el extremo antes precisado. 2.2.- Por su parte la defensa técnica del imputado, Doctora YULIANA RODRIGUEZ MUÑOZ, solicitó que se confirme el extremo absolutorio, agregando que el Juzgado Colegiado ha evaluado debidamente la declaración del testigo encubierto y además que los otros testigos que estuvieron en el lugar no han asistido al juicio oral; por ello, no existen pruebas para la condena y que si bien se ha acreditado la preexistencia del dinero ello no implica la responsa- bilidad del procesado en la comisión del delito de robo agravado; reitera que el testigo encubierto no ha efectuado el reconocimiento del sentenciado y que existe una discordancia entre el tiempo en que se cometió el delito según el testigo y el agraviado. RESPECTO DEL EXTREMO CONDENATORIO: 2.3.- La defensa técnica del imputado, solicita se revoque la sentencia venida en grado en el extremo que condena a su patrocinado ERNESTO LENIN GUZMAN ESQUIVEL; ya que, ha incurrido en errores de hecho y de derecho. 2.4.- Señala que su patrocinado el día de los supuestos hechos, sufrió una detención ilegal por parte de la Policía Nacional del Perú y además fue “sembrado” con armas de fuego que fueron sacadas de las camionetas de la Policía Nacio- nal del Perú.

2.5.- Conforme se ha relatado en la audiencia de apelación, el imputado fue obliga- do a realizar disparos, por los miembros de la policía por ello se le encontró reactivos por uso de arma de fuego; sin embargo desconoce el uso de arma- mento; por ello solicita se revoque la sentencia en el extremo que condeno por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. 2.6.- La representante del Ministerio Público, solicita que se confirme la sentencia apelada en el extremo condena al imputado ERNESTO LENIN GUZMAN ES- QUIVEL como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado; por cuanto, durante el juicio oral con los medios probatorios que se actuaron se llegó a determinar la existencia de este delito; así como, la au- toría del imputado en los hechos investigados. 3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto, en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron medios probatorios, y por lo tanto no se han actuado nuevos medios de prueba. Habiéndose llevado a cabo la declaración del procesado en la audiencia de apelación conforme consta en audio. III.- INTERROGATORIO DEL SENTENCIADO: Se realizó el interrogatorio directo por parte de la defensa técnica del imputado y el contrainterrogatorio a cargo de la representante del Ministerio Público, lo cual consta en audio de la audiencia de apelación de fecha once de octubre del presente año y también en el acta de registro de dicha audiencia, la cual obra en las páginas setenta y ocho y setenta y nueve. IV. CONSIDERANDOS 4.1. PREMISA NORMATIVA: 01.- A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia venida en grado, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado los siguientes ilícitos penales. Respecto del extremo absolutorio, la calificación jurídica de la conducta des- plegada por el imputado ha sido la prevista en el tipo penal de Robo Agravado, prescrito en el artículo 189° inciso “2”, “3” y “4” del Código Penal.

Respecto del extremo condenatorio, la calificación jurídica de la conducta des- plegada por el imputado ha sido la prevista en el tipo penal de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, prescrito en el artículo 279° del Código Penal. 02.- Dicho esto, con respecto al ilícito penal de robo agravado este superior colegiado tiene a bien precisar que, los hechos materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de ROBO, delito que se encuentra contenido en el artículo 188° del Código Penal, el cual prescribe que: “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empelando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años”; cabe resaltar que este tipo penal, tipo básico o simple, en el caso de análisis, dado el carácter gravoso de la conducta imputada al condenado a presentando circunstancias agravantes; las cuales se encuentran precisadas en el artículo 189° del Código Penal, en los inciso 2, 3, 4; siendo que el robo se cometió “durante la noche…”, “a mano armada” y “con el concurso de dos o más personas”, respectivamente. Dicho esto ya no se encuadra la conducta imputada al condenado en el tipo simple de robo, sino dada la gravosidad de su conducta, constituye el tipo penal descrito en el artículo 189°, siendo perseguible penalmente su conducta por el ilícito penal de robo agravado, siendo importante esta precisión ya que como se ha dicho, la conducta se encuentra tipificada en una norma penal complementaria, debiendo precisarse en qué circunstancias agravantes se ha perpetrado el hecho.234 03.- De lo mencionado en el considerando anterior, este superior jerárquico debe precisar que, en los delitos de ROBO AGRAVADO, el bien jurídico protegido es de naturaleza pluriofensiva, toda vez que no sólo protege el patrimonio, sino además la integridad y libertad personal. Así mismo, en el delito de robo agra- vado, se trasgreden bienes de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, la vida, el patrimonio, entre otros bienes jurídicos, lo que hace de este injusto un delito complejo; siendo un conglomerado de elemen- tos típicos, en el que sus componentes aparecen tan indisolublemente vincu- lados entre sí, formando un todo homogéneo indestructible, cuya separación parcial daría lugar a la destrucción del tipo 04.- Respecto de dicho tipo penal en análisis, precisamos también que, el delito de hurto al igual que el delito de robo, desde la perspectiva objetiva, exige que el agente se apodere ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente aje-

234 ROJAS VARGAS, FIDEL. “Jurisprudencia Penal Patrimonial”. Lima. Grijley, 2000. Pág. 48.

no, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. El acto de apoderamiento es pues, el elemento central de identificación para determinar, en el iter criminis, la consumación y la tentativa.235 De manera que, el apoderamiento importa: a) el desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder patrimonial del tene- dor – de su esfera de posesión – a la del sujeto activo, b) la realización material de actos posesorios, de disposición sobre la misma. 05.- En este orden de ideas, este superior colegiado tiene a bien precisar también que, respecto al ilícito penal de tenencia ilegal armas de fuego, que se encuen- tra prescrito en el artículo 279° del Código Penal, lo siguiente: que el bien ju- rídico protegido constituye la seguridad pública y como tal el único agraviado es el Estado, entendido en tanto sociedad jurídicamente organizada y no la persona considerada individualmente.236 Siendo un delito contra la seguridad pública como líneas arriba se ha precisado, este superior colegiado precisa además que el ilícito penal en análisis, constituye un delito de peligro abstrac- to, es decir, basta que se encuentre el sujeto activo en posesión del arma para que el hecho de por sí constituya delito, esto es, no hace falta que se haya producido resultado. 4.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: RESPECTO DE LA APELACIÓN DEL EXTREMO ABSOLUTORIO: 06.- Es materia de impugnación, la sentencia venida en grado, resolución de fecha catorce de junio de dos mil diez, obrante en las páginas veintiséis a treinta y cuatro; la misma que en el extremo apelado bajo análisis ABSUELVE al procesado ERNESTO LENIN GUZMAN ESQUIVEL por el delito de Robo Agravado, en agravio de LUIS REANA VIVAR MILLA. 07.- Para fundamentar un juicio de condena se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral237, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del procesado, es decir, que se

235 SENTENCIA PLENARIA N°1-2005/DJ-301-A (PLENO JURISDICCIONAL DE LOS VOCALES DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 2005), del 30 de Septiembre de 2005. 236 ROJAS VARGAS, FIDEL. “Jurisprudencia Penal”. Lima. Gaceta Jurídica. 1999. Pág. 532. 237 “Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y con- tinuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596.

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haya desvirtuado la presunción de inocencia238, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad”, categoría jurídica que está íntima y directamente vinculada a la actividad probatoria, de igual forma el principio de in dubio pro reo, pues no es posible referirse a és- tos si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o cuando menos uno de estos, pues el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifestación del derecho de defensa. 08.- La presunción de inocencia es un derecho fundamental (artículo 2.24. “c” Constitución Política) que se encuentra consagrado en todos los ordenamien- tos constitucionales modernos que tienen como fin supremo la prevalencia del individuo frente al Estado e incluso frente al proceso penal. De esta mane- ra, la presunción de inocencia como garantía procesal penal consiste en que el investigado, imputado o encausado debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia judicial firme y por magistrados independientes. 09.- Siguiendo a Vegas Torres, la presunción de inocencia tiene un triple enunciado: 1) la presunción de inocencia es un concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, de corte liberal, en el cual se mira fundamentalmente ha establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal; 2) la presunción de inocencia es un postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por lo tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso; 3) la presunción de inocencia es una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a lo cual, la prueba completa de

238 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda

suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada.239 10.- Cabe anotar que tanto la presunción de inocencia así como el indubio pro reo inciden sobre la valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es algo objetivo, supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el segundo caso, que es algo sub- jetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incrimi- natorias, sino a la entidad y cualidad que deben reunir estas). La sentencia, en ambos casos, será absolutoria, bien por falta de pruebas (presunción de inocencia), bien porque la insuficiencia de las mismas - desde el punto de vista subjetivo del juez - genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo), lo que da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente.240 11.- En este orden de ideas, el A Quo, en la venida en grado ha señalado en el considerando 10.5 que, los medios probatorios no son suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia; por cuanto, deben ir más allá de la duda razonable. Señalando también en el mismo considerando que no se producido convicción para dicho colegiado sobre “que el vehículo que per- maneció más del tiempo o en exceso del tiempo esperando los sujetos que sustraían la bodega con números laterales y con números de placa delante y posterior visible y fácilmente identificables, sea el mismo vehículo con el cual se cometió dicha sustracción”. Señala también que, “no produce convic- ción que en la audiencia de juzgamiento el testigo de identidad CHARLI (25), lo reconozca y señale al acusado como la persona que conducía el vehículo; cuando era fácilmente identificar por estar sentado a su abogado defensor (sic) y que no exista de actuados un reconocimiento conforme a lo estableci- do en el Código Procesal Penal, en rueda de personas o fotográficamente”. De esta forma, el Colegiado de primera instancia, realiza valoración probatoria llegando a la conclusión que no le genera convicción sobre lo aportado por el testigo denominado “CHARLI (25)”, todo esto precisado como ya hemos dicho en el considerando 10.5 de la venida en grado. 12.- En relación a lo últimamente mencionado, el artículo 425° numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede

239 VEGAS TORRES, JAIME. “Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal”, Editorial La Ley. Madrid. 240 EXPEDIENTE N° 00728-2008-PHC/TC. Considerando 37. GRUPO EDITORIAL Lex &

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otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor pro- batorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, no se ha llegado a de- terminar la responsabilidad del procesado, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas. 13.- Asimismo este criterio es acorde a la Jurisprudencia, la que invoca que “el arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de Ape- lación, pero no la elimina. En esos casos,- las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisio- nes en su discurso, etcétera) no son susceptibles de supervisión y control en apelación: no pueden ser variados …241 14.- Este Superior Colegiado sostiene que en el presente caso, no se puede fundamentar un juicio de condena en contra del imputado; ya que, como señala el A Quo, no se ha desvirtuado la presunción de inocencia 242 que le ampara

241 CASACIÓN N° 05-2007-HUARA, 11 DE OCTUBRE DE 2007. 242 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la

(imputado), debiendo confirmarse la sentencia venida en grado, en el extremo de la apelación correspondiente al delito de robo agravado; esto es, debe con- firmarse el pronunciamiento absolutorio realizado por parte del Colegiado de primera instancia a favor del imputado. RESPECTO DE LA APELACIÓN DEL EXTREMO CONDENATORIO: 15.- Es materia de impugnación, la sentencia venida en grado, resolución de fecha catorce de junio de dos mil diez, obrante en las páginas veintiséis a treinta y cuatro; la misma que en el extremo apelado bajo análisis CONDENA al procesado ERNESTO LENIN GUZMAN ESQUIVEL por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, en agravio del ESTADO. 16.- Este superior colegiado, advierte en el considerando 10.1 de la venida en grado que se tiene como hecho probado que al acusado el día 21 de octubre del 2009 en circunstancias que conducía el vehículo de placa de rodaje BIG-708 y se encontró en el vehículo 3 armas de fuego en regular estado de conserva- ción y normal funcionamiento, conforme el Acta de intervención Policial, Acta de registro personal y las declaraciones de los policías intervinientes que en la audiencia reconocieron las armas como prueba material; siendo esto así, ha quedado debidamente acreditado con los medios probatorios actuados por el colegiado de primera instancia que el imputado fue encontrado con las tres armas de fuego. 17.- También, se ha acreditado que el imputado dio positivo para Plomo, Antimo- nio y Bario; siendo esto así, se tiene como hecho probado el informe pericial del resto de disparos de arma de fuego al que fue sometido el procesado, de esta manera, el resultado positivo del acusado es compatible con restos de disparos de arma de fuego. Todo esto precisado también en la venida en gra- do, específicamente en el considerando 10.2. 18.- De otro lado la declaración formulada por el procesado en audiencia de apelación de sentencia ante este superior colegiado, no resulta coherente ni congruente; ya que, el mismo ha señalado que fue conducido por agentes de la Policía Nacional del Perú de forma violenta a un lugar descampado para obli- garle disparar un arma de fuego para hacer parecer que el imputado utilizó las armas de fuego; sin embargo, a la pregunta realizada por su abogada defen- sora señala, contrariamente, que por dicho lugar pasó una señora que logró observa todo lo sucedido; siendo esto inverosímil ya que no resulta lógico que

prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

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agentes de la policía conduzcan a una persona para obligarle a realizar dispa- ros de arma de fuego a un lugar donde transiten personas. 19.- Además, por tratarse del delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, consti- tuyendo dicho ilícito penal un delito de peligro abstracto, en el que se sanciona la simple posesión del arma de fuego sin el permiso correspondiente; enton- ces, dicha declaración no ha producido convicción en este superior colegiado que pueda enervar la procedencia de las dos armas de fuego encontradas en el interior del vehículo que conducía el imputado y que era su herramienta de trabajo (vehículo de placa de rodaje BIG-708) ni mucho menos del arma que se encontró en su poder directo, llámese el lado derecho de la cintura del propio imputado, no existiendo así, duda alguna sobre la comisión del ilícito penal de tenencia ilegal de armas de fuego y la responsabilidad del imputado en la comisión de dicho ilícito penal. 20.- Dicho esto, éste superior jerárquico, advierte que en el extremo bajo análisis ha quedado acreditado con los medios probatorios actuados y valorados por el colegiado de primera instancia, la responsabilidad del imputado, en la co- misión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado, debiendo confirmarse el extremo apelado por la defensa técnica que le asiste a éste (imputado); esto es, confirmar el extremo de la venida en grado, por el cual se condena al imputado como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego. 21.- Esta Sala Superior, al haber realizado un análisis conjunto, determina que este extremo de la sentencia venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conllevando de ese modo al respeto exigido por nuestro ordenamiento jurídico del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, habiéndose realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar la responsabilidad del procesado condenado, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se ha dictado respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cues- tión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que se funda en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputa-

ción243, partiendo de esta premisa, se debe tener en cuenta que en el trámite del presente proceso penal, en la audiencia de juicio oral, la misma que debe ser entendida como la central, la más importante del juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que realizaran durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas o de información documental y/o material, o por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba, las partes han hecho uso de las estrategias de defensa en igualdad de oportu- nidades, es decir, se ha respetado el principio de igualdad de armas, el cual supone un garantía de equilibrio entre lo alegado por cada uno de los sujetos procesales y las pruebas con las que cuenta para sustentar su teoría del caso, es decir, se ha permitido el real esclarecimiento de los hechos a fin de deter- minar la responsabilidad penal de los procesados, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como el Profesor San Martín, lo sostiene, es fundamental para la efectividad de la contradicción y “consiste en recono- cer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.244 POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1.-

CONFIRMAR, la sentencia, resolución de fecha catorce de junio de dos mil diez, obrante en las páginas veintiséis a treinta y cuatro; en el extremo que ABSUELVE al procesado ERNESTO LENIN GUZMAN ESQUIVEL por el delito de Robo Agravado, en agravio de LUIS REANA VIVAR MILLA y en el extremo que CONDENA al procesado ERNESTO LENIN GUZMAN ESQUIVEL por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, en agravio del ESTADO, a pena privativa de libertad de seis años, con lo demás que contiene.

2.- NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Titular, Ponente y Director de Debates, Señora Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.

243 El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica R.N. N° 2714-2003-Lima-Cono Norte. p. 380. 244 http://blog.pucp.edu.pe/item/23860.

52. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL Nº ASISTENTE MENDOZA AGRAVIADO IMPUTADO(S)

MINISTERIO PÚBLICO PROCEDENCIA TRUJILLO IMPUGNANTE(S) ASUNTO

: 2008-04482-60-1601-JR-PE-1 : LUCIO ZAVALETA : EL ESTADO : BARRIENTOS MERINO CAROL ESTHER FLORIAN MARTINEZ ROSA ELENA : DR. MIRCO D. CANO GAMERO : JUZGADO PENAL COLEGIADO DE : SENTENCIADA : APELACIÓN SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA Trujillo, doce de octubre del año dos mil nueve. VISTA Y OÍDA, en audiencia de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Presidente, Juez Superior), doctora LILLY LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Ponente y Direc- tora de Debates), doctor WALTER COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular),en la que interviene como parte apelante la sentenciada CAROL ESTHER BARRIENTOS MERINO, la misma que ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de fecha trece de julio del año dos mil nueve. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

La Sala Penal de Apelaciones conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la sentenciada, contra la sentencia condenatoria de fecha trece de julio del año dos mil nueve, la misma que condena a la recurrente Ca- rol Esther Barrientos Merino, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado a la pena de Ocho años de pena privativa de La Libertad. Conforme se advierte de la acusación fiscal, la misma que obra en los actuados, se tiene que el día 26 de agosto del 2008 personal policial de la DIVANDRO en circunstancias que realizaba patrullaje policial por inmediaciones de las avenidas América Sur y Ricardo Palma, observa a dos personas de sexo femenino, identifica- das como Carol Esther Barrientos Merino y Rosa Elena Florián Martínez donde la primera saca de la cartera jean color azul desteñido un paquete color beige y entre- gó a la segunda, quien lo recibió y lo metió en su seno, y ésta al notar la presencia policial sacó el paquete y lo metió en el seno de la otra persona, y al ser intervenida se le encontró a Carol Esther Barrientos Merino los dos paquetes con cintas ad- hesivas color beige en cuyo interior había Pasta Básica de Cocaína y se verificó en la palma de la mano derecha de Rosa

Elena Florián Martínez el número telefónico

949533289 y el nombre de Eloy, indicando que mediante ese número se comunica con Eloy que es esposo de Carol Esther Barrientos Merino para acordar donde le iban a entregar la droga, por lo que se intervino inmediatamente el domicilio de Carol Esther Barrientos Merino y de su conviviente Manuel Eloy Castillo Arroyo, donde se encontró en uno de los ambientes un total de cinco bolsas plásticas conteniendo Pasta Básica de Cocaína, un envoltorio con hierba seca, una bolsa con carbonato, dos balanzas plásticas con capacidad de un kilo y diez kilos, un recibo de Hidrandina a nombre de Manuel Eloy Castillo Arroyo y una papeleta de libertad a su nombre y paquetes forrados con cinta adhesiva color beige con adherencias de Pasta Básica de Cocaína. Que la droga incautada arrojó positivo para cocaína con un peso de 99.99 gramos en los dos paquetes encontrados a las dos intervenidas y en el domicilio de los convivientes Castillo Arroyo y Barrientos Merino un kilo 891 gramos con 66 centigramos y para cannabis sativa 6.61 gramos, y las balanzas y paquetes encontrados arrojaron positivos para adherencias a alcaloides de cocaína, droga que estaba destinada a la comercialización en Trujillo y distritos aledaños a microcomercializadores para lo cual se contactan con Manuel Eloy Castillo Arroyo a través del teléfono celular y, distribuye la droga que almacena en su domicilio, siendo su conviviente Carol Esther Barrientos Merino quien se encarga de realizar la entrega de manera personal en los sitios previamente convenidos, siendo en el presente caso a Rosa Elena Florián Martínez, quien se dedica a la comercialización de droga en el distrito de Laredo. II.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO INTERPUESTO:

2.1. DE LA DEFENSA DE LA INCULPADA Que, en las páginas setenta y cinco a setenta y siete, la defensa técnica del abogado de la sentenciada Carol Esther Barrientos Merino, interpone recurso de apelación a la resolución sentencial en la cual se le impone la pena privativa de libertad de ocho años, sustentado ante ésta Superior Sala, que se revoque dicha sentencia, reduciéndose la pena impuesta por ser excesiva con res- pecto a las cualidades personales de su patrocinada. Señala como fundamen- tos de su recurso que su patrocinada: a)

Ha colaborado decididamente desde la intervención policial que fue ob- jeto, puesto que ha mencionado que persona le traía la droga, colabo- rando de ésta manera con la investigación y que por ello debe hacerse acreedora del beneficio premial de la confesión sincera, y con ello una rebaja de la pena hasta por el bajo del mínimo legal de la misma.

b)

Es una persona de condición económica precaria y sus condiciones per- sonales es de bajo nivel cultural.

c)

Carece de antecedentes policiales, judiciales y penales y es persona pri- maria en la comisión del evento delictivo.

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Asimismo, en la Audiencia de apelación de sentencia, la defensa de la senten- ciada, al ratificar los motivos de su recurso de apelación, argumentó además que no se había precisado si el tipo penal correspondía al primer o segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, en tal sentido las penas son varia- bles, en el primer supuesto desde ocho a quince años, y en el segundo supues- to de seis a doce años de pena privativa de libertad. III. ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Que, ante esta Instancia Superior no se han ofrecido nuevos medios probatorios, por lo que el proceso quedó expedito para el señalamiento de la Audiencia de Apelación de sentencia, la misma que se realizó en la fecha programada, tal como es de verse del Registro correspondiente, obrante en autos, en las páginas ciento treinta a ciento treinta y uno. IV.

FUNDAMENTOS JURÌDICOS Y FÁCTICOS DE LA SALA:

4.1

Premisa Normativa: Que, los hechos que son materia del presente proceso penal, el Ministerio Público los ha configurado en el ilícito penal de Tráfico Ilícito de Drogas, (tal como aparece de la aclaración e integración de la acusación fiscal, obrante en las páginas ochenta y dos y ochenta y tres de la carpeta fiscal), cuyo tipo penal se encuentra establecido en el artículo 296º, segundo párrafo, el cual prescri- be: “El que posea drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años con ciento veinte a ciento ochenta días multa”.

4.2

Que, con relación al extremo apelado, se tiene en cuenta que sólo es materia de apelación el quantum de la pena impuesta a la sentenciada Carol Esther Barrientos Merino, la cual ha sido fijada en ocho años de pena privativa de libertad, siendo que en consecuencia está fuera de toda discusión la responsabilidad comprobada en la comisión del hecho delictivo punible por parte de la sentenciada.

4.3

Teniendo en cuenta que la impugnación se circunscribe sólo al extremo de la determinación judicial de la pena impuesta a la sentenciada; sobre el particu- lar, debe señalarse que la determinación judicial de la penal, en nuestro orde- namiento jurídico penal, tiene fundamentos no solo de orden constitucional y legal, sino también en las normas o tratados internacionales; tal es así que los artículos 1, 2, 3, 138, 139 y 162 de la Constitución Política, 45 y 46 del Código Penal, constituyen auténticas directrices hermenéuticas para ella y no pueden ser soslayados por el Juez.

4.4

El artículo 45 del Código Penal impone tomar como base de la pena, en primer lugar, las carencias sociales que hubiere sufrido el agente, así como

su cultura

y sus costumbres, y por otro lado, los intereses de la víctima, recogiendo en el primero de los criterios mencionados el llamado principio de coculpabilidad o corresponsabilidad de la sociedad, y en segundo, se alude al grado de culpabilidad que cabe imputarle al autor en cuanto a su formación cultural y el refinamiento de sus costumbres nos llevan a un menor o mayor grado de reprochabilidad y de exigibilidad. Cabe señalar que para la determinación judicial de la pena, se debe tener en cuenta el Principio de Proporcionalidad, el cual sirve como guía y límite para que el órgano jurisdiccional se encargue de imponer una sanción concreta enmarcada dentro de los límites normativos. De esta forma, en la sentencia el juzgador valora todas y cada una de las circunstancias concurrentes para determinar la sanción correspondiente a un hecho delictivo concreto, en este sentido, para determinar el marco legal concreto-individualización judicial, debe tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, a partir del conjunto de factores fijados por los artículos 45 y 46 del Código Penal antes señalado; que a estos últimos efectos es de asumir como criterio determinante una relación de proporcionalidad entre la entidad del injusto perpetrado y la culpabilidad por el hecho, que por cierto no es matemático sino sustentado en valoraciones de orden cultural y en consideraciones preventivas, que desde luego no deben vulnerar las exigencias constitucionales representadas genéricamente por el principio de prohibición de exceso.245 En este sentido, teniendo en cuenta lo antes señalado, se verifica que el juzgador al establecer el quantum de la pena ha actuado en atención al principio de proporcionalidad y legalidad al momento de la determinación de la pena, tal como se aprecia en el punto 7.3. Aplicación de la pena (que obra inserta en el texto de la sentencia recurrida), teniendo en cuenta las condiciones que rodean a la imputada, por lo que en este sentido el juzgador ha condenado a Carol Esther Barrientos Merino, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del Estado, a la pena de ocho años de pena privativa de libertad efectiva. Estando a la pretensión impugnatoria de la defensa de la sentenciada, se tiene que, en el caso de autos, si bien la sentenciada ha reconocido desde un inicio que la droga le pertenece y que por tanto se señala responsable de la imputa- ción realizada por el Ministerio Público, tal como se aprecia de los actuados, sin embargo, esto no puede ser un factor para considerar su declaración como una confesión sincera246, a fin de que con ello se le rebaje hasta por debajo

245 R.Nº.Nº 1108-2004. (poner) 246 La confesión sincera constituye una atenuante procesal que está constituída por la declaración del imputado en la que reconoce libremente ser autor o partícipe de un delito o una falta, prestándola de manera espontánea, oportuna, veraz y de modo coherente, ante una autoridad

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del mínimo legal la pena impuesta, puesto que su declaración no ha revestido relevancia jurídico penal tendente a determinar la comisión del delito y la responsabilidad penal de la inculpada, pues, según lo verificado en los autos, a la sentenciada Carol Esther Barrientos Merino, se la ha detenido en flagrancia247, tal como se aprecia del Acta de Intervención Policial y comiso, y Acta de Registro Personal y comiso de droga, ambas de fechas veintiséis de agosto del año dos mil ocho, obrantes en las páginas trece y catorce, además de su propia declaración, obrante en la carpeta fiscal, en las páginas uno a cuatro, y en la Audiencia de prisión preventiva realizada con fecha once de setiembre del año dos mil ocho; por lo que en atención a lo señalado, se tiene que la actora no ha efectuado una confesión sincera, sino mas bien un mero reconocimiento de los hechos que no aportan mayor relevancia sustancial que lo ya probado en el proceso, puesto que la sentenciada ha sido descubierta en flagrante delito, siendo que con ello en definitiva la demostración de la cul- pabilidad de la autora se torna muy sencilla en la medida que se ha puesto en evidencia la comisión del hecho delictivo. Por tanto, en supuestos en que el sujeto es detenido en flagrancia delictiva no puede hablarse o configurarse una confesión sincera; en consecuencia, tampoco surte efecto alguno a efectos de una reducción de la pena por debajo del mínimo legal como un factor atenuante, mas aún si el artículo 161º del Código Procesal Penal, regula como presupuestos excluyentes del beneficio de la reducción de la pena por debajo del mínimo legal en proporción de hasta un tercio, cuando precede a la confesión, la detención del imputado en flagrancia y también cuando se han incorporado al proceso suficientes elementos probatorios de cargo

competente y con la formalidad y garantías correspondientes, vale decir, es el acto por el cual el sujeto a quien se le imputa el hecho punible acepta o narra haber participado en la comisión del delito. Asimismo, debe aportar datos suficientes que sean corroborables y no haber sido detenido en flagrancia. 247 La flagrancia delictiva presenta tres requisitos fundamentales: inmediatez temporal, es decir, que se esté cometiendo o haya sido cometido instantes previos a la intervención policial; inme- diatez personal, que significa que el delincuente se encuentre en el momento de la interven- ción en una situación directa respecto a los objetos o a los instrumentos del delito; y necesidad urgente, que hace exigible la intervención inmediata de la autoridad policial a fin de de impedir la posible propagación del daño, y lograr la detención del autor del hecho punible. Supuestos que han concurrido en el presente caso. La regulación actual de esta medida coercitiva personal ejecutada por la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de investigación de los delitos, se encuentra en el artículo 259 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo Nº 983, de fecha 22 de julio del 2007.

que confirman la tesis incriminatoria. Así pues, la supuesta confesión de aceptación del hecho delictivo proporcionada a los órganos de persecución o decisión del conflicto penal por parte de la sentenciada, resulta en el presente caso innecesaria e inútil como medio de prueba. Asimismo, además de la flagrancia en el presente caso, existe suficiencia probatoria (de pruebas de cargo) para acreditar la existencia del delito y la vinculación de la inculpada como autora del delito conforme a la tesis incriminatoria fiscal, por lo que deviene en inútil el reconocimiento de los hechos efectuada por la propia imputada, hoy sentenciada, siendo que no resulta coherente la defensa de la sentenciada en el sentido de que ésta haya colaborado con la investigación y que por ello debe hacerse acreedora del beneficio premial de la confesión sincera y con ello conseguir una rebaja de la pena hasta por debajo del mínimo legal de la misma, señalando además que debe tenerse en cuenta que para rebajar la pena por debajo del mínimo legal por confesión sincera es faculta- tiva, aparte, de que no puede calificarse como confesión sincera la admisión de los hechos motivados por las circunstancias, o sea como ha sucedido en autos, en que la sentenciada fue descubierta e intervenida, luego de ha- berse realizado el delito de trafico ilícito de drogas, droga que se incautó con motivo de su detención y donde no tenía otra alternativa que admitir tales hechos; por lo que se deniega su pretensión impugnatoria, en mérito a los fundamentos esgrimidos. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS: La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en observancia debida a lo establecido en el artículo once, doce, veintitrés, veintiocho, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, y doscientos noventa y seis, segundo párrafo del Código Penal; así como los artículos trescientos noventa y tres y trescientos noventa y cuatro del Código Procesal Penal, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo: FALLA: 1)

CONFIRMANDO, la sentencia de fecha trece de julio del año dos mil nueve, la misma que CONDENA a Carol Esther Barrientos Merino como autora del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado y como tal se le impo- ne la pena de Ocho años de privación de libertad, y fija como reparación civil en Trescientos Nuevos Soles, con lo demás que contiene.

2)

NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley, DEVUELVASE la presente causa a su Juzgado de Origen para los fines de ley, Actuó como Juez Superior Ponente la Señora Doctora Lilly del Rosario Llap Unchón.

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53. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL Nº : 03078 - 2009-59-1601-JR-PE-02 ASISTENTE JURISDICIONAL : CARMEN BUCHELLI DEVILLE. AGRAVIADO : EL ESTADO IMPUTADO : JUAN CARLOS ÁVILA ALVARADO. DELITO : TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (MICROCOMERCIALIZACIÓN) MINISTERIO PÚBLICO : DRA. LEA GUAYÁN HUACCHA. FISCAL SUPERIOR DE LA PRIMERA FISCALÍA SUPE- RIOR PENAL. PROCEDENCIA : SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO. IMPUGNANTE : MINISTERIO PÚBLICO. ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA.

SENTENCIA RESOLUCIÓN N° DIECISÉIS. Trujillo, veintidós de Noviembre De Dos Mil Once. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente), Dra. LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), Dr. RUDY GONZÁLEZ LUJÁN (Juez Superior Supernumerario) quien interviene por licencia del Dr. OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA; en la que actúa como parte apelante, el Ministerio Público, respecto de la sentencia absolutoria, resolución número once de fecha veintidós de junio de dos mil once. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia absolutoria, resolución número once de fecha veintidós de junio de dos mil once, obrante en las páginas cincuenta y seis a sesenta y dos; la misma que ab- suelve a JUAN CARLOS ÁVILA ALVARADO de la acusación fiscal en su contra por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de Micro-comerciali- zación de Pasta Básica de Cocaína, en agravio de El Estado. 1.2.- La representante del Ministerio Público, afirma que la sentencia apelada tiene errores de hecho y de derecho que la invalidan, es decir ha incurrido

en cau-

sal de nulidad pues ha vulnerado el derecho a probar que compone el debido proceso, así como ha violentado la debida motivación de resoluciones, toda vez que a pesar de que se incorporaron al juicio oral documentales, el juzgado no los ha valorado en forma individual y conjunta, llegando a expedir un fallo absolutorio debiendo ser éste condenatorio ya que existen suficientes medios probatorios que acreditan la responsabilidad del procesado en la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas; por lo que conformidad con el artículo 150 –numeral d- del Código Procesal Penal, solicita la NULIDAD de la sentencia materia del grado. La representante del Ministerio Público, sostiene que se ha vulnerado el derecho a probar y la correcta valoración de pruebas en forma individual y con- junta que componen el debido proceso, así en los considerandos Sétimo y Octavo se reconoce que en la intervención policial se encontró en el bolsillo izquierdo de la casaca del procesado doscientos dieciocho envoltorios de pas- ta básica de cocaína dentro de una bolsa plástica color negro, habiendo que- dado acreditado tal hecho en el juicio oral con las testimoniales de los policías intervinientes, quienes a su vez han reconocido en su contenido y suscripción el Acta de Registro y Comiso de Drogas, sin embargo al no haber concurrido los peritos, el informe pericial no es considerado admisible como prueba, pero ello no lo considera conforme, pues éste si tiene entidad de prueba, por lo que existe una grave contradicción con el considerando Noveno en el que se consigna que no habría prueba y en el considerando Décimo, que no puede quedar convalidada con la oralización del Dictamen Pericial, por lo que se ha incurrido en nulidad al no haber sido valorado conforme al art. 393.2 del CPP, siendo aplicable el Acuerdo Plenario en cuanto se refiere a la pericial no rati- ficada, pues aquellos Peritos se encontraban en la ciudad de Lima, habiendo justificado su inasistencia y el Juzgado prescinde, dando pase para que se valore el Dictamen Pericial Químico Toxicológico. 1.3.- La defensa del procesado, por su parte, solicita se CONFRIME la sentencia materia de impugnación, toda vez que no se ha recortado el derecho a la defensa ni vulneración de la motivación de resoluciones judiciales, sino que la jueza ha actuado con tino; se ha prescindido al perito y no concurrieron al juicio oral sólo dos policías, y como al procesado le asiste la presunción de inocencia, la jueza ha optado por absolverlo ya que los peritos no concurrieron al juicio oral; por lo tanto no se ha vulnerado los derechos alegados por el Ministerio Público. Alega que el juicio oral es la etapa más importante, en el que se ofreció a los Peritos Toxicológicos, miembros de la PNP, los que no concurrieron al juicio; y, en el Dictamen pericial Toxicológico, los Capitanes farmacéuticos no concurrieron por carece de medio económicos para su tras- lado, habiéndose recibido solo las declaraciones de los miembros de la Policía que realizaron la intervención al sentenciado. Además, que el artículo 383.1.c indica que sólo se pueden oralizar las pericias que han sido

introducidas a

juicio debidamente, y en éstas el procesado no ha tenido abogado defensor, hay divergencias entre el peso neto y el peso devuelto, por ello no es prueba contundente. 1.4.- Ante esta instancia superior no se admitieron nuevos medios de prueba, así como tampoco se ha oralizado medio de prueba alguno. 1.5.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el Ad Quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.

CONSIDERANDOS

Premisa Normativa: 2.1

A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia absolutoria, este colegiado superior precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en la modalidad de MICROCOMERCIALIZACIÓN DE DROGAS, contenido en el artículo 298° del Código Penal que establece. “La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa cuando: inciso 1: la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada, o poseída por el agente no sobrepase cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados o dos gramos de éxtasis, conteniendo metilendioxianfetamina – MDA o metilendioximetanfetamina – MDMA, metanfetamina o sustancias análogas”.

2.2. Asimismo, es necesario precisar que micro comercializador es quien circula estupefacientes y sustancias psico-trópicas, directamente a los consumidores; siendo éste un proveedor de droga, que circula el objeto material en cantida- des menores, en no pocas oportunidades revelerá, a su vez, un estado de dro- gadicción; quiere decir, que es en simultáneo un micro comercializador y una persona drogodependiente, sometido a un estado, psíquico y orgánico, que no le permite actuar con plena libertad. Es decir, por medio de la venta de la droga al por menor, está en condiciones de sufragar los gastos que le generan un estado de drogadicción. 2.3. Si bien para la acreditación de la realización típica no se requiere advertir concretas transacciones comerciales de la droga prohibida, lo que sí debe verificarse objetivamente es que la droga en posesión ha de estar destinada a su comercialización y/o tráfico en el mercado de consumidores. Debe tratarse de indicios que, de forma conjunta, puedan proporcionar un grado de convicción

suficiente, que la posesión de la droga es un paso previo a su comercialización. Fundamentos Fácticos: 2.4.- Los hechos que son materia de acusación plasmados en la teoría del caso del Ministerio Público consisten en que con fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, a horas cero, aproximadamente, personal policial de radio patrulla en circunstancias que se encontraba patrullando por inmediaciones de las calles Cerro de Pasco y Cajamarca en la Urbanización Aranjuez, se intervino a la persona de Juan Carlos Ávila Alvarado, a quien al practicársele un registro personal se le encontró en uno de los bolsillos de su casaca -lado izquierdo - una bolsa chequera color negro conteniendo en su interior doscientos dieciocho envoltorios de papel periódico tipo “ketes” conteniendo en su interior una sustancia blanquecina al parecer PBC la misma que al ser sometida a un pesaje preliminar arrojó un peso de 69.18 gramos, y al practicarse la prueba respectiva sobre el análisis definitivo de la droga arrojó un peso 27 gramos y que la pasta básica de cocaína estaba mezclada con almidón y carbonatos, sin embargo la droga sólo tiene un peso de 20 gramos; hechos por los cuales se apertura la investigación. 2.5.- La sentencia apelada hace un análisis probatorio bajo el rubro “Análisis del caso concreto – Contexto Valorativo” , de lo que resulta que no se ha cumplido con los artículos 394° y 398° del Código Procesal Penal, al no haber motivado en forma clara, lógica y completa cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados o que lo justifique. Siendo esto así, no ha valorado debidamente las declaraciones testimoniales del SOT1-PNP Luis Alberto Haro Bustamante y del SOT3 PNP Kelvin Bustamante Ruiz, quienes además han reconocido en contenido y suscripción el Acta de Registro personal y Comiso de Drogas de la página nueve del expediente judicial y el Dictamen pericial de Química: Drogas N° 4547/09 que han elaborado los Peritos Químicos Fo- renses Eduardo Moreno Salas y Johnny Cotrina Alcántara, residentes en la ciudad de Lima, sin que se le haya asignado fuerza y efectos probatorios. 2.6.- De esta forma se ha soslayado el Acuerdo Plenario N° 2-2007/CJ-116 del dieci- séis de noviembre de dos mil siete- “Valor probatorio de pericia no ratificada”, el que establece como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos ocho y nueve, que la ausencia de la diligencia de examen o ratificación pericial no necesariamente anula lo actuado ni excluye el informe o dictamen pericial del acervo probatorio, debiéndose tomar en cuenta, en forma obligatoria, los criterios indicados en dichos fundamentos que establecen “La obligatoriedad del examen pericial en caso de pericias pre procesales o realizadas en sede de instrucción surge del artículo 259 del Código de Procedimientos Penales (Art. 181 CPP). Si bien esa es la regla general en materia pericial, que concreta el principio de contradicción -y

cuando se hace en el acto oral, que es su sede

natural, adicionalmente cumple los principios de inmediación y publicidad-, es razonable excepcionarlo sin mengua del contenido esencial de dichos principios cuando el dictamen o informe pericial –que siempre debe leerse y debatirse en el acto oral- no requiere de verificaciones de fiabilidad adicionales o cuando su contenido está integrado por aportes técnicos consolidados que no sólo se basan en hechos apoyados exclusivamente por la percepción de una persona –primacía del aspecto técnico sobre el fáctico perceptivo-, con lo que el derecho de defensa no se desnaturaliza ni se lesionan los principios de inmediación, contradicción y oralidad. En esos casos, sencillamente, el examen pericial, como toda prueba con un aspecto relevantemente documental, no es condición ineludible de la pericia como medio de prueba válido, valorable por el juez de juicio. En consecuencia, su no actuación no es causal de nulidad de la sentencia –la obligatoriedad a que hace referencia la ley procesal no la ata a la nulidad de la pericia en caso de incumplimiento- ni de exclusión de la pericia como medio de prueba”. 2.7.- Asimismo, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha establecido que “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso, recono- cido en el inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales una respetuosa, razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia que las resoluciones judiciales sean motivadas, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justi- ciables (…). En tal sentido(…) implica la exigencia de que el órgano jurisdiccio- nal sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso(…) Fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamiento del fallo y lo pretendido por las partes; y c) que por sí mismas expresen una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando ésta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por revisión248.

248 Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, 1°ed. Enero 2009, p.702-703.

2.8.- Asimismo, tenemos en el Artículo 394° numeral tres, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y valoración de la prueba que lo sustenta, con indicación del razonamiento que lo justifique”. 2.9. El Tribunal Constitucional también ha establecido que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resolucio- nes se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una in- ferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitu- cional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modi- ficación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de ampa- ro. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incon- testadas las pretensiones, o

el desviar la decisión del marco del debate

judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”249. 2.10. Esta Sala Superior, al haber realizado el análisis de la sentencia impugnada, determina que la venida en grado no se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, vulnerando de ese modo el derecho al debido proceso y motivación de resoluciones judiciales exigido por nuestro ordenamiento jurídico, al no haberse realizado el análisis de los actuados ni de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mis- mo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; por ello se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 150°.d del Código Procesal Penal. 3.

RESOLUCIÓN:

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1).- Declarar NULA la sentencia absolutoria, resolución número once de fecha veintidós de junio de dos mil once, obrante en las páginas cincuenta y seis a sesenta y dos; la misma que absuelve a JUAN CARLOS ÁVILA ALVARADO de la acusación fiscal en su contra por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de Micro-comercialización de Pasta Básica de Cocaína, en agravio de El Estado. 2).- ORDENARON la realización de nuevo juicio oral, con la intervención de otro Juzgador. 3).- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente la Doctora Lilly Llap Unchón.

249 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura.

54. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – REVOCAN EXTREMO DE LA PENA PROCESO PENAL Nº : 03375-2009-92-1601-JR-PE-06 ASISTENTE JURISDICIONAL : NESTOR DANIEL SÁNCHEZ PAGADOR AGRAVIADO : EL ESTADO – MINISTERIO DEL INTERIOR IMPUTADO : CASTILLO ROBLES, LUIS ELIAS PEDRO DELITO : TENENCIA O POSESIÓN DE DROGA MINISTERIO PÚBLICO : DRA. ELENA DEL CARMEN JARA CASTAÑEDA FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL II FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : OCTAVO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO IMPUGNANTE : DEFENSA TECNICA DEL IMPUTADO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN N°: 11 Trujillo, Dos de Junio De Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Supe- rior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRINA MI- ÑANO (Juez Superior Titular), en la que intervienen como parte apelante, el impu- tado, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, resolución número cinco de fecha treinta de marzo de dos mil nueve. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por, el imputado contra la sentencia condenatoria, resolución número nueve de fecha veintiocho de diciembre de dos mil nueve, obrante en las páginas cincuenta a cincuenta y tres; la misma que, condena al acusado como autor del delito de TENENCIA O POSESIÓN DE DROGA, en agravio de EL ESTADO – MINISTERIO DEL INTERIOR, a tres años de pena privativa de libertad efectiva. 2.- Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1.- El imputado, a través de su abogado defensor, con fecha treinta de marzo del

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presente año, interpone recurso de apelación según consta en acta de registro

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de audiencia de lectura de sentencia, obrante en la página sesenta y uno, soli- citando la nulidad del juicio oral y de la sentencia, fundamentando oralmente en la misma audiencia, el recurso de apelación interpuesto. 2.2.- Señala que, se han vulnerado los principios de inmediación, contradicción, celeridad, oralidad, debido proceso, congruencia procesal y principio acusato- rio. Que el fundamento jurídico es el artículo 397° inciso 1 e inciso 2 del Códi- go Procesal Penal, al haberse efectuado juicios sobre los hechos adecuándolos al delito de microcomercialización de drogas, cuando de la acusación fiscal, el ilicito penal que se investiga es el de Posesión o Tenencia de Droga, por lo que indica que la sentencia adolece de nulidad, solicitando que se declare en ese sentido y que sea otro Juzgador el que realice nuevo juicio oral y se dicte nueva sentencia. 3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron ni se actuaron medios de prueba. III. CONSIDERANDOS 3.1. PREMISA NORMATIVA: 01.- A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de TENENCIA O POSESIÓN DE DROGA, contenido en el artículo 298º del Código Penal, el cual prescribe que: “Si es pequeña la cantidad de droga o materia prima poseída, fabricada, extractada o preparada por el agente, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de ocho años, de trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4. Si se ha distribuido la droga en pequeñas cantidades y directamente a consumidores individuales, no manifiestamente inimputables, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de cuatro años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4. A efectos de la aplicación del presente artículo, se considera pequeña cantidad de droga hasta cien gramos de pasta básica de cocaína y derivados

ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, doscientos gramos de marihuana y veinte gramos de derivados de marihuana. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo determinará las cantidades correspondientes a las demás drogas. 3.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 02.- Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, resolución número nueve de fecha veintiocho de diciembre de dos mil nueve, obrante en las pági- nas cincuenta a cincuenta y tres; la misma que condena como autor del delito de TENENCIA O POSESIÓN DE DROGA, en agravio de EL ESTADO – MINIS- TERIO DEL INTERIOR. 03.- Los hechos que son materia de acusación plasmados en la teoría del caso del Ministerio Público consisten en que se le atribuye al procesado que con fecha con fecha 24 de noviembre del 2009, siendo las 14:55 minutos personal de la PNP Divandro, se encontraba en el tercer nivel del Centro comercial “El Vi- rrey” sito en las calles Grau, Gamarra y España de esta ciudad, se intervino al acusado, por estar en actitud sospechosa y al efectuársele el registro personal en el interior de su mochila se le encontró 9 bolsitas plásticas transparentes, para venta de marcianos, conteniendo hierba seca verdusca con olor y carac- terísticas a Cannabis Sativa (Marihuana). Así mismo, el Ministerio Público considera que, el acusado es autor del delito de posesión de droga previsto por el artículo 298.1 del Código Penal. Y Solicita la pena de tres años, más ciento ochenta días multa. 04.- En su tesis nulidificante el encausado sostiene que al emitir sentencia, el AQuo, en el fundamento 7.5; señala refiriéndose al imputado que, “no es creíble que ha referido que no tiene necesidad de comercializar droga por los in- gresos económicos por alquiler de inmueble”, siendo que, se está pronuncian- do por un hecho que no está contemplado en la acusación fiscal, ni ha sido sometido a contradictorio en juicio oral, ya que está emitiendo juicio sobre si comercializa o no drogas, careciendo de objeto y razón emitir pronunciamien- to alguno sobre está circunstancia, puesto que el procesado se encuentra in- merso en el presente proceso penal por el ilícito penal de posesión o tenencia de droga y no por microcomercialización de ésta. 05.- A tenor de lo expresado en el considerando precedente, este superior colegiado tiene a bien precisar que; el Principio Acusatorio encuentra sustento en el modelo acusatorio recogido por nuestro ordenamiento procesal penal, a diferencia del sistema inquisitivo, en donde la obligación del Estado se encuentra dirigida a la búsqueda de la verdad y, a partir de ella, se imponen las sanciones o se demuestra la inocencia de la persona investigada, el modelo acusatorio tiene como base la construcción de la verdad, ya que las partes

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llegan al juicio con diversas versiones de la realidad, cuya confrontación determinará lo que se considere verdadero. En virtud del principio acusatorio, la apertura de un proceso penal se encuentra condicionada a la excitación de la actividad jurisdiccional250, a través de una denuncia, en los casos de delitos de acción pública, o una querella, en los casos de delitos de acción privada; lo que implica que el proceso sea sobreseído en caso de que no se formule acu- sación. La vigencia del principio acusatorio es contraria a la posibilidad de que el operador de justicia penal introduzca imputaciones o hechos no planteados por el Ministerio Público. Esto es denominado por al doctrina como Principio de Inmutabilidad de la acusación. 251 06.- En este orden de ideas, es de advertir que en la sentencia materia de examen por este colegiado, la premisa normativa se refiere en forma textual al artículo 298 del Código Penal, sobre posesión o Tenencia de Droga, e inclusive invoca la jurisprudencia contenida en la sentencia set. 04/2001. exp. 1817-2001 S.S. Salas Gamboa referida al mismo delito, habiendo realizado en los acápites 7.1. a 7.4. el análisis probatorio de la posesión de droga Cannabis Sativa marihua- na al momento de la intervención del procesado, por su propia versión, la de su amigo intervenido Jorge Salazar y conforme al Dictamen Pericial, siendo la cantidad al momento de la intervención la de 43 gramos en peso bruto y 38 gramos en peso neto, por lo que considera mediante un juicio de subsunción que el comportamiento del acusado se subsume en el tipo penal del artículo 298 del Código Penal, habiendo arribado a una sentencia condenatoria; por ello este Colegiado es de opinión que no se ha vulnerado el Principio de Con- gruencia habiéndose procedido al juzgamiento bajo la Acusación Fiscal, y que el argumento esgrimido en el considerando 7.5 de la sentencia impugnada no implica un defecto absoluto que afecte el derecho del sentenciado, por lo que no se configura la causal de nulidad a que se refiere el artículo 150.d del Código Procesal Penal, en efecto, esta Sala Superior al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, respecto del medio impugnatorio interpuesto, advierte que la misma ha sido dictada cumpliendo con los principios fundamentales de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, de manera que no se han vulnerado garantías constitucionales esenciales a favor del imputado, las mismas que son consustanciales al proceso penal. 8.

Respecto a la determinación judicial de la pena, si bien es cierto que la pena a imponerse a quien infringe el marco jurìdico establecido debe sujetarse a las

250 CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Derecho Procesal Penal II. Rubinzal- Culzoni, Buenos Aires, 2001, p. 22. 251 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal Penal. Tomo I, reimpresión de la segunda edi- ción, Grijley, Lima, 2006, p. 42.

bases de punibilidad previsto exprsamente en la ley penal vigente en el momento de los hechos, también lo es que su graduación debe ser el resultado del análisis lógico y jurídico de la prueba aportada en función de la gravedad de los hechos cometidos, teniendo en cuenta además, los criterios de determi- nación judicial de la pena a los que alude el Código Penal, en sus artículos 45 y 46 y el principio de proporcionalidad. 9.

Nuestro Código Penal, respecto a la determinación de la pena, sigue a un sis- tema de penas parcialmente determinadas por la ley, que deja ciertos márge- nes de discrecionalidad judicial, en la vertiente de incorporación de ciertas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que afectan elmarco penal abstracto, sí como los criterios específicos que el juez debe considerar en su labor de individualización de la pena252.

10.

Según sentencia de la Primera Sala Penal Transitoria, su fecha veintidos de enero de dos mil nueve (RN Nº 752-2008-Lima), la valoración en la determinación de la pena, obedece a criterios expresados taxativamente en normas o reflejados en los principios genrales del Derecho: en todo caso, ambos son tomados en cuenta a través de dos fases: a nivel legislativo y a nivel judicial; en el segundo, la valoración de la determianción de la pena se realizará en dos momentos: a) cuando se aplique considerando el principio de proporcionalidad, el cual se refleja a través de los juicios de idoneidad, que va de la mano con el principio de culpabilidad, pues éste constituye el fundamento de la imposición de la pena, tomando en cuenta la sociabilidad de la persona y su hecho; de necesidad, que sirve para determinar si se aplica una pena privativa de libertad, una pena restrictiva de libertad o una pena limitativa de derechos; y de proporcionalidad, en sentido estricto, donde la pena impuesta por el juez debe corresponder neceseriamente con la gravedad del delito concreto, por lo que “a efectos de modular o asumir una pena para arriba o hacia abajo dicho razonamiento tiene que realizarse conforme al injusto y la culpabilidad del encacusado, es decir, de acuerdo a una concepción mterial del delito” (Feijóo Sánchez, Bernardo. “Individualización de la pena y teoria de la pena proporcional al hecho”. En Indret, 1/2007, Brcelona , enero p.; y b) cuando se toma en cuenta los criterios no específicos de la individualización, es decir, conforme a los artículos 45 y 46 del Código Penal.

11.

Consecuentemente, podemos colegir que la pena impuesta al condenado por el Juez Unipersonal de tres años de pena privativa de libertad efectiva, por no cumplir con los juicios de idoneidad y necesidad, no es proporcional al hecho

252 GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal Económico. Parte general, Tomo I. Lima 2da.edición, Editorial Grijley, 2007, p., 914

delictivo realizado, pues se determinó que la cantidad de droga poseída al mo- mento de la intervención es de cuarentitres gramos peso bruto y treintiocho gramos peso neto, que el condenado es un agente primario, no registra ante- cedentes policiales y requsitorias, segùn la Constancia emitida por la Policìa Nacional del Perú, asimismo que no registra Antecedentes Penales, según el Registro Distrital de Condenas de la Corte Sueprior de Justicia de La Libertad, y que tiene estudios superiores de Derecho no concluidos; asimismo, ha pre- sentado una Tarjeta de Atención, con fecha de inscripción doce de setiembre de dos mil seis expedida por el Ministerio de Salud-Instituto Especializado de Ciencias Neurológicas, según Historia Clínica Nº 0409174 que indica crisis convulsivas asociadas al consumo de drogas, por lo que este Colegiado con- forme al artículo 57 del Código Penal estima que la pena impuesta de tres años de pena privativa de libertad efectiva, debe reformarse por la pena suspendi- da por igual tiempo, imponiéndosele las reglas de conducta a que se refiere el artículo 58 del Código antes mencionado, puesto que, la pena privativa de libertad no supera los cuatro años, la naturaleza, modalidad del hecho puni- ble y la personalidad del agente hacen prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito, que el plazo de suspensión es de uno a tres años y que el agente no es reincidente o habitual en la comsión de ilicitos penales. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, con el voto en mayoría de los señores Jueces Superiores Dr. Walter Cotrina Miñano y Dra. Lilly Llap Unchón, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1).- CONFIRMAR la sentencia condenatoria, expedida mediante resolución número cinco de fecha treinta de marzo de dos mil nueve, obrante en las páginas cincuenta a cincuenta y tres; la misma que, condena al acusado como autor del delito de TENENCIA O POSESIÓN DE DROGA, en agravio de EL ESTADO – MINISTERIO DEL INTERIOR. 2).- REVOCAR, en el extremo de la pena, la cual impone tres años de pena privativa de libertad efectiva, y REFORMANDO la misma en su ejecución la impu- sieron con carácter de SUSPENDIDA por el plazo de tres años, sujeta a las siguientes normas de conducta: a)

No ausentarse del lugar de su residencia sin previo aviso a la autoridad judicial competente.

b)

Comparecer cada quince días ante el Juzgado en forma personal y obli- gatoria afirmar el libro de control respectivo y dar cuenta de sus activi- dades.

c)

No frecuentar lugares de dudosa reputación.

Todas estas normas señaladas deberá cumplir el condenado bajo apercibi-

miento de revocarse la condicionalidad de la pena.

3).- GIRESE papeleta de excarcelación en el día bajo responsabilidad, libertad que se hará efectiva siempre y cuando no exista algún mandato de detención ema- nada por otro órgano competente. 4).- NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, Señora Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.

55. USURPACION AGRAVADA – CONFIRMAN SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE IMPUTADO OTRO DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA ASUNTO

: 00239-2010-15-1605-JR-PE-01 : JULIA TEREZA RODRIGUEZ LAZARO Y : USURPACIÓN AGRAVADA : NELLY MARIELA SALINAS CRUZ Y OTRO : JUEZ PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA OTUZCO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA.

Trujillo, dieciséis de Marzo de Dos Mil Once.VISTA, en Audiencia Pública de Apelación realizada por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, LILLY LLAP UNCHON (Juez Superior Titular y Directora de Debates), OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA (Juez Superior Titular) Y CARLOS PRADO MUÑOZ (Juez Superior Supernumerario, interviene por licencia del Juez Superior Titular José Ricardo Cabrejo Villegas). I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Es materia de apelación la sentencia de fecha de catorce de setiembre del año dos mil diez, que obra de las páginas veintisiete a treintiocho que CONDENA a Manuel Ernesto Neira Villanueva en calidad de autor del delito de USURPA- CIÓN en agravio de Aurea Elizabeth Montalban Arana a DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida por el término de un año, y fija una reparación civil de mil quinientos nuevos soles que deberá abonarse a favor de la agraviada. 1.2. El abogado del sentenciado Manuel Ernesto Neira Villanueva, ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia que condena a su patrocinado, so- licitando que sea revocada y se le absuelva por los siguientes fundamentos: En primer lugar, plantea de que en la sentencia recurrida, los hechos descritos no coinciden con las supuestas pruebas o indicios que se han obtenido durante la investigación preliminar. Respecto al imputado, asume que en ningún mo- mento ha reconocido la comisión del delito denunciado, en el sentido de que por abuso de confianza ha usurpado a la agraviada en la posesión del puesto de venta de carnes N° 092 – J del Mercado Zonal Palermo – Ex Mayorista de Trujillo. Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida, afirma que esta se basa en meras sindicaciones y contradicciones, ya que no se ha probado las afirmaciones de la agraviada referidas a la vinculación de su patrocinado con los hechos denunciados. Con relación a la conducción

del referido puesto de ventas de carnes, sostiene que su patrocinado ha venido conduciéndolo desde el año mil novecientos ochentiueve en calidad de arrendatario, ya que

ésta no podía realizar tal conducción, pues se encontraba laborando como empleada en el Instituto Educativo “ CHAN CHAN”, hecho que, además, ha sido admitido por la agraviada, y que, por lo tanto se deduce que no puede realizar simultáneamente ambas actividades. Asimismo, alega que la agravia- da al tomar conocimiento de que se iba a realizar la venta del puesto N° 092 – J a favor del sentenciado, plantea la denuncia por el delito de usurpación en su contra. Con relación a la aplicación de la pena se muestra en total desacuerdo, pues corresponde la Absolución de su patrocinado ya que no se ha probado las imputaciones que efectúo en su contra la agraviada. En cuanto a la la restitución del área usurpada y la fijación de la reparación civil, las objeta en todos sus extremos. 1.3. El Ministerio Público, solicita que se confirme la sentencia condenatoria impuesta por la señora Juez del Décimo Juzgado Unipersonal de Trujillo, por cuanto se ha expedido la misma avalando y merituando todos los elementos de convicción, lógicos, coherentes, uniformes y corroborantes del hecho denunciado, argumenta que existen elementos probatorios que han determinado que el imputado ejerciendo el abuso de confianza despojó del puesto ubi- cado en el mercado mencionado, resultando establecida la comisión del hecho y la responsabilidad penal del procesado, pues el tipo penal de usurpación lo ha cometido como ayudante en el puesto. 1.4. En la audiencia, no se actuaron nuevas pruebas y tampoco se oralizó medio de prueba alguno. El sentenciado apelante optó por declarar y fue interrogado por su abogado defensor y por el representante del Ministerio Público, y se escucharon los alegatos finales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida. II.- CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1. El delito de usurpación, materia de la acusación, en la modalidad de de despo- jo, previsto en el artículo 202 inciso 2 del Código Penal se configura: Cuando el sujeto agente por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. El artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se en- cuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se

demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sen- tencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. FUNDAMENTOS FÁCTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.2. Los hechos objeto de la acusación son los siguientes: La agraviada Aurea Eli- zabeth Montalban Arana, ha heredado de su padre el puesto de ventas N° 092 – J, ubicado en el Mercado Zonal Palermo (Ex Mayorista) dedicado a la venta de carne, dicho puesto ha venido conduciéndolo a través de varios ayu- dantes y precisamente uno de ellos ha sido el hoy acusado Manuel Ernesto Neira Villanueva; sin embargo el día nueve de Marzo del año dos mil nueve a las seis horas, aproximadamente, dicho acusado ha impedido el ingreso de la agraviada a su propio puesto de venta de carne en el Mercado referido, de tal modo que la ha reducido a la tercera parte del puesto, es decir la agraviada ha sido despojada, a través del abuso de confianza, de las dos terceras partes del ya mencionado puesto de venta del Mercado Zonal Palermo ex – Mayorista. 2.3. De los fundamentos de la apelada2.4. La sentencia apelada se sustenta en que la agraviada ha logrado probar la posesión previa del inmueble(Puesto de venta de carne N° 092 – J, ubicada en el Mercado Zonal Palermo – Ex Mayorista), con la misma declaración del sentenciado Manuel Ernesto Neira Villanueva vertida en el interrogatorio del juicio oral; asimismo, es corroborado por la agraviada al responder al inte- rrogatorio, en el mismo acto oral; además, se prueba con la declaración de los testigos: Zoilo Pino Farfán , Tomás Ángel Montalván Reyes, Pedro Rogelio Montoya Trujillo, Segundo Bartolomé Rodríguez Jiménez; también se prueba con la constancia emitida por la Asociación de Comerciantes posesionarios y/o conductores del Mercado Zonal Palermo de Trujillo; a su vez, se prueba con la instrumental en la que se señala que la agraviada recibió tarjetas que le corresponden a cada posesionario, vendiéndolas y recibiendo dos cajas de mayólica para ser colocadas en el referido puesto de venta. La recurrida, tam- bién se sustenta en que se ha demostrado el hecho del despojo utilizando violencia y abuso de confianza, con la declaración de la agraviada de que el nueve de marzo de de Marzo de dos mil nueve fue impedida de entrar al mencionado puesto de ventas , por lo que llamó a la policía, ante lo cual el sentenciado sale del puesto y al retirarse la policía, nuevamente regresa a tomar posesión del mismo y además, le empujó a la agraviada; hecho este que es corroborado por con la declaración de los testigos: Tomás Ángel Montalván Reyes y Segundo Bartolomé Rodríguez Jiménez, ambos testigos presenciales

del referido hecho; asimismo, con la declaración del acusado quien refiere “el día que hubo el pleito, el nueve de marzo de 2009”. La sentencia recurrida, además, se sustenta en que existe vinculación del acusado en la partici- pación de los hechos, ya que de la prueba que se actuó en juicio oral ha quedado acreditado que la agraviada ha detentado la posesión del puesto de venta de carne desde la muerte de su padre, y que el acusado haciendo uso de la violencia y del abuso de confianza tomó posesión del referido puesto, y actualmente, se encuentra ocupando las dos terceras partes de éste. 2.5. Por otro lado, respecto al hecho que la defensa del acusado señala que la agraviada ha trabajado como secretaria del Instituto Tecnológico Chan Chan, lo cual ha sido confirmado por ésta; alegando de este modo la defensa, que por este hecho no ha podido ser posible la posesión del puesto de venta de carne, por la agraviada. Pues bien, al respecto la recurrida, deja establecido que es precisamente por esta razón que la agraviada tenía ayudantes que ven- dían carne y uno de estos era el acusado; pues tal como está establecido en el Art. 897 del Código Civil “No es poseedor quien, encontrándose en dependen- cia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. 2.6. Concluyendo, la Juzgadora, en la sentencia establece que el acusado ha parti- cipado activamente en la realización del hecho delictuoso y ha actuado dolo- samente, con pleno conocimiento de lo que realizaba, siendo persona capaz, mayor de edad y no existiendo causas de justificación o exculpación. Delimitación de la pretensión impugnatoria. 2.7. La defensa del procesado, sustentando su pretensión impugnatoria ha sostenido que no se ha logrado probar los hechos que son materia de acusación y por lo tanto no hay prueba suficiente para determinar la comisión del delito de usurpación por el acusado Manuel Ernesto Neira Villanueva, tales hechos son: a) La preexistencia de la propiedad por parte de la agraviada, pues esta alega que recibió la propiedad del puesto de ventas de carne, como herencia, de su padre. b)Que el imputado haya cometido el delito de usurpación en con- tra de la agraviada, negando, a su vez, que el imputado haya reconocido, en el juicio oral, la comisión de tal delito. Asimismo, refiere que la sentencia está basada en sindicaciones y contradicciones, pues no obra prueba alguna que confirme las afirmaciones de la presunta agraviada. Y que el sentenciado era quien venía conduciendo el mencio- nado puesto de ventas por que la agraviada se lo alquiló, pues ella no podía conducirlo debido a que se desempañaba como empleada en el, Instituto Edu- cativo “Chan Chan”, afirmación esta, que ha sido corroborada por la propia agraviada, quien a su vez no ha demostrado ser la propietaria de puesto de

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ventas N° 092 – J del Mercado Zonal Palermo de Trujillo y que tampoco lo es porque la propietaria es la Municipalidad Provincial de Trujillo. Del delito de usurpación, materia de acusación. 2.8. Al acusado se le atribuye el delito de usurpación en la figura de despojo, del puesto de venta de carne N°092 – J del mercado zonal Palermo de Trujillo (Ex Mayorista), mediante violencia y abuso de confianza, contra la agraviada; conducta ilícita regulada en el Art. 202, inciso 2 del Código Penal. 2.9. Esta figura típica, según la doctrina, “no tiende a tutelar el patrimonio desde una acepción universal, sino de forma concreta el uso y disfrute de los derechos reales, esencialmente la posesión” 253 y de igual manera la uniforme jurisprudencia ha establecido que el bien jurídico tutelado en el delito de usur- pación: es la posesión. 254 Asimismo, la Jurisprudencia ha establecido que”el despojo total o parcial de la posesión o tenencia de un derecho real debe producirse bajo los supuestos de amenaza, engaño o abuso de confianza Análisis de la resolución recurrida y valoración de la prueba.2.10. De la declaración del sentenciado Manuel Ernesto Neira Villanueva vertida en el interrogatorio del juicio oral y en la audiencia de apelación; de la declara- ción de la agraviada, la declaración de los testigos: Zoilo Pino Farfán , Tomás Ángel Montalván Reyes, Pedro Rogelio Montoya Trujillo, Segundo Bartolomé Rodríguez Jiménez; con la Constancia emitida por la Asociación de Comer- ciantes posesionarios y/o conductores del Mercado Zonal Palermo de Trujillo; con la instrumental en la que se señala que la agraviada recibió tarjetas que le corresponden a cada posesionario, vendiéndolas y recibiendo dos cajas de mayólica para ser colocadas en el referido puesto de venta, con todas estas pruebas actuadas en juicio oral, se demuestra el primer presupuesto para la existencia del delito de usurpación, la preexistencia de la posesión, del inmue- ble (puesto de venta de carne N° 092-J del Mercado Zonal Palermo) por parte de la agraviada. Asimismo, con la declaración de la agraviada de que el nueve de marzo de de Marzo de dos mil nueve fue impedida de entrar al mencionado puesto de ventas , por lo que llamó a la policía, ante lo cual el sentenciado salió del mismo y luego tras retirarse la policía nuevamente ingresa a tomar posesión del referido puesto y , que además, dio un empujón a la agraviada; hecho que se corrobora con la declaración de los testigos: Tomás Ángel Montalván

253 Derecho penal- Parte especial TOMO II Cabrera Freyre, página 462

254 Ejecutoria Superior de Lima 11 de julio de 1997. Exp. 1328 – 97 - la Rosa Gómez de la Torre Ju- risprudencia del Proceso penal Sumario. Lima Glrijley. 1999 página 311

Reyes y Segundo Bartolomé Rodríguez Jiménez, ambos testigos presenciales del referido hecho; con la declaración del acusado quien refiere “el día que hubo el pleito, el nueve de marzo de 2009”; con esta frase el acusado demues- tra que hubo un altercado referente a la posesión del citado puesto de ventas, con la agraviada; y con respecto al abuso de confianza, de acuerdo a la decla- ración de la misma agraviada con la cual confirma que se desempeñaba como secretaria en el Instituto Superior “Chan Chan”,pues es precisamente por esta razón que la agraviada tenía ayudantes que vendían carne y uno de estos era el acusado; pues tal como está establecido en el Art. 897 del Código Civil “No es poseedor quien, encontrándose en dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. 2.11. Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues de la declaración del procesado vertida en la audiencia de apelación, la Sala concuerda con la apreciación realizada por la Juzgadora que emitió la apelada así como de las declaraciones de la agraviada y los testigos. 2.12. Asimismo, el procesado tras haber despojado de la posesión de las dos terce- ras partes del puesto de ventas de carne, a la agraviada, la ha reducido a la tercera parte del mismo, notándose con este hecho lo realizó en un abuso de confianza al habérsele dejado en el puesto en calidad de ayudante de la legí- tima posesionaria. De este modo y con las pruebas descritas se confirma que se dio el hecho del despojo con el uso de la violencia y el abuso de confianza; y, en lo referente a la vinculación del procesado con los hechos descritos, de la prueba que se actuó en juicio oral ha quedado acreditado que la agraviada ha detentado la posesión del puesto de venta de carne desde la muerte de su padre, y que el acusado haciendo uso de la violencia y del abuso de confianza tomó posesión del referido puesto, y actualmente, se encuentra ocupando las dos terceras partes de éste”; consecuentemente al haberse probado la confi- guración del delito de usurpación, el despojo en el supuesto antes menciona- do, resulta suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, habiéndose dictado en la resolución recu- rrida con suficiencia, claridad y coherencia las razones para emitir sentencia condenatoria que deberá ser confirmada.

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III. PARTE RESOLUTIVA Por todas las consideraciones expuestas, la PRIMERA SALA PENAL DE APE- LACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNA- NIMIDAD, RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia resolución número TRES de fecha CATORCE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, en el extremo que condena al acusado MANUEL ERNESTO NEIRA VILLANUEVA, por el delito de Usurpación en agravio de AUREA ELIZABETH MONTALBAN ARANA , a dos años de pena privativa de libertad SUSPENDIDA SU EJECUCION por el plazo de un año, a condición de reglas de conducta allí descritas, con lo demás que contiene.



CONFIRMAR, en cuanto se ordena el pago de la reparación civil en el monto de Un mil Quinientos con 00.00 % Nuevos Soles a favor de la agraviada.



NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.



Actuó como Juez Superior Directora de Debates la Doctora Lilly Llap Unchón.

56. USURPACION – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE N° : 01598-2011-10-1601-JR-PE-08 ASISTENTE : JAINO ALONSO GRANDEZ VILCHEZ PROCESADO : FÉLIX OCTAVIO SARMIENTO BALTODANO AGRAVIADO : ELVA NANCY SICCHA DE ZAVALETA DELITO : USURPACIÓN PROCEDENCIA : 10° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO IMPUGNANTE : SENTENCIADO ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO Trujillo, dos de octubre del año Dos Mil Doce. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN RODOLFO SEGUNDO ZAMORA BARBOZA (Juez Titular Superior) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Superior Titular) en la que parti- ciparon, el representante del Ministerio Público, doctora Nancy Susana Carbonel Carranza, el sentenciado, su abogado defensor doctor Alejandro Peña Concha, el actor civil, y su abogado doctora Juan Valencia Ulloa, conforme consta en el correspondiente registro de audio. I.-

INTRODUCCIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: 1.

FÉLIX OCTAVIO SARMIENTO BALTODANO, de 57 años de edad, identificado con DNI N° 19663347, de estado civil soltero, de ocupación agricultor, y domicilio real en el Caserío Manuel Escorza de Aguiñay - Distrito y Provincia de Santiago de Chuco, Región la Libertad.

HECHOS IMPUTADOS: 2.

Se atribuye al procesado Félix Octavio Sarmiento Baltodano la comisión del delito Contra el Patrimonio en la figura de Usurpación, en agravio de Elva Nancy Siccha de Zavaleta. Imputándosele concretamente que con fecha 27 de diciembre del año 2006, ingresó violentamente al predio denominado Piedras Coloradas Nº 2, ubicada en el caserío Aguiñay del distrito de Santiago de Chuco sin justificación alguna, procediendo a arar el terreno que tiene una

extensión aproximada de ocho hectáreas, posesionándose en cuatro hectáreas, en tanto que las otras cuatro hectáreas son conducidas por la agraviada; este delito tiene carácter permanente, es decir, si bien la consumación del mismo se efectúo el 27 de diciembre del 2006, la turbación de la posesión del predio se ha venido produciendo desde noviembre del mismo año, por lo que la agraviada se vio obligada a recurrir a las rondas campesinas deL Caserío Pi- chunchuco, llegando a un acuerdo con el acusado, el que se concretizó en una acta de arreglo suscrita el 14 de Noviembre del 2006, pero, posteriormente, el 27 de Diciembre del mismo año, vuelve el acusado a ingresar violentamente al predio, no permitiendo ejercer el derecho de posesión que tenía la agraviada. II.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

03.- Es materia de apelación la sentencia, resolución número doce, de fecha quin- ce de marzo del año dos mil doce, que corre de folios ciento cuarenta y dos a ciento cincuenta y cuatro, la misma que condena a Félix Octavio Sarmiento Baltodano a tres años de Pena Privativa de Libertad Suspendida por el térmi- no de dos años, así como al pago de diez mil nuevos soles (S/. 10 000.00 con 00/100) por concepto de reparación civil a favor de la agraviada Elva Nancy Siccha de Zavaleta, sin perjuicio que el sentenciado restituya el bien inmueble materia de Usurpación en ejecución de sentencia. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 4.

La defensa técnica del sentenciado solicita a esta Sala de Apelaciones revoque la sentencia recurrida y reformándola se absuelva a Félix Octavio Sarmiento Baltodano.

FUNDAMENTOS: 5.

Esta parte fundamento su pretensión en los siguientes argumentos: a)

Que, el a quo no ha tomado en cuenta que el campesino es natural y tiene domicilio en el Caserío de Manuel Escorza de Aguiñay y por con- siguiente en forma permanente cultiva la tierra. Además, el sentenciado está debidamente inscrito como comunero, mientras la agraviada no.

b)

Que, desde el año 1995 la supuesta agraviada en forma sistemática ha interpuesto denuncia tras denuncia con la finalidad de despojar al sen- tenciado de la posesión del bien.

c)

Que, para acreditar el delito de usurpación se debe tener posesión per- manente, y en ningún momento se ha llegado a determinar la posesión previa de la agraviada. Además que la posesión debe ser real y no docu- mental.

d)

Que, existe una resolución de fecha del 19 de diciembre de 2011, que falla absolviendo al recurrente por no existir prueba de que la agraviada

haya estado en posesión. De igual manera una resolución N° 8 del 22 de marzo del año 2010, la cual establece que no está acreditado en autos la supuesta agresión a la agraviada, que ella ocupa el numero uno de piedras coloradas mientras el imputado ocupa el número 2. e)

Que, en el presente caso estamos ante una cuestión netamente civil, ya que la usurpación es un delito y la propiedad o posesión son derechos.

PETICIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 6.

Por su parte, la representación del Ministerio Público solicita a la Sala, confir- mar la sentencia tanto en su extremo penal como en el civil.

FUNDAMENTOS: 7.

En el transcurso de la audiencia de apelación se alegó: 1) Que, con los medios probatorios se ha determinado no solo la comisión del delito sino también la responsabilidad plena del sentenciado. 2) Que, el sentenciado está en pose- sión del bien en forma ilegal, contraria a los fallos del poder judicial. 3) Que, el sentenciado se ha valido de la fuerza y amenazas para mantenerse en po- sesión del bien, y esta actuación debe considerarse como ilegítima. 4) Que, el sentenciado en el Acta de arreglo y convenio reconoció que la posesión le corresponde o pertenece a la agravada, incluso se comprometió a devolver el bien. 5) Que, los certificados presentados por el sentenciado han sido elabo- rados ilícitamente por su abogado con la finalidad de permanecer en el predio.

PETICIÓN JURÍDICA DEL ACTOR CIVIL: 8.

Esta parte solicita a la Sala Superior confirmar la sentencia impugnada en todos sus extremos. Basando su pedido en que existen dos procesos anteriores donde se ha declarado que la agraviada tiene mejor derecho de posesión, además existen dos resoluciones con las que se le entrega la ministración de bien, sin embargo el sentenciado no respeta las órdenes judiciales y vuelve a ingresar al bien; finalmente que las resoluciones citadas por la defensa del sentenciado han sido declaradas nulas.

ITINERARIO DEL PROCESO: 9.

En la audiencia de apelación el sentenciado, Félix Octavio Sarmiento Baltdano, rindió declaración. Al interrogatorio dijo: que conoce a la parte agraviada, trabaja en la comunidad Manuel Escorza desde el año 1992, que está en actividad la comunidad campesina, que tiene documentos que le otorgan la posesión, que la parte agraviada nunca ha estado en posesión del bien, que la agraviada posee la parcela numero 1 mientras él la número dos, que la agravia- da lo ha denunciado en 1996 por usurpación, que no ha perturbado la pose- sión a la parte agraviada, y que la comunidad no le ha entregado el

terreno a la parte agraviada y que esta parte no está inscrita en la comunidad. Al contra

interrogatorio por parte del Ministerio Público dijo: que fue condenado en 2002 por estar usurpando el terreno denominado Piedras coloradas número 2, que no tuvo abogado no se defendió, no presentó documentos, que cuando se realizó la diligencia de lanzamiento y ministración de posesión si presento el documentos al magistrado, que cuenta con documentos actas dentro de la comunidad de entrega del bien, que el 14 de noviembre de 2006 suscribió un acta de acuerdo y convenio donde se comprometió a entregar el terreno a su propietaria, que firmó el acta porque fue secuestrado y golpeado por la ronda campesina de Pichunchuco, que cuando vuelve a ingresar y no ha salido del terreno en ningún momento. Al contra interrogatorio efectuado por la defen- sa del Actor Civil, dijo: que en 1996 fue demandado por la madre de la agravia- da y con la sentencia se le ordenó entregar el bien, que el juez mediante acta le entrega la ministración de la posesión a la agraviada en el año 1998, que en 1999 es denunciado por usurpación y sentenciado el año 2000 a 4 años de pena suspendida. 10. Que, en audiencia de apelación no se actuó nueva prueba, no se oralizaron piezas documentales, por lo que como efecto de la apelación formulada, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el a quo para dictar la sentencia recurrida. III. CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 11.

Que, el delito imputado a Félix Octavio Sarmiento Baltodano se encuentra previsto y sancionado en el inciso 3 del artículo 204 del Código Penal, el cual prescribe: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años: (…) 3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble”.

12. Que, respecto al tipo penal se debe señalar que: “El delito de usurpación no solo protege el dominio que se ejerce sobre el inmueble sino propiamente el ejercicio de facultades que tiene su origen en derechos reales que se ejer- cen sobre él, requiriendo además, de parte del sujeto activo una especial intención de despojar al sujeto pasivo de la posesión del bien por alguno de los modos señalados en la descripción típica del artículo 202 del Código Penal”255. 13. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado: “El debido proceso penal puede entenderse como aquella garantía genérica

255 EJECUTORIA SUPREMA del 28/1/99, Exp. Nº 3536-98. Junín. “Revista Peruana de Jurispruden- cia”. Editora Normas Legales, 1999, Año I – Nº 1, p. 361

mediante la cual se data de rango constitucional a todas aquellas garan- tías procesales especificas reconocidas o no expresamente en la consti- tución, que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso penal se configure como un proceso justo, en los términos que la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos lo diseñan”256. 14. A su vez, el tribunal constitucional refiriéndose al debido proceso ha establecido que: “…significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la moti- vación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 2192-2002-HC/TC (F.J. N° 1), N° 2169-2002-HC/TC (F.J. N° 2) y N° 3392-2004-HC/TC (F.J. N° 6)”257. 15. El artículo 2 numeral 20 literal e) de la Constitución Política del Estado que establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; y que además se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. PREMISA FÁCTICA: 16. De la acusación formulada por el Ministerio Público se desprenden los hechos y circunstancias materia de la imputación; se le atribuye fácticamente al sen- tenciado que el día 27 de diciembre de 2006 ingresó violentamente al predio denominado Piedras Coloradas Nº 2, ubicada en el caserío Aguiñay del distri- to de Santiago de Chuco de propiedad de la agraviada, procediendo a arar 4 de las 8 hectáreas del terreno, no permitiendo ejercer el derecho de posesión que tenía la agraviada.

256 R.N Nº 1160-2006. SALA PENAL PERMANENTE. Lima. 18/04/2007. 257 Sentencia recaída en el expediente Nº 8125-2005-PHC/TC FJ 6.

ANÁLISIS DEL CASO: 17. Que, la intervención del órgano superior en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios, el de la limitación recursal, conocido también como tantum devolutum quantum apelatum. Como ha establecido el Tribunal Constitucional “La actividad recursiva en nuestro sistema pro- cesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación conoci- do como “Tantum Apellatum Quantum Devolutum” sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensio- nes o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso (…) Significa ello que el Tribunal revisor sólo puede conocer y decidir aque- llas cuestiones que ha limitado la impugnación del recurrente; (…) salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que vulnere el orden público y las buenas costumbres o que exista una manifiesta vulneración de derechos fundamentales cuyo cumplimiento no fue advertido por el recurrente”258. Este principio es recogido por el ordenamiento penal formal en el inciso 1 del artículo 419 del Código Procesal Penal. 18. Que, en alusión al fundamento de apelación referido a que el sentenciado pertenece a la comunidad campesina local, es natural y tiene residencia en el Caserío Manuel Escorza de Santiago de Chuco (literal “a” del numeral 5 de la presente resolución), este colegiado superior debe señalar que estos son aspectos que no poseen relevancia ya que el tipo penal imputado no excluye a sujeto alguno de la posibilidad de realización del ilícito culpable, al ser un deli- to común; por tanto el a quo no tenía la obligación de tomar en consideración esta característica del sujeto agente para resolver la presente causa. 19. Que, las múltiples denuncias y acciones tomadas por la parte agraviada en contra del sentenciado en busca de obtener la posesión efectiva del bien inmueble objeto del delito, no evidencia otra cosa que el interés de la parte agraviada por desalojar al sentenciado del terreno piedras coloradas número dos. Además, este órgano superior debe resaltar la existencia de la sentencia expedida por el Juzgado Mixto de Huamachuco en el proceso 2896-AG, la cual declara fundada la demanda de mejor derecho de posesión, y de la cual deriva el Acta de Diligencia de Lanzamiento y Ministración de Posesión, de fecha 15 de marzo de 1998; y la sentencia del Juzgado Mixto de Santiago de Chuco, en el expediente 48-99, por el delito de usurpación y otros, de la cual deriva el Acta de diligencia de lanzamiento y ministación de posesión de fecha 09 de marzo de 2006; actas mediante las cuales se despoja al sentenciado del

258 STC EXP. N.° 05178-2009-PA/TC, Fundamento Jurídico 11.

terreno piedras coloradas numero dos. En alusión con las resoluciones citadas por la parte recurrente, se debe resaltar que es materia de apelación, la resolución emitida por el 10° Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo el quince de marzo del presente año, y que las resoluciones aludidas por la defensa de la parte sentenciada escapan del análisis que ha de realizar la presente Sala, más aún si no han sido introducidas al presente proceso. Por lo que quedan desvirtuados los argumentos de apelación contenidos en los literales “b” y “d” del numeral cinco de la presente resolución. 20. Que, atendiendo a lo señalado por la parte recurrente acerca de que el objeto del presente proceso constituye una cuestión netamente civil, este colegiado debe remarcar que el “El tipo penal de usurpación tiene como elementos que lo integran el uso de la violencia, abuso de confianza o engaño en el despojo, los que son necesario de demostrar a fin de diferenciarlo de una responsabilidad civil…”259. En el presente caso y debido a la tipificación rea- lizada por el a quo y el Ministerio Público estos elementos diferenciadores es- tán constituidos por la amenaza o violencia empleadas con el ánimo de turbar el ejercicio pacífico de la posesión, y que estos elementos han sido discutidos en juicio oral con respeto a las normas referidas al debido proceso, consti- tuyendo el actuar del sentenciado no en simples molestias al poseedor, sino en manifestaciones que por su magnitud y constancia han lesionado el bien jurídico protegido. Además se debe tener presente que la posición del senten- ciado ya ha sido evaluada por un juez en materia civil, el cual ha emitido un fallo que goza de la calidad de cosa juzgada, en el cual ordena al sentenciado desocupar el terreno en cuestión. 21. Que, como señala la defensa técnica del sentenciado, para que una acción calificada como usurpación resulte típica, es necesario que el sujeto pasivo antes del inicio de la realización del delito tenga la posesión del bien inmueble, debiendo entenderse la posesión como “el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”260, es decir usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien. En el presente caso, se acredita el goce de los derechos reales anteriores al hecho delictivo con el Acta de Lanzamiento y Ministración Definitiva de Posesión (obrante en folios cuarenta y cuatro del expediente judicial), de fecha nueve de marzo del año 2006, en la cual el magistrado del juzgado penal de Santiago de Chuco, deja constancia de la entrega pacífica

259 EJECUTORIA SUPREMA DE LA SALA MIXTA DE CAMANA DE LA CORTE SUPÈRIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA del 14/6/99, Exp. S/D Academia de la Magistratura, Serie de Jurisprudencia Nº 4, 2000, p. 329. 260 Artículo 896 del Código Civil.

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del terreno Piedras Coloradas Número dos, a favor de Elva Nancy Siccha Jara identificada con DNI N° 19665730, la ahora agraviada. Por este motivo, la presente Sala Superior considera que carece de asidero lo postulado por el recurrente en el literal “c” del numeral cinco la presente resolución. 22. Por los considerandos expresados anteriormente, esta Sala Superior realizado el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se ha dictado respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que se ha desvirtuado la presunción de inocencia261, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad”, ello en concordancia con lo instituido en el Articulo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad median- te sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales”. Por lo que este Colegiado Superior, ha decido confirmar la sentencia impugnada. 23. Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que el recurso de apelación ha sido presentado por el sentenciado, en ejercicio de su derecho constitucio- nal y procesal262 a la doble instancia, por lo que debe eximírsele del pago de costas.

261 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

262 Artículo 106 del Código Procesal Penal.

IV.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experien- cia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1).- CONFIRMAR LA SENTENCIA, resolución número doce, de fecha quince de marzo del año dos mil doce, que corre de folios ciento cuarenta y dos a ciento cincuenta y cuatro, la misma que condena a Félix Octavio Sarmiento Baltoda- no a tres años de Pena Privativa de Libertad Suspendida por el término de dos años, así como al pago de diez mil nuevos soles (S/. 10 000.00 con 00/100) por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada Elva Nancy Siccha de Zavaleta. 2).- SIN COSTAS. 3).- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas

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57. USURPACION DE FUNCIONES EXPEDIENTE : 02956-2010-26-1601-JR-08 IMPUTADO : LADY ROCIO MIRANDA RODRIGUEZ DELITO : OSTENTACIÓN DE TÍTULOS U HONORES QUE NO EJERCE AGRAVIADO : EL ESTADO- MINISTERIO DEL INTERIOR APELANTE : IMPUTADA ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA DE RESERVA DE FALLO CONDE- NATORIO

RESOLUCION NUMERO OCHO Trujillo, Trece de enero Del Año Dos Mil Once.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, JOSÉ RICARDO CABREJOS VILLEGAS (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Es materia de apelación la sentencia con reserva de fallo condenatorio a la acusada, Lady Rocio Miranda Rodriguez, por la comisión del delito contra la Administración Pública cometido por particulares, en la modalidad de Ostentación de Títulos u Honores que no ejerce, en agravio del Estado- Ministerio del Interior; reservando el fallo condenatorio, por el plazo de un año, a condición de que cumpla determinadas reglas de conducta; y fija como reparación civil la suma de cuatrocientos nuevos soles que deberá ser cancelada a favor del agraviado. 1.2.- El abogado de la procesada Lady Rocio Miranda Rodriguez, interpuesto recur- so de apelación, solicitando que la sentencia sea revocada, pues dicha resolu- ción afecta los derechos de su patrocinada. 1.3.- El abogado de la procesada Lady Rocio Miranda Rodriguez, interpuso recurso de apelación, señalando que en el considerando octavo de la sentencia, se estableció como fundamento jurídico que el acto no es típico cuando la osten- tación de las insignias o distintivos se hace ante una persona específica o ante un grupo reducidos de allegados, en ese sentido, debió tenerse en cuenta lo declarado por el testigo PNP. 1.4.- El abogado de la procesada Lady Rocio Miranda Rodriguez, interpuso recurso de apelación, pues no se ha tenido en cuanta la declaración testimonial de los testigos de descargo presentados por la defensa, quienes han declarado amplia y espontáneamente sin haber sido contradichas por la fiscalía.

1.5.- El abogado de la procesada Lady Rocio Miranda Rodriguez, interpuso recurso de apelación, ya que en la sentencia de primera instancia, considerando octa- vo, se establece que la procesada habría actuado bajo la imputación del dolo eventual, cuando en realidad, según el representante legal de la apelante, para la comisión de este tipo de delito se requiere de dolo directo. 1.6.- El abogado de la procesada Lady Rocio Miranda Rodriguez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando que la sentencia sea revocada, por considerar que en el presente caso no ha existido una correcta valoración de los medios de prueba actuados en juicio oral como son declaraciones testimoniales de descargo y la propia declaración de la sen- tenciada, transgrediéndose la garantía del debido proceso, del cual se deriva la presunción de inocencia y el derecho de defensa. 1.7.- Por su parte el representante del Ministerio Público, en su alegato de apertura Solicita que se confirme la sentencia venida en grado, sin embargo al formular su alegato de cierre manifestó que deja a criterio del Superior Colegiado, pues ha culminado la audiencia de apelación y es de advertir que hay insuficiencia probatoria. 1.8.- En la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las partes no solicitaron oralizar medios de prueba alguno; se dejó constancia la inconcu- rrencia de la imputada apelante Lady Rocio Miranda Rodriguez. Por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y dere- cho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida. II.- CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.- El Artículo 362 del Código Penal prescribe que “El que, públicamente, osten- ta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de diez a veinte días.” 2.2.- En los delitos contra la administración pública se debe considerar como agra- viado al Estado y no a los particulares sobre quienes recae la acción delictiva, por ser el estado el objeto genérico de la tutela penal. Exp. Puno 456-95. 2.3.- Si tomamos en cuenta el desarrollo del tipo doloso de la acción, en la parte subjetiva263, el dolo directo consiste “no sólo en el conocimiento sino también

263 RODRIGUEZ HURTADO, Mario Pablo; en Manual de Casos Penales “La teoría General del delito y su importancia practicada en el marco de la reforma procesal penal”, gtz, p. 58.

en la voluntad de realización de los elementos que integran al tipo subjetivo. El sujeto quiere la realización del tipo. Se distingue tres clases de dolo: -

Dolo directo de primer grado, consiste en el deseo del agente de realizar el delito (en los delitos de mera actividad).

-

Dolo directo de segundo grado, conocido también como dolo indirecto o dolo de consecuencias necesarias, el agente en un principio no tiene como meta la realización del tipo, pero se le ha presentado como ne- cesario o de posible realización para alcanzar su finalidad (verdadero efecto concomitante), estando decidido a realizarlo.

-

En tanto, en el dolo eventual el agente se representa la realización de la lesión del bien jurídico como posible, pero la acepta y se conforma con ella continuando con su accionar.

2.4.- El artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se en- cuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sen- tencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.5.- En la sentencia apelada se ha precisado que el hechos materia de la acusación consiste en que la acusada Lady Rocio Miranda Rodriguez, fue intervenida por personal policial en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, junto a un grupo de personas, 50 personas aproximadamente dando arengas en contra del Coronel PNP Elidio Espinosa Quispe, siendo que la acusada se encontraba vistiendo totalmente un uniforme policial, ostentan- do insignias de dicha institución policial. De los fundamentos de la apelada2.6.- En la sentencia apelada, se precisa que ha quedado acreditado el delito de Administración Pública cometido por los particulares, en la modalidad de Os- tentación de Títulos u Honores que no ejerce en contra del EstadoMinisterio del Interior que corre de la página quince a página veinticuatro del Expediente Judicial, el mismo que se señala que fue el 12 de abril del año dos mil diez, que la acusada se comunicó con una amiga, con quien iba a las protestas, fue en la casa de la señora Erika en donde alquilaron un

disfraz, le secaron para ver

si le quedaba, y se puso, inocentemente no sabía si era delito, se puso en la Casa de la señora Erika, luego le trajeron a la sede de la corte, al frente estuvo con la ropa, vino la policía y lo llevaron en una camioneta, le dijeron por qué había sido vestido así; cuando le empujaron les dijo que iba ir con su voluntad, siendo conducida a la comisaria de “El Alambre”, le esposaron, la insultaron en el carro, cuando llegaron dijeron llamen a la prensa, llamaron a dos señoras, le dijeron que se saque la ropa, se tuvo que sacar toda su vestimenta, después llegó la señorita fiscal. Que tan sólo iba a escenificar ese día y tenía armas de plástico, como se ve en la televisión, ve que artistas se visten de policía. Delimitación de la pretensión del impugnante. 2.7.- El abogado de la imputada Lady Rocio Miranda Rodriguez en su alegato ante esta instancia ha solicitado que se revoque la sentencia, por considerar que tal decisión afecta gravemente los derechos de su patrocinada, pues se trans- grede la garantía del debido proceso entendida como máxima de justicia y de la cual se derivan la presunción de inocencia y el derecho de defensa. (Revisar audio) Del delito de Administración Pública cometido por los particularesOstentación de Títulos u Honores que no ejerce. 2.8.- En el delito de Administración Pública cometido por los particulares, en la modalidad de Ostentación de Títulos u Honores que no ejerce previsto en el artículo 362° de CP, según el autor, Análisis de la resolución recurrida y valoración de la prueba.2.9.- Declaración de la acusada Lady Roció Miranda Rodríguez que corre en la pá- gina 16, la misma que manifestó El estado de cuenta de Ahorro de la Caja Nor Perú que corre de páginas 19 a 28 del expediente judicial acredita que el anterior Consejo Directivo de la APAFA anterior le dejó un saldo contable de 8,937 nuevos soles con 8 céntimos; que guarda concordancia con el Estado de Cuenta, en este último se detalla los retiros efectuados por los acusados durante su gestión hasta dejar en dicha cuenta de ahorros con un saldo de 68 céntimos; que si bien se ha acreditado estos hechos e incluso en la declaración del imputado no ha negado este hecho; pero no se ha acreditado la suma de dinero apropiado, que es muy diferente al saldo dejado por la anterior gestión, puesto que la APAFA esta autorizada a realizar una serie de gastos, por lo cual merecía un examen pericial, además en este caso, para la acreditación del delito de apropiación ilícita se hace necesario la pericia contable a fin de determinar el monto apro- piado, siendo fundamental la actuación de la pericial contable para determi-

nar la cantidad de dinero apropiado indebidamente 264; al no haberse actuado el examen de la pericia contable, no es posible determinar los ingresos, egre- sos y gastos que los procesados realizaron durante el periodo que ocuparon el cargo de Presidente y Secretario respectivamente; no se ha lográndose acre- ditar fehacientemente lo ilícitamente apropiado por parte de los procesado, y el perjuicio económico ocasionado a la asociación. 2.10.- La Ley 28628, ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas, establece en su Articulo 16 numeral a) que los recursos pueden destinarse a colaborar con el manteni- miento y reparación de la infraestructura física; señalando además que puede destinarse los recursos a la conservación y refacción del mobiliario escolar; además tomando en cuenta que el acusado en audiencia de Juicio Oral y en Audiencia de Apelación, ha declarado de manera uniforme que ha realizado gastos en beneficio del Centro Educativo y a solicitud del director del Plantel; a criterio de la Sala para que se configure el delito de apropiación ilícita es necesario que le agente realice actos de disposición del dinero que le ha sido entregado en su administración, actos al que no tenia derecho; que si bien no se ha rendido cuentas en el tiempo y modo oportuno de los fondos reci- bidos por los anteriores directivos de la asociación de padres de familia, así como no hacer entrega de la documentación requerida por el Consejo de Vi- gilancia y nueva Directiva de APAFA; e incluso dicha documentación pudo ser solicitada sólo por los padres de familia, a fin de recibir la información; pero al no existir la pericia contable debidamente actuada que acredite el monto apropiado los acusados, éstos deben ser absueltos; teniendo en cuenta que la parte acusadora no ha aportado material probatorio que acredite el agravio a la asociación. 2.11.- Este colegiado sostiene que para fundamentar un juicio de condena, se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral 265, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del

264 Resolución Suprema N° 399-1999/JUNIN – Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica. 265 “Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y continuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596.

acusado, es decir, que se haya desvirtuado la presunción de inocencia266, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de incul- pabilidad”, pues el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsa- bilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifesta- ción del derecho de defensa, lo que no ha sucedido, pues este Ministerio en la Audiencia de Apelación, específicamente en el alegato de cierre ha sostenido que existe insuficiencia probatoria y dejando a criterio de la Sala Superior que resuelva lo conveniente. Es en ese sentido, que este colegiado advierte que para sustentar el juicio de condena, realizado el análisis de los actuados, no se ha llegado a acreditar que existe responsabilidad de los procesados en la comisión del ilícito penal que se les atribuye en la acusación fiscal, pues la tesis incriminatoria a cargo del Ministerio Público no ha sido demostrada con medios probatorios consistentes ni idóneos, en efecto no se ha determinado con el acervo probatorio actuado el ilícito investigado. Más aún si esta Sala considera que en la resolución recurrida el Juez no ha expresado con suficiencia, claridad y coherencia las razones que ha tenido para condenar a los imputados, por lo que la sentencia debe ser revocada y reformándola se debe absolver a los acusados. III.- PARTE DECISORIA: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTI- CIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

REVOCAR la Sentencia que condena a la acusada Lady Rocio Miranda Rodriguez, como autora del delito contra la Administración Pública cometido

266 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En

http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf

por los particulares, en la modalidad de Ostentación de Títulos u Honores que no ejerce, en agravio del Estado- Ministerio del Interior; reservando el fallo condenatorio, por el plazo de un año, a condición de que cumpla determinadas reglas de conducta; y fija como reparación civil la suma de cuatrocientos nuevos soles que deberá cancelar a favor del agraviado; y REFORMÁNDOLA: DECLARARON absolver de la acusación fiscal a doña Lady Rocio Miranda Rodriguez, como autora del delito contra la Administración Pública cometido por los particulares, en la modalidad de Ostentación de Títulos u Honores que no ejerce, en agravio del Estado- Ministerio del Interior. 

ORDENARON se anulen los antecedentes penales y judiciales que se hubieren originado como consecuencia del presente proceso, CURSANDOSE los oficios respectivos.



ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen, luego de con- sentida o ejecutoriada que sea esta resolución.

Intervino como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, la señora Juez Superior, Lilly del Rosario Llap Unchon.

58. VIOLACION DE LA LIBERTAD DEL TRABAJO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE : 01437-2009-77-1601-JR-PE-06.IMPUTADO : DAVID ANTONIO CHENG LIENDO DELITO : VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE TRABAJO AGRAVIADO : CARLOS ALBERTO DIAZ PORTAL PROCEDENCIA : OCTAVO JUZGADO UNIPERSONAL APELANTE : IMPUTADO ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Treinta y Uno de Mayo Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - -------------------------------I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Que, viene en apelación la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil diez, que obra de fojas 57 a 60 que CONDENA a David Antonio Cheng Liendo por el delito de Violación a la Libertad de Trabajo, en agravio de Carlos Alberto Díaz Portal, a UN AÑO de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año 1.2.- Que, el abogado del sentenciado ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia en todos sus extremos ya que el supuesto incumplimiento de mandato judicial no ha sido incumplido por el sentenciado, toda vez que no ha sido notificado conforme a ley, solicitando se revoque la sentencia condenatoria y se absuelva al sentenciado. 1.3.- Que, por su parte el representante del Ministerio Público, solicita se confirme la sentencia venida en grado toda vez que considera que a nivel de juicio oral se ha actuado los medios probatorios necesarios con la cual se ha acreditado la responsabilidad del sentenciado en el delito de violación a la libertad de trabajo. 1.4.- Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, no se ha oralizado piezas procesales, y como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------GRUPO EDITORIAL Lex &

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II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. Que el delito atribuido al acusado se encuentra previsto en el Artículo 168 del Código Penal, que en la parte pertinente prescribe: Que será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años el que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente. 2.1.2. Que Artículo 151.4 del Código Procesal Penal establece que la nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya concurrido en causarla o no tenga interesen el cumplimiento de la disposición vulnera- da. Tampoco podrá ser alegada luego de la deliberación de la sentencia de primera instancia, si se verifica en el juicio, luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva. 2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. Que, en la sentencia apelada se ha precisado que los hechos y circunstancias objeto de la acusación son los siguientes: Que el acusado ha omitido cumplir con el pago de los Beneficios Sociales a favor del agra- viado conforme a la sentencia expedida por el Segundo Juzgado La- boral en el expediente número 988 - 2006, por la suma de S/7,162.83 nuevos soles, pese a existir el requerimiento; habiendo incumplido con la resolución judicial. 2.2.2. Que, el abogado del acusado David Antonio Cheng Liendo, en la audiencia de apelación de la sentencia ha solicitado que se revoque la sentencia condenatoria en virtud a que el Juez de primera instancia ha considerado como prueba fundamental, el hecho de que el sentenciado ha consignado como su domicilio real el ubicado en la Manzana U Lote 10 San Isidro, sin tener en cuenta que en el asiento de notificación hace constar que la vivienda es de un solo piso, puerta de reja de metal y color negro, vivienda que difiere totalmente con la que el agraviado consigno donde laboró. 2.2.3. Que, la sentencia apelada se sustenta en los siguientes fundamentos: Que esta probado conforme al expediente 988 – 2006 del Segundo Juzgado Especializado en lo Laboral que mediante resolución de fecha 28 de mayo del 2007 se declaro fundada en parte la demanda interpuesta por el agraviado contra la Constructora Kanda SRL, representada por el acusado, sobre indemnización por tiempos de servicios y se ordeno el pago de siete mil ciento sesenta y dos nuevos soles con ochenta y tres céntimos; y mediante resolución de fecha 11 de julio del 2008 se ordenó que el acusado pague dicha suma, bajo apercibimiento de expedirse

copias para que se haga valer el derecho en la vía penal; resolución que se le notifico al acusado en el domicilio ubicado en la Manzana U Lote 10 San Isidro, con la previsión de notificación y bajo la puerta. 2.2.4.- Que la parte apelante como único argumento de su defensa sostiene que no ha incumplido ningún mandato judicial, desde que no se le ha notificado en su domicilio; sino en un domicilio distinto. Sin embargo es de advertirse y así lo resalta el A quo en la sentencia materia de grado que el personal del Juzgado laboral le notificó el requerimiento de pago en el domicilio que aparece en el acta de inspección realizada por la Dirección Regional de Trabajo, esto es, en la Mz. U Lote 10- San Isidro; en tal sentido carece de sustento el argumento alegado por el re- currente, máxime si el mismo, mediante escritos presentados tanto a la fiscalía a cargo del proceso como al órgano jurisdiccional pertinente ha señalado como su domicilio real la Mz. U Lote 10 - San Isidro; además se debe tener en cuenta que la parte apelante no puede realizar dicho cuestionamiento, desde que él lo ha ocasionado al admitir como cierto el domicilio consignado en la citada acta de inspección; y lo ha corro- borado con los escritos antes citados, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 152 Inc. 4 del Código Procesal Penal, que establece que la nulidad no podrá ser alegada por quien lo haya ocasionado o haya concurrido a causarla. 2.2.5. Que al haberse establecido que el acusado recurrente fue notificado con la resolución judicial consentida, que contiene una orden de pago de los beneficios sociales, en el proceso laboral, que ha sido incumplida, sin que exista ninguna causa fundada que lo justifique, además que el abogado defensor del acusado en la sustentación de su apelación ha sostenido que su patrocinado no ha cancelado hasta la fecha la suma ordenada- este colegiado estima que se ha desvanecido la presunción de inocencia prevista en el artículo II del Código procesal penal con la suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con la debi- das garantías procesales; por tanto al haberse acreditado la existencia el delito y la culpabilidad de acusado, la sentencia condenatoria que ha sido expedida respetando las reglas de la sana crítica, conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y lo conocimientos científicos, debe ser confirmada. III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - - -

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CONFIRMAR la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil diez, que obra de fojas 57 a 60 que CONDENA a David Antonio Cheng Liendo por el delito de Violación a la Libertad de Trabajo, en agravio de Carlos Alberto Díaz Portal, a UN AÑO de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año; con lo demás que contiene. - - - - - - -



ORDENARON se devuelva el expediente al Juzgado de origen para los efectos correspondientes.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricardo Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - -

59. VIOLACION A LA LIBERTAD DEL TRABAJO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE IMPUTADO CARRASCO DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA APELANTE ASUNTO

: 04681-2008-14-1601-JR-PE-05.: JUAN RAMOS PACHERREZ : VIOLACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO – INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES : FERNANDO A. CELESTINO CASOS CHAFLOQUE : QUINTO JUZGADO UNIPERSONAL : MINISTERIO PÚBLICO. : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA.

Trujillo, Veinticinco de Marzo Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), RUDY GONZÁLES LUJAN por licencia de la Dra. LILI LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Que, viene en apelación la sentencia absolutoria, de fecha veinticinco de setiembre del año dos mil nueve, que obra de fojas 24 a 30 que absuelve de la acusación fiscal a JUAN RAMON PACHERREZ CARRASCO de la acusación fiscal por el delito de VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE TRABAJO, en la modalidad de incumplimiento de resoluciones judiciales, en agravio de Fernando Augusto Celestino Casos Chafloque.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2.- Que, el Ministerio Público, ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia absolutoria y solicita que esta sea revocada y se condene al acusado, sosteniendo que no se ha merituado: a)La ficha registral donde aparece como Gerente General de la Empresa el imputado; habiéndose admitido como prueba la ficha registral, que ha sido oralizada en esta instancia; b) Las no- tificaciones efectuadas en el domicilio real de la empresa ubicada en la calle Francisco Solano 382 de la Urbanización San Andrés.- - - - - - - - - - - ------1.3.- Que ante la inconcurrencia del imputado, parte recurrida en esta instancia,

se dispuso la realización de la audiencia en virtud del artículo 423 inciso 4 del CPP.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.

ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA.-

2.1. Ante esta instancia superior se ha admitido como prueba el poder inscrito en registros públicos, en la que aparece el nombramiento del imputado como Gerente General de la empresa demandada. 2.2. Se oralizó la citada prueba documental que contiene la remoción y nombramiento de gerente general y renuncia de sub gerente, por acta de socios de fe- cha 22 del noviembre del 2005, en el cual se aprobó por unanimidad remover a Olga Iris Hilaria Pazos Pérez de Elías en el cargo de gerente general y nom- brar en dicho cargo a Juan Ramón Pacherrez Carrazco, así como aceptar la renuncia de Carlos Antonio Elías Pazos al cargo de Sub Gerente General. III.- CONSIDERANDOS: 3.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.3.1.1. Que, el artículo 168º del Código Penal, establece que se aplicará la pena privativa de libertad no mayor de dos años al que incumple las resolu- ciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad competen- te. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1.2. Que, el Artículo 139 Inciso 05 de la Constitución Política del Perú, pres- cribe “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.----------------------------------3.1.3. Que, el Artículo 394 Inciso 03, del CPP, señala como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la va- loración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1.4. Que, por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las re- soluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordena- miento jurídico o los que se deriven del caso… A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece

previamente

el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamen- te confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de iden- tificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tu- tela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motiva- ción de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (in- congruencia activa).

3.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 3.2.1. Que, los hechos materia de la acusación, descrita en la sentencia apelada, consiste en que el acusado JUAN RAMON PACHERREZ CARRAS- CO en su condición de Representante Legal – Gerente General de la Empresa de Seguridad Resguardo y Vigilancia SRL, ha omitido cumplir con pagar a favor del agraviado FERNANDO AUGUSTO CELESTINO CASOS CHAFLOQUE, la suma de S/ 7,999.29 (siete mil novecientos noventa y nueve 29/100 nuevos soles), por concepto de pago de be- neficios sociales, ordenado pagar judicialmente en el Exp. Laboral Nº 1972-2005 seguido ante el Primer Juzgado Especializado en lo Laboral, pese al requerimiento efectuado con las garantías de ley; incurriendo en el delito de violación de la libertad de trabajo, en la modalidad de incum-

plimiento de resoluciones judiciales, previsto en el artículo 168 del CP. 3.2.2. Que la sentencia materia del grado, que obra del folio 24 a 30, se sustenta en que la conducta objeto de imputación es atípica, por los siguientes fundamentos: a) El acusado no reúne los requisitos del sujeto activo del delito, al no haberse acreditado la calidad de representante legal de la empresa demandada y b) En relación a la acción de incumplimiento, se requiere que el requerimiento se le haga llegar al requerido en su domicilio real, de modo tal que pueda tener conocimiento del mismo de manera personal; situación que no está acreditado, pues solo existen constancias de notificación al domicilio procesal de la empresa. 3.2.3. El representante del Ministerio Público, cuestionando los fundamentos de la apelada, sostiene que no se ha merituado: a)La ficha registral donde aparece como Gerente General de la Empresa el imputado; que ha sido admitido como prueba y que ha sido oralizada en esta instancia; y b) Las notificaciones efectuadas en el domicilio real de la empresa ubicada en la calle Francisco Solano 382 de la Urbanización San An- drés.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3

ANÁLISIS DEL ASUNTO PLANTEADO.3.3.1. Con relación al primer fundamento de la sentencia apelada; se aprecia que en la parte considerativa de esta, en el acápite referido a la actuación probatoria en juicio oral, se precisa que solo se oralizo el testimonio de revocatoria y otorgamiento de poder a favor de Aldo Muñoz Saldaña y Javier Vilchez Flores y no el que se refiere al imputado; por no haber sido aportado por el Ministerio Público; razón por la cual el Juez Uni- personal consideró que el Ministerio Público no llegó ha acreditar que el imputado era el representante legal de la empresa demandada. Sin embargo, en esta instancia se ha admitido como prueba el poder inscri- to en registros públicos en la que aparece que la Empresa demandada SEGRESVIG S.A. nombró como Gerente General al imputado, por acta de junta de socios de fecha 22 de noviembre del 2005; escritura pública del 11 de enero del 2006; titulo presentado el 11 de abril del 2006 en la Oficina Registral de esta Ciudad; y cuyo documento ha sido debidamen- te oralizado en la audiencia de apelación. Por lo que teniendo en cuenta la sentencia, resolución de requerimiento de pago a favor del agraviado por la suma de siete mil novecientos noventa y nueve nuevos soles, por concepto de beneficios sociales, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente, y resolución que ordena el otorgamiento de copias certi- ficadas, de fechas 09 de mayo, 16 de agosto del 2007 y 19 de junio del 2008 respectivamente, que obran en el cuaderno anexo y que han sido oralizadas en el juicio oral, se colige que el acusado tenía la condición

de Gerente General de la empresa demandada y en consecuencia ante el requerimiento contenido en la glosada resolución judicial de pago de beneficios sociales ha tenido la obligación de cumplir con dicho manda- to judicial. 3.3.2. Con relación al segundo fundamento, de las copias xerox certificadas de las glosadas resoluciones y concretamente de la resolución número 16 de fecha 19 de junio del 2008, aparece que el Juez Laboral ordenó otor- gar las copias certificadas a la parte demandante, al haberse cumplido con notificar a la demandada en su domicilio real, con la resolución número nueve, referida al requerimiento de pago; por lo que se colige que el imputado en su condición de representante legal de la empresa demandada fue debidamente notificado con la resolución expedida por el Juez Laboral mediante el cual se le ordena el pago de los beneficios sociales a favor del agraviado; por lo que respecto a este extremo el Juzgado Unipersonal no ha efectuado una adecuada valoración de las pruebas documentales de conformidad con las reglas de la sana critica, especialmente conforme a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, conforme lo establece el artículo 393 inciso segundo del código procesal penal, incurriendo lo que en doctrina se denomina una motivación insuficiente, desde que solo se han consignado algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la decisión, con lo cual se ha infringido el deber de moti- var la decisión judicial, que es una garantía constitucional. 3.3.3. Que si bien de lo glosado se advierte que existen elementos probatorios que vinculan al imputado como autor del delito materia de la acusación, ante el pedido del Ministerio Público en el sentido que se revoque la sentencia que absuelve al acusado y se le imponga la sentencia conde- natoria, es necesario precisar que este superior colegiado, es del crite- rio que no resulta de aplicación lo preceptuado en el artículo 425 inciso 3, respecto a la revocación de la sentencia absolutoria por sentencia condenatoria, por ser violatorio con el principio de la doble instancia que tiene toda persona imputada, esto es, el de cuestionar los hechos y el derecho de la sentencia condenatoria ante una instancia superior, lo que no podría darse si la Sala Superior de Apelaciones revocase una sentencia absolutoria e impusiese una condenatoria. En este caso, el imputado sólo tendría derecho al recurso de casación, y ya no al de la apelación, sólo podría cuestionar el derecho, más no las pruebas, afectando así su derecho constitucional a la doble instancia, entendida como doble conforme. Por esta razón y al haberse transgredido, en par- te, el derecho a la debida motivación, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 409 Inciso 01, concordante con el Artículo 150 parágrafo

d) y el Artículo 154 Inciso 04 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad de la Sentencia y del Juicio Oral, y disponerse la realización de un nuevo juicio oral por otro Juzgado, al amparo del principio de imparcialidad. III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

DECLARAR NULA la sentencia, de fecha veinticinco de setiembre del año dos mil nueve, que obra de fojas 24 a 30 que ABSUELVE a JUAN RAMON PACHERREZ CARRASCO de la acusación fiscal por el delito de VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE TRABAJO, en la modalidad de incumplimiento de resoluciones judiciales, en agravio de Fernando Augusto Celestino Casos Chafloque.- - - - -------------------------------



DISPUSIERON que otro Juez efectúe un nuevo juicio oral, y expida una sen- tencia observando la garantía de la debida motivación y demás garantías que consagra nuestra Constitución Política.- - - - - - - - - - - - - - - - - -------



ORDENARON se remita el expediente al juzgado competente.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricar- do Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60. VIOLACION A LA LIBERTAD DEL TRABAJO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE N° : 04282-2012-6-1601-JR-PE-08 ASISTENTE : ROSSANA MORI ZUTA IMPUTADO : MARIANO HARO LARA AGRAVIADO : ROSA LUZ LLERENA LINARES DELITO : VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE TRABAJO PROCEDENCIA : SÉTIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO IMPUGNANTE : SENTENCIADO ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO Trujillo, catorce de junio del año Dos Mil Doce. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN SEGUNDO RODOLFO ZAMORA BARBOZA (Juez Superior Titular) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Superior Titular), en la que par- ticiparon, la doctora Ana Cristina Vigo Ordóñez como representante del Ministerio Público, y el abogado defensor del sentenciado, doctor Luis Douglas Rojas Ramos, conforme consta en el correspondiente registro de audio. I.-

INTRODUCCIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: 1.

MARIANO HARO LARA, identificado con DNI N° 17963033, de estado civil casado, con tres hijos, grado de instrucción superior y domicilio real en Jr. Tupac Yupanqui, Urb. Santa María I etapa, Trujillo.

HECHOS IMPUTADOS: 2.

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Se atribuye al procesado Mariano Haro Lara la comisión del delito de Violación de la Libertad de Trabajo, en agravio de Rosa Luz Llerena Linares, específicamente de haber incumplido con lo ordenado en la sentencia de fecha 17 de marzo del 2006, expedida por el Juez del Primer Juzgado Laboral de Trujillo (confirmada en segunda instancia mediante resolución de fecha 21 de setiembre del 2006), con motivo del proceso laboral (expediente N° 142-2005) iniciado contra el acusado en mención por la hoy agraviada Rosa Luz Llerena GRUPO EDITORIAL Lex &

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Linares, en razón al incumplimiento del pago de sus respectivos beneficios

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sociales por parte de quien había sido su empleador, el hoy acusado Mariano Haro Lara, al haber laborado en el Centro Educativo Privado Mayor de San Marcos del cual el antes nombrado era su representante legal y promotor; el monto adeudado por concepto de beneficios sociales asciende a la suma de S/ 19,621.71 nuevos soles, en el que a su vez se aprobaron y practicaron sendas liquidaciones por concepto de intereses devengados y costos ascendentes a las sumas de S/ 4,876.50 nuevos soles y S/ 2,000.00 nuevos soles respecti- vamente, habiéndose requerido por ello al hoy acusado Mariano Haro Lara el pago de la suma total de S/ 24,898.21 nuevos soles mediante resolución numero treinta y uno de fecha 28 de setiembre del 2009 que fuera notificada al hoy acusado en sus domicilios ubicados en el Jirón Tupac Yupanqui N° 544 y el Jirón Tupac Yupanqui N° 273-275 ambos en la urbanización Santa María de esta ciudad, sin que hasta la fecha haya cumplido con el mandato judicial. II.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

3.

Es materia de apelación la sentencia, resolución número diez, de fecha doce de diciembre del año dos mil once, la misma que condena a Mariano Haro Lara como autor del delito de Violación de la Libertad de Trabajo en agravio de Rosa Luz Llerena Linares, imponiéndole una sanción de dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo lapso, y obligándolo al pago de dos mil Nuevos Soles (S/. 2000.00) por concepto de reparación civil.

PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 4.

La defensa del sentenciado solicita a esta Sala de Apelaciones, anular la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS: 5.

La defensa técnica fundamenta su pretensión en que: a).- No han respetado algunos requisitos de orden procesal, y a que los hechos materia del presente caso son atípicos ya que no satisfacen los elementos objetivos previstos en la ley penal. b).- Conforme se aprecia del material probatorio, la agraviada dirigió su demanda laboral contra la Institución Educativa y su representante legal, sin embargo, el cumplimiento ha sido dirigido a la entidad más no a la persona de su patrocinado. c).- Que la resolución número 16, de fecha 19 de setiembre de 2007, ordena notifíquese al representante legal del colegio Mayor de San Marcos, y el A quo ha realizado una interpretación errónea ya que la mencionada resolución no expresa vía penal.

d).- Que al momento de la notificación de la sentencia y el requerimiento de pago (resolución 31, de fecha el 28 de setiembre de 2009), su patrocina- do no ejercía la representación legal de la empresa, ya que el director es el represente legal de una institución educativa. Que el procesado ya no ostentaba tal calidad debido a que mediante resolución administrativo N° 8538-2008, de fecha 6 de setiembre de 2008, su patrocinado fue in- habilitado para ejercer el cargo por la Dirección Regional de Educación, decisión confirmada con Resolución Ejecutiva Regional 332-2009, de fecha 6 de febrero de 2009. e).- Que uno de los argumentos de la sentencia, para determinar que el procesado era el representante legal, es que él efectuó pagos, pero se debe considerar que dichos pagos fueron realizados en el 2007 cuando sí tenía la representación, pero luego pierde tal condición. f).- Que el Derecho Penal tiene naturaleza de Ultima Ratio, y en concordancia con los principios de Subsidiariedad y Fragmentariedad, le correspondía a la agraviada acudir a otra vía procesal, es decir plantear una medida cautelar y no recurrir al proceso penal. PETICIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 6.

Por su parte, la representante del Ministerio Público sostiene que la en el desarrollo del juicio oral se logró determinar la responsabilidad del sentenciado y por tanto la sentencia debe ser confirmanda.

FUNDAMENTOS: 7.

772

La fiscalía formula la tesis de que la resolución recurrida es correcta, y basa su petición en que: a)

Que en el proceso 142-2005, el 17 de marzo de 2006 fue expedida sentencia de primera instancia que fue posteriormente confirmada por re- solución de vista, y que el requerimiento de pago, resolución N° 31 de fecha 28 de setiembre de 2009, fue notificada a los domicilios Túpac Yupanqui N° 273-275 y Túpac Yupanqui N° 544. Que dicha resolución N° 31, en su considerando tercero, deja expresa constancia que el aper- cibimiento es “otorgar copias certificadas a la demandante a fin de que haga valer su derecho en la vía correspondiente, entendiéndose la vía penal”, es decir se hizo el apercibimiento de recurrir a la vía penal.

b)

Que en ningún momento el procesado ha negado su calidad de promo- tor o representante legal, y como ha quedado corroborado el ha plan- teado diversos recursos ejerciendo tal condición.

c)

Que la Resolución Ejecutiva Regional N° 2812-2009, de fecha 19 de setiembre de 2010 declaró de oficio a nulidad de la resolución que había

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inhabilitado al procesado como director y promotor, y como la nulidad de oficio retrotrae sus efectos hasta el momento en que se produjo la nulidad, a la fecha de la notificación el imputado tenía la calidad de re- presentante legal y director. d)

Que según el artículo 3 de la Ley N° 26549 (Ley de Centros Educativos Privados), las responsabilidades las asume la persona propietaria de la institución.

ITINERARIO DEL PROCESO: 8.

En la audiencia de apelación no se actuó nueva prueba, no se oralizaron piezas documentales, no fue necesaria la declaración de las partes debido a la naturaleza del recurso impugnatorio, por lo que como efecto de la apelación formulada, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia recurrida.

III. CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 9.

Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y sancionado en el último párrafo del artículo 168 del Código Penal, el cual prescribe: “Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años el que obliga a otro, mediante violencia o amenaza, a realizar cualquiera de los actos siguientes: … (último párrafo) La misma pena se aplicará al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente; y al que disminuye o distorsiona la producción, simula causales para el cierre del centro de trabajo o abandona éste para extinguir las relaciones laborales.”.

10. Con respecto a este delito, la jurisprudencia nacional ha establecido que: “se halla acreditada la responsabilidad penal de los procesados, quienes pese a ser oportunamente notificados a que den cumplimiento al pago de una suma de dinero por concepto de beneficios sociales al agraviado, no cumplieron con hacer efectivo lo ordenado en una resolución judicial que quedo debidamente consentida”267. En cuanto al requisito de procedibilidad exigido por la norma penal, esta fuente de derecho ha indicado que: “si bien el artículo 168 no dispone el haber requerido al procesado bajo aperci- bimiento de ser denunciado por el delito de violación contra la libertad de trabajo, debe haberse acreditado el conocimiento del procesado de la sentencia consentida y ejecutoriada para establecer su responsabilidad,

267 Exp. Nº 2776-98 Lima.

importando ello un requisito de procedibilidad.”268. 11.

Atendiendo al momento de la consumación del delito, la doctrina nacional ha desarrollado: “Se perfecciona el supuesto delictivo cuando el empresario se resiste a cumplir una resolución consentida dictada por un una autoridad laboral en el ejercicio de sus funciones; asimismo, aparece el delito cuando el agente incumple o desobedece una resolución jurisdiccional que ha pa- sado a constituir cosa juzgada, es decir, el agente incumple la resolución por la cual la autoridad jurisdiccional decidió el merito de la pretensión, y cuyos efectos trascienden el proceso mismo en que fue dictada, pues lo de- cidido por ella no puede ser objeto de revisión en ningún otro proceso. Se entiende aquella resolución debe haberle sudo debidamente notificada”269.

12. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado: “El debido proceso penal puede entenderse como aquella garantía genérica mediante la cual se data de rango constitucional a todas aquellas garan- tías procesales especificas reconocidas o no expresamente en la consti- tución, que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso penal se configure como un proceso justo, en los términos que la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos lo diseñan”270. 13. A su vez, el tribunal constitucional refiriéndose al debido proceso ha establecido que: “…significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la moti- vación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 2192-2002-HC/TC (F.J. N° 1), N° 2169-2002-HC/TC (F.J. N° 2) y N° 3392-2004-HC/TC (F.J. N° 6)”271.

268 Exp. Nº 4813-98 Lima. 269 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. Volumen I. 4° Edición. Edit. Grijley. Lima, 2010. pág. 620.

270 R.N Nº 1160-2006. SALA PENAL PERMANENTE. Lima. 18/04/2007. 271 Sentencia recaída en el expediente Nº 8125-2005-PHC/TC FJ 6.

14. El artículo 2 numeral 20 literal e) de la Constitución Política del Estado que establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; y que además se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. PREMISA FÁCTICA: 15. De la acusación formulada por el Ministerio Público se desprenden los hechos y circunstancias materia de la imputación, se tiene que el día 07 de setiembre de 2009 se notificó al procesado con la sentencia y el requerimiento de pago, pertenecientes al proceso laboral Nº 142-2005, mediante los cuales el órgano jurisdiccional ordena que pague la suma total de S/. 24 498.46 (veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con 46/100 Nuevos Soles) por concepto de beneficios sociales a Rosa Luz Llerena Linares, mandato que el sentenciado incumplió. DEBIDO PROCESO 16. Que, conforme se ha desarrollado en considerandos anteriores, el proceso penal debe desarrollarse respetando las normas referidas al debido proceso, y teniendo en consideración el fundamento de la defensa técnica del procesado, sobre el presunto error de orden procesal, se hace necesario incidir en que revisados los actuados en la presente causa, no se advierte vulneración a normas imperativas correspondientes al debido proceso. VALORACIÓN PROBATORIA: 17. Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instan- cia272. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribunal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas senten-

272 Inciso 2 del Artículo 425 del Código Procesal Penal.

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cias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los tes- tigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la es- tructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los cono- cimientos científicos. En consecuencia, el relato factico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) pue- de ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas prac- ticadas en segunda instancia273. 18. Que, se debe tener en cuenta lo prescrito en el artículo 27 del código penal: “El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la repre- sentada.”, y al respecto la ejecutoria suprema de la Primera Sala Penal Tran- sitoria274, “ha establecido que si bien la persona jurídica no puede ser sujeto activo de un delito de acuerdo al principio “societas delinquere non potest” ya que esta calidad solo lo puede tener la persona física; también lo es que una vez identificada la persona que actuó como órgano de representación, como socio representante autorizado de una empresa, recayendo dicha función en la persona del encausado, al haber actuado en su condición de administrador y representante legal de una empresa, le recae responsabilidad a título de autor en virtud del artículo 27 del Código Penal.

273 GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Editorial Colex. Madrid, 2004. pp. 275276 274 EXP. N° 3469–99 Santa. Publicado en Jurisprudencia Penal. Chocano Rodríguez Reiner/

Valladolid Zeta Víctor. Jurista Editores. Lima 2002, pág. 105.

19. Que, conforme a lo instituido en el artículo 3 de la Ley Nº 26549 “Ley de los Centros Educativos Privados”275, y el artículo 19 del Reglamento de las Institu- ciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva276, el res- ponsable por las actividades, administración y funcionamiento de los centros educativos es la persona natural o jurídica propietaria de la institución, quien también es denominada “promotor”. Y conforme se aprecia de la Resolución Gerencial Regional N° 8438-2009GRLL-GGR/GRSE, de fecha 22 de julio de

275 Artículo 3.- Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución; la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, todo lo cual constará en el Regla- mento Interno del centro educativo. Las responsabilidades de ley por la actividad de los centros y programas educativos las asume la persona natural o jurídica propietaria o titular de los mismos. 276 Artículo 19.- De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 28044, Ley General de Educación y sus Reglamentos en lo que corresponda y los lineamientos educativos técnicos-pedagógicos del Sector, la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, y el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, el propietario o promotor de la Insti- tución Educativa, es responsable de su administración y funcionamiento integral, que incluye determinar a título meramente enunciativo lo siguiente: La línea axiológica e institucional, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Perú, así como los principios y fines de la educación establecidos en la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, considerando la educación como el proceso de enseñanza aprendizaje que contribuye a la formación integral de la persona, al desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura y al desarrollo de la familia y la comunidad. La gestión pedagógica, institucional, administrativa y económico financiera, estableciendo sus regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, sistema de pensiones y de becas La duración del período escolar, la propuesta pedagógica, sistema de evaluación y control de los estudiantes, en coordinación con el Director. La administración de los recursos humanos, régimen del personal directivo, jerárquico, docen- te, administrativo y de servicios. . Las relaciones con los padres de familia y los ex -alumnos La fusión, transformación, escisión, establecimiento de filiales, sucursales, sedes o anexos, disolución y liquidación de acuerdo a Ley. La existencia de los instrumentos de gestión, monitoreo y evaluación que deben ser aplicados en el proceso educativo.

La implementación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento educativo,

2009, y como lo ha reconocido el propio procesado en su declaración, él era el propietario de la institución educativa, y por ende el responsable de adminis- trar la entidad. Por lo que ha quedado desvirtuado el fundamento esgrimido por la defensa técnica del sentenciado, de que él no era el representante legal de la institución educativa. 20. Que, en con la actuación probatoria desarrollo del juicio oral se ha llegado a acreditar que ante el Primer Juzgado Especializado de Trabajo, se tramitó el expediente Nº 142–2005, originado de la demanda de pago de beneficios sociales interpuesta por Rosa Luz Llerena Linares contra la Institución Educa- tiva Mayor de San Marcos, proceso en el que se ordenó a la entidad, pague la suma de S/. 19 621.71 (diecinueve mil seiscientos veintiuno con 71/100 Nuevos Soles) más intereses legales (S/. 4 876.50 cuatro mil ochocientos setenta y seis con 50/100 Nuevos Soles) a favor de la actora; decisión que quedó firme luego de ser consentida la sentencia de segunda instancia, resolución número 14 de fecha 29 de setiembre de 2006. Posteriormente mediante resolución Nº 31, de fecha 28 de setiembre de 2009 se requirió a la demandada que cancele el importe adeudado, decisión jurisdiccional que fue notificada la fecha del 07 de setiembre de 2009 tanto al domicilio de la institución como al domicilio real del ahora sentenciado; acreditándose ello, con las copias certificadas de los cargos de notificación, estos actos procesales no han sido cuestionados en el proceso laboral, por tanto gozan de plena validez. Todo ello lleva a la conclusión de que el sentenciado tuvo pleno conocimiento del requerimiento, habiendo incumplido con el mandato judicial. 21. Por los considerandos, expresados Esta Sala Superior realizado el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se ha dictado respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, máxime si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto com- plejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así que al haberse establecido que el acusado recurrente fue notificado con la resolución judicial consentida, que contiene una orden de pago de los beneficios sociales, deriva- da del proceso laboral N° 1422005, la misma que ha incumplido sin que exista ninguna causa fundada que lo justifique, ha quedado desvirtuada la presun- ción de inocencia 277, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad in-

277 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de

proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado

terina o provisional de inculpabilidad”, ello en concordancia con lo instituido en el Articulo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declara- do su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales”. Por lo que este Co- legiado Superior, ha decido confirmar de la sentencia impugnada. 22. Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien la defensa del sentenciado ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, tal acto ha sido realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional y procesal 278 a la doble instancia, por lo que debe eximírseles del pago de costas. IV.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experien- cia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1.- CONFIRMAR la Sentencia, resolución número diez, fecha doce de diciembre del año dos mil once, la misma que condena a Mariano Haro Lara como autor del delito de Violación de la Libertad de Trabajo en agravio de Rosa Luz Llerena Linares, imponiéndole una sanción de dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo periodo, y obligándolo al pago de dos mil Nuevos Soles (S/. 2 000.00) por concepto de reparación civil. 2.- SIN COSTAS. 3.- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas

frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo- niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”.

En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf 278 Artículo 106 del Código Procesal Penal.

61. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE : 01184-2010-18-1601-JR-PE-01.ASISTENTE : DANIEL SANCHEZ PAGADOR IMPUTADO : CESAR AUGUSTO ARANA HERNANDEZ DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD AGRAVIADA : M.P.LL.R PROCEDENCIA : JUZGADO COLEGIADO APELANTE : IMPUTADO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

Trujillo, Dos de Agosto Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Privada realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - ---I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Que, viene en apelación la sentencia que condena al acusado César Augusto Arana Hernandez como autor del delito de Violación Sexual de Menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M.P.LL.R, a veinticinco años de pena privativa de libertad efectiva, y fija una reparación civil de S/5,000.00 nuevos soles, a favor de la menor agraviada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Que, el abogado del imputado ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia que condena a su patrocinado ya que la Sentencia de primera ins- tancia no considera que esta con arreglo a ley, existiendo muchos errores, tal como se ha consignado hechos que no han sido debatidos, a la vez no se han anotado hechos que han sido debatidos, la existencia de contradicciones del testigo Guadalupe Llenque Bazán; así como el hecho de que el perito Calixto Jerónimo Rubio y el perito Juan Andrés Salinas Quiñe no han prestado su pro- mesa de honor de desempeñar el cargo, además no se ha realizado un examen psicológico al sentenciado; por lo cual solicita que se revoque la sentencia y se absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal.- - 1.3. Que, por su parte la representante del Ministerio Público solicita que se confirme la sentencia venida en grado, por considerar que la sentencia ha sido producto de un juicio oral en donde mediante la inmediación, la

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contradicción y el debido proceso se han actuado los medios probatorios que han acredita- do la responsabilidad del Sentenciado en el delito de violación sexual, y en la

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sentencia se ha hecho un análisis pormenorizado de cada acto procesal que se ha realizado y tiene una motivación lógica y jurídica de todos los hechos tratados en juicio oral, solicitado se confirme la sentencia en todos sus extremos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4. En la audiencia de apelación de la sentencia, no se actuaron nuevas pruebas; solo se ha oralizado la prueba instrumental consistente en la declaración de la menor agraviada y el dictamen psicológico de la menor agraviada. 1.5. Las partes expusieron sus alegatos finales; por lo que la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para examinar los extremos de la sentencia apelada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- CONSIDERANDOS: A.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1. El delito de de Violación sexual de menor de edad previsto en el artículo 173 del Código Penal prescribe: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad…. inciso 2) Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco”. En este caso, y en general en los delitos sexuales contra menores de edad el bien jurídico vulnerado, no es la autodeterminación sexual, como ocurre en caso de personas adultas, pues por definición carecen de tal facultad, lo que se vulnera en éstos casos es la indemnidad sexual, en cuya virtud la protección se orienta a evitar ciertas influencias que inciden de un modo negativo en el desarrollo futuro de su personalidad, que en el caso de los menores, para que de adultos puedan decidir en libertad sobre su comportamiento sexual (se trata de preservar, en todo caso, la libertad sexual in fieri o en potencia, de la cual el sujeto podrá hacer uso en etapas más avanzadas de su vida, lo que reclama como prius que en etapas previas de formación el sujeto quede a salvo de actos trauma- tizadores)279- - - - - - - - - - - - - - 2.2. En el aspecto procesal – probatorio- de los delitos sexuales, dada su naturaleza –cometidos en la clandestinidad-, cobra fundamental importancia la Sindicación de la Victima: Es así, que en los casos en que la sindicación de la victima sea la única fuente de prueba de la vinculación del imputado con

279 Al respecto: Véase, CESAR SAN MARTIN CASTRO, “Delitos Sexuales en Agravio de Menores. Aspectos materiales y procesales”, en DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y DELITOS CONTRA LA FAMILIA. Banco Mundial y Poder Judicial, Lima Agosto 2007, p 19-20.

el delito, deberá aplicarse los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acu- sador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proce- so de manera uniforme respecto a la identidad del autor. Consecuentemente, cuando falten los tres requisitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para esta- blecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…” [EXP. N.° 1218-2007-PHC/TC]. ); mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitablemente a una sentencia absolutoria por imperativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 2.3. Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribu- nal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órga- no jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estruc-

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tura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimien- tos científicos. En consecuencia, el relato factico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en si mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en se- gunda instancia. (cita doctrinaria: ver: GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, dos mil cuatro, paginas doscientos setenta y cinco / doscientos setenta y seis)”280 B.

FUNDAMENTOS FACTICOS.-

De los fundamentos de la sentencia. 2.4. Que, la sentencia apelada en la parte expositiva ha precisado que los hechos objeto de la acusación son los siguientes: los hechos se inician a causa de un oficio remitido por la Unidad de Gestión Educativa Local de Pacasmayo – UGEL, dirigido a la Fiscalía Provincial de Pacasmayo sobre hechos que podrían considerarse como delito contra la libertad sexual, dicha circunstancias dan lugar a que el Ministerio Público aperture la investigación preliminar; en donde se recaudan diferentes manifestaciones entre ellas las del padrastro de la menor, el Sr. Guadalupe Llenque Bazán, quien señala que su menor hija de iniciales M.P.LL.R. había sido objeto de violación sexual y producto de la misma se encontraba en gestación, señala que las oportunidades en las que su menor hija ha sido objeto de violencia sexual es cuando su señora madre acudía a brindarle servicio de lavado de ropa y aseo de la habitación donde vivía el acusado Cesar Augusto Arana Hernández; lugar al que acudía acom- pañada de la menor; según lo manifestado por la menor y su madre el trabajo que ella realizaba era en el primer piso; y que el acusado le insinuaba a la me- nor para que suba al segundo piso con el fin de que utilizara su computadora y jugara. La menor señala que en el mes de agosto del mismo año, el imputado con el engaño de invitar a la menor para que ingrese a su cuarto a jugar con la computadora comenzó hacerle tocamientos, para luego a la fuerza y contra la voluntad de la menor tener relaciones coitales; refiere la menor que estos hechos se han reiterado en tres o cuatro oportunidades. La menor afirma no haberle hecho saber de lo acontecido a su madre debido a que el procesado la amenazó con matar a su mamá. - - - - - - - - - - - - - - - - -

280 CASACION N° 05-2007- HUAURA; Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

2.5. Así mismo, los hechos objeto de imputación han sido dados por acreditados con la declaración de Guadalupe Llenque Bazàn, padre de la menor, la decla- ración de Calixto Geronimo Rubio, perito medico, la declaración del perito psicólogo Juan Andres Salinas Quiñe, la declaración de la señora Enma Nati- vidad Javes de Riquelme, quienes han depuesto en forma coherente, consis- tente, e inclusive los datos proporcionados por ellos se entrelazan, son lógicos y generan verosimilitud, reuniendo los presupuestos necesarios del acuerdo plenario Nº 2-2009/CJ-116. Delimitación de la pretensión del impugnante. 2.6. El abogado del imputado ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sen- tencia que condena a su patrocinado ya que la Sentencia de primera instancia no considera que esta con arreglo a ley; así en sus alegatos finales ha cuestio- nado que: a) si bien, está acreditado en autos que existe delito de violación sexual o que la menor haya tenido relaciones sexuales, no se ha identificado plenamente que el acusado sea el responsable del delito; pues -dice- los pe- ritos (basándose en la declaración del perito Calixto Geronimo Rubio) como médicos legistas determinaron que hay una desfloración antigua mas no que se trata de una violación; b) así mismo resalta las contradicciones en que ha- brían incurrido los testigos, y que no han sido valoradas por el A Quo: b1) que el testigo Guadalupe Llenque Bazán, ha referido “que ellas –mamá e hija- no conversaban con él, que estaba alejado de ellas , luego refirió que ella -su hija- no le hablaba”, entonces, si ello es así, como es que en el contradictorio diga que fue la menor quien tocó su casa y le dijo que fue violada por el acusado; b2) que la testigo Esperanza Reboredo Barreto, dijo ante una pregunta del fiscal que laboró hasta octubre del 2008 en casa del acusado, sin embargo los hechos fueron en agosto del 2008, lo que significa que la madre no conocía de lo sucedido; b3) en relación a la testigo Enma Isabel Jave, no se consignó – en la sentencia- que ella refirió que la persona que fue a cancelar el recibo en el laboratorio Renalab “parece que fue el acusado”, no dijo que fue el acu- sado; b4) y finalmente en relación al perito Juan Andrés Salinas Quiñe, no se ha consignado el resultado del interrogatorio del actor civil; c) así mismo cuestiona las conclusiones a las que llega el colegiado en la valoración de los medios probatorios, que los padres de la menor no presenciaron nada, en el reconocimiento médico legal no menciona el nombre del acusado y el médico no puede determinar si hay violación, que no se ha acreditado que la menor haya estado embarazada, por lo que solo existe como prueba incriminatoria la declaración de la menor, existiendo contradicciones en lo que dijo en el exa- men psicológico y en su declaración preliminar, además el padre de la menor tiene enemistad con el acusado, y la menor le tenía cólera al padre, no dán- dose los presupuestos del acuerdo plenario sobre la sindicación de la víctima, específicamente no se ha hecho un análisis de la contradicciones.

Análisis de la pretensión impugnatoria del sentenciado. 2.7. Tal como se ha expuesto en la premisa normativa en cuanto a la valoración de la prueba personal este Tribunal Superior tiene limitado el criterio fiscaliza- dor, sin embargo, como la defensa del acusado ha cuestionado las denomina- das zonas abiertas de las declaraciones testimoniales, es posible someterlas a control teniendo en cuenta que el A Quo habría entendido y apreciado de ma- nera inexacta lo que dijo el testigo, que existirían serias contradicciones entre las declaraciones de los testigos, y además que en este juicio de apelación se han oralizado la declaración preliminar de la menor y el examen psicológico. 2.8. En relación al primer cuestionamiento efectuado por la defensa del acusado, efectivamente, cabe señalar que el perito médico legista Calixto Geronimo Ru- bio solo ha determinado que existe desfloración antigua, mas no que se trata de una violación; en efecto, al médico legista no le es exigible, es más, no es su función, determinar si se ha producido una violación o no, pues ello le co- rresponde única y exclusivamente al órgano jurisdiccional, el que ha llegado a tal conclusión no solo basándose en el certificado médico legal Nº 1449- 2008, sino en la conjunción de todos los medios probatorios actuados en el juicio, que hoy es materia de revisión. De otro lado, respecto a que la menor no mencionó el nombre del acusado en dicho reconocimiento médico legal, no abona a favor del acusado, desde que este acto de investigación no tiene por finalidad individualizar al presunto autor de la desfloracion, por el contrario, como dato indicador se señala que fue forzada por un conocido, quien ya en otros relatos ha indicado que se trata del hoy acusado. 2.9. Sobre las “contradicciones” en las declaraciones, de: a) Guadalupe Llenque Bazán- consideramos que no es tal, en tanto que, dando por cierto que no tenga comunicación con su menor hija y que ésta le guarde rencor al acusado, no se puede colegir indefectiblemente que la menor no le haya comunicado un hecho tan grave como el que le había sucedido, por el contrario estando a la gravedad del hecho vejatorio, es atendible, que la menor haya recurrido a su padre, mas aun si se tiene en cuenta la situación de dependencia en que se encontraba su madre Esperanza Reboredo Barreto, en esos momentos, respecto de su agresor, b) en relación a que la madre de la menor trabajó para el acusado hasta octubre del 2008, no obstante, cuando la menor ya había sido ultrajada, no se advierte contradicción alguna, pues efectivamente aquella se enteró recién de los hechos, en octubre de 2008, por una citación de la fiscalía, además la menor ha referido en el examen psicológico que no le dijo nada a su mamá porque trabajaba para el acusado, más bien a partir de allí, según ha analizado el A Quo la madre trató de favorecer al acusado, mo- tivo por el cual su versión ha sido tomada con reserva, y tal conclusión no ha sido cuestionada por la defensa del acusado; c) en relación a la testigo Enma

Isabel Natividad Javes, de que el A quo habría apreciado de manera inexacta lo que dijo, carece de sustento, pues si se aprecia la sentencia en el rubro de actuación de medios probatorios ítem c, claramente se consigna que “refirió que la persona que fue a cancelar la receta fue una persona con gorro y len- tes oscuros, pero le parece que fue el acusado”, siendo que el colegiado llegó a la conclusión de que efectivamente fue el acusado, luego de analizar toda declaración de la testigo, quien dio las características físicas del acusado, y señalo además que el acusado concurrió a solicitar un duplicado del examen, denegándosele por no ser el paciente; y, d) finalmente en relación a que no se ha consignado el resultado del interrogatorio del actor civil al perito Juan An- drés Salinas Quiñe, cabe precisar que de la sentencia se aprecia que el A Quo ha examinado en forma individual y conjunta todos los medios probatorios actuados en el juicio, y además la defensa del acusado no ha señalado que esa parte del interrogatorio contiene datos favorables a su teoría del caso. 2.10. La defensa ha cuestionado también la existencia del embarazo de la menor agraviada; al respecto, el hecho de que la menor haya estado o no embarazada no incide y menos determina la existencia del acto sexual violento que, por lo demás, está acreditado. Aun haciendo dicha precisión, en el caso de autos, el A Quo ha dado por acreditado que la menor si estaba embarazada, careciendo de valor para acreditar lo contrario el diagnostico de embarazo - sangre de fecha 08 de noviembre de 2008, efectuado en el laboratorio Renalab, pues en fecha anterior, esto es, el 04 de octubre de 2008 se realizó a la menor un examen de PRESGNOSTICON en el centro de salud materno de Pacasmayo, que dio resultado positivo, y además así se ha consignado en la historia clí- nica Nº 19719 de la menor agraviada, debiendo tenerse en cuenta que, luego, la menor sufrió un aborto, tal como lo han referido los padres de la menor, lo que explica que posteriormente el análisis de sangre sea negativo. 2.11. De otro lado, a fin de evidenciar ciertas contradicciones en la declaración de la menor, en este juicio de apelación, se ha oralizado partes pertinentes de referencia de la menor agraviada efectuada ante el Ministerio Publico el 19 de octubre de 2008, resaltando que, en el mes de julio del año 2008 cuando su madre iba a lavar la ropa de Arana Hernández, este le insinuaba para que fuera a su habitación a jugar con la computadora, en esas veces le hacía tocamientos, accediendo a ello porque la amenazaba con matar a su madre, pero ya en el mes de agosto, utilizando la violencia él le introdujo su pene en su vagina, y ello se ha efectuado en cuatro a cinco veces, amenazándolo con matar a su madre. No conoce quien interpuesto la denuncia en la comisaría de Pacasmayo. Con ello la defensa de acusado advierte que contrariamente a lo que dijo la menor en su referencia ante la fiscalía, en el relato ante el perito psicólogo, refirió que solo había sido

sometida sexualmente una vez, pues la primera solo fueron “sobamientos”; si bies es cierto, no hay coincidencia sobre

las veces que la menor fue sometida sexualmente, también lo es que, en ambos relatos se evidencia la descripción del mismo contexto y circunstancias, así, refiere que los hechos ocurrieron cuando acompañaba a su madre a lavar ropa en casa del acusado, el acusado le insinuaba, invitaba a que suba a su ha- bitación a jugar con la computadora, ya en su cuarto le hacía tocamientos, la amenaza de matar a su madre, y que mediante violencia le introdujo su pene en su vagina; todo lo cual le da verosimilitud a su relato. 2.12. Por consiguiente, este colegiado determina que el reexamen, en lo permitido, de la prueba personal así como la oralizaciòn de los documentos en esta ins- tancia, no desvirtúan en modo alguno la existencia de los hechos objeto de imputación ni la responsabilidad penal del acusado. Pues como se ha analiza- do en los considerandos precedentes las contradicciones denunciadas por el recurrente no son tales y/o no son de tal naturaleza que permitan otorgar di- ferente valor probatorio a las testimoniales. Es más, en cuanto a la imputación central se refiere, es de estimarse que la declaración de la agraviada cumple los presupuestos de credibilidad establecidos en el acuerdo plenario referido en la parte normativa y por lo tanto, se erige como prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia. Así, la ausencia de incredibilidad subjetiva se verifica en tanto que no se ha establecido en el juicio la existencia de algún motivo – anterior al hecho- que haga creer de manera fundada que la menor actuó bajo un móvil de odio, enemistad o resentimiento hacia el acusa- do (si bien, se ha evidenciado una enemistad entre el acusado y el padre de la menor, ella no tiene incidencia a estos efectos, toda vez que dicha enemistad ha surgido precisamente a raíz de estos hechos); la verosimilitud en su decla- ración (oralizada en el juicio de apelación) también está acreditada, puesto que la sindicación hecha por la agraviada ha sido sólida, y en lo sustancial co- herente, además de haber sido corroborada por la pericia psicológica a la que ha sido sometida. Pues debe entenderse “que ésta no solo permite advertir su estado emocional y el nivel de afectación que ha podido causarle el delito en su agravio, sino especialmente para determinar el grado de fiabilidad de su testimonio. Las técnicas psicológicas, de común aceptación, pueden descartar en un testigo menor la presencia de ideas de fabulación, de simulación o de fantasía, y concluir por la verosimilitud y sinceridad del relato” 281. Que esta situación de fabulación o simulación no ha sido advertida en la pericia psico- lógica realizada a la menor agraviada, mas por el contrario en el juicio oral el perito psicólogo ha precisado que el relato de la menor no evidenciaba rasgos de relatos fantasiosos; por ende le reviste mayor credibilidad a su declara-

281 Sentencia del Tribunal Supremo Español, 1773/2002, citada por CESAR SAN MARTIN CASTRO,

en “Delitos Sexuales en Agravio de Menores. Aspectos materiales y procesales, ob. Cit. p 40.

ción. Por último la persistencia en la incriminación, aquí, es de advertir que la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor y esto ha ocurrido así en el presente caso, pues se ha sostenido de manera uniforme que cuando la menor agraviada iba a la casa del acusado Cesar Augusto Arana Hernández acompañando a su madre a lavar ropa, aquel, le invitaba a subir a su cuarto a jugar en la compu- tadora, y allí la sometió sexualmente, siendo relevante además que la victima ya conocía a su agresor. 2.13. Con todo lo expuesto ha quedado demostrada la responsabilidad penal del acusado en el hecho que se le imputa, siendo que la sentencia recurrida reco- ge de manera objetiva lo actuado en el juicio oral, motivo por el cual la senten- cia recurrida debe confirmarse en todos sus extremos. III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia que condena al acusado César Augusto Arana Hernandez como autor del delito de Violación Sexual de Menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M.P.LL.R, a veinticinco años de pena privativa de libertad efectiva, y fija una reparación civil de S/5,000.00 nuevos soles, a favor de la menor agraviada. - - - - - - - - - - - - -



EJECUTORIADA que sea la presente DEVUELVASE al Juzgado de origen. Actuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano.-

62. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE : 02194-2009-58-1601-JR-PE-06.IMPUTADO : RODRIGUEZ SANDOVAL ASUNCION DELITO : VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD AGRAVIADO : O.M.R.S. PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL COLEGIADO APELANTE : MINISTERIO PÚBLICO. ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Trujillo, Trece de Abril Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Que, viene en apelación la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil diez, que obra de fojas 47 a 54 que absuelve de la acusación fiscal a Asunción Rodríguez Sandoval por el delito de Violación Sexual de Menor (Art. 173 C.P.) en agravio de O.M.R.S. 1.2.- Que, El Ministerio Público ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia que absuelve al acusado Asunción Rodríguez Sandoval y en su ale- gato ha solicitado se declare nula la sentencia al no haberse valorado los me- dios probatorios actuados en juicio oral, que existe infracción a las reglas de la lógica y ciencia para negarle la capacidad de convicción a determinados medios probatorios. 1.3.- Que por su parte la abogada del imputado ha solicitado que se confirme la sentencia toda vez que se ha valorado mediante el principio de inmediación la declaración de la propia menor y de los testigos de cargo, y su patrocinado queda exento de todo indicio que lo pueda vincular al imputado con la comisión de los hechos. 1.4.- Que el acusado no concurrió a la audiencia, después de escuchar a las partes sus alegatos de inicio, no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales y se escuchó los alegatos finales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.

II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. El delito de de Violación sexual de menor de edad previsto en el artículo 173 del Código Penal prescribe: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad…. inciso 2) Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 2.1.2 El Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, señala como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indi- cación del razonamiento que la justifique”. 2.1.3 Que, por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las re- soluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordena- miento jurídico o los que se deriven del caso A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia na- rrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamen- te confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de iden- tificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

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d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tu- tela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motiva- ción de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (in- congruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se pro- duzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando in- defensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”282.

2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS 2.2.1. La sentencia apelada en la parte expositiva ha precisado que los hechos y circunstancias objeto de la acusación son los siguientes: El acusado tuvo contacto desde los seis años con la menor agraviada y a los once consuma la penetración. Que a los trece años quedó embarazada la menor agraviada y por eso se descubre este delito. Que en la primera versión la menor agraviada sindica como autor al padre (el acusado) y luego cambia de versión y sindica a otra persona. Que la madre de la menor obstruyo para que se practique el ADN. Que se desconoce si nació o no el fruto de ese embarazo. - - - -

282 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura.

2.2.2. El representante del Ministerio Público, cuestionando los fundamentos de la apelada, sostiene que no se ha merituado una valoración de los medios probatorias actuados en juicio que asimismo existe una infracción a las reglas de la lógica y ciencia para negarle la capacidad de convicción a determinados medios probatorios, asimismo ha existido distorsiones en la valoración de las pruebas siguientes: a) la declaración de la menor agraviada que brinda inicialmente en la investigación preli- minar la misma que consta en DVD; b) El protocolo de Pericia Psicológi- ca Nº 005129-2009-PSC, la que concluye sintomatología ansioso depre- siva asociado con estresor de tipo sexual evidenciándose indicadores de tipo sexual c) La declaración de la perito bióloga Susan Obeso Ma- rroquín la cual ha determinado que la muestra de orina que se le tomó a la menor agraviada se detecto la hormona Gonadotrofina Coriónica Humana, y que dicha hormona se encuentra cuando existe un embara- zo; d) Oficio emitido por el Director del Establecimiento Penitenciario El Milagro que da cuenta que Loyer Rodríguez Sandoval hermano del im- putado no ha concurrido en calidad de visita durante el periodo en que el imputado se encontraba privado de su libertad; e) La inconcurrencia a la orden del juez para que se practique la prueba de ADN, la cual no se realizó ya que la madre saca a la menor de la ciudad, en donde la menor aborta el fruto de la gestación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.3. Que la impugnación confiere a este colegiado competencia para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante como lo establece el artículo 409 del código procesal penal, bajo esta facultad se examina los fundamentos que ha tenido el Juez Ad Quo en la sentencia impugnada. - - - 2.2.4. Que en la sentencia apelada se tiene por acreditada la existencia del delito, con las siguientes pruebas: la declaración de la menor quien ha admitido haber tenido relaciones sexuales y la declaración de la perito bióloga Susan Obeso Marroquin, quien concluye que analizada la mues- tra de orina de la menor se determino que fue reactivo a la detección de hormona gonadotropina corionica humana-HGCH (prognosticón) y que pertenecen al embarazo; y respecto a este extremo, las partes no han realizado ninguna objeción, en el escrito impugnatorio y tampoco en las alegaciones actuadas en la audiencia de apelación. - - - - - - - - - ------------2.2.5. Respecto a la culpabilidad del acusado el colegiado ha considerado que los medios probatorios actuados por el Ministerio Público no son sufi- cientes para establecer este extremo por cuanto su acusación se

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basa en testigos cuestionados por

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referenciales

que

han

sido

contradichos

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y

la menor agraviada, quien basó su actuar inicial (denuncia) a la cólera que sintió cuando escucho decir a su padre que era una bastarda, corroborada con la carta que le envió pidiéndole perdón y que todo había sido una invención; que la declaración de la menor brindada en la etapa de investigación preparatoria y cuyo video se visualizó no se valora, sin embargo la prestada ante el colegiado forma convicción en el colegiado en lo expresado cuando la menor niega que el autor sea su padre. 2.2.6. Que, sin embargo el Juzgado Colegiado respecto a la culpabilidad del acusado no ha tenido en cuenta lo siguiente: a)

Con relación a las declaraciones de la menor, resulta necesario citar al precedente contenido en la Ejecutoria Suprema Nº 30442004. Lima en la que se ha establecido: “…Que, por lo demás, es de dejar sentado como doctrina general que cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración pres- tada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles –situación que se extiende a las declaracio- nes en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente es- tatuido en la norma hábilmente pertinente referido a la presencia del fiscal y, en su caso, del abogado defensor-, el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones. Pues puede ocurrir, por determinadas razo- nes – que el Tribunal debe precisar cumplidamente, que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral. En tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e inmediación trasunta una mayor verosimilitud y fide- lidad – cumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción-283. En tal virtud, es de estimar que el Colegiado de primera instancia ha estado facultado para hacer una valoración de las declaraciones de la menor agraviada, esto es de la prestada a nivel de investigación preparatoria y en juicio oral a fin de conceder mayor o menor fiabilidad o credibilidad a la primera o segunda declaración; y no dejar de valorar la primera declaración, solo por haber sido actuada en la investigación preparatoria, como se argumenta en la sentencia apelada, máxime si dicha declaración fue aportada como medio de prueba y objeto de la visualización en

283 EJECUTORIA SUPREMA Nº 3044-2004- LIMA.

juicio oral y sometida al contradictorio, en la que se aprecia que la menor presto su declaración ante la representante del Ministerio Público, la profesora María Paredes y la psicóloga Guliana Gutié- rrez, en la que le atribuye el acusado, ser autor del delito materia del juzgamiento. b)

Que si bien esta Sala no puede dar un valor diferente a las pruebas personales, como lo establece el artículo 425 inciso 2 del CPP, se debe tener en cuenta que en la Casación 5-2007 del 11 de octubre del 2007 se ha establecido que respecto a las denominadas zonas opacas referidos a datos expresados por los testigos estre- chamente ligados a la inmediación no son susceptibles de control; empero respecto a las denominadas ”zonas Abiertas” estas si son accesibles al control, desde que se trata de aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba ajenos en si mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instan- cia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia, en consecuencia el relato fáctico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es in- conmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con mani- fiesto error o de modo radical inexacto- el testigo no dice lo que menciona el fallo, b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, inin- teligible, incompleto, incongruente o contradictorio en si mismo; o c) ha podido ser desvirtuado por otras pruebas en segunda instan- cia ( Gimeno Sendra, Vicente. Derecho Procesal Penal); que sobre esta base se advierte que el colegiado de primera instancia no ha tenido en cuenta, para los efectos de una adecuada valoración de la declaración de la menor, que mientras en el juicio oral sostuvo que el motivo de haberle imputado al acusado (su padre) se ha de- bido a que le escuchó decir que era una bastarda; sin embargo del tenor de la carta aparece que el motivo fue por los malos tratos a su mamá, cuando la gritaba y la humillaba. Con lo cual se evidencia una grave contradicción con el objeto de justificar la variación de su inicial imputación.

c) Que artículo 158 inciso 2 del CPP prescribe que en los supuestos de testigos referenciales, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado sentencia condenatoria; y en el presente caso se aprecia la existencia de La declaración re- ferencial de la profesora Felicita Paredes Isique De Martines quien en Juicio Oral ha declarado que la niña, luego del desmayo que sufrió, le contó haber sido violada por su padre; la cual se corro- bora con el Protocolo de Pericia Psicológica y la declaración de la

psicóloga, Andre Arrunategui Chavez, quien ha sostenido que des- pués de evaluar a la menor concluye que tiene una personalidad en restructuración, sintomatología ansioso depresiva, asociado a estresor de tipo sexual; evidenciándose indicadores de abuso se- xual. Sin perderse de vista que del Oficio Nº 701 emitido por el Director del Establecimiento Penitenciario y la hoja de constancia de ingreso al Penal aparece que el hermano del Imputado Loyer Rodríguez Sandoval no ha realizado ninguna visita al Penal, con lo cual se enerva la tesis de la defensa en el sentido que el hermano del imputado Loyer Rodríguez Sandoval le entregó una carta he- cha por la menor agraviada pidiéndole perdón a su padre por las iniciales imputaciones, con lo cual se infiere que se ha incorporado a Juicio oral una carta elaborada con el objeto de enervar la tesis acusatoria. 2.2.7. En ese sentido existen suficientes elementos probatorios que vinculan al acusado absuelto con el delito de violación sexual de menor previsto en el artículo 173 del código penal; y bajo estas consideraciones este co- legiado considera que el Juzgado de primera instancia no ha examinado individualmente y luego en conjunto las pruebas actuadas y no ha res- petado las reglas de la sana critica, especialmente conforme a los princi- pios de la lógica y las máximas de la experiencia, conforme lo establece el artículo 393 inciso segundo del código procesal penal, incurriendo lo que en doctrina se denomina una motivación insuficiente, por lo que se ha infringido el deber de motivar la decisión judicial. 2.2.8. Que, la total configuración del derecho de motivación de las resolucio- nes jurisdiccionales resulta siendo consecuencia no sólo del derecho a la tutela judicial efectiva y la norma recogida en la Constitución Po- lítica. La doctrina procesal penal se ha encargado de precisar que la motivación resulta un deber del juez que se deriva además del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en su versión de derecho a obtener una resolución fundada que ponga fin al proceso, del derecho a la defensa284, de la necesidad de controlar la sujeción del juzgador a

284 Conforme ha señalado Binder, en razón del derecho a la defensa, el procesado “debe tener la posibilidad de conocer cuales son los hechos que se le imputan y en virtud de qué pruebas se fundamenta dicha imputación”. BINDER, Alberto. Introducción al derecho procesal penal cit.

pág. 154.

la ley285, del derecho a la pluralidad de instancias286 y del mandato de interdicción de la arbitrariedad287. 2.2.9. Que, en este orden de ideas, no es cualquier respuesta la que satisface el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que es necesario que ésta, además de ser clara, deba encontrarse debidamente motivada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica. Derecho que no sólo le corresponde al imputado, contra quien se dirige la persecución penal (razón de ser del proceso), sino también a todos los sujetos procesales que tengan un interés propio en el proceso, es decir el agraviado, actor civil y el tercero civilmente responsable. Siendo así que no sólo se debe fundamentar en derecho la sentencia condenatoria, sino también la absolutoria; 2.2.10.Que, por consiguiente al haberse transgredido el derecho a la debida motivación, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 409 Inciso 01, concordante con el Artículo 150 parágrafo a) y el Artículo 154 Inciso 04 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad de la Sentencia y del Juicio Oral, y disponerse la realización de un nuevo juicio oral por otro Juzgado, al amparo del principio de imparcialidad. III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes se- ñaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

285 Cfr. VELEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho procesal penal. Tomo I. Córdoba – Argentina: Mar- cos Lerner, Reimpresión de la Tercera edición, 1982, pág. 364. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. “La motivación de las sentencias”, en Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia pe- nal. Madrid – España: Consejo General del Poder Judicial, 1992, pág. 98. CONDE-PUMPIDO TOURON, C. op cit., pág. 201. 286 Cfr. MAURACH, Reinhart - ZIPF, Heinz. - GÖSSEL, Karl-Heinz. Derecho penal 2. Buenos Aires –Argentina: ASTREA, Traducción de la Séptima edición alemana, 1995, pág. 796 (nº. marg. 195) BOIX REIG, Javier. “La motivación de la individualización de la pena”, en Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia penal, cit. pág. 193. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 98. 287 Cfr. VELEZ MARICONDE, A.., op cit., pág. 363. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 98. BOX REIG, J., op cit., pág. 193. En los países de nuestra cultura jurídica, “la primera aparición del deber de motivar responde prioritariamente a exigencias de carácter político: se busca en el una garantía frente al arbitrio”. ANDRES IBAÑES, Perfecto. “Acerca de la motivación de los he- chos en la sentencia penal”, en Cuadernos. Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia penal, cit. pág. 119.



DECLARAR NULA la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil diez, que obra de fojas 47 a 54 que absuelve de la acusación fiscal a Asunción Ro- dríguez Sandoval por el delito de Violación Sexual de Menor (Art. 173 C.P.) en agravio de O.M.R.S.



DISPONER que otro colegiado efectúe un nuevo juicio oral, y expida una sen- tencia observando la garantía de la debida motivación y demás garantías que consagra nuestra Constitución Política.

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DEVOLVER el expediente al Juzgado competente.- Intervino como Vocal Po- nente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricardo Cotrina Mi- ñano.

63. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MAYOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA EXPEDIENTE IMPUTADOS DANNY.

: 02896-2010-69-1601-JR-PE-05: - CALDERON RAFAEL, ERMES

- GARCÍA PARRAVICINI, EBERT SANTOS. DELITO : VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL. AGRAVIADO : S.O.R PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL COLEGIADO APELANTE : IMPUTADOS. ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA.

Trujillo, Veinticinco de Mayo Del Año Dos Mil Once.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Dra. LILY LLAP UNCHON (Presidenta de Sala y Directora de Debates), Dr. OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA y el Dr. RUDY EDINSON GONZALES LUJAN, quien interviene por licencia del Juez Su- perior Titular Dr. José Cabrejo Villegas. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Es materia de apelación la sentencia de fecha veintiocho de febrero del año dos mil once, que obra en las páginas 32 a 47 la misma que falla condenando a Ermes Danny Calderón Rafael y a Ebert Santos García Parravicini como coautores del delito de Violación Sexual de Mayor de edad, en agravio de la persona identificada con las iniciales S.O.R; imponiendo a Ermes Danny Cal- deron Rafael la pena de veinticuatro años de privación de libertad efectiva y a Ebert Santos García Parravicini la pena de quince años de privación de la libertad efectiva; asímismo, fija una reparación civil de siete mil nuevos soles que abonarán cada uno de los condenados a favor de la agraviada; y establece el pago de costas. 1.2.- El abogado del procesado Ebert Santos García Parravicini, apela la sentencia en el extremo que condena a su patrocinado por el delito de violación sexual de mayor de edad a quince años de pena privativa de libertad y al pago de una reparación civil de siete mil nuevos soles; solicitando que se declare la NULI- DAD de dicha sentencia, por los siguientes fundamentos, que ha expuesto en el contradictorio suscitado en la audiencia de apelación: Por haber incurrido el juzgado colegiado en una indebida motivación de las resoluciones judicia- les, vulnerando el artículo 139.5 de la Constitución Política, lo que constituye un deber de los jueces y un derecho de los

justiciables; señala que se ha que- brantado el principio de logicidad porque al haber motivado el Ad Quo que

al no haberse encontrado armas de fuego, hace suponer que dichas armas fueron llevadas por su patrocinado y en el entendido que por no haberse encontrado en dicho lugar su coacusado; asimismo, indica que según el Dictamen de Absorción Atómica que se le hizo al coacusado, al no encontrarse el elemento antimonio, no se determina la existencia de arma, sino la suposición de haber realizado disparos. De otro lado, argumenta que los miembros de serenazgo en sus testimoniales han señalado que no han visto que se consu- maba el acto sexual, no siendo suficiente la sola declaración de la agraviada, sino que debe aplicarse el Acuerdo Plenario 0002-2005, resultando necesario que esta declaración esté corroborada por otros elementos, sin embargo, sólo se hace caso al reconocimiento en rueda, no se ha señalado la distribución de funciones de los coprocesados, sin embargo al haber impuesto la pena el juzgado colegiado ha evaluado la actitud de consenso de los procesados sin que haya especificado en que consistió. 1.3.- Por su parte el abogado defensor del procesado Ermes Danny Calderon Rafael apela la sentencia venida en grado, la cual condena a su patrocinado a veinti- cuatro años de pena privativa de libertad y al pago de una reparación civil de siete mil nuevos soles; solicitando se delare la NULIDAD de la misma, por los fundamentos que expone consistentes en que en el vigésimo considerando de la sentencia, en su segundo párrafo, el Ad Quo, acoge la institución de la rein- cidencia para determinar la pena y aplica una norma que había sido modifica- da y no hace una aplicación de la norma vigente. Vulnerando así el principio de legalidad, y por ende, se ha vulnerado el debido proceso. Incurriéndose así, en la nulidad absoluta de la sentencia, ya que se ha violentado derechos que consagra la Constitución Política del Estado. Se le ha aplicado la reincidencia, según el artículo 46.b del Código Penal, sin considerar que el delito se había cometido en el año 2010 y que el delito primigenio data de 1998, habiéndose emitido la sentencia en el año 2000, siendo que en este último año estaba proscrita la reincidencia y recién se incorpora con la Ley 28726, en su artículo segundo, habiendo sido introducido el artículo 46.b del Código Penal por esta última Ley, habiendo sufrido una modificatoria el año 2009 por Ley 29407. Pese a lo antes expuesto, se acoge la reincidencia cuando debió aplicarse la Ley vigente a la fecha de imposición de la pena, es decir, si se comete en un plazo de cinco años nuevo delito, a partir del delito primigenio. 1.4.- El Ministerio Público postula por la confirmatoria de la resolución apelada, en tanto sostiene que esta se encuentra debidamente motivada conforme al artículo 135, numeral 5 de la Constitución Política, y además porque el artículo 46.b del código penal se encuentra bien aplicado. En efecto, el colegiado que ha emitido la resolución materia de apelación ha valorado debidamente el reconocimiento médico en el que se ha descrito múltiples lesiones y también

relación sexual y acto contra natura, también la pericia psicológica que ha determinado la presencia de estresor sexual y daño emocional en la víctima, la que mediante su declaración en forma coherente y persistente ha atribuido responsabilidad a los procesados, corroborada con la declaración de su con- viviente y la existencia del informe pericial de restos de disparo. Sostiene la señora Fiscal Superior que no existe una confusión de identidades, pues el procesado Ebert Santos García Parravicini, manifiesta haberse encontrado trabajando pero, según el recocimiento fotográrfico realizado por la agraviada, se ha determionado su calidad de autor; en cuanto al argumento de defnsa de no haberse encontrado las armas de fuego, existe la declaración de la agraviada en el sentido que se hizo uso de las mencionadas armas, y además, que la pericia balística ha encontrado los elementos de plomo y bario, siendo el antimonio volátil, resultando por ello que siendo el delito materia del proceso el de violación sexual a mano armada o por dos o más sujetos, se ha cumplido la agravante, más aun si no existen contradicciones o susposciones y que el análisis se ha relaizado según lo actuado en el juicio. Respecto a la coautoría, de acuerdo al relato de los hechos, cada acusado ha sido autor del delito de violación sexual, y lo que se ha mencionado en la sen- tencia apelada respecto de la coautoría significa una autoría conjunta. 1.5.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS, JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINARIOS.2.1.1. El tipo penal de Violación sexual de mayor de edad se encuentra en el Artículo 170° del Código Penal,el cual prescribe, en su numeral 1: “El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de seis ni mayor de ocho años. La pena no será menor de 12, ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda: 1.

Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos.

2 ... ” 2.1.2. En vía jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha establecido que ”El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

constituye

un elemento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales una respetuosa, razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, garantiza que los jueces, cual- quiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso men- tal que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (…). En tal sentido(…) implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso(…) Fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la ma- nifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamiento del fallo y lo pretendido por las partes; y c) que por sí mismas expresen una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando ésta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión288 . 2.1.3. Asimismo, el artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”. 2.1.4.La doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionan- do una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRALGO)”289.- Según

288 Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, 1°ed. Enero 2009, p.702-703 289 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201.

Olsen Ghirardi290 se considera que la resolución del juez ha sido funda- mentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha se- guido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. 2.1.5. De conformidad con el Acuerdo Plenario N° 01- 2008/CJ-116 del 18 de julio de 2008. (Reincidencia, habitualidad y determinación de la Pena), en el criterio de interpretación contenido en el literal g), se señala que “A partir de la vigencia de de la Ley N° 28730, la reincidencia es una excepción a la regla general de la rehabilitación inmediata por cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta. Ahora bien, esa excepción sólo debe ser aplicable a condenas que se hayan impuesto y cumplido con posterioridad a la ya citada reforma del numeral 69° del Código Penal. En todo caso, cuando se haya vencido a el plazo de prescripción de la reincidencia acordado en cinco años posteriores a la excarcelación,… operara definitivamente la cancelación de los antecedentes generados por esa condena” en este mismo Acuerdo Plenario en el criterio de interpretación d) se adopta la posición de que “Sobre los elementos de configuración de las agravantes cualificadas de los artículos 46°B y 46°C. Se debe asumir que la reincidencia opera sólo hasta cinco años posteriores al cumplimiento parcial o total de pena privativa de libertad por condena anterior…” 2.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS 2.2.1. Es materia de apelación la sentencia condenatoria, Resolución de fecha veintiocho de febrero de Dos Mil Once, que obra en las páginas 32 a 47 la misma que falla condenando a Ermes Danny Calderon Rafael y a Ebert Santos García Parravicini como coautores del delito de Violación Sexual de Mayor de edad, en agravio de la persona identificada con las iniciales S.O.R; imponiendo a Ermes Danny Calderon Rafael la pena de veinticuatro años de privación de libertad efectiva y a Ebert Santos García Parravicini la pena de quince años de privación de la libertad efectiva; asímismo, fija una reparación civil de siete mil nuevos soles que abonarán cada uno de los condenados a favor de la agraviada; y establece el pago de costas. 2.2.2. La sentencia apelada en la parte expositiva respecto de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, se resumen en los siguientes: - Respecto al procesado Ermes Danny Calderon Rafael: Se le atri-

290 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231.

buye ser autor del delito de Violación sexual de Mayor de edad contra la persona de iniciales S.O.R (30), delito que cometió en compañía de su coautor y utilizando, asímismo, arma de fuego para amenazar a la víctima y a su esposo Wilmer Aníbal Villajulca Sebatián. Los hechos ocurren el día 29 de Mayo de 2010, a las 16:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la agraviada de iniciales S.O.R (30) se encontraba en compañía de su esposo Wilmer Aníbal Villajulca Sebatián recogiendo pasto por los sembríos de caña de azúcar del distrito de Laredo, donde fueron interceptados por el procesado Ermes Danny Calderon Rafael y su coautor, quienes provistos ambos de un arma de fuego cada uno, procedierona amenazar a la agraviaday a su esposo, reduciéndolo a la fuerza. Luego utilizando el polo que usaba el esposo de la violentada, le hacen tiras y con el mismo lo amarran de pies y manos. Reducido el esposo, se llevan a la agraviada a doscientos metros de distancia y proceden a violarla sexualmente, bajándole su ropa interior y su pantalón, así como, subiéndole el polo subiéndole el polo dejándole descubierto el dorso, para luego bajo amenaza de muerte con el arma de fuego, ambos penetrarla sexualmente, vía vaginal y contra natura.Mientras ello ocurría, el esposo de la agra- viada, logra desatarse y procede a pedir auxilio, siendo atendido por Gilton Segura Alarcón, Serenazgo de la Municipalidad de Tru- jillo, quien comunicó a su base de los hechos que ocurrían, pre- sentandose luego los serenos Juan Carlos Padilla Corcuera y Paulo Anderson Pomatanta Distra, con quienes ingresaron a las chacras y auxilian a la agraviada, encontrando en esos instantes al proce- sado, quien penetraba sexualmente a la graviada. Este al verlos, pretende darse a la fuga, logrando escapar el otro sujeto hasta ese momento no identificado, más no así, el procesado Ermes Danny Calderon Rafael. - Respecto al procesado Ebert Santos García Parravicini: Se le atribuye ser coautor del delito de Violación Sexual de Mayor de edad contra la persona de iniciales S.O.R. (30), delito que cometió en compañía de Ermes Danny Calderón Rafael y utilizando asimismo arma e fuego para amenazar a la víctima y a su esposo Wilmer Aní- bal Villajulca Sebastián. Los hechos ocurren el día 29 de Mayo de 2010,a las 16:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la agraviada e iniciales S.O.R. (30) se encontraba en compañía de su esposo Wilmer Aní-

bal Villajulca Sebastián, recogiendo pasto por los sembríos de caña de azúcar del distrito de Laredo, donde fueron interceptados por el procesado Ebert Santos García Parravicini y su coautor Ermes Danny Calderón Rafael , quienes provistos ambos de un arma de fuego cada uno, procedieron a amenazar a la agraviada y a su es- poso, reduciéndolos a la fuerza. Luego utilizando el polo que usaba el esposo de la violentada al cual le hacen tiras y lo amarran de pies y manos. Reducido el esposo, Ebert Santos García Parravicini y el coprocesado, se llevan a la agraviada a doscientos metros de distancia y proceden a violarla sexualmente, bajándole su ropa in- terior y su pantalón, así como, subiéndole el polo, dejándole descu- bierto el dorso, para luego bajo amenaza de muerte con el arma de fuego, ambos penetrarla sexualmente, vía vaginal y contra natura. Éste al ver al personal de serenazgo logra escapar, más no así su coimputado ERMES DANNY CALDERÓN RAFAEL a quien logran aprehenderlo en ese instante. 2.2.3. En la sentencia apelada se tiene por acreditada la existencia del delito, con las siguientes pruebas: 

La declaración de Wilber Aníbal Villajulca Sebastián y de la agravia- da identificada con las iniciales S.O.R, con las cuales se comprueba que el día 29 de mayo de 2010, armas en mano, los acusados Ebert Santos García Parravicini y Ermes Danny Calderón Rafael sorpren- dieron violentamente a sus víctimas, dentro de unos sembríos de caña de azúcar en el distrito de Laredo, maniatando al primero con tiras de tela, para luego cubrirle la cabeza con una bolsa, llevándo- se a la víctima a doscientos metros de distancia más adentro .



Con las declaraciones de Wilber Aníbal Villajulca Sebastián, de los miembros del servicio de Serenazgo de Trujillo Juan Carlos Padi- lla Corcuera, Milton Segura Alarcón y Paulo Anderson Pomatanta Diestra y el acta de entrega número 447 – 2010 por arresto ciuda- dano, se comprueba que la agraviada fue encontrada dentro de unas plantaciones de caña de azúcar, es estado de shock y sobre ella el procesado Ermes Danny Calderón Rafael con los pantalones abajo y el dorso desnudo.



Con las declaraciones testimoniales de Wilber Aníbal Villajulca Sebastián y de la Médico Legista Janet Liliana Ibáñez Castillo, se comprueba que el día 29 de mayo del año 2010, la agraviada de iniciales S.O.R, fue víctima de agresión sexual vaginal y anal, con múltiples equimosis en los labios y en el cuello, numerosas sugilaciones en el cuello y en la mamas, sendas excoriaciones en los

brazos, abdomen, muslos, rodillas y glúteos, varias laceraciones en la vulva y algunas fisuras anales. 

Con el acta de reconocimiento en rueda y la declaración de la agra- viada de iniciales S.O.R, se acredita la participación como agresor sexual, igualmente, de Ebert Santos García Parravicini.



Con la declaración del psicólogo Marco Antonio Sánchez Apumayta, se comprueba que la persona afectada de iniciales S.O.R presenta indicadores psicológicos relacionados con alteración emocional asociado a experiencia sexual traumática vivida recien- temente, siendo su estado psicosexual inadecuadoinhibido.

2.2.4.- La impugnación confiere a este colegiado competencia para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nuli- dades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante como lo establece el artículo 409 del código procesal penal, bajo esta facultad se examina los fundamentos que ha tenido el Ad Quo en la sentencia impugnada. 2.2.5.- De acuerdo con lo manifestado, en la audiencia de apelación, por la de- fensa del procesado Ebert Santos García Parravicini, teniendo en con- sideración que la total configuración del derecho de motivación de las resoluciones jurisdiccionales resulta siendo consecuencia no sólo del derecho a la tutela judicial efectiva y la norma recogida en la Constitu- ción Política, la doctrina procesal penal se ha encargado de precisar que la motivación resulta un deber del juez que se deriva además del dere- cho constitucional a la tutela judicial efectiva en su versión de derecho a obtener una resolución fundada que ponga fin al proceso, del derecho a la defensa291, de la necesidad de controlar la sujeción del juzgador a la ley292, del derecho a la pluralidad de instancias293 y del mandato de

291 Conforme ha señalado Binder, en razón del derecho a la defensa, el procesado “debe tener la posibilidad de conocer cuales son los hechos que se le imputan y en virtud de qué pruebas se fundamenta dicha imputación”. BINDER, Alberto. Introducción al derecho procesal penal cit. pág. 154. 292 Cfr. VELEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho procesal penal. Tomo I. Córdoba – Argentina: Mar- cos Lerner, Reimpresión de la Tercera edición, 1982, pág. 364. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. “La motivación de las sentencias”, en Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia pe- nal. Madrid – España: Consejo General del Poder Judicial, 1992, pág. 98. CONDE-PUMPIDO TOURON, C. op cit., pág. 201. 293 Cfr. MAURACH, Reinhart - ZIPF, Heinz. - GÖSSEL, Karl-Heinz. Derecho penal 2. Buenos Aires –Argentina: ASTREA, Traducción de la Séptima edición alemana, 1995, pág. 796 (nº. marg. 195)

interdicción de la arbitrariedad294. En este orden de ideas, no es cualquier respuesta la que satisface el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que es necesario que ésta, ade- más de ser clara, deba encontrarse debidamente motivada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica. Al respecto esta Sala, considera que la sentencia emitida por el juzgado penal colegiado ha respetado el derecho a la debida motivación, habida cuenta que el Ad Quo presenta una fundamentación clara, suficiente, correcta, congruente y eficiente de su resolución, no habiendo vulnerado en manera alguna el derecho de los justiciables a la debida motivación de las resoluciones que consa- gra el Artículo 139.5 de la Constitución Política; del Estado. 2.2.6. En lo que respecta a la valoración de los medios de prueba, existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los procesados con el delito de violación sexual de mayor de edad previsto en el artículo 170° del código penal; y bajo estas consideraciones este colegiado superior considera que el Juzgado Colegiado de primera instancia ha examinado individualmente y luego en conjunto las pruebas actuadas y ha respeta- do las reglas de la sana critica, especialmente conforme a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, conforme lo establece el ar- tículo 393 inciso segundo del código procesal penal, dando lugar a una motivación suficiente, por lo que no se ha infringido el deber de motivar la decisión judicial y una adecuada valoración de los medios de prueba; que sobre esta base se advierte que el colegiado de primera instancia ha tenido en cuenta, para los efectos de una adecuada valoración la declaración de la agraviada. En el aspecto procesal – probatorio- de los delitos sexuales, dada su naturaleza –cometidos en la clandestinidad-, cobra fundamental importancia la Sindicación de la Victima: Es así, que en los casos en que la sindicación de la victima sea la única fuente de prueba de la vinculación del imputado con el delito, deberá aplicarse los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen

BOIX REIG, Javier. “La motivación de la individualización de la pena”, en Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia penal, cit. pág. 193. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 98. 294 Cfr. VELEZ MARICONDE, A.., op cit., pág. 363. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 98. BOX REIG, J., op cit., pág. 193. En los países de nuestra cultura jurídica, “la primera aparición del deber de motivar responde prioritariamente a exigencias de carácter político: se busca en el una garantía frente al arbitrio”. ANDRES IBAÑES, Perfecto. “Acerca de la motivación de los he- chos en la sentencia penal”, en Cuadernos. Cuadernos de Derecho Judicial. La sentencia penal, cit. pág. 119.

la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acu- sador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, inte- rés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la vícti- ma debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor. 2.2.7.Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instan- cia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de ape- lación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. Respecto a la valora- ción de la prueba personal por parte del tribunal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que pri- man en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. 2.2.8. Respecto del argumento de nulidad del procesado Ermes Danny Cal- derón Rafael, por habersele aplicado las reglas de reincidencia, a efec- tos de considerarse como reincidente al procesado, se debe tener en cuenta, conforme al Acuerdo Plenario N° 01- 2008/CJ-116 del 18 de julio de 2008. (Reincidencia, habitualidad y determinación de la Pena), el cumplimiento de la pena ya sea parcial o total, y no la imposición de la misma, esto es, la fecha de expedición de sentencia. En el presente caso, según el Boletín de Condenas, la sentencia se expidió en el año 2000 y la excarcelación bajo Semi Libertad se produce en el año 2007; por consiguiente aplicando lo preceptuado en el mencionado Acuerdo Plenario, como Doctrina Legal, se considera la reincidencia a efectos de la determinación de la pena, la misma que según el Artículo 46°.B del Código Penal se

tomará en consideración como agravante de la pena

pudiendo aumentarse ésta hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Debe precisarse que la Ley N° 28726 entró en vigencia el año 2006, y la excarcelación del procesado Ermes Danny Calderon Rafael, se produce en el año 2007, resulta este hecho poste- rior a la fecha indicada y en consecuencia se aplica el artículo 46°.B del Código Penal, modificado por la mencionada Ley, esto es que la pena a imponerse puede ser incrementada hasta un tercio por encima del máximo legal para el tipo penal en mención. En el caso de autos, el tipo penal se encuentra en el artículo 170°, numeral 1 del código acotado – Violación Sexual de mayor de edad – el mismo que establece la pena máxima de dieciocho años de pena privativa de libertad, la misma que, aplicando el artículo 46°. B del Código Penal, podría incrementarse has- ta un máximo de 24 años de pena privativa de libertad. 2.2.9. Estas son las consideraciones por las cuales, se confirma la sentencia apelada, al no haber incurrido en las causales de nulidad previstas en el artículo 150.d del Código Procesal Penal, habiéndose cumplido en la misma con el contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución, conforme así se ha expuesto. III.- PARTE DECISORIA: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia de fecha veintiocho de febrero del año dos mil once, que obra en las páginas 32 a 47 la misma que falla condenando a Ermes Danny Calderon Rafael y a Ebert Santos García Parravicini como coautores del delito de Violación Sexual de Mayor de edad, en agravio de la persona identificada con las iniciales S.O.R; imponiendo a Ermes Danny Calderon Rafael la pena de veinticuatro años de privación de libertad efectiva y a Ebert Santos García Pa- rravicini la pena de quince años de privación de la libertad efectiva; asímismo, fija una reparación civil de siete mil nuevos soles que abonarán cada uno de los condenados a favor de la agraviada; y establece el pago de costas.



DEVOLVER el expediente al Juzgado competente. Actuó como Juez Superior Ponente la Señora Doctora Lilly Llap Unchón.

64.- VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL – NULA SENTENCIA CONDENATORIA ORDENAN NUEVO JUICIO ORAL PROCESO PENAL INCULPADO DELITO EDAD AGRAVIADO PROCEDENCIA IMPUGNANTE MATERIA

: Nº 295-2010-82-1601-JR-PE-01. : VASQUEZ WILLIAMS, ABEL : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE : MENOR DE INICIALES M.J.R.B. : JUZGADO PENAL COLEGIADO : SENTENCIADO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA.

SENTENCIA Trujillo, siete de setiembre del año dos mil once.VISTA Y OÍDA en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magis- trados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de la Sala y Director de Debates), Doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON y Doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA, en la que interviene como ape- lante el inculpado Abel Vásquez Williams, asesorado por su abogado defensor Dr. Alfredo Guevara Figueroa, así como el representante del Ministerio Público el Dr. Carlos Matamoros Curipaco. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha 13 de mayo del 2011, obrante a fojas setenta y ocho, expedida por el Juzgado Pe- nal Colegiado, la cual falla condenando a Abel Vásquez Williams como autor del delito de Violación de la libertad sexual en la modalidad de Violación de menor de edad en agravio de la menor de iniciales M.J.R.B., a la pena priva- tiva de libertad de veinticinco años con carácter de efectiva, y fijando el pago de una Reparación Civil ascendente al monto de S/.2,500.00 nuevos soles, a favor de la menor agraviada.

2.

Que, la sentencia venida en grado ha sido cuestionada a través del recurso de apelación formulado por el abogado defensor del sentenciado Abel Vásquez Williams, quien solicita que se declare NULA la misma.

3.

Que, al hacer sus alegatos preliminares, la defensa del sentenciado solicita que se declare nula la sentencia, en base a que se ha vulnerado el principio al debido proceso por los fundamentos de que el juicio oral comenzó con

tres magistrados que fueron los doctores Robles Briceño, Namuche Chunga y Ortiz Mostacero; sin embargo a partir de la segunda sesión de audiencia el doctor Ortiz Mostacero fue reemplazado por la doctora Vergara Hernández, lo que conforme al Código Procesal Penal faculta a que solo puede haber un reemplazo en dicho juicio oral y posteriormente tiene que volver a comparecer el magistrado reemplazado, en este caso no se respeto ese mandato imperati- vo de la norma. Así mismo, al momento de la lectura de la sentencia solamente concurrió uno de los miembros del juzgado colegiado no así la totalidad y la sentencia a que se dio lectura no fue firmada por los miembros de la Sala conforme queda acreditado con el audio de la lectura de sentencia. Siendo esto así, la defensa considera que no se ha cumplido con el debido proceso en este caso, además de que no se ha destruido la presunción de inocencia de su patrocinado por lo que solicita que se declare nula la sentencia y se proceda a un nuevo juicio oral. 4.

Que, a su turno, la fiscalía solicita que se confirme la sentencia toda vez que en la expedición de esta sentencia se ha respetado el debido proceso, por cuanto la norma procesal vigente señala que efectivamente en caso de no poder asistir un magistrado del Colegiado puede ser reemplazado por única vez, pero esto no sería trascendente para la emisión de la sentencia esto no sería trascen- dente a efectos de que acarrearía nulidad. Por otro lado, aparece la suficiencia probatoria que se ha determinado a través del juicio oral la responsabilidad penal de Abel Vásquez Williams los cargos que se le ha imputado, por lo que la fiscalía superior solicita que se confirme la sentencia venida en grado.

5.

Que, como efecto de la impugnación planteada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para emitir la sentencia condenatoria recurrida y fijar el monto de la reparación civil, y en tal sentido se pronuncia de la siguien- te manera:

II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISA NORMATIVA 6.

Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y san- cionado en el artículo 173° inciso 3) del Código Penal que prescribe: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal o bucal o realiza otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con pena privativa de libertad: (…) Si la victima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años”.

7.

“El delito de violación sexual de menor de catorce años de edad se encuen- tra previsto y sancionado por el articulo ciento setenta y tres del Código

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Penal, en donde el bien jurídico protegido es la intangibilidad o indemnidad sexual, ya que como reconoce la doctrina penal: El caso de menores, el ejercicio de la sexualidad con ellos se prohíbe en la medida en que puede afectar al desarrollo de su personalidad y producir en ella alteraciones importantes que incidan en su vida o su equilibrio psíquico en el “futuro”(…)” 295 2.2. PREMISA FACTICA 8.

Que, en instancia de juicio de apelación, se dio cuenta de la inexistencia de nuevos medios probatorios admitidos. Las partes, a su turno, refirieron que no solicitaban la oralización de medios de prueba. Asimismo, por tratarse de un cuestionamiento de puro derecho, no fue necesario interrogar al procesa- do Abel Vásquez Williams.

9.

Que, en audiencia de apelación de sentencia, la defensa del imputado Abel Vásquez Williams, sostuvo que conforme a lo expuesto en la teoría del caso, esta se fundamenta en que no se ha cumplido con el debido proceso según lo señala el artículo 150° del Código Procesal Penal. Siendo esto así, fundamenta la apelación en el sentido de que efectivamente el juicio oral llevado a cabo contra su patrocinado fue realizado por un juzgado colegiado y teniendo en cuenta que conforme lo establecen los artículos 392° a 396° del Código Pro- cesal Penal, la obligación de este juzgado colegiado era debatir de manera conjunta, teniendo en cuenta también que el artículo 394° inciso 6 del Código Procesal Penal establece que la sentencia debe tener la firma del juez o jueces en este caso, lo que significa que debe estar firmado en su totalidad por los tres miembros que habrían conocido el proceso. Sin embargo, conforme así esta expuesto en el escrito de apelación de sentencia que la defensa sustenta, el día 13 de mayo cuando se dio lectura a esta sentencia, en primer lugar, úni- camente concurrió la señora directora de debates que fue la doctora Robles Briceño y fue evidente que no se había terminado de escribir completamente la sentencia y de eso quedó constancia en el audio de lectura de la misma. Además, momentos antes la Dra. Mery Robles Briceño estaba terminando de tipear la sentencia, lo cual a criterio de la defensa significa que no habido un debido debate de los tres miembros del juzgado colegiado, sino que además habría sido redactado solamente por la directora de debates lo cual la defensa no considera apropiado, porque tratándose de un delito tan grave como el de violación sexual era necesario que los tres miembros del juzgado debatan para ver si realmente existía la posibilidad o no de impartir una sentencia

295 EJECUTORIA SUPREMA recaída en el RN Nº 63-04-La Libertad. En PEÑA CABRERA FREYRE, Raúl “Derecho Penal-Parte Especial”. Tomo Edición 2008

condenatoria, y no tratándose de un juzgado unipersonal para que solamente quede a criterio de un miembro del juzgado. 10. Que, otro de los fundamentos esgrimidos por la defensa es que conforme lo señala el artículo 359° inciso 2 del Código Procesal Penal, cuando el juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros siendo de preveer que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un impedimento, será reemplazado por una sola vez por el juez llamado por ley, a condición de que el reemplazado continúe interviniendo con los otros dos miembros. En el pre- sente caso, en la primera sesión de audiencia del juicio oral que se instalo con- tra su patrocinado, la defensa manifiesta que comparecieron los doctores Ro- bles Briceño, Namuche Chunga y el Dr. Ortiz Mostacero. Esta primera sesión fue muy importante, porque estuvo presente la agraviada quien dio su versión de los hechos, incluso hubo un careo entre la agraviada y su patrocinado; sin embargo, a partir de la segunda sesión de audiencia, el Dr. Ortiz Mostacero ya no concurrió y fue reemplazado por la Dra. Silvia Vergara Hernández, la misma que continúo en las siguientes sesiones de audiencia hasta el momento de los alegatos de clausura. Siendo así, la defensa considera que no se ha res- petado el mandato imperativo del artículo antes mencionado. En la primera sesión de juicio oral, quedo plenamente acreditado las contradicciones en las que incurrió la agraviada, cuando la misma fue sometida a un careo con su patrocinado, pues esta señaló que el día de los hechos habría abordado una mototaxi, en la cual supuestamente el acusado la habría ame- nazado con un arma de fuego, para posteriormente llevarla a una habitación junto con otros sujetos y la habría sometido a una violación sexual; sin embar- go, en ese careo quedo acreditado que si su patrocinado estaba conduciendo el moto taxi con ambas manos no era posible que simultáneamente haya po- dido amenazar con un arma de fuego a la agraviada. 11.

Que, también ha quedado acreditado que existe una pericia química biológica de ADN, en la cual se concluye que las muestras de espermatozoides encon- tradas en la vagina de la agraviada no le corresponden al señor Abel Vásquez Williams, él está excluido y la toma de muestras que se realizó, permite de- mostrar a la defensa que no hubo violación sexual por parte del acusado, porque no se encontró restos de espermatozoide que le pertenecieran a él. Siendo así, esto resulta más que necesario para que la ilustre Sala evalué lo expuesto por la defensa y declare nulo el juzgamiento y se pronuncie por un nuevo proceso.

12. Que, a su turno, el representante del Ministerio Público señaló, respecto a la primera parte de la exposición de la defensa en cuanto a la nulidad porque no se habría respetado el debido proceso, que efectivamente la norma permite que se reemplace a un magistrado por una vez, pero en ese caso, la fiscalía no considera que esto acarree causal de nulidad de la sentencia.

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13. Que, por otro lado, la defensa ha referido también que la directora de debates habría sido la única persona que concurrió a la lectura de sentencia. La norma procesal en los artículos 392° hacia delante señala que efectivamente el co- legiado debe debatir, esto ha sucedido así, y en cuanto a la redacción esta se le encarga a la directora de debates y eso es lo que ha ocurrido. Además, hay que tener presente que esto no sería trascendente a efectos de que deba de- clararse nula la sentencia, por cuanto incluso si las partes no asintieran, estos podrían ser notificados conforme corresponde o en todo caso, incluso puede darse lectura con las partes que asistieran, en este caso el Ministerio Público o las demás partes. 14. Que, respecto al fondo del asunto, la fiscalía considera que en juicio oral, se ha verificado a través de la actuación probatoria que la persona de Abel Vásquez Williams, conjuntamente con otras cuatro personas habrían sido los que el 07 de julio del 2010 habrían participado en la comisión del hecho de violación se- xual en agravio de la menor de iniciales M.J.R.B. de 15 años de edad, razón por la cual se apertura la investigación de los hechos, comprendidos en el artículo 173° numeral 3 del Código Penal; sin embargo, hay que tener en cuenta que al tratarse de un hecho que se produjo en la clandestinidad, la declaración de la menor resulta sustancial. En este caso aparece la consistencia y la persis- tencia mantenida en el tiempo, esto es que la menor ha referido como una de las personas que ha participado en el hecho materia de investigación al señor Abel Vásquez Williams, que incluso señala que lo conoce porque maneja una moto y que lo ha visto jugar fulbito en una cancha ubicada en la parte alta de La Esperanza. 15. Que, se actuó a efectos de poder verificar la sindicación efectuada por la menor, otros elementos periféricos que corroboran lo dicho por la menor, esto a efectos de dar validez al Acuerdo Plenario N° 2-2005 de la Corte Suprema de Justicia. Se actuó también la declaración de la perito psicóloga Patricia Eliana Rodríguez Mendoza, quien ha señalado que el imputado seria una persona con precario manejo del control de sus impulsos, tiene cierta inclinación por una conducta delictiva; se actuó además, la pericia practicada a la agraviada, cuya perito ha referido no concluyo con las tres sesiones necesarias para de- terminar el perfil de la menor, lo cual se sustenta en que la menor agraviada, en juicio ha declarado haber sido objeto de amenazas a efectos de que no con- curra a juicio o que no se someta a la pericia lo cual se ha producido. Así mis- mo, se actuó la declaración de los efectivos policiales que el día de los hechos han intervenido y han encontrado a la menor en la parte alta de La Esperanza, por cuanto había sido solicitada su presencia por parte del propietario de la vivienda en que esta se había refugiado –en circunstancias que había huido del lugar de los hechos- esto es la persona de Filomeno Vásquez Chungues, propietario de la vivienda contigua al lugar donde habrían ocurrido los he-

chos. Las personas de los testigos que han declarado en juicio oral, estos son los efectivos policiales de nombre Héctor Chinchay Salazar y Paul Ulloa Ánge- les, señalan que al tomar conocimiento al llegar al lugar de los hechos han de- terminado que el investigado y otras personas habrían abusado sexualmente de la menor. Para efectos de determinar que se produjo la agresión sexual, se actuó también la declaración del médico legista Cecilia Bellina Montoya, auto- ra del Certificado Médico, la cual determino que la menor agraviada tenia un desgarro en la membrana himeneal sangrante y tumefacta, lo que evidencia que la persona de la agraviada ha sido objeto de agresión sexual. 16. Que, conforme lo referido por el abogado de la defensa, se ha tomado las muestras encontradas en la cavidad vaginal en el cual se evidencia la presen- cia de restos de espermatozoides. Dentro de los argumentos por lo cual esta- ría pretendiendo sustentar su no responsabilidad el sentenciado es respecto a la pericia de ADN, si bien esta pericia no lo vincula de forma directa respecto a la presencia de espermatozoides, hay que tener en cuenta que la menor agra- viada ha referido -y esto sería la justificación- que la persona de Abel Vásquez Williams, la persona conocido como gordo, el Abelasho y otras dos personas habrían sido quienes el día 07 de julio del 2008 habrían procedido a realizar el acto sexual contra la voluntad de la menor, en ese sentido se justificaría la no presencia de restos seminales que vinculen al hoy sentenciado, por cuan- to ha sido un razonamiento válido y que no sería determinante por haberse dado con la participación de otras personas y de que estos restos seminales pertenecerían a otros, por cuanto hay una explicación lógica de que en ese acto sexual podría no haber eyaculado el sentenciado, pero que existe la incri- minación persistente y coherente de parte de la agraviada, así como los otros medios probatorios de carácter periférico que determinan que la persona de Abel Vásquez Williams seria el responsable de los hechos que se han inves- tigado. En ese sentido la fiscalía considera que existe el caudal probatorio suficiente a efectos de determinar la responsabilidad penal del sentenciado. 2.3.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.17. Que, en principio resulta necesario dejar anotado que la presente resolución es expedida en mérito a la apelación interpuesta por la defensa del sentencia- do apelante, en contra de la sentencia emitida en primera instancia por la cual se le condena por el delito de violación sexual de menor de edad, en agravio del menor de iniciales M.J.R.B., señalando como fundamento de su apelación el incumplimiento de lo prescrito en la norma procesal penal contenida en los artículos 359° numeral 2, 392° a 396, efectuada por el A-quo, y la falta de prueba de carácter objetivo que sustenten la responsabilidad del apelante. 18. Que, esta Superior Sala, luego de analizar los actuados del expediente judi-

cial y los registros de audio del presente proceso, así como de evaluar los

argumentos vertidos por el Juzgado Penal Colegiado en la sentencia materia de impugnación en la que se condena al acusado Abel Vásquez Williams, así como aquellos fundamentos esgrimidos por las partes en esta segunda ins- tancia, considera que debe definirse, en que la litis se centra en determinar si lo solicitado y esgrimido por la defensa del sentenciado apelante constituye fundamento para declarar la nulidad de la sentencia emitida por el juzgador de primera instancia. 19. Que, respecto al incumplimiento de lo que prescribe el articulo 359° numeral 2 del Código Procesal Penal, este establece: “…cuando el juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un impedimento, será reemplazado por una sola vez por el Juez llamado por Ley, sin suspenderse el juicio, a condición de que le reemplazado continúe interviniendo con los otros dos miembros…”. Que, conforme se tiene de la revisión de los audios del juicio oral en la sesión realizada el 09 de mayo del año en curso, la directora de debates Mery Robles Briceño, dejando constancia que en ese acto interviene la Dra. Silvia Gaspar Hernández por licencia concedida al Dr. Cesar Augusto Ortiz Mostacero. Así mismo, en la audiencia de continuación del juicio oral realizada el 11 de mayo del presente año, se tiene que al instalarse la audiencia continúo interviniendo la Dra. Silvia Gaspar Hernández, hecho que continuo repitiéndose al instalarse la audiencia de lectura de sentencia llevada a cabo el día 13 de mayo del año 2011, en la que la directora de debates señala que el Juzgado Colegiado esta integrado por los señores jueces Enrique Namuche Chunga, Silvia Gaspar Hernández y Mery Elizabeth Robles Briceño. Que, atendiendo a lo señalado anteriormente y a lo establecido por la norma procesal, este Colegiado advierte que en el caso en análisis se aprecia una inobservancia a lo establecido y al mandato imperativo que contiene el articulo 359° inciso 2 del Código Procesal Penal, por lo que lo señalado por la defensa es correcto y encuentra sustento en lo prescrito por la norma procesal en mención. 20. Que, en cuanto a otro de los fundamentos expuestos por la parte recurrente, se tiene que el A quo habría incurrido en una violación a lo establecido en los artículos 392° a 396° del Código Procesal Penal que norman las reglas para la deliberación del fallo y la sentencia. En virtud a esto, es pertinente señalar que el artículo 394° numeral 6 establece como requisitos de la sentencia: “la firma del juez o jueces”, así como el artículo 396° numeral 1 que prescribe: “El Juez Penal, Unipersonal o Colegiado, según el caso, se constituirá nuevamente en la Sala de Audiencias, después de ser convocadas verbalmente las partes, y la sentencia será leída ante quienes comparezcan.” Que, de la escucha del audio, se advierte que el día 13 de mayo de 2011, fecha en se realizó la lectura de sentencia, al finalizar la misma, la defensa formuló su recurso de apelación de-

jando constancia del hecho de que para la lectura de la presente sentencia no se ha constituido el Juzgado Colegiado y solo ha concurrido la directora. Así mismo, que para el momento de la lectura de sentencia, esta debe encontrarse debidamente firmada por todos los miembros del Colegiad; sin embargo, de la observación realizada se tiene que la misma no se encuentra rubricada por todos como debería de ser para que se pueda dar lectura a la misma, a lo que la directora de debates Dra. Mery Robles Briceño señaló: que no es requisito indispensable que asisten los tres miembros a la audiencia para dictar sen- tencia, porque tan solo es un acto público y que dicha sentencia había sido votada después de concluido el debate probatorio. 21. Que, atendiendo a lo señalado en el considerando precedente, a criterio de esta Sala Superior, el juzgador de primera instancia ha incurrido en inobservancia a lo establecido en los artículos 392° a 396° y por ende se ha vulnerado el derecho al debido proceso y la tutela procesal efectiva, y como consecuen- cia acarrea la nulidad del juzgamiento puesto que, la violación de los precep- tos normativos es insubsanable, toda vez que atenta contra el debido y la tute- la procesal efectiva como se encuentra anotado, así como vulnera el principio de legalidad procesal viciando de nulidad absoluta el acto, constituyendo una afectación al derecho a la defensa, el que sea uno sólo de los jueces del Co- legiado quien de lectura a la sentencia recaída en dicho proceso, generando una razonable duda de que la misma haya sido discutida y votada conforme lo prescribe el Código Procesal Penal. 22. Que, expuestos así los hechos, y al apreciarse objetivamente una infracción punible de los deberes funcionales, por parte del Colegiado que efectuara el juzgamiento, y expidiera la sentencia, amerita que se deriven copias al Órgano de control a efectos de se investigue y se determine las responsabilidades a que hubiere lugar. 23. Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien el sentenciado ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, tal acto lo ha realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional y procesal 296 a la doble instancia y ha tenido razones fundadas para ello, por lo que debe eximírsele del pago de costas.III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experien- cia, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL

296 Art. 106 Código Procesal Penal

DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO: 1)

NULA la sentencia de fecha 13 de mayo del 2011, la cual falla condenando a Abel Vásquez Williams como autor del delito de Violación de la libertad sexual en la modalidad de Violación de menor de edad en agravio de la menor de iniciales M.J.R.B, a la pena privativa de libertad de veinticinco años con carácter de efectiva, y fijando el pago de una Reparación Civil ascendente al monto de S/.2,500.00 nuevos soles, a favor de la menor agraviada.

2)

ORDENARON se realice un nuevo juicio oral, por otro juez.

3)

ORDENARON se cursen copias al Órgano de control a efectos de se investigue y se determine las responsabilidades en que hubieren incurrido los magis- trados que conforman el Juzgado Penal Colegiado.

4)

DISPUSIERON que Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución, se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen, para los fines de Ley. Actuó como Juez Superior Ponente, el Dr. José Ricardo Cabrejo Ville- gas.-

65.- VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL Nº : 0040-2009-33-1601-JR-PE-01 ASISTENTE JURISDICIONAL : EIDAN VALDEMAR ULLOA RUIZ AGRAVIADO : MENOR DE INICIALES K. T. V. Ñ. IMPUTADO : YON ELMER VERA CORTEZ DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD MINISTERIO PÚBLICO : DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL SUPERIOR PENAL ADJUNTO I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO IMPUGNANTE : MINISTERIO PUBLICO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE Trujillo, veintisiete de Septiembre de Dos Mil Diez. VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRI- NA MIÑANO (Juez Superior Titular) y el doctor CARLOS AURIO PRADO MUÑOZ (Juez Superior Supernumerario) que interviene por licencia del doctor VICTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular, Presidente), en la que interviene como parte apelante, el MINISTERIO PUBLICO quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, resolución número diecisiete de fecha veintisiete de mayo de dos mil diez. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.

Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recur- so de apelación interpuesto por el MINISTERIO PUBLICO contra la sentencia absolutoria, resolución número diecisiete de fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, obrante en las páginas ciento dos a ciento once; la misma que ab- suelve a YON ELMER VERA CORTEZ por la comisión del delito de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales KTVÑ.

2.

Fundamentos del Recurso de Apelación:

2.1.

En el recurso de apelación obrante en las páginas ciento trece a ciento dieciséis, así como en la sustentación oral conforme a la Audiencia de

Apelación, el Ministerio Público interpone recurso de apelación, solici- tando concretamente que se declare la REVOCATORIA de la resolución venida en grado y reformándola se le condene al imputado.

3.

2.2.

Precisa, que el Colegiado no ha realizado una correcta interpretación de los criterios para valorar los medios de prueba aportados, pues a través de la actividad probatoria se acredita el delito, la autoría y la responsabilidad del imputado. Sostiene que el Juzgador ha considerado que hay insuficiencia probatoria e invoca el principio de in dubio pro reo, sin embargo, entre junio y octubre de dos mil ocho, el procesado habría realizado el acto sexual, siendo padrastro de la menor, y que tratándose del delito de Violación sexual de Menor de Edad, éste se realiza en la clandestinidad, por ello no existe prueba directa, siendo la sindicación de la agraviada persistente y coherente. Además también el error consiste en que el Colegiado que juzgó menciona que hay incredi- bilidad subjetiva por existir problemas entre convivientes, por razones de venganza y odio, lo que no resulta cierto porque la menor pone en conocimiento de su abuela y ella es la que hace la denuncia. Y respecto a la imprecisión en la declaración de la menor en cuanto a la fecha en que ocurrieron los hechos, se debe tener en cuenta su minoría de edad.

2.3.

Además, sostiene el apelante que la declaración de la agraviada está co- rroborada con la Pericia Psicológica, la que en forma periférica sustenta la responsabilidad y comisión del delito, por ello los medios probatorios resultan suficientes para una sentencia de condena.

2.4.

El procesado, a través de su Abogado Defensor, solicita que se confirme a venida en grado por insuficiencia probatoria, que en instancia supe- rior nos e ha ofrecido ninguna prueba y que solo cuestiona el análisis de la prueba del Juzgador de primera instancia. Haciendo un análisis del Considerando Undécimo de la sentencia apelada manifiesta que existe única y exclusivamente la declaración de la menor, y que nos se puede dar valor a la Pericia Psicológica que no ha sido introducida a juicio con las declaraciones de los Peritos. Agrega que el Certificado de ur- gencia concluye que tiene himen complaciente y no tiene ningún signo de violencia, por ello no existen suficientes medios probatorios, ya que tampoco se ha desarrollado por el Ministerio Público una actividad pro- batoria que permita revertir o desvirtuar los fundamentos o valoración del Juzgador de primera instancia.

Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso

penal en su conjunto.

III. ACTUACIÓN PROBATORIA EN AUDIENCIA DE APELACION. Ante esta instancia superior no se han admitido ni actuado medios probatorios. IV.

CONSIDERANDOS

1.

PREMISA NORMATIVA: A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE CATORCE AÑOS DE EDAD, contenido en el artículo 173º del Código Penal, el cual prescribe que: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las primeras vías, con un menor de edad, será reprimido por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: ... 2.Si la víctima tiene entre diez años de edad y menos de catorce, la pena será no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco. Con el agravante de que si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le de particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua”. Este colegiado tiene a bien señalar que en el delito de Violación Sexual de menor de catorce años de edad, el bien jurídico tutelado es la intangibilidad o indemnidad sexual de la menor agraviada, teniendo en cuenta que lo que la norma penal protege en los impúberes es su libre desarrollo sexual y psicológico en relación con los mayores, debido a su incapacidad de discernir y el estado de indefensión dada por su minoría de edad; de allí que el legislador sancione con penas severas al sujeto activo de este delito.

2.

Como reconoce la doctrina penal, en el caso de menores, el ejercicio de la sexualidad se prohíbe en la medida que puede afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico en el futuro; de allí que para la realización del tipo penal no entre en consideración el consentimiento del menor, pues éste carece de validez, configurándose una presunción iuris et de iure de la incapacidad de los menores de consentir válidamente.

3.

A nivel de la doctrina y la jurisprudencia se han esbozado presupuestos para determinar la responsabilidad penal por violación sexual; esto es: a) que exis- ta un presupuesto temporal, es decir que no debe existir un intervalo de tiem- po considerable y pronunciado entre el último acto comisivo del delito y la fe- cha de la denuncia; b) que haya un presupuesto lógico, que se debe dar entre la declaración de la agraviada, respecto a la relación de autoría que deben ser regulares y uniformes; c) se exige también, que la víctima mantenga coheren-

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temente sus afirmaciones tanto respecto al hecho como al autor; requisito jurídico relacionado a la relevancia de la declaración de la parte agraviada, pues se supone que la declaración de la víctima ha de aportar suficiente información respecto a cómo ocurrieron los hechos y que las circunstancias del autor sean lo suficientemente idóneas para acreditar su plena identidad; d). Que haya comunidad de pruebas, a fin de que la versión de la parte agraviada sea corroborada con el certificado médico legal y el reconocimiento psicoló- gico. Que aplicando estos presupuestos al término del proceso, la imputación debe ser contundente respecto a que la víctima fue violada en su indemnidad sexual, toda vez que tratándose de menores de edad, no siempre pueden ex- presarse libremente. 4.

FUNDAMENTOS FACTICOS. Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, resolución número diecisiete de fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, obrante en las páginas ciento dos a ciento once; la misma que absuelve al procesado YON ELMER VERA CORTEZ como autor del delito Contra la Libertad Sexual, en su mo- dalidad de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales K. T. V. Ñ.

5.

Para fundamentar un juicio de condena se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral 297, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del procesado, es decir, que se haya desvirtuado la presunción de inocencia298, a la que algunos autores

297 “Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y continuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596. 298 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, impo-

prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad”, categoría jurídica que está íntima y directamente vinculada a la actividad probatoria, de igual forma el principio de in dubio pro reo, pues no es posible referirse a és- tos si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o cuando menos uno de estos, pues el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifestación del derecho de defensa. 6.

Siguiendo a EMILIO GÓMEZ ORBANEJA y VICENTE HERCE QUEMADA: el principio in dubio pro reo se ha considerado como una consecuencia induda- ble del principio nulla poena sine crimine, nullum crimen sine culpa, y se ha interpretado por la mejor doctrina como la exigencia de que la condena vaya precedida de la certidumbre de la culpa, pues la duda en el ánimo del juzgador debe conducir a la absolución; esto es: “El juez penal no puede condenar por un hecho que, según su libre convencimiento, es posiblemente no punible”, porque “la falta de prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia”.

7.

Siendo esto así, el in dubio pro reo funciona, en primer término, en el campo de la interpretación de la ley penal y su consiguiente aplicación. Tratándose de las normas sustantivas que contiene la parte especial del Código Penal, o sea, propiamente las que describen los diversos delitos, la interpretación ha de ser necesariamente restrictiva y, consecuentemente, favorable al inculpado. Quiere decir que el juez, al momento de aplicar la ley a una situación con- creta, en caso de abrigar duda sobre la aplicabilidad de la norma, debe deci- dirse en sentido negativo, o sea, optando por la no aplicación. El otro aspecto del in dubio pro reo es el procesal, que funciona al momento de apreciar la prueba. Si los elementos aportados no ofrecen una sólida convicción acerca de la responsabilidad o, dicho en otros términos, abren un margen razonable de duda, el veredicto ha de ser exculpatorio”.

8.

El Tribunal Constitucional, en el EXPEDIENTE N° 1994-2002-HC/TC ha precisado sobre el indubio pro reo que: “no es un derecho subjetivo, sino un principio de jerarquía constitucional cuyo fin es garantizar el cabal respeto del derecho fundamental a la libertad individual, bien para resguardar su plena vigencia, bien para restringirlo de la forma menos gravosa posible, en el correcto entendido de que tal restricción es siempre la excepción y nunca la regla”.299

niéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf 299 EXPEDIENTE N° 1994-2002-HC/TC

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9.

En otro pronunciamiento, el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en el EXPEDIENTE N° 00728-2008-PHC/TC (CASO LLAMOJA HILARES), en el considerando 36 segundo párrafo, este principio significa que en caso de duda sobre la responsabilidad del procesado, debe estarse a lo que sea más favorable a éste (la absolución por contraposición a la condena). Si bien es cierto que el principio indubio pro reo no está expresamente reconocido en el texto de la Constitución, también lo es que su existencia se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia, que sí goza del reconocimiento constitucional, como de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Carta Fun- damental).

10.

Ahora bien, cabe anotar que tanto la presunción de inocencia como el indubio pro reo inciden sobre la valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es algo objetivo, supone que a falta de pruebas aquella no ha que- dado desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incrimi- natorias, sino a la entidad y cualidad que deben reunir estas). La sentencia, en ambos casos, será absolutoria, bien por falta de pruebas (presunción de inocencia), bien porque la insuficiencia de las mismas - desde el punto de vista subjetivo del juez - genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo), lo que da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente.300

11.

Es en ese sentido, que siendo argumento principal del recurso de apelación que existen medios probatorios suficientes que el Juzgador que emitió la sen- tencia apelada no ha sabido valorar, que este colegiado superior verifica si se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas que han sido materia de un debate contradictorio por parte del representante del Ministerio Público y la defensa del procesado, precisándose que las pruebas actuadas consisten en la declaración de la menor agraviada y las documentales consistentes en el Acta de Nacimiento, Certificado Médico y protocolo de Pericia Psicológica.

12.

En el juicio oral, en virtud del principio de inmediación, el colegiado de primera instancia ha podido observar de manera objetiva la declaración de la agraviada, cuya valoración la realiza en la primera parte del Considerando Undécimo, habiéndose realizado su declaración bajo las garantías del contra- dictorio, mediante el interrogatorio formulado por el señor Fiscal y formulado el contra interrogatorio por parte de la defensa, habiendo motivado su deci-

300 EXPEDIENTE N° 00728-2008-PHC/TC. Considerando 37.

sión en forma consistente y razonada, al concluir que no reúne los criterios de certeza para ser considerada prueba incriminatoria. La descripción de la prueba personal de la agraviada actuada en juicio oral, tiene como mérito, que se ha tenido en cuenta los presupuestos previstos en el Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116 numeral diez“301; además, en relación a lo mencionado, el artí- culo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, siendo que este superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia. 13.

Asimismo este criterio es acorde a la Jurisprudencia, la que invoca que “el arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de Ape- lación, pero no la elimina. En esos casos,- las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisio-

301 Tratándose de las declaraciones de los coimputados y testigos, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico “testis unus testis nullus”, para ser consi- derada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a)

Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.

b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c)

Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior. (…)”.Guerrero López , Iván Salomón, en Common Law en el Perú?. Ju- risprudencia Penal Vinculante- Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116.pp 261.

nes en su discurso, etcétera) no son susceptibles de supervisión y control en apelación: no pueden ser variados… 302. 14.

Respecto de las documentales consistentes en el Acta de Nacimiento, Certificado Médico y protocolo de Pericia Psicológica; del primer documento se verifica la edad de doce años al tiempo del delito atribuido, y del certificado médico acredita que presenta himen complaciente pudiendo tener coito sin desgarrarse, no presentando lesiones traumáticas recientes y asimismo sin signos de actos contranatura. Y respecto del Protocolo de Pericia Psicológica, dicho informe no ha sido sometido al examen pericial o interrogatorio del perito a efectos de obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto del objeto de la pericia, sobre los fundamentos o conclusión que se sostiene, es decir, no ha sido incorporado a juicio conforme a lo previsto en el artículo 181 del Código Procesal Penal, de ahí se colige a incipiente actividad probatoria para acreditar la responsabilidad del acusado, que han creado dudas, que deben ser resueltas en el sentido mas favorable al reo, categoría constitucional contenida en el artículo 139.11 de la Constitución Política del Perú.

15.

Es en ese orden de ideas, que este superior jerárquico, ha determinado que se ha realizado una adecuada valoración de los medios probatorios de cargo presentados por el representante del Ministerio Público, la que se determina como insuficiente, por tal razón, la sentencia absolutoria venida en grado se ha sustentando en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana críti- ca, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, motivo por el cual decide la confirmatoria de la resolución apelada.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1).- CONFIRMAR, la sentencia resolución número siete de fecha seis de mayo de dos mil diez, obrante en las páginas cuarenta y cuatro a cincuenta y dos; la misma que ABSUELVE al acusado YON ELMER VERA CORTEZ como autor del delito Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales K. T. V. Ñ. 2).- NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, Señora Doctora Lilly del Rosario Llap Unchón.

302 CASACIÓN N° 05-2007-HUARA, 11 DE OCTUBRE DE 2007.

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66. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL Y TRATA DE PERSONA EXPEDIENTE IMPUTADO DELITO y AGRAVIADO PROCEDENCIA APELANTE ASUNTO

: 04385-2009-79-1601-JR-PE-02 : HORNA ZAPATELL, Antonio Esteban. : VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD : TRATA DE PERSONAS. : J. H. G. P. : JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO : RODRIGUEZ MUÑOZ, Luliana Consuelo, Abogada del sentenciado : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA

RESOLUCION NUMERO QUINCE Trujillo, diecisiete de Febrero Del Año Dos Mil Once VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integran- tes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA. 1.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1. Es materia de apelación la sentencia de fecha primero de Octubre del año dos mil diez, contenida en la resolución número diez y que obra en las páginas cuarenta y ocho a sesenta y dos, que condena a TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA a HORNA ZAPATELL, Antonio Esteban, por el delito de Violación Sexual de Menor y Trata de Personas, en agravio de la menor de iniciales J. H. G. P. 1.2. EL CONDENADO ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia condenatoria, solicitando la NULIDAD de la misma por haberse inobservado las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales y la inobser- vancia el contenido esencial de los derechos y garantías previstas por la Cons- titución, y La nulidad del juicio oral y que otro colegiado realice nuevo juicio. 1.3. La defensa indica, en la Audiencia de Apelación, en cuanto a delito de Trata de Personas menores de edad, alegando que no existió una suficiente motivación ya que no se ha especificado en que hechos probados se encuentra previsto este delito y en que hechos se ha configurado dicho delito, sólo se señaló la manera general los hechos que para el juzgador han sido probados. Así en el Considerando 7.6 de la sentencia señala estar probado que la due- ña del prostíbulo Quinto Patrio, reconoce ser dueña del libro en

que se en- cuentra registrada una persona llamada Fiorela (debiendo especificar que las

señoritas que trabajan en este local nunca ingresan con su verdadero nombre, siempre dan un nombre falso o seudónimo) y las fechas en que aparece registrada, pero en ningún momento se explica la relación que tiene ésta con los hechos que se le imputan al sentenciado, e inclusive según las declaracio- nes de la dueña del local, ésta señala que no conoce al imputado, siendo así, de qué manera es que se le puede sindicar el delito de Trata de Personas no habiéndose motivado en que supuesto se configura el tipo penal. Asimismo, que la sentencia solo señala que mediante oficios dan cuenta la existencia de prostíbulos, lo que no acredita que el imputado haya cometido el delito, puesto que estos oficios sólo acreditan la existencia de prostíbulos mas no prueban que el imputado se dedique a la trata de personas, agregando que no se ha tenido en cuenta las declaraciones testimoniales de la madre y her- mana del acusado y de la propietaria el prostíbulo El Quinto Patio. 1.4. El Ministerio Público sostiene que se ha desplegado abundante actividad probatoria, como las testimoniales de Betty León Villavicencio y Anita Horna Zapatell, que estuvo presente cuando la agraviada fue llevada desde la Plaza de Armas de Chao, así como la Pericia psicológica actuada, existiendo con- vención probatoria respecto de la Pericia Médica en cuanto a la desfloración antigua que presenta la menor; indicando que en la sentencia no sólo se ha hecho un juicio de tipicidad y se ha analizado los elementos de los tipos pe- nales de Violación y el de Trata de Personas, sino de toda la prueba actuada. 1.5. Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un examen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. 2.

CONSIDERANDOS:

•

FUNDAMENTOS JURIDICOS

2.1. El delito de Violación sexual de menor de edad previsto en el artículo 173 del Código Penal prescribe: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad…. inciso 2) Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco”. 2.2. El delito de Trata de Personas previsto en el artículo 153 del Código Penal prescribe: “El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la

República o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior.” Y el artículo 153 – A en su segundo Párrafo “La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando: 2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.” 2.3. El Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, señala como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los he- chos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifi- que”. 2.4. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiem- po es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con el texto Constitucional y las leyes (artículos 45º y 138º de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efec- tiva su derecho de defensa. Es así que en el Expediente N.º 1230-2002-HC/ TC, señaló que “La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa (…) Tampoco garantiza que, de manera pormenoriza- da, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea con- secuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controver- sia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea

proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver”.303 2.5. Además el Tribunal Constitucional ha establecido que ”El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos judi- ciales una respetuosa, razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejer- cicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitu- ción y a la Ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (…). En tal sentido(…) implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecua- da los fallos que emita en el marco de un proceso(…) Fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justifi- cación de por qué el hecho investigado se encuentra dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamiento del fallo y lo pretendido por las partes; y c) que por sí mismas expresen una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando ésta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión304. 2.6. La doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso dis- cursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRALGO)”305.- Según Olsen Ghirardi306 se considera que la

303 EXP. N.° 03069-2010-PHC/TC. Piura. TEOBALDO SAAVEDRA. CHAMBA. 15 de Octubre de 2010, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados MesíaRamírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani. 304 Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, 1°ed. Enero 2009, p.702-703 305 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201.

306 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231.

resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. 2.7. Para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resolucio- nes jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máxi- mas de experiencia307, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contra- rio, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras: a)

Falta absoluta de motivación: Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.

b)

Motivación aparente: En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzga- dor glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamen- to308; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambi- guas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una mo- tivación real309.

c)

Motivación insuficiente: Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que

307 Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146. 308 FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117. 309 GHIRARDI, O., op cit., pág. 231.

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llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la con- vicción310. Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbi- trariedad”311. d)

Motivación incorrecta: Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.

•

FUNDAMENTOS FACTICOS

2.8. El Ministerio Público ha precisado los hechos y circunstancias que son objeto de la acusación como los siguientes: El trece de Junio del dos mil siete, aproximadamente a las siete de la noche el procesado conjuntamente con sus guardaespaldas, privó ilegítimamente de la libertad personal a la agraviada, haciendo uso de violencia y amenazas, trasladó a la menor de iniciales J. H. G. P. de trece años de edad, desde la plaza de armas de Chao – Virú, lugar donde vivía la menor, hasta la ciudad de Trujillo hasta el domicilio de Hilda del Carmen Zapatell Llantas, madre del imputado, ubicado en Juan de Cuellar Nº 1125 de la Urbanización Los Jardines; donde la retuvo dos días, desde donde la obligó a que se comunique con su familia al celular 949266759 de su hermano Bonny, a fin de mentirle a su madre y decirle que estaba en Lima tra- bajando. Posteriormente la llevaron a Lima quedándose en un departamento ubicado en el primer piso de un amigo del imputado que estaba en el mismo negocio de la prostitución y fue en ese lugar donde fue violada por primera vez durante los cuatro días que permaneció en ese lugar. Retornándola a Tru- jillo a casa de la madre del imputado y de ahí a la casa de un tal Paya en El Milagro y el imputado le proporcionó un DNI falso con el nombre de FIORELA BELEN JERÓNIMO FRANCO, como si tuviera 18 años de edad, con ese DNI la llevaron al prostíbulo Quinto Patio ubicado en el Milagro en donde la obligó

310 Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103. 311 Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102.

a prostituirse por primera vez, amenazándola que se decía algo le haría lo mismo a su hermanita de nombre Trilce, además que era golpeada, en donde la prostituyó por quince días y que por indicación del acusado no podía hacer sexo anal. Desde El Milagro la trasladó hasta Huacho, al prostíbulo El Manza- no ahora conocido como El Buen Retiro, en donde igualmente fue explotada sexualmente por quince días aproximadamente y como el imputado se enteró de la denuncia por la desaparición de la menor, le dio trescientos nuevo soles para que le dé a su familia y la llevó hasta Chao, para que visite a su familia siempre bajo constantes amenazas para que no les diga la verdad.Luego la trasladaron a Huacho y de ahí a Ica a un prostíbulo aproximadamente por un mes. De Ica la llevaron a Chincha al prostíbulo Las Cucardas, igualmente por un mes y de ahí al prostíbulo del mismo nombre pero en Lima y era el prostí- bulo más caro. Luego al prostíbulo del Callao de nombre Los Pinos Verdes, en donde se quedaba con el imputado en un hostal por la avenida dos de Mayo en Lima y de ahí la llevaban al prostíbulo para que trabaje. Siempre era el imputado el que cobraba por los servicios sexuales de la menor en los dife- rentes prostíbulos que la colocaba. En Noviembre del dos mil siete la lleva el imputado a la localidad de Chao, para que visite a su familia, siempre bajo las amenazas para que no levante sospechas y que diga que se iba al Cuzco a tra- bajar; pero la verdad es que el acusado le dijo que iba a ser la última vez que vería a su familia, la menor escuchó que la trasladarían y de ahí nunca podría regresar, retornando a Lima. En Diciembre del dos mil siete luego de muchos intentos logra liberarse cuando la explotaban en un prostíbulo en El Callao con al ayuda de un cliente eventual logra escaparse y registra su denuncia el veintiuno de Diciembre del dos mil siete ante la Comisaría María Laura Caller de los Olivos de Lima, interviniendo la Fiscalía de Familia competente y dispo- niendo que la menor sea protegida en el Albergue de Salamanca, desde donde envió un mensaje a su familia y luego de los trámites fue entregada a su madre el catorce de Febrero del dos mil ocho. 2.9. Siendo que la impugnación confiere a este colegiado competencia para resol- ver la materia impugnada, manifestándose la pretensión en la nulidad de la sentencia, bajo esta facultad, es necesario determinar si la sentencia apelada carece de motivación, respecto del delito de trata de personas, como lo ha sostenido en su teoría del caso, en esta instancia, la defensora del procesado. La Sala Superior al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se ha sustentado en los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, sobre la base de hechos que se han determinado jurídicamente; es en ese sentido, que éste colegiado advierte para sustentar el juicio de condena se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas que han sido materia de un debate contradictorio por parte de la

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representante del Ministerio Público y la defensa del procesado que han per- mitido estimar que los hechos materia de investigación están vinculadas a la conducta que ha observado el sentenciado. 2.10. Menciona la sentencia venida en grado, obrante en las páginas sesenta y cua- tro a setenta y uno, respecto del delito de Trata de Personas, en el conside- rando primero la enunciación de los hechos y las circunstancias objeto de acusación por el Ministerio Público y en la parte considerativa ha establecido la Calificación Legal del mencionado delito, así como la actuación probatoria en juicio oral, como las testimoniales, las cuales al ser sometidas a debate con- tradictorio no han sido desvirtuados en su mérito y valor probatorio, no han sido cuestionadas en su contenido; que respecto a las tres testimoniales de cargo de Bety León Villavicencio (dueña del prostíbulo), Anita Horna Zapatel (hermana del acusado) e Hilda Zapatel Llatas (madre del acusado), tampoco se ha logrado desvirtuar la capacidad, veracidad e imparcialidad, por consi- guiente dichas pruebas mantienen su plena validez causando convicción al juzgador, siendo de aplicación el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal que prescribe que “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferen- te valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juzgador de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, siendo que este superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia. 2.11. Toda la descripción de la prueba actuada en juicio oral, y la valoración corres- pondiente se encuentra descrita en el considerando 7 y tiene como mérito que se ha mostrado que el Juzgado Colegiado ha realizado la valoración de las testimoniales antes mencionadas, la pericia psicológica de la menor, el libro diario del Prostíbulo Quinto Patio y los oficios remitidos; todo este acervo probatorio en forma conjunta ha determinado que la resolución venida en grado ha sustentado debidamente su tesis condenatoria, razón por la que la sentencia ha sido debidamente motivada, en virtud al principio de unidad de la prueba, que de manera indiscutible genera certeza en el juzgador, eviden- ciándose de su contenido una consistente y razonada motivación, es decir, que al emitir sentencia se ha merituado los hechos y las pruebas actuadas y sin que se pueda otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal de la menor agraviada la misma que ha sido contrastada en forma integra y

conjunta con el resto de la probanza actuada, a fin de dar un valor unitario a los hechos que se postulan, llevándose a cabo una adecuada compulsa proba- toria, que permite arribar a los fines del proceso penal vigente de acuerdo al nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial. 2.12. Es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, al haber realizado un análisis conjunto, en virtud al principio de unidad de la prueba, ha determina- do que el Juzgador ha realizado una adecuada valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo presentados por el representante del Mi- nisterio Público, los mismos que han sido ofrecidos y actuados en audiencia de juicio oral, contando por tal motivo con todas las prerrogativas para llevar a cabo un trámite adecuado del proceso penal al cual se encontraban sujetos las partes procesales, por tal razón, se determina que la sentencia condena- toria venida en grado se ha sustentando en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, sin que se haya vulnerado el debido proceso y motivación deficiente de resoluciones judiciales, motivo por el cual se advierte que la venida en grado no ha incidido en causal de nulidad. 3.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIO- NES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMI- DAD, RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia de fecha primero de Octubre del dos mil nueve, que CONDENA por unanimidad al acusado HORNA ZAPATELL, Antonio Esteban, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad y Trata de Personas, en agravio de la menor de iniciales J. H. G. P. y le impone TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, y fija por concepto de reparación civil la suma de DOCE mil nuevos soles, con lo demás que contiene.



ORDENARON que consentida o ejecutoriada la presente resolución se devuel- va el cuaderno al Juzgado competente.

Intervino como Directora de Debates, la señora Juez Superior, LILLY DEL RO- SARIO LLAP UNCHON

67. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENORES DE EDAD - CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL INCULPADO ISISOLA DELITOS AGRAVIADOS PROCEDENCIA IMPUGNANTE MATERIA

: Nº 03671-2010-72-1601-JR-PE-01 : MARCOS FRANCO VELARDE : Violación Sexual de Menor de Edad : Menor R.E.H., L. E. H. Y J. E.R. A. : JUZGADO PENAL COLEGIADO : condenado : Sentencia de CONDENA.

SENTENCIA Trujillo, Enero veintiséis Del Año Dos Mil Once.VISTA Y OÍDA en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magis- trados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de la Sala y Director de Debates), Doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Juez Superior Titular) y el Doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA (Juez Superior Titular), en la que interviene como apelante el inculpado Marcos Franco Velarde Isisola , los abogados del acusado Wilser Víctor Chávez Acevedo y Karla Martinez Sánchez así como el representante del Ministerio Público el Doctor Car- los Matamoros Curipaco. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

01. Viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia por la cual se condena a Marcos Franco Velarde Isisola como autor del delito de Violación sexual de menor de edad, en agravio de las menores de iniciales R.E.H., L. E.H. Y J.E.R.A., a TREINTICINCO AÑOS de pena privativa de libertad efec- tiva, así como el pago de una reparación civil ascendente al monto de CIN- CO MIL NUEVOS SOLES, TRES MIL NUEVOS SOLES Y TRES MIL NUEVOS SOLES a favor de las menores agraviadas R.E.H., L.E.H. Y J.E.R.A.; habiendo interpuesto apelación el condenado respecto a todos los extremos de la sen- tencia.--2.

En su recurso de apelación de fojas ciento cuarenta y cuatro, el procesado a través de su defensa técnica, sostiene que el colegiado no ha considerado que para emitir una sentencia se tiene que debe existir correlación entre acusa- ción y sentencia, toda vez que en la acusación respecto al hecho de violación sexual de la menor agraviada de iniciales R.E.H. de diez años de edad el ape-

lante sostiene que existe una total diferencia entre los supuestos de hecho imputado y lo que se ha establecido como hechos probados para fundamentar la sentencia, hecho que atenta contra el debido proceso y afecta el derecho de defensa toda vez que no se ha puesto a disposición de las partes los hechos tal como se indica en la recurrida sentencia; que, en la acusación presentada por el Ministerio Público, sobre los actos contra el pudor de menor de 14 años de edad, donde se le atribuye haber efectuado contra la menor agraviada de iniciales L.E.H. de 10 años de edad actos contra el pudor, y la sentencia recu- rrida existe una serie de incongruencias que afectan de manera flagrante lo estipulado en la norma procesal; que, respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público sobre los actos contrarios al pudor en menor de 10 años de edad, contra la menor de iniciales J.E.R.A., existe una evidente incongruen- cia entre lo que se acusa y los hechos que supuestamente están probados, lo que atenta de manera contundente al derecho de defensa y sobre todo al derecho de contradicción. 3.

En su recurso de apelación de fojas ciento cuarenta y cuatro, el apelante sostiene que es evidente la contradicción o ilogicidad manifiesta en la sentencia dictada por el colegiado, ya que su valoración se fundamenta sobre probanzas, que no sólo fueron insuficientes, sino que el mismo colegiado en el punto 11.9 ha concluido que: “….es cierto que las menores han dado algunos datos inexactos pero que son periféricos, mas no en el aspecto sustancial…”, siendo que en la sentencia recurrida, no ha indicado cuáles son esos datos inexactos.

4.

Que, como efecto de la apelación aludida, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un re examen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para emitir la sentencia condenatoria recurrida en cuanto al juicio de culpabilidad, la pena impuesta y el monto de reparación civil fijado, y en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera:

II.

CONSIDERANDOS:

0.1. PREMISA NORMATIVA A.- El delito de Violación Sexual de Menor de Edad, se encuentra prescrito en el artículo 173° del Código Penal vigente, modificado por la Ley 28704 y se configura en su tipo objetivo cuando el agente tiene acceso carnal por vía vaginal o bucal o realiza otros actos análogos, introdu- ciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad; siendo su elemento subjetivo el dolo, que presu- pone la presencia de la conciencia y la voluntad de realizar la conducta que el tipo prevé. Además las penas se gradúan según la edad del me- nor agraviado, siendo que para el caso de menores entre diez y menos de catorce años el inciso 2 del artículo en

comento ha previsto la pena no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años.-

B.-

El delito de Violación Sexual en la modalidad de Actos contra el Pudor de menor de edad, previsto en el artículo 176º-A inciso 2 del Código Penal, referido a “ El que si propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus parte íntimas o actos libidinosos contarios al pudor, será reprimido con las si- guientes penas privativas de libertad…2) sí la victima tiene de siete años a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve años.” y 3) sí la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años.”

C.- Doctrinalmente, debemos advertir que el delito de violación sexual se perfecciona con acciones sexuales, con las cuales el agente involucra a otra persona en un contexto sexual determinado, debiendo precisarse que con la ley 28251, la discusión respecto a considerar o no a la boca como una de las vías para consumar el delito ha concluido. Así actualmente ya no se discute que las vías pueden ser la vaginal, la anal y la bu- cal, como receptoras de la acción de penetrar, como acceso carnal; en el mismo sentido tampoco se puede ahora discutir respecto al objeto con el que se realiza el acto de penetrar, pues la norma ha establecido que puede tratarse de objetos o incluso partes del cuerpo, dentro de los que podemos considerar el pene, la mano, la lengua, dedos y otras partes de nuestro cuerpo que puedan cumplir la función física de introducirse en las vías antes precisadas. D.- El Bien jurídico protegido en los delitos sexuales, de modo genérico es la libertad sexual en sus vertientes positiva y dinámica; vale decir, la capacidad de la persona de la libre disposición de su cuerpo en el senti- do sexual y la facultad de comportarse sexualmente según sus propios deseos; mientras que negativamente es la facultad de negarse a intromi- siones en dicha esfera. Tratándose de menores, el ejercicio de la sexuali- dad con ellos se prohíbe en la medida en que puede afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones que incidan en su vida o su equilibrio psíquico en el futuro, mientras que la perturbación del desen- volvimiento de su sexualidad, puede afectar sus futuras relaciones, así como su estabilidad emocional o psíquica; así, en el caso de menores de edad el bien jurídico protegido es la indemnidad o intangibilidad sexual de los menores de catorce años de edad. E.- “La comisión del de violación sexual de menor está acreditado con el certificado médico legal de la menor agraviada, que describe el inicio de las relaciones sexuales a los nueve años…que igualmente la responsabi-

lidad penal del procesado…está acreditado con la imputación uniforme y directa de la agraviada.”312 . F.- “El delito tipificado en el artículo 173 inc. 3 del código penal…protege el libre desarrollo sexual del menor, en razón de que el ejercicio de la sexualidad con ellos se prohíbe en la medida en que puede afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico en el futuro”313. G.- El Acuerdo Plenario número DOS, del Pleno jurisdiccional de Setiembre del 2005, de la Corte Suprema de la República (30 de Setiembre del año 2005), desarrolla el tema del valor de la sindicación del testigovíctima, cuando en su décimo fundamento jurídico señala como garantías de certeza el tema de la ausencia de credibilidad subjetiva, la verosimili- tud y la persistencia en la incriminación, anotando para ello que dichas declaraciones no estén determinadas por –en el caso de la primera ga- rantía, existencia de relaciones entre agraviado e imputado, basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la par- cialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. En el caso de la segunda, que la verosimilitud no sólo incida en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar ro- deada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. Y en el caso de la tercera, que la persisten- cia o insistencia en la incriminación se sostenga con los matices del lite- ral “c” del párrafo anterior del mismo acuerdo referido a la observación de coherencia y solidez del relato. Esta es la posición adoptada por la jurisprudencia nacional en estos casos, a mayor abundamiento cuando la naturaleza privada, íntima y reservada de los delitos contra la liber- tad sexual ha permitido a la doctrina y a la jurisprudencia esbozar pre- supuestos “ … para determinar la responsabilidad penal por violación sexual; esto es, a) que exista un presupuesto temporal, es decir que no debe existir un intervalo de tiempo considerable y pronunciado entre el último acto comisivo del delito y la fecha de la denuncia; b) que haya un presupuesto lógico que se deba dar entre la declaración de la agraviada, respecto al hecho punible con las circunstancias de tiempo y lugar, así como respecto a la relación de autoría que deben ser regulares y unifor-

312 Ejecutoria Suprema del 9/6/99, Exp. Nº 1695-99 CALLAO. Frisancho Aparacicio, Manuel. Jurisprudencia Penal. Ejecutorias Supremas y Superiores, Lima. Jurista Editores. 2002, P. 331. 313 Ejecutoria Suprema del 12/8/99, Exp. Nº 1952-99 APURIMAC. Revista peruana de Jurispruden- cia. Trujillo, Editora. Normas legales. 2000, año II-Nº 3.P. 326.

mes; c) se exige también que la víctima mantenga coherentemente sus afirmaciones, tanto respecto al hecho como al autor; requisito jurídico relacionado a la relevancia de la declaración de la parte agraviada, pues se supone que la declaración de la víctima ha de aportar suficiente in- formación respecto a cómo ocurrieron los hechos y que las caracterís- ticas del autor sean lo suficientemente idóneas para acreditar su plena identidad; d) que haya comunidad de pruebas a fin de que la versión de la parte agraviada sea corroborada con el certificado médico legal y el reconocimiento psicológico. Que aplicando estos presupuestos, al tér- mino del proceso, la imputación debe ser contundente respecto a que la víctima fue violada en su indemnidad sexual, toda vez que tratándose de menores de edad, no siempre pueden expresarse libremente314.--H.- Por supuesto, en el caso de delitos contra la libertad sexual de menores de edad, el tipo no exige los medios violencia o grave amenaza, dada la natural fragilidad de un menor de edad en relación a un agresor(a) ma- yor, al punto que incluso el consentimiento es descartado como causal de exculpación. Por lo tanto, no se puede esperar en casos de violación de menores, rasgos o huellas de la defensa de la víctima o de la agre- sión o fuerza del agente. Podrá sí buscarse huellas del daño causado en su integridad física íntima o paralela o conexa, como codos, rodillas, parte interna de las mismas, parte interna de muslos, senos, glúteos, vagina, ano, labios, cuello, etcétera; dependiendo incluso éstos, del tipo de agresión que se haya consumado. En otras palabras, si se ha consu- mado una violación sexual vía bucal no se puede pretender encontrar huellas de lesión en el ano, incluso en la boca, si la penetración no ha sido completa; menos en el caso del delito no consumado o tentativa; para ello, nos remitimos a la correlación o corroboración de una huella o secuela psicológica o psiquiátrica en los agraviados, que incluso pue- de ser la consecuencia ulterior de una amenaza. 02.- PREMISA FÁCTICA A.-

En el caso que nos ocupa aparece que se trata de la apelación de todos los extremos de la sentencia alzada que señala una pena privativa de libertad de TREINTICINCO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva, así como el pago de una reparación civil ascendente al monto de CINCO MIL NUEVOS SOLES, TRES MIL NUEVOS SOLES Y TRES MIL NUEVOS SOLES a favor de las menores agraviadas R.E.H., L.E.H. Y J.E.R.A.

314 Rojas Vargas, Fidel y otros, “Código Penal. 16 años de jurisprudencia”, IDEMSA, Lima Perú – Enero 2009, pp. 191.-

B.- Al acusado se le imputa la autoría de la comisión de los delitos Contra la Libertad Sexual en la modalidad de violación sexual de la menor R.E.H., en circunstancias en que la menor agraviada el 14 de setiembre del 2009 fue a comprar un lápiz a la tienda del imputado, el le dijo vamos a mi cuarto, en la tienda no había nadie, entonces la cogió de su mano, y la llevo hasta su cuarto, la hizo echar en una cama, la beso en la boca, luego el se bajo su pantalón con su calzoncillo y bajo el pantalón de la menor, y se echo encima de ella, y con sus manos le abrió las piernas luego el le introdujo su pene en su vagina, durando un ratito mientras el se movía y le besaba en la boca, luego de ello se levantó de su encima se subió su pantalón que había quedado por sus rodillas, lo mismo hizó la menor, para ello se bajo de la cama y se subió su pantalón, luego sa- lieron de la habitación y le dio S/. 2.00 nuevos soles y se fue a su casa; que cuando llegó a su casa, se fue al baño a orinar y se dio cuenta que en su calzón tenía sangre y luego le vino un poco más, lo que le contó a su hermana Leandra, también agraviada por otro delito, y ella le dijo a su madre, quien la llamó y le dijo si alguien le había hecho algo, y no le dijo nada, por lo que su madre pensó que se trataba de su menstruación y le dio una serena pero ya no le vino más sangrado vaginal, ese día le dijo que no le contará nada a su mamá por que sino le iba hacer peor. Al acusado se le imputa el delito de actos contra el pudor en menor de 14 años, cuando la menor de iniciales L.E.H., en una ocasión que había concurrido a la tienda del acusado para comprar útiles de escritorio; éste le pidió a la menor que lo acompañara hasta su cuarto siendo que para ello la ha conducido de la mano hasta la habitación; una vez en la habitación procedió el acusado a bajarse el pantalón, acostar a la menor en la cama; la ha besado en la boca; posteriormente procedió a acostar- se encima de la menor, sintiendo que el pene del imputado ha rosado su vagina en varias oportunidades, por cierto rato, lo cual le producía cierto dolor; ésta fue la única oportunidad en el que el acusado la tocó de esa manera; luego de los sucedido uno a dos nuevos soles, lo cual la menor no recuerda con precisión; retirándose posteriormente a su casa; los hechos no le contó a nadie. Al acusado se le imputa el delito de actos contra el pudor en menor de 14 años, contra la menor de iniciales J.E.R.A., ésta recuerda haber ido a la casa del acusado con la misma finalidad de comprar útiles escritorios, la primera vez cuando fue a comprar una lámina y teniéndola cerca, le ha procedido a tocar sus piernas por encima de su ropa, ante esto la menor le dijo que ya se iba porque tenía que hacer; en otra ocasión que fue un martes en el mes de octubre, fue a comprar y cuando ya le entregó el objeto que fue a comprar, la abrazó , le tocó los hombros procediendo GRUPO EDITORIAL Lex &

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posteriormente a besarle el cuello, ante lo cual sintió dolor, puesto que parecía que incluso la mordía; después la menor le dijo que ya se iba , ante lo cual el acusado le respondió diciendo que si quería su propina que la esperaba mas tarde, pero que si lo quería en ese instante que pa- saran a su cuarto para que lo hagan, pero igual la menor se retiró. 03.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.A.- Que la sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o de ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídica- mente, En tal sentido, el establecimiento de la responsabilidad supone en primer lugar la valoración de la prueba actuada con la finalidad de establecer los hechos probados, en segundo lugar la precisión normati- va aplicable al caso concreto, y en tercer lugar realizar la subsunción de los hechos en la normatividad jurídica. Posteriormente, de ser el caso, se tendrá que individualizar la pena y determinar el monto de la repara- ción civil. B.- Que en el caso de autos, se trata de una sentencia de primera instancia recurrida, por el imputado condenado, basándose en defectos de valoración de la prueba, y violación al debido proceso, tal y como está sostenido en el escrito de apelación que corre agregado al cuaderno de debates de folios 144 y siguientes, así como en los fundamentos del recurso oralizados en la audiencia de su propósito. C.- Que conforme aparece del registro en audio, así como las actas de la audiencia oral, se han actuado las pruebas pertinentes, conducentes e idóneas para acreditar la responsabilidad del sentenciado, así tenemos que: Las declaraciones de las menores agraviadas, quienes refieren la forma, modo y circunstancias en que fueron agredidas sexualmente por el aho- ra sentenciado. 1.- Al respecto la menor agraviada R.E.H. , a relatado de forma coherente la forma en que el sentenciado procedió a violentarla sexualmente, habiendo quedado esclarecido en el debate oral y con- tradictorio, los dichos de la menor, y valorados por el Colegiado, quien a tomado en cuenta no sòlo el dicho de la menor, sino que ha sido valorado conjuntamente con el dictamen pericial y debate pe- ricial del médico legista José Feliz Hernández Medina, con el perito de parte Dr. Exequias Saniel Latoche Fernández; de igual manera el testimonio de la menor violentada a sido valorado con el dicta- men pericial del psicólogo Juan Andrés Salinas Quiñe , quien en su dictamen pericial, señala expresamente que la menor agraviada

J.E.R.A. “… A) mostraba signos de stress y tensión asociada a experiencia sexual con persona adulta conocida, … ; así como el debate pericial entablado con el psicólogo de parte Eloy Sotelo Otoya. 2.- Al respecto debe quedar claramente establecido que los peritos ayudan con su ciencia, técnica u arte, en el conocimiento de una determinada materia , de carácter especializado, pero es el juzgador, quien analiza las pruebas y las valora en su conjunto, asignán- doles un peso específico, que le servirá para que, en su conjunto, determine la validez del testimonio de la menor agraviada, como a ocurrido en el presente caso. 3.- Igualmente con la imputación sostenida contra el ahora sentenciado por actos contra el pudor en agravio de las menores de inciales L.E.H., y J.E.R.A., la misma a quedado acreditada, no sólo con la declaración de la menor L.E.H., también con el testimonio de Rosa Luz gamarra Llempén, quien en su condición de profesora se en- contraba realizando sus prácticas en el colegio donde estudian las menores agraviadas, se enteró por el dicho de los alumnos de la agresión de la que había sido objeto dicha menor. 4.- De igual manera el peritaje médico legal, y el debate que se sostuviera en audiencia con el perito de parte, el dictamen y posterior ratificación pericial del médico Josué Santiago Quezada Guarniz, quien señala que el acusado,…” presentaba una erección de acuer- do a su edad,…” 5.- Con lo señalado en estos puntos, se determina en forma objetiva, que el imputado ha realizado actos que se encuentran tipificados en la ley penal como delito de violación sexual de menor de edad, y actos contra el pudor en menor de 14 años y de 10 años respec- tivamente , habiendo agotado los elementos objetivos de los tipos penales denunciados, así como se tiene acreditado que tenía la conciencia y voluntad para agotar los elementos del tipo penal, es decir su voluntad de consumación se ha realizado a título de dolo. 6.- No se ha llegado a acreditar que la conducta del imputado encuentre causas de justificación que eliminen o atenúen la punición. 7.- El acusado es una persona que no tiene mayor grado cultural, no registra antecedentes penales ni judiciales, evidencia capacidad mental parta internalizar la norma, y adecuar su conducta conforme al mandato prohibitivo de ella, por lo que a juicio de éste Colegiado, la sentencia dictada se encuentra arreglada a ley, por haberse agotado los presupuestos del juicio de tipicidad, antijuricidad, y culpabilidad.

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8.- De igual manera, el quantum de la pena, ha sido medido conforme al estándar normativo, resaltando éste Colegiado, que conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad la sanción penal im- puesta es la que se adecua al hecho criminal cometido, a las carac- terísticas personales del sujeto agente, las circunstancias que han rodeado el hecho delictivo, el impacto social, y las lesiones síquicas producidas, en las menores agraviadas, así como el proyecto de vida de las mismas. 9.- En igual sentido las accesorias que contiene la recurrida, toda vez que es un imperativo de orden normativo y de justicia, que se resarza el daño ocasionado, cuantificándolo económicamente, y se le brinde atención médica y psicológica adecuada, permanente al sentenciado, para logar su reinserción a la sociedad en condiciones de normalidad. 10.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien el imputado ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, tal acto lo han realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional a la doble instancia y han tenido razones fundadas para ello, por lo que debe eximírseles del pago de costas. III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experien- cia, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO: 1.

CONFIRMAR la sentencia de fecha 16 de agosto del 2010, por la cual se condena a MARCOS FRANCO VELARDE ISISOLA, como autor del delito de Violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales R.E.H., L. E. H. Y J. E.R. A.

2.

SIN COSTAS. Actuó como Juez Superior Ponente y Director de Debates, el Doctor José Ricardo Cabrejo Villegas.-

68. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL : Nº 5941-2008-96-1601-JR-PE-05 INCULPADO : IBAÑEZ RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO DELITO : USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO AGRAVIADOS : JULIO ARMANDO MORENO LOYOLA : EL ESTADO : RENIEC PROCEDENCIA : DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL IMPUGNANTE : MINISTERIO PÚBLICO MATERIA : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA

SENTENCIA Trujillo, Veintiocho De Junio Del Año Dos Mil Once.VISTA Y OÍDA en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magis- trados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de la Sala y Director de Debates), Doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA (Juez Superior Titular) y el Doctor RUDY EDINSON GONZALES LUJAN (Juez Superior Titular), en la que interviene como apelante la representante del Ministe- rio Público Dra. Lea Guayan Huaccha, así como el sentenciado Luis Antonio Ibáñez Rodríguez, asesorado por su abogado defensor Dr. Raúl Monje Calle. I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.-

Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha 14 de octubre del año 2010, resolución Nº nueve obrante a fojas 26, la cual falla absolviendo al acusado Luis Antonio Ibáñez Rodríguez de los cargos de la acusación fiscal como cómplice primario del delito Contra la Fe Publica en la modalidad de Uso de Documento Público Falso en agravio del Estado y de Julio Armando Moreno Loyola.-------------------------

2.- Que, la sentencia venida en grado ha sido cuestionada a través del recurso de apelación que obra a folios 49 a 54 del cuaderno de debates, formulado por el representante del Ministerio Público, Dr. Alexander C. Chávez Horna, quien solicita que se declare la NULIDAD de la misma y esta sea expedida conforme a lo actuado, argumentado, contradicho y probado en el juicio.---------------------------------

3.- Que, al hacer sus alegatos preliminares la Fiscalía solicita que se declare la nulidad de la sentencia por considerar que la misma no se encuentra arre-

glada a derecho por haberse vulnerado los principios del debido proceso y la motivación de resoluciones judiciales, por cuanto se puede advertir de los considerandos que se ha hecho una omisión y un indebida valoración de los diferentes medios de prueba que fueron aportados en el juicio oral y sometidos al debate contradictorio. Siendo así, al no haberse valorado de manera individual así como conjunta todos los medios probatorios, se ha atentado contra el debido proceso y el principio de motivación de resoluciones judicia- les, que requiere que toda resolución debe tener coherencia, logicidad y razo- nabilidad correspondiente a una resolución judicial. En tal sentido la fiscalía considera que dicha sentencia y por tanto el juicio oral realizado devienen en nulos de pleno derecho.---------------------------------------------4.- Que, la defensa del sentenciado sostiene que no por el hecho de que el resultado de la sentencia haya sido adverso para el Ministerio Público, la sentencia recurrida carezca de motivación o este violentando el debido proceso. Dicha sentencia a sido expedida en base a los elementos de convicción que de ma- nera concatenada y necesaria han sido invocados por la juez en su momento, siendo valorados y merituados todos ellos en su conjunto, y aplicando un análisis razonado a llegado a la conclusión de que su patrocinado es inocente de los cargos que se le imputan tal como se ha advertido del debate realiza- do en el juicio oral. Por lo tanto solicita que la sentencia sea CONFIRMA- DA.------------------------------------------------------5.- Que, como efecto de la impugnación planteada, esta Sala Penal de Apelaciones asume competencia para efectuar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para emitir la sentencia absolutoria recurrida, y en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera: II.

CONSIDERANDOS:

2.1. PREMISA NORMATIVA 6.- Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y san- cionado en el artículo 497 que prescribe: “el que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al por- tador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas

penas”.

2.2. PREMISA FACTICA 7.- Que, eninstanciadejuiciodeapelación, sediocuentadelainexistenciadenuevos medios probatorios admitidos. Las partes, a su turno, refirieron que no solicitabanlaoralizacióndedocumentosytampocosetomóladeclaracióndelimputado Luis Antonio Ibáñez Rodríguez; por no existir un cuestionamiento sobre los hechos.-----------------------------------------------------------------------------------------------8.- Que, en audiencia de apelación de sentencia, la representante del Ministerio Público, sostuvo que no se ha observado lo señalado por el artículo 393º del Código Procesal Penal que señala que el juez penal para la apreciación de las pruebas procesales primero examinará de manera individual y luego de manera conjunta y que la valoración respetara las reglas de la sana critica, especialmente los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los considerandos científicos; sin embargo, en los considerandos de la sentencia recurrida se observa que no se han respetado tales principios. Que en el considerando décimo tercero, se hace un detalle de todos los medios probatorios que habían sido incorporados y actuados durante el juicio oral, en tanto que ya, en el mismo considerando -bajo el rubro valoración en conjunto- única- mente se hace una valoración de tres medios probatorios, dejando de lado los demás medios de prueba que también habían sido actuados en juicio oral.------------------------------------------------------------------------------9.- Que, los hechos del presente caso se refieren a que en el mes de julio del 2007, el agraviado Julio Armando Moreno Loyola, recibe una notificación de la empresa crediticia Mi Banco, para que en su calidad de aval cumpliera con el pago de las fracciones de la deuda que tenía la imputada Lila Vásquez Pinto. Ante ello el agraviado se apersona a la entidad Mi Banco para averiguar por- que es que se le estaba haciendo esta notificación, y en mérito de ello se llega a establecer que ante dicha entidad crediticia, doña Lila Vásquez Pinto había solicitado dos préstamos; el primer préstamo el 09 de junio del 2005 por la suma de S/. 6,000 nuevos soles y otro préstamo paralelo el 23 de enero del 2006 por la suma de S/. 12,000 nuevos soles. Han solicitar las explicaciones y la documentación del caso, se le hace entrega de un D.N.I. a su nombre (Julio Armando Moreno Loyola), en el cual figura como fecha de nacimiento el año 1938, cuando en realidad su nacimiento había ocurrido el 12 de enero de 1921. siendo así, se llega a establecer que la señora Lila Vásquez Pinto, quien había recurrido al agraviado para que sea su aval y este le había hecho entrega de una copia de D.N.I. porque tenía que consultar en Mi Banco si podía tener la condición de aval o no, dado cuenta de que tenía la edad de 85 años y en tanto que para ser aval o garante solamente se podía hacer hasta las 70 años de edad, manifestándole esta

señora que había hecho la consulta y que se le había autorizado a que pudiera ser garante de ella, ante lo cual el agraviado

le hace entrega de su D.N.I. con su fecha de nacimiento original. Sin embargo, cuando el agraviado se apersona a solicitar los documentos se da con la sor- presa de que su D.N.I. no era el mismo que él había entregado puesto que se cambió su fecha de nacimiento al año de 1938.------------------------------------------------------------------10.- Que, respecto a la participación del imputado Luis Antonio Ibáñez Rodríguez, la fiscalía refirió que formulo acusación en su contra en la calidad de cómplice primario del delito de uso de documento público falso, y en efecto el imputado resulta ser analista de negocios de la empresa Mi Banco y es esta persona quien realiza el trámite de los dos préstamos solicitados por la señora Lila Vásquez Pinto.------------------------------------------------------------------------------------------------11.- Que, según manifestó la fiscalía, se ha señalado en la sentencia de que no ha quedado establecido que el agraviado tuviera la edad o hubiera nacido el 12 de enero de 1922 y lo dice claramente en el primer párrafo del punto denominado valoración en conjunto. Sin embargo, al hacer este razonamiento el juzgador no ha tomado en cuenta que durante el juicio oral se ha oralizado la partida de bautizo del agraviado así como la ficha de RENIEC y no toma en cuenta que si bien es cierto inicialmente el agraviado figuraba con fecha 12 de enero de 1922 por un error, luego ese error ha sido corregido con la fecha 12 de ene- ro de 1921, siendo así pues, la edad del agraviado quedaba totalmente clara, esto es que tenía 85 años al momento en que se solicitaron los préstamos, no tomando en cuenta el juzgador que el agraviado no dio su consentimiento ni menos dio una fotocopia de su documento totalmente falsificado, puestos que ha tenido son los que aparece tanto de su partida de bautizo como de la ficha de RENIEC correspondiente que fueron incorporados y actuados durante el juicio oral.----------------------------------------------------------------------------------------12.- Que, la fiscalía también refiere que, en la sentencia ha quedado establecido con la declaración del testigo Carlos Manuel Fernández Celis -otro servidor de la entidad Mi Banco- que los analistas son los que trabajan captando gente, por ello es que visitaban a diferentes personas para tener una cartera de clientes. Si bien es cierto esta es la labor que desempeñaba el imputado Luis Antonio Ibáñez Rodríguez, en el presente caso el primer préstamo fue dado el 09 de junio del 2005 y el segundo préstamo fue dado a los seis meses de ocurrido el primero. Este testigo señala también que solamente pasado un año se puede volver a dar crédito pues se tiene que ver la experiencia crediticia de cada persona -esto es que si cumplía o no con los pagos- sin embargo en el presente caso el imputado logro que se le diera el segundo crédito en menos de seis meses a la señora Lila Vásquez Pinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------

13.- Que, la sentencia también nos señala que no hay responsabilidad por parte del imputado por cuanto este habría sido sorprendido por el agraviado y por la señora Lila Vásquez Pinto al hacerle entrega de este documento ya adulterado y ademas fundamenta de que esto en que son dos los expedientes de préstamo, el primero del 2005 y el segundo del 2006 y que como puede apreciarse del cuaderno correspondiente la fotocopia del D.N.I. utilizado para el primer préstamo que corre a fojas 26, no puede haber servido de base para obtener la segunda fotocopia del DNI. que corre a fojas 32 que fue utilizada para el segundo préstamo, porque según el juzgador, si esto hubiera sido así como dicho documento había sido fedateado, al volverse a sacar copia se hubiera notado y que por ello nos es posible que del expediente del primer préstamo se hubiera tomado la copia para el segundo préstamo. Este razonamiento no tiene en realidad sustento puesto que sabemos nosotros que con el adelanto de la tecnología la certificación que ha hecho el imputado respecto al primer DNI. se podría haber borrado con un corrector y haberse tomado otra fotocopia y no haberse notado si hubiera sido o no del primer DNI. falso presentado para el préstamo de los S/. 6,000 nuevos soles. Pero al margen de esto, hay un hecho que es incuestionable; está debidamente acreditado que para el primer préstamo se presentó un DNI. del agraviado con fecha 12 de enero de 1938 y está acreditado como la sentencia también lo9 dice de que este documento fue fedateado por el imputado y aquí si es clara la intervención del imputado, como es que fedateo un documento que aparecía con la fecha de nacimiento 12 de enero de 1938 cuando el original del DNI. -que evidentemente tuvo que solicitársele al agraviado para poder realizar el trámite- señalaba que su fecha de nacimiento no era en 1938. igual ocurre tomada o la fotocopia para el segundo préstamo igual ocurre lo mismo porque nuevamente el imputado fedateo esta copia y entonces también se entiende que para fedatear tuvo que haber solicitado los documentos originales, y entonces aquí si hay una total discordancia con el documento original del agraviado y la fotocopia que ha fedateado el imputado en su condición de analista de créditos de la entidad Mi Banco. Ello quiere decir de que el imputado si participó en los hechos, permitiendo que doña Lila Vásquez Pinto presentara este documento falso a dicha entidad para obtener los dos préstamos mencionados anteriormente, de los cuales las cuotas quedaron impagas y fueron cobradas al agraviado en su condición de aval o de garante en tal sentido resulta clara la participación del imputado en estos hechos y la participación delictiva a título de dolo dado cuenta su condición de analista, su experiencia trabajando captando clientes y evidentemente esta conducta se debió a que como lo ha explicado este otro funcionario, cada analista tenía que captar una cartera de clientes y mientras más alta era la cantidad de clientes esto iba implicar mejoras en su remuneración, es por ello que esta persona permitió, consistió con dolo que la persona de Lila Vásquez Pinto presentara este DNI..-------------------------

14.- Que, se dice también y esto lo ha explicado el acusado que para el primer préstamo no era necesario la presentación de ningún aval puesto que por la suma de S/. 6,000 nuevos soles la persona de Lila Vásquez Pinto calificaba como sujeto de crédito, sin embargo se acompañó ese DNI. como según el explica para asegurar ese pago en caso esta señora no cumpliera con las cuotas a las que se había comprometido. Siendo así, en el presente caso solo en la valoración en conjunto se toma en cuenta la declaración del agraviado, la declaración del testigo Carlos Manuel Fernández celis, pero no se toma en cuenta el resto de medios probatorios que se han desarrollado durante el juicio oral y a través de los cuales se llega a establecer la participación que ha tenido el imputado como cómplice primario en la comisión del delito de uso de documento público falso. En tal sentido, si bien la sentencia aparenta te- ner fundamentación, esta Fundamentación no cumple con los principios de la motivación de resoluciones judiciales, y lo que aquí solicita la fiscalía es que la valoración de los medios probatorios no debe ser de manera incompleta sino debe ser de manera total, integra como así también lo señala el artículo 393º del Código Procesal Penal.---------------------------------------------------------15.- Que, a su turno, el abogado señaló que lo cierto e innegable en este caso es que existen dos copias de DNI. del presunto agraviado que forman parte de dos expedientes de crédito. El asunto es que como a relatado la fiscal tenemos que en junio del año 2005 se le concedió un crédito a la señora Lila Vásquez Pinto, dada la naturaleza del negocio que ella conducía que es un restaurante en selva verde, se tenía que aplicar una pauta para el otorgamiento de cré- ditos que la ha invocado la representante del ministerio público pero no de manera exacta. La normativa del banco señala que si el cliente no tuviera casa propia ni local propio y solicita un crédito sin aval y cuenta con experiencia crediticia de 12 meses en el sistema financiero, se podrá otorgar un crédito de hasta $.13,000 dólares para clientes nuevos y $.15,000 dólares para clientes retorno. Significa que en este caso, si la cliente conducía un negocio no era necesario contar con un aval; sin embargo, a solicitud del analista de crédito le menciono si podía haber una figura de aval, o sea no era necesario para el otorgamiento del crédito pero si para coadyuvar probablemente al mismo o mantener una cartera sana y rentable conforme a las exigencias de Mi Banco. Ante esta circunstancia se le solicita varios documentos, el imputado va al negocio de la señora y se encuentra en ese momento al presunto agraviado y le entrega el DNI. para que le sacara una copia. El presunto agraviado tenía en las manos un DNI. matriz que probablemente era falso porque a ese DNI. se le ha sacado la copia y se ha procedido a fedatear, incorporar ese DNI. en un expediente de crédito, llevarlo a consulta a un comité de crédito, propo- ner el crédito de S/.6,000 y una vez que ha sido aprobado, llamar al cliente y al aval para que se efectué el desembolso. Existen en todos los bancos los

controles duales, la parte que evalúa el crédito no es la parte que entrega el dinero, la parte que evalúa el crédito no es la parte que hace firmar los títulos valores como el pagare, en este caso específico en mi banco también ocurre lo mismo; significa que el presunto agraviado ha ido voluntariamente al banco, ha presentado su DNI. ante otro funcionario como así también lo asevera, han verificado el DNI. ha firmado un título valor y después se efectuó el desembolso, similar trámite ocurrió después para un segundo crédito.----------------------------------------------------------------------------16.- Que, el Ministerio Público incide mucho en que para ser cliente nuevo se debe tener una experiencia crediticia de 12 meses en el sistema financiero, asimis- mo, que ni en el primer préstamo ni en el segundo, la cliente tenía experiencia crediticia en el sistema financiero. La defensa a adjuntado como elementos de convicción y han sido admitidos, reportes de la SBS y de INFOCOR en los que figura la señora Lila Vásquez Pinto conjuntamente con el señor ju- lio moreno Loyola como clientes del banco SCOTIABANK, Banco de Crédi- to y Credisoctia financiera; o sea existía un antecedente crediticio, la señora vencía el requisito de tener experiencia financiera valida por eso ya no era necesaria ninguna participación de un aval. Así ocurrió tanto en el primer crédito como en el segundo, no ha existido ninguna falta administrativa que haya merecido alguna sanción por parte del banco, existe un control dual por el cual el evaluador no es quien entrega el dinero ni el que hace firmar los pagarés, y la participación que su patrocinado ha tenido es en la tramita- ción de los créditos como cualquier otro analista de crédito o asesor de negocios.--------------------------------------------------------------------------------------------17.- Que, en julio del año 2007 se le requirió al aval que cumpla con una deuda que estaba en mora, es decir que cumpla con el pago, entonces este señor manifiesta que el fue al banco y solicitó copia de su DNI. y es el señor Ibáñez Rodríguez el que saca una fotocopia, la escanea del sistema -porque todos los documentos son escaneados en el sistema y enviados a Lima- y se la entrega en presencia de un abogado. Cuando le hacen ver de que hay una diferencia en la edad el señor se sorprende porque esta es la que tu me haz entregado. La defensa considera que el presunto agraviado ha tenido dominio del hecho en todo momento, ha tenido conocimiento de todos estos hechos, ha sabido de que el DNI. del que le han extraído las copias en un dos oportunidades ha sido falso, porque en la sentencia la juez incluso así lo ha advertido, de tal forma que la juez -conforme hemos expuesto- ni la copia del DNI. del primer crédito otorgado en junio, podría haber sido facilitada para obtener el DNI. para el segundo crédito otorgado en el mes de enero, o sea con 6 meses de diferencia y no puede haber sido no solamente por la anotación de fedateado del funcionario, sino por otros espacios incluso que no cuadran, que por más que avance la tecnología no vamos a tener que romper o cortar para luego GRUPO EDITORIAL Lex &

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obtener el fotocopiado del DNI., cuando en realidad no se necesitaba un aval para este caso.--------------------------------------------------------18.- Que, la defensa señaló que, cuando se habla de que la remuneración del analista era variable -esto es un sueldo básico y una comisión- se debe a una cartera sana y adecuada, los comisionistas tienen una remuneración variable pero eso no significa que los conduzca a cometer ilícitos penales. Si pudo ha- ber entregado el crédito sin necesidad de falsificar ningún documento, porque lo habría hecho, cuál sería el beneficio que él hubiera tenido, ninguno. Todo esto se basa en la denuncia de parte del señor Moreno Loyola, el dice que únicamente a proporcionado su DNI. en una oportunidad para que le saquen copia el 09 de junio del 2005, ha firmado una solicitud de crédito, la ficha única de datos de persona natural documento fedateado por el acusado y el asistente de operaciones del banco, ha firmado una constancia que se llama de alojado, ha firmado el respectivo título valor en el banco ante un funcionario diferente que es el señor Juan Manuel Dávila de la Cruz; el propio agraviado ha ido en una oportunidad, a pesar de que el sabía que no era sujeto de crédito; sin embargo fue en una primera vez y por segunda vez a los 06 meses. El menciona que los créditos fueron el primero de S/. 2,000 y un segundo crédito de S/. 2,000, es conveniente para el eludir una respon- sabilidad solidaria que ante la morosidad se le exigía al aval, pero hoy por hoy ese crédito esta totalmente cancelado por la señora Lila Vásquez Pinto y lamentablemente han involucrado al hoy acusado sin ningún asidero legal y la sentencia así lo ha entendido, si bien es cierto hay elementos de convicción que han sido aportados por el Ministerio Público, estos han perdido la pers- pectiva.----------------------------2.3

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA

19.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien el representante del Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria emitida en primera instancia, tal acto lo ha realizado en el ejerci- cio regular de su derecho constitucional y procesal 315 a la doble instancia y ha tenido razones fundadas para ello, por lo que debe eximírsele del pago de costas.-----------III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la

315 Art. 106 Código Procesal Penal

experiencia, y de conformidad con las normas antes señalada, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO:

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3)

CONFIRMAR la sentencia de fecha 14 de octubre del año 2010, resolución Nº nueve, la cual falla ABSOLVIENDO al acusado Luis Antonio Ibáñez Rodríguez de los cargos de la acusación fiscal como cómplice primario del delito Contra la Fe Publica en la modalidad de Uso de Documento Público Falso en agravio del Estado y de Julio Armando Moreno Loyola.-

4)

DISPUSIERON que Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución, se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen, para los fines de Ley. Actuó como Juez Superior ponente el Dr. José Ricardo Cabrejo Villegas.-

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69. USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA ORDENAN NUEVO JUICIO EXPEDIENTE JURISDICCIONAL IMPUTADO FERNÁNDEZ. DELITOS AGRAVIADO PROCEDENCIA ASUNTO ABSOLUTORIA.

: 01817- 2010-34 -1601-JR-PE-04 ASISTENTE : MARÍA CHAVEZ DIAZ. : HILDER PIZÁN : USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. : EL ESTADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS. : DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL. : APELACION DE SENTENCIA

SENTENCIA Resolución Número Doce. Trujillo, Seis de Diciembre Del Año Dos Mil Once. VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública de Apelación por los magistrados integrantes de la Primera Sala Superior Penal, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de Sala), Dra. LILLY LLAP UNCHÓN (Jueza Superior Titular, Directora de Debates) y Dr. OSCAR ALARCÓN MONTOYA (Juez Superior Titular); interviniendo como parte apelante el Ministerio Público Dra. Lea Guayán Huaccha, quien solicita la nulidad de la sentencia absolutoria venida en grado, a su vez formula apelación la defensa de la agraviada solicitando que se revoque la sentencia materia del grado contenida en la resolución número siete de fecha diecisiete de agosto del año dos mil once. I.-

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

1.1.- Es materia de apelación la sentencia, Resolución Número Seis siete de fecha diecisiete de agosto del año Dos Mil Once, obrante en las páginas sesenta y ocho a setenta y seis, la misma que ABSUELVE de la acusación fiscal a HILDER PIZÁN FERNÁNDEZ por el Delito contra Fe Pública en su modalidad de Uso de Documento Público Falso, en agravio del ESTADO representado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).Resolución corregida mediante resolución número ocho de fecha siete de setiembre de dos mil once. 1.2.- El Ministerio Público ha deducido la NULIDAD contra la sentencia absolutoria venida en grado, basándose en el artículo 150, d) del Código Procesal Penal ya que dicha sentencia adolece de vicios que acarrean su

nulidad absoluta,

sustentando que dichos vicios consisten en que se ha vulnerado el debido proceso, la debida valoración de los medios probatorios actuados en juicio oral pues no se ha valorado en forma individual y conjunta los medios proba- torios de conformidad con lo establecido en el artículo 393 del Código Proce- sal Penal, y a su vez se ha incurrido en la violación de la debida motivación de resoluciones judiciales. Así, afirma la representante del Ministerio Público, que en el juicio oral se han se han actuado las testimoniales de los efectivos policiales que realizaron la intervención al procesado, así como la declaración de personal de Registros Públicos, quienes dan cuenta que la documentación presentada por el proce- sado es falsa, de este modo, en su considerando décimo el juez refiere que se ha acreditado que los documentos presentados son falsos, sin embargo, en el considerando décimo numeral dos, el juzgador establece que el procesado no es un garante de la legalidad de los documentos y no sabía que los documen- tos eran falsos, porque es simplemente chofer, por ello no se ha llegado ha establecer el dolo que exige el tipo penal, pues no basta el dolo eventual sino un dolo directo en primer y segundo grado; así considera el juzgador que por no darse el elemento subjetivo la conducta del procesado no puede ser san- cionada. Agrega en el considerando décimo numeral tres, que no es exigible que el procesado tenga conocimientos especializados para determinar que los documentos eran falsos, sin embargo en el considerando décimo numeral cuatro sostiene que no se ha llegado a acreditar que el acusado haya falsifi- cado los documentos, cuando el debate probatorio giró en torno del uso de documento público falso y no de la modalidad de falsificación de documentos; siendo aún más evidente la contradicción del juzgador que termina absolvien- do al procesado por el delito de receptación, delito que ni siquiera fue materia de acusación ni del debate realizado en juicio oral, notándose de este modo, una grave afectación a la debida motivación de resoluciones. Concluye la representante del Ministerio Público, sosteniendo que el juzgador no ha tenido en cuenta que el acusado recibió documentos que tenían fecha futura para que él los usara, tal es así que se dio cuenta que realizó el reclamo al propietario del vehículo, entonces se evidencia que el procesado tenía pleno conocimiento de la falsedad de los documentos por que se dio cuenta que a éstos no les correspondía la fecha, esto significa que él sabía que la documen- tación presentada era falsa, por lo que el juez ha vulnerado el debido proceso y la debida motivación de resoluciones judiciales. 1.3.- Por su parte, la defensa de la agraviada SUNARP, apela la sentencia solicitan- do que se REVOQUE la misma por que el juez se basa en una premisa equi- vocada ya que existe una incongruencia entre lo fundamentado en la parte expositiva y la parte resolutiva.

Sostiene que la documentación presentada tenía fecha futura lo cual fue advertido por el procesado, no obstante en el considerando décimo numeral tres el juez afirma que se ha realizado una deficiente actividad de investigación por parte del Ministerio Público, ya que no se ha incluido en la investigación al propietario del vehículo por cuanto es el único interesado, cuando en realidad el provecho económico con presentar la documentación falsa, no sólo lo ha tenido el propietario sino también el chofer del vehículo ya que con la presen- tación de dicha documentación los efectivos policiales no entorpecían su libre circulación. De las pruebas actuadas en juicio oral se desprende que el acusado tenía conocimiento de la falsedad de los documentos y que obtenía un favorecimiento económico al presentar tal documentación ante los efectivos policiales, pero dichas pruebas no han sido debidamente valoradas por el ad quo, así se tiene acreditada la responsabilidad penal del procesado en la comisión del delito de uso de documento público falso en agravio de su defendida. 1.4.- A su turno, la defensa del procesado solicita que se CONFIRME la sentencia, pues el juzgador ha realizado una debida valoración de los medios probatorios y la motivación de su resolución está correcta. Divide su exposición en dos partes: Cuestionamiento de forma: Vulneración del debido proceso: aquí el Ministerio Público no ha especificado cual es el vicio ocurrido en la tramitación del juicio de primera instancia. Lo que el Ministerio Público sí establece es una indebida valoración de los medios probatorios, pero estos si han sido valorados debi- damente por el juzgador. Y debido a la vulneración de la debida motivación de resoluciones: No existe tal, pues lo que ocurre es que el ad quo primero tuvo que pronunciarse sobre los documentos, establecer si estos eran falsificados o no, para luego determinar si el procesado había utilizado tales documentos. De este modo la sentencia está bien motivada, en cuanto al término receptación que se contie- ne en el fallo, esto consta en la escritura de la resolución, no obstante, debe escucharse el audio de la audiencia de lectura de sentencia pues la sentencia ha sido leída. Cuestionamiento de fondo: Sobre la responsabilidad del procesado, ya se ha establecido en primera instancia que es conductor de varios años, pero el desconocía los trámites que se tenía que realizar para hacer el cambio de clase de los vehículos. Además, el propietario del vehículo que él manejaba es la compañía Negreiros, no el procesado, por lo que la responsabilidad es del propietario, no habiendo sido incluido este aspecto en la teoría del caso del Ministerio Público de primera instancia, constituyendo un vacío que fue

advertido por el Ad Quo, además respecto a las declaraciones a que se refiere el Ministerio Público de los efectivos policiales que realizaron la intervención al procesado, uno de ellos advierte que posiblemente los documentos presen- tados por el procesado eran falsos, es decir ni el policía siquiera pudo deter- minar con certeza si tales documentos eran falsos o no, por lo tanto, como lo iba a determinar el procesado quien no es un perito en la materia. 1.5.- En esta instancia no se ha admitido ni se ha oralizado nueva prueba. 1.6.- El procesado no formuló declaración, decidió guardar silencio. II.- CONSIDERANDOS: Fundamentos Jurídicos: 2.1. El artículo 427, parte in fine, del Código Penal prescribe: “El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso pueda resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días – multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de documento privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de sus uso pueda resultar algún perjui- cio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”. 2.2. El artículo 2 numeral 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad median- te sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Fundamentos fácticos: 2.3. La tesis acusatoria consiste en que el día 19 de noviembre de 2009, aproximadamente a las 15:54 horas fue intervenido por parte de personal PNP de Carreteras, la persona de Hílder Pizán Fernández en circunstancias en que conducía un vehículo remolcador de placa de rodaje YI – 1292 acoplado al semi remolque de placa de rodaje ZD – 5839 por el kilómetro 586 de la

Pana- mericana Norte.

Al solicitársele los documentos del vehículo dicha persona presentó una solicitud de inscripción de título sin número a nombre de la Compañía Negrei- ros S.A.C, en donde solicita cambio de remolcador a camión plataforma del vehículo de placa YI – 1292, consignando el nombre de Doris Paredes Haro; del mismo modo que presentó un ticket de la oficina Registral N° V – Trujillo – Hoja N° 0086985- Recibo N° 2009 – 01 – 00250022, monto S/. 54.00 de fecha 14 de octubre de 2009, hora 11:49:27 A.M, propietario Compañía Negreiros S.A.C, Cajero N° 1, cambio de clase de remolcador a camión plataforma; una firma y post firma de Javier García López - Cajero. Hechas las indagaciones correspondientes resulta que la documentación es falsa. 2.4. La sentencia absolutoria, materia del grado, en su considerando octavo sobre la calificación jurídica de los hechos establece como tipo penal materia del presente proceso el ilícito penal contenido en el artículo 427, segundo párrafo del Código Penal - Uso de Documento Público Falso, no obstante, en su considerando décimo signado como “Hechos Probados”, en el numeral uno respecto a la falsedad de la solicitud de inscripción de título y del recibo tipo boucher emitido por los Registros Públicos, el juzgador concluye que tales documentos “no se adecuan a la realidad, es decir son falsificados”; en el mismo sentido, en el acotado considerando, en el numeral dos argumenta que el procesado no actuó dolosamente en la falsificación de documentos, así refiere “ el acusado no estaba actuando dolosamente, elemento subjetivo imprescindible en el tipo penal de Falsificación de Documentos”; luego en el mismo considerando, en su numeral tres refiere que al procesado se le ha aperturado proceso “por el solo hecho de hacer uso de un documento público falsificado”, no obstante, en el mismo considerando pero en el numeral cuatro al realizar el análisis en conjunto de los medios probatorios concluye “que no se ha logrado acreditar que el acusado ha falsificado los documentos”; para luego en la parte resolutiva fallar absolviendo al procesado Hílder Pizán Fernández por le delito de Receptación en agravio del Estado_ SUNARP, aspecto éste último que no consiste en error sólo de redacción, pues al verificarse en el audio (en el minuto con cincuenta y cuatro segundos) que registra la audiencia de lectura de sentencia, se corrobora que al momento de leerse el fallo se incurre en el mismo error al pronunciarse sobre el delito de receptación; no obstante, luego de haber sido apelada la sentencia, el juzgador corrige la resolución sentencial mediante resolución número ocho, de fecha siete de setiembre de dos mil once, resolviendo corregir la sentencia en el extremo que se debe consignar como delito materia de la misma, el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. 2.5. En lo referente a la ilogicidad en la motivación de la resolución recurrida, tesis del Ministerio Público y del abogado defensor de la entidad estatal agraviada,

en el cual se basa, el primero, para solicitar la nulidad de la venida en grado. Esta Sala Superior, sostiene que desde la perspectiva del juicio de hecho o de culpabilidad, para que una sentencia no vulnere el principio lógico de razón suficiente, debe cumplir dos requisitos: a) consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones a que se arriban, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que seleccione como relevante (basados en medios de prueba útiles, decisivos, e idóneos) requisito descriptivo; y b) valorarlo debidamente, de suerte que evidencie una ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el fallo, re- quisito intelectivo. 316 Bajo esta premisa, reexaminando la sentencia materia del grado en el extremo referido a la autoría del procesado en el delito de uso de documento público falso, se aprecia que aquella no cumple con los requisitos descriptivo e intelectivo, tal como se ha verificado y consignado en el considerando precedente de esta resolución, pues la valoración de los medios probatorios se ha realizado en función de otro tipo penal, es decir se debió valorar los medios probatorios en función al delito de uso de documentos público falso y no así por el delito de falsificación de documentos; todo ello ha dado lugar para emitir el fallo en el que se ha evidenciado, aún más, la irracionalidad e incoherencia interna con entidad suficiente para que los argumentos del Ministerio Público tengan sustento desde que el Juez de primera instancia no ha realizado una adecuada valoración de los medios probatorios. 2.6. Esta Sala Penal Superior considera que la total configuración del derecho de motivación de las resoluciones jurisdiccionales resulta siendo consecuencia no sólo del derecho a la tutela judicial efectiva y la norma recogida en la Cons- titución Política. La doctrina procesal penal se ha encargado de precisar que la motivación resulta un deber del juez que se deriva además del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en su versión de derecho a obtener una resolución fundada que ponga fin a proceso, del derecho a la defensa, de la necesidad de controlar la sujeción del juzgador a la ley, del derecho a la pluralidad de instancias y del mandato de interdicción de la arbitrariedad. 2.7. El Artículo 139 numeral 05 del Constitución Política del Perú, prescribe “La mo- tivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto las decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hechos en que sus sustentan”.En igual sentido lo establece el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar, que “todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se

316 Casación Nro. 03-2007-Huaura

sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fun- damentos de la resolución recurrida, no constituye la motivación suficiente”. Asimismo, el Artículo 394 numeral 03, del Código Procesal Penal, señala como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba en que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”. 2.8. Por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b)

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una in- ferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitu- cional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c)

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

d)

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e)

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida

motivación de las

sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modi- ficación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de ampa- ro. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incon- testadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”317. 2.9. Para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resolucio- nes jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máxi- mas de experiencia318, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contra- rio, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras: a)

Falta absoluta de motivación: Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.

b)

Motivación aparente: En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzga- dor glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamen-

317 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura. 318 Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146. GRUPO EDITORIAL Lex &

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to319; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambi- guas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una mo- tivación real320. k)

Motivación insuficiente: Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la con- vicción321. Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbi- trariedad”322.

l)

Motivación incorrecta: Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.

2.10. También la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación al proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que

319 FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117. 320 GHIRARDI, O., op cit., pág. 231. 321 Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103. 322 Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102.

el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRALGO)”323.- Según Olsen Ghirardi324 se con- sidera que la resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma ex- plícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. 2.11. Respecto a la nulidad deducida por el Ministerio Público, la finalidad mediata de la declaración de la nulidad se vincula con los derechos de la sociedad y del imputado referidos a la finalidad de preservar en última instancia el debi- do proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio, decir que la nulidad es el castigo con el que la ley adjetiva sanciona las afectaciones a las garantías constitucionales en el proceso. La Sala dentro de sus facultades revisa si la resolución apelada se ha dictado conforme a ley y al proceso y, si ha sido debidamente motivada; al respecto, al revisar el contenido de la resolución apelada se evidencia que el señor Juez sostiene que en efecto se ha probado la falsedad de los documentos imputados como falsos, luego aduce que el procesado no era capaz de darse cuenta de la falsedad de los documentos que utilizaba y que son materia del presente proceso; y siendo materia de proban- za el uso de documento público falso, no así la falsificación de documentos, concluye que si bien es cierto se ha probado la falsedad de los documentos, no se ha acreditado que el procesado haya sido quien los haya falsificado por lo que corresponde absolverlo de la acusación fiscal; no habiéndose plantea- do en ésta como teoría del caso la falsificación de documentos, sino el uso de documento público falso; es decir la sentencia venida en grado ha consignado que el debate probatorio se ha desarrollado en base al tipo penal de uso de documento público falso, y en efecto, se realiza la calificación jurídica de este ilícito penal, pero no obstante la valoración de los medios probatorios se lleva acabo por un delito distinto, esto es por falsificación de documentos por el cual se le absuelve ya que no se encuentra pruebas en su contra, conforme así lo establece el considerando décimo, numeral cuatro de la apelada; de lo cual se evidencia que ésta ha incurrido en los vicios de nulidad consagrados en el artículo 150 – numeral d)- del Código Procesal Penal, pues se ha comprobado que existe una motivación incorrecta, faltando al Principio de Congruencia; así como no se ha realizado una adecuada valoración de los medios probato- rios.

323 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201. 324 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231.

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De este modo, este Superior Colegiado, ha llegado a determinar que el Juzga- dor de primera instancia, ha actuado vulnerando el debido proceso, en cuan- to ha transgredido el derecho a la debida motivación; en consecuencia y de conformidad con lo estipulado en el Artículo 409 numeral 01, concordante con el Artículo 150 párrafo d) del Código Procesal Penal, corresponde decla- rar la nulidad de la resolución apelada, y exhortar al magistrado que emitió la sentencia a efectos de que cumpla con el deber constitucional de debida motivación de las resoluciones. III. RESOLUCIÓN: Por las consideraciones expuestas, la PRIMERA SALA SUPERIOR PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RE- SUELVE: 1.- Declarar NULA la sentencia, Resolución Número Seis siete de fecha diecisiete de agosto del año Dos Mil Once, obrante en las páginas sesenta y ocho a setenta y seis, la misma que ABSUELVE de la acusación fiscal a HILDER PIZÁN FERNÁNDEZ por el Delito contra Fe Pública en su modalidad de Uso de Documento Público Falso, en agravio del ESTADO representado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).Resolución corregida mediante resolución número ocho de fecha siete de setiembre de dos mil once. 2.- ORDENARON la realización de nuevo juicio oral, con la intervención de otro Juzgador. 3.- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente la Doctora Lilly Llap Unchón.

A N E X O S

DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 (29/07/2004)

FLUJOG. RAMAS

Anexo: Decreto Legislativo Nº 957

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 (29/07/2004) TÍTULO PRELIMINAR Art. I.- Justicia Penal 1. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competen tes y en un plazo razonable. 2. Toda persona tiene derecho a un juicio pre vio, oral, público y contradictorio, desarro llado conforme a las normas de este Código. 3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las faculta des y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. 4. Las resoluciones son recurribles, en los ca sos y en el modo previsto por la Ley. Las sen tencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación. 5. El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 1), 139 incs. 1), 3), 7), 10), 16). 143; CJMP: Arts. 150, 151; CP: Arts. 10; CPC: Arts. VII, 179 al 183, 187, 509 al 518; CPCnst.: Arts. III; CPP (2004): Arts. 9; LOPJ: Arts. 6, 7, 11, 24, 30, 34, 41, 50, 59, 192, 200, 295 y ss. LOMP: Arts. 94 inc. 1); CADH: Arts. 8.2.h, 10; PIDCP: Arts. 9.5, 14.5, 14.6;

su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad pro batoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede pre sentar a una persona como culpable o brin dar información en tal sentido. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.e), 139 incs. 4), 5), 10), 11), 12); CJMP: Arts. 153, 163; CP: Arts. 6; CPP (2004): Arts. VII; DUDH: Arts. 11.1; CADH: Arts. 8.2; PIDCP: Arts. 14.2.

Art. III.- Interdicción de la persecución penal múltiple Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este prin cipio rige para las sanciones penales y adminis trativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia condenatoria ex pedida en alguno de los casos en que la acción está indicada taxativamente como procedente en este Código. demuestre lo contrario y se haya declarado

Art. II.- Presunción de inocencia 1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se GRUPO EDITORIAL Lex &

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MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez CONCORDANCIAS: Castro C: Arts. 139 inc. 13); CP: Arts. 90; CADH: Arts. 8.4; PIDCP: Arts. 14.7

Art. IV.- Titular de la acción penal 1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tie ne el deber de la carga de la prueba. Asume

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la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. 2. El Ministerio Público está obligado a ac tuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investi gación que realiza la Policía Nacional. 3. Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta natura leza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición. 4. El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organiza ción administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y re glamentos.(*) CONCORDANCIAS: C: Arts. 159, 166; CJMP: Arts. 173; CPP (2004): Art. 1; LOMP: Arts. 1, 5, 11, 94.

Art. V.- Competencia judicial 1. Corresponde al órgano jurisdiccional la di rección de la etapa intermedia y, especial mente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley. 2. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la Ley. CONCORDANCIAS: C: Arts. 139 inc. 10); CP: Arts. V, VI; CPC: Arts. II.

Art. VI.- Legalidad de las medidas limitativas de derechos Las medidas que limitan derechos fundamenta les, salvo las excepciones previstas en la Cons titución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías

previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte pro cesal legitimada. La orden judicial debe susten tarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporciona lidad. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.f), 139 incs. 5), 10), 15); CP: Arts. V, VI.

Art. VII.- Vigencia e interpretación de la Ley procesal penal 1. La Ley procesal penal es de aplicación inme diata, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la Ley anterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con prin cipio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. 2. La Ley procesal referida a derechos indivi duales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, in cluso para los actos ya concluidos, si fuera posible. 3. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones proce sales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. 4. En caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a no más favorable al reo. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.d), 139 inc.11); CJMP: Arts. 168, 170; CP: Arts. 6, 7, 9; CPP (2004): Arts. II;

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013.

Art. VIII.- Legitimidad de la prueba 1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas obteni das, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fun damentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier regla de ga rantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su per juicio.

ción y a brindarle un trato acorde con su condición. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.f), 139 inc. 14), 15); CJMP: Arts. 154, 161, 216, 222; CNA: Arts. 187; CP: Arts. 419; CPC: Arts. 51 inc. 2) ; CPCnst.: Arts. 4; CPP (2004): Arts. 65; LOPJ: Arts. 6, 7, 24, 284; CADH: Arts. 7, 8; DUDH: Arts. 9; PIDCP: Arts. 9.4, 14.

Art. X.- Prevalencia de las normas de este Título Las normas que integran el presente Título pre valecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación.

CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 10), 159 inc. 4), 166; CJMP: Arts. 165; CPC: Arts. 199.

Art. IX.- Derecho de Defensa 1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus dere chos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo ra zonable para que prepare su defensa; a ejer cer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala. 2. Nadie puede ser obligado o inducido a de clarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3. El proceso penal garantiza, también, el ejer cicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agravia da o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protec

CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 2), 139 incs. 3), 4), 12); LOPJ: Arts. 6, 10 inc. 1), 293;

LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I LA ACCIÓN PENAL Art. 1.- Acción penal La acción penal es pública. 1. Su ejercicio en los delitos de persecución pú blica, corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular. 2. En los delitos de persecución privada corres ponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella. 3. En los delitos que requieren la previa instan cia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obs tante ello, el Ministerio Público puede solici tar al titular de la instancia la autorización correspondiente.

4. Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la acción penal. CONCORDANCIAS: C: Arts. 99, 159, 166; CJMP: Arts. 173; CP: Arts. 138; CPP (2004): Arts. IV; LOMP: Arts. 1 inc. 5), 11, 94;

Art. 2.- Principio de oportunidad 1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, po drá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando el agente haya sido afectado gra vemente por las consecuencias de su de lito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria. b) Cuando se trate de delitos que no afec ten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. c) Cuando conforme a las circunstancias dei hecho y a las condiciones personales dei denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemen te comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. 2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y per juicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. 3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuer

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do, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá de terminar razonablemente el monto de la re paración civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que este exceda de nueve meses. No será nece saria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente. 4. Realizada la diligencia prevista en el párra fo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Absten ción. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos he chos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumpli miento. De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable. 5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabi lidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las re glas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa au diencia de los interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente ar tículo. 6. Independientemente de los casos estableci dos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancio nados en los artículos 122, 185, 187, 189A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los deli tos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concur so con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte GRUPO EDITORIAL Lex &

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bienes jurídicos disponibles.

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El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo repara torio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. SI el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo perti nente el numeral 3) del presente artículo. 7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de so breseimiento con o sin las reglas fijadas en el numeral 5) hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya estableci dos. Esta resolución no será impugnable, sal vo en cuanto al monto de la reparación civil si esta es fijada por el Juez ante la inexisten cia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonable mente la situación jurídica del imputado. 8. El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación co rrespondiente, en los casos en que el agen te comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307A, 307B, 307C, 307D y 307E del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, defini tivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Am biental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente artículo. 9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado: a) Tiene la condición de reincidente o ha bitual, de conformidad con los artículos 46B y 46C del Código Penal;

b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; c) Sin tener la condición de reinciden• te o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito; o, d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con ante rioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios oca sionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. En estos casos, el Fiscal promueve indefecti blemente la acción penal y procede de acuer do con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) es aplicable también para los ca sos en que se hubiere promovido la acción penal.(*) CONCORDANCIAS: CP: Arts. 14, 15, 16, 21, 22, 25, 64, 122, 185, 187, 189-A, 190 al 193, 196, 197, 198, 205, 215; CPP (2004): Art. 107; LOMP: Arts. 9, 11; Circ. 006-95-MP-FN: Arts. 1 y ssR. 1470-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss.

Art. 3.- Comunicación al Juez de la continuación de la investigación El Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones prepara torias.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 4, 5, 8, 32, 91 inc. 1), 334 inc. 2), 336 inc. 3)

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013. Vigente en todo el territorio

peruano de acuerdo a la Primera D.C.F. de la Ley Nº 30076.

Art. 4.- Cuestión previa 1. La cuestión previa procede cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación Prepa ratoria omitiendo un requisito de procedibi lidad explícitamente previsto en la Ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado. 2. La Investigación Preparatoria podrá reini ciarse luego que el requisito omitido sea sa tisfecho. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 177; CPP (2004): Arts. 7, 8, 9, 502;

Art. 5.- Cuestión prejudicial 1. La cuestión prejudicial procede cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación Preparatoria, pese a que fuere necesaria en vía extra – penal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. 2. Si se declara fundada, la Investigación Pre paratoria se suspende hasta que en la otra vía recaiga resolución firme. Esta decisión beneficia a todos los imputados que se en cuentren en igual situación jurídica y que no la hubieren deducido. 3. En caso de que el proceso extra – penal no haya sido promovido por la persona legiti mada para hacerlo, se le notificará y requeri rá para que lo haga en el plazo de treinta días computados desde el momento en que haya quedado firme la resolución suspensiva. Si vencido dicho plazo no cumpliera con hacer lo, el Fiscal Provincial en lo Civil, siempre que se trate de un hecho punible perseguible”por ejercicio público de la acción penal, deberá promoverlo con citación de las partes intere sadas. En uno u otro caso, el Fiscal está auto rizado para intervenir y continuar el proceso hasta su terminación, así como sustituir al titular de la acción si éste no lo prosigue. 4. De lo resuelto en la vía extra – penal depen de la prosecución o el sobreseimiento defini tivo de la causa. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 174, 176; CPP (2004): Arts. 7, 8, 106, 502; Ley 27939: Art. 4.

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Art. 6.- Excepciones 1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes: a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la Ley. b) Improcedencia de acción, cuando el he cho no constituye delito o no es justicia ble penalmente. c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona. d) Amnistía. e) Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Pe nal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena. 2. En caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se ade cuará al trámite reconocido en el auto que la resuelva. Si se declara fundada cualquiera de las excepciones previstas en los cuatro últimos literales, el proceso será sobreseído definitivamente. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 86, 178; CP: Arts. 78, 79, 80, 81, 85 inc. 1), 89; CPC: Arts. 123, 446, 447.

Art. 7.- Oportunidad de los medios de defensa 1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya decidido continuar con las investigacio nes preparatorias o al contestar la querella ante el Juez y se resolverán necesariamente antes de culminar la Etapa Intermedia. 2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la Etapa Interme dia, en la oportunidad fijada por la Ley. 3. Los medios de defensa referidos en este dis positivo, pueden ser declarados de oficio.

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CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 4, 5; Ley 27939: Arts. 4.

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Art. 8.- Trámite de los medios de de- fensa 1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la In vestigación Preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamen tada ante el Juez de la Investigación Prepa ratoria que recibió la comunicación señalada en el artículo 3º, adjuntando, de ser el caso, los elementos de convicción que correspon dan. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los sujetos procesales aperso nados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se reali zará con quienes concurran a la misma. El Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto. 3. Instalada la audiencia, el Juez de la Investi gación Preparatoria escuchará por su orden, al abogado defensor que propuso el medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor ci vil y al defensor de la persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90º y del tercero civil. En el turno que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consten en autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado tiene derecho a intervenir en últi mo término. 4. El Juez de la Investigación Preparatoria re solverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo de dos días luego de celebrada la vis ta. Excepcionalmente, y hasta por veinticua tro horas, podrá retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto debidamente fun damentado. 5. Cuando el medio de defensa se deduce du rante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada en el artículo 350º, se resolverán con forme a lo dispuesto en el artículo 352º.

6. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno de los imputados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídi ca. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 3, 4, 90, 91 inc.2), 102, 203, 271, 350, 352; Ley 27939: Art. 4.

Art. 9.- Recurso de Apelación 1. Contra el auto expedido por el Juez de la In vestigación Preparatoria procede recurso de apelación. 2. Concedido el recurso de apelación, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, antes de la elevación del recurso a la Sala Penal Superior, que dentro del quinto día se agreguen a los actuados formados en sede judicial las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. Si transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias corres pondientes, el Juez inmediatamente elevará los actuados a la Sala Penal Superior, la que sin perjuicio de poner este hecho en cono cimiento del Fiscal Superior instará al Fiscal Provincial para que complete el cuaderno de apelación. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 364 y ss; CPP (2004): Arts. 27 inc. 1), 28 inc. 5.b), 37, 48 inc. 2), 49, 103, 154 inc. 3), 204 inc. 1), 246, 267, 274 inc. 3), 276, 279 inc.3), 280, 284, 311 inc. 4), 315 inc. 2), 319 inc. 3), 347 inc. 3), 401, 413 inc. 2), 414, 420, 421 y ss., 428 inc. 1.d), 450 inc. 2), 7), 454 inc. 3), 4), 457 inc. 4), 477 inc. 4), 478 inc. 2), 4), 480 incs. 1), 2.d), 486, 491 inc. 6), 493 inc. 3), 521 inc. 5), 532 inc. 2), 537 inc. 3) y ss.

Art. 10.- Indicios de delitos en proceso extra – penal 1. Cuando en la sustanciación de un proceso extra – penal aparezcan indicios de la comi sión de un delito de persecución pública, el Juez, de oficio o a pedido de parte, comuni cará al Ministerio Público para los fines con siguientes. 2. Si el Fiscal luego de las primeras diligencias decide continuar con la Investigación Pre paratoria lo comunicará al Juez extra penal, quien suspenderá el proceso, siempre que

considere que la sentencia penal puede influir en la resolución que le corresponde dictar. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 106;

SECCIÓN II LA ACCIÓN CIVIL Art. 11.- Ejercicio y contenido 1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. 2. Su ámbito comprende las acciones estableci das en el artículo 93º del Código Penal e in cluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspon dan, con citación de los afectados. CONCORDANCIAS: CC: Arts. 1321 y ss; CJMP: Arts. 181 y ss; CP: Arts. 93.

Art. 12.- Ejercicio alternativo y accesoriedad 1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Or den Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional. 2. Si la persecución penal no pudiese prose guir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna considera ción legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el Orden Ju risdiccional Civil. 3. La sentencia absolutoria o el auto de sobre seimiento no impedirá al órgano jurisdiccio nal pronunciarse sobre la acción civil deri vada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts.181 y ss.

Art. 13.- Desistimiento 1. El actor civil podrá desistirse de su preten sión de reparación civil hasta antes del inicio de la Etapa Intermedia del proceso. Ello no perjudica su derecho a ejercerlo en la vía del proceso civil. 2. El desistimiento genera la obligación pago de costas.

del

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 110, 404 inc. 3), 406, 464, 487, 497 inc. 5)

Art. 14.- Transacción 1. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de transacción. 2. Una vez que la transacción se formalice ante el Juez de la Investigación Preparatoria, res pecto de la cual no se permite oposición del Ministerio Público, el Fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su acusación. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 487;

Art. 15.- Nulidad de transferencias 1. El Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97º del Código Penal o cuando se trate de bienes sujetos a deco miso de conformidad con el artículo 102º del citado Código, que hubieran sido trans feridos o gravados fraudulentamente, sin perjuicio de la anotación preventiva y/o de otra medida que corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien. 2. El procedimiento se sujetará a las siguientes reglas: a) Una vez identificada una transferencia de un bien sujeto a decomiso o que pue de responder a la reparación civil y que se considere incurso en lo dispuesto en el primer numeral del presente artículo, el Ministerio Público o el actor civil, in troducirán motivadamente la pretensión

anulatoria correspondiente e instará al Juez de la Investigación Preparatoria que disponga al Fiscal la formación del cua derno de nulidad de transferencia. En ese mismo escrito ofrecerá la prueba per tinente. b) El Juez correrá traslado del requerimien to de nulidad al imputado, al adquirente y/o poseedor del bien cuestionado o a aquél en cuyo favor se gravó el bien, para que dentro del quinto día de notificados se pronuncien acerca del petitorio de nu lidad. Los emplazados, conjuntamente con su contestación, ofrecerán la prueba que consideren conveniente. c) El Juez, absuelto el trámite o transcurrido el plazo respectivo, de ser el caso, citará a una audiencia dentro del quinto día para la actuación de las pruebas ofrecidas y escuchar los alegatos de los participan tes. A su culminación, con las conclusio nes escritas de las partes, el Juez dictará resolución dando por concluido el proce dimiento incidental. Están legitimados a intervenir en la actuación probatoria las partes y las personas indicadas en el nu meral anterior. d) El órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia se pronunciará sobre la nulidad demandada. Todos los legitima dos para intervenir en este incidente pue den participar en todas las actuaciones procesales que puedan afectar su dere cho y, especialmente, en el juicio oral, en que podrán formular alegatos escritos y orales. En este último caso intervendrán luego del tercero civil. e) Esta pretensión también puede interpo nerse durante la Etapa Intermedia, en el momento fijado por la Ley. CONCORDANCIAS: CC: Arts. 219; CP: Arts. 97, 102; Ley 28008: Arts. 13, 27.

SECCIÓN III LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA TÍTULO I LA JURISDICCIÓN Art. 16.- Potestad jurisdiccional La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por: 1. La Sala Penal de la Corte Suprema. 2. Las Salas Penales de las Cortes Superiores. 3. Los Juzgados Penales, constituidos en ór ganos colegiados o unipersonales, según la competencia que le asigna la Ley. 4. Los Juzgados de la Investigación Preparatoria. 5. Los Juzgados de Paz Letrados, con las excep ciones previstas por la Ley para los Juzgados de Paz. CONCORDANCIAS: C: Arts. 139 incs. 1), 2), 143; CJMP: Art. 185 y ss; CPC: Arts. 48, 49; LOPJ: Arts. 34, 41, 50, 54 y ss.

Art. 17.- Improrrogabilidad de la jurisdicción penal La jurisdicción penal ordinaria es improrrogable. Se extiende a los delitos y a las faltas. Tiene lugar según los criterios de aplicación establecidos en el Código Penal y en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado, debidamente aproba dos y ratificados conforme a la Constitución. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 186; CP: Arts. 1, 2 y ss; CPP (2004): Arts. 24; CADH: Arts. 8, 9; DUDH: Arts. 8, 9, 10, 11.

Art. 18.- Límites de la jurisdicción pe- nal ordinaria La jurisdicción penal ordinaria no es competen te para conocer: 1. De los delitos previstos en el artículo 173º de la Constitución. 2. De los hechos punibles cometidos por ado lescentes. 3. De los hechos punibles en los casos previs tos en el artículo 149º de la Constitución. CONCORDANCIAS: C: Arts., 149, 173; CJMP: Arts. 187; CNA: Arts. 183, 184 y ss.

TÍTULO II LA COMPETENCIA Art. 19.- Determinación de la competencia 1. La competencia es objetiva, funcional, terri torial y por conexión. 2. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben cono cer un proceso. CONCORDANCIAS: C: Arts. 139 inc. 2); CJMP: Arts. 188; CPC: Arts. 5, 6, 7, 14, 25 y ss.

Art. 20.- Efectos de las cuestiones de competencia Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento. No obstante, si se producen antes de dictarse el auto de citación de juicio, se suspenderá la audiencia hasta la decisión del conflicto.

Art. 22.- Delitos cometidos en un me- dio de transporte 1. Si el delito es cometido en un medio de trans porte sin que sea posible determinar con precisión la competencia territorial, corres ponde conocer al Juez del lugar de llegada más próximo. En este caso el conductor del medio de transporte pondrá el hecho en co nocimiento de la autoridad policial del lugar indicado. 2. La autoridad policial informará de inmedia to al Fiscal Provincial para que proceda con arreglo a sus atribuciones. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 196; CP: Arts. 1.

Art. 23.- Delito cometido en el extran- jero Si el delito es cometido fuera del territorio na cional y debe ser juzgado en el Perú conforme al Código Penal, la competencia del Juez se esta blece en el siguiente orden:

CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 189; CPC: Arts. 35, 36, 37 al 46.

CAPÍTULO I LA COMPETENCIA POR EL TERRITORIO Art. 21.- Competencia territorial La competencia por razón del territorio se esta blece en el siguiente orden: 1. Por el lugar donde se cometió el hecho delic tuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la perma nencia del delito. 2. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito. 3. Por el lugar donde se descubrieron las prue bas materiales del delito. 4. Por el lugar donde fue detenido el imputado. 5. Por el lugar donde domicilia el imputado. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 195; CP: Arts. 1; CPC: Arts. 6, 8, 14; CPCnst.: Arts. 12; LOPJ: Arts. 28, 29, 30.

1. Por el lugar donde el imputado tuvo su últi mo domicilio en el país; 2. Por el lugar de llegada del extranjero; 3. Por el lugar donde se encuentre el imputado al momento de promoverse la acción penal. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 197; CP: Arts. 1, 2.

Art. 24.- Delitos graves y de trascendencia nacional Los delitos especialmente graves, o los que produzcan repercusión nacional cuyos efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial, o los cometidos por organizaciones delictivas, que la Ley establezca, podrán ser conocidos por deter minados jueces de la jurisdicción penal ordina ria, bajo un sistema específico de organización territorial y funcional, que determine el Órgano de Gobierno del Poder Judicial. Los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; y, los delitos de secuestro y extorsión que afecten a funcionarios del Estado, podrán ser de conocimiento de los Jueces de la Capital

de la República, con prescindencia del lugar en el que hayan sido perpetrados.(*) CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 198; LOMP: Arts. 25, 26, 27.

Art. 25.- Valor de los actos procesales ya realizados La incompetencia territorial no acarrea la nuli dad de los actos procesales ya realizados. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 199; CPP (2004): Arts. 38; LOMP: Arts. 184 inc.4).

CAPÍTULO II LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL Art. 26.- Competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema Compete a la Sala Penal de la Corte Suprema: 1. Conocer del recurso de casación interpuesto contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las Salas Penales de las Cortes Superiores, en los casos previstos por la Ley. 2. Conocer del recurso de queja por denegato ria de apelación. 3. Transferir la competencia en los casos pre vistos por la Ley. 4. Conocer de la acción de revisión. 5. Resolver las cuestiones de competencia pre vistas en la Ley, y entre la jurisdicción ordi naria y la militar. 6. Pedir al Poder Ejecutivo que acceda a la ex tradición activa y emitir resolución consulti va respecto a la procedencia o improceden cia de la extradición pasiva. 7. Resolver la recusación planteada contra sus Magistrados. 8. Juzgar en los casos de delitos de función que señala la Constitución.

9. Entender de los demás casos que este Códi go y las Leyes determinan. CONCORDANCIAS: C: Arts. 99; CPP (2004): Arts. 427, 428, 437, 438, 515, 520, 521, 525, 526; LOPJ: Arts. 34; Ley 24710: Arts. 184 inc. 4).

Art. 27.- Competencia de las Salas Penales de las Cortes Superiores Compete a las Salas Penales de las Cortes Su periores: 1. Conocer del recurso de apelación contra los autos y las sentencias en los casos previstos por la Ley, expedidos por los Jueces de la In vestigación Preparatoria y los Jueces Penales –colegiados o unipersonales. 2. Dirimir las contiendas de competencia de los Jueces de la Investigación Preparatoria y los Jueces Penales –colegiados o unipersonales del mismo o distinto Distrito Judicial, corres pondiendo conocer y decidir, en este último caso, a la Sala Penal del Distrito Judicial al que pertenezca el Juez que previno. 3. Resolver los incidentes que se promuevan en su instancia. 4. Dictar, a pedido del Fiscal Superior, las me didas limitativas de derechos a que hubiere lugar. 5. Conocer del recurso de queja en los casos previstos por la Ley. 6. Designar al Vocal menos antiguo de la Sala para que actúe como Juez de la Investiga ción Preparatoria en los casos previstos por la Ley, y realizar el juzgamiento en dichos ca sos. 7. Resolver la recusación planteada contra sus Magistrados. 8. Conocer los demás casos que este Código y las Leyes determinen. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 20, 28, 29; LOMP: Arts. 91, 92; LOPJ: Arts. 41; R.A. 0789-2006-CE-PJ: Arts. 3.

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º del D. Leg. 983, pub. el 22/07/2007. Texto según Fe de Erratas del 02/08/2007.

Art. 28.- Competencia material y funcional de los Juzgados Penales 1. Los Juzgados Penales Colegiados, integrados por tres jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años. 2. Los Juzgados Penales Unipersonales conoce rán materialmente de aquellos cuyo conoci miento no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados. 3. Compete funcionalmente a los Juzgados Penales, Unipersonales o Colegiados, lo si guiente: a) Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme Ley deban cono cer; b) Resolver los incidentes que se promue van durante el curso del juzgamiento; c) Conocer de los demás casos que este Có digo y las Leyes determinen. 4. Los Juzgados Penales Colegiados, funcional mente, también conocerán de las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas; 5. Los Juzgados Penales Unipersonales, funcio nalmente, también conocerán: a) De los incidentes sobre beneficios peni tenciarios, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal; b) Del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias expedidas por el Juez de Paz Letrado; c) Del recurso de queja en los casos previs tos por la Ley; d) De la dirimencia de las cuestiones de competencia entre los Jueces de Paz Le trados. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 453; CEP: Arts. 165 y ss; CPP (2004): Arts. 29; LOPJ: Arts. 50; R.A 078-2006-CE-PJ: Art. 2.

Art. 29.- Competencia de los Juzgados de la Investigación Preparatoria Compete a los Juzgados de la Investigación

1. Conocer las cuestiones derivadas de la cons titución de las partes durante la Investiga ción Preparatoria. 2. Imponer, modificar o hacer cesar las medi das limitativas de derechos durante la Inves tigación Preparatoria. 3. Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada. 4. Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia. 5. Ejercer los actos de control que estipula este Código. 6. Ordenar, en caso de delito con resultado de muerte, si no se hubiera inscrito la defun ción, y siempre que se hubiera identificado el cadáver, la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 7. Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 321, 322 y ss; R.A 078-2006-CE-PJ: Art. 2, 4.

Art. 30.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados Compete a los Juzgados de Paz Letrados cono cer de los procesos por faltas. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 440, 441 y ss; LOPJ: Arts. 57, 58 y ss.

CAPÍTULO III LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN Art. 31.- Conexión procesal Existe conexión de procesos en los siguientes casos: 1. Cuando se imputa a una persona la comisión Pre paratoria:

de varios delitos. 2. Cuando varias personas aparezcan como au tores o partícipes del mismo hecho punible. 3. Cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes.

4. Cuando el hecho delictuoso ha sido cometi do para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad. 5. Cuando se trate de imputaciones recíprocas. CONCORDANCIAS:

2. Los procesos por delitos de acción privada seguirán las mismas reglas, pero la acumula ción sólo procederá entre ellas. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 48, 50, 51;

CPP (2004): Arts. 32, 34, 47.

Art. 32.- Competencia por conexión En los supuestos de conexión previstos en el ar tículo 31º, la competencia se determinará: 1. En el numeral 1), le corresponde al Juez que conoce del delito con pena más grave. A igual gravedad, corresponde al Juez que pri mero recibió la comunicación prevista en el artículo 3º. 2. En el numeral 2), la competencia se determi nará subsidiariamente por la fecha de comi sión del delito, por el turno en el momento de la comunicación prevista en el numeral 3) o por quien tuviera el proceso más avan zado. En caso de procesos incoados en dis tintos distritos judiciales, la competencia se

TÍTULO IV CUESTIONES DE COMPETENCIA CAPÍTULO I LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA Art. 34.- Declinatoria de competencia 1. Durante la Investigación Preparatoria el im putado, el actor civil o el tercero civil podrán pedir declinatoria de competencia. 2. La petición procede cuando el Juez se avoca al conocimiento de un delito que no le co rresponde por razón de la materia, de jerar quía o de territorio. El Juez la resolverá, de conformidad con el trámite previsto –en lo pertinente en el artículo 8º in fine, mediante resolución fundamentada.

establece por razón del territorio. 3. En los numerales 3) y 5), corresponde al que conoce el delito con pena más grave. A igual gravedad compete al Juez Penal que primero hubiera recibido la comunicación prevista en el numeral 3). 4. En el numeral 4) corresponderá al que cono ce del delito con pena más grave.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 3, 31.

TÍTULO III CONCURSO PROCESAL DE DELITOS Art. 33.- Trámite 1. En caso de concurso de delitos sujetos a dis tintos trámites procesales, el procedimiento se seguirá de acuerdo al que corresponde al delito con pena más grave.

CONCORDANCIAS: CC: Arts. CJMP: Arts. 188; CPC: Arts. 35, 36; CPP (2004): Arts. 8, 37.

Art. 35.- Oportunidad para la petición de declinatoria La petición de declinatoria de competencia se interpondrá dentro de los diez días de formali zada la investigación.

Art. 36.- Remisión del proceso Consentida la resolución que la declara funda da, el proceso será remitido a quien correspon da, con conocimiento de las partes. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 36.

Art. 37.- Recurso de apelación Contra la resolución a que se refiere el artículo

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley N°30076, publicado el 19/08/2013.

34º procede apelación ante la Sala Penal Supe rior, que la resolverá en última instancia. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 34.

Art. 38.- Valor de los actos procesales Los actos procesales válidamente realizados an tes de la declinatoria conservan su eficacia. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 25.

CAPÍTULO II LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA Art. 39.- Procedencia La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el normal de sarrollo de la investigación o del juzgamiento, o cuando sea real o inminente el peligro incontro lable contra la seguridad del procesado o su sa lud, o cuando sea afectado gravemente el orden público.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 40, 41; LOMP: Arts. 95.

suelta por la Sala Penal Superior. 2. Cuando se trate del Juez de distinto Distrito Judicial, o de la Sala Penal Superior, la resol verá la Sala Penal Suprema.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 39.

CAPÍTULO III LA CONTIENDA DE COMPETENCIA Art. 42.- Contienda de competencia por requerimiento 1. Cuando el Juez toma conocimiento que otro de igual jerarquía también conoce del mismo caso sin que le corresponda, de oficio o a pe tición de las partes, solicitará la remisión del proceso. Además de la copia de la resolución, adjuntará los elementos de juicio pertinentes. 2. El Juez requerido resolverá en el término de dos días hábiles. Si acepta, remitirá lo actuado, con conocimiento de las partes. Si declara improcedente la remisión formará el cuaderno respectivo y lo elevará en el térmi no de tres días a la Sala Penal Superior, para que resuelva en última instancia dentro del quinto día de recibidos los autos.

Art. 40.- Trámite

CONCORDANCIAS:

1. La transferencia podrá solicitarla el Fiscal, el imputado, y las demás partes puntualizando los fundamentos y adjuntando la prueba. Formado el incidente se pondrá en cono cimiento de los demás sujetos procesales, quienes en el término de cinco días, expon drán lo conveniente. Vencido el plazo será elevado el incidente.

CJMP: Arts. 190; CPC: Arts. 40.

2. La Sala resolverá en el plazo de tres días.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 39.

Art. 43.- Contienda de competencia por inhibición 1. Cuando el Juez se inhibe, de oficio o a ins tancia de las partes, remitirá copia de las piezas pertinentes a otro Juez si hubiera de tenido; en caso contrario remitirá el proceso. 2. Si el segundo Juez también se inhibe eleva rá las copias en el plazo de un día hábil, o el principal, para que la Sala Penal Superior resuelva.

Art. 41.- Resolución

CONCORDANCIAS:

1. La transferencia de competencia del Juez dentro del mismo Distrito Judicial, será re

CJMP: Arts. 191, 201; CPC: Arts. 38, 39 y ss; CPP (2004): Arts. 53, 54 y ss.

(*) Artículo vigente en todo el país, establecido por el Art. único de la Ley N° 28482 del 03/04/2005. GRUPO EDITORIAL Lex &

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Art. 44.- Consulta del Juez 1. Cuando el Juez tome conocimiento que su superior jerárquico conoce el mismo hecho punible o uno conexo consultará mediante oficio si debe remitir lo actuado. 2. Cuando el superior tenga conocimiento de que ante un Juez inferior en grado se sigue un proceso que le corresponde, ya sea por razón del delito o por delitos conexos, pedirá de oficio o a petición de las partes la remi sión de los actuados. 3. Las personas que no tienen la condición exi gida por el artículo 99º de la Constitución, a quienes se les imputa haber intervenido en los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los Altos Funcionarios Públi cos, serán procesados ante la Corte Suprema de Justicia conjuntamente con aquellos. 4. La misma disposición se aplicará a los casos que deben ser de conocimiento de la Corte Superior de Justicia. CONCORDANCIAS: C: Arts. 99; CJMP: Arts. 193.

Art. 45.- Inhibición del Juez 1. Cuando el Juzgado Penal que ha recibido la acusación conoce que otro de igual jerarquía tiene otro proceso para audiencia sobre el mismo caso, podrá solicitarle se inhiba, para lo cual le enviará copia de las piezas perti nentes. Si el Juzgado Penal requerido acepta expedirá resolución y remitirá lo actuado, con conocimiento de la Sala Penal Superior y de las partes. Si por el contrario, afirma su competencia, elevará el cuaderno respectivo a la Sala Penal Superior. 2. La Sala resolverá, en última instancia, dentro del quinto día de recibidos los autos, previa audiencia con la intervención de las partes. 3. La contienda de competencia entre Salas Penales Superiores será resuelta por la Sala Penal Suprema. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 194, 201; CPC: Arts. 38, 39 y ss.; CPP (2004):

CAPÍTULO IV LA ACUMULACIÓN Art. 46.- Acumulación de procesos independientes Cuando en los casos de conexión hubiera pro cesos independientes, la acumulación tendrá lugar observando las reglas de la competencia. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 84.

Art. 47.- Acumulación obligatoria y facultativa 1. La acumulación es obligatoria en el supuesto del numeral 2) del artículo 31º. 2. En los demás casos será facultativa, siempre que los procesos se encuentren en el mismo estado e instancia, y no ocasionen grave re tardo en la administración de justicia. Arts. 53, 54 y ss.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 31 inc. 2);

Art. 48.- Acumulación de oficio o a pe- dido de parte 1. La acumulación puede ser decidida de oficio o a pedido de las partes, o como consecuen cia de una contienda de competencia que conduzca hacia ella. 2. Contra la resolución que ordena la acumu lación durante la Investigación Preparatoria procede recurso de apelación ante la Sala Penal Superior, que resolverá en el término de cinco días hábiles. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 27 inc. 2), 49.

Art. 49.- Acumulación para el juzga- miento La acumulación para el Juzgamiento puede ser ordenada de oficio o a petición de las partes. Contra esa resolución procede recurso de ape lación. La resolución de la Sala Penal Superior que absuelve el grado, se expedirá en el término de cinco días hábiles. Contra esta resolución no procede recurso alguno. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 48.

Art. 50.- Improcedencia de la acumulación La acumulación es improcedente, cuando uno de los procesos es por acción pública y el otro por acción privada; o, cuando uno de ellos se tramita en la jurisdicción ordinaria y el otro en la militar.

Art. 51.- Separación de procesos acumulados e imputaciones conexas Excepcionalmente, para simplificar el proce dimiento y decidir con prontitud, siempre que existan elementos suficientes para conocer con independencia, es procedente la separación de procesos acumulados o de imputaciones o delitos conexos que requieran de diligencias especiales o plazos más dilatados para su sus tanciación, salvo que se considere que la unidad es necesaria para acreditar los hechos. A estos efectos se dispondrá la formación de cuadernos separados. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 91.

Art. 52.- Resolución y diligencias urgentes Mientras estuviera pendiente la decisión sobre cuestiones de competencia, está permitido re solver sobre la libertad o privación de la liber tad del imputado, así como actuar diligencias de carácter urgente e irrealizables ulteriormente o que no permitan ninguna prórroga. La Sala Pe nal dará prioridad a los incidentes de acumula ción en el señalamiento de vista de la causa. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 20, 59.

CAPÍTULO V LA INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN

cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus parientes por adopción o relación de convivencia con alguno de los demás sujetos procesales. En el caso del cónyuge y del parentesco que de ese vínculo se deriven, subsistirá esta causal incluso luego de la anulación, disolución o cesación de los efectos civiles del matri monio. De igual manera se tratará, en lo pertinente, cuando se produce una rup tura definitiva del vínculo convivencial. b) Cuando tenga amistad notoria, enemis tad manifiesta o un vínculo de compa drazgo con el imputado, la víctima, o con tra sus representantes. c) Cuando fueren acreedores o deudores del imputado, víctima o tercero civil. d) Cuando hubieren intervenido anterior mente como Juez o Fiscal en el proceso, o como perito, testigo o abogado de alguna de las partes o de la víctima. e) Cuando exista cualquier otra causa, fun dada en motivos graves, que afecte su im parcialidad. 2. La inhibición se hará constar por escrito, con expresa indicación de la causal invoca da. Se presentará a la Sala Penal Superior en el caso del Juez de la Investigación Prepara toria y del Juez Penal, con conocimiento de las partes, y elevando copia certificada de los actuados. La Sala decidirá inmediatamente, previo traslado a las partes por el plazo co mún de tres días. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 201; CPC: Arts. 38, 39; CPP (2004): Arts. 43, 45, 54, 61.

Art. 53.- Inhibición

Art. 54.- Requisitos de la recusación

1. Los Jueces se inhibirán por las siguientes causales:

1. Si el Juez no se inhibe, puede ser recusado

a) Cuando directa o indirectamente tuvie sen interés en el proceso o lo tuviere su

por las partes. La recusación se formulará por escrito, bajo sanción de inadmisibilidad, siempre que la recusación se sustente en alguna de las causales señaladas en el artí

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culo 53º, esté explicada con toda claridad la causal que invoca y se adjunten, si los tuvie ra, los elementos de convicción pertinentes. También será inadmisible y se rechazará de plano por el propio Juez de la causa, la re cusación que se interponga fuera del plazo legal. 2. La recusación será interpuesta dentro de los tres días de conocida la causal que se invoque. En ningún caso procederá luego del tercer día hábil anterior al fijado para la audiencia, la cual se resolverá antes de ini ciarse la audiencia. No obstante ello, si con posterioridad al inicio de la audiencia el Juez advierte por sí o por intermedio de las par tes un hecho constitutivo de causal de inhi bición deberá declararse de oficio. 3. Cuando se trate del procedimiento recursal, la recusación será interpuesta dentro del tercer día hábil del ingreso de la causa a esa instancia. 4. Todas las causales de recusación deben ser alegadas al mismo tiempo. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 202; CPC: Arts. 311, 312; CPP (2004): Arts. 53, 56, 62.

Art. 55.- Reemplazo del inhibido o recusado 1. Producida la inhibición o recusación, el inhi bido o recusado será reemplazado de acuer do a Ley, con conocimiento de las partes. 2. Si las partes no están conformes con la inhi bición o aceptación de la recusación, podrán interponer apelación ante el Magistrado de quien se trate, a fin de que el superior in mediato decida el incidente dentro del tercer día. Contra lo resuelto por dicho órgano ju risdiccional no procede ningún recurso.

Art. 56.- Trámite cuando el Juez no conviene en la recusación Si el Juez recusado rechaza de plano la recusa ción o no conviene con ésta, formará incidente y elevará las copias pertinentes en el plazo de un día hábil a la Sala Penal competente. La Sala dictará la resolución que corresponda siguiendo el trámite previsto en el artículo anterior. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 53, 54, 55.

Art. 57.- Trámites especiales 1. Cuando se trata de miembros de órganos jurisdiccionales colegiados, se seguirá el mis mo procedimiento previsto en los artículos anteriores, pero corresponderá decidir al mismo órgano colegiado integrándose por otro magistrado. Contra lo decidido no pro cede ningún recurso. 2. Si la recusación es contra todos los integran tes del órgano judicial colegiado, conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por la Ley. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 205; CPP (2004): Arts. 53, 54.

Art. 58.- Inhibición y recusación de secretarios y auxiliares jurisdiccionales Las mismas reglas regirán respecto a los Se cretarios y a quienes cumplan una función de auxilio judicial en el procedimiento. El órgano judicial ante el cual actúan, decidirá inmediata mente reemplazándolo durante ese trámite por el llamado por Ley. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 206; CPC: Arts. 54, 55 y ss; CPP (2004): Arts. 53, 54 y ss.

Art. 59.- Actuaciones impostergables Mientras esté pendiente de resolver la inhibi ción o recusación, el Juez podrá realizar todas aquellas diligencias previstas en el artículo 52º.

CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 203; CPC: Arts. 311, 312; CPP (2004): Arts. 53, 54, 56.

CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 207; CPP (2004): Arts. 52.

SECCIÓN IV EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DEMÁS SUJETOS PROCESALES TÍTULO I EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICÍA NACIONAL CAPÍTULO I EL MINISTERIO PÚBLICO Art. 60.- Funciones 1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instan cia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su inicio la investi gación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los manda tos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

incurso en las causales de inhibición estable cidas en el artículo 53º. CONCORDANCIAS: C: Arts. 158, 159; CPP (2004): Arts. 53; LOMP: Arts. 1, 4, 5, 9, 10, 11.

Art. 62.- Exclusión del Fiscal 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Or gánica del Ministerio Público, el superior je rárquico de un Fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. También podrá hacerlo, previa las indagaciones que consi dere convenientes, cuando esté incurso en las causales de recusación establecidas res pecto de los jueces. 2. El Juez está obligado a admitir la intervención del nuevo Fiscal designado por el superior.

CONCORDANCIAS: C: Arts. 159; CJMP: Arts. 236; CPP (2004): Arts. IV; LOMP: Arts. 1, 4, 5, 9, 10, 11.

Art. 61.- Atribuciones y obligaciones 1. El Fiscal actúa en el proceso penal con inde pendencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter gene ral que emita la Fiscalía de la Nación. 2. Conduce la Investigación Preparatoria. Prac ticará u ordenará practicar los actos de in vestigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la respon sabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo. 3. Interviene permanentemente en todo el de sarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impug nación que la Ley establece. 4.

Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté

CONCORDANCIAS: C: Arts. 158, 159; CPP (2004): Arts. 54; LOMP: Arts. 23.

Art. 63.- Actividad y distribución de funciones 1. El ámbito de la actividad del Ministerio Pú blico, en lo no previsto por este Código, será el señalado por su Ley Orgánica. 2. Corresponde al Fiscal de la Nación, de con formidad con la Ley, establecer la distribu ción de funciones de los miembros del Minis terio Público. CONCORDANCIAS: C: Arts. 158, 159; LOMP: Arts. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 64, 65, 66.

Art. 64.- Disposiciones y requerimientos 1. El Ministerio Público formulará sus Dispo siciones, Requerimientos y Conclusiones en forma motivada y específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las de cisiones del Juez, ni a Disposiciones o Reque rimientos anteriores. 2. Procederá oralmente en la audiencia y en los debates, y por escrito en los demás casos. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 114; LOMP: Arts. 14.

Art. 65.- La investigación del delito 1. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los au tores o partícipes en su comisión. Con la fi nalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación, sin perjui cio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 333. 2. El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará si correspondiere las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional. 3. Cuando el fiscal ordene la intervención po licial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades especificas que deberán reunir los actos de Investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacio nal estará sujeta a la conducción del fiscal. 4. El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacio nal brinda sus recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de defensa del imputa do y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias corres pondientes. 5. El Ministerio Público y la Policia Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacita ción conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios.(*) CONCORDANCIAS: C: Arts. 158, 159; CPP (2004): Arts. IX, 322; LOMP: Arts. 1, 11, 14.

Art. 66.- Poder coercitivo 1. En caso de inconcurrencia a una citación de bidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional. 2. Realizada la diligencia cuya frustración mo tivó la medida, o en todo caso, antes de que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su le vantamiento, bajo responsabilidad. CONCORDANCIAS: C: Arts. 158, 159; CPC: Arts. 109 inc. 5); LOMP: Arts. 1, 3.

CAPÍTULO II LA POLICÍA Art. 67.- Función de investigación de la Policía 1. La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciati va, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e impres cindibles para impedir sus consecuencias, in dividualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que pue dan servir para la aplicación de la ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de la acción penal. 2. Los policías que realicen funciones de inves tigación están obligados a apoyar al Ministe rio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria.(*) CONCORDANCIAS: C: Art. 166; CP: Arts. 378, 425 inc. 5); CPP (2004): Arts. IV, 60; R.M. 1452-2006-IN: Art. 1 y ss.

Art. 68.- Atribuciones de la Policía 1. La Policía Nacional en función de investiga ción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí culo anterior y en las normas sobre investi gación, bajo la conducción del Fiscal, podrá realizar lo siguiente:

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley N° 30076, pub. el 19/08/2013.

a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar de claraciones a los denunciantes. b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito. c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito.

j) Allanar locales de uso público o abiertos al público. k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.

d) Recoger y conservar los objetos e ins trumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación.

l) Recibir la manifestación de los presun tos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su Abogado De fensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos.

e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y par tícipes del delito.

m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y

f) Recibir las declaraciones de quienes ha yan presenciado la comisión de los he chos.

n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investiga dos

g) Levantar planos, tomar fotografías, reali zar grabaciones en video y demás opera ciones técnicas o científicas. h) Capturar a los presuntos autores y partí cipes en caso de flagrancia, informándo les de inmediato sobre sus derechos. i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. En este caso, de ser posible en función a su can tidad, los pondrá rápidamente a disposi ción del Fiscal para los fines consiguien tes quien los remitirá para su examen al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de dicha documentación describiéndola concisa mente. El Juez de la Investigación Prepa ratoria, decidirá inmediatamente o, si lo

considera conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuen tran los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez esti ma legítima la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su conversión en incautación, poniéndolas a disposi ción del Ministerio Público. De igual ma nera se procederá respecto de los libros, comprobantes y documentos

2. De todas las diligencias específicas en este artículo, la Policía sentará actas detalladas las que entregará al Fiscal. Respetará las for malidades previstas para la investigación. El Fiscal durante la Investigación Preparatoria puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía. 3. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a las inves tigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 324º del presente Código. El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. contables administrativos.

CONCORDANCIAS: C: Arts. 166; CP: Arts. 378, 425 inc. 5); CPP (2004): Arts. 324, 331 inc. 2); R.M. 1452-2006-IN: Art. 1 y ss.

Art. 69.- Instrucciones del Fiscal de la Nación Sin perjuicio de las directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada caso a la Policía, el Fiscal de la Nación regulará me diante Instrucciones Generales los requisitos

legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los mecanismos de coor dinación que deberán realizar los fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones pre vistas en este Código. CONCORDANCIAS: C: Arts. 159; CPP (2004): Arts. 333; LOMP: Arts. 64, 65.

Art. 70.- Prohibición de informar La Policía podrá informar a los medios de co municación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, testi gos, o de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa autori zación del Fiscal. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc.24.e), 139 incs. 4), 5), 10), 12); CP: Arts. 6; CPP (2004): Arts. II.2; DUDH: Arts. 11.1; CADH: Art. 8.2; PIDCP: Art. 14.2.

TÍTULO II EL IMPUTADO Y EL ABOGADO DEFENSOR CAPÍTULO I EL IMPUTADO Art. 71.- Derechos del imputado 1. El imputado puede hacer valer por sí mis mo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras di ligencias de investigación hasta la culmina ción del proceso. 2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera in mediata y comprensible, que tiene derecho a: a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha me dida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en for

ma inmediata;

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor; d) Abstenerse de declarar; y, si acepta ha cerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presen cia; e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su li bre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera 3. El cumplimiento de lo prescrito en los nume rales anteriores debe constar en acta, ser fir mado por el imputado y la autoridad corres pondiente. Si el imputado se rehusa a firmar el acta se hará constar la abstención, y se consignará el motivo si lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras dili gencias de investigación, previa intervención del Fiscal se dejará constancia de tal hecho en el acta. 4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la Investiga ción Preparatoria no se ha dado cumplimien to a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de me didas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Prepara toria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constata ción

de los hechos y realización de una au diencia con intervención de las partes. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.f), 139 inc. 14), 15); CJMP: Arts. 208; CNA: Arts.187; CP: Arts. 419; CPC: Arts. 51 inc. 2); CPP (2004): Arts. IX, 87, 263; LOPJ: Arts. 6, 7, 24, 284; DUDH: Arts.9; CADH: Arts. 7, 8; PIDCP: Arts. 9 inc. 4), 14.

Art. 72.- Identificación del imputado 1. Desde el primer acto en que intervenga el imputado, será identificado por su nombre, datos personales, señas particulares y, cuan do corresponda, por sus impresiones digita les a través de la oficina técnica respectiva. 2. Si el imputado se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se le identi ficará por testigos o por otros medios útiles, aun contra su voluntad. 3. La duda sobre los datos obtenidos no alte rará el curso de las actuaciones procesales y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc.1), 24.f); CJMP: Arts. 209; CPP (2004): Arts. 71.

Art. 73.- Alteración del orden 1. Al procesado que altere el orden en un acto procesal, se le apercibirá con la suspensión de la diligencia y de continuarla con la sola intervención de su Abogado Defensor y de más sujetos procesales; o con su exclusión de participar en la diligencia y de continuar ésta con su Abogado Defensor y los demás sujetos procesales. 2. Si el Defensor se solidariza y abandona la diligencia será sustituido por uno nombrado de oficio. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. II, IV, 109; CPP (2004): Arts. 80, 81 y ss.

Art. 74.- Minoría de edad 1. Cuando en el curso de una Investigación Pre paratoria se establezca la minoría de edad del imputado, el Fiscal o cualquiera de las partes solicitará al Juez de la Investigación Preparatoria corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a disposición del Fiscal de Familia. 2. Si la minoría de edad se acredita en la Etapa Intermedia o en el Juicio Oral, el Juez, previa audiencia y con intervención de las partes, dictará la resolución correspondiente.

3. En todos estos casos se dejará a salvo el de recho del actor civil para que lo haga valer en la vía pertinente. CONCORDANCIAS: CC: Arts. 43; CP: Arts. 20 inc. 2), 22; CNA: Arts. 183 y ss.

Art. 75.- Inimputabilidad del procesado 1. Cuando exista fundada razón para conside rar el estado de inimputabilidad del proce sado al momento de los hechos, el Juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, según el estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte, la práctica de un examen por un peri to especializado. 2. Recibido el informe pericial, previa audien cia, con intervención de las partes y del pe rito, si el Juez considera que existen indicios suficientes para estimar acreditado el estado de inimputabilidad del procesado, dictará la resolución correspondiente instando la in coación del procedimiento de seguridad se gún lo dispuesto en el presente Código. CONCORDANCIAS: CC: Arts. 43, 44; CJMP: Arts. 211; CP: Arts. 20 inc. 1); CPP (2004): Arts. 78, 456, 457 y ss.

Art. 76.- Anomalía psíquica sobreve- nida 1. Si después de cometido el delito le sobre viene anomalía psíquica grave al imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, ordena rá, de oficio o a solicitud de parte, la realiza ción de un examen por un perito especializa do. Evacuado el dictamen, se señalará día y hora para la realización de la audiencia, con citación de las partes y de los peritos. 2. Si del análisis de lo actuado, el órgano juris diccional advierte que el imputado presenta anomalía psíquica grave que le impide conti nuar con la causa, dispondrá la suspensión del proceso hasta que el tratamiento de la dolencia haga posible reiniciarlo. Si fuere necesario, ordenará su internamiento en”un centro hospitalario especializado.

3. La suspensión del proceso impedirá la de claración del imputado o el juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se prosiga con la investigación del hecho o que continúe la causa respecto a los demás coimputados. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 212; CP: Arts. 20 inc. 1).

Art. 77.- Enfermedad del imputado 1. Si durante la privación de libertad el impu tado enfermara, el Juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, de oficio o a solicitud de parte, dispondrá su inmediata evaluación por parte del médico legista o, en su defecto, del perito médico que designe. 2. Evacuado el dictamen, se podrá ordenar, si fuere necesario, el ingreso del imputado a un centro hospitalario. En casos excepciona les, en que se requiera de infraestructura y atención médica especializada que no exista en un centro hospitalario estatal, se podrá autorizar su internamiento en una clínica privada. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 213; CPC: Arts. 78.

Art. 78.- Informe trimestral del Direc- tor del Centro Hospitalario El Director del Centro Hospitalario en donde el procesado reciba asistencia médica o psiquiátri ca, deberá informar trimestralmente al Fiscal y al Juez acerca del estado de salud del paciente, sin perjuicio de ordenarse si así correspondie ra un examen pericial de oficio. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 214; CPP (2004): Arts. 75, 76.

Art. 79.- Contumacia y Ausencia 1. El Juez, a requerimiento del Fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando: a) de lo ac tuado aparezca evidente que, no obstante

tener conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente a las actuacio nes procesales; b) fugue del establecimiento o lugar en donde está detenido o preso; c) no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión; y, d) se ausente, sin autorización del Fiscal o del Juez, del lugar de su residencia o del asignado para residir. 2. El Juez, a requerimiento del Fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará ausente al imputado cuando se ignora su pa radero y no aparezca de autos evidencia que estuviera conociendo del proceso. 3. El auto que declara la contumacia o ausencia ordenará la conducción compulsiva del im putado y dispondrá se le nombre Defensor de oficio o al propuesto por un familiar suyo. El abogado intervendrá en todas las diligen cias y podrá hacer uso de todos los medios de defensa que la Ley reconoce. 4. La declaración de contumacia o ausencia no suspende la Investigación Preparatoria ni la Etapa Intermedia respecto del contumaz o ausente. Esta declaración no altera el curso del proceso con respecto a los demás impu tados. 5. Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquél. En todo caso, el contumaz o ausen te puede ser absuelto pero no condenado. 6. Con la presentación del contumaz o ausente, y realizadas las diligencias que requieran su intervención, cesa dicha condición, debien do dejarse sin efecto el mandato de conduc ción compulsiva, así como todas las comu nicaciones que se hubieran cursado con tal objeto. Este mandato no afecta la orden de detención o prisión preventiva a la que estu viera sujeto el procesado. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 458, 459; CPP (2004): Arts. 80, 81, 355 inc. 4),

463 inc. 2), 518 inc. 1.c), 523 inc. 2.d), 525 inc. 2).

CAPÍTULO II EL ABOGADO DEFENSOR Art. 80.- Derecho a la defensa técnica El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la de fensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no pue dan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso. CONCORDANCIAS: C: Arts. 139 inc. 14); CPC: Arts. 79; LOPJ: Arts. 295 al 304; DUDH: Arts. 11 inc. 1); CADH: Arts. 8 inc. 2.e); PIDCP: Arts. 14.3.d; Ley Nº 27019: Arts. 1 y ss.

Art. 81.- Compatibilidad del patrocinio El Abogado Defensor puede ejercer el patroci nio de varios imputados de un mismo proceso, siempre que no exista incompatibilidad de de fensa entre ellos. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 84.

Art. 82.- Defensa conjunta Los Abogados que forman Estudios Asociados pueden ejercer la defensa de un mismo proce sado, sea de manera conjunta o separada. Si concurren varios abogados asociados a las dili gencias, uno solo ejercerá la defensa, debiendo limitarse los demás a la interconsulta que reser vadamente le solicite su colega. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 217.

Art. 83.- Efectos de la notificación La notificación efectuada por orden del Fiscal o del Juez, en el domicilio procesal señalado en autos por el Estudio Asociado, comprenderá a todos y cada uno de los abogados que partici pan en la defensa.

Art. 84.- Derechos y deberes del abo- gado defensor El abogado defensor goza de todos los derechos

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que la ley le confiere para el ejercicio de su pro fesión, especialmente de los siguientes: 1. Prestar asesoramiento desde que su patro cinado fuere citado o detenido por la autori dad policial. 2. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y pe ritos. 3. Recurrir a la asistencia reservada de un ex perto en ciencia, técnica o arte durante el de sarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa. 4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no de fienda. 5. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. 6. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. 7. Tener acceso a los expedientes fiscal y ju dicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento. 8. Ingresar a los establecimientos penales y de pendencias policiales, previa identificación, para entrevistarse con su patrocinado. 9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siem pre que no se ofenda el honor de las perso nas, ya sean naturales o jurídicas. 10. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impug natorios y los demás medios de defensa per mitidos por la ley. El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpez can el correcto funcionamiento de la adminis tración de justicia.(*) CONCORDANCIAS: CPC: Art. 80; Ley 27939: Arts. 4.

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(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013.

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Art. 85.- Reemplazo del abogado defensor inasistente 1. Si el abogado defensor no concurre a la di ligencia para la que es citado, y esta es de carácter inaplazable será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por uno de oficio, llevándose adelante la diligencia. 2. Si el defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citado, y esta no tiene el carácter de Inaplazable, el procesa do es requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al reemplazante. De no hacerlo, se nombra uno de oficio, re programándose la diligencia por única vez. 3. El juez o colegiado competente sanciona, de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al defensor que injustificadamente no asiste a una diligencia a la que ha sido citado o que injustificada mente abandona la diligencia que se estuvie re desarrollando. 4. La renuncia del defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueren necesarios para impedir la inde fensión del imputado en la diligencia a la que ha sido citado. La renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de veinticuatro horas antes de la realización de la diligencia. 5. Las sanciones son comunicadas a la Presi dencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. La primera conoce la aplicación de la sanción y el segundo la ejecución formal de la sanción. 6. La sanción disciplinaria aplicable al fiscal que incurra en cualquiera de las conductas antes descritas, se aplican de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público. (*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 80.

CAPÍTULO III LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO Art. 86.- Momento y carácter de la declaración 1. En el curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto por este Código, el imputado tiene derecho a prestar declaración y a am pliarla, a fin de ejercer su defensa y respon der a los cargos formulados en su contra. Las ampliaciones de declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan sólo como un procedimiento dilatorio o malicioso. 2. Durante la Investigación Preparatoria el im putado, sin perjuicio de hacerlo ante la Poli cía con las previsiones establecidas en este Código, prestará declaración ante el Fiscal, con la necesaria asistencia de su abogado defensor, cuando éste lo ordene o cuando el imputado lo solicite. 3. Durante el Juicio la declaración se recibirá en la oportunidad y forma prevista para di cho acto. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 216; CPC: Arts. 213; CPP (2004): Arts. 88.

Art. 87.- Instrucciones preliminares 1. Antes de comenzar la declaración del impu tado, se le comunicará detalladamente el he cho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes, y las dis posiciones penales que se consideren aplica bles. De igual modo se procederá cuando se trata de cargos ampliatorios o de la presen cia de nuevos elementos de convicción o de prueba. Rige el numeral 2) del artículo 71º. 2. De igual manera, se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjui cio. Asimismo, se le instruirá que tiene dere cho a la presencia de un abogado defensor,

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013.

y que si no puede nombrarlo se le designará un defensor de oficio. Si el abogado recién se incorpora a la defensa, el imputado tiene derecho a consultar con él antes de iniciar la diligencia y, en su caso, a pedir la posterga ción de la misma. 3. El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere convenientes du rante la diligencia, así como a dictar su de claración durante la etapa de Investigación Preparatoria. 4. Sólo se podrá exhortar al imputado a que responda con claridad y precisión las pre guntas que se le formulen. El Juez, o el Fiscal durante la investigación preparatoria, po drán hacerle ver los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclare cimiento de los hechos delictuosos. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Art. 71 inc. 2).

Art. 88.- Desarrollo de la declaración 1. La diligencia se inicia requiriendo al imputa do declarar respecto a: a) Nombre, apellidos, sobrenombre o apo do, si lo tuviere, lugar y fecha de naci miento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real y procesal, principales sitios de residencia anterior, así como nombres y apellidos de sus pa dres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive. b) Si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros, proporcio nando los datos que permitan identificar el proceso o procesos seguidos en su con tra. c) Si tiene bienes, dónde están ubicados, quien los posee y a qué título, y si se en cuentran libres de gravamen. d) Sus relaciones con los otros imputados y con el agraviado. 2. A continuación se invitará al imputado a que declare cuanto tenga por conveniente sobre

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el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los ac tos de investigación o de prueba cuya prácti ca demande. 3. Luego se interrogará al imputado. En la Eta pa Preparatoria lo harán directamente el Fiscal y el Abogado Defensor. En el Juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. El Juez podrá hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio. 4. En el interrogatorio las preguntas serán cla ras y precisas, no podrán formularse pre guntas ambiguas, capciosas o sugestivas. Durante la diligencia no podrá coactarse en modo alguno al imputado, ni inducirlo o de terminarlo a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos o reconvenciones tendien tes a obtener su confesión. 5. Podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, de per sonas, de voces o sonidos, y de cosas, sin perjuicio de cumplir con las formalidades establecidas para dichos actos. 6. Si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida, hasta que ellos desaparezcan. 7. Durante la Investigación Preparatoria el acta que contenga la declaración del imputado re producirá, del modo más fiel posible lo que suceda en la diligencia. El imputado está au torizado a dictar sus respuestas. La diligen cia en dicha etapa finalizará con la lectura y firma o, en su caso, la impresión digital, del acta por todos los intervinientes. Si el impu tado se niega a declarar, total o parcialmen te, se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla se consignará el motivo. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 210; CPP (2004): Arts. 86, 119.

Art. 89.- Tratamiento y pluralidad de imputados 1. El imputado declarará siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u otros me

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dios de seguridad y sin la presencia de otras personas que las autorizadas para asistir. Cuando estuviere privado de su libertad, la diligencia se podrá llevar a cabo en recintos cerrados apropiados para impedir su fuga o que atente contra la seguridad de las perso nas. 2. Cuando hubiere varios imputados, se reci birá las declaraciones, evitando que se co muniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 2 inc.24.h);

TÍTULO III LAS PERSONAS JURÍDICAS Art. 90.- Incorporación al proceso Las personas jurídicas, siempre que sean pasi bles de imponérseles las medidas previstas en los artículos 104º y 105º del Código Penal, debe rán ser emplazadas e incorporadas en el proce so, a instancia del Fiscal. CONCORDANCIAS:

Art. 92.- Designación de apoderado judicial 1. Una vez que la persona jurídica es incorpo rada al proceso, se requerirá a su órgano social que designe un apoderado judicial. No podrá designarse como tal a la persona natural que se encuentre imputada por los mismos hechos. 2. Si, previo requerimiento, en el plazo de cinco días, no se designa un apoderado judicial, lo hará el Juez. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 44, 45 76 y ss.

Art. 93.- Derechos y garantías 1. La persona jurídica incorporada en el pro ceso penal, en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, goza de todos los derechos y garantías que este Código concede al imputado. 2. Su rebeldía o falta de apersonamiento, luego de haber sido formalmente incorporada en el proceso, no obstaculiza el trámite de la cau sa, quedando sujeta a las medidas que en su oportunidad pueda señalar la sentencia.

CC: Arts. 76, 77; CP: Arts. 104, 105, 313; CPP (2004): Arts. 8.

Art. 91.- Oportunidad y trámite

CONCORDANCIAS:

1. El requerimiento del Fiscal se producirá una vez cumplido el trámite estipulado en el artí culo 3º. La solicitud deberá ser formulada al Juez de la Investigación Preparatoria hasta antes de darse por concluida la Investigación Preparatoria. Será necesario que se indique la identificación y el domicilio de la persona jurídica, la relación suscinta de los hechos en que se funda el petitorio y la fundamen tación legal correspondiente.

CPP (2004): Arts. I, 3.

2. El trámite que seguirá el Juez Penal para resolver el pedido será el estipulado en el artículo 8º, con la activa intervención de la persona jurídica emplazada. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 3, 8.

TÍTULO IV LA VÍCTIMA CAPÍTULO I EL AGRAVIADO Art. 94.- Definición 1. Se considera agraviado a todo aquél que re sulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mis mo. Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación co rresponde a quienes la Ley designe. 2. En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrán tal condición los esta blecidos en el orden sucesorio previsto

en el artículo 816º del Código Civil.

3. También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las

3. Si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por perso na de su confianza.

dirigen, administran o controlan. 4. Las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titulari dad lesione a un número indeterminado de personas, o en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los Tratados In ternacionales aprobados y ratificados por el Perú, podrán ejercer los derechos y faculta des atribuidas a las personas directamente ofendidas por el delito, siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente con esos intereses y haya sido reconocida e inscrita con anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 158, 227; CP: Arts. 816; CPP (2004): Arts. 95, 99.

Art. 95.- Derechos del agraviado 1. El agraviado derechos:

tendrá

los

siguientes

a) A ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite; b) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite; c) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, y a la protección de su integridad, incluyen do la de su familia. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se pre servará su identidad, bajo responsabili dad de quien conduzca la investigación o el proceso. d) A impugnar el sobreseimiento y la sen tencia absolutoria. 2. El agraviado será informado sobre sus de rechos cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera

CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 1); CJMP: Arts. 158, 227; CPP (2004): Arts. 104, 222; CADH: Arts. 11; DUDH: Arts. 1; PIDCP: Arts. 10.1.

Art. 96.- Deberes del agraviado La intervención del agraviado como actor civil no lo exime del deber de declarar como testi go en las actuaciones de la investigación y del juicio oral.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 162, 163 y ss;

Art. 97.- Designación de apoderado común Cuando se trate de numerosos agraviados por el mismo delito, que se constituyan en actor civil, si el Juez considera que su número puede entor pecer el normal desarrollo de la causa, siempre que no existan defensas incompatibles, repre senten intereses singulares o formulen preten siones diferenciadas, dispondrá nombren un apoderado común. En caso no exista acuerdo explícito el Juez designará al apoderado.

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 44, 45 y ss;

CAPÍTULO II EL ACTOR CIVIL Art. 98.- Constitución y derechos La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudi cado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para reclamar la repa ración y, en su caso, los daños y perjuicios pro ducidos por el delito. intervención en la causa.

CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 230; CC: Arts. 1969, 1970 y ss; CPP (2004): Arts. 100, 104.

Art. 99.- Concurrencia de peticiones 1. La concurrencia de peticiones se resolverá siguiendo el orden sucesorio previsto en el Código Civil. Tratándose de herederos que se encuentren en el mismo orden sucesorio, deberán designar apoderado común, y de no existir acuerdo explícito, el Juez procederá a hacerlo. 2. En los supuestos indicados en el numeral 3 del artículo 94º el Juez, luego de escuchar a los que se han constituido en actor civil, designará apoderado común.

Art. 102.- Trámite de la constitución en actor civil 1. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los sujetos procesales aperso nados en la causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en actor civil resol verá dentro del tercer día. 2. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, el artículo 8º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 8, 111, 112.

CONCORDANCIAS: CC: Arts. 816; CPP (2004): Arts. 94 inc. 3).

Art. 103.- Recurso de apelación

Art. 100.- Requisitos para constituirse en actor civil

1. Contra la resolución que se pronuncia sobre la constitución en actor civil procede recurso de apelación.

1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el Juez de la In

2. La Sala Penal Superior resolverá de confor midad con lo dispuesto en el artículo 420º.

vestigación Preparatoria. 2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad: a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de Ley de su represen tante legal; b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente respon sable, contra quien se va a proceder; c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión; y, d) La prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo 98º.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 420.

Art. 104.- Facultades del actor civil El actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el jui cio oral, interponer los recursos impugnatorios que la Ley prevé, intervenir –cuando correspon da– en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos, y formular soli citudes en salvaguarda de su derecho.

CONCORDANCIAS:

CONCORDANCIAS:

CJMP: Arts. 231; CPC: Arts. 233; CPP (2004): Arts. 98, 111.

CPP (2004): Arts. 95, 98.

Art. 101.- Oportunidad de la constitu- ción en actor civil

Art. 105.- Facultades adicionales del actor civil

La constitución en actor civil deberá efectuar se antes de la culminación de la Investigación Preparatoria.

La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o parti cipe, así como acreditar la reparación civil que pretende. No le está permitido pedir sanción.

CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 232; CPP (2004): Arts. 111.

CONCORDANCIAS:

CPP (2004): Arts. 98.

Art. 106.- Impedimento de acudir a la vía extra – penal La constitución en actor civil impide que presen te demanda indemnizatoria en la vía extra – pe nal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejer cer la acción indemnizatoria en la otra vía. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 5, 10, 98.

CAPÍTULO III EL QUERELLANTE PARTICULAR Art. 107.particular

Derechos

del

querellante

En los delitos de ejercicio privado de la acción penal, conforme al numeral 2 del artículo 1º, el directamente ofendido por el delito podrá instar ante el órgano jurisdiccional, siempre conjunta mente, la sanción penal y pago de la reparación civil contra quien considere responsable del de lito en su agravio. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 138; CPP (2004): Arts. 2 inc. 1), 459 y ss.

Art. 108.- Requisitos para constituirse en querellante particular 1. El querellante particular promoverá la ac ción de la justicia mediante querella. 2. El escrito de querella debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad: a) La identificación del querellante y, en su caso, de su representante, con indicación en ambos casos de su “domicilio real y procesal, y de los documentos de identi dad o de registro; b) El relato circunstanciado del hecho puni ble y exposición de las razones fácticas y jurídicas que justifican su pretensión, con indicación expresa de la persona o personas contra la que se dirige; c) La precisión de la pretensión penal y civil que deduce, con la justificación corres pondiente; y, d) El ofrecimiento de los medios de prueba correspondientes.

CONCORDANCIAS: CP: Arts. 138; CPP (2004): Arts. 107.

Art. 109.- Facultades del querellante particular 1. El querellante particular está facultado para participar en todas las diligencias del pro ceso, ofrecer prueba de cargo sobre la cul pabilidad y la reparación civil, interponer recursos impugnatorios referidos al objeto penal y civil del proceso, y cuantos medios de defensa y requerimientos en salvaguarda de su derecho. 2. El querellante particular podrá intervenir en el procedimiento a través de un apoderado designado especialmente a este efecto. Esta designación no lo exime de declarar en el proceso. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 138; CPP (2004): Arts. 107, 459.

Art. 110.- Desistimiento del querellante particular El querellante particular podrá desistirse expre samente de la querella en cualquier estado del procedimiento, sin perjuicio del pago de costas. Se considerará tácito el desistimiento cuando el querellante particular no concurra sin jus ta causa a las audiencias correspondientes, a prestar su declaración o cuando no presente sus conclusiones al final de la audiencia. En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, de ser posible, antes del inicio de la diligencia o, en caso contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha fija da para aquella. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 13.

TÍTULO V EL TERCERO CIVIL Art. 111.- Citación a personas que ten- gan responsabilidad civil 1. Las personas que conjuntamente con el im

putado tengan responsabilidad civil por las

consecuencias del delito, podrán ser incor poradas como parte en el proceso penal a so licitud del Ministerio Público o del actor civil. 2. La solicitud deberá ser formulada al Juez en la forma y oportunidad prevista en los artí culos 100º 102º, con indicación del nombre y domicilio del emplazado y su vínculo jurídi co con el imputado. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 97, 98 y ss; CPP (2004): Arts. 100, 101, 102.

Art. 112.- Trámite 1. El trámite en sede judicial para la constitu ción en parte del tercero civil será el previsto –en lo pertinente– en el artículo 102º, con su activa intervención. 2.

Si el Juez considera procedente el pedido, mandará notificar al tercero civil para que intervenga en el proceso, con copia del re querimiento. También dará inmediato co nocimiento al Ministerio Público, acompa ñando el cuaderno, para que le otorgue la intervención correspondiente.

3. Sólo es apelable la resolución que deniega la constitución del tercero civilmente respon sable.

LIBRO SEGUNDO LA ACTIVIDAD PROCESAL

SECCIÓN I PRECEPTOS GENERALES TÍTULO I LAS ACTUACIONES PROCESALES CAPÍTULO I LAS FORMALIDADES Art. 114.- Idioma 1. Las actuaciones procesales se realizan en castellano. 2. Cuando una persona no comprenda el idio ma o no se exprese con facilidad, se le brin dará la ayuda necesaria para que el acto pue da desarrollarse regularmente. 3. Deberá proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que ig noren el castellano, a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan algún impe dimento para darse a entender. 4. Los documentos y las grabaciones en un

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 102.

Art. 113.- Derechos y garantías del tercero civil 1. El tercero civil, en lo concerniente a la defen sa de sus intereses patrimoniales goza de to dos los derechos y garantías que este Código concede al imputado. 2. Su rebeldía o falta de apersonamiento, luego de haber sido incorporado como parte y debi damente notificado, no obstaculiza el trámite del proceso, quedando obligado a los efectos indemnizatorios que le señale la sentencia. 3. El asegurador podrá ser llamado como ter cero civilmente responsable, si éste ha sido contratado para responder por la responsa bilidad civil.

idioma distinto del español deberán ser tra ducidos cuando sea necesario. CONCORDANCIAS: C: Art. 2 inc. 19), 48; CC: Arts. 43 inc.3); CPC: Arts. 130 inc. 7); 195; CJMP: Arts. 155, 217, 247; LOPJ: Arts. 15; LOMP: Arts. 94 inc. 4); CADH: Arts. 8.2.a; PIDCP: Arts. 14.3.f), 27.

Art. 115.- Declaraciones e interrogato- rios con intérpretes Las personas serán interrogadas en castellano o por intermedio de un traductor o intérprete, cuando corresponda. El Juez podrá permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación. En tal caso, la traducción o la interpretación precederán a las respuestas.

CONCORDANCIAS:

CPC: Arts. 458, 459 y ss; CPP (2004): Arts. 111.

CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 18), 19), 48; CPC: Arts. 130 inc. 7), 195; CJMP: Arts. 155; LOMP: Arts. 94 inc. 4); LOPJ: Arts. 15; CADH: Arts. 8.2.a; PIDCP: Arts. 14.3.f, 27.

Art. 116.- Lugar 1. Las actuaciones procesales se realizarán en el Despacho del Fiscal o del Juez, según el caso. 2. No obstante ello, el Fiscal o el Juez podrán constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, cuando resulte indispensable, y no sea imposible o de muy difícil consecución, conocer directamente elementos de convic ción decisivos en una causa bajo su conoci miento. CONCORDANCIAS:

Art. 119.- Interrogatorio 1. Las personas que sean interrogadas debe rán responder de viva voz y sin consultar notas ni documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello, incluso los imputados, en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos o circunstancias del proceso. 2. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario, se le interro gará. Las preguntas que se le formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas.

CPC: Arts. 126; CJMP: Arts. 249.

Art. 117.- Tiempo

CONCORDANCIAS:

Salvo disposición legal en contrario, las actua ciones procesales podrán ser realizadas cual quier día y a cualquier hora, siempre que resulte absolutamente indispensable según la naturale za de la actuación. Se consignarán el lugar y la fecha en que se cumplan. La omisión de estos datos no tornará ineficaz el acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos del acta u otros conexos, la fecha en que se rea lizó.

CPC: Arts. 217, 218 y ss; CJMP: Arts. 412.

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 141 y ss; CPP (2004): Arts. 141 y ss.

Art. 118.- Juramento 1. Cuando se requiera juramento, se recibirá según las creencias de quien lo hace, des pués de instruirlo sobre la sanción que se haría acreedor por la comisión del delito contra la Administración de Justicia. El de clarante prometerá decir la verdad en todo cuanto sepa y se le pregunte. 2. Si el declarante se niega a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológi cas, se le exigirá promesa de decir la verdad, con las mismas advertencias del párrafo an terior. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 202, 441; CJMP: Arts. 219, 408.

Art. 119-A.- Audiencia 1. La presencia física del imputado es obligato ria en la audiencia del juicio, conforme al in ciso 1) del artículo 356, así como en aquellos actos procesales dispuestos por ley. 2. Excepcionalmente, a pedido del fiscal, del imputado o por disposición del juez, podrá utilizarse el método de videoconferencia en casos que el imputado se encuntre privado de su libertad y su traslado al lugar de la au diencia encuentre dificultades por la distan cia o porque exista peligro de fuga.(*) CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 217, 218 y ss; CJMP: Arts. 412.

CAPÍTULO II LAS ACTAS Art. 120.- Régimen General 1. La actuación procesal, fiscal o judicial, se docu menta por medio de acta, utilizándose de ser posible los medios técnicos que correspondan. 2. El acta debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido y una relación sucinta o integral –según el caso de los actos realizados. Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de las dis

(*) Artículo incorporado por el Artículo 4º de la Ley N° 30076, pub. el 19/08/2013.

posiciones especiales previstas para las ac tuaciones que así lo requieran. 3. Será posible la reproducción audiovisual de la actuación procesal, sin perjuicio de efec tuarse la transcripción respectiva en un acta. La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecuti vo del Poder Judicial, cada uno en su ámbito, en función a las posibilidades de la Institu ción, dictarán disposiciones que permitan su utilización. 4. El acta será suscrita por el funcionario o au toridad que dirige y por los demás intervi nientes, previa lectura. Si alguno no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de ese hecho. Si alguien no sabe firmar, podrá hacerlo, en su lugar, otra persona, a su ruego o bien un testigo de actuación, sin perjuicio de que se imprima su huella digital. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 136, 137 y ss; CJMP: Arts. 251, 423.

Art. 121.- Invalidez del acta 1. El acta carecerá de eficacia sólo si no existe certeza sobre las personas que han interve nido en la actuación procesal, o si faltare la firma del funcionario que la ha redactado. 2. La omisión en el acta de alguna formalidad sólo la privará de sus efectos, o tornará in valorable su contenido, cuando ellas no pue dan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de la misma actuación o actuaciones conexas, o no puedan ser re producidas con posterioridad y siempre que provoquen un agravio específico e insubsa nable a la defensa del imputado o de los de más sujetos procesales. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 252; CPP (2004): Arts. 120, 361 inc. 2).

CAPÍTULO III LAS DISPOSICIONES Y LAS RESOLUCIONES Art. 122.- Actos del Ministerio Público 1. El Ministerio Público, en el ámbito de su in tervención en el proceso, dicta Disposiciones

2. Las Disposiciones se dictan para decidir: a) el inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones; b) la conducción compulsiva de un imputado, testigo o perito, cuando pese a ser emplazado debidamente durante la in vestigación no cumple con asistir a las dili gencias de investigación; c) la intervención de la Policía a fin de que realice actos de in vestigación; d) la aplicación del principio de oportunidad; y, e) toda otra actuación que requiera expresa motivación dispuesta por la Ley. 3. Las Providencias se dictan para ordenar ma terialmente la etapa de investigación. 4. Los Requerimientos se formulan para dirigir se a la autoridad judicial solicitando la reali zación de un acto procesal. 5. Las Disposiciones y los Requerimientos de ben estar motivados. En el caso de los reque rimientos, de ser el caso, estarán acompaña dos de los elementos de convicción que lo justifiquen 6. Rige, en lo pertinente, el artículo 127º. y Providencias, y formula Requerimientos.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 127; LOMP: Arts. 10, 82 al 85.

Art. 123.- Resoluciones judiciales 1. Las Resoluciones judiciales, según su objeto son decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la determinación de la Ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y expreso. 2. Los decretos se dictan sin trámite alguno. Los autos se expiden, siempre que lo dispon ga este Código, previa audiencia con inter vención de las partes. Las sentencias se emi ten según las reglas previstas en este Código. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 120, 121; CJMP: Arts. 254.

Art. 124.- Error material, aclaración y adición 1. El Juez podrá corregir, en cualquier momen to, los errores puramente materiales o nu méricos contenidos en una resolución.

2. En cualquier momento, el Juez podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o contra dictorios en que estén redactadas las reso luciones o podrá adicionar su contenido, si hubiera omitido resolver algún punto con trovertido, siempre que tales actos no impli quen una modificación de lo resuelto. 3. Dentro de los tres días posteriores a la noti ficación, las partes podrán solicitar la acla ración o la adición de los pronunciamientos. La solicitud suspenderá el término para in terponer los recursos que procedan. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 119, 378; CJMP: Arts. 255.

Art. 125.- Firma 1. Sin perjuicio de disposiciones especiales y de las normas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones serán fir madas por los jueces o por los miembros del Juzgado o de la Sala en que actuaron. 2. La falta de alguna firma, fuera de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, provo cará la ineficacia del acto, salvo que la resolu ción no se haya podido firmar por un impe dimento invencible surgido después de haber participado en la deliberación y votación. CONCORDANCIAS: LOPJ: Arts. 184.

Art. 126.- Poder coercitivo El Fiscal y el Juez podrán requerir la interven ción de la fuerza pública y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento seguro y regu lar de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 127.

CAPÍTULO IV LAS NOTIFICACIONES Y CITACIONES Art. 127.- Notificación

1. Las Disposiciones y las Resoluciones deben ser notificadas a los sujetos procesales, den tro de las veinticuatro horas después de ser

dictadas, salvo que se disponga un plazo me nor. 2. La primera notificación al imputado deteni do o preso será efectuada en el primer cen tro de detención donde fue conducido, me diante la entrega de copia a la persona, o si no es posible el Director del Establecimiento informará inmediatamente al detenido o pre so con el medio más rápido. 3. Salvo que el imputado no detenido haya fi jado domicilio procesal, la primera notifica ción se hará personalmente, entregándole una copia, en su domicilio real o centro de trabajo. 4. Si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas sola mente a estos, excepto si la Ley o la naturale za del acto exigen que aquellas también sean notificadas. 5. Cuando la notificación deba practicarse por medio de lectura, se leerá el contenido de la resolución y si el interesado solicita copia se le entregará 6. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Có digo Procesal Civil, con las precisiones esta blecidas en los Reglamentos respectivos que dictarán la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito que les corresponda. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 incs.24.f,g); CPC: Arts. 115 y ss; CPP (2004): Arts. 122; CADH: Arts. 7; DUDH: Arts. 8, 9, 10; PIDCP: Arts. 2.3.a, 9.

Art. 128.- Notificación por edictos Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edicto que se publicará en el Diario Oficial de la sede de la Corte Superior o a través del Portal o página web de la Institución, sin perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo. La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de la reglamen tación de este artículo, podrán disponer, en el ámbito que les respecta, que se publiquen, en el Diario Oficial, listas de personas requeridas por la justicia.

de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la disposición o resolución, o si ésta, no obstante carecer de un requisito formal, ha cumplido su finali dad.

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 165, 166.

Art. 129.- Citaciones 1. Las víctimas, testigos, peritos, interpretes y depositarios, podrán ser citados por medio de la Policía o por el personal oficial de la Fiscalía o del órgano jurisdiccional, según las directivas que sobre el particular dicte el ór gano de gobierno respectivo. 2. En caso de urgencia podrán ser citados ver balmente, por teléfono, por correo electróni co, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación, de lo que se hará constar en autos. 3. Los militares y policías en situación de activi dad serán citados por conducto del superior jerárquico respectivo, salvo disposición con traria de la Ley. 4. El respectivo Reglamento de Citaciones, dic tado por la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito que les respecta, establecerá las precisiones que correspondan. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 164; Ley 27444: Arts. 20.

Art. 130.- Constancia El resultado de las diligencias practicadas para efectuar las citaciones y notificaciones se hará constar por escrito.

Art. 131.- Defecto de la notificación 1. Siempre que cause efectiva indefensión, la notificación no surtirá efecto cuando: a) Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada; b) La disposición o la resolución haya sido notificada en forma incompleta; c) En la diligencia no conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha de entrega de la copia; d) Si en la copia entregada falta la firma de quien ha efectuado la notificación. 2. El vicio en la notificación se convalida si el afectado procede de manera que ponga

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 172; Ley 27444: Arts. 14, 19, 26, 27.

CAPÍTULO V COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES Art. 132.- Forma 1. Cuando un acto procesal, una diligencia o una información relacionadas con la causa deban ejecutarse por intermedio de otra au toridad, el Juez o el Fiscal podrán encomen darle su cumplimiento. 2. La comunicación de ejecución precisará la autoridad judicial que lo requiere, su com petencia para el caso, el acto concreto, dili gencia o información solicitada, con todos los datos necesarios para cumplirla, las nor mas legales que la posibilitan y el plazo de su cumplimiento. La comunicación podrá reali zarse con aplicación de cualquier medio que garantice su autenticidad. 3

En caso de urgencia se utilizará fax, telegra ma o correo electrónico y, eventualmente, podrá adelantarse telefónicamente el conte nido del requerimiento para que se comien ce a tramitar la diligencia, sin perjuicio de la remisión posterior del mandamiento escrito.

4. Cuando la delegación del acto tenga por destinataria a otro Juez o Fiscal, se cursará el exhorto correspondiente para su tramita ción inmediata. 5. La autoridad requerida, colaborará con los jueces, el Ministerio Público y la Policía y tra mitará, sin demora, los requerimientos que reciban de ellos. 6. El órgano de gobierno del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación dictarán los reglamentos correspondientes y podrán celebrar conve nios con otras instituciones públicas para requerir y compartir información así como

establecer sistemas de comunicación por in ternet entre jueces y fiscales. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 148, 149, 154; CPP (2004): Arts. 185 inc. 4); LOPJ: Arts. 185 inc. 4).

Art. 133.- Exhortos a autoridades extranjeras 1. Los requerimientos dirigidos a jueces, fisca les o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y serán diligenciados en la for ma establecida por los Tratados y costum bres internacionales o, en su defecto, por este Código y las demás Leyes del país. 2. Por medio de la Fiscalía de la Nación o, en su caso, de la Corte Suprema de Justicia, se canalizarán las comunicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual, cuando co rresponda las tramitará por la vía diplomáti ca. 3. En casos de urgencia podrán dirigirse co municaciones a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el exhorto o la contestación a un requerimien to, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice la gestión, según lo previsto en los numerales anteriores. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 150; LOPJ: Arts. 156, 157, 158.

CAPÍTULO VI LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE FISCAL Y JUDICIAL Art. 134.- Contenido del Expediente Fiscal 1. El Fiscal, con motivo de su actuación proce sal, abrirá un expediente para la documenta ción de las actuaciones de la investigación. Contendrá la denuncia, el Informe Policial de ser el caso, las diligencias de investiga ción que hubiera realizado o dispuesto eje cutar, los documentos obtenidos, los dictá menes periciales realizados, las actas y las disposiciones y providencias dictadas, los requerimientos formulados, las

resoluciones

emitidas por el Juez de la Investigación Pre paratoria, así como toda documentación útil a los fines de la investigación. 2. El Fiscal de la Nación reglamentará todo lo relacionado con la formación, custodia, con servación, traslado, recomposición y archivo de las actuaciones del Ministerio Público en su función de investigación del delito. Podrá disponer la utilización de los sistemas tecno lógicos que se consideren necesarios para el registro, archivo, copia, transcripción y segu ridad del expediente. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 136.

Art. 135.- Requerimientos del Fiscal 1. Los requerimientos que el Fiscal formula al Juez de la Investigación Preparatoria deben acompañarse con el expediente original o con las copias certificadas correspondientes, según la investigación esté concluida o no, o en todo caso si la remisión del expediente original no producirá retraso grave o perjui cio a las partes y a la investigación. 2. El Fiscal de la Nación emitirá las directivas e instrucciones necesarias para garantizar y uniformizar la presentación de las actua ciones que deben acompañar los requeri mientos fiscales al Juez de la Investigación Preparatoria, cuando la investigación no esté concluida. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 139; LOPJ: Arts. 266 inc. 13); Ley 27444: Arts. 114, 124.

Art. 136.- Contenido del Expediente Judicial 1. Una vez que se dicta el auto de citación a jui cio, el Juez Penal ordenará formar el respec tivo Expediente Judicial. En este Expediente se anexarán: a) Los actuados relativos al ejercicio de la acción penal y de la acción civil derivada del delito; b) Las actas en que consten las actuaciones objetivas e irreproducibles realizadas por

la Policía o el Ministerio Público, así como las declaraciones del imputado; c) Las actas referidas a la actuación de prueba anticipada; d) Los informes periciales y los documentos; e) Las resoluciones expedidas por el Juez de la Investigación Preparatoria y, de ser el caso, los elementos de convicción que las sustentan; f) Las resoluciones emitidas durante la eta pa intermedia y los documentos, infor mes y dictámenes periciales que hayan podido recabarse, así como –de ser el caso las actuaciones complementarias realizadas por el Ministerio Público. 2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial re glamentará todo lo relacionado con la for mación, custodia, conservación, traslado, recomposición y archivo del expediente judicial. Podrá disponer la utilización de los sistemas tecnológicos que se conside ren necesarios para el registro, archivo, copia, transcripción y seguridad del expe diente. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 136, 137; CPP (2004): Arts. 137.

Art. 137.- Traslados, remisión y resolu- ción sobre la formación del expedien- te judicial 1. Formado el expediente judicial, se pondrá en Secretaría a disposición del Ministerio Públi co y de los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días para su revisión, eventual solicitud de copias, simples o certificadas, y, en su caso, para instar la incorporación de alguna pieza de las contempladas en el ar tículo anterior o la exclusión de una que no corresponda incorporar. De esta última soli citud se correrá traslado a las demás partes por igual plazo. 2. El Juez resolverá, dentro del segundo día de culminado el plazo anterior, mediante auto inimpugnable, la solicitud de incorporación o exclusión de piezas procesales.

3. Vencido este trámite, las actuaciones diver sas de las previstas en el artículo 136º serán devueltas al Ministerio Público. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 136.

Art. 138.- Obtención de copias 1. Los sujetos procesales están facultados para solicitar, en cualquier momento, copia, sim ple o certificada, de las actuaciones insertas en los expedientes fiscal y judicial, así como de las primeras diligencias y de las actuacio nes realizadas por la Policía. De la solicitud conoce la autoridad que tiene a su cargo la causa al momento en que se interpone. 2. El Ministerio Público, cuando sea necesa rio para el cumplimiento de la Investigación Preparatoria, está facultado para obtener de otro Fiscal o del Juez copia de las actuaciones procesales relacionadas con otros procesos e informaciones escritas de su contenido. 3. Si el estado de la causa no lo impide, ni obs taculiza su normal prosecución, siempre que no afecte irrazonablemente derechos fun damentales de terceros, el Fiscal o el Juez podrán ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos mediante solicitud motivada por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 139; LOPJ: Arts. 266 inc. 13); Ley 27444: Arts. 114, 124.

Art. 139.- Prohibición de publicación de la actuación procesa 1. Está prohibida la publicación de las actua ciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la Investigación Preparatoria o la Etapa Intermedia. Asimismo, está pro hibida la publicación, incluso parcial, de las actuaciones del juicio oral cuando se produ cen en los supuestos de privacidad de la au diencia. 2. Está prohibida la publicación de las genera

les de Ley y de imágenes de testigos o vícti

mas menores de edad, salvo que el Juez, en interés exclusivo del menor, permita la publi cación. 3. Cuando los sujetos procesales y demás par ticipantes en las actuaciones procesales in frinjan esta prohibición, el Fiscal o el Juez, según el caso, están facultados a imponerles una multa y ordenar, de ser posible, el cese de la publicación indebida. Rige, en lo per tinente los artículos 110º y 111º del Código Procesal Civil. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 110, 111; CJMP: Arts. 156; LOPJ: Arts. 9, 184 inc. 13), 292.

Art. 140.- Reemplazo de los originales faltantes por copias

2. Cuando sea imposible obtener copia de una actuación procesal, se dispondrá la renova ción del acto, prescribiendo el modo de reali zarla. 3. Si aparece el expediente, será agregado al rehecho. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 140; CPP (2004): Arts. 134, 136; LOPJ: Arts. 266 inc. 11), 13); Ley 27444: Arts. 153; R.A. 032-94-CE-PJ: Arts. 1 y ss.

TÍTULO II LOS PLAZOS Art. 142.- Regulación 1. Las actuaciones procesales se practican pun tualmente en el día y hora señalados, sin ad mitirse dilación.

1. Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el expediente, o el ori ginal de las disposiciones y resoluciones o de otros actos procesales necesarios, la copia certificada tendrá el valor del original y será insertado en el lugar en que debería encon trarse el original.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, los plazos de la actividad procesal regulados por este Código son por días, ho ras y el de la distancia. Se computan según el calendario común.

2. Con tal fin, el Fiscal o el Juez, según el caso, incluso de oficio, ordenará, a quien tenga la copia, entregarla a la Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener gratuitamente otra copia certificada.

CPC: Arts. 141, 142; CJMP: Arts. 258; LOPJ: Arts. 124, 125; Ley 27444: Arts. 137, 138.

3. La reposición también podrá efectuarse utili zando los archivos informáticos del Ministe rio Público o del Poder Judicial. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 139, 140; CJMP: Arts. 253; CPP (2004): Arts. 134, 136; LOPJ: Arts. 266 incs. 11), 13); Ley 27444: Arts. 153; R.A. 032-94-CE-PJ: Arts. 1 y ss.

Art. 141.- Recomposición de expe- dientes 1. Si no existe copia de los documentos, el Fis cal o el Juez, luego de constatar el contenido del acto faltante, ordenará poner los hechos en conocimiento del órgano disciplinario competente, y dispondrá –de oficio o a pedi do de parte su recomposición, para lo cual recibirá las pruebas que evidencien su pre existencia y su contenido.

CONCORDANCIAS:

Art. 143.- Cómputo Los plazos se computarán: 1. Cuando son por horas, desde el instante en que se produjo el acto procesal, incluyendo las horas del día inhábil, salvo expresa dis posición contraria de la Ley. 2. Cuando son por días, a partir del día siguien te hábil de conocido el mandato o de notifi cado con él. 3. Sólo se computará los días inhábiles tratán dose de medidas coercitivas que afectan la libertad personal y cuando la Ley lo permita. 4. Salvo lo dispuesto en el numeral 3) para el caso de medidas coercitivas que afectan la libertad personal, cuando un plazo venza en día inhábil, se prorroga de pleno derecho al día siguiente hábil. 5. Los plazos comunes se computarán desde el día siguiente hábil de la última

notificación.

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 141, 147; LOPJ: Arts. 127; Ley 27444: Arts. 131 al 143.

Art. 144.- Caducidad 1. El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió ha cer, salvo que la Ley permita prorrogarlo. 2. Los plazos que sólo tienen como fin regular la actividad de Fiscales y Jueces, serán ob servados rigurosamente por ellos. Su inob servancia sólo acarrea responsabilidad dis ciplinaria.

Art. 147.- Renuncia de plazos 1. Los sujetos procesales podrán renunciar, to tal o parcialmente, a los plazos establecidos en su favor, por manifestación expresa. 2. Si el plazo fuere común, la abreviación o la renuncia requerirán el consentimiento de to das las partes y la aprobación del Juez.

Art. 148.- Término de la distancia 1. El término de la distancia se computa tenien do en cuenta la sede geográfica, y el medio de locomoción utilizable y disponible para el caso concreto. 2. La Corte Suprema de Justicia de la República

CONCORDANCIAS:

elaborará el cuadro correspondiente.

CPC: Arts. V, 146.

Art. 145.- Reposición del plazo 1. Cuando factores de fuerza mayor o de caso fortuito, o por defecto en la notificación que no le sea imputable, se haya visto impedido de observar un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor, podrá obtener la reposición íntegra del plazo, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la Ley, a su pedido. 2. La solicitud de reposición del plazo se pre sentará por escrito en el plazo de veinticua tro horas luego de desaparecido el impedi mento o de conocido el acontecimiento que da nacimiento al plazo. 3. La solicitud deberá contener: a) La indicación concreta del motivo que imposibilitó la observación del plazo, su justificación y la mención de todos los elementos de convicción de los cuales se vale para comprobarlo; y, b) La actividad omitida y la expresión de vo luntad de llevarla a cabo. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 141, 144; CJMP: Arts. 261.

Art. 146.- Subsidiariedad El Fiscal o el Juez podrán fijar plazos a falta de previsión legal o por autorización de ésta. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 141, 144.

CONCORDANCIAS: R.A. 1325-CME-PJ: Arts. 1 y ss.

TÍTULO III LA NULIDAD Art. 149.- Taxatividad La inobservancia de las disposiciones estableci das para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos por la Ley. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 171; CJMP: Arts. 273; Ley 27444: Arts. 9 y ss.

Art. 150.- Nulidad absoluta No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes: a) A la intervención, asistencia y representa ción del imputado o de la ausencia de su de fensor en los casos en que es obligatoria su presencia; b) Al nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o Salas; c) A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su in tervención obligatoria; d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. CONCORDANCIAS:

CJMP: Arts. 273.

Art. 151.- Nulidad relativa 1. Excepto en los casos de defectos absolutos, el sujeto procesal afectado deberá instar la nulidad por el vicio, cuando lo conozca. 2. La solicitud de nulidad deberá describir el defecto y proponer la solución correspon diente. 3. La solicitud deberá ser interpuesta dentro del quinto día de conocido el defecto. 4. La nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya concurrido a causar la o no tenga interés en el cumplimiento de la disposición vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego de la deliberación de la sen tencia de primera instancia o, si se verifica en el juicio, luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 274.

Art. 152.- Convalidación 1. Salvo los casos de defectos absolutos, los vi cios quedarán convalidados en los siguientes casos: a) Cuando el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no hayan solicitado oportunamente su saneamiento; b) Cuando quienes tengan derecho a impug narlo hayan aceptado, expresa o tácita mente, los efectos del acto; c) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los inte resados o si el defecto no ha afectado los derechos y las facultades de los intervi nientes. 2. El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la in tervención de los interesados. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 172; CJMP: Arts. 276; Ley 27444: Arts. 14, 19, 26, 27.

Art. 153.- Saneamiento

cando el error o cumpliendo con el acto omi tido, de oficio o a instancia del interesado. 2. Bajo pretexto de renovación del acto, rec tificación del error o cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, salvo los casos ex presamente previstos por este Código. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 172, 173; CJMP: Arts. 272, 277; Ley 27444: Arts. 14, 19, 26, 27.

Art. 154.- Efectos de la nulidad 1. La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él. El Juez precisará los actos dependientes que son anulados. 2. Los defectos deberán ser subsanados, siem pre que sea posible, renovando el acto, rectifi cando su error o cumpliendo el acto omitido. 3. La declaración de nulidad conlleva la regre sión del proceso al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en que así co rrespondiere de acuerdo con las normas del recurso de apelación o de casación. 4. La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la Investigación Prepa ratoria, no importará la reapertura de ésta. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa intermedia. 1. Los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectifi

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 173, 380; CJMP: Arts. 278.

SECCIÓN II LA PRUEBA TÍTULO I PRECEPTOS GENERALES Art. 155.- Actividad probatoria 1. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los Trata dos aprobados y ratificados por el Perú y por este Código.

2. Las pruebas se admiten a solicitud del Minis terio Público o de los demás sujetos proce sales. El Juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, y sólo podrá excluir las que no sean pertinentes y pro hibidas por la Ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten mani fiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. 3. La Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. 4. Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de reexamen por el Juez de la causa, previo traslado al Mi nisterio Público y a los demás sujetos proce sales. 5. La actuación probatoria se realizará, en todo caso, teniendo en cuenta el estado físico y emocional de la víctima. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.e.h); CPC: Arts. 188, 189; CPP (2004): Arts. II, 422 inc. 4); PIDCP: Arts. 8. 2.f.

Art. 156.- Objeto de prueba 1. Son objeto de prueba los hechos que se re fieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de segu ridad, así como los referidos a la responsabi lidad civil derivada del delito. 2. No son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las Leyes naturales, la norma ju rídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. 3. Las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho noto rio. El acuerdo se hará constar en el acta. CONCORDANCIAS: CC: Arts. VII; CPC: Arts. 190; CJMP: Arts. 279.

Art. 157.- Medios de prueba 1. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prue ba permitido por la Ley. Excepcionalmente,

pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de

la persona, así como las facultades de los su jetos procesales reconocidas por la Ley. La forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo, de los previs tos, en lo posible. 2. En el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios establecidos por las Leyes civiles, excepto aquellos que se refie ren al estado civil o de ciudadanía de las per sonas. 3. No pueden ser utilizados, aun con el consen timiento del interesado, métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de au todeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 192, 193; CJMP: Arts. 165, 280.

Art. 158.- Valoración 1. En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adop tados. 2. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras prue bas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. 3. La prueba por indicios requiere: a) Que el indicio esté probado; b) Que la inferencia esté basada en las re glas de la lógica, la ciencia o la experien cia; c) Que cuando se trate de indicios contin gentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se pre senten contraindicios consistentes.

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 197, 276; CJMP: Arts. 167; CPP (2004): Arts. 481 inc. 2); LOPJ: Arts. 12, 50.

Art. 159.- Utilización de la prueba 1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirecta mente, las fuentes o medios de prueba obte

nidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la perso na. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 10); CPP (2004): Arts. 481 inc. 2).

TÍTULO II LOS MEDIOS DE PRUEBA CAPÍTULO I LA CONFESIÓN Art. 160.- Valor de prueba de la con- fesión 1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra.

CONCORDANCIAS: CP: Arts. 46 inc. 10).

CAPÍTULO II EL TESTIMONIO Art. 162.- Capacidad para rendir testimonio 1. Toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por ra zones naturales o el impedido por la Ley. 2. Si para valorar el testimonio es necesario ve rificar la idoneidad física o psíquica del testi go, se realizarán las indagaciones necesarias y, en especial, la realización de las pericias que correspondan. Esta última prueba podrá ser ordenada de oficio por el Juez.

2. Solo tendrá valor probatorio cuando: a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción; b) Sea prestada libremente y en estado nor mal de las facultades psíquicas; c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y, d) Sea sincera y espontánea.(*) CONCORDANCIAS: CP: Arts. 46 inc. 10).

Art. 161.- Efecto de la confesión sin- cera El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 160. Este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorpo rados en el proceso y cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual de confor midad con los artículos 46B y 46C del Código Penal.(*)

CONCORDANCIAS: CC: Arts. 42, 43, 44; CPC: Arts. 222; Ley 27444: Arts. 175.

Art. 163.- Obligaciones del testigo 1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones labo rales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna. 2. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho cuando, por su declaración, pudiere incriminar a alguna de las personas mencionadas en el numeral 1) del artículo 165º. 3. El testigo policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado no pue

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013. Vigente a nivel nacional según

la 1era. D.C.F. de la Ley Nº 30076.

de ser obligado a revelar los nombres de sus informantes. Si los informantes no son inte rrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 371, 409; CPC: Arts. 222; CJMP: Arts. 300; CPP (2004): Arts. 165 inc. 1).

Art. 164.- Citación y conducción compulsiva 1. La citación del testigo se efectuará de con formidad con el artículo 129º. Cuando se tra ta de funcionarios públicos o de dependien tes, el superior jerárquico o el empleador, según el caso, están en la obligación de fa cilitar, bajo responsabilidad, la concurrencia del testigo en el día y hora en que es citado. 2. El testigo también podrá presentarse espon táneamente, lo que se hará constar. 3. Si el testigo no se presenta a la primera cita ción se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 53, 232; CJMP: Arts. 304; CPP (2004): Arts. 129; LOPJ: Arts. 282.

Art. 165.- Abstención para rendir testimonio 1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segun do de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él. Se extiende esta fa cultad, en la misma medida, a los parientes por adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aún cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte. 2. Deberán abstenerse de declarar, con las pre cisiones que se detallarán, quienes según la Ley deban guardar secreto profesional o de Estado:

lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan la obligación de relatarlo a la auto ridad judicial. Entre ellos se encuentran los abogados, ministros de cultos religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas u otros profesionales dispen sados por Ley expresa. Sin embargo, estas personas, con excepción de ministros de cultos religiosos, no podrán negar su testi monio cuando sean liberadas por el intere sado del deber de guardar secreto. b) Los funcionarios y servidores públicos si conocen de un secreto de Estado, esto es, de una información clasificada como se creta o reservada, tienen la obligación de comunicárselo a la autoridad que los cite. En estos casos se suspenderá la diligen cia y se solicitará información al Minis tro del Sector a fin de que, en el plazo de quince días, precise si, en efecto, la infor mación requerida se encuentra dentro de los alcances de las excepciones estableci das en el texto único ordenado de la Ley de la materia. 3. Si la información requerida al testigo no se encuentra incursa en las excepciones pre vistas en la Ley de la materia, se dispondrá la continuación de la declaración. Si la in formación ha sido clasificada como secreta o reservada, el Juez, de oficio o a solicitud de parte, en tanto considere imprescindible la información, requerirá la información por escrito e inclusive podrá citar a declarar al o los funcionarios públicos que correspondan, incluso al testigo inicialmente emplazado, para los esclarecimientos correspondientes. a) Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre

CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc.18); CC: Arts. 816; CP: Arts. 165; CPC: Arts. 220; CJMP: Arts. 302; CPP (2004): Arts. 163, 170 inc. 2), 175, 224 inc.1).

Art. 166.- Contenido de la declaración 1. La declaración del testigo versa sobre lo per cibido en relación con los hechos objeto de prueba. 2. Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe

señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de referen cia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado. 3. No se admite al testigo expresar los concep tos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico.

Art. 167.- Testimonio de Altos Dignatarios 1. El Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Congresistas, Mi nistros de Estado, Magistrados del Tribunal Constitucional, Vocales de la Corte Supre ma, Fiscal de la Nación, Fiscales Supremos, miembros del Consejo Nacional de la Magis tratura, Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Supremo de Justicia Militar, Coman dantes Generales de los Institutos Armados, Director General de la Policía Nacional, Pre sidente del Banco Central de Reserva, Super intendencia de Banca y Seguros, Contralor General de la República, Presidentes de las Regiones, Cardenales, Arzobispos, Obispos, o autoridades superiores de otros cultos re ligiosos, y demás personas que la Ley señale, declararán, a su elección, en su domicilio o en su despacho. El Juez podrá disponer se reciba su testimonio por escrito, cursando el pliego interrogatorio correspondiente, el mismo que se elaborará a instancia de las partes. 2. Se procederá en la forma ordinaria, salvo el caso de los Presidentes de los Poderes del Estado y del Presidente del Consejo de Ministros, cuando el Juez considere indis pensable su comparecencia para ejecutar un acto de reconocimiento, de confrontación o por otra necesidad. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 287.

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Art. 168.- Testimonio de Miembros del Cuerpo Diplomático A los miembros del Cuerpo Diplomático o Con sular acreditados en el Perú se les recibirá su testimonio, si están llamados a prestarlo, me diante informe escrito. Para tal efecto se les en viará, por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores, el texto del interrogatorio que será absuelto bajo juramento o promesa de decir ver dad. De igual manera se procederá si el agente diplomático o consular culminó su misión y se encuentra en el extranjero.

Art. 169.- Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero 1. Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al Despacho judicial, se podrá disponer su de claración por exhorto. De ser posible, y con preferencia, podrá utilizarse el medio tecno lógico más apropiado, como la videoconfe rencia o filmación de su declaración, a la que podrán asistir o intervenir, según el caso, el Fiscal y los abogados de las partes. 2. Si el testigo se halla en el extranjero se procederá conforme a lo dispuesto por las normas sobre cooperación judicial interna cional. En estos casos, de ser posible, se uti lizará el método de videoconferencia o el de filmación de la declaración, con intervención –si corresponde del cónsul o de otro funcio nario especialmente habilitado al efecto. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 305; LOPJ: Arts. 156, 157, 160.

Art. 170.- Desarrollo del interrogato- rio 1. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de la responsabilidad por su incumplimiento, y prestará juramento o promesa de honor de decir la verdad, según sus creencias. Deberá también ser advertido de que no está obliga do a responder a las preguntas de las cuales GRUPO EDITORIAL Lex &

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pueda surgir su responsabilidad penal.

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2. No se exige juramento o promesa de honor cuando declaran las personas comprendidas en el artículo 165, inciso 1), y los menores de edad, los que presentan alguna anomalía psíquica o alteraciones en la percepción que no puedan tener un real alcance de su testi monio o de sus efectos. 3. Los testigos serán examinados por separa do. Se dictarán las medidas necesarias para evitar que se establezca comunicación entre ellos. 4. Acto seguido se preguntará al testigo su nombre, apellido, nacionalidad, edad, reli gión si la tuviera, profesión u ocupación, es tado civil, domicilio y sus relaciones con el imputado, agraviado o cualquier otra perso na interesada en la causa. Si teme por su in tegridad podrá indicar su domicilio en forma reservada, lo que se hará constar en el acta. En este último caso, se dispondrá la prohibi ción de la divulgación en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que conduje ren a ella. La Fiscalía de la Nación y el órgano de gobierno del Poder Judicial dictarán las medidas reglamentarias correspondientes para garantizar la eficacia de esta norma. 5. A continuación se le interrogará sobre los hechos que conozca y la actuación de las personas que le conste tengan relación con el delito investigado; asimismo, se le inte rrogará sobre toda circunstancia útil para valorar su testimonio. Se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de pre guntas oportunas y observaciones precisas. 6. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta últi ma, en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que correspon da, las rechazará, de oficio o a pedido de al gún sujeto procesal.(*) CONCORDANCIAS: CP: Arts. 20 inc. 1), 2), 371, 409; CPC: Arts. 225, 228; CJMP: Arts. 306, 412; CPP (2004): Arts. 165 inc. 1).

Art. 171.- Testimonios especiales 1. Si el testigo es mudo, sordo o sordo mudo, o cuando no hable el castellano, declarará por medio de intérprete. 2. El testigo enfermo o imposible de compa recer será examinado en el lugar donde se encuentra. En caso de peligro de muerte o de viaje inminente, si no es posible aplicar las reglas de prueba anticipada, se le tomará declaración de inmediato. 3. Cuando deba recibirse testimonio de meno res y de personas que hayan resultado vícti mas de hechos que las han afectado psicoló gicamente, se podrá disponer su recepción en privado. Si el testimonio no se actuó bajo las reglas de la prueba anticipada, el Juez adoptará las medidas necesarias para ga rantizar la integridad emocional del testigo y dispondrá la intervención de un perito psicó logo, que llevará a cabo el interrogatorio pro puesto por las partes. Igualmente, permitirá la asistencia de un familiar del testigo. 4. Cuando se requiere que el testigo reconozca a una persona o cosa, debe describirla an tes de serle presentada. Luego relatará, con la mayor aproximación posible, el lugar, el tiempo, el estado y demás circunstancias en que se hallaba la persona o cosa cuando se realizó el hecho. 5. Para la declaración del agraviado, rigen las mismas reglas prescritas para los testigos. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 19), 48; CC: Arts. 43 inc. 3); CPC: Arts. 130 inc.7), 195; CJMP: Arts. 217; LOMP: Arts. 94 inc. 4); LOPJ: Arts. 15; CADH: Arts. 8.2.a; PIDCP: Arts. 14.3.f, 27.

CAPÍTULO III LA PERICIA Art. 172.- Procedencia 1. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializa

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013.

do de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. 2. Se podrá ordenar una pericia cuando co rresponda aplicar el artículo 15º del Código Penal. Ésta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado. 3. No regirán las reglas de la prueba peri cial para quien declare sobre hechos o cir cunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 15; CPC: Arts. 262; CJMP: Arts. 307; LOPJ: Arts. 273 al 280.

Art. 173.- Nombramiento 1. El Juez competente, y, durante la Investiga ción Preparatoria, el Fiscal o el Juez de la Investigación Preparatoria en los casos de prueba anticipada, nombrará un perito. Es cogerá especialistas donde los hubiere y, en tre éstos, a quienes se hallen sirviendo al Es tado, los que colaborarán con el sistema de justicia penal gratuitamente. En su defecto, lo hará entre los designados o inscritos, se gún las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, se podrá elegir dos o más peritos cuando resulten imprescindibles por la considerable complejidad del asunto o cuando se requiera el concurso de distintos conocimientos en diferentes disciplinas. A estos efectos se tendrá en consideración la propuesta o sugerencia de las partes. 2. La labor pericial se encomendará, sin nece sidad de designación expresa, a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Na cional del Perú, a la Dirección de Policía Con tra la Corrupción y al Instituto de Medicina Legal, así como a los organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica, los que presentarán su auxilio gratuitamente.

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También podrá encomendarse la labor peri cial a universidades, institutos de investiga ción o personas jurídicas en general, siempre que reúnan las cualidades necesarias para tal fin, con conocimiento de las partes.(*) CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 268; CJMP: Arts. 308; CPP (2004): Arts. 174; LOPJ: Arts. 273, 274, 275, 280; R.A. 265-99-P-CSJLI-PJ: Arts. II; R.A. 351-98-SE-T-CME-PJ: Arts. 11 y ss; R.A. 609-CME-PJ: Arts. 11 y ss.

Art. 174.- Procedimiento de designa- ción y obligaciones del perito 1. El perito designado conforme al numeral 1) del artículo 173º tiene la obligación de ejer cer el cargo, salvo que esté incurso en alguna causal de impedimento. Prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste algún impedimento. Será advertido de que incurre en responsa bilidad penal, si falta a la verdad. 2. La disposición o resolución de nombramien to precisará el punto o problema sobre el que incidirá la pericia, y fijará el plazo para la entrega del informe pericial, escuchando al perito y a las partes. Los honorarios de los peritos, fuera de los supuestos de gratuidad, se fijarán con arreglo a la Tabla de Honora rios aprobada por Decreto Supremo y a pro puesta de una Comisión interinstitucional presidida y nombrada por el Ministerio de Justicia. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 309; CPP (2004): Arts. 173 inc. 1).

Art. 175.- Impedimento y subrogación del perito 1. No podrá ser nombrado perito, el que se en cuentra incurso en las mismas causales pre vistas en los numerales 1) y 2) ‘a’ del artículo 165º. Tampoco lo será quien haya sido nom brado perito de parte en el mismo proceso o

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(*) Inciso modificado por la Única Disposición Modificatoria Final del D.L. Nº 1152, pub. el 11/12/2012.

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en proceso conexo, quien está suspendido o inhabilitado en el ejercicio de su profesión, y quien haya sido testigo del hecho objeto de la causa. 2. El perito se excusará en los casos previstos en el numeral anterior. Las partes pueden tacharlo por esos motivos. En tales casos, acreditado el motivo del impedimento, será subrogado. La tacha no impide la presenta ción del informe pericial. 3. El perito será subrogado, previo apercibi miento, si demostrase negligencia en el des empeño de la función. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 310; CPP (2004): Arts. 165 inc. 1), 2).

Art. 176.- Acceso al proceso y reserva 1. El perito tiene acceso al expediente y demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de recabar las informaciones que estimen convenientes para el cumplimiento de su co metido. Indicarán la fecha en que iniciará las operaciones periciales y su continuación. 2. El perito deberá guardar reserva, bajo res ponsabilidad, de cuanto conozca con motivo de su actuación. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 311.

Art. 177.- Perito de parte 1. Producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales, dentro del quinto día de notificados u otro plazo que acuerde el Juez, pueden designar, cada uno por su cuenta, los peritos que considere necesarios. 2. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constan cias que su técnica les aconseje. 3. Las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo sim ples. CONCORDANCIAS:

CJMP: Arts. 312.

Art. 178.- Contenido del informe peri- cial oficial 1. El informe de los peritos oficiales contendrá: a) El nombre, apellido, domicilio y Docu mento Nacional de Identidad del perito, así como el número de su registro profe sional en caso de colegiación obligatoria. b) La descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los que se hizo el peritaje. c) La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. d) La motivación o fundamentación del exa men técnico. e) La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. f) Las conclusiones. g) La fecha, sello y firma. 2. El informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsa bilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso materia del proceso. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 313; CPP (2004): Arts. 179.

Art. 179.- Contenido del informe peri- cial de parte El perito de parte, que discrepe con las conclu siones del informe pericial oficial puede pre sentar su propio informe, que se ajustará a las prescripciones del artículo 178º, sin perjuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia oficial. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 314; CPP (2004): Arts. 178.

Art. 180.- Reglas adicionales 1. El Informe pericial oficial será único. Si se trata de varios peritos oficiales

y si discre pan, cada uno presentará su propio informe pericial. El plazo para la presentación del in forme pericial será fijado por el Fiscal o el Juez, según el caso. Las observaciones al In forme pericial oficial podrán presentarse en

el plazo de cinco días, luego de la comunica ción a las partes. 2. Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en co nocimiento del perito oficial, para que en el término de cinco días se pronuncie sobre su mérito. 3. Cuando el informe pericial oficial resultare insuficiente, se podrá ordenar su ampliación por el mismo perito o nombrar otro perito para que emita uno nuevo. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 315; CPP (2004): Arts. 181 inc. 3).

Art. 181.- Examen pericial 1. El examen o interrogatorio del perito en la audiencia se orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pe ricia, sobre los fundamentos y la conclusión que sostiene. Tratándose de dictámenes pe riciales emitidos por una entidad especializa da, el interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por la entidad. 2. En el caso de informes periciales oficiales dis crepantes se promoverá, de oficio inclusive, en el curso del acto oral un debate pericial. 3. En el caso del artículo 180.2, es obligatorio abrir el debate entre el perito oficial y el de parte. CONCORDANCIAS. CJMP: Arts. 316; CPP (2004): Arts. 180 inc. 2).

CAPÍTULO IV EL CAREO Art. 182.- Procedencia 1. Cuando entre lo declarado por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado surjan contradicciones impor tantes, cuyo esclarecimiento requiera oír a ambos, se realizará el careo. 2. De igual manera procede el careo entre agravia dos o entre testigos o éstos con los primeros. 3. No procede el careo entre el imputado y la víctima menor de catorce años de edad, sal

vo que quien lo represente o su defensa lo solicite expresamente. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 317; CPP (2004): Arts. 242.

Art. 183.- Reglas del careo 1. El Juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo, les preguntará si las confirman o las modifican, invitándoles, si fuere necesario, a referirse recíprocamente a sus versiones. 2. Acto seguido, el Ministerio Público y los de más sujetos procesales podrán interrogar, a los sometidos a careo exclusivamente sobre los puntos materia de contradicción y que determinaron la procedencia de la diligencia. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 318; CPP (2004): Arts. 182.

CAPÍTULO V LA PRUEBA DOCUMENTAL Art. 184.- Incorporación 1. Se podrá incorporar al proceso todo do cumento que pueda servir como medio de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o necesidad de previa orden judicial. 2. El Fiscal, durante la etapa de Investigación Preparatoria, podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición voluntaria y, en caso de negativa, solicitar al Juez la orden de incautación co rrespondiente. 3. Los documentos que contengan declaracio nes anónimas no podrán ser llevados al pro ceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 233; CPP (2004): Arts. 18.

Art. 185.- Clases de documentos Son documentos los manuscritos, impresos, fo tocopias, fax, disquetes, películas, fotografías,

radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que con tienen registro de sucesos, imágenes, voces; y, otros similares. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 224, 234; CJMP: Arts. 250.

Art. 186.- Reconocimiento 1. Cuando sea necesario se ordenará el recono cimiento del documento, por su autor o por quien resulte identificado según su voz, ima gen, huella, señal u otro medio, así como por aquél que efectuó el registro. Podrán ser lla mados a reconocerlo personas distintas, en calidad de testigos, si están en condiciones de hacerlo. 2. También podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la autentici dad de un documento.

igual manera, el Juez o el Fiscal resolverán las observaciones formuladas al acta, dispo niendo lo conveniente. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 241; Ley 27444: Arts. 41 inc. 1.2).

Art. 188.- Requerimiento de informes El Juez o el Fiscal durante la Investigación Pre paratoria podrá requerir informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados, llevados conforme a Ley. El incumplimiento de ese requerimiento, el retardo en su producción, la falsedad del informe o el ocultamiento de da tos, serán corregidos con multa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, y de la diligencia de inspección o revisión y de incau tación, si fuera el caso. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 255, 256; CJMP: Arts. 320.

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 246; CJMP: Arts. 319.

Art. 187.- Traducción, Transcripción y Visualización de documentos 1. Todo documento redactado en idioma distin to del castellano, será traducido por un tra ductor oficial. 2. Cuando el documento consista en una cinta magnetofónica, el Juez o el Fiscal en la In vestigación Preparatoria dispondrá, de ser el caso, su transcripción en un acta, con inter vención de las partes. 3. Cuando el documento consista en una cinta de vídeo, el Juez o el Fiscal en la Investiga ción Preparatoria ordenará su visualización y su transcripción en un acta, con interven ción de las partes. 4. Cuando la transcripción de la cinta magneto fónica o cinta de vídeo, por su extensión de mande un tiempo considerable, el acta podrá levantarse en el plazo de tres días de reali zada la respectiva diligencia, previo traslado de la misma por el plazo de dos días para las observaciones que correspondan. Vencido el plazo sin haberse formulado observaciones, el acta será aprobada inmediatamente; de

CAPÍTULO VI LOS OTROS MEDIOS DE PRUEBA SUBCAPÍTULO I EL RECONOCIMIENTO Art. 189.- Reconocimientos de perso- nas 1. Cuando fuere necesario individualizar a una persona se ordenará su reconocimiento. Quien lo realiza, previamente describirá a la persona aludida. Acto seguido, se le pondrá a la vista junto con otras de aspecto exterior semejantes, En presencia de todas ellas, y/o desde un punto de donde no pueda ser vis to, se le preguntará si se encuentra entre las personas que observa aquella a quien se hu biere referido en sus declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas es. 2. Cuando el imputado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía u otros registros, observando las mismas reglas análogamente. 3. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputado o, en su defecto, el Juez de la Investigación Preparatoria, en cuyo caso se considerará la diligencia un acto de prueba anticipada.

4. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique el fin de esclarecimiento o el derecho de de fensa. 5. Si fuere necesario identificar a otras perso nas distintas del imputado, se procederá, en

2. La inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el deli to haya dejado en los lugares y cosas o en las personas. 3. La reconstrucción del hecho tiene por fina lidad verificar si el delito se efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. No se obligará al imputado a intervenir en el acto, que deberá practicarse con la mayor reserva posible.

lo posible, según las reglas anteriores. CONCORDANCIAS: CONCORANCIAS: CJMP: Arts. 321, 322, 414;B CPP (2004): Arts. 191.

Art. 190.- Otros reconocimientos 1. Cuando se disponga reconocer voces, soni dos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas en el artículo anterior. 2. Sin perjuicio de levantar el acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica o videográfica o mediante otros instrumentos o procedimientos. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 414; CPP (2004): Arts. 189.

Art. 191.- Reconocimiento de cosas 1. Las cosas que deben ser objeto del recono cimiento serán exhibidas en la misma forma que los documentos. 2. Antes de su reconocimiento, se invitará a la persona que deba reconocerlo a que lo des criba. En lo demás, regirán análogamente las reglas previstas en el artículo 189º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 189.

SUBCAPÍTULO II LA INSPECCIÓN JUDICIAL Y LA RECONSTRUCCIÓN Art. 192.- Objeto 1. Las diligencias de inspección judicial y re

CPC: Arts. 272; CJMP: Arts. 282.

Art. 193.- Adecuación La inspección, en cuanto al tiempo, modo y for ma, se adecua a la naturaleza del hecho investi gado y a las circunstancias en que ocurrió. La inspección se realizará de manera minuciosa, comprendiendo la escena de los hechos y todo lo que pueda constituir prueba material de delito. construcción son ordenadas por el Juez, o por el Fiscal durante la investigación prepa ratoria.

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 272; CJMP: Arts. 283.

Art. 194.- Participación de testigos y peritos 1. Ambas diligencias deben realizarse, de pre ferencia, con la participación de testigos y peritos. 2. Asimismo, se dispondrá que se levanten pla nos o croquis del lugar y se tome fotografías, grabaciones o películas de las personas o co sas que interesen a la causa. 3. En los delitos contra la libertad sexual no se exigirá la concurrencia de los agraviados me nores de edad, o de las víctimas que pueden ser afectadas psicológicamente con su parti cipación. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 173, 174; CPC: Arts. 273; CJMP: Arts. 284.

SUBCAPÍTULO III LAS PRUEBAS ESPECIALES Art. 195.- Levantamiento de cadáver 1. Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible,

se procederá al levantamiento del cadáver, de ser posible, con participación de personal policial especializado en criminalística, ha ciendo constar en acta. 2. El levantamiento de cadáver lo realizará el Fiscal, con la intervención, de ser posible, del médico legista y del personal policial es pecializado en criminalística. Por razones de índole geográfica podrá prescindirse de la participación de personal policial especia lizado en criminalística. El Fiscal, según las circunstancias del caso, podrá delegar la rea lización de la diligencia en su adjunto, o en la policía, o en el juez de paz. En zonas declaradas en estado de emergen cia, cuando existan dificultades que impidan la presencia inmediata del Fiscal, el perso nal de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú procederá al acto del le vantamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de personas civiles, previo conoci miento del Ministerio Público. Excepcional mente, se podrá prescindir de este requisito, cuando las condiciones de la zona o el con texto en el que se desenvuelve el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Públi co. En todos estos supuestos, se dejará cons tancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) horas más el término de la distancia, de ser el caso; asimismo, se debe efectuar la entrega del cadáver en for ma inmediata, bajo responsabilidad. 3. La identificación, ya sea antes de la inhu mación o después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica, o por cual quier otro medio.(*) CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 323; Ley 26842: Arts. 108 y ss.

Art. 196.- Necropsia 1. Cuando sea probable que se trate de un caso de criminalidad se practicará la necropsia para determinar la causa de la muerte. 2. En caso de muerte producida por accidente en un medio de transporte, o como resulta do de un desastre natural, en que las cau sas de la misma sea consecuencia directa de estos hechos, no será exigible la necropsia sin perjuicio de la identificación del cadáver antes de la entrega a sus familiares. En todo caso, es obligatoria la necropsia al cadáver de quien tenía a cargo la conducción del me dio de transporte siniestrado. En los demás casos se practica a solicitud de parte o de sus familiares. 3. La necropsia será practicada por peritos. El Fiscal decidirá si él o su adjunto deban pre senciarla. Al acto pueden asistir los aboga dos de los demás sujetos procesales e inclu so acreditar peritos de parte. CONCORDANCIAS: Ley 26842: Arts. 109, 110, 112.

Art. 197.- Embalsamamiento de cadáver Cuando se trate de homicidio doloso o muerte sospechosa de criminalidad, el Fiscal, previo informe médico, puede autorizar o disponer el embalsamamiento a cargo de profesional com petente, cuando lo estime pertinente para los fines del proceso. En ese mismo supuesto la in cineración sólo podrá ser autorizada por el Juez después de expedida sentencia firme. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 325.

Art. 198.- Examen de vísceras y mate- rias sospechosas 1. Si existen indicios de envenenamiento, el perito examinará las vísceras y las materias sospechosas que se encuentran en el cadá ver o en otra parte y las remitirán en envases aparentes, cerrados y lacrados, al laborato rio especializado correspondiente.

(*) Artículo modificado por el Artículo 2º de la Ley N° 29986, pub. el 18/01/2013.

2. Las materias objeto de las pericias se conser varán si fuese posible, para ser presentadas en el debate oral. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 326.

Art. 199.- Examen de lesiones y de agresión sexual 1. En caso de lesiones corporales se exigirá que el perito determine el arma o instru mento que la haya ocasionado, y si dejaron o no deformaciones y señales permanentes en el rostro, puesto en peligro la vida, cau sado enfermedad incurable o la pérdida de un miembro u órgano y, en general, todas las circunstancias que conforme al Código Penal influyen en la calificación del delito. 2. En caso de agresión sexual, el examen médi co será practicado exclusivamente por el mé dico encargado del servicio con la asistencia, si fuera necesario de un profesional auxiliar. Sólo se permitirá la presencia de otras per sonas previo consentimiento de la persona examinada. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 327.

Art. 200.- Examen en caso de aborto En caso de aborto, se hará comprobar la pre existencia del embarazo, los signos demostra tivos de la interrupción del mismo, las causas que lo determinaron, los probables autores y las circunstancias que sirvan para la determinación del carácter y gravedad del hecho.

Art. 201.- Preexistencia y Valorización 1. En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa mate ria del delito, con cualquier medio de prueba idóneo. 2. La valorización de las cosas o bienes o la de terminación del importe del perjuicio o da ños sufridos, cuando corresponda, se hará pericialmente, salvo que no resulte necesa

rio hacerlo por existir otro medio de prueba idóneo o sea posible una estimación judicial por su simplicidad o evidencia. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 328.

Art. 201-A.- Informes técnicos oficia- les especializados de la Contraloría General de la República Los informes técnicos especializados elabora dos fuera del proceso penal por la Contraloría General de la República en el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia insti tucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal en el caso establecido por el literal b) del inciso 2 del artí culo 326 del presente Código o cuando habien do sido elaborados en forma simultánea con la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento probatorios e incorporados debida mente al proceso para su contradicción. La respectiva sustentación y el correspondiente examen o interrogatorio se efectúa con los ser vidores que designe la entidad estatal autora del informe técnico. Cualquier aclaración de los informes de control que se requiera para el cumplimiento de los fi nes del proceso deberá ser solicitada al respec tivo ente emisor. El juez desarrolla la actividad y valoración pro batoria de conformidad con el inciso 2 del artí culo 155 y el inciso 1 del artículo 158 del presente Código.(*)

TÍTULO III LA BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS CAPÍTULO I PRECEPTOS GENERALES Art. 202.- Legalidad procesal Cuando resulte indispensable restringir un de recho fundamental para lograr los fines de es clarecimiento del proceso, debe procederse con

(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 30214, publicado el 29/06/2014.

forme a lo dispuesto por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 10).

ordena el previo traslado o la audiencia no es impugnable. 4. Respecto de la realización de la audiencia, rige en lo pertinente el artículo 8º.

Art. 203.- Presupuestos

CONCORDANCIAS:

1. Las medidas que disponga la autoridad, en los supuestos indicados en el artículo ante rior, deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que exis tan suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el Juez de la Investiga ción Preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del Ministerio Público.

CPP (2004): Arts. 8, 254.

2. Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados. El Juez de la Investigación Preliminar, salvo norma específica, decidirá inmediatamente, sin trámite alguno. Si no existiere riesgo fun dado de pérdida de finalidad de la medida, el Juez de la Investigación Preliminar debe rá correr traslado previamente a los sujetos procesales y, en especial, al afectado. Asimis mo, para resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable la realización de una audiencia con intervención del Ministe rio Público y de los demás sujetos procesales, que se realizará con los asistentes. 3. Cuando la Policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera previamente re solución judicial, ante supuestos de urgen cia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restrinja derechos fundamentales de las personas, corresponde al Fiscal solicitar inmediatamente la confir mación judicial. El Juez de la Investigación Preparatoria, sin trámite alguno, decidirá en el mismo día o a más tardar al día siguiente confirmando o desaprobando la medida eje cutada por la Policía o la Fiscalía, salvo que considere indispensable el previo traslado a los sujetos procesales o, en su caso, la rea lización de una audiencia con intervención del Fiscal y del afectado. La resolución que

Art. 204.- Impugnación 1. Contra el auto dictado por el Juez de la In vestigación Preparatoria en los supuestos previstos en el artículo anterior, el Fiscal o el afectado pueden interponer recurso de ape lación, dentro del tercer día de ejecutada la medida. La Sala Penal Superior absolverá el grado, previa audiencia, con intervención de los sujetos procesales legitimados. 2. El afectado también puede solicitar el reexa men de la medida ante el Juez de la Investi gación Preparatoria si nuevas circunstancias establecen la necesidad de un cambio de la misma. El Juez, discrecionalmente, decidirá si la decisión la adopta previo traslado a los demás sujetos procesales o mediante una audiencia que señalará al efecto. Contra el auto que resuelve la solicitud de reexamen procede recurso de apelación, según el trá mite previsto en el numeral anterior. 3. Contra los autos expedidos por la Sala Penal Superior dictados en primera instancia sólo procede recurso de reposición. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 8, 254.

CAPÍTULO II (*) EL CONTROL DE IDENTIDAD Y LA VIDEOVIGILANCIA SUBCAPÍTULO I EL CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL Art. 205.- Control de identidad policial 1. La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez, po

(*) Se suspende la entrada en vigencia de los Artículos 205 al 210, de acuerdo al art. único de la Ley Nº 28460

del 11/01/2005, que modifica el numeral 4 de la 1ra. D.F. del Decreto Legislativo Nº 957. Derogando tácitamente el artículo único de la Ley N° 28366 del 26/10/2004, que establecía la entrada en vigencia a partir del 01-01-2005, de los artículos 205 al 210 del Decreto Legislativo N° 957.

drá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones per tinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para preve nir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. El in tervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado. 2. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad. Se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y ex hibirlo. Si en ese acto se constata que su do cumentación está en orden, se le devolverá el documento y autorizará su alejamiento del lugar. 3. Si existiere fundado motivo que el interve nido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá regis trarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. De esta diligencia específica, en caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público. 4. En caso no sea posible la exhibición del do cumento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de identifica ción. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna re quisitoria. Este procedimiento, contado des

ción realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las mismas. 5. Siempre que sea necesario para las fina lidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad –en cuyo caso se requiere la expresa orden del Ministerio Público, y efectuar en él me diciones y medidas semejantes. De este he cho se levantará un acta. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 206, 210, 1ra.DF; Ley 26497: Arts. 84, 85 y ss; CADH: Arts. 2.2, 5.1, 11.2, 11.3; PIDCP: Arts. 17; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss.

Art. 206.- Controles policiales públi- cos en delitos graves 1. Para el descubrimiento y ubicación de los partícipes en un delito causante de grave alarma social y para la incautación de ins trumentos, efectos o pruebas del mismo, la Policía –dando cuenta al Ministerio Público podrá establecer controles en las vías, luga res o establecimientos públicos, en la medida indispensable a estos fines, al objeto de pro ceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales, con el fin de comprobar que no se porten sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. 2. La Policía abrirá un LibroRegistro de Con troles Policiales Públicos. El resultado de las diligencias, con las actas correspondientes, se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Público.

de el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos ca sos, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la perso na que indique. La Policía deberá llevar, para estos

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casos, un LibroRegistro en el que se harán constar las diligencias de identifica

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CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 205, 210, 1ra.DF; R.A. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss.

SUBCAPÍTULO II LA VIDEOVIGILANCIA Art. 207.- Presupuestos y Ejecución 1. En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el

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Fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la Policía, y sin conocimiento del afectado, pue de ordenar:

CAPÍTULO III LAS PESQUISAS

a) Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes; y,

Art. 208.- Motivos y objeto de la inspección

b) Utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de obser vación o para la investigación del lugar de residencia del investigado.

1. La Policía, por sí dando cuenta al Fiscal o por orden de aquél, podrá inspeccionar o dis poner pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán rastros del delito, o considere que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona prófuga, procede a realizar una inspección.

Estos medios técnicos de investigación se dispondrán cuando resulten indispensables para cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la investigación resultare menos pro vechosa o se vería seriamente dificultada por otros medios. 2. Estas medidas podrán dirigirse contra otras personas si, en el supuesto del literal a) del numeral anterior, la averiguación de las cir cunstancias del hecho investigado se vieran, de otra forma, esencialmente dificultadas o, de no hacerlo, resultaren relevantemen te menos provechosas. En el supuesto del literal b) del numeral anterior, se podrá di rigir contra otras personas cuando, en base a determinados hechos, se debe considerar que están en conexión con el investigado o cuando resulte indispensable para cumplir la finalidad de la investigación, sin cuya reali zación se podría frustrar dicha diligencia o su esclarecimiento pueda verse esencialmen te agravado. 3. Se requerirá autorización judicial cuando estos medios técnicos de investigación se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados. 4. Las medidas previstas en el presente artículo también se pueden llevar a cabo si, por la na turaleza y ámbito de la investigación, se ven irremediablemente afectadas terceras perso nas. 5. Para su utilización como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control previsto para la intervención de comunicaciones. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 230 inc. 6), 1ra.DF; Ley 27697: Arts. 1 y ss; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss.

2. La pesquisa tiene por objeto comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubie re, de utilidad para la investigación. De su realización se levantará un acta que descri birá lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerá o conservarán los elementos mate riales útiles. 3. Si el hecho no dejó rastros o efectos mate riales o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá el estado actual, pro curando consignar el anterior, el modo, tiem po y causa de su desaparición y alteración, y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar. 4. De ser posible se levantarán planos de se ñales, descriptivos y fotográficos y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria al efecto. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 1ra.DF; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss.

Art. 209.- Retenciones 1. La Policía, por sí dando cuenta al Fiscal o por orden de aquél, cuando resulte necesa rio que se practique una pesquisa, podrá dis poner que durante la diligencia no se ausen ten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra. 2. La retención sólo podrá durar cuatro horas, luego de lo cual se debe recabar, inmedia

tamente, orden judicial para extender en el tiempo la presencia de los intervenidos. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 1ra. DF.; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss.

Art. 210.- Registro de personas 1. La Policia, por sí dando cuenta al Fiscalo por orden de aquél, cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, procederá a regis trarla. Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y entregue el bien bus cado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, salvo que se considere útil proce der a fin de completar las investigaciones. 2. El registro se efectuará respetando la digni dad y, dentro de los límites posibles, el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio de la investigación. 3. El registro puede comprender no sólo las vestimentas que llevare el intervenido, sino también el equipaje o bultos que portare y el vehículo utilizado. 4. Antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución, y se le Indicará del derecho que tiene de hacer se asistir en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 213, 1ra.DF; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss.

CAPÍTULO IV LA INTERVENCIÓN CORPORAL Art. 211.- Examen corporal del impu- tado 1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a so licitud del Ministerio Público, puede ordenar

un examen corporal del imputado para esta blecer hechos significativos de la investiga ción, siempre que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad mayor de cua tro años. Con esta finalidad, aún sin el con sentimiento del imputado, pueden realizar se pruebas de análisis sanguíneos, pruebas genéticomoleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones radioló gicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema funda damente un daño grave para la salud del im putado, para lo cual si resulta necesario se contará con un previo dictamen pericial. 2. Si el examen corporal de una mujer puede ofender el pudor, sin perjuicio que el examen lo realice un médico u otro profesional espe cializado, a petición suya debe ser admitida otra mujer o un familiar. 3. El Fiscal podrá ordenar la realización de ese examen si el mismo debe realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, y no puede esperar la orden judicial. En ese caso, el Fiscal instará inmediatamente la confirma ción judicial. 4. La diligencia se asentará en acta. En esta dili gencia estará presente el Abogado Defensor del imputado, salvo que no concurra pese a la citación correspondiente o que exista fundado peligro de que la prueba se perju dique si no se realiza inmediatamente, en cuyo caso podrá estar presente una persona de la confianza del intervenido siempre que pueda ser ubicada en ese acto. En el acta se dejará constancia de la causal invocada para prescindir de la intervención del Abogado Defensor y de la intervención de la persona de confianza del intervenido. 5. El Ministerio Público, o la Policía Nacional con conocimiento del Fiscal, sin orden judi cial, podrán disponer mínimas intervencio nes para observación, como pequeñas ex tracciones de sangre, piel o cabello que no

(*) Numeral vigente a nivel nacional a partir del 20/11/2009, según la Primera Disposición Final de la Ley Nº

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29439, pub. el 19/11/2009.

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provoquen ningún perjuicio para su salud, siempre que el experto que lleve a cabo la in tervención no la considere riesgosa. En caso contrario, se pedirá la orden judicial, para lo cual se contará con un previo dictamen peri cial que establezca la ausencia de peligro de realizarse la intervención.

Art. 212.- Examen corporal de otras personas 1. Otras personas no inculpadas también pue den ser examinadas sin su consentimiento, sólo en consideración de testigos, siempre que deba ser constatado, para el esclareci miento de los hechos, si se encuentra en su cuerpo determinada huella o secuela del de lito. 2. En otras personas no inculpadas, los exáme nes para la constatación de descendencia y la extracción de análisis sanguíneos sin el consentimiento del examinado son admisi bles si no cabe temer ningún daño para su salud y la medida es indispensable para la averiguación de la verdad. Los exámenes y la extracción de análisis sanguíneos sólo pue den ser efectuados por un médico. 3. Los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser rehusados por los mismos motivos que el testimonio. Si se trata de menores de edad o incapaces, decide su representante legal, salvo que esté inhabi litado para hacerlo por ser imputado en el delito, en cuyo caso decide el Juez.

Art. 213.- Examen corporal para prue- ba de alcoholemia 1.

La Policía, ya sea en su misión de prevención de delitos o en el curso de una inmediata in tervención como consecuencia de la posible comisión de un delito mediante la conduc ción de vehículos, podrá realizar la compro bación de tasas de alcoholemia en aire aspi rado.

2. Si el resultado de la comprobación es positi va o, en todo caso, si se presentan signos evi dentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancia prohibi da, el intervenido será retenido y conducido al centro de control sanitario correspondien te para realizar la prueba de intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescrip ción del facultativo. 3. La Policía, cuando interviene en operaciones de prevención del delito, según el numeral 1) del presente artículo, elaborará un acta de las diligencias realizadas, abrirá un Li broRegistro en el que se harán constar las comprobaciones de aire aspirado realizadas, y comunicará lo ejecutado al Ministerio Pú blico adjuntando un informe razonado de su intervención. 4. Cuando se trata de una intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito y deba procederse con arreglo al nu meral 2) del presente artículo, rige lo dis puesto en el numeral 4) del artículo 210°.(*)

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 210 inc. 4); Ley 27753: Arts. 1 y ss.

CAPÍTULO V EL ALLANAMIENTO Art. 214.- Solicitud y ámbito del allanamiento 1. Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuen tran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus de pendencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar ce

(*) Artículo vigente a nivel nacional a partir del 20/11/2009, según la Primera Disposición Final de la Ley Nº 29439, publicado el 19/11/2009.

rrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. 2. La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser regis trados, la finalidad específica del allanamien to, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará. 3. Los motivos que determinaron el allana miento sin orden judicial constarán detalla damente en el acta. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts.287.

Art. 215.- Contenido de la resolución 1. La resolución autoritativa contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia, y el apercibi miento de Ley para el caso de resistencia al mandato. 2. La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expe dida por tiempo determinado o para un pe ríodo determinado, en cuyo caso constarán esos datos. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 287.

Art. 216.- Desarrollo de la diligencia 1. Al iniciarse la diligencia se entregará una co pia de la autorización al imputado siempre que se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comuni cándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza. 2. Si no se encuentran las personas arriba indi cadas, la copia se entregará y el aviso se diri girá a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ellos, sólo de ser posible, al portero o a quien haga sus

3. La diligencia se circunscribirá a lo autoriza do, redactándose acta. Durante su desarro llo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 291; CPP (2004): Arts. 220 inc. 4).

Art. 217.- Solicitud del Fiscal para incautación y registro de personas 1. Cuando sea el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un inven tario en varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable del recinto allanado. 2. El allanamiento, si el Fiscal lo decide, po drá comprender el registro personal de las personas presentes o que lleguen, cuando considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el mismo. El Fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que de terminada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El trasgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar. veces.

CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 285, 291.

CAPÍTULO VI LA EXHIBICIÓN FORZOZA Y LA INCAUTACIÓN SUBCAPÍTULO I LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE BIENES Art. 218.- Solicitud del Fiscal 1. Cuando el propietario, poseedor, adminis trador, tenedor u otro requerido por el Fis cal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean necesa rias para el esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando

la Ley así lo prescribiera, el Fiscal, solicitará al Juez de la Investigación Preparatoria or dene su incautación o exhibición forzosa. La petición será fundamentada y contendrá las especificaciones necesarias. 2. La Policía no necesitará autorización del Fis cal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrante delito o peligro in minente de su perpetración, de cuya ejecu ción dará cuenta inmediata al Fiscal. Cuando existe peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe disponerla el Fiscal. En todos estos casos, el Fiscal una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su eje cución, requerirá al Juez de la Investigación Preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 233.

Art. 219.- Contenido de la resolución 1. La resolución autoritativa especificará el nombre del Fiscal autorizado, la designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena y, de ser necesario, au torización para obtener copia o fotografía o la filmación o grabación con indicación del sitio en el que tendrá lugar, y el apercibi miento de Ley para el caso de desobediencia al mandato. 2. Se aplicará, en lo pertinente, las mismas re glas para la resolución confirmatoria. CONCORDANCIAS:

dividualizados, estableciéndose los mecanis mos de seguridad para evitar confusiones o alteración de su estado original; igualmente se debe identificar al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material incautado. De la ejecución de la me dida se debe levantar un acta, que será fir mada por los participantes en el acto. Corresponde al Fiscal determinar con preci sión las condiciones y las personas que in tervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de lo incautado, asi mismo, los cambios hechos en ellos por cada custodio. 3. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de in cautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia y –si es posible se inscribirá en el registro corres pondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de un derecho sobre él, adicionalmente a su ocupación, se operará de manera que se anote en el registro respectivo dicha medida, en cuyo caso se instará la orden judicial res pectiva 4. Lo dispuesto en los dos numerales anterio res es aplicable cuando la exhibición o incau tación es realizada por la Policía o el Fiscal en los casos previstos en el artículo 216º.2 5. La Fiscalía de la Nación, a fin de garantizar la autenticidad de lo incautado, dictará el Re glamento correspondiente a fin de normar el diseño y control de la cadena de custodia, así como el procedimiento de seguridad y con servación de los bienes incautados.

CPP (2004): Arts. 223, 233.

Art. 220.- Diligencia de secuestro o exhibición 1. Obtenida la autorización, el Fiscal la ejecuta rá inmediatamente, contando con el auxilio policial. Si no se perjudica la finalidad de la diligencia, el Fiscal señalará día y hora para la realización de la diligencia, con citación de las partes. Al inicio de la diligencia se entre gará copia de la autorización al interesado, si se encontrare presente. 2. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente in

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 216 inc. 2), 223.

Art. 221.- Conservación y Exhibición 1. Según la naturaleza y estado del bien incau tado, se dispondrá su debida conservación o custodia. 2. En el caso de la exhibición se describirá fiel mente en el acta lo constatado, sin perjuicio de reproducirlo, empleando el medio técnico disponible. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 233.

Art. 222.- Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos 1. El Fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimien to del Juez de la Investigación Preparatoria. Asimismo podrá devolverlos al imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse provisionalmen te y en calidad de depósito, pudiendo dispo nerse su exhibición cuando fuera necesario. Los bienes sustraídos serán entregados al agraviado. 2. Si el Fiscal no accede a la devolución o en trega, el afectado podrá instar, dentro del tercer día, la decisión del Juez de la Investi gación Preparatoria. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 233.

Art. 223.- Remate o subasta del bien incautado 1. Cuando no se ha identificado al autor o al perjudicado, el bien incautado, transcurri dos seis meses, es rematado. El remate se realiza, previa decisión de la Fiscalía que conoce del caso si no se ha formalizado la Investigación Preparatoria o previa orden del Juez de la Investigación Preparatoria si existe proceso abierto, a pedido del Fiscal. 2. El remate se llevará a cabo por el órgano administrativo competente del Ministerio Público, según las directivas reglamentarias que al efecto dicte la Fiscalía de la Nación. En todo caso, se seguirán las siguientes pautas: a) Valorización pericial; b) Publicación de un aviso en el periódico oficial o en carteles a falta de periódico. 3. El producto del remate, descontando los gastos que han demandado las actuaciones

indicadas en el numeral anterior, será depo sitado en el Banco de la Nación a la orden del Ministerio Público si no se formalizó In vestigación Preparatoria y, en partes iguales, a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público si existiere proceso abierto. Si trans currido un año ninguna persona acredita su derecho, el Ministerio Público o el Poder Judicial, dispondrán de ese monto, constitu yendo recursos propios. 4. Cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los delitos cuya titula ridad haya sido declarada a favor del Estado mediante un proceso de pérdida de dominio y en los casos de incautación o decomiso de bienes, efectos o ganancias establecidos en las normas ordinarias por la comisión de delitos en agravio del Estado, la Comisión Nacional de Bienes Incautados CONABI procederá a la subasta, en la forma y proce dimiento establecido por la normatividad de la materia. El producto de esta subasta pú blica se destinará preferentemente a la lucha contra la minería ilegal, la corrupción y el cri men organizado, conforme al Reglamento de la materia.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 233, 235.

SUBCAPÍTULO II LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES Y DOCUMENTOS NO PRIVADOS Art. 224.- Incautación de documentos no privados. Deber de exhibición. Se- cretos 1. También pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación las actuaciones y do cumentos que no tienen la calidad de pri vados. Cuando se trate de un secreto de Estado, el Fiscal acudirá al Juez de la Investi gación Preparatoria a fin de que proceda, en

(*) Numeral incorporado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Dec. Leg. Nº 1104, pub. el

19/04/2012.

lo pertinente, conforme a lo dispuesto en el artículo 165º numerales 2) y 3). El que tenga en su poder los actos y docu mentos requeridos está obligado a exhibirlos o entregarlos inmediatamente al Fiscal, in cluso su original, y todo objeto que detenten por razones de su oficio, encargo, ministerio o profesión, salvo que expresen que se trata de un secreto profesional o de Estado. El afectado, salvo los casos de invocación de secreto de Estado, podrá instar la interven ción judicial, para establecer si correspondía la exhibición o incautación de todos los do cumentos o actos intervenidos por el Fiscal. 2. Cuando se invoque secreto profesional, el Fiscal realizará las indagaciones necesarias a ese efecto, siempre que resulte indispensa ble para la marcha de las investigaciones, y si considera infundada la oposición a la exhi bición o incautación, instará la intervención judicial. El Juez de la Investigación Prepara toria, previa audiencia, si considera fundada la petición del Fiscal ordenará la incautación. 3. Cuando se invoque secreto de Estado, el Fiscal acudirá al Presidente del Consejo de Ministros solicitando confirme ese carácter. En caso se confirme la existencia del secreto y la prueba sea esencial para la definición de la causa, el Fiscal acudirá al Juez de la Inves tigación preparatoria, para que previa au diencia con asistencia de las partes decida si clausura la investigación por existir secreto de Estado. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 165 inc. 2), 3), 229.

Art. 225.- Copia de documentos incautados 1. El Fiscal podrá obtener copia de las actuacio nes y de los documentos incautados, restitu yendo los originales. Cuando mantenga la in cautación de los originales, podrá autorizar la expedición gratuita de copia certificada a aquellos que los detentaban legítimamente.

2. Los servidores o funcionarios públicos po drán expedir copias, extractos o certificacio

nes de los documentos restituidos, en origi nal o copia, por el Fiscal, pero deberá hacer mención en ellos de la incautación existente. 3. A la persona u oficina ante la que se efectuó la incautación, debe entregársele copia del acta de incautación realizada. 4. Si el documento incautado forma parte de un volumen o un registro del cual no puede ser separado y el Fiscal no considera conve niente extraer copia, el volumen entero o el registro permanecerá en depósito judicial. El funcionario Público con la autorización del Fiscal, expedirá a los interesados que lo soliciten, copias, extractos o certificados de las partes del volumen o registro no sujetas a incautación, haciendo mención de la incau tación parcial, en las copias, extractos y cer tificados. 5. Los afectados podrán instar la intervención del Juez de la Investigación Preparatoria cuando la disposición del Fiscal afecta irra zonablemente sus derechos o intereses jurí dicos. El Juez se pronunciará previa audien cia con asistencia de los afectados y de las partes.

CAPÍTULO VII EL CONTROL DE COMUNICACIONESY DOCUMENTOS PRIVADOS SUBCAPÍTULO I LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL Art. 226.- Autorización 1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o envío postal, en las oficinas o empresas –públicas o privadas postales o telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo nombre supuesto, o de

aquellos de los cua les por razón de especiales circunstancias, se presumiere emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario, pueden ser ob jeto, a instancia del Fiscal al Juez de la In vestigación Preparatoria, de interceptación, incautación y ulterior apertura.

2. La orden judicial se instará cuando su ob tención sea indispensable para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Esta medida, estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado, se prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el que no será mayor que el período de la investiga ción. 3. Del mismo modo, se podrá disponer la ob tención de copias o respaldos de la corres pondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de él. 4. El Juez de la Investigación Preparatoria re solverá, mediante trámite reservado e inme diatamente, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. La denegación de la medida podrá ser apelada por el Fiscal, e igualmente se tramitará re servada por el Superior Tribunal, sin trámite alguno e inmediatamente. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 230 inc. 1), 340; Ley 27697: Arts. 1 y ss.

Art. 227.- Ejecución 1. Recabada la autorización, el Fiscal por sí o encargando su ejecución a un funcionario de la Fiscalía o un efectivo Policial realizará in mediatamente la diligencia de interceptación e incautación. Acto seguido examinará ex ternamente la correspondencia o los envíos retenidos, sin abrirlos o tomar conocimien to de su contenido, y retendrá aquellos que tuvieren relación con el hecho objeto de la investigación. De lo actuado se levantará un acta. 2. La apertura, examen y análisis de la co rrespondencia y envíos se efectuará en el lugar donde el Fiscal lo considere más con veniente para los fines de la investigación, atendiendo a las circunstancias del caso. El Fiscal leerá la correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si tie nen relación con la investigación dispondrá

su incautación, dando cuenta al Juez de la Investigación Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relación con el hecho investi gado serán devueltos a su destinatario, di rectamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones. La entrega podrá en tenderse también con algún miembro de la familia del destinatario o con su mandatario o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, a cri terio del fiscal, se dejará copia certificada de aquella parte y se ordenará la entrega a su destinatario o viceversa. (*) 3. En todos los casos previstos en este artículo se redactará el acta correspondiente. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 340; Ley 27697: Arts. 1 y ss.

Art. 228.- Diligencia de reexamen ju- dicial 1. Cumplida la diligencia y realizadas las inves tigaciones inmediatas en relación al resulta do de aquélla, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado. 2. La audiencia se realizará con asistencia del afectado, de su defensor y de las demás par tes. El Juez decidirá si la diligencia se realizó correctamente y si la interceptación e incau tación han comprendido comunicaciones re lacionadas con la investigación. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 340.

Art. 229.persona

Requerimiento

a

tercera

Si la persona en cuyo poder se encuentra la correspondencia, al ser requerida se niega a entregarla, será informada que incurre en res ponsabilidad penal. Si persiste en su negativa, se redactará acta de ésta y seguidamente se le iniciará la investigación pertinente.

(*) Artículo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013.

Si dicha persona alegare como fundamento de su negativa, secreto de Estado o inmunidad di plomática, se procederá conforme al numeral 3) del artículo 224º en el primer caso y se solicitará informe al Ministerio de Relaciones Exteriores en el segundo caso. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 224 inc. 3), 340.

SUBCAPÍTULO II LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Art. 230.- Intervención o grabación o registro de comunicaciones telefóni- cas o de otras formas de comunica- ción y geolocalización de teléfonos móviles 1. El Fiscal, cuando existan suficientes ele mentos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Rige lo dis puesto en el numeral 4) del artículo 226°. 2. La orden judicial puede dirigirse contra el in vestigado o contra personas de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que reciben o trami tan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación. 3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También in

dicará la forma de la interceptación, su al cance y su duración, al igual que la depen dencia policial o Macaba que se encargará de la diligencia do intervención y grabación o registro. El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de le vantamiento del secreto de las comunicacio nes. La comunicación a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se transcribirá la parte concerniente. (*) 4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán facilitar, en el plazo máximo de treinta días hábiles, la geo localización de teléfonos móviles y la diligen cia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones, así como la información sobre la identidad de los titulares del servi cio, los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo, del tráfico de llamadas y los números de protocolo de Internet, que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las respon sabilidades de ley en caso de incumplimien to. Los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mis mas, salvo que se les citare como testigos al procedimiento. El juez fija el plazo en aten ción a las características, complejidad y cir cunstancias del caso en particular. Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnolo gía con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos o software, se encon trarán obligados a mantener la compatibili dad con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. (**)

(*) Artículo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013.

(**) Numeral modificado por el artículo 6 de la Ley N° 30171, pub. el 10/03/2014.

5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida des aparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente. 6. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente podrá pro rrogarse por plazos sucesivos, previo re querimiento sustentado del Fiscal y decisión motivada del Juez de la Investigación Prepa ratoria.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 207, 226 inc. 4), 234; Ley 27697: Arts. 1 y ss; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss.

Art. 231.- Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación 1. La intervención de comunicaciones telefó nicas, radiales o de otras formas de comu nicación que trata el artículo anterior será registrada mediante la grabación y asegura miento de la fidelidad de la misma. Las gra baciones, indicios y/o evidencias recolecta das durante el desarrollo de la ejecución de la medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de Recolección y Control serán entrega dos al Fiscal, quien dispone su conservación con todas las medidas de seguridad al alcan ce y cuida que las mismas no sean conocidas por personas ajenas al procedimiento.(**) 2. Durante la ejecución del mandato judicial de los actos de recolección y control de las comunicaciones se dejará constancia en el Acta respectiva de dichos actos. Posterior mente, el Fiscal o el Juez podrán disponer la transcripción de las partes relevantes de las comunicaciones, levantándose el acta co rrespondiente, sin perjuicio de conservar la grabación completa de la comunicación. Las grabaciones serán conservadas hasta la cul minación del proceso penal correspondien

te, ocasión en la cual la autoridad judicial competente dispondrá la eliminación de las comunicaciones irrelevantes. Igual procedi miento adoptará el Fiscal en caso la investi gación no se judicialice, previa autorización del Juez competente. Respecto a las graba ciones en las que se aprecie la comisión de presuntos delitos ajenos a los que son mate ria de la investigación, el Fiscal comunicará estos hechos al Juez que autorizó la medi da, con la celeridad e inmediatez que el caso amerita. Las Actas de Recolección y Control de las Comunicaciones se incorporarán a la inves tigación, al igual que la grabación de las co municaciones relevantes. (***) 3. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actua do, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado. La notificación al afectado sólo será posible si el objeto de la investigación lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las mismas requerirá resolución judicial motivada y estará sujeta a un plazo que el Juez fijará. 4. La audiencia judicial de reexamen de la in tervención se realizará en el más breve pla zo. Estará dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto. 5. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las comunica ciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de identificación de comunicaciones, se tomará conocimiento de la comisión de delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando

(*) Artículo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013. (**) Numeral modificado por el artículo 6 de la Ley N° 30171, pub. el 10/03/2014. GRUPO EDITORIAL Lex &

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(***) Artículo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013.

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se trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y secuestro, a cometerse en las próximas horas, el Fiscal, excepcional mente y dando cuenta en forma inmediata al Juez competente para su convalidación, podrá disponer la incorporación de dicho número al procedimiento de intervención de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial pre venga esta eventualidad. (*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 234; CJMP: Arts. 250; Ley 27697: Arts. 1 y ss.

SUBCAPÍTULO III EL ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Art. 232.- Aseguramiento de docu- mentos privados Cuando la Policía o el Fiscal, al realizar un regis tro personal, una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspec ción o allanamiento un documento privado, y no ha recabado previamente la orden de incau tación con arreglo al artículo siguiente, se limi tará a asegurarlo –sin examinar su contenido, sin perjuicio que el Fiscal lo ponga a inmediata disposición judicial, antes de vencidas las vein ticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y solicitando dicte orden de incautación, previo examen del documento. El Juez resolverá dentro de un día de recibida la comunicación bajo responsabilidad.

Art. 233.- Incautación de documentos privados 1. El Fiscal, cuando existan motivos suficien tes para estimar que una persona tiene en su poder documentos privados útiles para la investigación, solicitará al Juez para la Inves

tigación Preparatoria dicte orden de incauta ción. 2. La resolución autoritativa se expedirá inme diatamente, sin trámite alguno, y contendrá fundamentalmente el nombre del Fiscal a quien autoriza, la persona objeto de inter vención y, de ser posible, el tipo de docu mento materia de incautación. 3. Recabada la autorización, el Fiscal la ejecuta rá inmediatamente. De la diligencia se levan tará el acta de incautación correspondiente, indicándose las incidencias del desarrollo de la misma. 4. Rige, en lo pertinente, el artículo 218º y si guientes. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 218, 219.

Art. 234.- Aseguramiento e incauta- ción de documentos contables y administrativos 1. La Fiscalía, o la Policía por orden del Fiscal, cuando se trata de indagaciones indispen sables para el esclarecimiento de un delito, puede inspeccionar los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos de una persona, natural o jurídica. Si de su revisión considera que debe incautar dicha documentación, total o parcialmente, y no cuenta con orden judicial, se limitará a ase gurarla, levantando el acta correspondiente. Acto seguido el Fiscal requerirá la inmediata intervención judicial, antes de vencidas vein ticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y el acta respectiva, so licitando a su vez el mandato de incautación correspondiente. 2. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los ar tículos 230º y 231º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 230, 231.

(*) Inciso incorporado por la Cuarta Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013.

CAPÍTULO VIII EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y DE LA RESERVA TRIBUTARIA Art. 235.- Levantamiento del secreto bancario 1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a so licitud del Fiscal, podrá ordenar, reservada mente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. 2. Recibido el informe ordenado, el Juez previo pedido del Fiscal, podrá proceder a la in cautación del documento, títulos – valores, sumas depositadas y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las cuentas, siempre que exista fundada razón para con siderar que tiene relación con el hecho pu nible investigado y que resulte indispensa ble y pertinente para los fines del proceso, aunque no pertenezcan al imputado o no se encuentren registrados a su nombre. 3. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud de Fiscal, siempre que existan fun dadas razones para ello, podrá autorizar la pesquisa o registro de una entidad del sis tema bancario o financiero y, asimismo, la incautación de todo aquello vinculado al delito. Rige lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo. 4. Dispuesta la incautación, el Fiscal observará en lo posible el procedimiento señalado en el artículo 223º. 5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán proporcionar, en el plazo máximo de treinta días hábiles, la información correspondiente o las actas y documentos, incluso su original, si así se ordena, y todo otro vínculo al proceso que determine por razón de su actividad, bajo apercibimiento de las responsabilidades es

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tablecidas en la ley. El juez fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en particular.(*) 6. Las operaciones no comprendidas por el se creto bancario serán proporcionadas direc tamente al Fiscal a su requerimiento, cuando resulte necesario para los fines de la investi gación del hecho punible. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 5), 97; CP: Arts. 154, 155, 156; CPP (2004): Arts. 223, 236; LGBS: Arts. 140 al 143.

Art. 236.- Levantamiento de la reserva tributaria 1. El Juez, a pedido del Fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la Adminis tración Tributaria la exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando resulte necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. 2. La Administración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documen tos o declaraciones ordenados por el Juez. 3. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los nu merales 3 y 4 del artículo anterior. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 5), 97; CP: Arts. 154, 155, 156; CT: Arts. 85; CPP (2004): Arts. 235 inc. 3), 4); LGBS: Arts. 140 al 143.

CAPÍTULO IX LA CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCALES E INMOVILIZACIÓN Art. 237.- Procedencia 1. El Juez, a pedido del Fiscal y cuando fuere indispensable para la investigación de un de lito sancionado con pena superior a cuatro años de privación de libertad, podrá dispo ner la clausura o la vigilancia temporal de un local, por un plazo no mayor de quince días, prorrogables por un plazo igual si las circunstancias lo exigieran.

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(*) Numeral modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30096, pub. el 22/10/2013.

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2. Asimismo, podrá disponer la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensión no puedan ser mantenidas en de pósito y puedan servir como medios de prue ba. En este caso se procederá a asegurarlas según las reglas del allanamiento. Los plazos de permanencia de dichos bienes en poder de la autoridad son los mismos del numeral anterior. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 296.

Art. 238.- Solicitud del Fiscal El Fiscal especificará en su solicitud los funda mentos y la finalidad que persigue, la individua lidad del local o bien mueble objeto de la peti ción, el tiempo aproximado de duración de la medida y demás datos que juzgue convenientes.

Art. 239.- Contenido de la resolución La resolución autoritativa contendrá el nombre del Fiscal que solicita, la expresa autorización del local o bien mueble, el tiempo de duración de la medida y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.

TÍTULO IV LA PRUEBA ANTICIPADA Art. 242.- Supuestos de prueba anticipada 1. Durante la Investigación Preparatoria, a soli citud del Fiscal o de los demás sujetos proce sales, podrá instarse al Juez de la Investiga ción Preparatoria actuación de una prueba anticipada, en los siguientes casos: a) Testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para que no de claren o lo hagan falsamente. El interro gatorio al perito, puede incluir el debate pericial cuando éste sea procedente.

Art. 240.- Forma de la diligencia

b) Careo entre las personas que han decla rado, por los mismos motivos del literal anterior, siempre que se cumplan los re quisitos establecidos en el artículo 182º.

Obtenida la autorización, con citación de las partes y si es necesario con auxilio policial, se llevará a cabo la medida redactándose acta que será suscrita en el mismo lugar, salvo circuns tancias de fuerza mayor. El Fiscal dictará las medidas más apropiadas para la custodia y con servación de las cosas muebles.

c) Reconocimientos, inspecciones o recons trucciones, que por su naturaleza y ca racterísticas deben ser considerados ac tos definitivos e irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la realización del juicio.

Art. 241.- Clausura, vigilancia e inmovilización de urgencia

d) Declaración de las niñas, niños y adoles centes en su calidad de agraviados por delitos comprendidos en los artículos 153 y 153A del Capítulo I: Violación de la li bertad personal, y en los comprendidos en el Capítulo IX: Violación de la libertad sexual, Capítulo X: Proxenetismo y Capí tulo XI: Ofensas al pudor público, corres pondientes al Título IV: Delitos contra la libertad, del Código Penal. Las declaracio nes de las niñas, niños y adolescentes se rán realizadas con la intervención de psi cólogos especializados en cámaras

El Fiscal podrá ordenar y ejecutar, por razones de urgencia o peligro por la demora, la clausura o vigilancia del local o la inmovilización de los bienes muebles, cuando sea indispensable para iniciar o continuar la investigación. Efectuada la medida, antes de vencidas las veinticuatro ho ras de realizada la diligencia, solicitará al Juez la resolución confirmatoria y para el efecto adjun tará copia del acta.

Gesell o salas de entrevistas implementadas por el Ministerio Público. Las declaraciones

y entrevistas serán filmadas y grabadas a fin de evitar la revictimización de los agraviados. 2. Las mismas actuaciones de prueba podrán realizarse durante la etapa intermedia.(*) CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 284, 285; CPP (2004): Arts. 182, 325, 350 inc. 1.c).

Art. 243.- Requisitos de la solicitud 1. La solicitud de prueba anticipada se presen tará al Juez de la Investigación Preparatoria en el curso de la investigación preparatoria o hasta antes de remitir la causa al Juzgado Penal siempre que exista tiempo suficiente para realizarla en debida forma. 2. La solicitud precisará la prueba a actuar, los hechos que constituyen su objeto y las ra zones de su importancia para la decisión en el juicio. También indicarán el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia, que no permitan su actuación en el juicio. 3. La solicitud, asimismo, debe señalar los su jetos procesales constituidos en autos y su domicilio procesal. El Ministerio Público asistirá obligatoriamente a la audiencia de prueba anticipada y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 284; CPP (2004): Arts. 325, 350 inc. 1.c).

Art. 244.- Trámite de la solicitud 1. El Juez correrá traslado por dos días para que los demás sujetos procesales presenten sus consideraciones respecto a la prueba so licitada. 2. El Fiscal, motivadamente, podrá solicitar el aplazamiento de la diligencia solicitada por otra de las partes, siempre que no perjudi que la práctica de la prueba requerida, cuan do su actuación puede perjudicar los actos de investigación inmediatos, indicando con

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precisión las causas del perjuicio. Asimismo, indicará el término del aplazamiento solicita do. 3. El Juez decidirá, dentro de los dos días, si acoge la solicitud de prueba anticipada y, en su caso, si aplaza la diligencia y el plazo res pectivo. 4. En casos de urgencia, para asegurar la prác tica de la prueba, el Juez dispondrá que los términos se abrevien en la medida necesaria. Si existe peligro inminente de pérdida del elemento probatorio y su actuación no ad mita dilación, a pedido del Fiscal, decidirá su realización de inmediato, sin traslado algu no, y actuará la prueba designando defensor de oficio para que controle el acto, si es que resulta imposible comunicar su actuación a la defensa. 5. La resolución que dispone la realización de la prueba anticipada especificará el objeto de la prueba, las personas interesadas en su práctica y la fecha de la audiencia, que, salvo lo dispuesto en el caso de urgencia, no po drá ser antes del décimo día de la citación. Se citará a todos los sujetos procesales, sin exclusión. 6. Si se trata de la actuación de varias pruebas, se llevarán a cabo en una audiencia única, salvo que su realización resulte manifiesta mente imposible. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 325.

Art. 245.- Audiencia de prueba anticipada 1. La audiencia se desarrollará en acto público y con la necesaria participación del Fiscal y del abogado defensor del imputado. Si el de fensor no comparece en ese acto se nombra rá uno de oficio, salvo que por la naturaleza de la prueba pueda esperar su práctica. La audiencia, en este último caso, se señalará necesariamente dentro del quinto día si guiente, sin posibilidad de aplazamiento.

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(*) Artículo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modificatoria de la Ley Nº 30364, pub. el 23/11/2015.

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2. Los demás sujetos procesales serán citados obligatoriamente y tendrán derecho a estar presentes en el acto. Su inconcurrencia no frustra la audiencia. 3. Las pruebas serán practicadas con las for malidades establecidas para el juicio oral. 4. Si la práctica de la prueba no se concluye en la misma audiencia, puede ser aplazada al día siguiente hábil, salvo que su desarrollo requiera un tiempo mayor. 5. El acta y demás cosas y documentos agrega dos al cuaderno de prueba anticipada serán remitidos al Fiscal. Los defensores tendrán derecho a conocerlos y a obtener copia. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 325, 352 inc. 7).

conviviente, o sus ascendientes, descendien tes o hermanos. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 4ta. DF.

Art. 248.- Medidas de protección 1. El Fiscal o el Juez, según el caso, apreciadas las circunstancias previstas en el artículo an terior, de oficio o a instancia de las partes, adoptará según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, profe sión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la ac ción de contradicción que asista al imputado. 2. Las medidas de protección que pueden adoptarse son las siguientes: a) Protección policial.

Art. 246.- Apelación

b) Cambio de residencia.

Contra la resolución que decreta la actuación de prueba anticipada, que la desestime o disponga el aplazamiento de su práctica, así como decida la realización de la diligencia bajo el supuesto de urgencia, procede recurso de apelación, con efecto devolutivo.

c) Ocultación de su paradero.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 325.

TÍTULO V (*) LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Art. 247.- Personas destinatarias de las medidas de protección 1. Las medidas de protección previstas en este Título son aplicables a quienes en calidad de testigos, peritos, agraviados o colaboradores intervengan en los procesos penales. 2. Para que sean de aplicación las medidas de protección será necesario que el Fiscal du rante la investigación preparatoria o el Juez aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pre tenda ampararse en ellas, su cónyuge o su

d) Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se prac tiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. e) Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal en las diligencias que se practi quen. f) Fijación como domicilio, a efectos de ci taciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía competente, a la cual se las hará llegar reservadamente a su destinatario. g) Utilización de procedimientos tecnológi cos, tales como videoconferencias u otros adecuados, siempre que se cuenten con los recursos necesarios para su imple mentación. Esta medida se adoptará para evitar que se ponga en peligro la seguri dad del protegido una vez desvelada su identidad y siempre que lo requiera la preservación del derecho de defensa de las partes.

(*) Titulo vigente a nivel nacional según la 3ra. Dis. Comp. Trans. de la Ley N° 30077, pub. el 20/08/2013.

h) Siempre que exista grave e inminente riesgo para la vida, integridad física o libertad del protegido o la de sus fami liares y no pueda salvaguardarse estos bienes jurídicos de otro modo, se podrá facilitar su salida del país con una calidad migratoria que les permita residir tempo ralmente o realizar actividades laborales en el extranjero.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 4ta.DF.

Art. 249.- Medidas adicionales 1. La Fiscalía y la Policía encargada cuidarán de evitar que a los agraviados, testigos, peritos y colaboradores objeto de protección se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar dicho material y devuelto Inmediatamente a su titular una vez com probado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los protegidos de for ma tal que pudieran ser identificados. Se les facilitará, asimismo, traslados en vehículos adecuados para las diligencias y un ambiente reservado para su exclusivo uso, convenien temente custodiado, cuando sea del caso permanecer en las dependencias judiciales para su declaración. 2. El Fiscal decidirá si, una vez finalizado el pro ceso siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave prevista en este título, la continuación de las medidas de protección, con excepción de la reserva de identidad del denunciante, la que mantendrá dicho carácter en el caso de organizaciones criminales.(**) 3. En casos excepcionales, el Juez a pedido del Fiscal, podrá ordenar la emisión de docu mentos de una nueva identificación y de me dios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo.(**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 4ta.D.F.

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Art. 250.- Variabilidad de las medidas 1. El órgano judicial competente para el juicio se pronunciará motivadamente sobre la pro cedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección adoptadas por el Fiscal o el Juez durante las etapas de Investigación Preparatoria o Inter media, así como si proceden otras nuevas. 2. Si cualquiera de las partes solicita motivada mente, antes del inicio del juicio oral o para la actuación de una prueba anticipada referi da al protegido, el conocimiento de su identi dad, cuya declaración o informe sea estima do pertinente, el órgano jurisdiccional en el mismo auto que declare la pertinencia de la prueba propuesta, y si resulta indispensable para el ejercicio del derecho de defensa, po drá facilitar el nombre y los apellidos de los protegidos, respetando las restantes garan tías reconocidas a los mismos en este Título. 3. Dentro del tercer día de la notificación de la identidad de los protegidos, las partes po drán proponer nuevas pruebas tendentes a acreditar alguna circunstancia que pueda in cluir en el valor probatorio de su testimonio.

Art. 251.- Reexamen e Impugnaciones 1. Contra la disposición del Fiscal que ordena una medida de protección, procede que el afectado recurra al Juez de la investigación preparatoria para que examine su proceden cia. 2. Contra las resoluciones referidas a las medi das de protección procede recurso de apela ción con efecto devolutivo.

Art. 252.- Programa de protección El Poder Ejecutivo, previo informe de la Fiscalía de la Nación y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, reglamentará los alcances de este Títu lo. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía de la Nación, definirá el Programa de Protección de agraviados, testigos, peritos y colaboradores de la justicia.

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(*) Literal incorporado por la Cuarta Disp. Comp. Modif. de la Ley N° 30077, pub. el 20/08/2013. (**) Numeral modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013.

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SECCIÓN III LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL TÍTULO I PRECEPTOS GENERALES Art. 253.- Principios y finalidad 1. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella. 2. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de pro porcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes ele mentos de convicción. 3. La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensa ble, en la medida y por el tiempo estricta mente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 171.

Art. 254.- Requisitos y trámite del auto judicial 1. Las medidas que el Juez de la Investigación Preparatoria imponga en esos casos requie ren resolución judicial especialmente mo tivada, previa solicitud del sujeto procesal legitimado. A los efectos del trámite rigen los numerales 2) y 4) del artículo 203º. 2. El auto judicial deberá contener, bajo san ción de nulidad: a) La descripción sumaria del hecho, con la indicación de las normas legales que se consideren transgredidas. b) La exposición de las específicas finalida des perseguidas y de los elementos de

convicción que justifican en concreto la medida dispuesta, con cita de la norma procesal aplicable. c) La fijación del término de duración de la medida, en los supuestos previstos por la Ley, y de los controles y garantías de su correcta ejecución. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 203 inc. 2), 4).

Art. 255.- Legitimación y variabilidad 1. Las medidas establecidas en este Título, sin perjuicio de las reconocidas a la Policía y al Fiscal, sólo se impondrán por el Juez a soli citud del Fiscal, salvo el embargo y la minis tración provisional de posesión que también podrá solicitar el actor civil. La solicitud in dicará las razones en que se fundamenta el pedido y, cuando corresponda, acompañará los actos de investigación o elementos de convicción pertinentes. 2. Los autos que se pronuncien sobre estas me didas son reformables, aun de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su impo sición o rechazo. 3. Salvo lo dispuesto respecto del embargo y de la ministración provisional de posesión, corresponde al Ministerio Público y al impu tado solicitar al Juez la reforma, revocato ria o sustitución de las medidas de carácter personal, quien resolverá en el plazo de tres días, previa audiencia con citación de las partes.

Art. 256.- Sustitución o acumulación La infracción de una medida impuesta por el Juez, determinará, de oficio o a solicitud de la parte legitimada, la sustitución o la acumulación con otra medida más grave, teniendo en consi deración la entidad, los motivos y las circuns tancias de la trasgresión, así como la entidad del delito imputado.

Art. 257.- Impugnación 1. Los autos que impongan, desestimen, refor men, sustituyan o acumulen las medidas pre vistas en esta Sección son impugnables por

el Ministerio Público y el imputado.

2. El actor civil y el tercero civil sólo podrán re currir respecto de las medidas patrimoniales que afecten su derecho en orden a la repara ción civil.

Art. 258.- Intervención de los sujetos procesales En el procedimiento de imposición de una me dida prevista en esta sección seguido ante el Juez de la Investigación Preparatoria y en el procedimiento recursal, los demás sujetos pro cesales podrán intervenir presentando informes escritos o formulando cualquier requerimiento, luego de iniciado el trámite. Esta intervención procederá siempre que no peligre la finalidad de la medida.

TÍTULO II LA DETENCIÓN Art. 259.- Detención Policial La Policía Nacional del Perú detiene, sin manda to judicial, a quien sorprenda en flagrante deli to. Existe flagrancia cuando: 1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 3. El agente ha huído y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya pre senciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontra do dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. 4. El agente es encontrado dentro de las vein ticuatro (24) horas después de la perpetra ción del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido

empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.(*) CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.f, g); CP: Arts. 296 y ss, 331.

Art. 260.- Arresto Ciudadano 1. En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. 2. En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirirgirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad po licial. La Policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circuns tancias de la intervención.(**) CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.f.g); CP: Arts. 296, 297, 331; CPP (2004): Arts. 332 inc. 2), 205, 253.

Art. 261.- Detención Preliminar Judi- cial 1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, sin trámite alguno y te niendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictará mandato de detención preliminar, cuando: a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha co metido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro

(*) Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 29569, pub. el 25/08/2010. Vigente en todo el país desde el 01/07/2009, según el artículo 2º de la Ley Nº 29372, pub. el 01/07/2009. (**) El presente artículo entró en vigencia en todo el país desde el 01/07/2009, según el Artículo 2º de la Ley Nº 29372, pub. el 09/06/2009.

años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga. b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. c) El detenido se fugare de un centro de de tención preliminar. 2. En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el impu tado se encuentre debidamente individua lizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fe cha de nacimiento. 3. La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la brevedad po sible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecutará de inmediato. Cuando se presen ten circunstancias extraordinarias podrá ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente u otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del mandato judicial. En todos estos casos la comunicación debe rá contener los datos de identidad personal del requerido conforme a lo indicado en el numeral dos. 4. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tendrán una vigencia de seis me ses. Vencido este plazo caducarán automá ticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisi toria para los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducarán hasta la efectiva detención de los requisitoriados.

Art. 263.- Deberes de la policía 1. La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto ciu dadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También in formará al Juez de la Investigación Prepara toria tratándose de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. 2. En los casos del artículo 261º, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le atribuye y de la autoridad que ha ordena do su detención, comunicará la medida al Ministerio Público y pondrá al detenido in mediatamente a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria. El Juez, tratán dose de los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 261º, inmediatamente examinará al imputado, con la asistencia de su Defensor o el de oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a disposición del Fiscal y lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. En los demás literales, consta tada la identidad, dispondrá lo conveniente. 3. En todos los casos, la Policía advertirá al de tenido o arrestado que le asiste los derechos previstos en el artículo 71º. De esa diligencia se levantará un acta. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc.24.f); CPP (2004): Arts. 71, 261.

Art. 264.- Plazo de la detención 1. La detención policial de oficio o la detención

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. VI, 263, 267 inc. 1).

Art. 262.- Motivación del auto de detención El auto de detención deberá contener los datos de identidad del imputado, la exposición sucinta de los hechos objeto de imputación, los funda mentos de hecho y de derecho, con mención ex presa de las normas legales aplicables. CONCORDANCIAS:

C: Arts. 2 inc. 24.f.g).

preliminar sólo durará un plazo de veinticua tro horas, a cuyo término el Fiscal decidirá si ordena la libertad del detenido o si, comu nicando al Juez de la Investigación Prepara toria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa. 2. La detención policial de oficio o la detención preliminar podrá durar hasta un plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

El Juez Penal, en estos casos, está especial mente facultado para adoptar las siguientes medidas:

CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc.24.f); CPP (2004): Arts. 71, 261.

a) Constituirse, a requerimiento del deteni do, al lugar donde se encuentra el deteni do y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el avance de las investiga ciones y el estado de su salud. En caso de advertir la afectación indebida del derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, pondrá tales irregu laridades en conocimiento del Fiscal del caso, sin perjuicio de comunicar lo ocu rrido al Fiscal Superior competente. El Fiscal dictará las medidas de corrección que correspondan, con conocimiento del Juez que intervino. b) Disponer el inmediato reconocimiento médico legal del detenido, en el término de la distancia, siempre y cuando el Fiscal no lo hubiera ordenado, sin perjuicio de au torizar en cualquier momento su reconoci miento por médico particular. El detenido tiene derecho, por sí sólo, por su Abogado o por cualquiera de sus familiares, a que se le examine por médico legista o parti culares, sin que la Policía o el Ministerio Público puedan limitar este derecho. c) Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la República después de efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido fundamentado del Fiscal, cuando la medida sea estrictamente ne cesaria para el éxito de la investigación o la seguridad del detenido. La duración de dicho traslado no podrá exceder del plazo señalado en el primer párrafo de este artí culo y deberá ser puesto en conocimiento del Fiscal y del Juez del lugar de destino. 3. Al requerir el Fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventi va del imputado, la detención preliminar se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas. GRUPO EDITORIAL Lex &

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Art. 265.- Detención preliminar incomunicada 1. Detenida una persona por los delitos de te rrorismo, espionaje y tráfico ilícito de dro gas, o por un delito sancionado con pena superior a los seis años, el Fiscal podrá so licitar al Juez de la Investigación Preparato ria que decrete su incomunicación, siempre que resulte indispensable para el esclareci miento de los hechos investigados y por un plazo no mayor de diez días, siempre que no exceda el de la duración de la detención. El Juez deberá pronunciarse inmediatamente y sin trámite alguno sobre la misma, mediante resolución motivada. 2. La incomunicación no impide las conferen cias en privado entre el abogado defensor y el detenido, las que no requieren autoriza ción previa ni podrán ser prohibidas. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.g); CJMP: Arts. 157; LOPJ: Arts. 6 inc. 7), 284; CADH: Arts. 7, 8; PIDCP: Art. 9.

Art. 266.- Convalidación de la deten- ción 1. Vencido el plazo de detención preliminar, el Fiscal, salvo los delitos de terrorismo, espio naje y tráfico ilícito de drogas, si considera que subsisten las razones que determinaron la detención, lo pondrá a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria requiriendo auto de convalidación de la detención. En caso contrario, dispondrá la inmediata liber tad del detenido. 2. El Juez, ese mismo día, realizará la audiencia con asistencia del Fiscal, del imputado y de su defensor, y luego de escuchar a los asis tentes, teniendo a la vista las actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público, decidirá en ese mismo acto mediante resolu ción motivada lo que corresponda. 3. La detención convalidada tendrá un plazo de duración de siete días naturales, a cuyo ven cimiento se pondrá al detenido a disposición del Juez de la Investigación Preliminar para determinar si dicta mandato de prisión pre ventiva o comparecencia, simple o restrictiva.

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4. En los supuestos de detención por los deli tos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, vencido el plazo de quince días establecido en la Constitución, el Fiscal so licitará de ser el caso la medida de prisión preventiva u otra alternativa prevista en este Código.

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) Que el imputado, en razón a sus anteceden tes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstacuIización).(*)(**)

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 286.

Art. 267.- Recurso de apelación 1. Contra el auto previsto en el numeral 1) del artículo 261º, y los que decretan la incomu nicación y la convalidación de la detención procede recurso de apelación. El plazo para apelar es de un día. La apelación no suspen de la ejecución del auto impugnado. 2. El Juez elevará los actuados inmediatamente a la Sala Penal, la que resolverá previa vista de la causa que la señalará dentro de las cua renta y ocho horas de recibidos los autos. La decisión se expedirá el día de la vista o al día siguiente, bajo responsabilidad. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 157; CPP (2004): Arts. 261 inc. 1), 280.

TÍTULO III LA PRISIÓN PREVENTIVA CAPÍTULO I LOS PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Art. 268.- Presupuestos materiales El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si aten diendo a los primeros recaudos sea posible de terminar la concurrencia de los siguientes pre supuestos: a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputa do como autor o partícipe del mismo.

CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 24.c, d, h); CJMP: Arts. 331, 332; CPP (2004): Arts. 279 inc. 1), 286.

Art. 269.- Peligro de fuga Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: 1. El arraigo en el país del imputado, determi nado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o tra bajo y las facilidades para abandonar defini tivamente el país o permanecer oculto; 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo; 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento ante rior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y 5. La pertenencia del imputado a una orga nización criminal o su reintegración a las mis mas.(*) (**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 293 inc. 1.b).

Art. 270.- Peligro de obstaculización Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado: 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 2. Influirá para que coimputados, testigos o pe ritos informen falsamente o se comporten de manera desdeal o reticente.

(*) Articulo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013.

(**) Vigente a nivel nacional según la Primera D.C.F. de la Ley N° 30076.

3. Inducirá a otros a realizar tales comporta mientos.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 293 inc. 1.b).

Art. 271.- Audiencia y resolución 1. El Juez de la Investigación Preparatoria, den tro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público realiza rá la audiencia para determinar la proceden cia de la prisión preventiva. La audiencia se celebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su defensor. El defen sor del imputado que no asista será reempla zado por el defensor de oficio. 2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el articulo 8°, pero la resolución debe ser pronunciada en la au diencia sin necesidad de postergación algu na. El Juez de la Investigación Preparatoria incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia dentro del plazo legal. El Fiscal y el abogado defensor serán sancio nados disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia. Si el Imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su aboga do o el defensor de oficio, según sea el caso. En este último supuesto deberá ser notifica do con la resolución que se expida dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la audiencia. 3. El auto de prisión preventiva será especial mente motivado, con expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes. 4. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado el requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de compare cencia restrictiva o simple según el caso.(*)

CAPÍTULO II LA DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Art. 272.- Duración 1. La prisión preventiva no durará más de nue ve meses. 2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses.(**) CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 336; CPP (2004): Arts. 269, 270, 288 inc. 2), 4), 290, 342 inc. 3), 392 inc.2).

Art. 273.- Libertad del imputado Al vencimiento del plazo, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la inmedia ta libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judicia les, incluso las restricciones a que se refieren los numerales 2) al 4) del artículo 288º.(***) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. I, 288 inc. 2), 4), 290.

Art. 274.- Prolongación de la prisión preventiva 1. Cuando concurran circunstancias que im porten una especial dificultad o prolonga ción de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la Justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá pro longarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento. 2. El juez de la Investigación preparatoria se pronunciará previa realización de una au diencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del im

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 8, 278 inc. 3);

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(*) Vigente a nivel nacional según la Primera D.C.F. de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013. (**) Vigente a nivel nacional de acuerdo a la 2da Disp. Com. Fin. del Dec. Leg. 1206, publicado 23/09/2015. (***) Vigente a nivel nacional de acuerdo a la 5ta Disp. Com. Modif., del Dec. Leg. 1229, publicado 25/09/2015.

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putado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidi rá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad. 3. La resolución que se pronuncie sobre el re querimiento de prolongación de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2) del artículo 278. 4. Una vez condenado el Imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida.(*)(**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 272 inc. 2), 278 inc. 2), 283, 290, 293 inc. 2), 296 inc. 2), 301.

Art. 275.- Cómputo del plazo de la prisión preventiva 1. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones malicio sas atribuibles al imputado o a su defensa. 2. El cómputo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, no considerará el tiempo trans currido hasta la fecha de la emisión de dicha resolución. 3. En los casos en que se declare la nulidad de procesos seguidos ante la jurisdicción militar y se ordene el conocimiento de los hechos punibles imputados a la jurisdicción penal ordinaria, el plazo se computará desde la fe cha en que se dicte el nuevo auto de prisión preventiva. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 290.

Art. 276.- Revocatoria de la libertad La libertad será revocada, inmediatamente, si el imputado no cumple con asistir, sin motivo le gítimo, a la primera citación que se le formule cuando se considera necesaria su concurrencia. El Juez seguirá el trámite previsto en el numeral 2) del artículo 279º. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 337; CPP (2004): Arts. 279 inc. 2), 290.

Art. 277.- Conocimiento de la Sala El Juez deberá poner en conocimiento de la Sala Penal la orden de libertad, su revocatoria y la prolongación de la prisión preventiva.(**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 290.

CAPÍTULO III LA IMPUGNACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Art. 278.- Apelación 1. Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para la ape lación es de tres días. El Juez de la Investi gación Preparatoria elevará los actuados dentro de las veinticuatro horas, bajo res ponsabilidad. La apelación se concede con efecto devolutivo. 2. La Sala Penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar, dentro de las se tenta y dos horas de recibido el expediente, con citación del Fiscal Superior y del defen sor del imputado. La decisión, debidamente motivada, se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad. 3. Si la Sala declara la nulidad del auto de pri sión preventiva, ordenará que el mismo u

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013.

(**) Vigente a nivel nacional de acuerdo a la 5ta Disp. Com. Modif., del Dec. Leg. 1229, publicado 25/09/2015.

otro Juez dicte la resolución que correspon da con arreglo a lo dispuesto en el artículo 271º.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 271, 274 inc. 3), 284, 296 inc. 4), 309, 315 inc. 2), 319 inc. 3).

CAPÍTULO IV LA REVOCATORIA DE LA COMPARECENCIA POR PRISIÓN PREVENTIVA Art. 279.- Cambio de comparecencia por prisión preventiva 1. Si durante la investigación resultaren indi cios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está incurso en los supuestos del artículo 268º, el Juez a petición del Fiscal, podrá dictar auto de pri sión preventiva. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria cita rá a una audiencia para decidir sobre el re querimiento Fiscal. La audiencia se celebrará con los asistentes que concurran. El Juez emitirá resolución inmediatamente o dentro de las cuarenta y ocho horas de su celebra ción. 3. Contra la resolución que se emita procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 268, 276, 296 inc. 1), 4), 319 inc. 3).

CAPÍTULO V LA INCOMUNICACIÓN Art. 280.- Incomunicación La incomunicación del imputado con mandato de prisión preventiva procede si es indispensa ble para el establecimiento de un delito grave. No podrá exceder de diez días. La incomunica ción no impide las conferencias en privado en tre el Abogado Defensor y el preso preventivo,

las que no requieren autorización previa ni po drán ser prohibidas. La resolución que la orde na se emitirá sin trámite alguno, será motivada y puesta en conocimiento a la Sala Penal. Con tra ella procede recurso de apelación dentro del plazo de un día. La Sala Penal seguirá el trámite previsto en el artículo 267º.(*) CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 157; CPP (2004): Arts. 71 inc. 1), 265, 267 inc. 1), 280, 282, 290 inc. 3); PIDCP: Art. 14 inc. 4).

Art. 281.- Derechos El incomunicado podrá leer libros, diarios, re vistas y escuchar noticias de libre circulación y difusión. Recibirá sin obstáculos la ración ali menticia que le es enviada.(*)

Art. 282.- Cese Vencido el término de la incomunicación señala da en la resolución, cesará automáticamente.(*)

CAPÍTULO VI LA CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Art. 283.- Cesación de la Prisión preventiva 1. El imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria deci dirá siguiendo el trámite previsto en el artí culo 274º. 3. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que deter minaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitu tiva el Juez tendrá en consideración, adicio nalmente, las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa.

(*) Vigente a nivel nacional de acuerdo a la 2da Disp. Com. Fin. del Dec. Leg. 1206, publicado 23/09/2015.

4. El Juez impondrá las correspondientes re glas de conducta necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad de la medida.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 274.

Art. 284.- Impugnación 1. El imputado y el Ministerio Público podrán interponer recurso de apelación, dentro del tercer día de notificado. La apelación no im pide la excarcelación del imputado a favor de quien se dictó auto de cesación de la pri sión preventiva. 2. Rige lo dispuesto, en lo pertinente, en los nu merales 1) y 2) del artículo 278º.(**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 278 incs. 1), 2).

Art. 285.- Revocatoria La cesación de la prisión preventiva será revoca da si el imputado infringe las reglas de conducta o no comparece a las diligencias del proceso sin excusa suficiente o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan se dicte auto de prisión preventiva en su contra. Asimis mo perderá la caución, si la hubiere pagado, la que pasará a un fondo de tecnificación de la ad ministración de justicia.(**)

TÍTULO IV LA COMPARECENCIA Art. 286.- Presupuestos 1. El Juez de la investigación preparatoria dic tará mandato de comparecencia simple si el fiscal no solicita prisión preventiva al térmi no del plazo previsto en el artículo 266.

2. También lo hará cuando, de mediar requeri miento fiscal, no concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268. En los supuestos anteriores, el fiscal y el juez de la investigación preparatoria deben motivar los fundamentos de hecho y de derecho que sus tenten su decisión.(***) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 266, 268.

Art. 287.- Comparecencia restrictiva 1. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 167, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. También podrá utilizarse, alternativamente, alguna técnica o sistema electrónico o com putarizado que permita controlar que no se excedan las restricciones impuestas a la li bertad personal. 2. El juez podrá imponer una de las restriccio nes o combinar varias de ellas, según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas ne cesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado. 3. Si el Imputado no cumple con las restriccio nes impuestas, previo requerimiento realiza do por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá el juez será el previsto en el artículo 271. 4. El Juez podrá imponer la prohibición de co municarse o aproximarse a la víctima o a aquellas personas que determine, siempre que ello no afecte el derecho de defensa. 5. También podrá disponerse, alternativamen te, la utilización de la vigilancia electrónica

(*) Artículo modificado por 4ta Disp. Comp. Modif., del Dec. Leg. 1229, publicado el 25/09/15, vigente a nivel nacional según la 5ta Disp. Comp. Modif., del Dec. Leg. 1229. (**) Vigente a nivel nacional de acuerdo a la 2da Disp. Comp. Final del Dec. Leg. 1206, publicado el 23/09/2015. (***) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013. GRUPO EDITORIAL Lex &

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personal que permita controlar que no se excedan las restricciones impuestas a la li bertad personal, de conformidad a la ley de la materia y su reglamento. (*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 167, 286, 287, 288.

Art. 288.- Las restricciones Las restricciones que el Juez puede imponer son las siguientes: 1. La obligación de someterse al cuidado y vigi lancia de una persona o institución determi nada, quién informará periódicamente en los plazos designados. 2. La obligación de no ausentarse de la locali dad en que reside, de no concurrir a deter minados lugares, o de presentarse a la auto ridad en los días que se le fijen. 3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el dere cho de defensa. 4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fian za personal idónea y suficiente.

5. La vigilancia electrónica personal, de confor midad a la ley de la materia y su reglamento, la que se cumplirá de la siguiente forma: a) La ejecución se realizará en el domicilio o lugar que señale el imputado, a partir del cual se determinará su radio de acción, itinerario de desplazamiento y tránsito. b) El imputado estará sujeto a vigilancia electrónica personal para cuyo cumpli miento el juez fijará las reglas de conduc ta que prevé la ley, así como todas aque llas reglas que consideren necesarias a fin de asegurar la idoneidad del mecanis mo de control. c) El imputado que no haya sido anterior mente sujeto de sentencia condenatoria por delito doloso podrá acceder a la vigi

lancia electrónica personal. Se dará prio ridad a: i.

Los mayores de 65 años.

ii. Los que sufren de enfermedad grave, acreditada con pericia médico legal. iii. Los que adolezcan de discapacidad física o permanente que afecte sensi blemente su capacidad de desplaza miento. iv. Las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de ges tación. Igual tratamiento tendrán du rante los doce meses siguiente a las fechas de nacimiento. v. La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo o cónyuge que sufra discaoacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el pa dre que se encuentre en las mismas circunstancias tendrá el mismo trata miento. d) El imputado deberá previamente acredi tar las condiciones de vida personal labo ral, familiar y social con un informe social y pericia psicológica. (*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 273, 287, 402 inc. 2), 411, 473 inc.3); D. Leg. N°1097: Art. 2,3,4.

Art. 289.- La caución 1. La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para ase gurar que el imputado cumpla las obligacio nes impuestas y las órdenes de la autoridad. La calidad y cantidad de la caución se deter minará teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, personali dad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste

(*) Artículo modificado por 4ta Disp. Comp. Modif., del Dec. Leg. 1229, publicado el 25/09/15, vigente a nivel nacional según la 5ta Disp. Comp. Modif., del Dec. Leg. 1229.

para ponerse fuera del alcance de la autori dad fiscal o judicial. No podrá imponerse una caución de imposi ble cumplimiento para el imputado, en aten ción a su situación personal, a su carencia de medios y a las características del hecho atribuido. 2. La caución será personal cuando el imputa do deposita la cantidad fijada en la resolu ción en el Banco de la Nación. Si el imputado carece de suficiente solvencia económica ofrecerá fianza personal escrita de una o más personas naturales o jurídicas, quienes asumirán solidariamente con el imputado la obligación de pagar la suma que se le haya fijado. El fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente. 3. La caución será real cuando el imputado constituya depósito de efecto público o valo res cotizables u otorgue garantía real por la cantidad que el Juez determine. Esta caución sólo será procedente cuando de las circuns tancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades de las cauciones precedente mente establecidas y que, por la naturaleza económica del delito atribuido, se conforme como la más adecuada. 4. Cuando el imputado sea absuelto o sobreseí do, o siendo condenado no infringe las re glas de conducta que le fueron impuestas, le será devuelta la caución con los respectivos intereses devengados, o en su caso, quedará sin efecto la garantía patrimonial constituida y la fianza personal otorgada. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 288 inc. 4), 289, 290, 318 inc. 3), 479 inc. 3); Ley 28950: Arts. 8 lit. b, c).

Art. 290.- Detención domiciliaria 1. Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado:

a) Es mayor de 65 años de edad; b) Adolece de una enfermedad grave o incu rable; c) Sufre grave incapacidad física permanen te que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento; d) Es una madre gestante. 2. En todos los motivos previstos en el numeral anterior, la medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razona blemente con su imposición. 3. La detención domiciliaria debe cumplirse en el domicilio del imputado o en otro que el Juez designe y sea adecuado a esos efec tos, bajo custodia de la autoridad policial o de una institución pública o privada o de tercera persona designada para tal efecto. 4. También podrá disponerse la detención do miciliaria del imputado bajo la utilización de la vigilancia electrónica personal, de confor midad a la ley de la materia y su reglamento. 5. Cuando sea necesario, se impondrá límites o prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con personas diversas de aque llos que habitan con él o que lo asisten. 6. El control de la observancia de las obliga ciones impuestas corresponde al Ministerio Público y a la autoridad policial. Se podrá acumular a la detención domiciliaria una caución. 7. El plazo de duración de detención domicilia ria es el mismo que el fijado para la prisión preventiva. Rige, en lo pertinente, lo dispues to en los artículos 273º al 277º. 8. Si desaparecen los motivos de detención do miciliaria establecidos en los literales b) al d) del numeral 1), el Juez –previo informe peri cial dispondrá la inmediata prisión preven tiva del imputado.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 273 al 277.

(*) Artículo modificado por 4ta Disp. Comp. Modif., del Dec. Leg. 1229, publicado el 25/09/15, vigente a nivel nacional según la 5ta Disp. Comp. Modif., del Dec. Leg. 1229.

Art. 291.- Comparecencia simple 1. El Juez prescindirá de las restricciones pre vistas en el artículo 288º, cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve o los actos de investigación aportados no lo justifiquen.

a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemen te, que es autor de un hecho punible o partícipe en él y probablemente será ob jeto de una medida de seguridad de inter nación.

2. La infracción de la comparecencia, en los ca sos en que el imputado sea citado para su declaración o para otra diligencia, determi nará la orden de ser conducido compulsiva mente por la Policía.

b) La existencia de una presunción sufi ciente de que no se someterá al procedi miento u obstruirá un acto concreto de investigación. Rigen análogamente los artículos 269º y 270º.

Art. 292.- Notificaciones especiales El mandato de comparecencia y las demás res tricciones impuestas serán notificadas al im putado mediante citación que le entregará el secretario por intermedio del auxiliar judicial correspondiente, o la dejará en su domicilio a persona responsable que se encargue de en tregarla, sin perjuicio de notificársele por la vía postal, adjuntándose a los autos constancia ra zonada de tal situación. El auxiliar judicial, además, dejará constancia de haberse informado de la identificación del pro cesado a quien notificó o de la verificación de su domicilio, si estaba ausente.(*) CONCORDANCIAS: Ley 28924: Arts. 1 y ss.

TÍTULO V LA INTERNACIÓN PREVENTIVA Art. 293.- Presupuestos 1. El Juez de la Investigación Preparatoria po drá ordenar la internación preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátri co, previa comprobación, por dictamen pe ricial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para terceros, cuando medien los siguientes presupuestos:

2. Si se establece que el imputado está incur so en el artículo 20º, inciso dos, del Código Penal, el Juez de la Investigación Preliminar informará al Juzgado Penal competente para dictar la decisión final sobre su inimputabi lidad e internación y lo pondrá a su disposi ción. Rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 274º. No será necesaria la con currencia del imputado si su estado de salud no lo permite, pero es obligatoria la presen cia de su defensor. El Imputado podrá ser representado por un familiar. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 20 inc. 2); CPP (2004): Arts. 269, 270, 274 inc. 2), 3).

Art. 294.- Internamiento previo para observación y examen 1. El Juez de la Investigación Preparatoria, des pués de recibir una comunicación motivada de los peritos, previa audiencia con asisten cia de las partes legitimadas, instada de ofi cio o a pedido de parte, podrá disponer a los efectos de la preparación de un dictamen sobre el estado psíquico del imputado, que el imputado sea llevado y observado en un hospital psiquiátrico público. 2. Para adoptar esta decisión deberá tomar en cuenta si existen elementos de convicción

(*) Artículo modificado por el Artículo 5º de la Ley Nº 28924 del 08/12/2006; la presente ley entrará en

vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación; conforme lo establece el Artículo 7º de la Ley Nº 28924 del 08/12/2006.

razonable de la comisión del delito, siempre que guarde relación con la importancia del asunto y que corresponda esperar una san ción grave o la medida de seguridad de inter namiento. 3. El internamiento previo no puede durar más de un mes.

TÍTULO VI EL IMPEDIMENTO DE SALIDA Art. 295.- Solicitud del Fiscal 1. Cuando durante la investigación de un deli to sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres años resulte indispensable para la indagación de la verdad, el Fiscal po drá solicitar al Juez expida contra el imputa do orden de impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije. Igual petición puede formular respecto del que es considerado testigo im portante. 2. El requerimiento será fundamentado y preci sará el nombre completo y demás datos ne cesarios de la persona afectada, e indicará la duración de la medida. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 479 inc. 2.h), 523 inc. 6), 9), 559 inc. 1).

Art. 296.- Resolución y audiencia 1. La resolución judicial también contendrá los requisitos previstos en el artículo anterior. Rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 279º. 2. La medida no puede durar más de cuatro meses. La prolongación de la medida sólo procede tratándose de imputados y has ta por un plazo igual, procederá en los su puestos y bajo trámite previsto en el artículo 274º. 3. En el caso de testigos importantes, la medida se levantará luego de realizada la declara ción o actuación procesal que la determinó.

En todo caso, no puede durar más de treinta días. 4. El Juez resolverá de conformidad con lo dis puesto en los numerales 2) y 3) del artículo 279º. Para lo dispuesto en el recurso de ape lación rige lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 274, 278 inc. 2), 279 inc. 2), 3); D. Leg. N°1097: Art. 2,3,4.

TÍTULO VII LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS Art. 297.- Requisitos 1. El Juez, a pedido del Fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión preventiva de dere chos previstas en este Título cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabili tación, sea ésta principal o accesoria o cuan do resulte necesario para evitar la reitera ción delictiva. 2. Para imponer estas medidas se requiere: a) Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al im putado como autor o partícipe del mismo b) Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condi ciones personales, obstaculizará la averi guación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. (*)

Art. 298.- Clases 1. Las medidas de suspensión preventiva de derechos que pueden imponerse son las si guientes: a) Suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, según el caso.

(*) Artículo vigente a nivel nacional, según la 2da Disp. Comp. Final del Dec. Leg. 1190, publicado el 22/08/15.

b) Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter público. Esta medida no se aplicará a los cargos que provengan de elección popu lar. c) Prohibición temporal de ejercer activida des profesionales, comerciales o empre sariales. d) Suspensión temporal de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo o para portar armas de fuego. e) Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél o la suspensión temporal de visitas. 2. La resolución que imponga estas medidas precisará las suspensiones o prohibiciones a los derechos, actividades o funciones que correspondan. (*) CONCORDANCIAS: CC: Arts. 466, 469, 470.

Art. 299.- Duración 1. Las medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilita ción en el caso concreto. Los plazos se con tarán desde el inicio de su ejecución. No se tomará en cuenta el tiempo transcurrido en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al procesado o a su defensa. 2. Las medidas dictadas perderán eficacia cuando ha transcurrido el plazo sin haber se dictado sentencia de primera instancia. El Juez, cuando corresponda, previa audiencia, dictará la respectiva resolución haciendo ce sar inmediatamente las medidas impuestas, adoptando los proveídos que fueren necesa rios para su debida ejecución.(*)

Art. 300.- Sustitución o acumulación El incumplimiento de las restricciones impues tas al imputado, autoriza al Juez a sustituir o acumular estas medidas con las demás previstas en el presente Título, incluso con las de prisión

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preventiva o detención domiciliaria, teniendo en cuenta la entidad, los motivos y las circunstan cias de la trasgresión. (*)

Art. 301.- Concurrencia con la comparecencia restrictiva y trámite Para la imposición de estas medidas, que pue den acumularse a las de comparecencia con restricciones y dictarse en ese mismo acto, así como para su sustitución, acumulación e impug nación rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 274º. (*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 274 inc.2), 3).

TÍTULO VIII EL EMBARGO Art. 302.- Indagación embargables

sobre

bienes

En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y al tercero civil, a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas. CONCORDANCIAS: CC: Arts. 644; CJMP: Arts. 245.

Art. 303.- Embargo 1. Identificado el bien o derecho embargable, el Fiscal o el actor civil, según el caso, soli citarán al Juez de la Investigación Prepara toria la adopción de la medida de embargo. A estos efectos motivará su solicitud con la correspondiente justificación de la concu rrencia de los presupuestos legalmente exi gidos para su adopción, especificará el bien o derecho afectado, precisará el monto del embargo e indicará obligatoriamente la for ma de la medida. Las formas de embargo son las previstas, en lo pertinente, en el Código Procesal Civil.

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(*) Artículo vigente a nivel nacional, según la 2da Disp. Comp. Final del Dec. Leg. 1190, publicado el 22/08/15.

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2. El actor civil debe ofrecer contracautela. Ésta no será exigible en los supuestos pre vistos en el artículo 614º del Código Procesal Civil. 3. El Juez, sin trámite alguno, atendiendo al mérito del requerimiento y de los recaudos acompañados o que, de ser el caso, solicite al Fiscal, dictará auto de embargo en la for ma solicitada o la que considere adecuada, siempre que no sea más gravosa que la re querida, pronunciándose, en su caso, por la contracautela ofrecida. Se adoptará la medi da de embargo, siempre que en autos exis tan suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito objeto de imputación, y por las característi cas del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien. 4. La prestación de la contracatuela, cuando corresponde, será siempre previa a cual quier acto de cumplimiento o ejecución del embargo acordado. Corresponde al Juez pronunciarse sobre la idoneidad y suficien cia del importe de la contracautela ofrecida. 5. Rige, para el actor civil, lo dispuesto en el ar tículo 613º del Código Procesal Civil. 6. Aun denegada la solicitud de medida caute lar de embargo, podrá reiterarse la misma si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición. 7. Si se ha dictado sentencia condenatoria, aun cuando fuere impugnada, a solicitud de parte, procede el embargo, sin necesidad de contracautela ni que se justifique expresa mente la probabilidad delictiva. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 613, 614, 642; CJMP: Arts. 346; CPP (2004): Arts. 310.

Art. 304.- Ejecución e Impugnación del auto de embargo 1. Cualquier pedido destinado a impedir o di latar la concreción de la medida es inadmisi

ble.

2. Ejecutada la medida se notificará a las partes con el mandato de embargo. 3. Se puede apelar dentro del tercer día de no tificado. El recurso procede sin efecto sus pensivo. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 347; CPP (2004): Arts. 309

Art. 305.- Variación y Alzamiento de la medida de embargo 1. En el propio cuaderno de embargo se tra mitará la petición de variación de la medida de embargo, que puede incluir el alzamiento de la misma. A este efecto se alegará y en su caso se acreditarán hechos y circunstancias que pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión. La solicitud de variación y, en su caso, de alzamiento, se tramitará previo traslado a las partes. Rige, en lo pertinente, el artículo 617º del Código Procesal Civil. 2. Está permitida la sustitución del bien embar gado y su levantamiento previo empoce en el Banco de la Nación a orden del Juzgado del monto por el cual se ordenó la medida. Efectuada la consignación la resolución de sustitución se expedirá sin trámite alguno, salvo que el Juez considere necesario oír a las partes. 3. La resolución que se emita en los supuestos previstos en los numerales anteriores es ape lable sin efecto suspensivo. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 617; CJMP: Arts. 348; CPP (2004): Arts. 309.

Art. 306.- Sentencia firme y embargo 1. Firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o resolución equivalente, se alzará de oficio o a petición de parte el embargo adoptado, y se procederá de ser el caso a la determinación de los daños y per juicios que hubiera podido

producir dicha medida si la solicitó el actor civil. 2. Firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al afectado el cum plimiento de las responsabilidades corres pondientes, bajo apercibimiento de iniciar la

ejecución forzosa respecto del bien afecta do. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 349.

Art. 307.- Autorización para vender el bien embargado 1. Si el procesado o condenado decidiere ven der el bien o derecho embargado, pedirá au torización al Juez. 2. La venta se realizará en subasta pública. Del precio pagado se deducirá el monto que co rresponda el embargo, depositándose en el Banco de la Nación. La diferencia será entre gada al procesado o a quien él indique.

TÍTULO IX OTRAS MEDIDAS REALES Art. 310.- Orden de inhibición 1. El Fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los requisitos estableci dos en el artículo 303º, que el Juez dicte or den de inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero civil, que se inscribirá en los Registros Públicos. 2. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Títu lo anterior. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 302, 303 y ss.

Art. 311.- Desalojo preventivo CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 350.

Art. 308.- Desafectación y Tercería 1. La desafectación se tramitará ante el Juez de la Investigación Preparatoria. Procede siem pre que se acredite fehacientemente que el bien o derecho afectado pertenece a persona distinta del imputado o del tercero civil, in cluso si la medida no se ha formalizado o tra bado. Rige, en lo pertinente, el artículo 624º del Código Procesal Civil. 2. La tercería se interpondrá ante el Juez Civil, de conformidad con el Código Procesal Ci vil. Deberá citarse obligatoriamente al Fiscal Provincial en lo Civil, que intervendrá con forme a lo dispuesto en el inciso 2) del artí culo 113º de dicho Código. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 624; CJMP: Arts. 351; CPP (2004): Arts. 113 inc. 2), 309.

Art. 309.- Trámite de la apelación en segunda instancia Las apelaciones respecto de las resoluciones contempladas en los artículos 304º, 305º.3 y 308º.1 se tramitarán, en lo pertinente, conforme al artículo 278º. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 352; CPP (2004): Arts. 278, 304, 305 inc. 3), 308 inc. 1).

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1. En los delitos de usurpación, el juez, a soli citud del fiscal o del agraviado, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado en el término de veinticuatro horas, minis trando provisionalmente la posesión al agra viado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficien temente acreditado. El desalojo se ejecuta dentro del término de setenta y dos horas de concedida. 2. La Policía Nacional, una vez que tenga cono cimiento de la comisión del delito, lo pondrá en conocimiento del fiscal y llevará a cabo las investigaciones que el caso amerita. El fiscal, sin perjuicio de disponer las acciones que correspondan, realizará inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia certificada de las actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del fiscal. 3. La solicitud de desalojo y ministración provi sional puede presentarse durante las diligen cias preliminares o en cualquier estado de la investigación preparatoria. Se acompañarán los elementos de convicción que acrediten la comisión del delito y el derecho del ofendido. 4. El juez resolverá, sin trámite alguno, en el plazo de veinticuatro horas. Contra la reso lución que se dicte procede recurso de apela

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ción. La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada. 5. El juez elevará el cuaderno correspondiente dentro de veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se pronunciará en el plazo de tres días, previa audiencia con notificación de las par tes. Si ampara la solicitud de desalojo y mi nistración provisional de posesión, dispon drá se ponga en conocimiento del juez para su inmediata ejecución.(*) CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 585, 586 y ss; CPP (2004): Arts. 9.

Art. 312.- Medidas anticipadas El Juez, excepcionalmente, a pedido de parte legitimada, puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar la permanencia del delito o la prolongación de sus efectos lesivos, así como la ejecución anticipada y provisional de las con secuencias pecuniarias del delito. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 618.

Art. 312-A.- Secuestro conservativo 1. Con la finalidad de asegurar el pago de la re paración civil derivada del delito, el Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, puede solicitar al Juez el secreto conservativo de vehículos motorizados, del imputado o del tercero ci vilmente responsable, que implica la despo sesión física del bien y su entreg a un custo dio. 2. En los casos de los delitos de lesiones cul posas o del homicidio culposo, previstos en el artículo 124 y 111 del Código Penal respec tivamente, cometidos con el uso de vehículo motorizado de servicio de transporte públi co o privado, el Fiscal debe solicitar al Juez competente se trabe la medida cautelar de secuestro conservativo sobre el vehículo motorizado, salvo que la parte legitimada lo haya solicitado previamente.

3. El Juez, sin trámite alguno, atendiendo al requerimiento y de los recaudos acompaña dos, dictará auto de secuestro conservativo sobre vehículo identificado, designando a un custodio, no pudiendo recaer tal designación en el propio imputado o tercero civilmente responsable. 4. La resolución que dispone el secuestro conservativo puede impugnarse dentro del tercer día de notificada. El recurso procede sin efecto suspensivo. Cualquier pedido des tinado a impedir o dilatar la concreción de la medida es inadmisible, sin perjuicio de la sanción que correspona por conducta mali ciosa. 5. El imputado o el tercero civilmente respon sable, de ser el caso, puede solicitar la va riación de la medida, ofreciendo garantía o bien que de igual manera permita asegurar el pago de la reparación civil. 6. Si como consecuencia del hecho constitutivo del delito de lesión u homicidio culposo, el vehículo siniestrado resulta dañado conside rablemente, el Fiscal deberá identificar otro bien mueble del imputado o del tercero ci vilmente responsable, que permita asegurar de manera proporcional y razonable, el pago de la reparación civil, a fin de proceder a su secuestro conservativo. 7. Firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento de resolución equivalente, se dejará sin efecto el secuestro, procediendo su entrega a quien corresponda. 8. Firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al afectado con la medida de cumplimiento de las responsabili dades correspondientes, bajo apercibimien to de iniciar la ejecución forzosa del bien secuestrado. 9. El Fiscal, sin prejuicio de la aplicación de esta medida, solicitará cuando corresponda la suspensión preventiva de derechos, así como la imposición de medidas preventivas

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013. Vigente a nivel nacional según la Primera D.C.F. de la Ley Nº 30076.

contra las personas jurídicas, según lo es tipulado en el artículo 297 al 301 y 313 del Código Procesal Penal, respectivamente. 10. Lo que no se encuentre regulado en el pre sente artículo, rige en lo que fuera pertinen te el Código Procesal Civl de manera supleto ria. (*)

Art. 313.- Medidas preventivas contra las personas jurídicas 1. El Juez, a pedido de parte legitimada, puede ordenar respecto de las personas jurídicas: a) La clausura temporal, parcial o total, de sus locales o establecimientos; b) La suspensión temporal de todas o algu na de sus actividades; c) El nombramiento de un Administrador Judicial; d) El sometimiento a vigilancia judicial; e) Anotación o inscripción registral del pro cesamiento penal. 2. Para imponer estas medidas se requiere: a) Suficienves elementos probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación de la persona jurídica en los supuestos previstos en el artículo 105º del Código Penal; b) Necesidad de poner término a la perma nencia o prolongación de los efectos le sivos del delito, peligro concreto de que a través de la persona jurídica se obsta culizará la averiguación de la verdad o se cometerán delitos de la misma clase de aquél por el que se procede; 3. Estas medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para las medidas tempo rales establecidas en el artículo 105º del Có digo Penal. En los delitos ecológicos la sus

pensión o la clausura durarán hasta que se subsanen las afectaciones al ambiente que determinaron la intervención judicial. (**) CONCORDANCIAS: CP: Arts. 105, 304, 305; CPP (2004): Arts. 90 al 93.

Art. 313-A.- Medidas cautelares en ca- sos de responsabilidad administrativa autónoma de personas juridicas En los supuestos previsto en la Ley que regula la responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, el Juez a pedido de parte legitimada, puede ordenar, además de las me didas establecidad en el numeral 1 del artículo 313, las siguiente: a) Prohibición de actividades futuras de la mis ma clase o naturaleza de aquellas con cuya realización se habría cometido, favorecido o encubierto el delito. b) Suspensión para contratar con el Estado. La imposición de las medidad señaladas en el primer párrafo procede siempre que exis tan suficientes elementos probatorios sobre la responsabilidad administrativa de la per sona jurídica por el delito de cohecho acti vo transnacional y que fuese indispensable para prevenir los riesgos de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida o para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Estas medidas cautelares no duran más de la mitad del tiempo fijado para las medidad de carácter temporal previstas en el artícu lo 5 de la Ley que regula la responsabilidad administrativa autónoma de las personas ju rídicas por el delito de cohecho activo trans nacional. (***)

(*) Artículo incorporado por el artículo 2º del D. Leg. Nº 1190, pub. el 22/08/2015. Vigente a nivel nacional según la 2da D.C.F. del presente Decreto Legislativo. (**) Artículo vigente a nivel nacional, según la 2da Disp.Comp.Final del Dec. Leg. N°1190, publicado el 22/08/2015. (***) Artículo incorporado por la 2da Disp.Comp. Modif., de la Ley N°30424, publicado el 21/04/2016,

vigente a partir del 01/07/2017, según la 1era D.C.F.

Art. 314.- Pensión anticipada de alimentos 1. En los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar prevista en el artículo 150º del Código Penal, violación de la libertad sexual, o delitos que se relacionan con la violencia familiar, el Juez a solicitud de la parte legitimada impondrá una pensión de alimentos para los directamente ofendidos que como consecuencia del hecho punible perpetrado en su agravio se encuentran im posibilitados de obtener el sustento para sus necesidades. 2. El Juez señalará el monto de la asignación que el imputado o el tercero civil ha de pa gar por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la sentencia firme. CONCORDANCIAS: CC: Arts. 472, 473; CP: Arts. 150; CPC: Arts. 560, 561; CNA: Arts. 92 y ss.

Art. 315.- Variación y cesación. Trámi- te y recurso 1. Las medidas previstas en este Título podrán variarse, sustituirse o cesar cuando aten diendo a las circunstancias del caso y con

arreglo al principio de proporcionalidad re sulte indispensable hacerlo. 2. La imposición, variación o cesación se acor darán previo traslado, por tres días, a las partes. Contra estas decisiones procede re curso de apelación. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artícu lo 278º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 278 inc. 2), 3).

TÍTULO X LA INCAUTACIÓN Art. 316.- Objeto de la incautación 1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubie re

ligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público. 2. Acto seguido, el Fiscal requerirá inmedia tamente al Juez de la Investigación Pre paratoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días. 3. En todo caso, para dictar la medida se ten drá en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los artículos 102º y 103º del Código Penal. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 102, 103, 105; CPP (2004): Arts. 317 inc. 2).

Art. 317.- Intervención Judicial 1. Si no existe peligro por la demora, las partes deberán requerir al Juez la expedición de la medida de incautación. Para estos efectos, así como para decidir en el supuesto previs to en el artículo anterior, debe existir peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la co misión de otros delitos. 2. Rige el numeral 3 del artículo 316º. ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre que exista pe

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 316 inc. 3).

Art. 318.- Bienes incautados 1. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los meca nismos de seguridad para evitar confusio nes. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en el acto. La Fiscalía de la Na ción dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar la corrección y eficacia de la diligencia, así como para de terminar el lugar de custodia y las reglas de administración de los bienes incautados. 2. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de in cautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia ysi

es posible se inscribirá en el registro corres pondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de derecho sobre aquellos, adicionalmente a su ocupación, se procederá de manera que dicha medida se anote en el registro respec tivo, en cuyo caso se instará la orden judicial respectiva. De igual forma, se procederá cuando se dice la medida de incautación sobre bienes inscri bibles. Cuando los bienes incautados no se encuentren a nombre del inculpado se ins cribirá dicha medida cursándose los partes a los Registros Públicos, debiendo el funciona rio competente proceder conforme al man dato judicial. 3. El bien incautado, si no peligran los fines de aseguramiento que justificaron su adopción, si la Ley lo permite, puede ser: a) Devuelto al afectado a cambio del depósi to inmediato de su valor; o, b) Entregado provisionalmente al afectado, bajo reserva de una reversión en todo momento, para continuar utilizándolo provisionalmente hasta la conclusión del proceso. En el primer supuesto, el impor te depositado ocupa el lugar del bien; y, en el segundo supuesto, la medida re querirá que el afectado presente caución, garantía real o cumpla determinadas con diciones. 4. Si se alega sobre el bien incautado un dere cho de propiedad de persona distinta del im putado o si otra persona tiene sobre el bien un derecho adquirido de buena fe cuya ex tinción podría ser ordenada en el caso de la incautación o del decomiso, se autorizará su participación en el proceso. En este caso el participante en la incautación será oído, per sonalmente o por escrito, y podrá oponerse a la incautación. Para el esclarecimiento de tales hechos, se puede ordenar la comparecencia personal

del participante de la incautación. Si no comparece sin justificación suficiente, se aplicarán los mismos apremios que para los testigos. En todo caso, se puede deliberar y resolver sin su presentación, previa audien cia con citación de las partes.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 1ra. DMD.

Art. 319.- Variación y reexamen de la incautación a) Si varían los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, ésta será levantada inmediatamente, a soli citud del Ministerio Público o del interesado. b) Las personas que se consideren propietarios de buena fe de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado, podrán solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fin que se levante y se le en treguen los bienes de su propiedad. c) Los autos que se pronuncian sobre la va riación y el reexamen de la incautación se dictarán previa audiencia, a la que también asistirá el peticionario. Contra ellos procede recurso de apelación. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278º y en los numerales 2) y 3) del artículo 279º. (**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 278 inc. 2), 279 inc. 2), 3).

Art. 320.- Pérdida de eficacia de la incautación 1. Dictada sentencia absolutoria, auto de so breseimiento o de archivo de las actuacio nes, los bienes incautados se restituirán a quien tenga derecho, salvo que se trate de bienes intrínsecamente delictivos. El auto, que se emitirá sin trámite alguno, será de ejecución inmediata.

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º del D. Leg. 983, pub. el 22/07/2007. (**) Artículo modificado por el Artículo 3º del D. Leg. 983, pub. el 22/07/2007. Texto según Fe de Erratas del

02/08/2007.

2. La restitución no será ordenada si, a solici tud de las partes legitimadas, se deben ga rantizar cuando corresponda el pago de las responsabilidades pecuniarias del delito y las costas.

LIBRO TERCERO EL PROCESO COMÚN

SECCIÓN I LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA TÍTULO I NORMAS GENERALES Art. 321.- Finalidad 1. La Investigación Preparatoria persigue reu nir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al im putado preparar su defensa. Tiene por fina lidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o par tícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. 2. La Policía Nacional del Perú y sus órganos especializados en criminalística, la Dirección de Policía Contra la Corrupción, el Instituto de Medicina Legal, y los demás organismos técnicos del Estado, están obligados a pres tar apoyo al Fiscal. Las universidades, insti tutos superiores y entidades privadas, de ser el caso y sin perjuicio de la celebración de los convenios correspondientes, están facul tados para proporcionar los informes y los estudios que requiere el Ministerio Público. La Contraloría General de la República, con forme a sus atribuciones y competencia, a solicitud del Titular del Ministerio Público, podrá prestar el apoyo correspondiente, en el marco de la normativa de control. (*) 3. El Fiscal, mediante una Disposición, y con arreglo a las directivas emanadas de la Fisca

lía de la Nación, podrá contar con la asesoría de expertos de entidades públicas y privadas para formar un equipo interdisciplinario de investigación científica para casos específi cos, el mismo que actuará bajo su dirección. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 353, 369; CPP (2004): Arts. 65.

Art. 322.- Dirección de la investigación 1. El Fiscal dirige la Investigación Preparato ria. A tal efecto podrá realizar por sí mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de parte, siem pre que no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional. En cuanto a la actuación policial rige lo dispuesto en el artículo 65º. 2. Para la práctica de los actos de investigación puede requerir la colaboración de las auto ridades y funcionarios públicos, quienes lo harán en el ámbito de sus respectivas com petencias y cumplirán los requerimientos o pedidos de informes que se realicen confor me a la Ley. 3. El Fiscal, además, podrá disponer las medi das razonables y necesarias para proteger y aislar indicios materiales en los lugares don de se investigue un delito, a fin de evitar la desaparición o destrucción de los mismos. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 65.

Art. 323.- Función del Juez de la Investigación Preparatoria 1. Corresponde, en esta etapa, al Juez de la In vestigación Preparatoria realizar, a requeri miento del Fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos procesales que expresa mente autoriza este Código. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está facultado para: a) autorizar la constitución de las partes; b)

(*) Inciso modificado por el Artículo único de la Ley Nº 28697, pub. el 22/03/2006.

pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y –cuando corresponda las medidas de pro tección; c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; d) realizar los actos de prueba anticipada; y, e) controlar el cum plimiento del plazo en las condiciones fijadas en este código CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 356; Ley 27939: Arts. 4.

Art. 324.- Reserva y secreto de la investigación 1. La investigación tiene carácter reservado. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en au tos. En cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones. 2. El Fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días, prorroga bles por el Juez de la Investigación Prepara toria por un plazo no mayor de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La Disposición del Fiscal que declara el secreto se notificará a las partes. 3. Las copias que se obtengan son para uso de la defensa. El Abogado que las reciba está obligado a mantener la reserva de Ley, bajo responsabilidad disciplinaria. Si reincidiera se notificará al patrocinado para que lo susti tuya en el término de dos días de notificado. Si no lo hiciera, se nombrará uno de oficio. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. I, 68 inc. 3).

Art. 325.- Carácter de las actuaciones de la investigación Las actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir las resoluciones propias de la in vestigación y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242º y

y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza este Có digo. siguientes,

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 242, 243 y ss.

TÍTULO II LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN CAPÍTULO I LA DENUNCIA Art. 326.- Facultad y obligación de denunciar 1. Cualquier persona tiene la facultad de de nunciar los hechos delictuosos ante la auto ridad respectiva, siempre y cuando el ejerci cio de la acción penal para perseguirlos sea público. 2. No obstante, lo expuesto deberán formular denuncia: a) Quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley. En especial lo están los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos que hubieren tenido lugar en el centro educativo. b) Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc.18); CJMP: Arts. 358.

Art. 327.- No obligados a denunciar 1. Nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 2. Tampoco existe esta obligación cuando el co nocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2 inc. 18); CC: Arts. 236; CJMP: Arts. 359.

Art. 328.- Contenido y forma de la denuncia 1. Toda denuncia debe contener la identidad del denunciante, una narración detallada y veraz de los hechos, y de ser posible la indi vidualización del presunto responsable. 2. La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmará y colocará su impresión digital. Si es verbal se sentará el acta respectiva. 3. En ambos casos, si el denunciante no pue de firmar se limitará a colocar su impresión digital, dejándose constancia en el acta del impedimento.

CAPÍTULO II ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN Art. 329.- Formas de iniciar la investigación 1. El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investiga ción de oficio o a petición de los denuncian tes. 2. La inicia de oficio cuando llega a su conoci miento la comisión de un delito de persecu ción pública.

3. El Fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especia lizados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencia ulteriores y que se altere la escena del delito.

Art. 331.- Actuación Policial 1. Tan pronto la Policía tenga noticia de la comi sión de un delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público por la vía más rápida y también por escrito, indicando los elemen tos esenciales del hecho y demás elementos inicialmente recogidos, así como la actividad cumplida, sin perjuicio de dar cuenta de toda la documentación que pudiera existir. 2. Aun después de comunicada la noticia del delito, la Policía continuará las investiga ciones que haya iniciado y después de la intervención del Fiscal practicará las demás investigaciones que les sean delegadas con arreglo al artículo 68º. 3. Las citaciones que en el curso de las inves tigaciones realice la policía a las personas pueden efectuarse hasta por tres veces. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 68.

Art. 330.- Diligencias Preliminares

Art. 332.- Informe Policial

1. El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investiga ción para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria.

1. La Policía en todos los casos en que interven ga elevará al Fiscal un Informe Policial.

2. Las Diligencias Preliminares tienen por fina lidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conoci miento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, in dividualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.

2. El Informe Policial contendrá los anteceden tes que motivaron su intervención, la rela ción de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos investigados, absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades. 3. El Informe Policial adjuntará las actas le vantadas, las manifestaciones recibidas, las pericias realizadas, las recomendaciones sobre actos de investigación y todo aquello que considere indispensable para el esclare cimiento de la imputación, así como la com

probación del domicilio y los datos persona les de los imputados. (*)

Art. 333.- Coordinación Interinstitu- cional de la Policía Nacional con el Mi- nisterio Público Sin perjuicio de la organización policial estable cida por la Ley y de lo dispuesto en el artícu lo 69º, la Policía Nacional instituirá un órgano especializado encargado de coordinar las fun ciones de investigación de dicha institución con el Ministerio Público, de establecer los me canismos de comunicación con los órganos de gobierno del Ministerio Público y con las Fisca lías, de centralizar la información sobre la cri minalidad violenta y organizada, de aportar su experiencia en la elaboración de los programas y acciones para la adecuada persecución del de lito, y de desarrollar programas de protección y seguridad. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 69.

TÍTULO III LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Art. 334.- Calificación 1. SI el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar dili gencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es Justi ciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la in vestigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al de nunciado. 2. El plazo de las diligencias preliminares, con forme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una per sona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características,

complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que co rresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investiga ción preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resol verá previa audiencia, con la participación del fiscal y del solicitante. 3. En caso de que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiere prescrito, pero faltare la identificación del autor o partícipe, ordenará la intervención de la policía para tal fin. 4. Cuando aparezca que el denunciante ha omi tido una condición de procedibilidad que de él depende, dispondrá la reserva provisional de la investigación, notificando al denun ciante. 5. El denunciante o el agraviado que no estu viese conforme con la disposición de archi var las actuaciones o de reservar provisio nalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuacio nes al fiscal superior. 6. El fiscal superior se pronunciará dentro del quinto día. Podrá ordenar se formalice la in vestigación, se archiven las actuaciones o se proceda según correspondan. (*)(**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 3. Ley 30077: Art. 5.

Art. 335.- Prohibición de nueva de- nuncia 1. La Disposición de archivo prevista en el pri mer y último numeral del artículo anterior, impide que otro Fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva una Investigación Preparatoria por los mis mos hechos.

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013. (**) Vigente a nivel nacional de acuerdo a la 2da Disp. Comp. Final del D. Leg 1206, publicado el 23/09/2015.

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2. Se exceptúa esta regla, si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso de berá reexaminar los actuados el Fiscal que previno. En el supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamen te investigada, el Fiscal Superior que previno designará a otro Fiscal Provincial.

Art. 336.- Formalización y continua- ción de la Investigación Preparatoria 1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, apa recen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha pres crito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la Investi gación Preparatoria. 2. La Disposición de formalización contendrá: a) El nombre completo del imputado; b) Los hechos y la tipificación específica co rrespondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternati vas al hecho objeto de investigación, in dicando los motivos de esa calificación; c) El nombre del agraviado, posible; y,

si fuera

d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse. 3. El Fiscal, sin perjuicio de su notificación al imputado, dirige la comunicación prevista en el artículo 3º de este Código, adjuntando copia de la Disposición de formalización, al Juez de la Investigación Preparatoria. 4. El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen sufi cientemente la realidad del delito y la inter vención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 3, 468 inc. 1).

Art. 337.- Diligencias de la Investiga- ción Preparatoria 1. El Fiscal realizará las diligencias de investi gación que considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la Ley.

2. Las diligencias preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investiga ción. Procede su ampliación si dicha diligen cia resultare indispensable, siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción. 3. El Fiscal puede: a) Disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de in formar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas perso nas y los peritos están obligados a com parecer ante la Fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injus tificada determinará su conducción com pulsiva; b) Exigir informaciones de cualquier parti cular o funcionario público, emplazán doles conforme a las circunstancias del caso. 4. Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán soli citar al Fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Fiscal or denará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. 5. Si el Fiscal rechazare la solicitud, instará al Juez de la Investigación Preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El Juez re solverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el Fiscal.

Art. 338.- Condiciones de las actua- ciones de investigación 1. El Fiscal podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales en las diligencias que deba realizar, salvo las excepciones previs tas por la Ley. Esta participación está condi cionada a su utilidad para el esclarecimiento

de los hechos, a que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación o a que no impida una pronta y regular actuación.

con la importancia del delito y con las posi

2. El Fiscal velará porque la concurrencia de las personas autorizadas no interfiera en el normal desarrollo del acto e impartirá ins trucciones obligatorias a los asistentes para conducir adecuadamente la diligencia. Está facultado a excluirlos en cualquier momento si vulneran el orden y la disciplina. 3. El Fiscal, en el ejercicio de sus funciones de investigación, podrá solicitar la intervención de la Policía y, si es necesario, el uso de la fuerza pública, ordenando todo aquello que sea necesario para el seguro y ordenado cum plimiento de las actuaciones que desarrolla. 4. Cuando el Fiscal, salvo las excepciones pre vistas en la Ley, deba requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas dili gencias, la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación, a me nos que lo hubiere realizado previamente.

Art. 339.- Efectos de la formalización de la investigación 1. La formalización de la investigación suspende rá el curso de la prescripción de la acción penal. 2. Asimismo, el Fiscal perderá la facultad de archi var la investigación sin intervención judicial.

TÍTULO IV LOS ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Art. 340.- Circulación y entrega vigila- da de bienes delictivos 1. El Fiscal podrá autorizar la circulación o en trega vigilada de bienes delictivos. Esta me dida deberá acordarse mediante una Dispo sición, en la que determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autoriza ción o entrega vigilada, así como las carac terísticas del bien delictivo de que se trate. Para adoptarla se tendrá en cuenta su nece sidad a los fines de Investigación en relación

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bilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la autorización remitirá copia de la misma a la Fiscalía de la Nación, que abrirá un registro reservado de dichas autorizaciones. 2. Se entenderá por circulación o entrega vigi lada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las per sonas involucradas en la comisión de algún delito, así como también prestar auxilio a au toridades extranjeras en esos mismos fines. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se ade cuará a lo dispuesto en los Tratados Interna cionales. 3. La interceptación y apertura de envíos pos tales sospechosos de contener bienes delic tivos y, en su caso, la posterior sustitución de los bienes delictivos que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando lo dis puesto en el articulo 226° y siguientes. La di ligencia y apertura preliminar del envío pos

tal se mantendrá en secreto hasta que hayan culminado las Diligencias Preliminares; y, en su caso, se prolongará, previa autorización del Juez de la Investigación Preparatoria, hasta por quince días luego de formalizada la Investigación Preparatoria. 4. Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas tóxicas, estupefa cientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a la elabora ción de aquellas; c) los bienes, dinero, títulos valores, efectos y ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo 1106; d) los bienes re lativos a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279A del Código Penal. (*) CONCORDANCIAS: CP: Arts. 228, 230, 308, 309, 252 al 255, 257, 279, 279-A, 308, 309; CPP (2004): Arts. 226 y ss., 227, 228, 553; Ley 27765: Arts. 1 y ss.

(*) Artículo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013.

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Art. 341.- Agente Encubierto 1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Pre liminares que afecten actividades propias de la criminalidad organizada, y en tanto exis tan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Na cional del Perú, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los ob jetos, efectos e instrumentos del delito y di ferir la incautación de los mismos. La iden tidad supuesta será otorgada por el Fiscal por el plazo de seis meses, prorrogables por períodos de igual duración mientras perdu ren las condiciones para su empleo, quedan do legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la Investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal Identidad. En tanto sea indis pensable para la realización de la investiga ción, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad. (*) El Fiscal, cuando las circunstancias así lo re quieran, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización cri minal, opera para proporcionar las eviden cias incriminatorias del ilícito penal. 2. La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar el nombre verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservar se fuera de las actuaciones con la debida se guridad. Una copia de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas.(**) 3. La información que vaya obteniendo el agen te encubierto deberá ser puesta a la mayor

brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus superiores. Dicha Información de berá aportarse al proceso en su integridad y se valorará como corresponde por el órgano jurisdiccional competente. De igual manera, esta información sólo puede ser utilizada en otros procesos, en la medida en que se des prendan de su utilización conocimientos ne cesarios para el esclarecimiento de un delito. 4. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la oculta ción de la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente especial, o que justifique la posibilidad de continuar utili zando la participación de éstos últimos.(**) 5. Cuando en estos casos las actuaciones de investigación puedan afectar los derechos fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria las autoriza ciones que, al respecto, establezca la Consti tución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. El procedi miento será especialmente reservado. 6. El agente encubierto estará exento de res ponsabilidad penal por aquellas actuacio nes que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocación al delito. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 228, 230, 252 al 279, 279-A, 308, 309; CPP (2004): Arts. 226 y ss., 553; Ley 27765: Arts. 1; Ley 28950: Arts. 1ra. DCTF.

Art. 341-A.- Operaciones encubiertas Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de identificar personas naturales y jurídicas, así

(*) Extremo modificado por la 3era Disp. Comp. Modif., de la Ley N°30077, publicado el 20/08/2013. (**) Numerales modificados por el Artículo 5º de la Ley Nº 28950, publicado el 16/01/2007.

como bienes y actividades propias de la crimina lidad organizada, en tanto existan indicios de su comisión, el Ministerio Público podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como la protección legal de personas jurídicas, de bienes en general, in cluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos, pudién dose crear, estrictamente para los fines de la Investigación, personas jurídicas ficticias o mo dificar otras ya existentes. La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo los parámetros le gales señalados para el agente encubierto. Por razones de seguridad, las actuaciones corres pondientes no formarán parte del expediente del proceso respectivo sino que formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales competentes.(*) CONCORDANCIAS: CP: Arts. 228, 230, 252 al 279, 279-A, 308, 309; CPP (2004): Arts. 226 y ss., 553; Ley 27765: Arts. 1; Ley 28950: Arts. 1 ra.DCTF.

TÍTULO V CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Art. 342.- Plazo 1. El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesen ta días naturales. 2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integran tes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación pre

paratoria es de treinta y seis meses. La pró rroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria. 3. Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importan te de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la ges tión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la Investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. (**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 272 inc. 2), 392 inc. 2), 396 inc. 2); Ley 30077: Art. 6.

Art. 343.- Control del Plazo 1. El Fiscal dará por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha cum plido su objeto, aun cuando no hubiere ven cido el plazo. 2. Si vencidos los plazos previstos en el artícu lo anterior el Fiscal no dé por concluida la Investigación Preparatoria, las partes pue den solicitar su conclusión al Juez de la In vestigación Preparatoria. Para estos efectos el Juez citará al Fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corres ponda. 3. Si el Juez ordena la conclusión de la Investi gación Preparatoria, el Fiscal en el plazo de

(*) Artículo incorporado por la Cuarta Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013. (**) Artículo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013.

diez días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, se gún corresponda. Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria en el Fiscal. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 344 inc. 1); D. Leg. 958: Arts. 18 inc. 3).

SECCIÓN II LA ETAPA INTERMEDIA TÍTULO I EL SOBRESEIMIENTO Art. 344.- Decisión del Ministerio Pú- blico 1. Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con el nume ral 1) del artículo 343º, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa. 2. El sobreseimiento procede cuando: a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; b) El hecho imputado no es típico o concu rre una causa de justificación, de inculpa bilidad o de no punibilidad; c) La acción penal se ha extinguido; y, d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investi gación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 380, 450; CPP (2004): Arts. 343, 352 inc. 4). Art. 345.- Control del requerimiento de sobreseimiento y Audiencia de control del sobreseimiento

1. El Fiscal enviará al Juez de la Investigación Preparatoria el requerimiento de sobresei miento, acompañando el expediente fiscal. El Juez correrá traslado del pedido de la so licitud a los demás sujetos procesales por el plazo de diez días. 2. Los sujetos procesales podrán formular opo sición a la solicitud de archivo dentro del pla

zo establecido. La oposición, bajo sanción de inadmisiblidad, será fundamentada y podrá solicitar la realización de actos de investiga ción adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere pro cedentes. 3. Vencido el plazo del traslado, el Juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos pro cesales para una audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. La audiencia se instalará con los asistentes, a quienes escuchará por su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. La resolución se emitirá en el plazo de tres días. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 346 inc. 5).

Art. 346.- Pronunciamiento del Juez de la Investigación Preparatoria 1. El Juez se pronunciará en el plazo de quince días. Si considera fundado el requerimiento fiscal, dictará auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Provincial. La resolución judicial debe expresar las razones en que funda su des acuerdo. 2. El Fiscal Superior se pronunciará en el plazo de diez días. Con su decisión culmina el trá mite. 3. Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la Investiga ción Preparatoria inmediatamente y sin trá mite clguno dictará auto de sobreseimiento. 4. Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal Provincial, orde nará a otro Fiscal que formule acusación. 5. El Juez de la Investigación Preparatoria, en el supuesto del numeral 2 del artículo anterior, si lo considera admisible y fundado dispon drá la realización de una Investigación Su plementaria indicando el plazo y las diligen cias que el Fiscal debe realizar. Cumplido el trámite, no procederá

oposición ni disponer

la concesión de un nuevo plazo de investiga ción. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 352 inc. 2).

Art. 347.- Auto de sobreseimiento 1. El auto que dispone el sobreseimiento de la causa deberá expresar: a) Los datos personales del imputado; b) La exposición del hecho objeto de la In vestigación Preparatoria; c) Los fundamentos de hecho y de derecho; y, d) La parte resolutiva, con la indicación ex presa de los efectos del sobreseimiento que correspondan. 2. El sobreseimiento tiene carácter definitivo. Importa el archivo definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo favor se dicte y tiene la autoridad de cosa juzgada. En dicha resolución se levantarán las medidas coerci tivas, personales y reales, que se hubieren expedido contra la persona o bienes del im putado. 3. Contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación. La impugnación no impide la inmediata libertad del imputado a quien favorece. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 381, 455; CPP (2004): Arts. 9, 352 inc. 4).

Art. 348.- Sobreseimiento total y par- cial 1. El sobreseimiento será total cuando com prende todos los delitos y a todos los impu tados; y parcial cuando sólo se circunscribe a algún delito o algún imputado, de los varios que son materia de la Disposición de Forma lización de la Investigación Preparatoria. 2. Si el sobreseimiento fuere parcial, continua rá la causa respecto de los demás delitos o imputados que no los comprende. 3. El Juez, frente a un requerimiento Fiscal mixto, acusatorio y no acusatorio, primero se pronunciará acerca del requerimiento de

sobreseimiento. Culminado el trámite según lo dispuesto en los artículos anteriores, abri rá las actuaciones relativas a la acusación fiscal.

TÍTULO II LA ACUSACIÓN Art. 349.- Contenido 1. La acusación fiscal será debidamente moti vada, y contendrá: a) Los datos que sirvan para identificar al im putado; b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos indepen dientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos; c) Los elementos de convicción que fundamen ten el requerimiento acusatorio; d) La participación que se atribuya al imputa do; e) La relación de las circunstancias modificato rias de la responsabilidad penal que concu rran; f) El artículo de la Ley penal que tipifique el he cho, así como la cuantía de la pena que se solicite; g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o ter cero civil, que garantizan su pago y la perso na a quien corresponda percibirlo; y, h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso pre sentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. 2. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de for malización de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.

3. En la acusación el Ministerio Público podrá señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan ca lificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resul taren demostrados en el debate los elemen tos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado. 4. El Fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 384.

Art. 350.- Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos pro- cesales 1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán: a) Observar la acusación del Fiscal por de fectos formales, requiriendo su correc ción; b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido plantea das con anterioridad o se funden en he chos nuevos; c) Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada conforme a los artícu los 242º y 243º, en lo pertinente; d) Pedir el sobreseimiento; e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad; f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán exa minados en el curso del debate. Presentar los documentos que no fueron incorpo rados antes, o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos;

g) Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinen tes para su actuación en el juicio oral; o, h) Plantear cualquier otra cuestión que tien da a preparar mejor el juicio. 2. Los demás sujetos procesales podrán pro poner los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el Juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que de terminados hechos se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, si no fun damenta especialmente las razones de su re chazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 387; CPP (2004): Arts. 8, 242, 243, 352 inc. 6), 353 inc. 3).

Art. 351.- Audiencia Preliminar 1. Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales o vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el Juez de la In vestigación Preparatoria señalará día y hora para la realización de una audiencia prelimi nar, la que deberá fijarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de veinte días. Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del Fiscal y el defen sor del acusado. No podrán actuarse diligen cias de investigación o de prueba específi cas, salvo el trámite de prueba anticipada y la presentación de prueba documental, para decidir cualquiera de las solicitudes señala das en el artículo anterior. 2. La audiencia será dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria y durante su rea lización, salvo lo dispuesto en este numeral no se admitirá la presentación de escritos. 3. Instalada la audiencia, el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su or den al Fiscal, a la defensa del actor civil, así

como del acusado y del tercero civilmente

responsable, los que debatirán sobre la pro cedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El Fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el Juez, en ese mis mo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 389.

Art. 352.- Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar 1. Finalizada la audiencia el Juez resolverá in mediatamente todas las cuestiones plantea das, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por cuarenta y ocho horas improrrogables. En este último caso, la deci sión simplemente se notificará a las partes. 2. Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se re anudará. En los demás casos, el Fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las modifica ciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con intervención de los concu rrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el dicta men acusatorio en los términos precisados por el Fiscal, en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución inapelable. 3. De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el Juez expedirá en la misma au diencia la resolución que corresponda. Con tra la resolución que se dicte, procede recur so de apelación. La impugnación no impide la continuación del procedimiento. 4. El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2) del artículo 344º, siempre que re

sulten evidentes razonablemente

y

no

exista

la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. El auto de so breseimiento observará lo dispuesto en el artículo 347º. La resolución desestimatoria no es impugnable. 5. La admisión de los medios de prueba ofreci dos requiere: a) Que la petición contenga la especifica ción del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso; y b) Que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportu namente en el Juicio. El pedido de actua ción de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos. La resolución que se dicte no es recurrible. 6. La resolución sobre las convenciones proba torias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 350º, no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los he chos específicos que se dieren por acredita dos o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados. 7. La decisión sobre la actuación de prueba anticipada no es recurrible. Si se dispone su actuación, ésta se realizará en acto aparte conforme a lo dispuesto en el artículo 245º, sin perjuicio de dictarse el auto de enjuicia miento. Podrá dirigirla un Juez si se trata de Juzgado Penal Colegiado. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 8, 9, 245, 344 inc. 2), 347, 350 inc. 2), 353 inc. 2.c).

TÍTULO III EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO Art. 353.- Contenido del auto de enjuiciamiento 1. Resueltas las cuestiones planteadas, el Juez dictará el auto de enjuiciamiento. Dicha re solución no es recurrible.

2. El auto de enjuiciamiento deberá indicar, bajo sanción de nulidad: a) El nombre de los imputados y de los agra viados, siempre que en este último su puesto hayan podido ser identificados; b) El delito o delitos materia de la acusación fiscal con indicación del texto legal y, si se hubiere planteado, las tipificaciones alternativas o subsidiarias; c) Los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones probatorias de conformidad con el nume ral 6) del artículo anterior; d) La indicación de las partes constituidas en la causa. e) La orden de remisión de los actuados al Juez encargado del juicio oral. 3. El Juez, si resulta necesario, de oficio o se gún el pedido de parte formulado conforme a lo dispuesto en el numeral 1 c) del artículo 350º, se pronunciará sobre la procedencia o la subsistencia de las medidas de coerción o su sustitución, disponiendo en su caso la li bertad del imputado. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 350 inc. 1.c), 352 inc. 6).

Art. 354.- Notificación del auto de enjuiciamiento 1. El auto de enjuiciamiento se notificará al Mi nisterio Público y a los demás sujetos proce sales. 2. Dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación, el Juez de la Investigación Pre paratoria hará llegar al Juez Penal que co rresponda dicha resolución y los actuados correspondientes, así como los documentos y los objetos incautados, y se pondrá a su orden a los presos preventivos.

TÍTULO IV EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO Art. 355.- Auto de citación a juicio 1. Recibidas las actuaciones por el Juzgado

Penal competente, éste dictará el auto de ci

tación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento y de la fecha de la realización del juicio oral, salvo que todos los acusados fueran ausentes. La fecha será la más próxi ma posible, con un intervalo no menor de diez días. 2. El Juzgado Penal ordenará el emplazamiento de todos los que deben concurrir al juicio. En la resolución se identificará a quien se ten drá como defensor del acusado y se dispon drá todo lo necesario para el inicio regular del juicio. 3. Cuando se estime que la audiencia se prolon gará en sesiones consecutivas, los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la sesión que les corresponda interve nir. 4. El emplazamiento al acusado se hará bajo apercibimiento de declararlo reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada. 5. Será obligación del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los testi gos o peritos que hayan propuesto. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 79.

SECCIÓN III EL JUZGAMIENTO TÍTULO I PRECEPTOS GENERALES Art. 356.- Principios del Juicio 1. El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Sin per juicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Dere cho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la

contradicción en la actua ción probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presen cia obligatoria del imputado y su defensor.

2. La audiencia se desarrolla en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Las sesiones sucesivas, sin perjuicio de las causas de suspensión y de lo dispuesto en el artículo 360º, tendrán lugar al día siguiente o subsiguiente de fun cionamiento ordinario del Juzgado. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 151; CPP (2004): Arts. 360.

Art. 357.- Publicidad del Juicio y restricciones 1. El juicio oral será público. No obstante ello, el Juzgado mediante auto especialmente mo tivado podrá resolver, aún de oficio, que el acto oral se realice total o parcialmente en privado, en los siguientes casos: a) Cuando se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de al guno de los participantes en el juicio; b) Cuando se afecte gravemente el orden público o la seguridad nacional; c) Cuando se afecte los intereses de la justi cia o, enunciativamente, peligre un secre to particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible o cause perjuicio injustificado, así como cuando sucedan manifestaciones por parte del público que turben el regular desarrollo de la audiencia; d) Cuando esté previsto en una norma espe cífica; 2. El Juzgado también podrá disponer, indivi dual o concurrentemente, con sujeción al principio de proporcionalidad, las siguientes medidas: a) Prohibir el acceso u ordenar la salida de determinadas personas de la Sala de Au diencias cuando afecten el orden y el de coro del juicio; b) Reducir, en ejercicio de su facultad dis ciplinaria, el acceso de público a un nú mero determinado de personas, o, por las razones fijadas en el numeral ante rior, ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas;

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c) Prohibir el acceso de cámaras fotográ ficas o de filmación, grabadoras, o cual quier medio de reproducción mecánica o electrónica de imágenes, sonidos, voces o similares, siempre que considere que su utilización puede perjudicar los intereses de la justicia y, en especial, el derecho de las partes. 3. Desaparecida la causa que motivó la priva cidad del juicio se permitirá el reingreso del público a la Sala de Audiencias. El Juzgado, con criterio discrecional, podrá imponer a los participantes en el juicio el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaren o conocieren. 4. Los juicios sobre funcionarios públicos, de litos de prensa y los que se refieran a de rechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. 5. La sentencia será siempre pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 151, 156; CPP (2004): Arts. 356; PIDCP: Arts. 14.1.

Art. 358.- Condiciones para la publici- dad del juicio 1. Se cumple con la garantía de publicidad con la creación de las condiciones apropiadas para que el público y la prensa puedan in gresar a presenciar la audiencia. 2. Está prohibido el ingreso de aquel que por te arma de fuego u otro medio idóneo para agredir o perturbar el orden. Tampoco pue den ingresar los menores de doce años, o quien se encuentra ebrio, drogado o sufre grave anomalía psíquica. CONCORDANCIAS: C: Arts. 139 inc. 4); CPC: Arts. 206; CPP (2004): Arts. 151; LOPJ: Arts. 10.

Art. 359.- Concurrencia del Juez y de las partes 1. El juicio se realizará con la presencia ininte rrumpida de los jueces, el fiscal y de las de

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más partes, salvo lo dispuesto en los nume rales siguientes. 2. Cuando el Juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un impedimento, será reemplazado por una sola vez por el Juez llamado por Ley, sin suspenderse el juicio, a condición de que el reemplazado continúe interviniendo con los otros dos miembros. La licencia, jubilación o goce de vacaciones de los Jueces no les impide participar en la deliberación y votación de la sentencia. 3. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del Juez. En caso de serle otor gado el permiso, será representado por su defensor. 4. Si el acusado que ha prestado su declaración en el juicio o cuando le correspondiere se acoge al derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia, ésta continuará sin su presen cia y será representado por su defensor. Si su presencia resultare necesaria para practi car algún acto procesal, será conducido com pulsivamente. También se le hará compare cer cuando se produjere la ampliación de la acusación. La incomparecencia del citado acusado no perjudicará a los demás acusa dos presentes. 5. Cuando el defensor del acusado, injustifi cadamente, se ausente de la audiencia o no concurra a dos sesiones consecutivas o a tres audiencias no consecutivas, sin perjuicio de que, en ambos casos, a la segunda sesión se disponga la intervención de un abogado de fensor de oficio, se le excluirá de la defensa. El abogado defensor de oficio continuará en la defensa hasta que el acusado nombre otro defensor. 6. Cuando el Fiscal, injustificadamente, se au sente de la audiencia o no concurra a dos sesiones consecutivas o a tres sesiones no consecutivas, se le excluirá del juicio y se re querirá al Fiscal jerárquicamente superior en grado designe a su reemplazo. 7. Cuando el actor civil o el tercero civil no concurra a la audiencia o a las sucesivas sesiones del juicio, éste proseguirá sin su

concurrencia, sin perjuicio que puedan ser emplazados a comparecer para declarar. Si la inconcurrencia es del actor civil, se tendrá por abandonada su constitución en parte.

Art. 360.- Continuidad, suspensión e interrupción del juicio 1. Instalada la audiencia, ésta seguirá en se siones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuere posible realizar el de bate en un solo día, éste continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión. 2. La audiencia sólo podrá suspenderse: a) Por razones de enfermedad del Juez, del Fiscal o del imputado o su defensor; b) Por razones de fuerza mayor o caso for tuito; y, c) Cuando este Código lo disponga. 3. La suspensión del juicio oral no podrá ex ceder de ocho días hábiles. Superado el im pedimento, la audiencia continuará, previa citación por el medio más rápido, al día si guiente, siempre que éste no dure más del plazo fijado inicialmente. Cuando la suspen sión dure más de ese plazo, se producirá la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio, sin perjuicio de señalarse nueva fe cha para su realización. 4. Si en la misma localidad se halla enfermo un testigo o un perito cuyo examen se conside ra de trascendental importancia, el Juzgado puede suspender la audiencia para consti tuirse en su domicilio o centro de salud, y examinarlo. A esta declaración concurrirán el Juzgado y las partes. Las declaraciones, en esos casos, se tomarán literalmente, sin per juicio de filmarse o grabarse. De ser posible, el Juzgado utilizará el método de videoconfe rencia. 5. Entre sesiones, o durante el plazo de sus pensión, no podrán realizarse otros juicios, siempre que las características de la nueva causa lo permitan. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 317, 318, 319; CJMP: Arts. 404; CPP (2004): Arts.

356 inc. 2), 458 inc. 1).

Art. 361.- Oralidad y registro

CJMP: Arts. 357.

1. La audiencia se realiza oralmente, pero se documenta en acta. El acta contendrá una síntesis de lo actuado en ella y será firmada por el Juez o Juez presidente y el secretario. Los Jueces, el Fiscal, y la defensa de las par tes pueden hacer constar las observaciones al acta que estimen convenientes. Asimismo, la audiencia podrá registrarse mediante un medio técnico, según el Reglamento que al efecto dicte el órgano de gobierno del Poder Judicial. 2. El acta y, en su caso, la grabación demostra rán el modo como se desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo. Rige a este efecto el artículo 121º del presente Código. 3. Toda petición o cuestión propuesta en au diencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas y, en gene ral, toda intervención de quienes participan en ella. Está prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin, salvo quienes no puedan hablar o no lo supieren hacer en el idioma castellano, en cuyo caso interven drán por escrito, salvo que lo hagan por me dio de intérprete. 4. Las resoluciones serán dictadas y fundamen tadas verbalmente. Se entenderán notifica das desde el momento de su pronunciamien to, debiendo constar su registro en el acta. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 217, 424; CPP (2004): Arts. 121.

Art. 362.- Incidentes 1. Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente. En su discusión se concederá la palabra a las par tes, por el tiempo que fije el Juez Penal, a fin de que se pronuncien sobre su mérito. 2. Las resoluciones que recaen sobre estos in cidentes son recurribles sólo en los casos ex presamente previstos en este Código. CONCORDANCIAS:

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Art. 363.- Dirección del juicio 1. El Juez Penal o el Juez Presidente del Juz gado Colegiado dirigirán el juicio y ordenará los actos necesarios para su desarrollo. Le corresponde garantizar el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa de las partes. Está facultado para impedir que las alegacio nes se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, sin coartar el razonable ejer cicio de la acusación y de la defensa. Tam bién lo está para limitar el uso de la palabra a las partes y a sus abogados, fijando límites igualitarios para todos ellos, de acuerdo a la naturaleza y complejidad del caso, o para in terrumpir a quien hace uso manifiestamente abusivo de su facultad. 2. En los casos de Juzgados Colegiados, la di rección del juicio se turnará entre sus demás integrantes. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. II; LOPJ: Arts. 5, 201.

Art. 364.- Poder disciplinario y discre- cional 1. El poder disciplinario permite al Juez man tener el orden y el respeto en la Sala de Au diencias, así como disponer la expulsión de aquél que perturbe el desarrollo del juicio, y mandar detener hasta por veinticuatro horas a quien amenace o agreda a los Jueces o a cualquiera de las partes, sus abogados y los demás intervinientes en la causa, o impida la continuidad del juzgamiento, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. En el caso que un acusado testigo o perito se retire o aleje de la audiencia sin permiso del Juez o del Juez presidente, se dispondrá que sea traído a la misma por la fuerza pública. 2. El defensor de las partes podrá ser expulsa do de la Sala de Audiencias, previo apercibi miento. En este caso será reemplazado por el que designe la parte dentro de veinticuatro horas o, en su defecto, por el de oficio. 3. Cuando la expulsión recaiga sobre el acusa do se dictará la decisión apropiada que ga rantice su derecho de defensa, en atención

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a las circunstancias del caso. Tan pronto como se autorice la presencia del acusado, se le instruirá sobre el contenido esencial de aquello sobre lo que se haya actuado en su ausencia y se le dará la oportunidad de pro nunciarse sobre esas actuaciones. 4. Cuando se conceda al acusado el derecho de exponer lo que estime conveniente a su de fensa, limitará su exposición al tiempo que se le ha fijado. Si no cumple con las limitacio nes precedentes se le podrá llamar la aten ción y requerirlo. En caso de incumplimiento podrá darse por terminada su exposición y, en caso grave, disponer se le desaloje de la Sala de Audiencias. En este último supuesto o cuando el acusado se muestre renuente a estar presente en la audiencia, la sentencia podrá leerse no estando presente el acusa do, pero con la concurrencia obligatoria de su abogado defensor o el nombrado de ofi cio, sin perjuicio de notificársele posterior mente. 5. El poder discrecional permite al Juez resol ver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida continuación. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. II, CJMP: Arts. 246; LOPJ: Arts. 5, 8, 201.

Art. 365.- Delito en el juicio Si durante el juicio se cometiera un delito perse guible de oficio, el Juez Penal ordenará levantar un acta con las indicaciones que correspondan y ordenará la detención del presunto culpable, a quien inmediatamente lo pondrá a disposición del Fiscal que corresponda, remitiéndosele co pia de los antecedentes necesarios, a fin de que proceda conforme a Ley.

Art. 366.- Auxiliar Jurisdiccional 1. El Auxiliar Jurisdiccional del Juzgado adop tará las acciones pertinentes para que se efectúen las notificaciones ordenadas y se encuentren en lugar adecuado los objetos o documentos cuya presentación en audiencia ha sido ordenada.

2. Igualmente, está obligado a realizar las coor dinaciones para la asistencia puntual del Fiscal, de las partes y de sus abogados, así como para la comparecencia de los testigos, peritos, intérpretes y otros intervinientes ci tados por el Juzgado. 3. Corresponde además al Auxiliar Jurisdic cional del Juzgado la fe pública judicial, así como, a través del personal a su cargo, el control de la documentación y registros del Juzgado, el apoyo al Juzgado durante el Jui cio y la responsabilidad de la confección y custodia de las actas del juicio y demás re gistros, incluso de los medios técnicos de reproducción y archivo, de conformidad con el Reglamento aprobado por el órgano de go bierno del Poder Judicial. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 54, 55, 56; CPP (2004): Arts. 369

TÍTULO II LA PREPARACIÓN DEL DEBATE Art. 367.- Concurrencia del imputado y su defensor 1. La audiencia no podrá realizarse sin la pre sencia del acusado y de su defensor. 2. La citación al imputado con domicilio cono cido y procesal, será requerido para su con currencia al juicio bajo apercibimiento de ser declarado contumaz. 3. Si es un solo acusado o siendo varios ningu no concurre a la apertura de la audiencia, sin justificar su inasistencia, se señalará nuevo día y hora, sin perjuicio de declararlos con tumaces. 4. Cuando son varios los acusados, y alguno de ellos no concurra, la audiencia se iniciará con los asistentes, declarándose contumaces a los inconcurrentes sin justificación. Igual trato merecerá el acusado que injustificada mente deje de asistir a la audiencia. 5. En caso que el acusado ausente o contumaz sea capturado o se presente voluntariamen te antes de que se cierre la actividad proba toria, se le incorporará a la audiencia, se le

hará saber los cargos que se le atribuyen y se le informará concisamente de lo actuado hasta ese momento. A continuación, se le dará la oportunidad de declarar y de pro nunciarse sobre las actuaciones del juicio, y se actuarán de ser el caso las pruebas com patibles con el estado del juicio. 6. El imputado preso preventivo, en todo el curso del juicio, comparecerá sin ligaduras ni prisiones, acompañado de los efectivos policiales para prevenir el riesgo de fuga o de violencia. En casos o ante circunstancias especialmente graves, y de acuerdo al Re glamento que, previa coordinación con el Ministerio del Interior, dicte el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, podrán estable cerse mecanismos o directivas de seguridad adecuadas a las circunstancias. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 415; CPP (2004): Arts. 79.

Art. 368.- Lugar del Juzgamiento 1. El Juzgamiento tendrá lugar en la Sala de Au diencias que designe el Juzgado Penal. 2. Cuando por razones de enfermedad u otra causal justificada sea imposible la concu rrencia del acusado a la Sala de Audiencias, el juzgamiento podrá realizarse en todo o en parte en el lugar donde éste se encuentre, siempre que su estado de salud y las condi ciones lo permitan. 3. El órgano de gobierno del Poder Judicial establecerá las causas con preso preventi vo que se realizarán en los locales o sedes judiciales adyacentes o ubicados dentro de los establecimientos penales, garantizando siempre la publicidad del juicio y que existan las condiciones materiales para su realiza ción.

Art. 369.- Instalación de la audiencia 1. La audiencia sólo podrá instalarse con la presencia obligatoria del Juez Penal o, en su caso, de los Jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado, del Fiscal y, con las preven ciones fijadas en el artículo 366º, del acusa do y su defensor.

2. El Juez Penal verificará la correcta citación a las partes, así como la efectiva concurren cia de los testigos y peritos emplazados. La inasistencia de las demás partes y de los órganos de prueba citados no impide la ins talación de la audiencia. El Auxiliar Jurisdic cional realizará las acciones conducentes a la efectiva concurrencia de estos últimos en la oportunidad que acuerde el Juez Penal. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 366.

Art. 370.- Ubicación de las partes en la audiencia 1. El Juez Penal tendrá a su frente al acusado; a su derecha, al Fiscal y al abogado de la parte civil; y, a su izquierda al abogado defensor del acusado. 2. Los testigos y peritos ocuparán un ambiente contiguo a la Sala de Audiencias. El Auxiliar Jurisdiccional tomará las medidas necesarias para que los testigos no puedan dialogar en tre sí. Los testigos y peritos sólo serán intro ducidos a la Sala de Audiencias a medida que sean llamados para ser examinados.

TÍTULO III EL DESARROLLO DEL JUICIO Art. 371.- Apertura del juicio y posi- ción de las partes 1. Instalada la audiencia, el Juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos com pletos de identidad personal del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusa ción y el nombre del agraviado. 2. Acto seguido, el Fiscal expondrá resumida mente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofre ció y fueron admitidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y ad mitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de

defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas.

3. Culminados los alegatos preliminares, el Juez informará al acusado de sus derechos y le in dicará que es libre de manifestarse sobre la acusación o de no declarar sobre los hechos. El acusado en cualquier estado del juicio po drá solicitar ser oído, con el fin de ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiera absteni do. Asimismo, el acusado en todo momento podrá comunicarse con su defensor, sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que no podrá ejercer durante su declaración o antes de responder a las preguntas que se le formulen. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 369, 370.

Art. 372.- Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio 1. El Juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admi te ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación ci vil. 2. Si el acusado, previa consulta con su aboga do defensor, responde afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de responder, el acusado también podrá so licitar por sí o a través de su abogado confe renciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La senten cia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio. 3. Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez pre vio traslado a todas las partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, es tablecerá la delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o a la fijación de la reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse. 4. Si son varios los acusados y solamente ad miten los cargos una parte de ellos, con res

pecto a estos últimos se aplicará el trámite previsto en este artículo y se expedirá sen tencia, continuando el proceso respecto a los no confesos. 5. La sentencia de conformidad, prevista en el numeral 2) de este artículo, se dictará acep tando los términos del acuerdo. No obstan te, si a partir de la descripción del hecho aceptado, el Juez estima que no constituye delito o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier causa que exima o atenúa la res ponsabilidad penal, dictará sentencia en los términos en que proceda. No vincula al Juez Penal la conformidad sobre el monto de la reparación civil, siempre que exista actor ci vil constituido en autos y hubiera observado expresamente la cuantía fijada por el Fiscal o que ha sido objeto de conformidad. En este caso, el Juez Penal podrá fijar el monto que corresponde si su imposición resultare posi ble o, en todo caso, diferir su determinación con la sentencia que ponga fin al juicio.

Art. 373.- Solicitud de nueva prueba 1. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Sólo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audien cia de control de la acusación. 2. Excepcionalmente, las partes podrán rei terar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. El Juez decidirá en ese mismo acto, previo traslado del pedido a las demás partes. 3. La resolución no es recurrible.

Art. 374.- Poder del Tribunal y Facul- tad del Fiscal 1. Si en el curso del juicio, antes de la culmi nación de la actividad probatoria, el Juez Penal observa la posibilidad de una califica ción jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al impu tado sobre esa posibilidad. Las

partes se

pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el Juez Penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que corres ponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el Juez Penal suspenderá el Juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente. 2. Durante el juicio el Fiscal, introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar la misma, mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su opor tunidad, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso, el Fiscal deberá advertir la variación de la cali ficación jurídica. 3. En relación con los hechos nuevos o circuns tancias atribuidas en la acusación comple mentaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las partes que tie nen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. La suspensión no superará el plazo de cinco días. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 397 inc. 2).

TÍTULO IV LA ACTUACIÓN PROBATORIA Art. 375.- Orden y modalidad del de- bate probatorio 1. El debate probatorio seguirá el siguiente or den: a) Examen del acusado; b) Actuación de los medios de prueba admi tidos; y, c) Oralización de los medios probatorios 2. El Juez Penal, escuchando a las partes, de cidirá el orden en que deben actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de los medios de prueba admitidos. 3. El interrogatorio directo de los órganos de prueba corresponde al Fiscal y a los aboga

dos de las partes.

4. El Juez durante el desarrollo de la actividad probatoria ejerce sus poderes para condu cirla regularmente. Puede intervenir cuando lo considere necesario a fin de que el Fiscal o los abogados de las partes hagan los escla recimientos que se les requiera o, excepcio nalmente, para interrogar a los órganos de prueba sólo cuando hubiera quedado algún vacío.

Art. 376.- Declaración del acusado 1. Si el acusado se rehusa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aun que no declare el juicio continuará, y se lee rán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal. 2. Si el acusado acepta ser interrogado, el exa men se sujetará a las siguientes reglas: a) El acusado aportará libre y oralmente re latos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso; b) El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás ele mentos necesarios para la medición de la pena y de la reparación civil; c) El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles; d) No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan res puestas sugeridas. 3. El Juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará, de oficio o a solici tud de parte, inadmisible las preguntas pro hibidas. 4. El último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio.

Art. 377.- Declaración en caso de pluralidad de acusados 1. Los acusados declararán, por su orden, se gún la lista establecida por el Juez Penal, previa consulta a las partes.

2. En este caso el examen se realizará indivi dualmente. El Juez, de oficio o a solicitud de las partes, podrá disponer que se examine separadamente a los acusados, a cuyo efecto los acusados restantes serán desalojados de la Sala de Audiencias. Culminado el interro gatorio del último acusado y encontrándose todos en la Sala de Audiencias, el Juez les hará conocer oralmente los puntos más im portantes de la declaración de cada uno de ellos. Si alguno de los acusados hiciese una aclaración o rectificación se hará constar en acta siempre que fuere pertinente y condu cente.

Art. 378.- Examen de testigos y peritos 1. El Juez, después de identificar adecuada mente al testigo o perito, dispondrá que preste juramento o promesa de decir la ver dad. 2. El examen de los testigos se sujeta en lo pertinente a las mismas reglas del interro gatorio del acusado. Corresponde, en pri mer lugar, el interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba y luego las restantes. Antes de declarar, los testigos no podrán co municarse entre sí, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la sala de audiencia. No se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el testimonio en el juicio. 3. El examen al testigo menor de dieciséis años de edad será conducido por el Juez en base a las preguntas y contrainterrogatorios pre sentados por el Fiscal y las demás partes. Podrá aceptarse el auxilio de un familiar del menor y/o de un experto en psicología. Si, oídas las partes, se considerase que el interrogatorio directo al menor de edad no perjudica su serenidad, se dispondrá que el interrogatorio prosiga con las formalidades previstas para los demás testigos. Esta deci sión puede ser revocada en el transcurso del interrogatorio. 4. El Juez moderará el interrogatorio y evitará

que el declarante conteste preguntas capcio

sas, sugestivas o impertinentes, y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presio nes indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes, en ese mismo acto, podrán solicitar la reposición de las decisio nes de quien dirige el debate, cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen. 5. El examen de los peritos se inicia con la ex posición breve del contenido y conclusio nes del dictamen pericial. Si es necesario se ordenará la lectura del dictamen pericial. Luego se exhibirá y se les preguntará si co rresponde al que han emitido, si ha sufrido alguna alteración y si es su firma la que apa rece al final del dictamen. A continuación se les pedirá expliquen las operaciones pericia les que han realizado, y serán interrogados por las partes en el orden que establezca el juez, comenzando por quien propuso la prueba y luego los restantes. 6. Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la par te correspondiente del acto sobre su inte rrogatorio anterior para hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se puede constatar o supe rar de otra manera 7. Los peritos podrán consultar documentos, notas escritas y publicaciones durante su interrogatorio. En caso sea necesario se realizará un debate pericial, para lo cual se ordenará la lectura de los dictámenes peri ciales o informes científicos o técnicos que se estimen convenientes. 8. Durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los he chos

presentadas en el juicio. 9. Los testigos y peritos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de su conoci miento. 10. A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieran decla rado en la audiencia.

CONCORDANCIAS: CP: Arts. 441; CPC: Arts. 222, 223, 262, 263; CPP (2004): Arts. 96, 118, 170, 174.

Art. 379.- Inconcurrencia del testigo o perito 1. Cuando el testigo o perito, oportunamente citado, no haya comparecido, el Juez orde nará que sea conducido compulsivamente y ordenará a quien lo propuso colabore con la diligencia. 2. Si el testigo o perito no puede ser localiza do para su conducción compulsiva, el juicio

2. Si se encuentran en lugar distinto al del jui cio, el juez se trasladará hasta el mismo o empleará el sistema de vídeo conferencia, en el primer supuesto los defensores podrán re presentar a las partes. 3. En casos excepcionales, el juez comisionará a otro órgano jurisdiccional para la práctica de la prueba, pudiendo intervenir en la mis ma los abogados de las partes, el acta deberá reproducir íntegramente la prueba y, si se cuenta con los medios técnicos correspon dientes, se reproducirá a través de video, filmación o audio.

continuará con prescindencia de esa prueba. CONCORDANCIAS: CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 232, 270; CPP (2004): Arts. 371.

Art. 380.- Examen especial del testigo o perito 1. El juez, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar que el acusado no esté presente en la audiencia durante un interrogatorio, si es de temer que otro procesado, un testigo o un perito no dirá la verdad en su presencia. 2. De igual manera se procederá si, en el interro gatorio de un menor de diez y seis años, es de temer un perjuicio relevante para él, o si, en el interrogatorio de otra persona como testigo o perito, en presencia del acusado, existe el peligro de un perjuicio grave para su integri dad física o salud. Tan pronto como el acusa do esté presente de nuevo, debe instruírsele sobre el contenido esencial de aquello que se ha dicho o discutido en su ausencia. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 222 y ss., 262 y ss.

Art. 381.- Audiencia especial para testigos y peritos 1. Los testigos y peritos que no puedan concu rrir a la Sala de Audiencias por un impedi mento justificado, serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez.

CPC: Arts. 222, 223, 262, 263.

Art. 382.- Prueba material 1. Los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio, siempre que sea ma terialmente posible, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes. 2. La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella. (*)

Art. 383.- Lectura de la prueba documental 1. Sólo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: a) Las actas anticipa da;

conteniendo

la

prueba

b) La denuncia, la prueba documental o de informes, y las certificaciones y constata ciones; c) Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podi

(*) Artículo modificado por el Artículo 3º del D. Leg. 983, pub. el 22/07/2007.

do concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su para dero o por causas independientes de la voluntad de las partes. También se darán lectura a los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe; d) Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leídas las declaraciones prestadas ante el Fiscal con la concurren cia o el debido emplazamiento de las par tes, siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior; y, e) Las actas levantadas por la Policía, el Fis cal o el Juez de la Investigación Prepara toria que contienen diligencias objetivas e irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en este Código o la Ley, tales como las actas de detención, reconoci miento, registro, inspección, revisión, pe saje, hallazgo, incautación y allanamien to, entre otras. 2. No son oralizables los documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la au diencia ni a la actuación de ésta. Todo otro documento o acta que pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá nin gún valor. 3. La oralización incluye, además del pedido de lectura, el de que se escuche o vea la parte pertinente del documento o acta. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 424 inc. 4).

Art. 384.- Trámite de la oralización 1. La oralización tendrá lugar cuando, indistin tamente, lo pida el Fiscal o los Defensores. La oralización se realizará por su orden, ini ciándola el Fiscal, continuándola el abogado del actor civil y del tercero civil, y culmi nando el abogado del acusado. Quien pida oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probato rio que considere útil. 2. Cuando los documentos o informes fueren muy voluminosos, se podrá prescindir de su

lectura íntegra. De igual manera, se podrá prescindir de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenándose su lectura o repro ducción parcial. 3. Los registros de imágenes, sonidos o en so porte informático podrán ser reproducidos en la audiencia, según su forma de reproduc ción habitual. 4. Una vez que se concluya la lectura o re producción de los documentos, el juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, si consideran necesario, expliquen aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido.

Art. 385.- Otros medios de prueba y prueba de oficio 1. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se halla realizado dicha di ligencia en la investigación preparatoria o ésta resultara manifiestamente insuficiente, el Juez Penal, de oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordena rá la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas ne cesarias para llevarlas a cabo. 2. El Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, po drá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensa bles o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez Penal cuidará de no reem plazar por este medio la actuación propia de las partes. 3. La resolución que se emita en ambos supues tos no es recurrible.

TÍTULO V LOS ALEGATOS FINALES Art. 386.- Desarrollo de la discusión final 1. Concluido el debate probatorio, la discusión final se desarrollará en el siguiente orden: a) Exposición oral del fiscal;

b) Alegatos de los abogados del actor civil y del tercero civil; c) Alegatos del abogado defensor del acusa do; d) Autodefensa del acusado. 2. No podrán leerse escritos, sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria o el empleo de medios gráficos o audiovisuales para una mejor ilustración al juez. 3. Si está presente el agraviado y desea expo ner, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el proceso. En todo caso, corresponderá la última palabra al acu sado. 4. El juez penal concederá la palabra por un tiempo prudencial en atención a la natura leza y complejidad de la causa. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusio nes de un modo concreto. En caso de ma nifiesto abuso de la palabra, el juez penal llamará la atención al orador y, si este per sistiere, podrá fijarle un tiempo límite en el que indefectiblemente dará por concluido el alegato. 5. Culminada la autodefensa del acusado, el juez penal declarará cerrado el debate. (*) CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 415; CPP (2004): Arts. 424 inc. 5).

Art. 387.- Alegato oral del Fiscal 1. El Fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos materia de la acusa ción escrita, la sustentará oralmente, expre sando los hechos probados y las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica de los mismos, la responsabilidad penal y civil del acusado, y de ser el caso, la responsabilidad del tercero civil, y concluirá precisando la pena y la reparación civil que solicita. 2. Si el Fiscal considera que del juicio han sur gido nuevas razones para pedir aumento o disminución de la pena o la reparación civil

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solicitadas en la acusación escrita, destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o reparación civil. De igual manera, en mérito a la prueba actuada en el juicio, pue de solicitar la imposición de una medida de seguridad, siempre que sobre ese extremo se hubiera producido el debate contradictorio correspondiente. 3. El Fiscal, en ese acto, podrá efectuar la co rrección de simples errores materiales o in cluir alguna circunstancia, siempre que no modifique esencialmente la imputación ni provoque indefensión y, sin que sea conside rada una acusación complementaria. 4. Si el Fiscal considera que los cargos formu lados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación. En este su puesto el trámite será el siguiente: a) El Juzgador, después de oír a los aboga dos de las demás partes, resolverá en la misma audiencia lo que corresponda o la suspenderá con tal fin por el término de dos días hábiles. b) Reabierta la audiencia, si el Juzgador está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal, dictará auto dando por retirada la acusación, ordenará la libertad del impu tado si estuviese preso y dispondrá el so breseimiento definitivo de la causa. c) Si el Juzgador discrepa del requerimien to del Fiscal, elevará los autos al Fiscal jerárquicamente superior para que de cida, dentro del tercer día, si el Fiscal inferior mantiene la acusación o si debe proceder con arreglo al literal anterior. d) La decisión del Fiscal jerárquicamente su perior vincula al Fiscal inferior y al Juzga dor.

Art. 388.- Alegato oral del actor civil 1. El abogado del actor civil argumentará sobre el agravio que el hecho ha ocasionado a su patrocinado, demostrará el derecho a la repa ración que tiene su defendido y destacará la

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(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013.

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cuantía en que estima el monto de la indemni zación, así como pedirá la restitución del bien, si aún es posible, o el pago de su valor. 2. El abogado del actor civil podrá esclarecer con toda amplitud los hechos delictuosos en tanto sean relevantes para la imputación de la responsabilidad civil, así como el conjunto de circunstancias que influyan en su apre ciación. Está prohibido de calificar el delito.

Art. 389.- Alegato oral del abogado del tercero civil 1. El abogado del tercero civil podrá negar la existencia del hecho delictivo atribuido al acusado, o refutar la existencia de la res ponsabilidad civil solidaria que le atribuye la acusación o el actor civil, o la magnitud del daño causado y el monto de la indemniza ción solicitada. 2. El abogado del tercero civil podrá referirse íntegramente al hecho objeto de imputación y, sin cuestionar el ámbito penal de la misma, resaltar la inexistencia de los criterios de im putación de derecho civil.

Art. 390.- Alegato oral del abogado defensor del acusado 1. El abogado defensor del acusado analizará los argumentos de la imputación en cuanto a los elementos y circunstancias del delito, la responsabilidad penal y grado de partici pación que se atribuye a su patrocinado, la pena y la reparación civil solicitadas, y si fue re el caso las rebatirá. 2. Concluirá su alegato solicitando la absolu ción del acusado o la atenuación de la pena, o de ser el caso cualquier otro pedido que favorezca a su patrocinado.

Art. 391.- Autodefensa del acusado 1. Concluidos los alegatos orales, se concede rá la palabra al acusado para que exponga lo que estime conveniente a su defensa. Li mitará su exposición al tiempo que se le ha fijado y a lo que es materia del juicio. Si no cumple con la limitación precedente se le po drá llamar la atención y requerirlo para que

2. Si el acusado incumple con la limitación im puesta, se dará por terminada su exposición y, en caso grave, se dispondrá se le desaloje de la Sala de Audiencias. En este último su puesto, la sentencia podrá leerse no estando presente el acusado pero estando su defen sor o el nombrado de oficio, sin perjuicio de notificársele con arreglo a Ley.

TÍTULO VI LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA Art. 392.- Deliberación 1. Cerrado el debate, los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta. 2. La deliberación no podrá extenderse más allá de dos días, ni podrá suspenderse por más de tres días en caso de enfermedad del juez o de alguno de los jueces del Juzgado Colegiado. En los procesos complejos el pla zo es el doble en todos los casos previstos en el párrafo anterior. 3. Transcurrido el plazo sin que se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse ante otro Juzgado, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad disciplinaria que correspon dan. 4. Las decisiones se adoptan por mayoría. Si ésta no se produce en relación con los mon tos de la pena y la reparación civil, se aplica rá el término medio. Para imponer la pena de cadena perpetua se requerirá decisión uná nime. concrete su exposición.

CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 164, 417.

Art. 393.- Normas para la deliberación y votación 1. El Juez Penal no podrá utilizar para la deli beración pruebas diferentes a aquellas legí timamente incorporadas en el juicio. 2. El Juez Penal para la apreciación de las prue bas procederá primero a examinarlas indi vidualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente

conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimien tos científicos.

y clara de la condena o absolución de cada

3. La deliberación y votación se referirá a las siguientes cuestiones: a) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento; b) Las relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias; c) Las relativas a la responsabilidad del acu sado, las circunstancias modificatorias de la misma y su grado de participación en el hecho; d) La calificación legal del hecho cometido; e) La individualización de la pena aplicable y, de ser el caso, de la medida de seguri dad que la sustituya o concurra con ella; f) La reparación civil y consecuencias acce sorias; y, g) Cuando corresponda, lo relativo a las costas. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 164; CPP (2004): Arts. 425 inc. 1).

Art. 394.- Requisitos de la sentencia La sentencia contendrá: 1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fe cha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado; 2. La enunciación de los hechos y circunstan cias objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa del acusado; 3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valo ración de la prueba que la sustenta, con indi cación del razonamiento que la justifique; 4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídi camente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo; 5. La parte resolutiva, con mención expresa

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uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del de lito; 6. La firma del Juez o Jueces. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 122; CJMP: Arts. 163, 418.

Art. 395.- Redacción de la sentencia Inmediatamente después de la deliberación, la sentencia será redactada por el Juez o el Di rector del Debate según el caso. Los párrafos se expresarán en orden numérico correlativo y referentes a cada cuestión relevante. En la re dacción de las sentencias se pueden emplear números en la mención de normas legales y ju risprudencia, y también notas al pie de página para la cita de doctrina, bibliografía, datos ju risprudenciales y temas adicionales que sirvan para ampliar los conceptos o argumentos utili zados en la motivación. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 163, 419.

Art. 396.- Lectura de la sentencia 1. El Juez Penal, Unipersonal o Colegiado, se gún el caso, se constituirá nuevamente en la Sala de Audiencias, después de ser convo cadas verbalmente las partes, y la sentencia será leída ante quienes comparezcan. 2. Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa oportuni dad se leerá tan sólo su parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos que motivaron la decisión, anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los ocho días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva ante quienes comparezcan. 3. La sentencia quedará notificada con su lec tura integral en audiencia pública. Las partes inmediatamente recibirán copia de ella.

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Art. 397.- Correlación entre acusación y sentencia 1. La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descri tos en la acusación y, en su caso, en la acusa ción ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado. 2. En la condena, no se podrá modificar la cali ficación jurídica del hecho objeto de la acu sación o su ampliatoria, salvo que el Juez Penal haya dado cumplimiento al numeral 1) del artículo 374º. 3. El Juez Penal no podrá aplicar pena más gra ve que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 420; CPP (2004): Arts. 374.

Art. 398.- Sentencia absolutoria 1. La motivación de la sentencia absolutoria destacará especialmente la existencia o no del hecho imputado, las razones por las cua les el hecho no constituye delito, así como, de ser el caso, la declaración de que el acusa do no ha intervenido en su perpetración, que los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad, que subsiste una duda sobre la misma, o que está proba da una causal que lo exime de responsabili dad penal. 2. La sentencia absolutoria ordenará la libertad del acusado, la cesación de las medidas de coerción, la restitución de los objetos afecta dos al proceso que no estén sujetos a comi so, las inscripciones necesarias, la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que generó el caso, y fijará las costas. 3. La libertad del imputado y el alzamiento de las demás medidas de coerción procesal se dispondrán aún cuando la sentencia absolu toria no esté firme. De igual modo, se sus penderán inmediatamente las órdenes de captura impartidas en su contra. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 163, 421, 452; CPP (2004): Arts. 468 inc. 6).

Art. 399.- Sentencia condenatoria 1. La sentencia condenatoria fijará, con preci sión, las penas o medidas de seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de libertad y las obligacio nes que deberá cumplir el condenado. Si se impone pena privativa de libertad efectiva, para los efectos del cómputo se descontará, de ser el caso, el tiempo de detención, de prisión preventiva y de detención domici liaria que hubiera cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de ex tradición instaurado para someterlo a proce so en el país. 2. En las penas o medidas de seguridad se fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza, descontando los períodos de deten ción o prisión preventiva cumplidos por el condenado. Se fijará, asimismo, el plazo den tro del cual se deberá pagar la multa. 3. En tanto haya sido materia de debate, se unificarán las condenas o penas cuando corresponda. En caso contrario se revocará el beneficio penitenciario concedido al con denado en ejecución de sentencia anterior, supuesto en el que debe cumplir las penas sucesivamente. 4. La sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil, ordenando –cuan do corresponda la restitución del bien o su valor y el monto de la indemnización que corresponda, las consecuencias accesorias del delito, las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos. 5. Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en libertad, el Juez podrá disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente que no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 451; CPP (2004): Arts. I, II, VIII, IX, X, 158 inc. 2), 303 inc. 7), 306 inc. 2), 394 inc. 5), 399, 403, 416 inc. 1), 418 inc. 2), 419 inc. 2), 419 inc. 2), 425 inc. 3), 467, 488, 500 inc. 2), 527 inc. 2).

Art. 400.- Responsabilidad de persona no comprendida en el proceso o comi- sión de otro delito 1. Si de las pruebas actuadas resultara que un testigo ha declarado falsamente o se infie re responsabilidad penal de cualquier otra persona no comprendida en el proceso o se descubre otro hecho delictuoso similar, distinto o conexo con el que es materia del juzgamiento y es perseguible por ejercicio público de la acción penal, la sentencia dis pondrá que estos hechos se pongan en cono cimiento de la Fiscalía competente para los fines legales que correspondan, a la que se enviará copia certificado de lo actuado. 2. El testigo a quien se atribuya declaración fal sa sobre el caso materia de juzgamiento no será procesado por ese delito mientras no se ordene en la sentencia que se expida en ese procedimiento y quede firme.

Art. 401.- Recurso de apelación

de fuga, podrá optar por su inmediata ejecu ción o imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288º mientras se re suelve el recurso. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 288.

Art. 403.- Inscripción de la condena 1. Se inscribirán en el Registro correspondien te, a cargo del Poder Judicial, todas las pe nas y medidas de seguridad impuestas y que constan de sentencia firme. 2. La inscripción caducará automáticamente con el cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta.

LIBRO CUARTO LA IMPUGNACIÓN SECCIÓN I PRECEPTOS GENERALES

1. Al concluir la lectura de la sentencia, el Juz gador preguntará a quien corresponda si interpone recurso de apelación. No es nece sario que en ese acto fundamente el recurso. También puede reservarse la decisión de im pugnación.

Art. 404.- Facultad de recurrir

2. Para los acusados no concurrentes a la au diencia, el plazo empieza a correr desde el día siguiente de la notificación en su domici lio procesal.

2. El derecho de impugnación corresponde sólo a quien la Ley se lo confiere expresamente. Si la Ley no distingue entre los diversos su jetos procesales, el derecho corresponde a cualquiera de ellos.

3. Rige en lo pertinente lo dispuesto en el artí culo 405º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 405, 416, 417.

Art. 402.- Ejecución provisional 1. La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitati va de derechos. 2. Si el condenado estuviere en libertad y se im pone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez

1. Las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los medios y en los casos expresa mente establecidos por la Ley. Los recursos impugnatorios se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida.

3. El defensor podrá recurrir directamente en favor de su patrocinado, quien posterior mente si no está conforme podrá desistirse. El desistimiento requiere autorización ex presa de abogado defensor. 4. Los sujetos procesales, cuando tengan dere cho de recurrir, podrán adherirse, antes que el expediente se eleve al Juez que correspon da, al recurso interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que cumpla con las formalida des de interposición. Penal según su naturaleza o gravedad y el peligro

CONCORDANCIAS: C: Arts. 139 inc. 3), 6); CJMP: Arts. 449; CPP (2004): Arts. 13; LOPJ: Arts. 11.

Art. 405.- Formalidades del recurso 1. Para la admisión del recurso se requiere: a) Que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello. El Ministerio Público puede re currir incluso a favor del imputado. b) Que sea interpuesto por escrito y en el plazo previsto por la Ley. También pue de ser interpuesto en forma oral, cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso el re curso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. c) Que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugna ción, y se expresen los fundamentos, con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. 2. Los recursos interpuestos oralmente contra las resoluciones finales expedidas en la audiencia se formalizarán por escrito en el plazo de cinco días, salvo disposición distinta de la Ley. 3. El Juez que emitió la resolución impugnada, se pronunciará sobre la admisión del recur so y notificará su decisión a todas las partes, luego de lo cual inmediatamente elevará los actuados al órgano jurisdiccional competen te. El Juez que deba conocer la impugnación, aún de oficio, podrá controlar la admisibili dad del recurso y, en su caso, podrá anular el concesorio. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 451; CPP (2004): Arts. 11, 12, 401, 428, 430; LOPJ: Arts. 126.

Art. 406.- Desistimiento 1. Quienes hayan interpuesto un recurso pue den desistirse antes de expedirse resolución sobre el grado, expresando sus fundamentos. 2. El defensor no podrá desistirse de los recur sos interpuestos por él sin mandato expreso de su patrocinado, posterior a la interposi

3. El desistimiento no perjudicará a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 340, 341 y ss; CPP (2004): Arts. 13.

Art. 407.- Ámbito del recurso 1. El imputado y el Ministerio Público podrán impugnar, indistintamente, del objeto penal o del objeto civil de la resolución. 2. El actor civil sólo podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución.

Art. 408.- Extensión del recurso 1. Cuando en un procedimiento hay coimputa dos, la impugnación de uno de ellos favore cerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente perso nales. 2. La impugnación presentada por imputado favorece al tercero civil.

el

3. La impugnación presentada por el tercero civil favorece al imputado, en cuanto no se haya fundamentado en motivos exclusiva mente personales.

Art. 409.- Competencia del Tribunal Revisor 1. La impugnación confiere al Tribunal compe tencia solamente para resolver la materia im pugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustancia les no advertidas por el impugnante. 2. Los errores de derecho en la fundamenta ción de la decisión recurrida que no hayan influido en la parte resolutiva no la anulará, pero serán corregidos. De igual manera se procederá en los casos de error material en la denominación o el cómputo de las penas. 3. La impugnación del Ministerio Público per mitirá revocar o modificar la resolución aún a favor del imputado. La impugnación inter puesta exclusivamente por el imputado no permite modificación en su perjuicio. ción del recurso.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 425 inc. 3).

Art. 410.- Impugnación diferida 1. En los procesos con pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte auto de sobre seimiento, estando pendiente el juzgamiento de los otros, la impugnación que se presente si es concedida reservará la remisión de los autos hasta que se pronuncie la sentencia que ponga fin a la instancia, salvo que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las par tes. 2. En este último caso, la parte afectada podrá interponer recurso de queja, en el modo y forma previsto por la Ley. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 425 inc. 3).

Art. 411.- Libertad de los imputados Los imputados que hayan sobrepasado el tiem po de la pena impuesta por una sentencia pen diente de recurso, sin perjuicio que éste sea re suelto, serán puestos en inmediata libertad. El juzgador está facultado para dictar las medidas que aseguren la presencia del imputado, siendo aplicable en lo pertinente las restricciones con templadas en el artículo 288º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 288.

Art. 412.- Ejecución provisional 1. Salvo disposición contraría de la Ley, la re solución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las dis posiciones pertinentes si el caso lo requiere. 2. Las impugnaciones contra las sentencias y demás resoluciones que dispongan la liber tad del imputado no podrán tener efecto suspensivo.

SECCIÓN II LOS RECURSOS Art. 413.- Clases Los recursos contra las resoluciones judiciales son: 1. Recurso de reposición 2. Recurso de apelación

3. Recurso de casación 4. Recurso de queja CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 414.- Plazos 1. Los plazos para la interposición de los recur sos, salvo disposición legal distinta, son: a) Diez días para el recurso de casación b) Cinco días para el recurso de apelación contra sentencias c) Tres días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios y el recurso de queja d) Dos días para el recurso de reposición 2. El plazo se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

SECCIÓN III EL RECURSO DE REPOSICIÓN Art. 415.- Ámbito 1. El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el Juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia. 2. El trámite que se observará será el siguiente: a) Si interpuesto el recurso el Juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite. b) Si no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito con las formalidades ya esta blecidas. Si el Juez lo considera necesa rio, conferirá traslado por el plazo de dos días. Vencido el plazo, resolverá con su contestación o sin ella.

3. El auto que resuelve la reposición es inim pugnable. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 256; CPP (2004): Arts. 420 inc. 4), 421 inc. 2).

SECCIÓN IV EL RECURSO DE APELACIÓN TÍTULO I PRECEPTOS GENERALES Art. 416.- Resoluciones apelables y exigencia formal 1. El recurso de apelación procederá contra: a) Las sentencias; b) Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que decla ren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia; c) Los autos que revoquen la condena con dicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la pena; d) Los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre aplica ción de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva; e) Los autos expresamente declarados ape lables o que causen gravamen irrepara ble. 2. Cuando la Sala Penal Superior tenga su sede en un lugar distinto del Juzgado, el recurren te deberá fijar domicilio procesal en la sede de Corte dentro del quinto día de notificado el concesorio del recurso de apelación. En caso contrario, se le tendrá por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones dictadas por la Sala Penal Su perior. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 364, 365 y ss; CPP (2004): Arts. 9, 27, 28 inc. 5.b), 37, 46 inc. 2), 49, 103, 154 inc. 3), 204, 251, 267, 274 inc. 3), 278, 279, 280, 284, 296 inc. 4), 311 inc. 4), 315 inc. 2), 319 inc. 2), 3), 347 inc. 3), 352 inc. 3), 401, 414, 417, 420, 421, 428, 450 inc. 2), 7), 454 inc. 4), 457 inc. 4), 466, 477 inc. 4), 478, 480, 486, 491 inc. 6), 493 inc. 3), 521 inc. 5), 537

Art. 417.- Competencia 1. Contra las decisiones emitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria, así como contra las expedidas por el Juzgado Penal, unipersonal o colegiado, conoce el recurso la Sala Penal Superior. 2. Contra las sentencias emitidas por el Juz gado de Paz Letrado, conoce del recurso el Juzgado Penal unipersonal. CONCORDANCIAS: inc. 3), 557 inc. 7); Ley 27939: Art. 4.

CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 418.- Efectos 1. El recurso de apelación tendrá efecto sus pensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia. 2. Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efec tiva, este extremo se ejecutará provisional mente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, aten diendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 419.- Facultades de la Sala Penal Superior 1. La apelación atribuye a la Sala Penal Supe rior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recu rrida tanto en la declaración de hechos cuan to en la aplicación del derecho. 2. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugna da sea anulada o revocada, total o parcial mente. En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias podrá dictar senten cia condenatoria. 3. Bastan dos votos conformes para absolver el grado. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 409, 416, 417 y ss.

TÍTULO II LA APELACIÓN DE AUTOS Art. 420.- Trámite 1. Recibidos los autos, salvo los casos expre samente previstos en este Código, la Sala conferirá traslado del escrito de fundamen tación del recurso de apelación al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días. 2. Absuelto el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal Superior estima in admisible el recurso podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, la causa queda ex pedita para ser resuelta, y se señalará día y hora para la audiencia de apelación. 3. Antes de la notificación de dicho decreto, el Ministerio Público y los demás sujetos pro cesales pueden presentar prueba documen tal o solicitar se agregue a los autos algún acto de investigación actuado con posterio ridad a la interposición del recurso, de lo que se pondrá en conocimiento a los sujetos procesales por el plazo de tres días. Excep cionalmente la Sala podrá solicitar otras co pias o las actuaciones originales, sin que esto implique la paralización del procedimiento. 4. El auto en el que la Sala declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de re posición, que se tramitará conforme al artí culo 415º. 5. A la audiencia de apelación podrán concu rrir los sujetos procesales que lo estimen conveniente. En la audiencia, que no podrá aplazarse por ninguna circunstancia, se dará cuenta de la resolución recurrida, de los fundamentos del recurso y, acto seguido, se oirá al abogado del recurrente y a los demás abogados de las partes asistentes. El acusa do, en todo caso, tendrá derecho a la última palabra. 6. En cualquier momento de la audiencia, la Sala podrá formular preguntas al Fiscal o a los abogados de los demás sujetos procesa les, o pedirles que profundicen su argumen tación o la refieran a algún aspecto específi

7. Salvo los casos expresamente previstos en este Código, la Sala absolverá el grado en el plazo de veinte días. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 103, 415, 416, 417 y ss.

TÍTULO III LA APELACIÓN DE SENTENCIAS Art. 421.- Trámite inicial 1. Recibidos los autos, la Sala conferirá trasla do del escrito de fundamentación del recur so de apelación por el plazo de cinco días. 2. Cumplida la absolución de agravios o ven cido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal Superior estima inadmisible el recurso po drá rechazarlo de plano. En caso contrario, comunicará a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de cinco días. El auto que declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición, que se tramitará conforme al artículo 415º. co de la cuestión debatida.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 415, 416 y ss.

Art. 422.- Pruebas en Segunda Instan- cia 1. El escrito de ofrecimiento de pruebas debe rá indicar específicamente, bajo sanción de inadmisibilidad, el aporte que espera de la prueba ofrecida. 2. Sólo se admitirán los siguientes medios de prueba: a) Los que no se pudo proponer en prime ra instancia por desconocimiento de su existencia; b) Los propuestos que fueron indebida mente denegados, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva; y, c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él. 3. Sólo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de ino cencia. Si sólo se cuestiona la determinación judicial de la sanción, las pruebas estarán re

feridas a ese único extremo. Si la apelación en su conjunto sólo se refiere al objeto civil del proceso, rigen los límites estipulados en el artículo 374º del Código Procesal Civil.

4. La Sala mediante auto, en el plazo de tres días, decidirá la admisibilidad de las prue bas ofrecidas en función a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 155º y a los puntos materia de discusión en la apelación. La re solución es inimpugnable. 5. También serán citados aquellos testigos in cluidos los agraviados que han declarado en primera instancia, siempre que la Sala por exigencias de inmediación y contradic ción considere indispensable su concurren cia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan insistido en su presencia, en cuyo caso se es tará a lo que aparece transcrito en el acta del juicio. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 374; CPP (2004): Arts. 155 inc. 2).

Art. 423 . Emplazamiento para la audiencia de apelación 1. Decidida la admisibilidad de la prueba ofre cida, en ese mismo auto se convocará a las partes, incluso a los imputados no recurren tes, para la audiencia de apelación. 2. Es obligatoria la asistencia del Fiscal y del im putado recurrente, así como de todos los im putados recurridos en caso la impugnación fuere interpuesta por el Fiscal. 3. Si el acusado recurrente no concurre injus tificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso. De igual manera se procederá si no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente. 4. Si los imputados son partes recurridas, su inasistencia no impedirá la realización de la audiencia, sin perjuicio de disponer su con ducción coactiva y declararlos reos contu maces.

ración de inadmisibilidad de la apelación; y, 6. Si la apelación en su conjunto sólo se refiere al objeto civil del proceso, no es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil. 5. Es, asimismo, obligatoria la concurrencia de las partes privadas si ellas únicamente han interpuesto el recurso, bajo sanción de decla

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 79.

Art. 424.- Audiencia de apelación 1. En la audiencia de apelación se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas relati vas al juicio de primera instancia. 2. Al iniciar el debate se hará una relación de la sentencia recurrida y de las impugnaciones correspondientes. Acto seguido, se dará la oportunidad a las partes para desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para que ratifiquen los motivos de la apelación. 3. A continuación se actuarán las pruebas ad mitidas. El interrogatorio de los imputados es un paso obligatorio cuando se discute el juicio de hecho de la sentencia de primera instancia, salvo que decidan abstenerse de declarar. 4. Pueden darse lectura en la audiencia de ape lación, aún de oficio, al informe pericial y al examen del perito, a las actuaciones del jui cio de primera instancia no objetadas por las partes, así como, dentro de los límites pre vistos en el artículo 383º, a las actuaciones cumplidas en las etapas precedentes. 5. Al culminar la actuación de pruebas, las par tes alegarán por su orden empezando por las recurrentes, de conformidad en lo pertinen te con el numeral 1) del artículo 386º. El im putado tendrá derecho a la última palabra. Rige lo dispuesto en el numeral 5) del artícu lo 386º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 13, 383, 386 inc. 1), 5); 431 inc. 3).

Art. 425.- Sentencia de Segunda Instancia 1. Rige para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda instancia lo dispuesto, en lo pertinente, en el

artículo 393º. El plazo

para dictar sentencia no podrá exceder de diez días. Para la absolución del grado se re quiere mayoría de votos. 2. La Sala Penal Superior sólo valorará inde pendientemente la prueba actuada en la au diencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar dife rente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor proba torio sea cuestionado por una prueba actua da en segunda instancia. 3. La sentencia de segunda instancia, sin per juicio de lo dispuesto en el artículo 409º, puede: a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer se re mitan los autos al Juez que corresponda

rrección y recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para su admisión. 6. Leída y notificada la sentencia de segunda instancia, luego de vencerse el plazo para in tentar recurrirla, el expediente será remitido al Juez que corresponde ejecutarla conforme a lo dispuesto en este Código. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 393, 409, 426, 431 inc. 4), 443 inc. 5).

Art. 426.- Nulidad del juicio 1. En los casos del literal a) del numeral 3) del artículo anterior, no podrán intervenir los jueces que conocieron del juicio anulado. 2. Si el nuevo juicio se dispuso como conse cuencia de un recurso a favor del imputado, en éste no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el primero.

para la subsanación a que hubiere lugar; b) Dentro de los límites del recurso, confir mar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es abso lutoria puede dictar sentencia condena toria imponiendo las sanciones y repa ración civil a que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el Juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria pue de dictar sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso corres pondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de segu ridad.

5. Contra la sentencia de segunda instancia sólo procede el pedido de aclaración o co

4. La sentencia de segunda instancia se pro nunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fe cha de la audiencia. El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna circunstancia.

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CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 425 inc. 3.a).

SECCIÓN V EL RECURSO DE CASACIÓN Art. 427.- Procedencia 1. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobresei miento, y los autos que pongan fin al proce dimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, re serva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores. 2. La procedencia del recurso de casación, en los supuestos indicados en el numeral 1), está sujeta a las siguientes limitaciones: a) Si se trata de autos que pongan fin al pro cedimiento, cuando el delito imputado más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años. b) Si se trata de sentencias, cuando el de lito más grave a que se refiere la acusa ción escrita del Fiscal tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor a seis años.

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c) Si se trata de sentencias que impongan una medida de seguridad, cuando ésta sea la de internación. 3. Si la impugnación se refiere a la responsabi lidad civil, cuando el monto fijado en la sen tencia de primera o de segunda instancia sea superior a cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente. 4. Excepcionalmente, será procedente el re curso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 384, 385 y ss; CPP (2004): Arts. 430 inc. 3); D.S. 016-2005-JUS: Art. 1 ss.

Art. 428.- Desestimación 1. La Sala Penal de la Corte Suprema declara rá la inadmisibilidad del recurso de casación cuando: a) no se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 405º y 429º; b) se hubiere interpuesto por motivos dis tintos a los enumerados en el Código; c) se refiere a resoluciones no impugnables

3. En estos casos la inadmisibilidad del recurso podrá afectar a todos los motivos aducidos o referirse solamente a alguno de ellos. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 405, 416, 417, 429, 430 inc. 6);

Art. 429.- Causales Son causales para interponer recurso de casa ción: 1. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garan tías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea apli cación de dichas garantías. 2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de ca rácter procesal sancionadas con la nulidad. 3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplica ción. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 5. Si la sentencia o auto se aparta de la doc trina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal Cons titucional.

en casación; y, d) el recurrente hubiera consentido previa mente la resolución adversa de primera instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o, si invoca violaciones de la Ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su re curso de apelación. 2. También declarará la inadmisibilidad del re curso cuando: a) carezca manifiestamente de fundamento; b) se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no da argumentos sufi cientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya estableci da.

CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 386; CPP (2004): Arts. 428, 430 inc. 3).

Art. 430.- Interposición y admisión 1. El recurso de casación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 405º, debe indicar separadamente cada causal invocada. Asi mismo, citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplica dos o inobservados, precisará el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión, y expresará especí ficamente cuál es la aplicación que pretende. 2. Interpuesto recurso de casación, la Sala Penal Superior sólo podrá declarar su inad

misibilidad en los supuestos previstos en el artículo 405º o cuando se invoquen causales distintas de los enumerados en el Código.

3. Si se invoca el numeral 4) del artículo 427º, sin perjuicio de señalarse y justificarse la causal que corresponda conforme al artí culo 429º, el recurrente deberá consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina juris prudencial que pretende. En este supuesto, la Sala Penal Superior, para la concesión del recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, constatará la existencia de la fundamentación específica exigida en es tos casos. 4. Si la Sala Penal Superior concede el recurso, dispondrá se notifiquen a todas las partes y se les emplazará para que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y, si la cau sa proviene de un Distrito Judicial distinto de Lima, fijen nuevo domicilio procesal dentro del décimo día siguiente al de la notificación. 5. Elevado el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema, se correrá traslado del re curso a las demás partes por el plazo de diez días, siempre que previamente hubieren cumplido ante la Sala Penal Superior con lo dispuesto en el numeral anterior. Si, confor me a lo dispuesto en el numeral anterior, no se señaló nuevo domicilio procesal, se tendrá al infractor por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones que se dicten por la Sala Penal Suprema. 6. Acto seguido y sin trámite alguno, mediante auto, decidirá conforme al artículo 428º si el recurso está bien concedido y si procede conocer el fondo del mismo. Esta resolución se expedirá dentro del plazo de veinte días. Bastan tres votos para decidir si procede co nocer el fondo del asunto. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 405, 427, 428, 429.

Art. 431.- Preparación y Audiencia 1. Concedido el recurso de casación, el expe diente quedará diez días en la Secretaría de la Sala para que los interesados puedan exa minarlo y presentar, si lo estiman convenien te, alegatos ampliatorios.

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2. Vencido el plazo, se señalará día y hora para la audiencia de casación, con citación de las partes apersonadas. La audiencia se instala rá con la concurrencia de las partes que asis tan. En todo caso, la falta de comparecencia injustificada del Fiscal, en caso el recurso haya sido interpuesto por el Ministerio Pú blico, o del abogado de la parte recurrente, dará lugar a que se declare inadmisible el re curso de casación. 3. Instalada la audiencia, primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. Si existen varios recurrentes, se seguirá el orden fijado en el numeral 5) del artículo 424º, luego de lo cual informarán los abogados de las partes recurridas. Si asiste el imputado, se le conce derá la palabra en último término. 4. Culminada la audiencia, la Sala procederá, en lo pertinente, conforme a los numerales 1) y 4) del artículo 425º. La sentencia se ex pedirá en el plazo de veinte días. El recur so de casación se resuelve con cuatro votos conformes. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 424 inc. 5), 425 inc. 4);

Art. 432.- Competencia 1. El recurso atribuye a la Sala Penal de la Cor te Suprema el conocimiento del proceso sólo en cuanto a las causales de casación expre samente invocadas por el recurrente, sin perjuicio de las cuestiones que sean declara bles de oficio en cualquier estado y grado del proceso. 2. La competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Está sujeta de manera absoluta a los hechos le galmente comprobados y establecidos en la sentencia o auto recurridos. 3. Los errores jurídicos de la sentencia recurri da que no influyeren en su parte dispositiva no causan nulidad. La Sala deberá corregir los en la sentencia casatoria.

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Art. 433.- Contenido de la sentencia casatoria y Pleno Casatorio 1. Si la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema declara fundado el recurso, ade más de declarar la nulidad de la sentencia o auto recurridos, podrá decidir por sí el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate, u ordenar el reenvió del proceso. La sentencia se notificará a todas las partes, in cluso a las no recurrentes. 2. Si opta por la anulación sin reenvío en la misma sentencia se pronunciará sobre el fondo dictando el fallo que deba reemplazar el recurrido. Si decide la anulación con re envió, indicará el Juez o Sala Penal Superior competente y el acto procesal que deba re novarse. El órgano jurisdiccional que reciba los autos, procederá de conformidad con lo resuelto por la Sala Penal Suprema. 3. En todo caso, la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, aten diendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos ju risdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique. Si existiere otra Sala Penal o ésta se integra con otros Vocales, sin perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su instancia, se con vocará inmediatamente al Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Supre ma para la decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría absoluta. En este últi mo supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la resolución que se dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motiva. La resolución que declare la doc trina jurisprudencial se publicará en el diario oficial. 4. Si se advirtiere que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la Sala Penal en sus decisiones sostuvieran criterios discrepan tes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada norma, de oficio o a instan cia

del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, en relación a los ámbitos referi

dos a su atribución constitucional, obligato riamente se reunirá el Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema. En este caso, previa a la decisión del Pleno, que anunciará el asunto que lo motiva, se seña lará día y hora para la vista de la causa, con citación del Ministerio Público y, en su caso, de la Defensoría del Pueblo. Rige, en lo perti nente, lo dispuesto en el numeral anterior.

Art. 434.- Efectos de la anulación 1. La anulación del auto o sentencia recurridos podrá ser total o parcial. 2. Si no han anulado todas las disposiciones de la sentencia impugnada, ésta tendrá valor de cosa juzgada en las partes que no tengan nexo esencial con la parte anulada. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará en la parte resolutiva de la sentencia casatoria, cuando ello sea necesario, qué partes de la sentencia impugnada adquieren ejecutoria.

Art. 435.- Libertad del imputado Cuando por efecto de la casación del auto o sentencia recurridos deba cesar la detención del procesado, la Sala Penal de la Corte Supre ma ordenará directamente la libertad. De igual modo procederá, respecto de otras medidas de coerción.

Art. 436.- Improcedencia de recursos 1. La sentencia casatoria no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la acción de revisión de la sentencia condenatoria previs ta en este Código. 2. Tampoco será susceptible de impugnación la sentencia que se dictare en el juicio de re envío por la causal acogida en la sentencia casatoria. Sí lo será, en cambio, si se refiere a otras causales distintas de las resueltas por la sentencia casatoria.

SECCIÓN VI EL RECURSO DE QUEJA Art. 437.- Procedencia y efectos 1. Procede recurso de queja de derecho contra la resolución del Juez que declara inadmisi ble el recurso de apelación.

2. También procede recurso de queja de dere cho contra la resolución de la Sala Penal Su perior que declara inadmisible el recurso de casación. 3. El recurso de queja de derecho se interpo ne ante el órgano jurisdiccional superior del que denegó el recurso.

Art. 439.- Procedencia La revisión de las sentencias condenatorias fir mes procede, sin limitación temporal y sólo a fa vor del condenado, en los siguientes casos:

4. La interposición del recurso no suspende la tramitación del principal, ni la eficacia de la resolución denegatoria. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 401, 402 y ss; CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 438.- Trámite 1. En el recurso de queja se precisará el moti vo de su interposición con invocación de la norma jurídica vulnerada. Se acompañará el escrito que motivó la resolución recurrida y, en su caso, los referentes a su tramitación; la resolución recurrida; el escrito en que se recurre; y, la resolución denegatoria. 2. Rige lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 403º del Código Procesal Civil. 3. Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccio nal competente decidirá, sin trámite alguno, su admisibilidad y, en su caso, su fundabili dad. Para decidir, puede solicitarse al órgano jurisdiccional inferior copia de alguna actua ción procesal. Este requerimiento puede cur sarse por fax u otro medio adecuado. 4. Si se declara fundada la queja, se concede el recurso y se ordena al Juez de la causa envíe el expediente o ejecute lo que corresponda, sin perjuicio de la notificación a las partes. 5. Si se declara infundada la queja, se comunica la decisión al Ministerio Público y a los de más sujetos procesales. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 403.

SECCIÓN VII LA ACCIÓN DE REVISIÓN GRUPO EDITORIAL Lex &

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1. Cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguri dad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada, y no pu diendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados. 2. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada. 3. Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, ca rece de valor probatorio que se le asignara por falsedad, invalidez, adulteración o falsi ficación. 4. Si con posterioridad a la sentencia se des cubren hechos o medios de prueba, no co nocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado. 5. Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el Juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado. 6. Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema.

Art. 440.- Legitimación 1. La acción de revisión podrá ser promovida por el Fiscal Supremo en lo Penal y por el condenado. 2. Si el condenado fuere incapaz, podrá ser promovida por su representante legal; y, si hubiera fallecido o estuviere imposibilitado de hacerlo, por su cónyuge, sus ascendien tes, descendientes o hermanos, en ese or den.

Art. 441.- Contenido de la demanda 1. La demanda de revisión será presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Debe contener lo siguiente:

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a) La determinación precisa de la sentencia cuya revisión se demanda, con indicación del órgano jurisdiccional que la dictó; b) La causal invocada y la referencia espe cífica y completa de los hechos en que se funda, así como las disposiciones legales pertinentes. c) La indemnización que se pretende, con indicación precisa de su monto. Este re quisito es potestativo. 2. Se acompañará copia de las sentencias ex pedidas en el proceso cuya revisión se de manda. Asimismo, se acompañará la prueba documental si el caso lo permite o la indica ción del archivo donde puede encontrarse la misma. 3. Cuando la demostración de la causal de revi sión no surge de una sentencia judicial irre vocable, el recurrente deberá indicar todos los medios de prueba que acrediten la ver dad de sus afirmaciones. 4. La Sala Penal de la Corte Suprema podrá otorgar un plazo al demandante para que complete los requisitos faltantes.

Art. 442.- Efectos La interposición de la demanda de revisión no suspende la ejecución de la sentencia. Sin em bargo, en cualquier momento del procedimien to, la Sala podrá suspender la ejecución de la sentencia impugnada y disponer, de ser el caso, la libertad del imputado, incluso aplicando, si correspondiere, una medida de coerción alter nativa.

Art. 443.- Trámite 1. Interpuesta la demanda con sus recaudos, la Sala examinará si reúne los requisitos exigi dos en los artículos anteriores. Si la deman da fuera inadmitida, la decisión se tomará mediante auto dictado por unanimidad. 2. Si se admite la demanda, la Sala dará cono cimiento de la demanda al Fiscal o al con denado, según el caso. Asimismo, solicitará el expediente de cuya revisión se trate y, si correspondiera, la prueba documental seña lada por el demandante.

3. De igual manera, dispondrá, si fuere nece sario, la recepción de los medios de prueba ofrecidos por el demandante, por la otra parte y los que considere útiles para la averi guación de la verdad. De esas actuaciones se levantará el acta correspondiente, pudiendo la Sala designar uno de los miembros para su actuación. 4. Concluida la actuación probatoria, que no podrá exceder de treinta días, la Sala desig nará fecha para la Audiencia de Revisión, a la que se citarán al Fiscal y el defensor del con denado, de su representante o del familiar más cercano. La inasistencia del demandan te determinará la declaración de inadmisibi lidad de la demanda. 5. Instalada la audiencia de revisión, se dará cuenta de la demanda de revisión y de la prueba actuada. Acto seguido, informarán oralmente el Fiscal y el abogado del conde nado, de su representante o del familiar más cercano. Si el imputado asiste a la audiencia hará uso de la palabra en último lugar. Con cluida la audiencia, la Sala emitirá sentencia en audiencia pública en el plazo de veinte días. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 425º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 425 inc. 4).

Art. 444.- Sentencia 1. Si la Sala encuentra fundada la causal invo cada, declarará sin valor la sentencia motivo de la impugnación y la remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo requiere, o pronunciará di rectamente la sentencia absolutoria. 2. Si la sentencia dispone un nuevo juicio, éste será tramitado conforme a las reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán fundarse en una nueva apreciación de los mismos hechos del proce so, con independencia de las causales que tornaron admisible la revisión. 3. Si la sentencia es absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos efectuados por con cepto de reparación y de multa, así

como –de

haberse solicitado– la indemnización que co rresponda por error judicial. 4. La sentencia se notificará a todas las partes del proceso originario.

Art. 445.- Renovación de la demanda La denegatoria de la revisión, o la ulterior sen tencia confirmatoria de la anterior, no impide una nueva demanda de revisión, siempre que se funde en otros hechos o pruebas.

LIBRO QUINTO LOS PROCESOS ESPECIALES

SECCIÓN I EL PROCESO INMEDIATO (*) Art. 446.- Supuestos de la aplicación 1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proce so inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supues tos: a) El imputado ha sido sorprendido y dete nido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259; b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investi gación. 3. Si se trata de una causa seguida contra va rios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el nume ral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén

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involucrados otros imputados no se acumu lan, salvo que ello perjudique al debido es clarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también de berá solicitar la incoación del proceso inme diato para los delitos de omisión asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de los señalado en el numeral 3 del artículo N°447 del presente Código. (*)

Art. 447.- Audiencia única de incoa- ción del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva 1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación prepara toria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, rea liza un audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inme diato. La detención del imputado se mantie ne hasta la realización de la audiencia. 2. Dentro del mismo requerimiento de incoa ción, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resul te pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336. 3. En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportu nidad, de un acuerdo reparatorio o de la ter minación anticipada, según corresponda. 4. La aundiencia única de incoación del proce so inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, fren te a un requerimiento fiscal d incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente el siguiente orden, según sea el caso:

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(*) Artículo modificado por el artículo 2 del D. Leg. N° 1194, publicado el 30/08/2015.

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a) Sobre la procedencia de la medida coerci tiva requerida por el Fiscal; b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo. 6. Pronuciada la decisión que dispone la incoa ción de proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabili dad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la investigación preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuicia mento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. 7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la dispo sición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria. Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes de escrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el re querimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o en su defecto, antes de los 30 días de formalizada la inves tigación preparatoria. (*)

Art. 448.- Audiencia única de Juicio inmediato 1. Recibido el auto que incoa el proceso inme diato, el Juez penal competente realiza la au diencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recep ción, bajo responsabilidad funcional. 2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, publica e inaplazable. Rige lo estableci

do en el artículo 85. Las partes son responsa bles de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la au diencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos. 3. Instalada la audiencia, el Fiscal expone re sumidamente los hechos objeto de la acusa ción, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos for males de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previs tas en el artículo 350, en lo que correspon da. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de con formidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de en juiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral. 4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las re glas de l proceso común, en tanto sean com patibles con la naturaleza célere del proceso inmediato. (*)

SECCIÓN II EL PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TÍTULO I EL PROCESO POR DELITOS DE FUNCIÓN ATRIBUIDOS A ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Art. 449.- Disposiciones aplicables El proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artí culo 99º de la Constitución por los delitos que

(*) Artículo modificado por el artículo 2 del D. Leg. N°1194, publicado el 30/08/2015.

cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del proceso común, salvo las que se establecen en este Título. CONCORDANCIAS: C: Arts. 99.

Art. 450.- Reglas específicas para la incoación del proceso penal 1. La incoación de un proceso penal, en los supuestos del artículo anterior, requiere la previa interposición de una denuncia consti tucional, en las condiciones establecidas por el Reglamento del Congreso y la Ley, por el Fiscal de la Nación, el agraviado por el delito o por los Congresistas; y, en especial, como consecuencia del procedimiento parlamen tario, la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso. 2. El Fiscal de la Nación, en el plazo de cinco días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspon dientes, emitirá la correspondiente Disposi ción, mediante la cual formalizará la Inves tigación Preparatoria, se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nom bre, entre sus miembros, al Vocal Supremo que actuará como Juez de la Investigación Preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que se encargará del Juzga miento y del conocimiento del recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el primero, y designará a los Fiscales Supre mos que conocerán de las etapas de Investi gación Preparatoria y de Enjuiciamiento. 3. El Vocal Supremo de la Investigación Pre paratoria, con los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, dictará, en igual plazo, auto motivado aprobando la formalización de la Investigación Preparatoria, con citación del Fiscal Supremo encargado y del imputa do. La Disposición del Fiscal de la Nación y el auto del Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria respetarán los hechos atribui dos al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso.

4. Notificado el auto aprobatorio del Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria, el Fiscal Supremo designado asumirá la di rección de la investigación, disponiendo las diligencias que deban actuarse, sin perjuicio de solicitar al Vocal Supremo las medidas de coerción que correspondan y los demás actos que requieran intervención jurisdiccional. 5. El cuestionamiento de la naturaleza delictiva de los hechos imputados o del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, así como lo relativo a la extinción de la acción penal podrá deducirse luego de formalizada y aprobada la continuación de la Investigación Preparatoria, mediante los medios de defen sa técnicos previstos en este Código. 6. La necesidad de ampliar el objeto de la inves tigación por nuevos hechos delicitivos come tidos por el Alto Funcionario en el ejercicio de sus funciones públicas, requiere resolu ción acusatoria del Congreso, a cuyo efecto el Fiscal de la Investigación Preparatoria se dirigirá al Fiscal de la Nación para que for mule la denuncia constitucional respectiva. Si de la investigación se advierte que la tipifi cación de los hechos es diferente a la señala da en la resolución acusatoria del Congreso, el Fiscal emitirá una Disposición al respecto y requerirá al Vocal de la Investigación Pre paratoria emita la resolución aprobatoria co rrespondiente, quien se pronunciará previa audiencia con la concurrencia de las partes. En este caso no se requiere la intervención del Congreso. 7. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Suprema procede recurso de apela ción, que conocerá la Sala Suprema que pre vé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Contra la sentencia de vista no procede recurso al guno. 8. El auto de sobreseimiento o el que ampara una excepción u otro medio de defensa que enerve la pretensión acusatoria, así como la sentencia absolutoria, en tanto adquieran firmeza, devuelve al procesado sus derechos políticos, sin que sea necesario acuerdo de

Congreso en este sentido.

9. El plazo que se refiere al artículo 99º de la Constitución no interrumpe ni suspende la prescripción de la acción penal de conformi dad con el artículo 84º del Código Penal. 10. Vencido el plazo de cinco años, previsto en el artículo 99º de la Constitución, siempre que no se haya incoado el proceso penal, el ex alto funcionario público estará sometido a las reglas del proceso penal común. CONCORDANCIAS: C: Arts. 99; CP: Arts. 84; CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 451.- Conversión del procedi- miento común y acumulación 1. Si en el curso de un proceso penal común, se determina que uno de los imputados está incurso en el artículo 99º de la Constitución, el Juez de la causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de otro sujeto procesal, previa audiencia con la intervención de los mismos, remitirá copia de lo actuado a la Fiscalía de la Nación para que se proceda a la formulación de la denuncia constitucional correspondiente; si el Fiscal de la Nación no está conforme con la resolución judicial solicitará la intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema para que se pronuncie al respecto. La Sala resolverá, mediante reso lución inimpungnable y previa audiencia con asistencia de las partes. 2. Cuando el hecho sea atribuido a varios im putados y sólo alguno de ellos debe ser sujeto al procedimiento parlamentario de acusación constitucional, la causa deberá separarse para que se continúe en la juris dicción ordinaria contra quienes no proceda este procedimiento. Se remitirá copia certi ficada de lo actuado al Fiscal de la Nación contra los restantes, para que proceda con forme lo dispone el numeral anterior. Si el Congreso emite resolución acusatoria, las causas deberán acumularse y serán tramita das según las reglas especiales previstas en este Título. CONCORDANCIAS: C: Arts. 99.

TÍTULO II EL PROCESO POR DELITOS COMUNES ATRIBUIDOS A CONGRESISTAS Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS Art. 452.- Ámbito 1. Los delitos comunes atribuidos a los Con gresistas, al Defensor del Pueblo y a los Ma gistrados del Tribunal Constitucional, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objeto de investigación preparatoria y enjuiciamiento hasta que el Congreso, o el Pleno del Tribunal Constitucional en el caso de sus miembros, siguiendo el procedimien to parlamentario o el administrativo en el caso del Tribunal Constitucional que corres ponda, lo autorice expresamente. 2. Si el funcionario ha sido detenido en fla grante delito deberá ser puesto en el plazo de veinticuatro horas a disposición del Con greso o del Tribunal Constitucional, según el caso, a fin de que inmediatamente autorice o no la privación de libertad y el enjuiciamien to. CONCORDANCIAS: C: Arts. 99.

Art. 453.- Reglas del proceso y eleva- ción del requerimiento de autoriza- ción de procesamiento 1. El proceso penal, en estos casos, se seguirá bajo las reglas del proceso común. En la eta pa de enjuiciamiento intervendrá un Juzga do colegiado. El recurso de casación proce derá según las disposiciones comunes que lo rigen. 2. Si al calificar la denuncia, el Informe Policial o las indagaciones preliminares, o si en el curso del proceso se advierte que el impu tado está incurso en las disposiciones del artículo anterior, el Juez de oficio o a peti ción de parte, previa audiencia, elevará los actuados respecto de aquél al Presidente de la Corte Superior correspondiente para que por su conducto se eleven las actuaciones al

Congreso o al Tribunal Constitucional, según el caso, a fin de que se expida la resolución de autorización de procesamiento. Desde el momento en que se dicte la resolución, que es inimpugnable, se reservará lo actuado en ese extremo a la espera de la decisión de la autoridad competente, sin perjuicio de con tinuar la causa si existen otros procesados.

TÍTULO III EL PROCESO POR DELITOS DE FUNCIÓN ATRIBUIDOS A OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Art. 454.- Ámbito 1. Los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los Vocales y Fiscales Superio res, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, al Procurador Público, y a to dos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, requieren que el Fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emi ta una Disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la formalización de la Investigación Prepara toria correspondiente. 2. La Disposición del Fiscal de la Nación no será necesaria cuando el funcionario ha sido sorprendido en flagrante delito, el mismo que en el plazo de veinticuatro horas será conducido al despacho del Fiscal Supremo o del Fiscal Superior correspondiente, según los casos, para la formalización de la investi gación preparatoria. 3. Corresponde a un Fiscal Supremo y a la Cor te Suprema el conocimiento de los delitos de función atribuidos a los miembros del Conse jo Supremo de Justicia Militar, a los Vocales y Fiscales Superiores y al Procurador Públi co, así como a otros funcionarios que señale la Ley. En estos casos la Sala Penal de la Cor te Suprema designará, entre sus miembros, al Vocal para la Investigación Preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso

lo propio respecto a los Fiscales Supremos que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Suprema procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Contra la sen tencia de vista no procede recurso alguno. 4. Corresponde a un Fiscal Superior y a la Cor te Superior competente el conocimiento de los delitos de función atribuidos al Juez de Primera Instancia, al Juez de Paz Letrado, al Fiscal Provincial y al Fiscal Adjunto Provin cial, así como a otros funcionarios que se ñale la Ley. En estos casos la Presidencia de la Corte Superior designará, entre los miem bros de la Sala Penal competente, al Vocal para la Investigación Preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se encargará del Juzga miento y del conocimiento del recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal Superior Decano hará lo propio respecto a los Fiscales Superiores que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Superior procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema. Contra esta última sentencia no procede re curso alguno.

de apelación contra las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal de la Nación hará

CONCORDANCIAS: CP: Arts. 10; CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 455.- Disposiciones aplicables El proceso penal en estos casos se regirá por las reglas del proceso común, con las excepciones previstas en el artículo anterior.

SECCIÓN III EL PROCESO DE SEGURIDAD Art. 456.- Instauración del proceso de seguridad 1. Cuando el Fiscal, luego de haberse dictado la resolución prevista en el artículo 75º, o cuan do al culminar la Investigación Preparatoria considere que sólo corresponde imponer al

imputado una medida de seguridad y que son aplicables las disposiciones del Título IV del Libro I del Código Penal, según el esta do de la causa realizará las actuaciones de investigación imprescindibles o, si estima que éstas han cumplido su objeto requerirá la apertura de juicio oral y formulará el co rrespondiente requerimiento de imposición de medidas de seguridad, aplicando en lo pertinente lo dispuesto para la acusación fis cal con la indicación precisa de la medida de seguridad que solicita. 2. Si el imputado está procesado con otros im putados, se desacumulará el extremo de los cargos que se le imputan, incoándose una causa independiente. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 71, 72 y ss; CPP (2004): Arts. 75, 458 inc. 1).

Art. 457.- Reglas especiales 1. Para el proceso de seguridad se aplican las disposiciones sobre el proceso común, sin perjuicio de las reglas especiales previstas en esta sección. 2. Cuando el imputado se encuentre en la si tuación prevista en el artículo 20º.2 del Có digo Penal, luego de procederse conforme al artículo 75º, sus facultades serán ejercidas por su curador o por quien designe el Juez de la Investigación Preparatoria, con quien se entenderán todas las actuaciones, salvo los actos de carácter personal. 3. En este caso, si fuere imposible su cumpli miento, no se interrogará al imputado. 4. El Juez de la Investigación Preparatoria po drá también rechazar el requerimiento de imposición de medidas de seguridad formu lado por el Fiscal, si considera que corres ponde la aplicación de una pena. Contra esta resolución procede recurso de apelación, con efecto suspensivo. 5. El proceso de seguridad no podrá acumular se con un proceso común. 6. El juicio se realizará con exclusión del pú blico. De igual manera, también podrá reali zarse sin la presencia del imputado si fuere

imposible en razón a su estado de salud o por motivos de orden o de seguridad. En el juicio será representado por su curador. 7. Si no es posible la presencia del imputado en el acto oral, antes de la realización del juicio podrá disponerse el interrogatorio del impu tado, con la intervención y orientación de un perito. Esta actuación sólo será posible si lo permite la condición del imputado, a juicio del perito. 8. Cuando no pueda contarse con la presencia del imputado, se podrán leer sus declaracio nes anteriores, así como la prevista en el nu meral anterior. 9. Es imprescindible que en el acto oral se inte rrogue al perito que emitió el dictamen sobre el estado de salud mental del imputado, sin perjuicio de disponerse, de ser el caso, la am pliación de dicho dictamen por el mismo u otro perito. 10. La sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguri dad. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 20 inc. 2); CPP (2004): Arts. 9, 75, 416, 417.

Art. 458.- Transformación al proceso común y advertencia 1. Si después de la instalación del juicio oral, como consecuencia del debate, el Juez ad vierte que no es de aplicación el artículo 456º y que es posible aplicar una pena al imputado, el Juez dictará la resolución de transformación del proceso y advertirá al imputado de la modificación de su situación jurídica, dándole la oportunidad de defen derse, sin perjuicio de dar intervención a las partes. En este caso se suspenderá el acto oral y se reiniciará antes del plazo previsto en el numeral 3) del artículo 360º. 2. Rigen, análogamente, las reglas sobre acu sación ampliatoria si el Fiscal considera que se presenta lo establecido en el numeral an terior, así como las reglas sobre correlación entre acusación y sentencia. 3. Si se ha deliberado en ausencia del imputa do

en virtud del artículo anterior, se deberán

repetir aquellas partes del juicio en las que el inculpado no estaba presente. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 360 inc. 3), 456.

SECCIÓN IV PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL Art. 459.- Querella 1. En los delitos sujetos a ejercicio privado de la acción penal, el directamente ofendido por el delito formulará querella, por sí o por su representante legal, nombrado con las facul tades especiales establecidas por el Código Procesal Civil, ante el Juzgado Penal Uniper sonal. 2. El directamente ofendido por el delito se constituirá en querellante particular. La que rella que formule cumplirá con los requisitos establecidos en el artículo 109º, con preci sión de los datos identificatorios y del domi cilio del querellado. 3. Al escrito de querella se acompañará copias del mismo para cada querellado y, en su caso, del poder correspondiente. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 138; CPP (2004): Arts. 109.

Art. 460.- Control de Admisibilidad 1. Si el Juez considera que la querella no es clara o está incompleta, dispondrá que el querellante particular, dentro de tercer día, aclare o subsane la omisión respecto a los puntos que señale. Si el querellante no lo hi ciere, se expedirá resolución dando por no presentada la querella y ordenando su archi vo definitivo.

Art. 461.- Investigación preliminar 1. Cuando se ignore el nombre o domicilio de la persona contra quien se quiere dirigir la querella, o cuando para describir clara, pre cisa y circunstanciadamente el delito fuere imprescindible llevar a cabo una investiga ción preliminar, el querellante solicitará al Juez en su escrito de querella su inmediata realización, indicando las medidas pertinen tes que deben adoptarse. El Juez Penal, si co rrespondiere, ordenará a la Policía Nacional la realización de la investigación en los tér minos solicitados por el querellante, fijando el plazo correspondiente, con conocimiento del Ministerio Público. 2. La Policía Nacional elevará al Juez Penal un Informe Policial dando cuenta del resultado de la investigación preliminar ordenada. El querellante, una vez notificado de la recep ción del documento policial, deberá com pletar la querella dentro del quinto día de notificado. Si no lo hiciere oportunamente caducará el derecho de ejercer la acción pe nal.

Art. 462.- Auto de citación a juicio y audiencia 1. Si la querella reúne los requisitos de Ley, el Juez Penal expedirá auto admisorio de la ins tancia y correrá traslado al querellado por el plazo de cinco días hábiles, para que contes te y ofrezca la prueba que corresponda. Se acompañará a la indicada resolución, copia de la querella y de sus recaudos.

2. Consentida o ejecutoriada esta resolución, se prohíbe renovar querella sobre el mismo hecho punible.

2. Vencido el plazo de contestación, producida o no la contestación, se dictará el auto de citación a juicio. La audiencia deberá cele brarse en un plazo no menor de diez días ni mayor de treinta.

3. El Juez, por auto especialmente motivado, podrá rechazar de plano la querella cuando sea manifiesto que el hecho no constituye delito, o la acción esté evidentemente pres crita, o verse sobre hechos punibles de ac ción pública.

3. Instalada la audiencia se instará a las partes, en sesión privada, a que concilien y logren un acuerdo. Si no es posible la conciliación, sin perjuicio de dejar constancia en el acta de las razones de su no aceptación, conti nuará la audiencia en

acto público, siguiendo en lo pertinente las reglas del juicio oral. El querellante particular tendrá las facultades y

obligaciones del Ministerio Público, sin per juicio de poder ser interrogado. 4. Los medios de defensa que se aleguen en el escrito de contestación o en el curso del juicio oral se resolverán conjuntamente en la sentencia. 5. Si el querellante, injustificadamente, no asis te a la audiencia o se ausente durante su de sarrollo, se sobreseerá la causa.

Art. 463.- Medidas de coerción perso- nal 1. Únicamente podrá dictarse contra el quere llado la medida de comparecencia, simple o restrictiva, según el caso. Las restricciones sólo se impondrán si existen fundamentos razonables de peligro de fuga o de entorpe cimiento de la actividad probatoria. 2. Si el querellado, debidamente notificado, no asiste al juicio oral o se ausente durante su desarrollo, se le declarará reo contumaz y se dispondrá su conducción compulsiva, reser vándose el proceso hasta que sea habido. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 171, 329, 351; CPP (2004): Arts. 79; D. Leg. 958: Art. 18 inc. 5).

Art. 464.- Abandono y desistimiento 1. La inactividad procesal durante tres meses, produce el abandono del proceso, que será declarado de oficio. 2. En cualquier estado del proceso, el quere llante puede desistirse o transigir. 3. El que se ha desistido de una querella o la ha abandonado, no podrá intentarla de nuevo. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 13; D. Leg. 958: Art. 18 inc. 5).

Art. 465.- Muerte o incapacidad del querellante Muerto o incapacitado el querellante antes de concluir el juicio oral, cualquiera de sus here

deros podrá asumir el carácter de querellante particular, si comparecen dentro de los treinta días siguientes de la muerte o incapacidad. CONCORDANCIAS: D. Leg. 958: Arts. 18 inc. 5).

Art. 466.- Recursos 1. Contra la sentencia procede recurso de ape lación. Rigen las reglas comunes para la ad misión y trámite del citado recurso. 2. Contra la sentencia de la Sala Penal Superior no procede recurso alguno. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416 y ss; D. Leg. 958: Art. 18 inc. 5).

Art. 467.- Publicación o lectura de la sentencia En los delitos contra el honor cometidos me diante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, a so licitud del querellante particular y a costa del sentenciado, podrá ordenarse la publicación o lectura, según el caso, de las sentencias conde natorias firmes. CONCORDANCIAS: D. Leg. 958: Art. 18 inc. 5).

SECCIÓN V EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (*) Art. 468.- Normas de aplicación Los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas: 1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336º y hasta antes de formularse acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebra ción no impide la continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte.

(*) Sección V (Arts. 468-471), vigentes conforme el Inc. 4 de la 1era. D.C. y F. del D. Leg. 957 y ratificado por el

Art. único de la Ley 28460 (11/01/05) y el art. 1 de la Ley Nº 28671 del 31/01/06 respectivamente, que establece que el día 01/02/06 entrará en vigencia en todo el país.

2. El Fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un Acuerdo Provisional sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias accesorias. Están autorizados a sostener reuniones preparatorias informa les. En todo caso, la continuidad del trámite requiere necesariamente la no oposición ini cial del imputado o del Fiscal según el caso 3. El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la proce dencia del proceso de terminación anticipa da y, en su caso, formular sus pretensiones. 4. La audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fis cal y del imputado y su abogado defensor. Es facultativa la concurrencia de los demás su jetos procesales. Acto seguido, el Fiscal pre sentará los cargos que como consecuencia de la Investigación Preparatoria surjan con tra el imputado y éste tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o recha zarlos. El Juez deberá explicar al procesado los alcances y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabili dad. A continuación, el imputado se pronun ciará al respecto, así como los demás sujetos procesales asistentes. El Juez instará a las partes, como consecuencia del debate, a que lleguen a un acuerdo, pudiendo suspender la audiencia por breve término, pero deberá continuar el mismo día. No está permitida la actuación de pruebas en la audiencia de ter minación anticipada. 5. Si el Fiscal y el imputado llegan a un acuer do acerca de las circunstancias del hecho punible, de la pena, reparación civil y conse cuencias accesorias a imponer, incluso la no imposición de pena privativa de libertad efec tiva conforme a la Ley penal, así lo declararán ante el Juez debiéndose consignar expresa mente en el acta

de conformidad con lo acordado, son razo nables y obran elementos de convicción su ficientes, dispondrá en la sentencia la aplica ción de la pena indicada, la reparación civil y las consecuencias accesorias que correspon dan enunciando en su parte resolutiva que ha habido acuerdo. Rige lo dispuesto en el artículo 398º. 7. La sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesa les. Los demás sujetos procesales, según su ámbito de intervención procesal, pueden cuestionar la legalidad del acuerdo y, en su caso, el monto de la reparación civil. En este último caso, la Sala Penal Superior puede in crementar la reparación civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 336, 398, 1ra.D.F.

Art. 469.- Proceso con pluralidad de hechos punibles e imputados En los procesos por pluralidad de hechos puni bles o de imputados, se requerirá del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada uno. Sin embargo, el Juez podrá aprobar acuerdos parciales si la fal ta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con los otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 1ra. D.F.

Art. 470.- Declaración inexistente Cuando no se llegue a un acuerdo o éste no sea aprobado, la declaración formulada por el impu tado en este proceso se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra.

respectiva. El Juez dictará sentencia anticipada dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia.

6. Si el Juez considera que la calificación jurí dica del hecho punible y la pena a imponer,

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 1ra. D.F.

Art. 471.- Reducción adicional acumulable El imputado que se acoja a este proceso reci birá un beneficio de reducción de la pena de

una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión, en tanto esta sea útil y anterior a la celebración del pro ceso especial. La acumulación no procede cuando el imputa do tenga la calidad de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46B y 46C del Código Penal, en cuyo caso solo recibe el benefi cio correspondiente a la terminación anticipada. La reducción de la pena por terminación an ticipada no procede cuando al imputado se le atribuya la comisión del delito en condición de Integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 1ra. D.F.; Ley 30077: 3ra. D.C.T.

SECCIÓN VI PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ (**) Art. 472.- Acuerdo de beneficios 1. El Ministerio Público podrá celebrar un acuerdo de beneficios y colaboración con quien, se encuentre o no sometido a un pro ceso penal, así como con quien ha sido sen tenciado, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal. 2. Para estos efectos, el colaborador debe: a) Haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas; b) Admitir o no contradecir, libre y expresa mente, los hechos en que ha intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte no formarán parte del proceso por colaboración eficaz, y se estará a lo que se decida en el proceso penal correspon diente; y, c) Presentarse al Fiscal mostrando su dis posición de proporcionar información eficaz.

3. El acuerdo está sujeto a la aprobación judi cial. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 4ta. DF.

Art. 473.- Ámbito del proceso y Competencia 1. Los delitos que pueden ser objeto de acuer do, sin perjuicio de los que establezca la Ley, son los siguientes: a) Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos Informáticos, contra la humanidad;(***) b) Para todos los casos de criminalidad or ganizada previstos en la ley de la materia. (****) c) Concusión, peculado, corrupción de fun cionarios, tributarios, aduaneros contra la fe pública y contra el orden migrato rio, siempre que el delito sea cometido en concierto por una pluralidad de perso nas. 2. No será obstáculo para la celebrcción del acuerdo cuando se trate de concurso de de litos y uno de ellos no corresponda a los pre vistos en el presente artículo. 3. Los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Público, podrán establecer jueces y fiscales para el conocimiento, con exclusividad o no, de este proceso. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 4ta. DF.

Art. 474.- Requisitos de la eficacia de la información y beneficios premiales 1. La información que proporcione el colabora dor debe permitir, alternativa o acumulativa mente: a) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sus

(*) Artículo modificado por el Articulo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013. (**) Sección vigente a nivel nacional según la Tercera Disp. Comp. Trans. de la Ley N° 30077, pub. el 20/08/2013. (***) Literal modificado por la Tercera Disp. Comp. Modificatoria de la Ley Nº 30096, pub. el 22/10/2013.

(****) Artículo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley Nº 30077, pub. el 20/08/2013.

tancialmente la magnitud o consecuen cias de su ejecución. Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una organización delictiva. b) Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circuns tancias en las que se viene planificando o ejecutando. c) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organización delic tiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguarla o de tener a uno o varios de sus miembros; d) Entregar los instrumentos, efectos, ga nancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de fi nanciamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva; 2. El colaborador podrá obtener como benefi cio premial, teniendo en cuenta el grado de eficacia o importancia de la colaboración en concordancia con la entidad del delito y la responsabilidad por el hecho, los siguientes: exención de la pena, disminución de la pena hasta un medio por debajo del mínimo legal, suspensión de la ejecución de la pena, libera ción condicional, o remisión de la pena para quien la está cumpliendo. 3. El beneficio de disminución de la pena podrá aplicarse acumulativamente con la suspen sión de la ejecución de la pena, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 57º del Código Penal. Cuando el colaborador tiene mandato de pri sión preventiva, el Juez podrá variarlo por el de comparecencia, imponiendo cualquiera de las restricciones previstas en el artículo 288º, inclusive la medida de detención domi ciliaria. 4. La exención y la remisión de la pena exigirá que la colaboración activa o información efi caz permita:

a) evitar un delito de especial connotación y gravedad; b) identificar categóricamente y propiciar la detención de líderes de especial impor tancia en la organización delictiva; c) descubrir concluyentemente aspectos sustantivos de las fuentes de financia miento y aprovisionamiento de la orga nización delictiva, o de los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos de notoria importancia para los fines de la organización. 5. No podrán acogerse a ningún beneficio pre mial los jefes, cabecillas o dirigentes prin cipales de organizaciones delictivas. El que ha intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves única mente podrá acogerse al beneficio de dis minución de la pena, que en este caso sólo podrá reducirse hasta un tercio por debajo del mínimo legal, sin que corresponda sus pensión de la ejecución de la pena, salvo la liberación condicional y siempre que haya cumplido como mínimo la mitad de la pena impuesta. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 57; CPP (2004): Arts. 288, 4ta. D.F.

Art. 475.- Diligencias previas a la celebración del acuerdo 1. El Fiscal, en cualquiera de las etapas del proceso, está autorizado a celebrar reunio nes con los colaboradores cuando no exista impedimento o mandato de detención contra ellos, o, en caso contrario, con sus abogados, para acordar la procedencia de los benefi cios. 2. El Fiscal, como consecuencia de las entre vistas realizadas y de la voluntad de colabo ración del solicitante, dará curso a la etapa de corroboración disponiendo los actos de investigación necesarios para establecer la eficacia de la información proporcionada. En estos casos requerirá la intervención de la Policía para que, bajo su conducción, realice las indagaciones previas y eleve un Informe

Policial. Los procesos, incluyendo las investi gaciones preparatorias, que se siguen contra el solicitante continuarán con su tramitación correspondiente. 3. El Fiscal, asimismo, podrá celebrar un Con venio Preparatorio, que precisará –sobre la base de la calidad de información ofrecida y la naturaleza de los cargos o hechos delic tuosos objeto de imputación o no contra dicción los beneficios, las obligaciones y el mecanismo de aporte de información y de su corroboración. 4. El colaborador, mientras dure el proceso, de ser el caso, será sometido a las medidas de aseguramiento personal necesarias para garantizar el éxito de las investigaciones, la conclusión exitosa del proceso y su seguri dad personal. En caso necesario, y siempre que no esté en el ámbito de sus potestades, el Fiscal acudirá al Juez de la Investigación Preparatoria requiriéndole dicte las medidas de coerción y de protección que correspon dan. Éstas se dictarán reservadamente y en coordinación con el Fiscal. 5. El Fiscal requerirá a los órganos fiscales y ju diciales, mediante comunicación reservada, copia certificada o información acerca de los cargos imputados al solicitante. Los órganos requeridos, sin trámite alguno y reservada mente, remitirán a la Fiscalía requirente la citada información. 6. El agraviado, como tal, deberá ser citado en la etapa de verificación. Informará sobre los hechos, se le interrogará acerca de sus pretensiones y se le hará saber que puede intervenir en el proceso proporcionando la información y documentación que conside re pertinente y, en su momento, firmar el Acuerdo de Beneficios y Colaboración.

Art. 476.- El Acta de colaboración efi- caz - denegación del Acuerdo 1. El Fiscal, culminados los actos de investiga ción, si considera procedente la concesión de los beneficios que correspondan, elabora rá un acta con el colaborador en la

que cons tará:

a) El beneficio acordado; b) Los hechos a los cuales se refiere el bene ficio y la confesión en los casos que ésta se produjere; y, c) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada. 2. El Fiscal, si estima que la información pro porcionada no permite la obtención de be neficio alguno, por no haberse corroborado suficientemente sus aspectos fundamenta les, denegará la realización del acuerdo y dis pondrá se proceda respecto del solicitante conforme a lo que resulte de las actuaciones de investigación que ordenó realizar. Esta Disposición no es impugnable. 3. Si la información arroja indicios suficientes de participación delictiva en las personas sindicadas por el colaborador o de otras per sonas, será materia –de ser el caso de la co rrespondiente investigación y decisión por el Ministerio Público, a los efectos de determi nar la persecución y ulterior sanción de los responsables. 4. En los casos en que se demuestra la inocen cia de quien fue involucrado por el colabora dor, el Fiscal deberá informarle de su identi dad, siempre que se advierta indicios de que a sabiendas hizo la imputación falsa, para los fines legales correspondientes.

Art. 477.- Colaboración durante la eta- pa de investigación del proceso con- tradictorio 1. Cuando el proceso por colaboración eficaz está referido a hechos que son materia de un proceso penal que se encuentra en la etapa de investigación o incluso si no existe inves tigación, el Acuerdo de Beneficios y Colabo ración se remitirá al Juez de la Investigación Preparatoria, conjuntamente con

los actua dos formados al efecto, para el control de legalidad respectivo. 2. El Juez Penal, en el plazo de cinco días, me diante resolución inimpugnable, podrá formu lar observaciones al contenido del acta y a la concesión de los beneficios. En la misma reso lución ordenará devolver lo actuado al Fiscal.

3. Recibida el acta original o la complementa ria, según el caso, con los recaudos perti nentes, el Juez Penal, dentro del décimo día, celebrará una audiencia privada especial con asistencia de quienes celebraron el acuerdo, en donde cada uno por su orden expondrá los motivos y fundamentos del mismo. El Juez, el Fiscal, la defensa y el Procurador Pú blico –en los delitos contra el Estado podrán interrogar al solicitante. De dicha diligencia se levantará un acta donde constarán resu midamente sus incidencias. 4. Culminada la audiencia, el Juez dentro de tercer día dictará, según el caso, auto des aprobando el acuerdo o sentencia aprobán dolo. Ambas resoluciones son susceptibles de recurso de apelación, de conocimiento de la Sala Penal Superior. El agraviado, en tanto haya expresado su voluntad de intervenir en el proceso y constituido en parte, tendrá de recho a impugnar la sentencia aprobatoria. 5. Si el Juez considera que el acuerdo no ado lece de infracciones legales, no resulta ma nifiestamente irrazonable, o no es evidente su falta de eficacia, lo aprobará e impondrá las obligaciones que correspondan. La sen tencia no podrá exceder los términos del Acuerdo. Si el acuerdo aprobado consiste en la exención o remisión de la pena, así lo declarará, ordenando su inmediata libertad y la anulación de los antecedentes del bene ficiado. Si consiste en la disminución de la pena, declarará la responsabilidad penal del colaborador y le impondrá la sanción que corresponda según los términos del acuer do, sin perjuicio de imponer las obligaciones pertinentes. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 478.- Colaboración durante las otras etapas del proceso contradicto- rio 1. Cuando el proceso por colaboración eficaz se inicia estando el proceso contradictorio en el Juzgado Penal y antes del inicio del jui cio oral, el Fiscal –previo los trámites de ve

rificación correspondientes remitirá el acta con sus recaudos al Juez Penal, que celebra rá para dicho efecto una audiencia privada especial. 2. El Juzgado Penal procederá, en lo pertinente, conforme a lo dispuesto en el artículo ante rior. La resolución que pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de los benefi cios es susceptible de recurso de apelación, de conocimiento de la Sala Penal Superior. 3. Si la colaboración se inicia con posterioridad a la sentencia, el Juez de la Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, previa celebración de una audiencia privada en los términos del artículo anterior, podrá conce der remisión de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, liberación condicional, conversión de pena privativa de libertad por multa, prestación de servicios o limitación de días libres, conforme a las equivalencias pre vistas en el artículo 52º del Código Penal. 4. En el supuesto del numeral 3) si el Juez desestima el Acuerdo, en la resolución se indicarán las razones que motivaron su de cisión. La resolución –auto desaprobatorio o sentencia aprobatoria que dicta el Juez es susceptible de recurso de apelación, de co nocimiento de la Sala Penal Superior. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 52; CPP (2004): Arts. 9, 416.

Art. 479.- Condiciones, Obligaciones y Control del beneficiado 1. La concesión del beneficio premial está con dicionado a que el beneficiado no cometa nuevo delito doloso dentro de los diez años de habérsele otorgado. Asimismo, conlleva la imposición de una o varias obligaciones, sin perjuicio de disponer que el beneficiado se obligue especialmente a concurrir a toda citación derivada de los hechos materia del Acuerdo de Colaboración aprobado judicial mente. 2. Las obligaciones son las siguientes: a) Informar de todo cambio de residencia; b) Ejercer oficio, profesión u ocupación líci

tos;

c) Reparar los daños ocasionados por el de lito, salvo imposibilidad económica; d) Abstenerse de consumir bebidas alcohó licas y drogas; e) Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas; f) Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite; g) Observar buena conducta individual, fa miliar y social; h) No salir del país sin previa autorización judicial; i) Cumplir con las obligaciones contempla das por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento; j) Acreditar el trabajo o estudio ante las au toridades competentes. 3. Las obligaciones se impondrán según la na turaleza y modalidades del hecho punible perpetrado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, la naturale za del beneficio y la magnitud de la colabora ción proporcionada, así como de acuerdo a las condiciones personales del beneficiado. Las obligaciones se garantizarán mediante caución o fianza, si las posibilidades econó micas del colaborador lo permiten. 4. Corresponde el control de su cumplimiento al Ministerio Público, con la intervención del órgano especializado de la Policía Nacional, que al efecto tendrá un registro de los be neficiados y designará al personal policial necesario dentro de su estructura interna.

Art. 480.- Revocación de los benefi- cios 1. El Fiscal Provincial, con los recaudos indis pensables acopiados en la indagación previa iniciada al respecto, podrá solicitar al Juez que otorgó el beneficio premial la revocato ria de los mismos. El Juez correrá traslado de la solicitud por el término de cinco días. Con su contestación o sin ella, realizará la audiencia de revocación de beneficios con la asistencia obligatoria del Fiscal, a la que debe citarse a los que

suscribieron el Acuer do de Colaboración. La inconcurrencia del

beneficiado no impedirá la continuación de la audiencia, a quien debe nombrársele un defensor de oficio. Escuchada la posición del Fiscal y del defensor del beneficiado, y actuadas las pruebas ofrecidas, el Juez deci dirá inmediatamente mediante auto debida mente fundamentado en un plazo no mayor de tres días. Contra esta resolución procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal Superior. 2. Cuando la revocatoria se refiere a la exen ción de pena, una vez que queda firme la re solución indicada en el numeral anterior se seguirá el siguiente trámite, sin perjuicio de la aplicación de las reglas comunes en tanto no lo contradigan: a) Se remitirán los actuados al Fiscal Provin cial para que formule acusación y pida la pena que corresponda según la forma y circunstancias de comisión del delito y el grado de responsabilidad del imputado; b) El Juez Penal inmediatamente celebrará una audiencia pública con asistencia de las partes, para lo cual dictará el auto de enjuiciamiento correspondiente y correrá traslado a las partes por el plazo de cin co días, para que formulen sus alegatos escritos, introduzcan las pretensiones que correspondan y ofrezcan las pruebas pertinentes para la determinación de la sanción y de la reparación civil; c) Resuelta la admisión de los medios de prueba, se emitirá el auto de citación a juicio señalando día y hora para la au diencia. En ella se examinará al imputado y, de ser el caso, se actuarán las pruebas ofrecidas y admitidas para la determina ción de la pena y la reparación civil.

Pre vios alegatos orales del Fiscal, del Procu rador Público y del abogado defensor, y concesión del uso de la palabra al acusa do, se emitirá sentencia; d) Contra la cual procede recurso de apela ción, que conocerá la Sala Penal Superior. 3. Cuando la revocatoria se refiere a la dismi nución de la pena, una vez que queda firme la resolución indicada en el numeral 1) del

presente artículo se seguirá el siguiente trá mite, sin perjuicio de la aplicación de las re glas comunes en tanto no lo contradigan: a) Se remitirán los actuados al Fiscal Pro vincial para que formule la pretensión de condena correspondiente, según la forma y circunstancias de comisión del delito y el grado de responsabilidad del imputa do; b) El Juez Penal inmediatamente celebrará una audiencia pública con asistencia de las partes, previo traslado a la defensa del requerimiento fiscal a fin de que en el plazo de cinco días formule sus alegatos escritos, introduzca de ser el caso las pre tensiones que correspondan y ofrezca las pruebas pertinentes. Resuelta la admi sión de los medios de prueba, se llevará a cabo la audiencia, donde se examinará al imputado y, de ser el caso, se actuarán las pruebas admitidas. La sentencia se dictará previo alegato oral del Fiscal y de la defensa, así como de la concesión del uso de la palabra al acusado; c) Contra la sentencia procede recurso de apelación, que será de conocimiento de la Sala Penal Superior. 4. Cuando la revocatoria se refiere a la remi sión de la pena, una vez que queda firme la resolución indicada en el numeral 1) del presente artículo, el Juez Penal en la misma resolución que dispone la revocatoria orde nará que el imputado cumpla el extremo de la pena remitida. 5. Cuando la revocatoria se refiere a la suspen sión de la ejecución de la pena, liberación condicional, detención domiciliaria o com parecencia se regirá en lo pertinente por las normas penales, procesales o de ejecución penal. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 481.- Mérito de la información y de lo obtenido cuando se rechaza el Acuerdo 1. Si el acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el Fiscal o desaprobado por el Juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán como inexis tentes y no podrán ser utilizadas en su con tra. 2. En ese mismo supuesto las declaraciones prestadas por otras personas durante la etapa de corroboración así como la prueba documental, los informes o dictámenes peri ciales y las diligencias objetivas e irreprodu cibles, mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros procesos conforme a su propio mérito y a lo dispuesto en el artículo 158º. Rige, en todo caso, lo establecido en el artículo 159º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 158, 159.

SECCIÓN VII EL PROCESO POR FALTAS Art. 482.- Competencia 1. Los Jueces de Paz Letrados conocerán de los procesos por faltas.(*) 2. Excepcionalmente, en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado, conocerán de este proceso los Jueces de Paz. Las respecti vas Cortes Superiores fijarán anualmente los Juzgados de Paz que pueden conocer de los procesos por faltas. 3. El recurso de apelación contra las sentencias es de conocimiento del Juez Penal. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 483.- Iniciación 1. La persona ofendida por una falta puede denunciar su comisión ante la Policía o di

(*) Inciso derogado por la 7ma. Disp. Final., de la Ley Nº 29824, pub. el 03/01/2012. Vigente a los 3 meses de su publicación, según la 2da. Disp. Final de la Ley Nº 29824.

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rigirse directamente al Juez comunicando el hecho, constituyéndose en querellante par ticular. 2. En este último supuesto, si el Juez conside ra que el hecho constituye falta y la acción penal no ha prescrito, siempre que estime indispensable una indagación previa al en juiciamiento, remitirá la denuncia y sus re caudos a la Policía para que realice las inves tigaciones correspondientes. 3. Recibido el Informe Policial, el Juez dictará el auto de citación a juicio siempre que los hechos constituyan falta, la acción penal no ha prescrito y existan fundamentos razona bles de su perpetración y de la vinculación del imputado en su comisión. En caso con trario dictará auto archivando las actuacio nes. Contra esta resolución procede recurso de apelación ante el Juez Penal. 4. El auto de citación a juicio puede acordar la celebración inmediata de la audiencia, ape nas recibido el Informe Policial, siempre que estén presentes el imputado y el agraviado, así como si lo están los demás órganos de prueba pertinentes a la causa o, por el con trario, no ha de resultar imprescindible su convocatoria. También podrá celebrarse in mediatamente el juicio si el imputado ha re conocido haber cometido la falta que se le atribuye. 5. De no ser posible la celebración inmediata de la audiencia, en el auto se fijará la fecha más próxima de instalación del juicio, con vocándose al imputado, al agraviado y a los testigos que corresponda. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417, 484; D. Leg. 958: Art. 14.

Art. 484.- Audiencia 1. La audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su de fensor. Si el imputado no tiene abogado se le nombrará uno de oficio, salvo que en el lugar del juicio no existan abogados o éstos resulten manifiestamente insuficientes. Las

partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el nu meral 5) del artículo anterior, podrán asistir acompañados de los medios probatorios que pretendan hacer valer. 2. Acto seguido el Juez efectuará una breve relación de los cargos que aparecen del In forme Policial o de la querella. Cuando se en contrare presente el agraviado, el Juez insta rá una posible conciliación y la celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Si se produce, se homologará la conciliación o el acuerdo, dando por concluida las actua ciones. 3. De no ser posible una conciliación o la cele bración de un acuerdo, se preguntará al im putado si admite su culpabilidad. Si lo hace, y no fueran necesarios otros actos de prue ba, el Juez dará por concluido el debate y dictará inmediatamente la sentencia corres pondiente. La sentencia puede pronunciarse verbalmente y su protocolización por escrito se realizará en el plazo de dos días. 4. Si el imputado no admite los cargos, de inme diato se le interrogará, luego se hará lo pro pio con la persona ofendida si está presente y, seguidamente, se recibirán las pruebas ad mitidas y las que han presentado las partes, siguiendo las reglas ordinarias, adecuadas a la brevedad y simpleza del proceso por fal tas. 5. La audiencia constará de una sola sesión. Sólo podrá suspenderse por un plazo no mayor de tres días, de oficio o a pedido de parte, cuando resulte imprescindible la ac tuación de algún medio probatorio. Trans currido el plazo, el juicio deberá proseguir conforme a las reglas generales, aun a falta del testigo o perito requerido. 6. Escuchados los alegatos orales, el Juez dicta rá sentencia en ese acto o dentro del tercero día de su culminación sin más dilación. Rige lo dispuesto en el numeral 3 del presente ar tículo. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 483 inc. 5).

Art. 485.- Medidas de coerción

LIBRO SEXTO

1. El Juez sólo podrá dictar mandato de compa recencia sin restricciones contra el imputa do. 2. Cuando el imputado no se presente volun tariamente a la audiencia, podrá hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública, y si fuera necesario se ordenará la prisión pre ventiva hasta que se realice y culmine la au diencia, la cual se celebrará inmediatamente. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 171, 329, 331.

Art. 486.- Recurso de apelación 1. Contra la sentencia procede recurso de ape lación. Los autos serán elevados en el día al Juez Penal. 2. Recibida la apelación, el Juez Penal resolverá en el plazo improrrogable de diez días, por el solo mérito de lo actuado, si es que el recu rrente no exprese la necesidad de una con creta actuación probatoria, en cuyo caso se procederá conforme a las reglas comunes, en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza. Los Abogados Defensores presentarán por escrito los alegatos que estimen, sin perjui cio del informe oral que puedan realizar en la vista de la causa, la que se designará dentro

LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS

SECCIÓN I LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Art. 488 .- Derechos 1. El condenado, el tercero civil y las personas jurídicas afectadas podrán ejercer, durante la ejecución de la sentencia condenatoria, los derechos y las facultades que este Código y las Leyes le otorgan. 2. El condenado y las demás partes legitima das están facultadas a plantear ante el Juez de la Investigación Preparatoria los reque rimientos y observaciones que legalmente correspondan respecto de la ejecución de la sanción penal, de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias impuestas en la sentencia. 3. Sin perjuicio de lo establecido en los numera les anteriores, corresponde al Ministerio Pú blico el control de la ejecución de las sancio nes penales en general, instando las medidas de supervisión y control que correspondan, y formulando al Juez de la Investigación Pre paratoria los requerimientos que fueren ne cesarios para la correcta aplicación de la Ley.

de los veinte días de recibos los autos. 3. Contra la sentencia del Juez Penal no proce de recurso alguno. Su ejecución correspon derá al Juez que dictó la sentencia de prime ra instancia. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 487.- Desistimiento o transacción En cualquier estado de la causa, el agraviado o querellante puede desistirse o transigir, con lo que se dará por fenecido el proceso. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 13, 14.

CONCORDANCIAS: CC: Arts. 1321; CP: Arts. 93, 401; CPP (2004): Arts. 15.

Art. 489.- Ejecución Penal 1. La ejecución de las sentencias condenatorias firmes, salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal respecto de los beneficios penitenciarios, serán de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria está facultado para resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de las sanciones establecidas en el numeral ante rior. Hará las comunicaciones dispuestas por la Ley y practicará las diligencias necesarias para su debido cumplimiento. CONCORDANCIAS:

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CJMP: Arts. 468.

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Art. 490.- Cómputo de la pena privati- va de libertad 1. Si el condenado se halla en libertad y la sen tencia impone pena privativa de libertad efectiva, el Juez de la Investigación Prepara toria dispondrá lo necesario para su captura. 2. Producida la captura, el Juez de la Investi gación Preparatoria, una vez que esté ple namente acreditada la identidad del con denado, realizará el cómputo de la pena, descontando de ser el caso el tiempo de detención, de prisión preventiva y de deten ción domiciliaria que hubiera cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del proce dimiento de extradición instaurado para so meterlo a proceso en el país. 3. El cómputo será siempre reformable, aun de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario. 4. La fijación del cómputo de la pena se comu nicará inmediatamente al Juzgado que impu so la sanción y al Instituto Nacional Peniten ciario. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 29, 52 y ss.

Art. 491.- Incidentes de modificación de la sentencia 1. El Ministerio Público, el condenado y su de fensor, según corresponda, podrán plantear, ante el Juez de la Investigación Preparatoria incidentes relativos a la conversión y revo cación de la conversión de penas, a la revo cación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva del fallo condenatorio, y a la extinción o vencimiento de la pena. 2. Los incidentes deberán ser resueltos dentro del término de cinco días, previa audiencia a las demás partes. Si fuera necesario in corporar elementos de prueba, el Juez de la Investigación Preparatoria, aun de oficio, y con carácter previo a la realización de la au diencia o suspendiendo ésta, ordenará una investigación sumaria por breve tiempo que

determinará razonablemente, después de la

cual decidirá. La Policía realizará dichas dili gencias, bajo la conducción del Fiscal. 3. Los incidentes relativos a la libertad antici pada, fuera de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional y de la medida de seguridad privativa de libertad, y aquellos en los cuales, por su importancia, el Juez de la Investigación Preparatoria lo es time necesario, serán resueltos en audiencia oral, citando a los órganos de prueba que de ben informar durante el debate. 4. Corresponde al Juez Penal Unipersonal el conocimiento de los incidentes derivados de la ejecución de la sanción penal establecidos en el Código de Ejecución Penal. La decisión requiere de una audiencia con asistencia de las partes. 5. Asimismo, las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas son de competencia del Juzgado Penal Colegiado. Serán resuel tas previa realización de una audiencia con la concurrencia del Fiscal, del condenado y su defensor. 6. En todos los casos, el conocimiento del re curso de apelación corresponde a la Sala Pe nal Superior. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 28 inc. 5), 399 inc. 3), 489, 566 inc. 3).

Art. 492.- Medidas de seguridad priva- tivas de la libertad 1. Las reglas establecidas en esta sección regi rán para las medidas de seguridad privativas de la libertad en lo que sean aplicables. 2. El Juez Penal examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida de in ternación. Fijará un plazo no mayor de seis meses entre cada examen, y decidirá pre via audiencia teniendo a la vista el informe médico del

establecimiento y del perito. La decisión versará sobre la cesación o conti nuación de la medida y, en este último caso, podrá ordenar la modificación del tratamien to. 3. Cuando el Juez tenga conocimiento, por in forme fundado, de que desaparecieron las

causas que motivaron la internación, proce derá a su sustitución o cancelación. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. IX, 71 y ss.

Art. 493.- Ejecución Civil y de las de- más consecuencias accesorias 1. La reparación civil se hará efectiva conforme a las previsiones del Código Procesal Civil, con intervención del Fiscal Provincial y del actor civil. 2. Para la ejecución forzosa del pago de la mul ta y de la venta o adjudicación del bien obje to de comiso se aplicará, en lo pertinente, las normas del Código Procesal Civil. 3. Los incidentes que se plantean durante la ejecución de la reparación civil y de las de más consecuencias accesorias serán resuel tos en el plazo de tres días, previa audiencia que se realizará con las partes que asistan al acto. Contra la resolución que resuelve el incidente procede recurso de apelación. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 614, 625, 630, 725; CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss.

Art. 494.- Incautación y Comiso 1. Cuando en la sentencia se ordene el comi so de algún bien, el Juez de la Investigación Preparatoria, de no estar asegurado judicial mente, dispondrá su aprehensión. A los bie nes materia de comiso se le dará el destino que corresponda según su naturaleza, con forme a las normas de la materia. 2. Los bienes incautados no sujetos a comiso, serán devueltos a quien se le incautaron, inmediatamente después de la firmeza de la sentencia. Si hubieran sido entregados en depósito provisional, se notificará al deposi tario la entrega definitiva. 3. Los bienes incautados de propiedad del condenado que no fueron objeto de comi so, podrán ser inmediatamente embargados para hacer efectivo el cobro de las costas del proceso y de la

responsabilidad pecuniaria declarada en la sentencia.

y

civil

Art. 495.- Sentencia declarativa de fal- sedad instrumental 1. Cuando una sentencia declare falso un ins trumento público, corresponderá al Juez de la Investigación Preparatoria ordenar que el acto sea reconstruido, suprimido o reforma do. Si es del caso, ordenará las rectificacio nes registrales que correspondan. 2. Si el documento ha sido extraído de un ar chivo, será restituido a él, con nota margi nal en cada página, y se agregará copia de la sentencia que hubiera establecido la false dad total o parcial. 3. Si se trata de un documento protocolizado, la declaración hecha en la sentencia se ano tará al margen de la matriz, en los testimo nios que se hayan presentado y en el registro respectivo.

Art. 496.- Otras competencias 1. Si en sede de ejecución un tercero alega pro piedad sobre bienes decomisados o, en su caso, embargados definitivamente, el Juez de la Investigación Preparatoria remitirá la decisión al Juez Especializado en lo Civil competente por el lugar, manteniendo mien tras tanto la retención del bien. 2. En estos procesos intervendrá como parte el Fiscal Provincial en lo Civil.

SECCIÓN II LAS COSTAS Art. 497.- Regla general, excepción y recurso 1. Toda decisión que ponga fin al proceso penal o la que resuelva un incidente de ejecución de conformidad con la Sección I de este Li bro, establecerá quien debe soportar las cos tas del proceso. 2. El órgano jurisdiccional deberá pronunciarse de oficio y motivadamente sobre el pago de las costas. 3. Las costas están a cargo del vencido, pero el órgano jurisdiccional puede eximirlo, to tal o parcialmente, cuando hayan existido razones serias y fundadas para promover o intervenir en el proceso.

4. La decisión sobre las costas sólo será recu rrible autónomamente, siempre que fuere posible recurrir la resolución principal que la contiene y por la vía prevista para ella. 5. No procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz. Tampoco procede en los procesos por ejercicio priva do de la acción penal si culmina por transac ción o desistimiento. CONCORDANCIAS: C: Arts. 139 inc. 16); CPC: Arts. 410; CPP (2004): Arts. 13, 14.

Art. 498.- Contenido 1. Las costas están constituidas por: a) Las tasas judiciales, en los procesos por delitos de acción privada, o cualquier otro tributo que corresponda por actua ción judicial; b) Los gastos judiciales realizados durante la tramitación de la causa; c) Los honorarios de los abogados de la parte vencedora, y de los peritos oficia les, traductores e intérpretes, en caso no constituyan un órgano del sistema de justicia, así como de los peritos de parte. Estos conceptos serán objeto de una Ta bla de montos máximos. Del monto fijado para los abogados según la Tabla respec tiva, un cinco por ciento se destinará al Colegio de Abogados respectivo para su Fondo Mutual; 2. El órgano de gobierno del Poder Judicial ex pedirá el Reglamento de Costas en el proceso penal, que se actualizará periódicamente. En él se fijará la Tabla de los montos máximos por los conceptos señalados en el numeral anterior. 3. El proceso abarca las actuaciones de la In vestigación Preparatoria, así como la ejecu ción de penas, consecuencias accesorias y medidas de seguridad. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 410; CPP (2004): Arts. 506 inc. 2).

Art. 499.- Personas e Instituciones exentas. Caso especial de imposición 1. Están exentos del pago de costas los re presentantes del Ministerio Público, los miembros de las Procuradurías Públicas del Estado, y los abogados y apoderados o man datarios de las partes, así como los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los Órganos Constitucionalmente Autónomos, los Gobiernos Regionales y Lo cales, y las Universidades Públicas. 2. Se exonerará de la imposición de costas en el proceso penal a quien obtiene auxilio ju dicial, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil. El auxilio judicial penal se entiende para estos solos efectos y, en lo pertinente, rigen las disposiciones del Título VII de la Sección Tercera del citado Có digo. 3. Cuando el denunciante hubiere provocado el procedimiento por medio de una denuncia falsa o temeraria, se le impondrá total o par cialmente el pago de costas. CONCORDANCIAS: C: Arts. 47; CPC: Arts. 413; LOPJ: Arts. 24.

Art. 500.- Fijación de las costas al imputado 1. Las costas serán impuestas al imputado cuando sea declarado culpable, incluso cuando se apliquen los artículos 62º y 68º del Código Penal. También se impondrán cuando se imponga una medida de seguri dad. 2. Cuando en una sentencia se pronuncian ab soluciones y condenas, se establecerá el por centaje que asumen el respectivo imputado y el que corresponde a los demás condenados conforme al numeral anterior. 3. Cuando sean varios los condenados por el mismo delito, incluyendo los supuestos de los artículos 62º y 68º del Código Penal y la imposición de medidas de seguridad, res ponden solidariamente al pago de costas. 4. Cuando el imputado tenga solvencia econó

mica, deberá pagar al Ministerio de Justicia

los servicios del defensor de oficio que se le hubiere designado. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 62, 64, 68; CPC: Arts. 417.

Art. 501.- Costas en casos de absolu- ción 1. Si el imputado es absuelto o no se le impone medida de seguridad, no se impondrá costas. 2. No obstante lo anterior, se impondrán cos tas: a) Al actor civil o, según el caso, al quere llante particular, según el porcentaje que determine el órgano jurisdiccional, siem pre y cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe; b) Al propio imputado cuando hubiere pro vocado su propia persecución denun ciándose falsamente a sí mismo o hubiere confesado falsamente el hecho. En este caso se determinará el porcentaje que debe pagar.

Art. 502.- Costas en sobreseimientos y cuando exista un impedimento para la prosecución de la causa 1. Rige lo dispuesto en el artículo anterior cuando se dicte el sobreseimiento de la cau sa. 2. Cuando la persecución penal no pueda pro seguir al ampararse una cuestión previa o una cuestión prejudicial, pagará las costas el actor civil si hubiere instado la iniciación o la continuación del proceso.

imputado y el tercero civil pagarán solidaria mente las costas. Si no se impone la respon sabilidad civil, pagará las costas el actor civil. Si la acción civil no puede proseguir, cada parte soportará sus propias costas. 3. El abandono de la instancia determina la condena en costas del querellante particular. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 136.

Art. 504.- Incidentes de ejecución y recursos 1. Las costas serán pagadas por quien promo vió un incidente de ejecución que le resultó desfavorable. Si la decisión en el incidente le es favorable, las costas se impondrán a quien se opuso a su pretensión, en la proporción que fije el órgano jurisdiccional. Si nadie se opuso al requerimiento del que promovió el incidente y obtuvo decisión favorable, no se impondrán costas. 2. Las costas serán pagadas por quien interpu so un recurso sin éxito o se desistió de su prosecución. Si gana el recurso, las costas se impondrán a quien se opuso a su pretensión impugnatoria, en la proporción que fije el ór gano jurisdiccional. Si no medió oposición al recurso que ganó el recurrente, no se impon drán costas. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 13.

Art. 505.- Resolución sobre las costas

Art. 503.- Costas en proceso por ac- ción privada y la acción civil

1. La condena en costas se establece por cada instancia, pero si la resolución de segunda instancia revoca la de primera instancia, la parte vencida pagará las costas de ambas. Este criterio se aplica también para lo que resuelva la Corte Suprema en el recurso de casación.

1. En un proceso por acción privada, si se da el supuesto del artículo 136º del Código Penal, el imputado pagará las costas. En este pro ceso no habrá lugar al pago de costas si las partes transigen.

2. Cuando corresponde distribuir el pago de costas entre varios, el órgano judicial fijará con precisión el porcentaje que debe sufra gar cada uno de los responsables, sin perjui cio de la solidaridad.

2. Si en la sentencia se declara la responsabi lidad civil y se impone la reparación civil, el

3. Para fijar los porcentajes se atenderá espe cialmente a los gastos que cada uno de ellos

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 4, 5; Ley 27939: Arts. 4.

hubiere provocado, a su conducta procesal, y al resultado del proceso o incidente en pro porción a su participación procesal y a las razones para litigar.

Art. 506.- Liquidación y Ejecución 1. Las costas serán liquidadas por el Secretario del órgano jurisdiccional, después de quedar firme la resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 2. La liquidación atenderá todos los rubros citados en el artículo 498º, debiéndose in corporar sólo los gastos comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 3. Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación será apro bada por resolución inimpugnable. 4. Interpuesta la observación, se conferirá tras lado a la otra parte por tres días. Con su ab solución, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez de la Investigación Preparatoria re solverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La Sala Penal Superior absolverá el grado, sin otro trámite que la vista de la causa, en la que los abogados de las partes podrán asistir para hacer uso de la palabra. 5. Las costas deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las aprueba. En caso de mora devengan inte reses legales. El Juez de la Investigación Pre paratoria exigirá el pago de las costas. Las resoluciones que expida son inimpugnables. 6. Las costas se hacen efectivas por el Juez de la Investigación Preparatoria a través del procedimiento establecido en el artículo 716º del Código Procesal Civil. CONCORDANCIAS: CPC: Arts. 716; CPP (2004): Arts. 498

Art. 507.- Anticipo de gastos 1. Cuando sea necesario efectuar un gasto, el órgano jurisdiccional respectivo lo estima rá, y quien ofreció la medida lo anticipará, consignando la suma necesaria para llevar a cabo la diligencia. 2. Si está en imposibilidad de sufragar el anti cipo del gasto, siempre que sea posible y la medida imprescindible, lo hará el Estado con cargo a su devolución cuando corresponda.

LIBRO SÉPTIMO LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL(*)

SECCIÓN I PRECEPTOS GENERALES

Art. 508.- Normatividad aplicable 1. Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y con la Corte Penal In ternacional en materia de cooperación judi cial internacional se rigen por los Tratados Internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos hu manos. 2. Si existiere tratado, sus normas regirán el trámite de cooperación judicial interna cional. Sin perjuicio de ello, las normas de derecho interno, y en especial este Código, servirán para interpretarlas y se aplicarán en todo lo que no disponga en especial el Trata do. CONCORDANCIAS: C: Arts. 3, 55; Conv. Corrup.: Arts. 43 y ss.

Art. 509.- Documentación 1. Los requerimientos que presenta la auto ridad extranjera y demás documentos que

(*) Libro Sétimo (Arts. 508-566), vigente de acuerdo al inc. 4 de la 1era. D.C. y F. del D. Leg. 957 (29/07/04) y ratificado por el Art. único de la Ley 28460 (11/01/05) y el art. 1 de la Ley Nº 28671 del 31/01/06 respectiva- mente, que establece que el día 01/02/06 entrará en vigencia en todo el país.

envíen, deben ser acompañados de una tra ducción al castellano. 2. Si la documentación es remitida por interme dio de la autoridad central del país requiren te o por vía diplomática, no necesita legaliza ción. 3. La presentación en forma de los documentos presume la veracidad de su contenido y la validez de las actuaciones a que se refieran. 4. Corresponderá a la autoridad central, en coordinación con el Ministerio de Relacio nes Exteriores, traducir las solicitudes y la demás documentación que envíen las auto ridades peruanas a las extranjeras. CONCORDANCIAS: D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 11.

Art. 510.- Competencia del país requirente y Ejecución del acto de coope- ración 1. Para determinar la competencia del país re quirente en las solicitudes de Cooperación Judicial Internacional, salvo en materia de extradición, se estará a su propia legislación. 2. No será motivo para desestimar la solicitud de cooperación judicial internacional, salvo en materia de extradición, la circunstancia que el delito esté incurso en la jurisdicción nacional. 3. Si se requiere la práctica de algunas diligen cias con arreglo a determinadas condiciones, su ejecución está condicionada a que no con traríe el ordenamiento jurídico nacional.

Art. 511.- Actos de Cooperación Judi- cial Internacional 1. Los actos de cooperación judicial interna cional, sin perjuicio de lo que dispongan los Tratados, son los siguientes: a) Extradición; b) Notificación de resoluciones y senten cias, así como de testigos y peritos a fin de que presenten testimonio; c) Recepción de testimonios y declaraciones de personas; d) Exhibición y remisión de documentos ju

diciales o copia de ellos;

e) Remisión de documentos e informes; f) Realización de indagaciones o de inspec ciones; g) Examen de objetos y lugares; h) Práctica de bloqueos de cuentas, embar gos, incautaciones o secuestro de bienes delictivos, inmovilización de activos, re gistros domiciliarios, allanamientos, con trol de comunicaciones, identificación o ubicación del producto de los bienes o los instrumentos de la comisión de un delito, y de las demás medidas limitativas de de rechos; i) Facilitar información y elementos de prueba; j) Traslado temporal de detenidos sujetos a un proceso penal o de condenados, cuan do su comparecencia como testigo sea necesaria, así como de personas que se encuentran en libertad; k) Traslado de condenados; l) Diligencias en el exterior; y, m) Entrega vigilada de bienes delictivos. 2. La Cooperación Judicial Internacional tam bién comprenderá los actos de asistencia establecidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y desarrollados en este Códi go. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 528, 529 inc. 2), 554 inc. 2), 555 inc. 2).

Art. 512.- Autoridad central 1. La autoridad central en materia de Coopera ción Judicial Internacional es la Fiscalía de la Nación. La autoridad extranjera se dirigirá a ella para instar los actos de Cooperación Judicial Internacional, y para coordinar y efectuar consultas en esta materia. 2. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores brindar el apoyo necesario a la Fiscalía de la Nación, como autoridad cen tral en sus relaciones con los demás países y órganos internacionales, así como intervenir en la tramitación de las solicitudes de coope ración que formulen las autoridades nacio nales. De igual manera, si así lo disponen los

Tratados, recibir y poner a disposición de la Fiscalía de la Nación las solicitudes de Coo peración Judicial Internacional que presen tan las autoridades extranjeras. 3. La Fiscalía de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá celebrar con las autoridades centrales del extranjero actos dirigidos al intercambio de tecnología, experiencia, coordinación de la cooperación judicial, capacitación o cual quier otro acto que tenga similares propósi tos.

SECCIÓN II LA EXTRADICIÓN TÍTULO I CONDICIONES GENERALES Art. 513.- Procedencia 1. La persona procesada, acusada o condena da como autor o partícipe que se encuentra en otro Estado, puede ser extraditada a fin de ser juzgada o de cumplir la sanción pe nal que le haya sido impuesta como acusada presente. 2. Cuando la extradición, en ausencia de Tra tado, se sustente en el principio de recipro cidad, la Fiscalía de la Nación y el Ministe rio de Relaciones Exteriores informarán al Poder Judicial los casos en que tal principio ha sido invocado por el Perú y en los que ha sido aceptado por el país extranjero involu crado en el procedimiento de extradición, así como los casos en que el país extranjero ha hecho lo propio y el Perú le hubiere dado curso y aceptado. CONCORDANCIAS: Ley 24710: Arts. 1, 647; Conv. Corrup.: Arts. 44.

Art. 514.- Autoridades que intervienen 1. Corresponde decidir la extradición, pasiva o activa, al Gobierno mediante Resolución Su prema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe de una Comisión Oficial presidida por el Ministerio de Justicia e integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. La decisión del Gobierno requiere la necesa ria intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema, que emitirá una resolución consul tiva, que la remitirá juntamente con las ac tuaciones formadas al efecto al Ministerio de Justicia, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 540 inc. 2); D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 9.

Art. 515.- Carácter de la resolución consultiva de la Corte Suprema 1. Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema emita resolución consultiva negativa a la ex tradición, el Gobierno queda vinculado a esa decisión. 2. Si la resolución consultiva es favorable a la entrega o considera procedente solicitar la extradición a un país extranjero, el Gobier no puede decidir lo que considere conve niente. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 540 inc. 2); Ley 24710: Arts. 16; D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 9.

TÍTULO II LA EXTRADICIÓN PASIVA Art. 516.- Ámbito 1. La persona procesada, acusada o condenada como autor o partícipe de un delito cometi do en un país extranjero y que se encuentre en territorio nacional, sea como residente, como turista o de paso, puede ser extradita da a fin de ser investigada o juzgada o para que cumpla la sanción impuesta como reo presente. 2. La concesión de la extradición está condi cionada a la existencia de garantías de una recta impartición de justicia en el Estado re quirente; y, si una extradición anteriormente intentada por el Estado requirente, ante un tercer Estado, hubiese sido rechazada por haberla considerado con implicancia políti ca. La Fiscalía de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores podrán informar si el

Estado requirente presenta algún cuestiona miento o existen antecedentes al respecto. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 513, 514, 521; Ley 24710: Arts. 39.

Art. 517.- Rechazo de la extradición 1. No procede la extradición si el hecho ma teria del proceso no constituye delito tanto en el Estado requirente como en el Perú, y si en ambas legislaciones no tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena priva tiva de un año. Si se requiere una extradición por varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. 2. La extradición no tendrá lugar, igualmente: a) Si el Estado solicitante no tuviera juris dicción o competencia para juzgar el deli to; b) Si el extraditado ya hubiera sido absuel to, condenado, indultado, amnistiado o sujeto a otro derecho de gracia equiva lente; c) Si hubiera transcurrido el término de la prescripción del delito o de la pena, conforme a la Ley nacional o del Estado requirente, siempre que no sobrepase el término de la legislación peruana; d) Si el extraditado hubiere de responder en el Estado requirente ante tribunal de excepción o el proceso al que se le va a someter no cumple las exigencias inter nacionales del debido proceso; e) Si el delito fuere exclusivamente militar, contra la religión, político o conexo con él, de prensa, o de opinión. La circunstan cia de que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones públicas, no justifica por sí sola que dicho delito sea calificado como político. Tampoco politiza el hecho de que el extraditado ejerciere funciones políticas. De igual ma nera están fuera de la consideración de delitos políticos, los actos de terrorismo, los delitos contra la humanidad y los deli

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tos respecto de los cuales el Perú hubiera asumido una obligación convencional in ternacional de extraditar o enjuiciar; f) Si el delito es perseguible a instancia de parte y si se trata de una falta; y, g) Si el delito fuere tributario, salvo que se cometa por una declaración intencional mente falsa, o por una omisión intencio nal, con el objeto de ocultar ingresos pro venientes de cualquier otro delito. 3. Tampoco se dispondrá la extradición, cuan do: a) La demanda de extradición motivada por una infracción de derecho común ha sido presentada con el fin de perseguir o de castigar a un individuo por consideracio nes de raza, religión, nacionalidad o de opiniones políticas o que la situación del extraditado se exponga a agravarse por una u otra de estas razones; b) Existan especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público u otros intereses esenciales del Perú, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido; c) El Estado requirente no diere segurida des de que se computará el tiempo de pri vación de libertad que demande el trámi te de extradición, así como el tiempo que el extraditado hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento. d) El delito por el que se solicita la extradi ción tuviere pena de muerte en el Estado requirente y éste no diere seguridades de que no será aplicable. CONCORDANCIAS: C: Arts. 2, 37; CP: Arts. 1, 2, 3; CJMP: Arts. 86; CPP (2004): Arts. 537 inc. 3); Ley 24710: Arts. 40.

Art. 518.- Requisitos de la demanda de extradición 1. La demanda de extradición debe contener: a) Una descripción del hecho punible, con mención expresa de la fecha, lugar y cir cunstancias de su comisión y sobre la identificación de la víctima, así como la GRUPO EDITORIAL Lex &

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ti

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pificación legal que corresponda al hecho punible; b) Una explicación tanto del fundamento de la competencia del Estado requirente, cuanto de los motivos por los cuales no se ha extinguido la acción penal o la pena; c) Copias autenticadas de las resoluciones judiciales que dispusieron el procesa miento y, en su caso, el enjuiciamiento del extraditado o la sentencia condena toria firme dictada cuando el extraditado se encontraba presente, así como la que ordenó su detención y/o lo declaró reo ausente o contumaz. Asimismo, copias autenticadas de la resolución que ordenó el libramiento de la extradición; d) Texto de las normas penales y procesales aplicables al caso, según lo dispuesto en el literal anterior; e) Todos los datos conocidos que identifi quen al reclamado, tales como nombre y apellido, sobrenombres, nacionalidad, fe cha de nacimiento, estado civil, profesión u ocupación, señas particulares, fotogra fías e impresiones digitales, y la informa ción que se tenga acerca de su domicilio o paradero en territorio nacional. 2. Cuando lo disponga el Tratado suscrito por el Perú con el Estado requirente o, en apli cación del principio de reciprocidad, la Ley interna de dicho Estado lo exija en su trámite de extradición pasiva, lo que expresamente debe consignar en la demanda de extradi ción, ésta debe contener la prueba necesaria que establezca indicios suficientes de la co misión del hecho delictuoso y de la participa ción del extraditado. 3. Si la demanda de extradición no estuviera debidamente instruida o completa, la auto ridad central a instancia del órgano jurisdic cional y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores pedirá al Estado requirente corrija o complete la solicitud y la documentación. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 79, 526 inc. 2); D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 2, 8, 11.

Art. 519.- Concurso de extradiciones 1. Si varios Estados solicitan la extradición de la misma persona por el mismo delito, se decidirá la preferencia, según las siguientes circunstancias: a) La existencia de Tratados que vinculen al Perú con el Estado requirente; b) Las fechas de las demandas de extradi ción y, en especial, el estado de cada pro cedimiento; c) El hecho de que el delito se haya cometi do en el territorio de alguno de los Esta dos requirentes; d) Las facilidades que cada uno de ellos ten ga de conseguir las pruebas del delito; e) El domicilio del extraditado o la sede de sus negocios, en la medida que en ambos casos le permitan ejercer con mayor con sistencia su derecho de defensa, así como paralelamente el domicilio de la víctima; f) La nacionalidad del extraditado; g) La gravedad del hecho delictivo en fun ción a la pena conminada y su coinciden cia con la Ley nacional, en especial que no se prevea la pena de muerte. 2. Si varios Estados reclamaren a la misma per sona por otros delitos, se decidirá la prefe rencia, según las siguientes circunstancias: a) La mayor gravedad de los delitos, según la Ley peruana; b) La nacionalidad del extraditado; c) La posibilidad que concedida la extradi ción a un Estado requirente, éste pueda a su vez acceder luego a la reextradición de la persona reclamada al otro Estado. 3. Aún cuando se decida por un Estado requi rente, la justicia y el Gobierno deben pro nunciarse acerca de la procedencia de la extradición solicitada por el Estado que no la obtuvo de inmediato. En ese caso la extra dición no preferida tendrá los efectos de una reextradición autorizada.

Art. 520.- Efectos de la extradición concedida

1. El extraditado no podrá ser encausado por hechos anteriores y distintos a los que de

terminaron la concesión de la extradición sin la previa autorización del Perú. En este caso debe interponerse una demanda ampliato ria de extradición, la Sala Penal de la Corte Suprema, que tendrá a la vista la solicitud del Estado requirente y con los documentos justificativos correspondientes, debe emitir una resolución consultiva y el Consejo de Ministros debe aprobar la correspondiente Resolución Suprema autoritativa. 2. Si la calificación del hecho delictivo que motivó la extradición fuese posteriormente modificada en el curso del proceso en el Es tado requirente, ésta deberá igualmente ser autorizada por el Gobierno del Perú, bajo los mismos trámites que el numeral anterior, con la precisión que sólo deberá atenderse a si la nueva calificación también constituye un delito extraditable. 3. El extraditado no podrá ser reextraditado a otro Estado sin la previa autorización del Perú. Se seguirá en sede nacional el trámite previsto en el numeral 1). Sin embargo, no será necesaria la autorización del Gobierno del Perú si el extraditado renunciare a esa inmunidad ante una autoridad diplomática o consular peruana y con el asesoramiento de un abogado defensor; o, cuando el extra ditado, teniendo la posibilidad de abando nar voluntariamente el territorio del Estado requirente no lo hace en el plazo de treinta días, o cuando regrese voluntariamente a ese territorio después de haberlo abandona do. 4. Si el extraditado, después de la entrega al Estado requirente o durante el respectivo proceso, fugue para regresar al Perú, será detenido mediante requisición directa y nue vamente entregado sin otras formalidades. 5. Los bienes –objetos o documentos efecto o instrumento del delito y los que constituyen el cuerpo del delito o elementos de prueba, serán entregados al Estado requirente, des de que se hallen en poder del extraditado, aunque éste haya desaparecido o fallecido, salvo si afectan derechos de tercero. Así

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debe constar en la Resolución Suprema que acepte la extradición. CONCORDANCIAS: D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 7, 9, 12, 30, 31

Art. 521.- Procedimiento de la extra- dición 1. Recibida por la Fiscalía de la Nación el pedi do de extradición, el Juez de la Investigación Preparatoria dictará mandato de detención para fines extradicionales contra la persona requerida, si es que no se encontrare deteni da en mérito a una solicitud de arresto pro visorio. 2. Producida la detención y puesto el extradita do a disposición judicial por la oficina local de la INTERPOL, el Juez de la Investigación Preparatoria, con citación del Fiscal Provin cial, le tomará declaración, informándole previamente de los motivos de la detención y de los detalles de la solicitud de extradi ción. Asimismo, le hará saber el derecho que tiene a nombrar abogado defensor o si no puede hacerlo de la designación de un abo gado de oficio. El detenido, si así lo quiere, puede expresar lo que considere convenien te en orden al contenido de la solicitud de extradición, incluyendo el cuestionamiento de la identidad de quien es reclamado por la justicia extranjera, o reservarse su respuesta para la audiencia de control de la extradi ción. Si el detenido no habla el castellano, se le nombrará un intérprete. 3. Acto seguido, el Juez de la Investigación Preparatoria en un plazo no mayor de quin ce días, citará a una audiencia pública, con citación del extraditado, su defensor, el Fis cal Provincial, el representante que designe la Embajada y el abogado que nombre al efecto. Los intervinientes podrán presentar pruebas, cuestionar o apoyar las que apa rezcan en el expediente de extradición, ale gar la pertinencia o la impertinencia, formal o material, de la demanda de extradición, o cuanto motivo a favor de sus pretensio nes. La audiencia se inicia con la precisión de las causales de extradición, el detalle del

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contenido de la demanda de extradición y la glosa de documentos y elementos de prueba acompañados. Luego el extraditado, si así lo considera conveniente, declarará al respecto y se someterá al interrogatorio de las par tes. A continuación alegarán las partes por su orden y, finalmente, el imputado tendrá derecho a la última palabra. El expediente se elevará inmediatamente a la Sala Penal de la Corte Suprema. 4. La Sala Penal de la Corte Suprema, previo traslado de las actuaciones elevadas por el Juez de la Investigación Preparatoria al Fis cal Supremo y a los demás intervinientes apersonados, señalará fecha para la audien cia de extradición. La Audiencia se llevará a cabo con los que asistan, quienes por su or den informarán oralmente, empezando por el Fiscal y culminando por el abogado del extraditado. Si éste concurre a la audiencia, lo hará en último lugar. La Corte Suprema emitirá resolución consultiva en el plazo de cinco días. Notificada la resolución y vencido el plazo de tres días se remitirá inmediata mente al Ministerio de Justicia. 5. Si el Juez de la Investigación Preparatoria, en función al cuestionamiento del extraditado, realizadas sumariamente las constataciones que correspondan, comprueba que no es la persona requerida por la justicia extranjera, así lo declarará inmediatamente, sin perjuicio de ordenar la detención de la persona correc ta. Esta decisión, aún cuando se dictare antes de la audiencia, impedirá la prosecución del procedimiento. Contra ella procede recurso de apelación ante la Sala Penal Superior. 6. El extraditado, en cualquier estado del pro cedimiento judicial, podrá dar su consenti miento libre y expreso a ser extraditado. En este caso, el órgano jurisdiccional dará por concluido el procedimiento. La Sala Penal de la Corte Suprema, sin trámite alguno, dictará la resolución consultiva favorable a la extra dición, remitiendo los actuados al Ministerio de Justicia para los fines de Ley.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss., 523 inc. 8), 526 inc. 2), 560 inc. 3); D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 3, 7, 9, 12.

Art. 522.- Resolución Suprema y Eje- cución 1. La Resolución Suprema emitida por el Conse jo de Ministros será puesta en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y del Estado re quirente por la vía diplomática. En la comu nicación al Estado requerido se consignarán los condicionamientos que trae consigo la concesión de la extradición. Si la decisión es denegatoria de la extradición la Fiscalía de la Nación comunicará el hecho a la INTERPOL. 2. Decidida definitivamente la demanda de extradición, no dará curso a ningún nuevo pedido de extradición por el mismo Estado requirente basado en el mismo hecho, salvo que la denegación se funde en defectos de forma. Otro Estado que se considere compe tente podrá intentarla por el mismo hecho si la denegación al primer Estado se sustentó en la incompetencia de dicho Estado para entender el delito que motivó el pedido. 3. El Estado requirente deberá efectuar el tras lado del extraditado en el plazo de treinta días, contados a partir de la comunicación oficial. La Fiscalía de la Nación, atenta a la solicitud del Estado requirente, cuando éste se viera imposibilitado de realizar el trasla do oportunamente, podrá conceder un plazo adicional de diez días. A su vencimiento, el extraditado será puesto inmediatamente en libertad, y el Estado requirente no podrá rei terar la demanda de extradición. 4. Los gastos ocasionados por la carcelería y entrega, así como el transporte internacional del extraditado y de los documentos y bie nes incautados, correrán a cargo del Estado requirente. 5. El Estado requirente, si absuelve al

extradi tado, está obligado a comunicar al Perú una copia autenticada de la sentencia.

Art. 523.- Arresto provisorio o pre-extradición 1. El arresto provisorio de una persona recla mada por las autoridades extranjeras proce derá cuando:

a) Haya sido solicitada formalmente por la autoridad central del país interesado; b) La persona pretenda ingresar al país mientras es perseguido por la autoridad de un país limítrofe; c) La persona se encuentre plenamente ubi cada, dentro del territorio nacional, con requerimiento urgente, por intermedio de la Organización Internacional de Poli cía Criminal– INTERPOL. 2. En el supuesto del literal a) del numeral an terior, la solicitud formal será remitida a la Fiscalía de la Nación ya sea por intermedio de su autoridad central o por conducto de la INTERPOL. En casos de urgencia, se reque rirá simple requisición hecha por cualquier medio, inclusive telegráfico, telefónico, ra diográfico o electrónico. La solicitud formal contendrá: a) El nombre de la persona reclamada, con sus datos de identidad personal y las cir cunstancias que permitan encontrarla en el país; b) La fecha, lugar de comisión y tipificación del hecho imputado; c) Si el requerido fuese un imputado, indi cación de la pena conminada para el he cho perpetrado; y, si fuera un condenado, precisión de la pena impuesta; d) La invocación de la existencia de la orden judicial de detención o de prisión, y de ausencia o contumacia en su caso; e) El compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal de extradición dentro de sesenta días de producida la detención. A su vencimiento, de no ha berse formalizado la demanda de extra dición el arrestado será puesto en Inme diata libertad. 3. La Fiscalía de la Nación remitirá de inmedia to al juez de la Investigación Preparatoria competente, con aviso al fiscal Provincial que corresponda. 4. El juez dictará el mandato de arresto provi sorio, siempre que el hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y tenga

prevista una conminación penal, en cual quiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si se invoca la comisión de varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que emita será notificada al fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a la oficina local de la INTERPOL. 5. En el supuesto del literal b) del numeral 1) la Policía destacada en los lugares de frontera deberá poner inmediatamente al detenido a disposición del juez de la Investigación Pre paratoria competente del lugar de la inter vención, con aviso al fiscal provincial. El juez por la vía más rápida, que puede ser comu nicación telefónica, fax o correo electrónico, pondrá el hecho en conocimiento de la Fisca lía de la Nación y del funcionario diplomático o consular del país de búsqueda. El repre sentante diplomático o consular tendrá un plazo de dos días para requerir el manteni miento del arresto provisorio, acompañando a su solicitud las condiciones establecidas en el numeral 2) de este artículo. De no hacerlo se dará inmediata libertad al arrestado. 6. Dispuesto el arresto provisorio, el juez de la Investigación Preparatoria oirá a la persona arrestada en el plazo de veinticuatro horas y le designará abogado defensor de oficio, si aquella no designa uno de su confianza. El arresto se levantará si, inicialmente, el Juez advierte que no se dan las condiciones indicadas en el numeral 4) de este artículo, convirtiéndose en un mandato de compare cencia restrictiva, con impedimento de salida del país. El arresto cesará si se comprobase que el arrestado no es la persona reclamada, o cuando transcurre el plazo de sesenta días para la presentación formal de la demanda de extradición. 7. El arrestado que sea liberado porque no se presentó a tiempo la demanda de ex tradición puede ser nuevamente detenido por razón del mismo delito, siempre que se reciba un formal pedido de extradición.

8. Mientras dure el arresto provisorio, el arres tado podrá dar su consentimiento a ser tras ladado al Estado requirente. De ser así, se procederá conforme a lo dispuesto en el nu meral 6) del artículo 521. 9. El arrestado puede obtener libertad provi sional si transcurriesen los plazos legales del tratado o de la ley justificatorios de la demanda de extradición, o si el extraditado reuniese las condiciones procesales para esa medida. En este último caso se dictará man dato de impedimento de salida del país y se retendrá su pasaporte, sin perjuicio de otras medidas de control que el juez discrecional mente acuerde. Se seguirá el trámite previsto para la cesación de la prisión preventiva. 10. En el caso del inciso c) del numeral 1) del presente artículo, la Policía Nacional pro cederá a la Intervención y conducción del requerido en forma inmediata, poniéndolo a disposición del juez competente del lugar de la Intervención y comunicando tal hecho al fiscal provincial, a la Fiscalía de la Nación y al funcionario diplomático o consular del país requirente.(*) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 79, 521 inc. 6).

Art. 524.- Extradición de tránsito 1. El tránsito de un extraditado de un tercer Estado y el de sus guardas, por el territorio nacional, será permitido, mediante la pre sentación de copia auténtica del documento que conceda la extradición y de la solicitud correspondiente, salvo si a ello no se opu sieren graves motivos de orden público o de derechos humanos. La autorización y, en su caso, la denegación será dispuesta por la Fis calía de la Nación, en coordinación con los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exte riores. 2. Si el medio de transporte empleado es el aé reo, la autorización será necesaria solamente

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cuando tuviere alguna escala prevista en te rritorio nacional. 3. La denegación del tránsito podrá darse en el caso de entrega del extraditado hecha sin garantías de justicia.

TÍTULO III LA EXTRADICIÓN ACTIVA Art. 525.- Ámbito e Iniciación 1. El Poder Ejecutivo del Perú, a instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema podrá reque rir la extradición de un procesado, acusado o condenado al Estado en que dicha persona se encuentra, siempre que lo permitan los Tratados o, en reciprocidad, la Ley del Esta do requerido. 2. Para dar curso al procedimiento de extradi ción activa, el Juez de la Investigación Pre paratoria o el Juez Penal, según el caso, de oficio o a solicitud de parte, y sin trámite alguno, deberá pronunciarse al respecto. La resolución de requerimiento de extradición activa deberá precisar los hechos objeto de imputación, su calificación legal, la conmina ción penal, los fundamentos que acreditan la realidad de los hechos delictivos y la vincu lación del imputado en los mismos, como au tor o partícipe, y, en su caso, la declaración de ausencia o contumacia, así como la orden de detención con fines de extradición. La re solución desestimatoria es apelable ante la Sala Penal Superior, que la resolverá previa audiencia con citación e intervención de las partes que concurran al acto en el plazo de cinco días. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 79, 514; Ley 24710: Arts. 37; D.S. 0162006-JUS.: Arts. 6 y ss.

Art. 526.- Procedimiento 1. El Juez, luego de emitir la resolución respec tiva, formará el cuaderno respectivo conte niendo, en lo pertinente, la documentación

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(*) Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 30076, pub. el 19/08/2013.

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señalada en los numerales 1) y 2) del artículo 518º, así como la que acredita que el proce sado ha sido ubicado en el país requerido, y si el Tratado o la legislación interna de dicho país exige prueba que fundamente la seriedad de los cargos, los medios de inves tigación o de prueba que lo justifiquen, sin perjuicio de adjuntar las normas de derecho interno y, de ser el caso, el Tratado aplicable al caso. 2. Elevado el cuaderno a la Sala Penal de la Cor te Suprema, si la resolución es de requeri miento de extradición activa, procederá en lo pertinente conforme a lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 521º. 3. Si la resolución consultiva es desfavorable a la extradición activa, se devolverá lo actuado al órgano jurisdiccional inferior. Si es favo rable, se remitirá el cuaderno íntegro al Mi nisterio de Justicia, previa legalización de lo actuado. 4. El Gobierno se pronunciará mediante Re solución Suprema aprobada en Consejo de Ministros. Para este efecto, una Comisión presidida por el Ministerio de Justicia e in tegrada por el Ministerio de Relaciones Ex teriores, se pronunciará mediante informe motivado. El Consejo de Ministros podrá acordar si accede o deniega la extradición activa. 5. Emitida la Resolución Suprema se dispondrá la traducción del cuaderno de extradición, respecto de las piezas indicadas por la Comi sión de Extradición. La presentación formal de la extradición corresponderá a la Fiscalía de la Nación con el concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

la Nación y a través de la INTERPOL, dicte mandato de arresto provisorio con fines de extradición. 2. Esta medida podrá instarse si el Tratado lo permite o, en su defecto, invocando el prin cipio de reciprocidad. La resolución conte niendo el requerimiento de arresto provi sorio, debe acompañar copia de la orden de detención o de la sentencia condenatoria, la descripción del delito, los datos del reclama do y la declaración formal de instar la de manda formal de extradición. 3. Dictada la citada resolución, el Juzgado deberá iniciar los trámites para formar el cuaderno de extradición y obtener la docu mentación que corresponda. Completará el procedimiento si recibe información categó rica de la ubicación del imputado en el Esta do requirente o si es aceptado el pedido de arresto provisorio y arrestado el extradita do. 4. El mandato de arresto provisorio también podrá solicitarse conjuntamente con la de manda formal de extradición, acompañando los documentos establecidos en el numeral 1) del artículo 526º. En este caso el pedido corresponde formularlo a la Sala Penal de la Corte Suprema y deberá ser objeto de pro nunciamiento específico en la Resolución Suprema expedida por el Poder Ejecutivo.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 526; D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 6 y ss.

SECCIÓN III LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

CONCORDANCIAS:

Art. 528.- Ámbito y procedencia

CPP (2004): Arts. 513, 514, 518, 521, 527 inc. 4); Ley 24710: Arts. 37; D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 6 y ss.

1. Esta sección rige los actos de cooperación judicial internacional previstos en los incisos b) a j) del numeral 1) del artículo 511º.

Art. 527.- Arresto provisorio 1. En casos urgentes, y especialmente cuando haya peligro de fuga, el Juez de la Investiga ción Preparatoria o en su caso el Juez Penal podrá solicitar al Estado requerido, direc tamente con conocimiento de la Fiscalía de

2. En estos casos, la solicitud de asistencia judi cial internacional o carta rogatoria sólo pro cederá cuando la pena privativa de libertad para el delito investigado o juzgado no sea menor de un año y siempre que no

se trate

de delito sujeto exclusivamente a la legisla ción militar. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 511; Conv. Corrup.: Arts. 46.

Art. 529.- Motivos de denegación 1. Podrá denegarse, asimismo, la asistencia cuando: a) El imputado hubiera sido absuelto, con denado, indultado o amnistiado por el delito que origina dicha solicitud; b) El proceso ha sido iniciado con el objeto de perseguir o de castigar a un individuo por razones de sexo, raza, religión, nacio nalidad, ideología o condición social; c) La solicitud se formula a petición de un tribunal de excepción o Comisiones Espe ciales creadas al efecto; d) Se afecta el orden público, la soberanía, la seguridad o los intereses fundamenta les del Estado; y, e) La solicitud se refiera a un delito tributa rio, salvo que el delito se comete por una declaración intencionalmente falsa, o por una omisión intencional, con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cual quier otro delito. 2. En las solicitudes de asistencia previstas en el literal h) del numeral 1) del artículo 511º se requiere que el hecho que origina la solicitud sea punible en los dos Estados. CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 86; CPP (2004): Arts. 511.

Art. 530.- Requisitos y trámite de la carta rogatoria 1. Las solicitudes de asistencia judicial o cartas rogatorias que se formulen a las autoridades nacionales se harán por escrito y deberán contener las siguientes indicaciones: a) El nombre de la autoridad extranjera en cargada de la investigación o del juzga miento; b) El delito a que se refiere la causa y des

cripción del asunto, la índole de la inves

tigación o juzgamiento, y la relación de los hechos a los que se refiere la solicitud; c) Descripción completa de la asistencia que se solicita; 2. Cuando no se conozcan las pruebas en par ticular que se quiere obtener, basta con la mención de los hechos que se buscan de mostrar. 3. Si la solicitud no se ajusta a lo dispuesto en este artículo o cuando la información su ministrada no sea suficiente para su trami tación, se podrá pedir al Estado requirente modifique su solicitud o la complete con información adicional. Durante ese lapso la autoridad nacional podrá adoptar actos de auxilio genéricos en la investigación o medi das provisionales, como bloqueo de cuenta, embargos o confiscaciones preventivas, para evitar perjuicios irreparables. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 547 inc. 3), 548, 549.

Art. 531.- Medios probatorios 1. Para la recepción de testimonios, se especifi carán los hechos concretos sobre los cuales debe recaer el interrogatorio o, en todo caso, se adjuntará un pliego interrogatorio. 2. Si se requiere corroborar una prueba o un documento original se acompañaran de ser posibles copias auténticas de aquellas que justificaron el pedido o, en todo caso, podrán condicionarse a su oportuna devolución. 3. Si el cumplimiento de la solicitud de asis tencia pudiese entorpecer una investigación en trámite conducida por autoridad compe tente, podrá disponerse el aplazamiento o el conveniente condicionamiento de la ejecu ción, informándose al Estado requirente.

Art. 532.- Trámite de las solicitudes

1. La Fiscalía de la Nación cursará las solicitu des de asistencia de las autoridades extran jeras al Juez de la Investigación Preparatoria del lugar donde deba realizarse la diligencia, quien en el plazo de dos días, decidirá acerca de la procedencia de la referida solicitud.

2. Contra la resolución del Juez de la Investi gación Preparatoria procede recurso de ape lación sin efecto suspensivo. La Sala Penal Superior correrá traslado de lo actuado al Fiscal Superior y a los interesados debida mente apersonados por el plazo común de tres días, y resolverá, previa vista de la cau sa, en el plazo de cinco días. 3. En el trámite de ejecución del acto de asis tencia judicial intervendrá el Ministerio Pú blico y se citará a la Embajada del país soli citante para que se haga representar por un Abogado. También se aceptará la interven ción de los abogados de quienes resulten ser partes en el proceso del que derive la carta rogatoria. 4. Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo refe rente a las condiciones y formas de realiza ción del acto de asistencia, rige la legislación nacional. 5. Corresponde actuar la diligencia de asisten cia judicial al propio Juez de la Investigación Preparatoria. Luego de ejecutarla, elevará las actuaciones a la Fiscalía de la Nación para su remisión a la autoridad requirente por inter medio del Ministerio de Relaciones Exterio res. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417, 539 inc. 2), 545 inc. 5), 547 inc. 3), 549, 562, 563 inc. 2).

Art. 533.- Traslado al extranjero de persona privada de libertad 1. La comparecencia y el traslado temporal al extranjero de una persona privada de li bertad por la justicia peruana, sólo podrá autorizarse si el requerido presta su consen timiento, con asistencia de un abogado de fensor, y siempre que su presencia en el país no fuera necesaria para una investigación y juzgamiento. 2. La autoridad extranjera deberá comprome terse a mantener en custodia física a la per sona traslada y la devolverá luego de acaba das la diligencias que originaron su traslado, sin necesidad de extradición o en

ta para el cumplimiento de la condena, según el plazo que se cumpla primero, c menos que el requerido, la Fiscalía de la Nación y la au toridad extranjera consientan prorrogarlo.

un tiempo que no exceda de sesenta días o el que le res

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 562 inc. 2).

Art. 534.- Salvoconducto 1. La comparecencia de toda persona ante la autoridad extranjera, autorizada por la jus ticia peruana, está condicionada a que se le conceda un salvoconducto, bajo el cual, mientras se encuentre en el Estado requiren te, no podrá: a) Ser detenida o enjuiciada por delitos an teriores a su salida del territorio nacio nal; b) Ser requerida para declarar o dar testi monio en procedimientos no especifica dos en la solicitud; c) Ser detenida o enjuiciada con base en la declaración que preste, salvo el caso de desacato o falso testimonio. 2. El salvoconducto cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía por más de quince días a partir del momento en que su presencia ya no fuere necesaria. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 562 inc. 2).

Art. 535.- Prohibiciones 1. Los documentos, antecedentes, informacio nes o pruebas obtenidas en aplicación de la asistencia judicial no podrán divulgarse o utilizarse para propósitos diferentes de aquellos especificados en la carta rogatoria, sin previo consentimiento de la Fiscalía de la Nación. 2. La autoridad judicial nacional al aceptar la solicitud de asistencia o, en su caso y pos teriormente, la Fiscalía de la Nación podrá disponer que la información o las pruebas suministradas al Estado requirente se con serven en confidencialidad. Corresponde a la Fiscalía de la Nación realizar las coordina ciones con la autoridad central del país re

quirente para determinar las condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten convenientes. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 562 inc. 2).

Art. 536.- Requisitos y trámite de la carta rogatoria a autoridades extran- jeras 1. Las solicitudes de asistencia judicial que se formulen a las autoridades extranjeras se harán por escrito y en el idioma del país re querido. Deberán contener las siguientes in dicaciones: a) El nombre de la autoridad peruana en cargada de la investigación o del juzga miento; b) El delito a que se refiere la causa y des cripción del asunto, la índole de la inves tigación o juzgamiento, y la relación de los hechos a los que se refiere la solicitud; c) Descripción completa de la asistencia que se solicita y, en su caso, remisión de la documentación pertinente; 2. Cuando no se conozcan las pruebas en parti cular que quieren obtenerse, se mencionará los hechos que se buscan acreditar. 3. Corresponde a los jueces y fiscales, en el ám bito de sus respectivas atribuciones, cursar la carta rogatoria a las autoridades extran jeras. Ésta se tramitará por intermedio de la Fiscalía de la Nación. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 562 inc. 2).

Art. 537.- Solicitud a las autoridades extranjeras para el traslado del dete- nido o condenado 1. El Juez de la Investigación Preparatoria o, en su caso, el Juez Penal, a requerimiento del Fiscal o de las otras partes, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia pre vistos en el Código y resulte necesaria la presencia de un procesado detenido o de un condenado que en el extranjero está sufrien do privación de la libertad o medida restric

tiva de la libertad, podrá solicitar su traslado al Perú a las autoridades de ese país, a fin de que preste testimonio, colabore en las inves tigaciones o intervenga en las actuaciones correspondientes. 2. La solicitud de traslado estará condicionada a la concesión por parte de Estado Peruano del salvoconducto correspondiente y a las exigencias mutuamente acordadas con la au toridad extranjera, previa coordinación con la Fiscalía de la Nación. 3. Contra la resolución que emite el Juez proce de recurso de apelación con efecto suspen sivo. Rige, en lo pertinente, el numeral 2) del artículo 517º. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416, 417, 517 inc. 2), 562 inc. 2).

SECCIÓN IV LAS DILIGENCIAS EN EL EXTERIOR Art. 538.- Práctica de diligencias en el extranjero por Fiscal o Juez peruanos: 1. Cuando sea necesaria la práctica de diligen cias en territorio extranjero, el Fiscal Supe rior o la Sala Penal Superior competente, se gún corresponda realizarla al Fiscal o al Juez, podrán de acuerdo con la naturaleza de la actuación y la urgencia de la misma, previa aceptación del Estado extranjero, autorizar el traslado del Fiscal o del Juez. La decisión que se emite no es recurrible. 2. El Fiscal o el Juez dispondrá se forme cua derno aparte conteniendo copia certificada de los actuados pertinentes que resulten necesarios para determinar la necesidad y urgencia. La resolución que acuerde solicitar la autorización será motivada y precisará las diligencias que deben practicarse en el ex tranjero. 3. La Fiscalía de la Nación recibirá por conduc to del Ministerio de Relaciones Exteriores la respuesta del Estado requerido sobre la po sibilidad de realizarse en su territorio estas diligencias y las anexará a los actuados. 4. Expedida la autorización a que se refiere el

primer párrafo de este artículo, dará aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la re presentación diplomática acreditada en Perú del país donde debe realizarse la diligencia.

Art. 539.- Caso de que autoridades extranjeras consideren necesaria la práctica de diligencias en el Perú 1. En caso que autoridades extranjeras consi deren necesaria la práctica de diligencias en el Perú, lo harán saber a la Fiscalía de la Na ción por conducto de su autoridad central o vía diplomática.

plidas en ese país. Asimismo, las sentencias de la justicia penal extranjera que impongan penas y medidas de seguridad privativas de libertad a peruanos podrán ser cumplidas en el Perú. 2. Corresponde decidir el traslado de condena dos, activo o pasivo, al Gobierno mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión a que hace referencia el artícu lo 514º. La decisión del Gobierno requiere la necesaria intervención judicial en los térmi nos establecidos en esta Sección.

2. La Fiscalía de la Nación derivará la solicitud al Juez de la Investigación Preparatoria del lugar donde debe realizarse la diligencia, la cual previo traslado al Fiscal y a los interesa dos debidamente apersonados, decidirá lue go de la vista de la causa en el plazo de cin co días. La decisión es recurrible con efecto suspensivo ante la Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 532º.

3. La ejecución de la sanción del trasladado se cumplirá de acuerdo a las normas de ejecu ción o del régimen penitenciario del Estado de cumplimiento.

3. Si se acepta la solicitud de la autoridad ex tranjera, su ejecución está condicionada a que no se afecten derechos y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico peruano. En este caso, prestará a la autori dad extranjera el auxilio que requiere para el cumplimiento de dichas diligencias. El Minis terio Público será citado y participará activa mente en el procedimiento de ejecución.

1. El Perú, cuando acepte el traslado del con denado extranjero, mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cual quier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. También retendrá la facultad de indultar o conceder amnistía o remitir la pena a la persona con denada.

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 514; D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 1 y ss.

Art. 541.- Jurisdicción del Perú sobre la condena impuesta

2. La Fiscalía de la Nación, previa coordinación CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 532 inc. 2).

SECCIÓN V EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS TÍTULO I LAS PENAS Y LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD EFECTIVAS Art. 540.- Bases y requisitos 1. Las sentencias de la justicia penal nacional que imponen penas privativas de libertad o medidas de seguridad privativas de libertad a nacionales de otro país podrán ser cum

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con el Ministerio de Justicia, aceptará las decisiones que sobre estos extremos adopte el Estado extranjero, siempre y cuando res pete la legislación nacional; y, realizará las necesarias consultas y coordinaciones con el Estado extranjero para que se respete lo dispuesto en el numeral anterior. 3. De igual manera, el Perú en ningún caso mo dificará, por su duración, la pena privativa de libertad o la medida privativa de libertad pronunciada por la autoridad judicial ex tranjera. GRUPO EDITORIAL Lex &

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CONCORDANCIAS: CJMP: Arts. 86; CPP (2004): Arts. 543 inc. 2).

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Art. 542.- Condiciones para el traslado y el cumplimiento de condenas 1. El traslado de condenados será posible, si se cumplen las siguientes condiciones: a) Que el hecho que origina la solicitud sea punible en ambos Estados; b) Que el reo no haya sido declarado culpa ble de un delito exclusivamente militar; c) Que la parte de la condena del reo que puede cumplirse en el momento de ha cerse la solicitud sea por lo menos de seis meses; d) Que la sentencia se encuentre firme; e) Que las disposiciones de la sentencia, fuera de la privación de libertad, hayan sido satisfechas o garantizadas, especial mente tratándose de multa, reparación civil y demás consecuencias accesorias.

Tratándose de Cooperación Judicial Interna cional, el condenado que solicite ser trasla dado a su país de origen, al amparo de los tratados o convenios internacionales sobre la materia o bajo el principio de reciprocidad, podrá solicitar al órgano jurisdiccional co rrespondiente la reducción o exoneración del pago de la reparación civil y multa, siempre que cumpla con los siguientes supuestos: a) Que el agraviado sea únicamente el Es tado o en su defecto haya satisfecho completamente la reparación civil fijada expresamente en la sentencia a favor de otros agraviados. b) Acredite razones humanitarias debida mente fundadas o carezca de medios económicos suficientes, previo informe socioeconómico del funcionario compe tente del Instituto Nacional Penitenciario que corrobore dicha situación. La autoridad judicial, previa evaluación de los antecedentes y mediante resolu ción motivada, podrá aprobar o denegar la solicitud de exoneración y/o reducción del pago de la reparación civil y multa.

En el caso de que se trate de reparaciones civiles solidarias, se hará extensivo dicho beneficio a los demás condenados ex tranjeros, que se encuentran en la misma condición de insolvencia. En el caso de condenados con doble na cionalidad, una de las cuales es la perua na, la pena se cumplirá en el Perú.(*) f) Que no exista actuación procesal en cur so ni sentencia ejecutoriada de jueces lo cales sobre los mismos hechos. 2. Excepcionalmente, previo acuerdo entre las autoridades centrales, podrá convenirse en el traslado, aunque la duración de la conde na sea inferior a la prevista en el literal c) del numeral 1). El acuerdo de la Fiscalía de la Nación requerirá la conformidad del Gobier no, que la recabará previa coordinación con el Ministerio de Justicia. CONCORDANCIAS: D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 13 y ss.

Art. 543.- Trámite para disponer el traslado de extranjero condenado en el Perú 1. La Fiscalía de la Nación remitirá la solicitud de traslado formulada por el Estado extran jero al Juzgado Penal Colegiado del lugar donde el condenado se encuentra cumplien do, el cual decidirá en el plazo de cinco días, previo traslado al Fiscal y a los interesados debidamente personados, y luego de cele brarse la vista de la causa. La decisión es recurrible con efecto suspensivo ante la Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto en el nume ral 2) del artículo 532º. 2. La solicitud estará acompañada de copia certificada de la sentencia relativa al reo, haciendo constar su firmeza y, cuando co rresponda, del acuerdo celebrado entre la Fiscalía de la Nación y la respectiva autori dad extranjera sobre los puntos indicados en el artículo 541º. Asimismo, debe constar

(*) Literal modificado por el Artículo único de la Ley Nº 29305, pub. el 22/12/2008.

la aceptación expresa del reo prestada con asesoramiento de su abogado defensor. Si se considera que la documentación acompaña da es insuficiente se podrá solicitar mayor información u otro informe adicional. 3. Para tomar la decisión el Juez Penal consi derará, entre otros factores, la gravedad del delito, los antecedentes del reo, su estado de salud y los vínculos que pueda tener con el Estado donde cumplirá la condena. 4. Firme que sea la resolución judicial, que

reparación civil y demás consecuencias acce sorias, salvo los que se encuentren incursos en el artículo 542º inciso e) de este Código. (*) 3. El Juzgado Penal Colegiado se pronunciará si corresponde iniciar formalmente la indicada solicitud de traslado. Para ello correrá tras lado a las partes personadas por el plazo de cinco días y celebrará la audiencia de vista de la causa en similar plazo. 4. Rige lo dispuesto en los numerales 4) y 5) del artículo anterior.

tendrá carácter consultiva, se remitirá con juntamente con las actuaciones formadas al efecto al Ministerio de Justicia, con conoci miento de la Fiscalía de la Nación. 5. Cuando la resolución judicial es negativa al traslado, el Gobierno queda vinculado a esa decisión. Si la resolución judicial consultiva es favorable al traslado, el Gobierno puede decidir lo que considere conveniente. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 532 inc. 2), 541, 544 inc. 4); D.S. 0162006-JUS.: Arts. 13 y ss.

Art. 544.- Trámite cuando el Perú soli- cita el traslado del extranjero 1. La solicitud por el Estado Peruano para ins tar el traslado de un reo extranjero conde nado en el país o de un nacional condenado en el extranjero corresponde, en el primer supuesto, al Juzgado Penal Colegiado del lu gar donde cumple la condena; y, en el último supuesto, al Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Lima a instancia del Fiscal en coordinación con la Fiscalía de la Nación. 2. En ambos casos, la Fiscalía designada por la Fiscalía de la Nación formará el cuaderno respectivo, ya sea de oficio o a solicitud del propio condenado. En todo caso se requie re que el condenado haya dado ante la au toridad judicial, y con asistencia de abogado defensor, su libre y expreso consentimiento al traslado, después de ser informado de sus consecuencias, y cumplido con el pago de la

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CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 543 inc. 4), 5); D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 13 y ss.

TÍTULO II LAS OTRAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Art. 545.- Penas no privativas de libertad 1. El condenado de nacionalidad peruana por un órgano jurisdiccional extranjero a cum plir una pena de condena condicional o la suspensión del fallo condenatorio, o de pres tación de servicios a la comunidad, o de limi tación de días libres, o una medida de seguri dad no privativa de libertad, podrá cumplirla en el Perú bajo la vigilancia de la autoridad competente. 2. La aceptación de la solicitud está condicio nada al cumplimiento de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias, y a la aceptación del condenado prestada con asistencia de su abogado defensor. 3. La solicitud de la autoridad extranjera re quiere copia certificada de la sentencia firme, información completa de haberse cumplido la reparación civil y las demás con secuencias accesorias, información sobre la fecha de llegada al Perú, y explicación de las obligaciones asumidas por el condenado y del control que se requiere de la autoridad peruana, con determinación de la fecha de

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(*) Numeral modificado por el Artículo único de la Ley Nº 29305, pub. el 22/12/2008.

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finalización del control. No se aceptará la solicitud cuando las obligaciones asumidas por el condenado o las medidas de control requeridas contraríen la legislación nacional. 4. Si el condenado fuere peruano, podrá pre sentar la solicitud por sí o a través de terce ros a su nombre. 5. Resolverá la solicitud el Juez para la Investi gación Preparatoria. Rige, en lo pertinente, los numerales 1) y 2) del artículo 532º. En estos casos se requiere informe del Instituto Nacional Penitenciario. 6. Corresponde a la autoridad peruana infor mar periódicamente al Estado de condena acerca de la forma en que se lleva a cabo el control. Está obligada a comunicar de inme diato el incumplimiento por parte del conde nado de las obligaciones asumidas, para que el Estado de condena adopte las medidas que correspondan al caso. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 532 incs. 1), 2).

Art. 546.- Cumplimiento de penas no privativas de libertad en el Perú 1. El condenado extranjero por un órgano ju risdiccional peruano a cumplir una pena de condena condicional o la suspensión del fallo condenatorio, o de prestación de servi cios a la comunidad, o de limitación de días libres, o una medida de seguridad no privati va de libertad, podrá ser cumplido en el país de su nacionalidad. 2. Las condiciones serán, analógicamente, las establecidas en el artículo anterior. 3. La solicitud debe ser presentada ante el Juez de la Investigación Preparatoria. La Fiscalía de la Nación coordinará con la autoridad ex tranjera los requisitos y condiciones que el Estado de condena establece al respecto, y las remitirá al Juez de la causa para su deci sión.

Art. 547.- Pena de multa y el decomiso 1. Las condenas de multa o la consecuencia ac cesoria del decomiso dictadas por

autoridad judicial extranjera, podrán ser ejecutadas en

el Perú, a solicitud de su autoridad central, cuando:

6. Los gastos que ocasione la ejecución serán de cargo del Estado requirente.

a) El delito fuere de competencia del Estado requirente, según su propia legislación;

7. El dinero o los bienes obtenidos serán depo sitados a la orden de la Fiscalía de la Nación, la que los transferirá o entregará a la auto ridad central del país requirente o a la que ésta designe.

b) La condena esté firme; c) El hecho que la motiva constituya delito para la Ley peruana, aun cuando no tu viera prescritas las mismas penas; d) No se trate de un delito político o el pro ceso se instó por propósitos políticos o motivos discriminatorios rechazados por el Derecho Internacional; e) El condenado no hubiese sido juzgado en el Perú o en otro país por el hecho que motiva el pedido; y, f) No se trata de una condena dictada en ausencia. 2. La autoridad central, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá convenir con el Estado requirente, sobre la base de reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos como consecuencia del procedimiento de ejecución, queden en poder del Estado peruano. 3. Para todo lo relacionado con la solicitud y el procedimiento necesario para resolver el pe dido del Estado requirente, rigen en lo perti nente los artículos 530º y 532º. 4. El procedimiento judicial para la ejecución forzosa de la multa y del decomiso será el previsto en este Código y podrán adoptarse medidas de coerción patrimonial. Interven drá necesariamente el Fiscal Provincial. 5. La multa se ejecutará por el monto y las con diciones establecidas en la condena, el cual se convertirá a la moneda nacional o a otra moneda según los acuerdos que se arriben y siempre que no prohíba la legislación nacio nal.

CONCORDANCIAS: CP: Arts. 41, 42 y ss; CPP (2004): Arts. 530, 532, 566 inc. 4).

Art. 548.- Pena de Inhabilitación 1. Las penas de inhabilitación impuestas por un órgano jurisdiccional extranjero serán ejecutadas en el Perú, a solicitud de su au toridad central, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 1) del artículo 532º. 2. El procedimiento de admisión y el de ejecu ción, con la intervención necesaria del Fiscal Provincial, será el previsto en los artículos 530º y 532º, así como las normas sobre eje cución de sentencia establecidas en el Códi go. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 36 al 40; CPP (2004): Arts. 530, 532).

Art. 549.- Penas de multa e inhabili- tación y decomiso objeto de cumpli- miento en el extranjero 1. El órgano jurisdiccional peruano que haya impuesto una condena de multa, inhabilita ción o decomiso, podrá requerir que se eje cute la condena en un país extranjero. 2. Las condiciones serán, analógicamente, las establecidas por el numeral 1) del artículo 532º. 3. El procedimiento de admisión y el de ejecu ción, con la intervención necesaria del Fiscal Provincial, será el previsto en los artículos 530º y 532º, así como las normas sobre eje cución de sentencia establecidas en el Códi go. CONCORDANCIAS: CP: Arts. 36 al 40, 41 y ss; CPP (2004): Arts. 530, 532.

SECCIÓN VI LA ENTREGA VIGILADA Art. 550.- Disposición de entrega vigi- lada al exterior 1. La Fiscalía Provincial del lugar donde ocurra el hecho, previa coordinación con la Fiscalía de la Nación y mediando solicitud expresa

y motivada de la autoridad competente ex tranjera, podrá autorizar la entrega vigilada con el fin de descubrir a las personas impli cadas en delitos de naturaleza internacional o transnacional y de entablar acciones pena les contra ellas. 2. La entrega vigilada se acordará mediante una Disposición, que se guardará en reserva, y que se comunicará a la autoridad central extranjera o, por razones de urgencia, a la autoridad que ha de realizar la investigación. 3. La Disposición determinará, según el caso, que las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado puedan ser interceptadas, y autorizadas a proseguir intactas o a susti tuir su contenido, total o parcialmente. 4. Corresponde al Fiscal Provincial conducir, con la activa intervención de la Policía Na cional, todo el procedimiento de entrega vi gilada.

Art. 551.- Entrega vigilada y protec- ción de la jurisdicción nacional 1. La Disposición que autoriza la entrega vigi lada del bien delictivo se adoptará caso por caso. 2. Los gastos que en territorio nacional deman de este mecanismo de cooperación serán de cuenta del Ministerio Público. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación está facultada para arribar a un acuerdo específico sobre la ma teria. 3. La Fiscalía de la Nación cuidará que el ám bito de la jurisdicción nacional no se limite indebidamente.

Art. 552.- Función de la Fiscalía de la Nación 1. La Fiscalía de Nación establecerá, en coordi nación con la autoridad competente extran jera, el procedimiento mutuamente conveni do para la entrega vigilada. 2. Asimismo, precisará, con pleno respeto a la vigencia de Ley penal nacional, la atribución que corresponde al Ministerio Público de promover la acción penal en el país, en caso el procedimiento de entrega vigilada dé re sultados positivos.

Art. 553.- Autorización para utilizar la entrega vigilada 1. La Fiscalía que investiga un delito previsto en el artículo 340º, previa coordinación con la Fiscalía de la Nación, podrá autorizar se solicite a la autoridad extranjera competente la utilización de la entrega vigilada. 2. En virtud de la urgencia podrá utilizarse el canal directo con la autoridad central del país requerido o, con autorización de ella, con el órgano que de inmediato tendrá a su cargo la ejecución de dicha técnica de coope ración. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 340.

SECCIÓN VII COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL TÍTULO I ASPECTOS GENERALES Art. 554.- Ámbito de la Cooperación 1. Los actos de cooperación del Perú con la Corte Penal Internacional son: a) La detención y entrega de personas; b) La detención provisional; c) Los actos de cooperación previstos en el artículo 93º del Estatuto de la Corte Pe nal Internacional. 2. Asimismo, en cuanto no estén incluidos es pecíficamente en dicha norma internacional, procede otorgar asistencia en los supuestos previstos en los literales b) al m) del numeral 1) del artículo 511º, así como en lo relativo a la ejecución de penas impuestas a nacionales por la Corte Penal Internacional. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 511 inc. 1), 562 inc. 1); CPI: Arts. 1, 2, 4, 5, 11.2, 12.3, 17, 20, 22, 24, 29, 32, 34, 48, 70, 87.5, 93, 124.

Art. 555.- Trámite inicial de las solicitudes de Cooperación 1. Las solicitudes de cooperación de un ór gano de la Corte Penal Internacional serán

diatamente a la Fiscalía de la Nación, como autoridad central. También pueden cursarse directamente a la Fiscalía de la Nación. 2. La Fiscalía de la Nación cursará al Juez de la Investigación Preparatoria las solicitudes de cooperación de detención y entrega, de detención provisional, y de todas aquellas establecidas en el artículo 511º. 3. Si el acto de cooperación consiste en: a) la identificación y búsqueda de personas u ob jetos; b) la realización de exhumaciones y el examen de cadáveres y fosas comunes; y, c) la identificación y determinación del para dero de bienes delictivos, corresponderá su admisión y ejecución al Fiscal Provincial del lugar de la diligencia. Si la solicitud, a su vez, exige la realización de inspecciones oculares, el congelamiento o la incautación de bienes delictivos, el Fiscal Provincial instará al Juez de la Investigación Preparatoria dicte la re solución autoritativa que corresponda. Sal vo que requiera autorización jurisdiccional, el Fiscal Provincial estará encargado de la conducción de las labores de protección de víctimas y testigos. 4. Cuando fuera necesario, y el interés de la justicia lo exige, las autoridades nacionales que intervienen en un acto de cooperación estarán obligadas a preservar el secreto de las actuaciones en que intervengan. Con especial énfasis se entenderán secretas las diligencias en tanto ellas puedan afectar la seguridad e integridad corporal y psicológi ca de los investigados, de las víctimas, de los posibles testigos y de sus familiares. recibidas vía diplomática y remitidas inme

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 511, 562 inc. 1).

Art. 556.- Consultas y acuerdos con la Corte Penal Internacional 1. Si la ejecución de un acto de cooperación con la Corte Penal Internacional puede vul nerar una norma de orden público y un prin cipio fundamental del derecho, el órgano que deba decidir su admisión y desarrollo, previamente, expresará mediante resolución o disposición consultiva –según se trata del

Juez o del Fiscal, respectivamente los moti vos de la probable colisión y, reservadamen te, las pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación. 2. La Fiscalía de la Nación realizará las con sultas indispensables con la Corte Penal Internacional a fin de resolver la cuestión. A su finalización, la Fiscalía de la Nación se pronunciará, pudiendo fijar en coordinación con la Corte Penal Internacional el ámbito posible de la cooperación que se le daría a la misma, aclarar los puntos de cuestiona miento de la decisión fiscal o judicial o dictar cualquier otra recomendación que conside re conveniente. Con esa respuesta, el Fiscal encargado o el Juez competente decidirán lo que considere arreglado a derecho, con co nocimiento de la Fiscalía de la Nación. 3. Si la cooperación consiste en la presentación de documentos, informaciones o divulgación de pruebas que puedan poner en riesgo la seguridad nacional o se trate de secretos de Estado, se procederá conforme a los nume rales anteriores. En este caso, la Fiscalía de la Nación coordinará con los Ministerios u órganos del Estado involucrados e iniciará las consultas con la Corte Penal Internacio nal. Si la autoridad judicial acuerda que es imposible cumplir el acto de cooperación solicitado, comunicará su resolución a la Fiscalía de la Nación y ésta a la Corte Penal Internacional. 4. La Fiscalía de la Nación, en sus relaciones con la Corte Penal Internacional, informará de las normas de derecho interno y de los requisitos necesarios para el debido cumpli miento de los actos de cooperación solicita dos.

TÍTULO II LA DETENCIÓN Y ENTREGA DE PERSONAS Y LA DETENCIÓN PROVISIONAL Art. 557.- Recepción y trámite 1. Una vez que la Fiscalía de la Nación reciba

la solicitud de detención y entrega, con todos

los documentos a que hace referencia el artí culo 91º del Estatuto de la Corte Penal Inter nacional, remitirá las actuaciones al Juez de la Investigación Preliminar del lugar donde se encuentre el requerido, con conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria, in mediatamente, expedirá mandato de deten ción. 3. Producida la detención y puesto el extradita do a disposición judicial por la oficina local de la INTERPOL, el Juez de la Investigación Pre paratoria, con citación del Fiscal Provincial y dando cuenta del hecho a la Fiscalía de la Nación, le tomará declaración, informándole previamente de los motivos de la detención y de los detalles de la solicitud de entrega, entregándole copia de la misma. Asimismo, le hará saber del derecho que tiene a nom brar abogado defensor o si no puede hacerlo de la designación de un abogado de oficio. El detenido, si así lo quiere, puede expresar lo que considere conveniente en orden al con tenido de la solicitud de entrega, incluyendo el cuestionamiento de la identidad de quien es reclamado por la justicia internacional, o reservarse su respuesta para la audiencia de control de la entrega. Si el detenido no habla el castellano, se le nombrará un intérprete. 4. Acto seguido, el Juez de la Investigación Preparatoria en un plazo no mayor de quin ce días, citará a una audiencia pública, con citación del requerido, su defensor, el Fiscal Provincial, el representante que nombre la Corte Penal Internacional y, de ser el caso, el representante que designe la embajada del país del que es nacional el detenido. Los intervinientes podrán presentar pruebas, cuestionar o apoyar las que aparezcan en el expediente de entrega, alegar la pertinencia o la impertinencia, formal o material, de la solicitud de entrega, o cuanto motivo a favor de sus pretensiones. La audiencia se inicia con la precisión de las causales de entrega, el detalle del contenido de la solicitud de en trega y la glosa de documentos y elementos de prueba que deben acompañarse al efecto.

Luego el detenido, si así lo considera conve niente, declarará al respecto y se somete rá al interrogatorio de los participantes. A continuación éstos alegarán por su orden y, finalmente, el imputado tendrá derecho a la última palabra. El expediente se elevará inmediatamente a la Sala Penal de la Corte Suprema, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación. 5. La Sala Penal de la Corte Suprema, previo traslado de las actuaciones elevadas por el Juez de la Investigación Preparatoria al Fis cal Supremo y a los demás participantes per sonados, señalará fecha para la audiencia de entrega. La Audiencia se llevará a cabo con los que asistan, quienes por su orden infor marán oralmente, empezando por el Fiscal y culminando por el abogado del requerido. Si éste concurre a la audiencia, lo hará en úl timo lugar. La Corte Suprema emitirá reso lución consultiva en el plazo de cinco días. Notificada la resolución y vencido el plazo de tres días se remitirá inmediatamente al Mi nisterio de Justicia. 6. Si el detenido contestara la solicitud de en trega, alegando la ocurrencia de cosa juzga da, sin perjuicio de la continuación del trá mite, el Juez de la Investigación Preparatoria formará cuaderno con copia certificada de lo actuado y lo elevará a la Fiscalía de la Na ción, la cual inmediatamente consultará a la Corte Penal Internacional para que informe si hubo decisión de admisibilidad de la cau sa. El expediente principal, en el estado en que se encuentre, quedará suspendido hasta la respuesta de la Corte Penal Internacional. En este caso: a) Si la causa fue admitida, la autoridad ju dicial dará curso al pedido de detención y entrega; b) Si estuviese pendiente la decisión sobre la admisibilidad, la autoridad judicial podrá determinar la suspensión del pro cedimiento de entrega, a la espera de la

realizadas sumariamente las constataciones que correspondan, comprueba que no es la persona requerida por la justicia penal inter nacional, así lo declarará inmediatamente, sin perjuicio de ordenar la detención de la persona correcta y ponerla en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y de la Sala Pe nal de la Corte Suprema. Esta decisión, aún cuando se dictare antes de la audiencia, impedirá la prosecución del procedimiento. Contra ella procede recurso de apelación ante la Sala Penal Superior. 8. El requerido, en cualquier estado del pro cedimiento judicial, podrá dar su consenti miento libre y expreso a ser entregado a la Corte Penal Internacional. En este caso, el órgano jurisdiccional dará por concluido el procedimiento. La Sala Penal de la Corte Su prema, sin trámite alguno, dictará la resolu ción consultiva favorable a la entrega, remi tiendo los actuados al Ministerio de Justicia para los fines de Ley.

decisión de la Corte Penal Internacional. 7. Si el Juez de la Investigación Preparatoria, función al cuestionamiento del detenido,

en

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 9, 416 y ss., 558 inc. 5); CPI: Arts. 91.

Art. 558.- Resolución Suprema y Eje- cución 1. La decisión sobre la entrega será mediante Resolución Suprema emitida por el Consejo de Ministros, que será puesta en conoci miento de la Fiscalía de la Nación y la Corte Penal Internacional por la vía diplomática. Si la resolución consultiva de la Corte Suprema es por la denegación de la entrega, así lo de clarará el Poder Ejecutivo. En caso contrario, el Poder Ejecutivo puede dictar la decisión que corresponda. Si ésta es denegatoria de la entrega, la Fiscalía de la Nación comunica rá el hecho a la INTERPOL. 2. Decidida definitivamente la solicitud de en trega, la Corte Penal Internacional podrá dar curso a otra solicitud por el mismo hecho, si la denegación se fundó en defectos de for ma. 3. La Corte Penal Internacional deberá efectuar el traslado del detenido en el plazo de treinta días, contados a partir de la comunicación

oficial. La Fiscalía de la Nación, atento a la solicitud de la Corte Penal Internacional, cuando ésta se viera imposibilitada de rea lizar el traslado oportunamente, podrá con ceder un plazo adicional de diez días. A su vencimiento, el detenido será puesto inme diatamente en libertad, y el Estado requiren te no podrá reiterar la demanda de extradi ción. 4. La Corte Penal Internacional, si absuelve a la persona entregada, comunicará al Perú tal hecho y le enviará copia autenticada de la sentencia. 5. La Corte Penal Internacional solicitará al Perú la dispensa del numeral 1) del artículo 101º del Estatuto de la Corte Penal Interna cional. Previamente celebrará consultas con la Fiscalía de la Nación. La solicitud de dis pensa será cursada directamente a la Sala Penal de la Corte Suprema. Rige, en lo per tinente, el numeral 4) del artículo anterior y las demás normas siguientes. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 558 inc. 4); CPI: Arts. 101.1.

Art. 559.- Plazo de la detención y libertad provisional 1. La detención, en ningún caso, puede exceder de noventa días. Vencido el plazo sin haber resuelto la solicitud de entrega, se dispon drá por la autoridad judicial su inmediata libertad, sin perjuicio de imponer las medi das restrictivas o de control que discrecio nalmente se acuerden; asimismo, se dictará mandato de impedimento de salida del país y se retendrá su pasaporte. 2. El detenido puede solicitar libertad provisio nal ante el órgano jurisdiccional que, en ese momento, conozca de la solicitud de entrega. Presentada la solicitud, la autoridad judicial dará cuenta de la misma a la Fiscalía de la Nación, la que se comunicará con la Corte Penal Internacional para que dé las reco mendaciones necesarias. 3. El órgano jurisdiccional, para resolver la so

sideración las recomendaciones de la Corte Penal Internacional. Ésta será concedida si se presentan circunstancias que la justifi quen y si existen garantías suficientes para la realización de la entrega. En este caso se dictará mandato de impedimento de salida del país y se retendrá el pasaporte del reque rido, sin perjuicio de otras medidas de con trol que el Juez discrecionalmente acuerde para impedir la fuga y asegurar la realización de la entrega. Se seguirá, en lo pertinente, el trámite previsto para la cesación de la pri sión preventiva.

Art. 560.- Detención provisional con fines de entrega 1. A solicitud de la Corte Penal Internacional, el Juez de la Investigación Preparatoria, cum plidos los requisitos que establece el artículo 92º del Estatuto de la Corte Penal Interna cional, dictará mandato de detención provi sional con fines de entrega. 2. El detenido será puesto en libertad si la Fis calía de la Nación no hubiese recibido la so licitud de entrega y los documentos que co rrespondan en el plazo de sesenta días de la fecha de detención. 3. El detenido provisionalmente podrá consen tir en su entrega antes de que transcurra el plazo estipulado en el numeral anterior. Rige, en lo pertinente, el numeral 6) del artí culo 521º. 4. Ejecutada la detención provisional, el Juez de la Investigación Preparatoria oirá a la per sona detenida en el plazo de veinticuatro ho ras, y le designará abogado defensor de ofi cio, si aquél no designa uno de su confianza. La detención cesará si se comprobase que el detenido no es la persona reclamada. 5. El detenido liberado porque no se presentó a tiempo la solicitud de entrega, puede ser nuevamente detenido, si la solicitud de en trega y los documentos que lo juzgan fuesen recibidos en una fecha posterior. licitud de libertad provisional tendrá en

con

CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 521 inc. 6); CPI: Arts. 92.

Art. 561.- Concurrencia de solicitud de entrega y demanda de extradición 1. Habiendo concurrencia entre la solicitud de entrega y una demanda de extradición rela tiva a la misma conducta que constituya la base del crimen en razón del cual la Corte Penal Internacional ha pedido la entrega, la autoridad competente, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación, notificará el hecho a la Corte Penal Internacional y al Estado re quirente. La Fiscalía de la Nación establece rá las consultas correspondientes para una decisión en armonía con el artículo 90º del Estatuto de la Corte Penal Internacional. El resultado de su intervención será comunica do por escrito a la autoridad judicial. 2. La demanda de extradición en trámite que dará pendiente hasta la decisión sobre la so licitud de entrega. 3. La solicitud de entrega prevalecerá sobre la demanda de extradición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90º del Estatuto de la Corte Penal Internacional. CONCORDANCIAS: CPI: Arts. 90.

TÍTULO III LOS DEMÁS ACTOS DE COOPERACIÓN Art. 562.- Asistencia Judicial 1. La Fiscalía de la Nación cursará a la autori dad que corresponda, de conformidad con el artículo 555º, las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional establecidas en el literal b) del numeral 1) y en el primer extremo del numeral 2) del artículo 554º. 2. El trámite que seguirán las solicitudes es el previsto, en lo pertinente, en los artículos 532º a 537º. 3. El traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación o de que preste tes timonio o asistencia de otra índole, requerirá que el detenido preste su libre consentimien to, con el concurso de un abogado defensor, y que se asegure al trasladado no ser dete

nido o enjuiciado con base en la declaración

que preste, salvo el caso de desacato o falso testimonio. 4. Si existen concurrencia entre solicitudes de asistencia judicial con otro país, la autoridad judicial inmediatamente dará cuenta a la Fiscalía de la Nación a fin que establezca las consultas con la Corte Penal Internacional y el Estado requirente, a fin de dar debido cumplimiento. El trámite se reanudará a las resultas de la comunicación que curse la Fis calía de la Nación como consecuencia de las consultas entabladas al respecto. Se tendrá en consideración lo dispuesto en el numeral 9) del artículo 93º del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 5. La solicitud de la Corte Penal Internacional que originara dificultades de ejecución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, será comunicada por la autoridad a cargo de la misma a la Fiscalía de la Nación a fin de que inicie consultas con la Corte Penal Inter nacional, en los siguientes casos: a) Si la información fuese insuficiente para la ejecución de la solicitud; b) Si fuere imposible ubicar a la persona buscada, dentro de la solicitud de entre ga; c) Si la ejecución de la solicitud, conforme a sus propios términos, estuviere en apa rente conflicto con una obligación asumi da por el Perú con otro Estado, por medio de un Tratado. 6. En caso que la ejecución de una solicitud de asistencia interfiera una investigación o en juiciamiento en curso de un hecho distinto del que es materia de la solicitud de la Corte Penal Internacional, podrá aplazarse

la eje cución por el tiempo que se acuerde con la Corte Penal Internacional. En todo caso, la autoridad judicial, luego de declarar la pre sencia de una interferencia, dará cuenta a la Fiscalía de la Nación, a fin de que inicie consultas con la Corte para determinar, al ternativamente, el plazo del aplazamiento, la ejecución de la solicitud bajo ciertas condi ciones o, en su caso, para acordar medidas

de protección de pruebas o de testigos, du rante el lapso del aplazamiento. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 532 al 537, 554 incs. 1.b, 2), 555; CPI: Arts. 93.9, 95; D.S. 016-2006-JUS: Art. 4.

rá activamente en el procedimiento de ejecu ción. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 532 inc.2); CPI: Arts. 54.

Art. 563.- Cooperación con el Fiscal de la Corte Penal Internacional

Art. 564.- Restricciones a la divulga- ción y gastos

1. El Fiscal de la Corte Penal Internacional, de conformidad con el artículo 54º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, podrá solici tar los actos de cooperación previstos en el artículo anterior, que se tramitarán y ejecu tarán conforme a las reglas establecidas en dicha norma. En todo caso, antes de solicitar formalmente el acto de coordinación con sultará con la Fiscalía de la Nación, a fin de establecer las condiciones de operatividad y eficacia de la solicitud que pretenda.

1. Se aplican a todas las solicitudes de coopera ción las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la defensa o la seguridad nacional

2. El Fiscal de la Corte Penal Internacional podrá realizar en territorio nacional las di ligencias de investigación que considere con veniente y se encuentren autorizadas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. A este efecto, cursará la solicitud de coopera ción a la Fiscalía de la Nación, la cual pre vias coordinaciones con aquélla, la derivará al Juez de la Investigación Preparatoria del lugar donde debe realizarse la diligencia, la cual previo traslado al Fiscal y a los interesa dos debidamente personados, decidirá luego de la vista de la causa en el plazo de cinco días. La decisión es recurrible con efecto suspensivo ante la Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 532º.

2. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes de coopera ción corren por cuenta del Estado peruano, con las excepciones estipuladas en el artícu lo 100º del Estatuto de la Corte Penal Inter nacional. El Ministerio Público participa

será citado y

3. Si se acepta la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en tanto se cum plan los presupuestos y las condiciones es tablecidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, su ejecución está condiciona da a que no se afecten derechos y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico peruano. En caso afirmativo, prestará a la autoridad extranjera el auxilio que requiere para el cumplimiento de dichas diligencias. GRUPO EDITORIAL Lex &

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CONCORDANCIAS: CPI: Arts. 100.

TÍTULO IV LA EJECUCIÓN DE LA PENA Art. 565.- Cumplimiento de penas impuestas a nacionales 1. El Estado Peruano podrá manifestar a la Cor te Penal Internacional su disposición para recibir condenados de nacionalidad perua na. Esta decisión requiere informe favorable de la Fiscalía de la Nación y Resolución Su prema del Sector Justicia con aprobación del Consejo de Ministros. 2. El Estado Peruano iniciará consultas con la Corte Penal Internacional para determinar el ámbito de la ejecución de las penas y la apli cación del régimen jurídico de su aplicación, así como las bases de la supervisión que compete a la Corte Penal Internacional.

Art. 566.- Ejecución de las penas 1. Si la pena es privativa de libertad, la Fisca lía de la Nación en coordinación con el Mi nisterio de Justicia, comunicarán a la Corte Penal Internacional el establecimiento penal de cumplimiento de la pena. Se acompañará copia autenticada de la sentencia.

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2. La ejecución de la pena privativa de libertad dependerá del Acuerdo expreso a que llegue el Estado Peruano con la Corte Penal Inter nacional. La pena no puede ser modificada por la jurisdicción peruana. Todo pedido de revisión, unificación de penas, beneficios penitenciarios, traslado para la detención en otro país y otros incidentes de ejecución, así como los recursos, son de competencia exclusiva de la Corte Penal Internacional. El interno podrá dirigir los pedidos a la Fiscalía de la Nación, órgano que los trasladará inme diatamente a la Corte”Penal Internacional. 3. Las autoridades nacionales permitirán la li bre y confidencial comunicación del senten ciado con la Corte Penal Internacional. 4. Las penas de multa y el decomiso de bienes impuestos por la Corte Penal Internacional podrán ser ejecutadas por la jurisdicción na cional. Rige, en lo pertinente, el artículo 547º. 5. En caso de evasión del condenado, se dará cuenta a la Corte Penal Internacional a tra vés de la Fiscalía de la Nación, que iniciará consultas para proceder con arreglo al artí culo 111º del Estatuto de la Corte Penal Inter nacional. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 547; CPI: Arts. 111.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DISPOSICIONES FINALES Primera.- Vigencia del Código Procesal Penal 1. El Código Procesal Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distri tos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas com plementarias y de implementación del Códi go Procesal Penal.

2. El día 1 de julio de 2006 se pondrá en vi gencia este Código en el Distrito Judicial de signado por la Comisión Especial de Imple mentación creada por el Decreto Legislativo Nº 958. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva de este Código.(*) 3. El mencionado Decreto Legislativo estable cerá, asimismo, las disposiciones transitorias y las referidas al tratamiento de los procesos seguidos con arreglo a la legislación anterior. 4. No obstante lo dispuesto en el numeral 2, el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigen cia en todo el país los artículos 468º 471º, y el libro Libro Séptimo “La Cooperación Judi cial Internacional” y las disposiciones modifi catorias contenidas en este Código, excepto las contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006. (*) Asimismo, entra en vigencia el Código Pro cesal Penal para los delitos tipificados en las Secciones II, III y IV, del artículo 382° al artículo 401º del Capítulo II, del Título XVIII del Libro II del Código Penal, de acuerdo a lo siguiente: a) En el Distrito Judicial de Lima, el 15 de enero de 2011. b) En los Distritos Judiciales de Lima Norte, Lima Sur y Callao, el 1 de abril de 2011. c) En los demás distritos judiciales en los que el Código Procesal Penal aún no ha entrado en vigencia integralmente, el 1 de junio de 2011.(**) 5. Las normas que establecen plazos para las medidas de prisión preventiva y detención domiciliaria entrarán en vigencia en todo el país el día 1 de febrero de 2006. Para estos efectos, y a fin de definir en concreto el pla zo razonable de duración de las indicadas medidas coercitivas, el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de los plazos máximos fijados en este Código, deberá tomar en considera

(*) Incisos modificados por el Artículo 1º de ta Ley Nº 28671, pub. el 31/01/2006. (**) Párrafo modificado por el Artículo 2º de la Ley Nº 29648, pub. el 01/01/2011.

ción, proporcionalmente: a) la subsistencia de los presupuestos materiales de la medida; b) la complejidad e implicancias del proceso en orden al esclarecimiento de los hechos investigados; c) la naturaleza y gravedad del delito imputado; d) la actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional; y, e) la conducta procesal del imputado y el tiempo efectivo de privación de libertad.(*) 6. Los artículos 259° y 260° entran en vigencia en todo el país el 1 de julio de 2009.(**) CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 205 al 210, 468 al 471; D. Leg. 958: Art. 1 y ss; Ley 28671.: Arts. 1 y ss; D.S. 013-2005-JUS.: Arts. 1 y ss; D.S. 013-2005-JUS.: Arts. 1 y ss.

Segunda.- Normas generales de aplicación 1. Al entrar en vigencia este Código según las previsiones de la Disposición anterior, los procesos en trámite se regirán por las nor mas que se establezcan en las normas com plementarias y de implementación de este cuerpo normativo. 2. En todo caso, salvo disposición expresa en contrario, continuarán rigiéndose por la nor ma procesal anterior las reglas de competen cia, los recursos impugnatorios interpuestos, los actos procesales que se encuentren en vía de ejecución, y los plazos que hubieran empezado a computarse. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 1ra. D.F.

Tercera.- Vigencia procedibilidad

de

requisitos

de

Siguen vigentes las disposiciones legales que consagran requisitos de procedibilidad o impo nen autorizaciones o informes previos de órga

nos públicos para disponer la formalización de la investigación preparatoria.

Cuarta.- Normas Reglamentarias 1. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supre mo, reglamentará los alcances del proceso por colaboración eficaz previsto en la Sección VI del Libro Quinto “Los procesos especiales” de este Código. Asimismo, hará lo propio res pecto de las medidas de protección, prevista en el Título V de la Sección II ”La Prueba” del Libro Segundo “La actividad procesal”. 2. Los órganos de Gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Público, asimismo, dictarán las normas reglamentarias que prevé este Código en el plazo y mediando las coordina ciones que establecerán las normas comple mentarias y de implementación del Código Procesal Penal. CONCORDANCIAS: CPP (2004): Arts. 155 y ss., 247 y ss., 472 y ss.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS (***) Primera.- Control del Ministerio Públi- co de los bienes incautados 1. Corresponde al Ministerio Público la super visión de los organismos que por Ley se han creado o habilitado para el depósito, admi nistración y disposición durante el proceso de bienes incautados. 2. El Fiscal de la Nación dictará las normas regla mentarias que hagan efectiva la supervisión de dichas entidades por el Ministerio Público.

Segunda.procesales

Modificaciones

de

normas

Los artículos de las normas que a continuación se señalan, quedan redactados según el tenor siguiente:

(*) Numeral derogado por el Artícuto 7º de la Primera D. F. de la Ley Nº 28671, pubticada el 31/01/2006. (**) Inciso incorporado por el Artículo 2º de ta Ley Nº 29372, pub. el 09/06/2009. (***) De acuerdo al Artículo 1º de la Ley 28671 del 31/01/06 que modifica el inc. 4 de la 1era. D. F. y las D.C. del Código Procesal Penal, Dec. Leg. Nº 957 (29/07/04), establece que el día 01/02/06 entrará en vigencia

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IurIs

en todo el país las disposiciones modificatorias contenidas en este Código, excepto las contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.

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1. “Artículo 11º, Ley Nº 23506. Responsabilidad y sanciones al agresor 1. Si al concluir los procesos de Hábeas Corpus y Amparo, se ha identificado al responsable de la agresión y aparezcan indicios de la comisión de un delito de persecución pública, se dispondrá se re mita copia certificada de lo actuado al Ministerio Público para que proceda con arreglo a sus atribuciones. 2. El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de los hechos de la responsabilidad penal a que hubiera lu gar. Si el responsable de la vulneración fuera una de las personas comprendidas en el artículo 99º de la Constitución se dará cuenta inmediata al Congreso para los fines consiguientes”. (*) 2. “Artículo 4º, Decreto Supremo Nº 00697 JUS (Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar). La Denuncia Policial 1. La Policía Nacional, en todas sus delega ciones, recibirá las denuncias por violen cia familiar y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, realizará las investigaciones que correspondan, bajo la conducción del Ministerio Público, y practicará las notificaciones a que hubie re lugar. 2. Las denuncias podrán ser formuladas por la víctima o cualquier persona que conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en forma verbal o escrita”. 3. “Artículo 6º, Decreto Supremo Nº 00697 JUS (Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar). La Investigación Preliminar Policial 1. La investigación preliminar policial se sigue de oficio, independientemente del denunciante, bajo la conducción del Mi nisterio Público.

2. La Policía Nacional, a solicitud de la vícti ma, con conocimiento del Ministerio Pú blico brindará las garantías necesarias en resguardo de su integridad”. 4. “Artículo 8º, Decreto Supremo Nº 00697 JUS (Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar). El Informe Policial 1. El Informe Policial será remitido, según corresponda, al Juez de Paz o al Fiscal Provincial en lo Penal o al Fiscal de Fa milia, para ejercer las atribuciones que le señala la presente ley. 2. La parte interesada podrá igualmente pedir copia del Informe Policial para los efectos que considere pertinente o solici tar su remisión al juzgado que conociera de un proceso sobre la materia o vincula do a ésta”. 5. “Artículo 7º, Decreto Legislativo Nº 813. Re quisito de procedibilidad 1. El Ministerio Público, en los casos de de lito tributario, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria previo informe motivado del Órgano Adminis trador del Tributo. 2. Las Diligencias Preliminares y, cuando lo considere necesario el Juez o el Fiscal en su caso, los demás actos de la Instrucción o Investigación Preparatoria, deben con tar con la participación especializada del Órgano Administrador del Tributo”. 6. “Artículo 8º, Decreto Legislativo Nº 813. In vestigación y promoción de la acción penal 1. El Órgano Administrador del Tributo cuando, en el curso de sus actuaciones administrativas, considere que existen indicios de la comisión de un delito tribu tario, inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de con tinuar con el procedimiento que corres ponda.

(*) Numeral derogado por el Artículo Único de la Ley Nº 28395, pub. el 23/11/2004.

2. El Fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el Órgano Adminis trador del Tributo, dispondrá lo conve niente. En todo caso, podrá ordenar la ejecución de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas por sí mis mo. En cualquier momento, podrá orde nar al Órgano Administrador del Tributo le remita las actuaciones en el estado en que se encuentran y realizar por sí mismo o por la Policía las demás investigaciones a que hubiere lugar”. 7. “Artículo 19º, Ley Nº 28008. Competencia del Ministerio Público. Los delitos aduane ros son perseguibles de oficio. Cuando en el curso de sus actuaciones la Administración Aduanera considere que existen indicios de la comisión de un delito, inmediatamente co municará al Ministerio Público, sin perjuicio

de continuar el procedimiento que corres ponda.” 8. “Artículo 19º, Decreto Legislativo Nº 701. El ejercicio de la acción penal es de oficio. Cuando la Comisión estimara que se ha in fringido el artículo 232º del C.P. pondrá tal hecho en conocimiento del Ministerio Públi co.”

Tercera.- Disposición Derogatoria Quedan derogados: 1. El Código de Procedimientos Penales, pro mulgado por Ley Nº 9024 y las demás nor mas ampliatorias y modificatorias. 2. El Código Procesal Penal, aprobado por De creto Legislativo Nº 638, y las demás normas ampliatorias y modificatorias. 3. Todas las leyes y disposiciones que se opon gan a la presente ley.

GR UP O ED IT OR IA L

1

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Etapa dirigida por el Fiscal (321-343) *

Le

FISCALÍA

x

& Iur Is

(IV, 60, 61) NOTICIA CRIMINAL Denuncia (326) Comunicación de Juez no Penal (10) Noticia policial (67, 331) •

CALIFICACIÓN FISCAL (334, 336) DILIGENCIAS PRELIMINARES (65, 330) No procede formalizar la investigación Con intervención de la Policía (68, 332) Reserva provisional e Intervención policial En el despacho fiscal Principio de oportunidad o acuerdo reparatorio (2) Plazo (334): 20 días u otro fijado por el Fiscal

FISCAL SUPERIOR (334.6) Resuelve la queja, ordenando: El archivo La formalización de la investigación

DILIGENCIAS DE LA INVESTIGACIÓNCONCLUSIÓN (337) DE LA INVESTIGACIÓN (343) FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (336) Pertinentes y útiles Por cumplimiento de su objeto Requisitos: No repiten las preliminares Por vencimiento del plazo: Simples, 120 días - ampliación de 60 días Indicios reveladores de delito Complejas ocho meses, ampliaAcción penal no prescrita ción por igual término. Individualización del imputado Satisfacción de los requisitos de procedibilidad

* Numeración referida a los artículos del CPP

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Elaborado por: Mario Rodríguez Hurtado

A ne xo : Fl uj og ra m

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GR UP O ED IT OR IA L

Le x

& Iur Is

M O 2 ETAPA INTERMEDIA D Etapa dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria EL (344-355) O S D JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (V, 29, 4) EL N U ACUSACIÓN (349) REQUERIMIENTO FISCAL DE SOBRESEIMIENTO (344) NOTIFICACIÓN DE LA ACUSACIÓN A LOS OTROS SUJETOS PROCESALES, OBJECIONES Y PEDIDOS (350) Identificación del acusado. El hecho no se realizó. EV En un plazo de 10 días, éstos podrán: Hecho atribuido. No puede atribuírselo al imputado. Observar la acusación. Elementos de convicción. No es típico, concurre causa de justificación de inculpabilidad o no punibilidad. O Deducir medios de defensa técnica. Participación del acusado. Acción extinguida. Pedir el sobreseimiento. C Circunstancias modificatorias de la Imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Instar la aplicación de un criterio de oportunidad. responsabilidad penal. Insuficiencia de elementos de Ofrecer prueba. Ó Tipificación del hecho y pena. convicción. Presentar documentos. Reparación Civil. DI Objetar o pedir incremento de la reparación civil. Medios de prueba ofrecidos. Proponer los hechos que aceptan y otros acuerdos sobre los medios de prueba. Tipificación Alternativa. G Subsistencia de medidas de coerción, variación o dictado de otras. O P AUDIENCIA PRELIMINAR O DE CONTROL DE LA ACUSACIÓN (351) AUDIENCIA DE CONTROL DEL REQUERIMIENTO FISCAL DE SOBRESEIMIENTO (345) R Resoluciones judiciales: Asistencia obligatoria: Del juez,(346.5) del fiscal y del defensor. Auto de sobreseimiento (347) Orden de realizar una investigación suplementaria O JUZGADO PENAL UNIPERSONAL O JUZGADO PENAL COLEGIADO (V, 28) AUTO DE ENJUICIAMIENTO (353) Desarrollo: Oralidad de la diligencia. Elevacíon al Fiscal Superior por Contenido: Debate: Procedencia y admisibilidad de las cuestiones planteadas. consideración improcedente (346.1) C imputado y del agraviado. Actuaciones: Sólo de prueba anticipada y presenta- ción de documentos sobre Nombres solicitudesdel planteadas. Delito o delitos acusados. Resoluciones del juez (352): ES Calificación legal y tipificaciones Devolución de acusación defectuosa. AL alternativas. Auto sobre medios de defensa técnica. AUTO DE CITACIÓN A JUICIO (355) Medios de prueba admitidos y convenciones probatorias. Auto de sobreseimiento de oficio o a pedido de parte PE Indica la sede y fecha del Partes constituidas. Admisión de medios de prueba. juicio oral. Especificación del objeto de testimoniales y peritajes. FISCAL SUPERIOR N Emplaza a todos los que deben concurrir. sobre convenciones probatorias. Ratifica o rectificaPronunciamiento (346.3) Medidas de coerción AL sobre prueba anticipada. Se rectifica, ordena a otroResolución Fiscal acusar (346.4) Auto de enjuiciamiento. / Ed * Numeración referida a los artículos del ilb CPP Elaborado por: Mario Rodríguez Hurtado ert o

Anexo: Flujogramas

3

JUZGAMIENTO Etapa dirigida por el Juez Unipersonal o por el Juzgado Penal Colegiado (356-403)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL O JUZGADO PENAL COLEGIADO (V, 28) PERÍODO INICIAL

PERÍODO PROBATORIO

PERÍODO DECISORIO

INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA (360) DELIBERACIÓN PROBATORIA (392-393) ALEGATOS FINALES (386) OFRECIMIENTO DE NUEVOS MEDIOS DE ACTUACIÓN PRUEBA (373) Concurrencia imprescindible: imputado Secuencia Se produce del debate en sesión (375.1) secreta. No procede utilizar pruebas distintas a las le gíti ma men te inc Conocidos luego de la fase intermedia. y su defensor, juez y fiscal Orden Valoración convencional probatoria (375.2) según la sana crítica, la lógica, las máximas de la experiencia y los co Oferta admitidos en esta etapa. 370, 371.3). Frente al juez se ubica el acusado, a su derecha el fiscal y el abogado del actor civil, de y alos su no izquierda el defensor del acusado junto a él. Plazos: Oralidad Del Fiscal(361) (387). Del defensor del actor civil (388). Testigos y peritos, en un ambiente contiguo. Intervención Casos simples: del del jueztercero civil (389). Del defensor DosDel días. (375.4) defensor del acusado (390). Autodefensa del acusado (391). Posible Prueba suspensión de oficio o ahasta por tres días por enfermedad del juez. pedido Casos de complejos: parte (385) Cuatro días. Posible suspensión hasta por seis días.

ALEGATOS PRELIMINARES (371.2) Del fiscal, los abogados del actor civil, del tercero civil y del acusado.

INSTRUCCIONES DEL JUEZ AL ACUSADO SOBRE SUS DERECHOS (371.3)

DECLARACIÓN DEL ACUSADO (376) Reglas de interrogatorio: Libertad y oralidad en el relato. Preguntas directas, claras, pertinentes y útiles. Examen individual y/o por separado de coacusados (377).

SENTENCIA Contenido (394) EXAMEN DE TESTIGOS (378) Correlación con la acusación (397) ADMISIÓN O NO DE RESPONSABILIDAD POR EL ACUSADO (372.1) Moderación de interrogatorio por el juez, para evitar preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes. LECTURA DE LA SENTENCIA (396) • Objeción de las partes a preguntas que se • En la sala de audiencias formulen. • Si no asiste el acusado renuente o ha sido desalojado se lee con la presencia de su • El contrainterrogatorio de las partes permite defensor. confrontar al declarante con sus propios dichos MIDAD (372.2) • En casos complejos lectura de la parte CONFORMIDAD PARCIAL (372.3) u otras versiones de los hechos. ado acepta su responsabilidad, o llega a un acuerdo con el fiscal sobre la pena, el juez declara concluido el juicio. dispositiva y relato sintético al público de los Circunscribe el debate a la pena y/o a la reparación • Se siguencivil. las reglas del interrogatorio del a senten- cia de conformidad (372.5) fundamentos de la decisión (Juez docente) acusado. d de eximi- ción o atenuación de responsabilidad midad sobre la reparación civil no vincula

EXAMEN DE PERITOS (378.5, 7) • Exposición sobre el dictamen pericial. • Exhibición y preguntas sobre autenticidad del dictamen. • Explicaciones sobre las operaciones realizadas.

PRUEBA MATERIAL (382)

ORGANIZACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL (383)

* Numeración referida a los artículos del CPP

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SENTENCIA CONDENATORIA (399) • Fija las penas o medidas de seguridad • Indica la pena alternativa a la privación de libertad y las obligaciones del condenado. • No puede modificar la calificación jurídica del hecho objeto de acusación o de su ampliatoria, salvo que el juez haya cumplido con advertir dicha posibilidad durante el juicio (397.2).

SENTENCIA ABSOLUTORIA (398) • Dispone la libertad del acusado, el cese de las medidas de coerción, la restitución de objetos no sujetos a comiso, la anulación de an te c e d e n tes penales y judiciales. • La l i b e r t a d y levantamiento de medidas de coerción proceden, aunque la sentencia no esté firme.

Elaborado por: Mario Rodríguez Hurtado

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