Tesis De Derecho Canonico

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

DELITOS CONTRA LA MORAL Delito contra el sexto precepto del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años de edad (can. 1395 §2)

Tesi per la licenza in diritto canonico presentata da CONTRERAS CASTELLANOS GUILLERMO Matricola: 158864

Sotto la direzione del Professore DAMIÁN G. ASTIGUETA, S.J.

Roma 2010/2011

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consiste principalmente en analizar el delito contra el sexto precepto del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años de edad, delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El primer capítulo está dividido en dos partes: la primera parte se refiere al Código de Derecho Canónico de 1917; la segunda parte se refiere al Código de Derecho Canónico de 1983. Respecto al Código de 1917, hago un análisis del can. 2359 §2 y sus fuentes, mediante una estructura de estudio que facilite la comprensión del tema, respondiendo a las preguntas: ¿Cuál es la materia del delito? ¿Quién es el autor del delito? ¿Quién es la víctima del delito? ¿Cuáles son las penas que se han de aplicar? En un segundo punto de éste apartado, hago un análisis de la Instrucción Crimen Sollicitationis de Juan XXIII donde se habla de la figura del crimen pessimum, una figura importante para ayudar a comprender el contenido de lo que hoy se conoce como la pedofilia o abuso sexual de menores. Respecto al Código de 1983, hago un análisis exegético del can. 1395 §2 y sus fuentes, que en éste caso es el can. 2359 §2 del Código de Derecho Canónico de 1917, tratando de hacer notar las diferencias que existen entre ambos cánones. El segundo capítulo está dividido en dos partes: la primera parte consiste en analizar, en el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela dado por Juan Pablo II en el 2001, al que se le añadieron algunas modificaciones, las cuales fueron aprobadas, el pasado 21 de Mayo de 2010, por el Papa Benedicto XVI, el delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe; la segunda parte consiste en un análisis de los deberes y derechos de los implicados en el delito. Respecto al motu proprio, se trata de analizar los artículos 6 y 7, donde se encuentra señalado lo que respecta al delito que estudiamos. En éste punto se hacen notar las diferencias, sobre todo, respecto a la edad del

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menor y a la prescripción del delito, que son los elementos que sobresalen entre las diferencias que se encuentran respecto al motu proprio y los cánones del Código de Derecho Canónico. Por último, analizamos los deberes y derechos de cada uno de los implicados en el delito. En el caso del delito que nos ocupa en el presente trabajo, los implicados son, principalmente, el clérigo que es acusado de cometer el delito y la víctima que ha sufrido el abuso sexual; además, de modo indirecto, también están implicados el Ordinario o el Superior y la comunidad. Hago un análisis de cada uno de éstos implicados en el delito, para tener una idea de la orientación que se podría hacer en éste caso; sobre todo, hago hincapié en los deberes y derechos del Ordinario, ya que, por el lugar que ocupa y la responsabilidad que tiene delante de la comunidad, es el primero que se debe preocupar, movido por su caridad pastoral, para cuidar de cada uno de los que han sido puestos bajo su cuidado, particularmente de los implicados en tan lamentables acontecimientos de abuso sexual de menores

CAPÍTULO I

El crimen pessimum y su tratamiento canónico antes del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela

1. El CIC de 1917 Para tener una idea de cómo se han tratado penalmente a lo largo de la historia de la Iglesia los delitos cometidos por clérigos, es necesario examinar las fuentes de donde se han inspirado las normas que se han ido emanando conforme han aparecido los casos. En un primer momento convendrá hacer un análisis del can. 2359 del CIC de 1917 y sus fuentes, de modo especial en su segundo parágrafo, ya que éste parágrafo particularmente es tomado como la fuente principal del actual can. 1395 §2. En un segundo momento ayudará el conocimiento sobre el can. 1395 §2 del CIC de 1983 que se cita como fuente de la actual legislación establecida en el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela sobre el delito que nos ocupa. 1.1 El can. 2359 Éste canon pertenece al último libro del CIC de 1917, el quinto libro que trata de los Delitos y de las Penas; se encuentra en la tercera parte del libro donde se mencionan las penas contra cada uno de los delitos, particularmente entre los cánones del título XIV cuya materia contiene los delitos contra la vida, la libertad, la propiedad, la buena fama y las buenas costumbres. El canon está dividido en tres parágrafos en los que se prevén diversas hipótesis de delitos cometidos por los clérigos, sean éstos diocesanos o religiosos, contra el sexto precepto del Decálogo. En el primer parágrafo se menciona la figura del clérigo concubinario, en el segundo son enumeradas

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de modo concreto y preciso una serie de delitos posibles que el clérigo puede cometer, y en el tercer parágrafo se habla de otras hipótesis de violaciones que no están incluidas en los dos anteriores1. Dado que el parágrafo segundo de éste canon2 es el que interesa conocer a profundidad, podemos centrar nuestra atención en él haciendo un análisis sobre su contenido, mirando particularmente la materia del delito, el autor, la víctima y la pena o las penas que se han de aplicar. 1.1.1 La materia del delito En cuanto a la materia del delito aparece en primer lugar la mención del sexto precepto del Decálogo. A este respecto es importante tener presente que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica: «La tradición de la Iglesia ha entendido éste sexto precepto como referido a la globalidad de la sexualidad humana» (n. 2336); por tanto, podemos afirmar que los delitos que se cometen contra éste precepto son siempre en materia de sexualidad. De hecho el texto del canon no define cuál sea la materia de los delitos contra el sexto precepto que se comete con menores que no lleguen a los 16 años; sin embargo, hay quien afirma que los delitos contra el sexto precepto del Decálogo, además de ser graves y externos, tienen un contenido en referencia a la sexualidad como la «fornicación, polución, sodomía imperfecta, palabras y tocamientos realizados a impulsos de lascivia»3. En segundo lugar aparecen una serie de delitos que son nombrados en el canon y que pueden ser cometidos por los clérigos. De hecho los autores, que comentan el canon que nos ocupa, desarrollan conceptualmente los delitos enunciados en el canon y los refieren al sexto precepto del Decálogo4. Podemos tratar los delitos en el orden que aparecen en nuestro 1

Cf. V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», 295. «Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur» (Can. 2359 §2 CIC de 1917). 3 T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2357», Tomo IV, 520. 4 Cf. A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 360; E. F. REGATILLO, Institutiones Iuris Canonici, Vol. II, 456-457; A. BLAT, Comentarium textus Codicis Iuris Canonici, Liber V, 268; M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 491-496; F. X. WERNZ – P. VIDAL, Ius Canonicum, Tomo VII, 547548; P. FERRERES, Instituciones Canónicas, Vol. II, 535. 2

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canon. El adulterio es definido como la «cópula natural de una persona casada con otra que no sea su cónyuge»5, otros dicen, además, que si los dos adúlteros son casados, el delito es doble6. En cuanto al delito de estupro, algunos autores señalan que se debe distinguir entre estupro simple que es la «defloración ilícita de una mujer virgen»7, y el violento que es la «destrucción violenta de la honestidad de la mujer»8, y que en un sentido estrictísimo se debe entender el estupro como «la defloración violenta de una virgen»9. La bestialidad simplemente es definida como «coitus cum bestia»10. La sodomía «es la relación carnal entre dos personas no observando debidamente la diversidad de sexo, sea de un hombre con un hombre, o de una mujer con una mujer»11. El lenocinio «consiste en obligar o inducir a una persona a que se prostituya para satisfacer deseos deshonestos de un tercero»12. El incesto consiste en «la cópula natural entre consanguíneos o afines dentro de los grados prohibidos en el matrimonio13 si previamente no se obtuvo la dispensa»14. Es interesante notar que los delitos que se incluyen en el canon son exactamente los mismos que cometen los laicos (Cf. can. 2357 CIC de 1917), sólo que los laicos son castigados con las penas canónicas después 5

Cf. E. F. REGATILLO, Institutiones Iuris Canonici, Vol. II, 457. Cf. M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 494; P. FERRERES, Instituciones Canónicas, Vol. II, 535. 7 Cf. A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 360. 8 Algunos autores señalan que el estupro aún cuando haya sido obtenido por dolo, fraude o miedo grave, no necesariamente en modo violento, debe equipararse al estupro violento. Cf. M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 492. 9 Cf. A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 360. 10 Cf. A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 360; M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 496; T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2359», Tomo IV, 521. 11 Cf. M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 495; A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 360; P. FERRERES, Instituciones Canónicas, Vol. II, 535. 12 Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2357», Tomo IV, 519; A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 360. 13 Los grados prohibidos en el matrimonio se encuentran en los cann. 1076-1077 CIC de 1917. 14 Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2357», Tomo IV, 519; M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 493; A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 360; E. F. REGATILLO, Institutiones Iuris Canonici, Vol. II, 457. 6

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de recibir la condena civil15, mientras que los clérigos pueden ser castigados sin necesidad de una condena civil previa; además, cuando los delitos de los que trata nuestro canon son cometidos por clérigos, las penas de la Iglesia son mucho más severas16. En una primera lectura del canon aún sin hacer ninguna exégesis, se puede entender perfectamente que los delitos que se enuncian tienen que ver siempre con el aspecto sexual; el solo hecho de leer adulterio, estupro, bestialidad, sodomía, lenocinio, incesto, nos remite inmediatamente a la esfera de la sexualidad, además de comprender la gravedad de estas acciones, y más aún si éstos delitos son cometidos por clérigos. En efecto, las fuentes en que se basa el canon que analizamos hacen referencia a ésta materia de la sexualidad. La razón la podemos encontrar en que, tradicionalmente, la Iglesia ha legislado, para todos los cristianos y no solo para los clérigos, sobre la materia que se refiere al matrimonio y al celibato sacerdotal17. Encontramos así que los delitos enunciados en las fuentes del canon hacen referencia a una falta grave al matrimonio o al celibato sacerdotal: la fornicación18, el adulterio19, el incesto20 y el pecado contra la naturaleza21. 15

Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2357», Tomo IV, 518. Cf. F. DELLA ROCCA, Diritto Cononico, 629. 17 Cf. J.H. PROVOST, «Offenses against the sixth commandment», 635. 18 «Quod si fornicatus fuerit, vel adulterium comiserit, extra ecclesiam abici et ad poenitentiam inter laicos redigi oportet». D. 28, c. 9 en A. FRIEDBERG, Corpus Iuris Canonici. Pars prima, 103. Fuente citada por D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239. 19 «Clerici debent continere et caste vivere; contra facientes punit, et severius puniuntur illi, qui possunt legitimo matrimonio uti». X. 3, 1, 13 en A. FRIEDBERG, Corpus Iuris Canonici. Pars secunda, 452. Fuente citada por D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239. 20 «Si quis vero, tam laicus quam clericus, de crimine propter quod venit ira Dei in filios diffidentiae, convictus fuerit poenis per sacros canones, aut ius civile respective impositis puniatur». LEÓN X, Constitución Supernae dispositionis, 5 de mayo de 1514, en P. GASPARRI (ed.), Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. I, 108. Fuente citada por D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239. 21 «Si quis crimen nefandum contra naturam, propter quod ira Dei venit in filios diffidentiae, perpetraverit, Curiae saeculari puniendus tradatur, et si clericus fuerit, omnibus ordinibus degradatus simili poenae subiiciatur». PIO V, Constitución Cum primum, 1 de abril de 1566, en P. GASPARRI (ed.), Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. I, 200. Fuente citada por D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239. 16

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Enfocando más nuestra atención en el pecado contra la naturaleza, que nos servirá para comprender mejor el objeto de estudio que nos apremia, podemos encontrar otros textos que hacen referencia a lo abominable y digno de castigo de las maldades que se cometen contra la naturaleza. Encontramos en la Didaché o Enseñanza de los Doce Apóstoles, en el capítulo segundo, las sentencias: «no matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los menores, no robarás»22. Comentando la definición del pecado de lujuria en Santo Tomás de Aquino, Dellaferrera señala que el Aquinate distingue siete clases de pecados de lujuria: simple fornicación, estupro, rapto, adulterio, incesto, sacrilegio y pecado contra la naturaleza23. Al pecado contra la naturaleza se le ha denominado como el delito ―que trae la ira de Dios‖. Así lo señalan los Concilios IV24 y V de Letrán25, lo mismo afirmó el Papa San Pío V: «si alguien perpetrare el crimen nefando contra la naturaleza, por el que la ira de Dios cayó sobre quienes se resisten a obedecerle, sea entregado a la Curia secular, y si fuere clérigo, degradado de todas las órdenes sea sometido a igual pena»26. 22

Cf. D. RUIZ BUENO, «Padres Apostólicos», 79. Fuente citada por D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239. 23 Cf. N. C. DELLAFERRERA, «El Obispo, juez: algunas consideraciones», 163-164. Para éste autor se denomina pecado ―contra la naturaleza‖ aquel que alude al conjunto de actos lujuriosos que repugnan al modo y al orden establecido por la naturaleza para realizar el acto sexual. 24 CONC. LATERANENSE IV, canon 14, en G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI PERIKLES – P.J.C. LEONARDI – P. PRODI (ed.) Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 242. «Ut clericorum mores et actus in melius reformentur, continenter et caste vivere studeant universi, praesertim in sacris ordinibus constituti, ab omni libidinis vitio praecaventes, maxime illo propter quod ira Dei venit de coelo in filios diffidentiae, quatenus in conspectu Dei omnipotentis puro corde ac mundo corpore valeant ministrare». Fuente citada por D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239. 25 CONC. LATERANENSE V, Sesión IX, Bula de reforma de la curia, en G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI PERIKLES – P.J.C. LEONARDI – P. PRODI (ed.) Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 622-623. «Ut clerici praesertim caste continenterque iuxta canonum praecepta vivant, statuimus ut contra facientes acriter secundum canones puniantur. Si quis vero tam laicus, quam clericus, de crimine, propter quod venit ira Dei filios diffidentiae, convictus fuerit, poenis per sacros canones aut ius civile respective impositis puniatur». Fuente citada por D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239. 26 PIO V, Const. Cum Primum, 1 de abril de 1566, en P. GASPARRI (ed.), Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. I, 200. Fuente citada por D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239.

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Entre las fuentes del can. 2359 §2 se cita un documento del Concilio de Trento. Se trata del Decretum de reformatione generali, que se encuentra en la Sesión XXV que fue realizada los días 3-4 de diciembre de 156327. Es un decreto que consta de 21 capítulos, y de éstos, es el capítulo XIV el que se menciona en el canon como fuente. En éste capítulo XIV se habla particularmente del escándalo de los sacerdotes concubinarios28. Se exhorta a los ministros a que vivan una conveniente continencia e integridad de vida. Pero también se establece que deben ser castigados los que resulten culpables. Se encomienda a los Obispos proceder en la aplicación de las penas en forma paulatina, primero se debe amonestar, si no se corrigen se les podrá aplicar una privación de algún beneficio, y así sucesivamente hasta llegar a la degradación29. Se establece también la pena para el Obispo si llegara a cometer el delito de concubinato30. Las penas que se deben aplicar son las que señala el mismo documento en los capítulos I-X. Particularmente llaman la atención dos aspectos respecto a las penas. En primer lugar, el capítulo III habla de la pena de excomunión, y señala que ésta pena debe usarse con medida y cautela, y, además, que el Obispo no debe imponer ésta pena sino después de una madura reflexión y sin presión de ningún tipo31. En segundo lugar, el capítulo VI donde se habla del crimen que deriva de la incontinencia, e inmediatamente envía al delito de concubinato, y de los delitos más atroces que comportan la deposición o la 27

Cf. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXV, Decretum de reformatione generali, en G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI PERIKLES – P.J.C. LEONARDI – P. PRODI (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 784. 28 Cf. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXV, Decretum de reformatione generali, en G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI PERIKLES – P.J.C. LEONARDI – P. PRODI (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 792. 29 Cf. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXV, Decretum de reformatione generali, en G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI PERIKLES – P.J.C. LEONARDI – P. PRODI (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 793. 30 Cf. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXV, Decretum de reformatione generali, en G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI PERIKLES – P.J.C. LEONARDI – P. PRODI (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 793. 31 Cf. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXV, Decretum de reformatione generali, en G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI PERIKLES – P.J.C. LEONARDI – P. PRODI (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 785-786.

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degradación, y en este caso no señala expresamente cuáles sean éstos delitos32. Los textos muestran el rigor y la lucha tenaz que la Iglesia ha tenido, y sigue teniendo, en contra de quienes cometen estos delitos. Se percibe la especial gravedad y, como consecuencia, el castigo particular que se aplica cuando el delito es cometido por un clérigo; esto porque cuando un clérigo comete un delito de esta naturaleza, además de ser un escándalo para los fieles33, con su actuación contradice la consagración que ha hecho de su persona a Dios34, y pierde toda credibilidad y autoridad, llevando a la ruina a la misma Iglesia35. 1.1.2 El autor del delito Como autor del delito contra el sexto precepto del Decálogo, en el CIC de 1917, era señalado el laico (Cf. can. 2357 CIC de 1917), el clérigo minorista (Cf. can. 2358 CIC de 1917), que eran aquellos hombres consagrados a los misterios divinos que habían recibido la tonsura clerical (Cf. can. 108 §1 CIC de 1917)36 quedando así incardinados a la diócesis para cuyo servicio eran promovidos (Cf. can. 111 §2) y, el clérigo in sacris del que habla el canon que analizamos. Respecto al laico se determina que debe ser castigado con las penas canónicas una vez que haya sido legítimamente condenado civilmente, aunque la sentencia no haya sido ejecutada37. En cuanto al clérigo minorista hay que notar que el canon hace referencia a los delitos contra el sexto precepto del Decálogo, pero no hace mención expresa del delito cometido con menores de edad. Finalmente aparecen los clérigos in sacris, los cuales son mencionados como autores no sólo del delito contra el sexto precepto de Decálogo con menores que no llegan a los 16 años de edad, sino que, como ya hemos hecho notar, son comprendidos como posibles autores de los delitos que se

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Cf. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXV, Decretum de reformatione generali, en G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI PERIKLES – P.J.C. LEONARDI – P. PRODI (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 787. 33 Cf. J. BERNAL «Régimen vigente de los delitos», 415-416. 34 Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati nei casi di abusi sessuali», 31-32. 35 Cf. N. C. DELLAFERRERA, «El Obispo, juez: algunas consideraciones», 164. 36 Cf. P. FERRERES, Instituciones Canónicas, Vol. I, 106-107. 37 Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2357», Tomo IV, 518.

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enumeran en el canon referido a los laicos, agregándose en la lista el delito de bestialidad. 1.1.3 La víctima del delito El canon menciona como víctima de los delitos contra el sexto precepto del Decálogo a los menores que no lleguen a los 16 años de edad. Como veremos más adelante, también el CIC de 1983 habla de la víctima del delito en los mismos términos, señalando la edad del menor como aquel que no ha cumplido los 16 años (Cf. can. 1395 §2 CIC de 1983). Respecto a la edad de la víctima es necesario hacer notar que, en la definición de crimen pessimum38 que analizaremos más adelante, y que se refiere a este delito cometido especialmente por el clérigo con un menor de edad, se habla de ―impúber‖. Analizando el CIC de 1917 encontramos que un menor, si es varón, es considerado púber después que haya cumplido los 14 años, y en el caso de la mujer, se considera púber una vez cumplido los 12 años (Cf. can. 88 §2 CIC de 1917)39. 1.1.4 Las penas que se han de aplicar En el caso de los laicos que cometen estos delitos contra el sexto precepto del Decálogo con menores de 16 años, la pena que es señalada en el canon es la consideración ipso facto infames40 (Cf. can. 2357 CIC de 1917); esto trae como consecuencia que, según lo establece el can. 2294 §1, cuando un laico quiere recibir las órdenes sagradas y se le ha impuesto la 38

«Nomine criminis pessimi hic intelligitur quodcumque obscoenum factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum persona proprii sexus vel cum impuberibus cuiusque sexus» SUPREMAE SACRAE CONGREGATIONIS SANCTI OFFICII, Notificatio part., en X. OCHOA, Leges Ecclesiae, vol. 3, n. 3072, 4302. 39 Cf. R. NAZ, Traité de droit canonique, Tomo I, 236-237, el autor señala los cánones del CIC de 1917 donde los menores púberes pueden contraer matrimonio (can. 1067 §1), ingresar a la vida religiosa (can. 555, §1,1º), hacer la profesión temporal (can.573). 40 Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2357», Tomo IV, 520; A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 359; E. F. REGATILLO, Institutiones Iuris Canonici, Vol. II, 457; A. BLAT, Comentarium textus Codicis Iuris Canonici, Liber V, 264; M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 496; R. NAZ, Traité de droit canonique, Tomo IV, 760.

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pena de infamia, no puede recibirlas porque la pena lo hace irregular por defecto y, además, lo inhabilita para obtener oficios, beneficios y dignidades eclesiásticas41. La pena de la infamia es considerada dentro de las penas que se llaman vindicativas, es decir, aquellas penas que tienen como finalidad directa la expiación del delito (Cf. can. 2286 CIC de 1917); en este tipo de penas la cesación de la pena no depende de la cesación de la contumacia del delincuente, sino de la forma como quede establecido en la sentencia o decreto en el que se declara la pena. Estas penas vindicativas se imponen según la gravedad de los delitos (Cf. can. 2291 CIC de 1917). Además de la pena de infamia, el canon señala que el Ordinario puede imponer otras penas según su juicio; éstas penas que se pueden agregar deben ser coherentes con la gravedad del caso y del escándalo producido 42, de éste modo se cumplirá el objetivo de corregir al delincuente y castigar el delito, que es lo que busca la pena eclesiástica (Cf. can. 2215 CIC de 1917). En este caso de los laicos, se requiere que se haya emitido una sentencia legítima en un tribunal laical, para poder imponer otras penas. En el caso de que se trate de un delito de adulterio o concubinato público (Cf. can. 2357 §2 CIC de 1917), no se requiere previamente la condena judicial para imponer la pena de la exclusión de los actos legítimos eclesiásticos que señala el canon43. De los clérigos minoristas se establece que debe castigárseles en proporción a la gravedad de la culpa, hasta con la dimisión del estado clerical (Cf. can. 2358 CIC de 1917)44. Se trata de penas indeterminadas, es decir, aquellas que se dejan al arbitrio del Superior, pero son también preceptivas, lo que significa que al Superior se le impone la obligación de imponer la pena. 41

«Qui infamia iuris laborat, non solum est irregularis ad normam can. 984, n. 5, sed insuper est inhabilis ad obtinenda beneficia, pensiones, officia et dignitates ecclesiasticas, ad actus legitimos ecclesiaticos perficiendos, ad exercitium iuris aut muneris ecclesiastici, et tandem arceri debet a ministerio in sacris functionibus exercendo» (Can. 2294 §1 CIC de 1917). 42 Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2357», Tomo IV, 520. 43 Cf. R. NAZ, Traité de droit canonique, Tomo IV, 760; E. F. REGATILLO, Institutiones Iuris Canonici, Vol. II, 457; A. BLAT, Comentarium textus Codicis Iuris Canonici, Liber V, 264; M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 496. 44 Cf. E. F. REGATILLO, Institutiones Iuris Canonici, Vol. II, 457; P. FERRERES, Instituciones Canónicas, Vol. II, 535; F. X. WERNZ – P. VIDAL, Ius Canonicum, Tomo VII, 548-549.

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En el caso de que los clérigos minoristas cometan los delitos señalados en el can. 2357, las penas que deben aplicarse son las mismas que determina el canon, con la diferencia que a los laicos se les aplican las penas después de emitida una condena civil, en cambio a los clérigos se les aplican las penas sin necesidad de tener previamente la condena civil 45. Algunos autores como Vermeersch, Creusen, Naz, señalan que «a los clérigos menores se les debe castigar no solamente por los delitos de la carne por los que es castigado gravemente un laico, sino que, además, por otros, tales como la fornicación, los tocamientos gravemente deshonestos, escritos deshonestos, etc.»46. Respecto a los clérigos ordenados in sacris, se establece una serie de penas que se pueden aplicar que van desde la suspensión hasta la deposición. En caso de los clérigos in sacris cometan el delito de concubinato, se les puede aplicar la pena de suspensión a divinis y la privación de los frutos del oficio, beneficio o dignidad, por medio de un proceso administrativo según los cann. 2176-2181 (Cf. can. 2359 §1 CIC de 1917)47. Cuando los clérigos in sacris cometan los delitos llamados cualificados, es decir, aquellos que se encuentran señalados en el can. 2359 §2 CIC de 1917, se les puede aplicar las penas de infamia, privación del oficio, beneficio o dignidad y, en los casos más graves, la deposición48. La suspensión aparece como la primera pena de aplicarse a los clérigos in sacris por la comisión de alguno de los delitos señalados en el can. 2359 §2, y dado que la suspensión es una pena vindicativa, es necesario que se determine la duración de dicha suspensión y esto quede especificado en la sentencia o decreto49.

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Cf. M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 496-497; T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2358», Tomo IV, 521. 46 A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, Tomo III, 359; R. NAZ, Traité de droit canonique, Tomo IV, 760. 47 Cf. E. F. REGATILLO, Institutiones Iuris Canonici, Vol. II, 457; M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, Vol. IV, 497; F. X. WERNZ – P. VIDAL, Ius Canonicum, Tomo VII, 549; P. FERRERES, Instituciones Canónicas, Vol. II, 535; R. NAZ, Traité de droit canonique, Tomo IV, 760; A. CANCE, Le Code de Droit Canonique, Tomo III, 418. 48 Cf. E. F. REGATILLO, Institutiones Iuris Canonici, Vol. II, 457; F. DELLA ROCCA, Diritto Cononico, 629; T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2359», Tomo IV, 521. 49 Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «Comentarios al can. 2359», Tomo IV, 521.

CAP. I: EL CRIMEN PESSIMUM Y SU TRATAMIENTO CANÓNICO

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1.2 La Instructio Crimen sollicitationis de Juan XXIII 1.2.1 Contenido de la Instrucción Crimen sollicitationis La Instrucción es un documento de la Congregación del Santo Oficio que el Papa Juan XXIII aprobó el 16 de marzo de 196250. Está dirigida a todos los Patriarcas, Arzobispos, Obispos y otros Ordinarios también de rito oriental. La Instrucción al parecer no fue promulgada oficialmente51. De hecho, después del título del documento, viene una especie de subtítulo indicando que debe mantenerse cuidadosamente en el archivo secreto de la Curia para uso interno y, además, que no debe de publicarse ni agregársele ningún comentario. Las normas de esta Instrucción permanecieron en vigor hasta el 2001, precisamente cuando fueron publicadas las actuales normas en el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela del Papa Juan Pablo II52. El fundamento de la Instrucción se encuentra en el can. 247 del CIC de 1917, especialmente en el parágrafo segundo, donde se afirma la competencia de la Congregación para juzgar los delitos que le están reservados mediante una propia ley53. El documento está compuesto de una introducción y cinco títulos, desarrollados en un total de 74 números, y al final, un apéndice con los formularios para usarse según lo requiera el caso. En la introducción (nn. 1-14) se define el concepto de Crimen sollicitationis54 haciendo referencia directa al parágrafo primero de la Constitución Sacramentum poenitentiae del Papa Benedicto XIV; se señala la competencia para la primera instancia que recae sobre los ordinarios locales; se indica las características de los que participan en el juicio y la obligación de guardar el secreto del Santo Oficio55. Una cosa que llama la 50

SUPREMAE SACRAE CONGREGATIONIS SANCTI OFFICII, Instructio De modo procedendi in causis sollicitationis, Typis poliglottis vaticanis 1962. 51 Cf. V. DE PAOLIS, «Norme de gravioribus delictis», 286. 52 Así lo explica la Congregación de la Doctrina de la Fe en la carta enviada a los Obispos el 18 de mayo de 2001 en el párrafo segundo: «… la instrucción Crimen sollicitationis, hasta ahora vigente, editada por la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio el 16 de marzo de 1962, debía ser renovada…». Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Epistula Ad exsequendam ecclesiasticam legem, 18 de mayo de 2001, en AAS 93 (2001) 785-788. 53 Cf. V. DE PAOLIS, «Norme de gravioribus delictis», 286. 54 La definición se encuentra en la nota 38. 55 Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 210.

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DELITOS CONTRA LA MORAL

atención es que, no obstante la prohibición existente en el can. 501 §2 del CIC de 1917, la Instrucción pide a los Superiores vigilar, amonestar y corregir a sus propios súbditos56. Otra cosa más que llama la atención es que el CIC de 1917 establecía que las causas que conllevan la pena de deposición, privación perpetua del hábito eclesiástico o de degradación, se reservan a un tribunal de cinco jueces, sin embargo, la Instrucción habla de un solo juez57. El título uno (nn. 15-28) trata de la Prima notitia criminis. Se hace todo conforme lo indican los cánones 904, 1935, 2368 §2 y 1942 §2 del CIC de 1917, los cuales indican el modo de cómo se puede hacer la denuncia y las acciones que debe realizar el Ordinario para tomar una decisión tal como lo indica el can. 1942 §1 del mismo código. El título dos (nn. 29-60) es el más extenso de los títulos, en él se desarrolla el proceso que se debe seguir. El desarrollo de éste título se hace en cuatro capítulos siguiendo el íter del proceso llamado Juicio criminal en el CIC de 191758. El primer capítulo, la Investigación59, trae a colación el can. 1939 §1 en el que se afirma que antes de citar a alguien para responder a un delito, debe hacerse previamente una investigación especial para averiguar si la acusación se apoya en algún fundamento sólido y cuál es éste. Se investiga en modo particular tres aspectos: los antecedentes del acusado, la solidez de la denuncia y el testimonio de otras personas que fueron solicitadas por el mismo confesor. Terminada la investigación, el Ordinario da a conocer las actas para que el promotor de justicia revise si todo se llevó a cabo correctamente o no, y enseguida el mismo Ordinario declara cerrado el proceso de investigación. El segundo capítulo60, las medidas canónicas, sigue prácticamente la norma del can. 1946 §2 CIC de 1917, en el caso que la denuncia, una vez hecha la investigación, resulta que no es verdadera, o al menos que no tiene elementos suficientes para entablar una acción criminal, se debe dejar constancia de ello y se deposita en el archivo secreto de la curia. Si resulta cierta la acusación pero no con suficientes elementos, el canon prevé una 56

Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 210. Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 210-211. 58 Cf. Título XIX del libro cuarto del CIC de 1917 Del juicio criminal cann. 19331959. 59 Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 214. 60 Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 216. 57

CAP. I: EL CRIMEN PESSIMUM Y SU TRATAMIENTO CANÓNICO

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amonestación a juicio del Ordinario, en cambio, si hay pruebas ciertas para la acusación, el reo debe ser citado para que comparezca. El tercer capítulo61 desarrolla la primera parte del proceso: la citación del reo. Si el reo confiesa el delito, la causa puede concluirse por una sentencia definitiva omitiéndose todas las demás formalidades de un juicio ordinario. Finalmente, el cuarto capítulo62 trata de la discusión de la causa, la sentencia definitiva y la apelación. Esto se hace conforme lo señala el CIC pero usando las fórmulas que aparecen en el apéndice de la Instrucción. Se tiene derecho a apelar ante el Tribunal del Santo Oficio según la norma del can. 1879. Al final de la causa, es obligación del juez trasmitir al Santo Oficio, en el menor tiempo posible, una copia auténtica o incluso el original mismo de todas las actas de la causa, además, puede añadir cualquier información que juzgue necesaria o apropiada. El título tres (nn. 61-65) trata sobre las penas. Se menciona particularmente el can. 2368 §1 y la aplicación del canon va hecha a la luz del can. 2218 §1, las penas se aplican de acuerdo a la gravedad del caso. El documento señala que la pena máxima de la degradación, se debe aplicar sólo cuando parece evidente que el reo vive una profunda malicia y ha abusado del sagrado ministerio con grave escándalo de los fieles y perjuicio de las almas y que, humanamente hablando, no parece haber ninguna esperanza de su enmienda63. El título cuarto (nn. 66-70) habla de las comunicaciones oficiales. Se debe comunicar al Santo Oficio inmediatamente del resultado del proceso. Se ha de informar también al respectivo Ordinario cuando se trata de un sacerdote con residencia en otro territorio, así mismo cuando se trate de un religioso, el Superior debe informar a la Sangrada Congregación del Santo Oficio. Todas las comunicaciones deben ser bajo el secreto del Santo Oficio, bajo pena de pecado grave64. El título quinto (nn. 71-74) trata sobre el crimen pessimum, señala qué se entiende por éste delito y cómo se debe proceder65. Estos últimos números de la Instrucción servirán para el desarrollo del siguiente apartado del presente estudio.

61

Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 217. Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 219. 63 Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 221. 64 Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 221-222. 65 Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 222. 62

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1.2.2 El crimen pessimum La presente figura delictiva la analizaremos particularmente bajo cuatro aspectos: la materia del delito, el autor, la víctima y las penas que se han de aplicar. a) La materia Se entiende por crimen pessimum todo acto obsceno externo, gravemente pecaminoso, cometido o atentado de cualquier modo por un clérigo con una persona del propio sexo66. Con esta definición se comprende ante todo un acto de homosexualidad67. Es interesante notar cómo en la misma Instrucción viene tratado en un número posterior lo que hoy se entiende como delito de pedofilia. La Instrucción señala que para efectos penales se equipara al crimen pessimum todo acto obsceno externo, gravemente pecaminoso, cometido o atentado de cualquier modo por un clérigo con impúberes de cualquier sexo o con animales68. Se comprende que en realidad la pedofilia no se incluía en la definición de crimen pessimum, sino que era equiparada a aquel delito para efectos penales. Sin embargo, en la práctica de la Congregación del Santo Oficio, se entendía por crimen pessimum también los actos obscenos cometidos con impúberes y no solamente limitado a los efectos penales69. En materia de crimen pessimum se evocaba el can. 2228 para no incurrir en la pena, ya que el canon citado señala que no se incurre en la pena si el delito no se realizó plenamente. Sin embargo, para la praxis de la Congregación del Santo Oficio, la definición del crimen pessimum comprende también los actos imperfectos, como las caricias, los abrazos, los tocamientos, las miradas, etc. que son realizados a impulsos de lascivia70.

66

En la nota 38 se encuentra el texto oficial en latín. Cf. J. P. BEAL, «The 1962 Instruction Crimen sollicitationis», 223. 68 «Crimini pessimo, pro effectibus poenalibus, aequiparatur quodvis obscenum factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum impuberibus cuiusque sexus cel cum brutis animantibus (bestialitas)» (Instructio De modo procedendi in causis sollicitationis, n. 73). 69 Cf. A. YANGUAS, «De crimine pessimo et de competentia S. Officii», 429-430. También se vea U. LÓPEZ «Casus conscientiae - I», 33-34. 70 Cf. A. YANGUAS, «De crimine pessimo et de competentia S. Officii», 428. 67

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La materia del delito entra dentro del sexto precepto del Decálogo, es decir, el ―acto obsceno‖ es entendido comúnmente en referencia a la sexualidad71, y las palabras ―gravemente pecaminoso‖ hacen entender que tal violación, desde el punto de vista moral, es decir estando presente la voluntad y la libertad, se considera siempre grave72. Ahora bien, para que pueda considerarse delito, es necesario que la violación sea externa; aquí lo externo se opone a lo interno, ya que no puede ser juzgado penalmente un acto meramente interno73; por otro lado, externo no significa necesariamente público, ya que un acto externo, aquel que se realiza en el mundo físico, se puede cometer en modo oculto74. b) El autor del delito El autor del delito es un clérigo. Y clérigo se entiende sea el simple tonsurado, sea el clérigo minorista o el clérigo ordenado in sacris75. El can. 108 §1 del CIC de 1917 expresa quiénes son los clérigos, y el can. 111 §2 habla de la incardinación a la diócesis, señalando precisamente que es a partir de la primera tonsura que el clérigo queda incardinado, se puede leer también aquí que es a partir de la tonsura como se constituye en clérigo. La Congregación del Santo Oficio no se reservaba todos los delitos cometidos por un clérigo contra el sexto precepto del Decálogo, sino sólo el delito cometido por un clérigo «cum viro pubere vel impubere, cum femina impubere et cum brutis animantibus»76. c) La víctima del delito Se trata de un menor que no llega a los 16 años de edad, aquel que es llamado puber, y también se señalan como víctimas del delito los llamados impuberes. En el can. 88 §2 del CIC de 1917, que ya antes había mencionado, podemos encontrar la diferencia entre puber e impuber77. 71

Cf. J. BERNAL, «Régimen vigente de los delitos contra el 6º Mandamiento», 422-

423. 72

Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE

LA

FE, Declaración Persona humana,

89. 73

Cf. V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», 302. Cf. V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», 307. 75 Cf. A. YANGUAS, «De crimine pessimo et de competentia S. Officii», 428. 76 Cf. A. YANGUAS, «De crimine pessimo et de competentia S. Officii», 431. 77 «Minor, si masculus, censetur pubes a decimoquarto, si femina, a duodécimo anno completo» (Can. 88 §2 CIC de 1917). 74

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d) La pena Cuando se trata del Tribunal del Santo Oficio, se aplican las penas justas, de acuerdo al propio reglamento interno. En el caso de un tribunal diocesano, las penas que se han de aplicar cuando se trata de un clérigo menor, según la gravedad de la culpa, primero las enunciadas en el can. 2357, es decir, aquellas que se aplican a los laicos, y según la gravedad, lo que señala el can. 2358: la dimisión del estado eclesiástico. En el caso de los clérigos ordenados in sacris, sean diocesanos o religiosos, se señalan en el can. 2359 §2 en modo progresivo, según la gravedad de la culpa, cuatro acciones: 1) se les debe suspender; 2) debe declarárseles infames; 3) debe privárseles de cualquier oficio, beneficio, dignidad o cargo que puedan tener; y 4) en los casos más graves, debe deponérseles. 2. El CIC de 1983 2.1 El can. 1395 §2 El can. 1395 §278 tiene como fuente el can. 2359 §2 del CIC de 1917 que acabamos de desarrollar. Analizando conjuntamente los dos cánones podemos encontrar algunas diferencias. La primera diferencia que encontramos es que se hace notar que la nueva legislación ha sido simplificada notablemente79 ya que en el código precedente vienen enumerados una serie concreta de delitos, tales como estupro, bestialidad, sodomía, lenocinio, etc., mientras que en la nueva legislación se habla solo de ―otros‖ delitos cometidos contra el sexto precepto del Decálogo. Una segunda distinción la encontramos en las características que el canon del CIC de 1983 pone de relieve, es decir, cuando el delito es cometido con violencia, o amenazas, o públicamente, o con un menor que no haya cumplido los 16 años de edad. Estas condiciones o características del delito que no aparecían en el código precedente hacen pensar que, para la mentalidad de hoy, que es más sensible a dichas condiciones, resulta más 78

«Clericus qui aliter contra sextum Decaligi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali» (Can. 1395 §2 CIC de 1983). 79 V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», 296.

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escandaloso y requiere una intervención inmediata de la autoridad competente80. Una última diferencia la podemos notar en las penas, es decir, mientras que el antiguo código determinaba que a los clérigos que cometieran dichos delitos se les debía suspender, declarar infames, privar de cualquier oficio, beneficio, dignidad o cargo que pudieran tener, y en los casos más graves debían ser depuestos, en la nueva legislación se señala que deben ser castigados con penas justas, sin excluir la dimisión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Sin duda alguna, este modo de establecer la norma es por la mentalidad con la que se ha entendido el derecho penal después de analizar la eclesiología del Concilio Vaticano II, es decir, el objetivo de la aplicación del derecho penal canónico debe buscar reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo (Cf. can. 1341 CIC de 1983), esto permitirá, en cuanto sea posible, restablecer la comunión y ayudar a que la persona alcance finalmente la salvación de su alma (Cf. can. 1752 CIC de 1983). 2.1.1 El autor del delito Concentrándonos en el actual can. 1395 §2 se señala como autor del delito a un clérigo. El can. 266 §1 indica cómo una persona se hace clérigo81. Además, apoyados en el can. 207 §1 que señala los dos estados fundamentales para la vida de la Iglesia, los cuales se basan precisamente en los sacramentos del bautismo y el orden sacerdotal, podemos entender a quién se llama clérigo en la Iglesia82. Por último, en el can. 1008 se precisa quiénes son los ministros sagrados83, y en el can. 1009 §1 se enuncia cuáles son los grados del Sacramento del Orden84. De éste modo, cuando se dice que el autor del delito es un clérigo, podemos entender que se trata de un diácono, de un presbítero o de un obispo. Queda precisado de esta manera 80

V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», 296. «Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotes est» (Can. 266 §1 CIC de 1983). 82 «Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur» (Can. 207 §1 CIC de 1983). 83 «Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant» (Can. 1008 CIC de 1983). 84 «Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus» (Can. 1009 §1 CIC de 1983). 81

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que a aquellos que se llaman laicos en la Iglesia no se les puede aplicar el canon que analizamos ahora. 2.1.2 La materia del delito En primer lugar se habla de otras violaciones del sexto precepto del Decálogo. Según algunos autores esto haría pensar que todas las violaciones externas que se cometan contra el sexto precepto del Decálogo serían un delito85, ya que el mismo canon utiliza la palabra delito refiriéndose a dichas violaciones. Pero haciendo una lectura más detenida del canon se puede notar que el legislador ha determinado ciertas condiciones con las cuales se cometen dichas violaciones para que puedan ser considerados como delitos; las condiciones que establece el canon son cuando el delito haya sido cometido con violencia, o amenazas, o públicamente, o con un menor que no haya cumplido los 16 años de edad. Según la opinión de los autores se nota en la redacción del canon una cierta tensión ya que se entiende que cualquier violación externa del sexto precepto del Decálogo es un delito, pero al mismo tiempo se precisa que dichas violaciones, para considerarse delito, deben ser cometidas con ciertas características86, es decir, con violencia, amenazas, públicamente o con un menor. Ahora bien, Bernal señala que para saber distinguir o determinar qué comportamientos han de ser determinados como una violación al sexto precepto del Decálogo, podría resultar no fácil de determinar, motivo por el cual se señala que la expresión «delito contra el sexto precepto del Decálogo» es una expresión confusa y de difícil interpretación y, a la vez, de difícil aplicación87. Astigueta refiere que «algunos autores han puesto de relieve que dicha mención es una referencia a un campo que excede el derecho canónico, como el bíblico o el moral, lo cual exigiría el esfuerzo de ver qué es lo que allí se determina»88. Tuohey, haciendo precisamente un recorrido histórico del uso del sexto mandamiento en la tradición moral desde el Concilio de Trento hasta nuestros días, señala que el contenido del Sexto mandamiento, según lo indica el Catecismo Romano, tenía un doble aspecto. El adulterio en primer lugar y, como segundo, la pureza de alma y 85

V. DE PAOLIS, « Delitti contro il sesto comandamento», 305. Cf. V. DE PAOLIS, « Delitti contro il sesto comandamento », 305-306. 87 Cf. J. BERNAL, «Régimen vigente de los delitos contra el 6º Mandamiento», 423. 88 D. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 238. 86

CAP. I: EL CRIMEN PESSIMUM Y SU TRATAMIENTO CANÓNICO

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cuerpo89. Además, indica que la referencia bíblica al sexto mandamiento es siempre referida al adulterio (Cf. Ex. 20,14; Dt. 5,18)90. Provost, haciendo también un recorrido histórico, sobre todo en el Corpus Iuris Canonici particularmente tomando las fuentes del can. 2359 del CIC de 1917, concluye que los textos hablan de una mala conducta sexual de los clérigos en relación al adulterio y la fornicación91. Como el canon no define el contenido de la expresión «delito contra el sexto precepto del Decálogo», y existiendo la norma del can. 1892 que establece una interpretación estricta sobre la ley que establece una pena, justamente dice Woestman, es necesario que se precise el significado o acepción de ésta expresión93. Interpretación auténtica de la ley universal que solo puede hacerla el supremo legislador94. Respecto al delito que nos ocupa, podemos decir que tiene su fundamento en el presente canon aunque con alguna variante, sobre todo respecto a la edad del menor. El canon establece las características del delito: cometido de modo externo, contra el sexto precepto del Decálogo, con un menor de edad, esto hace que el delito sea considerado de una gravedad especial, de tal modo que es reservado a la Congregación de la Doctrina de la Fe y será juzgado según la normativa propia de la Congregación. 2.1.3 La pena que se debe aplicar El canon señala penas indeterminadas (―iustis poenis‖) obligatorias (―puniatur‖) y que sean ferendae sententiae. Cuando en el canon se habla de la aplicación de la pena máxima, la dimisión del estado clerical, se pone como condición «si casus ferat», esto indica, según lo dicen los autores, que en primer lugar el campo de las penas es muy amplio ya que no es señalada una pena en particular que debe ser aplicada sino es conforme a la

89

Cf. J. TUOHEY, «The correct interpretation of canon 1395», 597. Cf. J. TUOHEY, «The correct interpretation of canon 1395», 593. 91 Cf. J.H. PROVOST, «Offenses against the sixth commandment», 636. 92 «Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitium coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi» (Can. 18 CIC de 1983) 93 Cf. W.H. Woestman, «Sexual abuse of a minor as an irregularity for orders», 38. 94 «Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentic interpretandi fuerit ab eodem commissa» (Can. 16 §1 CIC de 1983). 90

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gravedad del caso y, por otro lado, es una invitación a la discreción y a la prudencia del superior o del juez95. Los autores coinciden también en decir que aparentemente el legislador considera más graves los delitos que se mencionan en el primer parágrafo de nuestro canon y por eso los castiga con más dureza ya que impone inmediatamente la suspensión96, pero que en realidad lo que se trata es que en el primer parágrafo se encuentran figuras bien determinadas de delito a las que se puede valorar la gravedad, se puede determinar el grado de responsabilidad e imputabilidad y con esos elementos bien determinados se puede imponer la pena adecuada97; en ese sentido se dice que en el caso del primer parágrafo de nuestro canon el legislador ha impuesto la pena de suspensión porque ha valorado que con ninguna otra pena menor se repararía el daño producido98. En cambio en el segundo parágrafo los delitos son más heterogéneos de tal manera que algunos pueden ser menos graves de los previstos en el primer parágrafo y otros, en cambio, pueden ser más graves, de ahí la necesidad de que el superior o el juez determine la gravedad y aplique las penas justas. 2.1.4 La prescripción del delito El tema de la prescripción es tratado en el título VI del libro VI del CIC de 1983. El título en general trata de la cesación de las penas. Y los cann. 1362-1363 desarrollan expresamente el tema de la prescripción como un modo de cómo puede cesar la pena99. Algunos autores señalan que el instituto de la prescripción penal ha entrado en el ordenamiento canónico en tiempo reciente encontrando su

95

Cf. V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», 308. Cf. J. BERNAL, «Régimen vigente de los delitos contra el 6º Mandamiento», 424; J. BERNAL «Las Essential Norms de la conferencia episcopal de USA», 710-711. 97 Cf. V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», 308. 98 Cf. J. BERNAL, «Régimen vigente de los delitos contra el 6º Mandamiento», 425. 99 Cf. A. BORRAS, «Comentario al título VI De la cesación de las penas», 431. El autor señala que la cesación de la pena se efectúa de diferentes modos. La pena puede cesar por muerte del culpable, sin embargo, habitualmente, la cesación tiene lugar por el cumplimiento o la expiación de la pena, siempre que ésta sea de duración determinada. Hay que señalar que en Derecho canónico sólo las penas expiatorias tienen duración determinada. El Código no contempla estos modos de cesación: no trata más que de la remisión (cann. 1345-1361) y de la prescripción (cann. 1362-1363). 96

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determinación legislativa en el CIC de 1917 (Cf. cann. 1702-1705 y 2240 CIC de 1917)100. Coinciden en señalar que es el bien público en el pueblo de Dios el que lleva a la Iglesia a promover la acción criminal mediante un proceso penal (Cf. cann. 1717-1728 CIC de 1983) como respuesta de la comunidad cristiana al delito cometido101. Se podría afirmar que cuando una persona es declarada culpable de un delito, se le puede imponer o declarar una sanción penal. Aquí es importante recordar también que la pena se debe aplicar cuando, aplicados todos los medios posibles, no se ha conseguido reparar el escándalo, restablecer la justicia y la enmienda del culpable (Cf. can. 1341 CIC de 1983). La aplicación de la pena invita al culpable a enmendarse y a reparar el delito. Un punto importante es que la posibilidad de ejercer el derecho de acusar no es ilimitada en el tiempo; y la razón, como señalan los autores 102, es el mismo bien público de la Iglesia. Los principios en los que se basan los autores son aquellos que ya Wernz y Vidal habían señalado y ellos los citan: la cesación del daño social cuando disminuye el recuerdo del delito, y la dificultad de presentar pruebas del delito, lo mismo la dificultad de defenderse de parte del acusado por motivo de la distancia del tiempo103. Me parece que resulta interesante ver cómo ya el CIC de 1917, donde es recibida la prescripción penal en el ámbito canónico, señala un tiempo de prescripción de 3 años para los delitos en general; pero hace algunas excepciones que señala concretamente, como los delitos reservados a la Sagrada Congregación del Santo Oficio y otros que señala en el can. 1703 y les coloca el tiempo preciso de la prescripción104. Lo mismo sucede en el CIC de 1983, en el can. 1362 se señala como tiempo de prescripción 3 años para los delitos en general, y hace algunas excepciones como los delitos reservados a la Congregación de la Doctrina de la Fe y otros delitos a los que les señala tiempo preciso de prescripción. 100

Cf. B.F. PIGHIN, Diritto penale canonico, 284. Igualmente afirma D. CITO, «La prescrizione in materia penale», 211-212. 101 Cf. A. BORRAS, «Comentario al can. 1362», 457; B.F. PIGHIN, Diritto penale canonico, 284; D. CITO, «La prescrizione in materia penale», 282. 102 Cf. B.F. PIGHIN, Diritto penale canonico, 283. A. BORRAS, «Comentario al can. 1362», 457. 103 Cf. B.F. PIGHIN, Diritto penale canonico, 283; D. CITO, «La prescrizione in materia penale», 213; F. X. WERNZ – P. VIDAL, Ius Canonicum, Tomo VI, 329. 104 Cf. D. CITO, «La prescrizione in materia penale», 216.

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DELITOS CONTRA LA MORAL

Esto hace entender cómo los delitos reservados a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que se entiende son de los delitos más graves, ya desde el CIC de 1917 mantenían un tiempo de prescripción más amplio que los demás delitos. En el actual Código de Derecho Canónico también se habla de un tiempo diverso en cuanto a la prescripción penal de los delitos reservados a la Congregación de la Doctrina de la Fe (Cf. can. 1362 §1,1º CIC de 1983) respecto a los demás delitos. Una cosa más que será útil a nuestro estudio es el parágrafo segundo del can. 1362, donde se establece el tiempo en que comienza a contarse la prescripción. El canon señala que se comienza a contar a partir del día en que se cometió el delito o, si se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día en que cesó105. Conclusión Por lo menos tres cosas podemos señalar a modo de conclusión. La primera cosa es el hecho de que la Iglesia, desde sus orígenes hasta nuestros días, ha legislado sobre la actuación moral de sus miembros. En la Sagrada Escritura encontramos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde se manifiesta que, de parte de Dios siempre ha habido fidelidad para con su pueblo, mientras que, por el contrario, el pueblo no ha permanecido fiel a Dios y a su alianza, motivo por el cual, Dios mismo ha actuado en consecuencia imponiendo un castigo correspondiente a la falta de su Pueblo (Cf. Gn. 6, 5-7; Ex. 32, 1-10; Dt. 9, 7-14; Mt. 11, 16-24; Mt. 12, 31-36; Mt. 23, 13-33; etc). De éste modo la Iglesia ha entendido que su misión no es otra que conducir a todos sus miembros por el camino que Dios mismo va indicando en su Palabra y, cuando alguno de sus miembros no camina de acuerdo a la orientación divina, entiende que ha de actuar en consecuencia imponiendo un castigo correspondiente a la falta cometida. Determinando penas y castigos aún mayores para aquellos de quienes se esperaría un comportamiento diverso, siguiendo sin duda alguna el ejemplo de la Sagrada Escritura (Cf. Ez. 34, 131; Mt. 23, 1-7). La finalidad última que busca la Iglesia en su legislación, es la salvación de las almas, tal como lo manifiesta en el último canon del actual Código de Derecho Canónico.

105

Cf. B.F. PIGHIN, Diritto penale canonico, 285.

CAP. I: EL CRIMEN PESSIMUM Y SU TRATAMIENTO CANÓNICO

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La segunda cosa es que la Iglesia ha considerado siempre el delito contra natura como una de los delitos más graves, de tal manera que aparece reservado a la Congregación del Santo Oficio. La figura del delito contra natura que es llamado crimen pessimum, queda claro, por su definición, que hace referencia particularmente a acciones de homosexualidad, y no tanto al abuso de un menor de edad; sin embargo, en la praxis del Santo Oficio, el delito de abuso de un menor de edad era equiparado, para efectos legales, al crimen pessimum. Esto significa que ya desde entonces la Iglesia entendió el delito de abuso de un menor de edad como un delito grave y que era reservado a la Congregación del Santo Oficio. La tercera cosa con la que podemos concluir es referente a la expresión que aparece en los dos cánones que hemos analizado tanto del CIC de 1917 como del CIC de 1983: «delito contra el sexto precepto del Decálogo». Aunque ha habido intentos de querer comprender el contenido de ésta expresión buscando sus raíces en el campo moral y bíblico, y en las fuentes de los cánones que hemos estudiado, sin embrago, queda la incertidumbre de qué es realmente lo que se debe entender por ésta expresión y cuál es exactamente su contenido. Esto con la finalidad de salvar el principio señalado en el can. 18 sobre la interpretación estricta de una ley que establece una pena. Lo más adecuado, indudablemente, será que haya una interpretación auténtica dada por el supremo legislador.

CAPÍTULO II

El delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe

En este capítulo trataremos de modo particular del delito contra el sexto precepto del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años de edad. Éste delito fue expresamente reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) por Juan Pablo II con el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. El motu proprio de Juan Pablo II ha sufrido algunas modificaciones, las cuales fueron aprobadas por Benedicto XVI con decisión del 21 de Mayo de 2010, ordenando su promulgación1. Dichas modificaciones se hicieron públicas el pasado 15 de Julio de 20102, de hecho, ese mismo día aparecieron en el sitio de internet de la Santa Sede y, a otro día, el 16 de Julio de 2010 se publicaron en el periódico L’Osservatore romano. Basado precisamente en las normas que actualmente están en vigor, desarrollo el presente capítulo en dos partes: la primera parte consiste en analizar el contenido del primer delito contra la moral en el motu proprio SST; la segunda parte consiste en analizar los deberes y derechos de los implicados en dicho delito. 1. El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela de Juan Pablo II Con el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST) y las recientes modificaciones aprobadas por Benedicto XVI, se especifica más claramente la competencia de la CDF y los delitos a ella reservados. En el motu proprio, Juan Pablo II recuerda que se ha hecho la Ratio Agendi de los delitos contra la fe, pero no especifica cuáles sean dichos delitos contra 1 2

Cf. Z. SUCHECKI, Le privazioni e le proibizioni, 160. Cf. Z. SUCHECKI, Le privazioni e le proibizioni, 162.

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DELITOS CONTRA LA MORAL

la fe; en cambio, en las modificaciones que se han introducido vienen especificados cuáles son estos delitos y las penas que se pueden aplicar. Además, analizando la introducción histórica del motu proprio SST que hace la misma CDF, se puede entender que una de las motivaciones principales de su elaboración fue precisamente la cuestión de los abusos sexuales de menores cometidos por clérigos3. En el motu proprio SST se determina el procedimiento a seguir en los casos de abuso sexual de parte de los clérigos y las penas que se han de aplicar en el caso de haberse cometido el delito. El motu proprio SST se convierte, de éste modo, en una ley válida para toda la Iglesia, y, a la vez, en una respuesta clara de cómo la Iglesia actúa ante los delito más graves, entre los que se encuentra el delito de abuso sexual de menores; teniendo presente que éste delito ha producido un grave escándalo, al que han favorecido los medios de comunicación, precisamente por la persona que lo comete, en éste caso un clérigo. En el motu proprio SST Juan Pablo II introduce concretamente tres modificaciones importantes respecto al delito que estamos analizando: 1) La edad del menor es elevada a 18 años; 2) La prescripción del delito es establecida en 10 años y, 3) La prescripción comienza a contarse a partir de que la víctima cumpla los 18 años de edad4. En las actuales modificaciones, aprobadas por Benedicto XVI, se hicieron también tres modificaciones respecto a los delitos contra la moral: 1) La víctima sigue considerándose que es un menor de 18 años de edad, la novedad es que se equipara al menor la persona que habitualmente tiene uso imperfecto de razón5; 2) Se tipifica un nuevo delito contra la moral6 y, 3) la acción criminal de los delitos reservados a la CDF se extingue por

3

Cf. Z. SUCHECKI, Le privazioni e le proibizioni, 154-160. Cf. Z. SUCHECKI, Le privazioni e le proibizioni, 158. 5 Art. 6 §1, 1°: «...in hoc numero minori aequiparatur persona quae imperfecto rationis usu habitu pollet». CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Modificate le norme «de gravioribus delictis»: Procedure più efficaci per contribuire alla chiarezza e alla certezza del diritto, en L’Osservatore romano, 16 de Julio de 2010, 4. 6 Art. 6 §1, 2°: «comparatio vel detentio vel divulgatio imaginum pornographicarum minorum infra aetatem quattuordecim annorum quovis modo et quolibet instrumento a clerico turpe patrata». CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Modificate le norme «de gravioribus delictis»: Procedure più efficaci per contribuire alla chiarezza e alla certezza del diritto, en L’Osservatore romano, 16 de Julio de 2010, 4. 4

CAP. II: EL DELITO RESERVADO A LA CONGREGACIÓN

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prescripción en 20 años a partir de que la víctima cumpla los 18 años de edad7. 1.1 El delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe El delito reservado a la CDF que analizamos en este apartado, se encuentra en el motu proprio SST en el art. 6 §18. Lo primero que salta a la vista es que los delitos contra la moral, a diferencia del resto de los delitos que se enuncian en éste documento, no hacen directamente ninguna referencia expresa a un canon del actual CIC o del Código de Cánones de las Iglesias Orientales (CCEO), como lo hacen los demás delitos reservados a la CDF; sin embargo, los autores que han comentado las normas, están de acuerdo en señalar que éste es uno de los supuestos del can. 1395 §2 del CIC de 1983, además, coinciden en señalar que ésta figura de delito estaba comprendida en la figura del crimen pessimum9. Ésta figura la analizamos en el capítulo anterior, y vimos cómo hacía referencia ante todo a la homosexualidad, pero que en la praxis, para efectos legales, el Santo Oficio equiparaba la pedofilia, el abuso sexual de menores cometido por un clérigo, al crimen pessimum.

7

Art. 7 §1: «Salvo iure Congregationis pro Doctrina Fidei a praescriptione derogandi pro singulis casibus, actio criminalis de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione exstinguitur spatio viginti annorum. §2. Praescriptio decurrit ad normam can. 1362 §2 Codicis Iuris Canonici et can. 1152 §3 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium. In delicto autem, de quo in art. 6 §1 n. 1, praescriptio decurrere incipit a die quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit». CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Modificate le norme «de gravioribus delictis»: Procedure più efficaci per contribuire alla chiarezza e alla certezza del diritto, en L’Osservatore romano, 16 de Julio de 2010, 4. 8 Art. 6 §1: «Delicta graviora contra mores, Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt: 1° delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum; in hoc numero minori aequiparatur persona quae imperfecto rationis usu habitu pollet». CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Modificate le norme «de gravioribus delictis»: Procedure più efficaci per contribuire alla chiarezza e alla certezza del diritto, en L’Osservatore romano, 16 de Julio de 2010, 4. 9 Cf. D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 237; V. DE PAOLIS, «Norme de gravioribus delictis», 308; N. C. DELLAFERRERA, «Normas», 74; G. NÚÑEZ, «La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la fe», 380; C. PAPALE, Il processo penale canonico, 187-188; F. AZNAR GIL, «Delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe», 468.

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DELITOS CONTRA LA MORAL

Entre las modificaciones que se introdujeron en el motu proprio SST y que se refieren al delito que nos ocupa, analizamos en primer lugar la edad del menor. Mientras que el can. 1395 §2 CIC de 1983 habla de delito contra el sexto precepto del Decálogo con un menor de 16 años, el motu proprio habla de un delito contra el sexto precepto del Decálogo con un menor de 18 años de edad. Esto significa que se trata de un nuevo delito o de una nueva figura penal10. Haber elevado la edad del menor a 18 años no es del todo novedad; Juan Pablo II ya había concedido a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América (USA) un rescripto con fecha 25 de Abril de 1994, mediante el cual derogaba la norma del CIC sobre el delito del can. 1395 §2 para aquel país; en el rescripto aparece que fue elevada la edad del menor a 18 años, tal como viene expresada en el can. 97 §1 CIC de 1983 al que el mismo rescripto hace referencia11. En este sentido, algunos autores como Astigueta y Medina Balam, consideran que el motu proprio SST ha elevado la edad de la víctima a 18 años, quizá siguiendo lo que ya había establecido previamente para la Iglesia de USA12; de tal modo que, lo que era legislación particular de una nación, pasa a ser legislación para la Iglesia universal13. Algunos otros autores explican que la elevación de la edad trae como consecuencia que se extiende la posibilidad de castigar penalmente el delito14. Por otro lado, la mayoría de las legislaciones civiles consideran una persona mayor de edad cuando cumple los 18 años. Una novedad que aparece en las modificaciones que aprobó Benedicto XVI respecto a la víctima del delito que analizamos, se refiere no sólo a la edad, sino también a la situación mental de la persona. La norma equipara al menor la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón; la inserción de ésta equiparación se limita a los efectos del delito que

10

Cf. G. NÚÑEZ, «La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la fe», 381; D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 250; M. MEDINA BALAM, «Delitos contra la fe y las costumbres», 97-98. 11 Cf. G. NÚÑEZ, «La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la fe», 381; M. MEDINA BALAM, «Delitos contra la fe y las costumbres», 98; J. A. ALESANDRO, «Canonical delicts involving», 193. 12 Cf. D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 242; M. MEDINA BALAM, «Delitos contra la fe y las costumbres», 98. 13 Cf. M. MEDINA BALAM, «Delitos contra la fe y las costumbres», 98. 14 Cf. V. DE PAOLIS, «Norme de gravioribus delictis», 309; N. C. DELLAFERRERA, «Normas», 74.

CAP. II: EL DELITO RESERVADO A LA CONGREGACIÓN

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analizamos15. De ésta manera, si un clérigo comete abuso sexual con una persona que tiene un uso imperfecto de la razón, aún cuando la persona sea mayor de 18 años, comete el delito contra la moral que establece el motu proprio SST reservado a la CDF. Para comprender mejor la expresión ―uso imperfecto de la razón‖ desde el punto de vista jurídico, nos puede ayudar el tener presente, al menos, tres cánones de nuestro CIC de 1983. En primer lugar el can. 11, que establece quiénes están obligados a las leyes puramente eclesiásticas y menciona a aquellos que gozan de un suficiente uso de razón16. En segundo lugar el can. 99, que habla de cómo debe ser considerada la persona que carece habitualmente del uso de razón, estableciendo que una persona en dichas condiciones no es responsable de sus actos y que es asimilado a un infante17. Y, finalmente, en la parte penal, el can. 1322, que establece la incapacidad de cometer un delito de parte de aquellos que carecen habitualmente del uso de razón18. Analizamos, en segundo lugar, la prescripción de la acción criminal de los delitos reservados a la CDF. La acción criminal que es «el derecho de acusar al delincuente o de perseguir un delito en el juicio en orden a aplicar la pena correspondiente»19, está regulada en el can. 1362 §1 del CIC de 1983 y en el can. 1152 §2 del CCEO. En ambos cánones se establece la prescripción en tres años con algunas excepciones, entre las que se mencionan los delitos reservados a la CDF. Sólo que el can. 1362 §1 no dice el tiempo de la prescripción de los delitos reservados a la CDF, para saberlo debemos ir al motu proprio SST. En el motu proprio SST encontramos que, mientras Juan Pablo II en el 2001 había determinado la prescripción en 10 años, Benedicto XVI, mediante las modificaciones que recientemente aprobó (21 de mayo de 2010), aumentó la prescripción a 20 años. 15

Cf. D. CITO, «Las nuevas normas sobre los “delicta graviora”», 654. «Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia católica vel in eadem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum expreverunt» (Can. 11 CIC de 1983) 17 «Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur » (Can. 99 CIC de 1983). 18 «Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti incapaces habentur» (Can. 1322 CIC de 1983). 19 Cf. F. AZNAR GIL, «Delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe», 469. 16

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DELITOS CONTRA LA MORAL

Y dado que ya existía la facultad otorgada a la CDF de derogar la prescripción caso por caso, dada por Juan Pablo II el 7 de noviembre de 200220 y confirmada después por Benedicto XVI el 6 de mayo de 200521, la ampliación de la prescripción de 10 a 20 años, podría entenderse que se hizo con el objeto de evitar un uso excesivo de dicha facultad de derogar que había recibido la CDF22; sin embargo, no queda del todo claro que sea éste el motivo, ya que el artículo 7 §1 indica que la CDF sigue teniendo la facultad de derogar en casos singulares (Cf. Art. 7 §1: «Salvo iure Congregationis pro Doctrina Fidei a praescriptione derogandi pro singulis casibus…»). En éste punto de la prescripción no hay un acuerdo entre los autores; Cito está de acuerdo que se determine una imprescriptibilidad válida para todos los casos, y no sólo para algunos, de tal manera que se evite pensar en un posible ejercicio arbitrario de la potestad judicial23; mientras que Astigueta sostiene la necesidad de la prescripción, ya que garantiza la estabilidad de los derechos24; de otra manera, tener siempre la posibilidad de denunciar una acción del pasado puede ser fuente de venganza o de lucro, en lugar de ser un medio para obtener justicia25. En tercer lugar, encontramos una diferencia entre el motu proprio SST y los cánones del CIC y del CCEO respecto al día que inicia a contarse la prescripción. Según los cánones 1362 §2 del CIC y el 1152 §3 del CCEO, la prescripción comienza a partir del día en que se cometió el delito, o si el delito es permanente o habitual, a partir del día en que cesó. Según el motu proprio SST la prescripción de los delitos reservados a la CDF se rige por lo establecido en los cánones antes mencionados, pero con una excepción. La excepción es precisamente respecto al delito contra el sexto precepto del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años de edad; en éste caso, la prescripción comienza a partir de que el menor cumple los 18 años de edad. 20

Cf. K. MARTENS, «Les délits les plus graves», 211; D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 680. 21 Cf. D. CITO, «Las nuevas normas sobre los “delicta graviora”», 651. 22 Cf. D. CITO, «Las nuevas normas sobre los “delicta graviora”», 655. 23 Cf. D. CITO, «Las nuevas normas sobre los “delicta graviora”», 655. 24 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 680. 25 Cf. D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 244.

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Ésta excepción se entiende fácilmente, dice Medina Balam, principalmente por dos motivos, el primer motivo es que la víctima, por razón de la materia del delito, no comunicará a sus padres o tutores lo sucedido y, por tanto, sus padres no tendrán la oportunidad de actuar denunciando el delito ante la autoridad correspondiente; el segundo motivo es que la víctima, una vez que haya llegado a la mayoría de edad, podrá, por sí misma, ejercer plenamente sus derechos26, y para ello tendrá un tiempo de 20 años, como lo establece las modificaciones hechas al motu proprio SST. 1.2 La materia del delito Como materia del delito se trata principalmente del abuso sexual de menores. Ciertamente ni el motu proprio SST, ni el Código de Derecho Canónico vigente usa la expresión ―abuso sexual‖, sino que hablan más bien de ―delito contra el sexto precepto del Decálogo‖, sin embargo, los autores que comentan el motu proprio SST, cuando se refieren al contenido de éste delito, hablan de ―abuso sexual de menores‖, incluso haciendo una diferencia entre menores púberes e impúberes27. Si bien es cierto que, para efectos de configuración del delito, el Motu proprio SST establece como delito cada violación del sexto precepto del Decálogo con un menor de 18 años sin importar si se trata de pedofilia, efebofilia o incluso de homosexualidad28, sin embargo, los autores que han escrito sobre el abuso sexual de menores cometido por clérigos, han puntualizado particularmente la diferencia entre pedofilia y efebofilia para ayudar a comprender mejor la gravedad del problema en que se encuentra el acusado, el camino que se podría seguir, la posible recuperación por medio de terapias y tratamientos psicológicos o psiquiátricos, analizar su

26

Cf. M. MEDINA BALAM, «Delitos contra la fe y las costumbres», 103. Cf. F. R. AZNAR GIL – A. J. CHONG ÁGUILA, «Abusos sexuales a menores», 48-49; J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, «La crisis en la Iglesia de Estados Unidos», 632-635; R. D. MEDINA, «Abusos sexuales cometidos por clérigos», 160-171; D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 629-642; M. MEDINA BALAM, «Delitos contra la fe y las costumbres», 97; D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 239-242. 28 Cf. CH. SCICLUNA, «Procedura e prassi», 283. 27

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situación de servicio ministerial en el futuro y, finalmente, el apoyo que se podría brindar a la víctima y a su familia29. La primera diferencia que conviene hacer notar es la que existe entre lo que significa un pedófilo y un pederasta, que en ocasiones es tomada casi como sinónimo. La pederastia es definida como «abuso sexual cometido con niños»30, mientras que la pedofilia es definida como la «atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes»31. De aquí se puede concluir que no todos los pedófilos son pederastas, es decir, que no todos los que sienten una atracción erótica hacia un niño, que por otro lado esto significa que existe un desorden o trastorno en la persona32, necesariamente son abusadores de menores. Es decir, se necesita hacer una diferencia entre la pedofilia y los actos pedófilos33. Una segunda diferencia que contribuye a la comprensión de la materia del delito que analizamos es la que existe entre pedofilia y efebofilia. Lo primero que encontramos es que la efebofilia no es nombrada explícitamente entre las llamadas ―parafilias‖ o trastornos de la personalidad34. Cimbolic enumera las ―parafilias‖ específicamente aceptadas35 describiendo brevemente en qué consiste cada una de ellas y explica que la efebofilia entra dentro de la última categoría residual de parafilias no bien definidas, y por tanto no incluídas como específicas

29

Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse», 349356; P. CIMBOLIC, «The identification and treatment of sexual disorders and priesthood», 598-614; N. P. CAFARDI, «Stones Instead of Bread: Sexually Abusive Priest in Ministry», 163-170; J. E. PAULSON, «The Clinical and Canonical Considerations in Cases Pedophilia», 81-93. 30 Cf. R. D. MEDINA, «Abusos sexuales cometidos por clérigos», 163. 31 Cf. R. D. MEDINA, «Abusos sexuales cometidos por clérigos», 163. 32 Cf. P. CIMBOLIC, «The identification and treatment of sexual disorders and priesthood», 599. 33 Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse», 350. 34 Cf. R. D. MEDINA, «Abusos sexuales cometidos por clérigos», 169. 35 Tomadas todas ellas del Manual Diagnóstico y Estadístico de los desórdenes mentales de la Sociedad Psiquiátrica Americana (Cf. P. CIMBOLIC, «The identification and treatment of sexual disorders and priesthood», 598, nota 1).

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parafilias36. Se trata, dice el autor, de la atracción sexual hacia personas de edad postpuberal, usualmente entre los 14 y 17 años de edad37. Analizando ésta diferencia entre pedofilia y efebofilia, algunos autores coinciden en señalar que la efebofilia tiene mayor probabilidad de curación que no la pedofilia38. De hecho, recuerda Medina, «según la opinión psiquiátrica de los años 70 y comienzo de los 80, era bastante común devolver a un sacerdote al ministerio si había sido tratado exitosamente por efebofilia; sin embargo, por pedofilia no hubiese sido así»39. Esto hace pensar en definitiva que la pedofilia, respecto a la efebofilia, indica un mayor grado de patología o disturbo mental en la persona40. Estas diferencias que hemos analizado, en definitiva, ayudan y, al mismo tiempo, sugieren al juez o al Ordinario el camino que se podría seguir para obtener la enmienda del reo, la reparación del escándalo y el restablecimiento de la justicia, que son propiamente el objetivo de la norma (Cf. can. 1341 CIC de 1983). 1.3 El autor del delito Como autor del delito se dice que es un clérigo. Para comprender quién es un clérigo, tal como lo describimos al analizar el can, 1395 §2 del CIC de 1983 en el capítulo anterior, habrá que recurrir al can. 266 donde se señala cuándo una persona llega a ser un clérigo. Además de ir a los cann. 1008 y 1009 donde se señala, respectivamente, quiénes son los ministros y cuáles son los grados del Sacramento del Orden. Viendo de conjunto los tres cánones, podemos decir que clérigo es aquel que ha recibido el sacramento del Orden Sacerdotal: Obispo, presbítero y diácono. Ahora bien, en ésta categoría de clérigo, entran también los religiosos que han recibido el Orden Sacerdotal, sean diáconos o presbíteros. 36

Cf. P. CIMBOLIC, «The identification and treatment of sexual disorders and priesthood», 602. 37 Cf. P. CIMBOLIC, «The identification and treatment of sexual disorders and priesthood», 606 38 Cf. G. RUSSO, «Quando il podofilo è un educatore», 50-51; D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 654; R. D. MEDINA, «Abusos sexuales cometidos por clérigos», 170-171; D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 242. 39 Cf. R. D. MEDINA, «Abusos sexuales cometidos por clérigos», 170-171. 40 Para un estudio profundo de las causas de la pedofilia se puede ver J. E. PAULSON, «The Clinical and Canonical Considerations in Cases Pedophilia», 83-90.

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Habiendo establecido el motu proprio SST como autor de delito reservado a la CDF al clérigo, y habiendo expresado quién es un clérigo, podemos afirmar que en éste caso quedan excluidos como autores de éste delito los laicos y los miembros de los Institutos de Vida Consagrada (IVC) y Sociedades de Vida Apostólica (SVA) que no hayan recibido el sacramento del Orden sacerdotal. Scicluna decía que sobre la cuestión de incluir, bajo ésta ley, a los religiosos que no son clérigos, era todavía objeto de debate41; y por el resultado que se presentó en las modificaciones recientemente aprobadas, se entiende que el Legislador solamente ha querido dejar bajo la tutela de la CDF el delito cometido por los clérigos, quedando excluidos los miembros de los IVC y de las SVA. Esto significa que, cuando un miembro de un IVC o de una SVA cometa un delito como el que estamos analizando, se deberá proceder como señala la Ley universal en el Código de Derecho Canónico y la ley particular en el Derecho Particular del IVC o SVA42. Se puede pensar que el Legislador quiso reservar a la CDF particularmente el caso del abuso sexual de un menor cometido por un clérigo, precisamente porque, si ya de por sí la pedofilia es considerada por la sociedad de hoy uno de los abusos sexuales más graves43, el hecho de que sea cometido por un clérigo hace que el delito cobre una especial gravedad, ya que el clérigo al violar gravemente sus deberes fundamentales, escandaliza a los fieles y constituye un verdadero impedimento en el camino de la santidad44, además, deja consecuencias traumáticas y dolorosas en su víctima que lo marcan para toda la vida45. Seewald, entrevistando al Papa Benedicto XVI, dice: «Los casos de abuso en el ámbito eclesial son más graves que en otros ámbitos. Quien tiene una consagración más elevada tiene que satisfacer también exigencias más altas»46. A lo que el Papa responde: «Tiene usted razón. Es un pecado especialmente grave que alguien que, en realidad, debe ayudar a los hombres a llegar a Dios, alguien a quien un niño, un joven se confía para encontrar al Señor, en lugar de ello abuse de él y así lo aleje del Señor. De 41

Cf. CH. SCICLUNA, «Sexual abuse of children», 17. En una breve síntesis de cómo se puede proceder en el caso que el autor del delito sea un religioso se puede ver D. G. ASTIGUETA, «El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela», 248. 43 Cf. N. C. DELLAFERRERA, «Normas», 75. 44 Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 31. 45 Cf. G. RUSSO, «Quando il podofilo è un educatore», 42. 46 Cf. P. SEEWALD, Luz del mundo, 37. 42

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ese modo la fe en cuanto tal pierde credibilidad, la Iglesia no puede presentarse más de forma creíble como mensajera del Señor»47. La gravedad del delito, el escándalo que produce, sobre todo por la persona que lo comete, que en éste caso es un clérigo y el daño grave que provoca en la víctima, en su familia y en la comunidad eclesial, son razones suficientes para que el Legislador haya considerado éste delito dentro de los delicta graviora. En la carta pastoral a los católicos de Irlanda, Benedicto XVI, dirigiéndose a los sacerdotes y religiosos que han abusado de niños, usa expresiones como ―han traicionado la confianza‖, ―han arrojado vergüenza y deshonor‖, ―han violado la santidad del Sacramente del Orden‖, ―han causado un inmenso daño a las víctimas‖ 48; expresiones todas que manifiestan la gravedad del delito y, a la vez, la necesidad que ve el Papa de dar una respuesta a tan grave situación. 1.4 La víctima Respecto a la víctima, la norma establece que es un menor de 18 años de edad. No hace distinción alguna entre el sexo de la víctima ni la edad que tenía cuando sufrió el abuso, se trata solamente de saber, para efectos de la configuración del delito, que la víctima tenía menos de 18 años de edad cuando sufrió el abuso por parte del clérigo49. Tratando de profundizar en la naturaleza y el alcance del abuso sexual de menores por parte de clérigos, un estudio realizado en USA por el Jhon Jay College of Criminal Justice, señala que en torno al 78 % de las víctimas tenían edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, mientras que un 16 % tenían entre los 8 y 10 años. Además, señala que el 84 % de las víctimas eran varones, mientras que cerca del 15 % eran mujeres50. Estos datos hacen pensar que, en el caso de los abusos cometidos por clérigos, se trata más bien de un problema de efebofilia; incluso algunos autores, viendo el hecho de que un gran número de las víctimas son adolescentes varones, se preguntan si no estaremos ante un problema de homosexualidad51. Existe, además, un dato interesante que reporta Bernal 47

Cf. P. SEEWALD, Luz del mundo, 38. Cf. BENEDICTO XVI, «Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda» en L’Osservatore romano, 20-21 de Marzo de 2010, 4. 49 Cf. CH. SCICLUNA, «Procedura e prassi», 283. 50 Cf. R. D. MEDINA, «Abusos sexuales cometidos por clérigos», 179. 51 Cf. J. BERNAL, «Las Essential Norms», 688; R. D. MEDINA, «Abusos sexuales cometidos por clérigos», 181. 48

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que considero pueda ayudar a formarse una idea más clara del abuso cometido por clérigos: «el 3 % de los sacerdotes acusados acumula casi el 30 % de las víctimas. Esto confirma que hubo casos verdaderamente dramáticos de sacerdotes que abusaron repetidamente durante varios años… Sin embargo, el 56 % contabiliza una sola denuncia»52. 1.5 La pena que se debe aplicar El motu proprio SST en el artículo 6 §2 habla de la pena que se debe aplicar en el caso de los delitos contra la moral cometidos por un clérigo 53. Se trata de una pena indeterminada, obligatoria y ferendae sententiae, según la gravedad del delito, sin descartar la pena máxima de la dimisión del estado clerical. El no haber determinado expresamente una pena para la comisión de éste delito del abuso de menores por parte de un clérigo, indica en primer lugar que, para el Legislador, no todos los casos de abuso son iguales, de ahí la disposición de imponer la pena de acuerdo a la gravedad del delito (―pro gravitate criminis puniatur”), lo cual deja un margen de discrecionalidad al juez para imponer una pena adecuada a la gravedad del caso; y, en segundo lugar, entiende que puede haber casos, de tal manera graves, a los que sea necesario imponer la pena máxima de la dimisión o deposición (―non exclusa dimissione vel depositione”)54. Para aplicar una pena es necesario, como dice el actual can. 1321 §1, que el delito sea gravemente imputable al acusado, por dolo o por culpa; además, se deben considerar las circunstancias atenuantes (Cf. can. 1324 CIC de 1983) o agravantes (Cf. can. 1326 CIC de 1983) para poder determinar la pena justa que se debe imponer. En el caso de abuso de menores que estamos analizando, comentan algunos autores, podría haber una posible disminución de la imputabilidad55, dado que quien abusa sexualmente de un menor, puede ser 52

Cf. J. BERNAL, «Las Essential Norms», 689. Art. 6 §2: «Clericus qui delicta de quibus in § 1 patraverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa dimissione vel depositione.». CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Modificate le norme «de gravioribus delictis»: Procedure più efficaci per contribuire alla chiarezza e alla certezza del diritto, en L’Osservatore romano, 16 de Julio de 2010, 4. 54 Cf. J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, «Tres versiones de las Essential Norms», 114. 55 Cf. G. RODRÍGUEZ RICO, «El Derecho Canónico Penal», 80; J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, «Tres versiones de las Essential Norms», 119. 53

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que padezca algún trastorno mental, como la pedofilia o efebofilia, que condicione el ejercicio libre de la voluntad56. Si se demuestra que el acusado padece algún trastorno mental, ciertamente queda atenuada la imputabilidad y, por consiguiente, la pena que se imponga se debe atenuar o sustituir por una penitencia (Cf. can. 1324 §1 CIC de 1983). Es evidente que, para demostrar la presencia de algún trastorno mental, resulta necesaria la consulta de psicólogos y de otros expertos57, ya que la Iglesia reconoce que tanto la psicología como la psiquiatría pueden ayudar a encontrar las respuestas al abuso sexual de menores58. 2. Deberes y derechos de los implicados En el delito que estamos analizando participan, principalmente, el autor del delito, que en este caso es un clérigo, y la víctima que ha padecido el delito, en este caso un menor de 18 años. Participan también, aunque si no de manera directa al menos sí indirectamente, el Superior o el Obispo con quien tiene una relación directa el que ha cometido el delito, la familia de la víctima y la comunidad cristiana que ha sido dañada por el mal testimonio de su pastor. Conviene, por tanto, desarrollar ahora cuáles son los derechos y los deberes de cada uno de los implicados en el delito en cuestión, de tal manera que se pueda vislumbrar el camino posible a seguir, para dar una respuesta a la grave situación que se produce cuando se comete un delito como el que estudiamos hoy. Comenzamos a analizar los deberes y derechos del clérigo, como principal responsable del delito en cuestión; enseguida analizamos los deberes y derechos del Ordinario, que por el lugar que ocupa y la misión que tiene encomendada en la Iglesia, tiene una relación con el clérigo, con la víctima y su familia y con la comunidad en general; finalmente, analizamos los deberes y derechos de la víctima, de su familia y de la comunidad en general. 2.1 Deberes y derechos del clérigo En la legislación actual las obligaciones y los derechos de los clérigos las podemos encontrar en los cann. 273 al 289. De entre las diversas 56

Cf. J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, «Tres versiones de las Essential Norms», 119. Cf. G. RODRÍGUEZ RICO, «El Derecho Canónico Penal», 80. 58 Cf. CH. SCICLUNA, «Sexual abuse of children», 16. 57

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obligaciones y derechos señalamos los que sin duda pueden ser de mayor relevancia al tema que tratamos. 2.1.1 Obligación de buscar la santidad El can. 276 §1 establece para los clérigos la obligación de buscar la santidad en su propia conducta por una razón peculiar59; dicha razón es que son consagrados a Dios por un nuevo título en la recepción del orden. Si bien es cierto que todos los fieles deben esforzarse por llevar una vida santa, el can. 210 establece esta obligación con una cláusula muy clara «según su propia condición»60; en este sentido el clérigo, en su condición de consagrado, está invitado a hacer un esfuerzo por vivir una vida santa en el ejercicio de su ministerio como pastor de la comunidad y esto lo debe hacer de un modo todavía más radical61. El mismo can. 276 §2 propone los diversos medios con que se puede alcanzar dicha perfección: el ejercicio mismo del ministerio pastoral, la sagrada Escritura, la Eucaristía, la liturgia de las horas, los retiros espirituales, la oración mental, la devoción a la Virgen Madre de Dios y otras devociones personales62.

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«In vita sua ducenda ad sancitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium Eius populi» (Can. 276 §1 CIC de 1983). 60 «Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent» (Can. 210 CIC de 1983). 61 Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 30. 62 «Ut hanc perfectionem persequi valeant: 1° imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant; 2° duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut eiusdem oblationem cotidie participent; 3° obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem persolvant pro parte ab Episcoporum conferentia definita; 4° pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5° sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus» (Can. 276 §2 CIC de 1983).

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2.1.2 Obligación de vivir el celibato y la castidad El can. 277 establece que los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los cielos y, por tanto, quedan sujetos a guardar el celibato63. El celibato es definido en el mismo canon como un don peculiar de Dios mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres64. Desde la formación en el seminario, los futuros sacerdotes han de ser conscientes que deben abrazar el celibato como un don de Dios y no sólo como un precepto de la ley eclesiástica y que han de responder libre y generosamente, estimulados y ayudados por la gracia del Espíritu Santo65. El número 10 del decreto Optatam totius apunta la necesidad de advertir a los alumnos en el seminario de los peligros que acechan a su castidad, sobre todo en la sociedad de que nos toca vivir en estos tiempos. Respecto a los sacerdotes, el can. 277 §2 advierte que han de tener la debida prudencia en relación con aquellas personas cuyo trato puede poner en peligro su obligación de guardar la continencia66. 2.1.3 Promover la misión de los laicos ejerciendo su labor de pastor El can. 275 §2 establece que los clérigos deben reconocer y fomentar la misión que, por su parte, ejercen los laicos en la Iglesia y en el mundo67.

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«Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent» (CIC can. 277 §1 CIC de 1983). 64 Cf. J.H. PROVOST, «Offenses against the sixth commandment», 652. 65 «Alte persentiant quam grato animo ille status suscipi debeat non quidem solum ut lege ecclesiastica praeceptus, sed ut pretiosum donum Dei humiliter impetrandum, cui gratia Spiritus Sancti excitante et adiuvante, libere et generose respondere properent» (OT 10a). 66 Cf. J.H. PROVOST, «Some canonical considerations», 631. 67 «Clerici missionem agnoscant et promoveant, quam pro sua quisque parte laici in Ecclesia et in mundo exercent» (Can. 275 §2 CIC de 1983).

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El canon tiene como fuente el decreto Presbyterorum ordinis 9, donde se pide a los presbíteros colaborar con los laicos y llevar un comportamiento en medio de ellos a ejemplo del Maestro68. Las tareas que se subrayan particularmente en el ámbito de la misión de los clérigos, están contenidas en el can. 529 §1 que habla de las obligaciones del sacerdote que ejerce la función de párroco; en el canon podemos encontrar, casi con lujo de detalle, prácticamente todas las tareas y cuidados pastorales que el sacerdote ha de cumplir diligentemente en su función como pastor de la comunidad69. Respecto a la tarea específica que un clérigo desarrolla en relación con los niños, podemos encontrar que la declaración Gravissimum educationis, que es fuente de diversos cánones que hablan de la educación católica (cf. cann. 793-806), menciona precisamente la grave responsabilidad de formar a los niños, adolescentes y jóvenes en diversos aspectos de la vida70, y que en dicha tarea tienen grave responsabilidad no solo los padres de familia sino también los pastores de almas que deben de disponer lo necesario para que todos los fieles reciban educación católica tal como lo estable el can. 794 §271.

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«Presbyteros igitur sic oportet praeesse, ut non quae sua sunt quaerentes, sed quae Iesu Christi, cum fidelibus laicis operam coniungant et in medio eorum se gerant ad exemplum Magistri, qui inter homines «non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis» (Mt. 20, 8). Presbyteri sincere laicorum dignitatem atque propriam, quam laici in missione Ecclesiae habent partem, agnoscant et promoveant» (PO 9b). 69 «Officium pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando; peculiari diigentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios, e patria exsules itemque pecularibus difficultatibus gravatos» (Can. 529 §1 CIC de 1983). 70 «Pueri igitur et adolescentes, ratione habita progressus scientiae psychologicae, paedagogicae et didacticae adiuventur oportet ad dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvendas, ad gradatim acquirendum perfectiorem sensum responsabilitatis in propria vita continuo nisu recte excolenda et in vera libertate prosequenda, obstaculis magno et constanti animo superatis. Positiva et prudenti educatione sexuali progrediente aetate instituantur» (GE 1b). 71 «Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruantur» (Can. 794 §2 CIC de 1983).

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Cuando nos encontramos delante de todas estas tareas que un clérigo debe desarrollar en su ministerio: procurar una vida de santidad, vivir castamente su celibato sacerdotal y desempeñar con caridad pastoral su misión como pastor de la comunidad, verdaderamente se puede decir que es una gracia especial de Dios tener un ministro suyo en medio de la comunidad; pero cuando este clérigo falla y comete un delito, no cumple con su ministerio en forma responsable o realiza acciones que dañan a los miembros de su comunidad, ciertamente que nos encontramos delante de un hecho grave, porque las fallas del pastor de la comunidad hacen que la comunidad misma se turbe y no avance, se pierda la fe y la confianza, se desoriente y no sepa dónde ir, se sienta herida y escandalizada72. De hecho el can. 277 §2 reclama la atención a los clérigos, sobre todo en el tema de la obligación de guardar la continencia73; el canon pide tener un cuidado especial, ya que una falla de este tipo indudablemente será causa de escándalo para los fieles. Ahora bien, cuando se presenta una denuncia o llega a oídos del Superior una noticia que un clérigo ha cometido un delito, en este caso podemos decir del delito de abuso sexual de un menor, la primera cosa que se debe hacer es una investigación previa para asegurarse, lo mejor posible, que el delito existe verdaderamente, porque podría ser una acusación falsa o no bien fundada o movida por tantos otros motivos. Por eso, cuando se conoce la noticia sobre el delito, no se condena a ninguno inmediatamente, sino hasta después de haber hecho un proceso y haber dado a quien es acusado la posibilidad de defenderse y de mantener su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Bajo esta óptica podemos analizar el siguiente punto. 2.1.4 Derecho a defenderse cuando es acusado y derecho a la buena fama En cuanto al modo de proceder cuando se tiene una denuncia se dice que se han de distinguir dos situaciones diversas: el tiempo de la sospecha y el tiempo de la acusación74. El primero comienza desde el momento en que se presenta la denuncia al Ordinario y la persona que es acusada no tiene noticia de ello. En ese tiempo el Ordinario, como lo indica el can. 1717 §1, 72

Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 31. «Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit» (Can. 277 §2 CIC de 1983). 74 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 648. 73

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debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad75. Otros elementos a considerar en ese tiempo por el Ordinario son: la prudencia delante de las denuncias hechas en forma anónima, el peso o la fuerza que pueda tener la denuncia, ya que podría no ser verdadera y, además, debe descubrir, en cuanto sea posible, las verdaderas intenciones del denunciante76. El tiempo de la acusación comienza precisamente en el momento en que el que es acusado viene a conocer la noticia de la denuncia en su contra; en ese tiempo el primer derecho que aparece es precisamente el derecho a la defensa77. Este derecho se ejerce recibiendo la notificación de la acusación hecha en su contra (Cf. can. 1720 1º), conociendo lo que el denunciante ha dicho en relación a los hechos, teniendo derecho a la presunción de su inocencia mientras no se demuestre la contrario78, teniendo las mismas posibilidades de apelar contra las decisiones de la autoridad, lo mismo el derecho a tener la posibilidad de asistencia legal, ya que al iniciar el proceso penal como tal el reo debe nombrar un abogado (Cf. cann. 1481 §2 y 1723 §1), de no ser así el mismo juez debe designarle uno (Cf. can. 1723 §2), además de recibir asistencia espiritual y psicológica79. Otro derecho que aparece es el derecho a la buena fama, en este sentido el can. 220 determina que a nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza80 y, además, el can. 1717 §2 pide evitar que se ponga en peligro la buena fama de alguien cuando se realiza una investigación81. Este derecho es fundamental ya que si resulta una denuncia falsa se podría producir un daño irreparable a una persona82; en éste caso, el

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«Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur» (Can. 1717 §1 CIC de 1983). 76 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 648-649. 77 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 649. 78 Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse», 340. 79 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 650-651. 80 «Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare» (Can. 220 CIC de 1983). 81 «Cavendum est ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur» (Can. 1717 §2 CIC de 1983). 82 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 649.

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daño que se hace en una falsa acusación, no es sólo para el clérigo, sino también se daña a la comunidad83. Cuando el clérigo que es acusado resulta culpable, debe responder por el delito cometido. En muchos países actualmente se persigue el delito de pedofilia cometido por cualquier ciudadano, incluido el clérigo. En México los delitos sexuales como la corrupción de menores de edad en materia sexual, la pornografía y el turismo sexual infantil, son penados por el Código Penal Federal y el Código Penal del DF, con varios años de cárcel y con altas multas económicas; además, se puede imponer hasta el doble de esas penas a quien cometa alguno de los delitos siendo ministro de culto religioso84. En cuanto a la posibilidad de que un clérigo, acusado de abuso sexual de menores y encontrado culpable, pueda regresar a ejercer el ministerio, hay una diversidad de respuestas. Para Cafardi es un riesgo que podría acarrear nuevas víctimas85; Doyle dice que la respuesta no es una sola porque cada caso es diferente86. Algunas Conferencias Episcopales proponen, como condición previa, un tratamiento psicológico que ayude al sacerdote a darse cuenta si es capaz de observar la castidad o no; de tal manera que si no se considera capaz, el mismo tratamiento lo ayude en su proceso de secularización87, y si regresa al ministerio continúe el tratamiento a través de un monitoreo de control que le ayude a enfrentar la presión de la opinión pública88. Concretamente la Conferencia Episcopal de USA niega absolutamente ésta posibilidad89. 2.2 Deberes y derechos del Ordinario Los deberes y derechos del Ordinario los analizaremos bajo los tres puntos de vista que hemos señalado: en relación a los sacerdotes, especialmente con aquellos que han sido acusados de abuso sexual; en relación a las víctimas del abuso y sus familias; y, finalmente, en relación a

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Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 44. Cf. J. VELASQUEZ, «Delitos sexuales en la legislación mexicana», 148. 85 Cf. N. P. CAFARDI, «Stones Instead of Bread: Sexually Abusive Priest in Ministry», 160. 86 Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse», 355. 87 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 655. 88 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 655. 89 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 657. 84

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la entera comunidad diocesana, particularmente aquella comunidad que ha sufrido el escándalo por el delito cometido por su pastor. 2.2.1 Los deberes y derechos del Ordinario respecto a los sacerdotes El can. 384 habla de la especial solicitud que el Obispo diocesano ha de tener hacia los presbíteros90. El canon propone ésta solicitud en una doble dimensión: por un lado, tratándolos como verdaderos colaboradores y como principales consejeros, para llevar a cabo su acción apostólica, cuidando también que sus derechos sean tutelados; por otra parte, cuidando que cumplan debidamente las obligaciones propias de su estado, y para ello se pide al Obispo cuidar que se dispongan de medios e instituciones para el incremento de la vida espiritual e intelectual, lo mismo para una honesta sustentación y asistencia social91. Ésta tutela de los derechos y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones, hace al Obispo diocesano que sea paternalmente cercano a sus sacerdotes y a su Iglesia particular en general92. Para cumplir fielmente con ésta obligación, se requiere, en cuanto sea posible, que el Obispo conozca a sus sacerdotes personalmente, y un medio eficaz para conocerlos es precisamente a través de la visita pastoral 93 que el Obispo debe realizar personalmente (Cf. can. 396 §1). En el can. 1052 §1 se afirma que el Obispo, para poder proceder a la ordenación sacerdotal, debe tener constancia de que se ha probado de

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«Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine prosequatur presbyteros quos tamquam adiutores et consiiarios audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur» (Can. 384 CIC de 1983). 91 Cf. N. C. DELLAFERRERA, «El Obispo, juez: algunas consideraciones», 161; J.H. PROVOST, «Some canonical considerations», 616; N. P. CAFARDI, «Stones Instead of Bread: Sexually Abusive Priest in Ministry», 158; T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse», 338; J. E. PAULSON, «The Clinical and Canonical Considerations in Cases Pedophilia», 102. 92 Cf. N. C. DELLAFERRERA, «El Obispo, juez: algunas consideraciones», 161. 93 Cf. J.H. PROVOST, «Some canonical considerations», 620-621; G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 43.

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manera positiva la idoneidad del candidato94. Además, en el parágrafo 3 del mismo canon, se afirma que si el Obispo tiene alguna duda con razones ciertas de la idoneidad del candidato, no lo debe ordenar95. Observando ésta obligación del Obispo, Ghirlanda y Provost sugieren que ésta obligación deba ser cumplida por el Obispo incluso desde la admisión al seminario y durante el tiempo de la formación en el mismo96. Respecto a la admisión al seminario, el can. 241 §1 indica los criterios que debe tener el Obispo 97. Respecto al tiempo de la formación en el seminario cuide el Obispo que los alumnos, mediante una adecuada formación, alcancen una suficiente madurez humana (Cf. can. 244), tengan una sólida formación espiritual (Cf. can. 245§1), intelectual (Cf. cann. 248-252) y un sentido de comunión fraterna (Cf. can. 245 §2). Además, en un apartado particular, el can. 247 §1 pide que los alumnos sean preparados a observar el estado del celibato, y, además, en el parágrafo 2, pide no ocultar a los alumnos ninguna de las dificultades que lleva consigo la vida sacerdotal98. Cumpliendo fielmente éstas obligaciones, sin duda alguna, se podrán evitar en el futuro situaciones graves como el abuso sexual de menores u otro tipo de dificultades. En esto se ha insistido fuertemente después de tener a la vista el problema de abuso de menores de parte de algunos clérigos99. 94

«Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam» (Can. 1052 §1 CIC de 1983). 95 «Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne promoveat» (Can. 1052 §3 CIC de 1983). 96 Cf. J.H. PROVOST, «Some canonical considerations», 617-619; G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 36-41. 97 «Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent» (Can. 241 §1 CIC de 1983). 98 «§ 1. Ad servandum statum caelibatus congrua educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei donum in honore habere discant. § 2. De officiis et oneribus quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita» (Can. 247 CIC de 1983). 99 Cf. G. CUCCI – H. ZOLLNER, Chiesa e pedofilia, 35-38.

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Ahora bien, en relación a los clérigos que son acusados de abuso sexual de un menor de edad, el Ordinario tiene como obligación tutelar, ante todo, los derechos de la víctima, pero también los derechos del acusado 100, ya que algunos clérigos serán acusados genuinamente de una conducta sexual desordenada, mientras que otros podrían ser acusados falsamente, por éste motivo el Ordinario debe estar atento en la tutela de los derechos de una y otra parte101. Una de las principales obligaciones del Ordinario, en el campo penal, son las medidas cautelares que se deben tomar una vez que ha recibido la noticia o la denuncia sobre un abuso sexual cometido por un clérigo con un menor de edad y encuentra ciertos fundamentos de posibilidad del delito y determina iniciar la investigación previa. Para la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos el clérigo debe ser removido inmediatamente del ministerio, oficio o función, se le debe imponer una residencia determinada y se debe prohibir la participación pública en la Eucaristía hasta que se termine el proceso102. La pregunta sería ¿si resulta que no es culpable? ¿Si resulta que es una venganza? ¿Cómo se puede reparar el daño causado al clérigo acusado falsamente? El actual can. 1722 sugiere que se tomen estas medidas cautelares cuando se está en el proceso no cuando se está en la investigación previa. Sin embargo, en las modificaciones que se hicieron al motu proprio SST aprobadas por Benedicto XVI, en el art. 19, se ha introducido la posibilidad de adoptar las medidas cautelares, de las que hablan los cánones a los que se refiere éste artículo, también durante la fase de la investigación previa103. Ahora bien, si resulta ser una acusación falsa y se demuestra la inocencia del acusado, lo primero que se debe hacer es reintegrar a la persona en su encargo o ministerio104; además, se deben tomar medidas necesarias para 100

Cf. N. C. DELLAFERRERA, «El Obispo, juez: algunas consideraciones», 162. Cf. J.H. PROVOST, «Some canonical considerations», 616; G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 42. 102 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 653. 103 Cf. Art. 19: «Firmo iure Ordinarii vel Hierarchae, ab investigatione praevia inchoata, imponendi quae in can. 1722 Codicis Iuris Canonici vel in can. 1473 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium statuuntur, etiam Praeses Tribunalis pro Turno, ad instantiam Promotoris Iustitiae, eandem habet potestatem sub iisdem condicionibus in ipsis canonibus determinatis» CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Modificate le norme «de gravioribus delictis»: Procedure più efficaci per contribuire alla chiarezza e alla certezza del diritto, en L’Osservatore romano, 16 de Julio de 2010, 1, 4-5, 8. 104 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 661. 101

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que el buen nombre del acusado sea restablecido. En concreto la Conferencia Episcopal de Filipinas propone publicar un escrito a favor del inocente, o presentar una denuncia contra el falso acusador, o hacer intervenir los mismos medios de comunicación que han difundido la noticia de la acusación105. 2.2.2 Los deberes y derechos del Ordinario respecto a las víctimas y sus familias Uno de los deberes principales del Ordinario es mostrar toda su solicitud pastoral respecto a las víctimas y sus familias106. Cuando el Ordinario atiende personalmente a la víctima y a su familia, demuestra que toma con seriedad y responsabilidad el problema que tiene delante, y que se preocupará por ayudar a la víctima y por encontrar la mejor de solución. En éste encuentro personal, el Ordinario puede manifestar el desconcierto que también a él le ha causado la actuación de aquel sacerdote, en quien la víctima y su familia confiaban tanto, que los ha defraudado y causado tan grave daño107. Por otro lado, se debe garantizar a las víctimas y a sus familias que se actuará en consecuencia, siguiendo los procedimientos que indica la ley de la Iglesia en éste caso108, usando todos los recursos que el derecho penal eclesiástico le sugiere (cf. can. 1341 CIC de 1983). Incluso se sugiere al Ordinario de informar sobre las medidas que ha tomado la Diócesis en respuesta a la denuncia presentada109. «El ignorar a la víctima y a sus familias, y no tratarlos debidamente, hace que acudan a los tribunales civiles»110. De ahí la importancia de un contacto inmediato

105

Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 661. Cf. J.H. PROVOST, «Some canonical considerations», 616; G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 45. 107 Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse», 339. 108 Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse», 340. 109 Cf. J. P. BEAL, «Doing what one can: canon law and clerical sexual misconduct», 655. 110 (… ignoring the victim and the family. Such circumstances often prompt people to go the civil courts. [La traducción es mía]) T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse», 340.. 106

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con las víctimas y sus familias y una atención personal del Obispo hacia ellos. Finalmente, el Obispo debe ofrecer a la víctima y a su familia una asistencia médica o psicológica según sea necesario111. 2.2.3 Los deberes y derechos del Ordinario respecto a la comunidad El can. 383 §1 habla de la solicitud pastoral que el Obispo ha de tener para con todos los miembros de la comunidad diocesana112. La comunidad de fieles, que tiene el derecho de recibir de sus pastores la ayuda espiritual de la Iglesia (Cf. can. 213 CIC de 1983), tiene derecho a ser asistida por pastores que busquen su bien y no tanto por aquellos que la dañan113. Si algún sacerdote, en el ejercicio de su ministerio, causa daño y escándalo a la comunidad, como en el caso que estamos analizando de abuso sexual de un menor, el Obispo está llamado a realizar una acción en favor de la comunidad, o bien, restringiendo el ministerio de aquel sacerdote o suspendiéndolo114, de tal manera que se proteja a la comunidad de nuevos escándalos o daños115. Si el sacerdote es acusado falsamente, también será necesaria la intervención del Obispo en favor de la comunidad, porque la comunidad, no conociendo de momento que la acusación era falsa, puede perder la fe y la confianza en el sacerdocio y en la acción pastoral de la Iglesia116. 2.3 Deberes y derechos de la víctima Cuando una persona ha sufrido de abuso sexual de parte de un clérigo el primer derecho que tiene, y aunque no solo derecho sino también 111

Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse»,

339. 112

«In exercendo munere pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint» (Can. 383 1 CIC de 1983). 113 Cf. N. P. CAFARDI, «Stones Instead of Bread: Sexually Abusive Priest in Ministry», 159. 114 Cf. N. P. CAFARDI, «Stones Instead of Bread: Sexually Abusive Priest in Ministry», 159. 115 Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 44. 116 Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 44.

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obligación117, es informar al Ordinario personalmente para que pueda actuarse en consecuencia. Tiene derecho a una atención especial de parte del Obispo y de la Diócesis118. Cuando el Obispo tiene éste contacto inmediato y directo con la víctima y su familia, demuestra la intención de tomar en serio y con responsabilidad la situación delicada que ha sucedido119. Algunas Conferencias Episcopales sugieren que varias personas preparadas en diversos campos puedan ofrecer apoyo psicológico, pastoral y legal a la víctima que hace la denuncia120. Además de apoyar a su familia121. La víctima y su familia tienen derecho a ser informados de lo que se está haciendo, de tal manera que se les garantice que el problema está siendo atendido122. Otro derecho que tiene la víctima es la reparación del daño. Las Conferencias Episcopales de Australia y Nueva Zelanda determinan que «el reo debe afrontar el tema del resarcimiento de daños producido a la víctima y a la comunidad»123. Astigueta llama la atención sobre el término ―restitución‖ que usan éstas Conferencias en lugar de ―reparación de daños‖, ya que el término « indica el acto con el cual una persona devuelve a otra algo que le pertenece»124. En este caso de nuestro tema, ¿cómo se podría ―restituir‖ lo que le pertenece a la víctima?, ya que se trata de un daño físico, psicológico y espiritual125. La persona ha sido afectada profundamente por un abuso perpetrado en su contra de parte de alguien en quien confiaba y lo ha defraudado profundamente. ¿Qué se puede hacer en éste caso?

117 118

Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati», 47. Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse»,

339. 119

Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse»,

338. 120 121

Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 662-663. Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse»,

339. 122

Cf. T. P. DOYLE, «The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse»,

339. 123

Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 656. Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 656. 125 Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 656. 124

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Existe además una víctima indirecta, la comunidad misma que ha perdido la fe126, y por los escándalos se aleja de la Iglesia. ¿Cómo reparar ese daño?127 Conclusión La Iglesia, consciente de la realidad tan compleja y delicada de los delitos de abuso sexual de menores y, en general, de los delitos más graves cometidos por sus miembros, especialmente por clérigos, entiende que su misión es, ante todo, tener principios claros y normas precisas que indiquen el modo de proceder ante esas realidades. Una vez que ha determinado las normas, su deber es aplicarlas por medio de quien tiene la potestad de hacerlo, el Obispo o el Superior, sin perder de vista la finalidad última de su misión, la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. (Cf. can. 1752). Los principios claros y normas precisas que la Iglesia debe tener presente, sobre todo en lo que respecta a los delitos más graves que pueden cometer sus miembros, los encontramos en el motu proprio SST que Juan Pablo II promulgó en el 2001, y al que se agregaron algunas modificaciones con la aprobación del Papa Benedicto XVI el pasado 21 de mayo de 2010. En éste motu proprio, como hemos analizado, se determina el delito y la pena que se debe aplicar, además, se especifican las posibles vías que se deben seguir; de ésta manera se tienen la claridad y certeza del derecho de la Iglesia. Respecto a la aplicación de las normas, la deben realizar los que tienen la potestad de hacerlo en la Iglesia, es decir, el Obispo en su Diócesis o el Superior en su Congregación religiosa. Ésta aplicación de las normas la deben realizar movidos por la caridad pastoral, es decir, buscando el bien de todos los involucrados en el delito, tutelando sus derechos y buscando una eficaz administración de la justicia. La falta más grave que se ha señalado a la Iglesia en el delito que hemos analizado, es precisamente de hecho de que quienes debían aplicar las normas, el Obispo o el Superior, no lo hicieron, provocando así un daño mayor. No atendieron al clérigo que había cometido tan atroz delito, dejando así el peligro latente de nuevas víctimas y nuevos daños; no atendieron a las víctimas ni a sus familias que necesitaban con mayor 126 127

Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 656. Cf. D. G. ASTIGUETA, «La persona e i suoi diritti», 656.

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fuerza de la caridad de su pastor; no atendieron a la comunidad que sufrió el escándalo producido por el mal comportamiento de su sacerdote y, como consecuencia, vino un detrimento en su fe. Es obvio que no se puede afirmar que donde quiera hubo éste descuido, ya que, sin lugar a dudas, hubo Obispos y Superiores que actuaron a tiempo, y ayudaron a los clérigos, atendieron a las víctimas y se preocuparon por el bien de la comunidad; desafortunadamente el buen actuar de éstos Obispos y Superiores no es noticia, al contrario, lo que se conoce, y es lo que ha estremecido a la Iglesia, es la mala actuación de parte de algunos clérigos por no haber vivido bien su ministerio y por parte de algunos Obispos y Superiores por no haber puesto remedio a esas situaciones cuando debían hacerlo. El espíritu de las normas en la Iglesia, sobre todo en el ámbito penal, lo podemos encontrar, creo yo, en el actual can. 1341, que invita al Ordinario a tener en cuenta a todos aquellos por quienes debe velar por su bien: el clérigo, la víctima y la comunidad. El canon pide al Ordinario no iniciar un proceso judicial o administrativo, sin antes haber buscado la corrección fraterna, la reprensión u otros medios de la solicitud pastoral. Es la caridad pastoral del Ordinario la que lo moverá a buscar tanto la conversión del reo, a través de la corrección fraterna y la reprensión, como el bien de la víctima, a través de su solicitud pastoral; y en relación a la comunidad, el Ordinario, movido también por su caridad pastoral habrá de cuidar el modo de reparar el escándalo y restablecer la justicia. Lo que se debe buscar, a fin de cuentas, es el bien y la salvación de todos, procediendo con equidad, de tal manera que, si es necesario aplicar una pena, habrá que hacerlo, pero no como una reacción de consecuencia, como diciendo: hiciste determinado delito, te corresponde determinada pena; sino más bien, aplicando la pena entendiendo que aquella pena ayudará a lograr lo que se pretende con su aplicación, que no es otra cosa que reparar el escándalo, restablecer la justicia y obtener la enmienda del reo, todo ello teniendo como principio básico la ley suprema de la Iglesia: la ―salus animarum” (Cf. can. 1752 CIC de 1983).

CONCLUSIÓN

El delito de abuso sexual de menores, cometido por clérigos, es hoy uno de los delitos más escandalosos que tiene que afrontar la Iglesia. Los medios de comunicación han hecho que el escándalo sea aún mayor, sacando a la luz todo lo que encuentran, palabras o expresiones que se han dicho o escrito, haciendo entender prácticamente que el problema de pedofilia existe solamente en la Iglesia católica. Es pública la estadística que presenta el problema general de la pedofilia, en la que se puede observar que es un porcentaje mínimo el que se refiere a los clérigos con éste problema1; sin embargo, lo que hace más grave y más escandaloso el delito, es precisamente la persona que lo comete, en éste caso un clérigo. En las estadísticas, dice el Papa Benedicto XVI, «si se ven las proporciones reales, aunque eso no nos justifica para mirar hacia otra parte o para minimizar los hechos, hemos de constatar también que en éstas cosas no se trata de algo específico del sacerdocio católico o de la Iglesia católica»2. Es una realidad muy lamentable que algunos miembros del clero hayan cometido este tipo de delito, esto no lo podemos negar, pero al mismo tiempo debemos afirmar que la Iglesia siempre ha tenido claro que cualquier delito que sea cometido por un clérigo debe ser justamente castigado, imponiendo las penas que considera se requieren para lograr la conversión del reo, la reparación del escándalo y el restablecimiento de la justicia (cf. can. 1341). Hemos visto a lo largo del desarrollo de nuestro tema, que la Iglesia siempre ha legislado sobre los asuntos de la vida afectiva y sexual de sus miembros, principalmente de sus ministros, y cómo desde siempre ha 1

Cf. G. CUCCI – H. ZOLLNER, Chiesa e pedofilia, 23-24; P. SEEWALD, Luz del mundo, 43. 2 Cf. P. SEEWALD, Luz del mundo, 44.

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pensado en penas y sanciones para quienes incurran en delitos contra la moral. De hecho, desde que fue creada la Congregación para la Doctrina de la Fe, a ella se ha reservado la competencia de varios delitos que son considerados como los delitos más graves que se cometen en la Iglesia y que tienen que ver con la Fe y la moral. Tales delitos, precisamente por su gravedad y la materia de que se trata y, como consecuencia, el escándalo que provocan, necesitan ser tratados por medio de procedimientos especiales, los cuales son formulados por la misma CDF; de esta manera la Congregación ejerce también el poder judicial y funge incluso como tribunal3. Quizá lo que ha fallado es que no se han aplicado debidamente las normas disciplinares por la competente autoridad. En esta línea, el Papa Benedicto XVI hace reconocer esta falla, tal como lo escribe en la Carta Pastoral a los católicos de Irlanda, ante todo a los Obispos: «no se puede negar que algunos de vosotros y de vuestros predecesores han fracasado, a veces lamentablemente, a la hora de aplicar las normas, codificadas desde hace largo tiempo, del derecho canónico sobre los delitos de abusos de niños»4; les hace ver que «se han cometido graves errores en la respuesta a las acusaciones»5, y que todo esto ha socavado gravemente su credibilidad y eficacia. Por ésta razón, el Papa pide principalmente dos cosas a los Obispos y Superiores religiosos «aplicar plenamente las normas del derecho canónico concernientes a los casos de abusos de niños», y «seguir cooperando con las autoridades civiles en el ámbito de su competencia»6. Las modificaciones que se hicieron al motu proprio SST y que fueron aprobadas por Benedicto XVI el pasado 21 de mayo de 2010, se pueden entender precisamente a la luz de éstas dos líneas de acción, la aplicación rigurosa de la normativa canónica existente y la colaboración con las autoridades civiles7. 3

Cf. V. DE PAOLIS, «La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella Curia Romana e la Ratio agendi per l’esame delle dottrine», 572. 4 Cf. BENEDICTO XVI, «Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda» en L’Osservatore romano, 20-21 de Marzo de 2010, 5. 5 Cf. BENEDICTO XVI, «Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda» en L’Osservatore romano, 20-21 de Marzo de 2010, 5. 6 Cf. BENEDICTO XVI, «Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda» en L’Osservatore romano, 20-21 de Marzo de 2010, 5. 7 Cf. D. CITO, «Las nuevas normas sobre los “delicta graviora”», 650.

CONCLUSIÓN

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Respecto a las víctimas de abuso sexual cometido por clérigos, es muy edificante la atención y la gran preocupación que el Papa ha mostrado por todos ellos. Me parece importante, en éste campo, que podamos considerar al menos dos intervenciones del Papa Benedicto XVI a éste respecto. La primera es la experiencia misma del Papa en el encuentro con las víctimas. Seewald, respecto al encuentro que había tenido con las víctimas de abusos en Malta, pregunta: ¿Qué pudo decir a las víctimas? Respondió el Papa: En realidad no pude decirles nada especial. Pude decirles que me toca en lo más hondo. Que sufro con ellos. Y no era sólo una frase hecha, sino que realmente me llega al corazón. Y pude decirles también que la Iglesia hará todo lo que esté a su alcance para que esto no vuelva a suceder, y que queremos ayudarles lo mejor que podamos. Finalmente, que los sostenemos en nuestra oración y pedimos para que no pierdan la fe en Cristo, como la verdadera luz, y en la comunidad viva de la Iglesia8.

La segunda es prácticamente un programa de acción que propone el Papa. Se trata de lo que dijo en su viaje al Reino unido: Me parece que ahora debemos llevar a cabo un tiempo de penitencia, un tiempo de humildad y renovar y volver a aprender con absoluta sinceridad. En cuanto a las víctimas, diría que son importantes tres cosas. El primer interés son las víctimas: ¿cómo podemos reparar? ¿qué podemos hacer para ayudar a éstas personas a superar este trauma, a reencontrar la vida, a reencontrar también la confianza en el menaje de Cristo? Solicitud, compromiso por las víctimas, es la prioridad, con ayuda material, psicológica, espiritual. Segundo: el problema de las personas culpables. La pena justa es excluirlas de toda posibilidad de acceso a los jóvenes, porque sabemos que se trata de una enfermedad y la voluntad libre no funciona donde existe esta enfermedad. Por lo tanto, debemos proteger a estas personas de sí mismas y encontrar el modo de ayudarlas y de apartarlas de todo acceso a los jóvenes. El tercer punto es la prevención en la educación, en la elección de los candidatos al sacerdocio: estar atentos para que, hasta donde es humanamente posible, se excluyan futuros casos9.

Considero que las directrices que el Papa Benedicto XVI está indicando, sobre todo en ésta línea de la atención pastoral hacia los implicados en los delitos de abuso sexual de menores, aplicando con equidad y justicia las normas establecidas en el derecho penal de la Iglesia, y en la línea de la 8 9

Cf. P. SEEWALD, Luz del mundo, 46. Cf. D. CITO, «Las nuevas normas sobre los “delicta graviora”», 648-649.

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prevención de futuros casos, poniendo atención aún en la formación del clero desde la vida del seminario, deban ser las enseñanzas que se puedan recoger como fruto pastoral del estudio que hemos hecho en el presente trabajo.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAS Art. Can./cann. CCEO CDF Cf. CIC CIC de 1917 CIC de 1983 Conc. Const. D. Dt. Ex. Ez. GE Gn. IVC Mt. n./nn. OT PO SST SVA USA X.

Acta Apostolicae Sedis Artículo Canon/cánones Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium Congregación para la Doctrina de la Fe Confer Codex Iuris Canonici Código de Derecho Canónico de 1917 Código de Derecho Canónico de 1983 Concilio Constitutio Digesta del Corpus Iuris Civilis Deuteronomio Éxodo Ezequiel Declaración del Concilio Vaticano II Gravissimum educationis Génesis Institutos de Vida Consagrada Evangelio de Mateo Número/números Decreto del Concilio Vaticano II Optatam totius Decreto del Concilio Vaticano II Presbyterorum Ordinis Sacramentorum Sanctitatis Tutela Sociedades de Vida Apostólica Estados Unidos de América Decretales Gregorii IX del Corpus Iuris Canonici

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INDICE

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3 CAPÍTULO I El crimen pessimum y su tratamiento canónico antes del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela ............................................................ 5 1. El CIC de 1917..................................................................................................................... 5 1.1 El can. 2359 ....................................................................................................................... 5 1.1.1 La materia del delito ..................................................................................... 6 1.1.2 El autor del delito ....................................................................................... 11 1.1.3 La víctima del delito ................................................................................... 12 1.1.4 Las penas que se han de aplicar .................................................................. 12 1.2 La Instructio Crimen sollicitationis de Juan XXIII ....................................... 15 1.2.1 Contenido de la Instrucción Crimen sollicitationis .................................... 15 1.2.2 El crimen pessimum ................................................................................... 18 2. El CIC de 1983 ................................................................................................. 20 2.1 El can. 1395 §2 .............................................................................................. 20 2.1.1 El autor del delito ....................................................................................... 21 2.1.2 La materia del delito ................................................................................... 22 2.1.3 La pena que se debe aplicar ........................................................................ 23 2.1.4 La prescripción del delito ........................................................................... 24

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DELITOS CONTRA LA MORAL

CAPÍTULO II El delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe . 29 1. El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela de Juan Pablo II .............. 29 1.1 El delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe .................. 31 1.2 La materia del delito ...................................................................................... 35 1.3 El autor del delito .......................................................................................... 37 1.4 La víctima ...................................................................................................... 39 1.5 La pena que se debe aplicar ........................................................................... 40 2. Deberes y derechos de los implicados .............................................................. 41 2.1 Deberes y derechos del clérigo ...................................................................... 41 2.2 Deberes y derechos del Ordinario ................................................................. 47 2.3 Deberes y derechos de la víctima .................................................................. 52 CONCLUSIÓN ......................................................................................................... 57 SIGLAS Y ABREVIATURAS ..................................................................................... 61 BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 63 INDICE ................................................................................................................... 69