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LINO ENRIQUE PALACIO

Derecho Procesal Civil Tomo I Cuarta edición actualizada por Carlos Enrique Camps

© Palacio, Lino Enrique © de esta edición, AbeledoPerrot S.A., 2017 Tucumán 1471 (C1050AAC) Buenos Aires Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 Todos los derechos reservados Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o cualquier otro sistema de archivo y recuperación de información, sin el previo permiso por escrito del Editor y el autor. All rights reserved No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the Publisher and the author. ISBN 978-950-20-2839-2 (obra completa) ISBN 978-950-20-2843-9 (tomo I) SAP 42076901 Camps, Carlos Enrique Derecho Procesal Civil cuarta edición actualizada por Carlos Enrique Camps / Carlos Enrique Camps; Lino Enrique Palacio - 4a. ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2017. v. I, 928 p.; 24 x 17 cm. ISBN 978-950-20-2843-9 1. Derecho Procesal. I. Palacio, Lino Enrique II. Título CDD 347.05

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CONTENIDO Preliminares Capítulo I - Nociones preliminares Capítulo II - Historia Capítulo III - Las fuentes del Derecho Procesal Civil Capítulo IV - El Proceso Capítulo V - La función Pública Procesal Capítulo VI - Objeto del Proceso Contencioso Capítulo VII - Procesos con pluralidad de objetos Capítulo VIII - La oposición a la pretensión Capítulo IX - La petición procesal extracontenciosa Capítulo X - El Órgano judicial Capítulo XI - Organización judicial Capítulo XII - El Juez Capítulo XIII - El Juez (cont.) Capítulo XIV - El Personal Judicial Auxiliar Capítulo XV - Competencia de los Órganos judiciales Capítulo XVI - Competencia de los Órganos judiciales (cont.) Capítulo XVII - Competencia de los Órganos judiciales (cont.) Capítulo XVIII - El Ministerio Público

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NOTA DEL ACTUALIZADOR Esta cuarta edición de Derecho Procesal Civil, la obra más importante de Lino Enrique Palacio, ve la luz en una época de transición. La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial ha impactado de manera notoria en el derecho privado argentino: desde agosto de 2015 rige el digesto unificado que reemplazó la magna obra de Vélez Sarsfield incorporando varias novedades a la letra de la ley, algunas de las cuales ya operaban en nuestro medio a través de normas previamente dictadas o por vía de la jurisprudencia de los tribunales. Se reemplazó, de este modo, el derecho privado que regulaba la vida de los argentinos desde hace más de un siglo mediante instituciones, terminología, principios y valores que —como sistema— ya no existe más. El derecho procesal relativo al derecho privado, tal como hoy lo conocemos — y que constituye el objeto y contenido de esta obra—, fue construido en base a aquel orden normativo, el mismo que perdió virtualidad con la sanción y promulgación del nuevo Código Civil y Comercial. Por tal motivo, el derecho procesal argentino se encuentra ante uno de sus mayores desafíos. El rito debe cambiar. Habrán de ajustarse los textos de los códigos que prevén los trámites a la nueva letra y —más importante aún— a los nuevos principios y valores del derecho civil de fondo. Esta tarea se encuentra, en este mismo momento, en desarrollo y constituye la transición por la que atraviesa la disciplina a la que aludimos al inicio. Estimamos que llevará bastante tiempo hasta tanto todos los ordenamientos rituales recojan en sus normas el nuevo derecho procesal, aquél que resultará de la adaptación al nuevo derecho de fondo y, también, a las nuevas formas de eficacia procesal que dimanan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A los fines de que esta obra —de importancia capital en la presente coyuntura— pueda insertarse rápida y útilmente en esta fase adaptativa, ora acompañando la aplicación de los códigos procesales con texto aún sin reformar, ora auxiliando en la tarea de diseñar las nuevas normas legales a incluir en los digestos de rito, es que se ha procedido a su actualización efectuando los cambios y ajustes necesarios para que refleje las modificaciones acaecidas en el derecho de fondo. Como podrá observarse, se han mantenido —salvo alguna puntual excepción— los textos de los Códigos Procesales de todo el país que regían al tiempo de la edición anterior, donde se recogía y consolidaba el vasto panorama normativo existente al año 2011. Y ello por la razón de que han sido —en su inmensa mayoría— esos textos la base sobre la que el autor construyera la doctrina expuesta y los tribunales edificaran la jurisprudencia que Palacio refiere. Si bien han tenido lugar algunas reformas procesales en el país desde ese año, lo cierto es que en todos los casos los textos requerirán —con motivo de la sanción del código unificado— un nuevo cambio. Sabemos de la existencia de movimientos reformistas en tal sentido en todo el país. En la provincia de Santa Cruz ya ello ha sido concretado. En la Nación se está trabajando en el mismo sentido. Pero falta aún mucho para dar por concluida la reforma procesal civil. 4   

Es por eso que se adoptó la decisión de mantener las aludidas referencias, reemplazándose las citas del Código de Vélez cuando puedan ser consideradas claras las equivalencias o conservándolas (recordando su condición de norma derogada). En casos donde el régimen es muy diferente, se mantiene la enseñanza tradicional y se transcriben los nuevos textos legales de derecho privado con el objetivo de que ello permita al lector, cuando corresponda, elaborar las equivalencias que entienda pertinentes a la espera de que las legislaturas brinden las nuevas normas procesales o los jueces dicten las nuevas pautas jurisprudenciales. Asimismo, se ha dispuesto dar a la obra otro formato (se la edita en cinco volúmenes) conservando intacta su estructura interna de capítulos y parágrafos, efectuando los ajustes necesarios derivados de la reducción del número de tomos. Una vez más, esperamos que esta nueva edición sirva para acompañar a todos los operadores jurídicos en esta etapa de cambios y profundas transformaciones hacia el nuevo derecho del proceso en la Argentina el cual, si bien deberá reflejar las innovaciones y tendencias de la hora actual, no podrá dejar de lado los pilares de la disciplina que cuenta en nuestro país con una antigua tradición y un profuso desarrollo, todo lo que se halla condensado y expuesto con maestría, sistematicidad y exhaustividad inigualables en este Derecho Procesal Civil del recordado profesor Lino Palacio. CARLOS ENRIQUE CAMPS La Plata, verano de 2017.

Nota del actualizador a la tercera edición

NOTA DEL ACTUALIZADOR A LA TERCERA EDICIÓN Con enorme orgullo presentamos esta nueva edición de la obra Derecho Procesal Civil de Lino Enrique Palacio. Este tratado —pieza capital de la doctrina procesalista argentina— ha sido actualizado luego del fallecimiento del autor, conservando la esencia del original. Asimismo, esta puesta en valor incluye su aggiornamiento a la luz de los últimos trabajos publicados por el profesor Palacio así como de las reformas normativas producidas en todo el país. Derecho Procesal Civil constituye una obra que no requiere presentación. Se trata de un aporte fundamental al mundo del derecho: la colección es conocida tanto en el ámbito académico como en el de la Justicia, así en nuestro país como en el resto de Latinoamérica. Comenzó a ser escrita en la década de 1970, contemporáneamente con la entrada en vigencia y el afianzamiento del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, norma en cuya elaboración el profesor Palacio también intervino y que sirvió de modelo a una gran cantidad de ordenamientos procesales provinciales. A partir de un profundo conocimiento de la materia, los desarrollos teóricos del autor —si bien refieren normas positivas, tanto argentinas como extranjeras— 5   

van a la esencia de los institutos, ubicando las explicaciones en un plano que supera el diseño legal del proceso: no es de extrañar, por ello, la recurrencia de las citas de filosofía del derecho —en particular, de Carlos Cossio y su teoría egológica—. Asimismo, el tratado evidencia una estructura y desarrollo de impecable metodología expositiva al tiempo que delimita acabadamente su objeto de estudio, todo lo que le brinda un innegable rango científico. A ello se le agregan incontables pasajes con debates de la práctica judicial, abasteciendo de ese modo también el costado relativo a la técnica del proceso. De esta manera, el abordaje del derecho procesal que efectúa la presente obra es integral y, por sus alcances, universal y atemporal. El autor abreva en las más calificadas fuentes doctrinarias del país y del mundo —en especial, acude a los autores italianos, españoles y franceses—, las condensa y funde con las enseñanzas de los autores nacionales, desmenuzando cada instituto a partir de las características que lo definen, independientemente de que se encuentren en vigor en determinado ordenamiento. Sin perjuicio de ese núcleo expositivo teórico de la obra, Palacio también incluye la ejemplificación de cada figura mediante la forma en que es receptada por las normas positivas y volcando, en muchos casos, juicios críticos a este respecto. Con este norte, Palacio produce una obra muy vasta. Originalmente de nueve volúmenes (luego se agregó el tomo X, "Reformas"), fue escrita durante más de tres décadas. En ese lapso, se sucedieron nuevas ediciones de algunos tomos y múltiples reimpresiones de todos ellos. Hoy, ya sin la presencia física del autor entre nosotros, se ha considerado necesario reeditar la obra y con ese objeto se nos ha encargado la presente actualización. La tarea no ha sido sencilla. Las múltiples ediciones y reimpresiones dieron lugar a un texto que —en su conjunto— evidenciaba falta de coordinación en lo que hace a la estructura general de la obra. Ello requirió una primera fase de control del plan expositivo original del tratado e intervenir en la renumeración tanto de los capítulos como de los parágrafos que los componen (lo que impactó en la innumerable cantidad de remisiones internas que posee el trabajo), conservando la coherencia. Luego, se decidió que esta actualización —en lo que se refiere a los desarrollos doctrinarios— se haría sobre la base de los últimos trabajos del mismo autor. Con ese objeto es que se introdujeron las modificaciones que el mismo Palacio propusiera en el tomo X —que de este modo desaparece como tal y pasa a formar parte de la obra en su extensión original— y se incluyeron —con formato de nota al pie— artículos y notas por él publicados en fechas posteriores a la de edición de cada uno de los respectivos tomos en los que se insertan. La actualización de la bibliografía citada proviene de la última edición del Manual a cargo del autor. En el tomo V aparece la intervención del Dr. Alberto Tessone, reconocido jurista y quien participara en la última edición de ese volumen. Aquí, como en aquella ocasión, estuvo a su cargo la actualización de los capítulos referidos a los recursos extraordinarios provinciales. Se revisaron todas y cada una de las citas normativas incluidas en la obra. Las que conservan vigencia se mantuvieron; las que la perdieron, o bien fueron reemplazadas por otras vigentes con el mismo texto o bien se las presenta como 6   

derogadas (indicándolo expresamente o mediante el tiempo verbal utilizado), a los fines de conservar la finalidad ejemplificatoria del autor. Esta tarea ha sido verdaderamente titánica, ya que fue necesario cotejar millares de referencias para controlar su vigencia actual. En esta fase de la actualización ha prestado una colaboración invalorable la abogada María Florencia del Llano Estenoz, trabajando con singular paciencia y exhaustividad. A ella manifestamos nuestro más agradecido reconocimiento. Se incluyen algunas referencias —actualizadas— a la jurisprudencia de la Corte Suprema cuando las que obraban en el texto original resultaban muy antiguas. Asimismo, se aprovechó para replantear el aspecto formal del tratado, corrigiéndose íntegramente. Ello permitió eliminar erratas y dar un formato más actual al texto, en cuanto a formatos de citas, tipografía, etc. Cabe aquí destacar la minuciosa y muy cuidada labor del plantel editor de la firma. No queremos cerrar esta nota de presentación sin dejar expresado el gran honor que significó haber sido elegidos para llevar adelante la tarea que culmina con esta nueva edición de la obra. La admiración y el respeto que sentimos por el profesor Palacio es sólo equiparable a la enorme gratitud hacia su persona derivada del trato que nos dispensara a partir de sus consejos y enseñanzas y —fundamentalmente— prologando con cálidas palabras la primera edición de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Esperamos, al final, que el enorme trabajo desplegado pueda servir para renovar el prestigio del que goza desde hace muchos años este Derecho Procesal Civil y, asimismo, que contribuya a mantener vivo el recuerdo del gran hombre que, como persona y jurista, ha sido el profesor Lino Enrique Palacio. CARLOS ENRIQUE CAMPS La Plata, otoño de 2011

CAPÍTULO I - NOCIONES PRELIMINARES

I. EL DERECHO PROCESAL(1)

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1. El derecho procesal desde el punto de vista de la teoría general del derecho a) Entre los más significativos aportes de la teoría pura del derecho, figura la demostración de que las normas jurídicas, desde el punto de vista formal, reconocen su fundamento de validez en la circunstancia de haber sido creadas por el órgano y de conformidad con el método específico prescripto por una norma jerárquicamente superior(2). Tal conclusión es válida respecto de toda clase de normas, sean ellas generales, como las leyes, o individuales, como las sentencias judiciales y los actos administrativos. En ese orden de ideas la Constitución, aparte de los contenidos materiales que señala, designa cuáles son los órganos habilitados para crear normas de carácter general y determina, asimismo, el método o procedimiento que esos órganos deben observar a tal fin(3): es así cómo instituye un Poder Legislativo facultado para emitir ese tipo de normas, prescribe cómo ellas deben sancionarse (iniciativa, discusión, votación, mayorías necesarias, etc.) y otorga al Poder Ejecutivo la atribución de promulgarlas y reglamentarlas. También la Constitución puede determinar, como ocurre con la que rige en nuestro país, el procedimiento a seguir para obtener su propia reforma y el órgano competente para llevarla a cabo (art. 30)(4). Las leyes, a su turno, cumplen frente a las sentencias y a los actos administrativos un papel sustancialmente semejante al que la Constitución cumple con respecto a ellas, con la diferencia de que gravitan en mayor medida sobre el contenido (elemento material) de las normas individuales. "La relación entre la legislación y la jurisdicción o la administración — observa Kelsen— es así, de manera general, semejante a la que existe entre la constitución y la legislación. La única diferencia reside en la manera en que la norma superior determina a la norma inferior. En un caso el elemento formal prepondera sobre el elemento material, en el otro los dos elementos se equilibran"(5). b) Como quiera, pues, que la creación de toda norma jurídica es el resultado de uno o de varios "procedimientos" cumplidos por un órgano estatal dotado de competencia para ello, es posible concebir al derecho procesal, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, como aquel sector de la ciencia jurídica que se ocupa del proceso en sentido amplio, entendiendo por tal a la actividad que despliegan los órganos del Estado en la creación y aplicación de normas jurídicas generales o individuales(6). Aftalión, García Olano y Vilanova dicen, por ello, con acierto: "El orden jurídico, a la vez que determina un qué (derecho sustancial) a la conducta general de los súbditos, establece quién (órgano) procederá a la determinación de dicha conducta y cómo (procedimiento propiamente dicho) se hará ello. Estos dos últimos aspectos constituyen el derecho procesal"(7).

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De allí que, de conformidad con tales reflexiones, y sobre la base de las etapas más notorias a través de las cuales se desenvuelve el fenómeno de creciente individualización y concreción que caracteriza a la actividad creadora de normas jurídicas, aquel derecho procesal en sentido lato sería susceptible de dividirse, atendiendo a la índole de los órganos productores de las normas respectivas, en derecho procesal constitucional, derecho procesal legislativo, derecho procesal administrativo y derecho procesal judicial. c) La clasificación precedente no legitima, desde luego, el tratamiento científico autónomo de los "procesos" que se desarrollan en los ámbitos constitucional, legislativo y administrativo, independientemente del aspecto material que también ofrecen el derecho constitucional y el derecho administrativo(8), pero resulta útil, a nuestro juicio, para evidenciar ciertos equívocos en que incurre la doctrina procesal tradicional. En efecto, enfocado el problema desde ese punto de vista, se comprende con mayor claridad que no existe diferencia jerárquica alguna entre las normas que determinan el contenido de las relaciones jurídicas comunitarias y las normas que establecen el órgano estatal y los procedimientos mediante los cuales ha de determinarse dicho contenido, y que, por lo tanto, carece de validez la clasificación de las normas jurídicas en primarias y secundarias (como correlativa de las denominadas materiales e instrumentales o formales)(9). En el mismo orden de ideas corresponde desechar la subclasificación de las segundas en normas relativas a la producción y a la actuación jurídica, según que, respectivamente, regulen el proceso de creación, modificación o extinción normativa, o los modos de actuación, en los casos concretos, del contenido de las normas jurídicas primarias(10). Tal razonamiento, que circunscribe el derecho procesal al ámbito exclusivamente judicial y ubica a las normas procesales dentro de las llamadas normas de actuación, pasa por alto el hecho de que los jueces y los tribunales de justicia, en tanto aplican normas generales en los casos concretos, cumplen una actividad jurídica creadora dentro del marco genérico de la ley.

2. El derecho procesal en sentido estricto a) Es corriente, en la doctrina, que la noción del derecho procesal en sentido estricto se formule exclusivamente en torno a la idea de jurisdicción (judicial). De acuerdo con este criterio, se concibe a dicha disciplina como el conjunto de normas que regulan el proceso, a éste como el "medio" o el "instrumento" tendiente a realizar la jurisdicción, y a esta última como aquella función mediante la cual el Estado, a través de sus órganos judiciales, asegura el cumplimiento de las normas generales de 9   

conducta cuando, sea por inobservancia de sus disposiciones o por mediar un estado de incertidumbre acerca de los intereses que tutelan, la actuación espontánea de tales normas no resulta posible(11). Ese concepto, sin embargo, dista de agotar el sector de la experiencia jurídica que, tradicionalmente, es objeto del derecho procesal en sentido estricto. Omite, en primer lugar, mencionar la actividad judicial que tiene lugar en los llamados procesos de jurisdicción voluntaria, o voluntarios, en los cuales, según lo admite la generalidad de los autores (incluso aquellos que definen al derecho procesal en términos semejantes a los precedentemente recordados), existe ejercicio de función administrativa y no jurisdiccional(12). La circunstancia de que los actos de jurisdicción voluntaria no sean de incumbencia exclusiva de los jueces no obsta a que tales actos sean precedidos de un verdadero proceso que guarda, desde el punto de vista formal, estrecha similitud con el proceso contencioso(13). Generalmente, por otra parte, las obras sobre derecho procesal, tanto antiguas como modernas, se ocupan expresamente de los distintos tipos de procesos voluntarios contemplados por la respectiva legislación, lo cual demuestra la existencia de un suficiente consenso doctrinario en el sentido de que tanto los procesos contenciosos como los voluntarios forman parte de aquella disciplina jurídica(14). La insuficiencia del concepto a que nos referimos queda en evidencia, además, si se tiene en cuenta que el proceso judicial es el resultado de la actividad conjunta del juez o tribunal, como titular de la función judicial (sea jurisdiccional o administrativa), de las partes o peticionarios, como titulares del derecho a la prestación de dicha función (acción), y de los auxiliares de unos y otros(15). Consideramos, asimismo, que una noción completa del derecho procesal en sentido estricto no debe excluir la mención de aquellos procesos que, por acuerdo de partes o por imposición legal, pueden desenvolverse ante personas privadas llamadas árbitros o amigables componedores, siempre que el ordenamiento jurídico que se analice autorice a aquellos a cumplir sus funciones dentro de un ámbito de competencia similar al de los órganos judiciales. El estudio de los procesos judicial y arbitral dentro de la misma disciplina jurídica es también corriente en la doctrina y resulta justificado, entre otras razones, por la analogía que presentan en cuanto a sus caracteres formales y extrínsecos, por la índole de las pretensiones que pueden constituir el objeto de ambos, y por la intervención que corresponde a los jueces y tribunales de justicia en diversos aspectos del proceso arbitral (constitución del tribunal, recursos contra los laudos y ejecución de éstos). El derecho procesal en sentido estricto comprende, finalmente, el estudio de numerosas actividades judiciales vinculadas con la organización y el funcionamiento interno de los tribunales, y cuyo objeto consiste en facilitar el desarrollo de las actividades precedentemente mencionadas. Dentro de este aspecto se hallan comprendidas las diversas 10   

funciones de orden administrativo y reglamentario asignadas a los órganos judiciales (designación, remoción, etc., de funcionarios y empleados; expedición de reglamentos, etc.). Si bien se trata, como fácilmente se advierte, de un tramo de experiencia jurídica ajeno al concreto quehacer para el cual han sido instituidos los órganos judiciales (decisión de un caso concreto con motivo de una pretensión o petición), su inclusión dentro del marco del derecho procesal en sentido estricto resulta justificada frente a la conveniencia técnica de agrupar, en una misma disciplina, la totalidad de las facultades y deberes de que tales órganos pueden ser sujetos. b) Las razones anteriormente expuestas nos autorizan a definir al derecho procesal en sentido estricto como aquel sector de la experiencia jurídica que se realiza: 1º) En la conducta del juez o tribunal de justicia y de quienes la integran en calidad de auxiliares, en tanto dicha conducta, en conjunto, al interferir con la conducta de las partes o peticionarios, conduce, mediante la creación de una norma individual, a la decisión de un caso concreto y a la eventual ejecución de lo decidido. 2º) En la conducta de los árbitros y amigables componedores, integrada por la de sus auxiliares, en la medida en que tal conducta, en conjunto, configura, exceptuando la posibilidad de ejecución, una situación similar a la descripta en el número precedente. 3º) En la conducta del juez o tribunal de justicia que interfiere con la de sus propios auxiliares, o con la de las partes o peticionarios y auxiliares de éstos, mediante la creación de normas de carácter general (reglamentos judiciales y acordadas reglamentarias) o individual (designación, ascenso, remoción, etc., de funcionarios o empleados). La ciencia del derecho procesal en sentido estricto es, finalmente, el conocimiento normativo de la experiencia jurídica precedentemente delimitada.

3. Contenido del derecho procesal a) Cuando se analizan las posibles materias que han de integrar el contenido del derecho procesal, surgen diversas zonas de conocimiento cuyo estudio se superpondría al de otras disciplinas jurídicas. No es dudoso, por ejemplo, que también entre en la esfera del derecho administrativo todo cuanto concierne al nombramiento, situación, remoción, etcétera, de los funcionarios y empleados judiciales, y que, asimismo, se hallen incluidas en el ámbito del derecho constitucional algunas materias que interesan especialmente al procesalista, como, entre otras, las relativas a la designación y la separación de los jueces, a las 11   

facultades de la Nación y de las provincias para dictar normas procesales, a la delimitación entre la competencia federal y la competencia ordinaria, etcétera. Igualmente, dicho análisis exhibe la existencia de numerosas figuras jurídicas cuyo estudio suelen disputarse iusprivatistas y procesalistas, y que Goldschmidt ha agrupado dentro del denominado derecho justicial material, al que asigna el carácter de categoría intermedia entre el derecho procesal y el derecho privado. De acuerdo con las enseñanzas de dicho autor, correspondería incluir en esa categoría a todas aquellas normas que regulan los presupuestos, el contenido y los efectos de la pretensión de tutela jurídica, las cuales involucran el estudio de la acción de sus diversos aspectos, de las pruebas, de la cosa juzgada, etcétera, y cuya característica fundamental está dada por el hecho de determinar, no el "proceder" del juez (materia que sería objeto del derecho procesal en sentido estricto), sino el "cómo" de la decisión judicial(16). b) Ocurriría, sin embargo, que si el contenido del derecho procesal fuese delimitado en términos estrictamente dogmáticos, aquél quedaría reducido a la condición de un mero derecho ritual, desconectado sin utilidad científica y práctica de las múltiples y variadas facetas que presenta la actividad judicial, de allí que no resulte conveniente excluir del ámbito de nuestra disciplina ciertos temas que también forman parte de los derechos constitucional y administrativo, ni crear una nueva disciplina, como la del derecho justicial material, dentro de la cual se incluyan las materias límites; tanto menos si se tiene presente que lo concerniente al "cómo" de la decisión judicial, aparte de ser difícilmente diferenciable del "proceder" del juez, constituye uno de los aspectos primordiales de la actividad creadora de normas jurídicas en que, como hemos visto (supra, nro. 1, b]), todo proceso consiste. Naturalmente que lo dicho no importa la pretensión de reivindicar, para el derecho procesal, el estudio exclusivo de las mencionadas materias. Postula, simplemente, una delimitación "extensiva" de aquél, sin perjuicio de que el análisis de las materias límites sea compartido con otras disciplinas jurídicas, y de manera tal que ellas constituyan, como dice Aragoneses, "en lugar de un terreno de nadie, un terreno de todos, por donde los distintos sectores se comunican, y partiendo de puntos de vista diversos, hacen posible precisamente por tal comunicación la integración de los conceptos particulares en un concepto superior, que no pertenece ni a uno ni al otro sector, sino a la teoría general del derecho"(17). c) En general, media acuerdo doctrinario en asignar al derecho procesal el estudio de las siguientes materias: 1º) Jurisdicción y competencia de los órganos judiciales y régimen jurídico a que se hallan sometidos los integrantes de estos últimos (facultades, deberes, incompatibilidades, etc., de los jueces y de sus auxiliares). Desde el mismo punto de vista orgánico, también forma 12   

parte del derecho procesal lo concerniente a la capacidad, la forma de designación y la recusación de los árbitros y amigables componedores. 2º) Régimen jurídico de las partes y peticionarios, así como de sus representantes y asistentes. A este punto se halla vinculado el estudio de la naturaleza, los elementos, las condiciones, etcétera, de la acción, a la que se concibe, generalmente, como un derecho de las partes, aunque existen marcadas discrepancias doctrinarias acerca de la índole de ese derecho y del sujeto o sujetos contra los cuales se ejerce. En esta obra, en virtud de las razones que se expondrán en su momento, el análisis girará en torno a la pretensión, a la que se estudiará en su carácter de objeto del proceso (contencioso). Consideración aparte han de merecer, asimismo, las simples peticiones que configuran el objeto de los procesos voluntarios. 3º) Requisitos, contenido y efectos de los actos procesales, y trámite del proceso a través de los distintos procedimientos que lo integran.

4. Las ramas del derecho procesal. El derecho procesal civil a) Desde un punto de vista teórico, y con independencia de la clasificación formulada supra, nro. 1, cabe la posibilidad de distinguir múltiples "tipos ideales" de procesos en función de los diversos sectores del ordenamiento jurídico en que se fundamentan las pretensiones o peticiones que los originan, y de concebir, sobre esa base, otras tantas ramas del derecho procesal(18). b) En el derecho positivo argentino, sin embargo, sólo cabe reconocer a dos tipos de procesos judiciales, el civil y el penal, suficiente autonomía como para justificar la existencia de sendas ramas del derecho procesal. En efecto, pese a la circunstancia de que ambos procesos presentan elementos comunes que legitiman la construcción de una teoría general(19), sin que obste a ello la contraposición existente entre los principios que informan a uno y a otro(20), la variedad y la diversificación que, de acuerdo con la legislación vigente, exhiben muchas de sus respectivas instituciones, tornan científicamente desaconsejable, una vez agotada la formulación de la base conceptual común, el tratamiento conjunto de las mencionadas ramas. En cambio, no obstante la importancia adquirida por el derecho laboral, no median razones atendibles para proclamar la autonomía del derecho procesal laboral con respecto al derecho procesal civil. Por ello compartimos la opinión de Podetti en el sentido de que la postura autonomista, según la cual "los cuerpos procesales del trabajo son 13   

completos y cerrados, debiendo prescindirse de la aplicación supletoria de normas de procedimiento civil, salvo remisión expresa (...) olvida no sólo la enorme cantidad de instituciones comunes entre el proceso civil y el laboral, sino la conexidad e interdependencia de las normas de todo el ordenamiento jurídico. A falta de norma expresa sobre una determinada situación procesal, el juez del trabajo no puede crear la norma o buscarla en leyes extranjeras, sino que debe recurrir al proceso civil, al proceso genérico, como se va de lo específico o de excepción a lo general o común"(21). Por lo demás, no media entre el proceso civil y el proceso laboral la contraposición de principios existente entre el primero y el proceso penal. Por el contrario, como advierte Podetti, los principios que presiden el proceso laboral "podrían también aplicarse al proceso común, con levísimas variantes de intensidad y es de esperar que así suceda en lo futuro"(22). c) En nuestro sistema jurídico tampoco cabe reconocer autonomía, dentro del ámbito del derecho procesal judicial, a los llamados derecho procesal administrativo y derecho procesal tributario. Con respecto al primero, aquellos procedimientos que, originados en reclamaciones fundadas en el derecho administrativo, pueden tener lugar ante los respectivos órganos de la Administración se encuentran incluidos dentro del concepto de "proceso administrativo", enunciado supra, nro. 1, c), y su estudio resulta totalmente ajeno, en consecuencia, al derecho procesal en sentido estricto. Y no es computable, como argumento favorable a la autonomía de dicha disciplina, el hecho de que, en nuestro sistema jurídico, la materia "contencioso-administrativa" sea del resorte de los órganos judiciales, así como tampoco el de que existan códigos específicamente destinados a regir los procesos relativos a dicha materia, pues los principios generales del derecho procesal civil no sufren, en aquellos procesos, alteración sustancial alguna. Análogas consideraciones pueden formularse con relación al derecho procesal tributario, pese a la circunstancia de que en el orden nacional, v.gr., el Tribunal Fiscal creado por la ley 15.265 (incorporada a la ley 11.683, Tít. II, arts. 144 y ss.) se halle sometido a reglas procesales extrañas, en gran medida a los principios generales del proceso civil(23), desde que dicho Tribunal, aunque es un organismo independiente de la administración activa, no reviste carácter judicial. En los casos en que los contribuyentes optan por deducir demanda contenciosa ante la autoridad judicial, el respectivo proceso presenta, aun de acuerdo con las normas especiales contenidas en la ley 11.683, las características fundamentales del proceso civil. d) La disciplina jurídica que constituye el objeto de la presente obra, o sea, el derecho procesal civil, tiene como finalidad primordial el estudio de los procesos originados en pretensiones o peticiones fundadas en el derecho privado (civil y comercial). Pero debe tenerse en cuenta que, en nuestro derecho, la palabra "civil" reviste, en realidad, carácter 14   

convencional, pues las razones precedentemente expuestas autorizan a extender la denominación a los procesos motivados por pretensiones fundadas en normas laborales, administrativas y tributarias.

5. Naturaleza y caracteres del derecho procesal a) La doctrina acepta, generalmente, la idea de que el derecho procesal se halla emplazado en un ámbito secundario con relación al denominado derecho sustancial o material. En apoyo de esas tesis, se afirma que las normas reguladoras del proceso carecen de un fin en sí mismas, pues sólo constituyen un medio para lograr la realización de los intereses tutelados por las normas sustanciales, de manera que mientras estas últimas serían normas primarias, las normas procesales serían normas(24) medios, instrumentales o secundarias . Calamandrei resume esa concepción en los siguientes términos: "Se comprende así lo que se quiere decir cuando, en contraposición al derecho sustancial, el derecho procesal se encuentra calificado como instrumental o también como formal: instrumental, en cuanto la observancia del derecho procesal no es fin en sí mismo, sino que sirve como medio para observar el derecho sustancial; formal, en cuanto el derecho procesal no regula directamente el goce de los bienes de la vida, sino que establece las formas de las actividades que deben realizarse para obtener del Estado la garantía de aquel goce"(25). Pese a su mérito didáctico esta tesis es, a nuestro juicio, susceptible de diversas objeciones, entre las que cabe mencionar las siguientes: 1º) Las normas jurídicas carecen, en rigor, de "finalidad", pues no son más que conceptos a través de los cuales es posible interpretar una determinada realidad de conducta humana(26). 2º) Aun en el supuesto de aceptarse la idea de que las normas procesales carecen de un fin en sí mismas, cabría preguntar si no ocurre otro tanto con las numerosas normas del llamado derecho sustancial o material mediante las cuales se establecen, por ejemplo, los requisitos formales de los actos jurídicos. Tales normas, como la que dispone, v.gr., que deben ser hechas en escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias (art. 1552, CCiv. y Com.) participarían del mismo carácter instrumental que la doctrina mencionada asigna a las normas procesales, desde que, lo mismo que éstas, tampoco regularían directamente "el goce de los bienes de la vida", sino que se limitarían a establecer el medio adecuado para obtener ese goce 15   

(convertirse, en el caso del ejemplo, en titular de los derechos que emergen del contrato). Ello demuestra que el concepto de "instrumentalidad", por excesivamente genérico, no resulta apropiado para describir la índole específica del derecho procesal(27). 3º) El esquema normativo completo de que se valen los jueces para dictar sentencia se halla inexcusablemente integrado por disposiciones contenidas tanto en las leyes sustanciales como en las leyes procesales, porque ambas clases de normas concurren, coordinadas en un pie de igualdad, a acordar el sentido jurídico de la norma individual en que la sentencia consiste(28), determinando las primeras el "quién" y el "cómo", y las segundas el "qué" de la decisión judicial. Pero también es menester no perder de vista el hecho de que el contenido de la sentencia se halla primordialmente vinculado a la conducta observada por las partes durante el desarrollo del proceso y que, por consiguiente, la aplicabilidad o la inaplicabilidad de las correspondientes normas materiales depende, en definitiva, de las normas procesales mediante las que esa conducta se interpreta. Asimismo, aquel contenido puede hallarse exclusivamente determinado por normas procesales, como ocurre en el caso de desestimarse una pretensión o petición por no concurrir, a su respecto, algún requisito de "admisibilidad". 4º) Desde que las normas procesales regulan no sólo la forma, sino también los restantes requisitos de los actos que integran el proceso (contenido, aptitud de quienes los cumplen y efectos), tampoco resulta apropiado calificar a nuestra disciplina como derecho "formal". Entendemos, por lo tanto, que ni las calificaciones a que nos hemos referido se conforman estrictamente a la naturaleza del derecho procesal, ni median razones válidas que sustenten la subordinación de éste al derecho material. Las calificaciones, en efecto resultan innecesarias si, como lo hemos hecho, se concibe al derecho procesal como aquél que estudia la actividad creadora de normas jurídicas en el ámbito judicial (o arbitral), y se reserva la denominación (convencional) de derecho material para denotar a aquel que, en general, es invocado como fundamento de la pretensión o petición que origina el proceso. Y, de acuerdo con este criterio, pierde también sentido toda relación de subordinación, pues dentro de los sectores de conducta a que ambos derechos respectivamente se refieren, tan "primario" resulta uno como otro. b) El derecho procesal (civil o penal) debe ser adscripto, en principio, al derecho público. No obsta a ello la circunstancia de que las materias sobre que versa el proceso civil correspondan, generalmente, al derecho privado, por cuanto la inclusión del derecho procesal dentro de aquel sector de las disciplinas jurídicas responde a la posición preeminente que en el proceso asume el Estado a través de sus órganos judiciales. Éstos, en efecto, en su carácter de titulares de un poder público, no se hallan equiparados a las partes o a los terceros, sino que se encuentran en un plano supraordinario con respecto a los restantes sujetos procesales, a 16   

quienes imponen, en forma unilateral, la observancia de determinadas conductas(29). Algunos autores entienden, erróneamente a nuestro juicio, que el carácter público o privado del derecho procesal depende de la concepción general que inspire a la correspondiente legislación en lo que respecta a los mayores o menores poderes de los jueces. Tal es el criterio de Morel(30), para quien las legislaciones que, como la ordenanza austríaca de 1895, incluyen al proceso civil dentro del derecho público, confieren a los jueces un papel preponderante en la dirección de los procesos; mientras que aquellas que lo consideran como una rama del derecho privado asignan al juez el mero carácter de espectador o de árbitro en el litigio. De la misma idea participó, en nuestro país, el profesor Alsina, quien no obstante propiciar la naturaleza pública del derecho procesal, incluyó al derogado Código de Procedimiento de la Capital Federal entre aquellos que consideran al proceso civil como una rama del derecho privado(31). El error de que adolece tal postura doctrinaria reside en que la mayor o menor intensidad de los poderes conferidos a los jueces, en orden a la dirección formal del proceso, constituye una circunstancia que no afecta la posición jerárquicamente superior en que el juez se encuentra con respecto a los restantes sujetos procesales. En otras palabras, la limitación de los poderes judiciales, por importante que sea, no nivela la situación del órgano judicial con la de las partes y terceros, ni mucho menos engendra una relación de subordinación del primero a los segundos. Es obvio, en efecto, que éstos carecen de toda posibilidad de utilización lícita de la coacción, y que les está vedada cualquier injerencia en el fenómeno de creación normativa que se manifiesta a través del desarrollo procesal y culmina con el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Es consecuencia, del carácter predominantemente público del derecho procesal, que esté prohibido a las partes derogar o alterar, mediante pactos, las normas que disciplinan la composición y el funcionamiento de los órganos judiciales, así como aquellas que reglamentan los requisitos y los efectos de los actos procesales. No es admisible, en suma, el llamado proceso convencional, aunque con la aclaración de que el principio juega en el ámbito del derecho procesal, en general, y no respecto de cada una de las normas que regulan el proceso, pues, entre ellas, las denominadas dispositivas (infra, nro. 7) acuerdan a las partes la posibilidad de regular aspectos particulares de aquél(32). Ello permite observar alguna interferencia, en el derecho procesal, de elementos correspondientes al derecho privado; interferencia que aparece acentuada a raíz de la facultad que las leyes conceden a las partes en el sentido de prescindir de los jueces ordinarios para la solución de sus diferencias y de encomendar ese menester a jueces privados designados por ellas (árbitros o amigables componedores). Sin embargo, esa circunstancia no incide en la configuración fundamentalmente pública del derecho procesal, pues como observa Carnelutti(33), el poder de las partes 17   

se limita, en tal caso, a influir en la elección del órgano o en su modo de obrar, pero no excluye que el poder para la composición del conflicto pertenezca a un órgano distinto de los interesados. Se advierte, de tal manera, que el desplazamiento de poder que se opera mediante el compromiso arbitral, si bien denota la interferencia del derecho privado a que nos hemos referido, no descarta la relación de subordinación de las partes al órgano decisor, que constituye uno de los elementos que contribuyen a caracterizar las instituciones del derecho público. c) El derecho procesal constituye una rama autónoma de la ciencia jurídica, y ello no es así por razones contingentes y variables, según ocurre con otros sectores del ordenamiento jurídico, ni comporta un arbitrio creado por meras consideraciones didácticas(34). La autonomía del derecho procesal, por el contrario, obedece al hecho de que estudia una trama de conductas esencialmente diversa de las que conceptualizan las normas del derecho material. Aun sin recurrir a la tesis que explica la naturaleza jurídica del proceso describiéndolo como una relación jurídica autónoma con respecto a la relación jurídica de derecho material (infra, nro. 47), la peculiar interferencia de conductas que en él tiene lugar determina que los vínculos jurídicos que surgen entre el órgano judicial y las partes, así como los requisitos y los efectos de los actos procesales, se encuentren gobernados por normas y principios propios, que merecen ser considerados independientemente de los que rigen en el ámbito del derecho material. Así, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en la esfera de los negocios jurídicos del derecho privado, el formalismo necesario para asegurar el rápido y expedito desenvolvimiento del proceso, unido a la intervención que en él tiene un órgano público, excluye la indagación de las motivaciones subjetivas que determinan el cumplimiento de los actos procesales; el principio de preclusión, fundado en razones de seguridad jurídica, descarta la existencia de nulidades procesales absolutas, etcétera.

II. LAS NORMAS PROCESALES(35)

6. Concepto a) Es sabido que las normas procesales no se encuentran ubicadas exclusivamente en los códigos de procedimientos y en las leyes 18   

sobre organización y competencia de los órganos judiciales. También las hay, y en número considerable, en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, en los códigos de fondo a que se refiere el art. 75, inc. 12) de la Constitución Nacional, y en los ordenamientos jurídicos nacionales y provinciales de la más diversa índole; de allí que resulte imposible determinar la naturaleza procesal de una norma sobre la simple base de su ubicación legal, pues ésta puede obedecer a razones circunstanciales de política legislativa, y que sea necesario, para ello, atender a otros criterios. b) La doctrina ha enunciado varios. Carnelutti, por ejemplo, divide las normas, desde el punto de vista de la finalidad a que se sirven, en materiales e instrumentales, y sostiene que mientras las primeras componen inmediatamente un conflicto de intereses, imponiendo una obligación y atribuyendo eventualmente un derecho (subjetivo) (v.gr.: "Si un fundo está rodeado por otros, deberá dejarle paso a la vía pública el fundo colindante a través del que sea más corto el acceso"), las segundas componen el conflicto mediatamente, atribuyendo un poder (de componerlo) e imponiendo correlativamente una sujeción (v.gr.: "Si un fundo está rodeado por otros, el juez decidirá cómo habrá de tener acceso a la vía pública")(36). Los ejemplos con que el maestro ilustra su tesis constituyen, sin embargo, esquemas normativos incompletos, pues a poco que se medite sobre las posibilidades de conducta que encierran tales proposiciones, se llega a la conclusión de que toda norma sería, al mismo tiempo, material e instrumental. Piénsese, en efecto, que en el caso de ser demandado el propietario del fundo colindante por incumplimiento de la obligación impuesta en la norma (dejar paso a la vía pública), surgirá tanto el poder del juez para componer el conflicto como la eventual sujeción del demandado a lo que la sentencia decida. Y adviértase, asimismo, que en el supuesto de la segunda norma el ejercicio del poder constituye, como el propio Carnelutti lo reconoce(37), una obligación del juez, a la que es correlativo un derecho de las partes. Por lo demás, dicho autor admite la existencia de normas instrumentales en el ámbito del derecho civil, según ocurre, por ejemplo, con la contenida en el art. 1372del Código Civil italiano (equivale al art. 1197, CCiv. argentino), que reconoce fuerza de ley al contrato, pues tal norma atribuye a las partes un poder para componer intereses en conflicto, y sostiene, finalmente, que no todas las normas procesales son instrumentales, pues no revisten ese carácter aquellas que instituyen obligaciones y derechos (subjetivos) procesales, como sucede con la que impone al vencido la obligación de pagar las costas del proceso o con la que establece la obligación del testigo de narrar al juez los hechos que conozca, obligaciones de las que son correlativos, respectivamente, los derechos del vencedor frente al vencido y de la parte frente al testigo reticente(38). 19   

Ello viene a corroborar lo expuesto oportunamente (supra, nro. 5, a]), en el sentido de que la idea de "instrumentalidad" no resulta apta, en razón de su amplitud, para determinar la naturaleza de las normas procesales. Recuérdese, asimismo, lo que allí se dijo acerca del carácter instrumental que también revestirían las normas del derecho civil referentes a los requisitos formales de los actos jurídicos. c) También merece destacarse el intento de diferenciación realizado por James Goldschmidt(39)y completado posteriormente por Roberto Goldschmidt(40). Se basa, según hemos anticipado (supra, nro. 3, a]), en el análisis del llamado derecho justicial, al que se concibe como la categoría jurídica que, junto con el derecho político en sentido estricto y con el derecho administrativo, forma parte del derecho público de la comunidad estatal, tiene por objeto una relación jurídica existente entre la justicia estatal y el individuo que es miembro del Estado, y se divide en derecho justicial formal y derecho justicial material. Mientras el primero comprende los derechos procesales, civil y penal, el segundo se refiere a la totalidad de las normas relativas a la pretensión de tutela jurídica dirigida contra el Estado, e incluye asimismo al derecho penal. A su vez, la diferencia entre el derecho material de carácter privado y el derecho justicial reside en la circunstancia de que el primero se halla constituido por normas dirigidas a los individuos, mediante las cuales se indica a éstos cuál es el contenido de una determinada relación; en tanto que el segundo agrupa a todas aquellas normas que se dirigen a los jueces. Pero mientras el derecho justicial formal (como vimos, comprende a los derechos procesales) regula el aspecto formal o de ejercicio de una relación jurídica perteneciente a la justicia, el derecho justicial material reglamenta los presupuestos, el contenido y los efectos de la pretensión de tutela jurídica (o sea, el aspecto material de aquella relación); de allí que, en definitiva, los jueces sean destinatarios directos de dos clases de normas: las que determinan su proceder (procesales) y las que determinan el cómo de la decisión (materiales). Entre estas últimas cabría incluir las relativas a las condiciones de la acción, a las pruebas, a la cosa juzgada y a la ejecución forzosa. Aparte del error imperativista de que padece(41), esta postura doctrinaria restringe indebidamente, a nuestro juicio, el contenido de las normas procesales. Ya se ha dicho (supra, nro. 3, b]) que lo concerniente al "cómo" de la decisión judicial es difícilmente separable del "proceder" del juez. El proceso, en efecto, comprende no sólo la actividad que precede a la sentencia, sino también la actividad que el juez o tribunal despliega con motivo del pronunciamiento mismo de ella. Ambas actividades no son más que fracciones de un mismo camino que es preciso recorrer para elucidar la fundabilidad de la pretensión (o petición). Por otra parte, toda esa actividad, enfocada desde el punto de vista del juez, no puede exteriorizarse sino a través de decisiones mediante las cuales aquél aplica un determinado tipo de normas jurídicas(42). El "proceder" 20   

judicial involucra, pues, necesariamente, un "juzgar". Por consiguiente, descartadas aquellas normas que, en razón de referirse hipotéticamente a los derechos y obligaciones de las partes o peticionarios, son invocadas como fundamento de la pretensión o petición, resulta claro que las restantes normas aplicadas tanto durante el desarrollo del proceso como en la sentencia misma son necesariamente las que establecen quién debe determinar y cómo la existencia o la inexistencia de tales derechos y obligaciones en el caso concreto. Estas últimas revisten el carácter de normas procesales (supra, nro. 1, b]) aunque se encuentren ubicadas en los códigos o leyes del denominado derecho material; de allí que tan procesales sean las normas que instituyen los requisitos de la demanda, o los efectos de la falta de contestación por parte del demandado, como las que establecen la existencia o la inexistencia de legitimación para obrar e interés, imponen la carga de la prueba a alguna de las partes o prescriben la inadmisibilidad de una prueba determinada. Ninguna de ellas, en efecto, se refiere al posible contenido de la relación o situación jurídica en que se funda la pretensión (o petición procesal). Todas, por el contrario, prescriben "cómo" debe comportarse el juez para determinar ese contenido. No es admisible, en consecuencia, la diferenciación normativa propuesta por Goldschmidt, pues aparte de que no todas las normas procesales regulan el "aspecto formal" de la relación jurídica creada entre la justicia estatal y los súbditos (infra, nro. 7), aquéllas no se diferencian, en cuanto a su contenido, de la mayor parte de las normas que se incluyen dentro del denominado derecho justicial material. d) Análogas objeciones cabe formular a la postura asumida por Calamandrei, quien define a las normas procesales como aquellas que regulan las formas de la providencia y de las actividades exteriores que deben cumplirse in procedendo para llegar a obtenerla(43), y niega carácter procesal a toda norma que haga sentir su eficacia reguladora sobre el contenido de la providencia (sentencia). Tal conclusión olvida, además, que la determinación judicial de los derechos de las partes obedece también a la aplicación de normas procesales y que éstas inciden, indirectamente, en aquel contenido. Para ello basta pensar en el caso frecuente del litigante vencido por no haber ofrecido su prueba dentro del plazo legal o por haber sido declarado negligente en su producción. e) Las consideraciones precedentes, así como todo cuanto se ha expuesto en los parágrafos anteriores acerca del contenido y de la naturaleza del derecho procesal, autorizan a definir a las normas procesales como aquellas que conceptualizan: 1º) La clase de órganos habilitados para intervenir en los procesos, la competencia de éstos y las facultades, deberes, etcétera, de las personas físicas que los integran. 2º) La actuación de dichos órganos, de las partes, de los auxiliares de éstas y de los terceros durante el desarrollo del proceso y, por consiguiente, los 21   

requisitos y los efectos de los actos procesales, así como el orden en que éstos deben ser cumplidos. 3º) La conducta que debe observar el órgano judicial, en oportunidad de dictar la sentencia definitiva, para determinar el modo o los modos de ser (facultad, prestación, entuerto o sanción) correspondientes a la relación o situación jurídica en que se fundó la pretensión o petición que dio motivo al proceso. Entre este último grupo de normas procesales se hallan incluidas, por ejemplo, la que limita el contenido de la sentencia a "las pretensiones deducidas en el juicio" (v.gr., art. 163, inc. 6º, CPCCN); la que impone el deber de "fundar razonablemente" toda sentencia (art. 3º, CCiv. y Com.); la que dispone que la prueba debe ser apreciada de conformidad con las reglas de la sana crítica, salvo disposición legal en contrario (v.gr., art. 386, CPCCN), etcétera; y, en general, aquellas que regulan los requisitos de "admisibilidad" de la pretensión o petición. Es menester aclarar, sin embargo, que la definición propuesta no apunta a la caracterización de las normas procesales como entidades completas desde el punto de vista lógico. Es sabido, en efecto, que los diversos artículos que integran un determinado cuerpo legal no siempre contienen, de por sí, una norma, entendiendo por tal al juicio que mienta la totalidad de las posibilidades que muestra la conducta como expresión de libertad(44). Por el contrario, lo frecuente es que aquellos artículos no constituyan más que fracciones o segmentos de una norma jurídica completa, de ahí que ésta deba ser generalmente reconstruida, por el órgano de aplicación (juez o funcionario administrativo), sobre la base de menciones contenidas en varios artículos de ésta e incluso de otra ley. f) Las normas procesales, finalmente, se diferencian de las normas del denominado derecho material por su contenido, el que, a su vez, está dado por la peculiar interferencia de conductas que conceptualizan. Pero de tal circunstancia no deriva, como es obvio, diferencia alguna desde el punto de vista de su estructura lógica. Como toda norma jurídica, una norma procesal lógicamente completa se estructura como un juicio disyuntivo, en razón de ser éste el instrumento lógico adecuado para pensar cualquier dato de conducta en la totalidad de sus posibilidades(45).

7. Clasificación de las normas procesales a) La doctrina suele distinguir entre normas procesales formales y materiales. En opinión de Chiovenda, revisten este último carácter las normas que conceden las acciones, porque si bien no son formales en tanto "garantizan un bien de la vida", deben considerarse procesales en la medida en que se fundan en la existencia del proceso y 22   

de ella derivan(46). Pero este criterio, que se halla vinculado a la denominada "concepción concreta" de la acción, pierde validez si se considera a esta última como un simple poder de excitar la actividad judicial, con prescindencia del hecho de que quien lo ejerce sea o no titular de un derecho material(47). Por ello entendemos que es más apropiado llamar normas procesales formales a las que regulan las condiciones de lugar, tiempo y forma de los actos procesales, y normas procesales materiales a las que determinan los requisitos de capacidad y legitimación, el contenido y los efectos de esos actos(48). b) Es también frecuente la distinción entre las normas que regulan la organización y la competencia de los órganos judiciales (normas orgánicas), y aquellas que regulan los actos del proceso y el desarrollo del procedimiento (normas procesales propiamente dichas)(49). Tal clasificación es utilizada, a veces, como correlativa del distingo que se formula entre normas de orden público y de interés privado(50), aunque las excepciones que luego deben admitirse a tal criterio diferenciador lo destituyen de toda trascendencia. Tampoco es útil la distinción para justificar la existencia de nulidades procesales absolutas, pues esta categoría es ajena al derecho procesal, aun cuando se trate de la violación de normas orgánicas(51). Aunque sin aceptar las consecuencias precedentemente mencionadas, Podetti participa en alguna medida de aquel criterio en tanto divide a las normas procesales en organizativas y formales: las primeras serían las que organizan la administración de justicia y establecen sus funciones (competencia, facultades disciplinarias, de ordenamiento de los actos procesales y administrativos); las segundas serían las que reglamentan la forma de las actuaciones y su límite temporal (coordinación). Sin embargo, incurre en el error de incluir dentro de esta última categoría de normas a aquellas que afectan al contenido de los actos procesales(52). c) Mayor importancia práctica reviste la clasificación de las normas procesales en necesarias (o absolutas) y optativas (dispositivas o voluntarias). Son normas necesarias aquellas que deben aplicarse siempre que concurra el supuesto para el cual han sido dictadas, de modo tal que el juez no puede prescindir de ellas aunque las partes lo pidan de común acuerdo(53). Participan de ese carácter, por ejemplo, las normas que regulan la competencia por razón de la materia, del valor y del grado; las que determinan los requisitos de admisibilidad de la demanda o de los recursos; las que prohíben la admisión de alguna prueba, etcétera. Son normas optativas aquellas de cuya aplicación cabe prescindir, sea por mediar acuerdo expreso de las partes en tal sentido o como consecuencia de la actitud consistente en no denunciar su inobservancia. 23   

Como ejemplos del primer caso pueden citarse el art. 155, CPCCN, que luego de proclamar la regla de la perentoriedad de los plazos legales o judiciales, admite su derogabilidad mediante "acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados"; el art. 157, ap. 2º del mismo Código, según el cual las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito; el art. 375, que faculta a las partes para pedir, de común acuerdo, la suspensión de los plazos de prueba ordinario y extraordinario, etcétera. Ejemplo del segundo caso es la prórroga de la competencia territorial, la que se produce, entre otros supuestos, cuando el demandado ante juez incompetente contesta la demanda sin cuestionar la competencia. En el supuesto de no existir disposiciones expresas sobre el particular, es desde luego materia de interpretación determinar si una norma procesal es necesaria u optativa. Puede establecerse, sin embargo, como pauta de carácter general, que corresponde excluir la incidencia de la voluntad de las partes cuando ella es susceptible de desnaturalizar la vigencia del poder como valor jurídico inherente a la relación jerárquica existente entre el juez y las partes(54). Importa destacar, asimismo, que la distinción entre normas necesarias y optativas no afecta al régimen de las nulidades procesales. Aun en la hipótesis de que a raíz del incumplimiento de una norma necesaria resulte afectado alguno de los requisitos esenciales de un acto procesal, no corresponde declarar la nulidad si la parte interesada en la invalidación consiente, expresa o tácitamente, el acto defectuoso. Siempre se tratará, pues, de nulidades relativas. d) Algunos autores extienden el concepto de normas optativas o dispositivas para caracterizar a aquellas que conceden poderes discrecionales al juez(55). Otros, atendiendo al hecho de que las normas concedan o no tales poderes, hablan de normas estrictas o rígidas y flexibles o elásticas(56). Este último es, a nuestro juicio, el criterio correcto, pues mientras la clasificación de las normas procesales en necesarias y optativas alude, como hemos visto, a la inadmisibilidad o la admisibilidad de prescindir lisa y llanamente de una norma determinada para resolver un caso, la clasificación precedente se relaciona con la menor o mayor dosis de libertad o arbitrio que las normas acuerdan, en general, a los órganos estatales de aplicación (jueces, en este caso). Precisando el concepto, corresponde denominar normas estrictas o rígidas a aquellas que no conceden a los jueces más libertad o arbitrio que el que es consustancial a todo órgano estatal de aplicación en su actividad jurídica parcialmente creadora (arbitrio ordinario)(57), y normas flexibles o elásticas a aquellas que, mediante la mención de ciertas fórmulas que remiten a las vivencias axiológicas de los jueces, otorgan a éstos un amplio margen de arbitrio que viene a añadirse al que normalmente ejercitan (arbitrio extraordinario). Son ejemplos de esta clase de normas la que autoriza a los jueces a resolver 24   

provisionalmente y sin más trámite la guarda de personas "cuando existiese urgencia o circunstancias graves" (v.gr., art. 235, CPCCN); la que condiciona la admisión de medios probatorios no previstos por la ley a la circunstancia de que "no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros" (v.gr., art. 378, CPCCN); la que supedita la confesión ficta a la inexistencia de justa causa que haya impedido la comparecencia del absolvente a la audiencia de posiciones (v.gr., art. 409, CPCCN); etcétera. Las fórmulas normativas mencionadas ("urgencia", "circunstancias graves", "moral", etcétera) constituyen en sí mismas, como dice Linares(58), "sentidos axiológicos" que han de ser objeto, a su vez, de valoración judicial, lo cual no significa, desde luego, que las normas aludidas remitan, exclusivamente, a la voluntad absoluta del juez, cuyo proceder debe ajustarse a los sentidos jurídicos vigentes en la comunidad de la cual es órgano y se halla además limitado por el resto del ordenamiento jurídico.

8. El sistema constitucional argentino y las normas procesales a) En forma casi unánime, la doctrina entiende que, de conformidad con el sistema adoptado por la Constitución de nuestro país, la atribución de legislar en materia procesal pertenece, como principio, a cada una de las provincias y no al Congreso de la Nación. Principalmente, sirven de apoyo a esa conclusión los arts. 121 y 75, inc. 12, del texto constitucional: el primero, en tanto dispone que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, y el segundo porque no incluye, entre los poderes delegados al Congreso de la Nación, el consistente en dictar los códigos de procedimientos. El contenido de los arts. 5º, 7º y 125 de la Constitución corrobora el acierto de esa tesis. Lascano, por su parte, encuentra la prueba más fehaciente de su validez en la facultad que el art. 75, inc. 12, acuerda al Congreso en el sentido de dictar la Ley de Bancarrotas, la cual constituye una ley de procedimientos en la medida en que regula un juicio de ejecución colectiva o un procedimiento judicial de liquidación de los bienes del deudor. "Por esa razón expresa y en presencia de la conveniencia de una legislación uniforme en todo el país, es que la Constitución creyó necesario establecerlo expresamente como atribución del Congreso Nacional. Si hubiera entendido que los procedimientos judiciales forman parte de la ley de fondo, no habría habido razón para que repitiera que ésta era materia de legislación nacional, dado que ya quedaba expresado claramente el

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atribuir al Congreso la facultad de dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería"(59). La jurisprudencia de la Corte Suprema coincide con la tesis expuesta. Pero los respectivos precedentes han aclarado que las facultades de las provincias para legislar en materia procesal deben ser entendidas sin perjuicio de las normas de ese carácter que puede dictar el Congreso con el fin de asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos que consagra la legislación de fondo. "Si así no fuera —ha dicho el Tribunal—, el Congreso tampoco habría podido limitar las excepciones que pueden oponerse contra la acción ejecutiva de las letras de cambio (art. 676, CCom.), ni señalar el procedimiento sumario en la acción de alimentos (art. 375, CCiv.), ni determinar las acciones que corresponde seguir en causas posesorias y el orden en que deben ejercitarse (arts. 2482 y 2488; Fallos 137:307), como igualmente el procedimiento para la sustanciación de las mismas y tantas otras prescripciones formales para la vigencia y el ejercicio de determinados derechos..."(60). b) Se ha sostenido, contrariamente a la tesis precedentemente enunciada, que si bien cabe reconocer a las provincias la atribución de organizar su propia administración de justicia (arts. 5º, 122 y 125, CN), no ocurre lo mismo con el poder de dictar las normas que regulan el procedimiento, pues tal poder pertenecía al gobierno federal(61). Esta conclusión se ha fundado en que, por un lado, el art. 24 de la Constitución atribuye al Congreso la facultad de promover la reforma de la legislación en todas sus ramas, sin formular por lo tanto distinción alguna entre leyes materiales y procesales, y en que, por otro lado, en tanto el art. 75, inc. 32, de aquélla faculta al Congreso para "hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación argentina", le acuerda también, implícitamente, el poder de dictar las leyes y los códigos procesales, como complemento, sea del poder de dictar los códigos de fondo enumerados en el art. 75, inc. 12, o del poder genérico acordado por el art. 24, de manera que, de conformidad con esta tesis, el poder de las provincias se limitaría a la creación, distribución y organización de sus respectivos tribunales, así como a la regulación del nombramiento, remoción, derechos y responsabilidades de los magistrados y restantes funcionarios integrantes del Poder Judicial, aunque respetando, en el ejercicio de tales atribuciones, los presupuestos de organización judicial previstos por la ley nacional al estructurar las respectivas instituciones procesales. Así, por ejemplo, si la ley nacional autorizase un recurso de apelación para ante un tribunal superior, las provincias estarían obligadas a organizar su justicia con arreglo al principio de la doble instancia. Pero una correcta hermenéutica constitucional no abona tales conclusiones. Por lo pronto, el poder genérico de reforma legislativa acordado al Congreso por el art. 24 debe entenderse limitado por el art. 26   

75, inc. 12, en cuya redacción no pudo pasar inadvertida la circunstancia de que las normas reguladoras del proceso son, como principio, ajenas a los ordenamientos legales enumerados en dicha disposición. No cabe duda, por lo tanto, de que si fue propósito de los constituyentes atribuir al Congreso la facultad de sancionar ese tipo de normas, habrían incluido, en la nómina de códigos citados, el específicamente destinado a ellas; tanto más cuanto que la regulación autónoma de los procedimientos judiciales era una de las características de los cuerpos legales vigentes en nuestro país a la época de sancionarse la Constitución. Además, en tanto las normas procesales no constituyen una reglamentación de los códigos de fondo ni de los restantes poderes acordados al Congreso por el art. 75, mal puede sostenerse que el inc. 32 de dicha norma sustenta la tesis unificadora. Es obvio, por otra parte, que la facultad atribuida por dicho inciso no es indeterminada, sino para poner en ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al gobierno de la Nación, excluyendo, por lo tanto, los reservados a las provincias por el art. 121(62). c) El poder de las provincias no es, sin embargo, absoluto, pues tampoco cabe desconocer las facultades del Congreso para dictar normas procesales cuando sea pertinente establecer ciertos recaudos de esa índole a fin de asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos de fondo. Existe, en efecto, un vasto sector de normas procesales (en el que se destacan las referentes a la admisibilidad de los medios de prueba), cuya sanción no podría reconocerse a cada una de las provincias sin riesgo de desnaturalizar instituciones propias del denominado derecho sustancial o material. Es difícil, sin embargo, trazar una línea divisoria que separe netamente los respectivos ámbitos de competencia legislativa. No es, por ejemplo, aceptable el criterio según el cual debe reservarse a las legislaturas provinciales "lo referente a lo exclusivamente formal (forma de la demanda y contestación, notificaciones, administración de la prueba, término, etc.)"(63), o las normas "de rito o de mero trámite"(64). Por un lado, en efecto, no es admisible desconocer al Congreso de la Nación la facultad de incorporar a las leyes normas procesales de estricto carácter formal, cuando ellas resulten imprescindibles para resguardar la operancia de las restantes normas contenidas en un determinado ordenamiento. No podría así afirmarse que el legislador nacional haya excedido el ámbito de sus facultades al incorporar, a la Ley de Locaciones, numerosas normas de contenido rigurosamente formal(65), pero entrañablemente vinculadas a la eficacia de los derechos que esa ley establece. Por otro lado, tal criterio conduce a la errónea conclusión de que las legislaturas provinciales carecerían de atribuciones para regular los requisitos no formales de los actos procesales (aptitud, contenido y efectos). d) Otro es el problema referente a la conveniencia de unificar la legislación procesal en el territorio de la República. Sobre tal conveniencia no puede discutirse ya seriamente, aunque existen discrepancias en lo que respecta a la forma de llevar a cabo la unificación sin que ella afecte 27   

las atribuciones de las legislaturas provinciales. Entre otras soluciones al problema, se ha propuesto, por ejemplo, la consistente en que el Congreso de la Nación dicte las normas de derecho procesal sustancial (condiciones de la acción, enumeración de las pruebas y apreciación de éstas, fundamentación de las sentencias, etc.), conservando las provincias la atribución de legislar en materia de derecho procesal formal o "meramente rituario"(66). Pero el error de tal criterio queda en evidencia si se advierte no sólo que ese tipo de normas ya se hallan incluidas, casi todas, en los códigos de fondo, sino también que las atribuciones provinciales resultarían prácticamente aniquiladas si se las circunscribiese al ámbito puramente formal de los actos procesales (nos inclinamos a creer, sin embargo, que dicha tesis peca de un defecto de expresión en tanto, posiblemente, asigna al término formal un alcance comprensivo de diversos requisitos materiales de los actos procesales, como, por ejemplo, los referentes a la competencia de los jueces, a la aptitud para deponer como testigo, al contenido de la demanda y de la contestación, a los efectos de la incomparecencia a absolver posiciones, etc.). A nuestro juicio, la única vía, constitucionalmente legítima para concretar la unificación de la legislación procesal en la República, consiste en la celebración de convenciones interprovinciales o de convenciones entre la Nación y las provincias. De este último procedimiento constituye un ejemplo el convenio celebrado entre la Nación y la provincia de Buenos Aires con fecha 21 de julio de 1965, relativo a la simplificación y ordenación del trámite de los exhortos entre los magistrados de los distintos fueros de la justicia. El respectivo proyecto fue ratificado por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y convertido en ley con fecha 29 de noviembre del mismo año (ley 7109)(67), luego derogada por la ley 9618. Posteriormente, el Poder Ejecutivo nacional hizo lo mismo mediante la sanción y la promulgación de la ley 17.009 (luego también derogada por el art. 4º, ley 22.172), la cual, además, declaró aplicables las normas contenidas en el convenio al trámite de exhortos entre jueces federales, y entre éstos y los jueces de las provincias adheridas. En la actualidad todas las provincias, mediante la promulgación de sendas leyes, han adherido al convenio.

9. Efectos de las normas procesales en el tiempo a) La determinación del régimen intertemporal de las leyes procesales constituye una materia reservada, como regla, al arbitrio legislativo. En consecuencia, y como ocurre en el ámbito del derecho civil, el principio según el cual las leyes sólo disponen para lo futuro (art. 7º, CCiv. y Com.) carece, en lo que concierne a las normas procesales, de jerarquía 28   

constitucional, y su aplicación retroactiva es, por lo tanto, inobjetable, siempre que no comporte vulneración de derechos amparados por garantías constitucionales(68). b) En ausencia de específicas disposiciones que regulen el ámbito temporal de las normas procesales, las soluciones correspondientes deben encararse atendiendo al hecho de que la ley nueva sea posterior a la conclusión del proceso, anterior a su iniciación, o dictada durante su desarrollo. Estudiaremos, sucesivamente, cada una de esas situaciones. 1º) Una ley procesal, cualquiera que sea su carácter, no puede aplicarse a aquellos procesos que, a la fecha de su entrada en vigencia, se encuentren concluidos por sentencia firme. Lo contrario implicaría una manifiesta violación de la garantía constitucional de la propiedad (art. 17, CN), la cual es comprensiva de los derechos reconocidos mediante sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada. Este criterio ha sido ratificado por la Corte Suprema, entre otros casos, con motivo de la aplicación de ciertas normas contenidas en sucesivas leyes de emergencia en materia de locaciones urbanas, las cuales, con prescindencia de que en los juicios de desalojo por falta de pago hubiese recaído sentencia firme y orden de lanzamiento, autorizaban la paralización de la respectiva diligencia mediante el pago, en esa oportunidad, del importe del capital, intereses y costas(69). 2º) Por el contrario, la ley procesal nueva se aplicará a los procesos que se inicien con posterioridad a la fecha en que ella entró en vigencia, prescindiendo de la época en que se constituyó la relación jurídica invocada como fundamento de la pretensión o petición. Si, por ejemplo, la ley suprime la clase de proceso vigente a la fecha en que se perfeccionó la relación jurídica controvertida (como ocurriría si se sustituyese la vía sumaria por la ordinaria o viceversa) o modifica las reglas de competencia entonces establecidas, las partes no podrían invocar el derecho a que la controversia se dirima de acuerdo con las reglas del tipo de proceso suprimido o por el juez que dejó de ser competente para conocer en el asunto(70). No existe, en otras palabras, derecho adquirido alguno a ser juzgado con arreglo a un determinado procedimiento o por determinados órganos del Poder Judicial(71). La doctrina no es coincidente, en cambio, en lo que concierne al ámbito temporal de las normas que regulan la admisibilidad de la prueba de los actos jurídicos. Se plantearía el problema, v.gr., en el supuesto de que, habiéndose celebrado un contrato bajo la vigencia de una norma que permitía acreditarlo mediante prueba testimonial, con posterioridad esa norma fuera sustituida por otra que exigiese la prueba por escrito. Chiovenda entiende que corresponde aplicar la norma vigente en el momento en que la prueba debe producirse: "La prueba —dice dicho autor—, hallándose dirigida a formar la convicción del juez, pertenece por esencia al derecho procesal, y no puede admitirse sino de 29   

acuerdo con la ley del momento en el que se hace necesaria, pues sólo esta ley es la que puede determinar cuáles son los medios idóneos para formar actualmente la convicción del juez"(72). La tesis contraria, sin embargo, consulta en mayor medida las exigencias de justicia y de seguridad jurídica, porque si bien en el caso no cabe afirmar que existan, en rigor, derechos adquiridos, tampoco puede desconocerse el hecho de que las mayores o menores precauciones que las partes adoptan al celebrar un acto jurídico dependen, primordialmente, de los elementos probatorios de que podrían valerse en esa oportunidad(73). El mismo principio corresponde aplicar con respecto a las normas que regulan la carga de la prueba(74). Distinto es el caso de las normas referentes a la forma y oportunidad del ofrecimiento y producción de la prueba, respecto de las cuales debe admitirse la aplicación de aquellas que rijan en oportunidad de realizarse los correspondientes actos procesales, con las excepciones que se enunciarán al estudiar, seguidamente, el tercero de los supuestos antes planteados. 3º) Los procesos en trámite, finalmente, pueden ser alcanzados por la ley nueva, la cual es de aplicación inmediata siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior. La excepción se justifica por cuanto tales actos se hallan amparados por el principio de preclusión (infra, nro. 54), al que prestan respaldo, en nuestro ordenamiento jurídico, las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio. El principio es aplicable tanto a las normas referentes a la jurisdicción y competencia de los órganos judiciales(75)cuanto a las normas reguladoras de los procedimientos y de los actos procesales(76). La Corte Suprema tiene decidido, reiteradamente, que a los efectos de determinar la aplicabilidad de una ley que fija una nueva competencia con relación a los procesos en trámite, corresponde establecer si la causa se hallaba o no radicada ante el respectivo órgano judicial. Y ha precisado que, en materia civil, la radicación tiene lugar cuando el litigio se ha trabado por demanda y contestación, o ha mediado decisión judicial de incidente suscitado sobre la competencia, pues antes de ello no se entiende producidos actos concluidos o actuaciones irreversibles que puedan ser afectados por la nueva competencia fijada(77). Respecto a la competencia por razón del grado, si la ley nueva suprime un recurso o restringe sus requisitos de admisibilidad, ella puede aplicarse a los procesos pendientes en los cuales no exista providencia judicial firme que haya concedido el recurso suprimido o restringido(78). En cuanto a los actos procesales y al trámite del proceso, es frecuente que las denominadas "disposiciones transitorias" de las nuevas leyes, 30   

luego de fijar la fecha de su entrada en vigencia, determinen que sus normas se aplicarán a todos los asuntos que sucesivamente se promuevan, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su curso, los cuales se regirán por las disposiciones hasta entonces aplicables. Por "principio de ejecución" debe entenderse, a nuestro juicio, el cumplimiento del acto o actos procesales que constituyan el presupuesto inmediato de otro acto posterior. Recuérdese, por ejemplo, que según el art. 23 de la ley 14.237, en el mismo auto de apertura a prueba del juicio ordinario, el juez debía convocar a las partes a una audiencia a celebrarse dentro de los diez días siguientes, a fin de que estableciesen los hechos articulados sobre los cuales versaría la prueba de acuerdo con la demanda, la reconvención o la contestación de ambas en su caso. Esa audiencia de fijación de hechos suponía, pues, como antecedentes necesarios, el pronunciamiento de la providencia de apertura a prueba, la posterior notificación de dicha providencia a las partes y el consentimiento de éstas. Recién entonces cabía hablar de "principio de ejecución" del acto que lo pusiese a cubierto de la aplicación del art. 9º del decreto-ley 23.398/1956, que dispuso la derogación de la norma mencionada(79). Supóngase, para dar otro ejemplo, que la nueva ley (como ocurrió con el art. 2º, ley 14.237) convierta en perentorios los plazos que con anterioridad revestían carácter improrrogable. En tal supuesto el "principio de ejecución" estaría dado por el hecho de que el traslado se hubiese conferido y notificado bajo la vigencia de la ley anterior(80). La misma solución sería pertinente en el caso de que la nueva norma redujese el plazo para contestar el traslado(81). Tras expresar que "resulta dudoso a qué se puede llamar principio de ejecución", Podetti cree encontrar un ejemplo en los actos procesales continuados, como la notificación por edictos, los cuales, si están publicándose, no podrían ser alcanzados por una nueva ley que modificase el término o la forma de la publicación. "Pero —agrega— en los actos que se realizan en un solo momento: contestación de la demanda, oposición de excepciones, presentación de alegatos y en general en el caso de ejercicio de facultades o liberación de cargas mediante un escrito o una presentación, pareciera que no existe principio de ejecución mientras el acto no se cumple y, en consecuencia, sería aplicable la ley nueva"(82). Sin embargo, el hecho de que un acto procesal se cumpla en un solo momento no descarta que él forme parte o constituya la culminación de un trámite que ha tenido principio de ejecución. Los actos procesales de que el ilustre jurista se vale para ejemplificar presuponen, todos ellos, el cumplimiento de los actos consistentes en la resolución judicial que acordó el plazo dentro del cual aquéllos debían ejecutarse y en la posterior notificación de la respectiva resolución. Parece claro que estos actos constituyen un verdadero principio de ejecución del trámite o etapa procesal que ha de perfeccionarse mediante la 31   

contestación de la demanda, la oposición de las excepciones o la presentación del alegato. El propio autor, cuya tesis comentamos, admite, como excepción, el caso de que exista un derecho adquirido al plazo para la realización del acto, con lo que reconoce, implícitamente, el carácter de "principio de ejecución" que revestía el cumplimiento de los actos a que nos hemos referido. No ofrece dificultad alguna, en cambio, el caso de los actos procesales ya cumplidos bajo la vigencia de la ley anterior. Se ha resuelto, así, entre otros casos, que si el recurso de apelación contra la sentencia que desestima la demanda de insania fue interpuesto y concedido antes de la vigencia de la ley 14.237 —hoy derogada—, cuyo art. 82 autorizaba la apelación libre, aquél sólo procede en relación(83). Corresponde destacar, finalmente, que no se hallan excluidas del principio a que nos venimos refiriendo las normas procesales que establecen sanciones disciplinarias, aun en el caso de que estas últimas se imputen al incumplimiento del deber de lealtad y buena fe. Aquéllas, en efecto, no revisten carácter penal y son, por lo tanto, aplicables inmediatamente a los juicios pendientes, aunque las infracciones se hayan configurado con anterioridad a su vigencia(84).

10. Régimen intertemporal de la ley 25.488(85)

A) Vigencia a) A diferencia de la ley 22.343, cuyas disposiciones transitorias fueron particularmente prolijas en cuanto al régimen intertemporal aplicable a las principales modificaciones que introdujo al Código Procesal de la Nación, la ley 25.488, que constituye una de las más recientes reformas de dicho ordenamiento(86), se limitó a prescribir, en el art. 4º, párr. 1º, que "las disposiciones de esta reforma legal entrarán en vigor a partir de los ciento ochenta días de su publicación y serán aplicables a todos los juicios, aun los que se encontraren pendientes a esa fecha". Por lo tanto, en razón de que dicha ley se publicó en el Boletín Oficial el 22 de noviembre de 2001, comenzó a regir el 21 de mayo de 2002. Con exclusión de los juicios concluidos, las nuevas normas se aplican, en consecuencia, a los juicios que se iniciaron con posterioridad a la 32   

mencionada fecha y a aquellos que, aun iniciados con anterioridad, se encontraban en trámite el 21 de mayo del referido año. b) No obstante, cuadra advertir que esta última regla debe admitir excepción respecto de las diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o comenzado su curso, los cuales se rigen por las disposiciones hasta entonces aplicables, ya que de lo contrario resultaría afectado el principio de preclusión, al que prestan respaldo, en el derecho argentino, las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio. c) Por "principio de ejecución" debe entenderse el cumplimiento del acto o actos procesales que configuran el necesario presupuesto de otro acto posterior. De manera que si, por ejemplo, con anterioridad al 21 de mayo de 2002 se hubiese iniciado un juicio ordinario, el juez hubiese conferido traslado de la demanda y la providencia se hubiere notificado, no sería admisible retrogradar el procedimiento y exigir el ofrecimiento de toda la prueba tal como lo dispone el art. 333 del Código Procesal de la Nación en su versión actual. No habría mediado, en cambio, "principio de ejecución", si sólo se hubiese deducido la demanda con sujeción a las normas aplicables con anterioridad a la vigencia de la ley 25.488. En cuanto a la dimensión y curso de los plazos, otro ejemplo estaría dado por el hecho de que mientras el art. 398 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su versión anterior a la reforma fijaba en veinte y diez días hábiles el plazo para contestar pedidos de informes según se tratase de oficinas públicas o de entes privados, respectivamente, la misma norma de la ley 25.488 unificó ese plazo en diez días hábiles. Sería en tal hipótesis aplicable el de veinte días en el supuesto de que, librado el oficio bajo la vigencia del anterior texto, la oficina pública lo hubiese recibido, y el de diez en el caso contrario. Menos aún cabría la reducción del plazo si éste hubiese comenzado a correr una vez recibido el pedido de informes. d) En su segundo párrafo, el art. 4º prescribe que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación queda facultada para dictar las medidas reglamentarias y todas las que considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de esta reforma". Dicho precepto es obviamente ajeno al régimen intertemporal de la ley 25.488 y se limita, innecesariamente, a corroborar las potestades de superintendencia general que incumben a la Corte Suprema sobre los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación.

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B) Derogaciones El art. 3º de la ley 25.488 dispuso la derogación de las siguientes normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: 1º) El art. 125 bis, conforme al cual las audiencias de posiciones debían ser tomadas por el juez, bajo sanción de nulidad, pudiendo además aquél, en el mismo acto, invitar a las partes a reajustar sus pretensiones o, en su caso, a desistir de prueba innecesaria. En la actualidad, tanto la prueba de posiciones como la invitación a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflictos se concentran, entre otros actos, en la audiencia preliminar que regula el actual art. 360. 2º) El art. 126, en cuya virtud se preveía la posibilidad de que, a pedido de parte y a su costa, se tomara versión taquigráfica de las audiencias, ya que conforme a lo dispuesto en el actual art. 125 el Tribunal se halla habilitado para disponer que las audiencias de prueba se documenten por medio de fonograbación. 3º) El art. 320, que enumeraba los juicios que debían tramitar por juicio sumario, por cuanto este tipo de proceso de conocimiento fue eliminado y sustituido por el juicio ordinario, cuyas reglas de sustanciación equivalen en su mayoría a las que el mencionado artículo dedicaba al llamado juicio sumario. 4º) El art. 368, según el cual las audiencias de prueba debían concertarse en la misma fecha o en días sucesivos, dado que, en su actual versión, el art. 360, inc. 5º) prescribe que en la audiencia preliminar el juez debe proveer las pruebas que considere admisibles y concentrar en una sola audiencia la prueba testimonial. 5º) El art. 399, que sólo autorizaba la aplicación de multas a las entidades privadas que omitían contestar los pedidos de informes, fue sustituido por el actual art. 398, que extiende la sanción a las oficinas públicas. 6º) El art. 416, en virtud de resultar inconciliable con el texto actual del art. 360. 7º) Los arts. 486 a 497, relativos a la regulación del denominado "proceso sumario", actualmente equiparado, en lo sustancial, al proceso ordinario.

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11. Efectos de las normas procesales en el espacio

A) Principio a) Las normas procesales se hallan sujetas al llamado principio de territorialidad de la ley. Sólo tienen vigencia, en efecto, dentro de los límites territoriales del Estado que las dicta y se aplican tanto a los procesos íntegramente tramitados ante los jueces y tribunales de ese Estado como a las diligencias procesales particulares cumplidas por aquéllos a requerimiento de órganos judiciales extranjeros. A la inversa, los actos procesales realizados en el extranjero se rigen por las normas vigentes en el respectivo país. b) El principio de la sujeción del proceso a la ley nacional, o lex fori, responde, primordialmente, a la circunstancia de que las normas procesales regulan el desenvolvimiento de una actividad pública que termina en el Estado cuyos órganos la cumplen, y respecto de las cuales, por lo tanto, carece de sentido la exigencia práctica de uniformidad jurídica que está llamado a satisfacer el funcionamiento de las normas de derecho internacional privado(87). A la misma solución concurren razones de orden público internacional. "Cuando el Estado —dice Lascano— adopta para hacer justicia ciertas formas, trámites, recursos e instancias que garantizan el acierto judicial y protegen a los interesados, no es posible que una condición personal de uno de ellos, ajena a la justicia, sirva para substituir el derecho local por otro extranjero"(88). Es obvio, en efecto, que tratándose de la regulación de una función que es inherente a la soberanía del Estado, se excluya, como principio, la aplicación de normas pertenecientes a un ordenamiento jurídico extranacional(89). c) Las precedentes conclusiones no descartan, sin embargo, la posibilidad de que los jueces nacionales, en determinados casos, deban tomar en consideración normas procesales extranjeras. El art. 517, inc. 3º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, condiciona la eficacia de las sentencias dictadas en países extranjeros, entre otros recaudos, al de que aquellas reúnan los requisitos necesarios para ser consideradas como tales en el lugar en que hayan sido dictadas. Pero ocurre que en este supuesto no media la recepción o la adopción de normas extranjeras en el ordenamiento jurídico del país, sino que éste se 35   

limita a remitir a tales normas, que no pierden por ello su condición de extranjeras, y sólo actúan como presupuesto establecido para la aplicación de normas propias(90).

B) Excepciones a) Como regla, se rigen por la lex fori la organización y competencia de los órganos judiciales y los diversos actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y extingue el proceso. Escapan, sin embargo, a la aplicación de tal principio, ciertos requisitos de los actos procesales cuya regulación depende directamente de normas materiales, así como determinadas reglas procesales que gravitan en mayor medida sobre el contenido de la resolución judicial. A estas últimas se las caracteriza, desde la época de los posglosadores, como aquellas que determinan las formas "decisorias" del litigio (decisorium litis, para distinguirlas de las ordinatorium litis, o sea, de aquellas que, por vincularse estrictamente al orden del proceso mismo, se hallan regidas por la lex fori)(91). b) Corresponde, en consecuencia, formular las siguientes excepciones a la aplicabilidad de la lex fori: 1º) En materia de capacidad de las partes el CCiv. y Com., cuyas disposiciones son aplicables a la capacidad para estar en juicio, consagra el principio de que la capacidad de las personas humanas se rige por el derecho de su domicilio y que el cambio de éste no afecta su capacidad, una vez que ha sido adquirida (art. 2616)(92); 2º) Tanto las formas de actos jurídicos como el mandato, como las solemnidades requeridas, su validez o nulidad y la necesidad de publicidad, se juzgan por las leyes y usos del lugar en que los actos se hubieren celebrado, realizado u otorgado (locus regit actum) (CCiv. y Com., art. 2649). Se rige, en cambio, por la lex fori, la aptitud necesaria para representar válidamente a un tercero ante los tribunales del Estado. Por consiguiente, aun en el caso de que el mandato se hubiese otorgado en el extranjero, y con arreglo a las formas prescriptas en el país respectivo, aquél no podría ser válidamente invocado por el mandatario que no reuniese las condiciones exigidas por las leyes argentinas para ejercer la procuración judicial (tales, por ejemplo, las establecidas por la ley 10.996)(93). 3º) En cuanto a la prueba, es menester distinguir la admisibilidad de los medios de prueba, del procedimiento probatorio. El primer aspecto se halla regido por las normas vigentes en el lugar en que se llevó a cabo el acto jurídico (lex loci actus). Tal es la solución 36   

admitida —como vimos— por el CCiv. y Com. con respecto a la forma de los actos jurídicos (art. 2649 cit.). En cuanto a los contratos, el derecho aplicable puede ser elegido por las partes en las condiciones del art. 2651 o, en su defecto, se aplicará el derecho del lugar del cumplimiento según lo establece el art. 2652. Ello en tanto no se trate de relaciones de consumo (sistema regulado con particularidades en el art. 2655). Este conjunto de reglas debe considerarse extensivo a los medios de prueba en razón de la íntima conexión práctica existente entre la forma y la prueba de los actos jurídicos(94). Concordantemente, el art. 2º del Tratado de Derecho Procesal de Montevideo de 1888, celebrado entre la República Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay (ratificado por ley 3192), así como el suscripto en la misma ciudad en 1940 (aprobado por el decreto-ley 7771/1956) disponen que "las pruebas se admitirán y apreciarán según la ley a que esté sujeto el acto jurídico, materia del proceso. Se exceptúa el género de pruebas que por su naturaleza no autorice la ley del lugar en que se sigue el juicio" (95). Un ejemplo de esta excepción estaría dado, en nuestro derecho, por la prueba de confesión en los juicios de divorcio, desde que su admisibilidad se halla excluida por el art. 70 de la Ley de Matrimonio Civil (hoy derogada por la ley 23.515,art. 9º). Pero la excepción no se justificaría si el medio de prueba de que se tratara, aunque no admitido por el ordenamiento vigente en el lugar en que debe producirse, no afectase ningún principio de orden público interno. El procedimiento probatorio, en cambio, se rige por la lex fori, de modo que, por ejemplo, si la ley del lugar en el cual se celebró el acto jurídico admite que éste se pruebe por medio de testigos, el juez que entiende en el correspondiente proceso debe atenerse a dicha ley aun en el caso de que las normas locales descarten la admisibilidad del referido medio probatorio, pero debe aplicar esas normas en cuanto regulan los requisitos de lugar, tiempo y forma a que se hallan sujetos el ofrecimiento y la producción de la prueba testimonial.

C) Aplicación de la ley extranjera a) En lo que respecta a la operatividad de las leyes extranjeras, el Código Civil y Comercial establece que cuando un derecho extranjero resulta aplicable: a. el juez establece su contenido, y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada(96). Si el contenido(97)del derecho extranjero no puede ser establecido se aplica el derecho argentino; b. si existen 37   

varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece y, en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate; c. si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos (art. 2595). La prueba resulta asimismo innecesaria cuando se trata de un régimen legal de fácil conocimiento, como por ejemplo ocurre con el francés, en lo que se refiere al mandato y a sus formas(98). b) Como medios de prueba de la ley extranjera se han declarado admisibles las referencias de obras conocidas sobre el derecho, la ley y los fallos del país respectivo, siendo innecesaria, como principio, la presentación de un ejemplar autenticado(99); el informe del letrado que desempeña el cargo de asesor del consulado extranjero de que se trata, si concuerda con principios expuestos en obras conocidas(100); el informe consular que contenga el texto de la ley respectiva, no siendo suficiente la opinión personal del cónsul(101); el informe de jurisconsultos eminentes(102), etcétera. Es, en cambio, inadmisible la prueba testimonial(103). En defecto de prueba de la ley extranjera, la cuestión debe resolverse de conformidad con la ley argentina(104).

D) Reglas en materia de exhortos entre jueces de la República a) La diversidad de códigos y leyes procesales vigentes en el territorio de la República Argentina, que es consecuencia de la autonomía provincial para legislar sobre la materia (supra, nro. 8), suscita también el problema consistente en determinar cuál ha de ser la ley aplicable cuando los jueces de una provincia, o de la Capital Federal, se dirigen mediante exhorto a los de otra provincia o a los de dicho distrito, requiriéndoles el diligenciamiento de determinados actos procesales (notificaciones, traba de medidas cautelares, recepción de pruebas, etc.). b) Se han sustentado, al respecto, dos criterios. Uno propicia el carácter extraterritorial de la ley vigente en el lugar en que ejerce jurisdicción el juez exhortante, haciendo primar el principio de "unidad de procedimiento", derivado de la comunidad jurídica nacional, sobre el principio de la territorialidad de la ley procesal. Tal es la opinión de Podetti(105), que ha sido recogida por algunos precedentes judiciales(106). 38   

c) El otro criterio, al que adhiere la mayor parte de la jurisprudencia, se inclina hacia la aplicabilidad del principio de la territorialidad de la ley, haciendo extensiva, al ámbito de los actos procesales, la regla locus regit actum(107). Ésa es también la conclusión a que arriba la doctrina más generalizada(108). Pero si bien, de conformidad con este criterio, el juez exhortado debe proceder con arreglo a sus propias leyes procesales, ello se limita a la aplicabilidad de las normas que rigen los requisitos de lugar, tiempo y forma de los actos cuyo cumplimiento se le ha encomendado. La lex fori, en efecto, regula el trámite del exhorto, pero no alcanza a la admisibilidad y a la valoración de las medidas solicitadas por el juez exhortante(109), salvo que aquéllas comprometan algún principio de orden público local o se opongan a su diligenciamiento, obstáculos insalvables relativos a las formas del procedimiento vigente en el lugar en que ejerce sus funciones el juez requerido(110). En ese orden de ideas se ha resuelto, por ejemplo, que la procedencia o la improcedencia de una medida de prueba requerida por exhorto, tanto en sí como en el estado del juicio en que fue ordenada, es una cuestión ajena a la competencia del juez exhortado y que, de ser planteada, debe discutirse ante el juez exhortante(111); que es de competencia de este último la apreciación del valor de la prueba encomendada mediante exhorto(112); que es el juez exhortante quien, en su momento, se halla habilitado para establecer si los puntos de pericia propuestos por la persona autorizada para diligenciar el exhorto podrán o no incluirse en la pericia(113), etcétera. d) Corresponde destacar, por otra parte, que aun admitiendo la aplicabilidad de la lex fori como principio general, ciertos precedentes han reconocido la excepción consistente en que el juez exhortante pida que el cumplimiento de las medidas encomendadas se practique según las prescripciones de su propia ley procesal, y siempre que el trámite correspondiente no comprometa principios de orden público local ni afecte la organización del tribunal exhortado(114). De lo expuesto se desprende, sin embargo, que no se trata de dos criterios absolutamente inconciliables. Tal vez las decisiones judiciales a que nos hemos referido se han excedido en la determinación de las consecuencias derivadas del principio general en cada caso adoptado. La aceptación del principio de la extraterritorialidad de la ley procesal, por un lado, no puede llevarse al extremo de excluir la aplicación de la ley del lugar del tribunal exhortado en lo que concierne al aspecto formal (lugar, tiempo y forma) de los actos procesales a diligenciarse ante tal tribunal. En la medida en que esos requisitos se vinculan, por lo común, a un determinado tipo de organización judicial, parece obvia la conveniencia práctica de que sean regidas por la lex fori, sin perjuicio, desde luego, de que el juez exhortante requiera expresamente que los actos se cumplan de acuerdo con los requisitos formales establecidos por su propia ley y no medie en ello un 39   

obstáculo insuperable(115). Por otro lado, la aceptación del principio de la territorialidad de la ley resulta excesiva cuando se la extiende a los supuestos de cuestionarse, ante el tribunal exhortado, la validez de ciertos actos procesales o la pérdida de facultades procesales, como ocurre en el caso de acusarse negligencia en la producción de la prueba, porque también aquí resulta obvia la conveniencia práctica de que exista unidad de criterio en la decisión de todos los incidentes que pueden suscitarse en el transcurso de un proceso, con prescindencia del lugar en que los respectivos actos deben cumplirse. El convenio celebrado entre la Nación y la provincia de Buenos Aires con fecha 21 de julio de 1965, que fuera aprobado por la ley provincial 7109(116)primero (luego derogada por la ley 9618) y por la ley nacional 17.009 después (luego derogada por la ley 22.172), recibiendo posteriormente la adhesión de todas las provincias, resuelve a nuestro juicio con acierto todas estas cuestiones y ha de evitar los inconvenientes que ocasionaba la diversidad de criterios jurisprudenciales. Dice el art. 2º de dicho convenio (bajo el rubro de "ley aplicable"): "La ley del lugar del tribunal a que se remite el oficio rige su tramitación, salvo que en éste se determine expresamente la forma de practicar la diligencia, con transcripción de la disposición legal en que se funde. En caso de colisión de normas, el tribunal al que se dirige el oficio resolverá la legislación a aplicar y lo diligenciará". El art. 4º (bajo el rubro "facultades del tribunal al que se dirige el oficio") prescribe: "El tribunal al que se dirige el oficio examinará sus formas y sin juzgar sobre la procedencia en las medidas solicitadas, se limitará a darle cumplimiento dictando las resoluciones necesarias para su total ejecución, pudiendo remitirlo a la autoridad correspondiente. El tribunal que interviene en el diligenciamiento del oficio no dará curso a aquellas medidas que de un modo manifiesto violen el orden público local. No podrá discutirse ante el tribunal al que se dirige el oficio, la procedencia de las medidas solicitadas, ni plantearse cuestión de ninguna naturaleza. Las de competencia sólo podrán deducirse ante el tribunal oficiante. Cuando el tribunal oficiante ordenase el secuestro de un bien que ya se encontrare secuestrado o depositado judicialmente por orden de otro magistrado, el tribunal oficiado hará saber esa circunstancia al oficiante y adoptará las medidas de seguridad necesarias para que el secuestro ordenado se haga efectivo inmediatamente en caso de cesar el secuestro o depósito judicial existente. Si el tribunal oficiante insistiere en que el bien debe ser puesto a su disposición, se hará conocer esta decisión al magistrado que ordenó la medida vigente, y si éste formulase oposición, se enviarán sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda, con comunicación a ambos magistrados".

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12. El problema de la interpretación en el derecho procesal a) Salvo algunas excepciones, los procesalistas no suelen sostener la necesidad de una teoría autónoma de la interpretación para el derecho procesal. La postura es razonable si se tiene en cuenta que el pluralismo metódico no se aviene, en modo alguno, con la necesaria interdependencia que vincula a las distintas partes de todo ordenamiento jurídico, porque éste incide, como totalidad, en la resolución de cualquier caso singular, no obstante que, en apariencia, la mayor parte de las situaciones pueda considerarse regulada por una o varias normas pertenecientes a un determinado sector del derecho. Tales normas son, en realidad, aquellas que principalmente dan el sentido del caso, pero no excluyen el complejo normativo en que aquél inevitablemente se subsume; de allí que la circunstancia de haberse incluido en esta obra el presente parágrafo obedece, primordialmente, al propósito de mostrar cómo los actos de "comprensión" de conductas procesales, en los que a nuestro juicio reside el problema de la interpretación en el derecho procesal, no ofrecen ninguna variante esencial con respecto a los actos de la misma índole que tienen lugar en la esfera de otras disciplinas jurídicas. Es cierto que siendo el derecho procesal, como dice Cossio, "la planificación del derecho"(117), el valor orden reviste, en el proceso, una significación más acentuada que en otras instituciones. Pero ello no descarta que el tema de la interpretación pertenezca, en rigor, a la teoría general del derecho. b) Los autores que, en mayor o menor medida, proclaman la necesidad de adoptar métodos interpretativos específicos que se adecuen a la naturaleza del derecho procesal prestan adhesión a una o a varias de las concepciones de tipo intelectualista formuladas durante el siglo pasado y a comienzos del presente, cuya primordial finalidad consistió en acuñar ciertas "recetas metódicas" que, al ser aplicadas sobre la ley, tendrían la virtud de dejarla interpretada en forma definitiva y con la consiguiente aptitud de resolver todos los casos concretos que se presentaran. La infecundidad teórica de ese criterio no tardó, sin embargo, en ser elocuentemente demostrada por la experiencia, cuyo análisis permite comprobar que los jueces no se valen generalmente de uno solo de esos métodos, sino que, por el contrario, los digitan de acuerdo con las circunstancias o los utilizan en forma simultánea, buscando de tal manera demostrar la coincidencia de los resultados obtenidos mediante el empleo de los más disímiles procedimientos metódicos(118). Tampoco es posible enunciar un criterio jurídico que sirva de guía para la adecuada elección de alguno de los métodos interpretativos propuestos a lo largo de toda la historia. Así lo señala Recasens Siches, recordando 41   

palabras de Schreirer: "no hay en absoluto ninguna razón justificada para preferir ni en términos generales ni en situaciones singulares un método interpretativo a los otros métodos. Éste es un problema —decía Schreirer— que no puede ser resuelto por la ciencia jurídica, ni siquiera puede ésta ofrecernos una relativa guía u orientación sobre tal cuestión"(119). c) Chiovenda figura entre los más representativos juristas que, en el plano hermenéutico, consideran que el derecho procesal debe ser objeto de un tratamiento metódico adecuado a su objeto. Examina, para ello, distintos grupos de normas procesales y propicia, dentro de los métodos tradicionales, el empleo de una interpretación histórica, teleológica y lógica según que, respectivamente: 1º) exista desarmonía entre una norma y las necesidades de la práctica o la norma haya perdido toda razón de ser histórica; 2º) la norma, aunque responda a las condiciones actuales, sea entendida distintamente a como lo fue en el pasado, no en cuanto a su contenido, sino en cuanto a los fines a que tiende; 3º) la norma, literalmente entendida, sea contraria no tanto a las condiciones cambiadas, sino al sistema mismo de la ley que ya se ha adaptado a las variaciones producidas(120). Tales observaciones no conducen, sin embargo, a ninguna conclusión positiva. El primero de los criterios enunciados parece responder a la idea de la evolución histórica, propuesta por Saleilles, en virtud de la cual cuando se opera la transformación de las necesidades que determinaron la promulgación de la ley, corresponde elegir, dentro de las distintas significaciones de su texto, las que en su mayor medida concuerden con esa transformación. Pero semejante exigencia de temporalización de la ley aparece desprovista de sentido no bien se tiene en cuenta que el derecho es una ciencia del deber ser y que, como es obvio, lo que debe ser no puede fundarse en lo que será(121). Y llevado tal planteamiento, como lo hace Chiovenda, al plano de las formas previstas por las normas procesales, parece evidente que cuando aquéllas responden a necesidades o circunstancias históricamente superadas, sólo caben dos alternativas: o bien la norma carece de toda posibilidad práctica de aplicación en virtud de no configurarse, en la experiencia, el sustrato de conducta comprendido por sus menciones dogmáticas; o bien la norma cae en desuso por el hecho de haber desaparecido el signo positivo de las valoraciones por ella conceptualizadas. Sorprende, por lo demás, y ello viene a confirmar el acierto de las recordadas palabras de Recasens Siches, que otro autor situado en la misma posición interpretativa de Chiovenda, como Rocco, opine que "la relativa fijeza del interés procesal (dado por el hecho de que una misma forma procesal pueda igualmente servir para la realización de los más variados elementos materiales) hace, generalmente, que no haya lugar a aquel trabajo de adaptación del derecho vigente a los nuevos fenómenos 42   

sociales, que es tan vivo y provechoso en algunas partes del derecho material"(122). Según se advierte, si bien tanto Chiovenda como Rocco aceptan, en términos generales, la posibilidad de la interpretación progresiva de la ley, al examinar luego el fenómeno procesal desde distintos aspectos, o sea, refiriéndose exclusivamente a la posible inadecuación de las formas del primero, y a las relaciones entre éstas y el derecho material el segundo, llegan a conclusiones fundamentalmente antagónicas en cuanto a la aplicación de dicho método a las normas procesales. Lo llamativo del caso es, sin embargo, que al contemplar la hipótesis extrema consistente en que la norma procesal haya perdido su razón de ser, ambos autores coinciden en la conclusión, científicamente negativa por cierto, de que en tal caso el intérprete, sin rechazar la aplicación de la ley, debe señalar al legislador la necesidad de la reforma. No menos desorientadora e ineficaz resulta la apelación a los fines de la ley y a la interpretación lógica como medio de "corregir la expresión material" de aquélla. Aparte de que no es congruente asignar a una ley distintos fines según el momento en que tenga lugar la interpretación, el método teleológico, en sí mismo, es pasible de numerosas objeciones, entre las cuales merecen señalarse las siguientes: 1º) La persecución de fines es algo privativo de los seres humanos y no puede, por lo tanto, atribuirse a las normas jurídicas, desde que éstas no son más que esquemas interpretativos de la conducta en su libertad, a la que mientan en su sentido valioso y disvalioso. 2º) Los valores inmanentes a cualquier tramo de conducta humana son independientes de los posibles valores teleológicos tenidos en vista por su protagonista, al punto de que, aunque se frustre por cualquier motivo la finalidad del acto, la conducta ya realizada exhibirá siempre su propio signo axiológico. La interpretación lógica, por último, resulta notoriamente estéril como método interpretativo de la experiencia jurídica, pues su campo de acción queda irremisiblemente circunscripto a uno solo de los elementos integrantes de esa experiencia, como el relativo a la peculiar estructura conceptual que toda norma jurídica presenta. Es obvio, en efecto, que no siendo el pensamiento la realidad, ninguna realidad estaría dada al juez si su conocimiento se limitase a la forma del pensamiento jurídico(123). d) Como lo ha demostrado la escuela argentina de filosofía jurídica, el defecto común a todas las concepciones interpretativas tradicionales reside, por un lado, en la circunstancia de haber identificado el derecho con la ley, siendo así que ésta no constituye más que un concepto cuyas referencias mientan a la conducta humana en interferencia intersubjetiva, que configura el verdadero objeto de la ciencia jurídica y, por otro lado, en el olvido de que el juez es inmanente al ordenamiento jurídico y no un ente que contemple ese ordenamiento como mero espectador(124). Por ello es que dicha escuela, modificando sustancialmente los términos en que venía planteado el problema de la interpretación de la ley, 43   

y encarándolo desde el punto de vista del objeto específico del derecho, ha puesto en claro que lo que se interpreta no es la ley, sino la conducta humana por medio de o mediante la ley. Tal aserto requiere un breve análisis de los diversos elementos que integran, en general, la experiencia jurídica, así como de los métodos aptos para llegar al conocimiento de cada uno de ellos. Nos valdremos, a título de ejemplo, del caso mencionado por el art. 68 del Código Procesal de la Nación, según el cual "la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado". En primer lugar encontramos, como estructura lógica de ese dato jurídico, el esqueleto conceptual: "dado a, debe ser b", el cual nos evidencia que nuestro enunciado constituye una norma jurídica incompleta (ver supra, nota 45) a la que el jurista integrará los elementos faltantes. Tal estructura lógica configura una forma necesaria de la experiencia jurídica y, como objeto ideal que es, sólo puede ser establecida mediante el método racional-deductivo. Verificamos luego la existencia de un contenido empírico, configurado por las diversas circunstancias de hecho a que la norma alude mediante sus referencias dogmáticas: existencia de un juicio, de una parte vencida, etcétera. A diferencia de lo que ocurre con la estructura conceptual, el contenido empírico constituye un elemento material y contingente: es así, pero pudo haber sido de otra manera. En efecto, en modo alguno era necesario que la norma de nuestro ejemplo condicionase el pago de las costas del juicio al hecho de la derrota. También pudo establecer que las pagase el litigante que hubiese procedido temerariamente o sin razón valedera, o, sencillamente, que se pagasen en el orden causado, etcétera. Corresponde agregar que, en tanto las referencias dogmáticas pueden aludir a cualquier clase de objeto (ideal, natural o cultural), la eventual comprensión requerirá el empleo del método adecuado al tipo de objeto de que se trate. Y advertimos, finalmente, que las diversas circunstancias que integran el contenido empírico traducen una determinada valoración jurídica. El hecho de que sea la parte vencida quien deba soportar el pago de todos los gastos del juicio significa alguna seguridad, algún orden, alguna solidaridad, alguna cooperación, algún poder, alguna paz y alguna justicia. Todo dato de conducta presenta, irremisiblemente, un contenido axiológico, de allí que este tercer elemento sea material y necesario, porque no es concebible la existencia de un tramo de conducta humana en interferencia intersubjetiva respecto del cual no quepa una valoración (positiva o negativa). Interesa destacar, finalmente, que el análisis de este tercer elemento nos introduce en el ámbito de los objetos culturales, a cuyo conocimiento sólo se accede mediante un acto de comprensión. La característica de esta clase de actos reside en la circunstancia de que el 44   

sujeto cognoscente se encuentra implicado en el objeto mismo, de tal manera que éste existe en función del sentido que el propio sujeto le incrusta. Y en virtud del peculiar tránsito circular que el sujeto debe efectuar para conocer un objeto cultural, de un sustrato material a un sentido y viceversa, el método adecuado al tratamiento de ese tipo de objetos es el llamado empírico-dialéctico. Ahora bien, ¿cómo se comporta el juez frente a la experiencia que terminamos de describir? Aquél, por lo pronto, siempre se encuentra frente a algún caso individual que es conducta en interferencia intersubjetiva y que, como tal conducta, posee un determinado sentido. El juez, por lo tanto, debe conocer un hecho de libertad en su sentido y para ello le es indispensable realizar un acto de comprensión. Ocurre, sin embargo, que siendo el juez un órgano de la comunidad, su conocimiento del caso no es emocionalmente libre, sino que se encuentra conceptualmente delimitado por las normas jurídicas. Su acto de comprensión es, por lo tanto, emocional-conceptual, pues las normas jurídicas no sólo mencionan el sustrato real de la conducta, sino también el sentido que ésta tiene, el cual debe ser recreado por el juez. La función judicial se presenta, entonces, como un conocimiento comprensivo de sentidos a través de la ley. El juez, en efecto, no sólo valora las circunstancias del caso, sino que también valora la ley, puesto que las referencias dogmáticas que ésta contiene también son, como hemos visto, circunstancias de hecho que se dan en un caso. Y el resultado de este acto gnoseológico de comprensión consistirá en la declaración de que tal o cual norma es o no aplicable al caso, consecuencias que dependerán, respectivamente, de que el juez vivencie, o no, una coincidencia o afinidad axiológica entre el sentido de las circunstancias del caso y el sentido conceptualizado por la ley. Pero el proceso de elección de la norma, que en definitiva va a dar el sentido de la conducta sometida a juzgamiento, sufre variantes que dependen de la circunstancia de que, entre las muchas que configuran el caso, sea seleccionada por el juez como clave o meridiano de la comprensión jurídica de aquél (circunstancia arcóntica). Puede ocurrir, en primer lugar, que la circunstancia erigida por el juez figure entre las referencias dogmáticas enunciadas por la ley, en cuyo caso suele hablarse de aplicación lisa y llana de la ley. Pero tal afirmación, que se encuentra ligada a la difundida concepción silogística de la sentencia judicial, es totalmente inconciliable con una adecuada descripción del fenómeno interpretativo, puesto que en éste a la subsunción del caso en la estructura legal antecede siempre un momento de comprensión estimativa mediante el cual se elige la norma apta para dar el sentido del caso. En otras palabras, "un caso está referido a la ley por subsunción después que la ley ha sido referida al caso por valoración"(125). En segundo lugar, puede ocurrir que la circunstancia elegida por el juez como directora de la comprensión del caso no figure entre los contenidos dogmáticos de la ley, en cuya hipótesis resulta que, o bien la norma queda 45   

referida a algunos casos y no a otros de los que conceptualmente pueden caer dentro de su connotación, o bien que la norma quede también referida a otros supuestos distintos de los que ella conceptualiza(126). Son abundantes los ejemplos que la jurisprudencia procesal suministra acerca de estos casos de restricción y ampliación de los géneros legales, no obstante que los respectivos precedentes, especialmente los vinculados al primero de los mencionados supuestos, omitan enunciar la verdadera razón jurídica de la solución alcanzada y la presenten como el resultado de la aplicación de alguno de los métodos tradicionales. Un caso interesante es el relativo al alcance de las medidas preliminares que pueden pedirse con anterioridad a la presentación de la demanda en el proceso ordinario. El art. 70 del derogado Código de Procedimientos de la Capital Federal, que se hallaba ubicado a continuación de las normas que determinaban cuáles eran las medidas que podían solicitarse en la mencionada oportunidad, prescribía: "Fuera de los casos expresados en los artículos anteriores, no podrá pedir el demandante absolución de posiciones, información de testigos, ni otras diligencias de prueba, antes de entablar la demanda". Existen, sin embargo, numerosos precedentes que, no obstante la evidente latitud de la prohibición normativa, admitieron el diligenciamiento de medidas no contempladas por la ley, como el libramiento de un oficio tendiente a obtener la remisión de un expediente administrativo que no se permitió consultar al presentarse y en el que contaban pericias, planos, dictámenes y documentos que aquél estimaba indispensables para deducir la demanda(127); la designación de peritos para que dictaminen sobre el estado de cosas que corren el riesgo de transformarse durante el transcurso del proceso(128), etcétera. Es evidente que tales soluciones, que sin duda convencen por su justicia, nunca podrían hallarse respaldadas por alguna de las concepciones hermenéuticas tradicionales. Porque erigida la ley en objeto de interpretación, y prescindiendo de la toma de posición axiológica del juez que es inherente al acto de comprensión que aquél realiza al sentenciar, el resultado no puede ser otro que la denegatoria de tales medidas, fundada en el carácter limitativo de las normas en juego. Pero las dificultades desaparecen sí, de acuerdo con el análisis precedente, nos atenemos al hecho de que el juez, cuando interpreta, trata de conocer, en función de la valoración de las circunstancias del caso, el verdadero sentido de la conducta mentada por las normas. Colocados en este plano, no es difícil comprobar que la prohibición que las normas mencionadas establecen expresa, sustancialmente, un sentido de orden. Con anterioridad a la promoción de una demanda, en efecto, no se dan normalmente las condiciones necesarias para que el futuro demandado controle eficazmente las medidas de prueba que en ese momento puede ofrecer su eventual adversario. Admitir indiscriminadamente cualquier clase de diligencias en una oportunidad en la que ni siquiera puede 46   

establecerse el objeto del proceso significa, pues, para el futuro demandado, afrontar un estado de inseguridad, de allí que, para conjurar ese riesgo, resulte adecuado el plan de orden que aquellas normas prohibitivas conceptualizan. Pero ello no significa, naturalmente, que el valor normativo mantenga vigencia en todos los casos que puedan presentarse, pues puede ocurrir que, excepcionalmente, el riesgo de inseguridad que representan, en general, estas medidas anticipadas resulte infinitamente menos grave que el perjuicio que su denegatoria acarrearía al solicitante. Si, por ejemplo, la denegatoria de la medida significa, para el actor, la imposibilidad práctica de entablar la demanda o la pérdida definitiva de una medida de prueba, parece evidente que el sentido de las normas prohibitivas ya no condice, en absoluto, con el sentido de la conducta. Aquéllas, en efecto, pierden su carácter de instrumentos aptos para comprender el caso y deben ser entonces eliminadas de la solución. Aplicarlas, por el contrario, significaría consagrar un ritualismo que es, precisamente, el disvalor del orden. Otro ilustrativo ejemplo de los distingos que la interpretación judicial suele formular dentro de los conceptos normativos es el referente a la subsistencia del domicilio procesal constituido. El domicilio, según el art. 42 del Código Procesal de la Nación, se reputa subsistente para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituya otro. La jurisprudencia, sin embargo, mediante el argumento de que no es justo extender la ficción más allá de lo razonable, ha decidido reiteradamente que el domicilio constituido por las partes deja de regir si las actuaciones han permanecido paralizadas durante un lapso prolongado(129). En esta solución se advierte, con claridad, una discriminación axiológica efectuada sobre la base de una circunstancia no mentada por la norma, como es la referente a la paralización prolongada del expediente. Esa jurisprudencia, por lo demás, resulta convincente porque, frente a aquella circunstancia, es obvio que desaparece el signo positivo de las valoraciones de orden y cooperación que traduce la exigencia legal. Son también numerosos los ejemplos de aplicación del ámbito significativo de las normas procesales respecto de circunstancias no comprendidas en sus referencias dogmáticas. Cabe citar, en este sentido, la admisión jurisprudencial, en el procedimiento de ejecución de sentencia, de ciertas excepciones no expresamente contempladas por la ley (como las de falta de personería y de compensación); con anterioridad a la vigencia del Código Procesal de la Nación, la extensión de los principios que rigen la acumulación objetiva a la acumulación subjetiva de pretensiones; la admisión de la intervención de terceros no obstante el silencio que guardaba al respecto el derogado Código de la Capital Federal(130), etcétera. En esencia, el proceder judicial no difiere, en estos casos, de aquellos en que la norma resulta restringida en su alcance significativo. También 47   

aquí el problema se resuelve mediante actos de comprensión de conducta sobre la base de la conceptuación normativa. El criterio que, en definitiva, ha de decidir sobre el acierto de la interpretación judicial estará dado por el hecho de que la solución alcanzada en cada caso coincida con el punto de vista axiológico que mejor exprese el entendimiento societario. Si ello ocurre se dirá que la sentencia, en razón de expresar valoraciones jurídicas vigentes, goza de suficiente fuerza de convicción. Este juicio es, pues, el que en última instancia legitima la restricción o la ampliación de géneros legales a que puede conducir el proceso de elección de circunstancias que el acto interpretativo necesariamente supone(131).

CAPÍTULO II - HISTORIA SUMARIO:

I.

GENERALIDADES

SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO CIVIL: 13.

El proceso romano.— 14. El proceso germánico.— 15. El proceso común.—16. Formación del proceso civil contemporáneo y panorama de la actual legislación. II. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL ARGENTINA: 17. Períodos que comprende.— 18. Período colonial.— 19. Período de la independencia.— 20. Estructura del proceso durante los períodos precedentes.— 21. Período de la codificación.

I. GENERALIDADES SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO CIVIL(1)

13. El proceso romano

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a) La historia del proceso civil romano se divide en dos grandes períodos: el del ordo iudiciorum privatorum (desde los orígenes hasta el siglo III de nuestra era) y el de la extraordinaria cognitio (desde el siglo III hasta el final). Dentro del primer período, a su vez, corresponde distinguir la época de las legis actiones (que se prolonga hasta la mitad del siglo II a. C.) y la del procedimiento formulario. Característica común a ambas épocas es la división del proceso en dos etapas: in iure y apud iudicem o in iudicio. La primera tiene lugar ante un magistrado (praetor) que ejerce los poderes inherentes a la jurisdicción, y su finalidad consiste en determinar los límites de la controversia. La segunda se desarrolla ante un juez privado (iudex unus), que es designado por las partes de común acuerdo y a quien incumbe la facultad de resolver la controversia, aunque carece del imperium necesario para hacer cumplir su decisión. b) Las legis actiones constituyen fórmulas orales solemnes y gestos simbólicos que deben pronunciarse y cumplirse con estricta sujeción a los términos de la ley, mediante los cuales el actor expone el asunto ante el magistrado y en presencia del demandado (editio actionis). Según Gayo, las acciones de la ley son cinco: sacramentum, iudicis postulatio, conditio, manus iniectio y pignoris capio. De acuerdo con la terminología jurídica actual, mientras las tres primeras serían pretensiones de conocimiento, las dos últimas equivaldrían a pretensiones de ejecución. En el sistema de la legis actiones, la instancia in iure se cierra con la litis contestatio, que es el acto mediante el cual, a través del trueque de las fórmulas orales aprobadas por el magistrado, quedan determinados, en presencia de testigos (de ahí el nombre), los límites y el estado de la cuestión litigiosa que ha de someterse a la decisión del iudex. En sus dos etapas el procedimiento es, durante este período histórico, exclusivamente oral. c) Ciertas circunstancias entre las que suelen señalarse los inconvenientes de todo orden que provocaba el excesivo formalismo de las legis actiones y el riesgo representado por el hecho de que los testigos presenciales de la litis contestatio no estuviesen en condiciones de referir fielmente al iudex lo ocurrido ante el magistrado determinan la promulgación de la ley Aebutia (130 a. C.), la cual, de acuerdo con el sistema utilizado por el pretor peregrino en los litigios suscitados entre extranjeros, autoriza el uso de una instrucción escrita (fórmula) librada por el magistrado al iudex a los efectos del ulterior trámite y decisión de la causa, aunque deja a los ciudadanos la opción entre este sistema y el de las legis actiones. Posteriormente, la lex Julia iudiciorum privatorum (probablemente de la época de Augusto) suprime definitivamente el sistema de las antiguas acciones y consagra la vigencia exclusiva del procedimiento formulario. La fórmula constituye una instrucción escrita mediante la cual el magistrado designa al juez y fija los elementos que deben ser tenidos en cuenta por éste al dictar sentencia, esto es: los hechos y el 49   

derecho invocados por el actor, el objeto litigioso y las defensas del demandado. Contiene, en otras palabras, el "programa procesal" y, con su otorgamiento por el magistrado al actor (actionem dare), su entrega por éste al demandado (actionem cedere) y su aceptación por este último (actionem accipere), se perfecciona la litis contestatio y tiene lugar el tránsito de una a otra etapa del proceso. Consta la fórmula de partes principales (ordinarias) y accesorias (extraordinarias). Las primeras son, según las Instituciones de Gayo: 1º) la demostratio, que contiene la enunciación de los hechos que motivan el litigio y a veces se encuentra implícita en la intentio; 2º) la intentio, que condensa la pretensión del demandante; 3º) la adiudicatio, que sólo se encuentra en las llamadas acciones divisorias y persigue la atribución a una de las partes en propiedad lo que correspondía indivisamente a varias; 4º) la condemnatio, que autoriza al juez a condenar o a absolver de acuerdo con el resultado de la prueba. Son partes accesorias de la fórmula la praescriptio, que se antepone a ella y tiene por objeto limitar su contenido, y la exceptio, que constituye una salvedad incluida a favor del demandado y que condiciona la condena. d) En las dos épocas a que nos estamos refiriendo el proceso se inicia mediante una citación reservada a la iniciativa del actor (in ius vocatio). En los primeros tiempos, la no presentación del demandado faculta al actor para obtener su comparecencia forzosa (obtorto collo). Posteriormente, aquella actitud autoriza a colocar al actor en posesión de bienes del demandado (missio in possessionem y eventual venditio bonorum). El proceso puede concluir sin entrarse en la etapa in iudicio, sea porque el pretor, en razón de faltar alguno de los requisitos que hoy se llaman presupuestos procesales (competencia del tribunal, capacidad de las partes, etc.), o en razón de no figurar la acción entablada entre las previstas por el ius civile o por el derecho complementario, rehúse autorizar el litigio (denegatio actionis), sea porque el demandado se allane a la pretensión del actor mediante la confessio in iure, que produce efectos equivalentes a los de la cosa juzgada. Los mismos efectos produce, en algunos casos, el iusiurandum in iure delatum, que es el juramento deferido por el demandante al demandado sobre el hecho referente a la existencia de una deuda. En la etapa in iudicio, al pronunciamiento de la sentencia precede una exposición de las partes sobre los hechos controvertidos (perorationes) y la práctica de la prueba, cuyo resultado valora el iudex de acuerdo con su propia y libre convicción. Al actor incumbe la carga de probar los hechos por él afirmados en la intentio (actori incumbit probatio) y al demandado, la de los hechos en que funda sus excepciones (reus in exceptione actor est). Rigen, durante el procedimiento, los principios de bilateralidad, oralidad, inmediación y publicidad. No caben recursos contra la sentencia, pero sí la acción de nulidad y la restitutio in integrum. En el caso de que el vencido no cumpla voluntariamente la sentencia, debe 50   

pedirse su ejecución al magistrado mediante el ejercicio de la actio iudicati. El extremado rigor que reviste la ejecución personal de los primeros tiempos se va atenuando luego, progresivamente, merced a la introducción de diversos medios de ejecución patrimonial. e) La escisión del proceso en dos tiempos, propia de los sistemas precedentemente descriptos, desaparece con la implantación, probablemente por obra de Diocleciano, de la extraordinaria cognitio o sistema extraordinario, que ya se había aplicado paralelamente a aquéllos en la jurisdicción administrativa y en virtud del cual todo el proceso se desarrolla bajo la dirección de funcionarios y jueces oficiales, a quienes se transfiere la plenitud de la jurisdicción. Durante la vigencia de este sistema la demanda se presenta por escrito (libellum conventionis), el demandado es oficialmente citado a comparecer (reemplazándose así la antigua in ius vocatio) y debe contestar a la demanda también por escrito (libellum contradictionis). La litis contestatio subsiste nominalmente, pues al no ser necesario el nombramiento del juez y la previa determinación de las cuestiones a resolver por éste, pierde el sentido contractual que tenía en los regímenes anteriores. En consecuencia, los efectos que produce la litis contestatio en el derecho clásico (efecto consuntivo de la acción, retroacción de los efectos de la sentencia al tiempo en que aquélla tiene lugar, prohibición de enajenar la cosa litigiosa, etc.) ahora se operan a partir del momento de la notificación de la demanda. Asimismo, al desaparecer la necesidad de la presencia del demandado, es posible la continuación del proceso en su rebeldía (proceso contumacial), si bien tal actitud sólo determina la derrota en tanto la pretensión del actor sea fundada (si bonam causam habuerit). En cuanto a la estructura y los caracteres del procedimiento, el impulso de parte es sustituido por el impulso oficial, la prueba se hace más formalista (aunque, por otra parte, el juez se halla dotado de mayores poderes para la averiguación de los hechos), y sufren un fundamental debilitamiento los principios de oralidad, inmediación y publicidad. La sentencia final, que se extiende por escrito, es impugnable mediante la appelatio y por recursos extraordinarios (supplicatio y restitutio in integrum).

14. El proceso germánico a) Lejos de la perfección del proceso romano, el proceso de los pueblos germanos se halla configurado como una lucha entre partes, y su punto de partida no consiste en la alegación de un derecho, sino en la imputación que el actor hace al demandado de la comisión de una injuria (Unrecht). Dominado por el formalismo, y concretándose en él una oralidad y 51   

publicidad prácticamente ilimitadas, el proceso germánico tiene lugar ante las asambleas populares (Hundertschaft), en las cuales reside el poder jurisdiccional, limitándose la función del juez (Richter) a dirigir el debate y a proclamar o "promulgar" la sentencia, que es dictada a propuesta de una comisión de miembros peritos en derecho, en los primeros tiempos, y de jueces permanentes especiales (scabini) durante el denominado período franco (siglos V a XII de nuestra era). El proceso se desenvuelve, a grandes rasgos, de la siguiente manera: citado el demandado por el propio demandante (mannitio) y constituido el tribunal, se interpone la demanda mediante la utilización de palabras exactamente establecidas e invocación a la divinidad, debiendo el demandado contestarla, sea allanándose, sea negándola en su totalidad. En el segundo caso, la Asamblea dicta la sentencia probatoria, mediante la cual se coloca al demandado en la alternativa de justificarse, probando la sinrazón de la demanda, o de satisfacer la pretensión del actor; de allí que la prueba, en tanto comporta un ofrecimiento formulado al adversario en el sentido de demostrarle que carece de razón, reviste dos caracteres fundamentales: 1º) Se dirige al adversario, y no a crear la convicción del tribunal. 2º) Configura un beneficio, no una carga, y le corresponde ordinariamente al sujeto atacado, o sea, al demandado. Las pruebas, cuya finalidad consiste en provocar el juicio de la divinidad, se reducen, fundamentalmente, al juramento de purificación, prestado por lo común con conjuradores (miembros de la misma tribu que declaran sobre la credibilidad que merece el demandado), y a los juicios de Dios u ordalías (pruebas de fuego o hierro candente, del duelo, etc.), que consisten en diversas experiencias a través de cuyo resultado se cree descubrir la voluntad divina. La sentencia es inapelable, pero puede ser rechazada por las partes o cualquiera de los presentes, en cuyo caso la discrepancia se resuelve mediante un duelo (Zweikampf) entre el anterior y el nuevo proponente. La decisión final es susceptible de ejecución privada mediante apoderamiento particular de bienes o prenda extrajudicial. b) En los períodos franco (siglos V a XII de nuestra era) y feudal (siglo XII hasta la recepción de los derechos extranjeros), subsisten numerosos aspectos de este proceso, pero aparecen importantes innovaciones: mayor injerencia del órgano jurisdiccional, que cita oficialmente al demandado a comparecer, y a quien se dirigen las partes con sus afirmaciones y peticiones; posibilidad de impugnar la sentencia probatoria mediante libre examen de sus fundamentos; admisión de las pruebas testimonial y documental; atenuación de las ordalías por la influencia cristiana; intervención judicial en la ejecución, etcétera.

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15. El proceso común a) A raíz de la invasión de los bárbaros penetra en Italia el derecho germánico, desplazando al derecho romano de la época imperial en la medida en que se extiende y se consolida el dominio longobardo. A partir del siglo XI, sin embargo, comienza a operarse un resurgimiento cada vez más intenso de las instituciones procesales romanas. El fenómeno obedece, sustancialmente, a la subsistencia del derecho romano en importantes regiones de la península, al reflorecimiento del estudio de las fuentes romanas por obra de la escuela jurídica de Boloña, a las exigencias del tráfico mercantil y a la extensión cada vez mayor de la jurisdicción de la Iglesia, que se vale de procedimientos judiciales esencialmente modelados sobre el tipo romano. No se retorna, sin embargo, al proceso romano puro u originario, sino que comienza a desenvolverse un tipo especial de proceso denominado proceso común, romano-canónico o ítalo canónico, que es el resultado de la infiltración de elementos germánicos en el proceso romano. Tal infiltración obedeció, entre otras, a las siguientes circunstancias: 1º) Los glosadores, posglosadores, comentadores y prácticos que sucesivamente trabajaron, durante los siglos XIII y XIV, en la elaboración científica del proceso romano no pudieron sustraerse a la influencia del proceso entonces vigente, que era de raíz sustancialmente germánica, y a menudo se encontraron predispuestos a desinterpretar los textos romanos, de suyo difíciles, tratando de adaptarlos a instituciones procesales que les eran familiares y se hallaban excesivamente arraigadas en las costumbres de la época. 2º) El derecho canónico, no obstante estar estructurado sobre bases esencialmente romanas, había acogido numerosas instituciones del derecho germánico. 3º) El elemento germánico era generalmente el dominante en las instituciones procesales reguladas por los estatutos de los municipios y por las constituciones de los príncipes. b) El proceso común, así llamado porque regía en cuanto no lo derogasen leyes especiales escritas, se halla dominado por el principio de orden consecutivo, es decir, por la división del proceso en diversas etapas o estadios, destinados cada uno de ellos al cumplimiento de un acto procesal o serie de actos semejantes. A la demanda del actor, que debe formularse por escrito (libellus), el demandado puede oponer defensas previas dentro de un determinado plazo (terminus ad omnes dilatorias et declinatorias proponendas), las que se sustancian y resuelven en un período anterior a la discusión sobre el fondo del asunto (terminus ad audiendum interloqui super dilatoriis), sin perjuicio de alegar después, en oportunidad de contestar la demanda, las restantes excepciones 53   

posibles. No opuestas excepciones por el demandado o siendo éstas desestimadas, tiene lugar la litis contestatio, que carece del sentido contractual que tenía en el derecho romano de la época clásica y sólo significa la incorporación del demandado a la contienda judicial. Con posterioridad a esa etapa, pueden las partes promover la prestación del juramento de malicia (terminus ad iusiurandum de calumnia), que persigue el doble objetivo de protestar de su buena fe y de fijar definitivamente los términos del litigio. Posteriormente, y con la finalidad de obtener la exención de la carga de la prueba, las partes pueden formular posiciones (terminus ad ponendum), a las que debe responder personalmente el adversario (terminus ad respondendum). Sigue a ello la apertura del pleito a prueba y su diligenciamiento, siendo rigurosas las reglas que rigen su clase y valoración. Recibidas las pruebas, y luego de plantear las partes sus últimas alegaciones (terminus ad concludendum), el juez cita a aquéllas para sentencia (citatio ad sententiam), la que es pronunciada en forma pública y oral, cabiendo contra ella la appellatio en caso de considerársela injusta (iniqua) y la querella nullitatis en el supuesto de objetársela por vicios formales, sin perjuicio de los recursos extraordinarios (restitutio in integrum, supplicatio ad principem, revisio). La ejecución, que reviste carácter principalmente patrimonial, se realiza mediante un praeceptum de solvendo bajo la dirección del juez y el auxilio de ejecutores, admitiéndose asimismo la prisión por deudas. Debe destacarse, finalmente, que en virtud de la costumbre consistente en registrar las actuaciones producidas, la que a su vez deriva de la excesiva duración del proceso, éste termina por convertirse en un proceso exclusivamente escrito (quod non est in actis non est in mundo). Observa Chiovenda que si bien los principios fundamentales que dominan al proceso común como los referentes al objeto de la prueba y a la sentencia son de origen romano, la influencia germánica se advierte en numerosas instituciones, alguna de las cuales han pasado al derecho moderno, como, por ejemplo, la querella nullitatis (origen del recurso de casación), la prueba legal (entendida como conjunto de normas vinculantes de la convicción judicial), la división del proceso en una serie de fases preclusivas, etcétera(2). c) La excesiva lentitud de que adolece el proceso común determina la iniciación de un movimiento reformador tendiente a simplificar los procedimientos. Reviste importancia fundamental, dentro de esa corriente, la célebre Clementina Saepe continget, que introduce el denominado proceso sumario indeterminado, en el que las formas resultan simplificadas (simpliciter et de plano, ac sino strepitu et figura iudicii): se dispensa del escrito de demanda y contestación, se limitan considerablemente las excepciones admisibles; toda la discusión se concentra en una audiencia (principio de concentración), etcétera. Aparte de ello se establece la oralidad del proceso y se amplían los poderes del juez en la dirección de aquél. Junto con este proceso 54   

sumario indeterminado aparecen otros procesos determinados y especiales, de carácter ejecutivo: en ellos se elimina el estadio de conocimiento y se procede directamente a la ejecución sobre la base de ciertos documentos que expresan la sumisión del deudor (pacta executiva) o a los que la ley acuerda fuerza ejecutiva (instrumenta guarentigiata), o mediante orden de pago que, ante la oposición del deudor, da lugar al proceso (mandatum de solvendo cum clausula iustificativa).

16. Formación del proceso civil contemporáneo y panorama de la actual legislación a) A partir del siglo XIV el proceso común se extiende desde Italia a los restantes países de la Europa continental, dando lugar al llamado "fenómeno de la recepción". El acogimiento de ese tipo de proceso, así como sus posteriores modificaciones, se opera de distinta forma en cada uno de esos países. En Alemania se arraiga notablemente en los territorios meridionales y occidentales, en los cuales alcanzan vigencia las prácticas del Tribunal cameral, que son tributarias de los defectos más acentuados del proceso común, particularmente el derivado de la multiplicidad de términos en que se divide el proceso. En el norte del país, en cambio, donde rige el llamado proceso sajón, la recepción del derecho extranjero encuentra mayor resistencia y se conserva gran cantidad de estructuras procesales germánicas, entre las cuales figura la sentencia probatoria que escinde el proceso en dos partes: el de las alegaciones y el de la prueba. En el año 1654, la Jüngster Reichsabschied introduce diversas reformas en el proceso cameral, inspirándose primordialmente en los principios del proceso sajón. Pero es Prusia la que, en el siglo siguiente, ha de promover el movimiento reformador y el consiguiente abandono del proceso común. Tras diversos intentos, dicho movimiento culmina bajo el reinado de Federico el Grande, al publicarse, en 1781, el Corpus iuris fridericianum, ordenamiento que, entre otras reformas, introduce el principio de oficialidad, suprime la abogacía y la reemplaza por la designación de "asistentes-asesores" que se hacen cargo de la demanda y su contestación, instituye la designación de un "ponente" encargado de la instrucción de la causa y de determinar, sobre la base de sus audiencias con las partes, el status causae et controversiae, que escinde el proceso en forma similar a la antigua sentencia probatoria, etcétera. b) En España, la recepción del derecho común tiene lugar luego de una accidentada trayectoria legislativa. Después de producida la invasión de los visigodos, la ley romana continúa rigiendo las relaciones entre los 55   

hispano-romanos, al par que los invasores se atienen a las costumbres germánicas. Esa modalidad determina la sanción de dos ordenamientos jurídicos distintos para ambos pueblos: el Breviario de Aniano y el Código de Tolosa (466), inspirados, respectivamente, en los derechos romano y germánico. Posteriormente, de la fusión de elementos propios de cada uno de esos derechos, a los que se agregan los que aporta el derecho canónico, nace la célebre Lex Visigotorum (probablemente del año 654), más tarde llamada Liber Iudiciorum y Fuero Juzgo, cuyas normas trasuntan un alto sentido de justicia e incluso un grado de técnica excepcional con relación a la época en que fue dictada(3). La situación política por la que atraviesa España durante el largo período de la invasión árabe (siglos VIII al XIII) determina la caída en desuso de aquel ordenamiento, el que es reemplazado por la Legislación foral, constituida por los distintos ordenamientos que dictan los municipios en virtud de los fueros o privilegios acordados por los reyes a fin de contrarrestar el poder concedido a los señores feudales. El desorden que trae aparejado la profusión de cuerpos legales, originada en aquella circunstancia, es en gran medida remediado por la compilación llevada a cabo por encargo de Alfonso X en el año 1265, conocida con el nombre de las Siete Partidas. La Partida III, que se halla dedicada a la materia procesal, acusa la recepción en la península del proceso común, cuyos principios se encuentran ya recogidos en las obras del maestro Jacobo de las Leyes (Flores del Derecho, Doctrinal y Summa de los nove tiempos de los pleytos). Pese al hecho de que la no inmediata vigencia de este cuerpo legal obedece a que el proceso común, elaborado por glosadores y decretalistas, no se aviene con las costumbres procesales de la península, los ordenamientos procesales que luego se suceden en España permanecen fieles a ese tipo de proceso: tal lo que ocurre con el Ordenamiento de Montalvo (1480), las Ordenanzas de Madrid (1499), las Leyes de Toro (1505), la Nueva Recopilación (1567) y la Novísima Recopilación (1805). c) En Francia(4)también tiene lugar la recepción del derecho común (especialmente en la zona meridional), aunque en virtud de las prácticas aplicadas por los Parlamentos, especialmente el de París, se desenvuelve un tipo especial de proceso, que si bien reconoce bases romanocanónicas, con influencia de elementos consuetudinarios germánicos, presenta características que lo diferencian sensiblemente del proceso vigente en los restantes países europeos. Las costumbres judiciales de los Parlamentos, que son recogidas y sistematizadas por la doctrina, constituyen el punto de partida de la intensa actividad legislativa llevada posteriormente a cabo por las Ordenanzas reales referentes a la administración de justicia, como las de 1539 (Villers-Cotterêts), 1560 (Orleáns), 1566 (Moulins), 1579 (Blois), la célebre Ordonnance civile de Luis XIV (1667), y las que posteriormente dicta Luis XV en 1737 y 1738.

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Producida la Revolución se intenta, mediante diversas leyes, una transformación esencial en la administración de justicia. Una de ellas deroga la Ordenanza de 1667 y la reemplaza por un ordenamiento procesal que se considera más simple. Pero la insuficiencia de la reforma y los abusos a que da lugar determinan que el Consulado, por ordenanza del 18 fructidor del año 1800, restablezca la vigencia de dicha Ordenanza, cuyas normas consagran los principios de oralidad y publicidad, simplificando asimismo la regulación del proceso, en el que no tienen cabida el principio de eventualidad ni ninguna interlocutoria de prueba. Es sobre la base de esta Ordenanza que se redacta el proyecto de lo que llega a ser el Code de Procédure Civile, que entra en vigor el 1 de enero de 1807. Este cuerpo legal rigió en Francia con reformas parciales introducidas, entre otras, por los decretos-leyes del 30/10/1935 y 17/6/1938, las leyes del 23/5/1942, 15/7/1944, 12/11/1955 y los decretosleyes del 22/12/1958 y 2/8/1960. El Code de Procédure se caracteriza, sustancialmente, por la circunstancia de instituir un procedimiento predominantemente oral, público, sin sujeción a etapas preclusivas, con sistema de libre apreciación de la prueba e impulso procesal de parte. El proceso se inicia mediante una intimación a comparecer ante el juez que cursa el representante del actor (avoué) al demandado y que es diligenciada por un funcionario ministerial (huissier), elegido por aquél de una lista dentro de la jurisdicción del respectivo tribunal. Si el demandado no comparece, se lo declara en rebeldía, situación que justifica el pronunciamiento de una sentencia favorable al actor siempre que éste demuestre la justicia de su pretensión. Si comparece, debe comunicar al actor la personación de su avoué y anunciarle las defensas y pruebas de que se valdrá. Desde ese momento cualquiera de las partes puede pedir la inscripción del pleito en el registro del tribunal (mise au rôle). Ordenada la inscripción, mediante el correspondiente placet, el greffier (secretario) forma el expediente (dossier con las actuaciones escritas) y se designa a un juez especial encargado de "seguir el procedimiento" (juge chargé de suivre la procédure), cuya actividad consiste en dirigir la instrucción de la causa y en presentar al tribunal, el día de la audiencia, un informe del asunto (rapport). Concluida la instrucción, las partes depositan en secretaría los escritos que contienen los puntos de hecho y de derecho que se consideran definitivos para la solución del pleito (conclusions), y el proceso es luego elevado a la presidencia del tribunal a los efectos de la celebración de la audiencia, en la cual, tras el informe del juez instructor, las partes o sus abogados exponen oralmente sus alegaciones (plaidoiries). Terminadas las alegaciones y pruebas, el tribunal dicta sentencia (jugement), que es impugnable por oposición, apelación, casación y revisión, según los casos. En lo que atañe al proceso de ejecución, el Code de Procédure, fiel a la tradición germana, elimina en él toda intervención judicial y confía su 57   

trámite a un huissier que actúa en nombre del acreedor, procediendo al apoderamiento de los bienes del deudor y a su realización forzosa. El ejecutado tiene derecho a deducir oposición a la ejecución mediante demanda ante el juez, la cual no suspende el trámite de aquélla, salvo que el juez lo disponga cuando encuentre razón fundada. El Code de Procédure Civile fue objeto de diversas modificaciones parciales, particularmente en 1971, 1972, 1973, 1975 y 1981, las que fueron posteriormente integradas en un Nouveau Code de Procédure Civile que mantiene, en lo fundamental, el sistema del código de 1807(5). d) El código francés es introducido en Italia(6)a raíz de la ocupación de sus territorios por los ejércitos napoleónicos y es incluso tomado como modelo por los códigos que se dictan con posterioridad a la Restauración, como los de Roma (1817, 1824, 1834), Nápoles (1819), Parma (1820), Módena (1852) y los sardos de 1854 y 1859. Proclamado el reino de Italia, se promulga el Código de Procedimiento Civil de 1865, que responde sustancialmente a las líneas del código francés. Luego de diversas tentativas de reforma (proyectos de Chiovenda, Mortara, Carnelutti, Redenti, Solmi), una comisión integrada por el entonces ministro de Justicia Dino Grandi, los profesores Carnelutti, Redenti y Calamandrei, y el magistrado de la Corte de Casación Leopoldo Conforti redacta un proyecto sobre cuya base se sanciona, en 1940, el nuevo Codice di Procedura Civile, que entra en vigor el 31 de abril de 1942. Este ordenamiento aún continúa en vigencia con algunas modificaciones introducidas por leyes dictadas en 1950 y 1956. El proceso ordinario, de conformidad con la estructura establecida por el código italiano, se inicia mediante una demanda escrita (citazione) que contiene, sustancialmente, la indicación del tribunal ante el cual aquélla se propone, el nombre, apellido y residencia del actor y del demandado o de sus representantes, la pretensión procesal que se hará valer, la enunciación de los medios de prueba que el actor producirá, y la intimación para que el demandado comparezca dentro de un determinado plazo, que varía de veinte a ciento ochenta días, según el lugar en que aquél se encuentre. Dentro de los diez días de la notificación de la citazione, que es practicada por un funcionario judicial (ufficiale giudiziario), el actor debe comparecer ante el tribunal y depositar en la cancillería el propio "fascículo" que contiene el original de la citación, el poder y los documentos ofrecidos en comunicación. Dentro del plazo correspondiente, el demandado debe constituirse en juicio y depositar, en la cancillería, el escrito de contestación a la demanda (comparsa di risposta), en el que se proponen las defensas, se indican los medios de prueba y se formulan las conclusiones. Asimismo, debe depositar copias de ese escrito y de la citación, el poder y los documentos que ofrece en comunicación. La incomparecencia del demandado autoriza a declararlo en rebeldía, extinguiéndose el proceso si ninguna de las partes se constituye dentro de los términos establecidos. En el acto de constitución del actor o, 58   

si éste no se ha constituido, en el de la constitución del demandado, el canciller inscribe la causa en el registro del tribunal (inscrizione a ruolo) y procede a formar el expediente con copias de las actuaciones producidas (fascicolo di uffizio). Posteriormente el presidente del tribunal designa a un magistrado de éste (giudice istruttore) para proceder a la instrucción del litigio, salvo que crea que debe proceder él mismo. Comienza entonces la instrucción del pleito (istruzione), que se divide en una etapa preliminar, destinada al examen de la causa (trattazione), y en una etapa principal o de fondo, durante la cual se realizan los actos de prueba. En la etapa preliminar, que como principio se concreta en la celebración de una audiencia, se verifica la regularidad de la constitución de las partes, se fijan los términos del litigio y se intenta la conciliación. En la segunda etapa se recibe la prueba ofrecida por las partes, pero el juez instructor puede ordenar la comparecencia personal de ellas para interrogarlas, la inspección de personas y cosas, y la designación de un consultor técnico. Producida la prueba, el juez instructor remite a las partes ante el colegio judicial (tribunal en su conjunto) (remissione al colegio) y señala la audiencia para la discusión ante éste, debiendo las partes, cinco días antes de dicha audiencia, comunicarse los escritos que contengan únicamente las conclusiones ya fijadas ante el magistrado instructor y las correspondientes razones de hecho y de derecho (comparsa conclusionale). En la audiencia ante el tribunal (udienza) el juez instructor formula la relación del pleito, exponiendo los hechos y las cuestiones (relazione), tras lo cual el presidente admite las partes a la discusión (discussione). Luego se pronuncia la sentencia, que puede limitarse a algunas de las cuestiones propuestas cuando el tribunal reconoce que sólo respecto de ellas no es necesaria una instrucción ulterior. En materia de recursos, el código admite la oposición, la apelación, la casación y la revisión. En cuanto al proceso de ejecución, el Código Procesal italiano mantiene, sustancialmente, las líneas del sistema francés, aunque coloca los respectivos procedimientos bajo la dirección del juez, y refunde, apartándose de su modelo, diversas normas referentes a la ejecución de bienes muebles e inmuebles. e) También es decisiva la influencia del código francés en la elaboración de la legislación procesal alemana(7)del siglo XIX. Tal ocurre con las ordenanzas prusianas de 1833 y 1846, con el reglamento procesal civil de Hannover de 1850 y con las posteriores ordenanzas de Baden (1864) y Wütemberg (1868). La misma influencia se advierte en la Zivilprozessordnung de 1877, que aún continúa en vigencia con algunas modificaciones, entre las cuales merecen destacarse las introducidas por las Novelas del 27 de octubre de 1933 y del 12 de septiembre de 1950 (esta última solamente con respecto a Alemania occidental). De acuerdo con tal ordenamiento, la demanda (Klage) que inicia el proceso ordinario se presenta por escrito ante el tribunal colegiado, uno de 59   

cuyos miembros señala al demandado plazo para comparecer. La incomparecencia del demandado autoriza al actor a pedir que se dicte sentencia en rebeldía (Versäumnissurteil) o que se falle el asunto mediante un pronunciamiento que se atenga al estado actual de los autos (Urteil nach Lage der Akten). Comparecido el demandado, se señala la audiencia para que tenga lugar el debate oral, que constituye el acto esencial del proceso. Todo litigante está obligado a comunicar el acto esencial del proceso. Todo litigante está obligado a comunicar a su contrario antes del debate oral, por medio de escritos preparatorios (verbereitenden Schriftsätze) y con tiempo suficiente, las alegaciones, las peticiones y los medios de prueba, a los que se presuma que no podrá contestar el adversario si no los conoce con anticipación para preparar su defensa. Pero debe tenerse en cuenta que, en virtud de la estricta oralidad que rige el proceso, tales escritos preparatorios no fijan definitivamente los términos del litigio: esta función se halla reservada a las declaraciones que las partes formulen de palabra ante el tribunal. En la audiencia señalada para el debate oral (mündliche Verhandlung) las partes exponen sus respectivas posiciones, procediéndose luego a la práctica de la prueba, la que es asumida por el tribunal, salvo en los casos en que la ley permite encomendar la asunción a un miembro de aquél o a otro tribunal. No rige el principio de preclusión: los medios de ataque y de defensa (excepciones sobre el fondo, reconvención, réplica, etc.) pueden hacerse valer hasta la terminación de la audiencia en que se pronuncie la sentencia, aunque ellos pueden ser rechazados si su admisión conduce a atrasar la resolución del asunto y el tribunal, en ejercicio de su libre arbitrio, estima que la parte no los utilizó antes con el propósito de dilatar el proceso o por negligencia grave. Una vez que el pleito está en condiciones de ser resuelto, el tribunal dicta la sentencia definitiva, la que puede ser parcial en el supuesto de que, habiéndose acumulado diversas pretensiones, sólo una haya sido suficientemente examinada. La ordenanza procesal alemana admite los recursos de queja (que no juega respecto de sentencias definitivas), de apelación y de casación. Prevé, asimismo, acciones impugnativas autónomas, de nulidad y de restitución, que equivalen, respectivamente, a los recursos de casación por quebrantamiento de formas y de revisión contemplados por otros ordenamientos procesales europeos. En materia de ejecuciones, la ordenanza confía su trámite a un tribunal de ejecución que puede, en casos excepcionales, ordenar la suspensión de los procedimientos (inutilidad de la ejecución, imposibilidad de pago, etc.). Contempla, asimismo, la llamada demanda de oposición a la ejecución, que sólo puede fundarse, cuando el título es una sentencia, en circunstancias sobrevinientes a la conclusión de la última vista oral anterior a la sentencia de primera o de segunda instancia en la que cabía la aportación de nuevos hechos.

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La ordenanza procesal alemana influye en la redacción de la ley procesal austríaca de 1895 (Gesetz über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten), obra del prestigioso jurista Klein, entonces ministro de Justicia y profesor de la Universidad de Viena. Aunque en su estructura fundamental esta ley es similar a la alemana, introduce innovaciones que la superan. Entre ellas merecen destacarse la consistente en la audiencia preliminar, que constituye una primera comparecencia de las partes ante el tribunal, destinada, fundamentalmente, a determinar las cuestiones que han de considerarse litigiosas y a comprobar la posible inexistencia de presupuestos procesales (capacidad, competencia, etc.), y la estructuración del recurso de apelación como una revisión y no repetición del juicio anterior. Las leyes alemana y austríaca son consideradas como inspiradoras de numerosas leyes procesales, tales las de Dinamarca, Suecia, Noruega, Hungría y Japón. f) A partir de la Constitución del año 1812 se sancionan en España(8)diversas leyes destinadas a sustituir a las antiguas, que se hallan dispersas, por lo demás, en numerosos ordenamientos. Se trata, sin embargo, de reformas fragmentarias, y la mayoría se refiere a la organización de los tribunales. Entre las que regulan la materia procesal en sentido específico cabe citar la Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 1830 y la Ley de Sustanciación de Negocios de Menor Cuantía de 1838. Un intento de reforma integral se registra en el año 1853, con la Instrucción del procedimiento civil con respecto a la Real jurisdicción ordinaria, llamada también del Marqués de Gerona por el título que ostenta su autor (José de Castro y Orozco); pero no obstante el sentido progresista y la adecuada orientación técnica que la caracterizan, esta ley apenas alcanza al año de vigencia. Sin embargo, en los aires del tiempo está la imperiosa necesidad de la codificación, y ella conduce a la sanción de la ley del 13 de mayo de 1855, mediante la cual se aprueban ocho bases para una Ley de Enjuiciamiento Civil, bases que posteriormente se vuelcan en un proyecto que es convertido en ley el 5 de octubre del mismo año. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 permanece fiel a los principios orientadores de la antigua legislación hispánica, que no son otros que los del proceso común (una de las bases que le dan origen formula expresamente el propósito de "restablecer en toda su fuerza las reglas cardinales de los juicios consignadas en nuestras antiguas leyes"). Además, fruto del apresuramiento con que es redactada (apenas se emplean en ello cuatro meses y medio) son las múltiples reformas de las que posteriormente se la hace objeto (1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1862, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1877, 1878). Surge luego la necesidad de ordenar todo ese material legislativo disperso y de subsanar las imperfecciones que la experiencia pone de relieve. Es designada entonces una Comisión para que redacte una ley de bases, la que es sancionada, con algunas modificaciones, el 21 de junio de 1880. Se 61   

articula, en consecuencia, un proyecto que, tras diversas vicisitudes, se convierte en ley el 3 de febrero de 1881. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no contiene innovación fundamental alguna respecto de la anterior. Su inspiración continúa siendo las antiguas leyes y, se mantiene por ello ajena a los progresos alcanzados por las restantes leyes europeas vigentes en esa época. La estructura y los principios fundamentales adoptados por los derogados Códigos de Procedimientos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires respondían esencialmente a los de la Ley de Enjuiciamiento de 1855. El mismo modelo sirvió de base a los códigos provinciales, con excepción de los modernos (La Rioja, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, CPCCN, etc.), que acogen numerosos principios y reglas de las legislaciones alemana e italiana. Por último, en España, la ley 34/4, del 6 de agosto, que entra en vigor el 1 de septiembre de 1984, introduce una reforma urgente que afecta, en mayor o menor medida, a numerosas normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil(9). Si bien el nuevo ordenamiento no instituye nuevos tipos de procesos informados por el principio de oralidad, incorpora diversas medidas encaminadas a dar mayor celeridad al procedimiento y a estructurar una administración de justicia menos formalista en cuanto, fundamentalmente, reduce los plazos y establece su improrrogabilidad, simplifica el sistema de actos de comunicación y amplía el ámbito de los procesos plenarios rápidos. Asimismo, estimula la autocomposición, introduce la audiencia preliminar, modifica el beneficio de litigar sin gastos y regula el recurso de casación con sentido autoformalista. g) Resta, por último, formular algunas referencias con respecto a la legislación procesal en el mundo anglosajón(10), cuya evolución y características presentan notas peculiares, distintas a las de los sistemas precedentemente descriptos. Desde fines de la Edad Media, el sistema procesal inglés se caracteriza, fundamentalmente, por el desarrollo de la institución de los jurados y por la existencia de dos clases de tribunales: los de derecho común (Courts of Common Law) y los de equidad (Court of Chancery). Son los propios tribunales quienes dictan las normas del proceso, y ello determina que se multipliquen las Rules u Orders que cada uno de los diversos tribunales dicta con el propósito de extender su propia competencia en desmedro de los otros. Tal situación persiste hasta el siglo XIX, durante el cual se dictan varias leyes tendientes a suprimir la diferencia entre tribunales de derecho y de equidad, otorgándose poderes en ambas materias a las dos clases de tribunales tradicionalmente existentes. Importancia fundamental reviste la Judicature Act de 1873, posteriormente modificada en 1925 y 1934. También cabe citar las Appellate Jurisdiction Acts, de 1876 y 1878, 62   

las Country Courts Acts de 1888, 1903, 1919, 1924 y 1934, y las Administration of Justice Acts de 1933 y 1938. El tipo de proceso más corriente es el que tiene lugar ante el Banco de la Reina (Queen's Bench), que constituye una de las tres secciones en que se divide la Alta Corte de Justicia (High Court of Justice) y conoce en primera instancia todas las causas cuya materia no se encuentre asignada a otros tribunales. Sus componentes se trasladan periódicamente a los condados a fin de intervenir en las vistas de las causas. Ese proceso se divide en dos etapas: la primera, que es fundamentalmente escrita, tiene lugar ante un Master, funcionario a quien incumbe la dirección del procedimiento y que cumple actividades de índole jurisdiccional; la segunda se desarrolla ante un juez, en forma pública y oral, generalmente con intervención de jurados. Presentada la demanda, en la que se requiere al tribunal que ordene la comparecencia del demandado (writ of summons) y se especifica el objeto del litigio, se procede a comunicarla al demandado (service), generalmente en forma personal. La incomparecencia de éste otorga al actor el derecho de pedir que se dicte en rebeldía una sentencia favorable (jugements by default). Si el demandado comparece (appearance), debe contestar la demanda refiriéndose a cada uno de los hechos expuestos en ella, aunque también puede, no obstante reconocer los hechos, negar que el actor se halle amparado por la regla de derecho que invoca y que se resuelva ello como cuestión previa. Asimismo, puede solicitar que la causa no sea sustanciada en razón de perseguirse con ella un propósito vejatorio. Contestada la demanda, comienza el período de las alegaciones (pleadings), que tiene por objeto fijar definitivamente los términos de la litis y durante el cual tiene lugar un sucesivo intercambio de declaraciones escritas entre las partes. Básicamente, a las alegaciones mediante las cuales el actor formula su pretensión (statement of claim), contesta el demandado negando u oponiendo excepciones (answer); prosigue la réplica del actor (reply) y una nueva contestación del demandado (rejoin). Agotado el intercambio de alegaciones, el actor cita al demandado a una audiencia (summons of directions), en la cual el Master imparte las correspondientes directivas para la prosecución del procedimiento. Tiene entonces lugar el juicio propiamente dicho (trial), que se desarrolla ante el juez, en una audiencia que comienza con la lectura de las conclusiones establecidas en la etapa precedente y continúa con la exposición oral de las respectivas alegaciones y la proposición y práctica de la prueba. Importancia fundamental reviste la prueba de testigos (witness), que comprende todas las declaraciones personales emitidas en el proceso, sea por las partes, por terceros o por peritos y se halla sometida a la técnica del libre examen por ambas partes (cross-examination). Concluida la producción de la prueba, y previo el informe oral que emiten los defensores de las partes, el trámite difiere según que el juez actúe solo o con jurado: en el primer caso dicta sentencia de inmediato o en 63   

una audiencia siguiente; en el segundo caso, hace un resumen de los hechos discutidos (summing up), luego el jurado se pronuncia sobre ellos emitiendo el veredicto (veredict) y, finalmente, el juez dicta la sentencia (judgement). El recurso más importante es el de apelación (appeal), del que conoce la Corte de Apelaciones y que en circunstancias excepcionales puede motivar la renovación del juicio (new trial). Acusan la influencia inglesa, naturalmente, las legislaciones de los dominios y las colonias británicas (antiguas y actuales), como las de Australia, Canadá, India, Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica. También la legislación procesal vigente en los Estados Unidos de Norteamérica, con las lógicas desviaciones y alteraciones resultantes de la autonomía legislativa reconocida a cada uno de los cuarenta y ocho estados integrantes de ese país. Algunos de esos estados aún organizan el proceso sobre la base de la arcaica distinción entre actions at law y suits in equity. Otros, como California y Luisiana, tienen códigos procesales de origen español e hispano-francés, respectivamente. A la tradición inglesa responden, particularmente, los ordenamientos que regulan el procedimiento a observar ante las cortes federales, como el Judicial Code (modernizado en 1948) y las Federal Rules of Civil Procedure, del 29 de diciembre de 1948.

II. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL ARGENTINA(11)

17. Períodos que comprende Generalmente se admite que la historia de la legislación procesal argentina comprende tres períodos: el colonial o hispánico, el de la independencia (denominado también del "derecho patrio") y el de la codificación. Del análisis de cada uno de esos períodos nos ocuparemos seguidamente.

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18. Período colonial a) A partir del descubrimiento se aplica en América, a través de las llamadas Leyes de Indias, la legislación procesal vigente en España. La necesidad de ordenar el profuso material normativo acumulado durante la época colonial determina que se promulgue, en el año 1680, la llamada Recopilación de Indias, cuyo libro segundo establece el siguiente orden de prelación en cuanto a las leyes a regir en América: 1º) cédulas, provisiones u ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias; 2º) leyes españolas desde el Ordenamiento de Alcalá de 1348 hasta la Nueva Recopilación de 1567, debiendo ser resueltas las cuestiones no previstas por esas leyes mediante aplicación del Fuero Real, los fueros municipales, el Fuero Juzgo y las Leyes de Partida. Posteriormente, a fines del siglo XVIII, Carlos III da una nueva recopilación de leyes de Indias, conocida con el nombre de "ley del nuevo código", pero cuya aplicación en el Virreinato del Río de la Plata es generalmente negada por los historiadores. La administración de justicia se halla distribuida, durante la época colonial, entre los siguientes órganos: 1º) La justicia de primera instancia es administrada, en lo civil y criminal, por dos alcaldes ordinarios (de primero y segundo voto), que son designados por el Cabildo y duran un año en el ejercicio de sus funciones. Actúan auxiliados por un escribano como secretario, que es, generalmente, el mismo del Cabildo. Son jueces legos, y en los últimos tiempos aparecen firmando resoluciones junto con asesores letrados, aunque continúan siendo aquéllos, en rigor, los verdaderos titulares de la función judicial. Además de los ordinarios, existen los alcaldes de Hermandad, que ejercen funciones de carácter policial en la campaña. 2º) Los gobernadores, aparte de presidir los Cabildos y de ejercer funciones de índole política y administrativa dentro de sus respectivas provincias, tienen competencia para conocer, en grado de apelación, las sentencias dictadas por los alcaldes ordinarios. Además, son jueces de extranjeros transeúntes en todos los procesos que se susciten entre ellos o que contra ellos se promuevan por personas del lugar. Actúan asistidos por el teniente de gobernador, cargo para el cual se exige posteriormente título de abogado. En los últimos tiempos de la Colonia la mencionada competencia de apelación es transferida al gobernadorintendente. 3º) Son superiores tribunales las Reales Audiencias, que conocen, en tercera instancia, las apelaciones deducidas contra los fallos dictados por los gobernadores o intendentes, u otros jueces en todo el territorio de su jurisdicción. Aparte de esa competencia apelada, la tienen también originaria en los denominados casos de Corte, los cuales se configuran por la índole de ciertos delitos (muerte segura, mujer forzada, camino quebrantado, alevosía, traición, etc.), por la calidad de las 65   

personas intervinientes en los procesos (pleitos contra corregidor o alcalde ordinario) y por la miseria y dificultad de defenderse (procesos de menores, viudas, iglesias y comunidades). Contra los fallos dictados por las Reales Audiencias cabe el recurso de súplica, a fin de que ellas mismas los enmienden o modifiquen; también los recursos extraordinarios de segunda suplicación y de nulidad o injusticia notoria para ante el Supremo Consejo de Indias. Incumbe, además, a las Reales Audiencias, la superintendencia sobre tribunales y cárceles, y la facultad para conocer en los llamados recursos de fuerza, cuyo objeto consiste en impedir que en la jurisdicción eclesiástica se resuelva contra derecho. Aparte de tales funciones judiciales, dichos organismos vigilan la conducta del virrey, se hallan facultados para denunciar sus abusos, lo asesoran en cuestiones graves e incluso están llamados a reemplazarlo en caso de muerte o de enfermedad ("Audiencias gobernadoras"). La Real Audiencia de Buenos Aires es creada por Real Cédula de 2 de noviembre de 1661, suprimida en 1671 y restablecida el 14 de abril de 1783. Se le acuerda competencia territorial en las provincias del Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y Cuyo, y está integrada, aparte de otros funcionarios de menor jerarquía, por el virrey como presidente, un regente, cuatro oidores (que son los verdaderos jueces de esos tribunales) y un fiscal. 4º) Con el propósito de lograr "la más breve y fácil administración de justicia en los pleitos mercantiles" y proveer "lo más conveniente al bien y prosperidad del comercio", la Real Cédula del 30 de enero de 1794 erige el Real Consulado de Buenos Aires. Lo integran un prior, dos cónsules, nueve conciliarios, un síndico, un secretario, un contador y un tesorero, y se divide en dos secciones: el tribunal del consulado, a quien se halla confiada la administración de justicia en los pleitos suscitados entre comerciantes y que funciona con el prior y dos cónsules, y la Junta del Consulado, cuya función consiste en dictar medidas referentes a la agricultura y el comercio y que se halla integrada por todo el personal del Consulado. El art. 5º de la Cédula ereccional dispone que en los juicios "...se ha de proceder siempre a estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada..." y el art. 16 encarece desechar las formalidades jurídicas ("todo lo que huela a sutilezas y formalidades de derecho"). El proceso es oral, sin intervención de abogados, y se sustancia en audiencia pública. En los pleitos de más de mil pesos las sentencias del Tribunal del Consulado son apelables para ante la llamada Alzada de Comercio, tribunal compuesto por el oidor decano de la Real Audiencia y dos colegas (comerciantes), elegidos por aquél de entre los propuestos por los litigantes. En algunos casos, contra el fallo de la Alzada cabe el recurso de nulidad o de injusticia notoria para ante el Consejo de Indias. 5º) El Consejo Supremo de Indias, creado en el año 1524 como un desprendimiento del Consejo de Castilla, es un organismo residente en España cuyas funciones comprenden todo lo concerniente al gobierno de 66   

las colonias americanas en los aspectos político, administrativo y judicial. Como tribunal de justicia, el Consejo tiene competencia privativa en los juicios de residencia y en las visitas, y competencia apelada en los asuntos provenientes de las Reales Audiencias cuyo monto exceda de seis mil pesos, así como en las causas criminales graves. Conoce, asimismo, en instancia extraordinaria, en los recursos de segunda suplicación y de nulidad e injusticia notoria, deducidos contra los fallos pronunciados en revista por las Audiencias.

19. Período de la independencia Entre los principales ordenamientos procesales dictados durante el período que suele denominarse del "derecho patrio" (que comienza con la Revolución de Mayo y termina en la época de la codificación), merecen destacarse los reglamentos de 1812, 1813, 1815 y 1817, y diversas leyes dictadas con posterioridad en el ámbito provincial. El Reglamento para la Administración de Justicia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dictado el 23 de enero de 1812, asigna a los alcaldes de hermandad competencia para conocer en las demandas civiles cuyo monto no exceda de cincuenta pesos y prevé un recurso de apelación, contra las sentencias de dichos funcionarios, para ante cualquiera de los alcaldes ordinarios de la ciudad o villa de que depende el respectivo partido. En los juicios civiles mayores de cincuenta pesos y en las causas criminales, la competencia corresponde a los alcaldes ordinarios, debiendo el procedimiento ser verbal y actuado, o escrito, según que, respectivamente, el monto discutido sea inferior o superior a los doscientos pesos. Contra las sentencias de los alcaldes ordinarios cabe un recurso de apelación el cual conoce el Ayuntamiento del pueblo si el valor del pleito no excede de doscientos pesos y el Ayuntamiento de la respectiva ciudad capital si el valor del pleito es mayor de doscientos pesos y hasta quinientos pesos. En tales supuestos, el asunto es juzgado por tres miembros del Cabildo en el término de ocho días, prorrogable únicamente hasta quince. Si la sentencia es revocada, cabe aún una nueva apelación para ante la Alzada de provincia, que se integra con el gobernador o intendente de la provincia y dos personas elegidas por aquél de entre una nómina presentada por cada una de las partes y cuya sentencia, confirmatoria o no, causa ejecutoria. Si el valor del pleito excede de doscientos pesos en los pueblos de campaña y de quinientos en las ciudades capitales, las apelaciones se deducen directamente para ante la Alzada de provincia. Si la sentencia de este tribunal es revocatoria, procede todavía un recurso para ante la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires. Si la sentencia es confirmatoria, el 67   

recurso sólo cabe en los pleitos cuyo valor excede de mil pesos. Pero las más importantes reformas introducidas por el Reglamento de 1812 consisten en: 1º) La supresión de la Real Audiencia de Buenos Aires y su reemplazo por una Cámara de Apelaciones compuesta de cinco jueces (tres de los cuales deben ser letrados y los dos restantes "vecinos sin esa calidad") y un fiscal al que se atribuye competencia "en las instancias de apelación, segunda suplicación, recursos ordinarios, recursos extraordinarios por injusticia o nulidad notoria, de fuerza, eclesiásticos y demás que por las leyes han podido conocer las Audiencias...". 2º) La creación del Tribunal de Concordia, cuya función consiste en procurar el avenimiento de los litigantes y en dictar, ante el fracaso de esa gestión, "formal sentencia sobre si resulta o no mérito a un litigio de buena fe por duda mayor o menor de hecho o de derecho". Ningún tribunal puede admitir una demanda sin que dicho organismo acuerde el "pase" correspondiente. En su sesión del 21 de mayo, la Asamblea General Constituyente de 1813 decreta la extinción de la Real Audiencia de Charcas y la reemplaza por una Cámara de Apelaciones con jurisdicción en todo el territorio que comprendía aquel tribunal. Dicha Asamblea aprueba, el 1 de septiembre del mismo año, un "Reglamento para la Administración de Justicia", que mantiene, sustancialmente, la organización estructurada por el Reglamento de 1812, y entre cuyas innovaciones más importantes cabe mencionar la uniformación de los procedimientos a seguir en las Cámaras de Apelaciones de Buenos Aires y de Charcas; la imposición del patrocinio letrado "a excepción de aquellas peticiones de poca importancia que pueden firmar las partes o sus procuradores"; la exigencia de poseer título de abogado todos los jueces de la Cámara de Apelaciones y la consagración de su inamovilidad mientras dure su buena conducta; la admisión de la prueba pericial en las cuestiones complicadas; el deber de los jueces de condenar irremisiblemente al litigante temerario en todas las costas causadas al vencedor en juicio; y la institución de un Supremo Poder Judicial para conocer en los recursos de segunda aplicación y de nulidad o injusticia notoria, disponiéndose que hasta tanto se establezca ese Poder Supremo deben conocer en tales recursos las Cámaras de Apelaciones de Buenos Aires y de Charcas. En la sección dedicada al Poder Judicial, el Estatuto provisional de 1815 establece el principio de la independencia de dicho poder ("No tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo y en sus principios y forma estará sujeto a las leyes de su instituto"), suprime el Tribunal de Concordia, determina la forma de designación de los jueces letrados (introduciendo la novedad de la terna), así como los requisitos para desempeñar el cargo, y encomienda la decisión de los recursos extraordinarios de segunda suplicación y de nulidad o injusticia notoria a juntas especiales, compuestas de cinco letrados designados por el director supremo y que cesan en sus funciones una vez dictado el respectivo pronunciamiento. 68   

El Reglamento provisorio de 1817 mantiene la organización judicial hasta entonces vigente, pero admite la suspensión de los magistrados por el director, cuando medie justa causa, con cargo de dar cuenta al Congreso, modifica parcialmente el sistema de designación de los jueces y faculta a trasladarlos de una a otra Cámara. Asimismo, los gobernadores-intendentes y tenientes-gobernadores quedan excluidos del ejercicio de la jurisdicción ordinaria civil y criminal, disponiéndose que, en su lugar, "será nombrado por el director del Estado, en cada capital de provincia, a propuesta en terna de la Cámara de Apelación, un letrado que ejerza las funciones de juez de Alzada en toda ella". Entre los ordenamientos posteriores merecen señalarse, en la provincia de Buenos Aires, la ley del 24 de diciembre de 1821, que suprime los cargos de alcalde y crea los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz; el decreto del 5 de marzo de 1830, mediante el cual se completa la organización de la Cámara de Apelación, que recibe el nombre de Cámara de Justicia y que, posteriormente, la Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1854 convierte en Superior Tribunal de Justicia; el decreto del 20 de octubre de 1829, que modifica los recursos de segunda suplicación; el decreto del 5 de junio de 1835, que reglamenta el procedimiento de las testamentarías ante la justicia de paz; el decreto del 16 de septiembre de 1853, sobre sustanciación de los juicios civiles; la ley del 23 de septiembre de 1854, que suprime los dobles traslados; la ley del 30 de septiembre de 1857, que divide al Superior Tribunal de Justicia en una sala civil y otra criminal, debiendo conocer ambas, alternativamente, en las causas comerciales; la ley del 2 de noviembre de 1860, sobre juicios ejecutivos y tercerías (que se inspira en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855); la ley del 29 de octubre de 1862, que suprime el Tribunal del Consulado y crea los Juzgados de Comercio; la ley del 5 de octubre de 1870, sobre comparecencia en juicio, fijación de domicilio y pacto de cuota litis; etcétera. También con posterioridad al año 1820 la mayor parte de las restantes provincias dicta sucesivos ordenamientos que generalmente se denominan "Reglamentos de Administración de Justicia" y tratan tanto de la organización de los respectivos poderes judiciales cuanto de los procedimientos a observarse en juicios civiles y criminales.

20. Estructura del proceso durante los períodos precedentes Durante las épocas precedentemente analizadas, el proceso se halla estructurado, a grandes rasgos, de la siguiente manera: la demanda se propone por escrito que contiene el nombre del actor y del demandado, la 69   

relación de los hechos en que se funda, la cosa que se pide y la conclusión, en la cual se concreta la pretensión deducida. Se agregan a ella los documentos en que se funda el derecho del actor. Admitida la demanda, el juez dispone dar traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de nueve días o en el plazo que corresponda según la distancia. Al comparecer, el demandado puede contestar derechamente la demanda u oponer excepciones dilatorias que se resuelven como artículos de previo y especial pronunciamiento. Las excepciones perentorias pueden oponerse dentro de veinte días contados desde la notificación del traslado de la demanda. Del escrito de contestación a la demanda se ordena dar traslado al actor para que, dentro del término de seis días, presente el escrito de réplica. De la réplica del actor se manda igualmente dar traslado al demandado, quien debe responder con el escrito de dúplica en el mismo término. Si del examen de los cuatro escritos mencionados resulta probada la verdad por confesión de parte, o si la cuestión es de puro derecho, el juez sentencia definitivamente la causa. Habiendo hechos controvertidos, se manda recibir la causa a prueba por el término que se juzgue conveniente y cuyo máximo es de ochenta días, sin perjuicio del término ultramarino que las partes pueden solicitar. Se admiten seis clases de prueba: confesión (puede diligenciarse antes del término probatorio, dentro de él y después), testigos (rige el principio de que el testimonio de dos testigos contestes y mayores de toda excepción hace plena prueba y el de uno solo, semiplena), instrumental, juramento decisorio, vista de ojos y evidencia del hecho (inspección judicial) y presunciones. Concluido el término de prueba, se procede, a pedido de parte, a la publicación y agregación de las pruebas producidas, y se ordena la entrega de los autos a los litigantes, por su orden, a fin de que presenten los alegatos. En esta etapa del proceso, sin embargo, pueden ocurrir dos variantes: 1º) El pedido de restitución del término probatorio que pueden formular determinados litigantes (menores de 25 años, el Fisco, las Iglesias, etc.), dentro del término de quince días contados desde la publicación de las pruebas, y que conduce, en el caso de ser admisible, al otorgamiento de un término equivalente a la mitad del ordinario. 2º) La sustanciación del incidente de tachas formuladas a la persona o a los dichos de los testigos, que tiene lugar mediante un traslado a la parte contraria y un recibimiento a prueba por un término que no puede exceder de la mitad del ordinario. Presentados los alegatos, queda la causa en estado de sentencia y, citados los litigantes para oírla, el juez debe dictarla en el plazo de veinte días. Recursos admisibles son, según los casos, el de apelación, el de nulidad, la restitución in integrum, el de súplica, el de segunda suplicación, el de injusticia notoria y los de fuerza. El proceso ejecutivo se mantiene fiel, en su estructura, a los lineamientos del processus executivus del derecho común. Traen aparejada ejecución la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, los rescriptos u órdenes del Poder Ejecutivo del Estado, expedidos con arreglo a la Constitución y a las leyes del país, los instrumentos o 70   

escrituras públicas, las cuentas aprobadas en juicio, la confesión judicial, el juramento decisorio y los vales o documentos simples reconocidos. Presentada la demanda ejecutiva, y previo examen sobre el mérito del título acompañado, el juez dicta el decreto de solvendo y ordena al deudor que dentro del tercer día dé y pague la cantidad reclamada, bajo apercibimiento de ejecución. Si transcurrido ese término el deudor no paga, se libra, a pedido del ejecutante, el mandamiento de ejecución y embargo que se entrega a aquél para que lo haga cumplir con el oficial de justicia. Practicado el embargo, y dados los pregones para la venta de los bienes embargados, se cita al deudor para que, dentro del tercer día, formule oposición a la ejecución. Se admiten, al efecto, las excepciones de pago, remisión, quita, espera, falsedad, usura, temor y fuerza, sin perjuicio de otras admitidas por la práctica, y existe un término ordinario de diez días para la prueba de las excepciones. Si transcurre el término de la citación sin que el deudor oponga excepciones, o si éstas se rechazan, se manda continuar la ejecución y hacerse el remate de los bienes hasta el efectivo pago de la deuda y costas del juicio; si, en cambio, se hace lugar a las excepciones, se declara no haber lugar a la ejecución y se ordena el levantamiento del embargo. La sentencia de remate, cualquiera que sea su contenido, y aunque sea confirmada en todas las instancias, no produce efectos de cosa juzgada en sentido sustancial, pues siempre tienen las partes la posibilidad del juicio ordinario posterior, en el que cabe debatir con amplitud cualquier clase de defensas.

21. Período de la codificación a) La época de la codificación comienza con la ley 50, reglamentaria de los procedimientos ante la justicia federal, que es proyectada en el año 1863 por los entonces integrantes de la Corte Suprema, sancionada el 25 de agosto del mismo año y promulgada por decreto del 14 de septiembre siguiente. Sus autores toman como modelo, principalmente, a la Ley de Procedimientos para el Cantón de Ginebra de 1819 y a las Leyes españolas de Enjuiciamiento en Negocios de Comercio, de 1830, y de Enjuiciamiento Civil, de 1855(12). b) Por lo que concierne a la Capital Federal, la etapa de la codificación se inicia con la promulgación del llamado "Código de Procedimiento en Materia Civil y Comercial". Su elaboración tiene origen en el proyecto que, por encargo del Dr. Valentín Alsina, presenta el Dr. José Domínguez en el año 1868 al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, junto con otro proyecto sobre organización judicial. Luego de ser examinado por dos comisiones que le introducen algunas enmiendas, aquel proyecto es 71   

aprobado por la Cámara de Diputados el 16 de marzo de 1873, no alcanzando sin embargo a ser sancionado por el Senado. Posteriormente, en cumplimiento de una de las cláusulas contenidas en la Constitución de la provincia de Buenos Aires dictada en el año 1873, la Suprema Corte local redacta, sobre la base del presentado por el Dr. Domínguez, un proyecto de código que obtiene sanción el 22 de octubre de 1878. Al mismo tiempo, sin embargo, se designa una comisión integrada por los doctores Antonio Bermejo, Ceferino Araujo, Ángel Blanco, E. Casares, José Bustillo y Luis Correa Larguía, a fin de que propongan las enmiendas que fuesen convenientes introducir en dicho código. En cumplimiento de su cometido, la comisión presenta un proyecto que es convertido en ley el 18 de agosto de 1880 y cuyas innovaciones más trascendentes, con respecto al código de 1878, consisten en la admisión de la prórroga de la competencia territorial, en la limitación de la responsabilidad de los procuradores por las costas del juicio, en la introducción del sistema de la notificación automática por nota en los autos, en la disminución del número de informes in voce, en la reglamentación de los juicios de desalojo, declaratoria de pobreza, alimentos y litis expensas, en la supresión del auto de solvendo en el juicio ejecutivo, etcétera. Cabe señalar que si bien el Código de 1880 es dictado para regir en la provincia de Buenos Aires, se lo declara con posterioridad aplicable a la Capital de la República por la ley 1144, en cuya virtud continúan rigiendo las leyes vigentes en la provincia hasta tanto se dicten las leyes de procedimiento para dicho distrito, federalizado por la ley 1029 del 21 de septiembre de 1880. El Código de la Capital es luego objeto de diversas reformas, entre las cuales merecen destacarse, por su importancia, las introducidas por las leyes 4128, 14.237 y decreto-ley 23.398/1956(13). La ley 4128, del 3 de octubre de 1902, es sancionada con el propósito de obviar los más serios inconvenientes que la experiencia había puesto de relieve a través de más de veinte años en la aplicación del Código. Entre las principales innovaciones que esta ley introduce cabe mencionar las siguientes: la carga de alegar en forma de artículo previo las excepciones dilatorias de incompetencia en los casos en que es posible la prórroga de jurisdicción (competencia territorial) y la de defecto legal en el modo de proponer la demanda (art. 7º), el efecto devolutivo de la apelación deducida contra el auto que concede el término extraordinario de prueba (art. 10), la carga de ofrecer la prueba de testigos dentro de la primera mitad del término ordinario (art. 11), la no suspensión de los trámites del juicio mientras el Tribunal de Alzada no conceda la apelación, en el supuesto de recurrirse directamente a aquél por apelación denegada (art. 13) y mientras se sustancia el incidente de recusación con causa (arts. 15 y 16). 72   

La ley 14.237, del 24 de septiembre de 1953, comienza a regir el 1 de febrero de 1954, y tiene su origen en un proyecto del Poder Ejecutivo nacional redactado por los doctores Juan Enrique Coronas, Hugo Oderigo y Fernando Horacio Payá, quienes utilizan principalmente como fuentes de trabajo el Proyecto elaborado en 1935 por el Instituto de Altos Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, bajo la dirección del Dr. David Lascano, los numerosos proyectos de reforma enviados al Congreso Nacional desde el año 1882, el Proyecto del Poder Ejecutivo nacional de 1949 (redactado por el Dr. J. Ramiro Podetti), los códigos provinciales vigentes en algunas provincias (Jujuy, La Rioja, Mendoza, etc.), y los trabajos y los proyectos preparados por el Instituto de Derecho Procesal del Ministerio de Justicia durante la actuación de los doctores J. Ramiro Podetti, José Sartorio y Ricardo Reimundín. Esta ley representa una reforma parcial del Código de Procedimiento, aunque de mayor amplitud y trascendencia que la llevada a cabo por la ley 4128. Las directivas que la orientan pueden sintetizarse, fundamentalmente, en las siguientes: 1º) concesión de mayores facultades y poderes a los jueces en la conducción e instrucción del proceso; 2º) agilización de los trámites procesales; 3º) incorporación de reglas e instituciones procesales no previstas por el Código pero consagradas por la jurisprudencia y la doctrina. Constituyen manifestaciones de la primera de las mencionadas directivas los poderes acordados a los jueces y tribunales en el sentido de "disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, mantener la igualdad de los litigantes, o prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, así como aquellas tendientes a la más rápida y económica tramitación del proceso" (art. 21); la fijación judicial, previa convocatoria de las partes a una audiencia, de los hechos articulados en el proceso sobre los cuales versaría la prueba (art. 23); la abolición del juramento estimatorio a que se refería el art. 220 del Código Procesal y su reemplazo por la determinación judicial del importe del crédito o de los perjuicios reclamados (art. 37); la posibilidad de disponer, de oficio, la acumulación de autos (art. 17) o la declaración de nulidad cuando ésta fuese originada por omisión de actos esenciales del proceso que afecten el derecho de defensa (art. 50), etcétera. La segunda de las citadas directivas se traduce en el carácter perentorio asignado a los términos procesales (art. 2º); la reducción del término para contestar vistas y traslados (art. 3º); la limitación de las notificaciones en el domicilio (art. 9º); la admisión, en ciertos casos, de la notificación mediante telegrama colacionado (arts. 10 y 11); la carga de presentar toda la prueba documental con la demanda, la reconvención y la contestación de ambas en toda clase de juicios, o con el escrito oponiendo excepciones en el Ejecutivo (art. 12); la carga de oponer 73   

todas las excepciones dilatorias como de previo y especial pronunciamiento y en un solo escrito (art. 14); la suficiencia de la firma de los secretarios en algunas providencias de mero trámite (art. 20); la supresión de la segunda citación contemplada por los arts. 142 y 146 del Código (arts. 28 y 29, respectivamente); la sustanciación de los incidentes por separado (art. 47); la reducción de excepciones admisibles en el juicio ejecutivo (art. 59); etcétera. Finalmente, constituyen una concreción de la tercera directiva la determinación de la competencia en las pretensiones personales derivadas de delitos o cuasidelitos (art. 4º); la consagración del principio según el cual la prueba debe apreciarse según las reglas de la sana crítica (art. 36); la supresión de la sustanciación para decidir la revocación de los autos dictados de oficio (art. 38); la absorción del recurso de nulidad por el de apelación (art. 39), etcétera, y la reglamentación de la unificación de la personería (art. 13), de la acumulación de autos (arts. 17 a 19), de las nulidades (arts. 49 a 51), del desistimiento (arts. 53 a 55), de la transacción (art. 56), de las pruebas de informes (art. 33) y de presunciones (art. 34), y de los procesos especiales de declaración de incapacidad por insania (arts. 69 a 84) y de depósito de personas (arts. 85 a 91). El decreto-ley 23.398, del 31 de diciembre de 1956, se dicta sobre la base de un proyecto redactado por una comisión integrada por los doctores Enrique Díaz de Guijarro (presidente); Guillermo Michelson (secretario); Roberto Chute, Julio Dassen, Horacio Heredia y Rodolfo Migliore. Este ordenamiento persigue dos propósitos fundamentales: 1º) solucionar los problemas procesales conceptuados como de mayor urgencia, permitiendo como se lee en el primer considerando del decretoley "la adecuada aceleración de los procesos, sin mengua del derecho de defensa y con positivo beneficio para la más rápida y eficaz administración de justicia"; 2º) derogar todas aquellas normas de la ley 14.237 que no se consideraron compatibles con las modalidades tradicionales de la justicia de la Capital. Entre las normas vinculadas al primero de los mencionados propósitos merecen señalarse la que admite la presentación de una copia del poder, firmada por el letrado patrocinante y con declaración jurada de éste sobre su fidelidad, en lugar del testimonio original (art. 1º); la que autoriza la firma de las cédulas de notificación por los abogados patrocinantes y agiliza el diligenciamiento de aquéllas (art. 4º); la que ordena la fijación simultánea de las audiencias en ambos cuadernos de prueba y la concentración de aquéllas en la misma fecha o en días sucesivos (art. 8º); la que difiere la consideración de los recursos deducidos contra las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas hasta después de recibidas todas las restantes (art. 9º); la que suprime el recurso de apelación contra el auto que declara la inadmisibilidad de las excepciones opuestas en el juicio ejecutivo (art. 16), etcétera. 74   

A satisfacer el segundo de los referidos propósitos obedece la derogación del apartado 2º del art. 21 de la ley 14.237, que autorizaba a los jueces a hacer uso de la fuerza pública en el supuesto de incomparecencia de las partes a las audiencias fijadas para lograr el avenimiento de sus diferencias; la del art. 23, que disponía que, en el auto de apertura de la causa a prueba en los juicios ordinarios, el juez convocaría a las partes a una audiencia a celebrarse dentro de los diez días siguientes, a fin de que estableciesen los hechos articulados sobre los cuales versaría la prueba de acuerdo con la demanda, la reconvención o la contestación de ambas en su caso y que fuesen conducentes a la decisión del juicio; la de los arts. 41, 42, 43 y 44, que imponían la presentación de la expresión de agravios y del memorial en primera instancia, etcétera. El Código de Procedimiento de la Capital, con sus reformas, es finalmente derogado por la ley 17.454 (CPCCN), la que se encuentra actualmente en vigencia con muy escasas enmiendas respecto de su versión original(14). c) Como se señaló anteriormente, el primer Código Procesal que tiene la provincia de Buenos Aires es el sancionado en el año 1878, al que sigue el de 1880. Este último es sustituido por el sancionado el 21 de diciembre de 1905 (ley 2958), que entra en vigor el 1 de febrero de 1906 y se basa en el proyecto redactado por una comisión designada mediante el decreto del Poder Ejecutivo provincial del 18 de abril de 1905, de la que forman parte los doctores Teodoro Varela, Rómulo Etcheverry y Ricardo Guido Lavalle, actuando como secretario el escribano Pedro Bernatet. El nuevo ordenamiento mantiene la estructura del Código anterior, al que hace objeto de algunas modificaciones y agregados. Entre las modificaciones cabe mencionar, entre otras, la declaración de improrrogabilidad de los términos procesales; la simplificación del diligenciamiento de las notificaciones en el domicilio; la carga de oponer todas las excepciones dilatorias como artículo previo; la supresión de la excepción de defecto legal; la forma de designación de los peritos; la supresión del recurso de nulidad por defectos de forma de la sentencia; la supresión de los juicios de jactancia y de interdicto de adquirir; la posibilidad de prescindir de los trámites del juicio de tercería en el supuesto de acreditarse, in continenti, la posesión actual de los bienes embargados; la ordenación de los trámites de los diversos juicios sucesorios; la audiencia única de verificación y graduación de créditos en el concurso civil, etcétera. Entre los agregados deben señalarse la regulación de la indivisibilidad y la divisibilidad de la confesión, del juramento decisorio, de la prueba de presunciones, de los modos anormales de terminación de los procesos (desistimiento, transacción y caducidad de la instancia), del juicio de insania y de diversos procesos de jurisdicción voluntaria (nombramiento de tutores y curadores, autorizaciones y venias supletorias, protocolizaciones, etc.). 75   

Dicho Código sufre posteriormente diversas modificaciones(15). Entre ellas mencionaremos las introducidas por las leyes 3080, del 11 de diciembre de 1907, que modifica los arts. 927 y 937 sobre honorarios de los defensores de ausentes y monto de las comisiones de los martilleros, respectivamente; 3545, del 26 de enero de 1914, que suprime las costas de secretaría y establece en sustitución el impuesto de justicia; 3734, del 14 de octubre de 1922, que modifica los arts. 473, 475 y 476, y establece reglas para el levantamiento de embargos e inhibiciones; 3735, de la misma fecha, sobre publicaciones judiciales en los diarios; 3768, del 21 de septiembre de 1923, que modifica el art. 476 sobre extinción y reinscripción de embargos e inhibiciones; 3823, del 24 de octubre de 1924, que sustituye el art. 297, autorizando a las partes a presentar memoria sobre la resolución recaída en el caso de apelaciones concedidas en relación; 3828, del 5 de noviembre de 1924, que modifica los incs. 8º y 12 del art. 397, sobre causales de recusación; 4176, del 31 de octubre de 1933, que modifica los arts. 518, 522, 531, 680 y 938, relativos, respectivamente, a la designación de martillero en el caso de embargo de muebles o alhajas, al auto disponiendo la venta de inmuebles en el juicio ejecutivo, a los trámites inmediatamente posteriores a la venta de bienes muebles e inmuebles en la misma clase de juicios, a la enajenación de bienes en los juicios sucesorios, y al pago y depósito de la comisión correspondiente a los martilleros; 4283, del 24 de agosto de 1934, que modifica el art. 824, referente a la forma de discernir la designación de tutor o curador; 4637, del 26 de diciembre de 1937, que modifica los arts. 772, 775, 777, 779, 781 y 783, relativos a los juicios de mensura, deslinde y amojonamiento, y de posesión treintenaria; 5037, del 12 de septiembre de 1946, que modifica el art. 631, disponiendo la forma de hacerse efectivas las sumas depositadas en concepto de cuotas alimentarias; 5284, del 5 de octubre de 1948, que modifica los arts. 13, 135, 207 y 955, sobre firma de jueces y secretarios en general, firma de oficios, recepción de las declaraciones testimoniales por el secretario y extracciones de fondos, respectivamente; 5728, del 20 de agosto de 1953, que modifica el art. 50, sobre días hábiles; los decretos-leyes 4033, del 21 de marzo de 1956, sobre reducción del término de publicación de edictos a que se refieren los arts. 94, 442, 518, 523, 642, 644, 701, 720, inc. 8º, 759, 762 y 807; y 23.946, del 18 de diciembre de 1957, que modifica los arts. 604, 605 y 612, referentes al juicio de desalojo; las leyes 7032, del 5 de agosto de 1965, que agrega un tercer apartado al art. 27, disponiendo que los Juzgados de Paz y alcaldías de aquellos partidos, donde no funcionen oficinas de mandamientos y notificaciones, diligenciarán directamente, además de los oficios, los mandamientos y las cédulas que les envíen los jueces y secretarios de primera instancia; y 7036, de la misma fecha, que modifica los arts. 3º, 13, 16, 58, 59, 60, 63, 94, 241, 254, 398, 499, 512, 524, 526, 544, 663, 685, 780, 781, 782, 783 y 807. Mención especial requiere, finalmente, la ley 5177, del 6 de noviembre de 1947, que, además de reglamentar todos los aspectos inherentes a las profesiones 76   

de abogado y procurador, deroga íntegramente el Cap. 3 del Tít. I del Código referente a la defensa y representación en juicio y al domicilio procesal. El Código de la Provincia de Buenos Aires es finalmente derogado, con la mayoría de sus modificaciones, por la ley 7425, del 19 de septiembre de 1968 ("Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires"), la cual se adapta a la estructura del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con las variantes derivadas de la reglamentación de instituciones que tienen rango constitucional en la provincia. d)(16)Iniciado, con la promulgación de la Constitución de 1853, el período de la organización nacional, las restantes provincias argentinas comienzan por sustituir sus "Reglamentos de Administración de Justicia" por "Leyes de Enjuiciamiento Civil", y posteriormente a éstas por "Códigos de Procedimientos en lo Civil y Comercial". En sus primitivas versiones, la mayoría de esos ordenamientos responde, en su estructura y en los principios que los informan, a la Ley de enjuiciamiento civil española de 1855, con las variantes emergentes de la ley 50 de procedimiento federal, del proyecto elaborado por el Dr. Domínguez para la provincia de Buenos Aires en el año 1868 y del Código de Procedimiento de la Capital Federal. En orden cronológico, es la provincia de Jujuy(17)la primera en sancionar un código de procedimientos civiles en sentido estricto, pese al nombre de "Ley de enjuiciamiento civil" que se le asigna. Es presentado a la Legislatura provincial por el diputado Juan Sánchez de Bustamante, quien basa fundamentalmente su redacción y estructura en el proyecto Domínguez, y obtiene promulgación el 26 de marzo de 1872. Tras las reformas de que es objeto en 1894 y 1906, se lo sustituye finalmente por la ley 1967, promulgada el 18 de marzo de 1949, que pone en vigencia el proyecto de "Código Procesal Civil" redactado por el Dr. Guillermo Snopek y que aún se encuentra en vigor, con las modificaciones que le introdujo la ley 3426, del 26 de julio de 1977, constituyendo el primer ordenamiento procesal argentino que introduce verdaderas innovaciones respecto de la legislación tradicional en tanto recepta, entre otros, los principios de dirección del proceso confiada al órgano judicial, a quien incumbe como regla el impulso de aquél y se otorgan amplias potestades en materia instructoria, así como los de probidad, economía e inmediación. También el año 1872 marca el comienzo de la etapa de la codificación procesal en la provincia de Santa Fe(18), donde se convierte en ley y se promulga el 3 de diciembre de aquel año el proyecto de Código de Procedimientos redactado por una comisión integrada por los Dres. Severo Basavilbaso, Tomás Puig y Pedro Funes. Al referido ordenamiento le sigue el Código de Procedimientos en lo Civil y Mercantil, redactado por el Dr. Isaías Gil, que se promulga mediante decreto del 13 de septiembre de 1887, al cual se introducen reformas por ley del 15 de diciembre de 1890 y ulteriores modificaciones a través de leyes dictadas en los años 1906, 1907, 1918, 1920, etcétera. Posteriormente se encomienda a los 77   

Dres. Cabal y Atienza la redacción de un nuevo Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial que es sancionado por la ley 2924, de julio de 1940, y que si bien se halla situado en la línea de la Ley de Enjuiciamiento de 1855, aporta innovaciones de importancia representadas, particularmente, por la ampliación de las facultades de los jueces, la fijación del principio de perentoriedad de la mayoría de los plazos y la atenuación de los mayores inconvenientes derivados del sistema escrito. Finalmente, el mencionado código es sustituido por la ley 5531, promulgada el 11 de diciembre de 1961, mediante la cual se pone en vigencia, a partir del 1 de febrero de 1962, el "Código Procesal Civil y Comercial" que aún continúa rigiendo en la provincia y que exhibe, entre sus principales características, la de instituir el sistema oral con respecto al trámite de los procesos de divorcio, filiación, alimentos, responsabilidad por hechos ilícitos, pretensiones posesorias y de despojo. El primer Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial con que cuenta la provincia de Tucumán(19)es sancionado por ley 372, de 1873, al que luego suceden los Códigos de 1889 y 1922. Luego comienza a regir el Código Procesal Civil y Comercial puesto en vigencia por la ley 3621, del 19 de diciembre de 1969, cuyos lineamientos responden a los establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por otros códigos provinciales modernos, como los de Jujuy, Santa Fe y Mendoza, hasta que es sustituido por la ley 6167, que entra en vigencia el 5 de agosto de 1991. El 8 de abril de 1876 se sanciona, en la provincia de Salta(20), una "Ley de Enjuiciamiento Civil y Comercial", que no obstante su denominación constituye un verdadero código integrado por 740 artículos. Es luego sustituida por el "Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial" proyectado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y sancionado por ley del 22 de octubre de 1892, siendo sus principales innovaciones, respecto de la legislación anterior, la reglamentación de la queja y el recurso sobre constitucionalidad, del juicio de jactancia, de la ejecución de sentencia dictada en el extranjero y de los juicios de desalojo y de concurso civil, así como la supresión del recurso de nulidad e injusticia notoria, los recursos de fuerza, la prisión por deudas, el interdicto de obra vieja y el procedimiento en las quiebras. Luego, por ley del 2 de septiembre de 1905 entra a regir un nuevo código proyectado por el ministro de Gobierno de la provincia, Dr. Luis Linares, quien toma como modelo el Código de Procedimiento de la Capital Federal, y es finalmente sustituido por ley 5233, del 30 de enero de 1978(parcialmente modificado por ley 6568), que se halla aún vigente. También en el año 1876 comienza el período de la codificación en la provincia de Santiago del Estero(21), cuyo gobernador encomienda al Dr. Pedro Rueda la redacción de "códigos de procedimientos en lo civil, criminal y comercial", los que son sancionados, en un cuerpo legal único compuesto de tres libros, por ley del 2 de mayo del mencionado año. Dicho 78   

código es sustituido por el que redactan los Dres. Pedro Olaechea y Alcorta, Remigio Carol y Dámaso Jiménez Beltrán, que recibe sanción por ley del 21 de marzo de 1893. Sigue a este ordenamiento el Código de Procedimiento Civil redactado por el Dr. Manuel Argañaraz que se sanciona por ley del 18 de septiembre de 1900. Posteriormente obtiene sanción, con fecha 30 de octubre de 1941, la ley 1733, mediante la cual se aprueba el Código de Procedimiento Civil redactado por una comisión que integran los Dres. Rodolfo Arnedo, Santiago Dardo Herrera y Emilio Christensen, quienes adoptan las directivas y la técnica del Código de Santa Fe de 1940. Por último, dicho código es sustituido por el "Código Procesal Civil y Comercial" sancionado por ley 3534, del 14 de noviembre de 1969, que se encuentra vigente en la provincia y se ha adaptado, fundamentalmente, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En la provincia de Corrientes(22)se sanciona primero un "Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial" en el año 1890 que, con modificaciones introducidas por leyes posteriores, es finalmente reemplazado por el decreto-ley 14/2000, que lo adapta al Código nacional. En 1891 sanciona la provincia de Entre Ríos(23)su primer Código de Procedimientos, el que es derogado por ley 2590, de 1919. Actualmente rige en la provincia el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial sancionado por ley 4870, del 6 de abril de 1970, que se adapta también al Código nacional. El 1 de febrero de 1896 entra en vigencia, en la provincia de Mendoza(24), el "Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial" (ley 434), proyectado por el Dr. Ángel Rojas sobre la base, fundamentalmente, del Código de la Capital Federal. Posteriormente el gobierno de la provincia encomienda al Dr. Ramiro Podetti la redacción de un anteproyecto de Código Procesal Civil que, convertido luego con algunas modificaciones en proyecto del Poder Ejecutivo, es sancionado por la ley 2269, de 1953, y entra en vigencia a partir del 1 de febrero de 1954. Continúa aún en vigor, con algunas modificaciones que le son introducidas con posterioridad, y constituye una de las más relevantes expresiones de la legislación procesal moderna tanto por su metodología cuanto por los principios que recoge, entre los cuales importa destacar los de efectiva dirección del proceso por parte del órgano judicial, perentoriedad de los plazos, moralización, simplificación y aceleración del procedimiento, e inmediación, concentración y oralidad en el régimen probatorio. En la provincia de Córdoba(25)rigió el "Código de Procedimiento Civil y Comercial" sancionado por ley 1419, de 1896, con las modificaciones introducidas, entre otras, por las leyes 3481, 4335, 4782, 5405 y 5388, hasta que fue sustituido por ley 8465, del 27 de abril de 1995. Mediante ley 232, del 17 de noviembre de 1900, la provincia de Catamarca(26)adopta el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial 79   

de la Capital Federal, el cual rige en el ámbito local, con escasas modificaciones, hasta su derogación por la ley 2339, del 25 de marzo de 1970, que a su vez adopta el Código nacional. El "Código de Procedimientos Civiles" de la provincia de San Luis(27), proyectado por el Dr. Valentín Luco, es sancionado por ley 310, del 3 de noviembre de 1906. Dicho ordenamiento es luego derogado, con algunas excepciones, por ley 3341, del 20 de febrero de 1970, mediante la cual se sanciona un "Código Procesal Civil y Comercial", adaptado al que rige en el orden nacional. La provincia de San Juan(28)sanciona un Código de Procedimientos Civiles y Comerciales por ley dictada con fecha 1 de agosto de 1911, posteriormente reemplazada por la ley 3738, del 6 de octubre de 1972, que lo adaptó al Código nacional. En la provincia de La Rioja(29)se sanciona, mediante ley 541, de 1932, un Código de Procedimiento Civil y Comercial que es sustituido, en virtud de la ley 1575, del 30 de septiembre de 1950, por el "Código Procesal Civil y Comercial", proyectado por el Dr. Mario de la Fuente y representativo de las tendencias procesales modernas, particularmente en lo que atañe a la ampliación de las potestades del juez en cuanto a la dirección y la instrucción del proceso, el régimen de apreciación de la prueba, la perentoriedad de los plazos y la institución del principio de oralidad con respecto al trámite de determinados procesos. Dicho ordenamiento es sustituido por la ley 3372, del 7 de febrero de 1972, que sanciona un nuevo código inspirado en principios análogos a los del anterior, pero perfeccionado en su técnica, aunque posteriormente la ley 3374 dispone mantener la vigencia de los arts. 543 a 617 de la ley 1575. Con anterioridad a su provincialización, los ex territorios del Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén(30), Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se regían, en el orden procesal, por las leyes vigentes en la Capital de la República. Las leyes de provincialización, a su turno, dispusieron el mantenimiento de la legislación vigente en esos territorios hasta tanto fuera derogada o modificada por las respectivas legislaturas (leyes 14.037, 14.294 y 14.408). Los territorios provincializados adoptan el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, y posteriormente dictan Códigos Procesales que se adaptan, con algunas modificaciones resultantes del respectivo régimen institucional, al ordenamiento procesal vigente en el orden nacional. Tal lo que ocurre con las leyes 968 del Chaco(31)(6/8/1969), 751 del Chubut(32)(30/5/1969), 424 de (33) (34) Formosa (20/11/1969), 547 de La Pampa (6/8/1970), 444 de Misiones(35)(29/1/1969), 697 de Río Negro(36)(31/12/1971), 1418 de Santa Cruz(37)(19/8/1981) y 147 de Tierra del Fuego(38)(15/7/1994).

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CAPÍTULO III - LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL CIVIL SUMARIO: I. GENERALIDADES: 22. Concepto.— 23. Clases. II. LAS CONSTITUCIONES: 24. Constitución Nacional.— 25. Constituciones provinciales. III. LAS LEYES PROCESALES: 26. Justicia federal.— 27. Justicia ordinaria de la Capital Federal.— 28. Justicia provincial.— 29. Tratados internacionales. IV. LOS REGLAMENTOS JUDICIALES: 30.

Y

LAS

ACORDADAS

Concepto.— 31. Justicia nacional.— 32. Justicia provincial.— 33. Alcance de los reglamentos. V. LA COSTUMBRE: 34. Concepto.— 35. Manifestaciones. VI. LA JURISPRUDENCIA: 36. Concepto.— 37. Jurisprudencia obligatoria. VII. LA DOCTRINA: 38. Generalidades.— 39. Orientaciones de la doctrina procesal.— 40. Orientación exegética.— 41. Orientación sistemática.— 42. La doctrina procesal en la República Argentina.— 43. La doctrina procesal en otros países latinoamericanos.

I. GENERALIDADES(1)

22. Concepto Son fuentes del derecho procesal todos aquellos criterios de objetividad que, en razón de expresar la valoración de la comunidad o de sus órganos acerca de una determinada realidad de conducta, pueden ser invocados por los jueces para esclarecer el sentido jurídico de las conductas que deben juzgar durante el desarrollo del proceso(2). 81   

23. Clases a) En escala decreciente de obligatoriedad, constituyen fuentes del derecho procesal: 1º) la ley y la costumbre; 2º) la jurisprudencia; 3º) la doctrina. Al referirnos a la ley lo hacemos en sentido amplio, o sea, entendiendo por tal al conjunto de normas generales formuladas en forma expresa y reflexiva por un órgano competente, de manera que el término, así utilizado, comprende a la Constitución ("ley suprema" del Estado), a las leyes procesales propiamente dichas (códigos y leyes orgánicas sancionadas por el Poder Legislativo, así como los (3) tratados internacionales aprobados por dicho Poder ), y a los reglamentos y acordadas judiciales (conjuntos de normas generales dictadas por los tribunales de Justicia). En el curso de la exposición, estos tres grupos de "leyes" serán analizados separadamente, aunque de acuerdo con el orden que impone su respectiva jerarquía. b) Mientras la ley y la costumbre son fuentes primarias, la jurisprudencia y la doctrina constituyen fuentes secundarias, pues se hallan subordinadas a géneros legales o consuetudinarios preestablecidos. c) La mayor parte de los autores nacionales incluye, en la nómina de las fuentes del derecho procesal, a las llamadas fuentes históricas, siendo frecuente que, en el respectivo capítulo, se limite a efectuar una reseña de la evolución procesal a partir de los derechos griego o romano(4). Tal postura es, a nuestro juicio, errónea, por cuanto, aun en el supuesto de que las valoraciones jurídicas que informan a una determinada institución procesal hayan desembocado en nuestro presente existencial a partir de cierto momento pretérito, el resultado de la pertinente indagación histórica carece de toda relevancia, por sí sola, para objetivar el sentido jurídico de un caso judicial. Los antecedentes históricos, en efecto, no perfilan concretamente ningún contenido de conducta y sólo son uno de los múltiples factores sobre los cuales recae la valoración del órgano respectivo en oportunidad de crear una norma jurídica(5). Pertenecerían, en todo caso, al heterogéneo conjunto de elementos (prejuicios, tendencias, concepciones filosóficas y políticas, motivaciones ocultas, etc.) que correspondería incluir dentro del superado concepto de "fuentes materiales" del derecho y cuyo estudio particularizado escinde la noción estrictamente jurídica de "fuente", que es inevitablemente formalmaterial(6). 82   

Sin perjuicio de lo que señala Palacio respecto de las fuentes del derecho procesal, cabe poner de relieve que el nuevo Código Civil y Comercial contempla expresamente la cuestión de las fuentes del derecho —y, con íntima vinculación, la de las reglas de interpretación de la ley— en los arts. 1º y 2º en los siguientes términos: "Art. 1º.— Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho". "Art. 2º.— Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento". Si bien estas previsiones rigen en forma inmediata para el derecho privado, su alcance impacta — entendemos— de modo indirecto al derecho procesal destinado a regular los trámites donde se ventilen pretensiones de esta naturaleza.

II. LAS CONSTITUCIONES

24. Constitución Nacional La Constitución Nacional contiene, por un lado, diversas normas referentes a la organización judicial, a la persona de los jueces nacionales, a la competencia de éstos, etcétera, y consagra, por otro lado, ciertas garantías que atañen a la regulación del proceso civil. Las analizaremos separadamente bajo los títulos de "normas orgánicas" y de "normas que instituyen garantías".

A) Normas orgánicas(7)

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Entre las normas encuadrables en este grupo importa destacar las que disponen: la obligación de las provincias de asegurar su administración de justicia (art. 5º); la fe que merecen los procedimientos de cada provincia en las demás (art. 7º)(8); la incompatibilidad entre el cargo de juez federal y el de juez provincial (art. 34); la forma y el tiempo de designación de los magistrados judiciales (art. 99, inc. 4º)(9); la constitución y la competencia del Poder Judicial de la Nación (arts. 108-119); la prohibición de que el presidente de la Nación ejerza funciones judiciales (art. 109); la institución del Consejo de la Magistratura, estableciendo sus funciones básicas, composición y atribuciones (art. 114)(10)y la del Jurado de Enjuiciamiento para la remoción de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación (art. 115)(11); y lainstitución del Ministerio Público como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera (art. 120)(12).

B) Normas que instituyen derechos y garantías Entre esta categoría de normas merecen destacarse las que a continuación analizamos:

1º) Abolición de los fueros personales No hay, en la Nación Argentina, fueros personales, dice el art. 16 de la Constitución Nacional. Esta garantía significa que la condición de la persona no puede ser tenida en cuenta, en general, como elemento susceptible de determinar la procedencia de un fuero judicial de excepción, cuando el hecho, en sí mismo, pertenece a la competencia de los jueces comunes. Por ello se ha decidido que la existencia de la jurisdicción militar no afecta la proscripción constitucional de los "fueros personales", pues aquélla no configura un fuero de excepción establecido en razón de la simple condición o estado de las personas, sino un fuero real o de causa basado en la naturaleza, el lugar y la ocasión de los actos sobre que versan los respectivos procesos(13). En un mismo orden de ideas se ha declarado que la norma constitucional a que nos referimos no alcanza al Consejo Nacional de Relaciones Profesionales, en cuanto a su competencia para decidir respecto de los hechos o actos denunciados como prácticas desleales y contrarias a la ética en las relaciones profesionales del trabajo (art. 47, ley 14.455), desde que se trata de un cuerpo jurisdiccional establecido con fundamento razonable en la naturaleza de las cuestiones cuyo conocimiento se le encomienda, y no en la mera privanza de los sujetos justiciables(14).

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2º) Jueces naturales Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, ni sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa (art. 18). Esta garantía tiene por objeto asegurar a los habitantes del país una justicia imparcial y resulta afectada cuando: a) personas no investidas de jurisdicción para conocer en las contiendas judiciales se atribuyen, por error o por abuso, el poder de hacerlo(15); b) se atribuye jurisdicción para juzgar un caso concreto y determinado a una persona u organismo ajeno al Poder Judicial; c) se sustrae una causa a la competencia del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuirla a un juez que no la tiene para conocer, en general, de la materia sobre la que aquélla versa, pues tal procedimiento comporta instituir, indirectamente, una comisión especial disimulada(16). Se sigue, de lo expuesto, que esta garantía constitucional es ajena a la distribución de la competencia entre los jueces permanentes que integran el Poder Judicial de la Nación y de las provincias, de allí que no sufra menoscabo porque uno u otro de ellos intervenga en el proceso con arreglo a lo que disponga la respectiva legislación(17), y que tampoco resulte afectada por la intervención de nuevos jueces, incluso en los procesos pendientes, como consecuencia de reformas operadas en la organización de la justicia o en la distribución de la competencia(18). Se ha decidido, asimismo, que la garantía a que nos referimos no es vulnerada en el supuesto de que se atribuya a autoridades administrativas, cuyas resoluciones son susceptibles de recurso judicial, el conocimiento de causas que tramitaban ante los jueces(19).

3º) Inviolabilidad de la defensa en juicio El art. 18 de la Constitución Nacional asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Esta garantía supone, elementalmente, la posibilidad de ocurrir ante algún órgano judicial en procura de justicia(20), así como la de aportar ante ese órgano las alegaciones y las pruebas que respalden los derechos invocados. a) La primera posibilidad se frustra y media, por lo tanto, violación a la garantía de la defensa, cuando se priva a los interesados de toda oportunidad útil para requerir de los jueces una decisión sobre el derecho 85   

que estiman asistirles o cuando, por consideraciones rituales, el ejercicio del derecho en debate es despojado de toda razonable eficacia. La Corte Suprema aplicó ese criterio en diversas oportunidades. Así ha declarado procedente el recurso extraordinario fundado en la violación de la garantía de la defensa en juicio, cuando habiendo tramitado la regulación de honorarios practicada en un exhorto, sin participación de los herederos recurrentes, en el juicio ejecutivo por cobro de aquéllos seguido ante el juez de la testamentaría, se los priva del derecho de oponer la defensa de prescripción del art. 4032 del Código Civil, con fundamento en que los honorarios regulados prescriben a los diez años y en la circunstancia de que la mencionada defensa resulta extemporánea(21). En otro caso, el Tribunal resolvió intervenir por aplicación del art. 24, inc. 7º, del decreto-ley 1285/1958(22), fundándose en que si bien la privación de justicia no resulta de la sola declaración de incompetencia de los tribunales argentinos, ella existe efectivamente en el supuesto en que se ha admitido la excepción en una demanda de divorcio en la que concurren las siguientes circunstancias: el último domicilio conyugal a la separación de los esposos se hallaba en la Argentina; la ausencia del país por parte del demandado; la avanzada edad de los cónyuges; la dificultad que importa para la radicación del juicio en el extranjero la circunstancia de que el esposo desenvuelve sus actividades en los centros financieros, industriales y comerciales más importantes del mundo, en su carácter de naviero con barcos de matrícula inglesa, italiana, panameña y griega; la actitud adoptada por aquél ante la iniciación del juicio, en el que la demanda no ha sido contestada, a más de cinco años de entablada; la posibilidad de cuestionar la competencia de cualquier tribunal extranjero ante el cual se radique la causa; y la imprevisibilidad de la sentencia de ese tribunal sobre su jurisdicción, la que, de ser negativa, escaparía a toda revisión por parte de la Corte(23). El mismo Tribunal ha dicho, asimismo, que vulnera la garantía de la defensa la sentencia que, de oficio, deja sin efecto lo actuado por la Cámara de Alquileres ante la falta de reglamentación provincial del art. 6º del decreto-ley 2186/1957, pues con ello queda diferida sine die la pretensión del recurrente de que se reajusten los alquileres hasta el límite de las erogaciones fiscales(24). La Corte se ha inspirado, sustancialmente, en el mismo criterio, para declarar que el reconocimiento, a organismos administrativos, de la facultad de dictar resolución definitiva con relación a litigios suscitados entre particulares y que versen sobre derechos subjetivos privados de éstos implica desconocimiento de la garantía constitucional de la defensa. En ese orden de ideas el tribunal ha decidido, entre otros casos, que si las disposiciones que gobiernan el juicio impiden a las partes tener acceso a una instancia judicial propiamente dicha, como lo hacen las leyes 13.246, 13.897 y 14.451, existe agravio constitucional originado en privación de justicia, pues ésta se configura toda vez que un particular, no obstante hallarse protegido por la garantía del art. 18, queda sin juez a 86   

quien reclamar la tutela de su derecho, sea que ello ocurra porque declinen su intervención todos los jueces en conflicto, o en virtud de la derogación de las normas que creaban los tribunales competentes para entender en la causa, o —como acontece con las leyes mencionadas— a raíz de preceptos legales que lisa y llanamente excluyen la debida intervención judicial, porque aun cuando el art. 18 de la Constitución Nacional no requiere multiplicidad de instancias, impone una instancia judicial al menos, siempre que estén en juego derechos, relaciones e intereses como los debatidos en un juicio de desalojo del arrendatario, fundado en el art. 3º, incs. d) y g), de la ley 14.451,los que no pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces sin agravio constitucional(25). Pero el sometimiento sin reserva, a un organismo administrativo, de las cuestiones suscitadas entre las partes, impide a éstas impugnar posteriormente la validez constitucional de aquél(26), razón por la cual, verbigracia, es improcedente el recurso extraordinario que, fundado en la inconstitucionalidad de los tribunales paritarios creados por las leyes 13.246 y 13.897, se interpone durante el procedimiento de ejecución de la sentencia, después de haberse consentido la intervención de tales organismos en el juicio(27). Asimismo, la preexistencia, al respectivo proceso, de un acto voluntario de adhesión, aceptación o sometimiento a la intervención de órganos arbitrales administrativos descarta la existencia de agravio al derecho de ocurrir ante un tribunal judicial en procura de justicia, por cuanto ese derecho es también renunciable por parte de quien, habiendo podido optar entre la vía judicial y la administrativa, elige esta última(28). Finalmente, la posibilidad de obtener el amparo judicial de los derechos lesionados requiere, como es obvio, el pronunciamiento de una sentencia fundada en la ley y en la prueba de los hechos controvertidos. Cuando, por el contrario, "se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes, regularmente traídas al juicio, o se hace remisión a las que no constan en él", existe arbitrariedad(29)y, por lo tanto, inobservancia de uno de los requisitos fundamentales que condicionan la efectiva vigencia de la garantía constitucional examinada; de allí que la Corte haya extendido la admisibilidad del recurso extraordinario respecto de las decisiones que adolecen de ese vicio, aun cuando ellas versen sobre cuestiones ajenas a la competencia del Tribunal. b) La garantía de la defensa en juicio se vincula, en segundo lugar, con el principio de contradicción, al que nos referiremos en oportunidad de estudiar los distintos principios procesales (infra, nro. 51). Sin perjuicio de lo que allí se dirá, corresponde ahora señalar que, bajo este aspecto, dicha garantía constitucional requiere que se acuerde a las partes, en el proceso, oportunidad suficiente de audiencia y de prueba, lo cual no significa que aquéllas deban ser oídas y tengan derecho de producir prueba en cualquier momento y sin ninguna restricción formal, ni tampoco 87   

que el desarrollo del proceso se encuentre supeditado al ejercicio efectivo de tales facultades. En otras palabras, la garantía de la defensa no impide la reglamentación de los derechos de las partes en beneficio de la correcta sustanciación de las causas, y no puede ser invocada por quienes, por simple omisión o negligencia, no hicieron valer sus pretensiones o defensas, o no ofrecieron o produjeron sus pruebas en la oportunidad y forma prescriptas por las respectivas normas procesales(30). De allí que se haya resuelto que no comporta agravio a la garantía de la defensa, por tratarse de una razonable reglamentación de ella, la imposición de asistencia letrada en determinados escritos judiciales(31); la determinación de la oportunidad para el ofrecimiento y la producción de la prueba(32); la limitación de las excepciones oponibles en los procedimientos de ejecución(33); la exclusión del cónyuge demandado en el procedimiento sumario, cuya sentencia no reviste carácter definitivo(34); la privación de la segunda instancia(35)o de la posibilidad de recusar sin causa(36); la prohibición de reconvenir en los juicios de desalojo, en tanto ella no obsta a que el demandado sea oído ni impide que haga valer sus pretensiones en otro juicio(37); la circunstancia de que el recurso judicial contra las resoluciones dictadas en supuestos de ciertas infracciones administrativas se otorgue en relación, si tal recurso es suficiente para decidir las cuestiones que el caso requiere(38); la oportunidad del fundamento de los recursos de apelación, así como el plazo para deducirlos, cuando la solución legal no aparezca como arbitraria o persecutoria ni constituya impedimento serio para el adecuado ejercicio del derecho de defensa(39); la exigencia del pago previo de la multa para la apertura del recurso contencioso-administrativo, si no se alega ni se prueba, que el cumplimiento de dicho requisito reviste desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del interesado(40); el término de veinticuatro horas establecido por el art. 6º de la ley 14.237 para que se agreguen copias de determinados escritos, en tanto la exigüidad de dicho término se compadece con la índole puramente material del acto, etcétera(41). Por aplicación del principio según el cual la garantía de la defensa no resulta vulnerada cuando el agravio deriva de la propia conducta discrecional del interesado, se ha declarado que aquélla no es invocable por quien renunció expresamente a la oposición de excepciones y a la sentencia de trance y remate, y no ha cuestionado la libertad de esa renuncia(42); por la parte que, al evacuar el traslado de un pedido de aumento de cuota alimentaria, se limitó a expedirse sobre el procedimiento respectivo(43); por el demandado que cuestiona la constitucionalidad de una ley procesal que lo faculta a contestar la demanda y ofrecer prueba en la oportunidad que señala, bajo apercibimiento de considerarlo rebelde y de dictarse sentencia con arreglo a las pretensiones del actor, si aquél se abstuvo de ejercer tales facultades en el estadio oportuno, etcétera(44). 88   

Afectan, por el contrario, la garantía constitucional de la defensa en juicio la resolución judicial que niega intervención en el juicio de desalojo a quien la solicitaba invocando título de propietario o poseedor del bien materia del juicio, por ser el demandado inquilino suyo(45); el procedimiento por el cual se llega a ordenar el desalojo de un inmueble sin dar a su ocupante oportunidad de probar sus alegaciones de no ser inquilino, tenedor precario ni intruso, de haber recibido la posesión de quien era propietario y le vendió el bien, y de no haber recibido nunca el acta de posesión(46); la sentencia que estima satisfecho el precio de compra de lotes de terreno, otorga la posesión de éstos e intima la escrituración, sin previa audiencia de los vendedores, con lo que se los privó de la oportunidad de articular la causal de rescisión prevista en los respectivos boletos de compraventa(47); el pronunciamiento que acuerda fuerza de cosa juzgada al auto que habilita la instancia en causa contra la Nación, decretado sin intervención de la demandada y sin más base que razones de conveniencia y economía procesal(48); la sentencia que hace lugar a un interdicto sin dar intervención a quien reviste el carácter de litisconsorte necesario (en el caso el Estado), en cuyo poder se encontrarían los bienes objeto del despojo(49); la regulación de honorarios practicada, sin audiencia ni trámite alguno, por un organismo profesional ajeno al Poder Judicial de la Nación, como el Consejo Profesional de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires(50); el procedimiento sobre amparo, dirigido contra la Nación, resuelto sin comparecencia del Estado nacional, al que ni siquiera se solicitaron informes sobre los hechos controvertidos(51); etcétera. Pero corresponde destacar que, en todos los casos, la impugnación constitucional de los procedimientos o de la sentencia debe ir acompañada de la concreta indicación de las defensas o de las pruebas de que habría sido privado el interesado, así como de la demostración de que tales defensas o pruebas resultan conducentes para la decisión del pleito o de la cuestión controvertida. Por ello la Corte Suprema tiene invariablemente decidido que es inadmisible el recurso extraordinario fundado en privaciones o restricciones de aquel género, cuando el recurrente omite el cumplimiento del mencionado requisito, pues en tal caso el recurso aparece desprovisto de suficiente interés jurídico o gravamen(52). Asimismo, debe tenerse en cuenta que no media violación a la garantía de la defensa cuando los jueces o los tribunales deniegan o prescinden del examen de elementos probatorios en razón de considerarlos inconducentes para la decisión del caso, siempre, desde luego, que la respectiva declaración judicial no adolezca de arbitrariedad, pues en tal caso vendría a frustrarse, por vía indirecta, la vigencia de aquella garantía(53). Tampoco existe lesión constitucional cuando los jueces omiten el examen de parte de la prueba ofrecida por el interesado, si el respectivo pronunciamiento encuentra apoyo en otros elementos de juicio agregados a la causa, que resultan suficientes para sustentar la decisión(54). 89   

También es oportuno recordar aquí que la garantía de la defensa en juicio no requiere la audiencia previa a toda forma de procedimiento(55). Tal conclusión ha sido establecida, especialmente, en materia de procedimientos administrativos, teniéndose en cuenta que la omisión o la restricción de audiencia que en ellos puede tener lugar es subsanable en el posterior trámite judicial(56). Al estudiar el principio de contradicción (infra, nro. 51), veremos que el mismo razonamiento es aplicable respecto de ciertos procesos judiciales. Vinculadas al aspecto de la garantía de la defensa que venimos analizando, se encuentran ciertas situaciones que configuran un exceso de decisión, por parte de los jueces y tribunales, respecto de los temas que han sido objeto de controversia o de impugnación en el curso del proceso. Desde este punto de vista se ha declarado, en primer lugar, que la sentencia de la causa, en materia civil, debe limitarse a lo que ha sido objeto de litigio entre las partes. Por lo tanto, es violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional la sentencia que, en el juicio de despido de un docente de la enseñanza privada, por entender que correspondía la reposición de aquél en su cargo, y ante la negativa del empleador a efectuarla, condena a pagar, invocando el principio iura novit curia, una indemnización por incumplimiento contractual que no había sido solicitada por el interesado y a cuyo respecto el condenado no tuvo ocasión de defenderse, pues el mencionado principio, destinado a reconocer a los jueces potestad para suplir el derecho erróneamente invocado por las partes, no justifica que aquéllos introduzcan de oficio acciones no planteadas en la causa, sin petición de la parte interesada ni audiencia de la contraria(57); la sentencia que desestima la pretensión del actor en su totalidad, excediendo los términos de la defensa opuesta por quien se allanó parcialmente a la demanda(58); la sentencia que condena al pago de una suma mayor a la pedida en el escrito de demanda(59), etcétera. Pero la circunstancia de que la sentencia decida el pleito, en virtud de razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes, sólo traduce la facultad de suplir el derecho que es propia de los jueces, y no comporta violación a la garantía de la defensa, siempre, desde luego —como se ha visto precedentemente—, que lo decidido no altere las circunstancias de hecho involucradas en el proceso ni comporte la introducción de cuestiones no debatidas(60). En segundo lugar, y sobre la base de que la competencia apelada de los Tribunales de Alzada se halla limitada por la extensión de los recursos concedidos para ante ellos, se ha resuelto que es violatoria de la garantía de la defensa la sentencia que, no obstante haberse apelado sólo por alta una regulación de honorarios, la reforma elevándola en perjuicio de quien la recurrió para que fuera modificada en su favor, desde que tal resultado convierte en contradictorio el propósito de defensa que la ley tiene en cuenta para acordar el recurso en el fuero civil ordinario(61); la sentencia 90   

que revoca en todas sus partes un pronunciamiento de primera instancia que sólo había sido apelado respecto del monto de la condena y la aplicación de costas, quedando firme en cuanto al reconocimiento del derecho de la parte recurrente(62); la sentencia que declara no corresponder honorarios a los procuradores por trabajos extrajudiciales si, según resulta de la restricción explícita con que el memorial de agravios mantuvo el recurso, éste sólo tuvo por objeto la reducción a justos límites de los honorarios regulados(63); la sentencia que declara la nulidad, en todas sus partes, de una sentencia de primera instancia que había quedado firme, con autoridad de cosa juzgada, respecto de una de las partes y que sólo fuera apelada válidamente por otro de los codemandados(64); la sentencia que declara la quiebra de la sociedad recurrente, no obstante haber ésta apelado del auto del inferior sólo en cuanto la tuvo por desistida de la petición de convocatoria de acreedores(65), etcétera. c) Debe recordarse, finalmente, la jurisprudencia de la Corte en cuya virtud se ha declarado que también reconoce base constitucional en la garantía de la defensa la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva y de impedir su ocultamiento por consideraciones meramente rituales. Tal orientación tiene su punto de partida en el difundido caso "Colalillo"(66), en el cual la Corte Suprema declaró que si bien es propio de los jueces de la causa determinar cuándo existe negligencia procesal sancionable de las partes, así como disponer lo conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de sus derechos, incurre en exceso ritual manifiesto y debe ser dejada sin efecto la sentencia que, haciendo mérito únicamente de la presentación extemporánea de un documento del que podía depender la solución del pleito, rechaza la demanda omitiendo toda consideración de éste y de las particulares circunstancias que impidieron su oportuna agregación al proceso(67). Entre otros casos posteriores(68), se ha resuelto, por ejemplo, que debe dejarse sin efecto la sentencia del Tribunal de Alzada que, con fundamento efectivo en la sola circunstancia de no haberse especificado en el acto de la audiencia la doble personería del representante de las condóminas actoras, revoca el pronunciamiento del inferior y prácticamente anula de oficio todo lo actuado, pues lo así decidido adolece de un exceso ritual que priva al pronunciamiento de base bastante para sustentarlo(69).

4º) Igualdad ante la ley y la inviolabilidad de la propiedad

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Existen, por último, dos garantías constitucionales que, pese a la circunstancia de no haber sido instituidas con específica referencia al proceso judicial, también tienen aplicación en él. Nos referimos a la de la igualdad de todos los habitantes ante la ley y a la de la inviolabilidad de la propiedad. a) Respecto de la garantía de la igualdad, es sabido que la reconocida por el art. 16 de la Constitución no es una igualdad absoluta o aritmética. Por el contrario, siempre se ha entendido que ella consiste en el derecho de que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se acuerda a otros en igualdad de circunstancias, creando distinciones arbitrarias, injustas u hostiles contra determinadas personas o grupos de personas(70). Llevada esa idea al plano del proceso, significa que, dentro de una razonable igualdad de condiciones o de circunstancias, debe dispensarse a las partes un tratamiento igualitario en el planteamiento de sus pretensiones y defensas. Por ello se ha decidido que no vulnera la igualdad ante la ley la excepción de arraigo que autoriza el Código de Procedimientos en lo Civil de la Capital Federal, por cuanto ella se funda en una distinción razonable que remite a la distinta situación de las partes(71); la circunstancia de que los litigantes con beneficio de pobreza estén excluidos de la exigencia del depósito para el otorgamiento de un recurso, pues ella no configura una excepción arbitraria sino razonable(72); el hecho de que en los juicios de apremio que tramitan directamente ante los Juzgados del Trabajo de la Capital Federal se prescinda del comparendo de conciliación establecido por la ley 12.948 (dec. 32.347/1944) para los ordinarios, dadas las notorias diferencias existentes entre el procedimiento de apremio y el juicio ordinario(73); la limitación establecida en el art. 57 de la ley 5178 (t.o.) de la provincia de Buenos Aires, en tanto se trata de una exigencia que el legislador provincial ha podido imponer y que en la hipótesis contemplada por el artículo citado alcanza a todo apelante en su condición de tal, con prescindencia de cualquier otra circunstancia(74); la sola posibilidad de la admisión del valor probatorio de los registros y los libros de la administración pública, pues el principio según el cual debe reconocerse una igualdad fundamental entre el Estado y los particulares, en los respectivos juicios, no supone la necesidad de una equiparación rigurosa, en tanto los últimos no se vean restringidos en la prueba útil de las circunstancias que hagan a su derecho(75); el procedimiento especial previsto por la ley para el trámite de las demandas contra la Nación, por cuanto no comporta una discriminación arbitraria, tendiente a consagrar un régimen de injusto privilegio o indebida persecución(76), etcétera. Por el contrario, se declaró que viola la garantía de la igualdad ante la ley el decreto 17.920, del 6 de julio de 1944, modificatorio de la Ley de Expropiación, nro. 189, en cuanto restringe la prueba pericial en los juicios 92   

de expropiación para determinar el valor de los inmuebles, en los casos en que el Estado es expropiante, en tanto admite dicha prueba con amplitud si se trata de un juicio entre particulares(77). Corresponde recordar, asimismo, que el art. 34, inc. 5º, ap. III, Código Procesal de la Nación (lo mismo que el art. 21 de la derogada ley 14.237) autoriza a los jueces y tribunales a disponer, de oficio, todas las medidas necesarias para mantener la igualdad de las partes en el proceso, y que tal principio ha sido reiteradamente invocado por la jurisprudencia para decidir que las facultades instructorias acordadas a los jueces no pueden ejercerse para suplir la omisión o la negligencia de las partes en materia de ofrecimiento y producción de la prueba(78). En alguna oportunidad, la Corte Suprema declaró que el principio constitucional de la igualdad resulta menoscabado por la existencia de sentencias contradictorias, en virtud de las cuales quienes se hallan en la misma situación jurídica, regida por las mismas normas legales y en circunstancias de hecho esencialmente equivalentes, resultarían tratados desigualmente(79). Pero esta doctrina a la que también prestaba apoyo la norma contenida en el art. 95 de la Constitución de 1949, entonces vigente, fue posteriormente rectificada por el Tribunal. La actual jurisprudencia, en efecto, se halla decididamente orientada en el sentido de que la uniformidad jurisprudencial no está constitucionalmente impuesta y que, por lo tanto, la existencia de fallos contradictorios con relación a una situación jurídica similar no implica quebrantamiento de la garantía de la igualdad, desde que ésta no obsta a la desigualdad de hecho que deriva de la interpretación de la ley, cuando ella es la consecuencia natural e inevitable del ejercicio de la potestad jurisdiccional que corresponde a los diversos tribunales del país al aplicar la ley conforme a su propio criterio(80). b) La garantía constitucional de la propiedad gravita, asimismo, en diversos aspectos del proceso civil. Debe recordarse, en primer lugar, que en su acepción constitucional la palabra "propiedad" no se refiere solamente al dominio de las cosas materiales, sino que comprende, como lo ha dicho la Corte Suprema citando un concepto enunciado por el Supremo Tribunal estadounidense, "todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad"; de allí que la Corte haya expresado, a través de numerosos precedentes, que el derecho reconocido por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada constituye un bien que queda incorporado al patrimonio del interesado y del cual no puede ser privado sin mengua del precepto constitucional que consagra la inviolabilidad de la propiedad(81). A esta idea fundamental responden los principios estudiados supra, nro. 9, con arreglo a los cuales las normas procesales no pueden aplicarse a aquellos procesos que, a la fecha de su sanción, se encuentren concluidos por sentencia firme(82), ni afectar, en los procesos en trámite, a los actos 93   

procesales definitivamente concluidos bajo la vigencia de una norma anterior. La misma idea se halla presente en los diversos fallos que hemos citado al ocuparnos de la garantía de la defensa en juicio con referencia a los límites de la competencia de los Tribunales de Alzada. En todos los casos allí resueltos, en efecto, la inobservancia de los límites impuestos por el contenido de los recursos implicaba, también, afectar lo decidido con carácter firme en primera instancia, con la consiguiente violación de la autoridad de la cosa juzgada adquirida por los aspectos del fallo que no fueron objeto de impugnación por ninguna de las partes(83). La garantía constitucional de la propiedad reviste también singular importancia en cuanto a las regulaciones de honorarios que corresponde practicar a favor de los profesionales intervinientes en el proceso. Como regla general, son violatorias de aquella garantía las resoluciones que, al regular honorarios, fijan sumas manifiestamente desproporcionadas con el monto de la causa y con la naturaleza de la labor cumplida(84). Interesa recordar, por último, que en algunas oportunidades la admisión del recurso extraordinario por sentencia arbitraria fue fundada, por la Corte, en la norma constitucional que impide privar de la propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley, que es, precisamente, el requisito que falta en los supuestos de arbitrariedad(85).

5º) Nuevos derechos(86) A los derechos y garantías analizados en los números anteriores corresponde actualmente agregar aquellos que revisten incidencia colectiva denominados por ellointereses difusos y han sido incorporados al texto constitucional reformado en 1994.

a) Uno de ellos, que ya contaba con consagración explícita en el art. 66 de la Constitución portuguesa y en las constituciones de las provincias de Córdoba (art. 123(87)) y de Río Negro (arts. 70 y ss.(88)), es el derecho ecológico o ambiental, definido como aquel que consiste en tener un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado(89). Prescribe a su respecto el art. 41, párrafo primero, de la Constitución Nacional que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo, agregando que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 94   

El precepto no sólo tutela a todos los habitantes, sino también, como se advierte, a las generaciones futuras, de modo que, como lo señaló la convencional informante, se trata de un derecho intergeneracional, por cuanto entraña el cuidado del ambiente para las personas de hoy y para aquellas que han de heredar ese ambiente. El concepto de ambiente sano es comprensivo de la idea de preservación y no contaminación de elementos tales como el aire, el agua, el suelo y demás factores necesarios para la vida (vivienda, agua corriente, espacios verdes, etc.), en tanto que la noción de ambiente equilibrado implica que los ambientes transformados o agredidos por el hombre deben contar con respuestas equivalentes. Al derecho analizado corresponde, como aclara el art. 41, el deber de recomponer, el que se configura cuando se restablece, de ser posible, la situación previa al daño (v.gr., frente a la tala de árboles, la ejecución de nuevas plantaciones) y, cuando ello es imposible, el deber de reparación, de manera que la pretensión procesal pertinente tendrá, como objeto mediato, una obligación de hacer y, eventualmente, la obligación de dar una suma de dinero resarcitoria del daño. La norma constitucional de que se trata obliga, asimismo, a las autoridades (nacionales y provinciales) a proveer a la protección del derecho ambiental, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales (párrafo segundo) y concluye prohibiendo el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. b) El art. 42 de la Constitución reformada en 1994 contempla, en sus dos primeros párrafos, los derechos otorgados a consumidores y usuarios en la inteligencia señalada en el seno de la convención de que el Estado debe asumir, como antaño sucedió con el trabajador, una posición tutelar en pro de aquéllos, a fin de romper la debilidad estructural que padecen, en particular por encontrarse sujetos a contratos de adhesión a los que se ven obligados a someterse. Dispone al respecto el art. 42 de la Constitución Nacional, en su párrafo primero, que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, todo lo cual implica la exigencia de que los productos alimentarios se ajusten a las directivas de las Naciones Unidas de 1985(90); la necesidad de que, a través de la publicidad, no se induzca a engaños acerca de la calidad y la eficiencia de los bienes y servicios, y la imposición de una suerte de justicia contractual que proteja a los consumidores de los abusos que a menudo se cometen con la letra chica contenida en los contratos.

95   

El párrafo segundo del mencionado art. 42 impone a las autoridades el deber de proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al contralor de los monopolios naturales y legales (o sea, respectivamente, a aquellos que carecen de competencia como los servicios de agua corriente, cloacas y gas, y los necesarios y amparados por leyes nacionales), al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios (a fin de que viabilicen las quejas y acciones luego judicialmente). Por último, en relación con los servicios públicos, el párrafo tercero del art. 42 prevé la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control. c) La gravitación procesal de los derechos precedentemente mencionados reside en la ampliación de la legitimación activa para promover pretensiones de amparo tendientes a la protección expedita y rápida de los referidos derechos. Es así como el art. 43 de la Constitución Nacional, tras conceder el amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual e inminente lesione, restrinja, altere o amanece, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o ley, agrega, en el párrafo segundo, que podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registrados conforme a la ley, la que determinará los requisitos y las formas de su organización. La legitimación pasiva corresponde al autor o autores del acto lesivo, siendo del caso destacar que la sentencia obtenida por el afectado, el defensor del pueblo o la asociación tendría que beneficiar, con efecto extensivo, a todos aquellos a quienes el acto lesivo ha perjudicado.

25. Constituciones provinciales a) Las Constituciones provinciales contienen numerosas normas de naturaleza procesal que pueden clasificarse, fundamentalmente, en dos categorías cuyo respectivo análisis se hace a continuación. b) Dentro de la primera categoría se hallan incluidas las normas que regulan la organización y la competencia de los poderes judiciales locales, así como la forma de elección y remoción, duración en sus cargos e incompatibilidades de los integrantes de esos poderes. 96   

c)(91)Pertenecen a la segunda categoría aquellas normas constitucionales que consagran garantías procesales a favor de las partes. Configuran, sustancialmente, la reproducción de los derechos que asegura la Constitución Nacional, cuyo art. 5º, por lo demás, no admite que las constituciones locales restrinjan o limiten los principios, las declaraciones y las garantías que ella establece, y si bien la mayoría de tales preceptos tiende a proteger la situación del imputado en el proceso penal, aspecto en el cual las cartas locales resultan particularmente minuciosas, los hay aplicables a cualquier tipo de proceso y al proceso civil en particular. Dentro del primer grupo cabe incluir, por ejemplo, los que instituyen la publicidad de los procedimientos judiciales en general (v.gr., Buenos Aires, art. 169; Catamarca, art. 209; Corrientes, arts. 33 y 193; Mendoza, art. 146; Neuquén, art. 62) o de la prueba en particular (v.gr., Córdoba, art. 41; Entre Ríos, art. 64; Tucumán, art. 29), los que exigen la fundamentación de las sentencias (v.gr., Buenos Aires, art. 171; San Luis, art. 210; Santa Fe, art. 95; Santiago del Estero, art. 182; Tucumán, art. 30) y los que establecen como requisito de validez de las dictadas por órganos judiciales colegiados el de que exista mayoría de opiniones de sus integrantes acerca de cada una de las cuestiones esenciales a decidir (v.gr., Buenos Aires, art. 168; San Luis, art. 211). Con referencia al proceso civil en particular corresponden a la categoría de normas analizadas, por ejemplo, las que establecen, con la salvedad de las restricciones impuestas por las leyes de la materia, la libre defensa en causa civil propia y la libre representación (v.gr., Buenos Aires, art. 170; Catamarca, art. 29; Santiago del Estero, art. 55) y la prohibición del encarcelamiento en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa, especificados por la ley (v.gr., Buenos Aires, art. 33).

III. LAS LEYES PROCESALES

26. Justicia federal a) A partir del año 1862 se han dictado numerosas leyes sobre organización y competencia de la justicia federal, y una ley (la 50) destinada a reglamentar el procedimiento ante los jueces y los tribunales integrantes de ese fuero, la cual, tras regir durante más de un siglo, fue derogada en su totalidad por la ley 17.454, que sancionó y promulgó el "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación". 97   

b) Entre las leyes orgánicas corresponde mencionar la ley 27, del 16 de octubre de 1862, sobre organización de los tribunales federales, que determina la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y crea un Juzgado Nacional de sección en cada provincia; la ley 48, del 14 de septiembre de 1863, sobre organización y competencia de los tribunales federales y relaciones de éstos con los tribunales de provincia; la ley 927, del 3 de septiembre de 1878, que excluye de la competencia de los jueces de sección los juicios universales de concurso de acreedores y sucesorios, así como las causas en que el objeto demandado no exceda de quinientos pesos; la ley 4055, del 11 de enero de 1902, sobre reformas a la organización de los tribunales nacionales y creación de las Cámaras Federales de Apelaciones de la Capital, La Plata, Paraná y Córdoba; la ley 4074, del 4 de junio de 1902, sobre creación de nuevos Juzgados Federales en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe; la ley 4162, del 8 de enero de 1903, sobre integración de los tribunales federales en los casos de recusación, impedimento, vacancia o licencia; la ley 5011, del 4 de octubre de 1906, sobre creación de un nuevo Juzgado Federal en Concepción del Uruguay; las leyes 7099, del 20 de septiembre de 1910, 11.539, del 29 de septiembre de 1928, 12.217, del 23 de septiembre de 1935 y 12.345, del 9 de enero de 1937, sobre creación de las Cámaras Federales de Apelaciones de Rosario, Bahía Blanca, Mendoza y Tucumán; el decreto-ley 4256/1945, sobre creación de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; la ley 13.998, del 6 de octubre de 1950, sobre organización y competencia de la justicia nacional, dentro de la cual se incluye a todos los jueces y tribunales con asiento en la Capital Federal (de tal manera desaparece la distinción que hasta entonces se formulaba entre las magistraturas local y federal existentes en ese distrito) y a los jueces y tribunales federales con asiento en las provincias, que dicha ley denomina "nacionales"; el decreto-ley 1285/1958, del 4 de febrero de 1958, también sobre organización y competencia de la justicia nacional, que ratifica el carácter y la denominación acordadas a los jueces y tribunales de la Capital por la ley 13.998 y restituye a los jueces y tribunales con asiento en las provincias su tradicional denominación de "federales". Los ordenamientos precedentemente citados continúan vigentes en todos aquellos aspectos que no hayan sido materia de expresa derogación por leyes posteriores y, especialmente, por el decreto-ley 1285/1958, que constituye el último cuerpo legal orgánico e integral sobre la justicia nacional. En lo que atañe específicamente al orden federal, dicho decretoley ha sido parcialmente modificado por las leyes 15.271, sobre composición y competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 16.895, sobre composición de dicho tribunal; 17.116, sobre competencia de la Corte y reglas de procedimiento aplicables en la sustanciación de los recursos ordinarios, de apelación y de queja que se deduzcan ante aquélla; 19.277, que acordó el carácter de órgano autónomo a la Cámara 98   

Nacional Electoral y 19.912, que modificó parcialmente la competencia de la Corte en los casos de apelación ordinaria. Con posterioridad se dictaron, entre otras, las leyes 21.161, 22.176, 23.158, 23.650, 23.735 y 23.867, que crearon, respectivamente, las Cámaras Federales con sedes en San Martín, Comodoro Rivadavia, Posadas, General Roca, Corrientes, Mar del Plata y Salta y la ley 23.774 que elevó a nueve el número de jueces de la Corte Suprema(92). c)(93)En cuanto a los procedimientos a observar ante los órganos de la justicia federal, se hallan actualmente regulados por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, también aplicable por todos los tribunales con competencia ordinaria que tienen su sede en la Capital Federal. Dicho Código, que aún se encuentra vigente con las modificaciones introducidas por las leyes 22.434, 24.441 y 25.488(94), consta de siete libros dedicados, respectivamente, a las disposiciones generales, a los procesos de conocimiento, a los procesos de ejecución, a los procesos especiales, al proceso sucesorio, al proceso arbitral, y a los procesos voluntarios y disposiciones transitorias(95). Cada uno de esos libros se halla compuesto de diversos títulos y cada uno de éstos, a su vez, se divide en varios capítulos, algunos de los cuales se encuentran divididos en secciones. A raíz de las leyes de reforma mencionadas resultó eliminado el Capítulo I del Título III del Libro II, relativo al proceso sumario (arts. 486-497), así como el Capítulo I del Libro V, que regulaba el concurso civil de acreedores, habiéndose agregado, al Título I del Libro IV, un Capítulo VIII referente a la denuncia de daño temido y a la ejecución de reparaciones urgentes y al Título II del mismo libro un capítulo que regula el juicio de declaración de inhabilitación. A los fines de reformar el CPN para modernizar sus contenidos, incorporar figuras que tiendan a una mayor efectividad procesal y recoger los lineamientos que aporta el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación desde su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015, se ha presentado —ese mismo año— a la comunidad científica el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación del profesor Mario E. Kaminker y colaboradores. En esta edición se hará referencia al mismo como "Anteproyecto del año 2015".

27. Justicia ordinaria de la Capital Federal a) La primera ley orgánica sobre los tribunales de la Capital Federal fue la 1144, cuya sanción obedeció al propósito de dotar a aquélla, que había adquirido su condición de Capital de la República por la ley 1029 del 21 de 99   

septiembre de 1880, de una administración de justicia autónoma respecto de la provincial que hasta ese momento tenía jurisdicción dentro de su ámbito territorial. Con posterioridad se dictaron la ley 1893, del 12 de noviembre de 1886, sobre organización de los tribunales de la Capital, que modifica la estructura establecida por la ley 1144; la ley 7055, del 17 de agosto de 1910, sobre reorganización de los tribunales de la Capital, que crea una nueva Cámara de Apelaciones en lo Civil, convierte a la entonces llamada Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Correccional y Comercial en Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, instituyendo una nueva Cámara compuesta de cinco miembros para conocer en los asuntos comerciales; determina el modo de integrarse las Cámaras en caso de impedimento o recusación de algunos de sus miembros, así como la forma de solucionarse los conflictos de competencia que pudieren suscitarse entre ellas y fija el número de jueces de primera instancia en los distintos fueros de la Capital; la ley 11.924, que crea la justicia de paz letrada y reglamenta, asimismo, el procedimiento a observar en los respectivos juicios; la ley 12.330, del 21 de diciembre de 1936, sobre nueva organización de las Cámaras de Apelaciones de la Capital; el decreto-ley 32.347/1944, del 30 de noviembre de 1944 (ratificado por ley 12.948, del 23 de agosto de 1947), sobre organización, competencia y procedimiento de la jurisdicción del trabajo; la ley 13.998, del 6 de octubre de 1950, que, como dijimos, establece el carácter nacional de los jueces de la Capital, haciendo desaparecer así la diferencia que hasta entonces se admitía en ese distrito entre jueces ordinarios o locales y jueces federales; el decretoley 1285/1958, que, como también recordamos, constituye el último ordenamiento integral dictado sobre la organización de la justicia nacional y, por ende, sobre la organización de los tribunales de la Capital Federal; la ley 14.755, que eleva a dieciocho el número de miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; la ley 14.769, que eleva a nueve el número de miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; la ley 16.440, que crea una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones de Paz mediante la incorporación a ese tribunal de los jueces integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; la ley 17.014, que aumenta a dieciocho y a siete, respectivamente, el número de jueces de las Cámaras Nacionales de Paz y en lo Penal Económico; la ley 19.455, que creó una nueva sala en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y aumentó el número de Juzgados de Primera Instancia dependientes de aquélla; la ley 19.809, que modificó la designación y la competencia de la justicia nacional de paz, etcétera(96). b) No obstante la desvinculación que estableció en materia de organización judicial, la ley 1144 dispuso, igual que la posterior 1893, que hasta tanto se dictaran las leyes de procedimiento para la Capital, continuarían rigiendo las leyes vigentes en la provincia de Buenos Aires, entre las cuales se encontraba, como recordamos supra, nro. 21, el 100   

Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial sancionado en 1880. Con las reformas parciales de que posteriormente fue objeto, dicho Código rigió en la Capital Federal hasta su derogación por la ley 17.454, que sancionó y promulgó el "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación". Éste constituye el ordenamiento procesal vigente en aquel distrito y de sus antecedentes, estructura y orientaciones nos ocupamos ya en el número anterior. c)(97)Importa destacar, finalmente, que con fundamento en una errónea comprensión del art. 129 de la Constitución Nacional que otorga a la ahora denominada Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultades propias de legislación y jurisdicción, y con prescindencia del carácter nacional que revisten, según se ha visto, los juzgados y tribunales más arriba mencionados, la legislatura local sancionó la ley mediante la cual dispuso que la judicatura nacional ordinaria mantendrá su situación en el Poder Judicial de la Nación y que la Ciudad de Buenos Aires tendrá jueces en materia de vecindad, contravencional y tributaria locales. Por ello, la primera norma transitoria de la ley 7suspendió la vigencia de los artículos relativos al funcionamiento de los órganos judiciales nacionales de los fueros ordinarios, condicionándolo al acuerdo que el gobierno de la Ciudad celebre con el gobierno federal. Al margen de lo expuesto, la ley 7creó, en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un Tribunal Superior de Justicia integrado por cinco jueces (art. 21) y dotado de competencia originaria para conocer en los conflictos suscitados entre los poderes de la Ciudad y en las demandas promovidas por la Auditoría General; en las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad y en materia electoral y de partidos políticos hasta que se constituya el Tribunal Electoral, por vía de recurso de inconstitucionalidad; en los casos de privación, denegación o retardo de justicia y de recursos de queja contra denegatoria de recursos para ante el Tribunal Superior; en instancia ordinaria de apelación en las causas en que la Ciudad sea parte cuando el monto reclamado exceda al que se establezca legalmente, y de las cuestiones de competencia y las contiendas que en juicio se planteen entre jueces y tribunales de la Ciudad que carezcan de un superior jerárquico común que deba resolverlas (art. 26). La ley de que se trata creó, asimismo, una Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas integrada por doce jueces, dividida en cuatro salas de tres, siendo Tribunal de Alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia en lo contravencional y de faltas (art. 36). El art. 37 de la ley 7instituyó también una Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario integrada por seis jueces, que funciona dividida en dos salas de tres y es Tribunal de Alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces de lo contencioso administrativo y tributario. 101   

Funcionan quince Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera que fuera su fundamento y origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado (art. 48). La justicia de primera instancia en lo contravencional y de faltas, por último, está integrada por cuarenta y ocho juzgados que conocen en la aplicación del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la legislación de faltas y las leyes de aplicación en la Ciudad (art. 49).

28. Justicia provincial a) Con posterioridad a la Constitución de 1873, se han sancionado en la provincia de Buenos Aires numerosas leyes reglamentarias de la organización judicial. En la actualidad rige la ley 5827, del 4 de julio de 1955, que se ocupa de la organización, en general, del Poder Judicial, de la composición, competencia, integración y funcionamiento de los órganos respectivos, de las atribuciones y deberes de los magistrados judiciales, del ministerio público(98)y de las reparticiones y profesionales auxiliares de la administración de justicia. Esta ley ha sido objeto de diversas modificaciones, entre otras, por las leyes 5924, del 5 de noviembre de 1958, sobre creación del departamento judicial de Junín; 6244, del 28 de enero de 1960, sobre límites de diversos partidos en lo que respecta al Delta del Paraná; 6282, del 13 de agosto de 1960, sobre creación de una Cámara de Apelación y de una fiscalía de Cámara en el departamento judicial de San Nicolás; 7043, del 8 de septiembre de 1965, sobre división en salas de la Cámara de Apelaciones del departamento judicial de Azul y creación de nuevos cargos en dicho tribunal; 7079, del 20 de octubre de 1965, sobre elevación del número de jueces de la Suprema Corte, sorteo de causas entre éstos, integración de dicho tribunal y autorización para la creación de un nuevo Juzgado de Paz, en cualquiera de los partidos de la provincia, por cada 100.000 habitantes; 7164, 7602 y 7724 sobre creación de nuevos departamentos judiciales(99). En lo que concierne a la justicia de paz, la primitiva ley 1853, del 2 de junio de 1887, ha sufrido importantes modificaciones introducidas por leyes posteriores, entre las que cabe mencionar la 3858, del 29 de julio de 1926, la ya citada 5827 (Ley Orgánica del Poder Judicial) y la 6471, del 28 de diciembre de 1960(100). La organización y la competencia de los tribunales del trabajo, así como el procedimiento a observar ante esos tribunales, se hallan reguladas por la ley 7718, del 24 de junio de 1971, la que derogó a la primitiva ley 5178, del 6 de noviembre de 1947, y sus modificatorias (5532, 5764, etc.)(101). 102   

Corresponde mencionar, finalmente, el decreto-ley 21.209/1957, del 20 de noviembre de 1957, que creó, como parte integrante del Poder Judicial de la provincia, los tribunales rurales, estableciendo normas sobre organización, competencia y procedimiento. Algunas de sus disposiciones fueron luego reglamentadas por el decreto-ley 22.987/1957, del 6 de diciembre del mismo año. Pero en razón de haberse demorado la instalación de dichos tribunales, los que aún se encuentran en funcionamiento, se dictó el decreto-ley 3739/1958, del 26 de diciembre de 1958, en el cual se dispuso que hasta tanto aquéllos se constituyan la competencia para conocer de las cuestiones referentes al fuero rural corresponde a los tribunales del trabajo(102). Según se vio supra, nro. 21, actualmente rige en la provincia de Buenos Aires la ley 7425, del 19 de septiembre de 1968, mediante la cual se sancionó y promulgó el "Código Procesal Civil y Comercial". Se adaptó, como dijimos en el mismo lugar, al Código nacional, con las variantes emergentes de la reglamentación de instituciones que tienen rango constitucional en la provincia. Posteriormente, por ley 7861(103), del 19 de abril de 1972, se incorporó al Código un nuevo título bajo la rúbrica de "proceso oral", en el cual se enumeran los tipos de asuntos que, necesaria o voluntariamente, se hallan sometidos a ese sistema y se reglamenta el correspondiente procedimiento. b)(104)En la reseña hecha en supra, nro. 21, se hizo mención a los ordenamientos procesales locales vigentes en las provincias. De allí surge que con excepción de los códigos de Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, los vigentes en las restantes provincias se adaptaron al Código Procesal Civil de la Nación, algunos en su versión originaria y otros con las modificaciones introducidas por la ley 22.434(105).

29. Tratados internacionales(106) a) La República Argentina ha celebrado, sobre cuestiones de derecho procesal civil, nueve tratados y convenciones internacionales, cuatro de ellos multilaterales y cinco bilaterales. Asimismo, ha prestado adhesión a dos convenciones de ese carácter(107).

Se incluyen en el primer grupo los suscriptos en Montevideo en 1889 y 1940 con el Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, respectivamente. El Tratado de 1889 fue aprobado por la ley 3192, del 11 de diciembre de 1894, y el de 1940, que repite sustancialmente las cláusulas del anterior e introduce algunos agregados, que se referirán más adelante, fue aprobado por el decreto-ley 7771, del 27 de abril de 1957. 103   

Los tratados y las convenciones bilaterales fueron celebrados en Roma, con Italia, en 1887 sobre diligenciamiento de exhortos y ejecución de sentencias, y aprobado por ley 3983, del 29 de mayo de 1901; también en Roma, con la República italiana, el 9 de diciembre de 1987 sobre auxilio jurídico internacional, legalización de instrumentos públicos extranjeros, reconocimiento de sentencia extranjera, ejecución de sentencia extranjera y exhortos, aprobada por ley 23.720, del 6 de octubre de 1989; en París, con la República francesa, el 2 de julio de 1991, sobre cooperación judicial, aprobada por ley 24.107, del 28 de julio de 1992; en Brasilia, con la República Federativa del Brasil, el 20 de agosto de 1990, sobre cooperación judicial, aprobado por ley 24.108, del 28 de julio de 1992; y en Buenos Aires, con la República del Paraguay, el 28 de noviembre de 1995, sobre cooperación jurídica internacional y exhortos, aprobado por ley 24.847, del 11 de julio de 1997. Asimismo, la República Argentina adhirió al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, adoptado en La Paz (Bolivia) el 24 de mayo de 1984, aprobado por ley 24.037, del 20 de diciembre de 1991, y al Convenio relativo a la comunicación y notificación, en el extranjero, de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial, suscripto en La Haya el 15 de noviembre de 1965, aprobado por ley 25.097, del 18 de mayo de 1999. b) Los dos Tratados de Montevideo contienen diversos tratados parciales sobre cada una de las materias que fueron examinadas, uno de cuales se halla específicamente destinado a la materia procesal civil y comercial. En los restantes tratados, sin embargo, existen normas vinculadas a dicha materia, de las que también nos ocuparemos. El Tratado de Derecho Procesal de 1889 comienza por enunciar los siguientes principios sobre aplicación interespacial de las leyes procesales: 1º) Los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán con arreglo a la ley de procedimientos de la Nación en cuyo territorio se promuevan. 2º) Las pruebas se admitirán según la ley a que esté sujeto el acto jurídico materia del proceso, con excepción del género de pruebas que por su naturaleza no autorice la ley del lugar en que se sigue el juicio. A continuación, trata de las legalizaciones, estableciendo que, para surtir efecto en los otros Estados signatarios, las sentencias o laudos, las escrituras públicas y demás documentos auténticos otorgados por los funcionarios de un Estado, así como los exhortos y las cartas rogatorias, deben estar debidamente legalizados, y que la legalización se considera hecha en debida forma cuando se practica con arreglo a las leyes del país de donde el documento procede y cuando éste se halle autenticado por el agente diplomático o consular que en dicho país o en la localidad tenga acreditado el gobierno del Estado en cuyo territorio se pide la ejecución. Finalmente, el tratado se ocupa del cumplimiento de los exhortos, las sentencias y los fallos arbitrales, sentando los siguientes principios: 1º) Las sentencias y 104   

los fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios tendrán en los demás la misma fuerza que en el país en que se han pronunciado, siempre que hayan sido expedidos por tribunal competente en la esfera internacional; que tengan fuerza ejecutoria en el Estado en que se han expedido; que la parte contra quien se han dictado haya sido legalmente citada y representada o declarada rebelde conforme a la ley del proceso; y que no se opongan a las leyes de orden público del país de su ejecución. 2º) Para solicitar el cumplimiento de las sentencias y los fallos arbitrales es necesario acompañar copia íntegra de ellos, de las piezas que acrediten la citación de las partes y del auto que declare el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada de la sentencia o laudo, así como de las leyes en que dicho auto se funda. 3º) El carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias o fallos arbitrales y el juicio a que su cumplimiento dé lugar serán los que determine la Ley de Procedimientos del Estado donde se pide la ejecución. 4º) Los actos de jurisdicción voluntaria practicados en un Estado tendrán en los demás el mismo valor que si se hubiesen realizado en su propio territorio, con tal de que reúnan los requisitos precedentemente mencionados. 5º) Los exhortos y las cartas rogatorias tendientes a practicar cualquier diligencia judicial se cumplirán en los Estados signatarios siempre que reúnan las condiciones establecidas en el tratado. 6º) En los exhortos o las cartas rogatorias referentes a embargos, tasaciones, inventarios o diligencias preventivas, el juez exhortado proveerá a la designación de peritos, tasadores, etcétera, y a todo aquello que sea conducente al mejor cumplimiento de la comisión. 7º) Los exhortos y las cartas rogatorias se diligenciarán con arreglo a las leyes del país donde se pide la ejecución. 8º) Los interesados en la ejecución podrán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos que éstos y las diligencias ocasionen. El Tratado de Derecho Procesal de 1940 consagra los mismos principios, a los que introduce los siguientes agregados: 1º) Incluye, entre las sentencias cuyo cumplimiento puede pedirse ante los jueces de los Estados signatarios, las sentencias civiles, dictadas en cualquiera de ellos por un tribunal internacional, que se refieran a personas o a intereses privados. 2º) Prevé los trámites previos al exequatur, los cuales deben sustanciarse con audiencia del Ministerio Público, pudiendo oírse, a pedido formulado por dicho Ministerio, o de oficio, a la parte contra la cual se pretende hacer efectiva la sentencia o el laudo arbitral de que se trate. 3º) Autoriza al juez a quien se solicite el cumplimiento de una sentencia extranjera a tomar, a petición de parte y aun de oficio, todas las medidas necesarias para asegurar la efectividad del fallo, conforme a lo dispuesto por la ley del tribunal local sobre secuestros, inhibiciones, embargos y otras medidas preventivas. 4º) En el supuesto de hacerse valer como prueba la autoridad de cosa juzgada de una sentencia o de un laudo, deberá ser presentado en juicio con la documentación pertinente, y los jueces o los tribunales se pronunciarán sobre su mérito en la sentencia 105   

que dicten, previa comprobación, con audiencia del Ministerio Público, de que se ha dado cumplimiento a los requisitos que condicionan la eficacia de los fallos extranjeros (competencia en la esfera internacional, no oposición al orden público interno, etc.). 5º) Dispone que los exhortos o las cartas rogatorias deberán ser redactados en el idioma del Estado que los libre y serán acompañados de una traducción hecha en la lengua del Estado al cual se libra el exhorto o la carta rogatoria, debidamente certificada, agregando que las comisiones rogatorias en materia civil o criminal, cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos y, a falta de éstos, por conducto de los cónsules del país que libra el exhorto, no necesitarán legalización de firmas. 6º) En el supuesto de exhortos mediante los cuales se requiere la traba de un embargo, establece que la procedencia de la medida se regirá y determinará por las leyes y los jueces del lugar del proceso, aclarando que la traba del embargo, su forma y la inembargabilidad de los bienes denunciados a ese efecto se regirán por las leyes y se ordenarán por los jueces del lugar donde dichos bienes estuvieran situados, agregando que para ejecutar la sentencia dictada en el juicio en que se haya ordenado la traba del embargo sobre bienes ubicados en otro territorio, se seguirá el procedimiento establecido para el juicio de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras (nro. 2). 7º) Determina que, trabado el embargo, la persona afectada por la medida podrá deducir, ante el juez ante quien se libró el exhorto, la tercería pertinente, con el único objeto de que sea comunicada al juez de origen. Noticiado éste de la interposición de la tercería, suspenderá el trámite del juicio principal por un término no mayor de sesenta días, con el objeto de que el tercerista haga valer sus derechos. La tercería se sustanciará por el juez de lo principal conforme a sus leyes. El tercerista que comparezca después de fenecido ese término tomará la causa en el estado en que se encuentre. Si la tercería interpuesta fuese de dominio o de derechos reales sobre el bien embargado, se resolverá por los jueces y de acuerdo con las leyes del país del lugar de la situación de dicho bien. Además, el Tratado de 1940 agrega un nuevo título referente al concurso civil de acreedores, en el que establece los siguientes principios: 1º) El concurso se rige y se tramita por las leyes y ante los jueces del país del domicilio del deudor. 2º) Si hubiere bienes ubicados en uno o más Estados signatarios, distintos de los del domicilio del deudor, podrán promoverse, a pedido de los acreedores, concursos independientes en cada uno de ellos. 3º) Declarado el concurso, y sin perjuicio del derecho de los acreedores precedentemente mencionados, el juez respectivo tomará las medidas preventivas pertinentes respecto de bienes situados en otros países, y, al efecto, procederá en la forma establecida con referencia a los exhortos en materia de medidas cautelares. 4º) Cumplidas las medidas preventivas, los jueces a quienes se libran los exhortos harán conocer, por edictos publicados durante treinta días, la declaración del concurso, la designación de síndico y de su domicilio, el plazo para presentar los títulos crediticios y las medidas preventivas que se hubieren 106   

tomado. 5º) En el supuesto de existir bienes ubicados en Estados distintos de los del domicilio del deudor, los acreedores locales, dentro de los sesenta días subsiguientes a la última publicación mencionada en el número anterior, podrán promover el concurso del deudor respecto de los bienes ubicados en ese país. Para ese caso, como para el de juicio único de concurso, que se siga ante los tribunales y de acuerdo con las leyes del país del domicilio del deudor, los acreedores locales tendrán el derecho de preferencia sobre los bienes ubicados en el territorio donde sus créditos deben ser satisfechos. 6º) Cuando proceda la pluralidad de concursos, el sobrante que resultare a favor del deudor en un país signatario quedará afectado a las resultas de los otros juicios de concursos, transfiriéndose por vía judicial, con preferencia, al concurso declarado en primer término. 7º) Los privilegios se determinan exclusivamente por la ley del Estado donde se abra cada concurso, con las siguientes limitaciones: a) El privilegio especial sobre los inmuebles y el derecho real de hipoteca quedarán sometidos a la ley del Estado de su situación. b) El privilegio especial sobre los muebles queda sometido a la ley del Estado donde se encuentran, sin perjuicio de los derechos del Fisco por impuestos adeudados. La misma norma rige en cuanto al derecho que se funda en la posesión o en la tenencia de bienes muebles, o en una inscripción pública, o en otra forma de publicidad. 8º) La autoridad de los síndicos o de los representantes legales del concurso será reconocida en todos los Estados, los cuales admitirán en su territorio el ejercicio de las funciones que a aquéllos conceden la ley del concurso y el Tratado. 9º) Las inhabilidades que afecten al deudor serán decretadas por el juez de su domicilio, con arreglo a la ley de éste. Las inhabilidades relativas a los bienes situados en otros países podrán ser declaradas por los tribunales locales conforme a sus propias leyes. La rehabilitación del concursado y sus efectos se regirán por las mismas normas. 10º) Las reglas referentes al concurso serán igualmente aplicadas a las liquidaciones judiciales, concordatos preventivos, suspensión de pagos u otras instituciones análogas que sean admitidas en las leyes de los Estados contratantes. En los restantes tratados existen, como antes se recordó, normas de carácter procesal. El Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 contiene un título íntegramente dedicado a determinar cuál es el juez competente para conocer de los procesos que versen sobre: pretensiones personales (art. 56); declaración de ausencia (art. 57); capacidad o incapacidad de las personas para el ejercicio de los derechos civiles (art. 58); pretensiones procedentes del ejercicio de la patria potestad, y de la tutela y curatela sobre la persona de los menores e incapaces y de éstos contra aquéllos (art. 59); pretensiones relativas a la propiedad, enajenación o actos que afecten los bienes de los incapaces (art. 60); rendición de cuentas de los tutores y curadores (art. 61); nulidad de matrimonio, divorcio, disolución y, en general todas las cuestiones que afecten las relaciones personales de los esposos (art. 62); cuestiones surgidas entre los esposos sobre enajenación u otros actos que afecten 107   

los bienes matrimoniales (art. 63); medidas urgentes relativas a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio de la patria potestad y a la tutela y curatela (art. 64); existencia y disolución de cualquier sociedad civil (art. 65); sucesión por causa de muerte (art. 66); y pretensiones reales y las denominadas mixtas (art. 67). Los mismos aspectos fueron contemplados por el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940 (arts. 56-64), con el agregado de que admite la prórroga voluntaria y expresa de la competencia territorial en las pretensiones referentes a derechos personales de carácter patrimonial (art. 56). También contienen normas que atañen al proceso civil y comercial los Tratados de Derecho Comercial Internacional de 1889 y 1940. El primero establece cuál es el juez competente para conocer en los procesos que versen sobre: litigios que surjan entre los socios o que inicien los terceros contra la sociedad (art. 7º); reclamaciones que se deduzcan contra las sociedades de seguros (art. 10); choques y abordajes de buques matriculados en distintas naciones, producidos en aguas no jurisdiccionales (art. 12); naufragio de buques (art. 13); contrato de fletamento (art. 15); cuestiones suscitadas entre el dador y el tomador de un préstamo a la gruesa o a riesgo marítimo (art. 18); averías comunes (art. 23) y particulares (arts. 24-25); cuestiones suscitadas entre las personas que han intervenido en la negociación de una letra de cambio (art. 34). El segundo repite las reglas contenidas en el anterior sobre competencia en materia de litigios entre socios o que inicien terceros contra la sociedad (art. 11) y entre personas que han intervenido en la negociación de una letra de cambio, un cheque u otro papel a la orden o al portador (art. 35), y agrega reglas de competencia respecto de contratos de seguro (art. 13) y de transporte terrestre (arts. 16-17). Además, el Tratado de Derecho de Navegación Comercial de 1940 señala cuál es el juez competente en los procesos que versen sobre: abordajes (arts. 6º, 8º y 9º); cuestiones suscitadas sobre servicios de asistencia y salvamento (art. 13); averías particulares (art. 16) y comunes (art. 19); litigios vinculados al ejercicio de sus cargos, que se susciten entre el capitán y gente del equipaje al servicio de buques de nacionalidad de alguno de los Estados, que se encuentren en aguas jurisdiccionales de otro (art. 23); litigios entre el capitán o la gente del equipaje y las personas extrañas al servicio permanente del buque de nacionalidad de uno de los Estados, que se encuentre en aguas jurisdiccionales de otro (art. 24); contratos de fletamento y de transporte de mercaderías o de personas (arts. 25 y 27); seguros marítimos (art. 30); cuestiones suscitadas entre el dador y el tomador de un préstamo a la gruesa (art. 33). Corresponde añadir que los Tratados de Derecho Comercial de 1889 (arts. 35-48) y de 1940 (arts. 40-53) contienen extensos títulos dedicados a los juicios de quiebra, en los cuales se establecen reglas sobre la competencia de los jueces, la extensión de medidas preventivas respecto de bienes situados en otros Estados, el derecho de los acreedores locales, 108   

el reconocimiento de la autoridad de los síndicos o representantes legales de la quiebra, etcétera. c) El Tratado celebrado con Italia versa sobre diligenciamiento de exhortos y ejecución de sentencias, y contiene las siguientes reglas: las autoridades judiciales competentes de cada uno de los dos países darán ejecución a las cartas rogatorias que les fuesen dirigidas por las del otro tanto en materia civil y comercial cuanto en materia penal, no política (art. 1º). Las cartas rogatorias en materia civil y comercial podrán tener por objeto la citación, juramento, interrogatorio y deposición de testigos, el examen, la copia o traducción, verificación o entrega de documentos, el secuestro y remisión de objetos, la inspección y examen de libros, su exhibición y todas las demás prácticas que sirvan para la decisión de las causas (arts. 2º-3º). Las cartas rogatorias serán escritas en el idioma del Estado requirente y trasmitidas por vía diplomática. Contendrán, en cuanto sea posible, la indicación del domicilio de las personas que deban citarse (art. 4º). En la ejecución de las cartas rogatorias se admitirán siempre las excepciones deducidas por las partes y se transmitirán convenientemente a fin de que sean juzgadas como sea de derecho (art. 5º). Los particulares interesados en la ejecución de cartas rogatorias en materia civil y comercial podrán constituir procuradores para promover la respectiva ejecución de aquéllas (art. 6º). Los gastos ocasionados en las cartas rogatorias en materia civil y comercial serán a cargo del interesado (art. 7º). Las sentencias definitivas en materia civil y comercial, pronunciadas por las autoridades de cada una de las partes contratantes, tendrán completa y recíproca ejecución en los Estados de la otra parte, como la de sus propios tribunales. Para el efecto será, sin embargo, necesario que los tribunales competentes de la circunscripción en que debe ejecutarse la sentencia según las respectivas leyes de procedimiento, la declaren ejecutiva, después de haber citado a los interesados a un juicio sumario en el cual se examinarán solamente: 1º) si la sentencia cuya ejecución se demanda ha sido pronunciada por autoridad judicial competente; 2º) si las partes debidamente citadas han asistido al juicio personalmente o por medio de mandatario legal, o si han sido declaradas contumaces de conformidad con los códigos vigentes de procedimiento; 3º) si la sentencia procede del ejercicio de una acción personal y la obligación u obligaciones a cumplirse no son prohibidas por las leyes del Estado requerido; 4º) si la sentencia no contiene disposiciones contrarias al orden público o al derecho público del mismo Estado. La ejecución de la sentencia podrá ser requerida por vía diplomática o directamente por la parte interesada; advirtiendo que cuando ella sea demandada por vía diplomática, si la parte interesada no ha constituido procurador, éste será nombrado de oficio por el magistrado que debe decidir sobre el punto y deberá satisfacer al procurador el pago de los gastos legítimos de su cargo. La autenticación de la sentencia se hará de conformidad con las leyes de cada país, agregándose la legalización final del Ministerio de Negocios Extranjeros (art. 8º). 109   

IV. LOS REGLAMENTOS Y LAS ACORDADAS JUDICIALES

30. Concepto a) A fin de facilitar el mejor funcionamiento de la administración de justicia, y frente a la imposibilidad de prever los múltiples problemas de orden práctico que la actividad procesal puede suscitar, las leyes suelen conferir a los órganos judiciales superiores la facultad de dictar normas generales, destinadas a complementar o integrar los textos legales relativos a determinados aspectos de la organización judicial y a la regulación de los procedimientos. b) Según versen sobre diversas materias o sobre un punto determinado, tales ordenamientos de carácter general se denominan, respectivamente, reglamentos judiciales o acordadas reglamentarias. Corresponde señalar, sin embargo, que todos los reglamentos judiciales se dictan mediante acordadas(108), que constituyen resoluciones así llamadas para diferenciarlas de las sentencias y que en ocasiones tienen de común, con éstas, la circunstancia de configurar normas individuales, si bien exclusivamente referidas a las materias propias de las facultades de superintendencia que ejercen los tribunales superiores. Tal lo que ocurre, por ejemplo, cuando éstos disponen designar, remover o conceder licencia a un funcionario o empleado de su dependencia.

31. Justicia nacional a) Las disposiciones legales que instituyen la facultad reglamentaria a que nos referimos son, en el orden nacional, el art. 18 de la ley 48, que autoriza a la Corte Suprema a "establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no sean repugnantes a las prescripciones de la Ley de Procedimientos"; el art. 10 de la ley 4055, que aparte de establecer la superintendencia de la Corte Suprema sobre los tribunales inferiores de la justicia federal dispone que 110   

dicho tribunal debe "dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia"; el art. 22 de la misma ley, que encomienda a las Cámaras Federales dictar "un reglamento interno" que "someterán a la aprobación de la Suprema Corte y el art. 21 del decretoley 1285/1958, que —reproduciendo el mismo artículo contenido en la ley 13.998— prescribe que "la Corte Suprema dictará su reglamento interno y económico y el Reglamento para la Justicia Nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y (109) tribunales inferiores" . Con relación a los tribunales de la Capital Federal, el art. 102 de la ley 1893autoriza a las Cámaras de Apelaciones con asiento en ella para dictar "los reglamentos convenientes para la mejor administración". b)(110)El reglamento para la justicia nacional, dictado por la Corte Suprema mediante acordada del 17 de diciembre de 1952 y modificado posteriormente por diversas acordadas, se halla dividido actualmente en doce partes. La primera, bajo el título disposiciones generales, contiene normas relativas a los días y horas hábiles; a las obligaciones de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, a la designación, incompatibilidades y ascenso de funcionarios y empleados judiciales; al juramento, deberes e incompatibilidades de los magistrados, funcionarios y empleados de la justicia nacional; a la aplicación de sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados; a la concesión y cancelación de licencias a magistrados, funcionarios y empleados; al registro de funcionarios y empleados; al registro de expedientes en estado de dictar sentencia y a las formalidades de ciertos actos procesales (firma, sello y citas de las resoluciones judiciales; comunicados a los agentes diplomáticos y a la Corte Suprema; exhortos dirigidos a autoridades judiciales extranjeras; emplazamiento en los casos de recursos concedidos para ante la Corte; notificación de sentencias criminales; dictámenes periciales; cargo de los escritos; tinta, firma y encabezamiento de escritos; agregación de documentos; desgloses de poderes; pedidos de regulación de honorarios; oficios de embargos o inhibiciones; pedidos de reintegro de cuotas de embargo posteriores al fallecimiento del deudor y compaginación de expedientes); al manejo de fondos administrativos; a la extracción de fondos y a las formas de los giros y transferencias y a la revisación, custodia y remisión de expedientes. La segunda parte reglamenta el funcionamiento interno de la Corte Suprema, en cuanto a los acuerdos ordinarios y extraordinarios, juicios verbales, audiencias e informes in voce; juramentos; conjueces; autoridades de feria; feriados, asuetos y homenajes que puede disponer la Corte Suprema; designación, aceptación de renuncias y resolución de sanciones expulsivas. La tercera parte regula el nombramiento, duración, representación, firma y demás funciones del presidente del tribunal. La cuarta parte se refiere a los secretarios de la Corte y regula su número y sustitución, firma, atención al público, licencias y sanciones e intervención en las audiencias de prueba 111   

y juicios verbales. La quinta parte se ocupa de las funciones de la Secretaría de Superintendencia (hoy: Administración General de la Corte Suprema, acordada 50/1996). La sexta parte reglamenta las funciones de las Secretarías Judiciales del Tribunal, así como también la distribución de la publicación de fallos y acordadas de la Corte Suprema, y los registros de expedientes, libros de sentencias y ficheros de jurisprudencia. La séptima parte se halla dedicada a las Cámaras Nacionales, sus reglamentos internos, los libros que deben llevar, la forma de integrarse en la Capital, la fecha para la elección de autoridades, la constitución para el fallo de las causas, la obligación de organizar el fichero de jurisprudencia y de informarse cada sala, antes de dictar sentencia, de los precedentes de las restantes del tribunal de que forma parte, y de las facultades y deberes de esos tribunales en los casos de feriados y asuetos locales y de homenajes, de la superintendencia, de la sustitución en capital y en el interior, de los turnos, de los registros de nombramientos de oficio, de edictos, de jurisprudencia, acerca de los libros a llevar en los Juzgados Nacionales, entre otras cuestiones. La octava parte versa sobre los cuerpos técnicos periciales y, más específicamente, sobre la elección de sus autoridades, sobre el cuerpo médico forense, distribución de tareas de los cuerpos médicos, sanciones, peritos de feria. La décima parte se ocupa de los peritos auxiliares; la undécima, de los rematadores judiciales; y la duodécima parte contiene disposiciones transitorias acerca del Ministerio Público y la fecha en que el reglamento debía entrar a regir. c) Por su parte, y en ejercicio de la facultad que les confiere el art. 102 de la ley 1893, las Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal han dictado numerosas acordadas relativas a su funcionamiento interno y al de los Juzgados de su dependencia, así como a determinados requisitos de los actos procesales(111). Pero debe tenerse en cuenta que las disposiciones reglamentarias que dictan las Cámaras de Apelaciones son válidas en la medida en que se ajusten a las normas dictadas por la Corte Suprema en ejercicio de las funciones generales de superintendencia que incumben a dicho tribunal, en los términos de los arts. 11, inc. 1º,) de la ley 4055, y 104 y 118 del Reglamento para la Justicia Nacional(112).

32. Justicia provincial Mediante la adopción de normas concebidas en términos sustancialmente semejantes, todas las Constituciones provinciales acuerdan a los respectivos Tribunales Superiores o Cortes de Justicia la potestad de dictar reglamentos internos aplicables tanto a su propio funcionamiento cuanto al de los órganos judiciales inferiores(113). Con 112   

mayores o menores especificaciones, tales normas se hallan reproducidas por las leyes orgánicas locales.

33. Alcance de los reglamentos El alcance de los reglamentos judiciales depende, ante todo, de los términos de la norma que acuerda la facultad reglamentaria. Por ejemplo, el art. 13 del decreto-ley 1285/1958, en tanto dispone que "el nombramiento y la remoción de los funcionarios y empleados que dependan de la Justicia de la Nación se hará por la autoridad judicial y en la forma que establezcan los reglamentos de la Corte Suprema", concede a dicho tribunal un amplio margen de arbitrio para regular la materia, sólo limitado por el art. 12 del mencionado decreto-ley, que determina los requisitos para ser designado secretario o prosecretario de los tribunales nacionales y por el art. 14 del mismo ordenamiento, que condiciona la remoción de los funcionarios y empleados de la justicia nacional a la comprobación de ineptitud o mala conducta y a la sustanciación de un sumario previo con audiencia del interesado. En líneas generales, puede decirse que la facultad reglamentaria adquiere su mayor grado de intensidad cuando se trata de la regulación del funcionamiento interno de los tribunales, por cuanto es obvio que éstos son quienes en mejores condiciones se encuentran para apreciar las necesidades de orden práctico que corresponde contemplar y prever dentro de ese ámbito. En lo que concierne a la reglamentación de las normas referentes a los actos procesales, la función normativa de los tribunales debe cuidar, según lo expresa el art. 18 de la ley 48, de no "repugnar" a las prescripciones contenidas en la ley procesal. Se trata, pues, como observa Podetti(114), de una limitación sustancialmente análoga a la que el art. 99, inc. 2º, de la Constitución impone al Poder Ejecutivo en lo que respecta a la reglamentación de las leyes nacionales. En consecuencia, los reglamentos judiciales no pueden alterar y menos contrariar los requisitos de lugar, tiempo y forma que las leyes imponen a los actos procesales, debiendo limitarse a regular los aspectos secundarios o estrictamente materiales de tales requisitos. No cabría, así, por vía reglamentaria, imponer al actor la carga de incluir, en el escrito de demanda, enunciaciones que hagan al fondo de ésta y no se encuentren contempladas por el art. 330 del Código Procesal de la Nación ni tampoco suprimir alguno de los requisitos exigidos por dicha norma. Pero el reglamento puede exigir, v.gr., que en el escrito respectivo se utilice exclusivamente tinta negra o que los abogados y procuradores que 113   

lo suscriben indiquen el tomo y el folio o el número de la matrícula de su inscripción.

V. LA COSTUMBRE

34. Concepto a) La costumbre, entendida como toda norma general creada espontáneamente a través de la repetición de una determinada conducta y a cuyo respecto existe un consenso comunitario de obligatoriedad(115), constituye otra de las fuentes primarias del derecho procesal. b) La doctrina, sin embargo, no es unánime acerca de la conclusión precedente. Mientras algunos autores no encuentran fundamento alguno para considerar configurado un "derecho procesal consuetudinario"(116), otros, sin dejar de reconocer que la costumbre gravita en la actividad procesal, le niegan empero su calidad de fuente cuando la ley no le otorga aptitud normativa(117), y algunos, finalmente, circunscriben aquella calidad a los usos o prácticas forenses(118), o le confieren un valor secundario(119). Por nuestra parte insistimos en el carácter de fuente primaria que reviste la costumbre, cualesquiera que sean las manifestaciones en que ella se exterioriza y cuya respectiva descripción efectuamos en el número siguiente.

35. Manifestaciones a) En primer lugar, la costumbre es fuente del derecho procesal cuando la ley remite a ella (costumbre secundum legem). Da cuenta de esta modalidad, v.gr., el art. 565 del Código Procesal de la Nación, que se refiere expresamente a la costumbre para determinar el monto de la comisión a pagar en los remates judiciales(120). b) En segundo lugar, la costumbre se exterioriza en el proceso mediante la consagración de ciertas "prácticas judiciales" o "usos forenses", desarrollados en ausencia de reglamentaciones específicas sobre 114   

aspectos secundarios del trámite procesal (costumbre extra legem). Tales prácticas o usos conciernen, particularmente, a las fórmulas que deben utilizarse en la redacción de determinados actos procesales de transmisión, como cédulas de notificación, oficios y exhortos(121). Constituyen también manifestaciones de la modalidad analizada ciertos usos que, sin llegar a desvirtuar el sentido de las normas vigentes, simplifican la actividad procesal con resultados provechosos(122). c) Por último, la costumbre se manifiesta como fuente del derecho procesal a raíz de la caída en desuso de numerosas normas contenidas en los códigos y leyes procesales, que terminan, así, por desaparecer de la vida jurídica. Ocurre, en efecto, que de hecho, y con el asentimiento tácito de las partes, los jueces y demás funcionarios judiciales ordenan o conducen la actividad procesal con prescindencia de expresas prescripciones normativas, comportándose como si éstas no existiesen. Durante la vigencia del derogado Código de Procedimiento de la Capital Federal eran realidades fácilmente verificables, demostrativas de ese comportamiento, la inasistencia de los jueces a las audiencias en las cuales era exigida su presencia (a veces bajo pena de nulidad); el incumplimiento, por parte de los secretarios, del deber que les imponía el art. 188 de dicho código en el sentido de abrir las audiencias destinadas a las declaraciones de testigos con la lectura del escrito de ofrecimiento de esa prueba y de la resolución que la admite; la inveterada eximición del pago de costas a los jueces no obstante la norma que disponía esa sanción en el supuesto de ciertas nulidades procesales (art. 240); etcétera. También encuadra dentro de la modalidad analizada la forma escrita en que se desarrollan determinados procesos que las leyes estructuran como verbales y actuados (v.gr., art. 26, Ley de Prenda con Registro)(123). Tales costumbres derogatorias, o contra legem, constituyen fuentes del derecho procesal en la medida en que los jueces, cuando se discute la eficacia o la regularidad de un acto, puedan invocarlas para objetivar el sentido jurídico de las conductas en juego(124). No obsta a reconocerles ese carácter el hecho de que los jueces, por motivos fácilmente explicables, se abstengan de declarar expresamente que determinada norma ha caído en desuso. Ello, sin embargo, ha ocurrido algunas veces, como cuando se decidió, por ejemplo, que pese al principio establecido por el art. 53 del derogado Código de la Provincia de Buenos Aires, "los tribunales jamás lo aplican respecto a términos que podrían reputarse perentorios, como el de prueba"(125). Lo importante es que la reiterada inobservancia de una norma, por parte de los órganos encargados de su aplicación, denota, en la generalidad de los casos, que ha desaparecido el signo positivo de las valoraciones jurídicas expresadas por ella, y que ha nacido una costumbre, expresiva de un nuevo sentido comunitario y susceptible, por lo tanto, de acordar a 115   

una resolución judicial suficiente fuerza de convicción(126). Y decimos "en la generalidad de los casos", porque las conclusiones precedentemente enunciadas no excluyen, desde luego, la existencia de "malas" costumbres, ineptas, como tales, para reflejar una adecuada valoración jurídica. Tales corruptelas se presentan frecuentemente en la experiencia judicial y más de una vez los tribunales superiores han debido reaccionar contra ellas(127). Corresponde destacar, finalmente, que la invocación del art. 1º del Código Civil y Comercial carece de toda relevancia para negar a la costumbre el carácter de fuente del derecho procesal, pues aun en el supuesto de considerárselo aplicable a esa rama jurídica (lo que es más que dudoso), es obvio que sus prescripciones, como las de toda norma, resultan inoperantes frente a la experiencia jurídica real(128).

VI. LA JURISPRUDENCIA

36. Concepto a) En su acepción más difundida, jurisprudencia significa la forma concordante en que los órganos judiciales se pronuncian al resolver casos similares. El conjunto de fallos así dictados termina por fijar criterios o reglas generales que, como expresión de valoraciones vigentes, son utilizadas por los jueces para justificar el carácter jurídicamente objetivo que deben revestir sus decisiones, y configura, por consiguiente, fuentes del derecho. b) A diferencia de lo que ocurre con las fuentes anteriormente analizadas, la jurisprudencia es una fuente subordinada a la ley, pues su función consiste en establecer especies que se incluyen o excluyen del marco genérico que aquélla suministra(129). Por lo demás, hallándose asentada la autoridad de la jurisprudencia en la fuerza de convicción que le acuerda la reiteración de fallos dictados en un sentido semejante y en la consecuente aceptación comunitaria de la doctrina enunciada en éstos, ella carece del grado de obligatoriedad que reviste la ley.

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37. Jurisprudencia obligatoria a) Distinto de los supuestos mencionados en el número precedente, aunque sin alterar el carácter de fuente secundaria que exhibe la jurisprudencia, es el caso en que la ley disponga la obligatoriedad de la doctrina establecida en los fallos de determinados tribunales. Tal el régimen instituido por el Código Procesal de la Nación, cuyo art. 302 disponía, en lo que al punto concierne, que "a iniciativa de cualquiera de sus salas, las Cámaras de apelaciones podrán reunirse en tribunal plenario con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias"(130). Agregaba el art. 303 del citado ordenamiento: "La interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquélla Tribunal de Alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria". Las disposiciones transcriptas reproducían sustancialmente el texto del derogado(131)art. 27 del decreto-ley 1285/1958 (aplicable a las causas criminales en virtud de lo prescripto por el art. 2º, ley 17.812). Partiéndose de la base de que la función específica de la jurisdicción consiste en la declaración y la actuación del derecho en casos particulares, y de que los acuerdos plenarios crean "normas con categoría de generales y abstractas para todos los casos", se ha considerado que la obligatoriedad de la jurisprudencia plenaria impuesta por la norma transcripta configura una expresa delegación de facultades legislativas en el Poder Judicial y, por lo tanto, una transgresión al principio constitucional de división de los poderes(132). A tal conclusión se ha replicado, con acierto, sosteniéndose fundamentalmente: 1º) La jurisprudencia plenaria, aun debiendo ser aplicada obligatoriamente por los jueces del fuero, no pierde su carácter de fuente del derecho subordinada a la ley, y su validez se halla circunscripta, por lo tanto, por el marco normativo prefijado en aquélla. 2º) La técnica utilizada por el decreto-ley 1285/1958, obediente a valoraciones de orden y seguridad, no comporta un arbitrio destinado a reemplazar la voluntad del Congreso, sino simplemente un modo de ordenar una de las fuentes del derecho, superando los inconvenientes derivados de la necesidad de dividir el trabajo de los tribunales de alzada en varias salas(133). La Corte Suprema, concordantemente con la opinión precedentemente citada, ha fijado la cuestión en sus verdaderos términos. Dijo el tribunal, en efecto, que las reuniones plenarias de las Cámaras Nacionales de Apelaciones sólo se justifican cuando el caso a decidir requiera la interpretación legal cuestionada o haga posible la unificación de 117   

jurisprudencia; de manera que si las reuniones plenarias son admisibles para restaurar la unidad del tribunal de apelación, superando la división en salas que impone el cúmulo de la labor judicial, no lo serían fuera de los límites del proceso, porque entonces sus decisiones serían abstractas e invadirían facultades propias del Poder Legislativo, como la de aclarar sus propias leyes (art. 4º, CCiv., derogado por ley 17.711), vulnerado, en consecuencia, el principio de la división de los poderes(134). Las normas contenidas en los arts. 302 y 303 del Código Procesal de la Nación se hallaban complementadas por el art. 288 del mismo ordenamiento, que reproduciendo esencialmente los términos del párrafo inicial del art. 28 del decreto-ley 1285/1958 disponía: "El recurso de inaplicabilidad de la ley sólo será admisible contra la sentencia definitiva que contradiga la doctrina establecida por alguna de las salas de la Cámara en los diez años anteriores a la fecha del fallo recurrido y siempre que el precedente se hubiere invocado con anterioridad a su pronunciamiento"(135). La institución del recurso de inaplicabilidad de la ley por el art. 28 del decreto-ley 1285/1958(136)(posteriormente reproducido por el art. 288, CPCCN) vino a dejar sin efecto el deber impuesto por el art. 113 del Reglamento para la Justicia Nacional a las salas de las Cámaras de Apelaciones, en el sentido de que, antes de dictar sentencia, debían informarse de la jurisprudencia de las restantes salas del tribunal de que formaban parte, correspondiendo, en caso de no existir coincidencia de criterio, que se abstuvieran de dictar sentencia y se reuniese el tribunal en pleno para fijar jurisprudencia. Aunque se decidió que constituía una carga de la parte interesada requerir, antes del fallo final, la constitución de tribunal plenario(137), el incumplimiento del mencionado deber fue considerado por la Corte motivo del recurso extraordinario(138). Pero con posterioridad a la sanción del art. 28 del decreto-ley 1285/1958(139), el remedio contra la alegada jurisprudencia contradictoria entre las distintas salas de las Cámaras debía buscarse ante el tribunal en pleno, y no por vía del mencionado recurso(140). b) Se sigue, de lo dicho, que en el orden nacional existían dos modos de obtener la unificación de la jurisprudencia: a iniciativa de cualquiera de las salas de una Cámara de Apelaciones, cuando los integrantes de aquéllas lo estimen conveniente o por medio del recurso de inaplicabilidad de la ley. En materia procesal, el primero de tales modos es el que mayores posibilidades prácticas ofrecía a los efectos de lograr la uniformidad jurisprudencial(141), pues no revistiendo la mayor parte de las resoluciones de contenido estrictamente procesal el carácter de sentencias definitivas, el recurso de inaplicabilidad de la ley era inadmisible respecto de ellas. Debe tenerse en cuenta, además, que existiendo en la Capital Federal varias Cámaras de Apelaciones que deben aplicar, en mayor o menor medida, un mismo código procesal, el procedimiento unificador previsto por la ley resultaba ciertamente limitado, 118   

pues las decisiones plenarias dictadas por aquéllas sólo tienen efectos respecto de los magistrados que integran el fuero respectivo(142). Al respecto, se habrá de analizar lo resuelto por la C. Nac. Civ., sala M, 20/11/2002, en autos, "C., M. E. v. Empresa Monte Grande SA - Línea 501" (143). I. El caso 1. En lo que interesa al propósito del presente comentario, el fallo de la sala M, C. Nac. Civ., resolvió en sentido favorable a la legitimación activa de quien, sin acreditar si subsistía a su respecto el impedimento de ligamen para contraer nuevo matrimonio, entabló una pretensión resarcitoria fundada en los perjuicios sufridos a raíz de la muerte de su concubina en una accidente de tránsito. 2. En razón de que, al tiempo de trabarse la litis no se hallaba vigente la doctrina establecida en el fallo plenario "Fernández, María Cristina y otros v. El Puente SAT y otros s/sumario", 4/4/1995 (LL 1995-C-642; DJ 1995-2-322; ED 162-650) conforme a cuyos términos "se encuentran legitimados los concubinos para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de ellos como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie impedimento de ligamen" (bastardilla agregada), se planteó y se resolvió en la causa el problema referente a la aplicación retroactiva de dicho plenario, pronunciándose la sala en sentido negativo. Ése será, por consiguiente, el tema de esta breve glosa. II. Fundamentos de la decisión 1. El voto emitido por el Dr. Garay, al que adhirieron los restantes jueces de la sala, hizo mérito, en primer lugar, de la opinión vertida por el Dr. Barraquero en ocasión de un fallo dictado por las ex Cámaras Civiles reunidas en pleno (LL 32-497), en la cual, tras asimilarse la doctrina plenaria a la ley en cuanto a sus efectos temporales, el mencionado magistrado se expidió en el sentido de que si bien esa doctrina es aplicable a todas las relaciones jurídicas concertadas bajo su vigencia, una alteración sustancial motivada por una ulterior sentencia de igual carácter carece de efecto retroactivo incluso frente a los hechos jurídicos acaecidos con anterioridad, es decir, aun en el supuesto de que no haya mediado contienda ni, por ende, sentencia con eficacia de cosa juzgada, porque la solución contraria implicaría derogar derechos adquiridos conforme a las condiciones exigidas por la jurisprudencia plenaria antigua. 2. El amplio alcance de la recordada doctrina, que reconoce primordial fundamento en el art. 17, CN, resulta sin embargo parcialmente ajena al caso que es materia de la presente nota, pues como se destacó en el parágrafo inicial, el cambio de jurisprudencia se produjo una vez iniciada la contienda, e incluso trabada la litis mediante demanda y contestación. 119   

Es fácil advertir que el tema guarda íntima relación con los efectos temporales de las normas procesales que regulan la admisibilidad y la carga de la prueba de los actos y las situaciones jurídicas. Respecto del primer aspecto que presenta ese problema cuadra recordar que, con excepción de Chiovenda, en cuya opinión esa categoría de normas son siempre irretroactivas, por cuanto sólo ellas establecen los medios idóneos para generar la convicción actual del juez (Istituzione..., cit., t. I, p. 77), predomina en la doctrina la tesis contraria, a la que presta apoyo el raciocinio de que las mayores o menores precauciones o recaudos que las partes adoptan en ocasión de cumplir un acto jurídico dependen, naturalmente, de los medios probatorios de los cuales podrían valerse en esa oportunidad, y no de los que eventualmente prevea una ley nueva dictada durante la sustanciación de un juicio relativo a la validez o el cumplimiento de ese acto (Alsina, Tratado..., cit., t. I, p. 68; Borda, Tratado de derecho civil argentino, Parte general, t. I, 11ª ed., p. 168; Podetti, Tratado de la competencia, cit., p. 49; Morel, Traité..., cit., p. 20; Solus-Perrot, Droit..., cit., p. 37; Satta, Diritto..., cit., p. 207). En el aspecto analizado no medió en el caso, sin embargo, problema alguno en relación con la prueba del concubinato, porque siendo éste una situación de hecho, pudo probarse, antes y con posterioridad al fallo plenario de que se trata, a través de cualquier medio probatorio. En lo que concierne, en cambio, a la carga de la prueba, si bien debe regir la misma excepción a la irretroactividad (Podetti, Tratado de la competencia, cit., p. 49), corresponde observar que la norma creada por el plenario no requiere sólo la acreditación del concubinato, sino, además, la de la inexistencia de impedimento de ligamen, es decir, de un nuevo presupuesto de hecho en los términos del art. 377, CPCCN, y cuya prueba requiere mayor estrictez. Como principio, en efecto, será necesaria la prueba documental asentada, v.gr., en la partida de defunción del cónyuge o en el testimonio de la sentencia que habría declarado el divorcio vincular o la nulidad del matrimonio. Y en cuanto a la distribución de la carga de que se trata, ella podrá recaer, conforme a las circunstancias de cada caso, en el actor o en el demandado (norma citada, párr. 2º). Se percibe también, en ambos aspectos, un implícito fundamento en la garantía de la defensa en juicio (art. 18, CN). Si, en efecto, como expresó el voto del Dr. Daray, el actor "orientó sus esfuerzos a demostrar que constituía un concubinato con visos de permanencia y de franca comunidad de esfuerzos con la causante", parece a todas luces evidente que, siendo el tema relativo al impedimento de ligamen un punto ajeno al juicio, si para concederle la indemnización pretendida se le hubiese exigido a aquél la prueba de la inexistencia de tal impedimento, hubiese resultado manifiestamente quebrantada la garantía constitucional de la defensa en juicio en tanto se le habría impuesto una carga inexistente al tiempo de interponer la demanda. 120   

III. Conclusión El fallo anotado, que hizo lugar a la pretensión resarcitoria con fundamento en la normativa emergente del art. 1079, CCiv., se ajustó estrictamente a la justicia del reclamo y respetó la mencionada garantía constitucional. Luego de la reforma de la ley 26853, la búsqueda de la unificación de la jurisprudencia se habrá de realizar mediante los referidos recursos de casación e inconstitucionalidad previstos en los arts. 288 a 296. c) El recurso extraordinario previsto por el art. 14 de la ley 48 no constituye vía hábil para obtener la uniformidad de la jurisprudencia en materia procesal, aun en el supuesto de cuestionarse la interpretación acordada a normas federales relativas a dicha materia. La jurisprudencia de la Corte Suprema, en efecto, atendiendo al hecho de que las cuestiones de índole procesal, aun las regidas por leyes federales, no afectan el fondo de las instituciones fundamentales que el recurso extraordinario se propone salvaguardar, las ha excluido, reiteradamente, como posible tema del mencionado recurso(144). El tribunal, sin embargo, ha admitido algunas excepciones a tal principio y ha declarado la procedencia del recurso en ciertos casos en los cuales mediaba, a su juicio, suficiente interés institucional y estaba de por medio la aplicación de normas federales(145), aunque la doctrina establecida en los respectivos fallos no es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. d) La ley bonaerense 5827 establece un régimen similar al vigente en el orden nacional. Dispone, en efecto, el art. 37: "Cuando un mismo caso judicial haya sido objeto de resoluciones divergentes por parte de distintas Cámaras o de distintas salas de una misma Cámara de un departamento judicial, al presentarse posteriormente uno similar, será resuelto por las Cámaras del mismo fuero o la Cámara en pleno respectivamente, de acuerdo con las siguientes reglas: a) el plenario de Cámaras puede ser convocado por la mayoría de los miembros de la Cámara que conoce en el caso; b) (texto según ley 12.060) el plenario de Cámaras en lo Civil y Comercial podrá ser convocado de oficio por la sala que interviene en el asunto que lo motiva o a petición de parte: en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal deberá solicitar la reunión plenaria de tribunal, de oficio la sala que le toque intervenir, pudiendo hacerlo además el acusado, su defensor y el Ministerio Público. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 467, inc. 8º, CPPN; c) la revisión de fallos plenarios anteriores podrá hacerse cuando lo provoquen por votación los dos tercios de la totalidad de los camaristas; d) la presidencia del plenario de Cámaras será ejercida por el presidente de la Cámara que lo origina y las diligencias procesales se cumplirán ante la Cámara o, en su caso, ante la sala que conozca en el asunto; e) (texto según decreto-ley 9668/1981) cuando se trate de Cámaras de seis (6) miembros dividida en dos (2) salas de tres (3) miembros cada una y el resultado de la votación impidiera el pronunciamiento plenario, el tribunal se integrará con el presidente de la 121   

restante Cámara del mismo departamento judicial; f) (texto según decretoley 9668/1981) sin perjuicio de las disposiciones que sobre el recurso de inaplicabilidad de ley contiene la Constitución, la interpretación de las normas legales será obligatoria para las salas de la misma Cámara y jueces del departamento judicial". El recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que la Constitución (art. 161, inc. 3º, ap. a]) y el Código Procesal Civil y Comercial (arts. 278295) acuerdan para ante la Suprema Corte provincial, constituye un medio —prevalente con relación a los plenarios mencionados— de obtener la uniformidad de la jurisprudencia en todo el territorio de la provincia(146). Pero su eficacia en materia de jurisprudencia sobre cuestiones procesales se halla restringida por la misma razón que hemos puntualizado al referirnos al recurso homónimo previsto por los arts. 28 del decreto-ley 1285/1958 y 288 del Código Procesal de la Nación, pues, al igual que aquél, el recurso provincial sólo procede respecto de sentencias definitivas.

VII. LA DOCTRINA

38. Generalidades a) Entiéndese por doctrina el conjunto de obras destinadas a la exposición científica de alguna rama del derecho, en general, o de alguna institución o problema jurídico en particular. Toda esa producción, generalmente escrita, a la que también se ha dado en llamar derecho científico o derecho de los juristas (Juristenrecht), reviste una señalada importancia en todos los grados de la creación jurídica. Por lo pronto, dada la complejidad y la dispersión de los datos jurídicos que son propias del mundo contemporáneo, resulta poco menos que imposible prescindir de la tarea que llevan a cabo los juristas en el sentido de ordenar y clasificar el material normativo y jurisprudencial existente, reduciéndolo a principios generales que facilitan, a los órganos judiciales y administrativos del Estado, la inmediata identificación de los casos que se someten a su decisión. En segundo lugar, no hallándose los juristas constreñidos por las limitaciones que los ordenamientos legales imponen a los órganos de aplicación del derecho, sus opiniones, con respecto a la inadecuación, injusticia o inconvenientes prácticos de ciertas normas, 122   

e incluso de la totalidad de algunos ordenamientos normativos, constituyen muchas veces factores decisivos en el perfeccionamiento de la legislación en todos sus aspectos. Basta, en efecto, una rápida consulta de cualquier diario de sesiones para advertir la frecuencia con que los legisladores invocan las opiniones de los especialistas en derecho para apoyar el acierto o las bondades de las iniciativas o reformas que proponen. Finalmente, la doctrina hace sentir su gravitación a través de la crítica de los fallos judiciales, midiendo desde ese ángulo el desacierto o la injusticia de determinada orientación jurisprudencial y advirtiendo acerca de sus eventuales repercusiones sociales, políticas o económicas. "De esta manera —dice Cueto Rúa(147)— se constituyen (los juristas) en controles extraoficiales de jueces y funcionarios administrativos, controles cuya influencia éstos no pueden ignorar, en conocimiento de la posición de privilegio que ocupan los juristas en el seno de todas las comunidades altamente desarrolladas". b) Desde el punto de vista que ahora primordialmente nos interesa, corresponde destacar, como un hecho que la experiencia corrobora a diario, que los jueces invocan las opiniones de los juristas con el propósito de encuadrar sus decisiones dentro de criterios suficientemente objetivos como para acordarles el necesario respaldo comunitario, desde que aquéllos son generalmente considerados como calificados voceros de las valoraciones jurídicas vigentes dentro del grupo social a que pertenecen. Por lo tanto, en la medida en que la doctrina de los autores suministra a los órganos judiciales uno de los elementos capaces de sustentar la objetividad de sus resoluciones y sentencias, no cabe duda de que aquélla reviste el carácter de fuente del derecho, sin que obste a tal conclusión la circunstancia de que a diferencia de lo que ocurre con las fuentes antes analizadas, los criterios sustentados por los juristas carezcan de fuerza vinculatoria para los jueces(148). Porque, en efecto, negar a la doctrina por esta última circunstancia el carácter de fuente del derecho, significaría acordar preeminencia a una simple consideración de tipo formal respecto de un hecho elocuentemente demostrado por la experiencia jurídica(149).

39. Orientaciones de la doctrina procesal El estudio de la evolución de la doctrina en materia procesal muestra la sucesiva preeminencia de dos orientaciones fundamentales en el modo de encarar y resolver los problemas que el proceso judicial suscita: la exegética, y la científica o sistemática.

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40. Orientación exegética a) La orientación exegética, claramente inspirada en el método de los civilistas franceses del siglo XIX, se caracterizó por el hecho de exponer la disciplina a través de comentarios formulados a los preceptos legales, generalmente de acuerdo con el orden en que aquéllos figuran en los Códigos. Guiados por un propósito de utilidad práctica inmediata, los autores pertenecientes a esta orientación sacrificaron la búsqueda de las grandes líneas directrices, así como el análisis de las instituciones en su esencia y conexiones, al esclarecimiento y correlación de las normas contenidas en los ordenamientos procesales vigentes. Por lo demás, ciertos conceptos a los que la doctrina moderna dedica parte fundamental de sus inquietudes, como los de acción y proceso, aparecen tratados por dichos autores como simples variantes o aspectos de instituciones propios del derecho privado, pues durante el apogeo de esta corriente doctrinaria no se concebía aún al derecho procesal como una disciplina jurídica autónoma. b) Autores representativos de esta orientación son en España, aparte de los llamados "prácticos" (Conde de la Cañada, Febrero, Gutiérrez, Elizondo, etc.), José de Vicente y Caravantes, cuyo célebre Tratado histórico, crítico y filosófico de los procedimientos judiciales, publicado en Madrid en 1856, debe ser ubicado dentro de esta tendencia pese a exceder el mero comentario de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855; Gómez de la Serna y Montalbán (Tratado académico forense de procedimientos judiciales, 1855); Hernández de la Rúa (Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1856); Manresa y Reus (Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y explicada, 1856); Ortiz de Zúñiga (Práctica general forense, 1878); Reus y Bahamonde (Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, 1907); Manresa y Navarro (Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, 1908); Fábrega (Práctica forense, 1906); y Miguel y Romero (Tratado de procedimientos judiciales, 1916). En la actualidad, son autores de mayor renombre, en el marco de las obras generales, Miguel Fenech (Derecho procesal civil, Madrid, 1980), Francisco Ramos Méndez (Derecho procesal civil, Barcelona, 1990); José Almagro Nosete (Derecho procesal, Valencia, 1989, junto con Gimeno Sendra, Cortes Domínguez y Moreno Cateua), Juan Montero Aroca, Manuel Ortells Ramos y Juan-Luis Gimes Colomer (Derecho jurisdiccional, Barcelona, 1989, 4 volúmenes) y Vicente Gimeno Sendra (Fundamentos del derecho procesal, Madrid, 1981)(150). c) En Italia, corresponde citar como principales exponentes de la orientación exegética a Borsari (Il codice italiano di procedura civile 124   

annotato, 1872); Ricci (Commento al codice di procedura civile italiano, 1876); Gargiulo (Il codice di procedura civile del Regno d'Italia, 1870) y Cuzzeri (Il codice italiano di procedura civile illustrato, 1908). Las obras de Mattirolo (Trattato di diritto giudiziario civile, 1902-1906) y de Mortara (Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, s/f, y Manuale della procedura civile, 1916); en cambio, si bien presentan algunos puntos de contacto con la escuela de la exégesis y permanecen ajenas al movimiento que ya había adquirido intenso desarrollo en Alemania, tienden, especialmente las del segundo, hacia la orientación sistemática(151). d) En mayor o menor medida, casi todos los juristas franceses se han inclinado, en materia procesal, hacia criterios sustancialmente exegéticos, desinteresándose, por regla general, de los problemas conceptuales que preocupan a la doctrina moderna. Entre sus principales representantes podemos citar a Rauter (Cours de procédure civile française, 1834); Boitard (Leçons de procédure civile, 1834, continuadas por Colmat Daâge y luego refundidas por Glasson); Carré y Chaveau (Lois de procédure civile et commerciale, 1880-88); Cuche (Petit traité de procédure civile et commerciale, 1911); el anterior en colaboración con Vincent (Précis théorique et pratique de procédure civile); Garsonnet (Traité théorique et pratique de procédure, 1989); Glasson (Précis théorique et pratique de procédure civile, 1902, obra continuada y refundida por Tissier y Morel); Japiot (Traité élémentaire de procédure civile et commerciale, 1929 y 1935), etcétera. Con excepción de las tentativas parcialmente logradas de este último, de Morel (Traité élémentaire de procédure civile, 1932 y 1949), de Vizioz (Étude de procédure, 1956) y de Solus y Perrot (Droit judiciaire privé, 1961), puede decirse que la producción doctrinaria francesa no ha alcanzado todavía el período estrictamente sistemático.

41. Orientación sistemática a) Durante el último tercio del siglo pasado, Alemania se convirtió en el centro de un poderoso movimiento intelectual al que caracterizó su preocupación por explicar las instituciones procesales a través de un complejo de ideas básicas y que, partiendo del análisis del proceso civil, se extendió luego a los restantes sectores del proceso judicial. De ese movimiento nació la orientación sistemática a que antes nos hemos referido, la que contó, entre sus principales precursores, a BethmannHollweg, Heffter, Bayer, Keller, Zimmern, Briegleb, Planck y otros, y cuyo punto de partida hállase representado por la publicación, en el año 1868, de la obra de Oscar von Bülow titulada La teoría de las excepciones y los 125   

presupuestos procesales, en la cual, sobre la base de ideas esbozadas por Hegel y Bethmann-Hollweg, se enuncia el concepto del proceso como relación jurídica y se echan los cimientos fundamentales de la autonomía del derecho procesal. Al nombre de Bülow deben asociarse, en su carácter de iniciadores de la ciencia procesal moderna los de Wach y Kohler(152), a quienes se debe, respectivamente, una importante teoría acerca de la acción y un extenso desarrollo de la doctrina de la relación jurídica procesal. b) Durante el presente siglo tal orientación científica fue continuada y enriquecida por una valiosa producción intelectual de la que son autores, entre otros, Bunsen, Engelmann, Fischer, Fitting, Kleinfeller, von Normann, Weismann, Kisch, Goldschmidt, Oertmann, Stein, Richard Smith, Baumbach, Boor, Bruns, Kern, Nikisch, Schönke, Rosenberg, Schiffer, Blomeyer y Hoche. c) Asimismo, no puede dejar de destacarse la brillante contribución aportada por los juristas austríacos a la moderna literatura procesal. A un notable jurista de esa nacionalidad, Franz Klein, se debe la excelente Ordenanza Procesal Civil del 1 de agosto de 1895, que influyó en la elaboración de diversos códigos y leyes europeos (Códigos italiano y húngaro, y leyes de Polonia, Yugoslavia, Dinamarca, Noruega y Suecia) y americanos (Código brasileño de 1939, v.gr.); correspondiendo señalar, también, la labor doctrinaria llevada a cabo por Engel, Schauer, Pollack, Schima, Sperl y otros. d) El movimiento procesal de los países germánicos influye decisivamente en el pensamiento de Giuseppe Chiovenda, cuya obra marca la ruptura definitiva con la tradición procedimentalista de que se venía nutriendo, fundamentalmente la doctrina italiana, y la iniciación de los estudios procesales sobre bases rigurosamente sistemáticas(153). Tal orientación tiene su punto de partida en la conferencia pronunciada por Chiovenda en la Universidad de Boloña el 3 de febrero de 1903, titulada L'azione nel sistema dei diritti, y continúa, entre otras obras, con los célebres Principi di diritto processuale civile e Istituzioni di diritto processuale civile. Constituyen bases fundamentales de la obra de este autor sus concepciones de la acción como derecho potestativo y del proceso como relación jurídica autónoma. El rumbo abierto por Chiovenda fue continuado por destacados juristas, cuya producción ha situado a la ciencia procesal italiana en un lugar de primerísimo rango dentro de la literatura jurídica mundial. Entre aquéllos merecen destacarse los nombres de Carnelutti (acaso el más agudo y brillante de los juristas italianos, en cuyas obras, especialmente en Lezioni di diritto processuale civile y Sistema di diritto processuale civile, ha intentado la construcción de una teoría general, comprensiva de las instituciones de cualquier tipo de proceso, revelando en ello impresionantes facultades de análisis y de asociación), Calamandrei, Redenti (estos dos últimos intervinieron, con Carnelutti, en la redacción del 126   

Código Procesal vigente), Allorio, Andrioli, Bellavitis, Betti, Cristofolini, D'Onofrio, Liebman, Costa, Segni, Micheli, Furno, Fazzalari, Rocco, Satta, Zanzucchi y Cappelletti. e) En España, como lo hace notar Aragoneses(154), es el profesor Beceña quien, al enlazar la problemática procesal con las corrientes científicas europeas, abre la escuela de ese país a las tendencias modernas del derecho procesal. Posteriormente, las numerosas traducciones de obras alemanas e italianas, realizadas por los profesores Prieto Castro y Alcalá-Zamora, así como los primeros trabajos monográficos escritos por éstos y otros juristas, preparan el terreno para la realización de una producción de alta jerarquía científica, que se inicia con la publicación, en 1941, de la Exposición del derecho procesal civil de España, de Prieto Castro, continúa al aparecer, en 1942, el primer volumen de Derecho procesal español, de Manuel de la Plaza, y al año siguiente el primer volumen de los Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil de Guasp, y se prolonga hasta hoy merced a la labor desplegada, entre otros, por los ya citados Prieto Castro, Guasp y Alcalá-Zamora (este último residente en México) y por Gómez Orbajena, Fairén Guillén, Aragoneses, Muñoz Rojas, etcétera.

42. La doctrina procesal en la República Argentina a) La evolución de la doctrina procesal argentina ha sido dividida en cuatro períodos(155). El primero comprende la época anterior a la Revolución de Mayo, y en él suele mencionarse, como la figura más representativa de los estudios procesales, a Francisco Gutiérrez de Escobar, autor de una obra titulada Prontuario de los juicios (1782), en la cual se advierte la influencia de los "prácticos" españoles de esa época. Dentro del segundo período, que comienza con la Revolución de Mayo y termina al iniciarse la codificación, corresponde citar los nombres de Manuel Antonio de Castro, que fue el primer profesor de Procedimientos con que contó la Universidad de Buenos Aires y escribió una obra titulada Prontuario de práctica forense (que se publicó en 1835, tres años después de su muerte) y de Miguel Esteves Saguí, autor de un libro publicado en 1850 con el título de Tratado elemental de los procedimientos civiles en el foro de Buenos Aires. También estas dos obras se hallan influidas por los prácticos, aunque naturalmente, asimismo, se basan en los Reglamentos sobre administración de justicia dictados con posterioridad a la Revolución. b) El tercer período coincide con la iniciación del movimiento codificador, que se manifiesta principalmente mediante la sanción de la 127   

Ley de Procedimiento Federal (1863) y la presentación del proyecto Domínguez para la provincia de Buenos Aires (1868). Corresponden a este período las obras de Antonio Malaver (Curso de procedimientos judiciales en materia civil y mercantil, 1875); Nicolás Casarino (Apuntes de procedimientos judiciales con sujeción al programa respectivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1896); Alberto Rodríguez (Comentarios al Código de Procedimientos en materia civil y comercial de la Capital de la República Argentina, 1903); Mariano Calvento (El Código de Procedimiento Civil y Comercial explicado y anotado con la jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones, 1909); Honorio Silgueira (Estudios sobre procedimientos y organización judicial, 1904); Salvador de la Colina (Derecho y legislación procesal en materia civil y comercial, 1910); Alberto Parodi (Comentarios al Código de Procedimientos Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, 1912). Todas estas obras deben ser incluidas dentro de la orientación exegética, y no comprueban, en general, otra influencia que la de los comentaristas de las leyes españolas y de algunos autores franceses. c) El cuarto período, finalmente, comienza con la publicación, en 1919, del Manual de procedimiento civil y penal, de Tomás Jofré, obra que se aparta en gran medida de las fuentes informativas tradicionalmente utilizadas por los autores argentinos y difunde, por primera vez en el país, las enseñanzas de Chiovenda(156). La aproximación a la orientación sistemática se advierte, asimismo, en los cursos universitarios dictados por el profesor Máximo Castro, compilados por primera vez bajo el título de Curso de procedimientos civiles, entre los años 1926 y 1931. Durante la década comprendida entre los años 1930 y 1940, la influencia de la corriente sistemática preconizada por los autores italianos se manifiesta, principalmente, en los Comentarios escritos por Ramiro Podetti al Código de Procedimientos de la provincia de Mendoza (1936-1938), en la Exposición de Motivos y en la técnica del Proyecto de Código de Procedimiento Civil y Comercial, redactado, bajo la dirección de David Lascano, por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de la Universidad Nacional de La Plata (1935), y en el tono en que se desenvolvió el Primer Congreso de Ciencias Procesales, celebrado en la ciudad de Córdoba en el año 1939. La adhesión a las modernas doctrinas procesales se afianza definitivamente en el país con la publicación, en 1941, del primer tomo del Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial del profesor Hugo Alsina, al que siguen, ese mismo año, Jurisdicción y competencia de David Lascano y, al año siguiente, Teoría y técnica del proceso civil de Ramiro Podetti. También en el año 1942 aparece en Buenos Aires la primera edición de Fundamentos del derecho procesal civil, obra del profesor uruguayo Eduardo Couture, que también se encuentra decisivamente orientada en las modernas manifestaciones del pensamiento procesal(157).

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d) La producción procesal argentina ha proseguido sobre esa línea, sea en obras generales o en trabajos monográficos(158). Entre las primeras corresponde citar Derecho procesal civil, comercial y laboral, de Ramiro Podetti, del cual aparecieron siete "Tratados", cinco con anterioridad a la muerte del autor, ocurrida en el año 1955, y dos con posterioridad (Tratado de la tercería, 1949; Tratado del proceso laboral, 1949-1950, dos tomos; Tratado de las ejecuciones, 1952; Tratado de la competencia, 1954; Tratado de los actos procesales, 1955; Tratado de las medidas cautelares, 1956; y Tratado de los recursos, 1958), ocupándose exitosamente de la actualización de la obra, a partir de 1968, Víctor Guerrero Leconte, quien hasta la fecha ha publicado la segunda edición de los Tratados correspondientes a las ejecuciones (1968), a las medidas cautelares (1969), a la tercería (1971) y a la competencia (1973); Derecho procesal civil, de Ricardo Reimundin, publicado en 1956 (dos tomos); Introducción al estudio del derecho procesal, de Eduardo Carlos, publicada en 1959; Lecciones de derecho procesal, de Mario Oderigo, que comenzaron a publicarse en el año 1959, habiendo aparecido hasta el presente tres tomos; Manual de derecho procesal civil, publicado en 1965, del cual los dos primeros tomos pertenecen a Lino Enrique Palacio y el tercero a Augusto Mario Morello (luego se publican tres ediciones de la misma obra, adaptada a la nueva legislación, bajo la autoría única del primero de los nombrados); Manual de derecho procesal de Leonardo Jorge Areal y Carlos Eduardo Fenochietto, del que se han publicado los dos primeros volúmenes en 1966 y 1970, respectivamente, e Instituciones de derecho procesal de Clemente Díaz, obra de la cual se publicó el primer volumen en 1969 y el segundo en 1970. También debe incluirse en esta categoría el Código de Procedimientos Civil y Comercial concordado y comentado, de Raymundo Fernández (del que existen tres ediciones correspondientes a los años 1932, 1942 y 1955, componiéndose la última de tres volúmenes) y el Código de Procedimiento Civil y Comercial anotado y comentado de Carlos Colombo, publicado en 1964 (adaptado posteriormente a la nueva legislación en cuatro volúmenes bajo el título de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, 1969), pues pese al método formalmente exegético con que han sido redactadas responden, en lo compatible, a la corriente sistemática. Entre los autores de trabajos monográficos citaremos, entre otros, a Carlos Alberto Ayarragaray (El ministerio público, 1926; Crítica del testimonio, 1942; Historia y crítica del juramento, 1945; Introducción a la ejecución de sentencia, 1943; Explicación teórica y práctica de la reforma procesal, 1954; La reforma procesal, 1957; Lecciones de derecho procesal, 1962, etc.), Carlos Colombo (La Corte Nacional de Casación, 1943; La negligencia en la producción de las pruebas, 1942, etc.), Amílcar Mercader (Poderes de la Nación y de las provincias para instituir normas de procedimiento, 1939; La acción, su naturaleza dentro del orden jurídico, 129   

1944; Estudios de derecho procesal, 1964), Manuel Ibáñez Frocham (La organización judicial argentina, 1938; Los recursos en el proceso civil, 1943, 1957 y 1962), Luis Juárez Echegaray (La prueba en general; especialmente libertad y carga de la prueba en lo civil y penal, 1940); Ricardo Reimundin (La condena en costas en la legislación argentina, 1942), Augusto Mario Morello (Juicios sumarios, 1958; El proceso de usucapión; Régimen procesal del amparo en la provincia de Buenos Aires, 1966), José Sartorio (La prueba de testigos en el procedimiento federal, 1945; La casación argentina, 1951), Alberto Malaver (Acción de jactancia y acción declarativa, 1944) y Santiago Sentís Melendo (El proceso civil, estudio de la reforma procesal argentina, 1957; El juez y el derecho, 1957; La sentencia extranjera, 1958, etc.). Corresponde agregar, como autores de valiosas colaboraciones publicadas en revistas jurídicas especializadas, los nombres de Axel Bremberg, Isidoro Eisner, Julio Esclapez, Víctor Guerrero Leconte, Miguel Rosas Lichtschein y otros. Junto a las mencionadas, existen en la bibliografía procesal argentina obras de gran valor práctico destinadas al comentario o explicación de los Códigos y leyes procesales, como La ley 50 y sus complementarias del procedimiento federal, de José Sartorio, Código Procesal Civil y Comercial y leyes complementarias, de Oscar Serantes Peña y Javier Clavell Borrás, y Código de Procedimientos Civil y Comercial comentado, de José Osvaldo D'Alessio y César Yáñez Álvarez;Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, de Santiago Fassi, y Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, de Augusto Mario Morello, Miguel Passi Lanza, Gualberto Sosa y Roberto Berizonce. Actualmente, desde hace aproximadamente dos décadas, una nueva generación de juristas, ya en plena madurez intelectual, ha realizado un importante aporte a la bibliografía procesal civil a través de obras generales, monografías y códigos comentados(159). Se destacan así los nombres, entre otros, de Roberto Berizonce (coautor de la obra ya citada, de la que existe una segunda edición dividida en catorce volúmenes), Eduardo de Lázzari (Medidas cautelares, La Plata, 1985), Enrique Falcón (Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cinco volúmenes, Buenos Aires, 1982; Tratado de la prueba, en dos volúmenes, Buenos Aires, 2003), Osvaldo Gozaíni (El amparo, Santa Fe, s/f; El derecho de amparo, Buenos Aires, s/f; Derecho procesal civil, Buenos Aires, 1992), Juan Carlos Hitters (Revisión de la cosa juzgada, La Plata, s/f), Jorge Kielmanovich (La prueba en el proceso civil, Buenos Aires, s/f; Recurso de apelación, Buenos Aires, s/f; Medidas cautelares, Santa Fe, s/f;Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, 2003), Jorge Peyrano (Medida cautelar innovativa, Buenos Aires, 1981; El proceso civil, Buenos Aires, s/f), Joaquín Salgado (Juicio de desalojo, Buenos Aires; Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad, en coautoría con Alejandro César Verdaguer, 130   

Buenos Aires, 1987 y 2000), Jorge Rojas (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en coautoría con Roland Arazi, Santa Fe, 2001; La emergencia y el proceso, Santa Fe, 2001) y Alberto Tessone (Recursos extraordinarios, Buenos Aires, 2000). Todos ellos son también autores de numerosos trabajos publicados en revistas especializadas, al igual que Juan José Azpelicueta, Eduardo Oteiza, Juan Colerio, Alfredo Di Iorio, Loutayf Ranea, Beatriz Martorello, Mario Kaminker, Efraín Quevedo Mendoza, Adolfo Armando Rivas y Eduardo Sirkin.

43. La doctrina procesal en otros países latinoamericanos La escuela sistemática del derecho procesal cuenta, finalmente, con destacados representantes en otros países latinoamericanos. En la República Oriental del Uruguay ha sobresalido el nombre de Eduardo Couture, autor de la tan difundida obra Fundamentos del derecho procesal civil, de la que se han publicado tres ediciones, así como de numerosos trabajos monográficos, algunos de los cuales se hallan recogidos en Estudios de derecho procesal civil (1948-1950, tres volúmenes). Actualmente, los procesalistas más destacados de ese país son Adolfo Gelsi Bidart, autor, entre otros trabajos, de una obra titulada De las nulidades de los actos procesales (1949), y Dante Barrios de Angelis, que ha escrito, también entre otros trabajos, un importante libro sobre El juicio arbitral (1956). Cabe agregar, en lo que atañe a la doctrina procesal en el Uruguay, el nombre de Enrique Véscovi, quien además de haber asumido la dirección de la obra titulada Código general del proceso, en seis volúmenes, es autor, entre otros trabajos, de Manual de derecho procesal civil (Montevideo, 1978) y Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica (Buenos Aires, s/f)(160). También se destacan, en la vecina República, Enrique Tarigo, Luis Viera, Luis Torello, Ángel Landoni Sosa, Jaime Teitelbaum y Jaime Greif, cuyos trabajos e intervenciones en congresos científicos han contribuido a consolidar el prestigio de la doctrina procesal rioplatense. En el Brasil corresponde destacar, entre otros, los nombres de Pedro Baptista Martins, autor del Código Procesal brasileño de 1939; Pontes de Miranda (Commentario ao codigo de processo civil, 1958-1961); Da Costa Carvalho (Curso teorico practico de direito judiciário civil, 19491952); Machado Guimaraes (Comentarios ao Codigo de Processo Civil, 1942); Alfredo Buzaid, a quien pertenece, aparte de otras obras 131   

(Anteprojeto de codigo de processo civil, 1964; Estudos de direito, 1972), el Código Procesal Civil vigente desde el año 1973; Celso Agricola Barbi, Egas Dirceu Moniz de Aragao, José Joaquim Calmon de Passos, Moacyr Amaral dos Santos, José Carlos Barbosa Moreira, Alcides de Mendonça Lima, Celso Neves, Luis Antônio de Andrade, Hamilton de Moraes e Barros y José Olimpio de Castro Filho, cada uno de los cuales tomó a su cargo la redacción de un volumen de los diez que integran la obra Comentários ao Codigo de Processo civil, que constituye una exégesis del ordenamiento procesal vigente; Ronaldo Cunha Campos, Humberto Theodoro Júnior y Edson Prata, autores de sendos Estudios de direito processual civil, que se basan en el citado ordenamiento; etcétera. En Chile cabe citar a Alessandri (Curso de derecho procesal, 1936), Mario Casarino Viterbo (Manual de derecho procesal, 1950), Manuel Urrutia Salas (Manual de derecho procesal, 1959), etcétera. A la literatura procesal de México ha aportado valiosas contribuciones el profesor español Niceto Alcalá-Zamora y Castillo que es autor, aparte de numerosos trabajos publicados en las revistas de Derecho Procesal (Argentina) y de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (México), de Estudios de derecho procesal (Madrid, 1934), Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947), etcétera. También corresponde citar, en este país, a Rafael De Pina (Principios de derecho procesal civil, 1940), José Castillo Larrañaga, que publicó en colaboración con el anterior, Instituciones de derecho procesal civil (1954), y Eduardo Pallares (Diccionario de derecho procesal civil; Tratado de las acciones civiles, 1939, etc.). En Venezuela cabe recordar al profesor Luis Loreto, autor de excelentes trabajos que se hallan compilados, en gran parte, en Estudios de derecho procesal civil (1956) y al profesor Humberto Cuenca (Proceso civil romano, 1957; Derecho procesal civil, 1965; etc.). También corresponde citar a Arístides Rengel-Romberg, autor, en cuatro volúmenes, de un exhaustivo Tratado de derecho procesal civil venezolano (Caracas 1992-1997) y a José Sarmiento Núñez (El Sistema Uniforme de Legislación Civil)(161). En Colombia, finalmente, un destacadísimo lugar corresponde al profesor Hernando Devis Echandía, de cuya versación jurídica y extraordinario esfuerzo intelectual son frutos, entre otras obras, Tratado de derecho procesal civil (comenzó a publicarse en 1961); Nociones generales de derecho procesal civil (1966); Teoría general de la prueba judicial (1970) y Compendio de pruebas judiciales (1969). También en Colombia importa recordar a Hernando Morales Molina que fue autor, entre otras obras, de un completo y didáctico Curso de derecho procesal civil (Bogotá, 1983), así como a Hernán Fabio López Blanco, que escribió, en dos volúmenes plenos de interés y erudición, Instituciones de derecho procesal civil colombiano (Bogotá, 1985)(162). 132   

CAPÍTULO IV - EL PROCESO SUMARIO: I. GENERALIDADES: 44. Concepto del proceso.— 45. Proceso, juicio y procedimiento.— 46. Elementos del proceso.— 47. El problema de la naturaleza jurídica del proceso.— 48. El concepto de carga procesal. II. LOS PRINCIPIOS PROCESALES: 49. Concepto.— 50. El principio dispositivo.— 51. El principio de contradicción.— 52. Los principios de escritura y de oralidad.— 53. El principio de publicidad.— 54. El principio de preclusión.— 55. El principio de adquisición.— 56. El principio de economía procesal.— 57. El principio de inmediación.— 58. Los principios de legalidad e instrumentalidad de las formas. III. DISTINTAS CLASES DE PROCESOS: 59. Generalidades.— 60. Procesos judiciales y arbitrales.— 61. Procesos contenciosos y voluntarios.— 62. Procesos de declaración de ejecución y cautelares.— 63. Proceso ordinario y procesos especiales.— 64. Procesos singulares y universales.

I. GENERALIDADES(1)

44. Concepto del proceso a) El vocablo "proceso" (processus, de procedere) significa avanzar, marchar hacia un fin determinado, no de una sola vez, sino a través de 133   

sucesivos momentos(2). Si desde un punto de vista genérico se entiende por proceso al momento dinámico de cualquier fenómeno (y así puede hablarse de un "proceso químico" o de un "proceso fisiológico"), desde el punto de vista de la teoría general del derecho aquella expresión denota, como ya hemos señalado, la actividad que despliegan los órganos del Estado en la creación y la aplicación de normas jurídicas, sean éstas generales o individuales (supra, nro. 1, b]). "Especialmente —dice Carnelutti(3)—, existe proceso siempre que el efecto jurídico no se alcance con un solo acto, sino mediante un conjunto de actos, cuando cada uno de ellos no pueda dejar de coordinarse a los demás para la obtención de la finalidad. De ahí que la noción de proceso sea interferente con la de acto complejo. En este sentido se puede, desde luego, hablar de un proceso legislativo o de un proceso administrativo, como serie de actos realizados para la formación de una ley o de un decreto". b) La terminología jurídica tradicional, sin embargo, utiliza la designación que nos ocupa como sinónima de proceso judicial, aunque no excluye de su marco significativo a la actividad que se desarrolla por y ante los árbitros y amigables componedores, siempre, desde luego, que éstos cumplan esa actividad dentro del mismo ámbito de competencia en el que pueden intervenir los órganos jurídicos(4). Por ello, ateniéndonos a la actividad específica de los jueces y árbitros, y con exclusión, por lo tanto, de la actividad a que nos hemos referido supra, nros. 2, b) y 3, cabe definir al proceso como el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la intervención de éste en un caso concreto, así como la conducta del sujeto o sujetos también extraña al órgano frente a quienes se ha requerido esa intervención. Cuando el proceso se desenvuelve ante un órgano judicial, tanto el orden en que deben cumplirse tales actos como los requisitos de éstos, se hallan determinados en las leyes procesales de cuya estricta observancia sólo cabe prescindir en aquellos supuestos excepcionales en que las propias normas, con relación a aspectos particulares del proceso, conceden a las partes o peticionarios alguna facultad de regulación (supra, nros. 5, b] y 7, c]). Tratándose de procesos seguidos ante jueces árbitros, las facultades de las partes en ese sentido son considerablemente más amplias, pues la ley les reconoce, incluso la de estipular en el compromiso, la forma en que aquéllos hayan de proceder como igualmente el lugar en que hayan de conocer y fallar (v.gr., art. 741, inc. 1º, CPCCN). Ello, sin embargo, no excluye la "preexistencia" de reglas a que hemos aludido en la definición, pues revisten tal carácter no sólo las estipulaciones contenidas en el compromiso acerca de los mencionados extremos, sino también las diversas normas mediante las cuales la ley suple la ausencia de estipulaciones y regula otros aspectos del proceso arbitral ajenos al 134   

compromiso, como los referentes a las causales y el procedimiento de la recusación, al contenido del laudo, a la procedencia del recurso de nulidad fundado en determinadas causales, etcétera. Finalmente, de la circunstancia de que la ley autorice a los amigables componedores para proceder "sin sujeción a formas legales" (v.gr., art. 769, CPCCN), tampoco debe inducirse la inexistencia, en los respectivos procesos, de "reglas preestablecidas", pues son tales tanto las que pueden acordar las partes en el compromiso (sobre la fijación de plazo para laudar, v.gr.) como las que establece la ley acerca, por ejemplo, de las recusaciones y de los requisitos y plazo de la demanda de nulidad. En general, la doctrina define al proceso como el conjunto de actos que tiene por objeto la decisión de un conflicto o de un litigio(5), existiendo autores que, compartiendo en mayor o menor medida ese concepto, incorporan expresamente a sus definiciones las ideas de acción(6), pretensión(7)y jurisdicción(8). Según tuvimos oportunidad de anticiparlo al exponer el concepto de derecho procesal (supra, nro. 2), consideramos que tales definiciones pecan por defecto, en tanto parecen no reconocer la calidad de verdaderos procesos a todas aquellas actividades judiciales cuya finalidad se reduce a constituir, integrar o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas, siendo ajenas, por lo tanto, a la existencia de un conflicto entre partes. Es cierto que tales actividades, que se agrupan bajo el impropio rótulo de "jurisdicción voluntaria", no pertenecen necesariamente a la competencia de los jueces y los tribunales de justicia. Pero también es cierto que esa actividad judicial se desenvuelve dentro de estructuras legales cuya organización y elementos coinciden, sustancialmente, con los de los procesos contenciosos (formas de las peticiones y de las decisiones, recusaciones, actuación de los auxiliares de la justicia, etc.) y se ajusta a un cierto orden progresivo que conduce a la creación de una norma individual. No cabe duda, por consiguiente, de que la definición del proceso, desde el punto de vista del derecho procesal en sentido estricto, debe incluir los actos llamados de jurisdicción voluntaria(9). De allí, asimismo, que las nociones de acción, pretensión y jurisdicción carezcan de relevancia, por sí solas, como notas definitorias del proceso. La acción, por lo pronto, en tanto no es más que un mero poder de carácter político o administrativo, resulta ajena a los específicos problemas que aquél plantea; y la pretensión, como declaración de voluntad formulada frente a una persona distinta al autor de esa declaración, resulta inaplicable al ámbito de los procesos voluntarios, en los que no media conflicto alguno entre dos partes y cuyo objeto consiste en una mera petición dirigida al órgano judicial. La idea de jurisdicción, finalmente, debe también descartarse en razón de revestir carácter administrativo, y no jurisdiccional, la actividad que los órganos judiciales despliegan en ese tipo de procesos (infra, nro. 65).

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Es, en virtud de tales consideraciones, que la definición más arriba propuesta se limita a aludir, como finalidad del proceso, a la creación de una norma individual destinada a regir un aspecto específico de la conducta de determinados sujetos, extraños al órgano, pues ese concepto es, a nuestro juicio, comprensivo de todas las modalidades que puede revestir el acto mediante el cual culmina cualquier clase de proceso. Importan, en efecto, la creación de una norma jurídica individual, todas las decisiones mediante las cuales se define un proceso de conocimiento (cualquiera que sea la índole de la pretensión que lo haya originado: de condena, declarativa o determinativa), un proceso cautelar o un proceso de ejecución, por cuanto ellas comportan la especificación, con referencia a un caso concreto, de alguno o algunas de las menciones contenidas en una norma general(10). El mismo fenómeno se configura en las resoluciones recaídas en los procesos de jurisdicción voluntaria y en los laudos arbitrales. Aparentemente podría argumentarse, contra la generalidad del hecho precedentemente mencionado, que él no se verificaría en los procesos de ejecución, por cuando siendo la finalidad de éstos hacer efectiva una norma individual (judicial o arbitral) ya creada en un proceso anterior, no quedaría margen alguno para la creación jurídica. Sin embargo, esta conclusión resulta insostenible a poco que se medite sobre el nuevo tramo de posibilidades que inexcusablemente se presenta ante el juez de la ejecución y de la consiguiente necesidad en que éste ha de encontrarse, frente a tales posibilidades, de individualizar las menciones contenidas en las normas generales que reglamentan esa clase de procesos. También pueden suscitar alguna duda aquellos casos en los cuales la intervención de los jueces tiene por objeto fiscalizar la regularidad de actos o negocios jurídicos celebrados por particulares o sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, a los efectos de prestarles la correspondiente aprobación u homologación. Pero debe tenerse en cuenta que las decisiones judiciales que en tales hipótesis se dictan, en tanto resultan necesarias para perfeccionar o integrar las respectivas normas individuales, configuran también, aunque parcialmente, una neta actividad creadora. Por lo demás, la creación resulta indiscutible en los supuestos en que el órgano judicial resuelve desestimar la aprobación o la homologación. Finalmente, la extraneidad de los sujetos con relación al órgano decisor, unida a la índole individual de la norma a crear, constituye una nota que sólo se presenta, con carácter permanente e invariable, en los procesos judiciales y arbitrales. Por el contrario, en los procesos que se desarrollan en el ámbito de la Administración, puede ocurrir que los sujetos afectados por la norma formen parte del órgano, como sucede en los casos de imposición de sanciones disciplinarias a funcionarios o empleados. La misma situación se configura con motivo de la actividad que cumplen los tribunales de justicia en el supuesto contemplado supra, nros. 2, b) y 3), 136   

así como en todo proceso legislativo, cualquiera que sea la índole del órgano que en él intervenga.

45. Proceso, juicio y procedimiento a) Tanto en la práctica judicial cuanto en las leyes de origen hispánico, suele utilizarse la palabra "juicio", proveniente del derecho romano (indicium), como sinónimo de proceso. Se trata, sin embargo, de conceptos que se encuentran en relación de especie a género, pues mientras la expresión "juicio" supone la existencia de una controversia o, por lo menos, de un conflicto entre partes, la palabra "proceso" también resulta adecuada para denotar tanto aquellos casos en los que media conflicto, pero no controversia (v.gr., el proceso de rebeldía) como aquellos en los que ni siquiera existe conflicto, según ocurre con los procesos denominados de jurisdicción voluntaria o voluntarios. b) Tampoco cabe identificar los términos "proceso" y "procedimiento". El proceso representa el conjunto de actos que son necesarios, en cada caso, para obtener la decisión de un caso concreto por parte de determinados órganos(11). El procedimiento, en cambio, constituye cada una de las fases o etapas que aquél puede comprender. Así, al procedimiento de primera instancia puede seguir, en caso de apelación, un procedimiento de segunda instancia, en cuyo caso el proceso se integra con dos procedimientos(12)o, por el contrario, el proceso puede contener menos de un procedimiento en el caso de que, por ejemplo, se extinga con anterioridad al pronunciamiento de la decisión de primera instancia. Por ello dice Carnelutti que "para distinguir mejor entre proceso y procedimiento se puede pensar en el sistema decimal: el procedimiento es la decena; el proceso es el número concreto, el cual puede no alcanzar la decena, o bien, comprender más de una"(13).

46. Elementos del proceso a) Todo proceso consta de un elemento subjetivo y de elemento objetivo, e importa, asimismo, una determinada actividad.

un

El elemento subjetivo se halla representado por las personas facultadas para iniciarlo, impulsarlo, extinguirlo y decidirlo. En los procesos 137   

contenciosos son sujetos primarios el órgano judicial (o arbitral) y las partes. El primero, como titular de un poder público (o eventualmente equiparado a tal), se encuentra en un plano supraordinado con relación a las segundas, por cuanto puede imponerles, a través de actos de creación normativa individual, la observancia de determinadas conductas (supra, nro. 5, b]). Además, cuando el órgano reviste carácter judicial, le pertenece en forma exclusiva la utilización lícita de la coacción. En los procesos contenciosos existen, necesariamente, dos partes: el actor y el demandado. Llámanse actor a la persona que formula la pretensión que debe ser satisfecha por el órgano y demandado a la persona frente a quien se formula dicha pretensión(14). Uno y otro se encuentran por debajo del órgano, en una posición jerárquicamente igualitaria. No obstante, como consecuencia de la acumulación subjetiva de pretensiones, la intervención de terceros, la acumulación de procesos y la sucesión procesal, el proceso contencioso puede desarrollarse mediante la participación de varios actores o demandados, dando lugar, de tal manera, a la figura del litisconsorcio. En los procesos voluntarios existen, en cambio, como sujetos primarios que se encuentran por debajo del órgano judicial, uno o más peticionarios. El cumplimiento integral de las funciones procesales requiere, finalmente, la intervención de otras personas que actúan en el proceso como auxiliares del órgano (secretario, ujieres, oficiales de justicia, peritos, etc.), o de las partes o peticionarios (abogados y procuradores), y a las que cabe denominar sujetos secundarios. b) El elemento objetivo del proceso puede hallarse constituido por una pretensión o por una petición extracontenciosa, según que la intervención del órgano sea requerida para resolver un conflicto o para constituir, integrar o acordar eficacia a una relación jurídica. De ello se sigue que la pretensión y la petición extracontenciosa configuran el objetivo, respectivamente, del proceso contencioso y del proceso voluntario. La pretensión que da vida al proceso civil versa, a su vez, sobre una relación o estado jurídico de derecho material que, por lo común, no trasciende el interés privado de las partes; de allí que el actor pueda desistir de su pretensión o renunciar al derecho invocado mediante ella, el demandado allanarse a la pretensión del actor, y ambas partes transigir. Esa disponibilidad sobre el objeto procesal, que constituye un reflejo de la que las partes tienen sobre sus derechos subjetivos, es la nota que en mayor medida separa al proceso civil del proceso penal; aunque, como se verá más adelante (infra, nro. 50), la regla reconoce algunas excepciones(15).

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Carece de sentido, en cambio, hablar de disponibilidad o indisponibilidad de las peticiones que constituyen el objeto de los procesos voluntarios. Pese a esta última designación, que es desde luego impropia, la formulación de tales peticiones es, en la mayor parte de los casos, necesaria, pues el interesado no puede lograr, con prescindencia de ellas, y del consecuente pronunciamiento judicial, el efecto jurídico que persigue(16). c) La actividad, finalmente, comprende el conjunto de actos que deben cumplir los sujetos procesales desde el comienzo del proceso hasta la decisión que le pone término(17).

47. El problema de la naturaleza jurídica del proceso(18)

A) Origen del problema a) La doctrina se viene preocupando, desde antigua data, por determinar la calificación que corresponde al proceso dentro del cuadro general de las figuras jurídicas, consistiendo el motivo fundamental de esa preocupación en desentrañar la índole de las vinculaciones que aquél engendra, sea entre las partes, o entre éstas y el órgano judicial. Corresponde destacar, sin embargo, que todo ese movimiento doctrinario ha tenido en mira, exclusivamente, el proceso judicial y, dentro de éste, tan sólo el proceso contencioso. b) Entre las principales teorías que se han enunciado acerca de este problema merecen destacarse, por una parte, la contractualista y la cuasicontractualista, basadas ambas en categorías extraídas del derecho privado, y, por otra parte, las de la relación jurídica, de la situación jurídica y de la institución, de las cuales constituye una nota común el hecho de fundarse en una concepción publicista del proceso. De todas ellas nos ocuparemos a continuación.

B) Teoría contractualista 139   

Esta teoría se fundó, sustancialmente, en las modalidades y los efectos de que se hallaba revestida la litiscontestatio en el derecho romano clásico. En efecto, tanto durante el período de las legis actionis como en la época del procedimiento formulario, la litiscontestatio se hallaba configurada como la actuación procesal en cuya virtud quedaba cerrado el procedimiento in iure ante el magistrado, se determinaba el contenido y el alcance del litigio, y se lo sometía a la decisión del iudex, cuya elección, como regla, se efectuaba por acuerdo entre los litigantes (supra, nro. 13). La litiscontestatio constituía, pues, un contrato formal entre las partes, en el que se fijaban los puntos litigiosos, del que emanaban los poderes del juez y cuyo efecto más importante era el de novar el derecho invocado por el actor en un nuevo derecho, consistente en la obtención de una sentencia dentro del ámbito asignado a la cuestión litigiosa(19); de allí que la litiscontestatio "consumiese" la pretensión, impidiendo que ella fuera renovada en otro proceso. Durante la época del procedimiento extraordinario, en la cual, como es sabido, desapareció la división del proceso de dos tiempos y quedó abandonada toda idea de arbitraje privado, la litiscontestatio perdió sus efectos más importantes y especialmente su carácter contractual, pues la sujeción de las partes al imperium del magistrado durante todo el desarrollo del proceso tornó superfluo cualquier acuerdo de voluntades tendiente a esa finalidad. No obstante la total desaparición de las circunstancias políticas y jurídicas dentro de las cuales se desenvolvió el derecho romano clásico, algunos autores franceses de los siglos XVIII y XIX (Pothier, Demolombe, Aubry y Rau, Colmet de Santerre, etc.) intentaron revivir la figura del contrato judicial de la litiscontestación y remitieron la explicación de fenómenos trascendentes del proceso, como, por ejemplo, el relativo a los límites de la cosa juzgada, a la existencia de un acuerdo de voluntades entre las partes, tendiente a someter al juez la decisión de sus diferencias. Son muchos y decisivos los argumentos que cabe oponer a dicha concepción del proceso. En primer lugar, en el Estado moderno no se concibe la prestación de la actividad judicial como el resultado de un previo acuerdo entre las partes, sino como el ejercicio de un poder, inherente a la soberanía, y al cual los litigantes se encuentran sujetos con prescindencia de su voluntad. En segundo lugar, mientras el contrato requiere, por esencia, el consentimiento de ambas partes, el proceso puede constituirse, desenvolverse y extinguirse contra la voluntad del demandado, e incluso en ausencia de él (proceso en rebeldía). Por otra parte, ni la iniciación del proceso ni la sentencia que lo decide producen, en el derecho moderno, la novación del derecho controvertido.

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C) Teoría cuasicontractualista La asimilación del proceso a un cuasicontrato fue ideada para salvar los inconvenientes que importaba, para la concepción contractualista, la circunstancia de que el proceso pudiese tener efectiva existencia pese a no mediar el libre consentimiento de ambas partes. Esta tesis alcanzó una difusión totalmente desproporcionada a su acierto: la sostuvieron Arnault de Guenyveau en Francia (Du quasi-contrat judiciaire, Poitiers, 1859), los "prácticos" españoles (Carleval, Salgado de Zomoza, Conde de la Cañada, Febrero, etc.) y autores posteriores de la misma nacionalidad (Caravantes, De la Serna y Montalbán, Manresa y Reus, etc.). Mattirolo en Italia, Pereira y Sousa en Portugal, etc., así como la mayor parte de los "procedimentalistas" argentinos (De la Colina, Parodi, Rodríguez, etc.), siendo común, todavía hoy, que algunas sentencias judiciales hagan referencia al "cuasi contrato de la litiscontestatio". Como señala Couture(20), la tesis del cuasicontrato ha procedido por simple eliminación, eligiendo, dentro de las distintas fuentes de las obligaciones, la menos imperfecta; pero dejando de lado a una de ellas, la ley, que es precisamente la que crea las supuestas obligaciones cuyo origen se busca. Por lo demás, son aplicables a esta tesis los restantes reparos formulados a la teoría contractualista(21).

D) Teoría de la relación jurídica La concepción del proceso como una relación jurídica es la que cuenta, incluso en la actualidad, con mayor número de adherentes, aunque dista de existir uniformidad de criterios acerca de la forma en que dicha relación se configura, de quiénes son los sujetos que la integran y de la índole de las vinculaciones jurídicas que entre ellos se operan. El primer expositor sistemático de esta teoría fue Oscar Bülow, quien la desarrolló en su libro La teoría de las excepciones dilatorias y los presupuestos procesales, aunque ella fue vislumbrada por Hegel y esbozada por Bethmann Hollweg. En Italia fue adoptada por Chiovenda, que erigió al concepto de relación jurídica procesal en uno de los pilares de su sistema.

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Partiendo de la base de que, con anterioridad al pronunciamiento judicial definitivo sobre la procedencia de la demanda, las partes tienen deberes y derechos, afirma Chiovenda, siguiendo el pensamiento de Bülow, que el proceso civil contiene una relación jurídica y que todos los actos mediante los cuales el proceso se manifiesta revisten trascendencia jurídica, en cuando pertenecen a esa relación fundamental, que es 1º) autónoma, porque nace y se desarrolla con independencia de la relación de derecho material; 2º) compleja, porque abarca un conjunto indefinido de derechos, los cuales se encuentran vinculados por un fin común que consiste en la actuación de la voluntad de la ley mediante el pronunciamiento de una providencia jurisdiccional definitiva; 3º) de derecho público, porque deriva de normas que regulan el ejercicio de una potestad pública. En lo que atañe al contenido de esa relación, observa Chiovenda que existe, por un lado, un deber del órgano jurisdiccional en el sentido de proveer a las peticiones de las partes, el cual se halla garantizado mediante sanciones penales y civiles, agregando que es inútil discutir si dicho deber (que corresponde fundamentalmente al juez frente al Estado) existe también respecto de las partes, pues es suficiente advertir, en su opinión, que éstas tienen frente al juez, como persona, el poder jurídico de ponerlo (con sus demandas) en la necesidad jurídica de proveer. Las partes tienen, por otro lado, deberes tanto respecto del juez como entre sí (deber de comunicación de documentos, de no retrasar por negligencia la instrucción o resolución del pleito, de no exagerar la defensa con actos culposamente inútiles, etc.). Calamandrei, por su parte, no obstante seguir sustancialmente la concepción enunciada por Chiovenda, observa que las obligaciones que el proceso genera a cargo de las partes son obligaciones a favor del Estado, no de la contraparte, como ocurre cuando el derecho procesal impone a las partes que observen en el proceso un cierto comportamiento en interés de la justicia, aun cuando sea contrario a su interés individual, y acompaña ese mandato con sanciones especiales (v.gr., deberes de lealtad y probidad, de no usar expresiones inconvenientes u ofensivas, de no jurar en falso, etc.). Advierte, sin embargo, que la obligación procesal de las partes es, en el proceso civil, una figura excepcional, pues en la mayor parte de los casos las llamadas obligaciones de las partes se hallan absorbidas por la figura de la carga procesal(22). Según Chiovenda, la relación procesal se constituye mediante la comunicación de la demanda al demandado, pero también es necesaria la concurrencia de los llamados presupuestos procesales (competencia del juez, capacidad de las partes, etc.), pues de lo contrario no nace la obligación del juez de pronunciarse sobre el mérito de la demanda. El desarrollo de la relación procesal se verifica a través de los distintos actos

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que deben cumplir las partes y el tribunal, y su fin se opera, normalmente, en ocasión de la sentencia que resuelve el fondo del asunto. Como anticipamos, no existe uniformidad de criterios acerca de la forma en que la llamada "relación jurídica procesal" se constituye. Si bien la construcción triangular, precedentemente descripta, es la que cuenta con mayor número de adherentes, también se la ha concebido como un vínculo constituido solamente entre las partes (Kohler) y como la fusión de dos relaciones jurídicas entre el juez y cada una de las partes (Zanzucchi, Rocco)(23), o sea, de la relación que media entre el actor y el Estado (relación jurídica de acción), y de la relación que media entre el demandado y el Estado (relación jurídica de excepción), las cuales se hallan estrechamente ligadas porque coinciden en el sujeto de la obligación (Estado). Carnelutti, por su parte, entiende que el proceso no es una relación jurídica, sino un complejo de relaciones jurídicas, constituidas por los poderes y los deberes que la ley instituye a favor o a cargo de los agentes que en él intervienen (partes, defensores, oficiales, encargados, terceros)(24).

E) Teoría de la situación jurídica Ha sido expuesta por James Goldschmidt en diversas obras, particularmente en Teoría general del proceso (Barcelona, 1936). Su autor comienza por negar categóricamente la afirmación de que el proceso contenga una relación jurídica; en primer lugar, porque no media relación alguna de índole procesal entre el juez y las partes, pues el deber de administrar justicia, que se basa en el derecho público, sólo engendra para el juez, en caso de incumplimiento, responsabilidades de orden penal y civil que, como tales, deben hacerse efectivas fuera del proceso y, en segundo lugar, porque no existe una verdadera obligación de las partes de someterse a la jurisdicción estatal, sino un estado de sujeción que no tiene origen en el proceso, sino en la relación general que liga al ciudadano con el Estado. El punto cardinal de la tesis de Goldschmidt reside en la distinta función que a su juicio cumplen las normas jurídicas según sea el punto de vista desde el cual se las examine. Por eso explica que en su función extrajudicial (consideración estática), las normas representan imperativos dirigidos a los ciudadanos, siendo deber y derecho, respectivamente, la sujeción a un imperativo y el poder sobre un imperativo. En su función judicial (consideración dinámica), en cambio, las normas constituyen medidas con arreglo a las cuales el 143   

juez debe juzgar la conducta y el estado de los ciudadanos, de manera tal que, hallándose pendiente el proceso, aquéllas pierden el carácter de imperativos para asumir el de promesas o amenazas de determinada conducta del juez. El proceso crea, así, nuevos nexos jurídicos, los cuales se hallan referidos a la sentencia judicial que las partes esperan, y son expectativas de una sentencia favorable o perspectivas de una sentencia desfavorable. No es, por lo tanto, el proceso una relación jurídica, sino una situación jurídica, la que es definida por Goldschmidt como el estado en que una persona se encuentra desde el punto de vista de la sentencia judicial que se espera con arreglo a las normas jurídicas. Esta situación se concreta en actos u omisiones determinados: así, la expectativa de una sentencia favorable depende, por lo general, de la realización de un acto procesal exitoso, aprovechando para ello la existencia de una posibilidad u ocasión procesal (p. ej., las posibilidades de fundamentar la demanda, de probar, de replicar, etc.) y, por el otro lado, la perspectiva de una sentencia desfavorable depende siempre de la omisión de un acto procesal: de allí que, a fin de evitar el perjuicio que ello implica, incumbe a las partes el cumplimiento de una carga procesal (v.gr., la de comparecer, a fin de no ser declarado en rebeldía; la de declarar, para no ser tenido por confeso, etc.). El proceso engendra, de tal suerte, nuevas categorías de carácter netamente procesal, aunque paralelas, según Goldschmidt, a las del derecho material: esas categorías son los derechos y las cargas procesales. Son derechos procesales: a) la expectativa de una ventaja procesal y, en último término, de una sentencia favorable; b) la dispensa de una carga procesal (p. ej., la admisión de los hechos por parte del demandado releva al actor de la carga de la prueba); y c) la posibilidad de llegar a aquella situación mediante la realización de un acto procesal. La carga procesal, a su turno, constituye la necesidad de una determinada actuación para prevenir un perjuicio procesal y, en último término, una sentencia desfavorable. A diferencia de los deberes, que siempre representan imperativos impuestos en el interés de un tercero o de la comunidad, las cargas son imperativos del propio interés. "Como la carga procesal —dice Goldschmidt— es un imperativo del propio interés, no hay frente a ella un derecho del adversario o del Estado. Al contrario, el adversario no desea otra cosa sino que la parte no se desembarace de su carga de fundamentar, de probar, de comparecer, etcétera. Se encuentra aquí el fenómeno paralelo al de los derechos procesales, frente a los cuales no hay obligación. En cambio, existe una relación estrecha entre las cargas procesales y las posibilidades, es decir, los derechos de la misma parte, porque cada posibilidad impone a las partes la carga de aprovechar la posibilidad al objeto de prevenir su pérdida. Puede establecerse el principio: la ocasión obliga o, más bien, impone una carga, y la más grave culpa contra sí mismo es dejar pasar la ocasión"(25). 144   

F) Teoría de la institución El profesor Guasp considera, por su parte, que dándose en el proceso más de una correlación de deberes y derechos jurídicos, aquél contiene, en rigor, una multiplicidad de relaciones jurídicas que debe reducirse a una unidad superior y que tal unidad sólo la proporciona la figura de la institución. Dicho autor entiende por institución el conjunto de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común y objetiva a la que figuran adheridas, sea ésa o no su finalidad individual, las diversas voluntades individuales de los sujetos de quienes proceda aquella actividad. El proceso participa, según Guasp, de esas características y es, por lo tanto, una verdadera institución: la idea común y objetiva que en él se observa consiste en la satisfacción de una pretensión, y a ella adhieren el juez en su fallo, el actor en su pretensión y el demandado en su oposición, pues todos ellos tratan de satisfacer la reclamación que engendra el proceso, pese a que cada uno entienda de una manera particularmente distinta el contenido concreto que en cada caso debe integrar la satisfacción que se persigue. Agrega el autor mencionado que el proceso exhibe los caracteres naturales propios de toda institución jurídica, que son: 1º) Respecto de los sujetos, la jerarquía, pues aquéllos se encuentran, en el proceso, no en un plano de igualdad o coordinación, sino en un plano de desigualdad o subordinación. 2º) Respecto al objeto, su inmodificabilidad u objetividad, por cuanto la voluntad de los sujetos no es susceptible de alterar el esquema objetivo común que el proceso comporta. 3º) Respecto a la actividad, su universalidad en cuanto al espacio (el proceso no reconoce variaciones territoriales dentro de los límites de la soberanía de un ordenamiento jurídico); su permanencia en cuanto al tiempo (pueden nacer y extinguirse continuamente procesos concretos, pero la idea de satisfacción de pretensiones perdura indefinidamente en el futuro); su elasticidad en cuanto a la forma (el proceso se adapta a la realidad de cada momento, sin sujeción a estructuras formales como las que se advierten en el derecho privado)(26).

G) Crítica y conclusiones 145   

a) Corresponde realizar ahora un balance crítico de las diversas teorías precedentemente descriptas, con excepción de la contractualista y de la cuasicontractualista, respecto de las cuales ya hemos expuesto las razones que impiden su actual aceptación. b) Con referencia a la teoría de la relación jurídica, interesa destacar que, si por relación jurídica se entiende el nexo normativo existente entre un deber jurídico y una facultad jurídica o, en otras palabras, la peculiar correlación que se configura entre la conducta de un sujeto obligado frente a la conducta de un sujeto pretensor(27), no parece discutible que el proceso contenga no ya una, sino diversas relaciones jurídicas. Existe, por lo pronto, una relación de tal índole entre el juez y las partes, cuyos términos están dados por el deber que incumbe al primero en el sentido de proveer lo que en derecho corresponda a las diversas peticiones que las segundas pueden formular en ejercicio del derecho a la prestación de la actividad judicial (acción), que cuenta, en nuestro ordenamiento jurídico, con respaldo constitucional(28). El juez, por lo tanto, es sujeto pasivo de una relación jurídica con las partes, y en tal carácter se halla obligado, frente a ellas, y sin perjuicio de la vinculación de derecho público que lo une al Estado, a llevar a cabo todos los actos que la ley le impone cumplir con miras a la sustanciación y la decisión del proceso. El incumplimiento de ese deber o su cumplimiento defectuoso autorizan, de acuerdo con algunos ordenamientos vigentes en nuestro país, la aplicación de verdaderas sanciones procesales contra el juez y a favor de las partes, como, v.gr., la multa de que es pasible el juez que, frente a un recurso de queja por denegación o retardo de justicia desobedezca la orden impartida por el Tribunal Superior o no manifieste justa causa que impida cumplirla, o el pago de las costas que se impone a los jueces que incurren en nulidades de procedimiento (v.gr., arts. 167, Código de Salta; 126 y 135, Código de Córdoba; 167, Código de Chubut; 167, Código de Río Negro; 109, Código de Santa Fe; 106, Código de Jujuy). De ello se sigue que en lo que a nuestro derecho positivo concierne, carece de sustento la objeción formulada por Goldschmidt contra la teoría de la relación jurídica, en el sentido de que el incumplimiento de las obligaciones que incumben a los jueces frente a los ciudadanos "es de mera índole pública criminal o civil, pero no procesal", y de que, a su vez, los medios para hacer valer la responsabilidad de los jueces caen fuera del trámite regular de los recursos(29). Por lo demás, esa objeción tampoco es decisiva en aquellos casos en que la responsabilidad del juez se hace valer con arreglo a las respectivas normas civiles o penales, pues ello no excluye el origen procesal de dicha responsabilidad. A su turno, las partes tienen frente al juez el deber fundamental de observar, durante el curso de proceso, una conducta compatible con la dignidad y la autoridad judiciales (v.gr., art. 35, CPCCN), así como el deber de lealtad, probidad y buena fe (v.gr., art. 34, inc. 5º, ap. IV, CPCCN). 146   

El proceso también comprueba la existencia de relaciones jurídicas entre las partes. Tal es, v.gr., aquella que se configura con motivo de la obligación de pagar las costas que debe imponerse, como principio, a la parte vencida y del correlativo derecho que corresponde a la parte vencedora. Importa advertir, sin embargo, que los vínculos de esta naturaleza se hallan reducidos, en el proceso, a proporciones mínimas, pues por regla general el cumplimiento de los actos procesales de las partes se halla determinado por la existencia de cargas. Asimismo, los terceros son sujetos de relaciones procesales. Tal, entre otros, el caso del testigo, que tiene a su cargo diversos deberes frente al juez (comparecer, declarar, etc.), y es titular de derechos frente a las partes (v.gr., de acuerdo con diversos ordenamientos procesales, el de ser indemnizado). Pese a ser científicamente correctas, no se advierte, sin embargo, que las teorías de la relación jurídica o de la pluralidad de relaciones jurídicas revistan mayor utilidad práctica para lograr una más adecuada comprensión del fenómeno procesal. A fin de justificar tal utilidad, se ha argüido que sólo concibiendo al proceso como una relación jurídica unitaria se explica que la nulidad de un acto procesal vicia todos los actos cumplidos después(30)o que sea posible la sucesión dentro del proceso(31). No se trata, sin embargo, de ejemplos convincentes. En cuanto al primero, debe tenerse presente que la recíproca coordinación que exhiben los actos procesales responde a la circunstancia de hallarse éstos enlazados por vínculos de imputación: cada acto procesal, en efecto, se encuentra imputado como consecuente al que lo precede y como antecedente al que le sigue. Parece obvio, en consecuencia, que sin necesidad de recurrir a la idea de relación jurídica y, por una simple razón de lógica normativa, se explica el sentido de las disposiciones legales en cuya virtud la nulidad de un acto procesal produce la de los actos sucesivos, y no así, desde luego, la de las actuaciones independientes de éste (v.gr., art. 174, CPCCN). En cuanto al fenómeno de la sucesión procesal, corresponde advertir que es de la esencia de toda sucesión, como observa Redenti(32), que una persona sustituya a otra en las posiciones o situaciones jurídicas que ésta ocupa frente a otros sujetos de derecho, siendo indiferente, al efecto, que se trate de derechos, obligaciones o sujeciones efectivamente existentes, o de simples facultades o posibilidades jurídicas que carezcan de fundamento cierto o cuyo éxito eventual no sea posible prever. Con prescindencia, pues, de toda idea de relación jurídica, la simple existencia del proceso coloca a las partes en una determinada posición jurídica que se halla configurada por el contenido de sus pretensiones y defensas, y que, como tal, es susceptible de transmitirse a sus sucesores. El hecho de que, como señala Rosenberg(33), no sea imaginable una sucesión en una totalidad de actos (en los actos ya realizados no puede intervenir el sucesor y de ahora en adelante obra por sí mismo) no modifica los términos del problema, pues la posición jurídica 147   

del sucesor procesal ha de depender irremediablemente del conjunto de actos ya cumplidos con intervención de la persona a quien sucede. c) La teoría de la situación jurídica constituye, en realidad, una excelente descripción de los procesos dominados por el principio dispositivo, en los cuales la idea de carga reemplaza en medida fundamental al concepto de deber, pues la realización de la mayoría de los actos de parte con que aquéllos se integran obedece a la necesidad de asumir una posición ventajosa o de prevenir un perjuicio, y no a la existencia de derechos instituidos a favor del Estado o de la parte contraria. Sin embargo, ni la explicación referente a los nuevos nexos que engendraría el proceso ni la conclusión de que éste configura una situación jurídica resultan suficientes para demostrar la autonomía o la peculiaridad del fenómeno procesal dentro del ámbito general de los fenómenos jurídicos. En primer lugar, los "imperativos" que, según Goldschmidt, contendrían las normas jurídicas, desde un punto de vista estático, constituyen, en todo caso (y con prescindencia del error que entraña la concepción imperativista), las consecuencias de haberse observado determinados requisitos que el ordenamiento legal prevé, no como deberes jurídicos, sino como simples posibilidades que son susceptibles de asumirse autónomamente por los ciudadanos. No existe, por ejemplo, ningún deber de observar la forma prescripta por la ley con respecto a determinado contrato, ni de efectuar el protesto de un documento comercial dentro de los plazos legales, por cuanto la ineficacia del negocio jurídico celebrado al margen de las correspondientes prescripciones o la pérdida de la fuerza ejecutiva del documento no configuran sanciones, sino, simplemente, la pérdida de los beneficios o de las ventajas que el ordenamiento jurídico condiciona al cumplimiento de aquellos requisitos. Se advierte, pues, en los casos del ejemplo, que la observancia de las normas contractuales o la diligencia del acreedor cumplen, en el derecho privado, y al margen del proceso, una función sustancialmente similar a la de las cargas procesales(34), ya que, lo mismo que éstas, y de acuerdo con la terminología de Goldschmidt, constituirían "imperativos del propio interés". En segundo lugar, tampoco, parece ser un fenómeno privativo del proceso la configuración de las "perspectivas" y las "expectativas" a que Goldschmidt se refiere en ocasión de examinar las normas jurídicas desde el punto de vista judicial o dinámico. El sentido de toda sucesión de actos humanos, en efecto, se halla siempre pendiente hasta el momento final y depende, naturalmente, de lo que los partícipes en ellas hagan o dejen de hacer. Por lo tanto, mientras se desarrolla esa "totalidad sucesiva" que es propia del tiempo existencial(35), aquéllos se encuentran en una particular situación con respecto al efecto jurídico que persiguen, en la cual median expectativas de un efecto jurídico favorable y perspectivas de un efecto jurídico desfavorable. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa en el cual se establece que la suma entregada por el comprador en el acto es en concepto de seña. Como es sabido, tal estipulación faculta a las partes a arrepentirse del 148   

contrato o a dejar de cumplir, en cuyo caso el comprador perderá la seña y el vendedor deberá devolverla con otro tanto de su valor (art. 1059, CCiv. y Com.). No es ésa, sin embargo, una situación jurídica inconmovible, sino el punto de partida de diversas posibilidades cuyo desarrollo permitirá establecer, según cuál sea la posibilidad asumida por los contratantes, el sentido jurídico integral del contrato. Supongamos, por ejemplo, que con posterioridad a la celebración de un contrato de compraventa que contenga aquella estipulación, la cosa vendida aumente considerablemente de valor y que, por lo tanto, la vigencia del precio contractual signifique un perjuicio para el vendedor. Es evidente que ante tal situación se presentarán para ambas partes, por un lado, expectativas de un efecto jurídico favorable: para el vendedor, por una parte, la expectativa estará representada por la posibilidad de arrepentirse inmediatamente del contrato, restituyendo la seña doblada; para el comprador, en cambio, la expectativa estará representada por la posibilidad de lograr un comienzo de ejecución del contrato que impida el arrepentimiento del vendedor. Por el otro lado, aparecerán también para ambas partes perspectivas de un efecto jurídico desfavorable: para el vendedor consistirá en la posibilidad de tener que cumplir el contrato y para el comprador en la posibilidad de que aquél haga uso de su facultad de arrepentimiento. El mecanismo del contrato, desde el punto de vista de su resultado final, no difiere, pues, esencialmente, de la estructura que Goldschmidt asigna a la situación jurídica procesal. d) De la misma generalidad que, como terminamos de ver, reviste la idea de situación jurídica, participa el concepto de institución, con el agravante de que este último es utilizado, por juristas y sociólogos, para individualizar realidades jurídicas totalmente ajenas al mundo del proceso. Como recuerda Couture, el vocablo "institución" ha sido empleado, entre otros significados, para denotar cada una de las organizaciones principales de un Estado; cada una de las materias principales del derecho o cada una de sus ramas; determinados grupos de usos sociales; "todo ente o cuerpo social" (Santi Romano), etcétera(36). e) Las reflexiones precedentemente formuladas demuestran que es inadecuado encasillar al proceso dentro de otras figuras jurídicas y estéril el intento de imprimirle un rótulo que lo identifique, tanto más cuanto que todas las calificaciones que se han propuesto por la doctrina adolecen, como hemos visto, de una generalidad que las destituye de toda utilidad científica y práctica. Ninguna de ellas, como también hemos visto, contribuye a facilitar la comprensión de los diversos problemas que suscita el funcionamiento de las instituciones procesales(37). Toda esa preocupación doctrinaria, por consiguiente, pese a la innegable autoridad de quienes han participado y participan de ella, gira en torno a un falso problema. Porque el proceso, como observa Satta(38), constituye un fenómeno único en el mundo del derecho y sólo corresponde, entonces, que sea explicado, como tal proceso, a través del análisis de sus 149   

elementos, de sus posibles objetos y de los principios que lo rigen. Y para ello, como es obvio, el jurista sólo debe atenerse a la experiencia de conducta humana que exhibe el proceso y a las normas jurídicas que conceptualizan esa experiencia.

48. El concepto de carga procesal a) Gran parte de la doctrina se halla ostensiblemente dominada por la preocupación de aislar adecuadamente el concepto de carga procesal frente a los conceptos de deber y obligación procesal, por un lado, y de facultad o derecho subjetivo procesal, por el otro. Con relación al deber y a la obligación, algunos autores entienden, siguiendo sustancialmente la opinión de Goldschmidt, que mientras aquéllos constituyen imperativos o vínculos de la voluntad instituidos en interés de un tercero o de la comunidad, la carga es un imperativo del propio interés(39). "La carga procesal —dice Couture— puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya opinión trae aparejada una consecuencia gravosa para él"(40). Dicha noción conduce a dos conclusiones fundamentales: 1º) La inexistencia, frente a la carga, de un derecho del adversario o del Estado. 2º) La ausencia de toda sanción respecto de la parte que omite el cumplimiento de una carga, pues aquel modo de ser del derecho no tiene posibilidad de efectivizarse cuando no media el incumplimiento de una prestación(41). Por eso Augenti(42)dice, aunque con escasa felicidad terminológica, que la carga se diferencia de la obligación y del deber por el distinto tipo de sanción conminada para el supuesto de incumplimiento: mientras en el primer caso la sanción se traduce en la mera "pérdida de efectos útiles del acto", en el segundo caso se está en presencia de una "sanción jurídica". b) Pese a existir una acentuada coincidencia doctrinaria en lo que a las mencionadas conclusiones atañe, las opiniones divergen cuando se trata de ubicar a la carga procesal dentro de los distintos "modos de ser" del derecho que toda norma jurídica conceptualiza y, especialmente, cuando se persigue su diferenciación respecto de las facultades o derechos subjetivos. Goldschmidt, por ejemplo, concibe a la carga como la antítesis de los derechos procesales(43), aunque éstos, según la opinión de dicho autor, no configuran derechos en sentido estricto sino, más bien, situaciones que podrían denominarse con la palabra francesa chances(44); Carnelutti, por su parte, observa que la obligación y la carga tienen de 150   

común el elemento formal, consistente en el vínculo de la voluntad(45); y Couture, compartiendo esa afirmación, considera que dichas categorías jurídicas, "más que oposiciones, son variantes de un mismo género"(46). Esta última conclusión, sin embargo, no se concilia en modo alguno con la tesis expuesta por Carnelutti en el sentido de que existe carga "cuando el ejercicio de una facultad aparece como condición para obtener una determinada ventaja", y que "por ello la carga es una facultad cuyo ejercicio es necesario para el logro de un interés"(47). c) El análisis de cualquiera de las denominadas cargas procesales (comparecer a la citación del tribunal, fundamentar la demanda, probar, replicar una alegación, etc.) nos conecta de inmediato con el específico ámbito de la libertad jurídica en el cual es lícita la autodeterminación de los sujetos (facultad de señorío)(48). En efecto, comparecer o no comparecer, fundamentar o no fundamentar la demanda, etcétera, constituyen posibilidades de conducta igualmente lícitas, cuya elección queda exclusivamente librada a la decisión individual de las partes. Si analizamos en cambio otras situaciones, como pueden ser, por ejemplo, la del testigo citado a declarar o la de la parte que ha sido condenada al pago de las costas, comprobamos que una de las posibilidades de conducta que allí se presentan debe ser elegida por los sujetos o, en otros términos, que el contenido de la conducta se halla heterodeterminado a aquéllos por el ordenamiento jurídico. Comparecer a prestar declaración testimonial y pagar las costas configuran, pues, respectivamente, un deber y una obligación, y constituyen, por consiguiente, situaciones ajenas al marco de autonomía en el que se encuentra tradicionalmente ubicado el concepto de carga procesal. d) De lo expuesto se infiere, en primer lugar, que siendo el deber y la obligación imputaciones normativas lógicamente localizadas dentro del concepto de "prestación", es erróneo presentar a aquéllos, junto con la carga, como variantes de un mismo género. En segundo lugar, el análisis pone de manifiesto que entre "derecho" y "carga" procesal no existe la antítesis que advierte Goldschmidt ni la situación de "anverso" y "reverso" a que también se ha aludido(49). No resulta convincente, sin embargo, la aparente identificación de la carga con la facultad jurídica que propone Carnelutti, ni el mero "parentesco" que el mismo autor considera que existe entre ambas nociones. Entendemos, por el contrario, que concebida la facultad jurídica como la posibilidad de proyectarse libremente en un determinado sentido, la carga constituye un elemento de aquélla. Contestar a la demanda, por ejemplo, representa el ejercicio de una facultad jurídica, por cuanto significa optar libremente por tal posibilidad y eliminar la posibilidad contraria, es decir, la consistente en abstenerse de cumplir aquel acto. Ocurre, empero, que si bien depende de la libre determinación del 151   

demandado contestar o no a la demanda, cuando opta por lo primero no puede hacerlo en cualquier tiempo y en cualquier forma, sino ateniéndose a los requisitos prescriptos por la ley procesal, pues sólo en este último caso la conducta de aquél engendra las imputaciones normativas correspondientes al ejercicio de la facultad, entre las que se encuentran, v.gr., el deber del juez consistente en proveer favorablemente la presentación. Es que ninguna facultad jurídica configura un poder desconectado de toda limitación, porque ello resultaría incompatible con el hecho mismo de la coexistencia de los individuos en el grupo social. Dentro del ámbito de la facultad de señorío existen también, por lo tanto, ciertas exigencias normativas cuya falta de acatamiento determina que no se produzcan las imputaciones perseguidas mediante el ejercicio de la facultad. Tales limitaciones, sin embargo, sólo se asemejan a las que son propias de los deberes y de las obligaciones, en las circunstancias de que derivan del orden coexistencial. Mientras en el marco de los deberes y de las obligaciones, en efecto, la heteronomía determina la elección de la posibilidad o fuerza su cumplimiento, en la observancia de las limitaciones a que nos referimos el orden coexistencial es libremente elegido como parte de un todo facultativo(50). Desde este punto de vista, por consiguiente, la carga se presenta como el conjunto de requisitos o condiciones que las partes deben tener en cuenta al proyectarse jurídicamente en el ejercicio de una facultad procesal, o sea, como un elemento condicionante de la eficacia jurídica de esta última(51). Corresponde advertir, sin embargo, que no se trata de una noción privativa del derecho procesal, sino aplicable a cualquier ámbito del conocimiento jurídico(52).

II. LOS PRINCIPIOS PROCESALES(53)

49. Concepto a) Denomínanse principios procesales a las directivas u orientaciones generales en que se funda cada ordenamiento jurídico procesal(54).

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Aunque mucho de esos principios son comunes a la legislación procesal moderna, el primado de uno u otro responde a las circunstancias históricas, políticas y sociales que caracterizan al Estado cuyo sistema legal se examine. El tema, sin embargo, no se presta a generalizaciones ni a encuadramientos rigurosos, porque dentro de estructuras políticas afines al alcance de ciertos principios virtualmente derivados de aquéllas acusa variantes, a veces significativas, entre los distintos países cuyos ordenamientos se analizan. Es que los principios procesales, en la medida en que se extraen de un determinado contexto normativo, expresan valoraciones de la respectiva comunidad y deben interpretarse, por lo tanto, en un sentido armónico con las necesidades propias del tiempo y del lugar en que han de aplicarse(55). b) En su mayor parte, los principios procesales no revisten carácter absoluto. Difícilmente, en efecto, la ley que adopta un determinado principio no prevé, respecto de ciertas situaciones, la necesidad de hacer prevalecer, en mayor o menor medida, un principio distinto y aun opuesto. El principio dispositivo, por ejemplo, es susceptible de funcionar junto con las facultades concedidas a los jueces en materia de iniciativa probatoria, siempre que el ejercicio de tales facultades no ocasione agravio al derecho de defensa ni comprometa la igualdad entre las partes. El principio de contradicción sufre atenuaciones importantes en cierta clase de procesos cuya efectividad resulta incompatible con una plena y actual posibilidad de audiencia y de prueba para ambos litigantes (procesos cautelares y ejecutivos). Similares reflexiones pueden formularse, como más adelante veremos, con relación a otros principios procesales. c) Los principios procesales cumplen, fundamentalmente, las siguientes funciones: 1º) Sirven de bases previas para la estructuración de las leyes procesales(56). Algunas leyes modernas, incluso, contienen en su articulado la formulación de determinados principios; tales como el Código italiano, que se refiere expresamente a los principios de la demanda y del contradictorio (arts. 99 y 101, respectivamente); el Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy, que enuncia y explicita los principios de iniciativa (art. 1º), dirección (art. 2º), impulso procesal (art. 3º), igualdad (art. 5º), contradicción (art. 6º), publicidad (art. 7º), probidad (art. 8º) y economía (art. 10); etcétera. De la misma orientación participa el Proyecto de Código de Procedimiento Civil para la República Oriental del Uruguay redactado en 1945 por Eduardo Couture, que trata separadamente, desde el art. 2º hasta el 9º, los principios de iniciativa en el proceso, de dirección, de impulso procesal, de igualdad, de libertad en las formas, de probidad, de economía y de concentración(57). 2º) Facilitan el estudio comparativo entre los diversos ordenamientos procesales vigentes en la actualidad, así como entre éstos y los que rigieron en otras épocas(58). 3º) En tanto, como dijimos, expresan valoraciones jurídicas vigentes en un grupo social determinado, constituyen importantes instrumentos auxiliares en la función interpretativa. 153   

d) Aunque no existe acuerdo entre los autores acerca del número y de la individualización de los principios procesales(59), consideramos que, sobre la base de los ordenamientos legales que se analizan en esta obra, resulta oportuno acordar preferencia al estudio de los principios de disposición, de contradicción, de escritura y oralidad, de publicidad, de preclusión, de adquisición, de economía procesal, de inmediación y de legalidad e instrumentalidad de las formas. Ello no excluye, por otra parte, la existencia de ciertos principios que, en razón de vincularse a aspectos particulares del proceso, serán objeto de consideración en los lugares correspondientes. Tal ocurre con los de la sana crítica, de la doble instancia, etcétera.

50. El principio dispositivo

A) Concepto a) En términos generales, llámase principio dispositivo a aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez(60). b) La vigencia de este principio, que se apoya en la consideración de que las pretensiones y las defensas que se ventilan en el proceso civil constituyen un mero reflejo de los derechos subjetivos de las partes, y no exceden, por lo tanto, el interés privado de éstas, se manifiesta en los aspectos que analizaremos a continuación.

B) Iniciativa El proceso civil sólo puede iniciarse a instancia de parte (nemo iudex sine actore; ne procedat iudex ex officio). La ley nacional 27 consagra explícitamente el principio cuando, al referirse a la naturaleza y las funciones del Poder Judicial expresa: "Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida 154   

a instancia de parte" (art. 2º). La misma regla surge del contexto del Código Procesal de la Nación y de los Códigos provinciales.

C) Disponibilidad del derecho material a) Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se halla vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes relativas a la suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación de derecho material en la cual se fundó la pretensión. Es así como el actor se encuentra facultado para desistir de la pretensión (requiriéndose la conformidad del demandado cuando el desistimiento es posterior a la notificación de la demanda) (v.gr., art. 304, CPCCN) o del derecho (v.gr., art. 305, CPCCN), el demandado para allanarse a la pretensión del actor (v.gr., art. 307, CPCCN), conciliarse (v.gr., art. 309, CPCCN), o someter el pleito a la decisión de jueces árbitros (v.gr., art. 736, CPCCN) o de amigables componedores (v.gr., 766, CPCCN). Asimismo, sólo a instancia de parte interesada se procede a la ejecución de la sentencia (v.gr., art. 499, CPCCN). b) Corresponde destacar, sin embargo, que el interés social comprometido en cierta clase de relaciones jurídicas impone, respecto de los procesos en que ellas se controvierten, la necesidad de hacer prevalecer los poderes del juez sobre las facultades dispositivas de las partes. El proceso civil adquiere en tales hipótesis carácter inquisitorio, pues las partes carecen de la disponibilidad del derecho o de la relación que les sirve de fundamento(61), y la autonomía privada, por lo tanto, debe ceder paso a una mayor injerencia del órgano judicial sobre el contenido material y formal del litigio. Tal es lo que sucede con los procesos relativos a "derechos en los que está comprometido el orden público" y a "derechos irrenunciables" donde no está permitida la transacción (CCiv. y Com., art. 1644). Tampoco pueden ser objeto de transacción —dice ese mismo artículo— los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquéllos, o de otros derechos sobre los que, expresamente, el Código admite pactar(62).

D) Impulso procesal 155   

a) El principio dispositivo también incide en el impulso procesal, o sea, en la actividad que es menester cumplir a fin de que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquél pueda superar los distintos períodos o etapas de que se compone y que lo conducen hacia la decisión final. Con relación a este aspecto, la doctrina suele referirse a los principios de impulso de parte (o autónomo) y de impulso oficial, según que, respectivamente, la mencionada actividad proceda de las partes o del órgano judicial(63), si bien no deja de reconocer la estrecha vinculación que el primero de ellos guarda con el principio dispositivo(64). A nuestro juicio, el principio de impulso de parte es una consecuencia de este último. b) En su primitiva versión, el Código de Procedimiento de la Capital Federal se hallaba en gran medida adherido al principio de impulso de parte, pues muy pocos eran los actos procesales cuyo cumplimiento se confiaba a la iniciativa judicial (recepción de la causa a prueba en el juicio ordinario, art. 104; agregación de los alegatos, art. 214; prosecución de la instancia de apelación ante la incomparecencia del apelado, art. 242; citación de remate al ejecutado, art. 485, etc.)(65). A una orientación semejante responden aún algunos Códigos provinciales, como los de Salta y La Rioja. La ley 14.237 y el decreto-ley 23.398/1956, en cambio, instituyeron diversas normas en cuya virtud se autorizó una mayor injerencia de los jueces y los tribunales en lo que concierne al impulso procesal. En este sentido cabe citar el art. 7º de la ley 14.237, que impuso a los jueces el deber de habilitar las horas o los días necesarios cuando no fuese posible señalar las audiencias dentro de un término que permita practicar las actuaciones judiciales en el plazo indicado por la ley; el art. 13 de la misma ley, según el cual se facultó a los jueces para intimar, sin necesidad de petición de parte, a que se unifique la representación; el art. 2º del decretoley 23.398/1956, en virtud del cual todo traslado o vista en primera instancia se consideraba dictado en calidad de autos, "debiendo el juez dictar resolución sin más trámite"; el art. 5º del mismo decreto-ley, que al establecer, como art. 42 del Código la regla de que "los términos legales y judiciales son perentorios, salvo acuerdo de partes establecido por escrito en los autos con relación a los actos procesales específicamente determinados", descartó la necesidad de que la parte interesada solicitara la declaración de decaimiento del respectivo derecho o facultad, permitiendo que el proceso avanzara, por efecto de la preclusión, al período subsiguiente, etcétera. Aparte de recoger todas las normas precedentemente citadas, el Código Procesal de la Nación concedía a los jueces y tribunales, como norma general, el poder de impulsar de oficio el proceso. Aquéllos —antes de la reforma que se menciona a continuación—, según el art. 36, inc. 1°, podían "tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso"; agregando la norma, que fue tomada del art. 62 del Código de Mendoza: 156   

"A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias"(66). Dicha norma, que comportaba la consagración de un nuevo principio en el ordenamiento procesal nacional, no excluía, sin embargo, la carga que incumbe a las partes en el sentido de impulsar el proceso. Esta carga, por el contrario, subsiste en forma concurrente con la mencionada facultad de los órganos judiciales. c)(67)La ley 25.488 modificó el texto del art. 36, inc. 1º, del Código Procesal Civil de la Nación e impuso a los jueces el deber de adoptar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso, impulsando el trámite de oficio, aunque semejante imperativo resulta inconciliable con el mantenimiento de la caducidad de la instancia, a cuyo respecto continúa incluso vigente su declaración de oficio (art. 316). La contradicción aparece acentuada en el inc. 5º del art. 36 en cuanto incluye, como deber de los órganos judiciales, el consistente en impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el asesor de Menores efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto. Tampoco exhibe mayor coherencia el mantenimiento del art. 314 en su versión originaria, porque según dicha norma, la caducidad se opera contra los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes.

E) Delimitación del thema decidendum a) Desde otro punto de vista, ya incluido en el concepto enunciado más arriba, el principio dispositivo impone la regla de que son las partes, exclusivamente, quienes determinan el thema decidendum, pues el órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por aquéllas. A las partes incumbe, en otras palabras, fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica (ne eat iudex ultra petita partium; iudex secundum allegata et probata a partibus iudicare debet; sententia debet esse conformis libello), incurriendo en incongruencia el juez que al fallar se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado(68). b) El Código Procesal de la Nación consagra la regla mencionada en el art. 34, inc. 4º, que impone a los jueces el deber de respetar, en el 157   

pronunciamiento de las sentencias definitivas o interlocutorias, "el principio de congruencia", y en el art. 163, inc. 6º, según el cual la sentencia definitiva debe contener "la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte". Dichas normas prohíben a los jueces, por consiguiente, otorgar algo que no haya sido pedido (extra petita) o más de lo pedido (ultra petita). Tal limitación, además, reviste en nuestro ordenamiento jurídico jerarquía constitucional, habiendo declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia que afectan las garantías reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional los pronunciamientos judiciales que desconocen o acuerdan derechos que no han sido objeto de litigio entre las partes o exceden el límite cuantitativo fijado en la demanda.

F) Aportación de los hechos a) En concordancia con la regla precedentemente analizada, y como una natural derivación de ella, el principio dispositivo requiere que constituya una actividad privativa de las partes la consistente en la aportación de los hechos en que aquéllas funden sus pretensiones y defensas, y que, por lo tanto, le esté vedada al juez la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes(69). Asimismo, el juez carece de facultades para esclarecer la verdad de los hechos afirmados por una de las partes y expresamente admitidos por la contraria(70). Como Goldschmidt dice, la alegación incontrovertida de un hecho se convierte, en el proceso civil, en fundamento de la sentencia(71). Pero esta última regla admite excepción en cierta clase de procesos civiles, como los de insania, los matrimoniales y, en general, los que versan sobre el estado civil o la capacidad de las personas, por cuanto en ellos el interés social comprometido en el objeto litigioso, que de tal manera resulta "indisponible" para las partes, impide que el juez o el tribunal quede vinculado por las posibles actitudes que puede asumir el demandado con relación a los hechos. b) Pero si bien el juez se halla inhabilitado para tener en cuenta hechos no afirmados por ninguna de las partes o para verificar la efectiva existencia de los hechos que aquéllas han afirmado en forma concordante, no ocurre lo mismo con la determinación de las normas jurídicas aplicables al caso, pues en lo que a tal extremo concierne aquél debe atenerse exclusivamente a su conocimiento del orden jurídico vigente, con prescindencia de las afirmaciones o las argumentaciones de orden legal formuladas por las partes (iura novit curia)(72). 158   

G) Aportación de la prueba La vigencia estricta del principio dispositivo, finalmente, requeriría que se confiase exclusivamente a la iniciativa de las partes la posibilidad de aportar la prueba necesaria para acreditar los hechos controvertidos. Sin embargo, aun las leyes procesales más firmemente adheridas al principio dispositivo, como los derogados Códigos de Procedimientos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, y entre otros el Código de Córdoba, admitían y admiten, en forma concurrente con la carga de la prueba que incumbe a las partes, la facultad de los jueces en el sentido de complementar o integrar, por propia iniciativa, el material probatorio adecuado a la prueba de los hechos(73). "La iniciativa probatoria del juez —observa Reimundin(74)— no puede prevalecer sobre la que se impone a las partes como consecuencia de la carga, sino que la actividad jurisdiccional se dirige a completar la insuficiencia de la instrucción. Aun tratándose del proceso de tipo inquisitorio, no se llega a la aplicación absoluta del principio oficial. Lo que la reforma quiere sugerir es que no debe dejarse al juez reducido a los medios de prueba aportados por las partes, pudiendo elegir y buscar cuando lo considere útil otros medios más idóneos para establecer la verdad"(75).

H) Limitaciones Aparte de los poderes reconocidos a los jueces en materia de impulso procesal y de aportaciones de prueba, y de las limitaciones que el principio dispositivo sufre en aquellos procesos civiles en los cuales se halla interesado el orden público, corresponde poner de manifiesto, finalmente, la existencia de otros poderes judiciales que también restringen la plena vigencia de dicho principio. En ese orden de ideas cabe recordar que los jueces pueden: 1º) Declararse incompetentes, sin que medie petición de parte, en los casos en que su incompetencia (absoluta) resulte de los propios términos de la demanda. 2º) Declarar, también de oficio, la inexistencia de ciertos requisitos de admisibilidad de la pretensión, como los referentes a la capacidad de las partes y a las formas de la demanda. 3º) Imponer al vencido en el juicio el pago de las 159   

costas, aunque éstas no hayan sido solicitadas (v.gr., art. 68, CPCCN). 4º) Declarar de oficio la nulidad de actos procesales, siempre que el vicio no se halle consentido (v.gr., art. 172, CPCCN).

51. El principio de contradicción a) Este principio, llamado también de bilateralidad o de controversia, deriva de la cláusula constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18, CN) (supra, nro. 24, B], 3º), aunque, como advierte Millar(76), es inseparable de toda administración de justicia organizada y encuentra expresión en el precepto romano: audiatur altera pars (óigase a la otra parte). b) En términos generales, implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por tales actos. Es sobre la base de esa idea que las leyes procesales estructuran los denominados actos de transmisión o comunicación, como los traslados, las vistas y las notificaciones, cuyo objeto consiste en colocar a las partes y eventualmente a los terceros en condiciones de expedirse acerca de las pretensiones o peticiones que se formulen en el proceso y de controlar el diligenciamiento de los actos procesales dispuestos a pedido de otra parte o de oficio por el juez. c) La vigencia del principio de contradicción requiere, fundamentalmente, que las leyes procesales acuerden, a quienes se encuentren en las situaciones mencionadas, una suficiente y razonable oportunidad de ser oídos y de producir pruebas. No exige la efectividad del ejercicio de tales derechos, razón por la cual el principio que nos ocupa no resulta desconocido cuando la parte interesada no hizo valer, por omisión o negligencia, los medios de defensa, las pruebas o los recursos que pudo utilizar en la respectiva oportunidad procesal(77); de allí, por ejemplo, que las leyes procesales estructuren el llamado proceso contumacial o en rebeldía, el cual puede desenvolverse válidamente, y en su integridad, sin la intervención del demandado que es debidamente citado al proceso y se abstiene voluntariamente de comparecer a él, o bien, proseguir con prescindencia de la participación de cualquiera de las partes que lo abandona después de haber comparecido. d) La índole de ciertos procesos, sin embargo, impone la necesidad de que las resoluciones que en ellos deben recaer se adopten sin la previa audiencia de una de las partes o mediante una audiencia 160   

restringida. Así, por ejemplo, una obvia exigencia de efectividad determina que las medidas cautelares puedan decretarse inaudita parte, porque de lo contrario estaría en manos del deudor o presunto deudor la posibilidad de frustrarlas (ocultando o vendiendo, por ejemplo, el bien que ha de ser embargado). La misma naturaleza de los procesos de ejecución, por otra parte, excluye la posibilidad de que en ellos se deduzcan defensas o excepciones concernientes a la existencia o la legitimidad de la relación jurídica sustancial, o fundadas en hechos anteriores a la creación del título ejecutivo (judicial o extrajudicial) que le sirve de fundamento. Pero en ninguno de esos casos media una derogación del principio que nos ocupa, sino, simplemente, una postergación o aplazamiento momentáneo de su vigencia estricta. En efecto, las medidas cautelares pueden ser impugnadas por el afectado, mediante el recurso de apelación, una vez que han sido íntegramente cumplimentadas (v.gr., art. 198, CPCCN); y en el supuesto de los procesos de ejecución, la ley acuerda, tanto al ejecutante como al ejecutado, la facultad de promover, con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia de remate, un proceso de conocimiento en el cual cabe la oposición de defensas o la producción de pruebas cuya admisibilidad está descartada en aquéllos (v.gr., art. 553, CPCCN). Algo semejante ocurre con el juicio de alimentos, cuyas restricciones en materia probatoria son subsanables por vía de incidente (v.gr., art. 650, CPCCN)(78); con los interdictos, en los cuales el tema de discusión se contrae al hecho de la posesión o de la tenencia, quedando al vencido el derecho de interponer las correspondientes pretensiones reales (v.gr., art. 622, CPCCN)(79). e) Interesa destacar, sin embargo, que la dilación de los procesos judiciales obedece, en apreciable medida, a la exagerada extensión que los jueces suelen acordar a este principio, sea mediante el otorgamiento de traslados o vistas innecesarios, sea mediante una apreciación excesivamente liberal de las circunstancias que autorizan la notificación personal o por cédula. Es que, como observa Podetti, la necesaria comunicación entre partes que comporta el principio de bilateralidad, "no debe ir más allá de lo estrictamente necesario para asegurar los derechos, pues de lo contrario se convierte en un sistema dilatorio que entorpece la pronta y expeditiva solución de los litigios"(80). Por lo demás, las reformas procesales se han dirigido más de una vez a corregir tales corruptelas. Ejemplos de tal preocupación legislativa son, entre otros, el art. 240 del Código Procesal de la Nación, que recogiendo el principio establecido por el art. 38 de la ley 14.237, elimina el traslado a la otra parte en el caso de pedirse la reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido del recurrente; los arts. 135 y 179 del mismo ordenamiento, que, respectivamente, determinan en forma taxativa las resoluciones que corresponde notificar personalmente o por cédula 161   

y autorizan a rechazar sin más trámite los incidentes de manifiesta improcedencia; etcétera. f) El principio de contradicción debe también observarse en los procedimientos que se sustancian ante organismos administrativos, aunque la restricción de la defensa que pudiere mediar en ellos es sustancialmente menor en el posterior trámite judicial(81), siempre que éste fuera procedente. g) Como regla, el principio que examinamos sólo resulta aplicable en los procesos contenciosos, pues las sentencias con que éstos culminan son las únicas susceptibles de pasar en autoridad de cosa juzgada(82). Es, por lo tanto, ajeno al trámite de los procesos voluntarios, en los cuales, por no existir conflicto o controversia alguna entre partes, tampoco cabe la posibilidad de que se dicten decisiones provistas de aquel atributo, pues ellas son revisables toda vez que se impugnen por parte de un legítimo contradictor(83); de allí que el art. 412 del Código Procesal de Jujuy disponga acertadamente: "Las decisiones de los jueces en los procesos voluntarios no hacen cosa juzgada ni aun cuando, por haber sido objeto de recurso, hayan sido confirmadas por los jueces superiores. Declarado un hecho mediante estos procedimientos, se presume cierto hasta prueba en contrario; y los terceros que adquieran derechos de aquellos en cuyo favor se ha hecho la declaración judicial, se presumen de buena fe hasta prueba en contrario"(84). El principio de contradicción, por consiguiente, recobra su plena vigencia no bien se controvierta, por alguna persona directamente afectada, cualquier declaración emitida en esta clase de procesos. Lo mismo ocurre cuando, durante la sustanciación del proceso voluntario, se deduzca alguna oposición al derecho reclamado por el peticionario.

52. Los principios de escritura y de oralidad

A) Generalidades a) Los principios ahora analizados se vinculan con la forma de expresión que ha de observarse para aportar la materia de la decisión judicial; de allí que regirá el principio de escritura o el de oralidad, según que la sentencia

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deba fundarse tan sólo en aquellas alegaciones y pruebas que se hayan producido, respectivamente, por escrito o de palabra(85). b) Sin embargo, como lo hace notar Chiovenda, "es difícil concebir hoy un proceso escrito que no admita en algún grado la oralidad, y un proceso oral que no admita en algún grado la escritura"(86). En los sistemas legales regidos por el principio de oralidad, en efecto, deben redactarse por escrito los actos preparatorios del examen de la causa (demanda, contestación, excepciones, ofrecimiento de prueba, etc.), aunque las declaraciones contenidas en ellos, para ser jurídicamente eficaces, deben ser oralmente confirmadas en el acto de la audiencia. Asimismo, cabe la posibilidad de modificar, rectificar e incluso abandonar, en aquel acto, las declaraciones anunciadas en los escritos preparatorios, siempre que tales actitudes no comporten una modificación de la demanda(87). Es que, como recuerda Millar con referencia a las normas pertinentes contenidas en la Ordenanza Procesal Civil alemana(88), "las verdaderas afirmaciones son las alegaciones orales y las especificaciones de pruebas formuladas en la audiencia, en combinación con la lectura de las peticiones desde los escritos preparatorios o, si no existen tales, desde una minuta preparada para ser agregada al expediente"(89). Corresponde también destacar que en los regímenes procesales francés y alemán, las alegaciones formuladas verbalmente que no consten en los escritos preparatorios y las que discrepen con el contenido de éstos, aunque las discrepancias consistan en adiciones, omisiones o cualesquiera otras modificaciones, deben hacerse constar en escritos independientes que se acompañan como anexos al acta de la audiencia(90). Constituye igualmente una manifestación del papel que juega la escritura, en los procesos orales más típicos, la documentación que debe realizarse de las declaraciones formuladas y de las pruebas recibidas en la audiencia, en aquellos regímenes procesales que instituyen, además, la doble instancia judicial(91). Tampoco cabe prescindir de la documentación en los supuestos en que la prueba, o parte de ella, ha sido recibida por un juez comisionado o exhortado(92). En esta hipótesis, que representa una combinación entre los principios de escritura y de oralidad, corresponde hablar del principio de protocolización o de oralidad actuada.

B) Los principios de escritura y de oralidad en la legislación argentina En lo que atañe a la aportación de las alegaciones introductorias, todos los códigos procesales en materia civil vigentes en la República Argentina adhieren al principio de escritura. De acuerdo con dichos ordenamientos, 163   

corresponde presentar por escrito la demanda, la reconvención y la contestación de ambas, así como las excepciones dilatorias y su contestación, hallándose excluida la posibilidad de que las declaraciones contenidas en los respectivos escritos sean objeto de ulteriores ampliaciones, rectificaciones o modificaciones(93). El principio rige incluso en aquellos Códigos que, como los de Jujuy(94)y Santa Fe(95), instituyen el procedimiento oral para el trámite de determinadas cuestiones. La presentación de las alegaciones críticas, en cambio, se encuentra en líneas generales sujeta a sistemas diversos. Uno de ellos, que es el predominante en la legislación argentina, subordina ese tipo de alegaciones al principio de escritura, aunque hace una concesión al de oralidad en el supuesto del informe in voce que se autoriza a formular ante las Cámaras de apelaciones cuando se trata de apelación de sentencia definitiva y se ha producido prueba en segunda instancia. En la práctica, sin embargo, a raíz de la gravitación que ejercen ciertos hábitos judiciales y profesionales incompatibles con la vigencia del principio de oralidad, el referido informe es sustituido por la presentación de memoriales escritos. De acuerdo con el segundo sistema, las alegaciones críticas se producen por escrito o de palabra según el tipo de procedimiento (escrito u oral) aplicable al caso. Tal es el sistema seguido por los Códigos de Buenos Aires, Jujuy y Santa Fe. El tercer sistema, finalmente, sujeta las alegaciones que analizamos al principio de oralidad, el que es aplicable, por lo demás, a todo tipo de proceso. A este sistema responde, v.gr., el Código de La Rioja(96). Sin perjuicio de los tres sistemas precedentemente descriptos, algunos códigos provinciales adhieren al sistema de protocolización (oralidad actuada) al estructurar el trámite de ciertos procesos especiales, como los de interdictos y el de desalojo, en los cuales las alegaciones de las partes, con excepción de la demanda introductiva, deben formularse verbalmente y registrarse en actas (v.gr., los antiguos arts. 532, 543, 546 y 547, Código de Salta). En la práctica, sin embargo, dicho trámite se reduce a la incorporación en el expediente de escritos ya confeccionados por las partes, no cabiendo calificar a esa práctica como viciosa si se tiene en cuenta que el principio de protocolización, aplicado a las alegaciones, redunda en notorio desmedro de la celeridad de los procedimientos, pues la necesidad de documentar las manifestaciones que formulan las partes en el acto de la audiencia entorpece las tareas habituales del personal judicial auxiliar y se traduce en pérdidas de tiempo que pueden obviarse mediante la presentación de escritos(97). Por lo que concierne a los actos probatorios que requieren el lenguaje oral como modo de expresión, la mayor parte de los ordenamientos procesales civiles vigentes en la República sujetan su producción al principio de protocolización (oralidad actuada), ya que las declaraciones 164   

emitidas por las partes, por los testigos y, eventualmente, por los peritos (cuando dictaminan en audiencia o suministran explicaciones con respecto al informe escrito) deben ser registradas en actas que consignen con la mayor fidelidad posible las expresiones de los declarantes. Hacen excepción, aunque limitada a las cuestiones que deben tramitar mediante las reglas del procedimiento oral, los Códigos de Jujuy, Santa Fe y Buenos Aires, ya que las declaraciones vertidas durante la audiencia señalada para la vista de la causa no son objeto de documentación(98)y el acta se limita a consignar el nombre de los comparecientes, de los peritos y testigos, y de sus circunstancias personales, sin perjuicio de que, a pedido de parte y siempre que el tribunal lo considere pertinente, se deje constancia de alguna circunstancia especial (Jujuy, art. 368; Santa Fe, art. 561; Buenos Aires, art. 851 para el proceso antes los jueces de familia). Respecto de las reglas aplicables a la celebración de audiencias(99), el art. 125, inc. 6º del Código Procesal Civil de la Nación, de acuerdo con el texto que le introdujo la ley 25.488, prescribe que las audiencias de prueba serán documentadas por el tribunal. Si éste así lo decidiere, la documentación se efectuará por medio de fonograbación. Ésta se realizará en doble ejemplar, uno de los cuales se certificará y conservará adecuadamente hasta que la sentencia quede firme; el otro ejemplar quedará a disposición de las partes para su consulta. Las partes que aporten su propio material tendrán derecho a constancias similares en la forma y condiciones de seguridad que establezca el tribunal de superintendencia. Estas constancias carecerán de fuerza probatoria. Los Tribunales de Alzada, en los casos de considerarlo necesario para la resolución de los recursos sometidos a su decisión, podrán requerir la transcripción y la presentación de la fonograbación, dentro del plazo que fijen al efecto a la parte que propuso el medio de prueba de que se trate o a la que el propio tribunal decida, si la prueba fuere común. El inc. 7º dispone, a su turno, que en las condiciones establecidas en el inciso anterior, el tribunal podrá decidir la documentación de las audiencias de prueba por cualquier otro medio técnico, como pueden ser, entre otros, la videograbación o la Cámara Gesell. En punto a la celeridad del juicio tal vez sea el inciso transcripto, así como los preceptos regulatorios de las notificaciones expresas, las normas que revisten mayor importancia y acaso también las únicas que justificaron la sanción de la ley 25.488. Al preverse, en efecto, la fonograbación, no sólo se ahorra el tiempo utilizado por el escribiente para transcribir las declaraciones y las manifestaciones vertidas en las audiencias, sino que, además, se logra la genuina versión de lo expresado en ellas, muchas veces desvirtuada a causa de errores sintácticos e incluso ortográficos.

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C) Ventajas e inconvenientes de ambos principios Se ha discutido intensamente acerca de la conveniencia de aceptar el predominio de los principios de escritura o de oralidad, pudiendo resumirse las ventajas y los inconvenientes de ambos en los siguientes términos: 1º) El de escritura exhibe la ventaja de proporcionar fijeza o permanencia a la actividad desplegada durante el curso del proceso que, en tanto queda documentada en el expediente, permite su examen en cualquier momento, particularmente en las instancias superiores. Asimismo, depara a los jueces mayores posibilidades de reflexión en el estudio de las causas. Tiene, sin embargo, como inconveniente la complejidad formal y la consecuente lentitud, derivadas del sistema de comunicación que inevitablemente debe instituir entre las partes, y entre éstas y el órgano judicial, así como la posibilidad de que este último incurra en valoraciones erróneas de los hechos controvertidos a raíz de la práctica consistente en delegar la recepción de la prueba en el personal judicial subalterno. 2º) El principio de oralidad presenta, entre sus principales ventajas, la de simplificar el procedimiento y establecer una estrecha vinculación entre los jueces, las partes y los órganos de prueba, configurando asimismo un obstáculo a maniobras maliciosas. Tiene, en cambio, el inconveniente representado por los equívocos a que pueden conducir eventuales deficiencias de memoria o de concentración en los jueces que asisten a las audiencias, particularmente cuando éstas son prolongadas. Pero en el balance que se haga de las ventajas y de los inconvenientes de ambos principios, siempre debe tenerse en cuenta, como recuerda Wach(100), que el proceso no es una creación estética, sino un producto de la inteligencia, "una maquinaria hecha con sutileza y construida según las leyes severas de la lógica", cuya forma más adecuada será aquella que en mayor medida asegure el cabal conocimiento del material litigioso y, por ende, el logro de sentencias justas. Por ello, si cabe hablar de la superioridad del principio de oralidad sobre el de escritura, es en cuanto a que el primero se halla íntimamente vinculado a la vigencia de otros principios complementarios que resultan idóneos para alcanzar aquel objetivo: tales como el de inmediación, que al requerir el contacto directo del juez con los medios de prueba, facilita a aquél un mejor conocimiento de los hechos controvertidos; el de la concentración de la actividad procesal en una audiencia o en muy pocas audiencias temporalmente próximas entre sí y con respecto a la decisión final del pleito; el de la inmutabilidad o identidad del juez o jueces que deben seguir 166   

personalmente la causa desde el comienzo hasta el final; el de la publicidad de los procedimientos; el de la limitación de los recursos respecto de las providencias interlocutorias, etcétera. De ello se sigue, asimismo, que la vigencia del principio de oralidad carece de razón de ser con respecto a la alegación de las cuestiones de derecho: "El lugar que corresponde a la oralidad —dice acertadamente Lascano— está en la prueba; cuando no hay prueba, la oralidad no es necesaria y ni siquiera conveniente, a menos que se trate de cuestiones simples, fáciles de considerar y resolver de inmediato. La ventaja primordial de la expresión verbal radica precisamente en que constituye un medio que conduce a una más exacta expresión de la realidad de los hechos. Eso es lo que en definitiva destacan los autores de todas las épocas desde Bentham a Chiovenda, que han hecho el elogio apasionado del procedimiento oral. La mayor facilidad con que se ha incorporado la oralidad en el procedimiento penal de casi todos los países se debe, en gran parte, a que en lo criminal el objeto materia del proceso es el delito, vale decir, un hecho material susceptible de probarse. El asunto de derecho, la cuestión legal, constituye algo accesorio, que no llega a absorber el debate sino por excepción. Son los hechos y las complicaciones de los mismos los que atraen la atención y el interés de las partes, el juez y el público, ansiosos todos de llegar al descubrimiento de la verdad; y como el descubrimiento de la verdad es la razón de ser y objetivo primordial de la instrucción, se explica que se utilice el medio más idóneo para conseguirlo"(101). El éxito de la oralidad, sin embargo, aún restringida al ámbito probatorio, se halla inexcusablemente condicionado a la formulación de delicadas previsiones acerca del número de órganos judiciales compatible con una expeditiva sustanciación de los procesos, así como a la solución de múltiples problemas de infraestructura judicial (construcción de edificios adecuados para el funcionamiento del sistema, creación de cuerpos de taquígrafos, etc.) que requieren, obviamente, refuerzos presupuestarios cuyo otorgamiento a la justicia, según lo enseñan experiencias acumuladas en nuestro país, suelen sufrir retaceos y postergaciones. En el caso de no superarse tales escollos, lejos de concretarse la reflexión formulada por Jofré en el sentido de que entre el proceso oral y el escrito existe "la misma diferencia que entre un automóvil y una carreta"(102), la institución del principio de oralidad no traería aparejado ningún avance en cuanto a la agilidad y la eficacia de la administración de justicia. Por lo demás ciertas experiencias, como la de la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires, distan de ser alentadoras, pues el excesivo número de procesos que debe atender cada uno de los tribunales de ese fuero determina sensibles demoras en la realización de las audiencias de prueba, y esa circunstancia, como es natural, gravita en notorio desmedro de la celeridad del proceso y desvirtúa la bondad de los principios que complementan al de oralidad.

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Es cierto, como se ha dicho, "que la administración de justicia es la rama del presupuesto en la que menos cabría pensar en hacer economías"(103). Pero como la realidad argentina no coincide en general con esa aspiración, el legislador debe hacerse necesariamente cargo de aquélla y optar, frente a la perspectiva de un sistema oral que se preste a dilaciones como las expuestas, por un sistema escrito estructurado sobre pautas que aseguren debidamente la celeridad del proceso(104).

53. El principio de publicidad a) El principio de publicidad requiere que los actos procesales puedan ser presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares(105). Ha sido adoptado por la mayoría de las leyes procesales civiles modernas(106), y reconoce fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión pública un medio de fiscalizar la conducta de magistrados, litigantes y auxiliares judiciales. Por ello, aparte de cumplir una función educativa, en tanto posibilita la divulgación de las ideas y de los métodos jurídicos, sirve para elevar el grado de confianza de la comunidad en la administración de justicia(107). b) Desde luego que es en los procesos orales donde este principio puede alcanzar su máxima efectividad. Pero también ha sido adoptado por los Códigos procesales argentinos que se hallan dominados por el principio de escritura. Las audiencias "serán públicas" prescriben, en efecto, los arts. 125, inc. 1º, del Código Procesal de la Nación y 72 de la ley 1893, aunque con la salvedad de que el juez puede resolver lo contrario "mediante resolución fundada". El inc. 1º prescribe ahora(108), sin embargo, que las audiencias serán públicas, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio, que total o parcialmente, se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad y que la resolución, que será fundada, se hará constar en el acta. Pero no hay duda de que el inciso transcripto ofrece toda la apariencia de haber sido redactado para regir en el debate del proceso penal oral, e incluso en otro país, pues más allá del escaso o nulo interés que puede despertar en los terceros una audiencia celebrada en juicio civil o comercial, es sabido que las instalaciones que al efecto poseen los edificios judiciales en los que funcionan los tribunales civiles y comerciales apenas permiten, con mínima comodidad, la presencia de las partes, de sus auxiliares, del declarante y del empleado encargado de documentar la audiencia (el llamado audiencista)(109). 168   

La determinación de las causales de excepción al principio de publicidad queda librada en cada caso al prudente arbitrio de los jueces, contra cuyas resoluciones en tal sentido no cabe recurso alguno, salvo que mediante ellas se excluya la comparecencia de alguna de las partes, o de sus letrados o apoderados(110). Corresponde destacar, sin embargo, que la mentada falta de espacio del que generalmente adolecen las dependencias judiciales, así como las circunstancias en que se desarrollan las audiencias, han determinado que el principio de publicidad carezca, en los procesos escritos, de toda virtualidad(111). c) Con relación a la consulta de expedientes judiciales, el principio de publicidad se halla sujeto a diversas restricciones. Establece sobre el punto el Reglamento para la Justicia Nacional: "Podrán revisar los expedientes: a) Las partes, sus abogados, apoderados, representantes legales y los peritos designados en el juicio. También podrán hacerlo las personas autorizadas debidamente por los abogados, procuradores y por los representantes de la Nación, de las provincias, de las municipalidades y de las reparticiones autárquicas; b) Cualquier abogado o procurador, aunque no intervenga en el juicio, siempre que justifique su calidad de tal cuando no fuese conocida; c) Los periodistas con motivo del fallo definitivo de la causa" (art. 63). "Exceptúanse de los incs. b) y c) del artículo precedente: a) los expedientes que contengan actuaciones administrativas que tengan carácter reservado; b) los expedientes referentes a cuestiones de derecho de familia (divorcio, filiación, nulidad de matrimonio, pérdida de la patria potestad, alimentos, insania, etc.), así como aquellos cuya reserva se ordene especialmente" (art. 64). "Los particulares que deseen ver un expediente en el que no sean partes, deberán hacerse acompañar por alguna de las personas mencionadas en el art. 63, inc. b), o solicitarlo especialmente al secretario" (art. 66). El art. 113 de la ley de la provincia de Buenos Aires 5177 dispone que "en los casos que corresponda, la secretaría autorizará el examen de los documentos, autos originales e instrumentos judiciales exclusivamente: a) por las partes cuando lo requieran personalmente; b) por quienes acrediten fehacientemente ante el actuario tener en el mismo o a su respecto algún interés legítimo, actual o futuro; c) por los abogados, escribanos, procuradores o peritos, inscriptos en la matrícula respectiva y en ejercicio de su profesión; d) por los alumnos universitarios autorizados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con fines de estudio". El art. 114 extiende la facultad de consultar expedientes judiciales a "la persona que compruebe en la forma y modo que determinen los colegios respectivos, su calidad de empleado permanente de abogado o procurador". El art. 115, finalmente, establece que las personas no comprendidas en los artículos transcriptos serán consideradas como extrañas a la actividad judicial y no podrán, aunque 169   

medie autorización, retirar o recibir expedientes u otros instrumentos judiciales, ni requerirlos para su examen o copia, ni solicitar o recibir informes sobre su estado, destino, etcétera. El Código de la Provincia de Jujuy instituye, en el art. 147, reglas que sustancialmente coinciden con las establecidas en los incs. a), b) y c) del art. 113 de la citada ley bonaerense, aunque, lo mismo que el RJN, priva de la facultad de consulta a los abogados y procuradores que no intervengan en el juicio cuando, mediante resolución fundada, se hubiere ordenado el secreto de las actuaciones. Más estricto es el Código de Santa Fe, cuyo art. 56 se limita a disponer que "los autos originales podrán ser examinados por las partes pero no por personas extrañas, salvo que justifiquen ante el actuario tener algún interés legítimo". d) En la actualidad, el principio de publicidad de las causas judiciales y las pautas expuestas que lo regulan debe ser adaptado a los nuevos formatos de consulta de trámite vía web como el que para las causas radicadas ante la Justicia Nacional y Federal (incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación) se puede observar en el siguiente enlace -al que se accede desde la página oficial del Poder Judicial de la Naciónhttp://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam.

54. El principio de preclusión

A) Concepto a) Con respecto al orden en que las partes deben plantear alegaciones y aportar pruebas existen, en la legislación procesal, dos principios opuestos: el de unidad de vista o de indivisibilidad, y el de preclusión. De acuerdo con el primero, de cuya aplicación constituye ejemplo la Ordenanza Procesal Civil alemana, el cumplimiento de aquellos actos no se encuentra sometido a un orden consecutivo riguroso, de manera tal que las partes pueden, hasta el momento en que el tribunal declara visto el asunto, y en condiciones de ser fallado, formular peticiones, oponer defensas y excepciones, y proponer elementos probatorios que no se hicieron valer con anterioridad(112). Se trata de un principio estrechamente vinculado con el principio de oralidad, pues en los procesos denominados por éste las diversas 170   

sesiones en que puede desenvolverse el debate configuran una unidad, siendo cada una de ellas, por lo tanto, ocasión propicia para plantear cualquier medio de ataque o de defensa. Sin embargo, con el objeto de evitar las dilaciones procesales a que puede conducir la aplicación del principio de indivisibilidad, las leyes respectivas lo someten a ciertas restricciones. La Ordenanza Procesal Civil alemana, v.gr., en su art. 296, prescribe: "Rechazo de declaraciones tardías. 1) Los medios de ataque y de defensa que sean aportados recién luego de transcurrido el plazo legal aquí establecido (arts. 273, ap. 2º, nro. 1, y en lo que corresponda a la determinación del plazo contra una de las partes, nro. 5; 275, ap. 1º, oración 1, aps. 3º y 4º; 276, ap. 1º, oración 2, y ap. 3º; 277) sólo son admisibles cuando, de acuerdo con el libre convencimiento del tribunal, su admisibilidad no pueda dilatar la resolución de la causa o cuando la demora en su incorporación no es suficientemente imputable a la culpa de la parte. 2) Los medios de agresión o de defensa que no hayan sido aportados oportunamente en contra del art. 282, ap. 1º, o que no fueron comunicados oportunamente en contra del art. 282, ap. 2º, pueden ser rechazados cuando su admisibilidad, de acuerdo con el libre convencimiento del tribunal, demorare la resolución del proceso y la dilación en su incorporación se deba a culpa grave. 3) Los reclamos tardíos que se vinculen a la admisibilidad de la demanda y a los cuales el demandado pueda renunciar sólo son admisibles cuando la demora es suficientemente excusable con relación al demandado. 4) En los casos de los aps. 1º y 3º, el motivo de excusación debe acreditarse verosímilmente a requerimiento del tribunal". b) De acuerdo con el principio de preclusión, en cambio, el proceso se halla articulado en diversos períodos o fases, dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse uno o más actos, siendo ineficaces aquellos que se ejecutan fuera del período que les está asignado. Como se destacó en su oportunidad (supra, nro. 15), se trata de uno de los principios que en mayor medida gravitaron en la estructura del proceso ítalo-canónico, y es el que domina en nuestra legislación procesal, incluso en el trámite de los procesos orales(113). Corresponde señalar, no obstante, que aun las leyes procesales adheridas con mayor firmeza al principio de indivisibilidad no excluyen, en forma absoluta, la vigencia del principio de preclusión, pues lo contrario significaría rebasar las pautas mínimas de orden y de seguridad que el desarrollo de todo proceso requiere. La Ordenanza Procesal Civil alemana, v.gr., disponía, en su art. 230(114), que la inejecución de un acto procesal que incumba realizar a la parte en un término o dentro de un plazo (contumacia) produciría la preclusión del acto, siendo numerosas las normas contenidas en dicho ordenamiento que representaban una aplicación de esa regla. Así, por ejemplo, las partes no podían recusar al juez por parcialidad después de haber actuado con él o intervenido en la causa sin alegar el motivo de recusación siéndole 171   

conocido (art. 43(115)); la admisión de los hechos formulada por el apoderado obligaba a la parte a quien representa, en tanto y en cuanto esta última no revocara inmediatamente el acto (art. 85(116)); las excepciones dilatorias debían alegarse simultáneamente y antes de entrar en la discusión de fondo (art. 274); los recursos debían interponerse dentro de los términos perentorios que determina la ley (arts. 339(117), 519(118), etc.), etcétera(119). c) Tras definir a la preclusión como la pérdida, la extinción o la consumación de una facultad procesal, Chiovenda(120)señala, con toda claridad, que tales situaciones pueden ser la consecuencia de: 1º) No haberse observado el orden señalado por la ley para su ejercicio(121). En nuestro derecho, por ejemplo, la falta de presentación de la prueba documental con los escritos de demanda, reconvención o contestación de ambas (v.gr., art. 333, CPCCN) impide aportar esa clase de prueba en una oportunidad ulterior, salvo en los casos previstos por el art. 335 de dicho ordenamiento; las excepciones dilatorias y perentorias deben oponerse dentro de los primeros diez días del plazo para contestar la demanda o la reconvención (v.gr., art. 346, CPCCN), no siendo admisible que, con posterioridad, se amplíen las ya deducidas o se deduzcan otras que no fueron planteadas en aquella oportunidad; la falta de interposición de un recurso dentro del plazo respectivo produce la extinción de la facultad pertinente y lo decidido adquiere carácter firme, etcétera(122). 2º) Haberse realizado una actividad incompatible con el ejercicio de la facultad. Así, por ejemplo, la contestación de la demanda sobre el fondo del asunto produce la preclusión de la facultad de oponer excepciones dilatorias, aun en el supuesto de que aquel acto se cumpla durante los primeros diez días del plazo respectivo(123); la ejecución de cualquier acto procesal que implique el cumplimiento de la sentencia, hallándose pendiente el plazo de las impugnaciones, determina la preclusión de la facultad de interponer los recursos correspondientes; etcétera. 3º) Haberse ejercitado ya válidamente una vez la facultad (consumación propiamente dicha)(124). d)(125)Pero así como la preclusión opera inexorablemente ante expresas exigencias legales sustancialmente fundadas en razones de concentración y eventualidad (v.gr., arts. 186 y 346, CPCCN, con referencia, respectivamente, a la articulación conjunta, en un mismo escrito, de todos los incidentes cuyas causas existan simultáneamente y sean conocidas, o a la oposición de las excepciones de previo y especial pronunciamiento en un solo escrito y dentro de los primeros diez días del plazo para contestar la demanda o la reconvención), en otros casos es la propia ley la que, con primordial apoyo en motivos de economía procesal, consagra excepciones a la vigencia del principio de preclusión. Es lo que acontece, entre otros supuestos, con la posibilidad de modificar la 172   

demanda antes de que ésta sea notificada (art. 331, CPCCN); de alegar hechos nuevos con posterioridad a la contestación de la demanda o la reconvención (art. 365, CPCCN). Cuando, por el contrario, la normativa procesal se limita a la fijación de un plazo para el cumplimiento de un determinado acto procesal, una adecuada valoración de orden, como justicia, no colisiona de ninguna manera, en principio, con la posibilidad de que aquél se exteriorice a través de más de una presentación. Frente a esa hipótesis resulta en consecuencia ostensiblemente exagerada e impregnada de ritualismo la aplicación estricta de la fórmula chiovendiana, según la cual la preclusión por consumación se configura por el simple hecho de haberse ejercitado ya una vez válidamente la facultad de ejecutar el acto de que se trate; de allí que no merezca aprobación un pronunciamiento de la Corte Suprema en cuya virtud los defectos o la falta de fundamentación autónoma del recurso extraordinario federal no son subsanables a través de una presentación posterior, aun cuando se la realice dentro del plazo legal, porque ello, a juicio del tribunal, implicaría reeditar, en desmedro del principio de preclusión, una facultad cuyo ejercicio quedó agotado en el primer escrito(126). Tampoco la opinión conforme a la cual resulta inadmisible articular nuevos motivos de casación, una vez deducido el recurso, incluso dentro del plazo prescripto en el art. 463 del Código Procesal Penal de la Nación(127).

B) Preclusión y cosa juzgada El concepto de preclusión no debe confundirse con el de cosa juzgada, aunque ellos guardan entre sí alguna relación. Es inherente a la cosa juzgada, en efecto, la incontestabilidad futura del bien reconocido o negado en una sentencia definitiva; incontestabilidad que puede hacerse valer en el proceso en el que aquélla se dictó o en cualquier otro proceso. La cosa juzgada produce, pues, efectos fuera del proceso, por cuanto, como acertadamente observa Vellani(128), al alcanzar la sentencia dicha calidad, la declaración de certeza sale del proceso en que se ha formado para ir a regular las relaciones sustanciales y a influir sobre ellas. La preclusión, en cambio, si bien impide que se renueve el debate respecto de aquellas cuestiones que han sido decididas mediante resoluciones interlocutorias firmes, sólo produce efectos dentro del proceso. Pero, por otra parte, como lo advierte Chiovenda, "puesto que a su vez la definitividad, o es inherente a la sentencia misma (sentencias inapelables, sentencias que rechazan el recurso de casación) y en este caso depende de la realizada consumación de la facultad de contestar, o se alcanza con la posterior pérdida de la facultad de impugnar 173   

la sentencia, así... podemos decir que la cosa juzgada tiene siempre su base en una preclusión: la misma presupone —a través de la preclusión de la impugnabilidad de la decisión— la preclusión de la cuestionabilidad del derecho". Y luego de observar que la preclusión alcanza no sólo a la facultad de renovar las cuestiones que fueron planteadas y decididas, sino también a la de proponer cuestiones no planteadas y que habrían podido plantearse, dicho autor concluye afirmando: "La relación, pues, entre cosa juzgada y preclusión de cuestiones puede formularse así: la cosa juzgada es un bien de la vida reconocido o negado por el juez; la preclusión de cuestiones es el expediente del que se sirve el derecho para garantizar al vencedor el goce del resultado del proceso"(129).

C) Preclusión y caducidad a) Podetti ha observado que la perención o la caducidad de la instancia constituye una forma particular de la preclusión. Entiende, en efecto, que tanto en una como en otra institución el transcurso del tiempo juega como factor determinante de la pérdida o la extinción de facultades procesales, con la diferencia de que, en el supuesto de la caducidad de la instancia, en lugar de cerrarse una etapa del proceso, se cierra todo el proceso o una instancia de él, y en lugar de privarse del ejercicio de una facultad, se priva del ejercicio de todas(130). Agrega que en la caducidad de la instancia hay un plus, representado por el hecho de que extiende sus efectos no sólo hacia adelante, como la preclusión, sino también hacia atrás, quitando eficacia a los procedimientos cumplidos, aunque advierte que en ciertos casos la preclusión tiene también esos efectos. Tal ocurre cuando, por ejemplo, operada la preclusión de la facultad de expresar agravios, se produce la deserción de la segunda instancia y quedan anulados los efectos del recurso concedido. La consecuencia de esa preclusión es, por lo demás, la misma que produce la caducidad cumplida y declarada en segunda instancia, y consiste en que la sentencia recurrida pasa en autoridad de cosa juzgada. b) No compartimos tales conclusiones. Es necesario destacar, por lo pronto, que la producción de efectos "hacia atrás" no reviste, en la preclusión, el carácter excepcional que señala Podetti, pues aquéllos se verifican siempre que un acto procesal se cumple fuera del período o el plazo que le asigna la ley. Ello no comporta, sin embargo, aceptar el aserto de que la caducidad de la instancia sea una forma particular de la preclusión. Esta última, en efecto, constituye un arbitrio tendiente a lograr un más ordenado desenvolvimiento del proceso y es ajena a los fundamentos en que se sustenta la institución de la caducidad. Además, mientras la preclusión es una consecuencia imputada al cumplimiento 174   

o incumplimiento de actos procesales específicos, la caducidad de la instancia se halla condicionada, genéricamente, a la ausencia de cualquier acto procesal que sea idóneo para impulsar la marcha del proceso, acto que puede provenir de cualquiera de las partes o del propio órgano judicial.

55. El principio de adquisición a) Si bien las cargas de la afirmación y de la prueba se hallan distribuidas entre cada una de las partes, los resultados de la actividad que aquéllas realizan en tal sentido se adquieren para el proceso en forma definitiva, revistiendo carácter común a todas las partes que en él intervienen(131). La apuntada circunstancia es consecuencia del llamado principio de adquisición, en cuya virtud los efectos de los actos procesales son susceptibles de beneficiar o de perjudicar a cualquiera de las partes y, por lo tanto, incluso a aquella que solicitó su cumplimiento. b) La vigencia del principio enunciado impide, por ejemplo, que alguna de las partes que produjo una prueba desista luego de ella en razón de serle desfavorable(132); que el ponente de las posiciones pretenda eventualmente desconocer los hechos consignados en el pliego respectivo, en la hipótesis de que el absolvente los haga valer a su favor (v.gr., art. 411, ap. 2, CPCCN)(133); que el actor niegue los hechos expuestos en el escrito de demanda en el supuesto de que el demandado los invoque en su beneficio, etcétera.

56. El principio de economía procesal

A) Concepto Este principio es comprensivo de todas aquellas previsiones que tienden a la abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazonable prolongación torne inoperante la tutela de los derechos 175   

e intereses comprometidos en él. Constituyen variantes de este principio los de concentración, eventualidad, celeridad y saneamiento.

B) El principio de concentración a) A la abreviación del proceso apunta, en primer lugar, el llamado principio de concentración, que propende a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos(134)y a evitar, por consiguiente, la dispersión de dicha actividad. Este principio rige, primordialmente, en los procesos dominados por el principio de oralidad, en los cuales la centralización del debate en una o pocas audiencias temporalmente próximas entre sí, y con respecto a la decisión final, se halla impuesta para conjurar el riesgo de que se desdibujen o borren, con el transcurso del tiempo, las impresiones directamente recogidas por el tribunal, así como para asegurar la identidad física entre los jueces que han de decidir la causa y aquellos que presenciaron la formulación de las alegaciones y la producción de la prueba(135). b) El principio de concentración no es, sin embargo, incompatible con los procesos regidos por el principio de escritura, en los cuales su aplicación puede contribuir a evitar inútiles dispendios de actividad(136). El Código Procesal de la Nación, siguiendo la regla contenida en el art. 12 del Código de la provincia de Jujuy, consagra el principio que analizamos con carácter general en tanto instituye, como uno de los deberes de los jueces, el de "concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar". Aplicaciones particulares de dicho principio se encuentran, entre otras hipótesis, en la concentración de las audiencias de prueba en la misma fecha o en días sucesivos (art. 366, Código de Buenos Aires), de la intimación de pago, embargo y citación para defensa en un acto único (art. 542, CPCCN), y del ofrecimiento de toda la prueba en los escritos constitutivos de los incidentes (arts. 178 y 180, CPCCN), de las excepciones previas (arts. 349 y 350, CPCCN), y de los procesos sumarios (art. 484, Código de Buenos Aires) y sumarísimos (art. 498, CPCCN).

C) El principio de eventualidad 176   

Estrechamente vinculado con el principio precedentemente examinado, así como con el de preclusión, y configurando otra de las manifestaciones en que se traduce el principio de economía, se encuentra el llamado principio de eventualidad o de acumulación eventual. En virtud de él, todas las alegaciones que son propias de cada uno de los períodos preclusivos en que se divide el proceso, deben plantearse en forma simultánea y no sucesiva, de manera tal que, en el supuesto de rechazarse una de ellas, pueda obtenerse un pronunciamiento favorable sobre la otra u otras, que quedan planteada in omnem eventum(137). Constituyen aplicaciones de este principio, entre otras, la carga de oponer todas las excepciones al mismo tiempo y en un solo escrito (v.gr., art. 346, CPCCN), la facultad de acumular subsidiariamente el recurso de apelación al recurso de revocatoria (art. 241, CPCCN), etcétera.

D) El principio de celeridad Otro aspecto de la aplicación del principio de economía procesal se halla representado por las normas destinadas a impedir la prolongación de los plazos y a eliminar trámites procesales superfluos u onerosos (principio de celeridad). De acuerdo con el régimen del Código Procesal de la Nación, en gran medida inspirado en preceptos contenidos en los Códigos provinciales modernos, constituyen manifestaciones de este último principio, entre otras, la supresión de la previa intimación para constituir domicilio procesal (art. 41); la limitación de las resoluciones que corresponde notificar personalmente o por cédula y la consiguiente acentuación del principio general de la notificación automática o por ministerio de la ley (art. 135); la posibilidad de la habilitación tácita (art. 154); la regla de la perentoriedad de los plazos legales y judiciales (art. 155); el sistema de las apelaciones diferidas (art. 247); y el de la irrecurribilidad de las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, sin perjuicio de que, en caso de denegatoria, aquéllas se diligencien por orden de las Cámaras de apelaciones, en oportunidad de conocer de los recursos interpuestos contra las sentencias definitivas (art. 379), la simplificación de los trámites aplicables a las cuestiones de competencia, redargución de falsedad de documentos públicos y condena al pago de cantidades ilíquidas; etcétera.

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E) El principio de saneamiento a) Deriva, finalmente, del principio de economía procesal, el principio de saneamiento o de expurgación, en cuya virtud se acuerdan al juez facultades suficientes para resolver, in limine, todas aquellas cuestiones susceptibles de impedir o entorpecer el pronunciamiento sobre el mérito de la causa o de determinar, en su caso, la inmediata finalización del proceso(138). b) Algunos Códigos provinciales consagran explícitamente el principio que nos ocupa, aunque restringiéndolo a algunos de sus posibles aspectos. El art. 46, inc. 4º), del Código Procesal Civil de la provincia de Mendoza, por ejemplo, incluye entre los deberes y las facultades de los jueces el de "sanear el procedimiento, sin necesidad de requerimiento del interesado, para evitar o subsanar nulidades"(139); el Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy, bajo el título de "medidas saneadoras", dispone en su art. 14: "El juez, antes de dar trámite a cualquier petición, señalará los defectos u omisiones, ordenando se subsanen en un plazo perentorio. Si la resolución no se cumple, la petición se tendrá por no presentada. Procede disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. Cuando determinadas circunstancias demostraren que las partes se sirven del proceso para realizar un acto simulado o conseguir un fin prohibido por la ley, corresponde dictar decisión que obste a esos objetivos"; etcétera. Dentro de la misma orientación se encuentra el Código Procesal de la Nación, cuyo art. 34, inc. 5º, II, que tiene como fuente al Código jujeño, impone a los jueces el deber de "señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades". c) El estudio de la legislación comparada comprueba la existencia de diversos instrumentos procesales que tienden a hacer efectiva la aplicación del principio de saneamiento. En el derecho austríaco, v.gr., constituye ejemplo de ello la audiencia preliminar, que se halla destinada a limpiar el proceso de todos aquellos obstáculos que entorpezcan o interrumpan el debate sobre el fondo del asunto, y en la cual se deciden las excepciones de inadmisibilidad de proceso, de incompetencia del juez, de litispendencia y de cosa juzgada, así como el pedido de prestación de caución por las costas, se examina y resuelve sobre las faltas de capacidad procesal o de legitimación de los representantes, se dictan sentencias sobre posibles allanamientos o renuncias, etcétera(140). En los derechos portugués y brasileño corresponde recordar al despacho 178   

saneador, el cual consiste en una resolución que debe dictarse una vez concluidas las articulaciones y cuyo objeto es conocer de las nulidades de que pudiere adolecer el proceso, disponiendo las medidas tendientes a subsanarlas; decidir sobre las excepciones perentorias; determinar si las partes tienen legitimidad para la causa y si están debidamente representadas; resolver, en general, cualquier cuestión que pueda obstar a la apreciación del mérito de la causa, etcétera(141). En el derecho inglés, finalmente, puede verse una manifestación del principio de saneamiento en la audiencia llamada Summons for Directions, que tiene lugar una vez concluido el período de los pleadings y en la cual el Master debe resolver todas aquellas cuestiones preliminares que permitan la clara determinación de las cuestiones (issues) que el juez ha de decidir. d) En el régimen procesal de la Capital Federal se intentó hacer efectivo uno de los aspectos del principio de saneamiento mediante el art. 23, ley 14.237, el cual disponía que en el auto de apertura de la causa a prueba en los juicios ordinarios, el juez convocaría a las partes a una audiencia a fin de que estableciesen los hechos articulados sobre los cuales versaría la prueba de acuerdo con la demanda, reconvención o contestación de ambas en su caso y que fuesen conducentes a la decisión del juicio. Dicha norma se complementaba con la contenida en el art. 25 del mismo ordenamiento, que excluía la posibilidad de producir prueba sobre hechos que no hubiesen sido fijados definitivamente de acuerdo con el mencionado procedimiento y autorizaba al juez a desestimar esa prueba "sin recurso alguno"(142). De tal manera se trató de depurar el proceso, en uno de sus estadios iniciales, de todas aquellas cuestiones que careciesen de relevancia para la solución del litigio y de evitar, por consiguiente, el desgaste inútil de actividad que importa el diligenciamiento de medidas probatorias referentes a tales cuestiones. "El sistema —como dijeron los autores del proyecto que luego se convirtió en ley(143)— tiene ventajas esenciales: la tarea de depuración que realiza el juez para la selección de los hechos en el momento de la sentencia queda cumplida anticipadamente en el acto en que se fijen definitivamente y, en lo que respecta a las partes, les facilita el cumplimiento de la estructuración de la prueba, librándola de material impertinente o inconducente, ordenando el proceso en una línea recta, sin deformaciones ni oblicuidades que alteran su unidad con menoscabo de su propia organización". El éxito del sistema establecido por el art. 23 se hallaba condicionado, sin embargo, a la efectiva presencia e intervención del juez en la audiencia de fijación de hechos, requisitos que, por lo demás, exigía expresamente dicha norma. Pero, en la práctica, el procedimiento habitual se redujo a que las partes compareciesen a la audiencia provistas de sendos pliegos que contenían cuestiones de hecho que, a juicio de cada una de ellas, debían ser objeto de prueba, y a que se levantase un acta en la cual, tras asentarse el pedido de que se agregasen dichos pliegos al expediente, se 179   

resolvía tener por definitivamente fijados los puntos de prueba establecidos por los litigantes, o bien, disponer un llamamiento de autos(144). De tal manera, y sin la efectiva dirección del juez que resultaba indispensable para poder descartar, en contacto directo con las partes y a través del necesario intercambio de apreciaciones, todos aquellos hechos que fuesen inconducentes para resolver el pleito, la audiencia prevista por el art. 23 se transformó, en definitiva, en un nuevo factor de dilaciones procesales(145). De acuerdo con la reforma introducida por la ley 25.488, en la audiencia preliminar el juez debe oír a las partes acerca de los hechos sobre los que versará la prueba, aunque interesa advertir que este tramo de la audiencia se superpone, en importante medida, con la carga que el nuevo art. 333 impone a las partes en el sentido de indicar, en los escritos iniciales (demanda, reconvención y contestación de ambas), los extremos que intentan probar con la prueba testimonial, así como de proponer los puntos de pericia(146). De todos modos, es de esperar, al respecto, que no se reitere la penosa experiencia observada durante la vigencia del art. 23 de la ley 14.237, y que los letrados, por lo tanto, se habitúen a fijar los hechos controvertidos en forma breve y concisa, a cuyo fin no les está vedada la posibilidad de acompañar, en el acto de la audiencia, escritos que sinteticen las circunstancias relevantes del conflicto con arreglo al contenido de la demanda, la reconvención y la contestación de ambas, evitando inútiles reproducciones de esos escritos. Si así lo hacen, no sólo facilitarán la decisión del juez, sino que éste podrá incluso tener como hechos controvertidos los ya fijados por las partes en los mencionados escritos. Vale, asimismo, destacar que, contrariamente a lo que prescribía el citado art. 23 de la ley 14.237, dicha decisión es inapelable, aunque a través del procedimiento del replanteo previsto en el art. 379, la Cámara se halla indirectamente habilitada para reverla.

57. El principio de inmediación a) En sentido estricto, y sólo con referencia a los procesos dominados por el signo de la oralidad, llámase principio de inmediación a aquel que exige el contacto directo y personal del órgano judicial con las partes y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento (escritos, informes de terceros, etc.)(147).

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De conformidad con la idea precedentemente expuesta, la inmediación significa que tanto las alegaciones de las partes como la recepción de la prueba deben producirse en forma directa ante el órgano judicial, según ocurre en los regímenes procesales europeos mencionados supra, nro. 52, A). En el derecho argentino, en cambio, y como se señaló en el mismo lugar, aun los ordenamientos adscriptos al procedimiento oral descartan la vigencia del principio analizado con respecto al planteamiento de las alegaciones introductivas, pero requieren su aplicación estricta cuando se trata de la recepción de la prueba y de la formulación de las alegaciones críticas. Interesa señalar que, cualquiera que sea el sistema aplicable, constituye natural corolario de la inmediación la necesidad de que el órgano judicial ante el cual se han producido los mencionados actos instructorios sea el mismo que dicte la sentencia(148). b) El mecanismo de los procesos escritos atenúa, aunque no excluye, la importancia de la inmediación, pues si bien en aquéllos no resulta indispensable la identidad entre el juez que recibió la prueba y aquel que debe decidir la causa, y, por lo demás, el sistema de la doble instancia limita la apreciación probatoria de los jueces superiores a las constancias escritas, la delegación de la actividad recepticia en los auxiliares del órgano judicial, por calificados que sean, implica la renuncia a un poder de dirección que incumbe, por esencia, al elemento juzgador y puede conspirar contra una valoración integral de la prueba constituida por las declaraciones de las partes o de terceros. En la práctica ocurre, sin embargo, que diversas circunstancias, como las deficiencias de orden material que afectan el adecuado desenvolvimiento de la labor judicial, el considerable número de audiencias que registran a diario las agendas judiciales y la superposición que se presenta entre las que se realizan simultáneamente en distintas secretarías de un mismo juzgado, determinan que, de hecho, la recepción de las audiencias de prueba se delegue en funcionarios y empleados. El Código Procesal de la Nación y los ordenamientos provinciales que a él se han adaptado instituyen, como regla general, el deber de los jueces de asistir a las audiencias de prueba y suprimen el principio — anteriormente consagrado, entre otros, por el art. 31 de la ley 14.237— de la recepción de la prueba testimonial por los secretarios. No obstante, haciéndose cargo de las dificultades prácticas precedentemente señaladas, supedita la nulidad del acto, en caso de incumplimiento del referido deber, al requisito de que cualquiera de las partes haya solicitado la asistencia del juez con anticipación no menor de cuarenta y ocho horas a la celebración de la audiencia (arts. 34, inc. 1º, Código de Buenos Aires; 34, primer párrafo, Código de Corrientes; 34, inc. 1º, Código de Santa Cruz; 35, inc. 2º, Código de La Pampa; 34, inc. 1º, Código de Neuquén, entre otros).

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c)(149)Según se lee en el mensaje ministerial adjunto al proyecto de la posteriormente convertida en ley 22.434, ésta tendió a que el sistema procesal avance hacia un mayor grado de inmediación. Lo hizo mediante la doble vía de aliviar, por un lado, al juez del cumplimiento de ciertas funciones que en razón de no importar en sí mismas ejercicio directo de la actividad jurisdiccional se desplazaron hacia los secretarios y los oficiales primeros (actuales prosecretarios administrativos) y de imponerle a aquél, por el otro lado, a título de contrapartida y hasta donde ha sido razonablemente posible, el deber de actuar con sujeción estricta al principio de inmediación, prescribiendo, en caso contrario, la ineficacia del acto procesal correspondiente. A este último aspecto sólo se refirió, sin embargo, el art. 125 bis(150), en tanto dispuso que las audiencias de posiciones serán tomadas personalmente por el juez, bajo sanción de nulidad. Se instituyó, en realidad, un régimen mixto fundado en el hecho de que la audiencia tuviese por objeto recibir la confesión de las partes mediante la absolución de posiciones (a la que se añadían otras contingencias, como el saneamiento de nulidades, el intento de conciliación, la invitación al reajuste de pretensiones, etc.), o bien, la práctica de otra clase de prueba (v.gr., declaración de testigos, careos, explicaciones de los peritos), pues mientras en el primer caso la inasistencia del juez al acto determinaba, sin más, la nulidad de éste, en el segundo la pertinente declaración de ineficacia se hallaba supeditada al requisito de que cualquiera de las partes hubiese solicitado la presencia del juez con anticipación de dos días a la fecha de celebración de la audiencia. Pero como ocurre con todas las nulidades procesales en materia civil, se trataba, en ambos casos, de una nulidad relativa, razón por la cual la declaración era inadmisible frente a la hipótesis de que la irregularidad resultara consentida, sea porque las partes o porque la parte ausente que hubiese formulado, en su caso, el pedido al que se refería la norma no promoviesen el respectivo incidente dentro de los cinco días posteriores al de la celebración de la audiencia (art. 170, párrafo segundo, CPCCN). De todos modos, es del caso recordar que el deber impuesto a los jueces raramente se cumplía en la práctica sin que las partes articulasen la nulidad del acto, y que la asistencia personal de aquéllos sólo tenía lugar en las audiencias señaladas en los procesos de separación personal o de divorcio vincular iniciados mediante presentación conjunta de ambos cónyuges (arts. 205 y 215, CCiv.). Como la ley 25.488, en cambio, dispuso la derogación del art. 125 bis del Código Procesal Civil de la Nación y en la materia de que se trata eludió con buen criterio toda referencia a eventuales nulidades. Por lo tanto, en efecto, si bien impuso a los jueces el deber de asistir a la audiencia preliminar (art. 34, inc. 1º), omitió conminar su transgresión 182   

con la consecuencia de la nulidad, como lo hacía en cambio, en relación con las audiencias de prueba, la mencionada norma en su versión anterior. Mantuvo, por el contrario, el texto del párrafo segundo de ese precepto, relativo a la audiencia que corresponde ordenar en la resolución que ordena el traslado de la demanda en los juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio, aunque cuadra advertir que la inmediación allí requerida por razones que conciernen a la índole personalísima del acto no siempre se observa en la práctica(151). En segundo lugar, la presencia del juez en la audiencia preliminar se prevé con carácter indelegable(152)y no bajo pena de nulidad, como lo disponía el art. 360 en su versión anterior, no obstante lo cual las partes, por lo general, se avienen, expresa o implícitamente, a que la audiencia se celebre con la asistencia del secretario, del prosecretario e inclusive del empleado encargado de documentarla. Por otra parte, se advierte con frecuencia que algunos jueces se limitan a hacer un breve acto de presencia y que ello no suele generar inconveniente alguno particularmente cuando, abierta la audiencia, invitan a las partes a intentar una conciliación y luego, ante el fracaso de ésta, se retiran y suscriben finalmente el acta como si hubiese estado presente durante todo el curso de la audiencia.

58. Los principios de legalidad e instrumentalidad de las formas a) El principio de legalidad de las formas excluye la posibilidad de que las partes convengan libremente los requisitos de lugar, tiempo y forma a que han de hallarse sujetos los actos procesales, requiriendo, por lo tanto, que aquéllas se atengan a los requisitos que determina la ley. Este principio, sin embargo, está limitado por la existencia de las llamadas normas procesales optativas, que acuerdan a las partes la facultad de regular aspectos parciales del proceso (supra, nro. 7). El principio mencionado no rige en los procesos de árbitros y de amigables componedores. Con respecto a los primeros, en efecto, el art. 741, inc. 1º, del Código Procesal de la Nación prescribe que las partes pueden convenir, en el compromiso, "el procedimiento aplicable y el lugar en que los árbitros hayan de conocer y fallar". Los amigables componedores, por su parte, "procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o los documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones que creyeren convenientes, y a dictar sentencia según su saber y entender" (art. 769, CPCCN).

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b) Podetti ha señalado que, al igual que el principio de bilateralidad, el de legalidad de las formas (que dicho autor llama de "formalismo") tiene raíz constitucional, pues tiende a garantizar la defensa en juicio de la persona y de los derechos, pudiendo ser considerado "como el antemural de la arbitrariedad del individuo o del Estado y como un elemento básico de la libertad civil (...). Pero esa indiscutible jerarquía del principio exige que sea cuidadosamente dosado, para evitar caer en el culto de la forma, tan caro a la rutina de los gremios forenses"(153). Las formas procesales, en efecto, no son fines en sí mismas, sino simples medios destinados a asegurar la más ordenada y justa solución de los litigios. No existen actualmente discrepancias en el sentido de que las formas son necesarias en la medida en que resultan adecuadas para superar algún riesgo de inseguridad y para consolidar, (154) consecuentemente, el orden que el proceso reclama . Tampoco es dudoso que las formas, en cuanto a manifestaciones del plan coexistencial, resultan inútiles y aun perniciosas cuando, en razón de no adecuarse a la entidad de los riesgos que deben conjurar, se diluyen en un estéril ritualismo o tienden a él(155). Es por ello que en los últimos treinta años ha ganado terreno, tanto en la doctrina como en la legislación procesal, el llamado principio de "instrumentalidad de las formas", que se funda, sustancialmente, en la consideración de la idoneidad de los actos procesales desde el punto de vista del objeto que en cada caso están llamados a cumplir. Según este principio, la invalidez o la nulidad de los actos del proceso se halla subordinada, como enseña Liebman, "no a la simple inobservancia de la forma, mecánicamente relevada, sino a la relación —verificada en cada caso— entre el vicio y el fin del acto, declarando la nulidad sólo cuando éste, por efecto del vicio, no haya podido lograr su finalidad, de suerte tal de salvar aquellos actos que fueron realizados en la medida máxima consentida por las exigencias técnicas del proceso"(156). Consecuente con este principio, el art. 156 del Código Procesal italiano dispone que "no puede pronunciarse la nulidad por inobservancia de formas de ningún acto del proceso, cuando la nulidad no está conminada por la ley. Puede, sin embargo, pronunciarse, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para conseguir su finalidad. La nulidad nunca puede pronunciarse cuando el acto ha obtenido el fin a que está destinado". Fórmulas análogas han sido adoptadas por los Códigos Procesales Civiles de La Rioja (art. 130), Mendoza (art. 94, ap. 1), Jujuy (art. 179), Santa Fe (art. 128, inc. 1º), etcétera(157). El Código Procesal de la Nación (art. 169), así como los ordenamientos provinciales que a él se han adaptado, se encuentra ubicado en la misma orientación.

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III. DISTINTAS CLASES DE PROCESOS(158)

59. Generalidades a) Aunque el proceso configura, jurídicamente, un fenómeno único, no siempre se encuentra normativamente regulado de acuerdo con las mismas modalidades y efectos. Ciertas circunstancias, como la naturaleza del órgano decisor, la existencia o la inexistencia de un conflicto entre partes, la índole y el número de las pretensiones y las peticiones que puede tener por objeto, y la forma en que se halla estructurado, constituyen variantes que, dentro de aquella unidad conceptual, autorizan a formular distintas clasificaciones del proceso. b) Si se atiende a la naturaleza del órgano interviniente, el proceso puede ser judicial o arbitral. El primero, a su vez, es susceptible de una primera clasificación en contencioso o voluntario, según que, respectivamente, tenga por objeto la resolución de un conflicto o la constitución, integración u otorgamiento de autenticidad o eficacia a un estado o relación jurídica. El proceso contencioso puede clasificarse teniendo en cuenta la finalidad de la pretensión que constituye su objeto (de declaración, de ejecución y cautelar) y la estructura formal a que se halla sometido (ordinario y especiales). Cabe, finalmente, una clasificación general del proceso judicial atendiendo a su singularidad o universalidad. c) De acuerdo con un criterio clasificatorio de carácter general, suele distinguirse el proceso ordinario de los llamados procesos especiales(159). Frente al primero, que constituye el proceso tipo, los segundos serían todos aquellos procesos a los cuales la ley somete a un trámite específico, total o parcialmente diverso al del proceso ordinario. Formulada en esos términos tal clasificación carece, a nuestro juicio, de utilidad científica, pues bajo el rótulo general de "procesos especiales" viene a agrupar una gran cantidad de procesos netamente diferenciables entre sí, como, por un lado, los judiciales y los arbitrales, y, por el otro, los judiciales contenciosos y voluntarios(160). Ello no obsta, sin embargo, a admitir la existencia de procesos especiales, siempre que tal categoría sirva para designar a una determinada clase de procesos judiciales contenciosos.

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60. Procesos judiciales y arbitrales a) Junto con el proceso judicial, que constituye el proceso por antonomasia, la ley admite la posibilidad de que las partes sometan la decisión de sus diferencias a uno o más jueces privados, llamados árbitros o amigables componedores, según que, respectivamente, deban o no sujetar su actuación a formas determinadas y fallar con arreglo a las normas jurídicas. b) Frente a dicha posibilidad se configura el denominado proceso arbitral, que el Código Procesal de la Nación reglamenta en los dos primeros títulos del Libro VI. Cabe recordar que el Código Civil y Comercial de la Nación dedica todo un capítulo a regular el Contrato de Arbitraje, fijando pautas procesales que se superponen y, en algún caso, contradicen las previsiones del CPN. A ellas habremos de dedicarnos en el capítulo pertinente (arts. 1649 a 1665). c) "Toda cuestión entre partes —dice el art. 736, CPCCN—, excepto las mencionadas en el art. 737, podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera que fuere el estado de éste". El mismo principio rige tratándose de amigables componedores (art. 766, CPCCN). De tales disposiciones se sigue, en primer lugar, que es ajena a los árbitros y amigables componedores toda función procesal voluntaria, pues constituye presupuesto del proceso arbitral el planteamiento de un conflicto entre partes. Además, en tanto aquéllos carecen de imperium, les está vedada la actividad ejecutiva y cautelar (art. 753, CPCCN); de allí que el proceso arbitral configure un equivalente del proceso judicial contencioso de conocimiento(161). d) Se hallan excluidas del proceso arbitral todas aquellas cuestiones que no pueden ser objeto de transacción (art. 737, CPCCN), es decir, aquellas que contemplan los arts. 843 a 845 del Código Civil.

61. Procesos contenciosos y voluntarios a) Normalmente, el proceso tiende a la obtención de un pronunciamiento que dirima el conflicto u oposición de conductas, surgido entre dos personas que revisten, en aquél, la calidad de partes. En tales casos el proceso se denomina contencioso y tiene como objeto una 186   

pretensión (supra, nro. 46), siendo indiferente que el demandado se oponga a ella o que, por el contrario, rehúya la discusión o la controversia, sea mediante la actitud consistente en no comparecer al proceso (rebeldía), sea por conducto del expreso reconocimiento de los hechos y del derecho invocados por el actor (allanamiento). En estos dos últimos casos, en efecto, la falta de efectiva discusión no excluye la existencia del conflicto o litigio que dio motivo al proceso(162). b) Tradicionalmente, sin embargo, los órganos judiciales cumplen, junto con la función relativa a la resolución de casos litigiosos, la consistente en integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas. Estas hipótesis han determinado que, ya desde la época del derecho romano, se hable de dos especies de jurisdicción, llamadas contenciosa y voluntaria, las que se diferencian, como lo anota Caravantes(163), "en que la primera se ejerce inter nolentes, esto es, entre personas que tienen que acudir a juicio contra su voluntad por no hallarse de acuerdo sobre sus pretensiones respectivas, mientras que la segunda se ejerce inter volentes, es decir, entre personas que se hallan de acuerdo sobre el acto que se ejecuta o a solicitud de una persona a quien importa la práctica de un acto en cuya contradicción no aparece interés de tercero"(164). c) Lo expuesto autoriza a considerar la existencia de procesos voluntarios, a cuyo objeto puede consistir en una o más peticiones y a cuyos sujetos privados cabe denominar peticionarios o solicitantes(165). Constituye una nota común a los procesos voluntarios el hecho de que su iniciación no se halla determinada, como ocurre en los procesos contenciosos, por la finalidad de obtener una decisión que declare la existencia de algún efecto jurídico en contra o frente a una persona distinta de quien reclama el ejercicio de la actividad judicial, sino por la necesidad de lograr un pronunciamiento al cual la ley condiciona el nacimiento o la eficacia de una determinada relación jurídica; de allí que en los procesos voluntarios las decisiones judiciales se dicten, eventualmente, en favor del peticionario, pero no en contra o frente a un tercero(166). Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que, en razón de suscitarse alguna discrepancia entre los propios peticionarios, o de plantearse oposición por parte de un tercero o del Ministerio Público, los procesos voluntarios se transformen, total o parcialmente, en contenciosos. Durante el proceso tendiente al nombramiento de tutor o curador, por ejemplo, puede presentarse algún tercero pretendiendo tener derecho a ser nombrado con preferencia al peticionario, en cuyo caso corresponde sustanciar la cuestión en juicio sumarísimo (art. 776, CPCCN); si en el proceso de mensura alguno de los linderos formula oposición contra la diligencia, la pretensión debe ser sustanciada y decidida mediante los trámites del proceso ordinario, etcétera. La transformación parcial del proceso voluntario en contencioso puede tener 187   

lugar, v.gr., cuando alguno o algunos de los herederos se oponen a la aprobación del inventario, del avalúo o de la cuenta particionaria (arts. 724, 725, 731 y 732, CPCCN); en el caso en que, durante el trámite del concurso preventivo, medien impugnaciones a los créditos (arts. 34 y 36, ley 24.522) o al acuerdo propuesto por el deudor (arts. 49 y 50, ley 24.522); etcétera. Contrariamente a la opinión de Podetti(167), entendemos que la mencionada posibilidad de transformación que es propia de los procesos voluntarios no autoriza a negar que éstos configuren una categoría jurídica independiente. Por un lado, en efecto, la existencia de una pretensión constituye un objeto contingente, no necesario de esa clase de procesos y, por el otro, a diferencia de lo que ocurre en los procesos contenciosos, quien deduce esa eventual pretensión es, o bien un tercero ajeno a la persona que reclama la intervención judicial, o bien uno de los peticionarios que discrepa con los restantes acerca de la validez o de la eficacia de algún acto posterior a la iniciación del proceso. d) El Código Procesal de la Nación y los ordenamientos que a él se han adaptado incluyen en la categoría de procesos voluntarios —varios de los cuales habrán de sufrir adaptaciones a la luz de las regulaciones del derecho de fondo en el nuevo Código Civil y Comercial, como se analizará luego en cada caso— a los de mensura (arts. 658 a 672), autorización para contraer matrimonio (arts. 774 y 775), tutela y curatela (arts. 776 y 777), copia y renovación de títulos (arts. 778 y 779), autorización para comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos (art. 780), examen de libros por el socio (art. 781) y reconocimiento, adquisición y venta de mercaderías (arts. 782 a 784). Interesa sin embargo reparar, por un lado, que si bien no incluidos en el libro correspondiente, también revisten carácter voluntario los procesos sucesorios y de mensura, y, por el otro, que algunos de los casos contemplados por los arts. 774 a 784 pueden involucrar la existencia de un conflicto previo que descarta la índole estrictamente voluntaria de los respectivos procesos. Tales, v.gr., los referentes a la autorización para contraer matrimonio o para comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos, o al reconocimiento o adquisición de mercaderías. El Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy, siguiendo sustancialmente el proyecto del profesor Couture de 1945, dedica el Título VII a los "procesos voluntarios", dividiéndolo en tres capítulos titulados "parte general", "informaciones" y "declaración de incapacidad"(168). Como principio general, establece que son aplicables las pertinentes disposiciones "cuando sea necesario demostrar la existencia de hechos que han producido, o que estén llamados a producir efectos jurídicos, y de los cuales no derive perjuicio a persona conocida..." (art. 411). Las decisiones que recaigan en estos procesos no hacen cosa juzgada (art. 412). El acto provocatorio del proceso es denominado "solicitud" y debe formularse "de acuerdo con las disposiciones relativas a la demanda del 188   

juicio ordinario oral, en cuanto fueren aplicables" (art. 413). En cuanto al procedimiento a observar, el art. 414 dispone lo siguiente: "Presentada la solicitud, el juez la examinará y, si se hubiera ofrecido información, mandará recibirla. Aun cuando no se hubiere ofrecido información, se podrá disponer que el solicitante justifique sumariamente los hechos en los cuales funda su petición. Recibida la información, se conferirá vista al Ministerio Público; y si no mediare oposición de éste, se aprobará la información si el juez la juzga procedente". En tanto el art. 415 dice: "Cuando mediare oposición del Ministerio Público o de un tercero, el juez examinará la misma y si estima que no obsta a la declaración que se solicita, la sustanciará en la forma establecida para los incidentes y accederá o denegará el petitorio inicial con la eficacia del art. 412 (es decir, sin que produzca efectos de cosa juzgada). Si advierte que la oposición plantea una cuestión de tal importancia que obste a todo pronunciamiento, sobreseerá los procedimientos, disponiendo que los interesados promuevan las demandas que consideren pertinentes". En orden a los recursos que proceden en esta clase de procesos, dice el art. 416: "Las providencias de trámite dictadas en el curso del proceso sólo son susceptibles del recurso de revocatoria. Las decisiones que aprueban o desechan el pedido de información y las que sobreseen los procedimientos voluntarios son susceptibles de apelación en relación". Las normas referentes a las "informaciones" se aplican a las que las leyes exijan para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de venias y autorizaciones judiciales, rectificación de partidas y otros análogos (art. 417). En el escrito inicial, el peticionario debe mencionar sus calidades personales, el objeto de su solicitud, los hechos o circunstancias en que se funda y los elementos de información que ofrece en su apoyo. Los testigos pueden firmar la solicitud, teniéndose por prestada la declaración respectiva con la sola ratificación de la firma, efectuada en el acto de la presentación, con las formalidades de ley, por ante el actuario y con la intervención del Ministerio Público cuando así lo disponga la ley (art. 418). El juez ordena de inmediato que el actuario proceda a recibir la prueba no producida en el momento de presentarse la solicitud y, dentro del quinto día de recibida la prueba, previa vista al Ministerio Público en su caso, debe dictar la resolución que corresponda (art. 419). El Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe dedica el Libro IV a los "actos de jurisdicción voluntaria", determinando, en los siete títulos que integran dicho libro, el trámite a seguir en los supuestos de pedirse la protocolización de instrumentos y testamentos (cerrados, ológrafos y especiales), la reposición de escrituras públicas, la declaración y la cesación de incapacidad, el nombramiento y la remoción de tutores o curadores, o la suspensión o la limitación de la patria potestad, la autorización para contraer matrimonio, y la declaración de simple ausencia y con presunción de fallecimiento. Como se advierte, no todos los mencionados implican, en rigor, procesos voluntarios, particularmente los relativos a la declaración de incapacidad, a la remoción 189   

de tutores o curadores y a la suspensión o la limitación de la patria potestad, pues ellos involucran la existencia de un conflicto entre partes.

62. Procesos de declaración, de ejecución y cautelares a) Desde el punto de vista de la finalidad perseguida mediante la pretensión que los motiva, corresponde distinguir tres tipos de procesos: de declaración, de ejecución y cautelares. b) El proceso de declaración, llamado también de conocimiento o de cognición, es aquel que tiene como objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos alegados y (eventualmente) discutidos, el contenido y el alcance de la situación jurídica existente entre las partes(169). El efecto invariable y primario de los pronunciamientos que recaen en esta clase de procesos se halla representado, pues, por una declaración de certeza acerca de la existencia o la inexistencia del derecho pretendido por el actor(170). En ciertos casos, sin embargo, ese efecto puede ir acompañado de la integración o la complementación de una relación jurídica, o de la imposición, al demandado, del cumplimiento de una determinada prestación (de dar, de hacer o de no hacer), configurándose sentencias que se denominan, respectivamente, determinativas y de condena. Es por ello que la dogmática procesal moderna prefiere designar a estos procesos como de conocimiento o de cognición, por cuanto cualesquiera que sean los efectos de las sentencias que en ellos se dicten, éstos son el resultado de una actividad intelectual y emocional del juez en cuya virtud éste examina los hechos y las pruebas aportadas por ambas partes, efectúa su valoración a la luz del ordenamiento jurídico vigente, y formula la norma individual que en lo sucesivo ha de regir la conducta de aquéllas con relación al caso que motivó el proceso(171). c) Cuando la sentencia es meramente declarativa (incluida su modalidad constitutiva) o determinativa, el interés de la parte vencedora resulta satisfecho mediante el simple pronunciamiento de aquélla. Pero cuando se trata de una sentencia condenatoria que, como tal, impone al vencido la realización o la omisión de un acto, y éste no es voluntariamente efectuado u omitido por aquél, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que se lleve a cabo una ulterior actividad, a cargo de los órganos judiciales del Estado, tendiente a asegurar la integral satisfacción del interés del vencedor(172).

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Tal actividad se desarrolla en el denominado proceso de ejecución, cuyo objeto consiste en hacer efectiva la sanción impuesta por una sentencia de condena y respecto del cual el proceso de conocimiento, en la hipótesis de incumplimiento de la sentencia por parte del vencido, constituye un medio para que, por obra de los órganos judiciales, se sustituya la ejecución forzada a la ejecución voluntaria(173). El proceso de ejecución, sin embargo, puede agotar autónomamente el cometido de la función judicial en el supuesto de los llamados títulos ejecutivos extrajudiciales, a los cuales la ley, en virtud de la peculiar fehaciencia que exhiben con respecto a la legitimidad de las obligaciones documentadas en ellos, asigna efectos equivalentes a los de una sentencia de condena, regulando, para hacerlos efectivos, un proceso sustancialmente similar al de ejecución de sentencias. De lo hasta aquí dicho se desprende que mientras los procesos de conocimiento versan sobre un derecho discutido, en la base de todo proceso de ejecución, por el contrario, se encuentra un derecho cierto o presumiblemente cierto, cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la coacción(174). Carnelutti destaca esta idea con toda claridad cuando, al poner de manifiesto la diversa materia de ambos procesos, expresa: "No sería temerario subrayar esta diferencia mediante la antítesis entre la razón y la fuerza: en realidad, aquélla es el instrumento del proceso jurisdiccional (declarativo) y ésta, el del proceso ejecutivo. De ese modo, se comprende también la subordinación normal del segundo al primero: hasta que no se haya establecido la razón, no debe ser usada la fuerza. Pero se comprende, a la vez, la necesidad del proceso ejecutivo junto con el proceso jurisdiccional para asegurar el orden jurídico: si la razón no sirve por sí sola, habrá que usar la fuerza"(175). Corresponde señalar, no obstante, que los procesos de ejecución que regulan, en general, las leyes procesales argentinas constan de un período declarativo o de conocimiento destinado al planteamiento y examen de ciertas excepciones. Se trata, en rigor, de procesos mixtos, aunque en ellos prepondera la función ejecutiva(176). d) Junto con las pretensiones procesales de conocimiento y de ejecución, el ordenamiento jurídico prevé todavía otro tipo de pretensiones, que revisten carácter complementario con relación a aquéllas y constituyen el objeto de una tercera categoría de procesos: los llamados procesos cautelares. El fundamento de éstos reside en la posibilidad de que, durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de un proceso (de conocimiento o de ejecución) y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin, el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende en él se encuentre expuesto al riesgo de perder su virtualidad o eficacia, debido, por ejemplo, a la pérdida de elementos probatorios susceptibles de formar la convicción del juez, a la desaparición de los bienes sobre los cuales ha de hacerse efectiva la responsabilidad del presunto deudor o a la modificación de la situación de hecho existente al 191   

tiempo de interponerse la pretensión. Mediante el cumplimiento de alguna de las medidas que pueden decretarse en esta clase de procesos la parte interesada obtiene la eliminación de ese riesgo y queda asegurada, por lo tanto, la utilidad práctica de la función judicial desarrollada en el proceso principal. De lo expuesto se sigue que los procesos cautelares carecen, en rigor, de autonomía, pues su finalidad se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en otro proceso(177). Por ello Carnelutti dice que el proceso cautelar sirve, no inmediata, sino mediatamente a la composición de una litis, desde que su fin inmediato consiste en garantizar el desenvolvimiento o el resultado de otro proceso distinto(178). La función que el juez cumple en esta clase de procesos no es ajena, desde luego, a todo conocimiento. No se trata, sin embargo, de un conocimiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas, sino de un conocimiento periférico o superficial tendiente a formular un pronunciamiento de simple probabilidad acerca de la existencia del derecho que se discute en el proceso principal(179). Por otra parte, si bien la actividad mediante la cual se hacen efectivas las providencias cautelares guarda cierta similitud con la que se cumple en los procesos de ejecución, aquélla es extraña a la finalidad sancionatoria que es propia de la función ejecutiva en sentido estricto(180). En todo caso, como observa Liebman, "en la tutela cautelar no es posible distinguir una fase de cognición y otra de ejecución, pues ella se desenvuelve a través de un procedimiento unitario, en el cual se encuentran juntas, eventualmente entremezcladas, las actividades de diversa índole que, según los casos, concurren a obtener la plena actuación de la cautela"(181).

63. Proceso ordinario y procesos especiales a) Dentro del ámbito de los procesos judiciales contenciosos (supra, nro. 59, c]), y desde un punto de vista estructural, corresponde distinguir el proceso ordinario de los procesos especiales. b) Al primero se refiere el art. 319 del Código Procesal de la Nación en tanto determina que serán ventiladas en juicio ordinario "todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial". El proceso ordinario constituye la estructura que la ley asigna a todos los procesos de conocimiento en los cuales cabe la posibilidad de plantear y decidir, en forma definitiva, la totalidad de las cuestiones involucradas en un conflicto entre partes, de manera tal que no sea luego admisible otro proceso sobre ese mismo conflicto(182). 192   

Debido, precisamente, a que el proceso ordinario permite agotar la discusión y la decisión del conflicto, sus características primordiales residen en la minuciosidad de las formas, en la mayor extensión temporal de los diversos períodos o etapas que lo integran y en el número de medios de impugnación que admite; todo lo cual garantiza a las partes las más amplias posibilidades para alegar y probar sus medios de ataque y de defensa. Tal como se halla organizado en los ordenamientos jurídicos argentinos, cada una de las tres etapas de que en general consta todo proceso de conocimiento (introductiva, probatoria y decisoria) presenta en el ordinario las siguientes contingencias: La etapa introductiva comienza con la interposición de la demanda (art. 330, CPCCN), de la cual debe correrse traslado al demandado por el plazo de quince días (art. 338, CPCCN), aunque corresponde tener presente que el proceso ordinario puede prepararse mediante el pedido de ciertas diligencias preliminares (arts. 323 a 329, CPCCN). Antes de contestar la demanda, cabe la oposición de excepciones que son de previo y especial pronunciamiento (art. 346, CPCCN). En la contestación, el demandado debe oponer todas aquellas excepciones y defensas que no hayan debido deducirse como artículos previos (art. 356, CPCCN), pudiendo, en el mismo escrito, deducir reconvención, de la cual corresponde conferir traslado al actor por el plazo de quince días (arts. 357 y 358, CPCCN). Si no existe mérito para recibir la causa a prueba, una vez contestada la demanda o la reconvención en su caso, la cuestión se declara de puro derecho y, una vez firme la providencia, se llaman autos para sentencia (art. 359, CPCCN). La etapa probatoria no es esencial, pues sólo tiene lugar cuando "se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes" (art. 359, CPCCN). Se abre mediante la resolución que dispone recibir la causa a prueba por un plazo no mayor a los cuarenta días, debiendo las partes ofrecerla en el escrito de demanda, reconvención y contestación de ambas (arts. 331, primera parte y 367, CPCCN). En cuanto a las pruebas admisibles el Código Procesal de la Nación reglamenta la documental (arts. 387 a 395), de informes (arts. 396 a 403), de confesión (arts. 404 a 425), de testigos (arts. 426 a 456), de peritos (arts. 457 a 478) y reconocimiento judicial (arts. 479 y 480), aunque no descarta la admisibilidad de otros medios probatorios "siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso" (art. 378, ap. 1º), y dispone, asimismo, que "las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica" (art. 163, inc. 5º, CPCCN). Durante esta etapa cabe, asimismo, la apertura 193   

de un plazo extraordinario, en los casos en que la prueba haya de producirse fuera de la República (art. 369, CPCCN). Una vez vencido el plazo de prueba, y agregadas las pruebas producidas, las partes pueden presentar un alegato sobre su mérito (art. 482, CPCCN). Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el juez, acto continuo, debe llamar autos para sentencia (art. 483, CPCCN). Con la providencia de autos termina la etapa probatoria y comienza la decisoria, pues desde entonces queda cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que el juez creyere oportunas para mejor proveer (art. 484, CPCCN), debiendo dictarse la sentencia dentro de los cuarenta días contados desde la fecha en que dicha providencia queda firme (art. 34, inc. 3º, ap. c], CPCCN). Contra la sentencia definitiva proceden los recursos de aclaratoria ante el propio juez que la dictó (art. 166, inc. 2º, CPCCN), y los de apelación y nulidad para ante las Cámaras de apelaciones (arts. 242 y 253, CPCCN). Ante éstas se desarrolla un procedimiento que consta de una etapa introductoria, o de planteamiento, en la cual se presentan la expresión de agravios y su contestación (arts. 259 y 265, CPCCN), así como eventualmente la fundamentación de las apelaciones diferidas y de las peticiones de replanteo (art. 260, incs. 1º y 2º, CPCCN), y de una etapa decisoria que comienza con el llamamiento de autos (art. 268, CPCCN) y concluye con el pronunciamiento de la sentencia, que debe tener lugar dentro del plazo de sesenta días (art. 34, inc. 3º, ap. c], CPCCN). Entre ambas etapas, sin embargo, puede excepcionalmente intercalarse un período probatorio (arts. 260, incs. 3º, 4º y 5º, 262 y 263, CPCCN). En ciertos supuestos, finalmente, las sentencias definitivas de las Cámaras de apelaciones son susceptibles de recursos extraordinarios: sin perjuicio del que prevé el art. 14 de la ley 48; en el orden nacional se hallaba reglamentado el de inaplicabilidad de la ley para ante la Cámara en pleno (arts. 288 a 303, CPCCN, hoy derogados). c) Frente al proceso ordinario, son procesos especiales todos aquellos procesos judiciales contenciosos que se hallan sometidos a trámites específicos, total o parcialmente distintos a los del proceso ordinario. Constituyen características comunes a todos los procesos especiales, que los diferencian del ordinario, tanto el menor número de actos que los integran cuanto la reducción de las dimensiones temporales y formales a que se hallan sometidos, y, por consiguiente, la mayor celeridad con que se pueden desarrollar y concluir. Pero, a su vez, de acuerdo con el fundamento al cual responden, en cada caso, las mencionadas características, los procesos especiales pueden clasificarse en plenarios rápidos o abreviados y sumarios. Son plenarios rápidos aquellos procesos cuya simplicidad estructural no obsta al conocimiento judicial exhaustivo del litigio, el cual debe ser 194   

decidido, por consiguiente, en forma total y definitiva(183). La finalidad de estos procesos no difiere, como se advierte, de la que se persigue a través del proceso ordinario, pues el distinto tratamiento formal y temporal que la ley les dispensa con relación a este último obedece, no a razones sustanciales, sino a la escasa cuantía de las cuestiones debatidas o a la presunta facilidad con que puede resolverse el conflicto en virtud de la menor complejidad del tema a decidir(184). En esta categoría corresponde incluir a los procesos de competencia de la justicia laboral (ley 18.345), de amparo (ley 16.986), etcétera(185), así como aquellos que algunos Códigos provinciales denominan de "menor cuantía". Son, asimismo, "plenarios rápidos" los que el Código Procesal de la Nación llamaba sumarios y sumarísimos (arts. 320 y 321), utilizando expresiones que si bien no se ajustan a un criterio técnico estricto, cuentan con mayor arraigo en la terminología tradicional(186). El denominado proceso sumario —aún vigente en el régimen procesal de la provincia de Buenos Aires, entre otras— difiere del ordinario, fundamentalmente, en los siguientes aspectos: 1º) En la etapa introductiva, con la demanda, la reconvención y la contestación de ambas deben ofrecerse todas las pruebas de que las partes intentan valerse. Se reducen, asimismo, a diez días los plazos para contestar la demanda o la reconvención (arts. 484 y 485, Código de Buenos Aires), y las excepciones previas deben oponerse junto con el escrito de contestación a aquellos actos (art. 486, CPCC Bs. As.). En el caso de declararse la cuestión de puro derecho corresponde dictar sentencia una vez ejecutoriada la respectiva resolución y no procede correr un nuevo traslado a las partes por su orden (art. 487, CPCC Bs. As.); 2º) es al juez, en la etapa probatoria, a quien incumbe fijar el plazo que estime necesario para la producción de las medidas propuestas (art. 487, CPCC Bs. As.); éstas se hallan sujetas a restricciones derivadas de una más acentuada vigencia del principio de celeridad, particularmente en lo que concierne al número de testigos y peritos (arts. 489 y 492, CPCC Bs. As.), y no procede al otorgamiento de plazo extraordinario ni la presentación de alegatos (art. 493, CPCC Bs. As.); 3º) en la etapa decisoria se reduce a treinta días el plazo para dictar sentencia (art. 494, CPCC Bs. As.), contra la cual proceden los mismos recursos que en el proceso ordinario, aunque interesa destacar que, aparte de este supuesto, sólo son apelables la resolución que rechaza de oficio la demanda, la que declara la cuestión de puro derecho, la que decide las excepciones previas, las providencias cautelares y las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación (norma citada). El procedimiento en segunda instancia coincide con el aplicable al proceso ordinario, con variantes que se circunscriben al plazo para presentar la expresión de agravios y su contestación (arts. 254 y 260, CPCC Bs. As.), a la inadmisibilidad de la prueba confesoria (art. 488, CPCC Bs. As.) y al

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plazo para dictar sentencia, que es de cincuenta días (art. 494, CPCC Bs. As.). En relación con este tema debe recordarse que la ley 25.488 modificó la estructura del proceso ordinario y suprimió el llamado proceso sumario en el Código Procesal de la Nación(187). Impuso, en efecto, al actor, en el proceso ordinario, la carga de ofrecer en el escrito de demanda la totalidad de la prueba de que intenta valerse (art. 333), y aunque las excepciones previas continúan siendo de previo y especial pronunciamiento, deben deducirse junto con la contestación de la demanda o la reconvención. Aquéllas, por lo demás, no suspenden el plazo para contestar la demanda o la reconvención, en su caso, salvo cuando se trate de las de falta de personería, defecto legal o arraigo (art. 346). Asimismo, cuando la cuestión se declara como de puro derecho, no procede la concesión a las partes de un nuevo traslado por su orden (art. 359). La etapa probatoria se abre mediante la resolución que fija la fecha de la audiencia preliminar (art. 359), y el plazo de prueba comienza a correr a partir de la fecha de celebración de dicha audiencia (art. 367). Se eliminó también el plazo extraordinario de prueba, y el plazo para alegar comienza a correr una vez notificada por cédula la providencia dictada por el prosecretario administrativo en la que dispone poner los autos en secretaría (art. 482). En el proceso sumarísimo todos los plazos son de tres días, con excepción del de contestación de demanda y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del memorial, que es de cinco días (art. 498), la audiencia preliminar debe señalarse dentro de los diez días de contestada la demanda y la apelación se concede en efecto devolutorio, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia sea susceptible de ocasionar un perjuicio irreparable. A diferencia de lo que ocurre con los "plenarios rápidos o abreviados", en los procesos sumarios propiamente dichos la simplicidad estructural se halla determinada por la fragmentariedad o por la superficialidad impuesta al conocimiento judicial. Con relación al primer supuesto expresa Fairen Guillen, recordando la opinión de Mittermaier, "que existen casos en que un peligro jurídico es inminente y ha de darse entonces a los interesados un medio procesal de evitarlo y aun de suprimirlo con la rapidez adecuada; en lugar de plantear judicialmente todas las cuestiones que surjan o puedan surgir en torno a ese peligro, es decir, en vez de plantear la totalidad del litigio con todas sus grandes posibilidades, se debe enfocar procesalmente sólo el punto peligroso, con abstracción de los demás, de tal modo que, en juicio, solamente se discuta y se resuelva sobre él. Así pues, en tales casos, el proceso indicado y adecuado al peligro que lo provoca no agotará el litigio total, sino solamente uno de sus fragmentos"(188). 196   

Se hallan incluidos en esta categoría algunos procesos de conocimiento, como los de interdictos y de alimentos, y todos los procesos de ejecución. La superficialidad del conocimiento judicial, finalmente, es propia de los procesos cautelares, pues las diversas medidas que pueden darle origen requieren, simplemente, la justificación de la apariencia o la verosimilitud del derecho invocado (fumus bonis iuris)(189); de allí, asimismo, que constituya característica de estos procesos la máxima simplicidad estructural. Generalmente, en efecto, el trámite se reduce al pedido de la parte interesada, al diligenciamiento de la información cautelar y prestación de la contracautela, a la ejecución de la medida y a la posible impugnación por parte del afectado.

64. Procesos singulares y universales a) Son singulares aquellos procesos cuyo objeto consiste en una o más pretensiones o peticiones referentes a hechos, cosas o relaciones jurídicas específicamente determinadas. Denomínase, en cambio, universales a los procesos que versan sobre la totalidad de un patrimonio, con miras a su liquidación y distribución(190). b) Es inherente a los procesos universales el llamado fuero de atracción, en cuya virtud los jueces que conocen en ellos tienen competencia con respecto a los procesos pendientes o que se promuevan contra el caudal común, tal como surgía del derogado Código Civil en su art. 3284 y surge de la ley de concursos y quiebras 24.522, art. 132 (su inclusión en el nuevo Código Civil y Comercial es discutible, como se verá luego al analizar el proceso sucesorio). En nuestro derecho son procesos universales el sucesorio y el concursal, los que se hallan respectivamente regulados por el CPN y por la ley 24.522. En lo que concierne a los procesos universales cabe señalar que, a raíz de la unificación dispuesta por las leyes 19.551 y 24.522, se suprimió, por la ley 22.434, la regulación del concurso civil que contenía el Código Procesal Civil de la Nación en su versión originaria(191).

CAPÍTULO V - LA FUNCIÓN PÚBLICA PROCESAL 197   

SUMARIO: I. GENERALIDADES: 65. Planteamiento del tema.— 66. Concepto y naturaleza del acto jurisdiccional.— 67. Clasificación de la jurisdicción. II. LA FUNCIÓN JUDICIAL: 68. Concepto y alcance de la jurisdicción judicial.— 69. La llamada jurisdicción voluntaria.— 70. Caracteres generales de la función judicial.— 71. Extensión de la función judicial.

I. GENERALIDADES(1)

65. Planteamiento del tema a) Al ocuparnos de los elementos del proceso (supra, nro. 46), hemos señalado que entre los sujetos primarios de éste, figura siempre un órgano que, en su carácter de titular de un poder público (o equiparado a tal), se encuentra en un plano supraordinado con respecto a las partes o los peticionarios, y cuya función consiste en satisfacer las pretensiones o las peticiones que aquéllos formulen. Consideramos que, incluso desde el punto de vista de una institución esencial, dicha función constituye el presupuesto racional de todo proceso y que, por consiguiente, su estudio debe preceder al de la actividad que es propia de los restantes sujetos primarios con que aquél puede constituirse y desarrollarse(2). b) La doctrina suele caracterizar al proceso como el fenómeno jurídico a través del cual se manifiesta el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado(3). Ya hemos anticipado (supra, nros. 2 y 44) nuestra disconformidad con tal postura, recordando que la idea de jurisdicción es ajena a toda una categoría de procesos judiciales, como los llamados voluntarios, así como a gran parte de la actividad que los jueces y los tribunales de justicia despliegan en los procesos contenciosos. c) La precedente conclusión, que trataremos de demostrar en este capítulo, justifica el empleo de la expresión "función pública procesal" en reemplazo del vocablo "jurisdicción". Ello no importa, sin embargo, 198   

desconocer la fundamental importancia que tiene, dentro de esa función genérica, la función jurisdiccional, a cuyo estudio ha de asignarse un lugar preferente.

66. Concepto y naturaleza del acto jurisdiccional

A) Distintas acepciones del vocablo "jurisdicción" a) El lenguaje jurídico acuerda a la palabra "jurisdicción" diversos significados. Se la utiliza, en primer lugar, para denotar los límites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones específicas los órganos del Estado, sean éstos judiciales o administrativos. Tal ocurre cuando se habla de la "jurisdicción territorial" de los jueces (según lo hacen algunos Códigos antiguos), y cuando se identifica el concepto con la circunscripción espacial asignada a alguna repartición pública (v.gr., la jurisdicción de una seccional policial, de una oficina del registro civil, etc.). b) En segundo lugar, las normas jurídicas suelen emplear el vocablo que nos ocupa a fin de señalar la aptitud o la capacidad reconocida a un juez o tribunal para entender en una determinada categoría de pretensiones o de peticiones. Ejemplo de ello son las normas contenidas en algunos Códigos provinciales cuando dicen que "la jurisdicción conferida a los tribunales de justicia es improrrogable". Esta acepción, según la doctrina lo viene destacando desde hace tiempo, comporta confundir la jurisdicción con la competencia. c) Asimismo, háblase de jurisdicción con referencia al poder que, sobre los ciudadanos, ejercen los órganos estatales. En ese sentido se alude a la jurisdicción de un parlamento, de un tribunal de justicia o de una entidad administrativa(4). d) Finalmente, de acuerdo con un punto de vista técnico, que es el que nos interesa, se considera a la jurisdicción, junto con la legislación y la administración, como una de las funciones del Estado. Desde esta perspectiva, la opinión tradicional concibe a aquélla como la función mediante la cual los órganos judiciales del Estado administran justicia en los casos litigiosos(5). 199   

B) Interferencias entre las funciones estatales a) El esquema precedentemente enunciado coincide, como resulta fácil advertir, con la teoría de la división tripartita de los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Ocurre, sin embargo, que esa división, en tanto se fundamenta exclusivamente en consideraciones de naturaleza histórica y política, entra en crisis no bien se la confronta con la realidad jurídica positiva, cuyo examen más superficial demuestra, en primer lugar, que no toda la función jurisdiccional se halla encomendada a los órganos del Poder Judicial. El análisis pertinente conduce a admitir, por lo general, que pese a la circunstancia de tratarse de organismos administrativos, ejercen actividad jurisdiccional, por ejemplo, el Tribunal Municipal de Faltas cuando aplica sanciones por infracción a determinadas ordenanzas, el Consejo Nacional de Relaciones Profesionales cuando debe determinar la existencia o la inexistencia de "práctica desleal" en el desenvolvimiento de las relaciones laborales, el Tribunal de Cuentas de la Nación cuando le toca decidir acerca de la responsabilidad de quienes administran fondos nacionales, etcétera, pues tales actividades implican sustancialmente la decisión de casos litigiosos. La misma conclusión se impone respecto del Senado, pese a su carácter de órgano legislativo, en el supuesto de "juicio político". En segundo lugar, aquella realidad pone también en evidencia que no todos los actos del Poder Judicial revisten carácter jurisdiccional. Los tribunales de justicia, en efecto, no ejercen una actividad de esa índole cuando dictan resoluciones de tipo general (reglamentaciones judiciales), designan a un funcionario o empleado, o intervienen en los casos denominados de "jurisdicción voluntaria". b) Tal interferencia entre las funciones que cumplen los diversos órganos estatales resulta suficiente para desechar todas aquellas teorías que refieren la índole jurisdiccional de un acto determinado a la calidad del órgano que lo emite o a las modalidades extrínsecas de su actuación. Particular difusión ha logrado, dentro de esa línea conceptual, la opinión formulada por Carré de Malberg en el sentido de que corresponde hablar del acto jurisdiccional cuando éste proviene de una autoridad constituida en forma de tribunal y se cumple con ciertas garantías de independencia e imparcialidad(6). Ocurre, sin embargo, que estas dos notas concurren respecto de ciertos actos típicamente administrativos, como, entre otros, los dictámenes producidos por juntas de clasificación o jurados examinadores, y también con relación a todos los actos que los órganos judiciales cumplen en los procesos voluntarios(7). c) Es en virtud de todo ello que la mayor parte de la doctrina ha enfrentado el tema ateniéndose a las características que presenta el acto 200   

jurisdiccional en sí mismo y prescindiendo o colocando en un plano secundario su aspecto orgánico o formal.

C) El ámbito de la diferenciación del acto jurisdiccional a) La función legislativa, en tanto consiste en la creación de normas abstractas y generales, resulta fácilmente diferenciable de la función jurisdiccional, pues ésta tiene por objeto individualizar las menciones legales en un caso concreto. La función jurisdiccional, en efecto, se traduce en la creación de normas individuales. Y desde que ésta constituye también una característica esencial de la función administrativa, se comprende que la principal dificultad con que tropieza la doctrina consiste en diferenciar adecuadamente el acto jurisdiccional del acto administrativo(8). b) En nuestro derecho, la diferenciación entre esas dos clases de actos cobra importancia práctica desde diversos puntos de vista. Por lo pronto, es la índole del acto el principal factor que debe computarse a fin de determinar la necesidad del posterior control judicial, así como la intensidad o la extensión de ese control(9). Además, sin ser el efecto de cosa juzgada inherente a ninguna decisión estatal, la seguridad jurídica impone que dicho efecto presente un matiz considerablemente más intenso en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales(10). Finalmente, la índole jurisdiccional del acto reclama que su cumplimiento se halle precedido de un proceso en el cual resulte asegurada, en la máxima medida, la garantía constitucional de la defensa.

D) Notas comunes al acto jurisdiccional y al acto administrativo a) En el actual estado de la ciencia jurídica existe, como consecuencia de una permanente inquietud doctrinaria, un fondo de ideas que puede ser provechosamente utilizado para enunciar las notas configurativas del acto jurisdiccional, algunas de las cuales son también inherentes al acto administrativo. b) Una de ellas, como ya hemos visto, consiste en el hecho de que tanto el acto jurisdiccional como el acto administrativo representan la individualización y la concreción de normas generales. En este 201   

punto existe acuerdo entre la mayor parte de los procesalistas(11)y de los administrativistas(12). c) Otra nota común a ambas especies de actos reside en la circunstancia de que su autor es siempre un órgano del Estado. También en este punto existe acuerdo doctrinario, aunque algunos procesalistas, influidos en mayor o menor medida por el criterio formal a que antes nos hemos referido, identifican los conceptos de "órgano jurisdiccional" y "órgano judicial"(13). El origen, tanto del acto jurisdiccional como del acto administrativo, les confiere el carácter de actos de autoridad que, como tales, obligan a sus eventuales destinatarios a cumplir la conducta prescripta por el órgano respectivo en el caso concreto. Al hablar de "órgano del Estado" lo hacemos en el sentido jurídicomaterial que Kelsen acuerda a esa expresión. Tocante a ello importa recordar, siguiendo a dicho autor, que concebido el orden jurídico como un sistema normativo jerárquico en virtud del cual las normas de grado superior determinan las condiciones bajo las cuales han de ser creadas las normas de grado inferior y, siendo el Estado la personificación de ese orden jurídico o, en otros términos, un punto de imputación de los diversos actos en que se manifiesta el proceso creador de normas jurídicas(14), debe ser considerado órgano del Estado, en un sentido jurídico esencial, toda aquella persona que, determinada por la norma de grado superior, es autora del acto mediante el cual se establece la norma de grado inferior(15). En este sentido jurídico-esencial, no se percibe diferencia alguna entre la función del órgano administrativo que dicta un decreto, la función del juez que dicta una sentencia y la función que llevan a cabo los particulares cuando, utilizando las facultades que les son delegadas por la ley, crean, mediante el contrato, normas jurídicas concretas tendientes a regular su conducta recíproca(16). El funcionario administrativo, el juez y las partes son, en efecto, partícipes del proceso creador del derecho iniciado en la Constitución, y son órganos del Estado en la medida en que, como autores de esos actos, revisten el carácter de instrumentos creadores del orden estatal. El concepto jurídico-material de órgano se basa, en cambio, en la cualificación personal de quien cumple la función orgánica. La idea desborda, pues, el simple aspecto funcional para atender a la peculiar situación en que se encuentran ciertos hombres, llamados funcionarios públicos, a quienes el ordenamiento jurídico tipifica con arreglo a ciertas características (obligatoriedad de la función, profesionalidad, estabilidad, relación de servicio reglamentada por un estatuto general, etc.) y que se distinguen, de los restantes miembros de la comunidad, por el mayor grado e intensidad con que realizan funciones estatales(17). El acto creador normativo que emana de un órgano del Estado en sentido jurídico material es lo que generalmente se denomina un "acto 202   

de autoridad". Característica esencial de éste —señala Kelsen— es su carácter obligatorio(18). "Esto puede expresarse —añade dicho autor— diciendo que el acto de autoridad es la manifestación del imperium estatal. Pero el imperium no es otra cosa que la norma obligatoria y no se manifiesta sino en el acto de creación de ésta. Por naturaleza, el acto de autoridad es norma, general o individual, con la sola particularidad de que su creación corresponde a un órgano en el sentido jurídico-material de la palabra. El negocio jurídico, cuyo carácter normativo es indiscutible, no es acto de autoridad porque su creación no corresponde según los preceptos de los códigos civiles a los órganos en sentido estricto, sino a los súbditos en calidad de 'parte'. El acto creador tiene que emanar de este específico aparato estatal para que sea considerado 'acto de autoridad'"(19). d) Constituye también una característica inherente al "acto de autoridad", sea jurisdiccional o administrativo, su aptitud para imponerse, eventualmente, a cualquier miembro de la comunidad cuya conducta o cuyas relaciones puedan encontrarse comprendidas en el ámbito de competencia asignado a algún órgano estatal. Y ello autoriza a excluir, del concepto de acto jurisdiccional, las decisiones adoptadas por los órganos integrantes de las llamadas "jurisdicciones domésticas", como la jurisdicción deportiva o la jurisdicción asociacional(20). Tales órganos, en efecto, ni son órganos del Estado en sentido jurídico material ni sus decisiones pueden exceder la órbita de ciertas relaciones sociales predeterminadas en los respectivos estatutos, cuya obligatoriedad, por otra parte, requiere una previa manifestación de acatamiento por parte de quienes hayan de constituir el grupo en el cual esas relaciones se concreten. Distinta es, sin embargo, la situación de los árbitros, aunque un calificado sector de la doctrina, fundándose sustancialmente en la circunstancia de que aquéllos carecen de la potestad de imponer coactivamente el cumplimiento de sus decisiones, sostiene que su actividad no reviste carácter jurisdiccional(21). Entendemos, por el contrario, que por encima de esa circunstancia de orden contingente, existen dos notas que, al menos en cuanto a nuestro derecho positivo concierne, concurren a perfilar la esencia jurisdiccional del arbitraje —y que no se encuentran desvirtuadas por las previsiones que al respecto contiene el Código Civil y Comercial de la Nación—, y son: 1º) que los árbitros poseen atribuciones para decidir "toda cuestión entre partes" (v.gr., art. 736, CPCCN), con excepción de las que no pueden ser objeto de transacción (art. 737, CPCCN). Con esta restricción, por consiguiente, la función de los árbitros se identifica sustancialmente con la principal actividad que incumbe a los órganos judiciales(22); 2º) que el laudo arbitral participa de la obligatoriedad que caracteriza el acto de autoridad y que esa obligatoriedad en modo alguno puede asimilarse a la que también reviste el negocio jurídico, pues aquél no es emitido por los 203   

árbitros en calidad de partes, sino en calidad de terceros a quienes el ordenamiento jurídico otorga, en ciertas condiciones, la posibilidad de asumir la función pública consistente en dirimir un conflicto(23); de manera, pues, que si bien los árbitros no resultan rigurosamente equiparables a los órganos del Estado en sentido jurídico-material, ostentan ciertos atributos fundamentales de estos últimos que autorizan a sostener la índole jurisdiccional de las decisiones que emiten(24). e) Demostrado, a través del análisis precedente, que tanto el acto jurisdiccional como el acto administrativo comportan la creación de una norma jurídica individual por parte, en principio, de un órgano del Estado en sentido jurídico-material y que es característica de esa norma la posibilidad de imponerse obligatoriamente a sus destinatarios, todavía es preciso aclarar cuál es la específica modalidad con que esa creación normativa se presenta en la experiencia jurídica. En este punto viene al caso recordar la lúcida distinción que formula Kelsen entre creación democrática y autocrática del derecho, que sirve de base a la clasificación habitual de las formas de Estado (donde se opone la democracia a la autocracia, la república a la monarquía) y que se funda en la circunstancia de que los sujetos de derecho participen o no en la creación de las normas a las cuales han de encontrarse sometidos, de manera tal, en otros términos, que sus obligaciones nazcan con su consentimiento o sin él y, eventualmente, aun contra su misma voluntad(25). Llevado ese distingo al tema que nos ocupa, podemos advertir que en tanto es creado unilateralmente, es decir, sin la participación del sujeto o sujetos que han de hallarse obligados por él, el acto jurisdiccional constituye un típico ejemplo de creación autocrática del derecho. En toda decisión jurisdiccional se halla en juego, con particular evidencia, una valoración de poder, desde que éste supone, dentro de la estructura jerárquica que toda coexistencia involucra, una inculcación o infusión de pensamiento jurídico(26). La índole autocrática de la creación jurídica y la correlativa vigencia del valor poder constituyen una nota que sólo concurre, en forma permanente e invariable, respecto de los actos jurisdiccionales. Ciertos actos administrativos, en cambio, como por ejemplo la designación de un empleado o funcionario, o el otorgamiento de la ciudadanía, sólo se perfeccionan mediante un acto de voluntad por parte del sujeto obligado, cuya participación concurre, por lo tanto, a formar la correspondiente norma individual(27).

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E) La diferenciación formulada por Kelsen a) Con excepción de la última (que es, por otra parte, parcial), las notas hasta ahora señaladas son comunes al acto jurisdiccional y al acto administrativo. Resta, por consiguiente, dar un último paso que nos permita diferenciarlos adecuadamente. b) En este aspecto es Kelsen, a nuestro juicio, el jurista que ha discurrido con mayor rigor científico, pues prescinde de todo el complejo de consideraciones históricas y políticas que siempre gravitan negativamente en el esclarecimiento de la difícil cuestión que nos ocupa. En Teoría pura del derecho, Kelsen sintetiza sus ideas sobre el punto: "La administración tiene también por función individualizar y concretar las leyes. En gran parte de su actividad desempeña el mismo papel que la jurisdicción, esforzándose, como ésta, en obtener la conducta social deseada por el legislador al recurrir a actos de coacción en caso de conducta contraria. No hay diferencia esencial entre el acto de un tribunal que aplica una pena a un calumniador, con miras a proteger el honor del individuo calumniado, y el de una autoridad administrativa que condena a un automovilista imprudente al pago de una multa a fin de garantizar la seguridad de la circulación. La jurisdicción y la administración no están, sin embargo, organizadas de la misma manera. Los tribunales gozan, por razones históricas, de una independencia de que carecen casi siempre las autoridades administrativas. Además, si la jurisdicción trata de alcanzar el fin del Estado de manera mediata e indirecta no siempre es éste el caso de la administración. Ésta puede ser obligada jurídicamente a establecer de manera directa e inmediata el estado social deseado construyendo ella misma un edificio escolar, explotando ferrocarriles o prestando asistencia a los enfermos en los hospitales. Esta administración directa es esencialmente diferente de la jurisdicción y de la administración indirecta. No se puede, pues, oponer la jurisdicción a la administración en general, sino solamente a la administración directa"(28). c) Kelsen demuestra así, con acierto, que no media diferencia funcional alguna entre el acto jurisdiccional propiamente dicho y el acto estatal de administración indirecta, pues también con respecto a este último concurre la circunstancia relevante de que "una autoridad constata el hecho establecido por la norma general como condición del acto coactivo y aplica la consecuencia jurídica, la 'coacción administrativa': una pena pecuniaria o contra la libertad, una ejecución"(29). La única diferencia existente entre ambas clases de actos está dada, según Kelsen, por una razón de naturaleza técnica, como la relativa a la diversa posición en que se encuentran las autoridades que realizan la coacción o que determinan el procedimiento preparatorio del acto coactivo: en un caso la autoridad es un tribunal independiente que, como tal, se limita a aplicar las normas jurídicas según su propia convicción; en el segundo caso la autoridad es un órgano subordinado, pues por lo general, debe resolver 205   

de acuerdo con las instrucciones que le impartan órganos jerárquicamente superiores(30).

F) Crítica a) Pese a la innegable exactitud de muchas de sus conclusiones, la tesis de Kelsen es —a nuestro entender— susceptible de dos órdenes de reparos que formularemos a continuación y que, lejos de pretender desvirtuar las bases esenciales en que aquélla se sustenta, tienden a integrarla con otras aportaciones del pensamiento jurídico. b) En ese orden de consideraciones importa poner de resalto, ante todo, el equívoco en que incurre Kelsen al definir el acto jurisdiccional como aquel que tiene por objeto individualizar, en el caso concreto, la relación que la ley establece, de una manera general y abstracta, entre el hecho ilícito y la sanción que es su consecuencia, aplicando en caso afirmativo el acto de coacción prescripto también de manera abstracta por la norma general(31). Este concepto deriva de la errónea premisa consistente en asignar al acto coactivo (sanción) el carácter de único elemento esencial y tipificador de la norma jurídica, en desmedro del fragmento normativo que menciona la conducta a observar para evitar la aplicación de la sanción, al que Kelsen llama norma secundaria(32)y considera como una mera "hipótesis auxiliar", desprovista de valor ontológico. Ocurre, sin embargo, que la conducta humana, que las normas jurídicas conceptualizan, configura esencialmente una experiencia de libertad, y que siendo la libertad el hecho de la posibilidad existencial, toda norma jurídica completa debe mentar, irremisiblemente, los conceptos de licitud e ilicitud; de allí que, como lo ha demostrado exhaustivamente Cossio, el esquema lógico de toda norma jurídica no puede ser otro que el de un juicio disyuntivo, cuyos dos miembros, divididos por la conjunción "o", conceptualizan, el primero, la conducta lícita a partir de una situación coexistencial (endonorma) y, el segundo, la conducta ilícita (entuerto) que, con motivo de la sanción, deviene lícita (perinorma)(33), con la particularidad de que ambos miembros revisten la misma significación ontológica y se integran recíprocamente como partes de un sentido único(34). Es por ello que la estructura hipotética propuesta por Kelsen, al mutilar la estructura normativa completa, deja en la penumbra todos aquellos casos en los cuales los órganos estatales no aplican sanciones, sino que se limitan a individualizar alguna de las menciones contenidas en el 206   

fragmento que describe la conducta lícita (endonorma)(35). Cuando un tribunal, por ejemplo, declara la nulidad de un acto jurídico por defectos de forma, no aplica el denominado por Kelsen "acto coactivo estatal", sino que se circunscribe a hacer explícito, en el caso concreto, que en virtud de adolecer el acto cuestionado de una irregularidad de aquella índole, no concurre una de las circunstancias descriptas en el hecho antecedente de la endonorma y no es exigible, por lo tanto, la prestación. Si la sentencia declara, en cambio, la validez del acto impugnado, la actividad jurisdiccional se agota en la explicitación del tramo endonormativo completo, quedando ajeno a ella tanto el entuerto como la sanción. Ello ocurre en el caso de todas las sentencias declarativas y con respeto a gran parte de las llamadas sentencias determinativas(36). Tal fenómeno no es extraño, por otra parte, a la función jurisdiccional que en muchos supuestos deben llevar a cabo algunos órganos de la administración. Piénsese, por ejemplo, en las decisiones que por vía de recurso dictan los órganos previsionales competentes a fin de declarar la existencia o la inexistencia de un beneficio jubilatorio. c) El segundo reparo de que es pasible, a nuestro juicio, la teoría de Kelsen emerge del hecho de describir tanto a la actividad administrativa como a la actividad jurisdiccional en función del logro de un fin estatal que se concreta, sustancialmente, en "el bienestar de los ciudadanos"(37). De tal manera la creación normativa aparece impregnada de un sentido teleológico que está muy lejos de agotarla en sus valores y que, axiológicamente, tampoco reviste carácter esencial para la comprensión jurídica. Así, por ejemplo, en la estructura teleológica completa, donde una conducta se articula, aparecen también los valores de la propia conducta que allí se realiza (orden, seguridad, poder, paz, cooperación, solidaridad y justicia), los cuales, siendo los que necesariamente interesan al jurista, no son valores de los fines que la conducta persigue, sino valores que califican directamente a la conducta en sí misma(38). Sólo esto explica que un caso no pierda su valor jurídico en la hipótesis de que, por frustrarse la finalidad del acto, no se realicen los valores teleológicos que se hubiesen tenido en vista, pues lo que aparezca como conducta realizada presentará siempre su propia calificación axiológica como valor jurídico. Por lo demás, no siendo la norma jurídica más que la representación conceptual de una conducta y, por lo tanto, del hecho estimativo que toda conducta contiene como elemento primario u originario, no cabe atribuirle finalidad actuante a ella misma de ninguna naturaleza. Lo comprueba el hecho de que una norma, para integrarse en un proceso teleológico, debe ser asumida por "alguien", con lo cual se retorna a la conducta de ese "alguien" como inexcusable punto de apoyo.

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G) Conclusiones a) Así, pues, como hemos desechado el esquema normativo propuesto por la teoría pura, corresponde también descartar las normas jurídicas como tema central del análisis sobre la esencia del acto jurisdiccional, desplazando aquél hacia el objeto que las normas conceptualizan, o sea, hacia la conducta en su interferencia intersubjetiva. En ese orden de ideas, interesa recordar las siguientes premisas: 1º) Dada la fundamental aptitud que caracteriza a la vida humana de "referirse a" o de "dirigirse hacia" posibilidades, la conducta involucra, necesariamente, un proyecto existencial(39). 2º) La conducta es proyectable porque contiene un (40) pensamiento intrínseco, de carácter normativo , merced al cual ella es vivida como "pudiendo ser una posibilidad". El proyecto existencial no es más que ese pensamiento de sí misma con que la conducta se integra(41). 3º) En lo que concierne a su contenido concreto tal pensamiento es, en la generalidad de los casos, un pensamiento comunitario. En efecto, las posibilidades que, dentro de sus respectivos proyectos vitales, asumen los miembros de cualquier grupo social, constituyen también posibilidades de la comunidad, por cuanto, como dice Cossio, "son partes del entendimiento en que el convivir originariamente consiste. Convivir es, irremediablemente, entenderse. Por eso ha de decirse que el pensamiento del legislador o del juez y, en general, el del jurista, es descubrimiento no invención. Ellos hacen explícito un pensamiento comunitario que ya está dado en la sociedad como pensamiento en común bajo la forma de poder ser una posibilidad siendo la posibilidad que llega a ser"(42). 4º) Las normas, en tanto mientan el ser de la vida que consiste, como vimos, en el hecho de "poder ser una posibilidad", contienen un proyecto de conducta y, más precisamente, un proyecto de conducta colectivo, desde que, por esencia, la existencia humana es "coexistencial"; de allí que toda norma jurídica, para ser verdaderamente tal, y no un simple pensamiento, deba constituir la expresión conceptual de un pensamiento comunitario. No cabe hablar, en otras palabras, de una verdadera norma, si la posibilidad elegida por ella no es una posibilidad de conducta real dentro de la comunidad en la cual deba aplicarse. Corresponde agregar, para completar la descripción precedente, que en toda comunidad se da, como situación originaria, el hecho de que sus miembros adultos(43)se comportan de acuerdo con las posibilidades que ella ofrece y que son, en realidad, posibilidades que aquéllos constituyen como el contenido de un pensamiento en común. La misma reflexión es 208   

aplicable a gran parte de la actividad que cumplen los órganos estatales. El dato primero e inexcusable está dado, pues, por el hecho de que el pensamiento comunitario aparece espontáneamente en la conducta individual de los adultos que integran la comunidad y en parte de la conducta de los órganos que la representan. Las partes que contratan, el deudor que cumple sus obligaciones, el testador que dispone de sus bienes, el órgano administrativo que concede o deniega una jubilación o una marca de fábrica, etcétera, configuran claras exteriorizaciones de aquella situación originaria. b) Pero junto con tal situación existen otras en las cuales el pensamiento comunitario se expresa no espontáneamente, sino en forma indirecta y mediata, a través de un órgano estatal que actúa por delegación de la comunidad. Puede configurarse, en primer lugar, la situación consistente en que dos o más miembros adultos de un grupo social asuman, dentro de sus respectivos proyectos existenciales, posibilidades incompatibles entre sí, impidiendo de tal manera que el pensamiento comunitario aparezca directa y espontáneamente en el juego conjunto de sus conductas individuales. Tal incompatibilidad entraña la existencia de un conflicto, cuya solución, siempre que el interés de la comunidad no resulte directamente comprometido, puede tener lugar mediante la voluntad concorde de sus protagonistas. Pero cuando éstos mantienen la posibilidad existencial individualmente asumida en todo ordenamiento jurídico que excluya el remedio de la autodefensa, no queda otra alternativa que la consistente en la intervención de un órgano que, por delegación de la comunidad, incorpore el pensamiento jurídico de ésta en la conducta de los sujetos en conflicto. Esto es lo que ocurre en la mayor parte de los procesos civiles, en los cuales la intervención del órgano que ha de expresar el pensamiento jurídico comunitario se halla supeditada, exclusivamente, a la pretensión deducida por uno de los partícipes del conflicto. Corresponde aclarar, sin embargo, que tal conflicto no supone la efectiva discrepancia que, con anterioridad al proceso, pudiere suscitarse entre dos o más personas con relación a determinado objeto o bien de la vida. Piénsese, por ejemplo, en el caso de quien pretende que se declare judicialmente la validez de un pago por consignación, sin invocar o demostrar el hecho de que su acreedor se haya negado a recibir el pago. Si bien en esta hipótesis no existe conflicto dotado de significación desde el punto de vista de las normas jurídicas en juego, es evidente que lo hay desde el punto de vista de la incompatibilidad que media entre las posibilidades existenciales respectivamente asumidas por deudor y acreedor, incompatibilidad que, al ser planteada ante un órgano estatal, conducirá a una decisión expresiva de un pensamiento de la comunidad que no pudo, en virtud de aquella circunstancia, manifestarse en forma directa e inmediata. 209   

En segundo lugar, puede darse el caso de que, en razón de encontrarse directamente afectado en el conflicto el interés colectivo, las normas jurídicas descarten la autocomposición de aquél por obra de sus protagonistas y de que resulte inexcusable, por lo tanto, la decisión de un órgano que lo dirima en la misma forma que en la hipótesis anteriormente mencionada. Tal es el caso de los procesos civiles atinentes a la capacidad y al estado civil de las personas, algunos de los cuales (nulidad de matrimonio, declaración de restricción a la capacidad de ejercicio, etc.) pueden ser iniciados mediante la pretensión deducida por ciertos órganos que también actúan por delegación de la comunidad (Ministerio Público), pero a quienes el ordenamiento jurídico confiere calidad de partes y coloca, por lo tanto, en una situación diferente a la de los órganos que han de decidir el conflicto. Constituye una característica de esta última hipótesis la circunstancia de que en ella aparece, en primer plano, el planteamiento de una incompatibilidad suscitada entre la posibilidad asumida por algún miembro de la comunidad o la situación en que éste se encuentra(44), por un lado, y la posibilidad que se afirma proyectada por el pensamiento jurídico vigente en aquélla(45), por el otro; de allí que también corresponda incluir en esta situación a los procesos penales, pues la pretensión que en ellos se hace valer plantea la existencia de un conflicto entre la posibilidad individualmente asumida por el procesado y la posibilidad que se afirma proyectada por el pensamiento jurídico comunitario(46). Un fenómeno sustancialmente similar al precedentemente expuesto es el que se verifica en el caso de las infracciones administrativas derivadas del incumplimiento de deberes establecidos en ordenamientos de esa índole (policía del trabajo, ordenanzas de tránsito, edictos policiales, etc.), las cuales facultan a ciertos órganos de la Administración para aplicar una sanción al infractor. Entre estos casos y los procesos penales, en efecto, no media ninguna diferencia esencial en cuanto a la índole del conflicto que los motiva y a la forma en que los órganos administrativos expresan el pensamiento jurídico de la comunidad. El hecho de que en los respectivos procedimientos no se halle prevista la actuación de un órgano acusador que plantee la incompatibilidad de posibilidades a que nos hemos referido constituye una diferencia de índole formal que no altera la apuntada identidad esencial. c) Todas las hipótesis anteriormente enunciadas tienen, pues, en común, dos notas esenciales que las tipifican y son: 1º) La existencia de un conflicto suscitado por la incompatibilidad u oposición planteada, sea entre las posibilidades asumidas por dos o más conductas individuales, sea entre la posibilidad asumida por algún miembro de la comunidad, o la situación en que éste se encuentra, y la posibilidad proyectada por el pensamiento jurídico comunitario. 210   

2º) Como consecuencia del conflicto, dicho pensamiento es expresado en forma indirecta y mediata, a través de la decisión de un órgano que interviene por delegación de la comunidad(47). Tales notas, al par de integrar la noción de acto jurisdiccional, sirven para diferenciarlo suficientemente del acto administrativo. Este último, en efecto, si bien tiene en común con el acto jurisdiccional el hecho de ser creado por algún órgano del Estado en sentido jurídico-material, y el de representar una decisión unilateral (aunque no siempre, como vimos) y concreta, se diferencia del segundo en tanto comporta una expresión directa e inmediata del pensamiento jurídico comunitario, desde que no presupone conflicto alguno que impida la expresión espontánea de dicho pensamiento; de lo cual se sigue, asimismo, que la explicitación del entuerto y de la sanción, como menciones normativas que implican necesariamente la existencia de un conflicto, sea ajena a la función administrativa del Estado propiamente dicha. En ese orden de consideraciones reviste, por ejemplo, el carácter de acto administrativo, la decisión de una Caja de jubilaciones que, tras verificar la existencia de los requisitos invocados por algún afiliado, acuerda o deniega un beneficio jubilatorio. Tal decisión, en efecto, no supone la existencia de una incompatibilidad entre las posibilidades respectivamente asumidas por el órgano administrativo y el afiliado, sino, simplemente, el cumplimiento de un deber legal impuesto al primero(48). Lo dicho no excluye, sin embargo, la posibilidad de que un acto administrativo conduzca eventualmente al pronunciamiento de una decisión jurisdiccional por parte de la propia Administración. Ello ocurre, por el contrario, cuando se interpone algún recurso reconocido por la ley para ante un órgano jerárquicamente superior, pues ese acto importa el planteamiento de un conflicto entre el sujeto afectado por la decisión administrativa y el órgano inferior que la dictó(49). La misma situación se configura, aun en los procesos judiciales contenciosos, respecto de los recursos deducidos contra providencias simples, pues éstas constituyen, en sí mismas, actos administrativos. Corresponde señalar, por otra parte, que las precedentes conclusiones no entrañan una adhesión a la difundida idea de que, mientras la función jurisdiccional representa la sustitución de una actividad pública a una actividad privada y es, por consiguiente, una actividad secundaria, la función administrativa, en tanto se halla impuesta directa o inmediatamente por la ley a los órganos públicos, constituye una actividad primaria(50). Más arriba hicimos notar, en efecto, que la función jurisdiccional resulta de inexcusable ejercicio en aquellos casos en los cuales las normas jurídicas descartan la posibilidad de que el conflicto sea "autocompuesto" por sus protagonistas: no cabe que el presunto delincuente se someta voluntariamente a la sanción penal, ni que los cónyuges, aun de común 211   

acuerdo, modifiquen el estatus matrimonial con prescindencia del proceso, etcétera. Mal puede decirse, en todas estas hipótesis, que la actividad jurisdiccional se halle configurada como una actividad sustitutiva de la actividad de las partes, pues éstas carecen de toda posibilidad de obtener un efecto jurídico que la ley imputa, exclusivamente, a la decisión del órgano competente(51). d) De acuerdo con todo lo expuesto, podemos definir al acto jurisdiccional como aquel en cuya virtud un órgano del Estado en sentido jurídico-material (o un órgano al cual el ordenamiento jurídico atribuye funciones equivalentes), mediante una decisión unilateral motivada por un conflicto, y expresiva por lo tanto del pensamiento jurídico comunitario en forma indirecta y mediata, individualiza, en un caso concreto, cualquiera de las menciones contenidas en una norma general lógicamente completa. En consecuencia, corresponde a nuestro juicio excluir de la noción de acto jurisdiccional los siguientes elementos: 1º) La necesidad de que el órgano interviniente sea un tercero imparcial, ajeno al conflicto(52). Si bien tal necesidad rige, por razones axiológicas, en la esfera de la jurisdicción judicial, es en cambio ajena a los supuestos ya examinados de ciertas sanciones administrativas, respecto de las cuales no se halla prevista la actuación de un órgano acusador, formalmente diferenciado del órgano habilitado para imponer la sanción. Esta última circunstancia carece de relevancia frente al hecho de que el órgano competente actúa por delegación de la comunidad y expresa, en forma indirecta y mediata, el pensamiento jurídico vigente en aquélla. 2º) La observancia de determinadas formas previas a la decisión, que garanticen la efectividad del derecho de defensa. Tales formas, en efecto, responden también a consideraciones axiológicas que incluso cuentan, en nuestro ordenamiento jurídico, con respaldo constitucional, pero su existencia o inexistencia no afecta la esencia del acto jurisdiccional(53). 3º) El efecto de cosa juzgada atribuible a la respectiva decisión(54). Aparte de que dicho efecto no es connatural a las decisiones jurisdiccionales(55), existen actos administrativos provenientes de la Administración "activa" que también lo producen, tales como aquellos que, entre otros requisitos, crean o reconocen derechos subjetivos a favor de los administrados(56).

67. Clasificación de la jurisdicción a) Desde el punto de vista del órgano habilitado para decidir el conflicto, la jurisdicción puede dividirse en judicial y administrativa. Esta última 212   

consiste en la actividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación de sanciones a los administrados o a los funcionarios o agentes de la propia administración como en el conocimiento de las reclamaciones y los recursos(57)que, promovidos por esas mismas personas, tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro de la esfera administrativa. Las respectivas decisiones son, en principio, revisables por los jueces y tribunales de justicia, salvo que versen sobre materias privativas del Poder administrador(58); de allí que no quepa confundir dicha jurisdicción administrativa, que se ejerce y agota en el ámbito de la administración, con la competencia que las leyes asignan al Poder Judicial para conocer de los conflictos que se suscitan cuando el Estado, en su carácter de poder público y en ejercicio de facultades regladas, afecta un derecho subjetivo del administrado. En estos casos, en efecto, se trata del ejercicio de jurisdicción judicial y de competencia tradicionalmente denominada por influjo del derecho francés "contenciosoadministrativa"(59). Dentro de la jurisdicción administrativa se encuentra comprendida la jurisdicción militar, que abarcaba(60), según el art. 108 de la derogada ley 14.029 (Código de Justicia Militar), el conocimiento de: 1º) Los delitos y las faltas esencialmente militares. 2º) Los delitos y las faltas que afecten directamente el derecho y los intereses del Estado, o de los individuos, cuando son cometidos por militares o empleados militares en actos del servicio militar o en lugares sujetos exclusivamente a la autoridad militar. 3º) Los delitos cometidos por individuos de las fuerzas armadas en desempeño de un servicio dispuesto por los superiores a requerimiento de las autoridades civiles o en auxilio de aquéllas. 4º) Los delitos cometidos por militares retirados o por civiles, en los casos específicamente determinados por el Código de Justicia Militar o por leyes especiales. 5º) Todos los demás casos de infracción penal expresamente determinados en dicho código(61). b) En lo que concierne a la jurisdicción judicial —a cuyo alcance nos referimos en el número siguiente—, la coexistencia del Estado nacional con los estados provinciales, que resulta del sistema de gobierno adoptado por nuestra Constitución, permite formular una división de aquélla atendiendo al poder político del que emanan las atribuciones de administrar justicia. Desde este punto de vista existe, por un lado, una jurisdicción nacional que tiene su origen en el poder del Estado nacional (arts. 108 y ss., CN) y, por el otro, una jurisdicción provincial, ejercida por los jueces y los tribunales de cada una de las provincias, que emana de las respectivas autonomías locales (arts. 5º y 123, CN)(62). Las autoridades judiciales locales tienen, respecto de los jueces nacionales, un deber de auxilio jurisdiccional que ha sido establecido por los arts. 13 de la ley 48 y 20 de la ley 13.998, y el decreto-ley 1285/1958. Esta última norma prescribe: "Las autoridades del Poder Ejecutivo nacional prestarán de inmediato todo el auxilio que les sea requerido por 213   

los jueces nacionales dentro de su jurisdicción, y siempre que un juez nacional dirija un despacho a un juez provincial para practicar actos judiciales será cumplido el encargo". Por aplicación de tal precepto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado reiteradamente que las autoridades provinciales no pueden prevalerse de lo dispuesto por sus propias leyes para trabar o turbar en forma alguna la acción de los jueces que hacen parte del Poder Judicial de la Nación, puesto que las provincias no ejercen el poder delegado de ésta(63). Y el tribunal ha hecho mérito de ese principio para decidir, entre otros casos, que la falta de respuesta por un juez provincial a las rogatorias libradas por un magistrado federal constituye una efectiva traba a la acción de la justicia nacional, a la que la Corte debe poner término, en ejercicio de la competencia que le confiere el art. 24, inc. 7º del decreto-ley 1285/1958 (ley 14.467), mediante la respectiva orden de que el primero dé cumplimiento en breve término al encargo formulado(64); que corresponde sea dejada sin efecto la orden de embargo y secuestro de un automotor, dispuesta por un juez provincial en el trámite de una ejecución prendaria, en cuanto ella obste al cumplimiento de lo resuelto por un juez federal a raíz de un proceso que instruye por contrabando(65); etcétera. Pero la Corte también ha resuelto que, no obstante el principio enunciado, es indudablemente propio de las autoridades provinciales reglamentar, por vía de leyes, decretos o acordadas, la forma de dar exacto cumplimiento al auxilio debido a la justicia nacional, pudiendo establecer la vía a seguir para que los jueces provinciales den curso a los encargos dirigidos por los magistrados de la Nación(66), y que el mismo criterio ha de observarse cuando, no existiendo la mencionada reglamentación, las leyes procesales locales o de organización de los tribunales señalen concretamente un determinado juez como competente para suministrar al juez nacional la colaboración que necesita(67). La jurisdicción judicial es, además, tradicionalmente dividida en contenciosa y voluntaria, aunque, en rigor, como veremos más adelante, la segunda no reviste carácter jurisdiccional sino administrativo. c) Se habla, finalmente, de una jurisdicción eclesiástica, que se hallaría circunscripta al ámbito de los negocios espirituales relacionados con la fe y el dogma religioso, y se opondría a la jurisdicción temporal(68). Pero no revistiendo la Iglesia, en nuestro ordenamiento jurídico, el carácter de órgano del Estado en sentido jurídico-material(69), aquella división carece de toda importancia a los efectos de nuestro estudio. A título informativo, sin embargo, interesa recordar que con anterioridad a la sanción de la ley 2393 (12/11/1888), nuestro derecho positivo reconocía la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos en materia de causas matrimoniales. Ello ocurrió no sólo en los períodos de la dominación hispánica y de la emancipación, sino también bajo la vigencia del Código Civil, el cual, con anterioridad a la ley citada, atribuía a los jueces eclesiásticos competencia 214   

para conocer en las causas relativas a impedimentos y sus dispensas, divorcio y nulidad de matrimonio (arts. 168, 182, 201-203, 221, 225 y 226, CCiv.)(70).

II. LA FUNCIÓN JUDICIAL

68. Concepto y alcance de la jurisdicción judicial a) Todo acto cumplido por un juez o tribunal de justicia que contenga los elementos mencionados en la noción de acto jurisdiccional formulada anteriormente (nro. 66, G], d]) constituye una exteriorización de jurisdicción judicial. Corresponde, ahora, determinar cuál es el alcance de esa especie de jurisdicción en nuestro ordenamiento jurídico o, en otras palabras, cuál es el sector del derecho argentino dentro del cual no resulta admisible excluir del ejercicio de la función jurisdiccional a los órganos judiciales. b) En ese orden de ideas importa señalar que, siempre que medie un conflicto entre particulares o entre un particular y el Estado, referente a derechos subjetivos privados de aquéllos, o se encuentre en tela de juicio la aplicación de alguna sanción de naturaleza penal, la intervención de un órgano judicial resulta constitucionalmente ineludible. Tal exigencia resulta de los arts. 18 y 109 de la Constitución Nacional: del primero, porque la garantía de la defensa en juicio supone, básicamente, que a todos los habitantes del país ha de reconocerse, en situaciones como las descriptas, el derecho de ocurrir ante algún órgano judicial a fin de obtener el amparo de los derechos que estimen amenazados o lesionados(71); del segundo, porque en tanto prohíbe al presidente de la República ejercer funciones judiciales, descarta el poder de dicho funcionario, e implícitamente de los funcionarios y organismos administrativos, en el sentido de conocer y decidir en el mencionado género de conflictos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido tal doctrina en numerosos precedentes. En el caso "Elena Fernández Arias y otros v. José Poggio"(72), en el cual se recogen y concretan diversos principios que sirven de punto de partida a una neta línea jurisprudencial, dicho Tribunal declaró que la organización de las Cámaras Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, establecida por las leyes 13.246 y 14.451, en tanto admite que tales órganos de carácter administrativo resuelvan, en forma 215   

definitiva, litigios entre particulares atinentes a sus derechos subjetivos privados (como el caso del desalojo del arrendatario fundado en el art. 3º, incs. d] y g], ley 14.451), es violatoria de los arts. 18 y 95 de la Constitución Nacional(73). Dentro de un mismo orden de ideas la Corte decidió, en el caso de Fallos 249:228, que los arts. 32 y 40 de la ley 13.581 (t.o. ley 14.356), y 42-44 del decreto 4022/1954 de la provincia de Buenos Aires, en tanto atribuyen competencia a las Cámaras de Alquileres para dictar, como organismos administrativos, resoluciones finales en materia de cesión de locaciones, sin instancia judicial posterior, violan el principio de la división de los poderes, y los arts. 18 y 28 de la Constitución Nacional. Corresponde también recordar, entre otros casos, los siguientes: 1º) Fallos 250:472, donde se declaró que los jueces, en los conflictos individuales de trabajo derivados de una huelga, no pueden ser privados de la facultad de declarar el error o la irrazonabilidad en que haya incurrido la autoridad administrativa al declarar la ilicitud de una huelga, siendo por lo tanto constitucionalmente inválido el art. 9º del decreto-ley 10.596/1957 en tanto acuerda carácter definitivo a la resolución administrativa dictada sobre el punto, del cual dependen los derechos privados en debate(74). 2º) Fallos 253:485, donde se hizo lugar a la impugnación constitucional formulada contra el art. 7º de la ley 1403 de la provincia de Tucumán, en tanto acordaba a la Comisión Arbitral de la Cámara Gremial de Productores de Azúcar el carácter de tribunal arbitral, con jurisdicción excluyente de los tribunales de justicia, para laudar en todos los juicios relativos al cumplimiento de los contratos de compraventa de caña celebrados entre los afiliados (con carácter obligatorio) a dicha Cámara y disponía que tales laudos sólo serían impugnables mediante recurso de nulidad para ante la Suprema Corte de la provincia. La Corte Suprema de la Nación aplicó en el caso la doctrina general precedentemente enunciada, declarando asimismo que la posibilidad recursiva acordada a las partes por la ley provincial no configuraba, en razón de su limitado alcance, control judicial suficiente. 3º) Fallos 255:354, donde se admitió la impugnación constitucional planteada contra el art. 8º de la mencionada ley provincial, que facultaba a la Cámara Gremial de Productores de Azúcar para aplicar multas y otras medidas en los supuestos de determinadas infracciones vinculadas con la industria azucarera. La Corte dejó establecido, en este caso, que la imposición de multas a los particulares comporta un supuesto de sanción penal que no puede ser constitucionalmente excluido del conocimiento de los tribunales de justicia y que no constituía óbice a tal conclusión lo afirmado en el sentido de que tales multas eran consecuencia del ejercicio del poder de policía en el orden local, por cuanto no mediando una vinculación de orden jerárquico ni disciplinario, la invocación de razones 216   

de conveniencia general, como las relativas al fomento industrial o a la tranquilidad gremial, no bastan para sujetar, so color de ejercicio de poderes administrativos reservados, la persona y los derechos de los individuos a la sola discreción ejecutiva(75). 4º) Fallos 257:136, donde se declaró que el art. 54 de la ley 14.455, en tanto asigna carácter de cosa juzgada a las resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de Relaciones Profesionales, en materias que, en el orden regular de las instituciones, son propias del conocimiento de los jueces, como la relativa a la reincorporación de personal despedido y pago de salarios caídos, ocasiona agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio y al principio del art. 95 de la Constitución Nacional— actual 109—. c) La prohibición constitucional antes señalada no es, sin embargo, absoluta. Fundada en la creciente complejidad de las funciones asignadas a la administración y en la necesidad de hacer efectiva, en ciertas hipótesis, la más expedita tutela de los intereses públicos, la Corte Suprema ha admitido en numerosos casos la actuación de órganos administrativos con atribuciones para decidir asuntos de la mencionada índole. Pero los respectivos precedentes han cuidado de dejar establecido, expresamente, que la validez constitucional de las leyes que acuerdan ese tipo de atribuciones a los órganos de la administración se halla supeditada al requisito de que el pronunciamiento jurisdiccional emanado del órgano interviniente quede sujeto a control judicial suficiente, vale decir, que tal pronunciamiento sea susceptible de revisión en una instancia judicial ulterior(76). El alcance o la amplitud de esa revisión judicial depende, por otra parte, de las concretas modalidades que cada situación jurídica ofrezca(77). d) Conviene recordar, por último, que los principios precedentemente expuestos no rigen cuando las partes se someten, sin reservas, a la jurisdicción de un organismo administrativo, o cuando media la preexistencia de un acto voluntario de adhesión, aceptación o sometimiento a la intervención de órganos ajenos al Poder Judicial. Así lo tiene decidido la Corte Suprema, como surge de la reseña de los precedentes de dicho tribunal.

69. La llamada jurisdicción voluntaria(78)

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A) Concepto a) Bajo el nombre de "jurisdicción voluntaria", cuyo origen se encuentra en el derecho romano (Digesto, 1, 16, 2 pr.)(79), se designa, tradicionalmente, la función que ejercen los jueces con el objeto de integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas (ver supra, nro. 61, b]). Como lo hemos destacado anteriormente, se trata de una función ajena al normal cometido de los jueces y tribunales de justicia, el cual consiste en la resolución de los conflictos o litigios suscitados entre dos o más personas. El hecho de que sean los jueces quienes, tradicionalmente, conozcan en esta clase de asuntos no contenciosos obedece, entre otras razones, a la índole estrictamente jurídica que presentan, a la facilidad con que pueden derivar en una verdadera contienda y a la conveniencia de que ciertos actos realizados por particulares, en razón de la trascendencia de los efectos que están llamados a producir, sean objeto de una previa y segura comprobación o fiscalización(80). De lo dicho se desprende que tal función puede ser legalmente detraída del conocimiento de los jueces y transferida, por lo tanto, a organismos administrativos, sin que ello importe quebrantamiento de ninguna norma constitucional(81). b) Sin embargo, como quiera que el cumplimiento de dicha función se lleve a cabo mediante un conjunto de actos que reúne las diversas notas mencionadas al delimitar el concepto de proceso, en general (supra, nro. 44), no media ningún impedimento, teórico ni práctico, que se oponga a la configuración de un verdadero proceso voluntario(82). Así lo hemos considerado supra, nro. 61, donde destacamos que el objeto de ese proceso consiste en una o más peticiones, y que corresponde el nombre de peticionarios o de solicitantes a los sujetos privados que en él intervienen.

B) Clasificación Habiendo mencionado en el mismo lugar, los procesos que en nuestro derecho corresponde incluir en dicha categoría, cabe ahora, atendiendo al contenido de las resoluciones que en esos procesos pueden recaer, clasificar a los actos de jurisdicción voluntaria en los siguientes grupos: 218   

1º) Actos de constitución, integración, modificación y extinción de derechos. Ejemplos de ellos son la orden de inscripción de una sociedad en el Registro Público de Comercio; el discernimiento de tutor o de curador; la sentencia de divorcio por presentación conjunta; etcétera. 2º) Actos de homologación, como la aprobación del acuerdo propuesto por el deudor en el concurso preventivo, la aprobación del testamento en cuanto a sus formas o de la cuenta particionaria en los procesos sucesorios, etcétera. 3º) Actos de constatación, que comprenden, por ejemplo, la declaración de pobreza o de ausencia por fallecimiento presunto y, en general, todas aquellas resoluciones que declaran la existencia de un hecho determinado. 4º) Actos de autorización. En esta categoría se hallan incluidos la venia para la enajenación de bienes de menores, ausentes e incapaces, la autorización para comparecer en juicio o examinar los libros de una sociedad, etcétera.

C) Caracteres El proceso de jurisdicción voluntaria reviste, fundamentalmente, los siguientes caracteres: 1º) No existe en él conflicto alguno a resolver. Como dice Lascano, "en la jurisdicción contenciosa, lo que se somete a la consideración del juez es el conflicto de intereses que se desea solucionar; en la jurisdicción voluntaria, lo que se lleva al magistrado es un pedido de realización de un acto que la ley considera necesario para dar vida a una nueva relación jurídica o producir un determinado efecto jurídico. En un caso hay litis, en el otro no. Eso es todo"(83). Por ello acierta Carnelutti cuando expresa que en este tipo de procesos el juez actúa junto al interesado o a su representante, y no en medio de dos contendientes(84). Esta circunstancia, sin embargo, como lo hicimos notar supra, nro. 61, no excluye la posibilidad de que, en razón de surgir alguna discrepancia entre los propios peticionarios, o de plantearse oposiciones por parte de un tercero o del Ministerio Público, el proceso voluntario se transforme, total o parcialmente, en contencioso. 2º) Consecuencia de la característica precedentemente señalada es que los procesos voluntarios no tengan partes en sentido estricto. En ellos, como dice Couture, "el particular o pretensor no pide nada contra nadie.

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Le falta, pues, un adversario. Él no es parte, en sentido técnico, porque no es contraparte de nadie"(85). 3º) Finalmente, en razón de la ausencia de bilateralidad que es propia de estos procesos, y de que el juez, al resolverlos, emite una declaración basada exclusivamente en los elementos de juicio unilateralmente aportados por el peticionario o los peticionarios, dicha declaración no produce efectos de cosa juzgada respecto de terceros cuyos derechos fueren afectados por ella(86).

D) Naturaleza El hecho de que sean los jueces quienes se hallan habilitados para conocer en los procesos voluntarios, en modo alguno autoriza a atribuir carácter jurisdiccional a las decisiones que en ellos se dictan. Tales decisiones, en efecto, no suponen la existencia de un conflicto, de acuerdo con el alcance que hemos asignado a esa expresión al enunciar la noción de acto jurisdiccional, sino que, por el contrario, importan la expresión directa e inmediata de un pensamiento jurídico comunitario por parte de los jueces. Esta circunstancia, unida a la índole del órgano que emite la decisión y al carácter de norma individual que esta última reviste, permite calificar como administrativa a la actividad que los jueces desarrollan en los procesos voluntarios. Las decisiones recaídas en ellos constituyen, por consiguiente, actos administrativos mediante los cuales el Estado, por intermedio de los jueces y los tribunales de justicia, colabora en la constitución y la integración de relaciones jurídicas privadas; de allí que Calamandrei haya definido a la jurisdicción voluntaria, acertadamente, como la administración pública del derecho privado ejercida por órganos judiciales(87).

70. Caracteres generales de la función judicial Constituyen caracteres de la función judicial, cualquiera que sea su carácter (jurisdiccional o administrativa): 1º) El de comprender tanto la facultad del juez o tribunal de decidir los asuntos que se someten a su conocimiento como el deber en que se encuentra de administrar justicia cada vez que esa actividad sea requerida 220   

en un caso concreto(88); de allí que la función judicial pueda ser calificada como un poder-deber(89). En este aspecto, sin embargo, media una diferencia fundamental según se trate de jurisdicción contenciosa o de la llamada jurisdicción voluntaria. En efecto, basta que ante un juez o tribunal se invoque la existencia de un conflicto que reúna las características mencionadas supra, nro. 68, para que, siempre que concurran los requisitos de admisibilidad de la pretensión, el juez o tribunal requerido se encuentre obligado a resolverlo, aun cuando la ley no contemple en forma específica el asunto de que se trate. En cambio, si el caso sometido a la decisión judicial no requiere la solución de conflicto alguno, el juez o tribunal debe denegar su intervención si no existe una ley expresa que la autorice(90). 2º) El de ser ejercida por órganos independientes, que integran un poder del Estado dotado de autonomía con relación a los poderes políticos. Mientras los órganos administrativos carecen de independencia decisoria, pues se hallan obligados, como principio, a seguir las instrucciones o directivas de sus superiores jerárquicos(91), la única pauta del obrar judicial se encuentra representada por las normas jurídicas vigentes(92). 3º) El de ser indelegable. En razón de la específica aptitud que se requiere para desempeñar el cargo de juez, éste no puede delegar en otras personas el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que, a raíz de las limitaciones impuestas por las normas que rigen la competencia territorial, pueda aquél comisionar a otros jueces el cumplimiento de determinadas diligencias (v.gr., art. 3º, CPCCN).

71. Extensión de la función judicial a) En razón de ser la función judicial un atributo de la soberanía, el Estado sólo puede ejercerla dentro de sus límites territoriales y en los lugares en que lo admite el derecho internacional, como en altamar en los buques que llevan su bandera o en los que pasan por aguas de su exclusivo dominio. Ello no obsta a que los jueces argentinos apliquen normas jurídicas sancionadas por otros Estados o ejecuten sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, pues en uno y otro caso sólo se halla en juego la aplicación de normas de derecho interno que admiten la extraterritorialidad de las leyes y las sentencias de otros países(93). b) Se encuentran sometidas a la función judicial del Estado todas las personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que habiten o se hallen instaladas en su territorio. En nuestro régimen jurídico la extranjería 221   

no configura excepción a dicho principio y sólo es tenida en cuenta como una de las circunstancias que justifican la procedencia del fuero federal (arts. 116, CN, y 2º, inc. 2º, ley 48). Los Estados extranjeros, en cambio, gozan en principio de inmunidad absoluta al respecto y sólo pueden ser sometidos a la potestad de los órganos judiciales del Estado en el supuesto de que medie su consentimiento para ello. Tal consentimiento puede ser expreso o tácito, según provenga de la pertinente declaración formulada por sus representantes autorizados o resulte de la circunstancia de comparecer voluntariamente ante los órganos judiciales argentinos, como parte actora o demandada. Dispone, sobre esta cuestión, el art. 24 del dec.-ley 1285/1958 (texto según ley 21.708,art. 2º): "...No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero, sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio...". En el supuesto de renunciar al privilegio, los Estados extranjeros son justiciables ante los jueces federales o ante la Corte Suprema en instancia originaria, según que, respectivamente, la causa se haya suscitado con un particular (arts. 116, CN, y 20, ley 27) o con una provincia (arts. 117, CN, y 24, inc. 1º, dec.-ley 1285/1958). Si bien la práctica internacional de la mayor parte de las naciones venía admitiendo, tradicionalmente, el principio de la inmunidad absoluta de los Estados extranjeros en cuanto a su sumisión a los tribunales de otros Estados(94), en los últimos años se ha consolidado, en materia de derecho marítimo, la tesis de que el régimen de inmunidad sólo alcanza a los buques de Estado afectados a servicios gubernamentales, o sea, a los que cumplen la tarea específica de servir al poder público, pero no, en cambio, a aquellos buques estatales que cumplen actividades de neto carácter comercial, como las referentes al transporte de mercaderías o de pasajeros(95). También los embajadores o los ministros plenipotenciarios extranjeros gozan del privilegio de inmunidad mientras conserven su calidad de tales, siendo tal privilegio susceptible de renunciarse en la misma forma que hemos señalado al referirnos a los Estados extranjeros. El art. 24 del dec.ley 1285/1958 establece que no se dará curso a ninguna acción deducida contra esas personas "sin requerirse previamente, del respectivo embajador o ministro plenipotenciario, la conformidad de su gobierno para someterlas a juicio". La competencia corresponde, en tales casos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 117, CN, y 24, inc. 1º, dec.ley 1285/1958). c) La función judicial comprende, asimismo, todas las cosas, muebles e inmuebles, que se encuentren dentro del territorio del Estado.

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CAPÍTULO VI - OBJETO DEL PROCESO CONTENCIOSO SUMARIO: I. GENERALIDADES: 72. Planteamiento del tema.— 73. Noción de objeto procesal. II. LA PRETENSIÓN PROCESAL: 74. Acción y pretensión.— 75. Pretensión y demanda.— 76. Caracteres de la pretensión.— 77. Elementos de la pretensión.— 78. Identificación de las pretensiones. III. REQUISITOS DE LA PRETENSIÓN: 79. Concepto.— 80. Requisitos extrínsecos de admisibilidad.— 81. Requisitos intrínsecos de admisibilidad.— 82. Fundabilidad de la pretensión. IV. VICISITUDES DE LA PRETENSIÓN: 83. Clases.— 84. Transmisión.— 85. Transformación.— 86. Integración. V. EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN: 87. Medio normal.— 88. Medios anormales. VI. CLASES DE PRETENSIONES: 89. Criterios clasificatorios.— 90. Pretensiones de conocimiento.— 91. Pretensiones de ejecución.— 92. Pretensiones cautelares.— 93. Pretensiones reales y personales.— 94. Otras clasificaciones.— 95. Relaciones entre la pretensión civil y la pretensión penal.

I. GENERALIDADES

72. Planteamiento del tema En el capítulo anterior nos hemos ocupado de la naturaleza y demás cuestiones vinculadas con la función que despliegan, en el proceso, los 223   

órganos a los cuales el ordenamiento jurídico asigna potestad decisoria y sitúa por ello, en una posición supraordinaria con respecto a la de las partes y peticionarios. Correspondería, por lo tanto, que abordásemos en este lugar el estudio de la específica actividad que incumbe a estos últimos, por cuanto dicha actividad, aparte de determinar en cada caso concreto el nacimiento del proceso civil, reviste una importancia trascendental durante todo su desarrollo. El punto, sin embargo, como lo destacamos oportunamente (supra, nro. 3, c]), hállase íntimamente vinculado con el tema referente al objeto del proceso, con el cual ha de ser estudiado, en conjunto, en el presente capítulo.

73. Noción de objeto procesal Es objeto del proceso la materia alrededor de la cual gira su iniciación, desenvolvimiento y extinción(1). Como lo anticipáramos al ocuparnos de los elementos del proceso (supra, nro. 46, b]), dicho objeto se halla representado por una o más pretensiones o peticiones extracontenciosas, según se trate, respectivamente, de un proceso contencioso o de un proceso voluntario. Al desarrollo de tales conceptos hemos de dedicar, por lo tanto, los parágrafos que siguen.

II. LA PRETENSIÓN PROCESAL(2)

74. Acción y pretensión

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A) Teorías sobre la naturaleza de la acción a) Antes de entrar al estudio de la pretensión, concebida como verdadero objeto del proceso contencioso, es menester que nos ocupemos del concepto de acción, no sólo porque este último es considerado por la doctrina dominante como uno de los pilares fundamentales de toda la sistemática del proceso, sino también porque la preocupación que sobre su naturaleza se ha suscitado contribuyó en gran medida a que no se alcanzase a percibir la utilidad científica y práctica que reviste la idea de pretensión. b) La teoría de la acción plantea, en primer lugar, el problema consistente en esclarecer las relaciones que existen entre ella y el derecho subjetivo material. En este aspecto, las doctrinas elaboradas en torno a la naturaleza jurídica de la acción pueden encasillarse en dos grandes grupos, el tradicional y el moderno, que responden a posiciones fundamentalmente distintas. La concepción tradicional, en efecto, que predomina hasta mediados del siglo XIX y cuenta todavía con algunos partidarios, no admite en modo alguno la autonomía de la acción. Ciertos autores enrolados en esta tendencia consideran a la acción como el mismo derecho subjetivo material alegado ante los tribunales de justicia y sostienen, por lo tanto, la absoluta equivalencia de ambos conceptos(3). Otros, sin llegar a ese extremo, conciben a la acción como un elemento o una función del derecho material(4). Para la concepción moderna, que comienza a abrirse camino a mediados del siglo XIX, la acción y el derecho constituyen, en cambio, dos entidades jurídicas independientes. Carnelutti ha señalado, al respecto, que uno de los capítulos más interesantes de la historia del derecho es el que concierne al desarrollo de esa autonomía(5). Y se ha afirmado, incluso, que de la independencia entre acción y derecho deriva la autonomía misma del derecho procesal como disciplina jurídica(6). Dentro de esta orientación, sin embargo, dista de mediar acuerdo doctrinario acerca de los caracteres que reviste el derecho de acción. Un grupo de teorías, en efecto, lo concibe como un derecho dirigido a la obtención de una sentencia favorable para el titular. Pero esta tendencia, que ve en la acción un derecho concreto, es decir, perteneciente tan sólo a los efectivos titulares de un derecho material, se escinde, a su vez, en dos direcciones distintas: una es la que la define como un derecho público subjetivo a la tutela jurídica, deducido frente al Estado en la persona de sus órganos jurisdiccionales, sobre los cuales pesa el deber de impartir la tutela jurídica reclamada por el titular del derecho(7); la otra atribuye a la 225   

acción el carácter de un derecho potestativo que se ejerce frente al adversario y se halla encaminado a que éste soporte "el efecto jurídico de la actuación de la ley"(8). El segundo grupo de teorías que responden a la orientación moderna se halla caracterizado por el hecho de concebir a la acción como un derecho abstracto a la tutela jurídica. De conformidad con esta tendencia, aquélla no es ya el poder de reclamar el pronunciamiento de un fallo de contenido determinado, como quería la concepción concreta, sino un derecho público subjetivo que corresponde a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo y cuyo objeto consiste, simplemente, en la prestación de la actividad jurisdiccional, cualquiera que sea el contenido (favorable o desfavorable) del fallo en que esa prestación se concrete(9). En sus últimos desenvolvimientos, esta teoría ha llevado a concebir a la acción como una de las especies del derecho constitucional de petición(10).

B) Crítica a) Ninguna de las teorías examinadas se halla exenta de objeciones. A las comprendidas dentro de la concepción tradicional se las critica, generalmente, con el argumento de que la identificación o la subordinación que sostienen entre el derecho subjetivo material y la acción no se concilia con la falta de coincidencia que separa a ambas entidades jurídicas en lo que atañe a sus respectivos sujetos y contenido: ni el órgano judicial, en efecto, tiene posibilidad de figurar entre los sujetos del derecho material, ni la prestación que es correlativa de este último puede consistir en la actividad de dicho órgano. Por otra parte, vendría a demostrar el error de que adolece esta teoría la existencia de derechos sin acción (obligaciones naturales), y de acciones sin derecho (acciones declarativas y constitutivas, acciones cautelares, etc.). b) Entre las más serias objeciones que se han formulado contra la concepción concreta, merece destacarse la fundada en la observación de que el derecho a la tutela jurídica, o a una sentencia favorable, sólo nacería al término del proceso, cuando el juez forma su convicción sobre la base de los elementos de juicio que constan en él(11). Con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia definitiva, por consiguiente, resultaría imposible afirmar, con plena certeza, la efectiva existencia del derecho de acción(12). Haciéndose cargo de esa réplica Calamandrei expresa, para desvirtuarla, que "el carácter de falta de certeza que tiene la acción mientras el juez no se ha pronunciado en mérito es el mismo fenómeno que se verifica en cuanto a todos los derechos, de los cuales nadie puede con certeza afirmar que existen, mientras no haya intervenido, para 226   

declarar oficialmente su certeza, la sentencia del juez" (la bastardilla nos pertenece)(13). Pero si bien esta aserción es válida con respecto a los derechos materiales controvertidos, evidentemente no lo es en el ámbito del cumplimiento espontáneo del derecho, dentro del cual es posible afirmar, sin necesidad de declaración judicial alguna, que se ha ejercido tal derecho o cumplido tal obligación. La realidad jurídica, por lo demás, cuyo análisis más superficial permite comprobar que el pronunciamiento de una sentencia favorable depende, fundamentalmente, de la conducta que tanto el actor como el demandado observen durante el desarrollo del proceso, corrobora plenamente el acierto de aquella objeción. Porque es obvio, en efecto, que el actor no obtendrá el fallo favorable que reclama, incluso cuando de conformidad con los términos de la norma general que invoca sea el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en la declaración de certeza, si no logra, mediante el adecuado cumplimiento de los diversos actos que integran el proceso, especialmente los consistentes en las aportaciones de prueba, deparar al juez o tribunal el convencimiento de que su pretensión es fundada. Y a la inversa, tampoco es imposible que aquél obtenga el pronunciamiento de una sentencia favorable, aun careciendo de un derecho o de un interés legítimo, si la conducta procesal del demandado ha carecido de aptitud para lograr el rechazo de la pretensión. Corresponde agregar, todavía, que la concepción concreta de la acción no alcanza a demostrar que ésta configure un verdadero derecho. Es inadmisible, por lo pronto, ver en la acción un derecho dirigido contra el órgano jurisdiccional, pues el deber final de éste consiste, simplemente, en dictar una sentencia que dirima el conflicto suscitado entre las partes, pero no una sentencia de contenido favorable para quien se considera, a priori, como titular de la acción. Lo contrario significaría desconocer el margen de autonomía o de libertad lícita que es inmanente a la función judicial y que se manifiesta tanto en la elección de la norma general que imprime el sentido del caso sometido a decisión como en la posibilidad de ampliar o de restringir el alcance significativo de esa norma de conformidad con los valores jurídicos de que se trate(14). Tampoco resulta convincente la opinión de Chiovenda en el sentido de que la acción es un derecho potestativo dirigido contra el adversario, puesto que, en rigor, la "sujeción" al "efecto jurídico de la actuación de la ley"(15)o el hecho de que el adversario no puede querer que tal efecto no se produzca comporta, en rigor, un deber general de abstención cuyo cumplimiento incumbe tanto al sujeto pasivo de la acción como a los terceros ajenos al proceso, en tanto éstos, también, deben respeto a la norma individual que la sentencia contiene. Carece de sentido práctico, en suma, concebir a la acción como un derecho que engendraría, en todo caso, un deber genérico a cargo de toda la comunidad.

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c) La concepción abstracta logra superar las objeciones precedentemente señaladas, pero no es sin embargo idónea para satisfacer el propósito, generalizado entre sus adeptos, de erigir al concepto de acción en una de las claves directrices alrededor de la cual giraría gran parte de la problemática procesal. Considerada la acción, en efecto, según lo hace esta teoría, como una potestad abstracta y general de obtener la prestación de la actividad jurisdiccional, difícilmente cabe la posibilidad de vincular dicho concepto con diversos fenómenos que revisten carácter fundamental en la ciencia del proceso, como, entre otros, los representados por la litispendencia, la congruencia y la cosa juzgada. Tampoco tiene explicación, dentro de los amplios términos con que la teoría abstracta configura al derecho de acción, el problema referente a los requisitos que deben mediar para el pronunciamiento de una sentencia favorable a quien ejercita aquel derecho en un caso concreto; de allí que algunos de los autores que la sostienen se hayan visto precisados, para allanar tales obstáculos, a complementar el concepto de acción con el de demanda, a la que se considera como el acto mediante el cual se ejerce, en un caso concreto, el poder meramente procesal en que el derecho de acción consiste. Desde que la demanda, en ese orden de ideas, sería el modo de obtener la determinación tanto de los sujetos del derecho de acción (con anterioridad a la interposición de aquélla se encontrarían en un estado de indeterminación) como de la específica finalidad tenida en mira por el titular de ese derecho, el problema de la identificación de las acciones se reconduce a un problema de identificación de demandas, y el tema de las condiciones de la acción resulta absorbido por el de las condiciones de fundabilidad de la demanda(16).

C) Conclusiones a) Las razones que terminamos de exponer demuestran, claramente, que toda la preocupación doctrinaria encaminada a esclarecer la esencia del derecho de acción resulta totalmente infecunda para resolver los concretos problemas que la experiencia del proceso plantea. Como enseña Guasp, "cuando se afirma que la acción es el poder de provocar una sentencia de los tribunales, bien sea una sentencia justa, como quiere algún sector que no puede prescindir del todo de la atribución de cierto contenido a la acción, bien sea de una sentencia sin más como quiere la teoría abstracta pura, entonces se descubre, no solamente la aptitud de esta concepción para explicar la realidad de la acción, sino también lo que hasta entonces no se veía con tanta limpieza, a saber, que el poder de provocar la actividad jurisdiccional existe desde luego pero, ni por su 228   

naturaleza ni por su contenido, pertenece en realidad a la ciencia del proceso. El poder de provocar la actividad de los tribunales, sin más, sea un auténtico derecho, sea una res merae facultatis, constituye un puro poder político o administrativo si se quiere, supuesto de la actividad procesal pero previo a la misma y fuera por ello del mundo del proceso". Por lo tanto, "el concepto de acción es relativo respecto al proceso, porque no depende de estructuras procesales, sino que se hace independiente de ellas y funciona respetando a las mismas como una variable de distinto significado; por ello igualmente el concepto de acción procesal es intrascendente para el proceso y se pueden escribir obras de conjunto sobre el derecho procesal afines en sus resultados concretos partiendo de conceptos de acción absolutamente desemejantes"(17). Tales conclusiones, que compartimos, conducen a dicho autor a reemplazar el estudio de la acción por el de un acto que, si bien debe su existencia al ejercicio del derecho de acción, constituye, como punto de referencia al que se remite todo el desarrollo procesal, el objeto del proceso contencioso. Nos referimos a la pretensión procesal, a la que cabe definir como el acto en cuya virtud se reclama, ante un órgano judicial (o eventualmente arbitral) y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación(18). b) Concebida de tal modo la pretensión como objeto del proceso (contencioso), la acción puede ser considerada, de acuerdo con un primer punto de vista, como el derecho público subjetivo de provocar la actividad de los órganos judiciales y al cual es correlativo el deber que incumbe a dichos órganos en el sentido de prestar esa actividad cada vez que le sea requerida(19). Siendo por lo tanto la acción un derecho o un poder jurídico que todo ciudadano tiene frente a los órganos del Poder Judicial, con prescindencia de que sea o no titular de un derecho subjetivo material o de un interés en la declaración de certeza, resulta correcto ubicarla dentro de la categoría de los llamados derechos cívicos, o bien, caracterizarla, según lo hace Couture, como una de las especies en que se manifiesta el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. De conformidad con este primer punto de vista, por consiguiente, la acción aparece configurada como el elemento que sirve de sustento a la pretensión, pues la posibilidad de que ésta sea planteada ante un órgano judicial obedece, precisamente, a la existencia del derecho de acción. Esta última, en otras palabras, no es más que el poder de hacer valer la pretensión(20). Y ello viene a reforzar la exactitud de la conclusión formulada por Guasp en el sentido de que la acción, concebida como derecho cívico o de petición, constituye un simple supuesto de la actividad procesal, previo a ella, e insusceptible de ser erigida, por lo tanto, ni en el objeto del proceso, ni en el núcleo explicativo de las diversas contingencias que en él pueden producirse. c) Conviene aclarar, sin embargo, que la acción es supuesto de la actividad de cada una de las partes y que, por lo tanto, no constituye un 229   

derecho privativo de quien interpone la pretensión. También la actividad del demandado, en tanto se traduce en una solicitud de rechazo de la pretensión, o en el reconocimiento de que ella es fundada, tiene sustento en un derecho cívico de petición análogo al ejercido por el actor(21). d) Es preciso dejar aclarado, asimismo, que las precedentes observaciones resultan aplicables al proceso voluntario, con la sola diferencia de que en éste no cabe hablar de pretensión sino de petición extracontenciosa. Son, en cambio, ajenas al proceso arbitral, el que si bien tiene por objeto las pretensiones planteadas en el compromiso, no involucra el ejercicio del derecho de acción de acuerdo con los términos en que hemos definido a este último. Con relación al proceso arbitral, por el contrato, resulta más adecuado el empleo de la expresión "derecho al arbitraje". Tal expresión, a su vez, es susceptible de utilizarse en dos sentidos diversos: uno, como contenido de la pretensión procesal que se dirige a la constitución del tribunal arbitral, en los casos de arbitraje necesario legal o convencional; otro, como derecho de las partes que han celebrado el compromiso contra el árbitro o árbitros que no cumplen con su encargo a pesar de haber aceptado la designación(22). e) Finalmente, cabe todavía a nuestro juicio asignar al término "acción" un segundo significado que viene a identificarla con el derecho material invocado como fundamento de la pretensión o de la oposición manifestada contra ésta. Se trata, sin embargo, de una equivalencia distinta de la propiciada por la concepción tradicional a que nos referimos al comienzo de este parágrafo, pues atiende al momento en que se emite la sentencia que pone fin al proceso. De acuerdo con este significado, en efecto, la acción no resulta configurada como la simple "prolongación judicial" del derecho material, sino como el derecho material judicialmente reconocido. Entendemos que es éste el específico significado que corresponde atribuir a la palabra "acción" cuando ella figura en las normas contenidas en los llamados códigos de fondo, pues no es concebible que éstos otorguen acciones con absoluta prescindencia de la efectiva titularidad de un derecho subjetivo o de un interés en la declaración de certeza. Cuando el Código Civil y Comercial se refiere, por ejemplo, a la acción reivindicatoria, es obvio que no la concede a cualquier ciudadano que desee deducirla, sino a aquél que se encuentre, con respecto a la cosa objeto de pleito, en las condiciones que determina el art. 2248 de dicho Código. Pero como la concurrencia de tales condiciones es algo que no puede determinarse sino en el instante del fallo definitivo, luego de ser oídas ambas partes y de producida, en su caso, la prueba correspondiente, el contenido de dicho fallo constituye la única pauta válida para establecer si el actor es el efectivo titular del derecho invocado y, por lo tanto, de la acción reivindicatoria, o si, por el contrario, es legítimo el interés del demandado en oponerse a la pretensión del actor y corresponde considerar al primero, en consecuencia, como el titular de una acción de declaración negativa. 230   

Se sigue, de lo expuesto, que mientras la acción concebida como derecho de excitar la actividad judicial, sea para hacer valer una pretensión o para oponerse a ella, corresponda siempre a ambas partes por igual, la acción identificada con el derecho o con el interés reconocido por la sentencia final sólo puede pertenecer a aquella de las partes que ha resultado favorecida por tal reconocimiento. Lo dicho comprueba, asimismo, que este segundo significado de la acción, en tanto se halla circunscripto al ámbito del acto decisorio definitivo, carece de toda relevancia en lo que concierne a la problemática integral del proceso, y no ha de interesarnos, por lo tanto, en los ulteriores desarrollos de esta obra. El concepto de pretensión, por otra parte, torna innecesaria la consideración procesal de este segundo significado de la acción, por cuanto la existencia o la inexistencia de ésta ha de encontrar su exacta correlación atendiendo a los requisitos de admisibilidad o de fundabilidad de la primera en cada caso concreto.

75. Pretensión y demanda a) Al circunscribir el análisis científico exclusivamente alrededor del binomio representado por los conceptos de acción y de demanda, y al concebir a esta última como el modo de ejercitar la acción en cada caso particular, un considerable sector de la doctrina se ha visto forzado a atribuir a la demanda las características y las funciones que corresponden, en realidad, a la pretensión procesal, la cual, en consecuencia, queda al margen de la problemática del proceso, o bien, se diluye entre aquellos dos conceptos(23). b) Concebida la pretensión, en cambio, como objeto del proceso, ella adquiere un significado específico que la distingue debidamente tanto de la acción como de la demanda. Que la acción no debe confundirse con la pretensión quedó demostrado anteriormente cuando señalamos que la primera no es otra cosa que el derecho, en cuya virtud la segunda puede ser llevada a la consideración de un órgano judicial. Y ahora corresponde destacar que tampoco cabe identificar a la pretensión con la demanda, por cuanto esta última, lejos de constituir el objeto de proceso, no es más que un medio de promoverlo(24)o, en otras palabras, un mero acto de iniciación procesal(25). Acaso el motivo que principalmente ha impedido percibir la diferencia existente entre ambos conceptos deriva de la circunstancia de que, en la gran mayoría de los casos, la pretensión procesal se encuentra contenida en la demanda. En primer lugar, sin embargo, debe tenerse en cuenta que ello no es forzoso. Hay casos, en efecto, en los 231   

cuales la demanda no cumple otra función que la consistente en determinar la simple apertura del proceso, debiendo la pretensión formularse en una oportunidad posterior. Tal es lo que ocurría, por ejemplo, en el régimen de la justicia de paz de la provincia de Buenos Aires: el proceso se iniciaba mediante demanda que debe contener la sucinta mención de su finalidad y la petición de que se cite a la persona demandada (art. 46, ley 1853(26)), debiendo el juez, si se considera competente, citar a las partes a una comparecencia en la cual "expondrá cada una verbalmente sus derechos y pretensiones..." (art. 52 de la ley citada(27)). Es obvio que, en este supuesto, ni la demanda se halla provista de suficiente aptitud para delimitar el objeto del proceso, ni la pretensión produce los efectos de la presentación de la demanda, como, por ejemplo, el relativo a la interrupción de la prescripción (art. 2546, CCiv.yCom.)(28). Conviene recordar, en segundo lugar, que aun en aquellos procesos en los cuales la pretensión procesal se halla contenida en la demanda, es posible que aquélla, manteniendo los mismos elementos en cuanto a los sujetos, el objeto y la causa, se complemente o integre mediante un acto que es posterior a la demanda y que no puede, por lo tanto, identificarse con ella. Tal es el supuesto contemplado por el art. 365 del Código Procesal de la Nación, según el cual las partes pueden alegar "hasta cinco días después de notificada la audiencia prevista en el art. 360 del presente Código (...) algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila" y que haya ocurrido o llegado a su conocimiento con posterioridad a la contestación a la demanda o la reconvención. Parece claro que la alegación de hechos nuevos constituye un complemento de la causa de la pretensión, pero no de la demanda, que ya ha cumplido, a esa altura del desarrollo procesal, la función iniciadora a que nos hemos referido. Es preciso recordar, finalmente, que la demanda puede contener más de una pretensión. Así ocurre en los casos de acumulación (objetiva o subjetiva) de pretensiones, en los cuales es siempre una la demanda y varias las pretensiones.

76. Caracteres de la pretensión a) Hemos definido la pretensión procesal como el acto en cuya virtud se reclama, ante un órgano judicial (o eventualmente arbitral) y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación. b) De ese concepto se deduce, en primer lugar, que la pretensión procesal no constituye un derecho, sino un acto. Es —como dice Carnelutti(29)— "algo que alguien hace, no que alguien tiene". Y en tanto 232   

dicho acto entraña la reclamación de determinada conducta de un órgano con potestad de decisión, resulta adecuado caracterizarlo como una declaración de voluntad petitoria(30). En este aspecto media, además, una diferencia fundamental entre la pretensión procesal y la denominada pretensión sustancial, pues mientras la primera constituye un acto que tiene por destinatario a un órgano decisor, la segunda se halla configurada como una facultad o derecho de exigir el cumplimiento de una prestación y sólo es susceptible de actuarse contra el sujeto pasivo de la respectiva relación material(31). c) Asimismo, la pretensión debe necesariamente interponerse frente a una persona distinta del autor de la reclamación, pues en la base de aquélla se encuentra siempre un conflicto que, como tal, enfrenta por lo menos a dos protagonistas. En esta circunstancia se diferencia la pretensión de otras peticiones que pueden formularse en el curso del proceso, y, particularmente, de la petición extracontenciosa que constituye el objeto de los procesos voluntarios. d) La configuración jurídica de la pretensión procesal, finalmente, sólo requiere que ésta contenga una afirmación de derecho o de consecuencia jurídica derivada de determinada situación de hecho(32), con prescindencia de que tal afirmación coincida o no con el ordenamiento normativo vigente(33).

77. Elementos de la pretensión a) La pretensión procesal se compone, por un lado, de un elemento subjetivo (sujetos) y de dos elementos objetivos (el objeto y la causa), e involucra necesariamente, por otro lado, una determinada actividad que se escinde en tres dimensiones: de lugar, de tiempo y de forma. b) Toda pretensión consta de tres sujetos: la persona que la formula, la persona frente a quien se formula y la persona ante quien se formula. Las dos primeras son, respectivamente, los sujetos activo y pasivo de la pretensión, e integran el binomio actor-demandado o ejecutanteejecutado, según se trate de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución; en tanto que la tercera se halla representada por un órgano que reviste el carácter de destinatario de la pretensión y tiene el deber de satisfacerla, sea mediante su acogimiento o rechazo. El sujeto activo debe hallarse forzosamente individualizado. A tal efecto la ley le impone la carga de expresar su nombre y apellido o, en su caso, la firma o la razón social bajo la cual actúa, así como su domicilio (art. 330, inc. 1º, CPCCN). También debe ser individualizado el sujeto pasivo 233   

de la pretensión (norma citada, inc. 2º), aunque es suficiente que él sea susceptible de individualización de conformidad con las circunstancias que el actor exprese a su respecto (herederos de determinada persona, propietario o poseedor de cierto inmueble, etc.) (art. 343, CPCCN). En lo que atañe al sujeto destinatario de la pretensión, en cambio, resulta innecesaria la aportación de todos los datos conducentes a demostrar la pertinencia de su intervención en el caso concreto, bastando que, de hecho, la pretensión se formule de acuerdo con las reglas de competencia vigentes. c) Denomínase objeto de la pretensión (petitum) al efecto jurídico que mediante ella se persigue. Generalmente se concibe a este elemento desde un doble punto de vista: inmediato y mediato. Es objeto inmediato de la pretensión la clase de pronunciamiento que se reclama (condena, declaración, ejecución, etc.) y objeto mediato el bien de la vida sobre la cual debe recaer, concretamente, el pronunciamiento pedido (v.gr., la suma de dinero o el inmueble a cuya restitución debe condenarse al demandado; el hecho que éste debe realizar; la relación jurídica cuya existencia o inexistencia debe aclararse).(34)y (35) A ambos aspectos del objeto de la pretensión procesal se refiere la ley cuando exige que en el escrito de demanda se contenga "la petición, en términos claros y positivos" (art. 330, inc. 6º, CPCCN); en tanto que se refiere sólo al objeto mediato cuando determina que el actor, en ese mismo escrito, debe precisar "la cosa demandada designándola con toda exactitud" (inc. 3º de la norma citada). La causa, fundamento o título de la pretensión consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. Tal invocación no actúa, en rigor, como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar en el caso(36). La causa de la pretensión, por lo tanto, no debe ser confundida con los argumentos de hecho expuestos por el actor, ni, mucho menos, con la norma o normas jurídicas invocadas por éste(37). El juez, en efecto, debe decidir si se ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor, pero para ello le es indiferente la designación técnica que aquél haya asignado a la situación de hecho descripta como fundamento de la pretensión, desde que es consustancial a la función decisoria la libertad en la elección de la norma o normas que conceptualizan el caso (iura novit curia). No es, por lo tanto, la norma la que individualiza la pretensión, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico(38). La circunstancia de que una pretensión por indemnización de daños y perjuicios, v.gr., se haya fundado en las normas relativas a la culpa aquiliana (art. 1109, CCiv.) no impide que la sentencia haga lugar a la pretensión con fundamento en el régimen de la 234   

responsabilidad contractual (art. 184, CCom.), por cuanto, en tal hipótesis, la causa de la pretensión se halla representada por el hecho dañoso y no por el punto de vista jurídico a través del cual el actor lo ha invocado(39). d) En lo que concierne, finalmente, a la actividad que la pretensión procesal entraña, las correspondientes dimensiones de lugar, tiempo y forma coincidirán, necesariamente, con el lugar, el tiempo y la forma del proceso en que aquélla se haga valer. Así, por consiguiente, la pretensión tendrá, como lugar, la sede que corresponda al órgano judicial competente para conocer del proceso respectivo; como tiempo, el del acto que ese mismo proceso destina al planteamiento del objeto litigioso (generalmente será el de la demanda); y, como forma, la que la ley asigne al proceso de que se trate (oral o escrito, ordinario o especial, etc.)(40).

78. Identificación de las pretensiones a) Denomínase identificación de las pretensiones al procedimiento en cuya virtud éstas son confrontadas entre sí con el objeto de establecer si se trata de una misma pretensión o de pretensiones distintas(41). La importancia práctica de la identificación de las pretensiones se pone de manifiesto en diversos aspectos del proceso, y particularmente cuando corresponde decidir acerca de la procedencia de las excepciones de litispendencia y de cosa juzgada, cuyo objeto consiste en evitar, respectivamente, la coexistencia de procesos que versen sobre una misma pretensión y el hecho de que ésta constituya el tema de más de una decisión judicial. La importancia del procedimiento identificatorio también resulta perceptible cuando se trata de determinar si la sentencia ha sido dictada dentro del ámbito delimitado por la pretensión procesal, de conformidad con el principio "sententia debet esse conformis libello" (v.gr., art. 163, inc. 6º, CPCCN), así como cuando es necesario verificar si ha mediado o no transformación de la pretensión con posterioridad a la contestación a la demanda y en otras situaciones similares. b) El procedimiento de confrontación a que nos hemos referido debe realizarse sobre la base de tres de los elementos de la pretensión mencionados en el número anterior: los sujetos, el objeto y la causa, aunque corresponde hacer la salvedad de que, en el terreno de la identificación, sólo deben tenerse en cuenta los sujetos activo y pasivo de la pretensión, con exclusión del órgano judicial, que es ajeno a la relación jurídica sustancial sobre que aquélla versa y, por lo tanto, al conflicto que se trata de dirimir.

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Importa destacar, asimismo, que cualquier variante que presente alguno de los tres elementos mencionados comprueba, como regla, que se trata de pretensiones diversas, no obstante que la coincidencia que éstas puedan presentar entre sus restantes elementos determine una vinculación por conexidad, la que es susceptible de producir ciertos efectos jurídicos que examinaremos en su oportunidad (particularmente acumulación de pretensiones y de procesos). También corresponde recordar que, a diferencia de lo que ocurre en otros regímenes legales(42), nuestro derecho positivo no impone la observancia de regla alguna en materia de identificación de las pretensiones; de allí que, cuando por cualquier motivo no resulte posible verificar con cabal exactitud la existencia de las tres identidades, los jueces se hallan facultados para resolver el punto según los principios de la lógica, pues lo que en definitiva se trata de determinar es, como señala Alsina(43), si la "controversia" o la "causa" misma está explícita o implícitamente comprendida en otra. Pero, con todo, la experiencia enseña que el procedimiento comparativo de los elementos de la pretensión constituye un valioso instrumento de trabajo. c) La primera identidad que debe verificarse es la que pudiere existir entre los sujetos (activo y pasivo) de las respectivas pretensiones (eadem personae), a cuyo efecto es menester atenerse a la cualidad jurídica en que aquéllos han intervenido en cada caso, no siendo suficiente, por lo tanto, que se trate físicamente de las mismas personas. No existe identidad, por ejemplo, si una misma persona actúa en un proceso a nombre propio y en otro proceso como representante legal de un hijo menor, pues es distinta la calidad que ha asumido en uno y otro caso. Tampoco si en un caso se reclama una cosa invocándose sobre ella un derecho originario y en otro caso, el carácter de heredero o cesionario del anterior titular del derecho(44). Asimismo, puede operarse un cambio de las personas físicas que intervienen en los respectivos procesos sin que tal circunstancia traiga aparejada una modificación subjetiva de la pretensión, según ocurre, por ejemplo, si el heredero o el cesionario deducen una pretensión que se rechazó cuando fue deducida por el causante o el cedente (arts. 3417 y 3270, CCiv., respectivamente). Como regla, la identificación subjetiva de las pretensiones debe establecerse con referencia a las personas que han asumido el carácter de partes en los respectivos procesos. Excepcionalmente, sin embargo, los efectos de la sentencia recaída en un proceso pueden alcanzar a quien, sin haber actuado en él como parte, revistió esa calidad en la situación jurídica sustancial sobre que versó la correlativa pretensión. En ese orden de ideas se ha resuelto —con base en el derecho privado anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial unificado—, v.gr., que procede la defensa de cosa juzgada opuesta por la entidad demandada por daños y perjuicios provenientes de un accidente de tránsito, si existe sentencia firme dictada contra el actor en el juicio seguido por la compañía 236   

aseguradora de aquella entidad, que se subrogó en los derechos y acciones de esta última con mención expresa de los arts. 525 del Código de Comercio, y 767, 768, 901-904, 1109 y 1113 del Código Civil(45). La misma situación se produce en el caso de las obligaciones solidarias, en el cual los codeudores que no fueron parte en el juicio pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que revistió dicha calidad (art. 715, ap. 2º, CCiv.)(46), así como en el supuesto contemplado por el art. 3332 del mismo código, en cuya virtud quien "a instancia del que tenga algún interés en la sucesión como legatario o acreedor, haya sido declarado heredero, será tenido como tal para los demás acreedores o legatarios sin necesidad de nuevo juicio". d) A los efectos de la adecuada identificación de las pretensiones desde el punto de vista del objeto, es necesario atender en conjunto los dos aspectos que dicho elemento presenta, o sea, el objeto inmediato y el mediato(47). No basta, pues, para que exista identidad, que dos o más pretensiones versen sobre un mismo bien de la vida, por cuanto ésta es susceptible de ser tutelado mediante pronunciamientos judiciales de distinta índole; de allí que, v.gr., el rechazo de una pretensión ejecutiva referente a una determinada suma de dinero no impida el planteamiento de una posterior pretensión de conocimiento que tenga por objeto mediato la misma suma, pues ambas clases de pretensiones difieren tanto en sus presupuestos como en el contenido y en el alcance de las sentencias a que pueden dar lugar. Habría, en cambio, identidad de pretensiones si, por ejemplo, rechazada una pretensión declarativa sobre la base de la inexistencia del derecho material reclamado, se formulase posteriormente una pretensión de condena referente al mismo objeto mediato, pues la sentencia de condena debe fundarse, necesariamente, en la existencia de ese derecho. El problema concerniente a la identidad del objeto mediato ha sido estudiado, particularmente, con relación a los casos en que el bien controvertido en un proceso se encuentra en relación de más o de menos respecto del que ha sido cuestionado en un proceso anterior. En el derecho romano existían, sobre el punto, dos reglas fundamentales que dieron motivo a amplias digresiones, especialmente por parte de los civilistas franceses. Una de esas reglas se encontraba concebida en el sentido de que, hallándose las partes contenidas en el todo (est pars in toto), quien había reclamado en un primer proceso la totalidad de la cosa no podía, en otro proceso, pedir una parte de ella. La segunda regla establecía que, en razón de que la parte no contiene a la totalidad (non est in parte totum), el rechazo de la pretensión referente a una parte no obstaba a la posterior reclamación de la totalidad. No obstante la aparente corrección lógica de tales reglas, la doctrina moderna ha demostrado que su aplicación mecánica no es en modo alguno admisible. Así, por ejemplo, la primera regla no resulta aplicable cuando el bien menor es, por su naturaleza, susceptible de 237   

concebirse autónomamente con respecto al bien mayor (rechazada, v.gr., la prescripción total de un fundo, puede demandarse, posteriormente, por prescripción legítima de una fracción). Asimismo, la segunda regla es inaplicable cuando, en el primer proceso, ha mediado pronunciamiento expreso acerca de la totalidad de la cosa (si, v.gr., una pretensión por cobro de la cuota de un capital ha sido rechazada en un primer proceso, cabría, como principio, una nueva pretensión tendiente al cobro de las cuotas restantes; pero esta última posibilidad quedaría descartada si en el primer proceso hubiese recaído pronunciamiento declarando la nulidad del respectivo título de obligación)(48). e) Con respecto a la causa, finalmente, de lo expuesto supra, nro. 77, c) se sigue, con evidencia, que el simple cambio de argumentación jurídica en que se fundó una pretensión excluye la procedencia de una pretensión posterior que se sustente en las mismas circunstancias de hecho; de modo que, por ejemplo, rechazada una pretensión de daños fundada en el menoscabo de derechos individuales stricto sensu, no cabría intentar una nueva pretensión sosteniéndose que los mismos hechos atacan derechos individuales homogéneos.(49). La causa de la pretensión tampoco varía por el hecho de que, en el nuevo proceso, se hagan valer nuevos medios de prueba(50). Existe, en cambio, una pretensión distinta cuando ella se funda en una causa sobreviniente al primer proceso(51). En lo que atañe a las pretensiones de impugnación de los actos jurídicos es menester, a nuestro juicio, atenerse a todos los vicios que coexistan al tiempo de formularse la pretensión, se refieran ellos al consentimiento, a la capacidad o a la forma. No cabe, pues, la invocación sucesiva de los vicios referentes a cada uno de esos elementos, ni mucho menos considerar que cada motivo de impugnación constituye una causa distinta. Por más que los vicios del consentimiento puedan existir independientemente de los de capacidad o de las formas(52)no se comprende por qué han de hallarse excluidos de la cosa juzgada aquellos vicios que, pudiendo haber sido objeto de debate, no lo fueron (tantum indicatum, quantum disputatum vel quantum disputari debebat).

III. REQUISITOS DE LA PRETENSIÓN

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79. Concepto a) A fin de que la pretensión procesal satisfaga el objetivo tenido en mira por quien la deduce, el cual no puede ser otro que el pronunciamiento de una sentencia favorable al derecho invocado, aquélla debe reunir dos clases de requisitos: de admisibilidad y de fundabilidad. b) La pretensión es admisible cuando posibilita la averiguación de su contenido y, por lo tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a la decisión del órgano judicial(53). Es, en cambio, fundada, cuando en razón de su contenido resulta apropiada para obtener una decisión favorable a quien la ha interpuesto(54). c) De lo dicho se sigue que el examen de los requisitos de admisibilidad debe ser necesariamente previo al examen de la fundabilidad y que un pronunciamiento negativo sobre la existencia de los primeros excluye, sin más, la necesidad de dictar una sentencia relativa al mérito de la pretensión. d) Los requisitos de admisibilidad pueden dividirse en extrínsecos e intrínsecos, de acuerdo, respectivamente, con la menor o mayor relación que guardan con el contenido de la pretensión procesal(55). Los requisitos extrínsecos, a su vez, pueden ser procesales y fiscales, según que respondan a exigencias técnicas del proceso o a razones exclusivamente tributarias. e) Interesa destacar, finalmente, que mientras los requisitos de admisibilidad se hallan regidos por normas procesales (sean formales o materiales), la fundabilidad de la pretensión debe juzgarse mediante las normas del llamado derecho material, aunque, como lo hemos destacado oportunamente (supra, nro. 5), no cabe descartar la incidencia que tienen las normas procesales dentro de ese ámbito.

80. Requisitos extrínsecos de admisibilidad Esta categoría de requisitos son, como se dijo en el número anterior, de dos clases: procesales y fiscales. Serán objeto de análisis a continuación.

A) Procesales

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a) Los requisitos procesales conciernen, por un lado, a los sujetos, al objeto y a la causa de la pretensión; o a esos tres elementos conjuntamente. Coinciden con los tradicionalmente denominados presupuestos procesales(56)y se hallan sustancialmente contemplados por las leyes en la forma negativa de irregularidades que pueden dar lugar a la deducción de excepciones dilatorias (v.gr., art. 347, CPCCN)(57). Por otro lado, tales requisitos se relacionan con la actividad que la pretensión involucra, en sus tres dimensiones de lugar, tiempo y forma. b) En lo que respecta a los sujetos, el órgano ante quien se deduce la pretensión debe hallarse provisto de competencia para satisfacerla. Acerca del modo de determinar la existencia o la inexistencia de este requisito, corresponde distinguir entre la competencia por razón de la materia, el valor o el grado, por una parte, y la competencia territorial, por otra, pues, mientras en el primer supuesto los jueces se hallan habilitados para declararse incompetentes de oficio, en el segundo caso la incompetencia sólo puede ser declarada si el demandado articula la correspondiente excepción (v.gr., arts. 1º, 2º y 337, CPCCN). Ello, sin perjuicio del derecho que incumbe al demandado para valerse de cada excepción a fin de poner de manifiesto cualquier otra clase de incompetencia, en el supuesto de que el juez hubiese omitido declararla de oficio. Por lo que toca a los sujetos activo y pasivo de la pretensión, pertenece a la categoría de requisitos ahora examinados su capacidad para ser parte (aptitud para ser titular de derechos y deberes procesales) y su capacidad procesal (aptitud para realizar personalmente, o por medio de un mandatario convencional, actos procesales válidos). En el supuesto de que el actor o el demandado actúen por medio de un representante, legal o convencional, también figura entre aquellos requisitos la presentación de los documentos que justifiquen la personería, así como la validez y la suficiencia de tales documentos. Los defectos que mediaren respecto de tales requisitos de capacidad o de representación autorizan, tanto al actor como al demandado, para oponer la excepción dilatoria de "falta de personería" (v.gr., art. 347, inc. 2º, CPCCN), si bien el juez hállase facultado para hacerlos valer ex officio. En el mismo grupo que estamos analizando deben incluirse ciertos requisitos cuyo cumplimiento es indispensable para que se dé curso a pretensiones interpuestas frente a determinadas personas. Nos referimos a la reclamación administrativa previa en el supuesto de demandarse al Estado nacional (art. 30, ley 19.549) y a la necesidad de obtener la conformidad del respectivo gobierno cuando se entabla una pretensión frente a un Estado, embajador o ministro plenipotenciario extranjero (art. 24, inc. 1º, dec.-ley 1285/1958). En la hipótesis de que, por inadvertencia o error, no haya mediado declaración judicial desestimatoria de la pretensión por no haberse cumplido los mencionados requisitos, incumbe 240   

al sujeto pasivo la carga de articular la excepción de "falta de personería", pues lo que en tal caso se halla en juego es la capacidad de aquél para ser parte en el respectivo proceso(58). Finalmente, puede también constituir un requisito procesal de admisibilidad de la pretensión, con referencia al sujeto activo, el "arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda", en el supuesto de que aquél no tenga domicilio o bienes inmuebles en la República (v.gr., art. 348, CPCCN). La ausencia de este requisito, sin embargo, sólo puede hacerse valer mediante la correspondiente excepción dilatoria. c) En cuando al objeto de la pretensión, corresponde incluir dentro de la categoría de requisitos ahora examinada, en primer lugar, el de que aquél resulte idóneo con relación al tipo de proceso en el cual la pretensión se ha interpuesto (sería inadmisible, p. ej., la pretensión de divorcio que se intentare entablar en un proceso de alimentos o en cualquier otro de naturaleza sumaria(59); la pretensión reconvencional interpuesta en un proceso sumarísimo; etc.(60)). En el mismo grupo corresponde encuadrar las exigencias de la ley en el sentido de que el actor designe "con toda exactitud" la "cosa demandada" y formule "la petición en términos claros y positivos" (v.gr., art. 330, incs. 3º y 6º, CPCCN). En uno y otro caso, las deficiencias correspondientes pueden determinar la inadmisión de la pretensión ad limine, por decisión dictada de oficio (v.gr., art. 337, CPCCN) sin perjuicio de que se llegue a análogo resultado por vía de una excepción de defecto legal (v.gr., art. 347, inc. 5º, CPCCN). Al objeto de la pretensión también conciernen, finalmente, ciertos requisitos extrínsecos previstos por las leyes de fondo, cuya falta impide entrar en el examen de fundabilidad. Tales, la previa excusión de todos los bienes del deudor (CCiv. y Com., art. 1583 —antes, art. 2012, CCiv.—); la terminación de la instancia posesoria para poder deducir la pretensión petitoria (CCiv. y Com., art. 2271 —antes, art. 2484, CCiv.—); la necesidad de haber satisfecho las condenaciones pronunciadas en el posesorio para que el vencido en él pueda comenzar el juicio petitorio (CCiv. y Com., art. 2272 —antes, art. 2486, CCiv.—); etcétera, cuya ausencia debe hacerse valer mediante excepciones de previo y especial pronunciamiento (CPN, art. 347, inc. 8º). La falta de tales requisitos sólo puede determinar el rechazo de la pretensión en el supuesto de que el demandado denuncie dicha falta mediante la interposición de la correspondiente defensa. Durante la vigencia del régimen procesal anterior a la promulgación de la ley 17.454 tales defensas únicamente podían oponerse en oportunidad de la contestación a la demanda y resolverse en la sentencia definitiva, por cuanto no se hallaban incluidas dentro de la enumeración de las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Se trataba, sin 241   

duda, de un régimen inadecuado, pues la falta de alguno de los requisitos a que nos referimos, en tanto obsta al pronunciamiento de una sentencia de mérito, torna inútil la prosecución del proceso a través de todas sus etapas(61). Haciéndose cargo de esa circunstancia, el Código Procesal de la Nación incluye, entre las excepciones previas —y aún refiriéndose a las normas del Código de Vélez—, "las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales, tales como el beneficio de inventario(62)o el de excusión, o las previstas en los arts. 2486 y 3357 del Código Civil"(63). d) En lo que atañe a la causa, constituye requisito extrínseco de admisibilidad de la pretensión el de que ella se fundamente mediante una prolija relación de los antecedentes fácticos a los que el actor atribuye el efecto jurídico que persigue (doctrina de la sustanciación)(64). A tal requisito se refiere la ley cuando prescribe que la demanda debe enunciar "los hechos en que se funde, explicados claramente" (v.gr., art. 330, inc. 4º, CPCCN). El defecto de fundamentación puede provocar la inadmisión de la pretensión, sea por resolución dictada de oficio (v.gr., art. 337, CPCCN) o por resolución que declare procedente la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda (v.gr., art. 347, inc. 5º, CPCCN). e) Finalmente, concierne, junto con los sujetos, el objeto y la causa de la pretensión, el requisito consistente en la inexistencia de otra pretensión interpuesta anteriormente, ante el mismo u otro órgano judicial, en la cual dichos elementos sean los mismos. Pero la declaración de inadmisibilidad de la pretensión, por este motivo, sólo corresponde en el supuesto de que el demandado oponga la excepción de litispendencia (v.gr., art. 347, inc. 4º, CPCCN). Procede, en cambio, la excepción de cosa juzgada, en el supuesto de que haya recaído recisión definitiva sobre la pretensión anteriormente planteada. Diversamente de lo que ocurría con la excepción de litispendencia, el ordenamiento procesal vigente en el orden nacional, con anterioridad a la promulgación de la ley 17.454, no autorizaba el planteamiento de la excepción de cosa juzgada como de previo y especial pronunciamiento. Distinto es el criterio seguido por dicha ley que además incluye, junto con aquélla, las excepciones de transacción, conciliación y desistimiento del derecho (art. 347, incs. 6º y 7º). f) Los requisitos vinculados a la actividad que la pretensión entraña deben ser analizados en las tres dimensiones de lugar, tiempo y forma en que dicha actividad se exterioriza. El lugar de la pretensión debe coincidir con la sede correspondiente al juez o tribunal que el sujeto activo considere competente para conocer de ella. El tiempo en que la pretensión debe ser deducida tiene limitaciones genéricas y específicas. A las primeras se refieren las normas procesales 242   

que determinan cuáles son los días y horas hábiles para cumplir actos procesales válidos (v.gr., arts. 152, CPCCN; 2º, RJN; etc.). Las limitaciones específicas se hallan establecidas en aquellas normas que excluyen la admisibilidad de ciertas pretensiones cuando éstas son planteadas antes o después de transcurrido determinado plazo. Un ejemplo de la primera situación está dado, v.gr., por el art. 2289CCiv. y Com. —antes, art. 3357CCiv.—, que impide deducir contra el heredero pretensión alguna tendiente a que acepte o renunciar la herencia hasta pasados nueve días de la muerte del causante, y al segundo se refiere, por ejemplo, el art. 621 CPN en tanto dispone que los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se fundaren. Hacen, finalmente, a la forma de la pretensión, el modo en que ella debe expresarse (escrito, en nuestro derecho); el idioma a utilizar en su formulación; el conjunto de requisitos que corresponde observar en la redacción del escrito en el cual se la deduce (v.gr., utilización de tinta negra, encabezamiento, indicación, por los abogados y procuradores, del tomo y folio o del número de la matrícula de su inscripción, etc.); la agregación de las copias de la demanda y de los documentos con ella agregados; la firma de letrado; etcétera. Interesa destacar, asimismo, que incumbe como regla al órgano judicial la función de vigilar la concurrencia de los requisitos atinentes a la actividad de la pretensión, hallándose aquél facultado para disponer, según sea el caso, el rechazo ad limine o la concesión de un plazo para obviar el defecto. Ello, sin perjuicio de que el demandado haga valer la falta de tales requisitos por vía de impugnación de la providencia que da curso a la respectiva demanda.

B) Fiscales Este tipo de requisitos se circunscribe al pago del impuesto con que las leyes tributarias gravan las actuaciones judiciales, el cual comprende el sellado de actuación y el impuesto de justicia(65). En virtud de no responder su cumplimiento a exigencias técnicas del proceso, pueden o no constituir, de conformidad con el criterio tributario ocasionalmente adoptado, un requisito de admisibilidad de la pretensión en sentido estricto. Reviste tal carácter cuando, como ocurría durante la vigencia del decreto 7322/1965 y ocurre de acuerdo con algunos ordenamientos provinciales, se impide dar curso a la pretensión hasta tanto se efectúe el pago del respectivo gravamen o se afiance la multa y el impuesto correspondiente. Las leyes fiscales, asimismo, prevén 243   

determinadas exenciones al pago de tales gravámenes, las cuales atienden a los sujetos de la pretensión (Nación, provincias, municipalidades; bancos oficiales; asociaciones y entidades civiles de asistencia social; personas que actúen con carta de pobreza, etc.), o al objeto o naturaleza de aquélla (peticiones al Poder Judicial fundadas en el ejercicio de un derecho político; defensa en juicio criminal, etc.).

81. Requisitos intrínsecos de admisibilidad Este grupo de requisitos se vincula a los sujetos (activo y pasivo) y al objeto de la pretensión procesal. a) Con relación a los sujetos, pertenece en primer lugar a esta categoría de requisitos una aptitud de aquellos que se encuentra referida a la materia sobre que versa la pretensión procesal en cada caso particular y que, por lo tanto, resulta claramente diferenciable de la capacidad para ser parte y de la capacidad procesal que hemos mencionado al ocuparnos de los requisitos extrínsecos de admisibilidad, pues éstas constituyen aptitudes jurídicas que habilitan para intervenir en un número indeterminado de proceso, con prescindencia de las concretas relaciones o estados jurídicos que en ellos se controvierten. Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo, no es suficiente, en efecto, la concurrencia de aquellas aptitudes genéricas. Es preciso, además, que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada) sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas"(66), y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal(67). Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa(68). De la definición precedente se infiere, en primer lugar, que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada(69), lo cual no obsta, desde luego, a que el sujeto pasivo que carezca de tal atributo sea citado al proceso y asuma en él calidad de parte demandada, circunstancia que le permitirá, 244   

eventualmente, hacer valer su propia falta de legitimación(70)y, por consiguiente, la inadmisibilidad de la pretensión frente a él deducida. En segundo lugar, el concepto enunciado pone de manifiesto los distintos ámbitos en que se mueven los requisitos de capacidad y de legitimación, demostrando que, así como un sujeto puede gozar de capacidad procesal y carecer de legitimación, puede también hallarse legitimado y no ser procesalmente capaz(71). La pauta, a la cual es menester atenerse, como principio, a fin de determinar en cada caso la existencia de legitimación procesal, está dada por la titularidad, activa o pasiva, de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso(72); de allí que, en este supuesto, la justificación de la legitimación procesal se halle absorbida por la prueba de la existencia de la relación jurídica: si A, por ejemplo, demuestra haber dado a B en locación un inmueble de su propiedad, también prueba, al mismo tiempo, que se halla legitimado para deducir la pretensión de desalojo frente a B y que éste, como locatario, reviste legitimación como sujeto pasivo(73). El ordenamiento jurídico, sin embargo, contempla diversos casos de legitimación anómala o extraordinaria, a los cuales caracteriza el hecho de que resultan habilitadas para intervenir en el proceso, como partes legítimas, personas ajenas a la relación jurídica sustancial que en aquél se controvierte. En tales hipótesis, que se agrupan bajo el nombre de sustitución procesal(74), se opera una verdadera disociación entre los sujetos legitimados para obrar y los sujetos titulares de la respectiva relación sustancial, circunstancia que determina una variante de importancia en el ámbito probatorio, por cuanto el sustituto debe probar no sólo la existencia de la relación sustancial de la que fue partícipe el sustituido, sino también las circunstancias de las cuales emerge su legitimación. Tal el caso de la acción subrogatoria a que se refieren los arts. 739 a 742 del CCiv. y Com., según la cual el actor debe acreditar, además de la titularidad del crédito reclamado por parte de su deudor, su condición de acreedor de este último(75). Existen casos, asimismo, en los cuales la legitimación, sea activa o pasiva, se halla atribuida a una pluralidad de personas. Desde el punto de vista de su regulación legal, todos esos casos pueden agruparse en dos categorías que se diferencian tomando como pauta directriz el hecho de que el juez se halle o no habilitado para dictar sentencia sobre el fondo del asunto cuando no han intervenido o no han sido citados al proceso todos los sujetos legitimados. En la primera categoría se ubica, por ejemplo, el supuesto de las obligaciones indivisibles o solidarias, en el que si bien todos los acreedores y todos los deudores están, respectivamente, activa y pasivamente legitimados (CCiv. y Com., arts. 833 y 844), el juez puede examinar la pretensión en cuanto al fondo aunque ésta haya sido deducida por uno solo de los acreedores y frente a uno solo de los deudores. En cambio el juez no puede proceder así, v.gr., en la hipótesis 245   

del art. 582 del CCiv. y Com., según el cual la pretensión de filiación matrimonial debe ser intentada contra el padre y la madre conjuntamente y por fallecimiento de éstos, contra sus herederos (litisconsorcio necesario). La característica de este supuesto reside en la circunstancia de que, en razón de tratarse de una única pretensión(76), ella no puede ser válidamente juzgada si no ha sido propuesta por todos o frente a todos los sujetos interesados en la relación jurídica litigiosa (litisconsorcio necesario)(77). Consideración aparte(78)merece el tema referente a la protección judicial de los denominados derechos o intereses supraindividuales, colectivos o difusos derivados, particularmente, de los elementos contaminadores del medio ambiente, de la amenaza o perturbación del patrimonio natural y cultural, o de la circulación de productos defectuosamente elaborados cuya existencia en la actualidad se hallan consagrados, según se vio supra, nro. 5, B) por los arts. 41 a 43 de la Constitución Nacional(79). Tales derechos imponen necesariamente un ensanchamiento de la legitimación procesal acorde con la titularidad plural, masiva o indistinta de los bienes o los valores protegidos. Desde el punto de vista subjetivo, en efecto, esos derechos o intereses no pertenecen a una persona determinada ni a un grupo nítidamente delimitado de personas como ocurre en las situaciones clásicas del condominio o de la pluralidad de acreedores de una misma obligación, sino a un grupo indeterminado, o prácticamente de imposible o difícil determinación, cuyos integrantes tampoco se hallan vinculados por una concreta relación jurídica, como pueden ser, v.gr., los propietarios ribereños de un curso de agua contaminado o los habitantes de un barrio afectado por polución(80). Objetivamente, los derechos o los intereses de que se trata se refieren, asimismo, a un bien indivisible, en cuanto no cabe su división en cuotas o fracciones adjudicables a cada uno de los interesados. De lo dicho se deriva que la legitimación procesal, en el marco de los derechos analizados, trasciende el concepto de derecho subjetivo(81)y de la consiguiente titularidad de una relación jurídica, para emplazarse en cualquiera de las personas mencionadas en el art. 43 de la Constitución Nacional, es decir, en el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales constituidas para la defensa de los referidos derechos. Por afectado o afectados debe entenderse a todo aquel que ha sufrido o puede sufrir las consecuencias de los actos o las omisiones que lo perjudican(82), o sea, a aquellas personas que se hallan en condiciones de acreditar una vinculación directa con el bien o el valor afectado a raíz de esos actos.

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El defensor del pueblo tiene legitimación procesal en la medida en que actúa en ejercicio de funciones que le otorga el art. 86 de la Constitución Nacional, aunque, pese a la terminología del art. 43 de aquélla, no es un legitimado en sentido estricto, sino un representante legal de los afectados. Lo mismo cabe decir de las asociaciones que propenden a la defensa de los derechos de incidencia colectiva. Al respecto, resulta pertinente evocar lo resuelto por la C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª (16/3/2000), en la causa "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires v. Edesur"(83). I. El caso 1. Con motivo del catastrófico corte de energía iniciado el 15/2/1999 que, como es notorio, sumió durante varios días en la oscuridad a un inmenso sector de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el defensor del Pueblo de ese distrito dedujo, contra Edesur SA, una pretensión de responsabilidad y resarcitoria de los daños sufridos por los afectados (tanto usuarios como terceros, entre los que se incluyó) a causa de la falta de provisión eléctrica imputable a la empresa demandada. 2. Recurrida por ambas partes la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad de la mencionada empresa y la condenó a pagar a la Defensoría del Pueblo los daños cuyos montos se determinarían en la etapa de liquidación, la sala 1ª, C. Nac. Civ. y Com. Fed., confirmó el pronunciamiento en cuanto acogió la demanda promovida por la Defensoría "por su propio derecho" y la revocó en cuanto desestimó la legitimación invocada por el referido organismo, dejando a salvo el derecho de los usuarios para que, ante los tribunales competentes y por la vía que estimen adecuada, promuevan las pretensiones resarcitorias a las que se consideren con derecho. 3. El presente comentario omitirá el examen de los impecables fundamentos que sustentaron el fallo de la alzada para declarar la responsabilidad objetiva de Edesur SA, y se ceñirá, por lo tanto, a analizar los aspectos concernientes al tipo de derechos vulnerados en el caso y a la legitimación invocada por el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. II. Los llamados intereses difusos y las categorías subjetivas tradicionales 1. Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, la precisa conceptualización de los denominados derechos o intereses difusos tropezaba, en el marco de la legitimación procesal de sus presuntos portadores y, por consiguiente, en el de su eventual protección en sede judicial, con la clásica diferenciación postulada por la mayor parte de la doctrina administrativista entre los derechos subjetivos, los intereses legítimos y los intereses simples.

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Concebidos en efecto los intereses o derechos difusos como aquellos que, subjetivamente, no pertenecen a una persona en particular ni a un grupo nítidamente determinado de personas, sino a un grupo indeterminado o de dificultosa o imposible determinación, cuyos integrantes tampoco se hallan vinculados por una concreta relación jurídica y, objetivamente, versan sobre un bien indivisible y no fraccionable, por ende, en cuotas adjudicables a cada uno de sus titulares (Barbosa Moreira, "A legitimação...", cit., p. 183), la doctrina, en general, no pudo eludir su emplazamiento en alguna o algunas de las citadas categorías. En ese rumbo se los ubicó, conforme a las circunstancias del caso aunque también con ciertas variantes y reservas, como coincidentes con los intereses simples o como una situación intermedia entre los intereses simples y los intereses legítimos (Grecco, "Ensayo preliminar sobre los denominados intereses 'difusos' o colectivos y su protección judicial", LL 1984-B-865); se los asimiló en todo caso a los intereses simples (Marienhoff, "Delfines o toninas y acción popular", ED 105-244-4; Mairal, "Sobre legitimación y ecología", LL 1984-B-779) y, dentro de una concepción amplia, estimada compatible con el régimen constitucional argentino, se propuso su encuadramiento en el ámbito de los derechos subjetivos (Mairal, "Sobre legitimación...", p. 779). 2. Tales criterios se relacionaron, naturalmente, con la medida de la legitimación para cuestionar el acto u omisión de que se tratara, pues de acuerdo con el primero sólo hubiese sido admisible, en el mejor de los casos, un reclamo en sede administrativa (Linares, Derecho administrativo, Buenos Aires, 1986, p. 358, con referencia al interés legítimo); de adoptarse el segundo se habría descartado, frente a la inexistencia de una acción popular, toda posibilidad de protección (tanto judicial como administrativa) (Marienhoff, op. cit. en la nota 3), y conforme al tercero la legitimación debería haberse admitido siempre que, desde luego, se demostrara, así fuese prima facie, la ilegitimidad de la conducta denunciada y el perjuicio sufrido por los accionantes (Mairal, op. cit. en la nota 4, donde señala que "la noción de derecho subjetivo que se propone amplía su cobertura pero no lo identifica con el interés legítimo. Las situaciones que encuadran en este último concepto serán, fundamentalmente, de dos tipos: la de quienes alegan un perjuicio remoto, en comparación con el de otros afectados y la de quienes sólo cuestionan la oportunidad del acto administrativo pero no su legitimidad". En contra de tal diferenciación se pronuncian en cambio Morello y Vallefin, quienes adoptan una postura amplia en orden a la tutela judicial de los intereses difusos, El amparo, La Plata, 1992, ps. 204-207). 3. Apenas resta añadir, para completar este aspecto del tema analizado, que a diferencia de lo ocurra con los intereses legítimos, que sólo pueden hacerse valer en sede administrativa (es la regla en el orden nacional; ver, sin embargo, Linares, op. cit. en la nota 5, p. 544), la eventual legitimación 248   

pasiva frente a la invocación de intereses difusos puede pertenecer no sólo al Estado o a quienes, como los concesionarios de servicios públicos (caso de Edesur), actúan por delegación de aquél, sino también a particulares. Sería por ejemplo el caso de una planta industrial que, merced al arrojo de residuos nocivos, contamina un curso de agua y tal proceder afecta a los propietarios ribereños. III. Los intereses difusos como derechos subjetivos 1. Las dificultades doctrinarias reseñadas en el parágrafo precedente han sido superadas por la reforma constitucional de 1994, que al incorporar, como capítulo segundo de la primera parte del texto primitivo la enunciación de "nuevos derechos y garantías", incluyó, entre otros de índole semejante, los derechos de "los consumidores y usuarios de bienes y servicios" y el correlativo deber de las autoridades en el sentido de proveer "a la protección de esos derechos" y al control "de la calidad y eficiencia de los servicios públicos" (art. 42, párrafo segundo). Resulta de tal suerte evidente que los denominados intereses difusos o supraindividuales fueron elevados, en esa esfera, lo mismo que en la relativa a la preservación del ambiente y en otras análogas, a la categoría de verdaderos derechos subjetivos, por cuanto el cumplimiento del deber jurídico impuesto al Estado o prestadores, por concesión, de servicios públicos en orden a mantener su calidad y eficiencia es jurídicamente exigible por parte de los usuarios y su transgresión, por consiguiente, genera la facultad de promover el amparo judicial a través de las vías procesales pertinentes. 2. Si bien, por otra parte, la deficiente prestación del servicio eléctrico compromete los intereses individuales de cada uno de los usuarios en tanto éstos, aunque en calidad de "clientes cautivos" por adhesión a cláusulas predispuestas, se hallan contractualmente vinculados con la empresa concesionaria, esa circunstancia en modo alguno entraña óbice a la configuración de un genuino derecho difuso que todos aquellos comparten, como grupo indeterminado, y frente a dicha empresa, en lo que atañe al deber jurídico que pesa sobre ésta en cuanto al mantenimiento de la calidad y la eficiencia de la prestación. En otras palabras, el derecho particular de cada usuario coexiste con el derecho supraindividual de todos ellos en conjunto, tanto más si se tiene presente que, conforme a difundida doctrina administrativa, constituyen caracteres esenciales de todo servicio público la continuidad, la regularidad, la uniformidad, la generalidad y la obligatoriedad (ver, por todos, Marienhoff, Tratado..., cit., t. II, ps. 62 y ss.), en todos los cuales subyace, primordialmente, un signo axiológico de cooperación y solidaridad, es decir, de valores jurídicos que conciernen a "la coexistencia en cuanto suerte común" (ver, sobre este tema, Cossio, La teoría..., cit., ps. 587 y ss.).

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No se requiere entonces un mayor análisis para concluir que, frente al prestador de un servicio público, el indeterminado núcleo humano al que éste se halla destinado configura un incuestionable derecho de "incidencia colectiva" en los términos del art. 43, CN. 3. No cabe por ello compartir el argumento expuesto por el Tribunal de Alzada conforme al cual "la situación que se genera a partir de los hechos que causan daños estrictamente patrimoniales e individuales a una inmensa cantidad de personas es diferente a la que contempló el art. 43, CN" (consid. 16), pues el "apagón" de febrero de 1999 no sólo afectó a más de ciento cincuenta mil abonados de Edesur en cuanto los privó, durante varios días, de luz, provisión de agua, utilización de ascensores y demás artefactos sólo accionables eléctricamente, sino también a eventuales terceros que pudieron experimentar — y seguramente experimentaron— graves perjuicios derivados de la ausencia de semáforos encendidos (de acuerdo con la relación de antecedentes contenida en la sentencia de primera instancia el corte de energía afectó a más de doscientos setenta semáforos. En el mismo pronunciamiento se señaló, a modo de ejemplo, que la propia Defensoría no pudo desarrollar sus actividades durante 48 horas, y que el edificio del Congreso Nacional debió ser evacuado y no pudo funcionar durante varios días) y de alumbrado en numerosas calles y avenidas de la ciudad. La Cámara, en suma, no necesitó acudir a la norma del art. 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para fundar la legitimación del defensor del Pueblo. Un tema es, en efecto, el relativo a la declaración de responsabilidad de la empresa demandada, que pudo ser requerida mediante demanda deducida por cualquier afectado por el siniestro (con prescindencia de su calidad de usuario, siempre que acredite un interés "personal y directo" con el siniestro de que se trata, pero no su sola condición de habitante de la Ciudad de Buenos Aires —cfr. Bustamante Alsina, Derecho ambiental, Buenos Aires, 1995, ps. 86 y ss.—, aunque en el caso que motivó el pronunciamiento del fallo comentado cualquier argentino, habitante o no de dicha Ciudad, no pudo experimentar más que vergüenza frente al espectáculo de tierra arrasada que exhibió una extensa zona de Buenos Aires durante el "apagón"), el defensor del Pueblo o alguna asociación registrada (art. 43, párrafo segundo, CN), y otro, nítidamente diverso, el referente a la cuantificación de los daños, que sólo es susceptible, como es obvio, de reclamos individuales (no se alcanza por otra parte a comprender el verdadero alcance de los "intereses individuales", cuya protección encomienda a la Defensoría del Pueblo el art. 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). IV. La calidad procesal del defensor del Pueblo 1. Tanto en el orden nacional como en el de la Ciudad de Buenos Aires el defensor del Pueblo se encuentra caracterizado como un órgano unipersonal e independiente cuya misión consiste, fundamentalmente, en la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos 250   

colectivos y difusos fundados en la Constitución y en las leyes frente a hechos u omisiones de la Administración o de prestadores de servicios públicos, así como en el control de las funciones administrativas públicas (art. 86, CN; art. 137, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Fuera, por lo tanto, de la posibilidad de controlar el funcionamiento de los Poderes Judicial y Legislativo (art. 16, ley 24.284) (ver Corte Sup., Fallos 319:1828, donde se desestimó la petición de pronto despacho formulada por el defensor del Pueblo respecto de causas vinculadas a pedidos de actualización de haberes; el art. 16, ley 24.284, también excluye de la competencia de dicho funcionario a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a los organismos de defensa y seguridad), ambos ordenamientos constitucionales han estructurado al defensor del Pueblo como un organismo apto para obviar los inconvenientes de orden práctico involucrados en la presentación individual, ante la justicia, de grandes núcleos de personas que comparten, como ocurre en el caso de los derechos difusos, un interés común. 2. Por ello las normas constitucionales citadas otorgan a dicho funcionario legitimación procesal. En tanto, sin embargo, el defensor del Pueblo no es el titular del derecho invocado como fundamento de sus posibles pretensiones, tal legitimación reviste carácter anómalo o extraordinario (Palacio, Derecho procesal civil, t. III), y en virtud de esa circunstancia se lo ha perfilado como un sustituto procesal (así, p. ej., Gimeno Sendra, Constitución y proceso, Madrid, 1988, p. 229). En razón, empero, de que carece de interés personal en relación con el objeto del proceso es, simultáneamente, representante legal de los sujetos en cuyo nombre pretende, del mismo modo que el Ministerio Público Pupilar es representante promiscuo de los incapaces en todos los juicios en que éstos revistan la condición de partes (art. 59, CCiv.). 3. De lo dicho se sigue que cuando la sentencia anotada confirmó el fallo recurrido "en cuanto hace lugar a la demanda promovida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por su propio derecho" generó un artificio que configura, en rigor, una contradictio in terminis, pues al margen de que el ordenamiento jurídico argentino no ha mantenido la institución del procurator in rem suam del derecho romano, no es concebible un defensor del Pueblo que, en última instancia, y por más que el edificio en el que funciona la Defensoría haya sido afectado por el siniestro en cuestión, aparezca defendiéndose a sí mismo. V. Conclusión Más allá de los equívocos de que en mi entender adolece en cuanto a la índole de los derechos en juego y de la contradicción señalada en el parágrafo precedente, la sentencia anotada arriba a un resultado sin duda conciliable con las exigencias de la justicia y resuelve inteligentemente el tema relativo al procedimiento aplicable a los eventuales reclamos resarcitorios. 251   

No existe, por lo tanto, una legitimación popular que autorice a deducir la correspondiente pretensión(84), sin perjuicio de la denuncia que cualquier persona puede formular ante la Defensoría del Pueblo a fin de que actúe en consecuencia(85). Si bien, por último, resulta innecesario que el eventual litigio se integre con todos aquellos que hayan sido directamente agraviados por el acto u omisión lesivos, pues no se trata de un litisconsorcio necesario, la eficacia de cosa juzgada adquirida por la sentencia que hace lugar a la demanda beneficia a la totalidad de ellos. La sentencia desfavorable, en cambio, puede ser objeto de revisión en un proceso ulterior en el supuesto de que el actor acredite que dicha sentencia se dictó a raíz de una connivencia dolosa entre las partes. La ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de acción" (sine actione agit), la cual, en nuestro derecho, debe ser opuesta como principio en el escrito de contestación a la demanda y examinada en oportunidad de la sentencia definitiva, aunque, desde luego, con carácter previo al examen de fundabilidad de la pretensión(86). El principio mencionado cede cuando la falta de legitimación resulte manifiesta, en cuyo caso cabe oponerla como excepción de previo y especial pronunciamiento, sin perjuicio, en caso de no concurrir aquella circunstancia, de que sea objeto de decisión en la sentencia definitiva (art. 347, inc. 3º, CPCCN). Los ordenamientos procesales argentinos anteriores a la promulgación del Código Procesal de la Nación no contemplaban la posibilidad de que la correspondiente defensa se dedujera como artículo de previo y especial pronunciamiento(87). Con relación a este aspecto resulta interesante destacar que el Código de Procedimiento Civil de Venezuela preveía esa modalidad respecto de las llamadas excepciones de "inadmisibilidad", una de las cuales podía fundarse, precisamente, en la "falta de cualidad o interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio" (art. 257, inc. 1º), provocando la declaratoria, de haber lugar en ella, el efecto de "desechar la demanda y no darle entrada en el juicio" (art. 261), aunque, en el caso de no haberse alegado dicha excepción para que se la resuelva por previo pronunciamiento, podía el demandado proponerla en la contestación de la demanda, junto con las razones, las defensas y las excepciones perentorias que creyere conveniente invocar (art. 262)(88). El Código Procesal de la Nación, como se ha visto, incluye entre las excepciones previas la de falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, "cuando fuere manifiesta" (art. 347, inc. 3º)(89). La razón por la cual se ha otorgado carácter previo a esta excepción es la misma que determinó la inclusión, en la citada norma (inc. a]), de las llamadas defensas temporarias, o sea, la necesidad de evitar el desarrollo total de un proceso que ha de concluir sin posibilitar la resolución de mérito solicitada mediante el planteamiento de la pretensión. Sin embargo, en razón de la estrecha vinculación que generalmente guarda la legitimación 252   

para obrar con la cuestión de fondo sometida a la decisión del juez(90), la excepción sólo puede resolverse como artículo previo en el supuesto de que la ausencia de aquel requisito aparezca en forma manifiesta. El rechazo de la excepción, asimismo, que sólo puede fundarse en la falta de concurrencia de ese atributo, no constituye obstáculo para que el juez, en la sentencia definitiva, declare la inexistencia de legitimación para obrar, aun en el caso de que el demandado no haya opuesto, al contestar la demanda, la llamada defensa de falta de acción. La legitimación para obrar, finalmente, es susceptible de determinación con carácter previo al planteamiento de la pretensión procesal, y el instrumento legal previsto para obtener ese resultado es la diligencia preliminar a que se refiere el art. 323, inc. 1º, CPCCN, o sea, la declaración jurada que puede pedirse al futuro demandado "sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio"(91). b) Con relación a los sujetos, también figura entre los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión el interés procesal, al que cabe definir como la necesidad o la imprescindibilidad del proceso para satisfacer, en cada caso concreto, el derecho afirmado como fundamento de aquélla(92). Desde que no es de incumbencia de los jueces hacer declaraciones abstractas o académicas, sino decidir "colisiones efectivas de derechos", resulta claro que la pretensión procesal es inadmisible cuando de ella no surge que el reclamo dirigido al órgano sea necesario para el logro de aquellos fines(93). Gran parte de la doctrina considera que el interés procesal reviste carácter secundario e instrumental con respecto al interés sustancial, y tiene por objeto la sentencia que se solicita al juez como medio de satisfacer el interés primario (sustancial) que ha sido lesionado por el comportamiento del adversario o, genéricamente, como consecuencia de la situación de hecho objetivamente existente(94). Como dice Calamandrei: "El interés procesal en obrar y en contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho no puede ser ya conseguida sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional"(95); de manera que, v.gr., el interés primario de quien se afirma acreedor de $ 1000 consiste en obtener el pago de esa suma; pero el interés procesal sólo surgirá en el supuesto de que el deudor no pague al producirse el vencimiento del plazo respectivo, y tendrá por objeto la condena y, eventualmente, la ejecución forzosa de su patrimonio(96). Existe, por lo tanto, interés procesal, toda vez que el derecho se encuentre en estado de insatisfacción, en forma tal que, sin la intervención del órgano judicial, la expectativa, inherente al mismo derecho, quedaría irrealizada(97). Tanto Redenti(98)como Satta(99)han objetado tal conclusión, fundándose sustancialmente en una concepción de la acción que excluye, respecto de ésta, la preexistencia de un derecho 253   

subjetivo y, por lo tanto, de un interés que concebirse autónomamente con relación al interés en accionar.

pueda

De acuerdo con los caracteres que hemos asignado a la pretensión procesal (supra, nro. 76), no dudamos de que el interés que debe sustentarla resulta diferenciable del interés comprometido en la relación jurídica sustancial invocada como fundamento de aquélla, pues es ajena a dicha relación jurídica considerada en sí misma la idea de un reclamo dirigido a un órgano judicial y, por lo tanto, la de la necesidad de ese reclamo. Mientras en el caso de derechos a una prestación el interés procesal surge con motivo de un estado de insatisfacción derivado del incumplimiento por parte del sujeto obligado, existen casos en los cuales el interés resulta de una situación jurídica objetivamente dañosa que sólo puede ser removida mediante la intervención de un órgano judicial. Tal lo que ocurre cuando, sin que medie incumplimiento de prestación alguna, se haya producido una situación de falta de certeza acerca de la existencia o la inexistencia de un derecho; o cuando, existiendo en concreto ciertas situaciones susceptibles de producir la modificación de un estado o relación jurídica, tal modificación sólo puede operarse mediante una sentencia judicial (nulidad de matrimonio, declaración de restricción a la capacidad de ejercicio de derechos por causas de salud mental, etc.)(100). El interés procesal tiene, como regla, un contenido económico, pero éste puede ser exclusivamente moral(101)cuando la pretensión tiende, por ejemplo, a la tutela del nombre, a la adopción de medidas protectorias de menores o a obtener el goce de derechos constitucionales de índole no patrimonial(102). Además, el interés debe ser actual; pero ello no impide que, en ciertos casos, pueda reclamarse la protección de derechos eventuales o futuros, siempre que existan determinadas circunstancias, de carácter actual, frente a las cuales el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de una tutela inmediata(103). Así, por ejemplo, una deuda sujeta a condición o pendiente de plazo autoriza a pedir un embargo preventivo cuando se justifica que por cualquier causa ha disminuido notablemente la responsabilidad del deudor después de contraída la obligación (v.gr., art. 209, inc. 5º, CPCCN). Algo similar ocurre en el caso de las pretensiones de condena a una prestación futura, de las cuales nos ocuparemos más adelante. La determinación sobre la existencia o la inexistencia de interés procesal es materia que incumbe primordialmente al juez, por cuanto la necesidad de tutela jurídica constituye un presupuesto básico del ejercicio mismo de la función judicial, a la que es ajena, como hemos dicho anteriormente, la formulación de declaraciones abstractas o académicas;

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de allí que la ausencia de interés procesal pueda ser declarada de oficio(104). Procede dejar establecido que el interés procesal constituye también uno de los requisitos que debe reunir la oposición a la pretensión (interés en contradecir)(105); asimismo, que aquél no es un requisito privativo de la pretensión y de la oposición a ésta, sino que es común a todos los actos procesales. c) Corresponde finalmente incluir, en esta categoría de requisitos de admisibilidad, el de que el juez se encuentre legalmente habilitado para dictar el pronunciamiento pedido. El objeto de la pretensión, en otras palabras, debe ser jurídicamente posible(106). No reunirían este requisito las pretensiones mediante las cuales se pidiese en nuestros días, por ejemplo, la declaración de un divorcio vincular por causales subjetivas, el reconocimiento de filiación natural cuando la concepción se produjo por técnicas de fertilización asistida o la prisión del demandado por falta de pago de una deuda. Por cuanto se trata, en todas esas hipótesis, de materias sobre las cuales se halla vedada cualquier decisión judicial de mérito, es obvio que los jueces deben repeler de oficio las respectivas pretensiones. En el ámbito del proceso arbitral, el requisito de que tratamos se encuentra referido a todas aquellas cuestiones respecto de las cuales no cabe comprometer en árbitros, o sea, las que no pueden ser objeto de transacción (v.gr., art. 737, CPCCN).

82. Fundabilidad de la pretensión a) Resuelta o verificada la concurrencia de los requisitos de admisibilidad precedentemente analizados, el juez se encontrará en condiciones de pronunciarse sobre el mérito de la pretensión o, lo que es lo mismo, sobre si ésta es o no fundada. Ocurrirá lo primero cuando la pretensión procesal, en razón de su contenido, resulte apropiada para obtener una decisión favorable a quien la ha planteado; y desde que dicho contenido se halla representado por una concreta situación de hecho a la que se atribuye un determinado efecto jurídico, el examen de fundabilidad consiste, fundamentalmente, en determinar si ese efecto jurídico corresponde, o no, a la situación de hecho invocada. b) En esa determinación el juez actúa sobre la base de su conocimiento del orden jurídico vigente, pudiendo prescindir de las normas invocadas por las partes y suplir las omisiones de fundamentación jurídica en que aquéllas hubiesen incurrido (iura novit curia). Incumbe, de modo exclusivo 255   

a las partes, en cambio, la aportación de los datos configurativos de la situación de hecho que ha de ser jurídicamente valorada por el juez. c) El contenido de la pretensión, por lo demás, debe juzgarse en función de la actividad desplegada por las partes durante todo el desarrollo del proceso. En la generalidad de los casos, en efecto, no será suficiente la aportación de los hechos, por completa que ella sea, pues en el supuesto de ser aquéllos controvertidos incumbirá a las partes la carga de probarlos de acuerdo con ciertas reglas distributivas que el juez debe valorar, precisamente, en oportunidad de pronunciarse sobre la fundabilidad de la pretensión. d) El juez debe examinar la situación de hecho con referencia al momento en que la pretensión fue deducida, sin tener en cuenta, por consiguiente, las modificaciones que dicha situación puede experimentar durante el desarrollo del proceso. Con fundamento en el principio de economía procesal, sin embargo, los códigos procesales (v.gr., art. 163, inc. 6º, CPCCN) admiten que, si durante el transcurso del proceso ocurren hechos que tienen por efecto consolidar, modificar o extinguir el derecho de las partes (como el pago, el cumplimiento de la obligación o la extinción del plazo), el juez puede hacer mérito de esos hechos sobrevinientes para rechazar o hacer lugar a la pretensión(107).

IV. VICISITUDES DE LA PRETENSIÓN

83. Clases Desde que se manifiesta a través de la reclamación dirigida ante un órgano y frente a una persona distinta de quien la deduce, la pretensión procesal puede experimentar, fundamentalmente, tres clases de vicisitudes que examinaremos seguidamente bajo los nombres de transmisión, transformación e integración.

84. Transmisión 256   

a) Existe transmisión de la pretensión cuando, en razón de haberse operado una sucesión respecto del derecho que la fundamenta, la persona del sujeto activo es reemplazada por otra que actúa procesalmente en su lugar. b) Se sigue, del concepto enunciado, que la transmisión de la pretensión no es más que una consecuencia de la transmisión de derechos que se hallan en litigio(108). Por lo tanto, aquélla no induce, necesariamente, la transmisión del respectivo derecho material, cuya existencia puede ser negada por la sentencia que se dicte en el proceso(109). c) Cuando la transmisión de la pretensión es consecuencia de una sucesión a título universal, el sucesor o los sucesores del sujeto activo, en tanto continúan la personalidad jurídica de éste, pueden intervenir en el respectivo proceso asumiendo la posición de partes principales con los mismos derechos, cargas y deberes procesales del causante(110). Si se trata, por el contrario, de una sucesión a título singular, la transmisión de la pretensión se halla supeditada a la circunstancia de que la otra parte preste su conformidad para que el sucesor singular intervenga en reemplazo del transmitente del derecho litigioso. Tal es la solución que consagra el art. 44 del Código Procesal de la Nación, en concordancia con la que generalmente propiciaban la jurisprudencia y algunos Códigos provinciales (v.gr., Jujuy, art. 56; Santa Fe, art. 28)(111). d) No todas las pretensiones son transmisibles. Carecen de tal atributo, por lo pronto, aquellas que se fundan en derechos inherentes a la persona humana (CCiv. y Com., art. 1617), como, por ejemplo, las de divorcio, nulidad de matrimonio, reconocimiento de filiación(112), etcétera. La regla al respecto la establece el art. 1616 del CCiv. y Com.: "Derechos que pueden ser cedidos. Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina, o de la naturaleza del derecho". Asimismo, en el régimen del Código de Vélez existían pretensiones que eran intransmisibles respecto de determinadas personas: no podían cederse a los abogados o procuradores judiciales las pretensiones de cualquier naturaleza, deducidas en los procesos en que ejerciesen o hubiesen ejercido sus oficios; así como tampoco, a los demás funcionarios de la administración de justicia, aquellas pretensiones que fuesen de la competencia del juzgado o tribunal en que sirviesen (art. 1442, CCiv.).

85. Transformación

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a) La pretensión se transforma cuando, mediante un acto unitario, tiene lugar la alteración de alguno de sus elementos objetivos (objeto o causa)(113). La configuración de esta vicisitud de la pretensión queda excluida, por consiguiente, siempre que la alteración sólo afecte a los sujetos activo o pasivo de aquélla, por cuanto, en tal hipótesis, no existe un acto unitario, sino que se producen, en realidad, dos actos procesales independientes, o sea, un desistimiento de la anterior pretensión y la formulación de otra distinta, sea por el nuevo actor o frente al nuevo demandado(114). b) Existirá transformación de la pretensión, por lo pronto, siempre que se modifique la base fáctica que la sustenta, lo que ocurriría, por ejemplo, si alegada originariamente por el actor su condición de propietario, aquél invocase luego su calidad de usuario o usufructuario, o si habiéndose atribuido al demandado la calidad de inquilino, se pretendiera después atribuirle el carácter de subinquilino. También se configura la situación que analizamos cuando se modifica el objeto inmediato o mediato de la pretensión. Tal lo que ocurriría, por ejemplo, si primero se hubiese solicitado la declaración de rescisión de un acto jurídico y posteriormente su nulidad, o si se pidiese que el pronunciamiento recaiga sobre una cosa distinta a la primitivamente reclamada. No implicaría transformación de la pretensión, en cambio, el pedido de un pronunciamiento de entidad inferior al originariamente solicitado (v.gr., simple declaración en lugar de condena a una prestación) o la reducción cuantitativa del objeto mediato (v.gr., una indemnización inferior a la pedida con anterioridad), siempre que, en uno u otro caso, no se produzca una alteración de la causa. Lo que en tales hipótesis ocurre es, en realidad, un desistimiento parcial de la primitiva pretensión(115). Tampoco configuran una transformación de la pretensión las alteraciones introducidas en la fórmula en que se manifiesta su objeto, con el fin de mejorarlo o hacerlo más comprensible, ni la eliminación de los errores simplemente materiales de que adolezca el escrito en que la pretensión se contiene(116). c) La transformación de la pretensión, de conformidad con el Código Procesal de la Nación y los códigos provinciales que a él se han adaptado, sólo es admisible, con relación a la causa y al objeto inmediato, en tanto el demandado no haya sido notificado de la demanda. El principio se halla consagrado por el art. 331 del mencionado ordenamiento con referencia a la pretensión contenida en la demanda mediante la cual se inicia el proceso ordinario: "el actor podrá modificar la demanda —expresa dicha norma— antes de que ésta sea notificada". En lo que concierne, en cambio, a la transformación del objeto mediato de la pretensión, la norma citada dispone: "Podrá, asimismo (el actor), ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de una misma obligación" y agrega que "se considerarán comunes a la

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ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con el traslado a la otra parte". A un criterio análogo, aunque con ciertas variantes, responde el Código de la provincia de Santa Fe, cuyo art. 135 dispone lo siguiente: "El demandante no podrá variar la acción entablada después de haber sido contestada la demanda, pero podrá ampliar o moderar la petición siempre que se funde en hechos que no impliquen un cambio de acción". Agrega el art. 136 del mismo Código: "La ampliación autorizada por el artículo anterior no será sustanciada especialmente y podrá hacerse en cualquier estado de la causa hasta la citación para sentencia; pero si se fundare en hechos no alegados en la demanda, deberá formularse hasta tres días después de la apertura a prueba, en que se dará un nuevo traslado, por tres días, al demandado" (en el mismo sentido se halla redactado el art. 180 del Código de Córdoba). En nuestro entender, la "ampliación" a que se refieren la norma precedentemente transcripta y el segundo párrafo del art. 331 del Código Procesal de la Nación configuran, en rigor, una alteración en el objeto mediato de la pretensión y, por lo tanto, una verdadera transformación que, principalmente por razones de economía procesal, se halla sujeta a un régimen específico(117). Además, dicha norma contempla, en su última parte, lo mismo que el apartado segundo del art. 331 del Código Procesal de la Nación, un supuesto de integración de la pretensión. Bajo el título "modificaciones de la demanda y del responde", el art. 171 del Código Procesal Civil de la provincia de Mendoza preceptúa: "Modificaciones de la demanda y del responde. Mientras no se haya decretado el traslado de la demanda o de la reconvención, el actor o el demandado, según el caso, podrán modificarlas o ampliarlas". Como se advierte, esta norma fija a la facultad de transformar la pretensión un límite temporal distinto al establecido por el Código Procesal de la Nación y por los Códigos de Santa Fe y Córdoba, que es el que también admitía la jurisprudencia de los tribunales nacionales con anterioridad a la promulgación del primero de los citados ordenamientos(118). A nuestro juicio el referido límite debe estar dado, como lo hace el Código Procesal de la Nación, por la notificación de la demanda, pues es a partir del momento correspondiente a ese acto en que el demandado adquiere el derecho a obtener el pronunciamiento de una sentencia sobre el tema propuesto por el actor. La razón de ser del principio limitativo en cuanto a la oportunidad en que cabe transformar la pretensión reside, fundamentalmente, tanto en la necesidad de mantener el buen orden del proceso como en la de impedir que la defensa del demandado resulte entorpecida o dificultada a raíz de nuevos planteamientos que lo coloquen en la imposibilidad de adoptar una línea defensiva determinada(119). d) La transformación de la pretensión es admisible, aun después de producida la notificación del traslado de la demanda cuando el demandado 259   

acepta, expresa o implícitamente, planteamientos introducidos por el actor(120).

debatir

los

nuevos

La jurisprudencia, asimismo, ha admitido en ciertos casos la ampliación cuantitativa del objeto mediato de la pretensión, aun cuando el pedido fuese formulado con posterioridad a la mencionada etapa procesal. En materia de expropiación, por ejemplo, se decidió que si bien no debe acordarse mayor indemnización que la requerida por el propietario en la contestación a la demanda, ello no obsta para que, cuando haya transcurrido un dilatado lapso entre la fecha en que se produjo ese acto procesal y la fecha de la desposesión el expropiado, con posterioridad a esta última diligencia, aumente su anterior reclamo sobre la base de la valorización del bien ocurrida durante dicho lapso(121), y con respecto a la desvalorización monetaria, se ha resuelto que ella puede ser invocada hasta la oportunidad de presentar el alegato(122). Cabe, asimismo, recordar que el art. 331 del Código Procesal de la Nación autoriza al actor a ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia se opera el vencimiento de nuevos plazos o cuotas de una misma obligación(123). Es fácil advertir, sin embargo, que en todos esos casos la transformación no es susceptible de alterar sustancialmente la postura defensiva del demandado.

86. Integración a) Existe integración de la pretensión cuando, sin alterarse ninguno de sus elementos constitutivos, se incorpora al proceso una o más circunstancias de hecho tendientes a confirmar o complementar su causa. b) A esta vicisitud de la pretensión se refieren las leyes procesales en tanto disponen que, cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o la reconvención ocurriese o llegase al conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco días después de notificada la audiencia prevista en el art. 360 (v.gr., art. 365, CPCCN). La integración de la pretensión puede también tener lugar en segunda instancia, determinando su apertura a prueba, cuando las partes aleguen algún hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista para su alegación en primera instancia (v.gr., art. 260, inc. 5º, ap. a], CPCCN). c) Los "hechos nuevos" a que aluden las normas precedentemente citadas deben hallarse encuadrados dentro de los términos de la causa de la pretensión que es objeto del proceso, pues de lo contrario aquélla resultaría no integrada, sino transformada. Un ejemplo corriente, que 260   

ilustra sobre el punto, es el relativo a la inadmisibilidad del hecho nuevo no comprendido en la causal de divorcio alegada oportunamente por el litigante que lo invoca(124).

V. EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN

87. Medio normal a) Normalmente, la pretensión procesal se extingue mediante el pronunciamiento de la sentencia que la actúa o que deniega su actuación(125). En tanto la declaración de voluntad que dicho acto decisorio contiene viene a satisfacer la pretensión, es obvio que él también provoca la extinción del proceso, pues entonces éste pierde su razón de ser en virtud de la desaparición de su objeto. b) Corresponde diferenciar, sin embargo, los casos en que la sentencia rechaza la actuación de la pretensión por no concurrir algún requisito intrínseco de admisibilidad, o bien, llega a pronunciarse sobre su fundabilidad, cualquiera que sea el resultado (positivo o negativo) a que el órgano procesal arribe respecto de dicho extremo, de aquellos casos en que el acto decisorio rechaza la actuación de la pretensión en razón de carecer ésta de algún requisito extrínseco de admisibilidad. El ordenamiento jurídico, en efecto, atribuye a las sentencias del primer grupo cierta cualidad en cuya virtud resulta inadmisible la proposición eficaz de la misma pretensión en otro proceso (cosa juzgada)(126). En cambio, las sentencias que declaran la inadmisibilidad de la pretensión por la falta de algún requisito extrínseco no impiden que la misma pretensión, obviadas las deficiencias de que adolecía, sea nuevamente propuesta o adquiera ulterior eficacia(127).

88. Medios anormales Junto con la sentencia, existen medios anormales de extinción de la pretensión y, por lo tanto, del proceso, los cuales pueden agruparse en 261   

dos categorías según que posibiliten, o no, la reproducción de aquélla en un proceso posterior. A la primera pertenecen el desistimiento de la pretensión y la caducidad de la instancia; a la segunda, el desistimiento del derecho, la transacción y la conciliación.

VI. CLASES DE PRETENSIONES

89. Criterios clasificatorios Las pretensiones procesales pueden clasificarse, fundamentalmente, atendiendo a dos puntos de vista: el que se refiere a la índole del pronunciamiento que persiguen y el que se basa en la naturaleza del derecho material invocado como fundamento de ellas. De acuerdo con este criterio puede hablarse, por un lado, de pretensiones de conocimiento, de ejecución y cautelares, y, por el otro, de pretensiones reales y personales. Ambos grupos serán estudiados separadamente, sin perjuicio de aludir, después, a otras clasificaciones.

90. Pretensiones de conocimiento Son pretensiones de conocimiento aquéllas mediante las cuales se solicita al órgano procesal que dilucide y determine el contenido y el alcance de una situación jurídica. Esta clase de pretensiones admite, a su vez, una subclasificación basada en los distintos tipos de sentencias que pueden conducir a ese resultado y que permiten distinguir entre pretensiones declarativas, de condena y determinativas.

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A) Pretensiones declarativas a) Llámanse pretensiones declarativas a las que tienden a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, la eficacia, la modalidad o la interpretación de una relación o estado jurídico(128). b) Junto con toda pretensión de conocimiento existe, sin embargo, una pretensión declarativa, pues la sentencia que satisface una pretensión de condena o una pretensión determinativa contiene, necesariamente, una declaración previa acerca de la relación jurídica controvertida, de la que surgirá la existencia o la inexistencia de los derechos u obligaciones de que se trate; de allí que la característica fundamental de este tipo de pretensiones consista en la circunstancia de que la mera declaración de certeza resulta suficiente para satisfacer el interés de quien las propone(129)y, por lo tanto, para agotar el cometido de la función jurisdiccional. c) Las pretensiones declarativas pueden ser positivas o negativas según que, respectivamente, se basen en la afirmación de un efecto jurídico favorable al actor o en la inexistencia de un efecto jurídico favorable a la otra parte. Son, por ejemplo, pretensiones declarativas positivas, la pretensión declarativa de adquisición de propiedad por prescripción (arts. 24 y 25, ley 14.159), la de reclamación de filiación (CCiv. y Com., arts. 576 a 587), la de pago por consignación (CCiv. y Com., arts. 904 y ss.), etcétera. Son negativas, la pretensión negatoria (CCiv. y Com., art. 2248), la de nulidad de un acto jurídico (CCiv. y Com., arts. 386 a 392), la de falsedad de un instrumento público (CCiv. y Com., art. 296). Corresponde también incluir entre las pretensiones declarativas negativas a la pretensión de jactancia que reglamentaban los arts. 425432 del derogado Código de Procedimiento de la Capital Federal, por cuanto la falta de ejercicio de la pretensión por parte del jactancioso, en los supuestos en que éste "se negare a hacer la manifestación, la hiciere ambiguamente o reconociere la verdad de lo expuesto" por el provocante, llevaba aparejada la declaración de caducidad del derecho pretendido por aquél (art. 428)(130). Igualmente cabe considerar comprendida en esta categoría a la pretensión de inconstitucionalidad que acuerdan los arts. 683 al 688 del Código Procesal de Buenos Aires a todos aquellos que se encuentren comprendidos y a quienes deban aplicarse disposiciones contenidas en leyes, decretos o reglamentos dictados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, municipalidades, corporaciones u otras autoridades públicas, y se consideren agraviados por ser dichas disposiciones contrarias a derechos, exenciones o garantías que estén acordadas por alguna cláusula de la Constitución. En lo que atañe a los preceptos contenidos en las leyes nacionales, por el contrario, la Corte Suprema nacional tiene reiteradamente decidido que 263   

ellos no son susceptibles de impugnación directa mediante una pretensión declarativa de inconstitucionalidad, por cuanto los tribunales nacionales se hallan inhabilitados para emitir declaraciones de esa naturaleza en tanto la aplicación de dichos preceptos no haya dado lugar a un litigio para cuyo fallo se requiera la revisión de algún punto constitucional(131). d) Con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal de la Nación, la legislación procesal en el orden nacional no contenía una norma explícita que definiera a la pretensión declarativa(132), aunque esa circunstancia no obstó, sin embargo, a su admisión por vía jurisprudencial(133). El vacío fue cubierto por el art. 322 del Código Procesal de la Nación que prescribía, en su primer apartado: "Podrá deducirse la acción (pretensión) que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, el alcance o las modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor, y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente"(134). Entre los requisitos de la pretensión declarativa figura, ante todo, el de que el estado de incertidumbre que la fundamenta derive de circunstancias de hecho que objetivamente apreciadas revistan suficiente aptitud para provocar un daño(135). De lo contrario, el sujeto activo carecería de interés para deducirla. Ese interés existirá, por ejemplo, si en razón de discreparse acerca de la existencia de un contrato o de su validez, una de las partes se ve impedida de disponer del bien sobre el cual aquél versa; si alguien se jacta de ser titular de un derecho sobre el bien de un tercero, etcétera(136). Además, la admisibilidad de la pretensión declarativa se halla supeditada a la inexistencia de otra vía legal para hacer cesar la incertidumbre(137). Una modalidad particular de las pretensiones declarativas se halla representada por las llamadas pretensiones constitutivas, las cuales se configuran toda vez que, según la ley, la incertidumbre sobre la existencia, la validez, etcétera, de una relación o estado jurídico debe ser eliminada, insustituiblemente, a través de una declaración judicial(138). Como ejemplos de esta clase de pretensiones, figuran las de declaración de restricciones a la capacidad, de adopción, de divorcio, de nulidad de matrimonio, etcétera. Un considerable sector de la doctrina define a la pretensión constitutiva como aquélla que persigue el pronunciamiento de una sentencia que cree, modifique, o extinga una relación o estado jurídico y le atribuye autonomía frente a los restantes tipos de pretensiones. Generalmente, para diferenciar las pretensiones constitutivas de las meramente declarativas, los autores analizan los efectos de las sentencias 264   

a que cada una de ellas puede dar lugar y observan que mientras las sentencias declarativas se limitan a reconocer o hacer explícita una situación jurídica preexistente, a la que sólo suministran certeza, las sentencias constitutivas establecen un estado jurídico nuevo, o sea, inexistente con anterioridad al pronunciamiento del fallo. Pero a tal conclusión cabe oponer el hecho de que toda sentencia, como norma jurídica individual, constituye siempre la fuente de una nueva situación jurídica, desde que sólo mediante ella existe la concreta realidad de sus efectos, cualesquiera que ellos sean(139). También ha creído encontrarse una nota distintiva entre ambos tipos de pretensiones en la circunstancia de que las sentencias dictadas con motivo de la interposición de una pretensión constitutiva sólo proyectan sus efectos hacia el futuro (ex nunc)(140). Sin embargo, existen sentencias constitutivas que rigen ex tunc, como ocurre en ciertos supuestos de nulidad de matrimonio (arts. 88 y 89 de la derogada Ley de Matrimonio Civil). De allí que, a nuestro juicio, el criterio diferenciador debe atenerse, exclusivamente, a la irremplazabilidad de la sentencia judicial para la obtención de los efectos jurídicos perseguidos por el autor de la pretensión. En consecuencia, corresponderá hablar de pretensión constitutiva siempre que, para lograr la eliminación de la incertidumbre sobre la existencia y la inexistencia de una relación o estado jurídico, se halle legalmente excluida la autocomposición del conflicto por obra de las partes y resulte, por lo tanto, imprescindible una declaración judicial(141). De esto se sigue, naturalmente, que la configuración de este tipo de pretensiones debe necesariamente referirse a lo que en cada caso determine el ordenamiento jurídico. e)(142)La ley 25.488 reprodujo, con excepción de su segundo párrafo, el texto del art. 322 del Código Procesal de la Nación en su anterior versión. La denominada acción declarativa, por lo tanto, quedó sujeta a los mismos requisitos de admisibilidad exigidos por las leyes 17.454 y 22.434, es decir: 1º) existencia de un estado de incertidumbre sobre la existencia, el alcance o las modalidades de una relación jurídica; 2º) que esa falta de certeza sea susceptible de producir un perjuicio o lesión actual al actor; 3º) que éste no disponga de otro medio legal para remediar de inmediato ese perjuicio. f) El ordenamiento procesal vigente suprimió, en cambio, el párrafo segundo de esa norma, en concordancia con la eliminación del llamado juicio sumario como eventual alternativa de sustanciación de la pretensión de que se trata. Dispone, en efecto, la actual versión de ese párrafo, que el juez resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, de modo que se coloca en la hipótesis de que el actor 265   

haya adecuado su demanda a los requisitos del proceso ordinario o del sumarísimo, pues en ambos supuestos debe ofrecerse la totalidad de la prueba en el escrito inicial. g) El párrafo final del art. 322 disponía que la mencionada providencia no era recurrible, pero la ley 22.434 lo suprimió en concordancia con el principio general de irrecurribilidad consagrado por el art. 319, apartado segundo, del Código Procesal de la Nación. h) Éste es lugar propicio, finalmente, para recordar que era reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, según se destacó supra, nro. 90, A), c), que los preceptos contenidos en las leyes nacionales no resultaban susceptibles de impugnación directa mediante una pretensión declarativa de inconstitucionalidad, por cuanto los tribunales nacionales se hallan inhabilitados para emitir declaraciones de esa naturaleza en tanto la aplicación de dichos preceptos no haya dado lugar a un litigio para cuyo fallo se requiera la revisión de algún punto constitucional(143). El rigor de esa doctrina que erróneamente supeditó la existencia de caso contencioso al requerimiento de una sentencia de condena comenzó a atemperarse a partir del precedente registrado en Fallos 307:1379, originado en un caso en el cual, a raíz de una ley de la provincia de Santiago del Estero que fijó tasas sobre el precio de las naftas y del gasoil, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a través de comunicaciones telegráficas, hizo saber a aquélla que, frente al caso de aplicarse la ley citada, se abstendría de proveer carburantes y productos, e impondría sanciones. Expresó entonces el tribunal, en los considerandos 4º y 5º: "Que, como se advierte, la provincia persigue una declaración preventiva que impida que, en la oportunidad de ponerse en vigencia la ley que dictó su legislatura, el Estado nacional concrete las medidas anticipadas en los telegramas mencionados anteriormente y que funda en las normas legales citadas. Se está, por consiguiente, frente a una solicitud de declaración de certeza, porque no tiene carácter simplemente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa, sino que responde a un 'caso', y busca precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto. Que en esas condiciones la acción declarativa regulada en el art. 322 del Código Procesal constituye un recaudo apto para evitar el eventual prejuicio denunciado por la actora y que derivaría de la suspensión del suministro de combustible, toda vez que provee a la definición, ante los estrados del tribunal, de una relación jurídica discutida o incierta. En efecto, la sola manifestación de la entidad nacional de ejercer las medidas que expone en sus telegramas revela la existencia, en el caso de la demandante, de un interés real y concreto susceptible de protección legal actual. Se configuran, de tal suerte, las exigencias que la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró en algún caso: a) actividad administrativa que afecta un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; y c) que aquella 266   

actividad tenga concreción bastante (in re 'Aetna Life Insurance Co. v. Havorth', 300, US, 227)"(144). La Corte ha mantenido posteriormente ese criterio y, con fundamento en él, consideró reunidos los requisitos de admisibilidad que determina el art. 322, CPCCN, para la procedencia de la pretensión declarativa, entre otros casos, si se la promovió con apoyo en la pretendida inconstitucionalidad de la ley 10.427 de la provincia de Buenos Aires, en cuanto esta legislación configuraba una violación directa a la ley nacional 18.037 y a la Constitución Nacional porque obligaría a suplantar el régimen previsional implantado en el orden nacional por el sistema local(145); o en el caso en el que el procurador del Tesoro de la Nación demandó a la provincia de Santiago del Estero a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 5379 y del decreto 3017, de esa provincia, en razón de vulnerar normas de carácter federal que regulan el Plan Alimentario Nacional(146); o si se la dedujo con especial fundamento en la pretendida inconstitucionalidad del art. 118 del Código Fiscal de Buenos Aires en cuanto grava con el impuesto a los ingresos brutos a los servicios de remolque que la actora lleva a cabo en zonas portuarias por comportar una violación directa del art. 67, inc. 12, de la Constitución Nacional (actual art. 75, inc. 13)(147); o si se la promovió contra una disposición normativa de la Dirección Provincial de Rentas de Buenos Aires dictada con posterioridad al requerimiento formulado por la actora al referido organismo, por lo que aparece prima facie como una respuesta negativa a su pretensión de ser excluida de la carga de actuar como agente de retención del impuesto sobre los ingresos brutos(148). El tribunal, asimismo, ha puntualizado que no obsta a la modalidad procesal analizada la invocación del principio fiscal del solve et repete(149).

B) Pretensiones de condena a) Denomínanse pretensiones de condena a aquellas mediante las cuales se reclama el pronunciamiento de una sentencia que imponga al demandado el cumplimiento de una prestación (de dar, de hacer o de no hacer) a favor del actor(150). b) Es éste el tipo de pretensión de más frecuente uso, y en ella fijaron primordialmente su atención quienes, durante el siglo pasado, al concebir a la acción como un elemento o como una función del derecho subjetivo material, consideraban que la existencia de aquélla se hallaba supeditada a la efectiva lesión de un derecho de esa naturaleza (supra, nro. 74). A esa circunstancia obedeció, asimismo, el hecho de que los códigos antiguos, al reglamentar las formas y el contenido de las sentencias, sólo 267   

preveían, expresamente, la posibilidad de que el juez condenara o absolviera de la demanda en el todo o en parte (v.gr., arts. 216 y 259 de los derogados Códigos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente). c) Aparte de declarar la existencia del derecho a una prestación y el incumplimiento de ésta por parte del sujeto obligado, la sentencia dictada como consecuencia del planteamiento de una pretensión de condena hace explícita la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento y configura, por ello, un título ejecutivo que puede ser hecho valer, por el acreedor, como fundamento de una nueva pretensión tendiente a obtener la realización coactiva de su derecho(151). d) Algunas leyes procesales admiten la interposición de pretensiones de condena aun cuando no medie la lesión actual de un derecho subjetivo, con la finalidad de asegurar al actor el goce de un beneficio en una época determinada o de prevenir el eventual incumplimiento de ciertas obligaciones por parte del demandado con posterioridad al pronunciamiento del fallo. Se trata de las denominadas pretensiones de condena a una prestación futura. A la primera de dichas finalidades obedecen las normas contenidas en algunos Códigos Procesales argentinos (Santa Fe, art. 518; Córdoba, arts. 750 y 755; La Rioja, ley 3660; Mendoza, art. 399 bis, aps. 12 y 14), de acuerdo con las cuales es admisible la promoción del juicio de desalojo antes del vencimiento del término establecido en el contrato de locación, siempre que la sentencia que ordene el desahucio se cumpla con posterioridad al vencimiento del término(152). Dichas normas constituyen los antecedentes del art. 688 del Código Procesal de la Nación. Con relación a la segunda de las finalidades mencionadas, el parágrafo 258 de la Ordenanza Procesal Civil alemana dispone que, en caso de reclamación de prestaciones periódicas, podrán también demandarse los plazos exigibles después de dictada la sentencia, para que se satisfagan cuando corresponda; y el parágrafo siguiente prescribe que se podrán demandar prestaciones exigibles en el futuro cuando las circunstancias justifiquen el temor de que el deudor tratará de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones al tiempo debido. La jurisprudencia de los tribunales de la Capital Federal se ha pronunciado, en ciertos casos, en sentido favorable a la admisión de pretensiones similares a las que contempla el parágrafo 258 de la Ordenanza Procesal alemana. Se decidió, v.gr., que corresponde hacer lugar a la demanda comprensiva de los alquileres que se devenguen hasta la desocupación del inmueble locado(153)y que la sentencia que condena a pagar alimentos surte efectos respecto de las cuotas que venzan con posterioridad a ella(154).

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C) Pretensiones determinativas o específicas Son, finalmente, pretensiones determinativas o especificativas, aquellas mediante las cuales se pide al órgano judicial que fije los requisitos o las condiciones a que quedará supeditado el ejercicio de un derecho. Tienden, en otras palabras, a la complementación o integración de ciertas relaciones jurídicas cuyos elementos o modalidades no se encuentran determinados o especificados por completo(155). Como ejemplos de este tipo de pretensiones cabe mencionar la pretensión de fijación del plazo en los términos del art. 871 del CCiv. y Com.(156); la que persigue la determinación de un régimen de comunicación respecto de hijos, etcétera.

91. Pretensiones de ejecución a) Llámanse pretensiones de ejecución a las que tienen por objeto hacer efectiva la sanción impuesta en una sentencia de condena (título ejecutivo judicial) u obtener el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los instrumentos a los que la ley acuerda una presunción de legitimidad (títulos ejecutivos extrajudiciales). b) La pretensión ejecutiva reviste, en cuanto a sus efectos inmediatos, una característica que la diferencia de las pretensiones que pueden originar un proceso de conocimiento. Dicha característica reside en la circunstancia de que mientras la pretensión de conocimiento produce, como efecto inmediato, la posibilidad de que el sujeto pasivo la contradiga mediante el planteamiento de oposiciones no limitadas en cuanto a su alcance y contenido, la pretensión ejecutiva incide en forma inmediata sobre el patrimonio del deudor, a través del cumplimiento de las medidas coactivas previstas por la ley, sin que resulte necesaria la previa provocación del contradictorio(157). Ello, sin embargo, es sin perjuicio de que, en una etapa ulterior de conocimiento, el ejecutado deduzca determinadas oposiciones al progreso de la ejecución.

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92. Pretensiones cautelares a) Denomínanse pretensiones cautelares las que tienden a la obtención de una medida judicial que asegure el eventual cumplimiento de la sentencia de mérito a dictar en un proceso de conocimiento o de ejecución. b) No se trata, por consiguiente, de pretensiones autónomas, pues se encuentran necesariamente subordinadas a una pretensión principal ya deducida o próxima a deducirse. Ello no obstante, este tipo de pretensiones se halla sujeto a tres requisitos específicos que son: 1º) La verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal (fumus boni iuris). 2º) El temor fundado de que ese derecho se frustre durante la tramitación del proceso tendiente a tutelarlo. 3º) La prestación de una contracautela por parte del sujeto activo.

93. Pretensiones reales y personales a) Según lo anticipamos, la clasificación de las pretensiones en reales y personales atiende a la naturaleza del derecho real o personal, respectivamente, invocado como fundamento de la pretensión procesal(158). b) Desde el punto de vista procesal, la distinción entre pretensiones reales y personales reviste importancia práctica en los siguientes aspectos: 1º) La determinación de la competencia por razón del territorio: Sobre este particular, los códigos procesales establecen el principio según el cual mientras en las pretensiones reales sobre inmuebles es competente el juez del lugar de la situación de la cosa (v.gr., art. 5º, inc. 1º, CPCCN), en las pretensiones personales la competencia corresponde, cuando su origen es contractual, al juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, con tal de que aquél se halle en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación (v.gr., art. 5º, inc. 3º, CPCCN), y cuando su origen es delictual o cuasidelictual, al juez del lugar del hecho o al del domicilio del demandado, a elección del actor (v.gr., art. 5º, inc. 4º, CPCCN). 2º) El fuero de atracción: Tanto en el caso de sucesión por causa de muerte cuanto de concurso civil o comercial es competente el juez de los respectivos procesos universales para conocer de las pretensiones personales deducidas frente al causante o concursado. 3º) La eficacia de 270   

las sentencias extranjeras para ser cumplidas en el territorio nacional: Entre los requisitos que condicionan tal eficacia, figura el consistente en que la ejecutoria haya sido dictada como consecuencia de una pretensión personal o de una pretensión real sobre un bien mueble que haya sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero (v.gr., art. 517, inc. 1º, CPCCN). c) Las pretensiones personales mencionadas por tales normas son las que emergen de derechos personales de contenido patrimonial, a los que también se denomina derechos de crédito o creditorios y cabe definir como aquellos que se tienen respecto de una o varias personas determinadas que se hallan obligadas, frente al sujeto activo, a la entrega de una cosa (obligación de dar), o a la ejecución de un hecho (obligación de hacer), o de una abstención (obligación de no hacer). Sin embargo, dentro del concepto de "derechos personales" pueden incluirse tanto los derechos autopersonales o personalísimos (derechos a la vida, al honor, al nombre, a la libertad física, etc.) como los denominados derechos potestativos (derechos que corresponden al marido respecto de la mujer y viceversa, a los padres respecto de sus hijos, y a los tutores y curadores respecto de sus pupilos). A estos últimos se refiere el Código Civil cuando reglamenta "los derechos personales en las relaciones de familia" (Sección II del Libro I). Asimismo, dicho código y sus leyes complementarias fijan reglas de competencia respecto de las pretensiones de Estado fundadas en ese tipo de derechos, como sucede, por ejemplo con la pretensión de fijación del plazo en los términos del art. 871 del CCiv. y Com.; la que persigue la determinación de un régimen de comunicación respecto de hijos, etc. Tanto a las pretensiones personalísimas como a las de Estado les son aplicables, en lo compatible y a falta de normas expresas, las reglas establecidas respecto de las pretensiones personales de contenido patrimonial(159). Lo mismo cabe decir con relación a las pretensiones fundadas en derechos intelectuales e industriales, por cuanto si bien éstos, como los derechos reales, se tienen contra un número indeterminado de personas y revisten, por lo tanto, carácter absoluto, se diferencian de aquéllos en la circunstancia de que no atañen al poder sobre una cosa material en particular, sino que se traducen en la facultad de impedir que otras personas reproduzcan o imiten el género de cosas que sólo el titular del derecho puede producir(160). d) De acuerdo con una antigua tradición que se remonta a las Institutas de Justiniano, se habla también de pretensiones mixtas para caracterizar a aquellas mediante las cuales se hace valer un derecho de crédito y un derecho real que han nacido de una misma operación jurídica. Sin embargo, como lo señala Alsina, este tipo de presentaciones no existe en nuestro derecho: las que se ponen como ejemplo —añade dicho autor— constituyen, en realidad, dos pretensiones, de las cuales una es, necesariamente, accesoria de la otra. Tal es lo que ocurre con la 271   

pretensión del acreedor hipotecario, la cual está formada por la pretensión personal para el cobro del crédito y la pretensión real que nace de la hipoteca(161).

94. Otras clasificaciones Atienden, principalmente, a la relación existente entre dos pretensiones, a la circunstancia de que éstas tengan o no una designación específica y al alcance del tema que puede debatirse en los respectivos procesos. Se habla también, en consecuencia, de pretensiones principales y accesorias; de pretensiones nominadas e innominadas; y de pretensiones petitorias y posesorias.

95. Relaciones entre la pretensión civil y la pretensión penal a) Aun cuando pueden fundarse en un mismo hecho, la pretensión civil y la pretensión penal son, como principio, independientes: el desistimiento de la pretensión penal no impide el planteamiento eficaz de la pretensión civil tendiente al pago de la indemnización del daño causado por un delito(162). b) La oportunidad en que la pretensión penal se deduce incide, por otra parte, en el proceso civil. En efecto, si la pretensión penal hubiere precedido a la pretensión civil, o fuere intentada pendiente ésta, no puede haber condenación del acusado en el proceso civil antes de la condenación del acusado en el proceso penal(163). Ello no impide la deducción de la pretensión civil ni la prosecución del respectivo proceso, sino solamente que en éste se dicte sentencia antes de que recaiga un pronunciamiento en sede penal, pues esta decisión tiene efectos de cosa juzgada en el proceso civil. Las excepciones a este principio están previstas en el art. 1775 CCiv. y Com. en los siguiente términos: "Suspensión del dictado de la sentencia civil. Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos: a. si median causas de extinción de la acción penal; b. si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a

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ser indemnizado; c. si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad". c) Corresponde señalar, finalmente, que la pretensión civil resarcitoria es susceptible de ser planteada dentro del proceso penal (art. 29, CPen., derogatorio del art. 1096, CCiv.), siempre que la ley procesal atribuya competencia para ello a los tribunales represivos(164). La absolución del procesado por inexistencia de delito penal o porque no está comprometida la responsabilidad penal del agente no obsta a que el Tribunal Penal se pronuncie, en la sentencia, sobre la pretensión civil (doct. arts. 1774 y 1777, CCiv. y Com.).

CAPÍTULO VII - PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS SUMARIO: I. GENERALIDADES: 96. Concepto de proceso acumulativo.— 97. Modalidades. II. ACUMULACIÓN ORIGINARIA DE PRETENSIONES: 98. Clases.— 99. Acumulación objetiva de pretensiones.— 100. Acumulación subjetiva de pretensiones. III. ACUMULACIÓN SUCESIVA PRETENSIONES:

POR INSERCIÓN

DE

101. Distintos supuestos.— 102. Ampliación de demanda.— 103. Reconvención.— 104. Intervención excluyente y tercería. IV. ACUMULACIÓN SUCESIVA POR REUNIÓN DE PRETENSIONES (ACUMULACIÓN DE PROCESOS): 105. Concepto.— 106. Procedencia.— 107. Requisitos.— 108. Procedimiento.— 109. Efectos.— 110. Acumulación de procesos en la ley 22.434.

I. GENERALIDADES(1)

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96. Concepto de proceso acumulativo a) Siempre que concurran determinados requisitos, que analizaremos seguidamente, el proceso contencioso puede hallarse constituido por una pluralidad de objetos, o sea, por más de una pretensión. Cuando ello ocurra, estaremos en presencia del llamado proceso acumulativo o por acumulación al que cabe definir como aquel que sirve para la satisfacción de dos o más pretensiones(2). b) En líneas generales, la justificación del proceso acumulativo reside en dos tipos de fundamentos: uno atiende a la reducción de tiempo, esfuerzo y dinero que comporta el tratamiento conjunto de dos o más pretensiones que, de otro modo, darían lugar a diferentes procesos; el otro tiene en mira la necesidad de evitar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios a que puede conducir la sustanciación de pretensiones conexas en procesos distintos. En el primer caso, como señala Carnelutti(3), se obtiene una ventaja desde el punto de vista de la economía; en el segundo, en el de la justicia o de la certeza.

97. Modalidades El fenómeno de la acumulación de pretensiones dentro de un mismo proceso se presenta, fundamentalmente, bajo dos modalidades: la originaria y la sucesiva, las cuales tienen lugar según que, respectivamente, las pretensiones se propongan conjuntamente desde el comienzo del proceso (generalmente en la demanda), o durante el transcurso de éste a la pretensión originaria se agreguen o incorporen otra u otras. A su vez, dentro de la acumulación sucesiva corresponde distinguir la acumulación por inserción de la acumulación por reunión. La primera de dichas modalidades se opera cuando una nueva pretensión se incorpora, ex novo, dentro de un proceso ya pendiente para la satisfacción de otra. La segunda tiene lugar cuando, existiendo diversas pretensiones que se han hecho valer en otros tantos procesos, éstos se funden en uno solo.

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II. ACUMULACIÓN ORIGINARIA DE PRETENSIONES

98. Clases a) Según se atienda simplemente a la pluralidad de pretensiones, o, además, a la pluralidad de sujetos activos o pasivos que las deducen o frente a quienes se deducen, cabe distinguir entre dos clases de acumulación originaria de pretensiones: la objetiva y la subjetiva. b) Dicha terminología, sin embargo, no es del todo apropiada, pues como observa Guasp, no existe acumulación procesal verdadera que no revista carácter objetivo(4); de allí que se haya propuesto reemplazar las mencionadas designaciones por las de acumulación por conexión subjetiva y acumulación por conexión objetiva, respectivamente, por cuanto la razón que justifica a la llamada acumulación objetiva reside en el hecho de la identidad de partes entre dos o más pretensiones, y el fundamento de la llamada acumulación subjetiva se encuentra en la circunstancia de que las distintas pretensiones tienen en común uno o ambos de sus elementos objetivos, vale decir, la causa o el objeto(5). Corresponde reparar, no obstante, en el hecho de que en la denominada acumulación objetiva puede también mediar conexión de las pretensiones en virtud de la comunidad de los mencionados elementos y debe tenerse en cuenta, además, que la llamada acumulación subjetiva siempre entraña, aparte de ese tipo de conexión, pluralidad de sujetos activos o pasivos (litisconsorcio). Por ello, y en razón del profundo arraigo con que cuenta en la doctrina y la jurisprudencia nacionales, adoptaremos, aunque conscientes de su imperfección, la terminología utilizada al comienzo.

99. Acumulación objetiva de pretensiones

A) Concepto y fundamento

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a) La acumulación objetiva de pretensiones es la reunión, en una misma demanda, de las distintas pretensiones que el actor tenga contra el demandado, realizada con el objeto de que sean sustanciadas y decididas en un proceso único. b) Puesto que la institución responde exclusivamente a la razón de economía de tiempo, actividad y gastos que significa el tratamiento conjunto de diversas pretensiones que reconocen como sujeto activo al mismo actor y como sujeto pasivo al mismo demandado, la admisibilidad de este tipo de acumulación no se halla supeditada al requisito de que medie, entre esas pretensiones, un vínculo de conexidad por la causa o por el objeto. El Código Procesal de la provincia de Jujuy pone el acento en esa circunstancia cuando dispone que la acumulación es admisible aunque las pretensiones "se funden en distintos motivos..." (art. 297)(6).

B) Requisitos a) El Código Procesal de la Nación se refiere a los requisitos que debe reunir la acumulación objetiva en el art. 87 según el cual "antes de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las acciones (pretensiones) que tuviere contra una misma parte, siempre que: 1º) no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra; 2º) correspondan a la competencia del mismo juez; 3º) puedan sustanciarse por los mismos trámites"(7). b) El primero de los requisitos establecidos por dicha norma, o sea, el de que las pretensiones no sean excluyentes, se justifica por la circunstancia de que, en caso contrario, aquéllas se destruirían mutuamente(8). Tal lo que sucedería, por ejemplo, si se demandase conjuntamente el cumplimiento y la rescisión de un contrato, o la nulidad de un testamento y la entrega de un legado establecido en él(9). La incompatibilidad entre las distintas pretensiones no obsta, sin embargo, a su acumulación condicional o eventual, modalidad que tiene lugar cuando se propone una pretensión como principal y otra a título subsidiario, a fin de que el juez conozca de esta última sólo en la hipótesis de desestimar la primera. En ese orden de ideas, la jurisprudencia —en base a los textos normativos de derecho privado derogados— ha declarado admisible la acumulación subsidiaria de las pretensiones de nulidad y simulación de acto jurídico(10); de tercería de dominio y de mejor derecho(11); de nulidad y de cumplimiento de contrato(12); etcétera.

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Junto con la mencionada modalidad de la acumulación objetiva, la doctrina y la jurisprudencia admiten también las denominadas sucesiva y alternativa. Tiene lugar la primera cuando una pretensión es deducida con la condición de que, previamente, sea acogida otra pretensión que actúa como presupuesto de ella: así, en el caso de una obligación sin plazo determinado, cabría acumular, al pedido de fijación judicial de plazo, la respectiva pretensión de condena(13); a la pretensión de nulidad de testamento sería admisible acumular la pretensión de petición de herencia ab intestato, etcétera. Existe acumulación alternativa cuando diversas pretensiones son propuestas para que una u otra sean estimadas. A diferencia de lo que ocurre en el caso de acumulación condicional, en esta hipótesis todas las pretensiones se deducen en vía principal, aunque condicionalmente, desde que cada una es propuesta en cuanto no sea estimada la otra(14). Un ejemplo de esta modalidad de la acumulación está dado por el reclamo tendiente al cumplimiento de una obligación alternativa (art. 782, CCiv. y Com.). Existen casos en los cuales, si bien la acumulación sería admisible de conformidad con los principios expuestos, ella se encuentra prohibida por la ley, como sucedía con la pretensión redhibitoria y la quanti minoris o en el supuesto del vendedor con pacto comisorio que demanda el pago del precio, a quien le estaba vedado, en adelante, demandar la resolución del contrato, ambos ejemplos del derogado régimen del Código Civil (arts. 2175 y 1375, inc. 3º, respectivamente). c) En virtud de lo dispuesto por el art. 87, inc. 2º, CPCCN, las pretensiones acumuladas deben corresponder a la competencia del mismo juez. La jurisprudencia tiene decidido que el requisito mencionado rige respecto de todas y de cada una de las pretensiones acumuladas(15), de manera que, tratándose por ejemplo de la competencia por razón del monto, ella no puede determinarse mediante la suma del valor de las distintas pretensiones, sino atendiendo al valor de cada una de ellas(16); de allí que la justicia ordinaria sea incompetente para conocer en la causa por cobro de distintas sumas individualmente comprendidas dentro de los límites de la competencia de la justicia especial en lo civil y comercial, aunque el total de ellas exceda dichos límites(17). Tal principio, sin embargo, no es aplicable en el supuesto de que las pretensiones acumuladas deriven de una misma causa(18). Tampoco procede la acumulación de pretensiones, cuyo respectivo conocimiento corresponda a jueces distintos por razón de la materia. No sería procedente, por lo tanto, la acumulación de una pretensión de naturaleza civil a una pretensión de naturaleza comercial(19), y de ninguna de ellas a una pretensión que correspondiese a la competencia de la justicia especial en lo civil y comercial(20). d) Por obvias razones de orden procesal, la ley exige también que las distintas pretensiones puedan sustanciarse en un mismo tipo de proceso. 277   

No cabría, en consecuencia, acumular una pretensión ejecutiva a una pretensión ordinaria(21), ni ésta a ninguna pretensión que se encuentre sometida a una clase especial de proceso (desalojo, tercería(22), interdicto, etc.). e) En el supuesto de que la acumulación no reúna los requisitos que el código exige, el demandado puede deducir la excepción de defecto legal(23)y, en el caso del art. 87, inc. 2º, del Código Procesal de la Nación, la de incompetencia(24).

100. Acumulación subjetiva de pretensiones a) Tiene lugar esta modalidad de la acumulación originaria toda vez que, entre más de un actor o demandado (acumulación activa y pasiva, respectivamente) o entre más de un actor y más de un demandado (acumulación mixta), se sustancian, en un proceso único, pretensiones conexas por la causa o por el objeto. b) La acumulación subjetiva de pretensiones se halla justificada no sólo por razones de economía procesal (como ocurre, según se ha visto, en el caso de la acumulación objetiva), sino, primordialmente, por la necesidad de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias y el consiguiente escándalo jurídico que fácilmente puede originar el tratamiento autónomo de pretensiones vinculadas por el mencionado tipo de conexión. c) Los Códigos argentinos antiguos no contemplaban esta especie de acumulación, aunque el vacío legal fue cubierto por obra de la jurisprudencia, que se valió para ello de la aplicación extensiva de los principios relativos a la acumulación objetiva, así como de las enseñanzas de la doctrina nacional y extranjera(25). d) El Código Procesal de la Nación, en cambio, siguiendo las pautas establecidas en algunos códigos provinciales(26), reglamenta esta institución en los siguientes términos: "Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones (pretensiones) sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez" (art. 88)(27). e) La doctrina suele distinguir la acumulación subjetiva propia de la impropia. Los autores italianos, por lo general, entienden que la acumulación propia supone la existencia de un vínculo de conexión material entre las distintas pretensiones, la cual puede derivar del título o causa (p. ej., la pretensión dirigida frente a varios deudores de una obligación divisible, solidaria o indivisible), o del objeto (p. ej., la pretensión de reivindicación interpuesta frente a varios poseedores de 278   

distintas partes de un mismo inmueble). La acumulación impropia, por el contrario, se funda en la existencia de un vínculo de mera afinidad entre las diversas pretensiones y se originaría toda vez que el litigio dependiese, total o parcialmente, de la resolución de idénticas cuestiones (art. 103, Código Procesal Civil italiano). Esta última modalidad se presentaría, por ejemplo, cuando el locador demanda a varios inquilinos por desalojo, invocando para ello el mismo hecho o la misma norma legal; o cuando varios contribuyentes reclaman la restitución de impuestos pagados en virtud de una misma interpretación equivocada por parte del fisco; o cuando varios acreedores demandan a un mismo deudor, aunque los distintos créditos sean autónomos y sea igual la pretensión (negativa) del deudor con respecto a todos los acreedores(28). La acumulación impropia no requiere, por lo tanto, la existencia de una verdadera conexión y se resuelve, como señala Satta(29), en una identidad de situaciones jurídicas que determina una convergencia de intereses en línea de mero hecho. Las opiniones de los autores nacionales no son coincidentes. Según Alsina(30), la acumulación propia se basa en la existencia de una relación jurídica sustancial con pluralidad de sujetos, en tanto que la acumulación impropia supone la existencia de varias relaciones jurídicas con elementos comunes a distintos sujetos, pudiendo referirse tal comunidad a la causa o al objeto de la pretensión. Fernández formula una distinción sustancialmente coincidente con la ya mencionada de la doctrina italiana(31), y en el mismo sentido parece inclinarse Podetti(32), aunque su posición no resulta suficientemente aclarada. Ninguno de los criterios precedentemente enunciados es, a nuestro juicio, totalmente satisfactorio, al menos en lo que a nuestro derecho positivo concierne. La "identidad de cuestiones", a que se refiere el art. 103 del Código Procesal italiano y sobre cuya base se ha elaborado el concepto de acumulación impropia, entraña siempre, en mayor o menor medida, la existencia de un vínculo de conexión, sea por el objeto (inmediato o mediato) o por la causa, entre las distintas pretensiones, según lo ponen en evidencia, por lo demás, los ejemplos que al respecto suministra la doctrina(33). Tampoco convence el criterio de distinción que propone Alsina y menos aún la consecuencia que de él extrae, en el sentido de que solamente en el caso de acumulación impropia cabe al demandado la facultad de solicitarla cuando las pretensiones se hayan deducido en procesos independientes. A los argumentos que dicho autor formula cabe replicar que es precisamente en las hipótesis que menciona como configurativas de acumulación propia (casos de obligaciones divisibles, solidarias e indivisibles) donde en mayor grado aparece acentuado el vínculo de conexión que adscribe como elemento característico a la acumulación impropia, y que, siendo la posibilidad de decisiones contradictorias, como hemos señalado, el fundamento primordial de la acumulación subjetiva, la petición de que ella se concrete 279   

constituye, en todos los casos, una facultad que pertenece tanto al actor como al demandado. Las razones expuestas nos inclinan a pensar que la aludida distinción entre acumulación propia e impropia carece de importancia práctica en nuestro derecho. La acumulación subjetiva procede, a nuestro juicio, siempre que las distintas pretensiones sean conexas en virtud de la causa, del objeto, o de ambos elementos a la vez, o sea, respectivamente, cuando se invoque como fundamento de ellas una misma relación jurídica o una misma situación de hecho, o cuando medie coincidencia respecto de la clase de pronunciamiento que se pide (objeto inmediato), y la cosa, hecho o relación jurídica sobre que dicho pronunciamiento debe versar (objeto mediato). f) Entre otros casos, la jurisprudencia ha admitido la acumulación subjetiva de pretensiones de varios contribuyentes que tienen por objeto repetir el pago de determinada contribución que se considera ilegal por el mismo motivo(34); las de daños y perjuicios intentadas contra el causante del accidente por los dos copropietarios del automóvil que sufrió los daños(35); las de indemnización por despido de varios obreros contra el fallido, cuando ellas reconocen la misma causa(36); etcétera (acumulación activa). El damnificado por un accidente puede acumular sus pretensiones contra el conductor del vehículo, contra el propietario del automóvil y contra el asegurador de los daños ocasionados(37); el propietario, las pretensiones de reivindicación contra los detentadores de distintas fracciones del mismo inmueble(38); el dueño del edificio que se acoge al beneficio legal de obtener el desalojo por demolición y nueva construcción puede acumular las pretensiones que le competen contra los distintos inquilinos(39); etcétera (acumulación pasiva). g) Existen, finalmente, ciertas cuestiones vinculadas con la acumulación subjetiva de pretensiones, como las referentes al litisconsorcio facultativo y a los efectos que aquélla produce sobre las reglas de competencia, las que serán estudiadas en el volumen segundo de esta obra.

III. ACUMULACIÓN SUCESIVA POR INSERCIÓN DE PRETENSIONES

101. Distintos supuestos 280   

a) Como se dijo supra, nro. 97, este tipo de acumulación tiene lugar cuando una nueva pretensión se incorpora, ex novo, dentro de un proceso ya pendiente para la satisfacción de otra. b) La inserción de la nueva pretensión puede provenir del primitivo actor, del primitivo demandado o de un tercero. Cada uno de esos casos engendra, respectivamente, las figuras de la ampliación de demanda, de la reconvención, de la intervención excluyente y de la tercería.

102. Ampliación de demanda a) Esta hipótesis se configura cuando el actor, en lugar de acumular todas las pretensiones que tiene frente al demandado en la demanda inicial, lo hace en un momento procesal posterior. El límite para ello está dado, sin embargo, por la notificación de la demanda (art. 87, CPCCN); cumplido este acto, el demandante pierde la facultad de proponer nuevas pretensiones dentro del mismo proceso(40). b) Se sigue de lo expuesto que la ampliación de demanda se halla sujeta a los mismos requisitos de la acumulación objetiva de pretensiones, la cual, por lo tanto, puede ser originaria o sucesiva según que, respectivamente, todas las pretensiones se acumulen en la demanda, o una o más de aquéllas se incorporen al proceso con posterioridad a ese acto, aunque antes de la notificación(41).

103. Reconvención a) La reconvención es la pretensión procesal de que se halla facultado para deducir el demandado frente al actor. Sólo puede interponerse en el mismo escrito de contestación a la demanda: "No haciéndolo entonces — expresa el art. 357, CPCCN— no podrá (el demandado) deducirla después, salvo su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio"(42). b) En virtud de revestir los caracteres de una verdadera pretensión, es aplicable a la reconvención lo que se ha dicho acerca de los elementos y los requisitos de la pretensión procesal (supra, nros. 77 y 80-82). Sin embargo, el hecho de tratarse de una pretensión que se inserta en un proceso ya pendiente determina que su admisibilidad se halle supeditada a los siguientes requisitos: 281   

1º) Que se deduzca en el mismo escrito de contestación a la demanda. No puede reconvenir, por lo tanto, quien no cumple ese acto procesal(43). 2º) Que corresponda, por razón de la materia, al juez que conoce de la pretensión inicial. Si ésta, por ejemplo, fuera de naturaleza comercial, no cabría el planteamiento de una reconvención de naturaleza civil, ni viceversa. En cuando a la competencia por razón del valor, corresponde formular la siguiente distinción: a) si el proceso tramita ante la justicia ordinaria (civil o comercial), y la reconvención no excede la competencia cuantitativa de la justicia especial en lo civil y comercial, ella sólo es admisible en el supuesto de mediar conexión con la pretensión inicial; b) si el proceso tramita ante la justicia especial en lo civil y comercial, puede deducirse pretensión reconvencional sin limitación en cuanto a su monto (art. 46, inc. 5º, dec.-ley 1285/1958(44)). En la provincia de Buenos Aires, por el contrario, los jueces de paz sólo pueden conocer de las reconvenciones que encuadren dentro de los límites de su competencia. Si la exceden, y media además conexión entre la pretensión inicial y la reconvención, el juez debe declararse incompetente para entender en ambas y remitir los autos al juez que deba conocer, prosiguiéndose las actuaciones ante éste (art. 3º, ley 9229). La reconvención, finalmente, importa una derogación de las reglas que rigen la competencia territorial, de manera tal que el actor no puede oponer al reconviniente la excepción de incompetencia fundada en el distinto domicilio. 3º) Que pueda sustanciarse por los mismos trámites que corresponden a la pretensión originaria, exigencia que responde, como en el caso de la acumulación objetiva, a obvias razones de orden procesal(45). 4º) Que se deduzca en vía principal y no en forma subsidiaria(46). c) Fuera de los requisitos particulares precedentemente mencionados, que serán objeto de más exhaustivo análisis en el volumen III de esta obra, los ordenamientos jurídicos argentinos no exigían que la reconvención guarde con la pretensión originaria otra conexión que la meramente personal(47). La jurisprudencia, sin embargo, fundada en que la admisión ilimitada de la facultad de reconvenir puede convertirse en un factor perturbador de la ordenada sustanciación de las causas e incompatible, por lo tanto, con la razón de economía procesal que justifica este tipo de acumulación, se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que la reconvención no procede cuando no guarda relación jurídica alguna con la pretensión originaria(48). d)(49)Como se señaló, en su versión originaria, el Código Procesal Civil de la Nación no requería que la reconvención guardara con la pretensión originaria, en el proceso sumario, otra conexión que no fuera la meramente personal. En cambio, el art. 487 imponía, como requisito de la reconvención en los procesos sumarios, el de que la pretensión reconvencional derivara de la misma relación jurídica, o sea, conexa con la invocada en la demanda. 282   

La ley 22.343 se limitó, con buen criterio, adoptando una línea jurisprudencial suficientemente consolidada, a extender el requisito de la conexidad a la reconvención deducida en el proceso ordinario y la ley 25.488, que suprimió el proceso sumario, mantuvo el mencionado principio en el art. 357.

104. Intervención excluyente y tercería En estos supuestos, la nueva pretensión proviene de terceros, o sea, de personas ajenas a las partes originarias, las cuales vienen a convertirse en sujetos pasivos de aquélla. Reservamos el estudio de estas instituciones para la oportunidad de analizar, en el capítulo pertinente, el tema relativo a la intervención de terceros.

IV. ACUMULACIÓN SUCESIVA POR REUNIÓN DE PRETENSIONES (ACUMULACIÓN DE PROCESOS)

105. Concepto a) Este tipo de acumulación se verifica a través de la unión material de dos o más procesos que, en razón de tener por objeto pretensiones conexas, no pueden ser sustanciados separadamente sin riesgo de conducir al pronunciamiento de decisiones contradictorias, e incluso de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada alcanzada por la sentencia dictada en cualquiera de ellos. b) Aunque en estos casos se habla de "acumulación de procesos", debe tenerse en cuenta que en la base de ellos existe, en rigor, una pluralidad de pretensiones, las cuales, al acumularse, determinan la unión material de los distintos procesos en los que aquéllas se hicieron valer.

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106. Procedencia a) Del concepto enunciado se sigue que la acumulación de procesos corresponde: 1º) Cuando es admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, o sea, siempre que éstas sean conexas por la causa, por el objeto o por ambos elementos al mismo tiempo(50). 2º) Cuando siendo el actor titular de diversas pretensiones conexas frente al demandado, aquéllas se hayan hecho valer en otros tantos procesos, sin haber tenido lugar, por consiguiente, su acumulación objetiva(51). 3º) Cuando el demandado, absteniéndose de la facultad de reconvenir, deduce, en otro proceso, una pretensión conexa a la interpuesta por el actor frente a él(52). b) Con anterioridad a la promulgación de la ley 14.237, la acumulación de procesos no se hallaba contemplada en los ordenamientos aplicables en la justicia nacional(53). No obstante, la jurisprudencia la había admitido cuando entre las mismas partes pendiesen juicios fundados en el mismo vínculo jurídico, o tendientes, en lo fundamental, a un mismo objeto, a fin de evitar que se dividiese la continencia de la causa(54). c) El Código Procesal de la Nación, siguiendo sustancialmente los lineamientos de la ley 14.237 y de algunos códigos provinciales dispone, en su art. 188, primer apartado, que "procederá la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación subjetiva de acciones, de conformidad con lo prescripto en el art. 88 y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros". d) Por aplicación del principio contenido en la norma citada, la jurisprudencia ha resuelto, entre otros casos —y siempre con base en los códigos civil y de comercio derogados—, que corresponde acumular: al juicio iniciado en primer término, las dos demandas que persiguen la reparación de los daños ocurridos en un accidente de tránsito: una iniciada por la víctima contra los responsables del hecho dañoso y la otra por uno de los responsables contra otro(55); en general, los procesos que tienen por objeto pretensiones tendientes al resarcimiento del daño producido por un mismo hecho ilícito(56); los dos procesos por divorcio iniciados casi simultáneamente ante el mismo juzgado por ambos cónyuges, si la esposa, que reiteró su demanda al reconvenir, aceptó la acumulación(57); el juicio relativo a la validez de un matrimonio al de petición de herencia, pues es forzoso que en este último debe juzgarse sobre el título con que se ha promovido(58); al juicio por fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación emergente de un contrato, el de rescisión de ese mismo contrato y daños y perjuicios(59); los dos juicios en los cuales se trata de demostrar que los actores revisten o no la alegada condición de 284   

locatarios(60); el juicio en que se demanda a un socio por cumplimiento de la cesión de todas sus cuotas en una sociedad de responsabilidad limitada, y el juicio en el cual el socio demandado reclama la disolución y la liquidación de la sociedad y la rendición de cuentas, pues en el caso de prosperar la pretensión deducida en el primer juicio, el actor del segundo proceso habría perdido su calidad de socio, que constituye uno de los presupuestos necesarios para la viabilidad de la pretensión allí deducida(61); el juicio en el que el sublocador pide el desalojo del sublocatario, al juicio en el que éste pide la exclusión del sublocador(62); el juicio que tiene por objeto la rescisión de un contrato por causa de incumplimiento, y el que versa sobre la nulidad de la prenda constituida en virtud del mismo y que garantizaba dicha operación(63); los dos procesos de posesión treintañal iniciados por dos poseedores distintos sobre un mismo inmueble(64); el juicio de escrituración iniciado por algunos compradores al iniciado por otro adquirente de un departamento en el mismo edificio, si en éste podrían presentarse idénticas situaciones de hecho, comunes con las de los litisconsortes de aquél(65); el proceso sobre divorcio y separación de bienes y el de nulidad de matrimonio(66); el juicio que tiene por objeto la nulidad de escritura y posterior escrituración a favor del comprador, al juicio por consignación tendiente a obtener que el actor sea obligado a percibir una suma de dinero proveniente de la venta, a un tercero, de la misma propiedad(67); el juicio seguido por la compañía aseguradora subrogándose en los derechos del propietario de un automóvil desaparecido, por cobro de los daños hasta la suma pagada al asegurado, al juicio seguido por éste, contra el mismo demandado, por el cobro de daños por el excedente de esa suma hasta el valor íntegro del automóvil(68); el juicio seguido por el inquilino ante la justicia civil en concepto de restitución de sumas abonadas en concepto de impuestos, al de desalojo por falta de pago de los arrendamientos que tramita ante la justicia de paz, si entre las partes se convino la compensación entre alquileres e impuestos(69); al juicio en el cual se demandó la remoción del directorio de una sociedad y la nulidad de tres asambleas, el juicio, en el cual se demandó la nulidad de actos realizados por el directorio cuya remoción se pidió con anterioridad, la de asambleas posteriores a las primeras, se impugnaron las memorias y balances y se pidió nuevamente la remoción del directorio anteriormente formulada(70); el proceso de desalojo por intrusión y de daños y perjuicios por ocupación indebida al juicio de escrituración de la misma finca que tramita por ante un juzgado nacional en lo civil(71); etcétera. En materia de procesos ejecutivos se ha resuelto, asimismo, que aun cuando la causa no influye en el cobro ejecutivo de papeles de comercio y resulta por ello irrelevante la alegada coincidencia de causa a que responden los pagarés ejecutados en distintos juicios, corresponde la acumulación, por razones de economía procesal, si se trata de juicios seguidos entre las mismas partes, son iguales las defensas opuestas y si se las planteó en idénticos términos(72).

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Se ha decidido, por el contrario, que no corresponde la acumulación del juicio en que se cuestiona la validez de ciertas enajenaciones de inmuebles hechas por el marido, en el que aparte de éste existen otros demandados, al juicio de divorcio y separación de bienes existente entre aquél y su cónyuge, en razón de no existir, en tal caso, identidad de objeto ni de causa ni plena de parte(73). Tampoco median tales identidades, ni la conexidad requerida por el art. 17 de la ley 14.237, si en uno de los procesos se demanda a una sociedad de responsabilidad limitada por rescisión de un contrato de construcción, pago de cláusula penal y reintegro de anticipos abonados por el mismo concepto, y el otro versa sobre la escrituración de la venta del inmueble y la demanda se dirige contra una persona física, siendo indiferente, a los efectos de la acumulación, la circunstancia de que la venta del inmueble y el contrato de construcción se hayan concertado teniendo en vista una única finalidad(74). Asimismo, no autoriza la acumulación de procesos la circunstancia de que numerosos actores reclamen la escrituración de lotes comprados en un mismo remate, si el supuesto incumplimiento de los vendedores se hace derivar de causas distintas, lo cual excluye la existencia de conexión jurídica entre las diversas pretensiones(75); etcétera.

107. Requisitos a) Fuera del requisito genérico de admisibilidad examinado en el número precedente, el art. 188 del Código Procesal de la Nación(76)instituye, con respecto a la acumulación de procesos, determinados requisitos específicos que analizaremos a continuación. b) Es necesario, en primer lugar, que "los procesos se encuentren en la misma instancia" (inc. 1º). Este requisito debe entenderse en el sentido de que la acumulación es admisible en segunda o ulterior instancia, siempre que los procesos a acumular se encuentren en ellas con motivo de recursos interpuestos contra la sentencia definitiva o resolución ordenatoria recaída en un trámite común a todos ellos(77). c) Asimismo, se requiere "que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia" (inc. 2º, ap. 1º). Una norma idéntica se hallaba contenida en el art. 18, inc. 2º, de la ley 14.237, y la generalidad de sus términos, unida al art. 17 de la misma ley en el sentido de que "la acumulación de autos no altera la competencia", parecía descartar la posibilidad de que se acumulasen procesos correspondientes a las competencias civil y comercial. Pero importa tener presente que no media razón ninguna de orden público que 286   

justifique la diversidad de competencia en lo que a esas materias respecta, sino simples razones de división del trabajo judicial que no pueden privar, obviamente, sobre los principios y las exigencias comprometidos en la institución analizada y que conciernen, incluso, como no resulta difícil comprender, a la seriedad y al prestigio de la administración de justicia. La jurisprudencia, sin embargo, allanó el obstáculo que aparentemente impedía la acumulación de acuerdo con las normas citadas y resolvió, por ejemplo, que correspondía acumular dos juicios relativos al cumplimiento de un mismo contrato de locación de obra, seguidos entre las mismas partes e iniciados separadamente ante la justicia civil y comercial, pues aparte de que ambos fueros conocen en controversias motivadas por ese tipo de contratos, tal solución permitía que se cumpliese efectivamente el propósito a que respondían los arts. 17, 18 y 19 de la ley 14.237, o sea, impedir que se dicten sentencias contradictorias en juicios que provengan de una misma causa(78). El criterio expuesto fue aceptado por el Código Procesal de la Nación, pues a continuación del precepto arriba transcripto dispone que "a los efectos de este inciso no se considerarán distintas las materias civil y comercial". También cabe la acumulación de procesos que tramitan ante órganos judiciales de distinta competencia territorial, aunque en tal hipótesis es necesaria la expresa conformidad de la parte o partes facultadas para prorrogar la competencia(79). d) La admisibilidad de la acumulación se halla sujeta, finalmente, al requisito de que los procesos "pueden sustanciarse por los mismos trámites", el cual responde, como en el caso ya estudiado de la acumulación originaria de pretensiones, a obvias razones de orden procesal; de allí que se haya resuelto, entre otros casos, que no procede acumular los procesos de cancelación de hipoteca y de insania del demandado(80); de nulidad de laudo y ejecutivo(81); de consignación y ejecutivo(82); de este último a una petición de quiebra(83); etcétera. "Sin embargo —continúa expresando el art. 188, inc. 8º, CPCCN— podrán acumularse dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo", es decir, cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los procesos sea susceptible de producir efectos de cosa juzgada en el otro u otros(84). En consecuencia, concurriendo esta última circunstancia, procede la acumulación entre procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos, o entre juicios ejecutivos y ejecuciones especiales (hipotecaria, prendaria, comercial y fiscal). Al juez incumbe, en tales hipótesis, determinar el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado (art. 188, inc. 3º, in fine, CPCCN). 287   

108. Procedimiento a) Por lo que concierne al modo en que puede lograrse la acumulación el art. 190 del Código Procesal de la Nación prescribía(85)que ésta "se ordenará de oficio o a petición de parte formulada por vía de excepción de litispendencia o de incidente", con lo cual recogía la doctrina jurisprudencial elaborada durante la vigencia de la ley 14.237, que omitía la regulación del tema(86). Si se opta por la promoción de incidente, "éste —dispone el segundo párrafo del art. 190— podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta quedar en estado de sentencia"(87). Sin embargo, aun en el supuesto de ser pedida con anterioridad al llamamiento de autos, la acumulación es inadmisible cuando tiende, manifiestamente, a obtener la suspensión de un proceso que se encuentra en avanzado estado de sustanciación con respecto a otro promovido con posterioridad(88). Como es obvio, la acumulación no procede, por carecer de objeto práctico, cuando en cualquiera de los procesos ha recaído sentencia definitiva(89)o se ha operado la caducidad de la instancia(90). b) La ley 14.237 omitía determinar sobre cuál de los expedientes correspondía hacerse la acumulación, pero la jurisprudencia resolvió que, en principio, era competente para conocer en los procesos acumulados el juez ante quien tramitara el proceso iniciado con anterioridad(91). Algunos precedentes aclararon, con acierto, que la prioridad en la prevención debía determinarse, no por la fecha de interposición de la demanda, sino por la de su notificación(92), siendo éste el criterio que recoge el art. 189 del Código Procesal de la Nación en tanto dispone que "la acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda". Aclara, sin embargo, en el párrafo siguiente, que "si los jueces intervinientes en los procesos tuvieren distinta competencia por razón del monto, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía(93). En el caso, si los procesos se hallan sujetos a distintos trámites, incumbe al juez que debe conocer en definitiva determinar el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado, pues resulta aplicable el principio contenido en el art. 188. c) El trámite del incidente de acumulación y los conflictos que pueden suscitarse entre los jueces que conocen en los respectivos procesos se hallan regulados por los arts. 191 y 192 del Código Procesal de la Nación. Dispone la primera de esas normas que "el incidente podrá plantearse 288   

ante el juez que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el juez conferirá traslado a los otros litigantes y si considerare fundada la petición, solicitará el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dictará sin más trámite resolución contra la cual no habrá recurso y la hará conocer a los juzgados donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, dará vista a los otros litigantes y si considerare procedente la acumulación, remitirá el expediente al otro juez, o bien, le pedirá la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su juzgado, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución será inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución será apelable". El art. 192 expresa, por su parte: "Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el juez requerido no accediere, deberá elevar el expediente a la Cámara que constituya su Alzada; ésta, sin sustanciación alguna, resolverá en definitiva si la acumulación es procedente"(94). El art. 191 comienza por otorgar una opción en lo que se refiere al juez ante quien debe promoverse el incidente de acumulación, que puede ser el que ha prevenido en los términos del art. 189 o aquel que debe remitir el o los expedientes. No obstante la aparente diversidad de trámites que, de conformidad con las expresiones utilizadas por el art. 191, correspondería observar en uno y otro caso, pensamos que aquella diversidad no existe por carecer de razonable justificación. Cualquiera que sea, en efecto, el juez ante el cual se promueve el incidente, no puede resolver la procedencia de la acumulación sin examinar previamente los expedientes de que se trate; de allí que, evacuada la vista que corresponde conferir a la otra parte, y siempre que, prima facie, la acumulación reúna los requisitos de admisibilidad exigidos por la ley, el juez debe requerir los expedientes y recién una vez éstos recibidos, expedir una resolución definitiva que sólo es apelable si se rechaza el pedido de acumulación, pues en caso contrario no media gravamen irreparable para las partes. De lo dicho se sigue que el juez requerido sólo puede plantear la contienda de competencia a que se refiere el art. 192 una vez que el juez requirente haya resuelto definitivamente el incidente de acumulación y comunicado a aquél la correspondiente resolución. Resultaría, por ende, prematuro el planteamiento de la contienda si se lo formulara en oportunidad de recibirse el pedido de remisión del expediente. Si el conflicto derivado de la acumulación se suscita entre jueces que no tienen un órgano jerárquico común, aquél debe ser dirimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; pero si se plantea entre jueces nacionales de primera instancia de distinta competencia, la resolución 289   

corresponde a la Cámara de apelaciones de que dependa el juez que previno (art. 24, inc. 7º, dec.-ley 1285/1958, modificado por el art. 2º, ley 21.708). Si los jueces ejercen la misma competencia, el conflicto debe ser dirimido por el tribunal que sea órgano jerárquico común a todos ellos. d) Con vistas a la ordenación del trámite, el art. 193 del Código Procesal de la Nación(95)asigna al incidente de acumulación efectos suspensivos con respecto al curso de todos los procesos. Distingue, sin embargo, según que los expedientes tramiten ante un mismo juez o ante jueces distintos, pues en el primer caso la suspensión se opera desde que se promueve el incidente y en el segundo desde que se comunica el pedido de acumulación al juez respectivo. Se exceptúan de la suspensión "las medidas o las diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio" (v.gr., medidas cautelares).

109. Efectos a) "Los procesos acumulados —dice el art. 194, CPCCN— se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, podrá el juez disponer, sin recurso, que cada proceso se sustancie por separado, dictando una sola sentencia"(96). b) La norma transcripta prevé, como efecto fundamental de la acumulación, la unidad de pronunciamiento, el cual debe versar sobre la totalidad de las cuestiones (principales y accesorias) que se han planteado en los procesos cuya acumulación se dispuso(97). La jurisprudencia tiene resuelto que, habiéndose ordenado la acumulación, son nulas las sentencias dictadas separadamente en los respectivos expedientes(98). Se trata, sin embargo, como de todas las nulidades procesales, de una nulidad relativa; de manera que si las partes no objetan el pronunciamiento de sentencias separadas y nada reclaman en la expresión de agravios o su contestación, aquélla no puede declararse(99). c) Si, en el momento de decretarse la acumulación, los procesos no se encontraren en el mismo estado, corresponde disponer la suspensión del que se halle más avanzado, hasta que el otro u otros se encuentren en la misma etapa procesal(100). En el supuesto de disponerse la sustanciación separada de los expedientes, la suspensión debe comenzar cuando el más adelantado se encuentre en estado de dictar sentencia(101).

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110. Acumulación de procesos en la ley 22.434(102) La ley 22.434 no afectó sustancialmente las disposiciones que el Código Procesal Civil de la Nación contiene en materia de acumulación originaria y sucesiva porinserción de pretensiones, habiéndose limitado a unificar el criterio aplicable a la admisibilidad de la reconvención y a modificar algunas de las normas mediante las cuales dicho ordenamiento reglamentaba la acumulación sucesiva por reunión (acumulación de procesos). Tales modificaciones se analizarán a continuación.

A) Procedencia de la acumulación de procesos a) El art. 188 del Código Procesal de la Nación, en su versión actual, reprodujo los términos de esa norma en su redacción originaria en lo que atañe a los requisitos a los cuales se halla condicionada la procedencia de la acumulación de procesos. b) La ley 22.434, sin embargo, agregó al art. 188 un cuarto inciso, según el cual constituye requisito del tipo de acumulación analizado que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los (procesos) que estuvieren más avanzados. Se trató de un agregado plausible, por lo demás coincidente con una línea jurisprudencial en cuya virtud, aun en el supuesto de ser pedida con anterioridad al llamamiento de autos, la acumulación es inadmisible cuando tiende, manifiestamente, a obtener la suspensión de un proceso que se encuentra en avanzado estado de sustanciación con respecto a otro promovido con posterioridad(103). Lo contrario, en efecto, conspira contra elementales razones de orden procesal, cuando no implica la aceptación de peticiones extemporáneas y maliciosas.

B) Modo y oportunidad de disponerse a) La ley 22.434 sustituyó el texto del art. 190 del Código Procesal Civil de la Nación por el siguiente: La acumulación se ordenará de oficio o a petición de parte formulada al contestar la demanda o, posteriormente, 291   

por incidente que podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el art. 188, inc. 4º. b) Esta norma suprimió la excepción de litispendencia como uno de los modos de obtener la acumulación de procesos. Desde el punto de vista técnico se trató de una reforma correcta, por cuanto a pesar de las similitudes que presentan, la litispendencia en sentido propio y la acumulación de procesos resultan claramente diferenciables desde diversos puntos de vista. En primer lugar, porque mientras la litispendencia supone (aun entendida con criterio flexible) la existencia de la triple identidad entre los elementos de las correspondientes pretensiones, la acumulación puede disponerse frente a la mera conexión entre la causa y el objeto de aquéllas, o a la posibilidad de que la sentencia que recaiga respecto de una de ellas produzca efectos de cosa juzgada con relación a la otra (art. 188, CPCCN). La litispendencia, en segundo lugar, tiene por efecto la eliminación del segundo proceso, que debe archivarse, y la acumulación, en cambio, cuando los procesos conexos tramitan ante órganos judiciales distintos, sólo opera un desplazamiento de la competencia por vía de adquisición o de pérdida de ésta (art. 191, CPCCN). Si bien, por último, de acuerdo con el régimen instituido por el art. 347 del Código Procesal Civil de la Nación, la existencia de litispendencia, así como la acumulación, puede ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa; aquélla, como excepción, sólo es invocable en primera instancia, dentro de los plazos prescriptos por los arts. 346 y 498, inc. 3º, del Código Procesal Civil de la Nación según se trate, respectivamente, de proceso ordinario o de proceso sumarísimo. Corresponde señalar, sin embargo, que al haberse eliminado la posibilidad de obtener la acumulación de procesos por vía de excepción de litispendencia, y mantenido, no obstante, el texto del inc. 3º del art. 354, en tanto alude al efecto que produce la admisión de la litispendencia por conexidad, se incurrió en una manifiesta contradicción.

C) Resolución del incidente En este aspecto la ley 22.434 reprodujo textualmente la redacción del anterior art. 191, con la única diferencia consistente en sustituir, en sus párrafos segundo y tercero, la expresión vista por traslado, lo cual constituía una aplicación del criterio general que, sobre la materia, había adoptado dicha ley.

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D) Conflicto de acumulación a) Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio —prescribe el art. 192, CPCCN, de acuerdo con la reforma de la ley 22.434—, si el juez requerido no accediere, deberá elevar el expediente a la Cámara que constituya su Alzada; ésta, sin sustanciación alguna, resolverá en definitiva si la acumulación es procedente. b) Esta norma simplificó el procedimiento previsto por el art. 192 en su redacción originaria, que remitía al trámite de las contiendas de competencia por inhibitoria reglamentado por los arts. 9º a 12 del Código Procesal Civil de la Nación. Se colocó, asimismo, en la hipótesis de que se plantee entre jueces nacionales de primera instancia que ejerzan la misma o distinta competencia por razón de la materia (civil, comercial, civil y comercial federal y contencioso-administrativa federal con respecto a los juzgados con asiento en la Capital, y civil, comercial y contenciosoadministrativa en relación con los juzgados federales que tienen su sede en una misma provincia). El criterio que inspiró a la norma coincide sustancialmente, como se advierte, con el adoptado por el art. 24, inc. 7º, del dec.-ley 1285/1958, con la diferencia de que no atiende a la Cámara de que dependa el juez que hubiese prevenido, sino a aquélla que fuese superior jerárquico del juez requerido a remitir el expediente, que puede ser la misma que la del juez solicitante. Sin embargo, en razón de que la acumulación puede excepcionalmente proceder en el supuesto de que los procesos tramiten ante jueces de distinta competencia territorial, siempre que medie expresa conformidad de la parte o partes facultadas para prorrogar aquélla, debe concluirse que si el conflicto se plantea entre un juez nacional y un juez provincial, su resolución incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 24, inc. 7º, dec.-ley 1285/1958).

CAPÍTULO VIII - LA OPOSICIÓN A LA PRETENSIÓN SUMARIO: I. GENERALIDADES: 111. Concepto.— 112. Naturaleza de la oposición.— 113. Elementos de la oposición.— 114. Requisitos de la oposición. II. CLASES DE OPOSICIONES: 115. Criterio clasificatorio.— 116. Negaciones 293   

y excepciones.— 117. perentorias y dilatorias.

Oposiciones

I. GENERALIDADES(1)

111. Concepto a) La postura procesal que, normalmente, adopta el sujeto frente a quien se deduce la pretensión consiste en resistirse a ella mediante la formulación de declaraciones tendientes a que su actuación sea desestimada por el órgano judicial. Aparece de tal manera, frente a la pretensión del actor, la oposición del demandado; y en la medida en que la primera configura un ataque, la segunda se caracteriza como una defensa, expresión ésta que sirve para denotar, genéricamente, las distintas clases de oposiciones que el sujeto pasivo puede formular contra la pretensión procesal. b) De lo dicho se infiere que la oposición, así como la pretensión, constituye un acto, no un derecho. Cabe definirla, por lo tanto, como el acto en cuya virtud el sujeto pasivo de la pretensión reclama, ante el órgano judicial y frente al sujeto activo, que se desestime la actuación de aquélla. La oposición es, asimismo, una declaración de voluntad petitoria, para cuya configuración resulta irrelevante el hecho de que las afirmaciones formuladas por el demandado cuenten con efectivo respaldo en las normas jurídicas que invoca en apoyo de su posición procesal. c) Pese a las analogías que precedentemente se han señalado entre la pretensión y la oposición, las cuales muestran a una y otra como anverso y reverso de una misma figura jurídica, corresponde puntualizar que sólo la primera constituye objeto del proceso. Los distintos tipos de oposiciones que el demandado puede formular contra la pretensión procesal sólo tienen incidencia en la delimitación del área litigiosa y en la consiguiente mayor amplitud que imprimen al thema decidendum, pero no alteran el objeto del proceso, que se halla exclusivamente fijado por el contenido de la pretensión(2).

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112. Naturaleza de la oposición a) Generalmente, la doctrina pone de resalto el paralelismo existente entre la acción y una de las clases de oposiciones: la excepción. En ese orden de ideas, suele afirmarse que frente a la acción del actor, que tiende a una declaración positiva, pertenece al demandado, a modo de réplica, una acción destinada a obtener una declaración negativa (excepción)(3). La excepción sería, de tal manera, la acción del demandado(4). b) No es de extrañar, por lo tanto, que la polémica suscitada en torno a la naturaleza de la acción, a la cual nos hemos referido supra, nro. 74, se haya hecho extensiva al ámbito de la excepción. Así, para la concepción clásica, que considera a la acción como un concepto equivalente al de derecho subjetivo material o como un simple elemento de este último, la excepción viene a identificarse o a constituir un elemento del derecho subjetivo invocado por el demandado. Concebida la acción como un derecho concreto a la tutela jurídica, la excepción queda caracterizada como un verdadero contraderecho del demandado, cuyo objeto consiste en impugnar o anular el derecho de acción y, por lo tanto, en obtener una sentencia favorable a aquél. De acuerdo con las tendencias en que se escinde la concepción concreta, tal contraderecho se dirigiría contra el Estado, en la persona de sus órganos jurisdiccionales o revestiría, en cambio, carácter potestativo, ejerciéndose contra el demandado(5). Finalmente, para los autores que consideran a la acción como un derecho abstracto de obrar, o sea, como un simple poder jurídico de obtener la prestación de la actividad jurisdiccional (aunque quien lo ejerce carezca de un derecho subjetivo válido), la excepción constituye un derecho del demandado que participa de esa misma naturaleza abstracta(6). Tales conclusiones son desde luego susceptibles de los mismos reparos que hemos expuesto al referirnos a la naturaleza de la acción y resultan también inoperantes para resolver los concretos problemas que promueve la experiencia del proceso. Basta señalar, por lo tanto, como lo hicimos al analizar el concepto de pretensión, que la oposición a ésta, en general, y no sólo la excepción, constituye un acto procesal del demandado que reconoce como presupuesto el derecho de acción que también corresponde a este último en calidad de ciudadano y frente al órgano judicial.

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113. Elementos de la oposición a) Lo mismo que la pretensión, la oposición se compone, por un lado, de un elemento subjetivo (sujetos) y de dos elementos objetivos (el objeto y la causa), y, por el otro, de una actividad que se divide en las tres conocidas dimensiones de lugar, de tiempo y de forma. b) Por lo que concierne a los sujetos, su posición activa y pasiva se configura en forma inversa a lo que ocurre con la pretensión, pues quien figura como sujeto activo de ésta reviste el carácter de sujeto pasivo de la oposición y viceversa. Destinatario de la oposición es el órgano ante el cual la pretensión procesal se interpuso. c) Constituye objeto de la oposición el efecto jurídico que mediante ella se persigue, el cual puede consistir en el rechazo definitivo, total o parcial, de la pretensión o en la paralización temporal de ésta(7). Interesa destacar que si bien el objeto mediato de la oposición debe necesariamente coincidir con el de la pretensión, no acontece lo mismo con el objeto inmediato, pues aquélla tiende, en todo caso, a lograr una resolución o sentencia declarativa acerca de la inexistencia, total o parcial, del efecto jurídico perseguido por el actor. Es causa de la oposición la concreta situación de hecho invocada por el demandado como fundamento para lograr el rechazo o la paralización temporal de la pretensión. Dicha situación de hecho puede ser diferente, nueva, aunque compatible con respecto a la alegada por el actor, o bien, coincidir con ella pero presentarse desde un punto de vista jurídico distinto. d) En cuanto a la actividad, finalmente, la oposición tiene, como lugar, la sede del órgano judicial ante el cual se interpuso la pretensión, y, como tiempo y forma, aquellos que la ley le asigne de conformidad con el tipo de proceso de que se trate.

114. Requisitos de la oposición a) Los requisitos de la oposición se hallan sujetos, en general, a las mismas pautas de que nos hemos servido al ocuparnos de los requisitos de la pretensión. La oposición, por lo tanto, se encuentra subordinada a

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requisitos de admisibilidad y de fundabilidad, pudiendo clasificarse los primeros en extrínsecos (con exclusión de los fiscales) o intrínsecos. b) Configuran requisitos extrínsecos de admisibilidad de la oposición, con relación a los sujetos: 1º) que se interponga ante el mismo órgano judicial que conoce de la pretensión y, por lo tanto, del proceso, ya que, como dice Guasp(8), "la finalidad de la oposición no es sino desvirtuar, definitiva o provisionalmente, el ataque del adversario"; 2º) que quien la interpone goce de capacidad para ser parte y de capacidad procesal. En la hipótesis de no concurrir tales aptitudes o de no mediar representación suficiente, el actor se halla facultado para deducir la excepción de "falta de personería" (v.gr., art. 347, inc. 2º, CPCCN), sin perjuicio de la potestad que incumbe al órgano judicial para declarar de oficio la existencia del defecto. Así como el de la pretensión, el objeto de la oposición debe ser, en primer lugar, idóneo. No reuniría este requisito, v.gr., una excepción opuesta en juicio ejecutivo que se fundara en la inexistencia o la ilegitimidad de la obligación documentada en el título. Asimismo, el objeto de la oposición debe exponerse en términos claros y positivos (v.gr., art. 356, inc. 3º), aunque este requisito no juega con la misma estrictez que en el caso de la pretensión, por cuanto puede surgir implícitamente del contenido de la respectiva alegación. Los requisitos extrínsecos de admisibilidad de la oposición, por lo que atañe a su causa, dependen de la actitud defensiva asumida por el demandado. Si éste invoca una situación fáctica nueva o distinta con respecto a la expuesta por el actor, tiene la carga de especificar en forma clara y concreta los hechos alegados como fundamento de su defensa (v.gr., arts. 356, inc. 2º, y 542, CPCCN, con referencia, respectivamente, a los procesos de conocimiento y de ejecución y obviamente extensivos a las excepciones previas que cabe oponer en los primeros). En el supuesto de que el demandado admita los hechos invocados por el actor pero les asigne efectos jurídicos distintos, le incumbe también la carga de puntualizar con claridad los motivos de su discrepancia. Finalmente, si el demandado se limita a negar los hechos invocados por el actor, debe hacerlo en forma categórica (v.gr., art. 356, CPCCN). Si bien la ausencia de los requisitos que hemos analizado con respecto al objeto y a la causa de la oposición exponen al demandado al riesgo de un resultado procesal desfavorable, en ningún caso puede éste concretarse mediante el acogimiento de una excepción de defecto legal interpuesta por el actor. Son requisitos de la actividad de la oposición, examinada aquélla desde las tres dimensiones en que se escinde, los siguientes: 1º) El lugar de la oposición debe coincidir con la sede del órgano judicial provisto de competencia para conocer de la pretensión. 2º) El tiempo del acto analizado tiene, aparte de las limitaciones genéricas establecidas por las 297   

normas referentes a los días y horas hábiles para cumplir actos procesales válidos, limitaciones específicas emergentes de la clase de oposición y de proceso de que se trate en cada caso. 3º) La forma de la oposición, finalmente, se halla sujeta a los mismos requisitos oportunamente mencionados con respecto a la pretensión (supra, nro. 80, A]). c) Los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la oposición deben relacionarse, como en el caso de la pretensión, con los sujetos y con el objeto. Quien interpone la oposición debe hallarse, ante todo, procesalmente legitimado. En el supuesto de que quien es citado como parte demandada carezca de ese atributo puede invocar esa circunstancia a fin de obtener la declaración de inadmisibilidad de la pretensión frente a él interpuesta (supra, nro. 81). Asimismo, el actor se halla habilitado para cuestionar la legitimación de quien se presenta al proceso sin haber sido demandado. El interés en contradecir configura otro requisito de admisibilidad de la oposición, aunque corresponde aclarar que, hallándose el demandado en la necesidad de defenderse frente al mero hecho de la interposición de la demanda(9), la ausencia del mencionado requisito sólo concurre cuando, durante el curso del proceso, se realiza algún acto que, como el desistimiento del derecho, la conciliación y la transacción, descarten definitivamente la posibilidad de reproducir la pretensión que constituyó objeto de aquél. Desde el punto de vista analizado, finalmente, el objeto de la oposición debe ser jurídicamente posible. Se hallaría al margen de este requisito, v.gr., una excepción de compensación fundada en una obligación ilícita.

II. CLASES DE OPOSICIONES

115. Criterio clasificatorio Las oposiciones que el demandado puede formular contra la pretensión procesal son susceptibles de clasificarse, fundamentalmente, atendiendo a su contenido y a sus efectos. Sobre la base de ese criterio las examinaremos en los números que siguen, sin perjuicio del análisis más profundo del tema que se hará en el volumen respectivo de esta obra. 298   

116. Negaciones y excepciones a) De acuerdo con su contenido, la oposición puede configurarse como una negación o como una excepción. b) Existe negación toda vez que la actitud del demandado se reduce, simplemente, a desconocer la concurrencia de alguno de los requisitos de la pretensión, sin invocar, por lo tanto, frente a las afirmaciones formuladas por el actor, nuevas circunstancias de hecho. c) La excepción, en cambio, es la oposición mediante la cual el demandado introduce, frente a las afirmaciones del actor, circunstancias impeditivas o extintivas tendientes a desvirtuar el efecto jurídico perseguido por dichas afirmaciones. Es consecuencia fundamental de este tipo de oposición, la de que incumbe al demandado la carga de la prueba respecto de esos nuevos datos que incorpora al proceso como motivo de debate. Configura requisito de la excepción y de la correlativa carga probatoria del demandado la compatibilidad entre las afirmaciones de hecho respectivamente formuladas por las partes(10). Dicha carga no concurre, a nuestro juicio, en el supuesto de que el demandado suministre una versión fáctica incompatible con la formulada por el actor (negación indirecta).

117. Oposiciones perentorias y dilatorias a) Desde el punto de vista de los efectos que producen las oposiciones pueden ser perentorias o dilatorias. b) Son perentorias aquellas oposiciones que, en el supuesto de prosperar, excluyen definitivamente el derecho invocado por el actor, de manera tal que la pretensión pierde toda posibilidad de volver a proponerse eficazmente(11). Este tipo de oposición puede jugar respecto de cualquiera de los requisitos de la pretensión, o sea: de los extrínsecos de admisibilidad (v.gr., denuncia sobre la existencia de cosa juzgada); de los intrínsecos de admisibilidad (v.gr., denuncia sobre la falta de legitimación o de objeto lícito); y de los de fundabilidad (v.gr., negativa del hecho constitutivo afirmado por el actor; denuncia de un hecho impeditivo como 299   

la incapacidad, el error, el dolo, etcétera, o extintivo como el pago, la novación, la prescripción, etc.). Con anterioridad a la vigencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las oposiciones perentorias sólo tenían, como trámite señalado para su interposición, el de la contestación a la demanda(12). El mencionado ordenamiento, en cambio, admite entre las excepciones de previo y especial pronunciamiento algunas que revisten aquel carácter, como las de falta manifiesta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cosa juzgada, transacción, conciliación y desistimiento del derecho (art. 347, incs. 3º, 6º y 7º). c) Llámanse oposiciones dilatorias aquellas que, en la hipótesis de ser acogidas, excluyen temporariamente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera que sólo hacen perder a la pretensión su eficacia actual y no impiden que ésta vuelva a proponerse o a reactualizarse una vez obviados los defectos de que adolecía. Esta clase de oposiciones, que sólo atañen a los requisitos extrínsecos de admisibilidad de la pretensión, se halla contemplada tanto por los códigos procesales (incompetencia, falta de personería, litispendencia, etc.) como por las leyes de fondo (beneficio de excusión, días de luto, etc.). En la legislación procesal argentina ambos grupos se diferencian exclusivamente por la posibilidad o no de que las respectivas oposiciones se deduzcan como artículos de previo y especial pronunciamiento. El Código Procesal de la Nación, así como los ordenamientos provinciales que a él se han adaptado, los equipara también en este último aspecto (art. 347, inc. 8º).

CAPÍTULO IX - LA PETICIÓN PROCESAL EXTRACONTENCIOSA(1) SUMARIO: I. GENERALIDADES: 118. Concepto y naturaleza.— 119. Elementos.— 120. Requisitos.— 121. Vicisitudes.— 122. Extinción. II. CLASES Y ACUMULACIÓN DE PETICIONES EXTRACONTENCIOSAS: 123. Clases.— 124. Acumulación.

I. GENERALIDADES

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118. Concepto y naturaleza a) El objeto del proceso voluntario no se halla constituido por una pretensión, sino por lo que hemos denominado una petición procesal extracontenciosa. De conformidad con las ideas oportunamente expuestas (supra, nros. 61 y 69), definiremos a la petición procesal extracontenciosa como el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial, y en interés del propio peticionario, la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada. b) Así como la pretensión y la oposición, la petición procesal extracontenciosa constituye un acto, respecto del cual el derecho de acción, concebido como poder jurídico de promover el ejercicio de la función judicial, es un supuesto previo. Resulta adecuado caracterizarla, también, como una declaración de voluntad petitoria, aunque se diferencia fundamentalmente de la pretensión en la circunstancia de que, al no hallarse fundada en la invocación de conflicto alguno, no persigue una decisión entre dos partes y, por lo tanto, frente a una de ellas, sino solamente con relación al sujeto o sujetos que reclaman el ejercicio de la actividad judicial en el caso concreto(2). c) Corresponde señalar, finalmente, que así como el concepto de parte debe ser sustituido, en el proceso voluntario, por el de peticionario, el concepto de demanda debe ser reemplazado por el de solicitud(3). Sin embargo, la diferencia entre petición y solicitud no es la misma que existe entre pretensión y demanda (supra, nro. 75), pues la primera sólo alude a una relación de contenido a continente.

119. Elementos La petición procesal extracontenciosa consta de elementos análogos a los de la pretensión procesal (supra, nro. 77), con la lógica diferencia derivada, en cuanto al elemento subjetivo, de la falta de un sujeto (demandado) frente a quien aquélla se formule. La inexistencia en el proceso voluntario de partes, en sentido estricto, no se encuentra desvirtuada por la eventual participación que en él deba darse al Ministerio Público, el cual actúa como órgano de vigilancia o contralor y no en calidad de sujeto pasivo de la petición. Distinto es el caso, naturalmente, de que medie oposición a aquélla por parte de un interesado legítimo o de que se 301   

suscite una discrepancia entre los propios peticionarios, por cuanto en tales hipótesis el proceso voluntario se transforma, total o parcialmente, en un proceso contencioso y entran entonces a jugar las figuras jurídicas que son propias de este último tipo de proceso(4).

120. Requisitos Así como la pretensión, la petición procesal extracontenciosa se halla sujeta a requisitos de admisibilidad y de fundabilidad, no existiendo diferencia alguna en cuanto al criterio que debe presidir la distinción entre ambas clases de requisitos. A diferencia de lo que ocurre en el proceso contencioso, sin embargo, la vigilancia respecto del cumplimiento de tales requisitos se halla exclusivamente confiada al juez y a los representantes del Ministerio Público. En el ámbito de los requisitos extrínsecos de admisibilidad, constituye asimismo una particularidad de ciertos procesos voluntarios, la de que ellos pueden ser promovidos por personas jurídicamente incapaces, como ocurre en los supuestos de autorización para contraer matrimonio, comparecer en juicio y ejercer, en general, actos jurídicos.

121. Vicisitudes En cuanto a las vicisitudes que puede experimentar, la petición extracontenciosa es transmisible de acuerdo con las reglas enunciadas supra, nro. 84, las cuales le son aplicables en lo pertinente. No ocurre lo mismo, en cambio, en lo que atañe a su posible transformación o integración: la petición procesal extracontenciosa es, en principio, modificable sin restricciones, pues no media a su respecto el fundamento limitativo que hemos expuesto al referirnos a esas vicisitudes de la pretensión, el cual reside, primordialmente, en la necesidad de asegurar la adecuada defensa del demandado.

122. Extinción 302   

La petición procesal extracontenciosa se extingue, normalmente, mediante la resolución judicial que la actúa o que deniega su actuación. Importa aclarar, sin embargo, que aun cuando contenga pronunciamiento sobre los requisitos intrínsecos de admisibilidad o sobre los requisitos de fundabilidad, dicha resolución no produce los efectos mencionados supra, nro. 87, con respecto a la pretensión procesal, pues lo decidido en los procesos voluntarios es modificable a instancia de eventuales interesados legítimos (supra, nro. 69, C]). La misma naturaleza de la petición extracontenciosa, por otra parte, excluye la aplicación, a su respecto, de todos aquellos medios anormales de extinción de la pretensión que entrañen la existencia de un acto bilateral o que requieran la conformidad expresa de otro sujeto, como ocurre en los casos de transacción, conciliación y desistimiento (de la petición). Tampoco son aplicables a aquélla las normas sobre caducidad de la instancia (v.gr., art. 313, inc. 2º, CPCCN).

II. CLASES Y ACUMULACIÓN DE PETICIONES EXTRACONTENCIOSAS

123. Clases a) La clasificación de las pretensiones formulada oportunamente no puede hacerse extensiva, sin más, a las peticiones procesales extracontenciosas, desde que con relación a éstas se halla absolutamente descartada la perspectiva ínsita en la idea de pretensión de que el pronunciamiento que las satisfaga se dicte simultáneamente a favor de un vencedor y frente a un vencido. b) La utilización de un criterio meramente aproximativo, sin embargo, conduce a admitir dos clases de peticiones extracontenciosas: de conocimiento y cautelares. Dentro de las primeras, a su turno, corresponde excluir la posibilidad de peticiones extracontenciosas de condena, pues resulta por esencia extraña a la idea de proceso voluntario el planteamiento fundado en la lesión de un derecho subjetivo del peticionario. Pero hecha tal exclusión, el análisis pone en evidencia que siendo el proceso voluntario el medio irremplazable de obtener determinados efectos jurídicos (supra, nro. 46), la pretensión extracontenciosa participa, en cierta forma, de la 303   

modalidad constitutiva que, según señalamos en el nro. 90, A), pueden revestir las pretensiones declarativas. Esta conclusión, asimismo, no impide admitir la existencia de peticiones determinativas o especificativas (como, v.gr., la que tiende a fijar el modo en que debe ejercerse la administración de la herencia), pues aquéllas, como hemos visto, pueden revestir simultáneamente carácter constitutivo. Igualmente que en las pretensiones del mismo nombre, las peticiones cautelares tienen por objeto asegurar la efectividad de la resolución judicial que debe recaer respecto de una petición principal. De ellas son ejemplos, entre otras, las contempladas en los arts. 690 y 801 del Código Procesal de la Nación (encaminadas, respectivamente, a asegurar los bienes y la documentación del causante, y a hacer constar la calidad y el estado de mercaderías). Corresponde aclarar, finalmente, que si bien en los procesos voluntarios procede la adopción de medidas ejecutivas (v.gr., subasta de los bienes en el concurso voluntario o en una sucesión), no cabe hablar de una categoría de peticiones extracontenciosas de ejecución en el mismo sentido con que hemos caracterizado a las pretensiones procesales de ese nombre, por cuanto dichas medidas se hallan previstas como garantías o facultades del propio peticionario o peticionarios(5), y no como consecuencia del incumplimiento de alguna obligación.

124. Acumulación No media impedimento, en principio, para admitir la existencia de un proceso voluntario acumulativo, o sea, de un proceso destinado a la satisfacción de dos o más peticiones extracontenciosas.

CAPÍTULO X - EL ÓRGANO JUDICIAL SUMARIO: I. GENERALIDADES: 125. Concepto de órgano judicial.— 126. Composición del órgano judicial desde el punto de vista administrativo.— II. CLASES DE ÓRGANOS JUDICIALES: 127. Criterios de clasificación.— 128. Órganos técnicos y legos.— 129. Órganos unipersonales y colegiados.— 130. 304   

Órganos de conocimiento en instancia única o plural.

I. GENERALIDADES(1)

125. Concepto de órgano judicial a) Todo proceso requiere, como elemento subjetivo esencial, la intervención de un órgano del Estado (o equiparado a esa categoría) a quien incumbe, como función primordial, la de dirimir conflictos jurídicos suscitados entre partes (proceso contencioso) y, eventualmente, la de constituir, integrar o acordar eficacia a relaciones de derecho privado (proceso voluntario). De acuerdo con una acepción que ya se ha utilizado entre otros lugares de esta obra(2), debe entenderse por órgano del Estado, en sentido jurídico material(3), al funcionario público que actuando individualmente o en colegio con otros de la misma jerarquía, se halla investido de la potestad de crear normas provistas de fuerza obligatoria para sus posibles destinatarios(4). En el proceso judicial, cada uno de los órganos del Estado a quienes corresponde esa potestad se encuentra personificado en un funcionario, o conjunto de funcionarios, denominados jueces, quienes revisten el carácter de sujetos primarios de aquél y cumplen la función pública procesal en los fundamentales aspectos de dirección, decisión y ejecución. Desde el punto de vista al cual nos estamos refiriendo, cabe por lo tanto definir al órgano judicial como al sujeto primario del proceso, representado por un juez o por un conjunto de jueces, investido de la potestad de satisfacer la pretensión o la petición extracontenciosa que constituye el objeto de aquél. El órgano judicial, como lo señalamos oportunamente (supra, nro. 46), se encuentra en una situación de preeminencia en relación con los restantes sujetos del proceso, perteneciéndole en forma exclusiva la utilización lícita de la coacción. Por lo demás, el conjunto de órganos judiciales del Estado forma parte de una organización permanente, estructurada por ordenamientos legales que determinan su número, competencia y régimen administrativo(5). 305   

Las nociones expuestas sólo son parcialmente aplicables al órgano arbitral. Éste cumple también una función pública, de carácter esencialmente jurisdiccional (supra, nro. 66, D]), pero están excluidas de su conocimiento las peticiones extracontenciosas, carece de la atribución de imponer coactivamente el cumplimiento de sus decisiones y no se encuentra organizado según un régimen legal preexistente al proceso en el cual debe intervenir(6). b) Desde otro punto de vista, la noción de órgano judicial comprende no sólo al sujeto procesal primario que hemos caracterizado precedentemente, sino también a otras personas que integran, junto con aquél, aunque en una posición subordinada, cada una de las unidades administrativas de que se compone el poder judicial(7). De conformidad con esta segunda acepción, puede concebirse al órgano judicial como un agregado o reunión de personas que se hallan adscriptas a él con carácter estable y cuyas respectivas actividades tienden, en forma coordinada, al cumplimiento integral de la función pública procesal(8). Este concepto resulta incluso aplicable a los denominados órganos judiciales unipersonales, porque la unipersonalidad queda entonces referida a una de las categorías en que revista el personal del órgano(9), y de las cuales nos hemos de ocupar en el próximo número.

126. Composición del órgano judicial desde el punto de vista administrativo a) Desde el punto de vista administrativo, el personal del órgano judicial se agrupa, básicamente, en dos categorías: la juzgadora y la auxiliar. La primera está integrada por uno o por varios jueces o magistrados(10), según se trate, respectivamente, de un órgano unipersonal (juzgado) o colegiado (tribunal)(11). A tales personas incumbe el cumplimiento de las funciones superiores del proceso(12), como son las directivas, las decisorias y las ejecutivas. Esa circunstancia determina, asimismo, que ejerzan la jefatura del órgano, aunque en los tribunales colegiados, no obstante la paridad jerárquica en que se encuentran los jueces que los integran, dicha jefatura está asignada, principalmente por razones de ordenación administrativa, a un magistrado que recibe la designación de presidente del tribunal. El personal auxiliar cumple funciones instrumentales en relación con la función juzgadora, y dentro de esa categoría corresponde, a su vez, distinguir entre dos grupos: el superior y el subalterno.

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El grupo superior se halla constituido por los secretarios, a quienes compete, en su carácter de funcionarios técnicos y especializados, el cumplimiento de parte de las funciones ordenatorias del proceso y la actividad específicamente referida a la formación material y a la custodia de los expedientes judiciales (actos de documentación). El grupo subalterno está encabezado por los llamados oficiales primeros, encargados en la práctica de redactar el despacho de trámite y a quienes la legislación vigente asigna el cumplimiento de diversos actos de documentación (v.gr., arts. 57, 85, 119 y 124, CPCCN). Por debajo de ellos, la dotación del órgano judicial está integrada por un grupo de empleados, cuyo número varía según el juzgado o tribunal de que se trate, quienes, de acuerdo con sus respectivas categorías (y a veces con sus aptitudes), colaboran con los secretarios u oficiales en la práctica de las diligencias procesales o realizan operaciones de mero carácter material. b) Con referencia a la administración de justicia, en general, resta finalmente señalar que los órganos judiciales cuentan también con la actividad auxiliar de ciertos empleados, funcionarios e incluso particulares que no se encuentran establemente adscriptos a ningún órgano en especial. Entre esta categoría de auxiliares cabe todavía formular una distinción fundada en el hecho de que, funcionalmente, pertenezcan o no a los cuadros judiciales con el carácter de funcionarios o empleados permanentes y retribuidos a sueldo por el Estado. Dentro del primer grupo, los principales auxiliares judiciales son los empleados dependientes de las oficinas de mandamientos y notificaciones (infra, nro. 224), los profesionales que integran los llamados cuerpos técnicos periciales y los peritos oficiales (infra, nros. 225 y 226). Al segundo grupo pertenecen, entre otros, los custodios de bienes embargados o secuestrados, los interventores o administradores judiciales, los martilleros, etcétera. En la medida en que a tales auxiliares se les encomienda, en cada caso, un encargo específico, es correcto denominarlos encargados judiciales(13).

II. CLASES DE ÓRGANOS JUDICIALES(14)

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127. Criterios de clasificación Desde el punto de vista del carácter y del número de las personas que integran la categoría que hemos llamado juzgadora, los órganos judiciales pueden clasificarse, respectivamente, en técnicos y legos, y en unipersonales y colegiados. Si nos atenemos, en cambio, a la índole definitiva o no de sus decisiones, los órganos judiciales pueden ser de conocimiento en instancia única o en instancia plural. En los números que siguen nos ocuparemos, en particular, de cada una de las clases de órganos precedentemente mencionadas.

128. Órganos técnicos y legos a) La distinción entre ambas clases de órganos reside en la circunstancia de que, para integrar la categoría juzgadora, se requiera o no la posesión de título profesional que permita presumir un conocimiento específico de la materia jurídica. b) Sin perjuicio de otros requisitos que examinaremos más adelante, nuestro sistema jurídico, como principio general, limita el acceso a la mencionada categoría a aquellas personas que posean título de abogado expedido por Universidades de la República, sean oficiales o legalmente reconocidas por el Estado(15). Adhiere, por lo tanto, al principio del tecnicismo del órgano. c) Excepcionalmente, cuando se trata del conocimiento de asuntos de menor cuantía o de escasa complejidad jurídica, la legislación vigente admite que la función juzgadora sea ejercida por funcionarios carentes de título profesional, aunque, por lo general, establece que las resoluciones dictadas por dichos funcionarios son recurribles ante órganos técnicos. Eran órganos legos los jueces de paz del Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y los jueces del mismo nombre de las provincias como las de San Luis(16)y La Rioja(17). La mayoría de las provincias hoy instituyen una justicia de Paz Letrada(18). d) Pese a las previsiones constitucionales a que más adelante nos referiremos, en nuestro régimen procesal no se halla organizado el funcionamiento de órganos judiciales de composición mixta, es decir, integrados por jueces técnicos y legos. Esa forma de composición está admitida en otras legislaciones, entre las cuales se comprueba la aplicación de dos sistemas caracterizados, respectivamente, por la circunstancia de que los elementos legos del 308   

órgano tengan circunscripta su intervención al juzgamiento de las cuestiones de hecho (jurados)(19), o a la de que integren, con los jueces técnicos, un órgano judicial completo en el cual unos y otros tienen el mismo poder de decisión en materia fáctica y jurídico. El primero de los mencionados sistemas se aplica con amplitud en el derecho anglosajón, tanto en el ámbito penal como en las causas civiles. En relación con estas últimas interesa destacar que en los Estados Unidos de Norteamérica, v.gr., la enmienda séptima de la Constitución Federal(20), acuerda a cada una de las partes el derecho al juicio con participación de jurados (trial by jury) en todos aquellos litigios fundados en el common law (actions at law)(21)que deban ventilarse entre las cortes federales y cuyo monto exceda de veinte dólares. Las constituciones de numerosos Estados garantizan igualmente el mencionado derecho respecto de las causas que deben tramitar ante las cortes estatales. Los miembros del jurado, que de ordinario son doce, se extraen en cada caso, mediante sorteo, de una lista de personas (array) que se lleva en cada una de las cortes de justicia. Aquéllos, asimismo, pueden ser recusados con o sin expresión de causa (challenge for cause y peremtory challenge, respectivamente), pero generalmente esta última posibilidad se halla limitada a un número determinado de jurados. La intervención del jurado está, por lo demás, exclusivamente limitada al trial, que configura la etapa fundamental del proceso de conocimiento en el derecho anglosajón, pues en ella tienen lugar los debates y la producción de la prueba (supra, nro. 16, g]). Durante el trial, incumbe al juez togado (court) presidir y dirigir el debate, así como resolver las diversas peticiones que pueden formular las partes, sea en forma de motions o de objections(22). Primordialmente le compete intervenir en la decisión de las cuestiones de derecho (issues of law), aunque no se hallan totalmente excluidas de su decisión las cuestiones de hecho, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando debe resolver si determinada cuestión es de hecho o de derecho o si las pruebas presentadas por las partes son suficientes para justificar la petición de que el jurado pronuncie un veredicto. Al jurado, en cambio, sólo le corresponde resolver las cuestiones de hecho (issues of fact). A tal efecto, una vez concluida la discusión oral, el juez debe impartir instrucciones a los jurados acerca de los principios legales que rigen el pleito, explicarles cuáles son las issues comprendidas en el litigio e indicarles el orden en que deben decidirse y el efecto que la decisión de cada una de aquéllas tiene sobre las posteriores y sobre la decisión definitiva. Posteriormente, los defensores de las partes pueden plantear requests to charge o exceptions to the charge, las cuales consisten, respectivamente, en el pedido de que el juez exponga al jurado determinados puntos que, en opinión de aquéllos, han sido omitidos o insuficientemente explicados, o en la impugnación de las instrucciones 309   

en el supuesto de considerarse que éstas son total o parcialmente erróneas. Una vez terminada esa etapa, el jurado se retira a deliberar sobre las cuestiones propuestas, que debe decidir sobre la base de la valoración de la prueba producida en el juicio y de los principios jurídicos expuestos por el juez, aunque puede pedir a éste aclaraciones y nuevas instrucciones. La decisión adoptada por el jurado, que no es motivada, recibe el nombre de veredicto, y se pronuncia sobre la base del juicio de la mayoría de los miembros que lo integran, difiriendo esa mayoría en los distintos estados (en el de Nueva York, por ejemplo, debe ser de cinco sextos). En el supuesto de no lograrse la mayoría requerida, el juez debe hacer constar el desacuerdo (disagreement), licenciar al jurado (discharge the jury) y ordenar un nuevo trial. Después de pronunciado y leído el veredicto por el presidente del jurado (foreman), el juez dicta la sentencia (judgement) con arreglo a los términos de aquél. Sin embargo, con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia, las partes pueden impugnar el veredicto, fundándose, por ejemplo, en que éste es contrario a la carga de la prueba (notion to set aside the veredict as against the weight of the evidence), en cuyo caso, si la impugnación es acogida por el juez, cabe la posibilidad de que se haga lugar a un nuevo juicio. En Inglaterra rige un sistema semejante, pero el derecho al trial by jury ha sido sensiblemente limitado a través de diversas disposiciones legales. Con respecto a las causas penales, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos funciona el juicio por jurados cuando se trata del juzgamiento de delitos de cierta gravedad. En el segundo de los países mencionados, la acusación formulada por el procurador del estado correspondiente, generalmente denominado Fiscal de Distrito, debe ser previamente examinada por un "Gran Jurado" (Grand Jury) compuesto de 23 personas, al cual incumbe pronunciarse sobre el mérito de aquélla y dictar veredicto acerca de si procede o no la remisión a juicio, a cuyo efecto es decisiva la opinión de no menos de 12 de los miembros del jurado. En el supuesto de que el veredicto sea afirmativo (the Grand Jury has returned an indictement), el acusado es juzgado en juicio oral y público ante el "Pequeño Jurado" (Petty Jury) bajo la dirección de un juez togado. Concluido el debate y la producción de la prueba, el jurado procede a deliberar y emite posteriormente el veredicto, el cual debe limitarse a determinar si el acusado es o no culpable (guilty or not guilty), correspondiendo, en el primer caso, que el juez aplique la sanción que estime pertinente y, en el segundo caso, que disponga la absolución y la consecuente libertad del acusado que se encuentra detenido. El veredicto debe ser dictado por unanimidad, existiendo la posibilidad, en el supuesto de no lograrse aquélla, que el acusado sea sometido a un nuevo juicio. Si 310   

el veredicto es absolutorio, el Estado carece del derecho de apelación. Lo tiene, en cambio, el acusado, frente a una sentencia condenatoria. Cabe agregar que en algunos Estados se ha logrado sustituir la intervención del "Gran Jurado" por una declaración jurada de culpa probable emitida por el Fiscal de Distrito(23). En Inglaterra, aquél fue definitivamente suprimido en el año 1933. Diversas normas contenidas en la Constitución Nacional prevén expresamente la institución del jurado, aunque limitada a las causas penales. Tales son el art. 24, en cuya virtud se impone al Congreso "el establecimiento del juicio por jurados"; el art. 75, inc. 12, que faculta a dicho órgano para dictar la ley correspondiente, y el art. 118, que prescribe que todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. Se ha dicho que tales disposiciones se fundamentan en los principios de Gobierno adoptados por la Constitución, por cuanto reconocen que, así como el sufragio constituye el medio por el cual el pueblo participa en la formación de la ley, el Jurado es la única forma de juicio a través de la cual puede también tener parte en su aplicación(24). No obstante, el Congreso nunca llegó a aprobar los diversos proyectos que se presentaron con el objeto de llevar a la práctica los referidos textos constitucionales(25), circunstancia que demuestra, elocuentemente, su derogación por vía consuetudinaria(26). En la doctrina procesal argentina, la mayor parte de los autores se ha pronunciado en contra de la institución del jurado(27), y entre las objeciones que con más frecuencia se han formulado cabe mencionar las siguientes: 1º) La imposibilidad práctica de juzgar una cuestión de hecho con prescindencia de su sentido jurídico. El encuadramiento de los hechos dentro de una determinada estructura legal, supone inevitablemente un previo acto de comprensión estimativa mediante el cual se valoran tanto las circunstancias fácticas del caso como las referencias dogmáticas contenidas en la ley(28). En tales condiciones, la neta separación entre las funciones del juez técnico y las del jurado configura una inadmisible ruptura de la unidad que debe caracterizar al juicio jurídico(29). 2º) Mientras el juez técnico debe ajustarse, en la valoración de la prueba, a los principios de la sana crítica o de la libre convicción, los cuales obligan a la exteriorización de un raciocinio cuyo acierto o error es perfectamente verificable por las partes, los jurados deciden, en esa materia, de acuerdo con el sistema de la íntima convicción, el que por sí solo resulta incompatible con la apreciación de pruebas de mediana complejidad y excluye toda posibilidad de control sobre la administración de justicia(30).

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3º) A diferencia de los jueces técnicos, sobre quienes pesa el deber de fundar sus decisiones, el veredicto de los jurados no requiere motivación alguna. Esta dispensa es, en nuestro derecho, lesiva de la garantía constitucional de la defensa en juicio, entre uno de cuyos aspectos figura la exigencia de que las decisiones judiciales constituyan una derivación razonada del derecho vigente, y no el producto de la voluntad individual de los juzgadores(31). 4º) La mayor propensión de los jurados a guiar sus conclusiones en virtud de motivos extraños a un estricto criterio de justicia. Si bien el juez técnico se halla también expuesto a dejarse arrastrar por esa clase de motivos, la profesionalidad, la experiencia judicial y su responsabilidad como funcionario del Estado actúan como elementos moderadores de inclinaciones o tendencias ajenas a la objetividad que debe presidir su juicio. 5º) Las dificultades que, inevitablemente, trae aparejada la selección y constitución del jurado. Por un lado, en efecto, para el funcionamiento de la institución debe arbitrarse un sistema, ciertamente de dificultosa concepción, merced al cual quede garantizado el acceso al tribunal de grupos de personas representativos de un mediano nivel cultural. Por otro lado, es menester computar el hecho de que el desempeño del cargo implica un sensible sacrificio de las ocupaciones habituales y del tiempo razonablemente disponible del ciudadano común. Con respecto a los Estados Unidos, en cuyo sistema jurídico la institución, como hemos dicho, se encuentra profundamente arraigada, se ha observado "que ciudadanos que tienen empleos estables y viven de su trabajo, intentan con frecuencia evitar ser llamados a formar parte del jurado"; y que, "como consecuencia, el nivel del jurado tiende a descender, sobre todo en los grandes centros"(32). 6º) La experiencia negativa que el funcionamiento del jurado ha arrojado en algunos países de conformación y tradición jurídica semejantes a la del nuestro, como España(33), México y Brasil(34). Las razones precedentemente enunciadas, que recogen opiniones vertidas respecto del proceso penal, único al cual se refieren, como hemos dicho, los textos constitucionales a que antes aludimos, son enteramente aplicables al proceso civil. Interesa señalar, sin embargo, que si en materia penal la vigencia de la institución que analizamos puede admitir una justificación política emergente del interés público que se halla siempre comprometido en el juzgamiento de los delitos, ámbito en el cual también están en tela de juicio la libertad y el honor de los ciudadanos, tal fundamento carece de toda validez en el proceso civil. Éste, como principio, versa sobre cuestiones que no trascienden el interés particular de las partes, y, por ende, no existe a su respecto ninguna razón para justificar que su decisión sea adoptada mediante la participación de elementos directamente representativos de la 312   

comunidad. A ello cabe añadir que la intervención de jurados en los procesos civiles no se compadece con la creciente complejidad de las relaciones jurídicas que en ellos se debaten y con el acentuado tecnicismo que informa al régimen probatorio en materia civil(35). En cuanto al sistema consistente en la fusión, dentro del órgano judicial, de jueces técnicos y legos (escabinos) dotados de las mismas potestades en lo que atañe a la apreciación de las cuestiones de hecho y a la aplicación del derecho, ha alcanzado vigencia, primordialmente, en el proceso penal. Tal es el caso, v.gr., de la Corte de assises italiana(36). En Francia, bajo el mencionado sistema se hallan organizadas las Cámaras Comerciales de los Tribunales de Primera Instancia que juzgan los litigios de carácter comercial en algunos departamentos del país(37). Se ha dicho que tanto en el proceso penal, "como en el civil, se reputa útil la intervención de los jueces escabinos, porque aportan un conocimiento directo y vívido de los hechos y de las reacciones y efectos que puede producir la aplicación del derecho en el ámbito de que se trate"(38). Sin embargo, pensamos que a las dificultades prácticas que suscita la selección del elemento judicial lego, cabe añadir la necesidad de restringir su intervención a aquellas causas de mínima complejidad jurídica y los inconvenientes que trae aparejados la conciliación de criterios entre ambos elementos del órgano, pues el elemento popular pierde sensiblemente su eficacia en razón de la preponderancia que, como consecuencia de su posición, de sus conocimientos y de su experiencia, tienen inevitablemente los jueces técnicos(39).

129. Órganos unipersonales y colegiados a) La clasificación del epígrafe se basa en el número de jueces integrantes del órgano judicial. En nuestro derecho, por regla general, la primera instancia se halla a cargo de órganos unipersonales, en tanto que el conocimiento de los recursos (ordinarios y extraordinarios) corresponde a órganos colegiados. En la legislación argentina hacía excepción a esa regla la justicia de paz del Territorio Nacional de Tierra del Fuego y de las provincias, la cual era desempeñada, en las instancias ordinarias, por órganos unipersonales. Asimismo, salvo los supuestos de irrecurribilidad por razón del monto de los procesos(40), en los casos en que está instituida la instancia única el conocimiento de los asuntos se encomienda a órganos colegiados, cuyas decisiones definitivas, a su vez, pueden o no ser susceptibles de impugnación en una instancia extraordinaria que se desarrolla ante órganos de la misma índole. Ejemplo de la primera hipótesis son las 313   

sentencias de los tribunales que algunas provincias han organizado en los fueros civil y comercial, laboral (como el caso de la provincia de Buenos Aires) y penal, las cuales adquieren carácter definitivo con respecto a la decisión de las cuestiones de hecho, pero son impugnables ante los superiores tribunales locales mediante recursos de inaplicabilidad de ley, casación, nulidad, inconstitucionalidad, etc. (sin perjuicio del extraordinario que pueda corresponder ante la Corte nacional) y las sentencias pronunciadas por estos últimos tribunales cuando actúan en ejercicio de competencia originaria (v.gr., pretensiones contencioso administrativas y declarativas de inconstitucionalidad), las que pueden ser impugnadas por el recurso extraordinario que prevé el art. 14 de la ley 48. Dentro de la segunda hipótesis se encuentran comprendidos los pronunciamientos de la Corte Suprema nacional en los casos establecidos por el art. 117 de la Constitución (infra, nro. 248), cuya irrecurribilidad emana del carácter supremo que dicho tribunal reviste en el sistema judicial argentino. b) La conveniencia de uno u otro de los mencionados sistemas de composición del órgano judicial, ha suscitado la enunciación de criterios doctrinarios dispares. En favor de la unipersonalidad del órgano se arguye, fundamentalmente, que el sistema redunda en beneficio de una administración de justicia más sencilla, rápida y económica, al par que estimula el sentido de la responsabilidad en el elemento juzgador. Quienes propician, en cambio, el sistema de la colegialidad, hacen hincapié en la circunstancia de que, en tanto el pronunciamiento dictado por varios jueces debe estar precedido por una deliberación e intercambio de opiniones que esclarece los espíritus(41), aquél favorece una más adecuada apreciación de los hechos y garantiza en mayor medida la justicia del fallo. A su turno, como objeción contra el sistema de la unipersonalidad, se advierte el mayor margen de error a que se halla expuesta la sentencia de un juez único, y contra el sistema de la colegialidad se hace notar que, aparte de retardar y encarecer el proceso, diluye la responsabilidad entre los diversos integrantes del órgano. El problema, sin embargo, no se presta a ser solucionado en términos absolutos. La opción entre uno u otro sistema, o la combinación de ambos, depende fundamentalmente de la existencia de una o de varias instancias y de la mayor o menor complejidad de los procesos. Si se trata, en efecto, de un régimen procesal estructurado sobre la base de la pluralidad de instancias ordinarias, y con mayor razón si rige el principio de escritura, es evidente que la institución de la primera instancia unipersonal incide en beneficio de la agilidad en el trámite de las causas y posibilita un más adecuado contacto del elemento juzgador con los materiales del proceso.

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En la segunda instancia, en cambio, resulta más apropiada la intervención de un órgano colegiado. La solución se funda, por un lado, en la menor complejidad de dicha etapa procesal, en la cual no se verifica un nuevo juicio, sino la revisión de lo decidido en la instancia anterior y sobre la base de los elementos allí reunidos, limitándose la actividad del órgano, como principio, a deliberar y decidir acerca del acierto o error del pronunciamiento impugnado. Por otro lado, en la medida en que la segunda instancia supone la existencia de un fallo anterior, la decisión revocatoria dictada por un órgano unipersonal sólo documentaría la existencia de dos opiniones judiciales divergentes sobre el tema sometido a decisión, y carecería de la presunción de acierto que razonablemente cabe atribuir a la resolución dictada tras el estudio y la deliberación efectuadas por un colegio de jueces. Distinto es el caso de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los jueces de paz legos, de las cuales conocen, por lo común, jueces singulares, ya que éstos revisten el carácter de órganos técnicos y ofrecen, por lo tanto, mayor garantía que aquéllos en lo que atañe a la correcta aplicación del derecho. Si se trata, por el contrario, de un ordenamiento procesal que instituye la instancia única, la opción entre uno u otro sistema dependerá, fundamentalmente, de la cuantía y complejidad de las causas. Asimismo, si la importancia del asunto requiere la colegialidad, ha de preferirse la intervención de órganos reducidos, integrados por tres o no más de cinco miembros, pues la experiencia demuestra que los tribunales de composición numerosa dificultan la deliberación y coordinación de criterios. "Entre el juez único y la colegialidad técnica reducida —dice Clariá Olmedo(42)— juegan ya con menos disparidad los criterios de economía y sencillez, por un lado, y el de verdad y justicia por otro. Mientras este último no se resienta fundamentalmente, ha de preferirse el tribunal unipersonal; caso contrario, debemos dar preferencia a la garantía de justicia e inclinarnos por el tribunal múltiple, mientras se lo instituya en forma eficaz, para que en el momento de actuar en pleno (debate y sentencia) sea eficiente y no un engorro para la administración de justicia".

130. Órganos de conocimiento en instancia única o plural a) Esta clasificación se basa en la definitividad del conocimiento asignado a los órganos judiciales o, en otras palabras, en la posibilidad de que un mismo asunto sea o no susceptible de ser examinado sucesivamente por distintos órganos tanto en su aspecto fáctico como jurídico. 315   

b) Nuestro sistema procesal civil se asienta, como regla general, en el principio de la instancia múltiple. Con excepción de las hipótesis de irrecurribilidad y de instancia única que se han mencionado en el número precedente, luego de fallada una causa puede ser sometida, mediante el llamado recurso de apelación, a un nuevo conocimiento por parte de un órgano judicial jerárquicamente superior al que dictó la sentencia impugnada. Excepcionalmente la ley admite una tercera instancia, que se desarrolla ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el supuesto previsto por el art. 24, inc. 6º, del dec.-ley 1285/1958, reformado por la ley 21.708 (infra, nro. 134, A]). Asimismo, en los casos contemplados por el art. 14 de la ley 48, las sentencias definitivas(43)dictadas en segunda o en única instancia son susceptibles de recurso extraordinario ante la Corte Suprema nacional. Por otra parte, los Superiores Tribunales provinciales tienen competencia para revisar, a través de ciertos recursos extraordinarios previstos y reglamentados en las respectivas legislaciones(44), los fallos definitivos(45)pronunciados en segunda instancia por las Cámaras de Apelaciones(46)o en instancia única por los correspondientes órganos colegiados. Finalmente, los fallos de las salas de las Cámaras Nacionales de Apelaciones pueden ser sometidos a un nuevo examen por parte de la respectiva Cámara reunida en pleno, en la hipótesis del recurso de inaplicabilidad de la ley. Sin embargo, en ninguno de esos casos tales recursos extraordinarios determinan la apertura de una tercera instancia, pues la competencia de los órganos judiciales que entienden en ese género de impugnaciones se encuentra limitada a revisar el contenido jurídico del fallo y, eventualmente, su regularidad formal, siendo ajeno a su conocimiento el examen relativo a las conclusiones de hecho y a la apreciación de la prueba. c) Desde antiguo se viene discutiendo acerca del tema referente a la conveniencia de que los procesos sean objeto de un conocimiento judicial único o reiterado(47). Los partidarios de este último sistema arguyen, entre otras razones: 1º) Que en tanto supone un doble examen de los elementos fácticos y jurídicos involucrados en la causa, contribuye a eliminar los errores en que puede haber incurrido el órgano inferior, y asegura, por lo tanto, el acierto y la justicia de los pronunciamientos judiciales. 2º) Que incita al juez de primera instancia para actuar con mayor prudencia y atención. 3º) Que acuerda la posibilidad de introducir nuevos elementos de juicio, facilitando la defensa de los litigantes(48). 4º) Que, aparte de hallarse constituidos por varios jueces, los tribunales de apelación ofrecen la garantía derivada de la mayor experiencia y ponderación que cabe presumir en aquéllos. Contra el sistema de la instancia múltiple se dice que encarece y retarda la solución de los procesos, agregándose que la institución de tribunales colegiados de instancia única, integrados por jueces que reúnan las condiciones que se exigen para desempeñar el cargo en un tribunal de 316   

apelación, desvirtúa mencionado(49).

el

principal

argumento

precedentemente

Desde un punto de vista estrictamente teórico, tales objeciones son sin duda fundadas. Es dudoso, sin embargo, que la implantación de la instancia única colegiada (desde luego con recurso de casación en cuanto a las cuestiones de derecho) pueda reportar una mejora esencial en la administración de la justicia civil. Si, por un lado, según lo aconseja una técnica procesal estricta, el sistema se complementase con la institución de la oralidad y la participación del tribunal íntegro en la recepción de la prueba, se correría el peligroso riesgo de dilaciones que se observa, por ejemplo, en el régimen procesal laboral de la provincia de Buenos Aires. Si, por el contrario, se recurre al arbitrio de delegar la instrucción en uno de los jueces integrantes del tribunal (juez instructor), reservándose la intervención del órgano judicial en pleno para la resolución de los incidentes suscitados durante el curso de la instrucción y para el pronunciamiento de la sentencia definitiva, resulta quebrada la vigencia del principio de inmediación y no se percibe que el sistema signifique un adelanto sustancial con respecto al de la doble instancia, pues aparte de que los restantes miembros del tribunal sólo pueden contar con la versión escrita de las actuaciones desarrolladas ante el juez instructor, la participación de éste en el fallo de la causa puede afectar la independencia y la objetividad en el juicio de aquéllos. Las precedentes consideraciones hacen pues aconsejable, al menos en lo que atañe a los ordenamientos procesales que analizamos, no eliminar el sistema de la doble instancia, sino adecuarlo a las exigencias de una administración de justicia económica y expeditiva. Fiel a esta última orientación, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación supera en importante medida los inconvenientes de la doble instancia a través de la institución de las apelaciones diferidas, del principio general de la irrecurribilidad de las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas (sin perjuicio del replanteo de las respectivas cuestiones en oportunidad del recurso deducido contra la sentencia definitiva) y de la limitación de recursos admisibles, especialmente en el llamado proceso sumarísimo.

CAPÍTULO XI - ORGANIZACIÓN JUDICIAL SUMARIO: I. GENERALIDADES: 131. Ubicación del tema.— 132. Estructura de la justicia argentina.— II. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN: 133. Distintas clases 317   

de órganos judiciales nacionales.— 134. Corte Suprema de Justicia de la Nación.— 135. Órganos judiciales inferiores. III. RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL EN LAS PROVINCIAS Y EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: 136.

Buenos Aires.— 137. Catamarca.— 138. Córdoba.— 139. Corrientes.— 140. Chaco.— 141. Chubut.— 142. Entre Ríos.— 143. Formosa.— 144. Jujuy.— 145. La Pampa.— 146. La Rioja.— 147. Mendoza.— 148. Misiones.— 149. Neuquén.— 150. Río Negro.— 151. Salta.— 152. San Juan.— 153. San Luis.— 154. Santa Cruz.— 155. Santa Fe.— 156. Santiago del Estero.— 157. Tierra del Fuego.— 158. Tucumán.— 159. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.— IV. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: 160. Concepto y naturaleza.— 161. Composición.— 162. Atribuciones.— 163. Los Consejos en el orden provincial.— V. JURADO DE ENJUICIAMIENTO: 164. Composición y atribuciones.— 165. Procedimiento.

I. GENERALIDADES

131. Ubicación del tema a) Ya analizados, en un tramo anterior de esta obra, la naturaleza y los caracteres de la función pública procesal, y habiéndonos ocupado en el capítulo anterior del concepto y clases de órganos a través de los cuales se lleva a cabo dicha función, corresponde estudiar ahora la forma en que aquéllos se hallan estructurados y distribuidos en el orden nacional y provincial. b) La circunstancia de que el estudio que ha de realizarse en este capítulo gire exclusivamente en torno a los órganos judiciales, no implica desconocer el hecho de que la función pública procesal puede también ser ejercida por órganos arbitrales que revisten, asimismo, el carácter de 318   

sujetos de un determinado tipo de proceso (supra, nro. 60). Sin embargo, las modalidades a que el ordenamiento jurídico condiciona la designación de los árbitros y amigables componedores excluyen, por sí mismas, toda idea de una "organización" arbitral con los atributos de preexistencia y de permanencia que son propios de la organización judicial. De allí que, por razones metodológicas, el régimen jurídico de los árbitros y amigables componedores debe ser analizado en el capítulo referente al proceso arbitral.

132. Estructura de la justicia argentina a) La Constitución argentina, tomando como modelo a la norteamericana de 1787, instituyó un doble orden judicial que responde a la clase de poder político del que emanan las atribuciones de administrar justicia(1). De acuerdo con tal principio, existe por un lado una justicia nacional, que tiene su origen en el poder del Gobierno central y ejerce sus atribuciones en todo el territorio de la República cuando se trata del conocimiento de los asuntos enumerados en el art. 116 de la Constitución (competencia federal), y en los lugares sometidos a la exclusiva potestad de dicho Gobierno sin restricción alguna en materia de competencia. Ello no impide, sin embargo, que aun en esos lugares las leyes distribuyan la competencia de los órganos judiciales atendiendo a la índole común o específicamente federal de los asuntos. Tal lo que ocurre, como veremos más adelante, en la Capital Federal. Existe, por otro lado, una justicia provincial que emana de las autonomías locales, ejerce sus funciones a través de los órganos judiciales que cada provincia debe crear y organizar con prescindencia del Gobierno central (arts. 5º, 121, 123, 126 de la Constitución Nacional) y conoce, dentro de los respectivos ámbitos territoriales, en todos los asuntos regidos por el derecho común (con las limitaciones establecidas por el art. 75, inc. 12, de la Constitución) y por el correspondiente derecho local. b) Pese a la mencionada delimitación de atribuciones, la separación entre ambos órdenes judiciales no es absoluta. Por una parte, en efecto, incumbe a la Corte Suprema nacional la atribución de conocer en las cuestiones de competencia y en los conflictos que en juicio se planteen entre órganos judiciales de distintas provincias (art. 24, inc. 7º, del dec.-ley 1285/1958), así como la de rever, en aquellos supuestos en que es admisible el recurso contemplado por el art. 14 de la ley 48,las sentencias definitivas de los tribunales provinciales. Por otra parte, las autoridades 319   

judiciales locales tienen, respecto de los jueces nacionales, un deber de colaboración a cuyo alcance nos hemos referido supra, nro. 67, b]).

II. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN(2)

133. Distintas clases de órganos judiciales nacionales a) El art. 108 de la Constitución Nacional determina que el Poder Judicial de la Nación es ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca en el territorio de la Nación. En cumplimiento de esa norma se han sancionado numerosas leyes de creación de órganos judiciales nacionales, a cuyas distintas clases se refiere el art. 1º del dec.-ley 1285/1958 en tanto dispone: "El Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales con asiento en las provincias y la Cámara Nacional Electoral, con jurisdicción en todo el territorio de la República". b) De acuerdo con el orden establecido por la norma transcripta, podemos trazar el siguiente cuadro analítico referente a la actual organización de la justicia nacional: 1º) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el órgano cabeza del Poder Judicial de la Nación y tiene su asiento en la Capital Federal (art. 21, dec.-ley 1285/1958). 2º) Órganos judiciales de la Capital Federal. Se hallan integrados por la Cámara Nacional de Casación Penal; Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital Federal: a) En lo Civil y Comercial Federal. b) En lo Contencioso Administrativo Federal. c) En lo Criminal y Correccional Federal. d) En lo Civil. e) En lo Comercial. f) Del Trabajo. g) En lo Criminal y Correccional. h) Federal de la Seguridad Social. i) Electoral. j) En lo Penal Económico. Tribunales orales: a) En lo Criminal. b) En lo Penal Económico. c) De Menores. d) En lo Criminal Federal. Jueces Nacionales de Primera Instancia: a) En lo Civil y Comercial Federal. b) En lo Contencioso Administrativo Federal. c) En lo Criminal y Correccional Federal. d) En lo Civil. e) En lo Comercial. f) En lo Criminal de Instrucción. g) En lo Correccional. h) De Menores. i) En lo Penal 320   

Económico. j) Del Trabajo. k) De Ejecución Penal. l) En lo Penal de Rogatorias. m) Juzgados federales de primera instancia de la Seguridad Social. n) Juzgados federales de primera instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias. o) En lo Penal Tributario (art. 32, íd.). 3º) Órganos judiciales con asiento en las provincias. Corresponden a este grupo: a) las Cámaras Federales de Apelaciones; b) los Tribunales Orales en lo Criminal Federal; c) los Juzgados Federales de Primera Instancia a cuyos respectivos asientos y competencia territorial nos referiremos infra nro. 135 (art. 49, dec.-ley 1285/1958). c) Las distintas clases de órganos judiciales precedentemente mencionadas difieren en cuanto a la delimitación de su competencia, pues mientras con respecto a los órganos con asiento en las provincias aquélla no puede exceder el ámbito demarcado por el art. 116 de la Constitución, no existe razón constitucional alguna que imponga, en la Capital Federal, el establecimiento de órganos judiciales ordinarios y federales, por cuanto unos y otros revisten el mismo carácter nacional(3). No existe impedimento, por consiguiente, para asignar indistintamente a todos los órganos judiciales de la Capital las competencias federal y ordinaria(4).

134. Corte Suprema de Justicia de la Nación

A) Composición y competencia a)(5)El art. 108 de la Constitución Nacional reformada en 1994 determina que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. b) La Corte Suprema de Justicia se halla actualmente compuesta por cinco jueces, y actúan ante ella, como representantes del Ministerio Público Fiscal, el procurador general de la Nación y los procuradores fiscales de la Corte en los términos de la ley 24.946 y demás legislación complementaria y como representantes del Ministerio Público de la Defensa el defensor general de la Nación y los defensores oficiales en los términos de los arts. 51, incs. a) y b), y 53, inc. a), de la ley 24.946. Corresponde a la ley la fijación del número de jueces de la Corte y de sus fiscales, por cuanto la reforma constitucional de 1860 (mantenida en 321   

este tema por la de 1994) dejó sin efecto el art. 91 de la Constitución de 1853, según el cual dicho tribunal estaría integrado por nueve jueces y dos fiscales. Las leyes 27 (art. 6º) y 13.998 (art. 21) y el dec.-ley 1285/1958 (art. 21) fijaron la composición del tribunal en cinco jueces, número que fue elevado a siete por la ley 15.271, reducido nuevamente a cinco por la ley 16.895 (ambas modificatorias del art. 21 del referido decreto-ley), llevado a nueve por la ley 23.774 y reducido una vez más a cinco por la ley 26.183(6). Posteriormente, la ley 26.853 (art. 13) sustituyó el art. 21 del dec.-ley 1285/1958, con el siguiente texto: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces. Ante ella actuarán el Procurador General de la Nación y los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Defensor General de la Nación y los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la ley 24.946 y demás legislación complementaria. (*) El art. 1º de la acordada 23/2013 Corte Sup. establece: 'Declarar que la operatividad de los recursos procesales que contempla la ley 26.853 se halla supeditada a la instalación y funcionamiento de las Cámaras Federales y Nacionales que crea'". c) La Corte Suprema tiene su asiento en la Capital Federal y designa a su presidente. Por su parte, el art. 79 del Reglamento para la Justicia Nacional dispone que el presidente de la Corte y los vicepresidentes primero y segundo son elegidos por mayoría absoluta de votos de los jueces del tribunal y duran tres años en el ejercicio de sus funciones. d) De conformidad con lo dispuesto por los arts. 24 del dec.-ley 1285/1958(7)y 2º de la ley 17.116, la Corte Suprema conoce: 1. Originaria y exclusivamente, en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias y los civiles entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra o ciudadanos o súbditos extranjeros; de las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de su familia, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público. No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un país determinado la falta de reciprocidad a los efectos consignados en esta disposición, por decreto debidamente fundado. En este caso, el Estado extranjero, con respecto al cual se ha hecho tal declaración, queda sometido a la jurisdicción argentina. Si la declaración del Poder Ejecutivo limita la falta de reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del país extranjero a la jurisdicción argentina se limitará también a los mismos aspectos. El Poder Ejecutivo declarará el establecimiento de la reciprocidad, cuando el país extranjero modificare sus normas al efecto. A 322   

los efectos pertinentes de la primera parte de este inciso, se considerarán vecinos: a) Las personas físicas domiciliadas en el país desde dos o más años antes de la iniciación de la demanda, cualquiera sea su nacionalidad. b) Las personas jurídicas de derecho público del país. c) Las demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país. d) Las sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la totalidad de sus miembros se halle en la situación prevista en el apart. a). Son causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, las que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia, o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático. No se dará curso a las acciones contra las personas mencionadas en el punto anterior, sin requerirse previamente, del respectivo embajador o ministro plenipotenciario, la conformidad de su gobierno para someterlas a juicio. Son causas concernientes a los cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal. 2. Por recurso extraordinario en los casos de los arts. 14 de la ley 48 y 6º de la ley 4055. 3. En los recursos de revisión referidos por los arts. 2º y 4º de la ley 4055 y en el de aclaratoria de sus propias resoluciones(8). 4. En los recursos directos por apelación denegada. 5. En los recursos de queja por retardo de justicia en contra de las Cámaras Nacionales de Apelaciones(9). 6. Por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, en los siguientes casos: a) Causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, fuere superior a pesos diez millones ochocientos noventa mil ($ 10.890.000), monto según Acordada 28/2014 de la Corte Suprema. b) Extradición de criminales reclamados por países extranjeros. c) Causas a que dieren lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles. 7. De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas 323   

cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la Cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido. Decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia.

B) Presidencia a) La ley acuerda a la Corte Suprema la facultad de designar su presidente (art. 21, dec.-ley 1285/1958). El art. 79 del Reglamento para la Justicia Nacional dispone, por su parte, que el presidente de la Corte será elegido por mayoría absoluta de votos de los ministros del tribunal y durará tres años en el ejercicio de sus funciones, agregando que si dicho magistrado se hiciera cargo del Poder Ejecutivo de la Nación con arreglo a la ley de acefalía, el plazo precedentemente aludido se prolongará hasta su cesación en el desempeño de la Presidencia de la Nación. En los casos de recusación, impedimento, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema, este tribunal se integra, hasta completar el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo Federal de la Capital Federal y los de las Cámaras Federales con asiento en las provincias. En el caso de que el tribunal no pueda integrarse mediante ese procedimiento, corresponde practicar un sorteo entre una lista de conjueces hasta completar el número legal para fallar, debiendo éstos ser designados en número de diez por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, correspondiendo que el nombramiento recaiga en personas que reúnen las condiciones establecidas para ser juez de la Corte y tenga una duración de tres años que puede extenderse al solo efecto de resolver las causas en que el juez haya sido sorteado, hasta tanto se dicte el pronunciamiento (art. 22, dec.-ley 1285/1958,modificado por la ley 23.498)(10). b) De acuerdo con el RJN, el presidente de la Corte tiene las siguientes atribuciones: representar al tribunal en los actos protocolares, ante los otros poderes públicos y, en general, en todas sus relaciones con funcionarios, entidades o personas (art. 80); firmar las comunicaciones dirigidas al Presidente de la Nación, a los Presidentes de las Cámaras del Congreso, a los Gobernadores de provincia, a los Presidentes de las Cámaras de las Legislaturas provinciales, a los Presidentes de los Superiores Tribunales provinciales, a las autoridades superiores eclesiásticas y a los representantes de la Santa Sede y de las naciones extranjeras; las referentes a embargo o disposición o manejo de 324   

fondos, los mandamientos, los cheques judiciales y los demás que estime convenientes (art. 81, de conformidad con Acordada del 17/3/1961); provee con su sola firma, si lo estima pertinente o cuando su naturaleza lo requiera, el despacho de trámite (art. 82); presidir las audiencias públicas, pudiendo los demás ministros hacer uso de la palabra con su venia, y dirigir los acuerdos (art. 83); disponer lo relativo a la distribución de las causas a los ministros para su estudio y establecer la oportunidad y el orden de su consideración ulterior (art. 84); está a cargo de la instrucción del sumario en las causas penales de competencia originaria de la Corte Suprema, función que podrá delegar en algún otro de los ministros del tribunal. El instructor podrá, a su vez, delegar en un secretario de jerarquía no inferior a la de juez de primera instancia, la realización de toda diligencia que estime conducente para el total esclarecimiento del hecho y la determinación de los responsables de la ejecución (art. 84 bis); conceder licencias por un término no mayor de treinta y sesenta días, respectivamente, a los funcionarios y empleados del tribunal y de los organismos sobre los que éste ejerce superintendencia inmediata (art. 85, de conformidad con la Acordada del 17/6/1960); aplicar sanciones a los empleados de la Corte, con excepción de las reservadas a ésta por el art. 78 (o sea, suspensión por más de un mes, cesantía o exoneración) (íd.); las fuerzas de seguridad que actúen en la órbita del Poder Judicial estarán sujetas a la dirección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien podrá adoptar al efecto las disposiciones pertinentes. De ella dependerán tanto el personal del Servicio Penitenciario Federal que presta servicios en el Centro de Detención Judicial como la fuerza policial destacada en la Comisaría del Poder Judicial de la Nación. Dicha autoridad será ejercida en el primer caso a través de la Secretaría Judicial n. 3 y en el segundo por intermedio de la Secretaría de Superintendencia (hoy: Administración General), o en forma directa si así lo estimare conveniente. El presidente ejerce las funciones de superintendencia en tanto no medie expresa disposición legal que las confiera al tribunal y sin perjuicio de que en casos especiales y cuando su naturaleza lo requiera, las cuestiones a que se refiere el presente artículo sean sometidas a la consideración de la Corte Suprema (art. 86). A falta del presidente, hará sus veces el vicepresidente. Éste, a su vez, será reemplazado por los demás ministros, siguiendo el orden de su antigüedad (art. 87). En caso de considerarlo necesario, el presidente podrá delegar el ejercicio de algunas de sus funciones, transitoria o permanentemente, en el vicepresidente de la Corte Suprema (art. 87 bis).

C) Facultades de superintendencia 325   

a) Sin perjuicio de la superintendencia directa que incumbe a las Cámaras Nacionales de Apelaciones en el orden reglamentario, administrativo y disciplinario, la Corte Suprema ejerce superintendencia general sobre todos los órganos judiciales inferiores de la Nación. Si bien dicha facultad no se halla explícitamente reconocida en el texto constitucional(11), tiene fundamento en la circunstancia de ser la Corte, en el orden jerárquico, el órgano máximo de la justicia nacional. De allí que su potestad superintendencial haya sido consagrada, con mayor o menor precisión, por las distintas leyes orgánicas sancionadas con posterioridad a la Constitución(12). b) En el aspecto reglamentario, que se traduce en la facultad de dictar normas generales destinadas a complementar o integrar los textos legales relativos a la administración de justicia (supra, nro. 30), la legislación vigente, recogiendo un concepto que ya se encuentra formulado en los arts. 10, 11 y 22 de la ley 4055,acuerda preeminencia a los ordenamientos de esa índole que emanen de la Corte Suprema, pues es atribución de ésta la consistente en dictar, aparte de su reglamento interno y económico (art. 113 de la Constitución), el reglamento para la Justicia Nacional, estableciendo sus propias facultades de superintendencia y las que conciernen a los tribunales inferiores. Coincidente con ese criterio, el art. 104 del RJN establece que las Cámaras Nacionales ajustarán sus reglamentos internos a las disposiciones de aquél y a los que la Corte dicte en el futuro(13). En orden a las facultades respecto de funcionarios y empleados, mientras el art. 14 de la ley 13.998 acordaba a la Corte Suprema la atribución exclusiva de nombrar, remover y decidir sobre toda cuestión vinculada al personal de la justicia de la Nación cuya designación no dependiese del Poder Ejecutivo, el art. 13 del dec.-ley 1285/1958 establece que el nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados que dependan de dicha justicia se hará por la autoridad judicial y en la forma que establezcan los reglamentos de la Corte Suprema, agregando que en esos reglamentos se establecerá también lo referente a la decisión de cualquier otra cuestión vinculada con dicho personal. Con motivo de tal modificación del régimen legal, la Corte Suprema, mediante Acordada del 3/3/1958(14), resolvió conferir a las Cámaras de Apelaciones la facultad de designar y promover a su personal y al de los Juzgados y Ministerios Públicos, a propuesta de los jueces y funcionarios titulares, y estableció las normas a las cuales debían ajustarse las promociones. Asimismo, dicha Acordada distribuyó las facultades de la propia Corte y de los tribunales nacionales inferiores en lo que respecta al otorgamiento de licencias a los magistrados, titulares de los ministerios públicos y personal judicial(15). Importa destacar, sin embargo, que las facultades de superintendencia inmediata que las Cámaras tienen en relación con las cuestiones precedentemente señaladas, no obstan a que la 326   

Corte intervenga en los respectivos casos, por vía de avocación, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen(16). En el orden disciplinario, la Corte puede ejercer sus facultades de superintendencia general de dos maneras: avocando las actuaciones producidas con motivo de la aplicación de alguna sanción por un juez de primera instancia o una Cámara de Apelaciones, y decidiendo lo que estime pertinente(17), o bien mediante conocimiento originario del asunto (arts. 22 y 23 del RJN)(18).

D) Decisiones a) Las decisiones de la Corte Suprema deben adoptarse por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran, siempre que éstos concuerden en la solución del caso. En la hipótesis de mediar desacuerdo, se requieren los votos necesarios para obtener mayoría absoluta de opiniones (art. 23, dec.-ley 1285/1958,modificado por ley 15.271,art. 1º). b) En cuanto a su forma, tales decisiones deben dictarse en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado (art. 281, CPCCN).

E) Integración a) En los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo Federal de la Capital Federal y los de las Cámaras Federales con asiento en las provincias. Si el tribunal no pudiera integrarse mediante el procedimiento previsto en el párrafo anterior, se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar. Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en número de diez, serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La designación deberá recaer en personas que reúnan las condiciones establecidas en el art. 4º de esta ley y tendrá una duración de tres años. Esa duración se extenderá al solo efecto de resolver las causas en que el conjuez hubiere sido 327   

sorteado, hasta tanto se dicte pronunciamiento (art. 22, dec.-ley 1285/1958, texto según ley 23.498,art. 1º). b) En anterior régimen, la integración del Tribunal se efectuaba con el Procurador General. Frente a ello, se sostuvo que no procede tal integración de la Corte con el Procurador General cuando éste haya dictaminado en la causa, salvo que el dictamen expedido esté firmado por su antecesor en el cargo(19). Se había resuelto, asimismo, que tratándose de un juicio seguido contra la Nación, y aunque ésta actúe por intermedio de apoderado especial, corresponde aceptar la excusación del Procurador General para integrar la Corte, fundada en su carácter de representante natural del Fisco en tercera instancia(20). Si la causa, finalmente, proviene de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, corresponde que el tribunal se integre mediante conjueces de la lista respectiva(21).

F) Funcionamiento interno y secretarías a) El RJN contiene, respecto del funcionamiento interno del tribunal, en el orden judicial y administrativo, las siguientes disposiciones: La Corte Suprema se reunirá en acuerdo ordinario los días hábiles que designe. El número de estos acuerdos se determinará conforme a lo que requieran las tareas del Tribunal y a las circunstancias ocurrentes (art. 70). La Corte Suprema podrá también reunirse en acuerdos extraordinarios en días hábiles o feriados cuando fuera convocada por el Presidente o lo dispusiera la mayoría del Tribunal (art. 71). Los juicios verbales, audiencias e informes in voce se realizarán en los días de acuerdos ordinarios, salvo que se dispusiera lo contrario (art. 72). Se recibirán en audiencia pública en los días que en cada caso se designaren, los juramentos que debían prestarse ante la Corte Suprema o su Presidente (art. 73). Antes del 20 de diciembre de cada año, la Corte Suprema procederá a formar por sorteo listas de diez conjueces para los Juzgados Nacionales del interior con las nóminas que éstos le envíen. Excluirá del sorteo a los candidatos propuestos que no reúnan las condiciones para ser conjuez (art. 74). Antes del comienzo de las ferias de enero y julio la Corte Suprema designará el ministro que actuará durante ellas, con el personal que éste determine (art. 75). Los actos protocolares que realice la Corte Suprema se anunciarán por la prensa, a cuyo efecto se dará la noticia correspondiente a los periodistas destacados en el Palacio de Justicia. En materia de ubicación y preeminencia se observarán las disposiciones del ceremonial administrativo (art. 76). La Corte Suprema podrá disponer feriados y asuetos judiciales; la colocación de la Bandera 328   

a media asta; la remisión de notas de condolencia; la concurrencia a actos determinados y, en general, las medidas de homenaje y condolencia que fuesen de costumbre. Cuando el Poder Ejecutivo disponga para la Administración izar la Bandera a media asta, la medida regirá también para la Corte Suprema (art. 77). Corresponde al señor Presidente o al señor juez que seleccione, la facultad de designar y aceptar las renuncias de los funcionarios y empleados que dependen de la Corte Suprema, previa propuesta de ésta. Las sanciones expulsivas cesantía y exoneración serán resueltas por el tribunal. El señor Presidente aplicará las medidas de suspensión mayores de cinco días. El examen de ingreso a que se refiere el art. 11 será tomado, en la Corte Suprema y sus dependencias, por la Oficina de Personal de la Secretaría de Superintendencia Judicial (hoy: Administración General), y en la Procuración General de la Nación por quien determine el señor Procurador General. Los agentes que ejercen la jefatura de las oficinas dependientes de la Corte Suprema y sus reemplazantes están facultados para imponer al personal de su dependencia las medidas disciplinarias de prevención y apercibimiento, debiendo comunicar a la Secretaría de Superintendencia (hoy: Administración General) las que apliquen. La Corte Suprema y las Cámaras de Apelaciones, si lo estiman conveniente por razones de mejor servicio, podrán intimar a los agentes de las oficinas de sus respectivas dependencias que hayan cumplido los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria para que inicien los trámites correspondientes dentro del término de sesenta días. El incumplimiento, imputable al interesado, de dicha intimación autorizará a decretar su cese vencido que sea el plazo para la iniciación del trámite jubilatorio, debiendo los agentes acreditar ante el tribunal correspondiente la iniciación del trámite y su fecha. La cesación en el cargo se operará a los ciento ochenta días de haberse notificado la intimación, término este que podrá prorrogarse contemplando las circunstancias del caso (art. 78). b) Con relación a los secretarios de la Corte, el art. 88 del RJN establece que dicho Tribunal contará con los secretarios que determine, quienes deberán reunir los requisitos para ser juez de las Cámaras Nacionales de Apelaciones y tendrán su jerarquía, remuneración, condición y trato. Desempeñarán sus funciones en la forma que disponga la Corte Suprema o el Presidente. En caso de licencia o impedimento se reemplazarán recíprocamente sin necesidad de acordada especial. El RJN aludía a una Secretaría de Superintendencia(22)y a las Secretarías Judiciales, pero establece las siguientes atribuciones que son comunes a todos los secretarios del tribunal: suscribir las comunicaciones correspondientes a sus respectivas secretarías que no firme el Presidente o que no se encomienden por ley a otros funcionarios o empleados (art. 89); sin perjuicio de las audiencias que en cada caso concedan el Presidente o los ministros, atender a los litigantes, profesionales y al público en general, salvo en los trámites ordinarios ante las oficinas del 329   

Tribunal (art. 90); conceder licencias a los empleados de la Corte y organismos de su inmediata dependencia por un término no mayor de quince días y las previstas en el art. 24, debiendo dar aviso en cada caso a la Secretaría de Superintendencia (art. 91, según Acordada del 17/6/1960); están facultados para aplicar las sanciones de prevención, apercibimiento, multa y suspensión no mayor de cinco días, y la de medidas más graves deberá ser solicitada al señor Presidente o al tribunal, según se determina en el art. 78 (íd.); recibir las audiencias de prueba y los juicios verbales, salvo que cualquiera de las partes, antes de consentido el auto que señala la fecha, solicitara la presencia de la Corte Suprema (art. 92); dar cuenta al Tribunal de los incidentes que se produzcan durante la audiencia y deban ser resueltos por aquél (íd.). Con respecto a la Secretaría de Superintendencia(23), el RJN dispone que tramitarán en ella todos los asuntos de esa índole, debiendo realizarse ante ella las gestiones personales de los interesados. Dependerá de esta Secretaría todo el personal, excepto el que integre las oficinas de las otras (art. 93). Las gestiones referentes a actos protocolares se efectuarán en esa Secretaría, a la que se dará la intervención correspondiente en aquellos que realice la Corte Suprema (art. 94). Se llevarán por la Secretaría de Superintendencia los libros de acuerdos y juramentos y se formarán legajos con las estadísticas(24), inventarios de bibliotecas, nóminas de nombramientos de oficio, comunicaciones y demás documentos de superintendencia que no den lugar a la formación de expedientes (art. 96). Llevará, además, esta Secretaría: 1º) Una matrícula en la que se inscribirán los diplomas que en forma legal presenten a ese efecto los abogados que hubieran prestado juramento, a quienes entregará un certificado de su inscripción. 2º) El Registro de Procuradores con arreglo a lo dispuesto en la ley 10.996 y las acordadas reglamentarias. 3º) Un registro en el que se anotarán las sanciones disciplinarias, los autos de prisión preventiva y las sentencias en las causas penales que se dictaren respecto de los abogados y procuradores. 4º) Un registro en el que se anotarán las sanciones disciplinarias, los autos de prisión preventiva y las sentencias en las causas penales que se dictaren respecto de los magistrados, funcionarios y empleados (art. 97). Esta Secretaría intervendrá en todos los casos a que diere lugar la aplicación de la ley mencionada (art. 98). En relación con las Secretarías Judiciales, el RJN dispone que, con arreglo a lo que establezcan la Corte Suprema o su Presidente, ellas intervendrán en el trámite de los expedientes judiciales, a cuyo efecto sus titulares deberán presentar al Presidente o a la Corte Suprema los escritos y actuaciones pendientes de despacho, someter al Tribunal los incidentes a resolución en los juicios y expedir los testimonios, certificados y demás piezas análogas, correspondientes a los expedientes judiciales (art. 99). Les incumbe, además, intervenir en: a) la clasificación y distribución de los expedientes en estado de sentencia; b) la 330   

confrontación y autenticación de las sentencias; c) el registro de la jurisprudencia (art. 100). Estas secretarías llevarán los libros de sentencias, el fichero de jurisprudencia y un registro de los expedientes en estado de sentencia (art. 102). Existe asimismo una Secretaría de Juicios Originarios cuyas atribuciones consisten en entender en todos los juicios de competencia originaria del Tribunal, excluidos los de materia penal, conforme el siguiente procedimiento: a) La Corte Suprema realizará por sí la imposición o denegación de medidas cautelares; las resoluciones de los recursos de reposición y apelación; la resolución de los recursos de reposición y apelación previstos en los arts. 238 y 242, incs. 2º y 3º, del CPCCN; las resoluciones sobre acumulación de acciones, litisconsorcio e intervención de terceros y las demás sentencias interlocutorias; la sentencia; los actos previstos en los arts. 36, inc. 3º, y 166, inc. 2º, del CPCCN; la regulación de honorarios. b) Por intermedio de su Presidente o del ministro que deba reemplazarlo legalmente, los siguientes actos procesales: designación de peritos; impondrá sanciones disciplinarias; dispondrá de fondos que excedan diez veces la suma fijada en el art. 286 del CPCCN; debiendo los restantes actos procesales realizarse por un secretario con jerarquía no inferior a la de juez nacional de primera instancia; no obstante lo cual el Presidente o el ministro que deba reemplazarlo legalmente podrá avocarse en cualquier estado del trámite a la realización de uno o más actos procesales de los que por esta acordada se encomienda al secretario. c) El secretario de juicios originarios desempeñará a la vez las funciones que el Código Procesal encomienda al actuario, no requiriendo legalización por otra autoridad judicial la firma de los testimonios, actas u otros instrumentos que suscriba o expida en tal carácter(25). Funciona por último una Secretaría General de la Presidencia de la Corte Suprema, a la que incumbirá: a) cumplir con las comisiones judiciales y administrativas que le encomiende el Presidente; b) coordinar las relaciones funcionales e institucionales con el Consejo de la Magistratura(26).

135. Órganos judiciales inferiores(27) En cumplimiento del mandato contenido en el art. 108 (ex 94) de la CN, el Congreso ha sancionado numerosas leyes de creación de órganos judiciales inferiores a la Corte Suprema, los cuales, en la actualidad, pueden clasificarse en tres grupos sobre la base de que tengan competencia territorial en toda la República, en las distintas provincias conforme a las delimitaciones que para cada órgano establezcan las leyes, y en la Capital Federal.

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A su vez, los órganos comprendidos en el primer grupo se diferencian según que ejerzan exclusivamente competencia federal (Cámara Nacional Electoral y Cámara Federal de la Seguridad Social), o indistintamente competencia federal y ordinaria (Cámara Nacional de Casación Penal), y los incluidos en el tercer grupo conforme se hallen provistos de competencia exclusivamente federal, exclusivamente ordinaria o indistintamente ambas clases de competencia. Los juzgados y tribunales comprendidos en el segundo grupo (Cámaras y Juzgados Federales) sólo ejercen, en cambio, competencia federal en tanto coexisten, en los ámbitos locales donde funcionan, con los órganos de la justicia provincial a quienes incumbe, por imperio de lo prescripto en los arts. 75, inc. 12, 121, 123 y 126 de la CN, el conocimiento de las causas regidas por el derecho común o local. Cuadra añadir, respecto de la justicia nacional de Paz con sede en la Capital Federal (luego transformada en justicia en lo Civil y Comercial especial) que su competencia fue distribuida entre los fueros Civil y Comercial.

A) Órganos judiciales con competencia territorial en toda la República a) La Cámara Nacional Electoral fue originariamente creada por la ley 19.108 como una sala integrante de la ex Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo y se le acordó posteriormente, por la ley 19.277, el carácter de órgano autónomo. Tiene su sede en la Capital Federal y competencia en todo el territorio de la Nación, y hallándose integrada por tres jueces. Conoce en grado de apelación de las resoluciones definitivas recaídas en las cuestiones iniciadas ante los jueces de primera instancia en lo federal con competencia electoral y tiene las siguientes atribuciones especiales (art. 4º, ley 19.108, sustituido por ley 26.215): a) dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de Electores y fiscalizar los de los distritos de acuerdo con las disposiciones de la Ley Electoral; b) dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de Afiliados de los Partidos Políticos y fiscalizar los de los distritos, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos; c) dictar las normas a que deberá sujetarse la formación y funcionamiento de los Registros Generales, de distritos, de cartas de ciudadanía, de inhabilitados, de faltas electorales, de juicios paralizados en razón de inmunidades, de nombres, símbolos, emblemas y número de identificación de los partidos políticos y las características uniformes de las fichas de afiliación que llevará y conservará la Justicia Federal Electoral; d) 332   

organizar un Cuerpo de Auditores Contadores para verificar el estado contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente de las disposiciones legales aplicables. A estos fines, contará con un fondo anual especial que no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del Fondo Partidario Permanente, el cual se integrará con los aranceles percibidos por los trámites que se realizan ante su sede, con los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación y con recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente que administra el Ministerio del Interior en caso de no cubrirse el mínimo establecido. Trimestralmente, el Tribunal verificará haber percibido al menos un cuarto de dicho monto mínimo, y en caso de no alcanzar esa cantidad, lo comunicará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior a fin de que sea completada; e) implementar un sistema de auditoría de medios de comunicación; f) administrar los recursos provenientes de los aranceles percibidos por los trámites que se realizan ante su sede, los que se asignen en el Presupuesto General de la Nación y los provenientes de las transferencias específicas del Poder Ejecutivo nacional en ocasión de las elecciones nacionales y para el funcionamiento del Cuerpo de Auditores Contadores; g) trasladar su sede, temporariamente a los distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones; h) dictar las reglas necesarias para el cumplimiento de las normas que rigen las materias propias de su competencia, respetando el espíritu de las leyes y de sus disposiciones reglamentarias. En caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de la Cámara Nacional Electoral, ésta se integra por sorteo entre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (art. 11, dec.-ley 1285/1958, modif. por ley 24.050). b) La Cámara Nacional de Casación Penal(28)fue creada por la ley 24.050 (art. 7º), se halla integrada por trece miembros y funciona dividida en cuatro salas de tres miembros cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal el miembro restante (art. 1º, ley 24.121). Tiene su sede en la Capital Federal y competencia territorial en toda la República, considerada a tal efecto como una sola jurisdicción judicial, hallándose provista de la competencia material determinada por el Código Procesal Penal y leyes especiales (art. 7º, ley 24.050) (v.gr. —según art. 30 bis del CPPN(29)—: "La Cámara Federal de Casación Penal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra la sentencia y resoluciones dictadas por los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en la Capital Federal, y en las provincias, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias, jueces nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y jueces federales de primera instancia con asiento en las provincias y Tribunales Orales y Cámara Nacional de Apelaciones en 333   

lo Penal Económico, respectivamente. Tiene competencia territorial en toda la República considerada a este efecto como una sola jurisdicción judicial. Asimismo, entiende en los casos previstos en el art. 72. bis de la ley 24.121)". c) La Cámara Federal de Seguridad Social fue creada por la ley 23.473 con el nombre de Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, su actual denominación le fue conferida por el art. 18 de la ley 24.463 y actúa dividida en tres salas de tres jueces cada una. Tiene su sede en la Capital Federal y conoce en los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas por los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social con sede en dicho distrito a raíz de impugnaciones de resoluciones o actos administrativos que afecten derechos relacionados con el régimen de reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; en los recursos deducidos contra resoluciones dictadas por la Dirección General Impositiva que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deuda determinadas por aquélla en ejercicio de las funciones asignadas por el dec. 507/1993; en los recursos interpuestos contra resoluciones de los entes que administran los subsidios familiares y de la Comisión Nacional de la Previsión Social al decidir conflictos suscitados con motivo de la aplicación del régimen de reciprocidad instituido por el dec. 9316/1946 y en los recursos de queja por apelación denegada (arts. 18, ley 24.463, y 4º, ley 24.655, modificatorios del art. 39 bis, dec.-ley 1285/1958).

B) Órganos judiciales con competencia territorial en las provincias a) La ley 4055 creó cuatro Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en la Capital de la República y en las ciudades de La Plata, Paraná y Córdoba, las cuales vinieron a sustituir a la Corte Suprema en sus funciones de Tribunal de Alzada que, respecto de los jueces de sección, le había asignado la ley 27. Con posterioridad se crearon las Cámaras Federales de Rosario (ley 7099), Bahía Blanca (ley 11.539), Mendoza (ley 12.217), Tucumán (ley 12.345), Resistencia (dec.-ley 4256/1945), Comodoro Rivadavia (dec.-ley 4257/1945 y ley 22.176), San Martín (ley 21.161), Posadas (ley 23.138), General Roca (ley 23.158), Corrientes (ley 23.650), Mar del Plata (ley 23.735) y Salta (23.867). b) Con excepción de las Cámaras Federales de San Martín, Rosario, Córdoba y Salta, que se hallan integradas por seis jueces; La Plata, que cuenta con ocho, y Bahía Blanca, Tucumán y Posadas, que se encuentran compuestas de cinco, así como de las Cámaras con sede en la Capital de

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las que se dará noticia al examinar la organización de la justicia en aquel distrito, todas las restantes se componen de tres jueces. c) Las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias se integran de la siguiente manera: 1º) con el juez o jueces de la sección donde funcione el tribunal; 2º) con los conjueces de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros de la misma Cámara y que cada una de éstas formará por insaculación en el mes de diciembre de cada año (art. 31 del dec.-ley 1285/1958, modificado por ley 24.940,art. 76). d) Dichos tribunales conocen de los recursos deducidos contra las sentencias y resoluciones de los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en sus respectivas circunscripciones. Asimismo, conocen de las cuestiones de competencia que se susciten entre dichos jueces, en los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de éstos (arts. 17 a 19, ley 4055, con modificación introducida por la ley 17.765), y de los recursos deducidos contra las resoluciones administrativas en el supuesto de aplicación de ciertas leyes especiales (v.gr., art. 3º, ley 12.970; dec.-ley 73/1978 [Prefectura Marítima]; dec.-ley 6677/1963 [Marina Mercante], etc.). e) Como consecuencia de los distintos ordenamientos sancionados a partir de la ley 27, que los instituyó con el nombre de juzgados seccionales, existen actualmente en el interior de la República ochenta Juzgados Federales de Primera Instancia, distribuidos de la siguiente manera: 1º) treinta y ocho en la provincia de Buenos Aires (ocho en La Plata, diez en San Martín, uno en Tres de Febrero, uno en Azul, tres en Morón, dos en San Isidro, dos en Bahía Blanca, uno en Mercedes, uno en Junín, dos en San Nicolás, tres en Mar del Plata, tres en Lomas de Zamora y uno en Dolores); 2º) cinco en Santa Fe (tres en Rosario y dos en la ciudad capital); 3º) cinco en Córdoba (tres en la ciudad capital, uno en Río Cuarto y uno en Bell Ville); 4º) tres en Mendoza (dos en la ciudad capital y uno en San Rafael); 5º) tres en Río Negro (uno en General Roca, uno en Viedma y uno en Bariloche); 6º) dos en Entre Ríos (uno en Paraná y otro en Concepción del Uruguay); 7º) dos en Corrientes (uno en la ciudad capital y otro en Paso de los Libres); 8º) dos en el Chubut (uno en Rawson y otro en Comodoro Rivadavia); 9º) dos en Tucumán (ambos en la ciudad capital); 10) dos en Neuquén (uno en la ciudad capital y otro en Zapala); 11) dos en Misiones (uno en la ciudad capital y otro en Eldorado); 12) dos en Salta (uno en la ciudad capital y otro en San Ramón); 13) dos en el Chaco (uno en la ciudad capital y otro en Presidente Roque Sáenz Peña); 14) uno en cada una de las provincias de San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego (todos con asiento en sus respectivas capitales). f) El organigrama de la justicia federal con sede en el interior se cierra con los tribunales orales en lo Criminal Federal creados por la ley 335   

24.050 (arts. 16 y 17). Se hallan integrados por tres jueces cada uno, funcionan cinco en el distrito judicial de San Martín, dos en los distritos de Córdoba, La Plata y Rosario, y uno en cada uno de los distritos de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Corrientes, General Roca, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Posadas, Resistencia, Salta, Santa Fe y Tucumán, y tienen competencia para conocer, en única instancia, de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal, de los delitos previstos en el art. 210 bis y en el Título X del Libro II del Código Penal y en los delitos federales cometidos por menores que no hayan cumplido 18 años al tiempo de la comisión del hecho.

C) Órganos judiciales con competencia territorial en la Capital Federal a) En la Capital Federal existen, como se anticipó, tres clases de órganos judiciales (aunque todos revisten carácter nacional): los federales, los ordinarios y los que ejercen indistintamente la competencia federal y ordinaria. b) Entre los primeros corresponde mencionar, en primer lugar, a las tres Cámaras Federales que existen en la actualidad en la Capital de la República: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, compuesta por nueve jueces divididos en tres salas de tres miembros cada una; la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por quince jueces divididos en cinco salas de tres miembros cada una, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que consta de seis jueces y actúa dividida en dos salas de tres miembros cada una. Antecedente de los órganos mencionados lo constituye la Cámara Federal de la Capital, que fuera creada por ley 4055 (art. 12) y compuesta en su origen por tres jueces, número que fue elevado a cinco por la ley 7055, a nueve por la ley 12.927, que dispuso, además, su división en salas, y a quince por la ley 17.928. El dec.-ley 1285/1958 la designó con el nombre de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo y la dividió en cinco salas de tres jueces cada una: dos para entender de lo Civil y Comercial Federal, dos en lo Contencioso Administrativo y una en lo Criminal y Correccional. La ley 21.628, posteriormente modificada por las leyes 21.937, 22.090 y 24.384, dispuso la división de la mencionada Cámara en las tres a las que se ha hecho referencia al principio. Actúan, respectivamente, como Tribunales de Alzada de los jueces nacionales de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal, en lo Contencioso Administrativo Federal y en lo 336   

Criminal y Correccional Federal. Asimismo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal conoce de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los organismos administrativos en los casos autorizados por las leyes, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal hace lo propio con respecto a los recursos deducidos contra las resoluciones del jefe de la Policía Federal en materia de derecho de reunión. Luego de una prolongada evolución que comienza con la ley 1144 y atraviesa por diversos ordenamientos (leyes 1893, de Presupuesto de los años 1897 y 1948, 13.278, 13.998, 14.180 y 17.928), actualmente la justicia nacional de primera instancia en lo federal de la Capital se halla integrada de la siguiente manera: 1º) Once Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, cuya competencia surge de lo dispuesto por los arts. 111 de la ley 1893 y 42 de la ley 13.998 (art. 40, dec.-ley 1285/1958). 2º) Doce Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, que conservan la competencia que les asignó el art. 45 de la ley 13.998 (art. 42, dec.-ley 1285/1958). 3º) Doce Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, con la competencia establecida por los arts. 111 de la ley 1893, 33 del Código Procesal Penal, y 43 de la ley 13.998, y diversas leyes especiales (art. 41, dec.-ley 1285/1958(30)). 4º) Diez Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, con la competencia establecida en el art. 2º de la ley 24.655. El cuadro de órganos judiciales incluidos en la categoría examinada se completa con los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, instituidos por el art. 14 de la ley 24.050 y creados, en número de seis, por el art. 8º de la ley 24.121. Se hallan integrados por tres miembros cada uno y tienen competencia para juzgar, en instancia única, de los delitos cuyo conocimiento no se atribuye a otro tribunal, así como de los previstos en el art. 210 bis y en el Título X del Libro II del Código Penal (art. 32, CPPN). c) Los órganos judiciales de la Capital Federal que corresponden al fuero ordinario o común se agrupan de acuerdo con la siguiente división de competencia: Civil, Comercial, Penal y Laboral. Con exclusión de la competencia Penal, existen, conforme a la división de competencia precedentemente mencionada, las siguientes Cámaras Nacionales de Apelaciones: 1º) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Creada por la ley 1893, que la denominó Cámara de Apelaciones en lo Civil y fijó en cinco el número de sus componentes, la ley 7055 (art. 1º) la designó Cámara Primera, para diferenciarla de la otra Cámara que, con el mismo número de miembros, fue creada por dicho ordenamiento. Posteriormente, la ley 12.330 dispuso que ambas Cámaras estarían constituidas por seis jueces cada una y funcionarían divididas en dos salas de tres. La ley 13.998 las unificó en un solo tribunal, que denominó Cámara Nacional de Apelaciones 337   

en lo Civil, cuyo número de jueces fue elevado a quince por el dec.-ley 15.390/1957, a dieciocho por la ley 14.755 y a veintiuno por la ley 22.189. En la actualidad, a raíz de la unificación de la justicia en lo Civil con la Especial en lo Civil y Comercial, dispuesta por la ley 23.637, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se halla constituida por trece salas de tres miembros cada una. Es Tribunal de Alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil (art. 35, dec.-ley 1285/1958). 2º) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Instituida por la ley 7055, que la denominó Cámara de Apelaciones en lo Comercial, desdoblando de tal manera a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Correccional y Comercial creada por la ley 1893, e integrándola con cinco miembros, la ley 12.330 elevó a seis el número de éstos y dispuso que el tribunal debía funcionar dividido en dos salas de tres, habiendo recibido su actual denominación de la ley 13.998 (art. 36). El número de jueces fue elevado a nueve por la ley 14.769, a doce por la ley 19.455 y a quince por la ley 22.189. El tribunal funciona dividido en cinco salas de tres miembros cada una. Es Tribunal de Alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial (art. 36, dec.-ley 1285/1958). 3º) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Creada por el dec.ley 32.347/1944 (ratificado por ley 12.948), su número originario de siete jueces fue elevado a nueve por la ley 13.072, a doce por la ley 13.998 (que además le dio su denominación actual), a quince por la ley 14.776, a dieciocho por la ley 18.345, y a veinticuatro por la ley 22.098. Actúa dividida en ocho salas de tres miembros cada una. Es Tribunal de Alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia del trabajo (art. 38, dec.-ley 1285/1958). Los actuales jueces nacionales de primera instancia de la Capital Federal con competencia ordinaria en las materias precedentemente mencionadas fueron creados: los correspondientes a los fueros Civil y Comercial, por la ley 1893, y los del fuero del Trabajo, por el dec.-ley 32.347/1944. La denominación de jueces nacionales proviene de la ley 13.998. Luego de sucesivas leyes, su número actual es el siguiente: ciento diez en lo Civil, veintiséis en lo Comercial y ochenta del Trabajo. d) El fuero Penal de la Capital Federal con competencia ordinaria se halla integrado por los siguientes órganos judiciales: 1º) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Surgida con motivo del desdoblamiento de la antigua Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Correccional y Comercial, la ley 8918aumentó el número de sus jueces a siete y la dividió en tres salas, integradas por un presidente común a todas y por dos vocales, siendo su composición modificada por la ley 12.327, que elevó a diez el 338   

número de sus miembros y formó cuatro salas: dos de ellas presididas por el presidente del tribunal y las otras dos por el vicepresidente, y las cuatro integradas por dos vocales cada una. La ley 13.998 la denominó Cámara Nacional en lo Penal, y el dec.-ley 1285/1958, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Su número de miembros fue llevado a doce por la ley 14.458, a dieciocho por la ley 15.736 y a veintiuno por la ley 22.088, y reducido a dieciséis por la ley 24.121. En la actualidad se halla dividida en cinco salas de tres miembros cada una, ejerciendo la presidencia el miembro restante. Es Tribunal de Alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces en lo Criminal de Instrucción, en lo Correccional, de Menores, de Ejecución Penal y en lo Penal de Rogatorias (art. 18, ley 24.050). En primera instancia existen cincuenta Juzgados en lo Criminal de Instrucción, catorce en lo Correccional, siete de Menores, tres de Ejecución Penal y uno en lo Penal de Rogatoria (arts. 26, 42 y 48, ley 24.121). 2º) Tribunales Orales en lo Criminal. Instituidos por el art. 12 de la ley 24.050, fueron creados en número de treinta por el art. 36 de la ley 24.121. Se hallan integrados por tres miembros cada uno y tienen competencia para juzgar, en instancia única, de los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro tribunal (art. 24, CPPN). e) Los órganos judiciales de la Capital Federal ejercen indistintamente la competencia federal y la ordinaria son:

que

1º) La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Fue creada por la ley 14.558, que fijó en cinco el número de sus jueces, habiendo recibido su actual denominación de la ley 14.831. Posteriormente, la ley 17.014 elevó a siete el número de sus miembros. Se halla dividida en tres salas, compuestas por el presidente del tribunal y dos vocales, número que fue reducido a dos salas con tres jueces por el art. 64 de la ley 24.121. Es Tribunal de Alzada de los jueces de primera instancia en lo Penal Económico, cuyo número asciende a ocho. 2º) Los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Fueron instituidos por el art. 13 de la ley 24.050 y juzgan en única instancia los delitos investigados por los Juzgados nacionales de primera instancia de esa especialidad, figurando entre aquéllos algunos de índole ordinaria (v.gr., cheques sin provisión de fondos, agiotaje, ofrecimiento fraudulento de efectos y publicación de balances falsos) y otros de naturaleza federal (v.gr., contrabando, infracciones cambiarias, etc.). Funcionan en la Capital Federal cuatro de esos tribunales, integrados por tres miembros cada uno. 3º) Los Tribunales Orales de Menores. Fueron instituidos por el art. 12 de la ley 24.050 y juzgan en única instancia en los delitos comunes o federales cometidos por menores que no hayan cumplido los 18 años al 339   

tiempo de la comisión del delito, aunque hubiesen excedido dicha edad al tiempo del juzgamiento, y que estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres años (CPPN). En la investigación de tales delitos intervienen los jueces de Menores (ya mencionados), a quienes también incumbe conocer en única instancia en los delitos y contravenciones cometidos por menores que no hayan cumplido 18 años al tiempo de la comisión del hecho y que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o pena privativa de la libertad que no exceda de tres años, así como en los casos de simple inconducta, abandono material o peligro moral de menores que no hayan cumplido 18 años al tiempo de encontrarse en esa situación, conforme lo establecen las leyes especiales (art. 29, CPPN). Durante la instrucción tienen como Tribunal de Alzada, como se vio más arriba, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. f) Todas las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en la Capital Federal (comprendiendo a las que corresponden al fuero federal) designan su presidente y uno o más vicepresidentes, que distribuyen sus funciones en la forma determinada por las reglamentaciones que se dicten (art. 25, dec.-ley 1285/1958). Las decisiones de dichas Cámaras o de sus salas se adoptan por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que las integran, siempre que éstos concuerden en la solución del caso. Si media desacuerdo, se requieren los votos necesarios para obtener la mayoría de opiniones. Si se tratan sentencias definitivas de unas u otras en procesos ordinarios, se dictan por deliberación y voto de los jueces que lo suscriben, previo sorteo de estudio. En las demás causas, las sentencias pueden ser redactadas en forma impersonal (art. 26, dec.-ley 1285/1958). Los jueces integrantes de los tribunales orales deben emitir su voto motivado sobre cada una de las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, en forma conjunta o en el orden que resulte de un sorteo que debe hacerse en cada caso. Dictarán sentencia por mayoría de votos (art. 398, CPPN). En los supuestos en que, a raíz de recusación, impedimento, vacancia o licencia, no se logre la mayoría absoluta de votos o la concordancia de opiniones precedentemente aludidas, las Cámaras y Tribunales Orales con sede en la Capital Federal se integran de la siguiente manera: la Cámara Nacional de Casación Penal, los tribunales orales y las Cámaras Nacionales de apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en lo Criminal y Correccional, y en lo Penal Económico por sorteo entre los demás miembros de aquéllas; luego, del mismo modo, con los jueces de la otra Cámara en el orden precedentemente establecido, y por último, siempre por sorteo, con los jueces de primera instancia que dependen de la Cámara que deba integrarse. El mismo sistema es aplicable para las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en 340   

lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Asimismo, por último, para las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial, del Trabajo y de la Seguridad Social.

III. RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL EN LAS PROVINCIAS Y EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES(31)

136. Buenos Aires a) La Constitución provincial vigente destina la Sección Sexta al Poder Judicial, el que, según el art. 160 de dicho estatuto, será desempeñado por una Suprema Corte de Justicia, Cámaras de Apelación, jueces y demás tribunales que la ley establezca. b) La Ley Orgánica del Poder Judicial (5827 y modificatorias) establece, a su turno, que la administración de justicia de la provincia será ejercida por: 1. La Suprema Corte de Justicia. 2. El Tribunal de Casación Penal. 3. Las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, de Garantías en lo Penal y en lo Contencioso Administrativo. 4. Los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial, de Familia, en lo Contencioso Administrativo, de Garantías, de Garantías del Joven, de Responsabilidad Penal Juvenil, en lo Correccional, de Ejecución en lo Penal y de Ejecución Tributaria. 5. Los Tribunales en lo Criminal. 6. Los Tribunales del Trabajo. 7. Los jueces de Paz. 8. El Juzgado Notarial. 9. El Cuerpo de Magistrados Suplentes (art. 1º, ley 5827(32)). c) La Suprema Corte de Justicia se compondrá de siete (7) miembros y tendrá jurisdicción en todo el territorio de la provincia. Ante ella actuarán el Procurador General y el Subprocurador General, así como los demás integrantes del Ministerio Público legitimados para ello, cuando así correspondiere con arreglo a la legislación vigente(33). Tiene, según el art. 161 de la Constitución, las siguientes atribuciones: 1º) Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos, que estatuyen sobre materia regida por la Constitución y se controvierta por parte interesada.

341   

2º) Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los poderes públicos de la provincia y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva. 3º) Conoce y resuelve en grado de apelación: A) De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos. B) De la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución. d) El Tribunal de Casación en lo Penal tiene su sede en la ciudad de La Plata, estará integrado y funcionará con una Presidencia y seis salas de dos miembros cada una. Tendrá competencia territorial en toda la provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 20 de la ley 11.922 (CPP Bs. As.), en cuya virtud conoce: 1. En el recurso de casación que se interponga contra las sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en materia criminal. 2. En la acción de revisión de sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en materia criminal. 3. En las cuestiones de competencia entre tribunales que no tengan un superior común (art. 2º, ley 11.982, texto según ley 14.065). e) Las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, serán Tribunal de Alzada de los fallos y demás providencias recurribles dictados por los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de su respectivo departamento. Las Cámaras de Apelación Primera y Segunda del Departamento Judicial de La Plata serán Tribunal de Alzada de los fallos y demás providencias recurribles dictados por los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de su departamento. El turno para el conocimiento de dichas causas en grado de apelación quedará fijado por la fecha del fallo recurrido; la Cámara que en dicha fecha se encuentre en turno será competente para conocer el recurso. La prevención con arreglo a estas normas será definitiva para el conocimiento de recursos posteriores. Las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal serán Tribunal de Alzada de los fallos y demás providencias recurribles dictadas por los jueces o tribunales de la Responsabilidad Penal Juvenil, jueces de Garantías, jueces de Garantías del Joven, de Ejecución en lo Penal y —en su caso— del Tribunal en lo Criminal, del respectivo departamento, sin perjuicio de la competencia a que se refiere el art. 21 de la ley 11.922(34). Funcionan en cada uno de los departamentos judiciales, la mayoría se divide en salas de tres miembros cada una con un presidente común a 342   

todas, algunas se hallan integradas por tres miembros y otras, por dos (arts. 33 y 38, ley 5827). f) Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial entienden en los asuntos civiles y comerciales cuyo conocimiento no se encuentre asignado a los jueces de Paz Letrados o a los Tribunales de Familia; los de Garantías y de Garantías del Joven ejercen la competencia que les asigna el art. 23 del CPP Bs. As. respecto de la etapa de investigación penal preparatoria, y los Juzgados en lo Correccional son competentes, en la etapa de juicio, en el conocimiento de las causas mencionadas en el art. 24 del Código citado (arts. 52 y 52 bis, ley 5827, conforme al texto — respectivamente— de los arts. 103, ley 13.634, y 50, ley 12.060). Tales juzgados funcionan, en distinto número, en todos los departamentos judiciales. g) Los Juzgados de Ejecución Penal ejercen la competencia que les confiere el art. 25 del CPP Bs. As. y funcionan en los departamentos judiciales de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Quilmes, San Nicolás de los Arroyos, Trenque Lauquen, General San Martín, La Matanza, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Merlo, San Isidro y ZárateCampana, extendiéndose aquélla a los departamentos que menciona el art. 6º de la ley 12.060. Hasta que se designen los titulares de esos juzgados, su competencia será ejercida, según los casos, por los jueces de Garantías con apelación ante la Cámara respectiva, los jueces en lo Correccional y uno de los integrantes del correspondiente tribunal en lo Criminal (art. 8º, ley 12.060). Los tribunales en lo Criminal entienden, en única instancia y bajo el régimen de oralidad, respecto de la etapa de juicio, en los delitos cuyo conocimiento no esté atribuido a otro órgano judicial (art. 52 ter, ley 5827, texto según ley 12.060, y art. 22, CPP Bs. As.). Funcionan, en número de uno como mínimo, en todos los departamentos judiciales. h) Los tribunales de Familia, creados por la ley 11.453(35), están constituidos por tres jueces y actúan en instancia única conforme al sistema oral. Funciona uno de ellos como mínimo en cada uno de los departamentos judiciales de la provincia, y ejercen la competencia que les asigna el Código Procesal Civil y Comercial local (separación personal, divorcio, nulidad de matrimonio, adopción, alimentos, guarda de personas, etc.). Los Tribunales del Trabajo están constituidos por tres jueces cada uno, actúan en única instancia y conforme al régimen de oralidad y ejercen su jurisdicción en territorio provincial con la competencia que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley 11.653. A los fines de su competencia territorial, la provincia se halla dividida en distintas circunscripciones que abarcan uno o más partidos, funcionando uno o más tribunales en las ciudades más importantes (uno en cada una de las 343   

ciudades de Azul, Bragado, Campana, Coronel Suárez, Dolores, Junín, Mercedes, Moreno, Necochea, Olavarría, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Zárate y Pilar; dos en cada una de las ciudades de Bahía Blanca, Pergamino, San Nicolás; tres en cada una de las ciudades de Lanús y San Miguel; cuatro en la ciudad de Avellaneda; cinco en cada una de las ciudades de General San Martín, La Plata y Morón; seis en cada una de las ciudades de Lomas de Zamora, Mar del Plata, Quilmes, San Isidro, y San Justo). Cabe añadir que en razón de no hallarse aún constituidos los juzgados pertenecientes al fuero Rural y conforme a las previsiones de los decs.-leyes 868/1957 y 21.209/1957, la competencia para conocer en dicha materia fue acordada a los Tribunales del Trabajo, a los Juzgados en lo Civil y Comercial y a algunos Juzgados de Paz (arts. 1º, dec.-ley 3739/1958, y 50 y 61, II, i], ley 5827). El Capítulo VII de la ley 5827, destinado a los Tribunales de Menores, fue derogado por la ley 13.634, cuyo art. 18 dispone: "El Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil estará integrado por: a) Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal; b) Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil; c) Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil; d) Juzgados de Garantías del Joven; e) Ministerio Público del Joven". En lo que atañe a la justicia de Paz, el art. 160 de la Constitución provincial vigente hasta 1994 prescribía que la Legislatura establecería Juzgados de Paz en toda la provincia y otros de menor cuantía, teniendo en consideración la extensión territorial de cada distrito y su población. En cumplimiento de esa norma constitucional se crearon, en todos los partidos de la provincia, Juzgados de Paz, y en algunos, una o más alcaldías, estando, unos y otras, a cargo de funcionarios legos, con competencia para conocer en asuntos de menor cuantía y en algunos procesos voluntarios. La ley 9229instituyó, en cambio, una justicia de Paz Letrada, y dispuso que además de los recaudos exigidos por la Constitución, para ser juez de paz se requiere: 1º) ciudadanía argentina; 2º) haber acreditado buenas condiciones morales e intelectuales; 3º) tener título de abogado válido a los efectos del ejercicio profesional en la provincia, aunque sin necesidad de encontrarse efectivamente matriculado(36). De conformidad con la modificación que le introdujo la ley 11.411, el art. 58 de la ley 5827, prescribe que en cada partido de la provincia funcionará un Juzgado de Paz Letrado con excepción de aquellos en los cuales esté instalada la sede asiento de cada departamento judicial creado o a crearse, o en los que funcionen Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. La creación de otros Juzgados de Paz Letrados en los partidos que ya funcionan juzgados de dicho fuero o en nuevos partidos que se pudieran establecer en la provincia será determinada por la ley de la provincia. La instalación de Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial fuera de la cabecera del departamento judicial sólo podrá hacerse con la simultánea supresión del respectivo Juzgado de Paz 344   

Letrado, siendo automáticamente asumida la competencia en materia de Faltas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional con jurisdicción en él, conforme a lo determinado en el art. 52. Los Juzgados de Paz Letrados tendrán asiento en la ciudad cabecera del partido. La competencia de los Juzgados de Paz se establece en el art. 61 de la ley 5827. El art. 172 de la actual Constitución provincial contiene una norma semejante a la derogada, con la diferencia de que prevé el carácter letrado de la justicia de Paz y faculta a la Legislatura para crear, donde no existan juzgados de esa índole, otros órganos judiciales, también letrados, para entender en cuestiones de menor cuantía, vecinales y faltas provinciales. i) Existe asimismo en la provincia una jurisdicción notarial que es ejercida por el Tribunal Notarial, por un juez notarial con sede en la capital de aquélla y por las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial del departamento de La Plata (art. 38, ley 9020). Competen al Tribunal Notarial (compuesto por tres escribanos de registro designados de una lista formada por la Cámara): 1º) las causas relativas a la falta de ética y las que afecten la dignidad de la investidura o del prestigio del notario; 2º) las recusaciones del secretario del tribunal (art. 41, ley 9020). El juez notarial que es nombrado y removido en la forma en que lo son los jueces de primera instancia tiene competencia para conocer: 1º) en los procesos por mal desempeño de la función notarial; por la expedición de las segundas copias de escrituras públicas (art. 1007, CCiv.) y por renovación de títulos; 2º) en la recusación de los miembros del Tribunal Notarial y de los secretarios del Juzgado Notarial; 3º) en las cuestiones suscitadas entre los requirentes, o entre éstos y el notario con motivo de la aplicación del arancel; 4º) en grado de apelación en las causas en que hubiese intervenido el Tribunal Notarial y la sanción fuera de amonestación (art. 40, ley cit.). Compete, finalmente, a las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata entender: 1º) en grado de apelación en los procesos mencionados en el párrafo anterior; 2º) de la recusación del juez notarial; 3º) en grado de apelación de las sanciones impuestas por el Tribunal Notarial, cuando éstas sean de suspensión (art. 39, ley 9020). j) El art. 166, párr. 5º, de la Constitución prescribe finalmente que los casos originados por la actuación u omisión de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas, serán juzgados por tribunales competentes en lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con los procedimientos que determine la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la vía administrativa. Se detrajo de tal modo a la 345   

Suprema Corte provincial la competencia que, en instancia originaria, le atribuía en la materia la Constitución vigente(37).

137. Catamarca a) El Poder Judicial de la provincia de Catamarca, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica es ejercido por una Corte de Justicia compuesta por tres miembros y por los demás tribunales y juzgados inferiores que la ley establezca. b) La Corte de Justicia tiene su asiento en la capital de la provincia y ejerce la superintendencia sobre toda la administración de justicia (art. 4º, ley 2337). Conoce originaria y exclusivamente: 1º) En las causas de competencia entre los poderes públicos de la provincia y en las que se susciten entre los jueces provinciales, con motivo de su jurisdicción respectiva. 2º) En las que se susciten entre el Poder Ejecutivo y una municipalidad, entre dos municipalidades o entre los poderes de una misma municipalidad. 3º) En las recusaciones de sus vocales y en la de los miembros de los demás tribunales inferiores; en las causas de responsabilidad civil contra aquéllos y en las que se sigan contra los jueces de Paz, al solo objeto de su destitución. 4º) En los recursos de casación y de inaplicabilidad de la ley, en los casos que la ley establezca. 5º) En los casos previstos en el art. 167 de la Constitución de la provincia. 6º) En los recursos de hábeas corpus o amparo contra mandamientos expedidos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo. 7º) En las causas contencioso-administrativas, previa denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente. Y como Tribunal de Alzada conoce de los recursos por denegación o retardada justicia de los Tribunales Superiores y de los Juzgados de Primera Instancia; por apelación y demás recursos según las reglas y excepciones que prescriba la ley; de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión, y del recurso de apelación contra las resoluciones y demás autos y decretos dictados en forma originaria por el Tribunal de Sentencia en lo Penal y de la queja contra la denegación de recursos por dicho tribunal o por los Juzgados de Instrucción (art. 7º, ley 2337). Tiene asimismo atribuciones de superintendencia sobre todos los tribunales inferiores (leyes 2921 y 3417). c) El Tribunal de Sentencia en lo Penal se compone de tres miembros. Tiene su asiento en la Capital de la provincia y su presidencia es ejercida por turno entre sus vocales y tiene un año de duración siguiendo el orden 346   

de turno vigente a la fecha de la publicación de la ley 2731. En caso de designaciones por vacancia, el nuevo vocal ocupará en este orden el lugar que le correspondía a su antecesor para el presidente de la Corte de Justicia (art. 10, ley 2337). Dicho tribunal ejerce la jurisdicción penal que abarca el conocimiento y decisión de las causas por delitos y faltas cometidos en el territorio de la provincia, con excepción de los de jurisdicción nacional o militar, conforme a la competencia por materia y grado que determina el Código Procesal Penal (art. 12, ley 2337). Resuelve asimismo recusaciones y excusaciones del fiscal del Tribunal, de los jueces de Instrucción y de los representantes del Ministerio Público, que intervengan en el juicio (art. 13, ley 2337). El Tribunal de Sentencia en lo Penal tiene, además, las siguientes atribuciones y deberes: dictar su reglamento interno, el que debe ser aprobado por la Corte de Justicia; asistir en pleno a los debates y audiencias que correspondan en el juicio oral; proponer a la Corte de Justicia el nombramiento de sus secretarios y demás funcionarios y empleados del Tribunal; practicar semestralmente junto con el presidente de la Corte de Justicia, jueces de Instrucción y funcionarios del fuero penal, visitas de cárceles; imponer correcciones disciplinarias a los jueces de Instrucción, funcionarios y empleados del Tribunal, aun la de suspensión que no exceda de un mes o multas hasta de diez mil pesos; hacer la estadística mensual del movimiento de causas, y confeccionar una memoria indicando las medidas o reformas convenientes para la buena marcha del Tribunal y sus dependencias, la que deberá elevar a la Corte de Justicia antes del 15 de marzo de cada año; llevar un libro de excarcelaciones y otro en el que se anotarán las penas y su cómputo. d) La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo se compone de tres miembros. Tiene su asiento en la capital de la provincia y su presidente será designado y reemplazado en la forma prescripta para el presidente del Tribunal de Sentencia en lo Penal (art. 16, ley 2337). La mencionada Cámara de Apelación ejerce su jurisdicción voluntaria y contenciosa resolviendo como Tribunal de Alzada en los fallos y demás resoluciones recurribles de los jueces de primera instancia del mismo fuero. Resuelve también las recusaciones y excusaciones del fiscal de la Cámara, de los jueces de primera instancia, de los jueces de Paz Letrados y de los representantes del Ministerio Público que intervengan en el juicio (arts. 19, ley 2337). e) Los jueces de primera instancia tienen su asiento en la Capital de la provincia y ejercen su jurisdicción en todo el territorio en las causas de materia Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo, de orden voluntario y contradictorio, cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a la 347   

justicia de Paz Letrada o Lega. El turno de éstos será establecido por la Corte de Justicia (art. 22, ley 2337). Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minas y el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, son Tribunales de Alzada, dentro de su competencia, respecto de las causas que se ventilen en los Juzgados de Paz Legos y entienden en las quejas por denegada o retardada justicia, de las cuestiones de competencia, y de las recusaciones y excusaciones de los jueces de Paz. El turno para el conocimiento de dichas causas en grado de apelación y demás recursos queda fijado por la fecha del pronunciamiento recurrido; el juez letrado de primera instancia que en dicha fecha se encuentre de turno es competente para conocer el recurso. La prevención con arreglo a estas normas será definitiva para el conocimiento de recursos posteriores (art. 23, ley 2337). Los jueces de Instrucción ejercen su jurisdicción y competencia conforme la ley procesal de la materia (art. 26, ley 2337). En los casos de recusación, excusación, licencia u otro impedimento se reemplazan, recíprocamente, por los jueces correccionales, de Menores, en lo Civil y Comercial, de Minas y del Trabajo, agentes fiscales y defensores generales en orden de turno y conjueces de la lista (art. 27, ley 2337, según texto de la ley 2921). Los jueces de Paz Letrados conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos, civiles y comerciales cuyo monto no exceda de australes seiscientos (=A 600). La reconvención por un valor mayor no modificará la competencia del juzgado, de los juicios sucesorios cuyo monto del acervo no exceda de australes tres mil (=A 3.000) y de las demandas contra las sucesiones que en ello se tramiten, cualquiera sea su monto; de los juicios de desalojo, cobro de alquileres, rescisión, consignación y demás cuestiones referentes a la locación, siempre que el alquiler mensual no exceda de australes trescientos (=A 300) y de las demandas por desalojo contra comodatarios, intrusos o simples tenedores; de los juicios de tercería en las causas de competencia; de las informaciones sumarias de competencia de fuero, de los casos atribuidos de justicia de Paz por el Código Rural y demás leyes de la provincia y los que excedan la competencia de los jueces de Paz Legos (la ley 4537 agregó que la Corte de Justicia ajustará trimestralmente los montos fijados en el artículo precedente de conformidad al índice de precios al consumidor —Minorista Nivel General— que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos o el organismo que pudiere sustituir a éste). Quedan excluidos de la competencia de los jueces de Paz Letrados los juicios de nulidad de matrimonio; divorcio; privación de la patria potestad; los que versen sobre estado de familia y sobre la capacidad de las personas y los asuntos de competencia de los jueces de Paz Legos, donde los hubiera (art. 30, ley 2337). 348   

Dichos jueces conocen también en segunda y última instancia de los recursos contra las resoluciones de los jueces de Paz Legos de su jurisdicción (art. 31, ley 2337). Los jueces de Paz Letrados ejercen en materia penal la competencia fijada por el art. 29 del Código Procesal Penal dentro de la jurisdicción asignada por la ley. En caso de recusación, excusación u otro impedimento serán sucesivamente reemplazados por los demás jueces de Paz Letrados, siempre que sea de la misma jurisdicción, por los representantes del Ministerio Público y por los conjueces de la lista (art. 14, ley 2921). Existen dos Juzgados Correccionales con asiento en la Capital que ejercen su jurisdicción en todo el territorio de la provincia con la competencia determinada en la ley procesal de la materia. El juez correccional es asistido por un secretario letrado, quien debe reunir las condiciones exigidas para esa función, y demás personal inferior que fijará la ley de presupuesto (art. 8º, ley 2731). Corresponde al juez de Menores, que tiene jurisdicción en toda la provincia y asiento en la capital, la investigación y juzgamiento en única instancia de las causas determinadas en el art. 28 del Código Procesal Penal (art. 11, ley 2921). En cada cabecera de los departamentos de la provincia hay un juez de paz, pudiendo crearse por decreto otros juzgados en centros importantes de población, previa consulta a la Corte de Justicia y al Colegio de Abogados (art. 34, ley 2337). f) Los jueces de Paz Legos, sin perjuicio de las facultades que les confieren otras leyes, tendrán competencia en los asuntos contenciosos de su jurisdicción, en materia civil y comercial, e informaciones sumarias, que no sean atribuidas a los jueces de Paz Letrados, ni a los de primera instancia (art. 35, ley 2337). Quedan excluidos de la competencia de dichos jueces los juicios testamentarios y los ab intestato en los que se alegue la calidad de herederos, los de quiebra, convocatoria de acreedores, concursos civiles, acciones petitorias o posesorias y desalojos (art. 36, ley 2337). En materia penal, los jueces mencionados, ejercen la competencia determinada en el art. 30 del Código Procesal Penal dentro de la jurisdicción que tiene asignada por ley (art. 15, ley 2921). En las poblaciones donde existen Juzgados de Paz, el Poder Ejecutivo puede designar jueces de distrito y un suplente, con competencia en todo asunto civil y comercial cuyo monto no exceda determinado monto actualizable semestralmente (art. 41, ley 2921). Duran dos años en sus funciones y pueden ser reelegidos. El cargo es obligatorio y su aceptación es inexcusable, salvo imposibilidad notoria, ser 349   

mayor de 60 años y haberlo desempeñado durante dos períodos consecutivos (art. 42, ley 2337). El cargo de juez de distrito es gratuito mientras no se le asigne remuneración por la Ley de Presupuesto, pero deben abonársele los gastos de actuación debidamente comprobados (art. 43, ley 2337). La ley contiene, por último, numerosas normas relativas al Ministerio Público, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial y al Registro Público de Comercio.

138. Córdoba a) La administración de justicia de la provincia es ejercida por el Tribunal Superior de Justicia. También lo es por las Cámaras en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo, en lo Criminal, de Acusación, de Menores, del Trabajo y de Familia, y por los jueces en lo Civil y Comercial, de Control, Correccional, de Faltas, Electoral, de Familia, de Menores, de Conciliación, los reemplazantes y conjueces que los sustituyan, y de Paz. El Tribunal Superior de Justicia tendrá competencia territorial en toda la provincia; las Cámaras, jueces y sus reemplazantes, en las circunscripciones, secciones, territorios o regiones judiciales que la ley determine y los conjueces, solamente en las causas que resulten designados (art. 1º, ley 8435, texto según ley 9240). b) El Tribunal Superior de Justicia se halla integrado con siete miembros que deben elegir anualmente un presidente (art. 8º, ley 8435). Dicho Tribunal se divide en salas integradas por tres miembros cada una, teniendo la competencia que aquél les asigne dentro de la genérica que le atribuye la ley (art. 10, ley 8435). Tiene la siguiente competencia: 1º) Conoce y resuelve originaria y exclusivamente, en pleno: de las acciones declarativas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas, que estatuyan sobre materia regida por la Constitución, y se controvierta en caso concreto por parte interesada; de las cuestiones de competencia entre poderes públicos de la provincia y de las que se susciten entre los tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común; de los conflictos internos de las municipalidades, de una municipalidad con otra, o de éstas con autoridades de la provincia y de las acciones por responsabilidad civil promovidas contra magistrados o funcionarios del Poder Judicial, con motivo del ejercicio de sus funciones, sin necesidad de remoción previa. 2º) Conoce y resuelve en pleno de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y, por intermedio de sus salas, de los recursos que las leyes de procedimiento acuerden, así como de la recusación de sus 350   

vocales y en las quejas por denegación o retardo de justicia de acuerdo con las normas procesales (art. 11, ley 8435). Ejerce asimismo la superintendencia de la administración de justicia, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público y de la delegación que establezca respecto de los tribunales de mayor jerarquía de cada circunscripción o región judicial, debiendo las decisiones adoptarse con la presencia de por lo menos cuatro de sus miembros y por mayoría, a cuyo fin, entre otras atribuciones, dicta el reglamento interno del Poder Judicial; nombra y remueve a su personal; fija el régimen disciplinario y aplica las respectivas sanciones a magistrados, funcionarios, auxiliares y empleados; fija el horario de los tribunales y de las reparticiones de su dependencia; acuerda licencias a magistrados, funcionarios y empleados; reglamenta el modo en que se procederá al reemplazo de magistrados y funcionarios en los casos de recusación o inhibición y provee a su reemplazo en caso de licencia, impedimento o vacancia, con sujeción a las leyes vigentes; confecciona anualmente, por cada asiento o sede de circunscripción, una lista de abogados que reúnan los requisitos para el cargo, elevada por sugerencia de la superintendencia de cada circunscripción judicial en el mes de octubre de cada año para reemplazar a los asesores letrados en los casos previstos por la ley respectiva; confecciona el padrón de aspirantes a conjueces y jueces sustitutos, así como las listas de jurados; organiza el servicio de consulta para jueces de Paz de campaña; contrata los servicios que estime necesario para mejorar la administración de justicia; eleva a la Legislatura, por intermedio del Poder Ejecutivo, proyectos de leyes sobre organización y funcionamiento del Poder Judicial; prepara y eleva el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Poder Ejecutivo para su consideración por la Legislatura dentro del presupuesto general de la provincia; fija los aranceles que deben abonar los litigantes a los jueces de Paz, oficiales de justicia y ujieres y viáticos, así como el arancel que percibirán los conjueces y jurados; informa anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los tribunales, etc. (art. 12, ley 8435). En caso de vacancia, impedimento, recusación o inhibición, los miembros del Tribunal Superior de Justicia son suplidos por los vocales de Cámara; los jueces que reunieren las condiciones para ser vocales o por los conjueces. Cuando actúa dividido en salas, serán suplidos por otro vocal del mismo Tribunal y en su defecto y sucesivamente en el orden establecido precedentemente (art. 15, ley 8435). c) En la provincia actúan Cámaras en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo, en lo Criminal, en lo Criminal Económico(38), de Acusación, de Menores, del Trabajo y de Familia, salvo que la ley asigne competencia a una Cámara en todas las materias o en algunas de ellas (art. 16, ley 8435). Todas, con excepción de la Cámara del Trabajo, se integran con tres miembros y eligen anualmente su presidente (arts. 19 a 29, ley 8435). 351   

La Cámara del Trabajo, por su parte, se compone de salas integradas por tres miembros, pero el Tribunal Superior de Justicia, por razones de mejor servicio, puede establecer que los miembros de las salas intervengan unipersonalmente en el juzgamiento de los asuntos de menor complejidad que determine. Cada sala, asimismo, elige anualmente un presidente y los miembros de la Cámara designan entre los presidentes de sala, al presidente de Cámara, quien ejerce las funciones de superintendencia delegadas por el Tribunal Superior de Justicia (art. 31, ley 8435). d) En la provincia de Córdoba actúan también jueces en lo Civil y Comercial, de Familia, correccionales, de Instrucción, de Instrucción en lo Penal Económico(39), de Menores, de Faltas, de Conciliación, Electoral y de Paz, salvo que la ley asigne a un juez competencia en todas las materias o en algunas de ellas (art. 35, ley 8435). Los jueces de Paz duran cinco años en sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente. Vencido el término de su nombramiento, continúan ejerciendo sus funciones hasta que tomen posesión del cargo los que hayan de reemplazarlos (art. 39, ley 8435). Tienen las incompatibilidades y prohibiciones y gozan de las garantías e inmunidades prescriptas por la Constitución para los magistrados del Poder Judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior respecto de la duración en el cargo (art. 40, ley 8435). Sólo pueden ser removidos, previo sumario, por el Tribunal Superior de Justicia cuando concurran las causales previstas en el art. 154 de la Constitución provincial(art. 41, ley 8435). La justicia de Paz Vecinal letrada es ejercida por los jueces de Paz Vecinales letrados (art. 42, ley 8435). Para ejercer el cargo se requiere: tener 25 años, ciudadanía en ejercicio, tres años de residencia en el distrito, título de abogado y cuatro años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder Judicial, buena conducta y gozar de buen concepto vecinal (art. 43, ley 8435). Existe un Juzgado de Paz de Campaña en aquellos lugares que reúnan las siguientes condiciones: población de más de dos mil habitantes y que el Juzgado de Paz más próximo se encuentre a una distancia mayor de 50 kilómetros. Estas exigencias no son necesarias cuando la creación de un juzgado obedezca a la necesidad de prestar un mejor servicio de justicia (art. 45, ley 8435). Para desempeñar el cargo se requiere: tener 25 años, ciudadanía en ejercicio, tres años de residencia en el distrito, título de abogado en lo posible, o secundario completo, buena conducta y gozar de buen concepto vecinal y residir en el territorio en el que hubieren sido nombrados. Estos jueces conocen: 1º) de los asuntos civiles y comerciales en los que el valor cuestionado no supere los cuarenta jus, excluidos los juicios 352   

universales. Para la determinación del valor económico del pleito se tomará en cuenta el capital actualizado a la fecha de la iniciación de la demanda. En caso de que no pueda determinarse el valor de los bienes, derechos o créditos litigiosos, será competente el juez en lo Civil y Comercial que corresponda; 2º) de las causas sin contenido patrimonial que se susciten entre los vecinos, derivadas de molestias o turbaciones entre ellos, actuando como amigables componedores; 3º) de los asuntos de convivencia familiar, desempeñando una función de guía y asesoramiento, como amigables componedores; 4º) de los asuntos que se les atribuyan por otras leyes (art. 49, ley 8435). Tienen asimismo las siguientes atribuciones: intervenir en el otorgamiento de poderes en los lugares donde no hubiere escribano público; proveer a la seguridad y conservación de los bienes del causante previo inventario y dando cuenta de inmediato al juez competente cuando hubiere herederos menores, incapaces o ausentes o se tratara de una herencia vacante; ejecutar los mandamientos de embargo, secuestro, desalojo y toda otra diligencia ordenada por otros tribunales; corregir las faltas disciplinarias de las personas que actuaren en los juicios, por medio de apercibimientos y de multas que no excedan de diez jus, sin perjuicio del recurso de reposición; solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesaria para el cumplimiento de sus funciones y ejercer la guarda de la documentación y bienes del juzgado (art. 51, ley 8435). El Tribunal Superior de Justicia confecciona padrones de aspirantes a conjueces y jueces sustitutos por materia para cada circunscripción judicial y a tal fin determina las condiciones, el procedimiento y la oportunidad de la convocatoria. Los padrones de inscriptos serán remitidos al Poder Ejecutivo para su elevación al Senado, a efectos del acuerdo respectivo, que debe prestarse a cada inscripto individualmente (art. 57, ley 8435(40)). El Poder Ejecutivo debe, a su turno, designar a los conjueces y jueces sustitutos de la lista de inscriptos a los que haya prestado acuerdo el Senado (art. 58, ley 8435(41)). La Ley Orgánica prevé asimismo la posibilidad de que los tribunales colegiados se integren por jurados, quienes deben ser mayores de edad y acreditar ciudadanía en ejercicio, capacidad civil y ciclo básico completo (arts. 61 y 62, ley 8435). El Tribunal Superior de Justicia debe confeccionar en forma bianual una lista de jurados mediante sorteo realizado en audiencia pública, entre los electores inscriptos en el padrón electoral correspondiente a cada circunscripción judicial y dictar la reglamentación respectiva (art. 63, ley 8435, modif. por ley 8735). Asimismo, percibirán, por su intervención, el arancel que determine el Tribunal Superior de Justicia (art. 65, ley 8435). La ley, finalmente, regula la designación, requisitos y funciones de los relatores, así como de los secretarios y prosecretarios letrados de los jueces de primera instancia (arts. 67 a 81, ley 8435); de los oficiales de 353   

justicia y ujieres y de los médicos forenses y de los directores y subdirectores administrativos (arts. 82 a 93, ley 8435), concluyendo con la reglamentación de los organismos auxiliares (cuerpo técnico de asistencia judicial, Boletín Judicial y Archivo de los Tribunales) y con un título complementario relativo al receso de los tribunales, a los tribunales de feria y al mapa judicial de la provincia (arts. 113 a 117, ley 8435).

139. Corrientes a) El Poder Judicial de la provincia de Corrientes es ejercido por el Superior Tribunal, las Cámaras, los Tribunales de Primera Instancia, de Instrucción y Correccional, de Menores, Juzgados de Paz y el Ministerio Público (art. 1º, dec.-ley 26/2000). El Superior Tribunal de Justicia está integrado por cinco ministros. Para constituir el Tribunal basta la presencia de tres de sus miembros, pero sólo puede tomar decisiones por mayoría absoluta de todos los ministros (art. 20, dec.-ley 26/2000). En el caso de impedimento o ausencia de ministros, el Superior Tribunal se integra: 1º) con los jueces de Cámara de la Primera Circunscripción Judicial; 2º) con los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial, en lo Laboral, de Instrucción y Correccional y juez de Menores, por orden de nominación, de la primera circunscripción judicial, siempre que reúnan las condiciones exigidas para ser miembros del Superior Tribunal; 3º) con los jueces de Cámara, jueces de primera instancia Civil y Comercial, Laboral, de Instrucción y Correccional y Menores, por orden de nominación de las restantes circunscripciones; 4º) agotada la nómina precedente, se cubre con los abogados de la lista de conjueces, debiendo reunir las condiciones exigidas para ser ministros del Superior Tribunal. Los abogados de la lista de conjueces son elegidos por sorteo, con notificación de las partes (art. 21, dec.-ley 26/2000). Dicho Tribunal juzga: a) en los casos previstos por el art. 145 de la Constitución de la provincia; b) en las recusaciones e inhibiciones de sus propios miembros; c) en las funciones establecidas por los arts. 40 y 41 de la Constitución provincial; d) en aquellos casos en que expresamente se le atribuye conocimiento por las leyes de forma y leyes especiales (art. 22, dec.-ley 26/2000). Ejerce asimismo la superintendencia de la administración de justicia en toda la provincia, a través de las facultades enumeradas en los veintinueve incisos que contiene el art. 23, dec.-ley 26/2000.

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b) A los fines de la competencia territorial, la provincia se divide en cinco circunscripciones judiciales compuestas por las circunscripciones de capital, Goya, Curuzú Cuatiá y Santo Tomé, integrada cada una de éstas por los distintos departamentos judiciales (art. 2º, dec.-ley 26/2000). En la primera actúan una Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, dividida en salas; una Cámara de Apelaciones en lo Laboral y dos Cámaras en lo Criminal, con asiento en la capital de la provincia. En la segunda actúan una Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral y una Cámara en lo Criminal con asiento en la ciudad de Goya; y en cada una de las circunscripciones judiciales restantes, una Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, y una Cámara en lo Criminal con asiento en Paso de los Libres y Santo Tomé, respectivamente (art. 3º, dec.-ley 26/2000). En la primera circunscripción actúan trece Juzgados en lo Civil y Comercial, cuatro Juzgados en lo Laboral, seis Juzgados de Instrucción, dos Juzgados en lo Correccional y dos Juzgados de Menores, todos con asiento en la capital; un Juzgado Civil, Comercial y Laboral y un Juzgado de Instrucción y Correccional con asiento en la ciudad de Bella Vista, ambos con competencia en todo el departamento en donde tienen su asiento; un Juzgado Civil y Comercial con asiento en la ciudad de Saladas con competencia en el mencionado departamento (art. 5º, dec.-ley 26/2000, modif. por los decs.-leyes 130/2001 y 187/2001). En la segunda circunscripción actúan cuatro Juzgados en lo Civil y Comercial; un Juzgado en lo Laboral; dos Juzgados de Instrucción y un Juzgado de Instrucción y Correccional, todos con asiento en la ciudad de Goya. En la misma circunscripción actúa un Juzgado en lo Civil y Comercial, y un Juzgado de Instrucción y Correccional con asiento en la ciudad de Esquina cuya competencia se extiende a todo el departamento en donde tiene su asiento. En la tercera circunscripción actúan un Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral, un Juzgado Civil y Comercial y un Juzgado de Instrucción y Correccional, todos con asiento en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Además, actúan un Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral, y un Juzgado de Instrucción y Correccional con asiento en la ciudad de Mercedes, cuya competencia se extiende a todo el departamento en donde tiene su asiento. En la cuarta circunscripción actúan un Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral, un Juzgado en lo Civil y Comercial, y un Juzgado de Instrucción y Correccional, todos con asiento en la ciudad de Paso de los Libres. Además actuará un Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral, un Juzgado Civil y Comercial, y un Juzgado de Instrucción y Correccional con asiento en la ciudad de Monte Caseros, cuya competencia se extiende a todo el departamento en donde tiene su asiento.

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En la quinta circunscripción actúa un Juzgado Civil, Comercial y Laboral, un Juzgado Civil y Comercial, y un Juzgado de Instrucción y Correccional, con asiento en la ciudad de Santo Tomé. Además, un Juzgado Civil, Comercial y Laboral, y un Juzgado de Instrucción y Correccional con asiento en la ciudad de Ituzaingó, con competencia en todo el departamento en donde tienen su asiento, y un Juzgado Civil y Comercial con asiento en la ciudad de Virasoro, con competencia en todo el departamento en donde tiene su asiento (art. 6º, dec.-ley 26/2000). El presidente del Superior Tribunal y sus subrogantes son designados anualmente por los miembros del cuerpo en el mes de diciembre, y puede ser reelecto (art. 25, dec.-ley 26/2000). La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la primera circunscripción está integrada por nueve miembros y dividida en cuatro salas, cada una de las cuales es conformada por dos magistrados. El presidente y sus subrogantes son designados cada dos años, por simple mayoría, pudiendo ser reelectos. El presidente tiene a su cargo las resoluciones de mero trámite de la Cámara e interviene sólo en aquellas causas radicadas en las distintas salas en las que la votación de los jueces que la integraron haya resultado empatada (art. 27, dec.-ley 26/2000). Las restantes Cámaras de todos los fueros y jurisdicciones están integradas por tres jueces cada una y el presidente y subrogante son elegidos por los integrantes de la Cámara por simple mayoría de votos y duran un año en sus funciones. Si de dos votaciones sucesivas no surge mayoría de votos, son designados por sorteo. Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituye por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, interviene el presidente para decidir, en cuyo caso debe hacerlo en forma fundada por uno de los votos emitidos (art. 28, dec.-ley 26/2000). Cada Cámara de Apelaciones, dentro de la competencia asignada, conoce: a) de las recusaciones e inhibiciones de sus propios miembros y la de los jueces respecto de los cuales sea tribunal de apelación; b) de los recursos que procedieren contra resoluciones y sentencias dictadas en primera instancia; c) de los recursos que interpongan contra las resoluciones de la Presidencia; d) las Cámaras de Apelaciones que tengan competencia en lo Civil y Comercial deben formar la lista de síndicos de cada circunscripción de acuerdo con lo normado por la ley concursal. Cada Cámara en lo Criminal tiene la competencia asignada en el Código Procesal Penal y leyes especiales. Conoce exclusivamente de las recusaciones y excusaciones de sus propios miembros, de los jueces de Instrucción y Correccional, y de los fiscales de Cámara, Instrucción y Correccional (art. 31, dec.-ley 26/2000). 356   

c) Los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial conocen en todos los asuntos que les están asignados por las leyes procesales, especiales y acordadas del Superior Tribunal (art. 35, dec.-ley 26/2000). El juez de Instrucción tiene, lo mismo que el Correccional, la competencia determinada en el Código Procesal Penal y leyes especiales (arts. 36 y 37, dec.-ley 26/2000). Los jueces en lo Laboral deben conocer en todos los asuntos que les están asignados por las leyes procesales y especiales (art. 38, dec.-ley 26/2000). Los jueces de Menores tienen la competencia asignada en la Ley de Menores, leyes especiales y los Códigos Procesales Penales, Civiles y Comerciales (art. 39, dec.-ley 26/2000(42)). Los jueces de Paz conservan sus funciones mientras dure su buena conducta y sólo pueden ser removidos a solicitud del Superior Tribunal de Justicia, por el Poder Ejecutivo, previo sumario del que resulte causa justificada (arts. 41 y 42, dec.-ley 26/2000). Deben residir en el territorio en el que hubieren sido nombrados. Dichos jueces conocen: 1º) de los asuntos civiles y comerciales en los que el valor cuestionado no supere los quinientos pesos, excluidos los procesos universales, laborales y acciones relativas al estado civil de las personas; 2º) de las causas sin contenido patrimonial que se susciten entre los vecinos, derivadas de molestias o turbaciones entre ellos, actuando como amigables componedores; 3º) de los asuntos de convivencia familiar desempeñando una función de guía y asesoramiento como amigables componedores; y 4º) de los asuntos que se le atribuyan por otras leyes (art. 45, dec.-ley 26/2000). Los jueces de Paz tienen asimismo las siguientes atribuciones: 1º) proveer a la seguridad y conservación de los bienes del causante previo inventario y dando cuenta de inmediato al juez competente cuando hubiere herederos menores, incapaces, ausentes o se tratare de una herencia vacante; 2º) ejecutar los mandamientos de embargo, secuestro, desalojo y toda otra diligencia ordenada por otros tribunales; 3º) certificar firmas y fotocopias, dejando constancia en el libro de actas; 4º) corregir las faltas disciplinarias de las personas que actuaren en los procesos, por medio de llamado de atención, apercibimientos y multas que no excedan de quinientos pesos, sin perjuicio del recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio que debe ser interpuesto fundado y dentro del quinto día de notificado; 5º) solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, y 6º) ejercer la guarda de la documentación y bienes del Juzgado (art. 48, dec.-ley 26/2000).

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Las sentencias dictadas y las sanciones aplicadas por los jueces de Paz pueden recurrirse ante el juez Civil y Comercial más próximo de la circunscripción judicial a la que pertenezcan (art. 51, dec.-ley 26/2000). Los Juzgados de Paz Letrados de la ley 2990 se transformaron en Juzgados en lo Civil y Comercial, y en su caso Laboral, de todas las circunscripciones judiciales; el Juzgado Correccional n. 1 de la primera circunscripción en Juzgado de Instrucción n. 7; el Juzgado Correccional de la segunda circunscripción de la ley 2990 en Juzgado de Instrucción y Correccional (arts. 122 a 124, dec.-ley 26/2000). Asimismo, las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial n. 1, n. 2 y n. 3 de la primera circunscripción de la ley 2990, se transformaron en una Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con cuatro salas integradas con dos miembros cada una de ellas y un presidente, en un todo de acuerdo con lo establecido en el art. 28; la Cámara de Apelaciones en lo Laboral y Paz Letrado de la primera circunscripción de la ley 2990 a partir de la entrada en vigencia del presente decreto-ley pasó a denominarse Cámara de Apelaciones en lo Laboral, y las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Paz Letrado de la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción de la ley 2990 pasaron a denominarse Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral (arts. 125 a 127, dec.-ley 26/2000). El dec.-ley 26/2000, modificado por el dec.-ley 27/2000 contiene asimismo numerosas disposiciones sobre secretarios, relatores y prosecretarios, directores, inspectores de justicia de Paz, Boletín Judicial, archivo de los tribunales, abogados procuradores y peritos.

140. Chaco a) La administración de la justicia de la provincia es ejercida: 1º) por el Superior Tribunal de Justicia, creado por la Constitución, la que dictará sus reglamentos internos; 2º) por siete jueces de primera instancia, en lo Civil y Comercial, y en lo Criminal y Correccional, cuya jurisdicción se determinará más adelante; 3º) por los jueces de Paz (art. 1º, ley 3). b) El mencionado Tribunal se divide en dos salas de dos miembros cada una, que se denominan primera y segunda, respectivamente. Entienden, la primera, en los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal en materia civil, comercial y laboral; y la segunda, en los mismos recursos en materia criminal y correccional.

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Cada sala tiene un presidente que dura un año en el ejercicio de sus funciones a partir de la fecha de prestación de juramento. La Presidencia se turna entre los miembros de cada sala. c) Los jueces de primera instancia ejercen por orden de turno la jurisdicción voluntaria y contenciosa en su ramo y entienden en todas las causas cuyo conocimiento no esté especialmente atribuido a otros jueces (art. 39, ley 3). A los fines del artículo precedente se divide la provincia en seis circunscripciones, a saber: la primera, con asiento en la ciudad de Resistencia; la segunda, con asiento en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña; la tercera, con asiento en la ciudad de Villa Ángela; la cuarta, con asiento en la ciudad de Charata; la quinta, con asiento en la ciudad de General José de San Martín, y la sexta, con asiento en la ciudad de Juan José Castelli (art. 40, ley 3). Los jueces en lo Civil y Comercial se suplen por orden de nominación entre sí, recíprocamente y, en caso necesario, por los jueces en lo Laboral, por los jueces en lo Penal, por los fiscales, defensores, y por los abogados de la lista de conjueces que serán designados en sorteo público y previa notificación a las partes; y para el supuesto de que ninguno de los nombrados pudieran intervenir, el juicio pasa para su prosecución al juzgado de igual clase con asiento más próximo. En caso de inhibición o recusación de los jueces en lo Civil y Comercial de la primera circunscripción judicial, las causas principales son asignadas nuevamente por sorteo, excluyéndose al juzgado inhibido o recusado y al Juzgado Civil y Comercial de la décima nominación, por su competencia especial (art. 41, ley 3). Los jueces en lo Penal se suplen entre sí, y sucesivamente, por los jueces en lo Civil y Comercial en el orden de nominación y por los fiscales y defensores (art. 43, ley 3). La ley se integra, finalmente, con diversas normas concernientes a los funcionarios del Ministerio Público, secretarios y demás auxiliares judiciales (oficiales de justicia, peritos, etc.).

141. Chubut a) Conforme con lo dispuesto en la ley 37 y sus modificatorias, el Poder Judicial de la provincia es ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo, los Juzgados Letrados de

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primera instancia, los Juzgados Letrados de Paz, los Juzgados de Paz y los demás tribunales y juzgados que las leyes establezcan. b) El Superior Tribunal de Justicia ejerce jurisdicción sobre todo el territorio de la provincia, y tiene su asiento en la capital de ésta (art. 5º, ley 37). c) A los fines de la competencia territorial de las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo, y de los Juzgados Letrados de primera instancia, se divide la provincia en tres circunscripciones judiciales, que son: la del Noreste, con sede en la ciudad de Trelew, y que comprende a los departamentos de Rawson, Viedma, Gaiman, Mártires, Paso de Indios, Telsen, Gastre, y Fracciones C-II y C-III de Florentino Ameghino; la del Noroeste, con sede en la ciudad de Esquel, que comprende los departamentos de Tehuelches, Futaleufú, Languineo y Cushamen, y la del Sur, con sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y que comprende los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer y las Fracciones D-II y D-III de Florentino Ameghino (art. 6º, ley 37). En cada ciudad, sede de circunscripción judicial, funciona por lo menos una Cámara de Apelaciones y del Trabajo, y un Juzgado Letrado de primera instancia. En el caso de crearse otras Cámaras y juzgados, la ley determinará los límites de sus respectivas competencias (art. 7º, ley 37). A los efectos de la competencia territorial de los Juzgados de Paz, las circunscripciones judiciales mencionadas en el art. 6º se dividen en distritos judiciales en los que habrá al menos un Juzgado Letrado de Paz o un Juzgado de Paz (art. 8º, ley 37). El Superior Tribunal de Justicia se compone de seis (6) ministros, quienes actuarán divididos en dos salas; una con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería, y otra con competencia en materia Penal. La primera de ellas estará integrada por los actuales miembros del Superior Tribunal de Justicia. Los tres ministros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia serán designados en el modo dispuesto por el art. 166 de la Constitución provincial. Actuarán ante ella el Procurador General y el Defensor General de la provincia (art. 26, ley 37, modificada por la ley 5475). La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida por sus ministros en forma rotativa y por sorteo entre sí, por el plazo de un año a contar desde la fecha en que asumieren. En caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, será reemplazado por el ministro establecido en el sorteo (art. 27, ley 37, modificada por la ley 5475). El Superior Tribunal es competente para entender en los siguientes casos, con arreglo al procedimiento establecido en las leyes procesales: 1º) en los previstos en los arts. 33, 171 y 217 de la Constitución, en el 360   

modo y forma establecidos en ellos; 2º) originaria y exclusivamente en las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones y reglamentos que versen sobre materias regidas por la Constitución de la provincia, dictadas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, corporaciones municipales u otras autoridades provinciales, cuando sean controvertidos por parte interesada; 3º) en instancia única en las causas y recursos contencioso-administrativos originados en decisiones de los poderes públicos provinciales y sus entidades descentralizadas y autárquicas; 4º) en las contiendas de competencia que se susciten entre jueces de Paz de distintas circunscripciones judiciales(43); 5º) por vía de los recursos procesales extraordinarios que la ley establezca, de las sentencias y resoluciones que dicten las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo; 6º) por apelación ordinaria de las sentencias definitivas que dicten las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo, en las causas en que la provincia, las corporaciones municipales y/o entidades autárquicas o descentralizadas de éstas, sean parte directa o indirectamente, cuando el valor disputado en último término sea superior a $ 500.000 (art. 32, ley 37). Ejerce, asimismo, funciones de superintendencia general respecto de los tribunales inferiores (art. 33, ley 37). La competencia de los jueces letrados comprende, con arreglo al procedimiento que establezcan las leyes de la materia, entender y resolver: 1º) En todas las causas en materia Civil, Comercial, Rural, de Minería y demás que las leyes determinen, con exclusión de las que están reservadas a la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia y de las que correspondan a las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo, a los jueces letrados de Paz o a los jueces de Paz. Conocen también en asuntos laborales, juzgamiento de menores y causas por delitos de imprenta y otros medios de difusión del pensamiento, hasta tanto sean creados los organismos judiciales previstos en los arts. 51 y 177 de la Constitución. 2º) En las causas y recursos contencioso-administrativos que se originen en actos o decisiones de las corporaciones municipales y sus entes descentralizados y autárquicos. 3º) En el derecho de respuesta y en los recursos y acciones de amparo, previsto en los arts. 15 y 33 a 36 de la Constitución. 4º) Como Tribunal de Alzada y de única instancia de las acciones y recursos deducidos contra decisiones administrativas en los asuntos de aguas previstos en el art. 85 de la Constitución (art. 41, ley 37(44)). Los requisitos para ser juez de Paz, su nombramiento y remoción se rigen por lo dispuesto en los arts. 184, 185 y 186 de la Constitución provincial. Duran seis años en sus funciones y su remoción sólo procede 361   

por las causales establecidas por la legislación vigente (art. 43, ley 37, modif. por la ley 4388). A los fines de la competencia, los Juzgados de Paz se dividen en dos categorías: Juzgado de Paz de Primera, que son aquellos en los que el juez es designado por el Consejo de la Magistratura con acuerdo de los respectivos Concejos Deliberantes, y los de Segunda, aquellos en los que la designación se efectúa, por elección popular directa, conforme a lo dispuesto por el art. 184 de la Constitución provincial (art. 51, ley 37, modificado por la ley 4776). Los Juzgados de Paz de Primera son competentes: 1º) en los asuntos civiles y comerciales en los que el valor cuestionado no exceda de quinientos mil pesos ($ 500.000), con exclusión de juicios sucesorios, asuntos de familia, laborales, concursos, quiebras, interdictos y acciones posesorias; 2º) en las demandas reconvencionales cuyo monto no exceda el fijado en el inciso anterior; si lo excediere, se declararán incompetentes en la demanda y reconvención, y remitirán las actuaciones al Juzgado Letrado que corresponda; 3º) en las demandas de desalojo por falta de pago de la locación de inmuebles urbanos, haya o no contrato escrito, cuando el monto no excediere de cincuenta mil pesos mensuales ($ 50.000); 4º) en los juicios por cobro de alquileres de inmuebles urbanos, cualquiera sea el número de mensualidades vencidas no mayores de cincuenta mil pesos ($ 50.000) cada una, siempre que el monto total reclamado no exceda lo dispuesto en el inc. 1º. Si durante el juicio se acumularen nuevas mensualidades que excedieren dicho límite, el juez de Paz seguirá siendo competente e iguales principios rigen para las consignaciones de alquileres; 5º) en el juzgamiento y sanción de las infracciones o faltas previstas en el Código Rural, reglamentos o edictos municipales y policiales y leyes especiales, cuando la competencia para entender dichos asuntos no esté conferida a otros jueces u organismos; 6º) en el otorgamiento de cartas poderes a que se refiere el art. 66, y de cartas de pobreza; 7º) en la autenticación y certificación de firmas donde no hubiere escribano; 8º) en los demás asuntos que por ley se les asignen (art. 52, ley 37). Los Juzgados de Paz de Segunda son competentes para entender en los mismos asuntos que los de Primera pero, a diferencia de éstos tienen las siguientes limitaciones: 1º) en los asuntos civiles y comerciales, demandas reconvencionales y juicios por cobro de alquileres de inmuebles urbanos en los que el valor cuestionado no exceda de tres mil pesos moneda nacional; 2º) cuando no mediare contrato escrito en los casos de demandas de desalojo por falta de pago de la locación de inmuebles urbanos, así como en los juicios por cobro de alquileres de inmuebles urbanos (art. 53, ley 37).

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142. Entre Ríos a) El Poder Judicial de la provincia es ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, las salas del Superior Tribunal, las Cámaras Civiles y Comerciales, Penales y del Trabajo, los jueces en lo Civil y Comercial, Correccional, de Instrucción y del Trabajo, y los jueces de Paz (art. 1º, ley 6902). b) El Superior Tribunal de Justicia se compone de nueve miembros, tiene su asiento en la ciudad de Paraná y competencia en todo el territorio de la provincia. Ejerce la Presidencia aquel de sus miembros que el Cuerpo designe. En el mismo acto se elige un Vicepresidente que reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento. En caso de ausencia o impedimento de ambos, es reemplazado por el vocal que tenga mayor antigüedad como miembro del Superior Tribunal. Tanto el Presidente como el Vicepresidente duran dos años en sus funciones (art. 31, ley 6902, modif. por la ley 8065). En caso de recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de los miembros del Superior Tribunal, será suplido por los vocales de las Cámaras Primera, Segunda y Tercera de la ciudad de Paraná. Si el Tribunal no pudiera integrarse por el procedimiento indicado, se practicará un sorteo ante el Superior Tribunal de una lista de conjueces hasta completar el número para fallar. Los conjueces del Superior Tribunal, en número de dieciocho (18), serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La designación deberá recaer en abogados que reúnan los requisitos del art. 149 de la Constitución provincial y tendrá una duración de dos años. El plazo se extenderá únicamente para que el conjuez resuelva las causas en que hubiera sido sorteado y hasta tanto se dicte pronunciamiento. No podrán ser designados conjueces quienes, al tiempo de su designación para integrar la lista respectiva, fueran funcionarios u ocuparen cargos de jerarquía en el ámbito del Poder Ejecutivo o Legislativo de la provincia, siendo inválido el nombramiento que se hiciere en contravención a esta prohibición. Si no se hubiera conformado la lista de conjueces o ésta resultara insuficiente para integrar el Tribunal, se realizará una nómina de abogados que satisfagan los recaudos del art. 149 de la Constitución de Entre Ríos, la que resultará de un sorteo público (art. 36, ley 6902, modificado por art. 2º, ley 9550). Además de las atribuciones especificadas en los arts. 166 y 167 de la Constitución provincial, corresponde al Superior Tribunal de Justicia representar al Poder Judicial; ejercer la superintendencia general y el contralor sobre la conducta de todos los miembros de dicho poder y, en general, realizar todas las tareas administrativas propias de los máximos 363   

órganos judiciales (concesión de licencias, fijación de horarios, nombramiento y remoción de funcionarios y empleados, aplicación de sanciones, etc.) (art. 37, ley 6902, con las modificaciones de las leyes 8065, 8457, 8459, 9234, 9283 y 9550). El Superior Tribunal se dividirá en tres salas que se compondrán de tres miembros cada una, a saber: sala 1ª, de Procedimientos Constitucionales y Penal; sala 2ª, en lo Civil y Comercial; sala 3ª, del Trabajo (art. 39, ley 6902, modificado por la ley 9550). La sala en lo Civil y Comercial tiene competencia en todo el territorio de la provincia para atender: en el recurso de inaplicabilidad de la ley; en la queja por denegación de dicho recurso; en las cuestiones de competencia entre las Cámaras y salas del fuero, y entre los jueces en lo Civil y Comercial y de Paz, cuando la competencia de alzada no corresponda al mismo tribunal, y en las excusaciones y recusaciones de sus miembros (art. 41, ley 6902). La sala de Procedimientos Constitucionales y Penal tendrá competencia en toda la provincia para entender las siguientes materias: 1. En el recurso de casación. 2. En la queja por denegación de dicho recurso. 3. En las cuestiones de competencia entre las Cámaras y salas del fuero Penal, de los jueces correccionales y jueces de Instrucción. 4. El recurso de apelación contra lo decidido en primera instancia en las acciones de amparo, hábeas data, ejecución y prohibición, hábeas corpus y amparo ambiental, en los casos indicados por la Ley de Procedimientos Constitucionales, así como en el recurso de inaplicabilidad de la ley indicado por el art. 51, apart. B), de la misma. 5. Deberá asimismo vigilar el cumplimiento de los fines del proceso, debiendo para ello realizar inspecciones de establecimientos penitenciarios, carcelarios y policiales e informar al Poder Ejecutivo trimestralmente los resultados del ejercicio de la presente potestad. Ella podrá ser delegada en Cámaras, Fiscales, jueces de Instrucción y en cualquier otro magistrado o funcionario. 6. En las excusaciones y recusaciones de sus miembros (art. 42, ley 6902,texto según leyes 9550 y 8065). La sala del Trabajo tiene también competencia en el recurso de inaplicabilidad de ley; en la queja por denegación de dicho recurso; en las cuestiones de competencia entre las Cámaras y salas del fuero laboral, y entre los jueces del Trabajo de primera instancia, cuando la competencia de Alzada no corresponde al mismo tribunal, y en las excusaciones y recusaciones de sus miembros y en las apelaciones contra las resoluciones en materia disciplinaria de los colegios profesionales, incluyendo las decisiones del Tribunal de Superintendencia del Notariado. En todos los casos en que las leyes de colegiación profesional dispongan que sus decisiones en materia ética y/o disciplinaria son recurribles para ante el Superior Tribunal de Justicia, queda determinado que tales recursos los son para ante esta sala (art. 43, ley 6902, texto según ley 9550). 364   

c) Cada Cámara se compone de tres vocales como mínimo, y se divide en salas, cuando el número de sus miembros permita respetar ese mínimo en cada una de ellas. Para dictar sentencia definitiva se requiere la asistencia de tres vocales, tomándose la resolución por mayoría y siendo potestativa la emisión del voto para el último vocal, cuando sean coincidentes los dos primeros (arts. 46 y 47 —modif. por la ley 9234—, ley 6902). Cada Cámara, en su fuero, y dentro de su competencia territorial, tiene asimismo facultades de superintendencia respecto de su funcionamiento interno y de los funcionarios y empleados de su dependencia (art. 50, ley 6902). Funcionan en la provincia seis Cámaras. Tres de ellas tienen su asiento en la ciudad de Paraná. La Cámara Primera de esa ciudad se divide en dos salas que entienden en materia penal y ejercen competencia territorial en los departamentos de Paraná, Diamante, La Paz y Feliciano. La Cámara Segunda de Paraná se compone de dos salas que entienden en materia civil y comercial y ejercen competencia territorial en los departamentos de Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Feliciano, La Paz y Gualeguay. La Cámara Tercera de Paraná se compone de dos salas, integradas por tres miembros cada una, que entienden en materia laboral y ejercen competencia territorial en los departamentos de Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, La Paz y Feliciano. Una Cámara tiene asiento en la ciudad de Concordia y se divide en tres salas: en lo Penal, del Trabajo y en lo Civil y Comercial. La sala en lo Penal ejerce competencia territorial en los departamentos de Concordia, Federal y Federación y San Salvador. La sala del Trabajo ejerce competencia territorial en los departamentos de Concordia, Federación y Federal. La sala en lo Civil y Comercial ejerce competencia territorial en los departamentos de Concordia, Federación y Federal. La Cámara en la ciudad de Concepción del Uruguay se dividirá en tres salas: una sala en lo Penal, una sala en lo Civil y Comercial, y una sala del Trabajo. La sala en lo Penal ejerce competencia territorial en los departamentos de Uruguay, Colón, Tala y Villaguay. La sala en lo Civil y Comercial ejerce competencia territorial en los departamentos de Uruguay, Gualeguaychú, Colón, Tala, Villaguay e Islas del Ibicuy. La sala del Trabajo ejerce competencia en los departamentos de Uruguay, Gualeguaychú, Colón, Tala, Villaguay e Islas del Ibicuy. Funciona asimismo una Cámara con asiento en la ciudad de Gualeguay, que se compone de tres miembros y tiene competencia en materia penal en los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá, Victoria e Islas del Ibicuy (art. 53, ley 6902, modif. por las leyes 8076, 8565, 9218, 9285 y 9797). Dentro de la materia de su competencia corresponde a las Cámaras o a sus salas conocer y decidir: 1º) en cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de su circunscripción territorial, con la excepción prevista en el art. 40 del Código Procesal Penal; 2º) en los recursos de 365   

queja por retardo o denegación de justicia de los jueces letrados; 3º) en las excusaciones y recusaciones de sus miembros y de los jueces; 4º) en única instancia, en los juicios a que se refiere el art. 24del Código Procesal Penal, y en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de primera instancia, en lo Civil y Comercial y Laboral, en los casos previstos en las leyes procesales y leyes especiales; 5º) en los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de Instrucción en los casos previstos en las leyes procesales y en las leyes especiales, estableciéndose para tales supuestos diversas competencias territoriales; 6º) calificar anualmente a su personal. d) Hay en la provincia los siguientes jueces en lo Civil y Comercial: seis jueces con asiento en la ciudad de Paraná, que ejercen su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; cuatro jueces que tienen su asiento en la ciudad de Concordia, que ejercerán su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; dos jueces con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, que ejercen su competencia territorial en el departamento de Uruguay; uno con asiento en la ciudad de La Paz, que ejerce su competencia territorial en los departamentos de La Paz y San José de Feliciano; uno con asiento en la ciudad de Villaguay, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; un juez con asiento en la ciudad de Nogoyá, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Gualeguay, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre. Tres con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, que ejercen competencia territorial en el departamento del mismo nombre. Un juez con asiento en la ciudad de Victoria, que ejercerá su competencia territorial en el departamento del mismo nombre. Uno con asiento en la ciudad de Rosario del Tala, que ejerce su competencia territorial en el departamento de Tala. Dos con asiento en la ciudad de Colón, que ejercen su competencia territorial en el departamento del mismo nombre. Uno con asiento en la ciudad de Diamante, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre. Uno con asiento en la ciudad de Federal, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre. Uno con asiento en la ciudad de Chajarí, que ejerce su competencia territorial en los distritos Tatuti, Atencio al Este y Mandisoví del departamento de Federación, y uno con asiento en la ciudad de Federación, que ejerce su competencia territorial en el distrito Gualeguaycito del departamento de Federación (art. 61, ley 6902, modif. por las leyes 7304, 7472, 8321, 8461, 8538 y 9017). Corresponde a los jueces en lo Civil y Comercial conocer y decidir: en los asuntos de su materia, con excepción de los atribuidos a los Juzgados de Paz; en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Paz del territorio de su jurisdicción; en las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de Paz a que se refiere el inciso anterior y en los recursos de queja por retardo o denegación de 366   

justicia, así como en los incidentes de excusación y recusación de los mismos jueces de Paz (art. 62, ley 6902). Funcionan asimismo en la provincia jueces en lo Civil y Comercial y de Instrucción, a quienes incumbe conocer y decidir en los asuntos de su materia, con excepción de los atribuidos a los Juzgados de Paz; en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Paz del territorio de su jurisdicción; en las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de Paz a que se refiere el inciso anterior; en los recursos de queja por retardo o denegación de justicia, y en los incidentes de excusación y recusación de los mismos jueces de Paz y en los casos previstos en el Código Procesal Penal y leyes complementarias (art. 65, ley 6902). e) Sin perjuicio de lo dispuesto, habrá en la provincia los siguientes jueces del Trabajo: tres con asiento en la ciudad de Paraná, que ejercen su competencia territorial en los departamentos de Paraná, La Paz, Feliciano, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay; cinco con asiento en la ciudad de Concordia, que ejercen su competencia territorial en los departamentos de Concordia, Federal y Federación; dos con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, que ejercen su competencia territorial en los departamentos de Uruguay, Colón, Villaguay y Tala, y tres con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, que ejercen su competencia territorial en el departamento del mismo nombre (art. 67, ley 6902, modif. por las leyes 8361, 8474 y 8582). f) Existen en la provincia los siguientes jueces correccionales: dos con asiento en la ciudad de Paraná, que ejercerán su competencia territorial en los departamentos de Paraná y Diamante; uno con asiento en la ciudad de Concordia, que ejerce su competencia territorial en los departamentos de Concordia, Federal y Federación; uno con asiento en la ciudad de Nogoyá, que ejerce su competencia territorial en los departamentos de Nogoyá, Victoria y Tala; uno con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, que ejerce su competencia territorial en los departamentos de Colón, Villaguay y Uruguay; uno con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, que ejerce su competencia territorial en los departamentos de Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy, y uno con asiento en la ciudad de La Paz, que ejerce su competencia territorial en los departamentos de La Paz y Feliciano (art. 70, ley 6902). A dichos jueces les corresponde conocer y decidir en los delitos a que se refiere el art. 26 del Código Procesal Penal y leyes especiales (art. 71, ley 6902). g) Funcionan asimismo en la provincia los siguientes jueces de instrucción: seis con asiento en la ciudad de Paraná, que ejercen su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; cuatro con asiento en la ciudad de Concordia, que ejercen su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; dos con asiento en la ciudad de 367   

Concepción del Uruguay, que ejercen su competencia territorial en el departamento de Uruguay; tres con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, que ejercerán su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de La Paz, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Villaguay, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Nogoyá, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Gualeguay, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Victoria, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Rosario del Tala, que ejerce su competencia territorial en el departamento Tala; uno con asiento en la ciudad de Colón, que ejerce su competencia territorial en el departamento Colón; uno con asiento en la ciudad de San José de Feliciano, que ejerce su competencia territorial en el departamento Feliciano; uno con asiento en la ciudad de Diamante, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Federal, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Federación, que ejerce su competencia territorial en el departamento del mismo nombre; uno con asiento en la ciudad de Chajarí, que ejerce su competencia territorial en los distritos Tatutí, Atencio al Este y Mandisoví del departamento Federación, y uno con asiento en la ciudad de Federación, que ejerce su competencia territorial en el distrito Gualeguaycito del departamento de Federación. Un juez con asiento en la ciudad de San Salvador, que ejercerá su competencia territorial en el departamento del mismo nombre (art. 73, ley 6902, modif. por las leyes 7918, 8321, 8461, 8473, 8582, 9049 y 9285). h) Hay en la provincia los siguientes Juzgados de Paz: dos en la ciudad de Paraná, uno en cada una de las restantes cabeceras departamentales, con excepción de la ciudad de Federación, y uno en cada una de las localidades que establezca el Poder Ejecutivo (art. 76, ley 6902; ver art. 2º, ley 7220). Para desempeñar este cargo se requiere, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 152 de la Constitución provincial, tener aprobado el ciclo de enseñanza media, ser mayor de 25 años de edad, ser ciudadano argentino y tener residencia inmediata mínima de dos años en el departamento o distrito en que deba ejercer sus funciones (art. 77, ley 6902). Los Juzgados de Paz con sede en las cabeceras departamentales tienen competencia territorial en todo el departamento, con excepción de la que corresponda a otro Juzgado de Paz, en tanto que los restantes tienen la competencia territorial asignada en las respectivas leyes de su creación.

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Corresponde a los jueces de Paz conocer y decidir: en los juicios ejecutivos civiles y comerciales, y en los procesos de ejecución o apremio fiscal, cuando el monto reclamado no exceda de la cantidad semestralmente actualizada, cuando resulta necesario, por el Tribunal Superior de Justicia; en los beneficios de litigar sin gastos que se refieren a juicios de la competencia del juzgado; en las informaciones sumarias que sean necesarias para la obtención de beneficios previsionales o la percepción de asignaciones familiares; en la autenticación de copias y fotocopias de documentos privados; en la certificación de firma de documentos privados cuando tengan por objeto la obtención de beneficios previsionales; en los casos que les asignen leyes especiales y en los procesos contemplados en los arts. 679 a 684 del Código Procesal Civil y Comercial, ley 4870, cuando el monto reclamado no exceda de mil pesos, el que puede ser actualizado en modo similar al previsto en el inc. 1º (art. 79, ley 6902, modif. por la ley 7220). Los jueces de Paz sólo pueden ser suspendidos o removidos previo sumario que sustanciará el Superior Tribunal, cuando mediare alguna de las siguientes circunstancias: falta de idoneidad o aptitud moral reveladas en el desempeño de sus funciones; negligencia en el ejercicio de éstas; conducta privada incompatible con las funciones judiciales o incorrecciones graves en el ejercicio de su cargo y por procesamiento o condena por delitos, si a juicio del Tribunal les originaran una incompatibilidad para continuar en el desempeño de sus funciones judiciales (art. 86, ley 6902). Las restantes normas de la ley regulan el Ministerio Público, los secretarios y otros funcionarios y empleados, el contador, subcontador y tesorero del Superior Tribunal y el régimen económico y financiero.

143. Formosa a) La organización judicial de esta provincia se halla regulada por la ley 521 y sus modificatorias. Conforme a las referidas disposiciones, el Poder Judicial de la provincia es ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, las Cámaras de Apelaciones en lo Criminal, el Tribunal del Trabajo y el Tribunal de Familia, los jueces letrados de primera instancia, los jueces de Paz de Menor Cuantía (pues fueron suprimidos los de Mayor Cuantía), por los Ministerios Públicos y por los demás tribunales creados o a crearse (art. 2º, ley 521). La provincia se divide, al efecto, en tres circunscripciones: dentro de la primera tienen su asiento, en la ciudad de Formosa, el Superior Tribunal de Justicia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, dos 369   

Cámaras en lo Criminal, el Tribunal del Trabajo, el Tribunal de Familia, cuatro Juzgados de Instrucción y Correccional con competencia territorial en los departamentos de Formosa y Laishí; seis Juzgados en lo Civil y Comercial, con competencia territorial en los departamentos de Formosa y Laishí; un Juzgado de Primera Instancia de Menores y dos Juzgados de Paz de Mayor Cuantía. Dentro de la segunda circunscripción judicial tienen su asiento, en la ciudad de Clorinda, la Cámara en lo Criminal, un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo, dos Juzgados de Instrucción y Correccional, un Juzgado de Primera Instancia de Menores y un Juzgado de Paz de Mayor Cuantía. Dentro de la tercera circunscripción judicial tienen su asiento, en la localidad de Las Lomitas, la Cámara en lo Criminal, un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo, dos Juzgados de Instrucción y Correccional, un Juzgado de Primera Instancia de Menores y un Juzgado de Paz de Menor Cuantía (art. 5º, ley 521(45)). El Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia estará compuesto por cinco (5) miembros con el título de Ministro y un (1) Procurador General. Ejercerá la jurisdicción sobre todo el territorio de la provincia, teniendo como asiento la capital de la misma (art. 24, ley 521, según leyes 712, 1169 y 1345). b) Sin perjuicio de los demás casos que establezcan las leyes respectivas, el Superior Tribunal tiene competencia para: 1º) conocer y resolver originaria y exclusivamente en las cuestiones de competencia entre los poderes públicos de la provincia y en las que se susciten entre las municipalidades y entre éstas y el estado provincial; 2º) ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyen sobre materia regida por la Constitución provincial y se controviertan por parte interesada; 3º) conocer originariamente en las causas contencioso-administrativas cuando autoridades administrativas denieguen o retarden el reconocimiento de los derechos reclamados por parte interesada. En estas causas el Superior Tribunal tiene facultad de mandar cumplir sus decisiones directamente por las oficinas o empleados correspondientes, si la autoridad administrativa no las cumpliere en el término que le fijase la sentencia. Los empleados comisionados para la ejecución de las decisiones del Superior Tribunal de Justicia quedan personalmente obligados ante éste, siendo responsables de la falta de cumplimiento de las órdenes que a tal fin se les imparta; 4º) en los recursos de casación, inaplicabilidad de la ley o doctrina legal y revisión; 5º) en las quejas contra los jueces por retardo de justicia; 6º) en las recusaciones o excusaciones de sus miembros; y 7º) decidir las cuestiones de jurisdicción y competencia que se susciten entre jueces y tribunales de la provincia que no tengan otro superior común (art. 26, ley 521, modif. por ley 961). Asimismo, ejerce la superintendencia general y el poder 370   

disciplinario respecto de los órganos inferiores (art. 27, ley 52, modif. por ley 961). c) La Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial estará compuesta por tres miembros y ejercerá su jurisdicción en todo el territorio de la provincia. Las Excelentísimas Cámaras en lo Criminal estarán integradas por tres miembros cada una y ejercerán su jurisdicción en la Primera Circunscripción Judicial las que tengan su asiento en la ciudad Capital; en la Segunda Circunscripción Judicial, las que tengan su asiento en la localidad de Clorinda, y en la Tercera Circunscripción Judicial, la que tenga su asiento en la localidad de Las Lomitas. Actuarán con un Secretario y la dotación del personal que se les asigne. Son requisitos para ser juez de las Cámaras en lo Criminal y de las Cámaras en lo Civil y Comercial: ser ciudadano argentino nativo, tener título de abogado expedido por Universidad oficial argentina, 30 años de edad y cuatro, por lo menos, en el ejercicio activo de la profesión o de la magistratura (art. 30, ley 521, según ley 961). Cada Cámara de Apelaciones es Tribunal de Alzada respecto de los fallos y demás providencias recurribles dictadas por los jueces de primera instancia de la provincia en sus respectivos fueros. Las Cámaras en lo Criminal ejercerán su jurisdicción conforme con las prescripciones del Código de Procedimientos en lo Penal. Las causas de los Juzgados de Menores serán recurribles ante una u otra Cámara, según la naturaleza civil o penal del tema sujeto a proceso (art. 35, ley 521, según leyes 638, 961 y 1555). d) El Tribunal del Trabajo ejerce su jurisdicción en todo el territorio de la provincia en la forma prescripta por la respectiva Ley de Procedimientos y tiene su asiento en la ciudad de Formosa. Está integrado por nueve miembros y actúa dividido en tres salas de tres miembros cada una, con jerarquía y retribución de jueces de Cámara (art. 36, ley 521, según leyes 638 y 712). e) Los jueces letrados de primera instancia tienen su competencia en la circunscripción correspondiente a su respectivo asiento y se turnan en el conocimiento de las causas de su competencia según el orden que establezca para ello el Superior Tribunal (arts. 41 y 42, ley 521). f) La jurisdicción de Menores es ejercida, en la primera circunscripción judicial, por un Tribunal de Familia y un Juzgado de Menores, ambos con asiento en la ciudad de Formosa; en la segunda y tercera circunscripciones judiciales, por un Juzgado de Primera Instancia de Menores, en cada una de ellas, con asiento en Clorinda y Las Lomitas, respectivamente (art. 46, ley 521).

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El Tribunal de Familia está compuesto por tres jueces, con jerarquía y retribución de jueces de Cámara, cuyos integrantes deben reunir los mismos requisitos que éstos. Dicho tribunal conoce y decide: 1º) en los juicios de divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y causas referidas a autorizaciones para contraer matrimonio u oposición a su celebración; 2º) en todos los juicios de suspensión y privación de la patria potestad, de suspensión o remoción de la tutela, curatela o guarda de menores, de estado de abandono y privación de la tenencia, en los casos previstos en el Código Civil y la ley nacional 10.903; 3º) en los juicios de alimentos, adopción, tutela, curatela y tenencia de hijos; 4º) en la inscripción de nacimientos y rectificación de partidas correspondientes a menores; 5º) en las venias supletorias de los menores sometidos a su jurisdicción, en los casos de disenso o en cualquier otra situación que aquéllas fueren solicitadas; 6º) en toda cuestión que se relacione con la instrucción y las autorizaciones especiales relativas al trabajo de menores, y 7º) en todos los casos de declaración de incapacidad, demencia e inhabilitación (art. 49, ley 521, según leyes 966, 1007 y 1465). Para el cumplimiento de su misión, el juez de Menores tiene todas las facultades de los jueces del fuero en lo Criminal (art. 53, ley 521). g) Ante los jueces de Paz de Menor Cuantía el procedimiento será verbal y actuado, sin formas especiales, siempre que se preserve el derecho de defensa y se posibilite a las partes el ofrecimiento y producción de pruebas. No será necesario patrocinio letrado y se resolverá a verdad sabida y buena fe guardada. Dictada la sentencia y practicada —en su caso— la liquidación, si el obligado al pago no satisface la presentación en el término que el juez le fije, podrá iniciarse el trámite de ejecución de sentencia ante el mismo juzgado en la forma que lo establezca el Superior Tribunal de Justicia a través de la respectiva reglamentación, sin perjuicio de la facultad de optar el acreedor a iniciar el trámite ante el Juzgado de Paz de Mayor Cuantía de la jurisdicción, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 respecto de los de El Colorado y Las Lomitas (art. 61, ley 521, según leyes 638 y 961. Los Juzgados de Paz de Mayor Cuantía fueron suprimidos por ley 1007(46)).

144. Jujuy a) La justicia de esta provincia se halla regulada por la ley 4055, parcialmente modificada por la ley 4088(47), conforme a las cuales el Poder Judicial es ejercido por el Superior Tribunal de Justicia; la Cámara en lo Penal; el Tribunal de Trabajo; la Cámara en lo Civil y Comercial; la 372   

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial; el Tribunal de Familia; los jueces de Instrucción en lo Penal; los jueces en lo Civil y Comercial; los jueces de Paz, y los demás organismos jurisdiccionales. b) El Superior Tribunal de Justicia está integrado por cinco vocales nombrados con arreglo a lo que dispone la Constitución de la provincia y las leyes pertinentes (art. 43, ley 4055), y su presidente es nombrado por el Poder Ejecutivo dentro de los cinco vocales, durando cuatro años en sus funciones como tal, salvo que haya dejado de tener el correspondiente acuerdo (art. 47, ley 4055). Le corresponde representar al Superior Tribunal en los actos protocolares, ante los otros poderes públicos y, en general, en todas sus relaciones con funcionarios, entidades o personas; recibir y dirigir la correspondencia oficial, consultando al Superior Tribunal cuando lo estime necesario; dirigir la tramitación de las causas hasta el estado de dictar sentencia, o conforme a las normas que fijare el Superior Tribunal; cuidar el orden y economía del Tribunal y dependencias del Poder Judicial y ejercer las potestades de policía en el Palacio, sin perjuicio de las conferidas a otros jueces; proveer en los casos urgentes sobre asuntos de administración y superintendencia, con cargo de dar cuenta al Tribunal cuando fuere necesario. Puede en este sentido imponer suspensiones hasta por cinco días; conceder licencias a los magistrados y funcionarios, y a los empleados del Superior Tribunal, hasta por diez días, pudiendo pasar los pedidos al acuerdo cuando lo estime conveniente; efectuar visitas a los juzgados y a los demás tribunales y dependencias del Poder para enterarse del estado de las causas, adoptando las medidas que resultaren convenientes; ejercer las demás funciones que le asigne el reglamento interno o las acordadas del Superior Tribunal (art. 48, ley 4055). El Superior Tribunal de Justicia ejerce la superintendencia del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto por la Constitución de la provincia y en tal sentido está facultado, entre otras funciones, para expedir acuerdos y disposiciones supletorias de la Ley Orgánica y las reglamentarias que juzgue oportunas; fijar el horario de los tribunales y de todos los organismos de su dependencia; nombrar y remover a los empleados de la administración de justicia; conceder licencia a los magistrados, funcionarios y empleados; prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los escribanos de registro; hacer la designación anual, por sorteo, de diez abogados de la matrícula, domiciliados en la provincia, para reemplazar a los magistrados y funcionarios en los casos que corresponda; llevar el registro de sanciones disciplinarias; practicar, por lo menos dos veces al año, acompañados por los magistrados, funcionarios de la justicia en lo Criminal y Correccional, visitas generales de cárceles; elevar al Poder Ejecutivo, antes del 31 de marzo de cada año y, fuera de esta oportunidad, cuando lo considere conveniente, una memoria o informe sobre el estado y necesidades del Poder Judicial, lo mismo que 373   

el proyecto de presupuesto, explicando y fundando los cambios y agregados al del año anterior; disponer la publicación periódica de las sentencias que se dicten, conforme a la reglamentación que deberá establecer, etc. (art. 49, ley 4055). En cuanto a su competencia material, dicho Tribunal conoce y resuelve, en primera y única instancia, en acuerdo plenario y por simple mayoría de votos en las causas expresamente previstas en la Constitución de la provincia (art. 118, incs. 2º y 3º); en los juicios de responsabilidad civil de sus miembros y de los jueces por dolo o culpa grave en el desempeño de sus funciones; y en las demás cuestiones que, en tal carácter, le atribuyan la Constitución y las leyes de la provincia (art. 53, ley 4055). Conoce asimismo, en la misma forma, en los recursos de casación e inconstitucionalidad establecidos por las leyes; en los casos que deba uniformar jurisprudencia por haber desacuerdo entre tribunales o juzgados inferiores, o en otros casos de importancia que debe determinar el Tribunal según el procedimiento que éste prescriba; y en las demás cuestiones que, en tal carácter, le atribuyan las leyes (art. 54, ley 4055). c) Los miembros de las Cámaras y del Tribunal del Trabajo son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y duran cuatro años en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Sin embargo, pueden ser removidos por las causales y en la forma establecida por la Constitución de la provincia(48)(art. 61, ley 4055). Contra las sentencias de los órganos colegiados, incluso las del Tribunal del Trabajo, no caben otros recursos que los de casación, inconstitucionalidad y aquellos previstos en el Código Procesal Penal para este fuero (art. 65, ley 4055). La Cámara en lo Penal se constituirá de cuatro salas, cada una de ellas integrada por tres jueces, todas con sede en la ciudad de San Salvador de Jujuy y con jurisdicción en todo el territorio de la provincia. Las salas conocerán en las causas establecidas en el Código Procesal Penal y una de ellas entenderá en los recursos de apelación y de queja por apelación denegada que se interpongan en contra de las resoluciones de los jueces de Instrucción en lo Penal y de Menores (art. 66, ley 4055, modificado por la ley 5262). El Tribunal del Trabajo compone el fuero laboral de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Magistratura y en el Código Procesal del Trabajo. Tiene su asiento en la Capital y competencia en toda la provincia. Dicho tribunal se divide en salas, cada una de las cuales está integrada por tres jueces letrados, correspondiéndole el conocimiento y decisión de las causas que le atribuyen la Ley de la Magistratura y el Código Procesal del Trabajo, así como las demás leyes especiales (art. 68, ley 4055). La Cámara en lo Civil y Comercial se dividirá en salas. Cada sala estará integrada por tres jueces letrados y tendrán su asiento en la capital 374   

de la provincia, en San Pedro de Jujuy y en la ciudad o ciudades que se determinen. La jurisdicción territorial de cada sala será, según su sede, la que determina el art. 66. La Cámara en lo Civil y Comercial conocerá y resolverá en única instancia y juicio oral, de toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada una tramitación especial en el Código Procesal Civil de la provincia, en esta Ley Orgánica y demás leyes especiales (art. 70, ley 4055, modificado por la ley 4341). Cuando una sala de la Cámara en lo Civil y Comercial estime que la complejidad de los hechos controvertidos pone de relieve la conveniencia de que el proceso sea tramitado conforme a las normas del juicio ordinario escrito, así debe declararlo, en simple providencia, elevando el expediente al Superior Tribunal dentro de las veinticuatro horas. Pero esta decisión no puede adoptarse, en ningún caso, después de haberse dictado la resolución que convoca a las partes a juicio oral (art. 72, ley 4055). La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial se divide en salas, cada una de las cuales está integrada por tres jueces letrados, tiene su asiento en la ciudad Capital y competencia en toda la provincia. Conoce y decide: en los recursos de apelación y quejas que se interpongan en contra de las resoluciones de los jueces en lo civil y comercial con asiento en la Capital y San Pedro de Jujuy; en los recursos de apelación que se interpongan en contra de las decisiones de los jueces de Comercio y de Minas(49); en las causas de recusación y excusación de sus miembros y de sus reemplazantes legales y en los demás casos que establezcan las leyes (art. 73, ley 4055). Funciona un Tribunal de Familia(50)que puede dividirse en salas, cada una de las cuales está integrada por tres jueces letrados, que tienen su asiento en la Capital o en la ciudad que se designe y competencia en toda la provincia. Como tribunal de instancia única, conoce y decide: en los juicios ordinarios escritos de divorcio, nulidad de matrimonio y filiación; en los juicios sumarios de ejercicio de la patria potestad y de cesación, aumento o disminución de alimentos; en los juicios sumarísimos de alimentos, litisexpensas, tenencia de hijos y disenso; en los juicios de adopción; en las demás cuestiones vinculadas al derecho de familia; en los juicios sucesorios, y en las causas de recusación o excusación de sus miembros y reemplazantes legales. Los procesos de conocimiento del Tribunal de Familia se tramitan por cada sala de acuerdo con las normas establecidas en el Código Procesal Civil, del siguiente modo: 1º) cada juez tiene a su cargo la instrucción de los juicios que se le asignen, hasta el llamamiento de autos para sentencia inclusive, y luego intervenir en el procedimiento de su ejecución; 2º) la sentencia es dictada por todos los miembros de la sala, debiendo votar en primer término el juez que tuvo a su cargo la instrucción, pero en caso de ausencia o impedimento de algunos de los miembros de la sala, cabe dictar sentencia con el voto acorde de dos de sus miembros; 3º) las resoluciones que se dicten en el curso del proceso y en el procedimiento 375   

de ejecución de sentencia, son recurribles cuando ello proceda, por el recurso de revocatoria ante el juez que lo instruye y por el de apelación ante el tribunal en pleno, debiendo aquél votar en primer término (art. 75, ley 4055(51)). d) Los jueces de instrucción en lo Penal deben ser letrados, ejercen su jurisdicción en toda la provincia y tienen su asiento en la Capital o en la ciudad que se determine, entendiendo en las causas de su competencia conforme al turno que establezca el Superior Tribunal de Justicia. Dichos jueces investigan los delitos en los que proceda la instrucción judicial, decretando las medidas que correspondan conforme a la ley procesal de la materia y conocen, además, en los casos que establezcan las leyes (art. 78, ley 4055(52)). Los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial serán letrados y tendrán su asiento en la Capital de la provincia, en San Pedro de Jujuy, en Libertador General San Martín, en ciudad Perico y en la ciudad o ciudades que se determinen. Los jueces con asiento en la ciudad Capital tendrán jurisdicción en toda la provincia, con excepción de los departamentos asignados a la competencia territorial de otros jueces. Los jueces con sede en San Pedro de Jujuy tendrán competencia territorial en los departamentos de San Pedro y Santa Bárbara. Los jueces con sede en Libertador General San Martín tendrán competencia en los departamentos de Ledesma y Valle Grande. Los jueces con sede en ciudad Perico tendrán competencia en el departamento de El Carmen. Los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial con la misma sede se reemplazarán entre sí y sucesivamente por los Defensores Oficiales y abogados de la lista (art. 80, ley 4055,modificada por las leyes 5014 y 5293). Dentro de su jurisdicción conocen y resuelven en los procesos que deban sustanciarse por el trámite del juicio ordinario escrito y del juicio sumarísimo que no sean de competencia del Tribunal de Familia; en los procesos voluntarios y universales, con excepción de los sucesorios; en los juicios ejecutivos, de apremios y desalojos; en los juicios de deslinde, mensura y amojonamiento; en los juicios de constitución de tribunal arbitral; en los juicios de apelación y quejas que se deduzcan contra las decisiones de los jueces de Paz y en los demás casos que establecerán las leyes (art. 81, ley 4055). e) Los jueces de Paz son nombrados en la forma y por el tiempo establecido por la Constitución de la provincia y residen en la zona donde deban ejercer sus funciones, sin perjuicio de poder trasladarse a cualquier punto de su competencia territorial cuando sea necesario. Son auxiliares de los juzgados y tribunales de justicia y, en tal carácter, deben presentar su cooperación a todos los demás magistrados y funcionarios judiciales (art. 82, ley 4055).

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Dentro de las respectivas competencias territoriales asignadas, conocen en todos los asuntos civiles y comerciales cuyo monto no exceda del valor equivalente al salario mínimo, vital y móvil, mensual, vigente al momento de considerar cada caso; en las demandas reconvencionales, siempre que su importe no exceda la cantidad establecida en el inciso anterior y en los demás casos y cuestiones que les atribuyan las leyes (art. 84, ley 4055). Les corresponde, además, desempeñar las comisiones que les sean conferidas por los demás jueces o autoridades judiciales; practicar medidas cautelares en asuntos que no sean de su competencia, siempre que fuere necesario, debiendo dar cuenta de inmediato al juez competente, dentro del plazo fijado en la ley procesal; extender instrumentos públicos, con excepción de escrituras de transmisión de dominios e hipotecas de bienes raíces, cuando no existiere escribano de registro en la respectiva zona, pero deben prevenir a los interesados, en el mismo instrumento, la obligación de hacerlos protocolizar dentro de los treinta días, cuando deban serlo por las leyes generales; requerir el auxilio de la fuerza pública a la autoridad policial para el cumplimiento de sus resoluciones o de las diligencias o comisiones y proveer, en los casos urgentes, a la colocación de los menores que no tuvieren padres, tutores o guardadores dando cuenta de inmediato a la Defensoría de Menores e Incapaces a los efectos que hubiere lugar (art. 85, ley 4055). f) Las restantes normas de la Ley Orgánica de esta provincia regulan el Ministerio Público, los secretarios y empleados, la contaduría y el Departamento Médico del Poder Judicial, el Archivo de Tribunales, el Registro Público de Comercio y los profesionales auxiliares (abogados, escribanos y rematadores).

145. La Pampa a) La Administración de Justicia de la provincia será ejercida por un Superior Tribunal de Justicia; un Tribunal de Impugnación Penal; las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería; las Audiencias de Juicio; los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral o de Minería; los Juzgados de la Familia y del Menor; los Juzgados de Control; los Juzgados de Ejecución Penal; los Juzgados de Faltas; los Juzgados Regionales Letrados; los Juzgados de Paz y los demás tribunales creados por ley (art. 1º, ley 2574). Integran además el Poder Judicial el Procurador General ante el Superior Tribunal de Justicia; los Fiscales Generales, Fiscales, Fiscales 377   

Adjuntos, Defensor General, Defensores y Asesores de Menores; los Secretarios y Prosecretarios y los Directores, los Jefes y Encargados de los Archivos, los Médicos Forenses, de Reconocimiento, Oficiales de Justicia y los empleados (art. 2º, ley 2574). b) El Superior Tribunal de Justicia se compondrá de cinco magistrados, ejercerá su jurisdicción sobre todo el territorio de la provincia y tendrá asiento en la Capital de la misma (art. 35, ley 2574). El Superior Tribunal de Justicia funcionará dividido en salas cuya integración, organización y competencia la dispondrá el propio Tribunal mediante Acordada. Será necesario el funcionamiento en pleno del Superior Tribunal: a) Para las decisiones de gobierno del Poder Judicial; y b) Para resolver en jurisdicción originaria las demandas de inconstitucionalidad previstas por el art. 97, inc. 1º, de la Constitución provincial. El Cuerpo podrá expedirse con el voto coincidente de su mayoría y redactar sus pronunciamientos en forma impersonal (art. 37, ley 2574). Sin perjuicio de los demás casos que establezcan las leyes respectivas, el Superior Tribunal tiene competencia: a) Originaria o por apelación para conocer y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, edictos, resoluciones o reglamentos que versen sobre materia regida por la Constitución provincial y que se cuestionen por parte interesada. Las demandas declarativas de inconstitucionalidad deberán ajustarse a los términos de los arts. 304 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Pampa; b) Originaria y exclusiva para conocer y resolver: 1) En los casos establecidos por el art. 97, inc. 2º, aparts. a), b) y c) de la Constitución; 2) En las causas contencioso administrativas, previa denegación o retardación de la autoridad administrativa competente a los derechos que se cuestionaran por parte interesada; 3) En los juicios sobre responsabilidad por errores judiciales en materia penal, de acuerdo al art. 12 de la Constitución; y 4) En las recusaciones o excusaciones de sus miembros y en las cuestiones de competencia entre Tribunales de distintas Circunscripciones o fueros que se susciten entre magistrados que no tengan un órgano jerárquico superior común; c) Por jurisdicción recurrida: 1) En los recursos de casación, extraordinarios, de revisión y de apelación, de conformidad, con el art. 97, incs. 1º, 2º y 10, de la Constitución y leyes procesales; y 2) En las quejas contra los Tribunales y jueces inferiores por retardo o denegación de justicia, de acuerdo a las leyes procesales (art. 38, ley 2574). El Superior Tribunal tiene además las siguientes atribuciones y deberes: a) Las establecidas especialmente en el art. 97, incs. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º de la Constitución; b) Expedir el informe determinado en el art. 81, inc. 10, de la Constitución, en las solicitudes de indulto y conmutación de pena; c) Preparar y remitir el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial, para su consideración por la Cámara de 378   

Diputados, informando al Poder Ejecutivo. Deberá asimismo vigilar su ejecución; d) Dictar reglamentos y expedir acordadas sobre prácticas judiciales o usos forenses estableciendo las normas necesarias para la aplicación de los Códigos Procesales y de esta ley; e) Ejercer la superintendencia general sobre todos los organismos del Poder Judicial; f) Designar con quince (15) días de anticipación los jueces y funcionarios de feria; g) Practicar visitas de inspección y auditorías de la gestión judicial y administrativa en los tribunales, juzgados y organismos del Poder Judicial, las que podrá llevar a cabo en forma directa o por delegación al Procurador General, magistrados, funcionarios o por auditores externos según la conveniencia o necesidades del servicio; h) Practicar visitas de cárcel cuando lo estime necesario; i) Fijar el horario de las oficinas del Poder Judicial y disponer ferias o asuetos judiciales y suspender los plazos cuando un acontecimiento especial lo requiera; j) Ejercer la potestad disciplinaria y correctiva sobre la conducta de sus miembros, de los demás magistrados, funcionarios y empleados; k) Ordenar de oficio, por denuncia o a requerimiento de otros organismos judiciales, la instrucción de sumarios administrativos, cuando corresponda, por las faltas que se imputen a magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, pudiendo suspenderlos durante su sustanciación, la que no podrá exceder de sesenta (60) días; l) Resolver los recursos que le competan contra las medidas disciplinarias y correctivas aplicadas por los demás órganos, magistrados y funcionarios judiciales, conforme a lo dispuesto en la presente ley; ll) Reglamentar las condiciones, procedimientos y oportunidad para efectuar el llamado a inscripción para confeccionar por fueros los padrones de magistrados y funcionarios sustitutos, conforme lo previsto por el art. 19 y ss. de la presente ley; m) Disponer en casos de emergencia y con carácter excepcional, el traslado o asignación de tareas complementarias a funcionarios o empleados que no gozaren de inamovilidad dentro de la Circunscripción en la que se desempeñan, por un tiempo determinado y cuando razones de mejor servicio así lo aconsejen; n) Practicar en acto público en el mes de diciembre de cada año, el sorteo del juez de Primera Instancia de la Capital que haya de integrar el Tribunal Electoral; ñ) Ordenar la inscripción en la matrícula de los profesionales auxiliares de la justicia y actualizarla periódicamente en la forma que se reglamente, siempre que tales facultades no se atribuyan por ley a otra entidad; o) Ejercer la facultad del Tribunal de Superintendencia en los registros notariales, conforme con la ley respectiva; p) Practicar en acto público, en el mes de diciembre de cada año, el sorteo de los profesionales auxiliares de la Administración de Justicia, que hayan de integrar las nóminas para los nombramientos de oficio y la lista de peritos; q) Confeccionar para su consideración por la Cámara de Diputados de la provincia, las listas de conjueces y funcionarios ad hoc y la de magistrados y funcionarios sustitutos; r) Llevar, además de los libros que exigieren los Códigos y leyes procesales, los siguientes: 1) De faltas, donde se anotarán suspensiones, arrestos, multas 379   

y apercibimientos decretados por los Tribunales contra los miembros del Poder Judicial y auxiliares de la Justicia; y 2) De plazos, a los fines del contralor de plazos para fallar, que podrá ser examinado por los litigantes, abogados y procurados, en el que se harán constar la fecha de entrada de las causas, remisión de los expedientes a cada uno de los miembros del Tribunal y la fecha en que éstos lo devuelven con votos o proyectos de resolución; s) Disponer privativamente sobre edificios, cambios de sede y destino de los locales, que asignare a los organismos del Poder Judicial; t) Proyectar anualmente la readecuación de los montos de las multas dispuestas por esta ley, por los Códigos Procesales y reglamentos que dicte, para su consideración por la Cámara de Diputados; y u) Cumplir las demás funciones que le atribuyen esta ley y los Códigos Procesales, pudiendo delegar facultades de superintendencia y de aplicación del régimen disciplinario en los Tribunales u organismos que considere conveniente (art. 39, ley 2574). La Presidencia del Superior Tribunal será ejercida durante un año por aquel de sus miembros que el mismo Tribunal designe en el mes de diciembre. El miembro designado no podrá ser reelecto hasta tanto no hayan desempeñado la Presidencia todos los integrantes del cuerpo, lo que harán turnándose sucesivamente; sólo excepcionalmente y por motivos graves y suficientemente fundados, el cuerpo, por unanimidad del resto de sus integrantes, podrá eximir al miembro a quien corresponda ejercer la Presidencia, del cumplimiento de esa obligación. En ese supuesto procederá a designar al miembro del Tribunal que siga en turno. En la misma oportunidad en que el Tribunal designe al Presidente procederá a designar a otro Miembro del Cuerpo para que sustituya a aquél, en el caso de impedimento, renuncia, recusación, licencia o vacancia del cargo (art. 40, ley 2574). Son deberes y atribuciones del Presidente, independientemente de los que tenga por otras leyes y sin perjuicio de poder delegarlos con Acuerdo del Superior Tribunal: a) Representar al Superior Tribunal en todo acto oficial; b) Ejercer la dirección administrativa general y velar por el estricto cumplimiento de los Reglamentos y Acordadas, adoptando en tales casos las medidas necesarias; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal, relativas a la administración y librar las comunicaciones que correspondan, informando al Cuerpo en la primera reunión; d) Recibir el juramento al personal del Poder Judicial y auxiliares del mismo, pudiendo delegar dicha facultad siempre que no se atribuya por ley a otro organismo; e) Ejercer la potestad disciplinaria y correctiva sobre la conducta de los empleados, conforme a lo dispuesto en esta ley. Ordenar la instrucción de sumarios administrativos por falta que se les impute a los empleados de la Administración de Justicia, ya sea de oficio, por denuncia o a requerimiento de otro organismo; f) Ejercer potestad disciplinaria y correctiva sobre el personal dependiente del Superior Tribunal y sobre profesionales, auxiliares y particulares; g) Visar las cuentas de Contaduría, 380   

de conformidad con las disposiciones vigentes; h) Certificar los instrumentos públicos y demás documentos cuya autenticación sea necesaria; e i) Cumplir con los demás deberes que le impone la Constitución y las leyes provinciales (art. 41, ley 2574). c) Habrá dos Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería integradas cada una por cinco jueces, divididas en dos salas de dos miembros cada una, con un Presidente común a ambas y funcionarán de acuerdo al reglamento que se dicte. La Cámara con asiento en Santa Rosa tendrá la competencia territorial que corresponde a la Primera, Tercera y Cuarta Circunscripciones Judiciales. La Cámara con asiento en General Pico tendrá la competencia territorial que corresponde a la Segunda Circunscripción Judicial. Funcionarán con tres miembros, quedando el Superior Tribunal de Justicia facultado a aumentar su número a cinco cuando lo considere necesario y disponer en esa oportunidad su división en salas bajo una Presidencia común (art. 48, ley 2574). El Presidente de cada Cámara será designado y reemplazado en la forma prescripta por el art. 40 (art. 50, ley 2574). Las Cámaras de Apelaciones tendrán competencia para decidir: a) En los recursos de apelación que procedan contra resoluciones de los Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de los Jueces de Ejecución, Concursos y Quiebras, y de los Jueces Regionales Letrados; b) En los recursos de queja por justicia denegada o retardada deducidos contra los Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de los Jueces de Ejecución, Concursos y Quiebras, y de los Jueces Regionales Letrados; c) Originariamente de las quejas por retardo de justicia imputable a su Presidente o a uno de sus miembros, de las recusaciones y excusaciones de sus miembros y del Fiscal y de las cuestiones de competencia entre los Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, los Jueces de Ejecución, Concursos y Quiebras, y Jueces Regionales Letrados; y d) En los demás recursos previstos en las leyes de Protección a la Familia y al Menor (art. 52, ley 2574). Las Cámaras tendrán las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las comisiones que le confieran otros Tribunales; b) Ejercer la potestad disciplinaria sobre el personal de su directa dependencia con arreglo a lo dispuesto por esta ley; c) Ejercer el poder de policía; d) Ejercer la potestad correctiva prevista en esta ley; e) Dictar reglamentos de orden interno, con conocimiento del Superior Tribunal; f) Confeccionar trimestralmente la estadística del Tribunal, remitiéndola al Superior Tribunal de Justicia; g) Efectuar la designación de su Presidente; y h) Llevar los libros requeridos por las normas procesales y los que fije el reglamento (art. 53, ley 2574). Son obligaciones y atribuciones del Presidente de la Cámara: a) Representar a la Cámara; b) Ejecutar sus decisiones; c) Proponer las 381   

medidas que juzgue oportunas para el mejor funcionamiento de la Cámara; d) Ejercer la potestad disciplinaria y correctiva sobre el personal de su directa dependencia, sobre profesionales auxiliares de justicia y particulares; e) Ejercer el poder de policía; f) Dictar las providencias simples, sin perjuicios del recurso de reposición ante la Cámara; y g) Dirigir las audiencias (art. 54, ley 2574). d) Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería entenderán en todas las causas cuyo conocimiento no esté legalmente atribuido a otros órganos jurisdiccionales. Sin perjuicio de ello, facúltase al Superior Tribunal de Justicia a establecer la división de competencia por materia, cuando lo estimare oportuno para la mejor Administración de Justicia (art. 77, ley 2574). Habrá diez Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería; seis con asiento en la ciudad de Santa Rosa, con competencia sobre la Primera y Cuarta Circunscripciones Judiciales; tres con asiento en lo ciudad de General Pico, con competencia sobre la Segunda Circunscripción Judicial y uno con asiento en la ciudad de General Acha, con competencia sobre la Tercera Circunscripción Judicial. También habrá un Juzgado de Primera Instancia de Ejecución, Concursos y Quiebras, con asiento en la ciudad de Santa Rosa, con competencia en la Primera Circunscripción Judicial. Funcionarán, además, dos Juzgados de Primera Instancia en lo Laboral, uno con asiento en Santa Rosa y con competencia sobre la Primera y Cuarta Circunscripciones Judiciales y otro con asiento en General Pico, con competencia sobre la Segunda Circunscripción Judicial. Al entrar en funcionamiento los Juzgados mencionados en el párrafo precedente, los de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería perderán tales competencias a favor del Juzgado específico de su respectiva Circunscripción Judicial (art. 78, ley 2574). Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería entenderán: a) En todas las causas civiles, laborales, de minería y comerciales que no le estén asignadas a otro juzgado por esta ley; b) En los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Paz y en las cuestiones de competencia que se susciten entre los mismos; y c) En las quejas contra los Jueces de Paz por retardo o denegación de justicia y de sus recusaciones y excusaciones, en Alzada. El Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras tendrá la competencia en razón de la materia que fije el Superior Tribunal de Justicia (art. 81, ley 2574). Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería tendrán los siguientes deberes y atribuciones: a) Los prescriptos para la Cámara Civil por el art. 53, con excepción de lo establecido en el inc. g); y b) Integrar el Tribunal Electoral previsto por el art. 51 de la Constitución, si tuviere su asiento en la ciudad Capital de la provincia de La Pampa. Serán designados por sorteo (art. 82, ley 2574). 382   

Habrá tres Juzgados de la Familia y del Menor, uno con asiento en la ciudad de Santa Rosa, con competencia en la Primera Circunscripción Judicial, otro en la ciudad de General Pico, con competencia en la Segunda Circunscripción Judicial y otro en la ciudad de General Acha, con competencia en la Tercera Circunscripción Judicial. En la Cuarta Circunscripción Judicial entenderán los respectivos Jueces que sean competentes de acuerdo con su fuero natural. En la Cuarta Circunscripción Judicial la aplicación de las medidas tutelares y la competencia asistencial será del juez Civil y Penal, respectivamente (art. 83, ley 2574). Los Juzgados de la Familia y del Menor son competentes: a) Cuando aparecieran como autores o partícipes de un hecho calificado por la ley como delito, menores de 18 años de edad, en lo referente a las medidas tutelares; b) Cuando la salud, seguridad, educación o moralidad de menores de edad se hallare comprometida por: actos de inconducta o delitos de los padres, tutor, guardador o terceros; c) Cuando por razones de orfandad de los menores o de cualquier otra causa, estuvieren material o moralmente abandonados o corrieren peligro de estarlo para brindarles protección y amparo, procurarles educación moral e intelectual y para sancionar en su caso la inconducta de sus padres, tutor, guardador o terceros, conforme a las leyes que rigen en materia de minoridad y a las disposiciones de la presente; d) Para disponer todas aquellas medidas que sean necesarias para otorgar certeza a los atributos de la personalidad de los menores bajo su amparo y lograr su más completa asistencia. En tal sentido podrán ordenar, entre otros actos, el discernimiento de la tutela, la concesión de la guarda, la inscripción de nacimientos, rectificación de partidas, obtención de documentos de identidad, emancipación y su revocación, habilitación de edad, autorización para viajar dentro y fuera del país, ingresar a establecimientos educativos o religiosos o ejercer determinada actividad; e) En las causas referentes al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad, adopción, tenencia de menores, régimen de visitas o venia supletoria para contraer matrimonio; f) Nulidad e inexistencia del matrimonio, divorcio y separación; g) Alimentos; h) Disolución y liquidación de la sociedad conyugal; i) Cuando actos reiterados de inconducta de menores de edad obliguen a sus padres, tutor, guardador o educadores, a recurrir a las autoridades para corregir, orientar y educar al menor; y j) Cuando el menor sea donante de órganos de trasplante quirúrgico (art. 84, ley 2574).

146. La Rioja a) El Poder Judicial de la provincia es ejercido por el Tribunal Superior de Justicia; Ministerios Públicos; las Cámaras en lo Civil, Comercial y de 383   

Minas; las Cámaras en lo Criminal y Correccional; las Cámaras del Trabajo; la Cámara de Paz Letrada; los jueces de Instrucción Criminal y Correccional; el Juzgado de Instrucción Criminal, Correccional y de Paz Letrado; los jueces de Paz Letrados; los jueces de Paz Legos (art. 1º, ley 2425, modificado por las leyes 3262, 3711, 3856, 4824)(53). b) El Superior Tribunal está compuesto por tres jueces (art. 41, ley cit.) y tiene la siguiente competencia originaria y exclusiva: 1. En las demandas que se promuevan directamente por vía de acción por inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos. 2. En los conflictos de competencia entre las funciones del Estado provincial, entre éstas y las municipalidades o de las municipalidades entre sí y los que se susciten entre las Cámaras o jueces, o entre uno de éstos o cualquier autoridad ejecutiva, con motivo de sus respectivas jurisdicciones. 3. En las causas contencioso-administrativas, previa denegación de autoridad competente al reconocimiento de los derechos que se gestionen por parte interesada. La ley establecerá término y procedimiento para este recurso, y también podrá, según la oportunidad y conveniencia futuras, crear un fuero contencioso-administrativo al cual le trasladará esta competencia. Ejerce jurisdicción recurrida como tribunal de casación, inconstitucionalidad, revisión y demás casos que establezca la ley. Conoce de las resoluciones que produzca el Tribunal de Cuentas según la forma y procedimiento que determine la ley (arts. 139, Const. Prov., y 44 y 45, ley 2425). c) Las Cámaras en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas ejercen, en instancia única, la jurisdicción voluntaria y contenciosa y entienden en todas las causas civiles, comerciales, laborales y de minería, cuyo conocimiento no esté especialmente atribuido a los jueces de Paz Letrados y Legos (art. 52, ley 2425). d) Los Juzgados de Instrucción en lo Criminal y Correccional tienen competencia para investigar los delitos cualquiera sea la entidad de la pena fijada para el hecho, en el modo y forma establecidos en el Código Procesal (art. 61, ley 2425). e) Las Cámaras en lo Criminal y Correccional juzgan de los delitos cualquiera sea la entidad de la pena fijada para el hecho, y conocen además de los recursos que proceden contra las resoluciones de los jueces de instrucción y de las recusaciones y excusaciones de éstos (art. 53, ley 2425). f) Los jueces de la Cámara de Paz Letrados y Juzgados de Paz Letrados ejercerán la jurisdicción voluntaria y contenciosa en sus respectivas jurisdicciones y entenderán en las causas civiles, comerciales, laborales y de minas, cuyos montos no excedan a lo fijado por la Acordada del Tribunal Superior de Justicia. Queda excluida la competencia laboral respecto de la Cámara de Paz Letrada con asiento en la ciudad Capital cualquiera sea el monto del litigio. Desempeñarán las comisiones que les sean encomendadas por otros jueces o tribunales. Entenderán también en 384   

los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Paz Legos. La Cámara de Paz Letrada y los jueces de Paz Letrados entenderán, además, en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Faltas Municipales correspondientes a sus respectivas circunscripciones (arts. 65, ley 2425, modif. por ley 4824). g) Los jueces de Paz Legos, sin perjuicio de las facultades que les confieren otras leyes, tendrán competencia en los asuntos contenciosos de su jurisdicción, en materia civil y comercial, cuando el monto del juicio no exceda de la suma fijada por Acordada del Tribunal Superior de Justicia. No serán competentes en los juicios concursales, acciones reales, tanto petitorias como posesorias, laborales y de desalojo (art. 71, ley 2425, modif. por ley 4355).

147. Mendoza a) El Poder Judicial de la provincia de Mendoza es ejercido por la Suprema Corte de Justicia a los efectos de la administración, superintendencia y demás atribuciones que por la ley se le acuerdan. Es además ejercido por Cámaras de Apelaciones, jueces de primera instancia en lo Civil y Minas, en lo Comercial, Criminal, Correccional, y jueces de Paz y de Cuartel (arts. 1º y 2º, ley 552, modif. por el art. 2º, dec.-ley 1869/1958, y ley 8008, y por el art. 11 de la ley 2637). b) La Suprema Corte de Justicia reside en la Capital de la provincia y se compone de siete miembros y de un procurador (arts. 143, Const. Prov., y 4º, ley 552,modif. por ley 4969). Le corresponde, en única instancia, conocer de los recursos que se interpongan contra sentencias definitivas de los tribunales inferiores, dictados en causas en que hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución de la provincia, siempre que esto formase la materia principal de la discusión entre las partes (arts. 9º, ley 552, y 144, Const. Prov.). Le incumbe además: 1º) Conocer originaria y exclusivamente en las causas de competencia de los poderes públicos de la provincia y de los que se susciten entre los jueces y tribunales de justicia con motivo de su respectiva jurisdicción. 2º) Decidir las causas contencioso-administrativas en juicio pleno y salvo lo dispuesto en leyes especiales, previa denegación de la autoridad administrativa correspondiente a reconocer los derechos gestionados por parte interesada, entendiéndose que hay denegación por la autoridad administrativa cuando no se resolviera definitivamente dentro 385   

de tres meses de estar el expediente en estado de sentencia. 3º) En los conflictos que se produzcan entre el Poder Ejecutivo y una municipalidad o de las municipalidades entre sí. 4º) En la recusación de los miembros que la componen. 5º) En las causas de responsabilidad civil sobre aquéllos y demás funcionarios del Poder Judicial, pudiendo pedir la destitución de los jueces de Paz al Poder Ejecutivo. 6º) En los recursos de fuerza. 7º) En las quejas por retardación y denegación de justicia por parte de los jueces o funcionarios del Poder Judicial, y conocer primitivamente en los casos de reducción de penas autorizadas por el Código Penal y en los demás casos que expresamente determinen las leyes. 8º) Conocer y resolver en los casos de recusación de la totalidad de los miembros de tribunales colegiados (art. 10, ley 552, modif. por ley 1657). La Suprema Corte de Justicia ejerce la superintendencia de la administración de justicia y en tal carácter tiene, entre otras, las atribuciones y deberes de representar al Poder Judicial ante los otros poderes del Estado; nombrar y remover los empleados subalternos de la administración de justicia, proveer las vacantes de escribanías de registros y crear otras nuevas, conforme las prescripciones de la presente ley; dictar los reglamentos y acuerdos necesarios para el servicio interno y disciplinario de la Corte y de los tribunales y juzgados inferiores, consultando la mejor administración de justicia; proponer a la Legislatura, por intermedio del Poder Ejecutivo, la creación de empleos necesarios al buen servicio de la administración; aplicar sanciones disciplinarias a los jueces y demás funcionarios y empleados de la administración de justicia; decretar la suspensión hasta por dos meses y también la remoción de los escribanos de registro, previa resolución motivada; conceder licencia a los miembros del Poder Judicial y demás funcionarios de la administración de justicia por término que no exceda de quince días, con goce de sueldo, y hasta por un mes, sin goce de sueldo y en ambos casos por una sola vez en el año, procediendo inmediatamente a nombrar el reemplazante; practicar las visitas de cárcel y aconsejar al Poder Ejecutivo las medidas que creyere conveniente a los efectos del art. 7º de la Constitución de la provincia; aumentar las horas de trabajo en uno o más juzgados o tribunales si así lo exigieran las circunstancias; etc. (art. 13, ley 552). La Presidencia de la Suprema Corte es ejercida por la persona que nombre el Poder Ejecutivo, en la forma y por el tiempo determinado por la Constitución de la provincia (art. 14, ley 552, modif. por ley 4969). El presidente tiene, entre otras atribuciones, las de presidir el Senado en los casos prescriptos por la Constitución de la provincia; tener bajo su autoridad y responsabilidad el orden, la economía de toda la administración de justicia y la vigilancia sobre el cumplimiento de los deberes de los empleados subalternos; tener a su cargo la correspondencia de la Suprema Corte en sus relaciones con los poderes públicos; llevar la palabra en las audiencias y no pudiendo hacerse uso de ella sin su venia; dictar las providencias de trámite en los asuntos que 386   

pendan ante la Suprema Corte, pudiendo pedirse reposición de ellas para ante el tribunal pleno; tener bajo su inspección la Secretaría, la Biblioteca y Archivo Judicial, así como la redacción de la memoria anual, que debe pasarse al Poder Ejecutivo referente al movimiento de la administración de justicia; etc. (leyes citadas, art. 16). c) Funcionan una o más Cámaras de Apelaciones en materia Civil y Minas y una o más de Apelaciones, en materia Comercial y Criminal. Cada una se compone de tres vocales (arts. 27 y 28, ley 552). Las Cámaras de Apelaciones en materia Civil y Minas, conocen en grado de apelación de los recursos deducidos contra las resoluciones de los jueces de primera instancia en lo Civil y Minas. Las Cámaras de Apelaciones en materia Comercial y Criminal conocen, en la misma forma de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de primera instancia en lo Comercial, Criminal y Correccional (arts. 33 y 34, ley 552). Al presidente de cada Cámara incumbe llevar la correspondencia oficial del tribunal; dictar las providencias de mero trámite, sin perjuicio del recurso de reposición ante la Cámara; distribuir el despacho de las causas, de conformidad con la ley y reglamentos, despachándose por el orden de entrada, salvo el caso de urgencia que debe determinarse por el mismo tribunal (art. 37, ley 552). d) Funcionan en la provincia jueces de primera instancia en lo Civil y Minas, Comercial, Criminal y Correccional, los cuales ejercen la jurisdicción que les acuerde la ley en todo el territorio de la provincia y tienen su asiento en la ciudad de Mendoza (arts. 46 y 47, ley 552). En caso de que por la ley de presupuesto anual se creen Juzgados de Primera Instancia en la campaña, el Poder Ejecutivo les fija su radio de jurisdicción, pero ésta debe ser concurrente con la de los jueces de primera instancia establecidos en la Capital de la provincia (art. 48, ley 552). Los jueces de primera instancia en lo Civil y Minería conocen en todos los casos regidos por los Códigos Civil y de Minería, siempre que la cuantía del litigio, pudiéndose determinar, pase de cierta cantidad; en las demandas por desalojo cuyo conocimiento no es atribuido a los jueces de Paz; en todo juicio civil en que el valor de la cosa o derecho litigioso no puede ser determinado prima facie para atribuir su conocimiento a los jueces inferiores; en los juicios sucesorios y de concurso de acreedores, cuando el valor de los bienes o del activo excedan prima facie de un mil pesos moneda nacional (art. 61, ley 552). Los jueces de comercio conocen en primera instancia en todo asunto mercantil o regido por el Código de Comercio, cuyo valor exceda de determinada suma y en los juicios de quiebra, cualquiera que sea su importancia (art. 62, ley 552). 387   

Los jueces del crimen conocen en todos los delitos cuyo conocimiento no esté atribuido a los jueces en lo Correccional, o cuyo juzgamiento no esté encomendado a otros jueces por otras leyes (art. 63, ley 552). Los jueces en lo Correccional conocen en los delitos de calumnias e injurias; detención privada; sustracción de menores; lesiones corporales cuya pena no exceda de un año de arresto; abandono de niños; violación de domicilio; amenazas y coacciones; descubrimiento y revelación de secretos; hurto que no pase de determinada suma, cometido sin violación ni intimidación (art. 66, ley 552). Pueden también levantar sumarios de prevención por delitos de cualquier naturaleza cometidos en la provincia, debiendo trasladarse al efecto al lugar del hecho (art. 67, ley 552). e) La justicia de Paz es administrada en la provincia por los jueces de Paz y suplentes de éstos (art. 106, ley 552). Su nombramiento se hace por el término de un año, pudiendo ser reelectos indefinidamente y aun después de terminado su período deben continuar desempeñando el cargo hasta que tomen posesión de él los nombrados para reemplazarlos (art. 107, ley 552, derogado implícitamente por el art. 174 de la Constitución provincial, conforme al cual "permanecerán en el ejercicio de sus funciones mientras dure su buena conducta"). Para ser juez de Paz titular o suplente se requiere ser ciudadano argentino, con dos años de residencia inmediata en la provincia, cuando no sea nacido en ella; tener 30 años de edad; estar en pleno goce de su capacidad civil; no haber sido condenado por algún delito; gozar de buen nombre y reputación honorable y poseer la instrucción general que le habilite para las funciones del cargo (art. 108, ley 552, implícitamente derogado por el art. 176 de la Constitución provincial, además del agregado por el art. 2º, ley 5094, sobre la posesión de título de abogado y un año de ejercicio profesional). Los mencionados jueces no pueden desempeñar ningún otro empleo público nacional, provincial o municipal, ni ejercer la profesión de abogado o procurador, pero pueden desempeñar las funciones de oficiales encargados del Registro Civil en los casos que determine el Poder Ejecutivo (art. 112, ley 552). En ningún caso es atribución de los jueces de Paz conocer en los juicios sobre sucesiones vacantes o cuando los herederos sean desconocidos o estén ausentes; cuando se trate de autorizar documentos públicos, a no ser en los casos del art. 116, inc. 5º, protocolizar documentos públicos o abrir los testamentos cerrados. No pueden tampoco intervenir en las causas de filiación, matrimoniales, juicios de mensura o deslinde, nombramientos de tutores, curadores y demás actos de jurisdicción voluntaria, no debiendo considerarse excluida de su jurisdicción la facultad de nombrar tutores y fiscales en los asuntos de competencia ni la de colocación provisoria de los menores abandonados, con cargo de dar 388   

cuenta inmediatamente, en este caso, al Defensor de Menores (art. 118, ley 552). Corresponde a la Cámara de Paz Letrada conocer de los recursos que se entablen contra las resoluciones de los jueces de Paz; de los recursos de queja contra aquéllos, por apelación denegada; las resoluciones que se dicten en grado de apelación hacen cosa juzgada (art. 120 bis, según ley 1551,art. 5º, incorporado a la ley cit.). Abunda, asimismo, la ley analizada en la reglamentación de la organización y funciones del Ministerio Público, de los requisitos y deberes de los secretarios y demás auxiliares de la justicia, así como del funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble.

148. Misiones a) La administración de justicia en la provincia de Misiones es ejercida por el Superior Tribunal de Justicia, las Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral y en lo Penal, los jueces de primera instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, y en lo Penal, los tribunales de Menores y los jueces de Paz (art. 1º, ley 1550). El Superior Tribunal de Justicia está integrado por nueve miembros. Ejerce su jurisdicción en todo el territorio provincial y tiene su sede en la ciudad de Posadas (art. 12, ley 1550). Su Presidencia es ejercida durante dos años, por uno de sus miembros, designado por mayoría absoluta de los integrantes de ese Tribunal, pudiendo ser reelecto. La elección se realiza en el mes de diciembre del año en que corresponda elegir y entra en funciones el 1 de enero del año siguiente al de su elección. En la misma época, pero anualmente, son designados los subrogantes que deban reemplazarlo en los casos de ausencia o impedimento transitorio (art. 13, ley 1550, modificado por ley 2441). Sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 145 y 146 de la Constitución provincial, son atribuciones del Superior Tribunal de Justicia, entre otras, las de representar al Poder Judicial; ejercer la superintendencia sobre toda la administración de justicia; dictar su reglamento interno y económico y el reglamento para el Poder Judicial, estableciendo las facultades de superintendencia a ejercer por el cuerpo y los demás tribunales inferiores; nombrar los magistrados, funcionarios y empleados cuya designación no estuviese asignada a otro poder; dotar a los tribunales, juzgados, ministerios públicos y demás dependencias y oficinas del Poder Judicial, 389   

de los respectivos planteles de personal, de conformidad con los cargos que les asigne la ley de presupuesto; disponer la inspección por intermedio de su presidente o miembros que designe, de las Cámaras de Apelación, tribunales y juzgados de cualquier clase, ministerios públicos y demás oficinas dependientes del Poder Judicial; fijar el horario de las oficinas del Poder Judicial; acordar licencia a los magistrados, funcionarios y empleados de la administración de justicia, de acuerdo con lo que disponga el reglamento para el Poder Judicial; recibir juramentos a los magistrados y funcionarios; determinar las ferias judiciales y disponer asuetos judiciales o suspender los términos procesales cuando circunstancias especiales o acontecimientos extraordinarios lo requieran; ejercer la superintendencia del notariado; disponer y administrar los bienes del Poder Judicial y los fondos que les asignen el presupuesto general de la provincia y las leyes especiales; presentar anualmente al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos de la administración de justicia a fin de ser incluido en el presupuesto general de la provincia; ordenar la inscripción en la matrícula de los profesionales auxiliares de la justicia, siempre que tal facultad no se atribuya por ley a otra entidad, y dictar las reglamentaciones conducentes al debido ejercicio de las funciones que le acuerden la Ley Orgánica, los Códigos de Procedimiento y demás leyes especiales (art. 21, ley 1550). b) Las Cámaras de Apelación tienen jurisdicción en toda la provincia, competencia una en lo Civil, Comercial y Laboral, y otra en lo Criminal, Correccional y de Menores, y tienen su asiento en la ciudad Capital de la provincia. La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral está compuesta por cuatro salas de dos miembros cada una que se denominan sala 1ª, sala 2ª, sala 3ª y sala 4ª, con competencia las tres primeras en lo Civil y Comercial, y la 4ª en lo Laboral. La Cámara de Apelación en lo Criminal, Correccional y de Menores está compuesta por tres salas de dos miembros cada una, que se denominan sala 1ª, sala 2ª y sala 3ª (art. 22, ley 1550, modificado por ley 2761). Las Cámaras de Apelación conocen como tribunal de última instancia de los recursos contra las resoluciones de los jueces letrados de primera instancia, del fuero respectivo; de las recusaciones de sus propios miembros y en grado de apelación de la de los jueces letrados respectivos y de los recursos por retardo o denegación de justicia contra los jueces de primera instancia de sus respectivos fueros (art. 23, ley 1550). Las decisiones de las salas en sede judicial son suscriptas por los dos miembros que las integran, y el presidente sólo interviene cuando deba dirimir con su voto una disidencia entre los vocales. Si la disidencia se origina en la sala que integra el presidente en ejercicio, aquélla es dirimida por el presidente subrogante que corresponda a otra sala. En las sentencias definitivas, cada uno de los miembros debe fundar su voto en 390   

el orden determinado por el sorteo, pudiendo adherir al del vocal preopinante (art. 25, ley 1550). c) Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Familia y Laboral ejercen su jurisdicción en todas las causas de materia civil y comercial, de familia y laboral, respectivamente, de orden voluntario o contradictorio, cuyo conocimiento no esté atribuido a otros magistrados (art. 31, ley 1550, según ley 3462). En los asuntos de cualquier naturaleza, de jurisdicción voluntaria, los interesados pueden recurrir ante los jueces que elijan, del fuero que corresponda, pero en caso de que un mismo asunto se haya planteado ante distintos jueces, el trámite debe continuar ante aquel que hubiere conocido con anterioridad en la causa (ley cit. art. 32). Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal ejercen jurisdicción respecto de las causas en que se juzguen delitos cometidos en el territorio de la provincia. Ejercen, asimismo, jurisdicción en materia correccional (art. 33, ley 1550). Asimismo, los Juzgados de Primera Instancia de la materia actúan en condición de alzada respecto de los Juzgados de Paz de sus respectivas circunscripciones y conocen de los recursos deducidos contra las resoluciones de estos últimos, en los casos en que la ley determina, haciendo su fallo ejecutorio; de las quejas por retardo o denegación de justicia; y de las cuestiones de competencia suscitadas entre los distintos jueces de Paz (art. 34, ley 1550). Los Tribunales de Menores son unipersonales y están a cargo de jueces letrados que deben reunir las mismas condiciones exigidas en el art. 139 de la Constitución de la provincia para los jueces de primera instancia, comprendiéndoles los mismos derechos, garantías y obligaciones que a éstos (art. 35, ley 1550). Ejercen su jurisdicción en el territorio de la provincia, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica y con la competencia que les atribuya la respectiva ley en la materia (art. 36, ley 1550). d) La justicia de Menor Cuantía está a cargo de los Juzgados de Paz, los que, de acuerdo con su importancia, se dividen en tres categorías: primera, segunda y tercera (art. 37, ley 1550). Desempeñan sus funciones como Juzgados de Paz de primera categoría los ubicados en las ciudades de Apóstoles, Eldorado, Garupá, Jardín América, Leandro N. Alem, Montecarlo, Oberá, Posadas, Puerto Iguazú, Puerto Rico, San Ignacio, Comandante Andresito, San Pedro, Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo y San Vicente (art. 38, ley 1550, según ley 4515), en tanto que funcionan como de segunda categoría los ubicados en las localidades de Bernardo de Irigoyen, Concepción de la Sierra, Cerro Azul, Campo Viera, Capioví, Corpus, Gobernador Roca, Puerto Esperanza, Puerto Piray, San Javier y Santo Pipó, y como 391   

Juzgados de tercera categoría funcionan los de las localidades de Alba Posse, Colonia Alberdi, Colonia Delicia, Azara, Bonpland, Campo Grande, Campo Ramón, Candelaria, Caraguatay, Cerro Corá, Colonia Aurora, Dos Arroyos, El Alcázar, El Soberbio, Gobernador López, Itacaruaré, 9 de Julio, Mártires, Olegario V. Andrade, Panambí, Puerto Libertad, San Antonio, Santa Ana, San José, Santa María, 25 de Mayo, Wanda, Colonia Guaraní, General Urquiza, Mojón Grande, Loreto, Arroyo del Medio, Florentino Ameghino, Pozo Azul, Garuhapé, Ruiz de Montoya, Puerto Leoni, Hipólito Yrigoyen, y Colonia Polana (arts. 39 y 40, ley 1550, según ley 4515). En la ciudad Capital de la provincia, asimismo, funcionan tres Juzgados de Paz de primera categoría. Los Juzgados de Paz de primera, segunda y tercera categoría conocen en los asuntos contenciosos civiles, comerciales, laborales y medidas cautelares, de acuerdo con el monto que se establezca; en las demandas reconvencionales, siempre que el monto total que sea materia del juicio no exceda de la suma establecida para su competencia y en las infracciones a los edictos policiales, a las previstas en el Código de Faltas, ordenanzas municipales y todo otro asunto que determinen las leyes especiales, y en los que no sea necesaria la intervención del Ministerio Fiscal. Todos ellos dentro de la competencia cuantitativa que establezcan las disposiciones respectivas (arts. 45, 46 y 47, ley 1550). No conocen, sin embargo, de los juicios de desalojo, cualquiera fuere el monto de la locación; interdictos; concursos y quiebras, y todos aquellos que versen sobre derechos reales relativos a bienes inmuebles (art. 48, ley 1550). Asimismo, en ningún caso los Juzgados de Paz son competentes para intervenir en causas que se inicien contra el Estado provincial (art. 50, ley 1550). La Ley Orgánica, por último, destina numerosas normas relativas al funcionamiento, deberes y atribuciones del Ministerio Público y de los organismos auxiliares de la administración de justicia.

149. Neuquén a) El Poder Judicial de la provincia del Neuquén es ejercido por el Tribunal Superior de Justicia, las Cámaras de Apelaciones, jueces de primera instancia y jueces de Paz (art. 1º, ley 1436). A los efectos de la competencia territorial de la justicia letrada, la provincia se divide en cinco circunscripciones con asiento de sus 392   

tribunales en las ciudades de Neuquén, Cutral Có, Zapala, Junín de los Andes y Chos Malal (art. 5º, ley 1436, modif. por la ley 2475). El Tribunal Superior de Justicia está integrado por cinco vocales y tiene su correspondiente Fiscal y Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes con idéntico rango que los vocales (art. 31, ley 1436). El Tribunal Superior de Justicia tiene, entre otras atribuciones, las establecidas en los arts. 151, 159, 166 y 169 de la Constitución provincial(54); la de disponer traslados y permutas de funcionarios en los casos en que no requieran previo expreso consentimiento de los interesados; la de decidir los traslados y permutas de funcionarios y empleados de distintas jurisdicciones, previo expreso consentimiento de los interesados; las que emanen del ejercicio de la superintendencia del Poder Judicial (v.gr., control de la conducta funcional de los magistrados, funcionarios y empleados; determinar ferias, asuetos y suspensión de términos, designando el personal que debe permanecer en funciones durante ellas; fijar el horario de oficina de la administración de justicia; establecer turnos judiciales y distribución de las causas; inspeccionar los organismos pertenecientes al Poder Judicial; etc.); informar al Poder Ejecutivo sobre la oportunidad o conveniencia de pedidos de indultos, conmutación y rebajas de penas; evacuar los informes relativos a la administración de justicia que le requiera otro Poder del Estado provincial; proponer y ejecutar el presupuesto anual en los términos del art. 169(55)de la Constitución provincial; dictar por acordadas normativas todas las reglamentaciones para la aplicación de la presente ley y en los aspectos no previstos por ella que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la administración de justicia (art. 34, ley 1436, según ley 1600). Dicho Tribunal ejerce jurisdicción y es competente en todo el territorio del Estado provincial, de conformidad con las disposiciones de los arts. 170, incs. d) y e), 171 y 172 de la Constitución provincial(56), y las leyes 1305 y 1406. Funciona en salas, de dos miembros cada una, debiendo su integración, organización y competencia ser dispuesta mediante acordada del cuerpo. Entiende en pleno en los recursos que se deduzcan contra los fallos del tribunal de cuentas en los casos previstos en el art. 145 de la Constitución provincial(57); en los juicios de responsabilidad civil contra magistrados judiciales, derivados del ejercicio de la función; para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias contradictorias —en ambos supuestos la reunión plena procederá a iniciativa de cualquiera de sus salas y la interpretación de la ley receptada en una sentencia plenaria, será de aplicación obligatoria para ellas—; en los recursos de reconsideración contra resoluciones de la Presidencia del Tribunal en materia de superintendencia; en los casos de reconsideración contra las sanciones disciplinarias impuestas por el Tribunal y en los de apelación contra las sanciones disciplinarias aplicadas por el presidente del Tribunal y los vocales de éste; en las cuestiones previstas en el art. 170, incs. a), b) y c), 393   

de la Constitución provincial(58), y en las decisiones sobre cuestiones mencionadas en el art. 34, como atribuciones del cuerpo (art. 35, ley 1436, modif. por la ley 2239). La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se turnará anualmente entre todos sus integrantes, no pudiendo volver a ser electo ninguno de ellos hasta que todos la hayan ejercido. El Cuerpo elegirá su presidente por simple mayoría. La elección se deberá hacer en el mes de diciembre de cada año y en el mismo acto se designará a quien deba sustituirlo durante ese período en caso de ausencia o impedimento transitorio. Si tal situación fuese definitiva, se procederá al nombramiento inmediato del nuevo presidente (art. 36, ley 1436, según ley 2509). Son atribuciones del presidente, entre otras, las de presidir y representar al Tribunal en todo acto y librar las comunicaciones de éste en sus relaciones con los demás poderes; ejercer la dirección administrativa y velar por el estricto cumplimiento de los reglamentos y acordadas; dictar los decretos de Presidencia y resoluciones internas necesarias para el mejor servicio de la administración de justicia; proveer con su sola firma, si lo estima pertinente o cuando su naturaleza lo requiera, el despacho de trámite; efectuar las visitas e inspecciones a los organismos del Poder Judicial y de los inmediatamente relacionados como instituciones de menores, establecimientos para detenidos y condenados y comisarías; recibir las pruebas que hayan que producirse ante el Tribunal y presidir las audiencias, pudiendo los otros vocales interrogar con su venia; ejercer la autoridad de policía de la casa de justicia y suspender en sus funciones a los magistrados que hayan sido sorprendidos en flagrante delito, o cuando funcionarios, auxiliares o empleados de la justicia aparezcan prima facie responsables de delito, o hubieren incurrido en falta grave que haya dado lugar a sumario administrativo y ordenar la instrucción de éste en tales casos (art. 37, ley 1436, modificado por las leyes 1600, 2239 y 2452). b) Cada Cámara de Apelaciones está integrada por tres jueces y la Presidencia del tribunal respectivo es ejercida por uno de sus miembros por el término de un año, alternándose de modo sucesivo y ateniéndose al principio de mayor edad. Si ulteriormente se designan nuevos miembros, tiene prelación el de mayor antigüedad en el cargo y siendo ésta igual, el de mayor edad (art. 38, ley 1436). La ley 1716, sin embargo, amplió a cinco el número de jueces de la Cámara Civil de Neuquén y la dividió en salas de dos jueces cada una. Cada Cámara de Apelaciones ejerce jurisdicción en todo el territorio provincial y entiende en grado de apelación en los recursos que determinen las leyes procesales contra los fallos y demás providencias recurribles dictadas por los jueces de primera instancia, con competencia por razón de la materia de los respectivos fueros; en las recusaciones y excusaciones de sus propios miembros, y de los jueces letrados y de los integrantes del Ministerio Público que actúen en su fuero y de sus 394   

secretarios; en las cuestiones de competencia entre magistrados y funcionarios que actúen en el mismo fuero, o entre éstos y el juez de Menores; en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de Presidencia de la Cámara y en los recursos de queja por apelación denegada o retardo de justicia respecto de los jueces de primera instancia con idéntica competencia por razón de materia (art. 43, ley 1436, modif. por la ley 1600). c) Los jueces de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la segunda y tercera circunscripción, y los de la cuarta y quinta circunscripción creados por la Ley Orgánica entienden en todas las causas voluntarias o contenciosas en dicha materia, conforme a las leyes procesales y cuyo conocimiento no se halle atribuido a otro órgano jurisdiccional. Asimismo, ejercen efectivamente el patronato del Estado provincial en materia de minoridad en concurrencia con el Ministerio Público Pupilar, hasta tanto se creen tribunales especializados en dichas circunscripciones. Conocen en grado de apelación contra las resoluciones de los jueces de Paz de su jurisdicción que otorguen las disposiciones procesales vigentes y en las quejas por denegación o retardo de justicia respecto de éstos (art. 53, ley 1436, modificado por la ley 1600). Los jueces en lo Criminal, Correccional y leyes especiales conocen originariamente en la investigación y juzgamiento de delitos y faltas cometidos dentro de su circunscripción, así como también en casos de contravenciones y faltas municipales o policiales cuyo conocimiento les está especialmente atribuido, y en grado de apelación en los recursos contra las decisiones en dichas materias, conforme a las respectivas leyes procesales (art. 54, ley 1436). La Ley Orgánica reglamenta asimismo la composición, deberes y atribuciones del Ministerio Público, el número de secretarios, funcionarios y empleados de todas las instancias y la organización de las oficinas del Poder Judicial.

150. Río Negro a) El Poder Judicial de la provincia es ejercido por un Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro; por las Cámaras; por los Tribunales de Trabajo; por los Juzgados de Primera Instancia; por la Justicia Especial Letrada; por los Juzgados de Paz; por los demás organismos que se crearen (art. 1º, ley 2430). La provincia se divide en cuatro circunscripciones judiciales. Primera: Adolfo Alsina, General Conesa, San Antonio, Valcheta y las localidades 395   

del Departamento de 9 de Julio no incluidas en la segunda circunscripción judicial. Segunda: Avellaneda, Pichi Mahuida, El Cuy y las localidades del Departamento de General Roca no incluidas en la cuarta circunscripción y las localidades de Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao y Ramos Mexía, dentro de los límites comprendidos en las jurisdicciones de sus respectivos Juzgados de Paz. Tercera: Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquinco y las localidades del Departamento de 25 de Mayo no incluidas en la segunda circunscripción judicial. Cuarta: las localidades de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Campo Grande y Catriel, dentro de los límites comprendidos en las jurisdicciones de sus respectivos Juzgados de Paz. b) El Superior Tribunal de Justicia está compuesto por un número impar de tres miembros y tiene jurisdicción en todo el territorio de la provincia, siendo su asiento la ciudad Capital (art. 38, ley 2430). La Presidencia del Tribunal es ejercida anualmente por el juez que el mismo cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año, oportunidad en la cual debe establecerse el orden en que a los restantes miembros les corresponde reemplazarlo en caso de ausencia u otro impedimento (art. 40, ley 2430). El Superior Tribunal de Justicia tiene competencia originaria y exclusiva para conocer y decidir: 1º) en las causas que le fueran sometidas sobre competencia y facultades entre poderes públicos o entre tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común; en los conflictos de poderes de los municipios, entre distintos municipios, o entre éstos con autoridades de la provincia; en los recursos de revisión; en las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado provincial o a los municipios; pudiendo la demanda ser ejercida exenta de cargos fiscales por quien se sienta afectado en su derecho individual o colectivo y en las acciones de los arts. 44 y 45 de la Constitución provincial; 2º) en la recusación y excusación de sus propios miembros (art. 41, ley 2430). Ejerce asimismo jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución provincial y que se controviertan por parte interesada, pudiendo tal vía promoverse sin lesión actual. También entiende en grado de apelación en las cuestiones que se motiven por el reconocimiento, funcionamiento y pérdida de la personería de los partidos políticos, así como en las vinculadas al régimen electoral, de conformidad con lo específicamente establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, debiendo actuar con la presencia de todos sus miembros (art. 42, ley 2430). Ejerce, por último, jurisdicción como tribunal de última instancia en los recursos deducidos contra los fallos de los demás tribunales inferiores 396   

acordados en las leyes de procedimiento, constituyendo sus pronunciamientos, en cuanto determinan la interpretación y aplicación de la ley, jurisprudencia obligatoria para los demás tribunales y jueces (art. 43, ley 2430). Además de su potestad jurisdiccional, el mencionado Tribunal tiene, entre otras, la atribución de informar al Poder Ejecutivo sobre la oportunidad y conveniencia de indultar o conmutar penas; evacuar los informes respectivos a la administración de justicia, que le requiera el Poder Ejecutivo o la Legislatura; ejercer la facultad de superintendencia en los registros notariales, conforme a la ley respectiva; designar los funcionarios de ley y empleados, conforme a la Ley Orgánica y en la forma que establezca el reglamento; llamar a concurso de oposición y antecedentes para el nombramiento y ascenso de cualquier empleado del Poder Judicial, y proveer a las designaciones y promociones respectivas conforme lo establece la ley y el reglamento; dictar su reglamento general y todas las resoluciones que correspondan a las funciones de superintendencia sobre la administración de justicia y expedir, además, acordadas sobre prácticas judiciales o usos forenses, y establecer las normas necesarias para la aplicación de los Códigos Procesales; disponer ferias o asuetos judiciales y suspender los plazos cuando un acontecimiento especial lo requiera; ejercer el contralor disciplinario de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, imponiéndoles las sanciones disciplinarias previstas en esta ley; practicar cuantas veces lo crea conveniente por uno o más de sus miembros acompañados por el Procurador General, inspecciones en los tribunales inferiores, organismos judiciales y efectuar visitas de cárceles; designar los jueces de Paz; autorizar comisiones y determinar los viáticos correspondientes, conforme la jerarquía funcional; implementar administrativa y legalmente el funcionamiento de las salas del Superior Tribunal de Justicia y disponer en forma transitoria la ampliación de la competencia territorial de Cámaras o juzgados de un mismo fuero, cuando el funcionamiento del servicio de justicia así lo requiera (art. 44, ley 2430).

151. Salta a) El Poder Judicial de la provincia de Salta está integrado por la Corte de Justicia, el fiscal de la Corte, las Cámaras de los distintos fueros, los jueces de primera instancia, el Ministerio Público y los jueces de Paz de Campaña (art. 2º, ley 5642). La provincia se divide, en cuanto a la competencia territorial, en tres distritos judiciales: del Norte, que comprende los departamentos de Orán, 397   

Rivadavia y San Martín, dividido en dos circunscripciones. La de Orán comprende los departamentos de Orán y Rivadavia Banda Sur y la parte Este de los departamentos de Iruya y Santa Victoria, tomándose como línea divisoria la línea de las altas cumbres, y la de Tartagal comprende el departamento de San Martín y la Banda Norte del departamento de Rivadavia, tomándose como línea divisoria Banda Norte el río Bermejo; del Sur, que comprende los departamentos de Anta, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera; del Centro, que comprende los departamentos de la provincia no enumerados precedentemente (arts. 20 a 23, ley 5642). b) La Corte de Justicia resuelve las acciones y recursos que correspondan según la Constitución y el ordenamiento procesal de los distintos fueros (art. 30, ley 5642). Su Presidencia es ejercida durante dos años por aquel de sus miembros que el mismo Tribunal designe en el mes de diciembre del año que corresponda elegir, pudiendo ser reelecto (art. 35, ley 5642). La Corte de Justicia tiene, entre otras, las atribuciones de representar al Poder Judicial ante los demás poderes del Estado; evacuar los informes relativos a la administración de justicia que requiriesen el Poder Ejecutivo o la Legislatura; ejercer el contralor sobre la conducta de los magistrados y funcionarios, pudiendo imponerles sanciones disciplinarias cuando incurrieren en el desempeño de su cargo, en faltas u omisiones que no sean de aquellas que autoricen su juzgamiento ante el Jury de Enjuiciamiento; nombrar, promover y remover a los secretarios y empleados del Poder Judicial; ejercer el contralor de la conducta de los auxiliares de la justicia, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales; acordar licencia a los magistrados, funcionarios y empleados de la administración de justicia, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento del Poder Judicial; designar los jueces y personal de feria en el mes de diciembre de cada año; practicar con el número de sus miembros que estime necesarios, no menos de dos visitas a las cárceles cada año, requiriendo informe sobre el estado de las causas y el tratamiento de los procesados y penados; practicar por lo menos una vez al año, por el o los miembros que designe, visitas de inspección a los tribunales inferiores, pudiendo delegar esta función en el inspector de justicia, cuando se trate de juzgados de campaña, etc. (art. 39, ley 5642). c) La competencia se encuentra divida por razón de la materia en distintos fueros, y las Leyes Orgánicas de cada fuero deben establecer la materia propia de cada uno de ellos conforme a lo dispuesto en el art. 147 de la Constitución. La Ley Orgánica reglamenta también la composición y funciones del Ministerio Público(59)y de los peritos oficiales, así como la organización del Registro Público de Comercio.

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152. San Juan a) El territorio de la provincia, a los efectos de la competencia, se divide en dos circunscripciones: la de la Capital, con asiento principal en la ciudad de San Juan, y comprende todos los departamentos de la provincia con excepción de Jáchal e Iglesia; y la de Jáchal, con asiento en la ciudad del mismo nombre, y comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia (art. 1º, ley 5854). La administración de justicia de la provincia es ejercida por la Corte de Justicia, con asiento en la ciudad de San Juan; las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minería y Contencioso Administrativo, en lo Penal y Correccional y del Trabajo, con asiento en la ciudad de San Juan; los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería, en lo Comercial Especial, de Familia, del Trabajo, en lo Penal y Correccional, y de Menores; la Cámara de Paz Letrada con asiento en la ciudad de San Juan y los Juzgados de Paz Letrada (art. 2º, ley 5854). b) La Corte de Justicia de la provincia se compone de cinco miembros (art. 7º, ley 5854). La Presidencia del Tribunal es desempeñada anualmente desde el 1 de marzo al último día de febrero del año siguiente, y por turno por cada uno de los ministros comenzando por el de mayor edad, y en caso de igualdad de ésta, por el de mayor antigüedad. En ausencia o impedimento del presidente, lo reemplaza provisionalmente el ministro que le correspondiere sucederle. Cuando el reemplazo se produce por causa de fallecimiento, renuncia o cesación definitiva y el ministro encargado de sucederle hubiese comenzado después del 30 de septiembre, el ministro continúa en ejercicio de la Presidencia y nombrado el presidente se determina por simple mayoría de votos de los miembros presentes, el orden en que deben figurar los demás miembros que integran la Corte, para ocupar la Presidencia (art. 10, ley 5854). A los fines de su funcionamiento, el Tribunal se divide en tres salas, integradas cada una por tres miembros. La Corte, por decisión de la mayoría de sus miembros, determina, cada año, la integración de las salas primera y segunda y quién ha de presidirlas, no pudiendo esto último recaer en el presidente de la Corte. La sala tercera estará compuesta por el presidente de la Corte y los presidentes de las otras salas, presidiéndola aquél (art. 11, ley 5854, modificado por la ley 6044). Es competencia de la Corte de Justicia en pleno conocer y resolver los casos previstos en el art. 208, inc. 1º, apart. a), primer supuesto, y apart. b), incs. 2º y 5º, de la Constitución de la provincia; dictar los 399   

reglamentos internos del Poder Judicial; designar uno de sus miembros para integrar el Consejo de la Magistratura; designar entre sus miembros aquellos que deben integrar el Tribunal Electoral, el Jurado de Enjuiciamiento y todo otro organismo en el que la ley requiera la participación de integrantes de la Corte de Justicia; ejercer la facultad prevista en el art. 206, último apartado de la Constitución provincial, y designar anualmente entre los abogados del Foro que reúnan los requisitos del art. 204, apart. 1º, de la Carta Magna provincial, diez conjueces para la integración de la Corte, cuando todos los reemplazantes legales estuvieren impedidos por alguna causa justificada; denunciar a la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados o al Jurado de Enjuiciamiento la mala conducta, la negligencia o morosidad en el ejercicio de sus funciones, la comisión de delitos comunes o la inhabilidad física o moral de los magistrados y miembros del Ministerio Público; ejercer las facultades disciplinarias establecidas en los incs. g) y h) del art. 17 de la Ley Orgánica y conocer sobre el recurso de reconsideración que interpusieren los afectados por el ejercicio de esa facultad; conocer en grado de apelación contra las sanciones expulsivas dispuestas por la sala tercera; asignar conforme las necesidades de especialización que se evidencien, competencia excluyente a tribunales o juzgados en particular para conocer en materia o materias determinadas; conocer en los recursos previstos en el art. 256 de la Constitución provincial y ejercer las demás atribuciones conferidas por las leyes y reglamentos que no estén expresamente previstos en la Ley Orgánica (art. 14, ley 5854, modificado por la ley 5905 y 8159). Es competencia de la sala primera conocer y resolver los recursos extraordinarios en materia civil, comercial y minería previstos en el art. 208, inc. 1º, apart. c), de la Constitución provincial y en la ley; dirimir las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales en las materias de la sala y cuya resolución corresponde a la Corte; conocer y resolver en los casos previstos en el art. 208, incs. 3º, 4º y 6º, de la Constitución provincial en las materias de la sala; conocer y resolver sobre la acción de inconstitucionalidad prevista en el art. 208, inc. 2º, de la Constitución provincial, en las materias de la sala; conocer y resolver sobre las recusaciones o excusaciones de sus miembros y ejercer las facultades disciplinarias establecidas en los incs. g) e i) del art. 17 de la Ley Orgánica (art. 15, ley 5854). Es competencia de la sala segunda: conocer y resolver los recursos extraordinarios en materia penal, laboral, contencioso administrativo y previsional previstos en el art. 208, inc. 1º, de la Constitución provincial y en la ley; dirimir las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales en las materias de las salas, cuya resolución corresponde a la Corte; conocer y resolver en los casos previstos en el art. 208, incs. 4º y 6º, de la Constitución provincial, en las materias de la sala; conocer y resolver sobre la acción 400   

de inconstitucionalidad prevista en el art. 208, inc. 2º, de la Constitución de la provincia en las materias de la sala; conocer y resolver sobre las excusaciones y recusaciones de sus miembros; ejercer las facultades disciplinarias establecidas en los incs. g) e i) del art. 17 de la Ley Orgánica y practicar semestralmente, acompañada por los magistrados y funcionarios del fuero penal, una visita general de cárceles a fin de comprobar su estado y funcionamiento; escuchar directamente de los presos sus reclamos en cualquier sentido; hacerles conocer a los encausados el estado de sus procesos y tomar de inmediato cualquier medida que estimare prudente para subsanar los inconvenientes que notare (art. 16, ley 5854). Es competencia de la sala tercera ejercer las atribuciones y deberes previstos en el art. 20 de la Constitución de la provincia y dictar los reglamentos necesarios para ello, en lo que por la Ley Orgánica no competa al tribunal en pleno, o a alguna de sus otras salas; conocer conforme a los términos de la ley sobre los casos de reducción, conmutación e indultos de pena; dictar y hacer cumplir en general todas las resoluciones administrativas que no competan a la Corte de Justicia en pleno; nombrar camaristas y jueces especiales, en caso de implicancia de todos los reemplazantes legales, por sorteo de las listas de conjueces en acto público, notificado a las partes; formar las listas de profesionales auxiliares de la justicia para las designaciones de oficio durante el mes de diciembre de cada año; determinar el reemplazo de los magistrados, miembros del Ministerio Público y demás funcionarios que no estuviese determinado expresamente en la ley; imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, miembros de los Ministerios Públicos, funcionarios y empleados de la administración de justicia, pudiendo corregir sus faltas con apercibimiento, suspensión en el ejercicio de sus funciones hasta el término de un mes o multa de hasta tres veces el salario mínimo del escalafón judicial; aplicar sanciones expulsivas en cada caso de faltas graves o reiteradas de funcionarios cuya designación corresponda a la Corte, o de empleados judiciales, previo sumario que garantice el derecho de defensa; imponer apercibimientos, multas o suspensiones que no excedan las previstas en el inc. g), a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas que obstruyeren el curso de la justicia o que cometieren faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad o decoro, así como conocer en los recursos de apelación del art. 44, inc. c), y en materia del inc. d) del mismo artículo; determinar los turnos en los tribunales inferiores y en las ferias judiciales; decretar feriados o asuetos judiciales, cuando acontecimientos de trascendencia pública lo justificaren y fijar, en su caso, la fecha de las ferias judiciales; practicar inspecciones en las dependencias del Poder Judicial; dictar los acuerdos que estime convenientes en todos los casos no previstos y que por su menor importancia no requieran la participación del tribunal en pleno; conceder licencias de más de ocho días a los ministros de la Corte, fiscal general, 401   

magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial; fijar el horario de las oficinas del Poder Judicial; suspender los plazos judiciales cuando lo requiriesen circunstancias graves que impidan el ejercicio de los derechos de los litigantes; ordenar y disponer el funcionamiento de la Biblioteca de la Corte de Justicia y las publicaciones, y designar magistrados y funcionarios subrogantes en caso de impedimento prolongado de los titulares, respetando en lo posible las previsiones legales de subrogancia (art. 17, ley 5854, modificado por la ley 5905). El presidente de la Corte de Justicia tiene, entre otras, las atribuciones y deberes de presidir el cuerpo, representarlo, convocarlo y dirigir sus deliberaciones; proveer en los casos urgentes de superintendencia, dando cuenta oportunamente a la sala tercera o al tribunal; sustanciar los procedimientos que corresponda al tribunal en pleno, dictando las providencias de mero trámite, hasta poner el expediente en estado de resolver; visar las cuentas de la administración de conformidad con las disposiciones vigentes; redactar la memoria anual; conceder licencias de hasta ocho días con o sin goce de haberes a los miembros de las Cámaras de Apelaciones, jueces de primera instancia, miembros del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial; imponer apercibimientos y suspensiones de hasta quince días a los funcionarios y demás empleados inferiores de la administración de justicia, poniendo en conocimiento, cuando corresponda una sanción mayor, a la sala tercera, ante la que podrán recurrirse dichas sanciones en la forma establecida en el art. 17, inc. j), y ejercer las demás atribuciones conferidas por las leyes y reglamentos (art. 21, ley 5854). Corresponde a los presidentes de sala sustanciar los procedimientos en las respectivas causas, dictando las providencias de mero trámite, hasta poner el expediente en estado de resolver, sin perjuicio de los recursos previstos en las leyes procesales; cuidar la economía y disciplina de las oficinas de su inmediata dependencia; representar a la sala respectiva en todos los actos y comunicaciones pertenecientes a ella; dirigir los debates y las audiencias que correspondan a la sala, y disponer el orden de estudio de las causas y ejercer las demás atribuciones conferidas por las leyes y reglamentos (art. 22, ley 5854). c) La Cámara en lo Civil, Comercial y Minería está integrada por doce miembros, dividiéndose en cuatro salas, de tres miembros, denominadas primera, segunda, tercera y cuarta (art. 31, ley 5854, modificado por la ley 8159). Es de competencia de las salas primera, segunda y tercera conocer en los recursos de apelación en materia civil, comercial y minería, como asimismo en las quejas por denegación o retardo de justicia deducidas contra los jueces de primera instancia, conforme a lo dispuesto por las leyes de procedimientos y en las recusaciones de los jueces de esos fueros y de sus propios miembros. La sala cuarta conocerá de recursos en materia contencioso-administrativa, comercial especial, familia y menores, 402   

quejas en esas materias y recusaciones de los jueces respectivos y de sus propios miembros (art. 32, ley 5854, modificado por la ley 8159). La Cámara en lo Criminal está integrada por doce miembros, dividiéndose en cuatro salas denominadas primera, segunda, tercera y cuarta. Es competente para conocer en los casos previstos por el art. 26 de la ley 6140 (art. 33, ley 5854, modificado por la ley 6395). La Cámara del Trabajo está integrada por seis miembros, dividiéndose en dos salas denominadas primera y segunda. Conoce en los recursos o consultas que procedan respecto de las resoluciones dictadas en primera instancia según la competencia determinada por el Código de procedimiento del fuero (art. 34, ley 5854). Corresponde al presidente de la Cámara representar al tribunal de todos los actos y comunicaciones oficiales; dictar las providencias de trámite sin perjuicio del recurso de reposición por ante el tribunal en los asuntos que conciernen a éste; velar por el orden, la disciplina y la economía interna de las oficinas de su inmediata dependencia y convocar al tribunal para la celebración de acuerdos (art. 42, ley 5854). Corresponde al presidente de sala representar a la sala en todos los actos y comunicaciones oficiales; dictar las providencias de trámite sin perjuicio del recurso de reposición por ante la sala en los asuntos que concierne a ésta; velar por el orden, la disciplina y la economía interna de las oficinas de su inmediata dependencia; presidir los debates de juicio oral en que les corresponda intervenir; presidir las audiencias y recibir la prueba sin perjuicio del derecho de los vocales para asistir a éstas y del que tendrán las partes para pedir su presencia y convocar a los miembros de la sala para celebrar acuerdos (art. 43, ley 5854). Son atribuciones y deberes de las Cámaras, entre otras, pedir a la Corte de Justicia la designación de los empleados y funcionarios de su dependencia; imponer apercibimientos, multas de hasta dos veces el salario mínimo del escalafón judicial, y suspensiones de hasta quince días a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas que obstruyeren el curso de la justicia o que cometieran faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad o decoro, o la de alguno de sus miembros. Contra las multas y suspensiones procederá sólo el recurso de apelación por ante la Corte de Justicia; imponer sanciones disciplinarias a los magistrados inferiores, miembros del Ministerio Público, funcionarios y empleados del respectivo fuero, con los límites y recursos establecidos precedentemente y sin perjuicio de solicitar una sanción mayor a la Corte de Justicia; poner en conocimiento del Jurado de Enjuiciamiento la mala conducta, la negligencia o morosidad en el ejercicio de sus funciones, la comisión de delitos comunes o la inhabilidad física o moral de los magistrados y miembros del Ministerio Público de su dependencia y fijar los días de acuerdo ordinarios, que no podrán ser menos de uno por mes (art. 44, ley 5854). 403   

d) Los jueces en lo Civil, Comercial y Minería ejercen la jurisdicción voluntaria y contenciosa en todas las causas civiles, comerciales y de minería cuya competencia no esté atribuida a otros tribunales o a la justicia de Paz Letrada. Los Juzgados en lo Civil, Comercial y Minería serán trece, para la primera circunscripción y con competencia, al menos en uno de ellos, en asuntos de familia, otro en materia comercial especial, y otro en materia contencioso-administrativa (art. 55, ley 5854, modificado por ley 8159). Los juzgados con competencia en asuntos de familia conocen en todos los procesos de nulidad de matrimonio, divorcio y en todas sus incidencias, entre otras, alimentos, litisexpensas, tenencia y guarda de menores, regímenes de visitas, disolución y liquidación de sociedad conyugal, suspensión y pérdida de la patria potestad, y en las acciones de petición e impugnación de estado de familia, tutela, curatela, insania e inhabilitación judicial, pudiendo requerir el auxilio de los organismos especializados, dependientes de los Juzgados de Menores (art. 56, ley 5854, modificado por la ley 5905). Los juzgados con competencia en materia comercial especial conocen en los concursos y quiebras, en los asuntos voluntarios o contenciosos que se susciten en materia de sociedades comerciales y en los trámites del Registro Público de Comercio (art. 57, ley 5854). En la primera circunscripción judicial habrá once Juzgados en lo Penal —cuatro Juzgados de Instrucción, cinco Juzgados Correccionales y un Juzgado de Ejecución— con la competencia que les asigne el Código Procesal Penal (ley 7398). El Juzgado Penal restante tendrá competencia en la materia que le asigne la Corte de Justicia, de acuerdo con las necesidades del servicio (art. 61, ley 5854, modificado por leyes 7592 y 7677). Los jueces del Trabajo conocen en las causas a que se refiere el art. 4º de la ley 5732, sin perjuicio de la competencia que la Corte de Justicia pueda asignarles, en ejercicio de la facultad atribuida por el art. 14, inc. i), de la Ley Orgánica (art. 63, ley 5854, modificado por la ley 6846). Los Juzgados de Menores son dos, con la siguiente competencia: 1º) en materia civil, en los casos de abandono material o peligro moral de menores, incluso con referencia a su educación, designación de tutor o guardador; en la demanda de alimentos de menores abandonados por sus padres y parientes; en las venias supletorias para contraer matrimonio y en los casos de adopción; en las autorizaciones para realizar actos jurídicos, pedidos fuera de juicios de la competencia de los jueces civiles; en los procesos por pérdida o suspensión de la patria potestad, o de remoción o suspensión de tutelas, fuera de juicios de la competencia de los Juzgados de Familia; en los nombramientos de tutores y remoción de los encargados de tenencia o guarda de los menores, fuera de los juicios de competencia de los Juzgados de Familia y en las medidas de protección 404   

de personas relativas a menores de edad; 2º) en materia penal y correccional, en los delitos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, siempre que existieren menores afectados y en todos los procesos que tengan por finalidad reprimir o sancionar las transgresiones a las leyes protectoras de menores, las del trabajo de menores y las de educación común (art. 65, ley 5854, modificado por las leyes 5905, 6395 y 7942). Corresponde asimismo a los jueces de Menores: ejercer la superintendencia y contralor sobre los menores asilados en establecimientos oficiales o privados y disponer su internación por el tiempo que juzguen necesario; inspeccionar el trato dado a ellos, su asistencia médica, alimentaria e higiénica, la educación que se les imparta y adoptar las medidas que estimen oportunas para evitar los abusos o defectos que notaren; ejecutar los actos que fuesen pertinentes para la protección de los menores como lo haría un buen padre de familia; ejecutar visitas periódicas a los talleres, fábricas y otros establecimientos donde trabajen menores, para asegurar el cumplimiento de las leyes, decretos y ordenanzas relativas a la protección del menor y promover, por intermedio de la Corte de Justicia, la sanción de leyes, decretos y ordenanzas sobre la protección del menor (art. 66, ley 5854). e) La Cámara de Paz Letrada está integrada por tres miembros y su presidente tiene las mismas atribuciones y deberes que la ley establece para los presidentes de Cámara (arts. 73 y 77, ley 5854). Corresponde a dicho tribunal el conocimiento y decisión de los recursos deducidos contra las resoluciones de los jueces de Paz Letrados, en los asuntos a que se refiere el art. 84 (art. 78, ley 5854). Los jueces que integran la Cámara de Paz Letrada tienen una jerarquía y remuneración equivalentes a la de juez de primera instancia (art. 80, ley 5854). Existen veinticinco Juzgados de Paz Letrados en la provincia, con la siguiente competencia territorial: 1º) once juzgados en el Gran San Juan, de los cuales siete tienen asiento en el departamento Capital y uno en cada uno de los departamentos de Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía, que conocen conforme lo determine la Corte de Justicia; 2º) un juzgado en cada uno de los restantes departamentos, cuyo asiento debe ser fijado por la Corte de Justicia (art. 81, ley 5854,modificado por las leyes 7057 y 8159). Para ser juez de Paz Letrado se requieren los requisitos establecidos en el art. 204 de la Constitución provincial, tener una residencia continua en la provincia y previa a su designación de dos años, siendo su jerarquía y remuneración equivalentes a la de agente fiscal de primera instancia (arts. 82 —modificado por la ley 5884— y 83, ley 5854).

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Corresponde a los jueces de Paz Letrados el conocimiento y decisión de los desalojos fundados en cualquier causa; de los procesos de resolución de contrato de locación urbana cuando el alquiler mensual no excediera de determinada cantidad, ni el plazo de locación superare los mínimos legales; de los juicios ejecutivos, salvo los hipotecarios, que no excedan determinada suma; de las demás cuestiones civiles y comerciales cuyo monto no exceda cierto monto y de sus reconvenciones hasta ese monto; del examen de libros por el socio, del reconocimiento, adquisición y venta de mercaderías y de la constatación de hechos fuera del juicio y de las sumarias informaciones en general; de las certificaciones para trámites previsionales, asistenciales y de seguridad social en general; de la inscripción de nacimientos o defunciones fuera del plazo y rectificaciones de partidas de estado civil; de las cuestiones de vecindad como amigables componedores; de los interdictos posesorios y de los procesos sucesorios de las personas fallecidas con último domicilio en la circunscripción de los distintos Juzgados de Paz Letrados (art. 84, ley 5854, modificado por las leyes 5905, 6919, 7068 y 7942). La Corte de Justicia debe actualizar, cuando lo crea conveniente, los montos establecidos, tomando como base los índices oficiales de variación de precios (art. 85, ley 5854). Si la cuestión versa sobre derechos no susceptibles de apreciación pecuniaria, o si media incertidumbre sobre su valor, se considera la causa sujeta a la competencia de la justicia ordinaria (art. 88, ley 5854). Corresponde también a los jueces de Paz Letrados, con excepción de los del Gran San Juan y de Jáchal, el conocimiento y decisión de las acciones por cobro de salarios e indemnizaciones emergentes del contrato de trabajo y la homologación de acuerdos transaccionales y liberatorios en materia laboral, hasta el monto que la Corte de Justicia de la provincia determine y de los desalojos de viviendas originados en la extinción de la relación laboral; el conocimiento y decisión de la acción de hábeas corpus en los casos del art. 32 de la Constitución provincial, sin perjuicio de la competencia de los tribunales ordinarios; ejercer las atribuciones establecidas en el art. 30 del Código Procesal Penal de la provincia, incluso expidiendo órdenes de allanamiento (en cuyo caso deben intervenir personalmente en la diligencia respectiva) en los términos y con los alcances establecidos en los arts. 33 y 36 de la Constitución provincial; adoptar medidas necesarias para la seguridad de los bienes y documentación del causante, a petición de parte, o de oficio si la herencia se reputase prima facie vacante o existieren incapaces sin representación necesaria, dando cuenta de inmediato al tribunal competente; cumplir las diligencias procesales y la recepción de pruebas que les encomiendan los tribunales y jueces para realizar en el ámbito de su competencia territorial; entender en los procesos de alimentos, autorización para contraer matrimonio, comparecer en juicio y realizar actos jurídicos y del asentimiento conyugal en los términos del art. 1277 del Código Civil, a 406   

opción del actor y sin perjuicio de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, y autorizar poderes para pleitos, formalizar actos de protestos y certificar firmas cuando no haya notariales en el departamento en que tienen su asiento a cuyo efecto deben llevar registro. A tal efecto, deben llevar protocolos en la misma forma y con los mismos deberes y responsabilidades que los escribanos de registro (art. 89, ley 5854, modificado por las leyes 7057 y 7072). La Ley Orgánica contiene, por último, numerosas disposiciones relativas a la composición y atribuciones del Ministerio Público(60), a los cuerpos técnicos periciales, a la feria judicial, a los nombramientos de oficio y al Registro Público de Comercio.

153. San Luis a) El Poder Judicial de la provincia es ejercido por un Superior Tribunal de Justicia y un Procurador General, con asiento en la ciudad de San Luis y con jurisdicción sobre todo el territorio provincial, así como por los demás tribunales y juzgados inferiores que la ley establece (art. 1º, ley 5651(61)). A los fines de la competencia territorial, la provincia se divide en tres circunscripciones judiciales compuestas, la primera, por los departamentos de la Capital, Belgrano, Ayacucho y Coronel Pringles; la segunda, por los de Pedernera y Gobernador Vicente Dupuy, y la tercera, por los de San Martín, Chacabuco y Junín. En esa misma circunscripción, con asiento en la ciudad de Concarán, actúan una Cámara de Apelaciones con dos salas: una sala con competencia en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral, y otra con competencia en lo Penal y Correccional; un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral; un Juzgado de Instrucción en lo Penal y Correccional; un Juzgado de Sentencia en lo Penal y Correccional, y un Juzgado de Familia y Menores (art. 3º, ley 5651). En la primera circunscripción judicial, actúan, con asiento en la ciudad de San Luis: dos Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral; una Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional; cuatro Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minas; dos Juzgados en lo Laboral; dos Juzgados de Familia y Menores; dos Juzgados de Instrucción en lo Penal y Correccional; un Juzgado de Sentencia en lo Penal y Correccional; un Juzgado de Paz Letrado y Registral, y uno o más miembros del Ministerio Público (art. 3º, ley 5651). En la segunda circunscripción judicial actúan, con asiento en la ciudad de Villa Mercedes: dos Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 407   

Minas y Laboral; una Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional; tres Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minas; dos Juzgados en lo Laboral; dos Juzgados de Familia y Menores; dos Juzgados de Instrucción en lo Penal y Correccional; un Juzgado de Sentencia en lo Penal y Correccional, con jurisdicción en toda la segunda circunscripción judicial, y un Juzgado de Paz Letrado y Registral, así como uno o más representantes del Ministerio Público (art. 3º, ley 5651). Los jueces de Paz Legos ejercen su jurisdicción y competencia sobre el territorio que se les asigne (art. 5º, ley 5651). b) El Superior Tribunal de Justicia se compone de hasta cinco miembros, pero puede funcionar válidamente con tres de sus integrantes (art. 37, ley 5651). El presidente de dicho Tribunal es elegido por votación de sus miembros, por mayoría simple, dura un año en sus funciones y puede ser reelecto (art. 38, ley 5651). El Superior Tribunal tiene competencia originaria para conocer, además de las causas que establece la Constitución provincial y las leyes procesales: de los juicios sobre responsabilidad civil, emergentes del desempeño de las funciones de sus miembros, de los camaristas, jueces, funcionarios del Ministerio Público y secretarios de los tribunales letrados, y de las recusaciones contra sus propios miembros y contra el Procurador General, como también las cuestiones de competencia que se susciten en jurisdicción del Poder Judicial (art. 40, ley 5651). Como Tribunal de Alzada conoce: en todos los recursos que autoricen las leyes procesales y especiales; del recurso de apelación contra las resoluciones que recaigan en las recusaciones de los camaristas, en todos los recursos autorizados por la Constitución provincial. Tiene además diversas atribuciones concernientes a la superintendencia general del Poder Judicial y al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre la conducta de sus miembros y de los demás magistrados, funcionarios, auxiliares y empleados (art. 44, ley 5651). c) Las Cámaras en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral se integran por jueces y la Presidencia de cada una de ellas es ejercida por el magistrado que resulte electo por votación de sus miembros y por simple mayoría. Duran un año en sus funciones y pueden ser reelectos (art. 48, ley 5651). Dichas Cámaras conocen en materia laboral en los recursos, conforme a las leyes procesales; en materia civil, comercial y minas, en los recursos que autoricen las leyes de procedimientos y contra las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia y de Paz Letrados en asuntos de su competencia, con excepción de la materia contravencional (art. 49, ley 5651).

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Las Cámaras en lo Penal, Correccional y Contravencional se integrarán por tres jueces. La Presidencia de cada una de ellas será ejercida por el magistrado que resulte electo por votación de sus miembros y por simple mayoría. Los presidentes de cada Cámara durarán un año en sus funciones y podrán ser reelectos. Las Cámaras en lo Penal, Correccional y Contravencional conocerán: 1) De los recursos interpuestos contra las resoluciones y sentencias de los Jueces de primera instancia de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional; de primera instancia de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional, y de los jueces de Familia y Menores en la materia Penal, Correccional y Contravencional, conforme a las leyes procesales. 2) En instancia única en el conocimiento y decisión del plenario por el procedimiento del juicio oral de acuerdo con las leyes procesales, en las causas por delitos cuya pena máxima exceda los cuatro años de prisión y/o reclusión. 3) En consulta de los pedidos de indulto, conmutación y rebajas de penas. 4) En las cuestiones acerca de libertad condicional (arts. 50 y 51, ley 5651). d) Los jueces de primera instancia en lo Civil, Comercial y Minas entienden en todos los asuntos de materia civil, comercial y minas de orden voluntario y contencioso cuyo conocimiento no está expresamente atribuido a la justicia de Paz Letrada o Lega, en tanto que los Juzgados en lo Laboral entienden en materia de trabajo (art. 55, ley 5651). Los jueces de primera instancia de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional actuarán como instructores en todas las causas por delitos y contravenciones. Los jueces de primera instancia de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional conocerán en los asuntos contravencionales y de faltas (arts. 56 y 57, ley 5651). Los jueces de Paz Letrados y Registral conocen en primera instancia de los asuntos civiles, comerciales y de minas en que el valor cuestionado encuadre dentro del monto establecido como de su competencia mediante acordada del Superior Tribunal de Justicia; de los juicios sucesorios cuyo monto del acervo encuadre dentro del monto fijado como de su competencia también mediante acordada de dicho Tribunal; de los concursos civiles y convocatorias de acreedores y quiebras cuyo pasivo no exceda al monto fijado en la misma forma; de los juicios de desalojo por falta de pago de alquileres, cuando el monto del alquiler mensual no exceda al fijado como de su competencia en la misma forma; cuando se acumulare en el juicio de desalojo otra causal a la falta de pago, la competencia corresponderá a los jueces de primera instancia, lo mismo que cuando el monto del alquiler mensual supere el monto fijado por competencia mediante acordada del Superior Tribunal de Justicia; de las informaciones sumarias que se refieran a los juicios de competencia del Juzgado y de las tercerías en las causas de su competencia, y de lo que sea materia del Registro Público de Comercio, teniendo a su cargo los

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libros y demás formalidades reguladas por el Código de Comercio (art. 60, ley 5651). Se excluyen de la competencia de los jueces de Paz Letrados los interdictos, los juicios posesorios y petitorios, y los asuntos que se refieran al derecho de familia; las venias y los asuntos que versen sobre la capacidad de las personas y los asuntos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo o locación de servicios de carácter laboral o regidos por las leyes laborales (art. 61, ley 5651). Los jueces de Paz Letrados conocen asimismo en segunda y última instancia de los recursos contra las resoluciones de los jueces de Paz Legos de su jurisdicción (art. 62, ley 5651). Los jueces de Paz Legos conocen de todo asunto civil y comercial cuyo monto no exceda al monto fijado para su competencia mediante acordada del Superior Tribunal de Justicia; de los juicios de desalojo por falta de pagos de alquileres, en casos cuyo monto de alquiler mensual no exceda al monto fijado en la misma forma; de los juicios sucesorios en que el haber hereditario no exceda al monto fijado en la misma forma para su competencia; del juzgamiento de las contravenciones en la forma dispuesta en la legislación respectiva; de los demás asuntos cuya competencia se le atribuyan por leyes o acordadas del Superior Tribunal; se excluye de su competencia toda cuestión penal o correccional reservada por la ley a la justicia letrada, los juicios sucesorios en los que se alegue la calidad de herederos, los de quiebra, de convocatoria de acreedores, concursos civiles, acciones petitorias o posesorias o de desalojo que no sean fundados en falta de pago, y los juicios de nulidad de matrimonio, divorcio, de la patria potestad, los que versen sobre estado de familia y sobre la capacidad de las personas (art. 65, ley 5651). La ley se integra, por último, con las numerosas normas destinadas a la composición y funcionamiento del Ministerio Público y de las oficinas y registros dependientes del Poder Judicial, así como a la actividad judicial de los abogados, procuradores, escribanos, contadores públicos y martilleros.

154. Santa Cruz a) El Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, es ejercido por el Tribunal Superior de Justicia, las Cámaras de Apelaciones, los jueces de primera instancia, los jueces de Paz, los demás tribunales que se creen por leyes especiales (art. 1º, ley 1600).

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La jurisdicción judicial de la provincia corresponde exclusivamente a los organismos enunciados en el art. 1º, que la ejercerán en los límites de su respectiva competencia, conociendo y resolviendo en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes de la provincia, así como aquellas en que les corresponda entender de acuerdo con las leyes de la Nación, según que las personas o las cosas caigan bajo la jurisdicción provincial (art. 4º, ley 1600). El Tribunal Superior de Justicia ejerce jurisdicción sobre todo el territorio de la provincia, y tiene su asiento en la Capital de ésta (art. 5º, ley 1600). En la provincia de Santa Cruz existen dos Cámaras de Apelaciones. Se denominan Cámara de Apelaciones de la primera circunscripción judicial, y Cámara de Apelaciones de la segunda circunscripción judicial (art. 6º, ley 1600). El Tribunal Superior de Justicia está integrado por cinco vocales y puede dividirse en salas, pero debe decidir las causas contenciosoadministrativas y las que le correspondan a su competencia originaria y exclusiva en juicio pleno (art. 24, ley 1600, modif. por la ley 2404). Anualmente, los miembros del Tribunal designan al presidente del cuerpo y la subrogancia por ausencia o impedimento de cualquier tipo es ejercida por los vocales en orden de antigüedad en el cargo, correspondiendo que a igual antigüedad tenga prelación el de mayor edad (art. 25, ley 1600, modif. por la ley 2404). El Tribunal es competente para entender en los casos previstos en el art. 130, incs. 1º, 2º y 3º, de la Constitución en el modo y forma establecidos en aquél; en los recursos procesales extraordinarios que la ley establezca, de las sentencias y resoluciones que dicten las Cámaras de Apelaciones y en grado de apelación en las causas en que la condena de segunda instancia sea de prisión o reclusión perpetua o reclusión por tiempo indeterminado, o éstas hayan sido solicitadas por el acusador, y en el caso del art. 20 de la Constitución (art. 30, ley 1600). Son atribuciones del Tribunal Superior, entre otras, las establecidas en el art. 131 de la Constitución, y en el art. 133 de ésta respecto de los jueces de Paz; disponer la inspección de los tribunales inferiores, así como de las cárceles y reparticiones auxiliares de la justicia; establecer los horarios de funcionamiento de todas las dependencias judiciales; decretar feriados, asuetos y suspensión de plazos procesales cuando circunstancias y acontecimientos especiales lo hagan necesario, y establecer la forma de funcionamiento de tribunales, Juzgados y demás dependencias durante la feria judicial que determine el reglamento; establecer el régimen disciplinario del personal de Poder Judicial, pudiendo delegar reglamentariamente su aplicación por los distintos organismos; ejercer superintendencia directa sobre los Juzgados de Paz, con facultad de inspeccionarlos periódicamente por sí o a través del magistrado o funcionario que designe, así como adoptar las medidas que aseguren su 411   

correcto funcionamiento y aplicar las sanciones disciplinarias que corresponda a los funcionarios y empleados que integran dicha justicia; reglamentar la matrícula de profesionales auxiliares de la justicia que hayan de actuar en el fuero provincial; reglamentar y disponer sobre la ejecución del presupuesto asignado al Poder Judicial; requerir los informes que estime necesarios a las Cámaras de Apelaciones, Juzgados y demás dependencias judiciales y ejercer toda otra atribución y función establecida en la Ley Orgánica y demás leyes, y promover por acordadas y reglamentos el mejor funcionamiento del Poder Judicial (art. 33, ley 1600). Son funciones del presidente del Tribunal Superior, entre otras, representar al Tribunal en los actos protocolares ante los otros poderes públicos y en general en todas las relaciones con funcionarios, entidades o personas; dictar con su sola firma las providencias de trámite; llevar la palabra en las audiencias y concederla a los demás vocales y partes; ejercer la dirección administrativa del Tribunal, visando y autorizando la documentación pertinente, conforme a la reglamentación; ejercer la policía en el recinto del Tribunal, a cuyo fin el personal destacado en aquél está a sus órdenes; y resolver aquellas cuestiones de carácter administrativo y de superintendencia que el Tribunal delegue por acuerdo (art. 34, ley 1600). b) Las Cámaras de Apelaciones se componen de tres miembros cada una. En cada circunscripción judicial existe una Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería y una Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 36, ley 1600). Las Cámaras son competentes para entender en los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de primera instancia de su circunscripción; en los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de los jueces de primera instancia de su circunscripción y en los recursos en que así lo establezcan las leyes especiales (art. 45, ley 1600). c) Funcionan Juzgados de Primera Instancia con asiento en Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Río Turbio, que tienen competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, y en lo Criminal y Correccional, así como un Juzgado de Primera Instancia de la Familia, y un Juzgado de Primera Instancia del Menor, ambos con asiento en la ciudad de Río Gallegos (arts. 54, 57 —modif. por ley 2323— y 57 bis —incorporado por ley 2653—, ley 1600). Esos juzgados son competentes: 1º) el Juzgado de Primera Instancia de la Familia para entender en los juicios relativos a divorcio y nulidad de matrimonio; suspensión del ejercicio y pérdida de la patria potestad; examen, aprobación o rechazo de las contrataciones con bienes de menores por sus representantes legales, en los casos en que se requiere autorización judicial; la designación de tutores y curadores, aprobación de sus cuentas y suspensión y remoción de éstos; declaración de insania e inhabilitación; las habilitaciones de edad de menores 412   

huérfanos, se encuentren o no bajo tutela; adopciones; rectificación de partidas e inscripciones de nacimientos; tenencia de hijos y acciones de estado de familia en general. 2º) El Juzgado de Primera Instancia del menor es competente para entender: en toda cuestión criminal o correccional en que un menor aparezca imputado como autor, cómplice o encubridor de un hecho que la ley repute delito; en cuanto a la protección del menor y las medidas de asistencia que puedan corresponder, cuando un menor resulte víctima de un delito; en todas la causas por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar; en el abandono o exposición de menores; en la internación o externación y restitución de menores al hogar; la adopción de medidas tutelares en los casos en que un menor resulte reiteradamente autor de conductas comprendidas en la Ley de Contravenciones; el patronato del estado provincial se ejerce asimismo por medio del juez del menor con concurrencia de la Subsecretaría de Acción Social dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y del Ministerio Público de Menores. Este patronato se llevará a cabo atendiendo la salud, seguridad, educación moral e intelectual del menor, proveyendo a su tutela sin perjuicio de los arts. 390 y 391 del Código Civil (art. 58, ley 1600, modif. por las leyes 2323, 2360 y 3062). Asimismo, en cada población con más de quinientos habitantes hay un Juzgado de Paz cuyo titular debe ser argentino en ejercicio de la ciudadanía y tener 25 años de edad como mínimo (arts. 63 y 64, ley 1600). Son competentes en las acciones civiles y comerciales cuyo valor cuestionado no exceda de determinada cantidad y sus contrademandas hasta el mismo monto, y a instancia del Tribunal Superior de Justicia el Poder Ejecutivo debe actualizar monetariamente, en forma anual, el monto correspondiente; en las cuestiones que les asigne el Código Rural, Código de Faltas y las leyes especiales; en la infracción a los reglamentos policiales y en los municipales cuando así corresponda, y en las cuestiones de vecindad, menor cuantía, correccionales y de cualquier tipo que les deleguen los códigos de procedimientos de las distintas materias, en cuyo caso deben juzgar conforme esas normas indiquen (art. 67, ley 1600, modif. por ley 2404). A falta de escribano de Registro en la respectiva zona, o encontrándose éste inhabilitado o ausente, los jueces de Paz pueden extender escrituras públicas con excepción de escrituras traslativas de dominio o hipotecas de bienes raíces. Dichos jueces, haya o no escribano de Registro, en todos los casos pueden certificar las firmas e impresiones digitales puestas en su presencia por personas de su conocimiento, extendiendo el acta respectiva en el libro de requerimientos que deben llevar a tal efecto; certificar la autenticidad de las copias de documentos cuyos originales les hayan sido exhibidos por los interesados, en la forma que la reglamentación establezca (art. 69, ley 1600).

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La Ley Orgánica reglamenta, asimismo, las atribuciones y deberes de los jueces de Paz y del Ministerio Público, así como también la organización y funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial y la inscripción de los profesionales auxiliares de la justicia.

155. Santa Fe a) A los fines de la competencia territorial, la provincia de Santa Fe se divide en comunas, circuitos, distritos y circunscripciones judiciales (art. 3º, ley 10160, t.o. por dec. 46/1998, con modificaciones de la ley 13.178). La actividad jurisdiccional en la provincia es ejercida por los magistrados judiciales que establece la Constitución local. Ellos son: los ministros de la Corte Suprema; los jueces de las Cámaras de Apelación y de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo; los jueces de los tribunales colegiados; los jueces de primera instancia de distrito; los jueces de primera instancia de circuito; los jueces comunales que establece la ley (art. 9º, ley 10.160). La Corte Suprema de Justicia tiene asiento en la sede de la circunscripción judicial n. 1 y se compone de seis ministros y un procurador general (art. 11, ley 10.160). Compete a la Corte Suprema ser alzada de todos los tribunales inferiores y le corresponde el conocimiento de: las impugnaciones por inconstitucionalidad deducidas contra sentencias definitivas o autos interlocutorios con fuerza de tales; los recursos de revisión deducidos contra sentencias dictadas en procesos penales; los recursos deducidos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas; los recursos de nulidad deducidos contra las sentencias pronunciadas en juicios orales en materia penal, luego de vencido el plazo concedido por la ley al efecto; las quejas por retardo de justicia deducidas contra las Cámaras de Apelación (art. 16, ley 10160). Incumbe asimismo a dicho tribunal el conocimiento de: las pretensiones contencioso-administrativas, en los casos y modos que dispone la ley; los conflictos de competencia suscitados entre magistrados de la provincia que no tienen un superior común; los conflictos de atribuciones planteados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y magistrados o funcionarios del Poder Judicial y los incidentes de recusación de sus propios integrantes (art. 17, ley 10.160). Le compete también el conocimiento de los juicios de expropiación promovidos por la provincia y los juicios de responsabilidad civil promovidos contra los magistrados judiciales (art. 18, ley 10.160), así 414   

como el ejercicio del gobierno del Poder Judicial, con la consiguiente facultad disciplinaria (art. 19, ley 10.160). El presidente de la Corte es elegido por mayoría absoluta de sufragios de todos los ministros en votación secreta que se realiza antes del 1 de diciembre y entra en funciones, por un año, el 1 de enero, requiriéndose a los fines de la elección la presencia de por lo menos cinco ministros (art. 20, ley 10.160). b) Las Cámaras de Apelación tienen asiento en las sedes de todas las circunscripciones judiciales en que se divide la provincia, y cada una se compone por lo menos con tres jueces y se divide en salas cuando el número de ellos permite respetar tal mínimo (arts. 23 y 24, ley 10.160). Cada Cámara es alzada de los jueces de primera instancia con igual competencia material y cuantitativa en su respectiva circunscripción judicial y por medio de sus salas conoce de las impugnaciones que se deducen contra las decisiones de los jueces de primera instancia, de las quejas y de los recursos que se deduzcan contra los laudos arbitrales (art. 32, ley 10.160, modif. por la ley 12.070). En su competencia territorial, cada Cámara, por medio de sus salas, conoce de: los conflictos de competencia suscitados entre magistrados o funcionarios judiciales, las recusaciones de sus propios jueces y las de los de primera instancia, y las impugnaciones que se interponen contra las decisiones del presidente (art. 33, ley 10.160). Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial tienen asiento en las sedes de dos circunscripciones judiciales y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 32, cada una es alzada de los tribunales colegiados respecto del recurso de apelación extraordinario, destinado a la subsanación de errores in procedendo de la sentencia o del procedimiento atribuidos a las sentencias definitivas (art. 42, ley 10.160). Asimismo, cada Cámara, por medio de sus salas, conoce de las recusaciones de los jueces de los tribunales colegiados, las impugnaciones contra las decisiones de los directores del Registro General y del Archivo, y las cuestiones relativas a la superintendencia del notariado (art. 44, ley 10.160). Las Cámaras de Apelaciones en lo Penal tienen asiento en las sedes de cuatro circunscripciones judiciales y una correspondiente a una de los distritos (art. 45, ley 10.160). Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 32, cada Cámara, por medio de sus salas, es alzada de los jueces de Menores de la respectiva circunscripción judicial, en lo relativo a la materia penal y de los jueces de circuito en lo relativo a faltas. Además, cada Cámara conoce, dentro de su competencia territorial, del recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal (art. 46, ley 10.160). 415   

Además de lo dispuesto en el art. 33, cada Cámara, por medio de sus salas y dentro de su respectiva circunscripción judicial, conoce de las causas en las cuales procede el juicio oral en instancia única y de las apelaciones contra la denegación de la inscripción en la matrícula y las sanciones disciplinarias aplicadas a los integrantes de los colegios o consejos profesionales que tienen su asiento en la circunscripción judicial a que aquéllas pertenecen. Las denegaciones de inscripción y sanciones disciplinarias, mencionadas en el párrafo anterior, son apelables en relación y con efecto suspensivo, mediante recurso fundado dentro del término de diez días por ante la Cámara de Apelación en lo Penal que corresponda. El colegio o consejo profesional puede intervenir en la sustanciación del recurso y, en su caso, se aplicarán supletoriamente las disposiciones introducidas por la ley 11.219. Son también apelables, del mismo modo, las resoluciones de la Caja Forense y de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales en general. Cada Cámara, por medio de sus salas y dentro de su respectiva circunscripción judicial, lleva los registros establecidos en la ley (art. 47, ley 10.160). Las Cámaras de Apelaciones en lo Laboral tienen asiento en las sedes de dos de las circunscripciones judiciales (art. 49, ley 10.160). Además de lo dispuesto en el art. 33, cada Cámara, por medio de sus salas, conoce de las impugnaciones que se interponen contra las decisiones de autoridades administrativas por incumplimiento de leyes laborales (art. 51, ley 10.160). Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral tienen asiento en las sedes de tres circunscripciones judiciales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 32, cada una es alzada de los jueces de Menores de su respectiva circunscripción judicial, en lo relativo a materia civil, comercial y laboral, y de los jueces de circuito, salvo en materia de faltas (arts. 53 y 54, ley 10.160). Las Cámaras de Apelaciones de circuito tienen asiento en las sedes de dos circunscripciones judiciales (art. 55, ley 10.160). Cada una de ellas es alzada de los jueces de circuito de las respectivas circunscripciones judiciales, salvo en materia laboral y de faltas. También serán alzada de los jueces comunitarios de las pequeñas causas que tengan asiento en la misma ciudad o comuna que ella (art. 56, ley 10.160, según ley 13.178). Las Cámaras en lo Contencioso Administrativo tienen su asiento en las sedes de dos circunscripciones judiciales, con competencia territorial en las cinco circunscripciones judiciales y se les atribuye competencia en la materia contencioso-administrativa a la que alude el art. 93, inc. 2º, de la Constitución provincial, en los siguientes casos: a la Cámara con sede en la Circunscripción 1, en los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan contra los actos de la provincia, en todo litigio cuyo conocimiento y decisión no estén expresamente atribuidos por la ley a la 416   

Cámara con sede en la Circunscripción 2; y los municipios y comunas comprendidos en el ámbito de tres de las circunscripciones. A la Cámara con sede en la Circunscripción 2, en los recursos contenciosoadministrativos que se deduzcan contra los actos de la provincia, cuando el recurrente se domicilie en las Circunscripciones 2 y 3, y el litigio verse sobre empleo público, previsión social y sanciones administrativas aplicadas en ejercicio de la potestad de policía; y de los municipios y comunas comprendidos en el ámbito de las Circunscripciones 2 y 3 (art. 59, ley 10.160). Los tribunales colegiados tienen asiento en las sedes de dos Distritos Judiciales y ejercen su competencia material dentro de los respectivos territorios (art. 60, ley 10.160, modificado por la ley 12.997). Los tribunales colegiados distribuyen los pleitos por orden de entrada a cada uno de sus jueces. El designado actúa como juez de trámite y le compete el conocimiento de lo actuado en la audiencia de vista de la causa y la emisión de la sentencia de fondo y mérito que pone fin a alguno de los litigios que enumera el art. 541 del Código Procesal Civil y Comercial, así como la emisión del juicio de fundabilidad en el recurso de revocatoria ante el tribunal pleno (arts. 65 y 66, ley 10.160). Al juez de trámite le incumbe con exclusividad instruir, por la vía que corresponda, resolver y ejecutar bajo su sola firma todos los pleitos de la competencia material del tribunal colegiado que no están enunciados en el art. 541 del Código Procesal Civil y Comercial, conocer y resolver todas las cuestiones incidentales que ponen o no fin al proceso y ejecutar la sentencia de mérito que dicta el Tribunal Colegiado. En las mismas condiciones le compete instruir y resolver el juicio de divorcio no contencioso (art. 67, ley 10.160). A los Tribunales Colegiados de Familia les compete conocer, originaria y exclusivamente, por la vía del juicio oral, de los litigios que versan sobre divorcio contencioso, filiación y pretensión autónoma de alimentos y litisexpensas; por la vía del juicio ordinario, de los litigios que versan sobre nulidad de matrimonio, tenencia y régimen autónomos de visita de hijos, adopción, impugnación de paternidad y disolución de sociedad conyugal no precedido de juicio de divorcio; por la vía del juicio sumario, de los litigios que versan sobre liquidación de sociedad conyugal, insania, inhabilitación judicial y pérdida de patria potestad; por la vía del juicio sumarísimo, de los litigios que versan sobre tenencia incidental de hijos, suspensión y limitación de la patria potestad y sobre tutela y curatela; por la vía del juicio verbal y no actuado, de los litigios que versan sobre venia para contraer matrimonio y divorcio no contencioso, en los asuntos de violencia familiar, por el procedimiento especial creado por ley, etc. (art. 68, ley 10.160, modif. por ley 12.967). A los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual les compete el conocimiento de todo proceso que versa sobre responsabilidad 417   

civil extracontractual, pero en caso de existir conexidad o afinidad entre procesos que versan sobre litigios por responsabilidad de origen contractual y extracontractual, es competente el juez en lo Civil y Comercial. Además, les compete el conocimiento de las pretensiones posesorias y de despojo (art. 69, ley 10.160). c) Los jueces en lo Civil y Comercial tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales 1, 2, 3, 4, 5 y 12 y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios en todo litigio que versa sobre materia que no está expresamente atribuida por la Ley Orgánica a otro tribunal (arts. 70 —modif. por la ley 12.812— y 72 —modif. por la ley 12.997—, ley 10.160). Los jueces en lo Laboral tienen asiento en las sedes de cinco Distritos Judiciales y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios y les compete el conocimiento de los litigios entre empleadores y trabajadores por conflictos individuales de derecho, derivados de contratos de trabajo, de empleo, de aprendizaje, de ajuste de servicios y de tambero-mediero; los litigios promovidos por entidades sindicales y administrativas, cuando se pretende el cumplimiento de normas laborales, salvo que otra ley disponga distinta competencia; las demandas por restitución de muebles e inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud o como accesorio de los contratos de trabajo, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en los estatutos profesionales; las tercerías respecto de causas de su competencia material; la ejecución de multas que aplican las autoridades administrativas por incumplimiento de leyes de trabajo, de tamberomediero y de previsión social; las demandas por cobro de aportes y contribuciones fundadas en normas de derecho del trabajo; la ejecución de sus propias sentencias y los litigios que se promueven para obtener la declaración de un derecho del trabajo, cuando el estado de incertidumbre respecto de una relación jurídica individual, de sus modalidades o de su interpretación, causa o pudiere causar un perjuicio a quien tenga interés legítimo y actual en determinarlo (arts. 74 —modif. por ley 12.812— y 76, ley 10.160). Un juez en lo Civil y Comercial, y el juez en lo Civil, Comercial y Laboral n. 1 en la sede de cada circunscripción judicial, cumplen las funciones de juez de Registro para los casos previstos en la ley de la materia. Ejercen su competencia material dentro del territorio de la respectiva circunscripción judicial (art. 83, ley 10.160). Los jueces en lo Penal de Instrucción tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales mencionados y ejercen competencia material dentro de sus respectivos territorios. Sin perjuicio de ello, los jueces del Distrito Judicial 8 extienden su competencia territorial al 16 (art. 84, ley 10.160, modif. por las leyes 11.793 y 13.031).

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Les incumbe investigar los delitos imputados a personas mayores de 18 años, salvo lo dispuesto en el art. 92 (art. 86, ley 10.160). Tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales 1, 2, 5, 8, 10 y 13, y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios. Sin perjuicio de ello, los jueces del Distrito Judicial 1, extienden su competencia territorial al Distrito Judicial 11; los del Distrito Judicial 2, a los Distritos Judiciales 6, 7, 12 y 14; el del Distrito Judicial 10, al Distrito Judicial 15; el de Distrito Judicial 8 a los Distritos Judiciales 3, 9 y 16; y el del Distrito Judicial 13, al Distrito Judicial 4 y 17. Juzgan los delitos imputados a personas mayores de 18 años, salvo lo dispuesto en el art. 92 (arts. 87 —modif. por ley 12.776— y 89, ley 10.160). Los jueces en lo Penal Correccional tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14, y ejercen su competencia material en sus respectivos territorios. Sin perjuicio de ello, el juez del Distrito Judicial 8 extiende su competencia territorial al Distrito Judicial 16, el del Distrito Judicial 13 a las Comunas 1, 3, 5 y 10 del Circuito Judicial 4, y el del Distrito Judicial 4 no tiene competencia territorial en las Comunas 1, 3, 5 y 10 del Circuito Judicial 4 (art. 90, ley 10.160, modif. por las leyes 11.793 y 10.031). A dichos jueces les compete investigar y juzgar los delitos imputados a personas mayores de 18 años, cuando el máximo de la pena no excede de tres años de prisión, con excepción de los delitos por homicidios culposos, en los cuales entienden por ser competencia material de éstos. Los jueces en lo Penal Correccional de los Distritos 3 y 8 tienen la competencia material establecida por el art. 111, inc. 3º (art. 92, ley 10.160, modif. por la ley 11.710). Los jueces en lo Penal de Instrucción y Correccional tienen asiento en las sedes de cinco Distritos Judiciales y ejercen su competencia material en sus respectivos territorios (art. 93, ley 10.160, modif. por ley 13.052). Tienen idéntica competencia que los jueces en lo Penal de Instrucción y que los jueces en lo Penal Correccional y, además, el juez con competencia en el Distrito Judicial 9 tiene la competencia material establecida en el art. 111, inc. 3º (art. 95, ley 10.160). Los jueces en lo Penal de Faltas tienen asiento en las sedes de tres Distritos Judiciales y ejercen su competencia material y funcional dentro de sus respectivos territorios (art. 96, ley 10.160). Les compete investigar o juzgar las faltas imputadas a personas mayores de 18 años y, además de lo dispuesto en el artículo anterior, conocen en última instancia de las impugnaciones deducidas contra las resoluciones de órganos administrativos que deciden faltas en materia municipal , de tránsito y contravenciones policiales (arts. 98 y 99 —modif. por la ley 13.133—, ley 10.160).

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Los jueces de Menores tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15 y 22, y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios. Sin perjuicio de ello, los jueces del Distrito Judicial 1 extienden su competencia territorial al Distrito Judicial 11, 18, 19, 20 y 21; el del Distrito Judicial 3, a los Distritos Judiciales 8 y 9; el del Distrito Judicial 4, al Distrito Judicial 13, y los del Distrito Judicial 5, al Distrito Judicial 10 (art. 100, ley 10.160, modif. por las leyes 11.739 y 13.052), y ejercen su competencia en materia de menores de conformidad y con las limitaciones dispuestas en la ley provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (art. 102, ley 10.160, modif. por ley 12.967). Los jueces de Ejecución Penal tienen asiento en las sedes de dos distritos judiciales y los respectivos despachos se ubican dentro de los mayores establecimientos carcelarios. El juez del Distrito Judicial 1 ejerce su competencia material en seis Distritos Judiciales. El juez del Distrito Judicial 2 ejerce su competencia material en cuatro Distritos Judiciales. Con exclusión de toda otra autoridad, les compete: vigilar y definir la ejecución de las penas privativas de libertad. A tal fin, les son enviados todos los procesos en los cuales existe condena firme y ejecutoriada; resolver acerca de la suspensión, aplazamiento o cesación de medidas de seguridad y acerca de todos los conflictos suscitados entre la administración y los internos; vigilar estrechamente el tratamiento personal de los condenados y su correspondencia con las normas legales específicas; mantener adecuado control de la salud de los condenados y de su alimentación, provisión de ropas, medicinas, etc.; dictaminar acerca de la concesión de indultos en materia de reducción de penas; tramitar y decidir acerca de pedidos de unificación de penas y de libertad condicional; controlar el traslado de detenidos de una unidad carcelaria a otra; efectuar inspecciones periódicas a establecimientos carcelarios y controlar y vigilar el cumplimiento de las condiciones y reglas de conductas impuestas a los procesados que gocen de la suspensión del juicio a prueba, debiendo comunicar al tribunal concedente cualquier incumplimiento e inobservancia de las reglas. Los jueces de primera instancia de circuito tienen asiento en las sedes de todos los circuitos judiciales, y ejercen su competencia material, cuantitativa y funcional dentro de sus respectivos territorios, excepto en cuatro circuitos judiciales, donde son ejercidos por los jueces de primera instancia de distrito correspondiente a éstos (art. 109, ley 10.160, modif. por la ley 12.776). Les compete el conocimiento de todo asunto referente a locación de muebles e inmuebles urbanos y rurales, etcétera. Les compete asimismo el conocimiento de toda causa civil y comercial cuya cuantía no supere el valor equivalente a quince unidades jus. A los jueces de veinte circuitos les compete, además, el conocimiento de todo asunto laboral cuya cuantía no supere la suma establecida 420   

precedentemente (art. 112, ley 10.160, modif. por las leyes 12.776 y 13.178). Asimismo, les incumbe el conocimiento de las impugnaciones y las quejas deducidas contra las resoluciones de los jueces comunitarios de pequeñas causas (art. 113, ley 10.160). Los jueces de Ejecución Civil tienen asiento en las sedes de dos circuitos judiciales y ejercen su competencia material y cuantitativa dentro de sus respectivos territorios (art. 115, ley 10.160). Los jueces comunitarios de pequeñas causas tienen su asiento en las comunas para las cuales han sido designados y ejercen su competencia material dentro de su respectivo territorio, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 4º y 7º (art. 120, ley 10.160, modif. por la ley 13.178). Sin perjuicio de las funciones que les encomienden otras leyes, les compete: conocer y decidir acerca de contravenciones municipales; comunicar al juez de distrito que corresponda, el fallecimiento de las personas que ocurra en el ámbito de su competencia territorial y que no tengan parientes conocidos; igualmente, los casos de orfandad, abandono material y peligro moral de los menores de edad; realizar con prontitud y eficiencia todas las diligencias que les ordenan los magistrados; autorizar poderes para pleitos y autenticar firmas. Carecen de competencia para conocer de juicios universales, desalojos, litigios que versen sobre relaciones de familia y derechos reales, actos de jurisdicción voluntaria y, en general, todo asunto que no sea apreciable en dinero y en los que la provincia o entes autárquicos provinciales sean parte procesal. Desde el punto de vista cuantitativo les compete el conocimiento de los asuntos civiles y comerciales cuya cuantía no exceda de una cifra equivalente a dos unidades jus; los asuntos laborales, cuando el valor de la demanda no supere el fijado en el inciso anterior. Es facultad del obrero optar por esta competencia. La ley 10.160 reglamenta asimismo la composición y atribuciones del Ministerio Público.

156. Santiago del Estero a) La administración de justicia de la provincia de Santiago del Estero es ejercida por el Superior Tribunal de Justicia y sus salas; por las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial; Criminal, del Trabajo y Minas; Tribunal de Menores y Cámaras de Paz; por los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial, de Instrucción y Sentencia en lo 421   

Correccional y jueces de Menores; por los jueces de Paz Letrados; por jueces de Paz Letrados y de Instrucción en lo Criminal; por jueces de Paz no Letrados y por el Jurado de Enjuiciamiento (ley 3752(62)). b) El Superior Tribunal de Justicia tiene su asiento en la Capital de la provincia y está conformado por cinco miembros. Se divide en dos Salas de Sentencia: la de Asuntos Civiles y Comerciales, y la de Asuntos Criminales, Laborales y Minas, compuesta cada una por tres miembros; y una Sala de Superintendencia compuesta por el presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Tribunal (art. 20, ley 3752, modif. por la ley 6011). La Presidencia del Tribunal es ejercida por un período de un año por el vocal que resulte elegido, quien preside, asimismo, la Sala de Superintendencia. A ese efecto, en la primera mitad del mes de diciembre correspondiente a la finalización de ese período, el Tribunal procede a su elección, y en la misma oportunidad, y por igual período, se eligen el vicepresidente primero y segundo que integran la Sala de Superintendencia y los presidentes de Salas de Sentencia. En ninguno de los casos los miembros del Tribunal pueden abstenerse de votar (art. 22, ley 3752, modif. por la ley 4438). El Tribunal actúa con todos sus miembros y ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en las causas que les fueran sometidas sobre competencia o conflictos entre los poderes públicos de la provincia o entre las ramas de un mismo poder; en los conflictos internos de las municipalidades y en los que se susciten entre ellas, y con las autoridades de la provincia; en los juicios de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones o reglamentos que estatuyan en materia regida por la Constitución y que se promuevan directamente ante él por vía de acción; en las acciones de responsabilidad contra sus miembros y demás integrantes de la administración de justicia comprendidos en el art. 1º de la Ley Orgánica, excepto los referidos a los jueces de Paz no Letrados y a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, separados de sus cargos por dicho Jurado; en las causas contencioso-administrativas en el modo y la forma que determine la ley de la materia; en toda actuación no atribuida expresamente a una de las salas y en los conflictos que pudieran plantearse entre las salas del Superior Tribunal de Justicia o las Cámaras entre sí (art. 28, ley 3752, modif. por la ley 4438). Es competencia de la Sala de Asuntos Civiles y Comerciales conocer y decidir de los recursos de casación contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones; de las cuestiones de competencia entre las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, o entre éstas y la Cámara de Paz, y en los recursos de inconstitucionalidad articulados contra sentencias definitivas dictadas en el fuero Civil y Comercial o de Paz Letrada (art. 32, ley 3752).

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Incumbe a la Sala de Asuntos Criminales conocer y decidir en los recursos de amparo de los derechos y garantías individuales y de hábeas corpus instituidos por la Constitución de la provincia en forma originaria o por vía de apelación, que se promovieran del 1 al 15 de cada mes; en los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión contra las sentencias definitivas dictadas en el fuero Penal; en los recursos a que se refieren los arts. 408 y 428 del Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional y en las cuestiones de competencia entre las Cámaras de Apelación en lo Criminal y Correccional (art. 33, ley 3752,modif. por la ley 5870). La Sala de Asuntos Laborales y Minas es competente para conocer y decidir en los recursos de amparo de los derechos y garantías individuales que se promovieran del 16 al 31 de cada mes; en los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión articulados contra las sentencias definitivas dictadas en el fuero Laboral y en las cuestiones de competencia entre las Cámaras de Trabajo y Minas (art. 33 bis, ley 3752, modif. por la ley 5870). Son atribuciones de la Sala de Superintendencia, entre otras, representar al Poder Judicial ante los demás poderes del Estado; nombrar y remover los empleados inferiores de conformidad con las disposiciones reglamentarias, así como remover a los secretarios, funcionarios y empleados de conformidad con esas mismas disposiciones; nombrar a propuesta en terna del Poder Ejecutivo a los jueces de Paz no Letrados y disponer su remoción en los casos previstos por el art. 176 de la Constitución provincial; imponer a los jueces y demás funcionarios judiciales, cuya designación requiera acuerdo legislativo, las sanciones de prevención, apercibimiento, multa de hasta el 50% de la remuneración percibida por un vocal del Superior Tribunal y suspensión no mayor de 30 días; dictar el reglamento interno del Poder Judicial y los reglamentos necesarios para la ordenada terminación de los procesos, con tal que no sean repugnantes a las prescripciones de la ley procesal; tener a su cargo la matrícula profesional de martilleros, procuradores, y toda otra que considere necesario y ordenar la inscripción en ellas de los profesionales que hayan satisfecho los requisitos legales y reglamentarios; practicar cada año, cuantas veces lo considere conveniente, visitas de inspección a los distintos organismos que integran la administración de justicia, y archivo de los tribunales; disponer asuetos judiciales y suspensión de los términos cuando circunstancias especiales así lo requieran, con la debida difusión por los distintos medios de información; ejercer el Poder de Policía sobre todo el Palacio de Tribunales; etc. (art. 35, ley 3752, modif. por las leyes 4438, 4690, 4787, 5653, 5896, 5990, 6685 y 6864). Entre otras, son atribuciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia representar al Tribunal en todos los actos y relaciones oficiales; mandar ejecutar las resoluciones del Tribunal; así como proponerle la adopción de las medidas que juzgue oportuno y expedir las comunicaciones del Tribunal en sus relaciones con los demás poderes, 423   

organismos y auxiliares de la administración de justicia; recibir la prueba que deba practicarse ante el Tribunal, sin perjuicio del derecho de cada miembro de asistir a las audiencias y el de las partes de solicitar la presencia de ellos; cuidar la disciplina en el Tribunal; llevar la palabra en las audiencias, no pudiendo usarse de ella sin su venia; adoptar medidas en casos de urgencia, poniéndolas en conocimiento de la sala en la primera oportunidad y ejercer las demás atribuciones que le confiera el reglamento interno (art. 39, ley 3752). c) Cada Cámara se compone de tres miembros y conoce por orden de nominación y turno que corresponde sucesivamente, del 1 al 15 y del 16 hasta fin de mes de los asuntos de su respectiva competencia. La competencia en las Cámaras de Apelación queda determinada por la fecha de la sentencia, auto o decreto recurrido, salvo lo dispuesto para las Cámaras de Trabajo por el art. 185 (art. 46, ley 3752(63)). Las Cámaras conocen, cada una en su materia, en las cuestiones de competencia entre los jueces de primera instancia; en la recusación y excusación de sus miembros; en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces letrados de primera instancia, de conformidad con las leyes de procedimiento y en los recursos de amparo de los derechos y garantías individuales conforme lo autoriza el art. 22 de la Constitución de la provincia (art. 47, ley 3752). El Tribunal de Menores estará integrado por los vocales de la Cámara en que se radicó la causa. Conocerá en única instancia en el juzgamiento de delitos imputados a menores de 16 a 18 años de edad, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional. Tendrá competencia igualmente para ejercer medidas de control sobre las instituciones públicas vinculadas con éstos, debiendo informar a la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de toda irregularidad comprobada, proponiendo las medidas pertinentes para superarlas (art. 48, ley 3752, modif. por la ley 6472). Las Cámaras de Juicio Oral y Correccional conocen en única instancia de los procesos elevados a juicio, en cuyo caso la sentencia deberá dictarse en debate oral y público (art. 49, ley 3752, modif. por la ley 6483). El Tribunal de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional puede funcionar dividido en salas unipersonales o como tribunal colegiado, para juzgar en única instancia las causas que lleguen a su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos de la materia. En el primer caso, asume la jurisdicción respectivamente cada uno de los vocales que la integran, quienes tienen, en las causas que tramitan individualmente, las atribuciones propias del presidente y del tribunal encargado del proceso (art. 49 bis, ley 3752,incorporado por la ley 6589). Las Cámaras de Trabajo y Minas conocen sin límite de monto en única instancia y en juicio oral, público y continuo a los fines de la 424   

sentencia definitiva, de los conflictos jurídicos individuales del trabajo que se susciten entre empleadores y trabajadores o aprendices, resultantes de una relación o contrato de trabajo, de aprendizaje, de ajuste de servicios, de servicio doméstico y de disposiciones legales reglamentarias o convencionales del derecho laboral o de previsión social; en las demandas por créditos a favor de asociaciones de trabajadores con personería gremial, originadas en obligaciones patronales asumidas en convenciones colectivas de trabajo o en otra forma auténtica; en las tramitaciones de exhortos sobre materia laboral o de previsión social venidos de extraña jurisdicción, cualquiera fuere su naturaleza; en la resolución de las cuestiones que se susciten con motivo de la aplicación en la provincia de las prescripciones emergentes de la ley nacional 12.367 y la ley provincial 3543; en las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud o como accesorios de los contratos de trabajo; en las reclamaciones sobre obtención de certificados de trabajo y en los actos de jurisdicción voluntaria relacionados con cuestiones de trabajo y previsión social o que se refieran a demandas de sumas de dinero; en las demandas de tercería en los juicios de competencia del fuero Laboral y en grado de apelación de las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad administrativa competente con motivo de la aplicación de sanciones por incumplimiento de las leyes de trabajo o previsión social, y en las ejecuciones de sus sentencias, conciliaciones y cobro de multas aplicadas por la autoridad administrativa y competente (art. 50, ley 3752). d) Los jueces en lo Civil y Comercial, ejercen, por orden de turno, la jurisdicción voluntaria y contenciosa en su materia, y entienden en todas las causas civiles y comerciales, cuyo conocimiento no está atribuido especialmente a otros jueces (art. 53, ley 3752). Los jueces de Instrucción en lo Criminal, con asiento en la ciudad Capital, conocen de todos los delitos que se cometan en el territorio de la provincia, con excepción de aquellos cuyo conocimiento está atribuido especialmente a otros jueces. Se distinguen por orden de nominación y conocerán en las causas nuevas cada quince días (art. 55, ley 3752, modif. por la ley 5629). Los jueces de Instrucción en lo Criminal con asiento en la ciudad de La Banda, Añatuya y Frías, lo son también de Instrucción y Sentencia en lo Correccional y tienen jurisdicción, el de La Banda, en los departamentos de La Banda, Robles, Jiménez; el de Añatuya en los departamentos de General Taboada, Avellaneda, Belgrano, Mitre, Aguirre y Rivadavia; y el de Frías en los departamentos de Choya y Guasayán (art. 56, ley 3752, modif. por la ley 4787). Los jueces de Instrucción y Sentencia en lo Criminal conocen en segunda y última instancia de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por las autoridades policiales, municipales o 425   

administrativas, conforme lo determinen las leyes especiales (art. 59, ley 3752, modif. por la ley 4438). El Juzgado de Menores está a cargo de un juez de Menores que entiende, en grado de primera instancia, en todas las causas en que resulte de aplicación la ley 5504 (Ley de Protección del Menor y la Familia) y modificatorias que en lo sucesivo hubiere y delimitativas de su competencia en razón de la materia (art. 60, ley 3752, modif. por la ley 5655). Los jueces en lo Civil y Comercial y de Instrucción en lo Criminal conocen de los recursos de amparo contra los derechos y garantías individuales conforme lo autoriza el art. 22 de la Constitución de la provincia (art. 61, ley 3752, modif. por la ley 4438). e) La Cámara de Paz tiene su asiento en la ciudad Capital y está formada por tres miembros. Conoce de las cuestiones de competencia entre los jueces de Paz; de la recusación y excusación de sus miembros y de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Paz Letrados (arts. 66 y 68, ley 3752,modif. por la ley 4787). Conoce también de los recursos de amparo de los derechos y garantías individuales previstos por el art. 22 de la Constitución de la provincia (art. 69, ley 3752). Los jueces de Paz Letrados ejercen competencia territorial en todo el territorio de la provincia con exclusión de la atribuida a los jueces en lo Civil y Comercial con asiento en las ciudades de La Banda, Añatuya y Frías (art. 79, ley 3752, modif. por la ley 4787). Los jueces de Paz Letrados conocen dentro de la circunscripción territorial asignada por el artículo anterior en toda clase de asuntos civiles y comerciales, sean de conocimiento o de ejecución, en que el valor cuestionado no exceda del monto que establezca la Sala de Superintendencia y se susciten dentro del ejido municipal donde tiene asiento el juzgado; de las demandas por desalojo, resolución, cumplimiento, cobro de alquileres y demás cuestiones vinculadas con el contrato de locación, cuando el alquiler no excediere del monto que establezca la Sala de Superintendencia por mes, y las que se promuevan contra intrusos o tenedores precarios cuya obligación sea exigible cuando la tasación fiscal del inmueble no excediere del monto que establezca la Sala de Superintendencia en todos los casos, haya o no contrato escrito; en el resto de su circunscripción en toda clase de asuntos civiles y comerciales en que el valor cuestionado no exceda ni baje de los montos que establezca la Sala de Superintendencia; de las demandas reconvencionales que no excedan de su competencia; de las tercerías en las causas de su competencia; de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Paz no Letrados; de las acciones de amparo de los derechos y garantías acordadas por la Constitución de la provincia; de los juicios sucesorios cuyo haber hereditario no exceda prima 426   

facie del monto que establezca la Sala de Superintendencia; de las demandas civiles y comerciales contra las sucesiones a que se refiere el inciso anterior, cualquiera sea el monto o naturaleza; de las ejecuciones prendarias o hipotecarias hasta el monto de su competencia y de las informaciones sumarias que se refieran a juicios de su competencia. Queda excluida de esta competencia la materia referente a concursos y quiebras (art. 80, ley 3752, modif. por la ley 5653). La competencia se determina por el monto de la demanda, pero subsistirá en el supuesto de que durante el transcurso del proceso aquélla se amplíe con motivo del vencimiento de nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede. A los fines de determinar el monto de la demanda no se computarán los accesorios hipotéticos o inciertos. Cuando el bien que se reclama no sea una suma de dinero, pero sí un bien susceptible de apreciación pecuniaria, el actor debe estimar el valor bajo juramento; sin embargo, el juez podrá desechar esa estimación si de las circunstancias de autos surge que ella es arbitraria o desproporcionada. Aceptada por el juez la estimación, su decisión es irrecurrible a los fines de su competencia. Si el bien que se reclama no es susceptible de apreciación económica, es competencia del juez de primera instancia en lo Civil y Comercial (art. 81, ley 3752, modif. por la ley 4438). Mediando acumulación objetiva o subjetiva de acciones se determina la competencia en razón del valor, considerándolas a cada una por separado (art. 82, ley 3752, modif. por la ley 4438). La justicia de Paz no Letrada es ejercida por jueces de Paz Departamentales con asiento en la cabecera de los departamentos provinciales o en poblaciones con importancia equivalente y por jueces de Paz de Distrito en las poblaciones y villas que a juicio de la autoridad competente resulte conveniente (art. 84, ley 3752). Conocen en primera instancia de los asuntos civiles y comerciales cuyos montos apreciados prima facie no excedan de los montos que establezca la Sala de Superintendencia ante los jueces de Paz Departamentales y ante los de Distrito; de las demandas reconvencionales que no excedan de su competencia; de los juicios sucesorios cuando todos los herederos sean mayores de edad y cuando el caudal prima facie no exceda el monto que establezca la Sala de Superintendencia. En los casos de sucesorios ab intestato sea cual fuere la cuantía si el causante no hubiera dejado herederos forzosos o éstos fueran menores o incapacitados, previo inventario, dará cuenta inmediatamente al juez competente; de los juicios divisorios siempre que el valor de los bienes no exceda prima facie del monto que establezca la sala de superintendencia y de las sumarias informaciones al efecto de acreditar la vecindad (art. 90, ley 3752, modif. por la ley 5653). En ningún caso es atribución de los jueces de Paz no Letrados la protocolización de testamentos ológrafos, la apertura de los sobres 427   

cerrados, las causas que versen sobre derechos reales, los juicios posesorios, los matrimoniales y los concernientes al estado civil de las personas, y los de jurisdicción voluntaria (art. 91, ley 3752). La ley reseñada contiene asimismo numerosas normas relativas al Ministerio Público, al inspector de protocolos notariales, a los secretarios, prosecretarios y empleados, al Registro Público de Comercio, a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, al Cuerpo Médico Forense y a los abogados, procuradores, peritos y martilleros.

157. Tierra del Fuego a) El Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego es ejercido por el Superior Tribunal de Justicia; las Cámaras de Apelaciones; los Tribunales de Juicio en lo Criminal; los jueces de primera instancia; los jueces Correccionales y los jueces de Instrucción (art. 1º, ley 110). El Superior Tribunal de Justicia se integra con tres miembros y tiene jurisdicción en todo el territorio de la provincia. Su sede está ubicada en la ciudad de Ushuaia, sin perjuicio de que, por razones de necesidad derivadas de una mejor prestación y control del servicio de justicia, sus miembros dispongan trasladarse a otro distrito, en pleno o individualmente, por el tiempo que demande la necesidad (art. 32, ley 110). Por votación de sus miembros se designa un presidente y un vicepresidente. Asimismo debe delegar en uno de sus miembros la Presidencia del Consejo de la Magistratura y se turnan anualmente en dichas funciones (art. 33, ley 110). Dicho Tribunal conoce y decide en las acciones, recursos, cuestiones y conflictos de jurisdicción y competencia establecidos en los arts. 157 y 158 de la Constitución de la provincia, y en los que establezcan las legislaciones procesales de los distintos fueros (art. 35, ley 110). Tiene, además de su potestad jurisdiccional, y entre otros, los deberes y atribuciones establecidos en los arts. 132, 135, inc. 15, 142, 156 y 159 de la Constitución provincial; proyectar y disponer la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos asignado al Poder Judicial; designar, promover, trasladar, sancionar y remover a los funcionarios y empleados en la forma que establezca la ley; ejercer el control de la conducta funcional de los magistrados, funcionarios y empleados, pudiendo imponerles sanciones disciplinarias cuando incurrieren en faltas que no sean de aquellas que autoricen su juzgamiento ante el Jurado de 428   

Enjuiciamiento; pasar los antecedentes al fiscal ante el Superior Tribunal para que formule la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, cuando las faltas sean de competencia de dicho cuerpo; practicar no menos de dos visitas al año a las cárceles y lugares donde se encuentren alojados los detenidos, procesados y penados a disposición del Poder Judicial de la provincia y realizar al menos una vez al año inspecciones a los juzgados y tribunales inferiores, pudiendo encomendarse esta misión a uno de sus miembros; acordar licencia a magistrados, funcionarios y empleados judiciales de acuerdo con lo que disponga la reglamentación; ordenar la inscripción de peritos, martilleros y síndicos que se presenten para actuar como auxiliares de justicia, reglamentando la manera de ser designados; dictar su reglamento interno, así como las acordadas instrumentales de la Ley Orgánica y de los Códigos de Procedimiento, y los demás que establecen la Ley Orgánica y otras leyes (art. 36, ley 110). Son atribuciones del presidente, entre otras, representar al Superior Tribunal de Justicia en todo acto oficial y librar las comunicaciones de éste en sus relaciones con los demás poderes; ejecutar sus decisiones; llevar la palabra en las audiencias y concederla a los demás jueces y a las partes; decretar las providencias simples, sin perjuicio del recurso de reposición ante el Tribunal; velar por el orden y la regularidad del despacho; conceder las licencias de acuerdo con lo que disponga el reglamento; recibir juramento a los magistrados, funcionarios y demás auxiliares judiciales antes de que éstos tomen posesión de sus respectivos cargos; convocar a los acuerdos del Tribunal; disponer que se entreguen los expedientes a los restantes miembros para su estudio, con anterioridad a los acuerdos; recibir la prueba que haya de producirse ante el Superior Tribunal y ejercer todas las facultades que expresamente le sean concedidas por las acordadas del Tribunal (art. 39, ley 110). b) En cada distrito judicial funciona un Tribunal de Juicio en lo Criminal. Están integrados por tres jueces, que deben reunir los requisitos exigidos para los jueces de Cámara y conocen y deciden en instancia única sobre los hechos pasibles de sanción penal, según establezca el Código Procesal de la materia (art. 42, ley 110). En cada distrito judicial funciona, asimismo, un Juzgado Correccional, que conoce y decide en instancia única sobre los hechos pasibles de sanción penal que establezca el Código Procesal de la materia y en los recursos en materia contravencional o de faltas (art. 43, ley 110). En cada distrito judicial funcionan dos Juzgados de Instrucción, que tienen competencia en la investigación de los delitos de acción penal pública (art. 44, ley 110). c) La Cámara de Apelaciones, con competencia en todo el territorio de la provincia y sede en la ciudad de Río Grande, estará integrada por seis jueces que actuarán divididos en dos salas de tres jueces cada una: una 429   

Sala Penal y una Sala en lo Civil, Comercial y del Trabajo (art. 48, ley 110 modif. por ley 753). d) Los asuntos de naturaleza civil (con excepción de los regidos por el derecho de familia), comercial, rural y minera, son atendidos por los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que funcionan en razón de dos por cada distrito judicial (art. 52, ley 110, modif. por la ley 831). El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo entiende en los conflictos jurídicos que tengan lugar entre empleadores y trabajadores, aprendices o sus derechohabientes, regidos por la legislación en la materia y los convenios colectivos; en grado de apelación de las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad administrativa por infracción a las leyes del trabajo, de acuerdo con las normas especiales que rigen la materia; en la ejecución de las resoluciones administrativas dictadas cuando las partes hubieran sometido a arbitraje algunas de las cuestiones previstas en el inc. a), y de las multas por infracción a las leyes laborales y en los asuntos contencioso-administrativos previstos en el art. 154, inc. 2º, de la Constitución provincial (art. 53, ley 110). Los Juzgados de Familia y Minoridad entenderán en las causas referentes al derecho de familia, adopciones, régimen civil de la minoridad, incapaces, presunción de fallecimiento, acciones vinculadas con el nombre de las personas, régimen penal de menores y en las acciones y procedimientos establecidos por la ley provincial 39. Se constituirán dos en cada Distrito Judicial. El segundo Juzgado será instalado cuando el Superior Tribunal de Justicia lo estime adecuado, encontrándose asimismo facultado para dividirlos por especialidad, en Juzgado de Familia y Juzgado de Menores. Cada Juzgado actuará asistido por dos secretarios, divididos por especialidad, de Familia y Menores (art. 54, ley 110, modif. por ley 734). Las decisiones de los jueces de Familia y Minoridad son apelables ante la Sala Civil, Comercial y del Trabajo, cualquiera sea la legislación de fondo aplicada en la resolución del caso (art. 57, ley 110). La competencia electoral es ejercida por el juez de primera instancia electoral que tiene asiento en la ciudad de Ushuaia y competencia en todo el territorio provincial y sus resoluciones son recurribles, en los casos que la ley establezca, ante la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones. e) En su art. 60, la ley prevé la organización de la justicia vecinal para atender las cuestiones de afectación al recto desempeño comunitario de sus habitantes, que fueren objetivamente de menor cuantía, por una ley complementaria, la que deberá disponerse como ocurre en la mayoría de las provincias cuya organización judicial se ha reseñado. La ley 110 regula también el funcionamiento del Ministerio Público. 430   

158. Tucumán a) El Poder Judicial de la provincia de Tucumán es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, quien lo preside y representa; por el Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, las Cámaras en lo Penal, de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, en lo Civil y Comercial Común, en lo Civil en Documentos y Locaciones, en lo Civil en Familia y Sucesiones, en lo Contencioso Administrativo y del Trabajo; y los jueces de Correccional, Contravencionales, Instrucción de Menores, en lo Civil y Comercial Común, de Concursos y Sociedades, en lo Civil en Documentos y Locaciones, en lo Civil en Familia y Sucesiones, de Conciliación y Trámite, y de Paz; y por el Ministerio Público (Constitución provincial, secc. V). La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción tendrán competencia territorial en toda la provincia. Los demás, en las divisiones territoriales que la ley determina (art. 1º, ley 6238, modif. por la ley 7729). La Corte Suprema de Justicia está integrada por cinco vocales que deben elegir cada dos años, de entre sus miembros, un presidente y al vocal decano. Para este último se preferirá al de mayor antigüedad en el cargo o el de más edad y cumplirá las funciones de presidente alterno, sustituyendo a aquél, cuando por cualquier motivo no pueda ejercer sus funciones (art. 11, ley 6238). El Tribunal se divide en salas, integradas por tres miembros cada una. Cada sala tiene la competencia que aquél le asigne dentro de la genérica que le atribuye la ley (art. 12, ley 6238). Entre otras atribuciones, la Corte ejerce la superintendencia de la administración de justicia, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Fiscal y de la delegación que establezca respecto del Centro Judicial de Concepción; nombra y remueve a su personal; fija el régimen disciplinario para magistrados, funcionarios, auxiliares y empleados y el procedimiento aplicable, que deberá contemplar el sumario administrativo previo, salvo los simples llamados de atención y apercibimientos; aplica sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios, auxiliares y empleados judiciales, de conformidad al régimen y procedimientos que se fijen; dicta el régimen de asistencias, licencias y franquicias de los magistrados, funcionarios y empleados; reglamenta la matrícula de los peritos judiciales, traductores e intérpretes; regula el funcionamiento de los organismos auxiliares y demás reparticiones que la ley coloque bajo su dependencia; crea los organismos o contrata las prestaciones que estime 431   

necesarios para el mejor servicio de justicia; asigna a tribunales, salas o juzgados, dentro de la competencia general atribuida por la ley y conforme a las necesidades de especialización, competencia excluyente para conocer en materia o materias determinadas dentro de cada Centro Judicial; prepara y eleva el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Poder Ejecutivo para su consideración por la Legislatura dentro del presupuesto general de la provincia; fija los aranceles que deban abonar los litigantes a los jueces de Paz, oficiales de justicia y demás auxiliares; dicta los acuerdos necesarios para el funcionamiento interno del Poder Judicial y ejerce las demás atribuciones que le confieran las leyes (art. 13, ley 6238). Corresponde al presidente de la Corte representar al Poder Judicial; ejercer las atribuciones de superintendencia delegadas por el Tribunal y proveer en las no delegadas, en caso de urgencias, con cargo de dar cuenta; dictar las providencias de mero trámite, sin perjuicio del recurso de reposición; ordenar y distribuir el despacho del Tribunal y cuidar de su disciplina y economía interior y ejercer las demás funciones que le confieran las leyes provinciales y los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia (art. 15, ley 6238). En la provincia de Tucumán, actuarán Cámaras en lo Penal, de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, en lo Civil y Comercial Común, en lo Civil en Documentos y Locaciones, en lo Civil en Familia y Sucesiones, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la competencia que les asigna la ley (art. 17, ley 6238, modif. por la ley 7312). b) La Cámara en lo Penal se compone de salas integradas por tres miembros (art. 22, ley 6238). La Cámara en lo Civil y Comercial Común se compone de un presidente, un vicepresidente, si resulta menester, y salas integradas por dos miembros. El presidente y el vicepresidente deben pertenecer a salas distintas (art. 28, ley 6238). La Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones se compone de un presidente, un vicepresidente, si es menester, y salas integradas por dos miembros. El presidente y el vicepresidente deben pertenecer a salas distintas (art. 31, ley 6238). La Cámara en lo Civil en Familia y Sucesiones se compone de un presidente, un vicepresidente, si es menester, y salas integradas por dos miembros. El presidente y vicepresidente deben pertenecer a salas distintas (art. 34, ley 6238). La Cámara del Trabajo se compone de salas integradas por dos miembros. De entre éstos deben elegir un presidente y vicepresidente, que deben pertenecer a salas distintas (art. 37, ley 6238).

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo se compone de tres salas integradas por dos miembros cada una. De entre éstos deben elegir a un presidente y a un vicepresidente, que deben pertenecer a salas distintas (art. 40, ley 6238, sustituido por la ley 6490). c) En la provincia de Tucumán actuarán jueces Correccionales, de Instrucción, de Menores, en lo Civil y Comercial Común, de Concursos y Sociedades, en lo Civil en Documentos y Locaciones, en lo Civil en Familia y Sucesiones, de Conciliación y Trámite y Contravencionales (art. 43, ley 6238, modif. por la ley 7729). d) La Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer y resolver originaria y exclusivamente en pleno en las causas en que la provincia sea parte conforme al art. 18 de la Constitución provincial, y en los supuestos previstos por leyes especiales; de las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común; de las acciones de responsabilidad civil promovidas contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con motivo del ejercicio de sus funciones, sin necesidad de remoción previa; conocer y resolver en pleno de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y por intermedio de sus salas de los recursos que las leyes procesales acuerden; de la recusación o inhibición de sus vocales y por vía de recursos la de los miembros de las Cámaras y de las quejas por denegación o retardo de justicia de los miembros de los tribunales colegiados (art. 50, ley 6238). La Cámara en lo Penal juzga en única instancia los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro Tribunal (art. 51, ley 6238, modif. por la ley 7312). La Cámara en lo Civil y Comercial Común entiende en última instancia de los recursos que se interpongan contra las sentencias y resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial Común y jueces de Concursos y Sociedades; en las cuestiones de competencia entre los jueces de primera instancia; en las recusaciones o inhibiciones de sus propios miembros; como Tribunal de Alzada en las recusaciones de los jueces de primera instancia; en los recursos contra las resoluciones del juez del Registro Público de Comercio y en los recursos establecidos por leyes especiales (art. 53, ley 6238, modif. por la ley 7729). La Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones entiende en última instancia de los recursos que se interpongan contra las sentencias y resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia en lo Civil en Documentos y Locaciones; en las cuestiones de competencia entre los jueces de primera instancia; en las recusaciones o inhibiciones de sus propios miembros; como Tribunal de Alzada en las recusaciones de los jueces de primera instancia y en los recursos establecidos por las leyes especiales (art. 54, ley 6238).

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La Cámara en lo Civil en Familia y Sucesiones entiende en última instancia de los recursos que se interpongan contra las sentencias y resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones; en las cuestiones de competencia entre los jueces de primera instancia; en las recusaciones o inhibiciones de sus propios miembros; como Tribunal de Alzada en las recusaciones de los jueces de primera instancia y en los recursos establecidos por leyes especiales (art. 55, ley 6238). La Cámara del Trabajo conoce como tribunal de única instancia en los juicios ordinarios del trabajo; en grado de apelación de las resoluciones de los jueces de conciliación, en los casos que el Código de Procedimientos del Trabajo autorice; en las cuestiones de competencia entre los jueces de Conciliación y Trámite; en las recusaciones o inhibiciones de sus propios miembros; como Tribunal de Alzada en las recusaciones de los jueces de Conciliación y Trámite y en los recursos establecidos por leyes especiales (art. 56, ley 6238). La Cámara en lo Contencioso Administrativo juzgará en las causas en las que el acto o hecho jurídico constitutivo de la acción sea de naturaleza administrativa o tributaria (art. 57, ley 6238, modif. por la ley 7790). Exceptúase de esa competencia los juicios de expropiación y retrocesión; los recursos judiciales contra sanciones de naturaleza contravencional; el cobro de tributos y de todas las sanciones pecuniarias, cualesquiera fueren los procedimientos judiciales previstos a tal efecto y las acciones judiciales contra las decisiones administrativas emanadas de la Inspección General de Personas Jurídicas (art. 58, ley 6238). El juez Correccional juzga en única instancia los delitos tipificados en los arts. 84, 189, 2ª parte, y 203 del Código Penal, y de los delitos de acción pública que estuvieren reprimidos con prisión no mayor de tres años o pena no privativa de la libertad (art. 59, ley 6238, modif. por la ley 7023). Al juez de Instrucción le incumbe practicar la investigación jurisdiccional en las causas donde existen obstáculos fundados en privilegios constitucionales, las medidas que le correspondan durante la investigación fiscal y la investigación sumaria previa al desafuero y juicio político (art. 60, ley 6238, modif. por las leyes 6256y 6756). Los jueces en lo Civil y Comercial Común entienden en todos los asuntos regidos por el Código Civil, Código de Comercio, leyes complementarias y especiales y no asignados de modo expreso a la competencia de otros fueros civiles; en el recurso previsto por el art. 99, inc. b), de la Ley Orgánica; en los que las leyes especiales establezcan y en las acciones derivadas de la opción establecida por el art. 16 de la ley 24.028 (Ley de Accidentes de Trabajo), cuando el trabajador o sus causahabientes hubiesen optado por la acción indemnizatoria de derecho civil (art. 61, ley 6238, modif. por la ley 6379). 434   

Los jueces en lo Civil en Documentos y Locaciones conocen en los casos de locaciones y tenencias precarias de bienes inmuebles urbanos o rurales; de bienes muebles y de locaciones en general, con excepción de las de orden laboral, así como en los desalojos por cualquier causa; en todos los cobros monetarios, sean civiles o comerciales, cualquiera sea su monto, con garantía real o sin ella, documentados o no, tales como apremios, ejecutivos, ordinarios, prendarios, hipotecarios y análogos, con excepción de los derivados del cumplimiento de contratos y de las acciones de daños y perjuicios; en grado de apelación y última instancia de las resoluciones definitivas de los jueces de Paz; en los reclamos, por vía de recurso, de las cuestiones resueltas por los jueces de Paz a que refieren los arts. 44 y 49 del Código de Procedimientos Civil y Comercial; en las cuestiones de competencia, recusaciones e inhibiciones de los jueces de Paz y en grado de consulta en los casos de amparo a la tenencia resuelta por los jueces de Paz, debiendo aprobar, enmendar o revocar lo actuado por los éstos (art. 62, ley 6238, sustituido por la ley 6256). Los jueces en lo Civil en Familia y Sucesiones conocen en todos los casos en que se suscitan conflictos en las relaciones de familia; en los problemas relativos a menores que plantearen sus padres, tutores, guardadores o defensores; en las sucesiones legítimas o testamentarias; en grado de apelación y última instancia de las resoluciones o sentencias que dicten los jueces de Paz, previstas en el art. 65, inc. d), y en todos los casos en los que sea aplicable el procedimiento generado por la ley de violencia familiar (art. 63, ley 6238, modif. por la ley 7264). Los jueces de Conciliación y Trámite conocen en la tramitación de los juicios ordinarios hasta su elevación a Cámara; en las cuestiones incidentales; en los supuestos de terminación excepcional de los procesos; y como jueces de sentencia en los procedimientos especiales; en la homologación de convenios; en la imposición de costas y honorarios, y en grado de apelación y última instancia de las sentencias que dicten los jueces de Paz por cobro de salarios (art. 64, ley 6238). Los jueces de Paz entienden, en tanto jueces, en los asuntos civiles y comerciales cuyo monto no exceda al equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, con exclusión de juicios de Familia, sucesorios, desalojos, concursos, quiebras y todo tipo de juicios especiales; en las reconvenciones en tales asuntos cuyo monto no exceda el duplo del fijado en el inciso anterior; en las demandas por cobro de salarios hasta el monto que fijare la Corte Suprema de Justicia; cuando se reclame el amparo a la simple tenencia de un fundo o finca; para efectuar inventarios en caso de sucesiones por causa de muerte en supuesto de urgencia y disponer medidas de seguridad de los bienes sin afectar el desenvolvimiento de la explotación, si la hubiere, y podrá designar depositario y en las cuestiones que les asigna el Código Rural; en tanto agentes judiciales les incumbe cumplir las diligencias y actuaciones que los magistrados les encomendaren, pudiendo delegar tal facultad en empleados del juzgado; 435   

desempeñarse como agentes del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; comunicar a los Defensores de Menores los casos de orfandad, abandono, peligro material de los menores de edad, cuando tales casos lleguen a su conocimiento, sin perjuicio de las medidas de urgencia que pudieren haber; desempeñar las demás tareas que les atribuyen las leyes especiales y la Corte Suprema de Justicia; en tanto notarios pueden autorizar poderes en lugares donde no hubiere escribanos, ante dos testigos y deberán dejar el original de dicho poder en el respectivo protocolo y también tomar declaraciones juradas y practicar constataciones y matricular comerciantes, rubricar sus libros de comercio, dejando archivados los documentos en los protocolos correspondientes si el capital activo no excede del que fijare la Corte Suprema de Justicia (art. 65, ley 6238). Los jueces contravencionales entienden en grado de apelación y última instancia, de las resoluciones definitivas de carácter punitorio de la provincia, de las municipalidades y tribunales de faltas, cualesquiera sean las penas impuestas y de las resoluciones que en materia contravencional tome la Policía de la provincia y que fueren de orden punitivo (art. 65 bis, ley 6238). Completan la Ley Orgánica las normas concernientes al Ministerio Público, a los secretarios y al Registro Público de Comercio.

159. Ciudad Autónoma de Buenos Aires a) Con fundamento en una errónea comprensión del art. 129 de la CN que otorga a la ahora denominada Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultades propias de legislación y jurisdicción, y con prescindencia del carácter nacional que revisten, según se ha visto, los juzgados y tribunales más arriba mencionados (supra, nros. 133 a 135), la Legislatura local sancionó la ley 7, mediante la cual dispuso el traspaso condicional, a dicha ciudad, de los referidos órganos judiciales, con excepción de aquellos que ejercen competencia federal exclusiva y de algunas salas de la Cámara Nacional de Casación Penal. En razón de hallarse vigente la ley 24.588, y que deberá estarlo mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación, dicho traspaso no se hizo efectivo, por cuanto el art. 8º de ese ordenamiento dispuso que la judicatura nacional ordinaria mantendrá su situación en el Poder Judicial de la Nación y que la Ciudad de Buenos Aires tendrá jueces en materia de vecindad, contravencional y tribunales locales. Por ello, la primera norma transitoria de la ley 7suspendió la vigencia de los artículos relativos al funcionamiento de los

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órganos judiciales nacionales de los fueros ordinarios, condicionándolo al acuerdo que el Gobierno de la Ciudad celebre con el Gobierno federal. Al margen de lo expuesto, la ley 7creó, en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, un Tribunal Superior de Justicia integrado por cinco jueces (art. 21), y dotado de competencia originaria para conocer en los conflictos suscitados entre los poderes de la Ciudad y en las demandas promovidas por la Auditoría General; en las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad y en materia electoral y de partidos políticos hasta que se constituya el Tribunal Electoral; por vía de recurso de inconstitucionalidad; en los casos de privación, denegación o retardo de justicia y de recursos de queja contra denegatoria de recursos para ante el Tribunal Superior; en instancia ordinaria de apelación en las causas en que la Ciudad sea parte cuando el monto reclamado exceda al que se establezca legalmente, y de las cuestiones de competencia y las contiendas que en juicio se planteen entre jueces y tribunales de la Ciudad que carezcan de un superior jerárquico común que deba resolverlas (art. 26, modif. por la ley 189). La ley de que se trata creó asimismo una Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas integrada por diez jueces, dividida en tres salas de tres y un presidente, siendo Tribunal de Alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas (art. 36, modif. por la ley 3318). El art. 37 de la ley 7instituyó también una Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario integrada por seis jueces, que funciona dividida en dos salas de tres y es Tribunal de Alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces en lo Contencioso Administrativo y Tributario. La justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributaria está integrada por veinticuatro juzgados que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como en el del derecho privado (art. 48, modif. por la ley 3318). La justicia de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas está integrada por treinta y un juzgados que conocen en la aplicación del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la legislación de faltas y los delitos tipificados en el Código Penal cuyas competencias se hayan transferido a la Ciudad de Buenos Aires. Tres de los treinta y un Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas impartirán justicia en materia penal juvenil hasta tanto se constituya la Justicia Penal Juvenil. Para los delitos criminales cuya pena en abstracto supere los tres años de prisión o reclusión, se constituirá, a opción del imputado, un tribunal conformado por el juez de la causa y dos jueces sorteados de entre los juzgados restantes (art. 49 modif. por ley 3318).

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La ley 7, asimismo, contiene reglas sobre el Ministerio Público que integra el Poder Judicial local y el procedimiento para la designación de jueces y miembros de dicho ministerio por la Legislatura. b)(64)"1. Con fundamento en la 'autonomía' y, particularmente, en las 'facultades propias' de 'jurisdicción' que acuerdan a la Ciudad de Buenos Aires el art. 129 de la Constitución Nacional reformada en 1994, algunos funcionarios de la actual administración expresan periódicamente la necesidad de transferir, a dicha Ciudad, los órganos judiciales que ejercen en su territorio la denominada 'competencia ordinaria', previa derogación, naturalmente, del art. 8º de la ley 24.588 (ADLA LV-E-5921). "En razón de que tales declaraciones se hallan por lo general unidas a la afirmación —errónea a mi juicio— de que la Ciudad de Buenos Aires es, con posterioridad a la reforma constitucional, asimilable a las provincias argentinas, antes de entrar de lleno en la materia que es objeto de esta comunicación, resulta conveniente analizar previamente la naturaleza política e institucional de ese distrito. "2. Incluido parcialmente entre las cláusulas del llamado 'Pacto de Olivos', el nuevo art. 129 de la Constitución prescribe que 'la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de Gobierno será elegido directamente por el pueblo de la Ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan al respecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones'. "3. Los parámetros excesivamente esquemáticos que suministra el mencionado art. 129 han desatado marcadas divergencias en torno a la naturaleza jurídica de la Ciudad de Buenos Aires, a las que no han sido naturalmente ajenas las mezquinas motivaciones políticas que generaron la celebración del referido Pacto. "Aunque la polémica continúa, a esta altura ha quedado sin embargo clara una primera conclusión, y es que la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de la ubicación que se dio al art. 129 en el texto constitucional de 1994 (o sea, en el Título destinado a regular los 'Gobiernos de provincia'), no es una provincia argentina más. "Al margen, en efecto, de las declaraciones contenidas en una resolución de la Asamblea Estatuyente aprobada con el voto de los representantes de la Unión Cívica Radical, el Frepaso y Nueva Dirigencia (1), en el precedente de Fallos 322:2856 y en las causas E.139.XXXV y E.103.XXXVI del 7/3/2000 y 16/5/2000, entre otras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia argentina y, en consecuencia, no le corresponde la instancia 438   

originaria del Tribunal en los términos del art. 117 de la Constitución Nacional. "De ello se deriva, asimismo, que, más allá de que ha perdido toda justificación el fuero federal por razón de distinta vecindad o extranjería contemplado por el art. 116 de la Constitución Nacional, aquél no podría ser invocado por el vecino de una provincia o por un Estado o ciudadano extranjero que es demandado ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. "4. Pero si la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, ¿qué carácter institucional reviste en la realidad? "Se han formulado al respecto diversas opiniones. García Lema (2), quien fue miembro coinformante del despacho mayoritario en la Convención Constituyente, expresó que 'la ciudad es más que un municipio, pero menos que una provincia: no puede dictarse una Constitución como están habilitados para hacerlo los Estados provinciales, sino un mero estatuto organizativo', y sus facultades están drásticamente limitadas por la ley de garantía de los intereses federales, aunque se halla parcialmente asimilada a una provincia en cuanto puede ser objeto de la intervención federal —art. 72, inc. 22— (3) y conservar los organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales —art. 125—. "Dromi y Menem (E.) adhieren a una solución similar —cuantitativa y no cualitativa—, en cuanto caracterizan a la Ciudad de Buenos Aires como una semiprovincia o una cuasi provincia, cuyo territorio se encuentra íntegramente federalizado (4). De esa idea participa, en lo sustancial, Sagüés (5), quien siguiendo el criterio de Lewandowsky (6) atribuye a Buenos Aires un estatus análogo a la ciudad de Brasilia, que es un 'ente autónomo tutelado', cuya primordial función consiste en servir de sede al gobierno federal. Pero quien con mayor acierto caracterizó a la Ciudad de Buenos Aires conforme al estatus que le otorgó el art. 129 de la Constitución Nacional fue, a mi juicio, Alberto Natale, quien definió a esa ciudad como un ente insertado en el plano de la autonomía municipal (7). "5. Descartada, por consiguiente, la calidad provincial de la Ciudad de Buenos Aires, y con mayor razón la de Estado que le confiere el art. 7º del Estatuto Organizativo, en tanto que aquélla, como es obvio, carece de 'soberanía', así como las tesis intermedias que nada explican, cabe concluir que la Ciudad de Buenos Aires es, lisa y llanamente, una municipalidad y que la única diferencia que la separa del régimen legal vigente hasta 1994 radica en la circunstancia de que, conforme al art. 129 de la Constitución Nacional, su jefe de gobierno es elegido por el pueblo de la Ciudad (8) y los actos jurisdiccionales emitidos por sus tribunales no se hallan sujetos a control judicial ejercido por la justicia con competencia ordinaria (9).

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"Cuadra agregar que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires ejercían asimismo facultades legislativas exteriorizadas mediante ordenanzas de contenido acotado por la Ley Orgánica municipal. "No se trata, empero, en honor a la verdad histórica, de una municipalidad más de las 2751 existentes en el país porque, como bien se ha observado, la Ciudad de Buenos Aires es, como dice Spota (10), el más importante conglomerado urbano que la República ostenta, y uno de los primeros veinte en el planeta, y agregaría, por mi parte, que de no hallarse sumida en el lamentable estado de suciedad, inseguridad y caos vehicular en la que la han dejado la deficiente administración de los jefes de gobierno soberanamente elegidos por el pueblo de la Ciudad, debería exhibir —conforme a la terminología hotelera— el título de Municipalidad de 'Cinco Estrellas'. "6. No alteran la mencionada conclusión ciertos aspectos diferenciales que fueron destacados por la doctrina y por algunos de los convencionales constituyentes. "Por supuesto que no es un rasgo distintivo de la Ciudad de Buenos Aires su 'autonomía', pues el art. 123 de la Constitución Nacional reformada declara la 'autonomía' de todos los municipios, conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema a partir del caso 'Rivademar' (11), aunque tal calificativo puede prestarse a objeciones (12) cuando se parte de la base de que la autonomía supone la existencia de un poder normativo propio y originario como el que, en nuestro país, ejercen las provincias que lo integran (13). "7. Asimismo, no parece discutible que la Ciudad de Buenos Aires carece de los poderes conservados por las provincias conforme a la cláusula residual del art. 121 de la Constitución Nacional, y que tampoco ha sido creada con sujeción a las prescripciones contenidas en los arts. 13 y 75, inc. 15, de esa Carta. "8. Si a ello se agrega el elocuente silencio que con respecto a dicha ciudad guardan los arts. 75, inc. 12, y 116 de la Constitución, no cabe la menor duda de que aquélla se halla desprovista de jurisdicción en lo que concierne a la aplicación de los Códigos enumerados en la primera de las normas citadas, porque, además, el ordenamiento constitucional sólo contempla la competencia de la justicia federal y de la provincial, según los casos (normas citadas), y no ha creado una tercera categoría de órganos judiciales para ejercer ese tipo de competencia. "9. El referido silencio es por lo demás congruente con una interpretación armónica del régimen constitucional argentino y no puede, por consiguiente, atribuirse a un mero 'olvido' o inadvertencia de los constituyentes, según se ha insinuado por alguna solitaria doctrina pues, como lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la inconsecuencia o falta de previsión jamás se suponen en el legislador (menos aún en el constituyente), y por ello se reconoce como 440   

regla inconcusa que la interpretación de las leyes (y con mayor razón de la Constitución) debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas con las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (14). "10. La 'autonomía' plena de la Ciudad de Buenos Aires se halla en todo caso supeditada al requisito esencial de que aquélla deje de ser Capital de la Nación. De allí lo prescripto en el art. 129, párr. 2º, de la Constitución Nacional, y el claro fundamento de la ley 24.588, con arreglo a cuyo art. 8º, párr. 1º, 'la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación'. "La solución no podría ser otra si se tiene presente que la llamada 'justicia ordinaria' con asiento en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra comprendida entre los 'demás tribunales inferiores' a que alude el art. 108 de la Constitución Nacional, y que se halla además superada, desde hace largo tiempo, la supuesta distinción entre jueces federales y locales de la Capital Federal. Todos ellos, en efecto, forman parte del Poder Judicial de la Nación, y si algunos ejercen competencia exclusivamente federal y otros la ordinaria (generalmente, empero, con parte de competencia federal), tal circunstancia no obedece a una razón constitucional, sino a una elemental necesidad de división del trabajo. No mediaría, por ende, impedimento jurídico alguno para que todos los jueces con sede en la Capital Federal, en tanto jueces de la Constitución, ejerzan indistintamente las competencias federal y ordinaria, como ocurría con los jueces federales del ex Territorio Nacional de la Tierra del Fuego. "11. De lo expuesto se sigue, con evidencia, que las 'facultades propias de jurisdicción' que el art. 129, párr. 1º, de la Constitución otorga a la Ciudad de Buenos Aires no pueden ser otras que las referidas a las causas 'en materia de vecindad, contravenciones y de faltas, contenciosoadministrativa y tributaria locales', como con acierto lo expresa el ya citado art. 8º de la ley 24.588. Lo cual no es poco, como se verá más abajo, para colmar las más acentuadas apetencias 'autonomistas'. "12. No obstante que las precedentes consideraciones, y las más ilustradas que por cierto se han aportado al debate, bastan para refrendar una conclusión adversa al eventual traspaso, entiendo que, inclusive frente a la duda, la más elemental sensatez invita a abstenerse de concretar una solución que traerá aparejadas múltiples dificultades prácticas y ningún beneficio. Tanto más cuanto que —como la Corte Suprema lo tiene reiteradamente resuelto—, uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de las normas jurídicas consiste en la consideración de sus eventuales consecuencias (15).

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"13. Una primera fuente de distorsiones se halla configurada por el importante número de recursos contra resoluciones administrativas que se hallan previstos en leyes federales y cabe actualmente interponer y sustanciar ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones que, en la Capital Federal, ejercen como regla la competencia ordinaria. Si bien no media óbice constitucional a la viabilidad de tales recursos en razón de revestir dichas Cámaras el carácter de tribunales nacionales (16), frente a la eventualidad de que ellas sean transferidas a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires —como en parte lo ha hecho la aún no vigente en ese aspecto ley 7 (ADLA LVIII-A-718) de la Legislatura local—, las correspondientes impugnaciones deberán necesariamente tramitar ante alguna de las Cámaras federales con sede en dicha Ciudad, lo que incidirá en un grave desequilibrio funcional derivado, por una parte, de una indeseable devaluación de la experiencia adquirida por los magistrados actualmente habilitados para conocer en los temas pertinentes (particularmente los de índole laboral y comercial) y, por otra parte, de la acumulación de causas que se producirá en desmedro del adecuado rendimiento de la justicia federal, circunstancia que, por lo demás, no descarta la creación de nuevos órganos judiciales y el consiguiente refuerzo presupuestario (siempre a la postre insuficiente) que ello entraña. "14. Parejos inconvenientes generará también, ante la referida eventualidad, la reducción de la competencia que sufrirá la Cámara Nacional de Casación Penal, pues más del cincuenta por ciento de las causas que llegan a sus estrados provienen de tribunales que ejercen en la Capital Federal la competencia criminal ordinaria. La transferencia implicaría, por ende, el virtual 'vaciamiento' de un tribunal cuando han transcurrido apenas cinco años desde su instalación, por cuanto el art. 29 de la recordada ley 7dispuso la creación de una nueva Cámara de Casación Penal, integrada por siete miembros, para conocer (se supone) en las causas penales comunes, con el agravante de que, en un mismo distrito, coexistirían dos tribunales de casación cuyas respectivas doctrinas jurisprudenciales podrían ser contradictorias. "15. Interesaría preguntar, asimismo, cuál será la suerte de la justicia en lo Penal Económico, a la que esa ley no alude y cuya competencia federal es, a la inversa, mayor que la ordinaria. Supuesta la transformación de ese fuero en otro sector de la justicia federal, ¿será necesaria la creación de nuevos tribunales para entender en los procesos que versan sobre delitos ordinarios (libramiento de cheques sin provisión de fondos, publicación de balances falsos, etc.), o aquéllos pasarán a acrecentar el volumen de tareas correspondiente a órganos judiciales ya existentes pero desprovistos de especialización en esos temas? "16. Finalmente, y como si tales dificultades fuesen pocas, en el caso de concretarse la transferencia quienes litiguen ante los tribunales de la Ciudad Autónoma y deban eventualmente acceder activa o pasivamente 442   

a la instancia del art. 14 de la ley 48 (ADLA 1852-1880-364), deberán hacerse de infinita paciencia para aguardar el dictado de la sentencia final. Porque, en efecto, si se repara en el hecho de que la denominada 'Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires' instituye, en su art. 116, inc. 3º —al igual que el art. 26, inc. 4º, de la ley local referida—, un recurso de inconstitucionalidad para ante un 'Tribunal Superior de Justicia', es fácil predecir que la Corte Suprema, por aplicación de la doctrina consagrada en el caso 'Strada' (17), impondrá, como presupuesto de admisibilidad del recurso extraordinario, el previo agotamiento de la máxima instancia local, lo que se traducirá en una prolongación de los juicios en un lapso no inferior a los dos años (18). "17. Los inconvenientes, como se advierte, afloran por doquier (19), y ni el más optimista de quienes propician la tesis que aquí se refuta se encontraría en condiciones de avizorar el más minúsculo beneficio. ¿Para qué, entonces, insistir en el dichoso traspaso jurisdiccional cuando, además, él ha merecido, a través de sendas acordadas, la repulsa unánime de las Cámaras Nacionales de Apelaciones? "18. Anticipé más arriba que la competencia judicial reconocida a la Ciudad de Buenos Aires por el art. 8º de la ley 24.588 es suficientemente amplia y satisface, por consiguiente, las 'facultades propias de jurisdicción' que confiere a aquélla el art. 129, párr. 1º, de la Constitución Nacional. "Erigida, en efecto, la Ciudad de Buenos Aires, por razones económicas, políticas, demográficas y culturales, en la más importante de las municipalidades argentinas, no va a la zaga de aquellas razones la importancia de las materias incluidas en el marco de dicha competencia. "A pesar del manifiesto exceso en que incurrieron los estatuyentes en la redacción del art. 106, acaso no haya sido aún suficientemente resaltada la favorable perspectiva que se abre a los habitantes de la Ciudad frente al funcionamiento, en sustitución de los deficientes y desacreditados tribunales municipales de faltas, evento ya ocurrido tal como lo prevé la decimosegunda, inc. 1º, subinc. b), disposición transitoria de la Constitución local, una justicia Contravencional y de Faltas jerarquizada por magistrados con incompatibilidad profesional y dotados de una amplia competencia en la materia, comprensiva incluso de la que en la actualidad corresponde parcialmente a la justicia en lo Correccional (Código Procesal Penal, art. 27, inc. 3º), y a cuyo fin ya se han dictado, por la Legislatura, un Código Contravencional (ley 10 —ADLA LVIII-A-724—) y las normas regulatorias del respectivo procedimiento (ley 12 —ADLA LVIII-A-729—). "19. Tampoco ha sido encarecido, como corresponde, el desprendimiento que se operará entre la justicia municipal y la justicia civil en materia tributaria y contencioso-administrativa, como tampoco el hecho de que tal fractura redundará en una mayor fluidez en el trámite de las ejecuciones fiscales y contribuirá, asimismo, a la formación de una magistratura especializada en aquellas materias (20). 443   

"Y así como, por lo demás, la Corte Suprema ha reconocido, desde antiguo (21), la posibilidad de que el Congreso detraiga de la competencia federal el conocimiento de aquellos asuntos que, en virtud de su escasa importancia civil o penal, o por otros motivos, son ajenos a los propósitos que informan dicha competencia, resulta con mayor razón atendible el hecho de que la ley 24.588 haya otorgado al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento de los conflictos derivados de las relaciones de vecindad en cuanto ellos, si bien se hallan fundamentalmente sujetos a un sector del ordenamiento jurídico de fondo (22) (v.gr., arts. 2717 a 2745, CCiv.), también lo están a numerosas normas municipales (particularmente edilicias) y resulta, en consecuencia, razonable excluirlos de la competencia de la justicia civil. Lo mismo ocurre con los tribunales vecinales cuya creación en cada comuna prevé la cláusula decimosegunda, inc. 5º, del mencionado Estatuto para conocer en las llamadas 'pequeñas causas' y las referentes a la 'prevención en materia de violencia familiar y protección de personas', porque el correcto desempeño de tales tribunales, además de descomprimir el exceso de causas que debe atender la justicia ordinaria, contribuirá, mediante la aplicación de un procedimiento que garantice la inmediación, la informalidad y la celeridad de los trámites, a alentar la confiabilidad del pueblo en la administración de justicia (23). "20. Si, por fin, aparte de tales perspectivas, llega a funcionar adecuadamente el Consejo de la Magistratura que reglamentan, con particular esmero, los arts. 115 a 117 del Estatuto organizativo local, cabe sin duda augurar, a la nueva justicia porteña, un futuro promisorio y en coexistencia armónica con la actual justicia nacional. "Notas: "(1) En esa resolución se declaró 'no conocer otros límites para su labor que no sean los que surgen de la Constitución Nacional en sus arts. 129 y concs.' y se rechazaron, por inconstitucionales, 'las limitaciones impuestas a la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires por la ley 24.588, en cuanto imponga restricciones al régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción establecidas en la Constitución Nacional'. Asimismo, no obstante la claridad del art. 129 de la Constitución Nacional en cuanto alude, no a una Constitución, sino a un Estatuto 'organizativo', es decir, como su nombre lo indica, un ordenamiento destinado a determinar la estructura de los órganos de gobierno de la Ciudad (cfr. Sagüés, Néstor P., Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, 1996, p. 34), el estatuyente frepasista Zaffaroni llegó a afirmar que 'hemos decidido hacer prácticamente una Constitución provincial'. El equívoco ya había sido anticipado, en el seno de la Convención Constituyente, por el radical Alfonsín, quien no titubeó en afirmar que la convocatoria para estatuyentes era 'para que dicten la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, con plena autonomía legislativa y un Poder Judicial propio'. Se trata de un claro 444   

ejemplo del anacronismo de que adolece la denominada interpretación 'auténtica' de las normas jurídicas, pues a pesar de las opiniones manifiestamente disímiles expresadas por los mencionados constituyentes y lo expresado, como se verá, por el miembro informante del despacho mayoritario, concluyeron votando un mismo texto. "(2) Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, 1994, p. 2221. "(3) Lo cual entraña una incongruencia porque, como lo destaca Creo Bay, el art. 6º de la Constitución Nacional no fue afectado por la reforma, no obstante que debería disponer también 'en el territorio de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires' ('Nuevo régimen de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires', en Cassagne, Juan Carlos [dir.], Estudios sobre la reforma constitucional). Por otra parte, parece bastante lejana la posibilidad de que concurra, en dicha ciudad, alguna de las causales de intervención previstas en el mencionado art. 6º. "(4) La Constitución reformada, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 420. "(5) Elementos de derecho constitucional, t. 2, 2ª ed., Buenos Aires, 1999, En contra, Bidart Campos considera que 'el territorio de la Ciudad no está ya federalizado totalmente, sino sujeto a jurisdicción federal únicamente en lo que se refiere y vincula a los intereses que en ese territorio inviste el Estado federal, en razón de residir allí el Gobierno federal y de estar situada su Capital Federal, de modo que dicha jurisdicción es sólo parcial'. Entiende, sin embargo, que la Ciudad de Buenos Aires es una entidad sui generis, que si bien no alcanza la categoría de provincia, cuadra ubicar 'entre medio' del tradicional de las provincias y el propio de la autonomía municipal en jurisdicción provincial (Manual de Derecho Constitucional, t. I, p. 456). En sentido similar se expide Creo Bay, Nuevo régimen..., loc. cit. "(6) Lewadowsky, Enrique R., 'El distrito federal brasileño en el contexto del régimen federal', en Estudios de las capitales y áreas metropolitanas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1991, p. 70. "(7) Comentarios sobre la Constitución. La reforma de 1994, Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 185. "(8) Spota, Alberto, 'Naturaleza político-institucional de la Ciudad de Buenos Aires en el texto de la Constitución vigente a partir de agosto de 1994', LL 1995-A-968/973. "(9) Es indudable, en efecto, que el ex Tribunal de Faltas de la Ciudad ejercía facultades jurisdiccionales, aunque sujetas a revisión judicial. "(10) Spota, Alberto, 'Naturaleza político-institucional...', cit.

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"(11) Fallos 312:326. En este precedente se modificó la línea jurisprudencial inaugurada en Fallos 114:282 y ratificada en Fallos 123:313 y 308:403, entre otros. "(12) Ver, al respecto, Marienhoff, Miguel S., "La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la Constitución Nacional de 1994", ED 1641113/1125. "(13) Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, la más calificada doctrina administrativa caracterizaba a las municipalidades como entidades autárquicas territoriales (cfr. Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. I, 4ª ed., Buenos Aires, ps. 220, 400 y ss.; Bielsa, Rafael F., Derecho Administrativo, t. I, Buenos Aires, 1964, p. 446; Linares, Juan, Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1986, p. 275; Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. I, Buenos Aires, 1965, p. 504; Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho Administrativo, t. II, Buenos Aires, 1950, p. 407. Con posterioridad continuó manteniendo el mismo criterio Marienhoff ('La autonomía...', cit.). Gordillo, en cambio, considera que, en general, la distinción entre 'autarquía' y 'autonomía' resulta ociosa en tanto las entidades autárquicas, dentro del marco de sus estatutos, también dictan sus propias normas (Tratado de Derecho Administrativo, t. I, 4ª ed., Buenos Aires, 1997, p. 19 del Cap. XIV). "(14) Fallos 303:1041 (LL 1981-D-372); 304:794 (ADLA, LL 1982-C-409) y 1820; 306:796, sus citas y muchos otros. Expresa Gauna que 'negarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de aplicar los Códigos de fondo, cuando se le han otorgado expresamente facultades jurisdiccionales (la bastardilla me pertenece) como hemos dicho, resulta incomprensible. No se puede imaginar que la Ciudad vaya a tener un Código Civil propio para legislar quién es persona, qué es domicilio, por poner sólo algunos ejemplos. Además, al habérsele otorgado la jurisdicción contravencional y de faltas, la contencioso administrativa y tributaria y de vecindad, resulta impracticable que dichos tribunales puedan funcionar sin aplicar normas de fondo' ('Dos jurisdicciones distintas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires', LL del 10/8/2001). Tales apreciaciones adolecen, a nuestro juicio, de un doble error. Por un lado, en efecto, confunden la jurisdicción con la competencia, pues parece indudable que los órganos judiciales que actúan y actuarán en la Ciudad de Buenos Aires ejercen funciones jurisdiccionales, pero dentro de una competencia acotada por la ley 24.588. Por otro lado, y más allá de que todo caso judicial se resuelve por la totalidad del ordenamiento jurídico, resulta elemental que no cabe negar a los tribunales de la Ciudad la posibilidad de aplicar normas contenidas en los Códigos y leyes de fondo, por cuanto lo que les negó dicha ley fue una específica y primordial competencia, civil, comercial, penal, laboral, etcétera. "(15) Fallos 310:267 y 464; 312:156, entre otros. 446   

"(16) Cuando se trata de resoluciones dictadas por organismos que funcionan en el interior de la República, las leyes a que se alude en el texto confieren competencia, para conocer de los recursos judiciales pertinentes, a las Cámaras federales con asiento en las provincias. "(17) Fallos 308:490. "(18) Tal vez ello no ocurra durante los primeros meses de instalado el Tribunal, pero sucederá fatalmente después, tanto más si se tiene en cuenta que aquél se compone de sólo cinco miembros (art. 111) y tiene competencia originaria en los conflictos de poderes y acciones de inconstitucionalidad, ordinaria de apelación en las causas en que la Ciudad sea parte cuando el monto reclamado exceda del establecido por ley y extraordinaria de inconstitucionalidad sin limitaciones por la materia o por el monto. "(19) Ver los fallos de la Corte Suprema citados en la nota 15. "(20) La Legislatura local ya sancionó el Código Contencioso Administrativo y Tributario (ley 189) y organizó (ley 7) la justicia de ese fuero. "(21) Fallos 99:383; 119:161; 152:344; 248:740, y muchos otros. "(22) Corresponde, sin embargo, puntualizar, como lo hizo Cossio, que 'un caso judicial siempre se resuelve por la totalidad del ordenamiento jurídico y no por una sola de sus partes, tal como todo el peso de una esfera gravita sobre la superficie en que yace, aunque sea uno solo el punto por el que toma contacto' (La valoración jurídica y la Ciencia del Derecho, Arayú, p. 90). Lo que en cambio puede afirmarse es que un caso se halla principalmente regido por tal o cual norma civil, comercial, penal, etc. Por otra parte, debe repararse en el hecho de que cuando al juez tributario, v.gr., le incumbe interpretar una norma en cuya virtud determinado impuesto grava, por ejemplo, 'la venta de cosas muebles', debe necesariamente recurrir a las normas del Código Civil relativas, respectivamente, al contrato de compraventa y a la clasificación de las cosas. "(23) Un ejemplo de cuanto se dice en el texto fue, entre otros, la singular eficacia con la que se desenvolvieron los Juzgados de Paz Legos de la provincia de Buenos Aires".

IV. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA(65)

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160. Concepto y naturaleza a) El Consejo de la Magistratura configura, de acuerdo con el diseño que le asignó al art. 114 de la Constitución Nacional reformada en 1994, un organismo integrado, proporcional y equilibradamente, por abogados, jueces, académicos, científicos y representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyas funciones consisten, primordialmente, en seleccionar a los postulantes de las magistraturas inferiores elaborando las ternas vinculantes para su designación, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto asignado a la administración de justicia, ejercer el poder disciplinario sobre los mencionados magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de éstos y formular, en su caso, la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento. b) La imprecisión que exhibe la norma constitucional precedentemente recordada ha suscitado la enunciación de dos criterios doctrinarios acerca de la naturaleza institucional del Consejo. Algunos autores, fundados esencialmente en la ubicación del organismo dentro del capítulo primero de la sección destinada al Poder Judicial y en la circunstancia de que a raíz de la incorporación del Consejo se acrecentaron las atribuciones de dicho poder y se acortaron las facultades de los restantes poderes, consideran que aquél se encuentra dentro de la esfera del Poder Judicial(66). Otros, en cambio, se pronuncian correctamente en el sentido de que, a causa de su integración pluralista y de su falta de dependencia de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura debe concebirse como un órgano extra poder(67).

161. Composición a) Con arreglo a las pautas establecidas en el art. 114 de la CN, el Consejo de la Magistratura fue regulado por las leyes 24.937 (t.o. por dec. 816/1999), y sus modificatorias las leyes 25.669, 25.876, 26.080 y 26.855. Está integrado por diecinueve miembros de acuerdo con la siguiente composición: 1. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar. 2. Tres (3) representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por el 448   

pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar. 3. Seis (6) representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán cuatro (4) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y dos (2) a la que resulte en segundo lugar. 4. Seis (6) legisladores. A tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres (3) legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos (2) a la mayoría y uno (1) a la primera minoría. 5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo. Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de desempeñar debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento (art. 2). b) El art. 4º de la ley 24.937 dispone que para ser miembro del Consejo se requieren las mismas condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (es decir, abogado con ocho años en ejercicio de la profesión y las mismas requeridas para ser senador de la Nación [art. 111, CN]). Por otra parte, conforme a lo previsto en el art. 5º de la ley citada, los miembros del Consejo de la Magistratura estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales. Los miembros elegidos en representación del Poder Ejecutivo, de los abogados y del ámbito científico o académico estarán sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces. Los miembros del Consejo de la Magistratura no podrán concursar para ser designados magistrados o ser promovidos si lo fueran, mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de transcurrido un año del plazo en que debieron ejercer sus funciones. c) El desempeño de los integrantes del Consejo es honorario, salvo para los abogados de la matrícula en ejercicio y del ámbito científico y académico, quienes perciben una compensación equivalente a la remuneración de un juez de Cámara de Casación Penal (ley cit., art. 29, modif. por ley 26.080). d) Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad o legisladores cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato 449   

respectivo. A tal fin, este reemplazo no se contará como período a los efectos de la reelección (ley cit., art. 3º, modif. por la ley 26.089). e) Debe entenderse, finalmente, que la reglamentación ha respetado, en lo esencial, el equilibrio aludido por el art. 114 de la CN, porque si se hubiese conferido un predominio absoluto a los jueces en el organismo analizado, se habría consagrado una suerte de autogestión judicial que el constituyente no previó, y en el caso de haberse otorgado una significativa presencia a los consejeros nominados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, tal circunstancia hubiese redundado en un manejo indirecto del Consejo por los estamentos políticos, retornando en forma encubierta al régimen anterior, en desmedro de la independencia del Poder Judicial(68).

162. Atribuciones a) Son atribuciones del Consejo de la Magistratura, conforme a lo prescripto en el art. 114 de la CN: 1º) Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, de modo que resulta excluida de la competencia del organismo la selección de los jueces de la Corte Suprema, pues de acuerdo con lo establecido en el art. 99, inc. 4º, de la CN, la designación de aquéllos continúa siendo atribución del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto. 2º) Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores(69). Si bien no es competencia del Consejo la elección directa de quiénes integrarán la magistratura nacional, la atribución examinada restringe significativamente la facultad del Poder Ejecutivo en el proceso de selección, pues el presidente de la Nación debe elegir obligatoriamente a un candidato comprendido en la terna remitida por el Consejo, sin perjuicio de que el Senado, con posterioridad, otorgue, o no, el correspondiente acuerdo a la nominación. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la designación de los jueces de la Corte Suprema, en este caso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 99, inc. 4º, de la CN, el acuerdo del Senado debe serlo en sesión pública, no se requiere un quorum especial y sólo se exige que el cuerpo tenga en cuenta "la idoneidad de los candidatos". Como se ha observado, el ejercicio de la atribución de que se trata perfila al Consejo como un órgano de carácter político que trasciende la función meramente técnico-administrativa(70). 450   

3º) Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. En cumplimiento de esta norma, el art. 16 de la ley 24.937dispone que es de competencia de la Comisión de Administración y Financiera fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías y efectuar el control de legalidad, informando periódicamente al plenario del Consejo. Estará integrada por dos diputados, un senador, dos jueces, un representante de los abogados de la matrícula federal y el representante del Poder Ejecutivo(71). Es fácil percibir que esta norma sustrae al Poder Judicial una significativa parte de las funciones que ejercía con anterioridad a la vigencia de la CN reformada en 1994, y por ello ha sido cuestionada con fundamento en el hecho de que puede configurar una indebida injerencia en atribuciones que conciernen a la independencia de dicho Poder. Precisamente, el ejercicio de esta atribución ha generado conflictos de competencia entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. 4º) Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. Se comprende, naturalmente, que esta potestad sólo puede ejercerla el Consejo respecto de los magistrados de los tribunales inferiores, con exclusión de los jueces de la Corte Suprema, respecto de los cuales se mantiene el régimen del juicio político (arts. 53 y 59, CN)(72). En diversas oportunidades, el Consejo ha reivindicado su atribución exclusiva y excluyente en materia disciplinaria, incluso frente a sanciones dispuestas por la Corte Suprema a magistrados inferiores, y ha puntualizado también que no se trata de una potestad que ejerce en forma concurrente con aquélla u otros tribunales superiores. A ello importa agregar que las sanciones disciplinarias aplicables a los magistrados sólo pueden fundarse en las transgresiones de orden administrativo y ético mencionadas en el art. 14 de la ley 24.937, y no en el posible error de que adolezcan sus decisiones. De allí que la norma referida exprese que queda asegurada la garantía de los jueces en materia del contenido de las sentencias, expresión que debe entenderse en sentido comprensivo de las resoluciones ordenatorias, siempre que no impliquen el incumplimiento reiterado de normas procesales. 5º) Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente, lo cual implica que, configurada alguna de las causales contempladas en el art. 53 de la CN, incumbe al plenario del Consejo presentar la acusación conforme al dictamen elaborado por la respectiva Comisión. De tal manera se ha sustraído a la Cámara de Diputados la atribución de acusar ante el Senado a los jueces integrantes de los tribunales inferiores a la Corte Suprema, y al Senado la función de juzgarlos. Tal circunstancia no implica, naturalmente, que la Comisión 451   

respectiva del Consejo carezca de la facultad de desestimar las denuncias que se formulen respecto de la conducta de esos magistrados. 6º) Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia, siempre, como es obvio, que tales reglamentos no entrañen contradicción con leyes vigentes.

163. Los Consejos en el orden provincial a) La mayoría de las provincias han dictado leyes reglamentarias de los Consejos de la Magistratura cuya composición coincide, esencialmente, con la diseñada por la ley nacional, con la variante de que comprenden tanto a los jueces como a los miembros del Ministerio Público en tanto que éste, como se destacó más arriba, forma parte de los respectivos poderes judiciales. Hacen excepción la ley 3053(73)de la provincia de Entre Ríos, que prevé la integración del Consejo con un representante de los empleados judiciales; la ley 2552 de la provincia de Santa Cruz, que agrega a aquél un representante del pueblo de la provincia, que es elegido en ocasión de las elecciones generales provinciales, y la ley 4086 de la provincia de Chubut, que prevé la elección de cinco representantes del pueblo y de un representante de los empleados judiciales. b) Los Consejos provinciales, asimismo, se diferencian del nacional en la circunstancia de que ejercen, como única atribución, la consistente en seleccionar y proponer la designación de los jueces y funcionarios del Ministerio Público de rango inferior a los integrantes de los Superiores Tribunales y al Fiscal o Procurador General. La Constitución del Chaco comprende la propuesta de todos los jueces integrantes del Poder Judicial(74). La ley 525 de la provincia de Tierra del Fuego, en cambio, agrega a las funciones de selección y disciplinarias, la consistente en atribuir al Consejo de la Magistratura la atribución de acusar y de juzgar en juicio público a los magistrados judiciales. c) Por lo general, las ternas propuestas por los Consejos revisten carácter vinculante(75). En su mayoría, las leyes provinciales disponen que el cargo de consejero es ad honorem, sin perjuicio de su derecho a la percepción de viáticos cuando las sesiones se realizan en una ciudad que no es la de domicilio. d) La ley 5141 de la provincia de San Luis presenta la particularidad de que instituye una Comisión de Evaluación de los candidatos, integrada por 452   

tres profesores universitarios y un Consejo de la Magistratura encargado de convocar a audiencia a quienes fueron evaluados previamente por la mencionada comisión.

V. JURADO DE ENJUICIAMIENTO(76)

164. Composición y atribuciones a) A diferencia de lo que ocurre con los jueces de la Corte Suprema, que sólo pueden ser separados de sus cargos previa acusación de la Cámara de Diputados y juzgamiento por el Senado, si se trata, en cambio de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, la facultad de decidir la apertura del procedimiento de remoción y de ordenar en su caso la suspensión de aquéllos, así como la de formular la acusación correspondiente, incumbe al Consejo de la Magistratura (art. 114, inc. 5º). La potestad de decidir la remoción pertenece, en cambio, a un Jurado de Enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal (conforme a lo que dispone, como se verá más abajo, la ley 24.937), mediante fallo que es irrecurrible y tiene el mismo efecto que el previsto respecto del fallo del Senado en el art. 60. Prescribe asimismo el art. 115, párr. 3º, de la CN, que corresponde archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que se haya dictado el fallo. b) El art. 22 de la ley 24.937 (modif. por la ley 26.080) dispone, a su turno, que el Jurado de Enjuiciamiento a que se refiere el art. 115 de la CN estará integrado por siete miembros de acuerdo con la siguiente composición: 1. Dos jueces que serán: de Cámara, debiendo uno pertenecer al fuero federal del interior de la República y otro a la Capital Federal. A tal efecto, se confeccionarán dos listas: una con todos los camaristas federales del interior del país y otra con los de la Capital Federal. 2. Cuatro legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de Diputados de la Nación, debiendo efectuarse dos listas por Cámara, una con los representantes de la mayoría y la otra con los de la primera minoría. 3. Un abogado de la matrícula federal, debiendo confeccionarse una lista con todos los abogados matriculados en el 453   

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en las Cámaras Federales del interior del país que reúnan los requisitos para ser elegidos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los miembros serán elegidos por sorteo semestral público a realizarse en los meses de diciembre y julio de cada año, entre las listas de representantes de cada estamento. Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o fallecimiento. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales. El miembro elegido en representación de los abogados estará sujeto a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces. En las provincias, en cambio, el Jurado de Enjuiciamiento se halla integrado, como regla, por magistrados judiciales y abogados sorteados al efecto. Hace excepción la provincia de Tierra del Fuego, cuya ley 525 otorga la facultad de acusar y de juzgar la conducta de los jueces al Consejo de la Magistratura.

165. Procedimiento a) Los arts. 25 a 27 de la ley 24.937 reglamentan el procedimiento aplicable, que debe ser oral y público y asegurar el derecho de defensa del acusado. b) La sustanciación para la acusación y el juicio está regulado por el art. 26 de la ley nacional (modif. por la ley 26.080) de la siguiente manera: 1. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberán excusarse y podrán ser recusados por las causales previstas en el Código Procesal Penal de la Nación. La recusación será resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento, por el voto de la mayoría de sus miembros y será irrecurrible. 2. El procedimiento se iniciará con la presentación de la acusación formulada por el plenario del Consejo de la Magistratura, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, de la que se le correrá traslado al magistrado acusado por el término de diez días. 3. Contestado el traslado, se abrirá la causa a prueba por el término de treinta días, que podrá ser prorrogado por un plazo no superior a quince días, por disposición de la mayoría del jurado, ante petición expresa y fundada.

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4. Ambas partes podrán ofrecer todos los medios de prueba que contempla el Código Procesal Penal de la Nación, bajo las condiciones y límites allí establecidos, pudiendo ser desestimadas —por resoluciones fundadas— aquellas que se consideren inconducentes o meramente dilatorias. 5. Todas las audiencias serán orales y públicas y sólo podrán ser interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran necesario. 6. Concluida la producción de la prueba o vencido el plazo respectivo, el representante del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado o su representante producirán en forma oral el informe final en el plazo que al efecto se les fije, el que no podrá exceder de treinta días. En primer lugar lo hará el representante del Consejo de la Magistratura e inmediatamente después lo hará el acusado o su representante. 7. Producidos ambos informes finales, el Jurado de Enjuiciamiento se reunirá para deliberar, debiendo resolver en un plazo no superior a veinte días. 8. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto no contradigan las disposiciones de la presente o los reglamentos que se dicten. Contra el fallo sólo procede el pedido de aclaratoria, que debe interponerse dentro de los tres días de notificado (art. 27). c) En razón de que el art. 115 de la CN prescribe que el fallo es irrecurrible, cabe concluir que es inadmisible el recurso extraordinario federal, y que, por lo tanto, ha vuelto a ser aplicable la doctrina judicial reiteradamente establecida por la Corte Suprema con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 en el sentido de que las cuestiones involucradas en los enjuiciamientos de magistrados no son justiciables a los fines de la referida impugnación.

CAPÍTULO XII - EL JUEZ SUMARIO: I. GENERALIDADES: 166. Concepto.— 167. Caracteres.— 168. Requisitos para la designación de los jueces.— 169. Juramento. II. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS JUECES: 170. Distintos sistemas.— 171. Elección popular.— 172. Cooptación.— 173. Designación por el Poder Ejecutivo. III. 455   

INCOMPATIBILIDADES DE LOS JUECES: 174. Régimen legal.— 175. Ejercicio simultáneo de las magistraturas federal y provincial.— 176. Actividad política.— 177. Ejercicio del comercio y de actividades lucrativas.— 178. Actividad profesional y desempeño de empleos públicos y privados.— 179. Parentesco entre jueces de un mismo tribunal.— 180. Actos contrarios a la dignidad del cargo. IV. DEBERES DE LOS JUECES: 181. Generalidades.— 182. Orden de decisión de las causas.— 183. Plazos para resolver.— 184. Motivación de las decisiones.— 185. Dirección del proceso.— 186. Audiencias.— 187. Otros deberes. V. FACULTADES DE LOS JUECES: 188. Generalidades.— 189. Control de constitucionalidad de las leyes y de otros actos de gobierno.— 190. Facultades disciplinarias.— 191. Aplicación de sanciones conminatorias.— 192. Represión de la inconducta procesal.— 193. Facultades ordenatorias.— 194. Facultades disciplinarias y ordenatorias luego de la ley 25.488.— 195. Facultades conciliatorias.— 196. Facultades instructorias (prueba de oficio).

I. GENERALIDADES(1)

166. Concepto a) En el capítulo I de esta obra se ha caracterizado al juez desde dos puntos de vista: como funcionario público investido de ciertas potestades estatales (órgano en sentido jurídico-material), y como elemento primordial de cada una de las unidades administrativas que integran el Poder Judicial, sea de la Nación o de las provincias (órgano en sentido administrativo).

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b) En ambos casos, el hecho que imprime al juez un carácter específico dentro de nuestro régimen institucional de división de poderes, consiste en la potestad de decidir, por vía originaria o mediante revisión de lo resuelto en sede administrativa, una amplia categoría de conflictos jurídicos cuyas notas esenciales fueron enunciadas supra, nro. 68, donde también se hizo mención de los fundamentos constitucionales en que se sustenta dicha potestad. De ella derivan, asimismo, las previsiones de orden constitucional y legal encaminadas a asegurar la independencia de los jueces con respecto a los restantes poderes del Estado, y de las cuales nos ocuparemos en este capítulo y en el siguiente. c) Sabemos también que, junto con esa potestad, las leyes asignan a los jueces atribuciones para conocer en numerosos asuntos que no involucran la existencia de conflicto alguno entre partes, pero cuya índole aconseja que sean decididos por aquéllos (procesos voluntarios). Mas si bien el origen de tales atribuciones no es constitucional, sino meramente legal, dicha circunstancia no hace perder al juez, en ese tipo de procesos, la autonomía decisoria de que carecen, en cambio, los órganos administrativos del Estado (supra, nro. 70). d) Con respecto a la función del juez dentro del ordenamiento jurídico y al problema de la creación judicial del derecho, nos remitimos a lo expuesto en oportunidad de examinar el tema de la interpretación (supra, nro. 12), que se completará con motivo del estudio de la sentencia.

167. Caracteres a) Los jueces que integran el Poder Judicial de la Nación revisten los siguientes caracteres: 1º) Son permanentes, pues el art. 18 de la Constitución Nacional proscribe los juicios por comisiones especialmente designadas para un caso determinado (supra, nro. 24, B, 2º). La permanencia, sin embargo, no es incompatible con la supresión de determinados órganos judiciales ni con las modificaciones de su competencia, siempre, desde luego, que esto último no importe efectuar discriminaciones entre asuntos de la misma índole, por cuanto tal procedimiento configuraría la institución directa de una comisión especial disimulada. 2º) Son sedentarios, es decir que, en principio, tienen legalmente asignado un lugar fijo para el cumplimiento de sus funciones, el cual coincide con la sede o recinto del respectivo juzgado o tribunal. No obsta al mencionado carácter el hecho de que los jueces puedan trasladarse a otros lugares para llevar a cabo determinadas diligencias procesales, 457   

como son la recepción de la prueba de confesión o testimonial en el domicilio de la persona que se encuentra imposibilitada de concurrir al juzgado o tribunal (arts. 418 y 436, CPCCN), la práctica de medidas probatorias fuera del radio urbano pero dentro de la circunscripción judicial (art. 382, CPCCN) o el reconocimiento judicial que deba verificarse en cualquier lugar de la República (norma citada, apart. 2º). Al punto analizado se vincula el requisito de la proximidad entre la residencia de los magistrados y el asiento del juzgado o tribunal en que desempeñan sus funciones, requisito que tiene fundamento en la necesidad de que aquéllos se encuentren en condiciones de concurrir con prontitud a sus despachos cuando el tratamiento de alguna cuestión urgente así lo requiera. El art. 10 del dec.-ley 1285/1958 establece, al respecto, que "los jueces residirán en la ciudad en que ejerzan sus funciones o en un radio hasta de setenta kilómetros de la misma", agregando que, "para residir a mayor distancia, deberán recabar autorización de la Corte Suprema"(2). 3º) Son inamovibles, por cuanto conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y no pueden ser separados de aquéllos sino por juicio político (art. 110, CN)(3)(infra, nro. 204). 4º) Son técnicos, pues constituye requisito para su nombramiento la posesión de título de abogado (arts. 111, CN, y 5º y 6º, dec.-ley 1285/1958 en relación con los jueces de la Corte Suprema y demás jueces nacionales inferiores, respectivamente). b) De las mismas características participan, en general, los jueces provinciales. Son, en efecto, permanentes y sedentarios. Con respecto a esta última característica interesa señalar, sin embargo, que el art. 154 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires preveía la posibilidad de que la legislatura establezca, fuera de los límites de la ciudad de La Plata, jueces "permanentes o viajeros"(4), sin que se haya sancionado ley alguna que contemple esta última categoría de magistrados(5). Son también inamovibles, sea mientras dura su buena conducta, sea durante el período para el que fueron designados, según el sistema adoptado por cada constitución local (infra, nro. 198). Al respecto interesa señalar que la mayor parte de las constituciones provinciales distinguen, en lo que concierne al régimen de separación de sus cargos, entre los miembros de la Corte o Superior Tribunal, por un lado, y los jueces de las Cámaras de Apelaciones y de primera instancia, por otro: mientras los primeros deben ser sometidos a juicio político, los segundos pueden ser separados por veredicto de un Jurado de Enjuiciamiento (Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán). 458   

Tierra del Fuego y San Luis instituyen el Jurado de Enjuiciamiento para todos los magistrados judiciales(6). Finalmente, con excepción de los jueces de Paz no Letrados, los jueces provinciales revisten carácter técnico.

168. Requisitos para la designación de los jueces a)(7)Para ser juez de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser ciudadano argentino, abogado graduado en Universidad Nacional, con ocho años de ejercicio y tener las calidades exigidas para ser senador (arts. 111, CN, y 4º, dec.-ley 1285/1958), o sea: 30 años de edad, haber sido seis años ciudadano de la Nación y disponer de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente (art. 55, CN). b) Para ser juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, de las Cámaras Nacionales de Apelaciones y de los tribunales orales se requiere ser ciudadano argentino, abogado con título que tenga validez nacional, con seis años de ejercicio de la profesión o función judicial que requiera el título indicado, y 30 años de edad (art. 5º, dec.-ley 1285/1958). Los mismos requisitos de ciudadanía y título se requieren para ser juez nacional de primera instancia, bastando cuatro años de ejercicio y 25 de edad (art. 6º, dec.-ley 1285/1958). Importa asimismo recordar que, conforme a lo prescripto en el art. 114, inc. 1º, de la CN, la selección de los magistrados precedentemente mencionados, previa a su designación, debe realizarse mediante concursos públicos. A tal fin, el art. 13 de la ley 24.937 y la misma norma de su correctiva 24.939, modif. por ley 26.080,disponen que es competencia de la Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar los concursos designando al jurado que intervendrá (compuesto en todo caso, previo sorteo de las listas elaboradas para cada especialidad, por dos jueces y dos profesores de Derecho) y confeccionar las propuestas de ternas elevándolas al plenario del organismo, que debe adoptar su decisión por mayoría de dos tercios de miembros presentes. c) En lo que atañe a la legislación provincial, la Constitución de la provincia de Buenos Aires prescribe que para ser juez de la Suprema Corte y Procurador y Subprocurador de ella se requiere haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero; título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia del Derecho reconocido por autoridad competente en la forma que determine 459   

la ley; 30 años de edad y menos de 70, y diez al menos de ejercicio en la profesión de abogado o en el desempeño de alguna magistratura (Const. Prov., art. 177, párr. 1º). Las restantes constituciones provinciales requieren, para integrar los tribunales superiores, la ciudadanía argentina y 30 años como edad mínima, salvo la de La Pampa, que sólo exige 28, y la de Santiago del Estero, Catamarca y Tierra del Fuego, que exigen 35. Tucumán exige 40 años. Generalmente es menor, en cambio, la antigüedad requerida en el ejercicio profesional o en el desempeño de cargos judiciales, la que oscila entre cuatro —Corrientes— y quince años —Tucumán—. La designación de los jueces de las Cámaras de Apelaciones se halla condicionada, en la provincia de Buenos Aires, a los mismos requisitos establecidos para los jueces de la Corte(8), con la diferencia de que bastan seis años de ejercicio profesional o desempeño judicial (norma citada, párr. 2º). De acuerdo con el art. 178 de la misma Constitución, para ser juez de primera instancia se requieren tres años de práctica en la profesión de abogado, seis años de ciudadanía en ejercicio y 25 años de edad. De acuerdo con los textos constitucionales de las otras provincias, la edad exigida para desempeñar magistraturas inferiores oscila entre 25 y 30 años, y la antigüedad profesional o judicial entre dos y ocho años. d) Aunque las leyes no lo dispongan expresamente, es obvio que existen determinadas circunstancias que configuran incapacidades para desempeñar la magistratura judicial: tales, por ejemplo, la inhabilidad física o intelectual que obste al ejercicio adecuado del cargo, la comisión de hechos reñidos con la moral o las buenas costumbres, el procesamiento o la condena penal por delitos infamantes; etcétera(9).

169. Juramento a) Para entrar en el desempeño del cargo, no basta que el juez haya sido designado por la autoridad competente. Es necesario, además, que cumpla el requisito del juramento. La Constitución Nacional se refiere únicamente al que deben prestar los jueces de la Corte Suprema de Justicia, disponiendo que en la primera instalación del Tribunal, los individuos nombrados jurarán en manos del presidente de la Nación "desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a los que prescribe la Constitución"(10)y que "en lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte" (CN, art. 112). Con referencia a todos los jueces integrantes del Poder Judicial de la Nación, el art. 7º del dec.-ley 1285/1958 prescribe que, antes de asumir el cargo, prestarán juramento 460   

cuyo contenido coincide con el previsto por la citada norma constitucional(11). En lo que respecta a la autoridad ante quien debe prestarse el juramento, el art. 16 del RJN dispone que los magistrados de los tribunales colegiados jurarán ante el tribunal que integran(12), y que los demás magistrados lo harán ante la Corte Suprema o ante la Cámara respectiva. b) El art. 179 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece, finalmente, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia prestarán juramento ante su presidente de desempeñar fielmente el cargo; que el presidente lo prestará ante la Suprema Corte de Justicia, y los demás jueces ante quien determine el mismo tribunal. También contienen prescripciones sobre el juramento de los magistrados judiciales las Constituciones de Catamarca (art. 201), Entre Ríos (art. 197), La Rioja (art. 137), Mendoza (art. 157), Neuquén (art. 230), San Luis (art. 205), Santa Fe (art. 87), Santiago del Estero (art. 179) y Tucumán (art. 119). Las restantes provincias reglamentan el punto en sus respectivas leyes orgánicas.

II. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS JUECES(13)

170. Distintos sistemas La mayor parte de las constituciones argentinas ha adoptado, como principio general, el sistema de la designación de los magistrados judiciales por el Poder Ejecutivo (nacional y de cada una de las provincias), con acuerdo del Senado (o de las respectivas legislaturas). Junto a ese sistema, cuyo análisis efectuaremos al final, se conocen tradicionalmente otros dos: el de elección popular y el del nombramiento por el propio Poder Judicial (cooptación). A ambos nos referiremos seguidamente.

171. Elección popular 461   

a) Se ha considerado, con apoyo en ideas de Montesquieu(14), que el sistema de la elección popular de los jueces constituye una de las bases fundamentales del régimen republicano de gobierno, a cuya estricta vigencia sería consustancial la participación directa del pueblo, como titular originario de la soberanía, en la designación de quienes han de integrar los tres poderes del Estado. Fue sobre la base de ese concepto que el referido sistema se instituyó por la Asamblea Constituyente de Francia mediante ley dictada el 24 de agosto de 1790, aunque los graves inconvenientes que su aplicación trajo aparejados determinaron que fuera sustituido, en 1808, por el sistema de elección gubernativa, todavía vigente en ese país(15). b) En la actualidad, el sistema de elección popular tiene aplicación en la mayor parte de los Estados Unidos de Norteamérica(16), en algunos cantones suizos, y en la Unión Soviética y países satélites(17). c) En nuestro país, dicho sistema tuvo vigencia para el nombramiento de los jueces de Paz de los territorios nacionales en aquellas poblaciones que no excediesen de mil habitantes. Pero la ley que lo instituía (ley 1532) fue derogada por la ley 13.998 (art. 58)(18). d) El régimen de la elección popular de los jueces no cuenta con el beneplácito de la doctrina. Las críticas de que es pasible, fundamentalmente, residen, por una parte, en la circunstancia de que dadas las condiciones de orden técnico y moral requeridas para el adecuado desempeño de la magistratura judicial, no cabe presumir, al menos en el grueso del electorado, la suficiente idoneidad para evaluar la concurrencia de tales condiciones, siendo lo más probable que la elección se halle determinada por afinidad o simpatía política(19). Por otra parte, resulta evidente que el sistema coloca a los jueces en compromisos partidarios ajenos a su función específica, y los expone, particularmente ante futuras contingencias electorales, a presiones difícilmente compatibles con la independencia de que necesariamente deben gozar(20). En lo que concierne a los Estados Unidos de Norteamérica, los resultados decididamente desfavorables producidos por la vigencia del sistema analizado(21)han dado motivo a diversas iniciativas tendientes a suprimirlo o, por lo menos, a limitar sus alcances(22). Distinta es la situación en Suiza, donde el buen funcionamiento del sistema se ha atribuido, por un lado, a la particular idiosincrasia del electorado, incapaz de dejarse guiar por simples móviles políticos, y, por otro, a la mejor fiscalización que una comunidad reducida puede ejercer sobre la conducta de los jueces(23). En la Unión Soviética, finalmente, el régimen electivo constituye un lógico corolario de la estructura del Estado socialista, que impone la existencia del partido único y la necesidad de que la justicia sea

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administrada en concordancia con el sentimiento popular y con las líneas políticas gubernamentales(24).

172. Cooptación a) Caracteriza el sistema del epígrafe el hecho de que los jueces son designados directamente por órganos del Poder Judicial, o a propuesta formulada por éstos. Tiene aplicación parcial en la República Oriental del Uruguay, cuya Constitución dispone que los jueces de la Corte Suprema son designados por la Asamblea Legislativa con dos tercios de votos y los restantes magistrados por la Suprema Corte, debiendo mediar acuerdo del Senado con respecto al nombramiento de los jueces del Tribunal de Apelación (arts. 85-18, 235, 236, 239, incs. 4º, 5º y 6º). En Bélgica, los magistrados de los tribunales superiores son designados por el Poder Ejecutivo, pero sobre la base de los candidatos presentados por el tribunal respectivo. b) Entre los antecedentes judiciales de nuestro país figura un sistema de designación análogo al que se aplica en Bélgica. Fue el instituido por un decreto del general Viamonte del 17 de octubre de 1829, según el cual los jueces de primera instancia debían ser nombrados por el Poder Ejecutivo mediante elección dentro de una terna de candidatos formada por la Cámara de Justicia, previo concurso público de méritos y aptitudes. El sistema ha sido instituido, con distintas modalidades, por las constituciones de varias provincias argentinas, aunque limitado a la designación de los magistrados con categoría inferior a la de los miembros integrantes del respectivo tribunal superior en el orden local. De acuerdo con una de esas modalidades, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia se limita a la proposición de los candidatos, correspondiendo el nombramiento sea a la Cámara de Representantes (Constitución de Formosa, art. 169), sea al Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (Constitución de Jujuy, art. 158). La otra modalidad consiste en que la designación es efectuada por el propio Tribunal Superior, en algunos casos con acuerdo de otro poder local, como ocurría en la provincia de Neuquén, cuya Constitución acordaba tal facultad a la Legislatura (art. 151(25)), y en otros, a propuesta de un órgano compuesto por magistrados judiciales, funcionarios de otros poderes y abogados, según ocurría en las provincias del Chaco y Río Negro. La Constitución de la provincia de Chubut, finalmente, instituía un sistema que participa de las características de los precedentemente mencionados, pues exige, por un lado, que el Superior Tribunal requiera el acuerdo de la Legislatura, y establece, por otro, que aquél debe solicitar terna a los Colegios de Abogados y a los 463   

profesionales del foro donde no exista aquella entidad, para la designación de los abogados que se incorporen a la administración (art. 169(26)). c) Entre las críticas formuladas contra el sistema de cooptación, al menos en sus modalidades extremas, se arguye que la concesión de atribuciones al Poder Judicial para designar a sus propios integrantes, o para gravitar decididamente en el nombramiento gubernativo, contribuye a crear un espíritu de casta que impide el ingreso a la magistratura de quienes, por razones de experiencia y cultura jurídica adquiridas en el ejercicio de la profesión o de funciones públicas, se hallan en condiciones de introducir, en el ámbito judicial, nuevos criterios e inquietudes cuya importancia puede no percibir el magistrado de carrera. Existe, por otra parte, entre los miembros del Poder Judicial, la propensión a atribuir excesiva importancia a la antigüedad en el cargo como requisito de ascenso, pese a que dicho atributo constituye indudablemente un factor secundario en relación con la real eficiencia demostrada en el ejercicio de la función judicial. Finalmente, conspiran contra la eficacia de este sistema las inevitables motivaciones de amistad o de simpatía que gravitan en la selección. No obstante, Couture ha defendido con entusiasmo el régimen adoptado por la Constitución uruguaya, al que califica de "verdadera conquista institucional", aunque no deja de advertir la necesidad de que se complemente mediante un adecuado sistema de selección, como es el del concurso de méritos y oposición(27). En lo que concierne a nuestro país, entendemos que el sistema instituido por las Constituciones del Chaco y de Río Negro desvirtúa en gran medida las objeciones a que hemos aludido, aunque dada la intervención que reconocen a los magistrados del Superior Tribunal en los organismos proponentes, carece de fundamento razonable la exclusión del Poder Ejecutivo en el nombramiento.

173. Designación por el Poder Ejecutivo El sistema de la designación de los jueces por el Poder Ejecutivo es el que se halla más generalizado en la legislación moderna, y el que ha sido adoptado, según señalamos, por la mayoría de las constituciones vigentes en la República Argentina.

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A) Procedimiento para la designación de jueces nacionales(28) a) Respecto del modo de designación de los jueces nacionales corresponde distinguir, de acuerdo con la reforma constitucional operada en 1994, según se trate de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de los que integran los tribunales inferiores.

Los primeros, en efecto, deben ser designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto (arts. 99, inc. 4º, párr. 1º, y 114, CN). Previo a todo ello, sin embargo, y conforme a lo dispuesto por el dec. 222/2003, producida una vacante en la Corte, corresponde publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia (art. 4º), a cuyo fin los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos pueden presentar, hasta quince días posteriores desde la última publicación, ante el Ministerio de Justicia, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que estimen de interés respecto de los incluidos en el proceso de preselección (art. 6º), y previo informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte de los candidatos (art. 8º), en un plazo no mayor a los quince días contados desde el vencimiento del plazo fijado en el art. 6º, el Poder Ejecutivo debe disponer, haciendo mérito de las razones que abonen la decisión tomada, la elevación o no de la propuesta respectiva, debiendo en el primer caso remitir lo actuado al Senado de la Nación a los fines del acuerdo. También incumbe al Presidente de la Nación el nombramiento de los jueces integrantes de los tribunales inferiores, aunque con la diferencia de que debe hacerlo sobre la base de una propuesta en terna vinculante emitida (previo concurso público) por el Consejo de la Magistratura, organismo regulado por las leyes 24.937 y 24.939 con arreglo a las pautas establecidas en el art. 114 de la CN. Otra variante reside en el hecho de que cuando se trata de los jueces propuestos por el Consejo de la Magistratura, el acuerdo del Senado, si bien debe prestarse en sesión pública en la que corresponde tener en cuenta la idoneidad de los candidatos, no exige un quorum especial (art. 99, inc. 4º, párr. 2º, CN).

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b) En relación con todos los jueces nacionales es, sin embargo, necesario un nuevo nombramiento para mantenerlos en el cargo una vez que cumplan la edad de 75 años. Asimismo, todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor deben hacerse por cinco años, y podrán repetirse indefinidamente por el mismo trámite (art. 99, inc. 4º, párr. 3º, CN) (en virtud de la undécima disposición transitoria de la CN de 1994 esta norma comenzó a regir el 22/8/1999)(29).

B) Procedimiento para la designación de jueces en el extranjero En algunos países europeos, como España, Francia e Italia(30), si bien el nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo, el ingreso a la magistratura se halla condicionado a un previo concurso de idoneidad y al transcurso de un período de aprendizaje en organismos especializados. En Inglaterra, en cambio, no existe un régimen de carrera judicial ni la posibilidad de ascensos a cargos de mayor jerarquía. Los jueces, en efecto, son elegidos por el gobierno entre los abogados de mayor experiencia y reputación, y con un destino que se considera definitivo. Este sistema ha permitido la formación de una magistratura dotada de un inmenso prestigio, cuyos integrantes, por otra parte, perciben las remuneraciones más elevadas del mundo en el orden judicial(31).

C) Remoción a) Los jueces nacionales de cualquier jerarquía sólo pueden ser separados de sus cargos mediante el procedimiento del juicio político (arts. 53, 110 y 115(32), CN), el cual puede intentarse por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes; debiendo incluirse, dentro del concepto de "mal desempeño", todos aquellos casos que, sin tipificar una conducta delictiva, importen actitudes o hechos incompatibles con el adecuado ejercicio de la función judicial (v.gr., morosidad, negligencia, inhabilidad física o mental, etc.). De acuerdo con las pertinentes disposiciones constitucionales, cuando se trata de miembros de la Corte Suprema, el derecho de acusación corresponde a la Cámara de Diputados, la que previamente debe declarar haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos terceras partes de 466   

sus miembros presentes (art. 53). Al Senado corresponde juzgar en juicio público (y con las garantías procesales consiguientes) al acusado por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. El acusado no podrá ser declarado culpable sino por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes (art. 59). Su fallo, según lo dispone el art. 60, no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios. b) Si se trata, en cambio, de los jueces integrantes de los tribunales inferiores de la Nación, la facultad de decidir la apertura del procedimiento de remoción y de ordenar la suspensión de aquéllos, así como la de disponer la acusación correspondiente incumbe al Consejo de la Magistratura (art. 114, inc. 5º, CN), perteneciendo al Jurado de Enjuiciamiento la potestad de decidir la eventual remoción. Cabe remitir, sobre el punto, a lo expuesto supra nros. 164 y 165.

III. INCOMPATIBILIDADES DE LOS JUECES(33)

174. Régimen legal a) En virtud de distintas razones que confluyen en la necesidad de asegurar el adecuado desempeño de la función, está vedada a los jueces la realización de determinados actos que configuran otras tantas incompatibilidades con el ejercicio de la magistratura. b) Con respecto a los jueces nacionales, dichas incompatibilidades se hallan previstas en la Constitución Nacional, en el dec.-ley 1285/1958 y en el Reglamento para la Justicia Nacional. Las provincias determinan las incompatibilidades en el texto de sus respectivas constituciones y leyes orgánicas del Poder Judicial.

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175. Ejercicio simultáneo de las magistraturas federal y provincial El art. 34 de la Constitución Nacional prescribe que los jueces de las Cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia. Esta incompatibilidad, que debe considerarse referida a todos los jueces que integran el Poder Judicial de la Nación, fue introducida por la reforma del año 1860 y tiene su fundamento tanto en el hecho de que el Poder Judicial de las provincias emana de las autonomías locales, siendo por lo tanto distinto del nacional, cuanto en la circunstancia de que gran parte de la competencia asignada a los jueces federales responde a la necesidad de un orden judicial que actúe con total independencia frente a los particulares intereses provinciales(34).

176. Actividad política El ejercicio de la magistratura judicial es incompatible "con toda actividad política" (art. 9º, dec.-ley 1285/1958). Ello significa que está vedado a los jueces formar parte de entidades políticas, formular o adherir a manifestaciones de ese carácter y enjuiciar públicamente los actos realizados por los otros poderes del Estado. La prohibición, por lo tanto, se refiere más bien a la actividad de "proselitismo político", como con mayor precisión lo establecía el art. 9º de la ley 13.998 y lo determina el art. 8º, inc. e), del RJN. En la provincia de Buenos Aires, constituye causal de enjuiciamiento de los jueces "la intervención activa en política" (art. 21, inc. j], ley 13.661). Asimismo, la mayor parte de las constituciones provinciales prohíbe a los jueces dicha intervención, agregando algunas que les está vedado a aquéllos tener participación en la dirección o redacción de periódicos que traten de política, así como firmar programas, exposiciones, protestas u otros documentos de carácter político (Catamarca, art. 282; Córdoba, art. 156; Corrientes, art. 190; Jujuy, art. 169; La Rioja, art. 134; Río Negro, art. 201, inc. 2º, y Tucumán, art. 123).

177. Ejercicio del comercio y de actividades lucrativas

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El art. 22 del derogado CCom., prohibía a los jueces el ejercicio del comercio dentro del territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente, agregando el art. 23 de dicho Código que la prohibición no comprendía la facultad de dar dinero a interés, con tal que no se haga de ello profesión habitual, ni tampoco la de ser accionista de sociedades comerciales, siempre que no tomen parte de la gerencia administrativa (es decir, como directores, gerentes o síndicos)(35). A su vez el art. 9º del dec.-ley 1285/1958 prohíbe a los jueces nacionales "el ejercicio del comercio", sin formular distinciones en cuanto al lugar y clase de actividades y el art. 8º, inc. j) del RJN, es aún más estricto en cuanto agrega la prohibición de realizar "actividad lucrativa alguna sin autorización(36)de la respectiva autoridad de (37) superintendencia" . A tales restricciones cabe agregar las contenidas en los arts. 1002, inc. b) del CCiv. y Com., y en el art. 20 del Código de Minería. Asimismo, el art. 21, inc. m), de la ley de la provincia de Buenos Aires 13.661 considera causal de acusación contra los jueces, el hecho de "ejercer comercio o industria", y las restantes provincias prevén esta incompatibilidad en sus constituciones y Leyes Orgánicas del Poder Judicial. Las leyes de fondo, por otra parte, contienen diversas disposiciones mediante las cuales se prohíbe a los jueces la realización de ciertos actos que se relacionan con la incompatibilidad examinada. Tales son el art. 1361, inc. 6º, del Código Civil, según el cual está prohibido a los jueces comprar "aunque sea en remate público, por sí o por interpósita persona", "los bienes que estuviesen en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual ejerciesen, o hubiesen ejercido su respectivo ministerio"; el art. 1442 del mismo Código, que, en la misma situación, les veda a aquéllos la posibilidad de ser cesionarios; el art. 22, inc. 1º, del Código de Minería, que prohíbe a los jueces comprar minas dentro de su jurisdicción.

178. Actividad profesional y desempeño de empleos públicos y privados a) El ejercicio de la magistratura judicial es también incompatible "con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos" (dec.-ley 1285/1958,art. 9º, y disposiciones concordantes de las leyes provinciales). La prohibición comprende tanto el asesoramiento extrajudicial(38)como el patrocinio y la representación en juicio, cualquiera sea la jurisdicción en 469   

que tales actividades se realicen(39). Es razonable la excepción prevista para los casos de defensa de intereses personales y familiares, en los cuales se halla excluido el propósito lucrativo que acompaña al desempeño estrictamente profesional. Por otra parte, la prohibición no sólo se refiere al ejercicio de la abogacía y la procuración, sino también al de cualquier profesión liberal. Lo reafirma el RJN, cuyo art. 8º, inc. i), obliga a los jueces a "no ejercer profesiones liberales ni aun con motivo de nombramientos de oficio o a propuesta de partes"(40). Asimismo, les está prohibido a los jueces, bajo pena de nulidad, aceptar el nombramiento de árbitros o amigables componedores, salvo en el supuesto de que en el juicio fuese parte la Nación o una provincia(41). b) A fin de asegurar la mayor dedicación de los jueces a sus funciones específicas, así como de impedir que éstas se vean interferidas por intereses de carácter económico, el art. 9º del dec.-ley 1285/1958, y las respectivas normas provinciales, declaran incompatible la magistratura judicial con el desempeño de empleos públicos o privados(42). Están exceptuadas las comisiones de estudios(43)y los cargos docentes, aunque estos últimos se limitan a los de carácter universitario, por cuanto la ley no permite a los jueces nacionales el desempeño de la docencia primaria o secundaria(44). La razonabilidad de tal distingo se ha justificado, por un lado, en la circunstancia de que el ejercicio de la docencia primaria o secundaria obliga a los jueces a desplegar actividades que, en razón del extenso tiempo que generalmente demandan, gravitan en desmedro de su dedicación a las tareas judiciales; y, por otro lado, en la recíproca complementación que implica el desempeño simultáneo de la cátedra universitaria y de la función judicial(45), siempre, desde luego, que aquélla esté destinada a la enseñanza de la ciencia jurídica(46). Aunque ambos argumentos resultan atendibles, convendría sin embargo limitar en alguna medida prudente el ejercicio de la docencia universitaria, porque si bien es cierto que ésta puede contribuir a un mejor desempeño de la función judicial, no lo es menos que la acumulación de cargos docentes, que se presenta con frecuencia, incide también negativamente en la eficiencia de la labor judicial(47).

179. Parentesco entre jueces de un mismo tribunal No pueden ser, simultáneamente, jueces del mismo tribunal colegiado, parientes o afines dentro del cuarto grado civil. En caso de afinidad 470   

sobreviniente, el que la causare debe abandonar el cargo (dec.-ley 1285/1958,art. 8º). Una norma análoga contienen las constituciones de Chubut (art. 180), Entre Ríos (art. 200) y Neuquén (art. 235), las cuales extienden la incompatibilidad al conocimiento de los asuntos en que hayan resuelto como jueces los parientes o afines, dentro de dicho grado, de algún magistrado de un tribunal superior. Otras constituciones (San Luis, art. 194; Tierra del Fuego, art. 149) y algunas leyes provinciales (Santa Cruz [ley 1600,art. 13]; San Juan [ley 5854,art. 8º]; La Pampa [ley 1675,art. 7º]; etc.) establecen otras variantes a esta limitación. Esta incompatibilidad tiene su razón de ser(48)en el riesgo de que la independencia de juicio de cada uno de los magistrados integrantes de un órgano colegiado pueda resultar comprometida por adhesiones derivadas del sentimiento de solidaridad y de afecto que normalmente suscita el vínculo familiar(49). Sin embargo, parece excesivo el grado de parentesco por afinidad que establece el dec.-ley 1285/1958, resultando más razonable limitarlo al segundo grado, tal como lo hacen las constituciones y leyes provinciales citadas.

180. Actos contrarios a la dignidad del cargo a) El estado judicial impone el deber de observar una conducta pública que ponga al juez a cubierto de toda suspicacia y de toda sospecha con respecto a su honorabilidad. De allí que el dec.-ley 1285/1958 disponga, en el último párrafo del art. 9º: "A los jueces de la Nación les está prohibido practicar juegos de azar o concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos, o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo". Por su parte, el art. 8º, inc. h), del RJN prescribe que los jueces están obligados a "levantar en el plazo de sesenta días contados desde la fecha de su notificación cualquier embargo que se trabase sobre sus sueldos o el concurso que se hubiere decretado. Excepcionalmente, y con mención explícita de la razón que lo determine, la respectiva autoridad de superintendencia podrá ampliar este plazo y aun eximir al interesado del cumplimiento de esta obligación". b) Finalmente, el art. 21 de la ley bonaerense 13.661 establece, entre las causales que pueden motivar el enjuiciamiento de los jueces, la "realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone" (inc. f]), y el "vicio del juego por dinero caracterizado por la frecuencia" (inc. g]). Prohibiciones semejantes se hallan establecidas por las leyes orgánicas de las restantes provincias (v.gr.: Chubut [ley 37,art. 14]; La Pampa [ley 1675,art. 8º]; 471   

Misiones [ley 651, modif. por la ley 2861,art. 14]; Río Negro [ley 2430,art. 11]; etc.).

IV. DEBERES DE LOS JUECES(50)

181. Generalidades a) Las incompatibilidades que se terminan de analizar constituyen, en rigor, otros tantos deberes de los jueces, en la medida en que imponen a éstos la observancia de conductas consistentes en la abstención de realizar determinados actos. Se trata, en otras palabras, de deberes de nohacer o de prohibiciones cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria e incluso política. Aunque las denominadas incompatibilidades, por lo tanto, no difieren esencialmente de los deberes, existen dos razones que, a nuestro juicio, justifican el tratamiento separado de ambas cuestiones. La primera reside en la circunstancia de que, mientras las incompatibilidades tienden a asegurar el más eficiente desempeño de la función judicial, genéricamente considerada, los deberes se vinculan al comportamiento específico de los jueces dentro de cada uno de los procesos que tramitan ante ellos. La segunda razón estriba en que los deberes, a diferencia de las incompatibilidades, implican prestaciones positivas a cargo del juez. Interesa destacar, no obstante, que la clase de deberes que hemos de analizar en este lugar difieren de los deberes judiciales de carácter administrativo que examinamos supra, nro. 86, C] en nota 27, cap. XI), pues estos últimos, con excepción del previsto en el art. 36 del RJN, se relacionan más con el funcionamiento y la organización interna de los juzgados y tribunales que con el trámite del proceso propiamente dicho. b) Es deber primario y fundamental de los jueces el de prestar los servicios que les incumben como funcionarios del Estado, es decir, el de administrar justicia cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto. Tal deber de ejercer la función judicial deriva, por un lado, de la relación de empleo público que vincula al juez con el Estado, hallándose regido, como tal, por los principios generales del derecho administrativo, y se correlaciona, por otro lado, con el derecho que tienen las partes o 472   

peticionarios en el sentido de que sus reclamos sean resueltos o proveídos, con prescindencia, desde luego, del contenido (favorable o desfavorable), de la respectiva decisión(51). El incumplimiento de este deber, o su cumplimiento en forma irregular, autoriza, por una parte, la aplicación de sanciones disciplinarias, pudiendo justificar, incluso, la remoción del juez; y genera, por otra parte, responsabilidades de orden civil y penal. Constituye particularmente una transgresión que determina ese tipo de responsabilidades el hecho de "dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes" (art. 15, CCiv.), el cual puede originar la obligación de reparar los perjuicios ocasionados a las partes (arts. 1109 y 1112, CCiv.)(52), así como la aplicación de sanciones penales (art. 273, CPen.). Finalmente corresponde recordar que, en materia civil patrimonial, les está vedado a los jueces proceder de oficio (supra, nro. 50, B])(53). La prohibición, que se halla expresamente consagrada por el art. 2º de la ley 27, surge asimismo del contexto general del CPCCN, especialmente de la norma contenida en el art. 163, inc. 6º(54), en cuya virtud de sentencia definitiva debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las pretensiones deducidas en juicio(55). Cabe asimismo recordar que la regla no es aplicable con respecto al derecho, pues de conformidad con el principio iura novit curia, incumbe a los jueces la facultad de calificar jurídicamente los hechos de la causa, con prescindencia de la norma o normas invocadas por las partes o peticionarios. La regla tampoco rige con respecto a la ordenación e instrucción del proceso, ámbito en el cual los jueces están habilitados para proceder de oficio. Asimismo, establece el Código Civil y Comercial en su art. 709 respecto de procesos de familia donde se ventilen cuestiones extrapatrimoniales lo siguiente: "Principio de oficiosidad. En los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces".

182. Orden de decisión de las causas Es deber de los jueces "decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional" (art. 34, inc. 2º, CPCCN). Se refiere al punto el art. 36 de dicho Reglamento(56). La norma es lo suficientemente flexible como para permitir al juez alterar el orden de preferencia en casos excepcionales, como pueden ser la extrema complejidad de algún asunto o la conveniencia de resolver 473   

conjuntamente causas en las que se ventilan cuestiones conexas o afines. Por otra parte, el art. 36 del RJN autoriza a disponer la preferente resolución de una causa no comprendida entre las mencionadas por dicha norma "cuando mediara atendible razón de urgencia".

183. Plazos para resolver(57) a) En su versión originaria, el art. 34, inc. 3º, del CPCCN preveía los plazos dentro de los cuales debían los jueces dictar las providencias simples, las sentenciasinterlocutorias y las sentencias definitivas en el juicio ordinario. En el art. 496 fijaba el plazo dentro del cual correspondía dictar la sentencia definitiva en el proceso sumario, aunque sin establecer el momento desde el cual debía computarse, y omitía determinar el plazo aplicable al pronunciamiento de la sentencia definitiva en el proceso sumarísimo.

Tales falencias fueron cubiertas por la ley 22.434, que amplió el inc. 3º del art. 34 y fijó distintos plazos según se tratase de providencias simples, sentencias definitivas en juicios ordinarios, sumarios y sumarísimos, y sentencias interlocutorias y homologatorias. El mismo criterio fue adoptado por la ley 25.488, que al enumerar los deberes de los jueces sustituyó el art. 34, inc. 3º, por el siguiente: "...3) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: "a) Las providencias simples, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el art. 36, inc. 1º e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente. "b) Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en contrario(58), dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. "c) Las sentencias definitivas en juicio ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia, dictado en el plazo de las providencias simples, quede firme; en el segundo, desde la fecha de sorteo del expediente, que se debe realizar dentro del plazo de quince días de quedar en estado. "d) Las sentencias definitivas en el juicio sumarísimo, dentro de los veinte o treinta días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos de amparo el plazo será de diez y quince días, respectivamente(59).

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"En todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento". Según se advierte, tales plazos concuerdan, en su dimensión temporal, con los teóricamente vigentes, pero con dos variantes. Una consiste en que, al haberse eliminado el llamado juicio sumario, sólo se han fijado plazos para dictar sentencia definitiva en el juicio ordinario que coinciden con los actuales y se elevaron ligeramente los correspondientes al llamado juicio sumarísimo (veinte o treinta días) cuando éste procede por razón del monto discutido, y se mantuvieron los de diez y quince días en relación con los restantes casos (amparo, interdictos, etc.). Aunque dichos plazos continúan computándose desde que adquiere firmeza la providencia de autos o desde la fecha del sorteo del expediente, a partir de la vigencia de la ley 25.488 la primera debe dictarse dentro del plazo de las providencias simples (vale decir, en el de tres días) y el sorteo practicarse dentro del plazo de quince días de quedar la causa en estado. Pero la experiencia enseña no sólo que tales plazos raramente se observan, sino que son, como siempre lo fueron, fácilmente soslayables, sin que, por muy explicables motivos, ningún litigante se aventure a denunciar la demora. b) De acuerdo con el régimen vigente con anterioridad a la promulgación de la ley 17.454, la inobservancia de los plazos establecidos para dictar sentencia definitiva autorizaba la interposición del recurso de queja por denegación o retardo de justicia (arts. 275 a 280, Cód. de Ptos.), que debía deducirse ante la Cámara de Apelaciones correspondiente o ante la Corte Suprema según que, respectivamente, la demora fuere imputable a un juez de primera instancia o a una Cámara de Apelaciones (art. 24, inc. 5º, del dec.-ley 1285/1958). En ambos casos, constituía presupuesto del recurso el previo requerimiento que debía formularse ante el juez o tribunal morosos, y el transcurso de un plazo sin que dicho requerimiento resultare satisfecho. La práctica evidenció la inoperancia de ese remedio, resultado que obedeció, particularmente, a la circunstancia de que los litigantes rehuían su utilización frente a la perspectiva de crear en los jueces un estado anímico adverso a la satisfacción de sus intereses. Además, a la escasa agilidad del sistema se sumaba el hecho de que los tribunales competentes para conocer del recurso acostumbraban a requerir previamente un informe al juez o a la Cámara acerca de las causas de la demora, y de que el tiempo que insumía el cumplimiento de dicho trámite era habitualmente aprovechado para dictar la sentencia. Por ello el CPCCN suprimió ese recurso e instituyó, como arbitrio tendiente a solucionar el problema de la posible morosidad judicial, el sistema consistente en la pérdida automática de la competencia de que eran pasibles los jueces que no pronunciaban sentencia dentro de los plazos correspondientes y de sus eventuales prórrogas. 475   

El régimen, que contaba como antecedentes los arts. 61 del Código de La Rioja, 16 y 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha provincia, 91 del Código de Mendoza, y 494 y 580 del Código de Procedimientos en Materia Penal, tenía, sobre el anterior, la ventaja de que aventaba cualquier posibilidad de fricción entre jueces y partes y de que actuaba, sobre los primeros, en forma de estimular un mayor cuidado de su prestigio e incluso de su carrera. Además, no menoscababa en modo alguno el decoro de los jueces(60)y guardaba coherencia con los lineamientos esenciales a que respondía el CPCCN. La ley 22.434 modificó el art. 167 de dicho ordenamiento, aunque, en forma similar a la que este precepto exhibía en su redacción originaria, comenzó por prever la contingencia de que, frente a circunstancias de excepción, los tribunales superiores, ante el pedido formulado por el juez que no se encuentre en condiciones materiales de cumplir el plazo legal, fijen el plazo en que la sentencia debe dictarse, el cual puede ser, de acuerdo con las circunstancias, y a diferencia de las reglas establecidas por los antecedentes normativos anteriormente citados, equivalente, mayor o menor que el doble del plazo legal. Disponía, en efecto, el art. 167 del CPCCN a raíz de la reforma, siguiendo en lo sustancial el criterio adoptado por el precepto en su primitiva versión, que "si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo establecido en el art. 34 u otra disposición legal, el juez o tribunal deberá hacerlo saber a la Cámara de Apelaciones que corresponda o, en su caso, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con anticipación de diez días al del vencimiento de aquél si se tratare de juicio ordinario, y de cinco días en los demás casos, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el superior señalará el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, por el mismo juez o tribunal, o por otro del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren". Esta última posibilidad puede presentarse, por ejemplo, en el supuesto de que el juzgado o tribunal requirente se halle excesivamente recargado de tareas y otro órgano con la misma competencia se encuentre, en cambio, manifiestamente aliviado de ellas. En lo que concierne al mecanismo de la sanción, el apart. 3º de la disposición examinada determinaba que "al juez que no hubiere remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciara la sentencia dentro del plazo que se le hubiere fijado, se le impondrá una multa que no podrá exceder del 15% de su remuneración básica, y la causa podrá ser remitida, para sentencia, a otro juez del mismo fuero. Si la demora injustificada fuera de una Cámara, la Corte impondrá la multa al integrante que hubiere incurrido en ella, quien podrá ser separado del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiere. Si se produjere una vacancia prolongada, la Cámara dispondrá la distribución de expedientes que estimare pertinente". 476   

Si bien la nueva redacción acordada al art. 167 por la ley 22.434, reproducida por el art. 167, inc. 2º, de la ley 25.488, aclaró adecuadamente la cuestión relativa a los plazos en que corresponde formular las peticiones de prórroga atendiendo al tipo de proceso de que se trate, y exhibe mayor flexibilidad que el texto originario en cuanto a la justificación de la demora, la sanción imputada a ésta comporta un manifiesto agravio a la dignidad y jerarquía de la función judicial(61), y en la práctica ocasiona inconvenientes análogos e incluso mayores a los que presentaba el recurso de queja, ya que frente a la imposibilidad de que los tribunales superiores controlen oficiosamente el cumplimiento de los plazos, la aplicación de la sanción patrimonial prevista por la norma debe ser solicitada por las partes, con la consiguiente animadversión que cabe suponer genera en el juez sancionado con respecto al peticionante de la multa, circunstancia que asimismo ha determinado la virtual caída en desuso de la norma. Resulta, pues, preferible el sistema de la pérdida automática de la competencia y la correlativa nulidad de la sentencia dictada extemporáneamente, tanto más cuanto que se trata de una nulidad relativa que, como tal, es susceptible de convalidarse en el caso de que ninguna de las partes promueva el respectivo incidente una vez vencido el plazo legal para dictar sentencia(62). De acuerdo con lo dispuesto en el apart. 4º del art. 167, inc. 2º, con referencia a la posibilidad de que un miembro de un órgano colegiado sea separado del conocimiento de la causa por razón de morosidad en la emisión del voto, corresponde entender que la integración del tribunal, pese a los términos imperativos de la norma, sólo es pertinente cuando los restantes jueces no constituyan mayoría absoluta ni concuerden en la solución del juicio. En caso contrario, la decisión puede ser dictada por ellos, dejándose constancia de la separación del juez moroso, porque esa circunstancia configura uno de los "impedimentos" a que se refiere el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional. El apart. 5º del art. 167, por último, no contempla específicamente el supuesto de los jueces que ejercen sus funciones por sustitución a raíz de licencia acordada al titular. Cabe interpretar, no obstante, que la sanción prevista por la norma no puede aplicarse al juez sustituto, por cuanto su situación configura, por sí misma, una hipótesis de justificación atendible. Dispone, asimismo, el art. 168 del CPCCN, conforme a la redacción que le imprimió la ley 22.434 y mantuvo la ley 25.488, que "la imposición de la multa establecida en el artículo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad penal, o de la sujeción del juez al tribunal de enjuiciamiento, si correspondiere". El precepto salva las objeciones, que si bien carentes de mayor fundamento, se formularon contra la primitiva redacción del art. 168(63). c) La ley 25.488incorporó, como inc. 1º del art. 167 del CPCCN, un precepto con arreglo al cual "la reiteración en la demora en pronunciar las providencias simples, interlocutorias y homologatorias será considerada 477   

falta grave y se tomará en consideración como elemento de juicio importante en la calificación de los magistrados y funcionarios responsables respecto de su idoneidad en el desempeño de sus funciones". No obstante, si conforme a la información disponible ningún magistrado ha sido aún pasible, por la razón más arriba expuesta, de la sanción patrimonial prevista en el inc. 2º del art. 167 frente a la demora incurrida en el dictado de la sentencia definitiva, menos aún es posible tener por configurada la "falta grave" que, a los fines de calificar la idoneidad de aquéllos y, en su caso, de los secretarios, ante un eventual ascenso, alude la norma transcripta frente a la hipótesis de mediar reiteración en la demora en pronunciar los restantes tipos de resoluciones, algunas de las cuales, por lo demás, incumbe suscribir a los prosecretarios administrativos y jefes de despacho (art. 38, CPCCN). A la elemental razón psicológica ya indicada cuadra añadir, en el caso, la inexistencia de un adecuado registro en el que consten las demoras, y el hecho de que a los jueces de Cámara no puede afectarlos en absoluto la mentada reiteración.

184. Motivación de las decisiones a) Como una garantía contra la arbitrariedad, y con el fin de asegurar el debido control sobre la actividad judicial, la ley impone a los jueces el deber de motivar o fundar sus decisiones. A ello se refiere el Código Civil y Comercial cuando en su art. 3º prevé el "Deber de resolver" estableciendo que "El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada". El CPN lo instituye expresamente con respecto a las sentencias definitivas o interlocutorias, agregando que los jueces deben respetar la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (art. 34, inc. 4º). Asimismo, el nuevo digesto de derecho privado, establece un panorama normativo amplio al cual recurrir en esta tarea (art. 1º: "Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho"). La ley —como se ha dicho— impone a los jueces el deber de enunciar los motivos o fundamentos de hecho y de derecho en que se basa la 478   

solución acordada a las cuestiones planteadas en el proceso. La motivación constituye, en otras palabras, el único medio a través del cual pueden las partes, y la opinión pública en general, verificar la justicia de las decisiones judiciales, y comprobar, por lo tanto, la adecuación de éstas a las valoraciones jurídicas vigentes. De ahí el alto sentido institucional de tal deber, cuyo fundamento reside en el derecho de controlar los actos de los poderes públicos que es propio del régimen republicano de gobierno, así como en la garantía de la defensa en juicio. b) Aunque en el derecho romano sólo existía la obligación legal de motivar las sentencias penales, la costumbre determinó que aquélla también se cumpliese en materia civil. Las leyes de Partidas la consagraron expresamente en tanto establecían el deber del juez de fallar con arreglo a derecho "por buenas et apuestas palabras que se puedan bien entender". Durante la época del derecho común, en cambio, el deber de motivación sólo regía respecto de las sentencias penales pronunciadas en el fuero eclesiástico, y particularmente en las causas por herejía que se sustanciaban ante los tribunales de la Santa Inquisición. Mediante la real cédula del 23 de junio de 1778, Carlos III impuso con carácter general la prohibición de motivar los pronunciamientos judiciales "para evitar cavilaciones a los litigantes, y por el mucho tiempo que se consume en la extensión de las sentencias, que viene a ser un resumen del proceso y las costas que a las partes se siguen". En ese mismo año, sin embargo, la ordenanza napolitana instituyó expresamente el deber de fundar las sentencias, y el principio fue posteriormente recogido, en el año 1790, por la Constitución francesa de 3 Fructidor. A partir de entonces se incorpora paulatinamente a todas las legislaciones, incluso a la española. En lo que concierne a nuestro país, durante la época colonial no regía, por imperio de la legislación española entonces aplicable, el deber de motivar las sentencias. La legislación promulgada a partir de 1810 comienza por restablecer ese deber en materia penal (Decreto de Seguridad Individual de 1811, Estatuto Provincial de 1815 y Constituciones de 1819 y 1826), siendo en la época de Rosas cuando se lo instituye con carácter general en el Tribunal de Recursos Extraordinarios. La Constitución de 1853 no contiene una norma expresa sobre el punto, pero la jurisprudencia, como veremos, ha declarado que el deber de motivación emerge de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio. En cambio, las constituciones dictadas en la provincia de Buenos Aires a partir de 1854 contienen cláusulas expresas y minuciosas acerca del referido deber (supra, nro. 25). Previsiones análogas se hallan contenidas en las constituciones de otras provincias (Catamarca, art. 208; Córdoba, art. 155; Corrientes, art. 185; Mendoza, art. 148; Neuquén, art. 238; San Luis, art. 210, y Santiago del Estero, art. 182). c) El CPCCN establece expresamente el deber de "fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria" (arts. 34, inc. 4º, 161, inc. 1º, y 163, inc. 5º)(64), y si bien no lo hace con relación a las providencias simples, 479   

o sea a las que "sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución" (art. 160), debe entenderse que aquéllas deben ser fundadas en el supuesto de que obsten al ejercicio de una facultad procesal y causen, por ello, gravamen irreparable(65). d) La Corte Suprema tiene reiteradamente decidido, acerca de la cuestión en examen, que a la condición de órganos de aplicación del derecho va entrañablemente unida la obligación de los jueces de fundar sus sentencias documentando de esa manera que ellas son derivación razonada del derecho vigente y no producto de su voluntad individual, y que la exigencia de que las decisiones judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional(66). La garantía de la defensa en juicio, en efecto, se asienta fundamentalmente en la posibilidad de obtener el amparo judicial de los derechos, lo cual supone, como es obvio, el pronunciamiento de sentencias que se funden en la ley y en la prueba de los hechos controvertidos, ya que de lo contrario sólo existe un mero hecho de arbitrariedad o un capricho del juzgador, y no una verdadera sentencia en el sentido requerido por la Constitución(67). De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, existe en primer lugar sentencia arbitraria, por defecto de fundamentación, no sólo cuando la sentencia carece totalmente de fundamentos en los hechos y en el derecho, sino también cuando los fundamentos enunciados son insuficientes(68). Esta última situación se configura, por ejemplo, cuando la sentencia contiene conceptos imprecisos, de los que no aparecen ni la norma general aplicada ni las circunstancias del caso(69); o se aparta de las conclusiones establecidas por un órgano administrativo mediante simple remisión a lo resuelto en otro caso y sin referencia alguna a los hechos del juicio y su prueba(70); o modifica sustancialmente una regulación de honorarios con mera alusión a la "extensión e importancia de los trabajos"(71), o a "las particularidades de la causa, prudentemente atendidas"(72); o se funda en una afirmación genérica, como es la referencia, para declarar la licitud de una huelga contrariamente a lo resuelto en sede administrativa, que aquélla pudo haber sido adoptada en presencia de circunstancias susceptibles de considerarse una "pérdida de conquistas sociales"(73); etcétera. En segundo lugar, de conformidad con la doctrina del mismo Tribunal, se configura la causa de arbitrariedad cuando los fundamentos enunciados por la sentencia adolecen de errores inexcusables, sea en la aplicación del derecho o en la apreciación de los hechos y de la prueba. Tal lo que ocurre en las hipótesis de que la sentencia prescinda lisa y llanamente de la ley vigente(74), aplique normas derogadas y aún no vigentes(75); incurra en notorio desconocimiento de las constancias del expediente(76); haga mención de prueba inexistente(77)o la valore rebasando los límites mínimos de razonabilidad a que debe subordinarse aquella función(78); etcétera. A los fines de la adecuada fundamentación de las sentencias, no siempre constituye requisito indispensable la mención explícita de la 480   

norma o normas que rigen el caso(79). La omisión de citas legales es excusable, por ejemplo, cuando la solución acordada a las cuestiones controvertidas encuentra apoyo en doctrina jurisprudencial o en principios de derecho(80), o las normas aplicables surgen inequívocamente de las consideraciones formuladas en el fallo y de las conclusiones a que arriba(81), o lo debatido reviste predominantemente carácter fáctico(82), etcétera. e) Según el art. 34, inc. 4º, del CPCCN, la omisión de fundamentos constituye causal de nulidad del pronunciamiento. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que se trata de una nulidad relativa, y que el tribunal de alzada sólo puede considerarla en el supuesto de que figure entre los agravios sometidos a su consideración(83). f) Una importante excepción al deber de motivar las decisiones judiciales se hallaba consignada en el art. 67 bis de la Ley de Matrimonio Civil (hoy derogada por la ley 23.515), incorporado por la reforma de la ley 17.711. Dicha norma instituía un tipo de proceso de carácter verbal y reservado encaminado a legitimar la separación personal de los cónyuges por mutuo consentimiento, y establecía que, tras el fracaso de las audiencias de conciliación, el juez decretaría la separación personal "cuando, según su ciencia y conciencia, los motivos aducidos por las partes sean suficientemente graves", agregando: "La sentencia se limitará a expresar que dichos motivos hacen moralmente imposible la vida en común, evitando indicar cuáles son los hechos aducidos". Se trataba, a nuestro juicio, de una solución normativa perfectamente razonable, pues la exención del deber de motivación se compadece, por un lado, con la índole del proceso, en el que incluso se halla excluida la posibilidad de que las manifestaciones vertidas por las partes consten en el acta; y guarda coherencia, por otro lado, con la finalidad que aquéllas persiguen en el sentido de evitar la controversia y resguardar un valor tan respetable como es la intimidad conyugal(84). g) La norma precedentemente citada (art. 34, inc. 4º) obliga también a los jueces a respetar "la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia". La jerarquía normativa a que alude el precepto remite, naturalmente, al art. 31 de la Constitución Nacional, en cuya virtud ese ordenamiento, las leyes de la Nación que en su consecuencia dicte el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, debiendo los jueces, por lo tanto, acordarles preferencia en relación con cualquier otra ley que contradiga los preceptos contenidos en aquélla. De ese principio, asimismo, deriva la facultad judicial de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, aunque siempre con motivo de un proceso en el que haya mediado expresa impugnación de parte interesada, porque de lo contrario resultaría afectado el equilibrio entre los poderes del Estado (infra, nro. 189). Ello, sin perjuicio de que los 481   

jueces deban en todo caso encauzar la interpretación en la forma que mejor concuerde con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, en tanto tal adecuación resulte posible sin manifiesta violencia de la letra o del espíritu de las leyes de que se trate(85). Finalmente, por respeto al principio de congruencia debe entenderse la estricta adecuación del pronunciamiento judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado o en los escritos presentados por las partes con motivo de algún incidente suscitado durante el curso del proceso. Con respecto a las implicancias constitucionales de ese principio nos remitimos a lo dicho supra, nro. 50, E), y a lo que expondremos en oportunidad de estudiar el contenido de la sentencia definitiva(86).

185. Dirección del proceso En concordancia con uno de los lineamientos esenciales que informan la estructura del CPCCN, cual es el de acentuar la injerencia de los jueces en la ordenación y conducción del proceso(87), el art. 34, inc. 5º, de dicho Código(88)establece que incumbe a aquéllos "dirigir el procedimiento", enumerando a continuación diversas medidas que responden al cumplimiento de tal deber y que analizaremos seguidamente. 1º) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar (inc. I]). Sin perjuicio de las numerosas disposiciones del CPCCN que constituyen aplicaciones particulares del principio de concentración(89), el inciso en examen (coincidente con el art. 12 del Código de Jujuy) impone a los jueces, con carácter general, el deber de evitar la dispersión de la actividad procesal siempre que fuere posible centralizarla en un mismo acto o audiencia. De acuerdo con esa directiva, los jueces han de procurar, por ejemplo, disponer el careo entre testigos o entre éstos y las partes en la misma audiencia señalada para la declaración testimonial; resolver en el mismo acto los incidentes suscitados en las audiencias, etcétera. 2º) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades (inc. II])(90). Se trata, en ambos supuestos, de una aplicación del principio de saneamiento, al cual nos hemos referido supra, nro. 56, E]). La primera parte del inciso acuerda a los jueces una función preventiva para el caso de que el incumplimiento de alguna carga procesal sea susceptible de dificultar el trámite o la decisión de la causa o de una de sus etapas, siempre que a tal incumplimiento no corresponda, 482   

por expresa disposición del Código, una consecuencia específica (tales, v.gr., las establecidas por los arts. 41, 120 y 335, en relación, respectivamente, con la falta de constitución y denuncia de domicilio, de agregación de copias y de la prueba instrumental; etc.). La norma sería aplicable, entre otros casos, para subsanar la ambigüedad o falta de precisión de que pueden adolecer uno o más puntos de pericia (art. 460), para intimar la presentación de la traducción de un documento redactado en idioma extranjero (art. 123) o el ofrecimiento de prueba tendiente a demostrar la procedencia del fuero federal (art. 332); etc. La segunda parte del inciso examinado es aplicable en la hipótesis de verificarse defectos u omisiones susceptibles de producir una nulidad procesal, como pueden ser, v.gr., la insuficiencia de un mandato o de una notificación. En tales casos el juez puede disponer que se subsane la irregularidad, o bien anular el acto procesal que no pueda enmendarse, siempre que el vicio no se hallare consentido. 3º) Mantener la igualdad de las partes en el proceso (inc. III]). Dentro de una razonable igualdad de condiciones o de circunstancias, les está vedado a los jueces acordar ventajas a una de las partes en desmedro de la otra. Tal lo que ocurriría, v.gr., si, mediante el ejercicio de sus facultades en materia instructoria, aquéllos viniesen a suplir la negligencia en que ha incurrido una de las partes en la producción de la prueba(91), o no exigiesen, al peticionario de una medida cautelar, una caución proporcionada a las circunstancias del caso, etcétera. 4º) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe (inc. IV]). Consideramos que sólo comporta un deber judicial, en sentido estricto, la adopción de medidas tendientes a prevenir actitudes de las partes reñidas con la vigencia de la regla moral, pues la aplicación de sanciones por ese motivo se halla exclusivamente librada a la apreciación que en cada caso los jueces formulen acerca de la conducta de aquéllas, y constituye, por lo tanto, una facultad. La misma observación cabe con respecto al inc. 6º del art. 34, en tanto dispone que es deber de los jueces "declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubiesen incurrido los litigantes o profesionales intervinientes". 5º) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal (inc. V]), es decir, adoptar aquellas medidas que propendan a abreviar y simplificar el proceso, y evitar, en consecuencia, todo trámite superfluo u oneroso.

186. Audiencias 483   

a) Como forma de hacer efectiva la vigencia del principio de inmediación (supra, nro. 57), la ley impone a los jueces el deber de asistir a las audiencias de prueba señaladas en las causas sometidas a su conocimiento (art. 34, inc. 1º, CPCCN). En importante medida, concurren a obtener el cumplimiento de ese deber las normas contenidas en los arts. 11 del dec.-ley 1285/1958 y 119 del RJN, que ponen a cargo de los jueces de primera instancia la obligación de concurrir a su despacho todos los días hábiles, durante las horas que funcione el tribunal, y a los jueces de los tribunales superiores la de hacerlo los días y horas que el respectivo tribunal fije para los acuerdos y audiencias(92). En el mismo lugar más arriba indicado pusimos de manifiesto las serias dificultades que, en las actuales circunstancias, se oponen a la estricta vigencia del principio de inmediación, e hicimos notar que el aludido deber de los jueces suele en la práctica delegarse, de hecho, en el personal auxiliar del órgano. Es sobre la base de la apreciación de esa realidad que el CPCCN, si bien instituye, como principio general, el deber de los jueces de asistir a las audiencias de prueba, supedita la declaración de nulidad del acto, en el supuesto de incumplimiento de dicho deber, al requisito de que cualquiera de las partes haya solicitado la presencia del juez con anticipación no menor de dos días a su celebración. Como ocurre con todas las nulidades procesales, se trata, sin embargo, de una nulidad relativa, razón por la cual no cabe su declaración en el caso de que la irregularidad resulte consentida, ya sea porque las partes asistentes al acto no la denuncien en esa oportunidad, o porque la parte o partes ausentes que hubiesen formulado el pedido no promuevan el respectivo incidente dentro de los cinco días subsiguientes al de la celebración de la audiencia (art. 170, apart. 2º, CPCCN). El deber de asistir a las audiencias de prueba es extensivo a los jueces de las Cámaras de Apelaciones, rigiendo para las partes, a los efectos de la invalidación del acto por razón de incumplimiento, la carga establecida respecto de las audiencias a celebrarse ante los jueces de primera instancia (art. 263, CPCCN). Corresponde añadir que el plazo fijado por el art. 34, inc. 1º, CPCCBA es aplicable siempre que la audiencia haya sido señalada con una anticipación no menor de tres días, lapso mínimo que el art. 125, inc. 2º, del mismo ordenamiento establece con carácter general. La norma citada en último término autoriza sin embargo a reducir dicho plazo "por razones especiales que exigieren mayor brevedad" y que deben expresarse en la resolución, en cuya hipótesis la presencia del juez o tribunal puede ser requerida el día de la audiencia. El CPCCN, finalmente, no contempla el supuesto de las audiencias de prueba a celebrarse en la Corte Suprema, razón por la cual cabe considerar subsistente la vigencia del art. 92 del RJN, en cuya virtud dichas audiencias deben realizarse ante alguno de los secretarios, salvo 484   

que cualquiera de las partes, antes de consentido el auto que señala la fecha, solicite la presencia de los miembros del tribunal. b) Las audiencias de conciliación, en virtud de su propia naturaleza, deben celebrarse inexcusablemente con la presencia del juez o tribunal. Las disposiciones del CPCCBA que se refieren a ese tipo de audiencias no dejan lugar a dudas en el sentido de que la intervención que en ellas incumbe a los jueces reviste el carácter de un acto personalísimo que descarta, por un lado, cualquier posibilidad de delegación, y, por otro, la necesidad de que las partes cumplan con la carga mencionada por el art. 34, inc. 1º. Tales disposiciones son los arts. 34, inc. 1º, apart. 2º, y 636, apart. 2º. Establece la primera que "en los juicios de divorcio y nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio Público, en su caso. En ella el juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal". La segunda de dichas disposiciones prescribe que en la audiencia preliminar en los juicios de alimentos, a la que deben comparecer las partes personalmente y el representante del Ministerio Pupilar, si correspondiere, "el juez procurará que aquéllas lleguen a un acuerdo directo, en cuyo caso, lo homologará en ese mismo acto, poniendo fin al juicio". Cabe asimismo recordar que era imprescindible la presencia del juez en las audiencias señaladas en los procesos de separación personal iniciados mediante presentación conjunta de ambos cónyuges (art. 67 bis, ley 2393, de acuerdo con el texto del art. 2º, ley 17.711, derogada por la ley 23.515). c) Las audiencias deben empezar a la hora designada, y los citados sólo tienen obligación de esperar media hora. Así lo establece el art. 125, inc. 4º, del CPCCN(93), reproduciendo sustancialmente la norma contenida en el art. 9º de la ley 4128. La jurisprudencia no era uniforme acerca del alcance que correspondía asignar a esta última disposición, pues mientras algunos tribunales resolvieron que la media hora de espera se hallaba establecida en favor del juez y no de las partes, que debían concurrir puntualmente a la hora fijada(94), otros decidieron, sin duda con mayor justicia, que el mencionado lapso de tolerancia regía tanto a favor del juzgado como de las partes(95). Ésta fue la doctrina que en definitiva prevaleció y la que corresponde aplicar en la actualidad. d) Acorde con la pauta de celeridad a que responde al CPCCN, establece el art. 152, apart. 4º, que para la celebración de audiencias de prueba las Cámaras de Apelaciones pueden declarar horas hábiles, con 485   

respecto a juzgados bajo su dependencia y cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecisiete o entre las nueve y las diecinueve, según rija el horario matutino o vespertino(96). e) Cabe señalar, finalmente, que a petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deben habilitar días y horas cuando no resulta posible fijar las audiencias dentro del plazo establecido por el Código. Tal lo que dispone el art. 153 del CPCCN, agregando que "incurrirá en falta grave el juez que, reiteradamente, no adoptare las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal".

187. Otros deberes a) La ley 22.434 reprodujo el texto de los incs. 2º, 4º, 5º y 6º del art. 34 del CPCCN en su versión originaria en lo que atañe, respectivamente, al orden en que corresponde decidir las causas y a los deberes de fundamentación de las sentencias definitivas e interlocutorias, de dirección del procedimiento (con sus derivaciones de concentración, subsanación de nulidades, mantenimiento de la igualdad de las partes, prevención y sanción de todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe y vigilancia tendiente a la obtención de la mayor economía procesal) y de eventual declaración, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, de la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes. b) Según se lee en el mensaje ministerial adjunto al proyecto de la posteriormente convertida en ley 22.434, ésta tendió a que el sistema procesal avance hacia un mayor grado de inmediación. Lo hizo mediante la doble vía de aliviar, por un lado, al juez del cumplimiento de ciertas funciones que, en razón de no importar en sí mismas ejercicio directo de la actividad jurisdiccional, se desplazaron hacia los secretarios y oficiales primeros (actuales prosecretarios administrativos), y de imponerle a aquél, por otro lado, a título de contrapartida y hasta donde ha sido razonablemente posible, el deber de actuar con sujeción estricta al principio de inmediación, prescribiendo, en caso contrario, la ineficacia del acto procesal correspondiente. A este último aspecto sólo se refirió, sin embargo, el art. 125 bis, en tanto dispuso que las audiencias de posiciones serán tomadas personalmente por el juez, bajo sanción de nulidad. Se instituyó, en realidad, un régimen mixto fundado en el hecho de que la audiencia tuviese por objeto recibir la confesión de las partes mediante la absolución de posiciones (a la que se añadían otras contingencias como 486   

el saneamiento de nulidades, el intento de conciliación, la invitación al reajuste de pretensiones, etc.), o bien la práctica de otra clase de prueba (v.gr., declaración de testigos, careos, explicaciones de los peritos), pues mientras en el primer caso la inasistencia del juez al acto determinaba, sin más, la nulidad de éste, en el segundo la pertinente declaración de ineficacia se hallaba supeditada al requisito de que cualquiera de las partes hubiese solicitado la presencia del juez con anticipación de dos días a la fecha de celebración de la audiencia. Pero como ocurre con todas las nulidades procesales en materia civil, se trataba, en ambos casos, de una nulidad relativa, razón por la cual la declaración era inadmisible frente a la hipótesis de que la irregularidad resultara consentida, sea porque las partes asistentes al acto no la hubiesen denunciado en esa oportunidad, o porque la parte ausente que hubiese formulado, en su caso, el pedido al que se refería la norma, no promoviese el respectivo incidente dentro de los cinco días posteriores al de la celebración de la audiencia (art. 170, párr. 2º, CPCCN). De todos modos, es del caso recordar que el deber impuesto a los jueces raramente se cumplía en la práctica sin que las partes articulasen la nulidad del acto, y que la asistencia personal de aquéllos sólo tenía lugar en las audiencias señaladas en los procesos de separación personal o de divorcio vincular iniciados mediante presentación conjunta de ambos cónyuges (arts. 205 y 215, CCiv.). Como la ley 25.488, en cambio, dispuso la derogación del art. 125 bis del CPCCN y, en la materia de que se trata, eludió con buen criterio toda referencia a eventuales nulidades. Por lo pronto, en efecto, si bien impuso a los jueces el deber de asistir a la audiencia preliminar (art. 34, inc. 1º), omitió conminar su transgresión con la consecuencia de la nulidad, como lo hacía, en cambio, en relación con las audiencias de prueba, la mencionada norma en su versión anterior. Mantuvo, por el contrario, el texto del párr. 2º de ese precepto, relativo a la audiencia que corresponde ordenar en la resolución que ordena el traslado de la demanda en los juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio, aunque cuadra advertir que la inmediación allí requerida por razones que conciernen a la índole personalísima del acto, no siempre se observa en la práctica(97). En segundo lugar, la presencia del juez en la audiencia preliminar se prevé con carácter indelegable, y no bajo pena de nulidad, como lo disponía el art. 360 en su versión anterior, no obstante lo cual las partes, por lo general, se avienen, expresa o implícitamente, a que la audiencia se celebre con la asistencia del secretario, del prosecretario, e inclusive del empleado encargado de documentarla. Por otra parte, se advierte con frecuencia que algunos jueces se limitan a hacer un breve acto de presencia, y que ello no suele generar inconveniente alguno, particularmente cuando, abierta la audiencia, invitan a las partes a intentar 487   

una conciliación y luego, ante el fracaso de ésta, se retiran y suscriben finalmente el acta como si hubiesen estado presentes durante todo el curso de la audiencia.

V. FACULTADES DE LOS JUECES

188. Generalidades No es fácil trazar un nítido deslinde conceptual entre los deberes judiciales que terminamos de analizar y todas las facultades del mismo carácter que serán objeto de examen en este parágrafo, pues algunas de éstas, particularmente las que estudiaremos en los nros. 189 y 192, configuran, desde cierto punto de vista, deberes de los jueces. No hay duda, en efecto, de que éstos tienen el deber de controlar la validez constitucional de las normas jurídicas aplicables al caso (art. 31, CN), así como la observancia, por parte de los justiciables, de una conducta compatible con el decoro de la justicia y con los deberes de lealtad, probidad y buena fe. No ocurre lo mismo, en cambio, con la declaración de inconstitucionalidad o con la represión de la inconducta, consideradas en sí mismas. En tales hipótesis no es exigible una decisión de determinado contenido, ya que éste depende exclusivamente del arbitrio judicial. En cambio, si analizamos cada uno de los deberes estudiados en el parágrafo anterior, podremos advertir que se caracterizan, fundamentalmente, por la circunstancia de que restringen en la máxima medida dicho arbitrio, puesto que se encuentran instituidos como conductas cuya estricta observancia depende más de pautas objetivas que de la apreciación personal del juez. En consecuencia, la diferencia existente entre los que hemos caracterizado como deberes, y las facultades del tipo de las mencionadas, reside en la mayor dosis de autonomía judicial que se halla ínsita en estas últimas. La diferencia resulta más ostensible con las restantes facultades que se analizarán, pues su ejercicio se halla totalmente librado al arbitrio del juez.

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189. Control de constitucionalidad de las leyes y de otros actos de gobierno(98) a) Dado que la validez de toda norma jurídica debe juzgarse en función de las prescripciones contenidas en una norma prevalente (supra, nro. 1), y que la Constitución del Estado representa el grado superior del ordenamiento normativo, la validez de éste, en su totalidad, depende de su subordinación a las prescripciones que aquélla contiene.

Se habla, por ello, de una supremacía de la Constitución, no sólo para denotar su carácter de fundamento primario del ordenamiento jurídico, sino también en el sentido de que son susceptibles de invalidación las normas creadas al margen de los límites de competencia y de los principios establecidos por el Poder constituyente, a cuyas directivas deben sujetar sus funciones los poderes constituidos. Como necesaria derivación de ese principio de supremacía consagrado, según hemos visto, por el art. 31 de la Constitución Nacional, todos los jueces del país, cualquiera sea su fuero o jerarquía, y con motivo de los casos concretos sometidos a su decisión, están habilitados para declarar la invalidez de las leyes y de los actos administrativos que contraríen el texto constitucional(99), pues en la medida en que aquéllos son órganos de aplicación del derecho vigente, y en que éste se halla estructurado como un orden jerárquico subordinado a la Constitución, el adecuado ejercicio de la función judicial lleva ínsita la potestad de rehusar la aplicación de las normas que se encuentren afectadas de aquel vicio(100). El art. 3º de la ley 27 expresa, precisamente, que uno de los objetos de la justicia nacional "es sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros Poderes Nacionales, que esté en oposición con ellas". El principio se halla ratificado por el art. 21 de la ley 48, en tanto dispone que "los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones, procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido"(101). Finalmente, la potestad que examinamos tiene también respaldo en el art. 34, inc. 4º, del CPCCN(102), que obliga a los jueces a respetar "la jerarquía de las normas vigentes". En los últimos tiempos se constata en la jurisprudencia de la Corte Federal una postura favorable a la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Esta línea jurisprudencial que da inicio con el fallo recaído en la causa "Mill de Pereyra" ha sido luego confirmada y ampliada —en su 489   

fundamentación— en "Rodríguez Pereyra" (causa R. 401.XLIII, sentencia del 27/11/2012). Pero a pesar de hacerse cargo de la gravedad institucional involucrada en el tema, la tesis comentada no parece conciliarse con la carga que el art. 14, ley 48 impone a las partes en el sentido de "cuestionar" la validez de una norma en función directa o indirecta con la Constitución. b) El control de constitucionalidad se halla sujeto, sin embargo, a limitaciones de diverso orden. En primer lugar, dicho control no puede ser ejercido por propia iniciativa del Poder Judicial, sino tan sólo con motivo de los casos concretos sometidos a la decisión de los tribunales(103). Éstos, en efecto, carecen de facultades para formular declaraciones generales o en abstracto acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos emanados de los otros poderes del Estado(104), en tanto la aplicación de éstos no haya originado un litigio cuya solución requiera pronunciamiento sobre una cuestión constitucional(105), pues lo contrario implicaría alterar el necesario equilibrio que debe reinar entre los distintos poderes. En el orden federal, por otra parte, no se halla prevista una pretensión declarativa de inconstitucionalidad, concebida como remedio tendiente a la mera invalidación de normas que se reputan contrarias a alguna cláusula constitucional, y utilizable como ocurre en la provincia de Buenos Aires(106)por quienes se encuentren directamente comprendidos en ellas. En dicho ámbito, por lo tanto, el examen de constitucionalidad sólo procede cuando, dentro de un litigio común, aquél resulta necesario para satisfacer una pretensión condenatoria u otorgar otra concreta tutela judicial(107). En segundo lugar, aun existiendo un caso concreto sometido a la decisión de los jueces, está vedado a éstos declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes o de otros actos emanados del Gobierno nacional. La Corte Suprema ha expresado, al respecto: "Que si bien la Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación, conforme a lo preceptuado por el art. 31 de la Carta Fundamental de la Nación, ello no significa que los jueces puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes vigentes sancionadas por el Congreso, porque como lo tiene reiteradamente declarado esta Corte 'es condición esencial de la organización del Poder Judicial, el que no le sea posible controlar por su propia iniciativa de oficio los actos legislativos, ni aun los actos administrativos que, por serlo, tienen en su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la actividad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos, debe necesariamente ser alegada y probada en juicio'"(108). En otros precedentes, aparte de aludir a la presunción de validez que cabe reconocer a los actos estatales, expresó la Corte Suprema que sólo condicionando la declaración de inconstitucionalidad al pedido expreso de 490   

parte se mantiene el equilibrio entre los poderes y no se quiebra por la absorción del Poder Judicial en desmedro de los otros(109). Finalmente, el control de constitucionalidad tiene un límite representado por cierto tipo de cuestiones cuya decisión se halla encomendada, con carácter privativo, a los otros poderes del Estado, y que rebasan, por ello, la jurisdicción de los jueces y tribunales de justicia. Constituyen, entre otras, facultades privativas de sus respectivos titulares, las consistentes en señalar los delitos a que ha de referirse una ley de amnistía(110); arrestar y trasladar personas durante el estado de sitio(111); indultar y conmutar penas(112); intervenir las provincias y determinar la existencia de los requisitos necesarios para ello(113); nombrar y remover a los empleados de la administración(114); organizar los padrones electorales(115); hacer la declaración de utilidad pública a los fines de la expropiación(116); etc. Sin embargo, cuando pueden encontrarse afectadas las garantías constitucionales, si bien los jueces carecen de atribuciones para juzgar acerca de la conveniencia o inconveniencia, o del acierto o error de los actos cumplidos por los otros poderes en ejercicio de facultades privativas, el control judicial es admisible en el supuesto de que las medidas adoptadas con motivo de dicho ejercicio impliquen un transgresión franca y ostensible de los límites trazados por el texto constitucional(117). c) La facultad de peticionar y obtener el ejercicio del control judicial de constitucionalidad sólo corresponde al titular actual del derecho que se pretende vulnerado(118). Carece de interés jurídico suficiente, por lo tanto, quien renunció al derecho que alega(119), o no pretende poder ampararse en ese derecho(120), o reclama una solución que empeoraría su situación jurídica(121). Tampoco es admisible la impugnación de inconstitucionalidad cuando se persigue, no la inaplicabilidad del precepto objetado, sino la extensión del régimen establecido para supuestos no contemplados en él(122). d) En cuanto al criterio con que los tribunales deben decidir las cuestiones de constitucionalidad que se planteen, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido dos directivas fundamentales. En primer lugar, ha expresado reiteradamente dicho tribunal que los jueces deben procurar, ante todo, formular una interpretación de los textos impugnados en forma tal que concuerde con los principios y garantías constitucionales, declarando la inconstitucionalidad de aquéllos sólo en el caso de que la interpretación constitucional no resulte posible sin violencia de su letra y de su espíritu(123). Otra de las mencionadas directivas jurisprudenciales se traduce en la denominada "regla de duda" (doubt rule), en cuya virtud la atribución de declarar la inconstitucionalidad de las leyes sólo debe ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional evocada resulte manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, debiendo cualquier duda resolverse a favor de la constitucionalidad(124). 491   

e) Por último, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se limitan al juicio en que la declaración se formuló(125), de manera tal que la ley o acto invalidados continúan surtiendo efectos en los demás casos hasta tanto no recaiga en ellos un pronunciamiento semejante(126).

190. Facultades disciplinarias a) A fin de salvaguardar el principio de autoridad, ínsito en la posición de preeminencia que corresponde a los jueces durante el desarrollo del proceso, aquéllos se hallan investidos de una potestad disciplinaria tendiente a sancionar las conductas de las partes y de sus auxiliares que impliquen la alteración del buen orden y del decoro a los que debe subordinarse la actuación ante los estrados judiciales. b) A los efectos de "mantener el buen orden y decoro en los juicios", el art. 35 del CPCCN(127)autoriza a los jueces a disponer diversas medidas que analizaremos seguidamente. 1º) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que alguna de las partes o tercero interesado solicite que no se lo haga. Por tales deben entenderse aquellos que persigan una finalidad agraviante tanto respecto de los jueces cuanto de las otras partes(128)o de sus auxiliares(129). La testadura, asimismo, puede disponerse en forma autónoma(130)o junto con otra corrección disciplinaria(131). Los tribunales superiores, por otra parte, pueden ordenarla en relación con escritos presentados en instancias anteriores(132). 2º) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso (inc. 2º). Como en el supuesto anterior, esta sanción puede aplicarse con carácter único o acumulada a otra, de acuerdo con la gravedad de la conducta (ver, por ejemplo, art. 446, CPCCN, en relación con quien interrumpiese al testigo en su declaración). 3º) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código, la Ley Orgánica, el Reglamento para la Justicia Nacional o las normas que dicte el Consejo de la Magistratura. Entre las correcciones disciplinarias autorizadas por el Código pueden citarse, entre otras, las multas de que son pasibles el profesional a quien fuese imputable la pérdida de un expediente (art. 130); la parte que formula falsamente la afirmación de ignorar el domicilio de la persona a quien debe notificarse (art. 145); el interpelado que, con motivo de las medidas preliminares, no cumpliere la orden del juez en el plazo fijado, o diere informaciones falsas o que pudieren inducir a error o destruyese u 492   

ocultare los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación se hubiese requerido (art. 329); la parte que obtiene la concesión de plazo extraordinario de prueba y no ejecuta la que hubiese propuesto (art. 374); el testigo respecto de quien se comprobase que pudo comparecer a la sede del tribunal no obstante el impedimento invocado (art. 436); la persona demandada por prestación de alimentos que, sin causa justificada, no compareciere a la audiencia preliminar (art. 640); etcétera. c) La Ley Orgánica a que se refiere el art. 35, inc. 3º, del CPCCN es el dec-ley 1285/1958, cuyo art. 18 (sustituido por ley 24.289) dispone: "Los tribunales colegiados y jueces podrán sancionar con prevención, apercibimiento, multa y arresto de hasta cinco (5) días, a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas que obstruyeren el curso de la justicia o que cometieren faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad o decoro. La multa será determinada en un porcentaje de la remuneración que por todo concepto perciba efectivamente el juez de primera instancia, hasta un máximo del 33% de la misma. El arresto será cumplido en una dependencia del propio tribunal o juzgado o en el domicilio del afectado". Por su parte, el Reglamento para la Justicia Nacional, también aludido por el art. 35, inc. 3º, prevé las mismas sanciones que el art. 18 del dec.ley 1285/1958,pero es más explícito en cuanto a sus posibles destinatarios, pues expresa que podrán aplicarse a los "abogados, procuradores y demás profesionales auxiliares de la justicia, oficiales o no, y a los litigantes u otras personas"; agregando que aquéllas deberán comunicarse a la Corte Suprema(133). d) De acuerdo con lo establecido por las citadas disposiciones, las sanciones disciplinarias en ellas previstas pueden ser aplicadas por el juez o tribunal ante el cual se cometió la falta(134), siendo facultad privativa de aquéllos imponer la sanción que consideren adecuada a la gravedad de la infracción(135), con prescindencia, por lo tanto, del orden fijado por la ley(136). e) La sanción de arresto reviste a nuestro juicio carácter autónomo, y sólo debe aplicarse en función de la gravedad de la falta cometida, siendo innecesario que el juez establezca su equivalencia pecuniaria a fin de que pueda redimirse mediante la oblación de una multa(137). Tal solución carece de todo respaldo normativo y no se compadece con el margen de discrecionalidad judicial que es propio del poder disciplinario. En cuando al lugar en que el arresto debe cumplirse, la ley se refiere, como hemos visto, a una dependencia del propio tribunal o juzgado, aunque es de práctica corriente que aquél se haga efectivo en la Alcaidía del Palacio de Justicia, ya que las dependencias de los tribunales y juzgados no cuentan, por lo general, con locales adecuados para el cumplimiento de la medida(138). Asimismo, la sanción de arresto debe

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concretarse en forma tal que no comporte promiscuidad con detenidos por delitos comunes(139). f) En lo que respecta a la forma de hacerse efectivo el cumplimiento de las multas, la Corte Suprema ha establecido, mediante Acordada del 20/12/1967(140): 1º) en la Capital Federal el depósito de su importe debe efectuarse en la cuenta 289/1, "Corte Suprema de Justicia, arts. 8º/10, ley 17.116", abierta en la Casa Central del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, agregándose al expediente un ejemplar de la boleta; 2º) en las Provincias y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el depósito debe hacerse en una agencia del Banco de la Nación Argentina, a la orden del tribunal que impuso la multa, el que debe transferir su importe a la cuenta anteriormente mencionada, haciéndolo saber a la Corte Suprema. g) Dispone el art. 35, inc. 3º, del CPCCN, que el importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido por dicho ordenamiento, debe aplicarse al que le fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo este Tribunal resuelto, en la misma Acordada precedentemente citada, destinarlo a la dotación de las bibliotecas de los tribunales nacionales. Establece asimismo el art. 35, inc. 3º, del CPCCN que hasta tanto la Corte Suprema determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá a los representantes del Ministerio Público Fiscal ante las respectivas jurisdicciones(141). En la Acordada mencionada, el Tribunal ratificó la atribución conferida a los citados funcionarios. La falta de ejecución dentro de los treinta días de quedar firme la resolución que impuso la multa, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave. Así lo dispone el último párrafo de la citada disposición del CPCCN. h) Las sanciones disciplinarias aplicadas por la Corte Suprema de Justicia, por la Cámara Nacional de Casación Penal, por las Cámaras Nacionales de Apelaciones y por los Tribunales Orales, sólo serán susceptibles de recursos de reconsideración(142). Las sanciones aplicadas por los demás jueces nacionales serán apelables por ante las Cámaras de Apelaciones respectivas. Los recursos deberán deducirse en el término de tres días (art. 19, dec.-ley 1285/1958, de acuerdo con el texto de la ley 24.050,art. 51)(143).

191. Aplicación de sanciones conminatorias 494   

a) Las sanciones conminatorias constituyen condenas pecuniarias tendientes a presionar sobre la voluntad de la parte que se resiste a cumplir con un deber impuesto en una resolución judicial, cuyo importe se fija sobre la base del caudal económico del obligado y a razón de tanto por día u otro período de retardo en el cumplimiento. En lo que respecta a su naturaleza, dichas sanciones no configuran, según se verá más adelante, una indemnización de daños, ni encuadran tampoco estrictamente en el ámbito de las medidas disciplinarias, porque si bien en cierto sentido se dirigen a salvaguardar la vigencia del principio de autoridad y el propio prestigio de la justicia(144), benefician primordialmente a la parte interesada en el cumplimiento de la decisión, a cuyo patrimonio, por lo demás, ingresa el importe establecido. Por ello entendemos que se trata de sanciones procesales impuestas a título condicional y como medio de coacción psicológica destinado a vencer la resistencia del obligado. b) Con anterioridad a la vigencia del CPCCN, la mayor parte de la doctrina nacional se había pronunciado en sentido favorable a la procedencia de esa clase de sanciones(145), las cuales fueron creadas por la jurisprudencia francesa, bajo la denominación de astreintes, como recurso encaminado a obtener el cumplimiento in natura de las obligaciones impuestas en una decisión judicial(146). La jurisprudencia argentina, en cambio, frente a la inexistencia de un precepto específico, adoptó inicialmente un criterio adverso con respecto a la procedencia de condenaciones conminatorias(147), pero en los últimos años, especialmente a partir de 1959, comenzó a abrirse camino y a arraigarse paulatinamente una orientación decididamente favorable a su admisión(148). El CPCCN ha recogido las conclusiones de la doctrina y de la jurisprudencia, y dispuesto, en el art. 37(149), que "los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento... Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder"(150). c) Los requisitos de admisibilidad de las sanciones conminatorias son: 1º) inejecución, por una de las partes, de una resolución judicial que impone el cumplimiento de un deber jurídico; 2º) fracaso, inoperancia o insuficiencia, en el caso concreto, de los medios normales de coacción previstos por la ley. En relación con el primero de los requisitos mencionados, cabe por lo tanto excluir del ámbito de aplicación del art. 37 tanto a las resoluciones judiciales que tengan como destinatarios a personas distintas de las partes (testigos, peritos, etc.) como a aquellas que sólo imponen el cumplimiento

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de una carga procesal (v.gr., concurrir a la audiencia fijada para la absolución de posiciones o para obtener una conciliación; etc.). Debe recordarse, sin embargo, que el CPCCN contiene una disposición específica que autoriza a aplicar a terceros una sanción conminatoria esencialmente semejante a la que examinamos. Nos referimos al art. 398, según el cual los jueces pueden aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso injustificado en las contestaciones de informes. En cuanto a la clase de resoluciones judiciales cuyo incumplimiento puede justificar la aplicación de sanciones conminatorias, en los términos del art. 37, entendemos que no sólo se encuentran comprendidas en la norma las sentencias definitivas(151), sino cualquier resolución que imponga el cumplimiento de un deber de dar(152), de hacer(153)o de no hacer(154), aunque carezca de contenido patrimonial, y siempre que dicho cumplimiento dependa exclusivamente de la voluntad del obligado. El art. 37, en efecto, constituye una norma de carácter general, que no ha sido instituida con específica referencia a la ejecución de las sentencias, y es por lo tanto aplicable, v.gr., para obtener el cumplimiento de una decisión judicial que hubiese ordenado, a título de medida preliminar, la exhibición de una cosa mueble o de un instrumento (art. 323, incs. 2º, 3º, 4º y 5º, CPCCN); para hacer efectiva una prohibición de innovar(155); etcétera. El segundo de los requisitos de admisibilidad, más arriba señalado, alude al carácter excepcional de las sanciones conminatorias. Dado, en efecto, que la ley prevé diversas medidas de ejecución para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales, la imposición de sanciones conminatorias sólo procede cuando se ha intentado la aplicación de dichas medidas y éstas no han dado resultado(156), o sea posible prever, con fundamento, la inoperancia de tales medidas(157), o éstas (158) resulten insuficientes por la índole de la prestación de que se trata . d) Las sanciones conminatorias revisten los siguientes caracteres: 1º) Constituyen medidas compulsivas tendientes a actuar sobre la voluntad del sujeto obligado, y no se gradúan en función de la importancia del daño que ocasiona la demora, sino de acuerdo con las posibilidades de resistencia en el cumplimiento de la obligación y con el caudal económico del obligado(159). No configuran, por lo tanto, una indemnización de daños, por cuanto carecen de finalidad resarcitoria y son ajenas a la real existencia de un perjuicio(160). 2º) Dependen exclusivamente del arbitrio de los jueces, quienes pueden imponerlas o no, incluso de oficio(161), según las circunstancias de cada caso. 3º) Son provisionales, porque se imponen a simple título de amenaza y no con carácter definitivo(162). En efecto, pueden por lo pronto los jueces, según lo dispone el art. 37 del CPCCN, dejar sin efecto la sanción, o reajustar su monto, en el supuesto de que el obligado desista de su resistencia y justifique total o parcialmente su proceder. Igualmente, los jueces están habilitados 496   

para aumentar el monto de la sanción en el caso de que el obligado se obstine en persistir en el incumplimiento del mandato judicial (de ahí el carácter progresivo a que también alude la norma citada)(163). Una vez que se fija en forma definitiva el importe de la sanción, lo que debe hacerse, como hemos dicho, de acuerdo con la conducta observada por el obligado, el derecho a la percepción de dicho importe ingresa al patrimonio de la otra parte, quien desde entonces cuenta con un título ejecutivo para hacerlo efectivo(164), y que reviste carácter autónomo con respecto al título emergente de la condena principal(165). 4º) Son, como hemos dicho, de aplicación excepcional. e) Las resoluciones que imponen sanciones conminatorias son apelables en efecto suspensivo (art. 243, CPCCN) y éstas empiezan a correr desde la notificación de la resolución definitiva que las fijó hasta la fecha de la resolución que dispone su cesación(166). f)(167)En su redacción originaria, el art. 37 del CPCN excluía la posibilidad de que las sanciones conminatorias tendientes a obtener el cumplimiento de las resoluciones judiciales fuesen aplicables a terceros ajenos al proceso. Si bien de la norma más flexible contenida en el art. 666 bis del derogado Código Civil —hoy, art. 804 del CCiv. y Com.— puede extraerse una conclusión distinta, ya que no se refiere específicamente a las partes, los redactores de la ley 22.434, con buen criterio, reprodujeron el texto del mencionado art. 37, pero intercalaron, entre sus dos primitivos párrafos, otro según el cual "podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece". g) Un caso se halla contemplado por el art. 403, párr. 3º, del CPCCN, incorporado por la ley de reformas con referencia a la prueba de informes. Expresa, en efecto, dicho párrafo que "cuando, sin causa justificada, la entidad privada no cumpliere el requerimiento, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones conminatorias, en los términos del art. 37 y a favor de la parte que ofreció la prueba". Conviene puntualizar, en primer lugar, que configura presupuesto de la aplicación de esa sanción la circunstancia de que, impugnado por falsedad el contenido del informe, y requerida la exhibición de los asientos contables o de los documentos o antecedentes en que se fundó la contestación, el informante se abstenga, injustificadamente, de cumplir el requerimiento. El caso, como se advierte, difiere del contemplado por el art. 398, párr. 2º, en cuya virtud cabe la aplicación de sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso injustificado en las contestaciones de informes, y cuyo importe tiene el destino genéricamente previsto por el art. 35, inc. 3º. Las astreintes a que se refiere el art. 403, en cambio, se han instituido a favor de la parte que ofreció la prueba, a pesar de que la solución razonable hubiese consistido en erigir en beneficiario al 497   

impugnante del informe, al margen de que haya sido o no el proponente de la prueba de que se trata. Por lo demás, en razón de que el art. 398 determina que la eventual apelación deducida por el informante debe tramitar en expediente separado, cabe concluir que la misma solución es aplicable, por evidente analogía, en la hipótesis precedentemente analizada. El segundo caso está previsto en el art. 329, párr. final, del CPCCN (introducido por la ley 22.434), en relación con el incumplimiento, por las partes o por un tercero, de una diligencia preparatoria dispuesta en los términos del art. 323. Prescribe, en efecto, la primera de las normas citadas, que "si correspondiere, por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el requerido, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones conminatorias, en los términos del art. 37". En el aspecto que ahora interesa sería el caso, por ejemplo, de quien sin revestir el carácter de parte eventual en el proceso, se niegue sin razón atendible o maliciosamente a exhibir un testamento o a presentar los documentos de una sociedad o comunidad que se encuentren en su poder. Debe tenerse en cuenta que como en el art. 329, en su párr. 1º, prevé la aplicación de una multa por incumplimiento de medidas preparatorias, no corresponde acumular ésta a las sanciones conminatorias, porque lo contrario comportaría la imposición de dos sanciones por un mismo hecho.

192. Represión de la inconducta procesal a) Toda facultad procesal debe ejercerse de manera compatible con la vigencia de ciertos principios éticos (regla moral) de los cuales deriva el deber de las partes de comportarse con lealtad, probidad y buena fe, y la consecuente facultad que incumbe a los jueces para sancionar todo acto contrario a ese deber (art. 34, inc. 5º, apart. IV], del CPCCN)(168). b) Sin perjuicio de lo que diremos en oportunidad de ocuparnos de los deberes de las partes, interesa anticipar aquí que el CPCCNinstituye dos sistemas de sanciones atendiendo a la circunstancia de que la conducta contraria al deber de lealtad, probidad y buena fe se manifieste en forma persistente a través de las distintas etapas del proceso (inconducta procesal genérica), o con motivo del cumplimiento de actos procesales determinados (inconducta procesal específica)(169). A la inconducta procesal genérica se refiere el art. 45 del CPCCN. Este artículo fue sustituido por ley 25.488, disponiendo actualmente: "Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las partes, el juez le impondrá a ella o a su letrado o a ambos 498   

conjuntamente, una multa valuada entre el diez y el cincuenta por ciento del monto del objeto de la sentencia. En los casos en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible de apreciación pecuniaria, el importe no podrá superar la suma de $ 50.000. El importe de la multa será a favor de la otra parte. Si el pedido de sanción fuera promovido por una de las partes, se decidirá previo traslado a la contraria. Sin perjuicio de considerar otras circunstancias que estime corresponder, el juez deberá ponderar la deducción de pretensiones, defensas, excepciones o interposición de recursos que resulten inadmisibles, o cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales o que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso". También sobre dicho aspecto de la inconducta procesal se basa el art. 551(170), según el cual en el supuesto de que la sentencia de remate determine que se lleve la ejecución adelante, "al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera u obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá una multa a favor del ejecutante, cuyo monto será fijado entre el diez y el cincuenta por ciento del importe de la deuda, según la incidencia de su inconducta procesal sobre la demora del procedimiento". Esta norma se complementa con la contenida en el art. 594, con arreglo a la cual "si el ejecutado hubiese provocado dilación innecesaria en el cumplimiento de la sentencia de remate, el juez le impondrá una multa, en los términos del art. 551, sobre la base del importe de la liquidación aprobada"(171). El CPCCN sustituyó por las normas precedentemente transcriptas, y respecto de las jurisdicciones en que aquél es aplicable, el art. 4º del dec.ley 4777/1963, que establece que "el deudor perseguido judicialmente y que litigue sin razón valedera, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y medio del que cobran los Bancos públicos, debiendo los jueces graduar en la sentencia el acrecentamiento de la tasa atendiendo a la mayor o menor malicia con que haya litigado el deudor". De tal manera, no sólo modificó el tipo de sanción imputable a la conducta temeraria o maliciosa desplegada durante el curso del proceso, sustituyendo el pago de intereses acrecidos por el de una multa a fijar sobre el importe de la deuda, sino que también extendió la represión de dicha conducta a cualquier clase de pretensiones procesales, ya que el ámbito de aplicación del referido decreto-ley se halla circunscripto al supuesto de demandarse el cobro de obligaciones de naturaleza comercial(172). El CPCCN pudo constitucionalmente derogar el art. 4º del dec.-ley 4777/1963 no sólo por revestir aquél el carácter de ley nacional, sino también por cuanto la institución de sanciones del tipo de la examinada constituye materia estrictamente procesal, y son por lo tanto los códigos de procedimiento las leyes apropiadas para reglamentar la cuestión. Así, por lo demás, parecieron entenderlo los redactores de la ley 17.711, reformatoria 499   

del Código Civil, en tanto agregaron, al art. 622 de este último, el siguiente párrafo: "Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria de pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios". En materia de obligaciones civiles, por lo tanto, se reconoce la libertad del legislador procesal para prever cualquier otra clase de sanción contra la conducta temeraria o maliciosa. En sus arts. 45 y 549, el CPCCBA adhiere al sistema instituido por los arts. 45 y 551 del CPCCN, "siempre que no fuese aplicable el art. 4º del dec.-ley 4777/1963". Ha respetado, pues, la vigencia de la ley nacional en lo que respecta al cobro de obligaciones comerciales, y limitado la aplicación de dicho sistema al supuesto de versar el proceso sobre pretensiones civiles, cualquiera fuere la naturaleza de éstas. El mismo criterio ha sido adoptado por los arts. 45 y 551 del Código de Misiones. Si bien tanto el art. 45 como los arts. 551 y 594 contemplan la inconducta procesal en su totalidad, es decir la manifestada a lo largo del desarrollo del proceso, el primero reviste el carácter de norma general, aplicable también en consecuencia a los procesos de ejecución, en lo que atañe a los posibles destinatarios de las sanciones. Por lo tanto, las sanciones previstas en los arts. 551 y 594 pueden aplicarse al ejecutado o a su letrado patrocinante o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. c) A título de simple anticipo de lo que se expondrá al examinar los deberes de las partes, corresponde diferenciar los conceptos de "temeridad" y de "malicia". La primera denota la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con pautas mínimas de razonabilidad. Es temeraria, por lo tanto, la actuación procesal cumplida con la conciencia de la propia sinrazón(173). A esa idea apunta el art. 551 cuando alude "al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera". Por malicia, en cambio, debe entenderse la utilización de las facultades procesales con el deliberado propósito de obstruir el desenvolvimiento del proceso o de retardar su decisión. Es maliciosa, de acuerdo con la norma precedentemente citada, la conducta de quien hubiese "obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite", o la de quien incurre en "la utilización abusiva de las actuaciones judiciales" (art. 70, ley 16.739, hoy derogada). d) A la inconducta procesal específica se refieren los arts. 29(174), según el cual en el caso de desestimarse una recusación con causa cabe aplicar una multa de hasta pesos novecientos mil por cada recusación, si ésta 500   

fuera calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria; 145(175), que prevé una sanción de multa aplicable a la parte que afirma falsamente ignorar el domicilio de la persona a quien corresponde notificar; 525, inc. 2º(176), que autoriza a imponer una multa equivalente al treinta por ciento del monto de la deuda, y a favor de la otra parte, a quien hubiese impedido la apertura de la vía ejecutiva como consecuencia de negar su condición de inquilino, y esta calidad resultare probada durante la sustanciación del juicio sumario; 528(177), de acuerdo con el cual, desconocida la firma en la preparación de la vía ejecutiva, y acreditada mediante prueba pericial la autenticidad de aquélla, procede imponer al ejecutado una multa equivalente al treinta por ciento del monto de la deuda, que deberá darse a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones. e) Las sanciones previstas para los supuestos de inconducta procesal genérica sólo pueden ser impuestas en la sentencia definitiva, ya que sólo en oportunidad de cumplirse dicho acto es posible determinar cuál de las partes resulta total o parcialmente vencida, así como efectuar la valoración integral, o en conjunto, de su comportamiento procesal. Es razonable, por lo demás, que la parte vencedora esté exenta de sanciones por aquel motivo. La temeridad, por un lado, considerada desde el punto de vista de una actuación global carente de todo fundamento serio, no es concebible respecto de quien resulta vencedor. Por otro lado, la hipotética malicia en que pudo haber incurrido el vencedor no justificaría la aplicación de una sanción a favor del vencido, por cuanto éste tiene, en el allanamiento, un medio procesal apto para evitar que aquélla se produzca(178). Lo cual no obsta para que durante el curso del pleito, cualquiera de las partes, y por ende el eventual vencedor, sea pasible de las sanciones imputables a actos que configuran inconducta procesal específica(179). La norma contenida en el art. 34, inc. 5º, apart. VI, del CPCCN(180), según el cual es deber de los jueces "declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes", sólo es aplicable, como es obvio, en el supuesto de que el juez considere que dichas conductas se han configurado en el curso del proceso. Por ello, el art. 163, inc. 8º(181), establece que aquella declaración debe formularse "en su caso", vale decir, cuando a criterio del juez la parte vencida haya actuado con temeridad o malicia y sea susceptible, por lo tanto, de la correspondiente sanción(182).

193. Facultades ordenatorias 501   

a) Esta clase de facultades constituye un complemento de los deberes de dirección que hemos analizado más arriba y tienden fundamentalmente, a través de la iniciativa del órgano judicial, a facilitar o a economizar actividades procesales. Se hallan contempladas, bajo la denominación del epígrafe, en el art. 36, incs. 1º y 6º, del CPCCN(183), aunque este ordenamiento contiene también, como veremos, otras normas relativas a facultades de la mencionada índole. b) Los jueces y tribunales pueden, de acuerdo con el inc. 1º del art. 36, "tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias". Como se destacó supra, nro. 50, D), esta norma, cuya fuente es el art. 62, apart. 2º, del Código de Mendoza, implica adhesión al principio de impulso oficial, aunque con la particularidad de que su vigencia no excluye la carga del impulso que incumbe a las partes, pues la inactividad de éstas en ese sentido puede determinar la caducidad de la instancia, institución que el CPCCN mantiene y reglamenta con mayor rigor aún que la legislación derogada(184). Se trata, por lo tanto, de un sistema mixto(185), en cuya virtud el principio de impulso oficial funciona en forma concurrente con el de impulso de parte. La combinación puede no resultar del todo ortodoxa desde un punto de vista estrictamente técnico(186), pero no hay duda de que comporta un importante factor de celeridad procesal y tiende a disipar viejos hábitos judiciales que, muchas veces al margen de la ley, se resisten a admitir la injerencia oficial espontánea en el tránsito de una a otra de las etapas procesales(187). c) Según el inc. 6º del art. 36, los órganos judiciales están facultados para corregir, en la oportunidad establecida en el art. 166, incs. 1º y 2º, errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo sustancial de la decisión(188). A su turno, el art. 166 del CPCCN(189)dispone que, una vez pronunciada la sentencia, puede el juez ejercer de oficio, "antes de la notificación" de aquélla, la facultad que le otorga el art. 36, inc. 6º. La aparente contradicción que existe entre esta última norma y el art. 166 debe resolverse, a nuestro juicio, a favor de la plena vigencia de aquélla. Median, en apoyo de tal solución, las siguientes razones: 1º) El deber que incumbe a los jueces en el sentido de "vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal" (art. 34, inc. 5º, apart. V]). Es indudable que, en la medida en que la solución que propiciamos puede evitar el pedido de aclaratoria a que se refiere el art. 166, inc. 2º, la posibilidad de que la facultad judicial que examinamos se ejerza antes de que la resolución se encuentre consentida fortalece la vigencia del principio de economía. 2º) El principio contenido en el art. 172 del CPCCN(190), aplicable por analogía, y con arreglo al cual los jueces 502   

pueden declarar de oficio una nulidad procesal "siempre que el vicio no se hallare consentido"(191). 3º) El hecho de que, según lo establece el art. 36, inc. 6º, la facultad ordenatoria analizada no es susceptible de alterar "lo sustancial de la decisión", y, por ende, de ocasionar ningún perjuicio a la parte que ha resultado favorecida por aquélla. 4º) La circunstancia de que el art. 166, acaso por una inadvertencia del legislador, haya establecido que la facultad debe ejercerse antes de la notificación, no excluye expresamente la posibilidad de que aquélla se ejerza antes de que la resolución se encuentre consentida. Pese a que los arts. 36, inc. 6º, y 166, inc. 1º, sólo aluden a la "sentencia", y el segundo lo hace con expresa relación a las sentencias definitivas, no existe razón alguna que obste al ejercicio de la facultad examinada con respecto a cualquier clase de resoluciones judiciales, tal como, acertadamente, lo había decidido la jurisprudencia anterior a la sanción del nuevo Código(192). Con el mismo alcance debe interpretarse la facultad que confiere a los jueces el art. 166, inc. 2º, del CPCCN, en el sentido de "corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio". Por consiguiente, la facultad de los jueces para subsanar los errores o cubrir las omisiones de cualquier resolución judicial puede ejercerse de oficio, antes de que ésta se halle consentida, o bien a pedido de parte (recurso de aclaratoria) formulado dentro del tercer día contado a partir de la fecha de la notificación. En lo que atañe al momento en que una resolución judicial debe considerarse consentida, en los términos del art. 36, inc. 6º, es menester atenerse, a nuestro juicio, a la fecha de vencimiento del plazo correspondiente al recurso ordinario de mayor amplitud que sea admisible contra la resolución respectiva. Si se trata, por lo tanto, de una sentencia definitiva, la facultad acordada por la disposición mencionada puede ejercerse dentro del plazo establecido para deducir el recurso de apelación. Apoya esta interpretación el hecho de que si el art. 278 de dicho ordenamiento autoriza a las Cámaras de Apelaciones para decidir sobre los puntos omitidos por la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria y siempre que se solicite el respectivo pronunciamiento al expresar agravios(193), es razonable concluir que el plazo de tres días establecido por el art. 166, inc. 2º, no reviste carácter preclusivo con respecto a la enmienda de simples errores materiales o a la aclaración de conceptos oscuros, pues en tales hipótesis se trata de defectos de menor entidad del que se configura en el caso de omisión de pronunciamiento, y su corrección en primera instancia contribuye a facilitar la actividad de las partes y del Tribunal de Alzada. En lo que atañe a la sentencia definitiva de segunda instancia, entendemos que corresponde 503   

considerarla consentida, a los efectos del ejercicio de la facultad conferida por el art. 36, inc. 6º, una vez transcurridos los cinco días que el art. 272, apart. 3º, del CPCCN(194)concede a las partes para pedir aclaratoria(195). En todo caso, hacen excepción los errores puramente numéricos, los cuales pueden ser corregidos aun durante el trámite de ejecución de sentencia(196). El mismo criterio precedentemente enunciado debe regir respecto de las sentencias interlocutorias y de las providencias simples, pero como estas últimas sólo son apelables cuando causan gravamen irreparable (art. 242, inc. 3º), en el supuesto de no concurrir este último extremo corresponde considerarlas consentidas al operarse el vencimiento del plazo fijado para deducir el recurso de reposición (art. 238, CPCCN). Sin perjuicio de volvernos a ocupar de la cuestión en oportunidad de estudiar el recurso de aclaratoria, delimitaremos sucintamente el alcance de las distintas hipótesis que autorizan el ejercicio de la facultad contemplada en el art. 36, inc. 6º. Es "error material" todo desajuste existente entre la resolución y las constancias del expediente o entre distintas partes de aquélla, siempre que tal defecto responda a una mera inadvertencia y no a un equívoco conceptual. Por "concepto oscuro" (expresión comprendida en el art. 36, inc. 6º) debe entenderse cualquier discordancia que resulte entre alguna idea contenida en la resolución y las palabras utilizadas para expresarla. Finalmente, la autorización conferida para "suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio", debe ser interpretada en el sentido de que los jueces pueden ejercer la correspondiente facultad tanto con respecto a peticiones accesorias (intereses, costas, etc.) como con relación a pretensiones principales (autónomas o subsidiarias) o a defensas oportunamente deducidas en el proceso. d) Aparte de las mencionadas en el art. 36, el CPCCN contiene diversas disposiciones que acuerdan a los jueces amplias facultades para disponer, de oficio, medidas ordenatorias. Entre ellas cabe mencionar el art. 101(197), que reserva al criterio del juez la determinación del trámite mediante el cual deben sustanciarse las tercerías; el art. 322, apart. 2º(198), según el cual, deducida una pretensión meramente declarativa, el juez debe resolver de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida; el art. 411(199), que autoriza al juez para modificar de oficio y sin recurso alguno el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes, sin alterar su sentido; etcétera.

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194. Facultades disciplinarias y ordenatorias luego de la ley 25.488(200) a) La nueva redacción impresa al art. 35 del CPCCN por la ley 25.488 (titulado "Potestades disciplinarias") revela en los autores de la reforma una singularingenuidad: la de haber creído que sustituyendo el término "podrán" por "deberán", las facultades de los jueces se convertirán, mágicamente, en deberes.

Si, en efecto, se computa el hecho de que la mayoría de los jueces no observaba en la práctica la conducta imperativamente impuesta (hipótesis, v.gr., de los plazos para resolver), es absurdo pensar que lo harán a raíz de esa modificación terminológica. Es obvio, por otra parte, que a las potestades mencionadas en el art. 35 (testado de frases injuriosas, exclusión de las audiencias y aplicación de correcciones disciplinarias, que ahora incluyen las contenidas en normas dictadas por el Consejo de la Magistratura) les son aplicables la conclusión más arriba vertida acerca de la represión de la inconducta procesal, y configuran, por consiguiente, meras facultades. b) El nuevo art. 36 del CPCCNincurre en el mismo exceso, con el agravante de que, en cuanto impone a los jueces el deber de adoptar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso, impulsando el trámite de oficio, semejante imperativo resulta inconciliable con el mantenimiento de la caducidad de la instancia, a cuyo respecto continúa incluso vigente su declaración de oficio (art. 316). La contradicción aparece acentuada en el inc. 5º del art. 36, en cuanto incluye, como deber de los órganos judiciales, el consistente en "impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el Asesor de Menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto". Tampoco exhibe mayor coherencia el mantenimiento del art. 314 en su versión originaria, porque según dicha norma, la caducidad se opera contra "los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes". Es elemental que tampoco configura un deber del juez, en sentido estricto, el referido a "intentar una conciliación, total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos" (art. 36, inc. 2º). Debe, sin embargo, repararse en el hecho de que, hallándose vigente un régimen de mediación extrajudicial obligatoria, y previa al juicio, sólo resta la posibilidad de remitir al arbitraje la resolución de la controversia. 505   

Resulta asimismo extraño que, luego del mencionado inc. 2º, la ley 25.488, haya introducido, en el art. 36 del CPCCN, un párrafo conforme al cual "en cualquier momento (el juez) podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación", lo cual entraña, aparte de una manifiesta redundancia, la consagración de una mera facultad judicial. Participa también de este último carácter la enunciada en el inc. 3º del art. 36, con arreglo al cual los jueces y tribunales deberán "proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria", y que "en todos los casos la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento". La eventual conducta del juez en el sentido indicado no es en modo alguno imperativa porque se halla supeditada, como es obvio, a las concretas circunstancias y a la índole de la causa. El art. 36, inc. 3º, del CPCCN, en su versión originaria, incluía entre las facultades ordenatorias de los jueces la de "corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión, y ésta no hubiese sido consentida por las partes". A su vez, el art. 166 del mencionado ordenamiento, no afectado por la reforma introducida por la ley 22.434, dispone que una vez pronunciada la sentencia puede el juez "ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el art. 36, inc. 3º" (inc. 1º), y "corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio" (inc. 2º). Como se advierte, mediaba una aparente contradicción entre los arts. 36, inc. 3º, y 166, inc. 1º, por cuanto mientras el primero autorizaba a ejercer la facultad analizada hasta el momento en que el pronunciamiento fuese consentido por las partes, el segundo disponía que la potestad de que se trata debe materializarse con anterioridad a la notificación de aquél. La ley 22.434 vino a disipar toda duda sobre el particular al sustituir el inc. 3º (actual inc. 6º) del art. 36 por el siguiente: "Corregir, en la oportunidad establecida en el art. 166, incs. 1º y 2º, errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo sustancial de la decisión". Por lo tanto, aunque es ociosa la remisión al inc. 2º del art. 166, resulta ahora suficientemente claro que la potestad de los jueces para subsanar los errores o cubrir las omisiones de la sentencia puede ejercerse de oficio 506   

antes de que ésta se haya notificado, o bien a pedido de parte (recurso de aclaratoria) formulado dentro del tercer día contando a partir de la fecha de la notificación. También fue feliz la reforma al correlacionar las causales que autorizan la modificación del pronunciamiento, si bien hubiese sido conveniente adecuar la redacción del art. 36, inc. 3º (actual 6º) a la del art. 166, inc. 2º, en tanto esta norma, referida al recurso de aclaratoria, limita la prohibición de alterar "lo sustancial de la decisión" a la hipótesis de que se persiga la aclaración de algún concepto oscuro. La aparente contradicción normativa debe resolverse, sin embargo, en el sentido de que la aludida limitación no rige cuando se trata de corregir algún error material, pues en tal supuesto, la resolución aclaratoria altera, en mayor o menor medida, el contenido del pronunciamiento impugnado, incluso en su aspecto sustancial. Algunos códigos provinciales, como los de Santa Fe (art. 248) y Mendoza (art. 132), se limitan a determinar los motivos que justifican la aclaratoria, sin establecer restricciones respecto del alcance de la correspondiente resolución. Interesa agregar que pese a la circunstancia de que los arts. 36, inc. 6º, y 166, inc. 1º, sólo aluden a la "sentencia", y el segundo lo hace con explícita relación a las sentencias definitivas, no existe razón alguna que obste al ejercicio de la facultad examinada respecto de cualquier clase de resoluciones judiciales, tal como, con acierto, lo había decidido la jurisprudencia anterior a la promulgación del CPCCN.

195. Facultades conciliatorias a) Aunque no medie requerimiento de parte, los jueces y tribunales están facultados para disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación (art. 36, inc. 2º, CPCCN)(201). La tentativa de conciliación no se halla por lo tanto instituida, según ocurre en otros regímenes procesales(202), como un trámite inicial y de cumplimiento obligatorio, sino como una facultad cuyo ejercicio queda librado al criterio de los jueces y no se encuentra condicionada a ninguna limitación de orden temporal. En el actual régimen procesal civil, esta regla admite, sin embargo, tres excepciones —las que hoy deben ser analizadas a la luz de las nuevas denominaciones y reglas procesales que al respecto contempla el Código Civil y Comercial—: La primera está prevista en el art. 34, inc. 1º, apart. 3º, del CPCCN(203), norma que, como hemos visto, obliga a los jueces, en los juicios de divorcio 507   

y nulidad de matrimonio, a fijar una audiencia preliminar que tiene por objeto avenir a las partes sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal. La segunda excepción está dada por el art. 639 del CPCCN(204), según el cual, iniciado el juicio de alimentos, el juez debe señalar una audiencia a celebrarse dentro de un plazo no mayor de diez días contado desde la fecha de la presentación, y en la que aquél procurará que las partes lleguen a un acuerdo directo. La tercera excepción se halla contemplada por el art. 438 del Código Civil y Comercial: "Requisitos y procedimiento del divorcio. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local". b) Normalmente, la conciliación actúa como medio de componer el conflicto determinante de la pretensión y de poner fin al proceso, aunque puede también comprender exclusivamente peticiones accesorias, como son, v.gr., las mencionadas en el art. 34, inc. 1º, apart. 3º, o alguna cuestión vinculada con el desarrollo del proceso, sea para lograr la solución de incidentes o para simplificar el trámite(205). Un ejemplo de esta última posibilidad es el supuesto contemplado por el art. 691 del CPCCN(206), con arreglo al cual puede el juez de oficio, o a pedido de parte, convocar a los interesados a una audiencia cuando, en el juicio sucesorio, advirtiere que la comparecencia personal de aquéllos y de sus letrados podría ser beneficiosa para la concentración y simplificación de los actos procesales que deban cumplirse, debiendo procurar, en dicha audiencia, que se establezca "lo necesario para la más rápida tramitación del proceso". c) En principio, la comparecencia a la audiencia de conciliación constituye, para las partes, una carga procesal, cuyo incumplimiento, por lo tanto, no determina la aplicación de sanciones(207). Hacen excepción los arts. 640(208)y 691 del CPCCN: el primero autoriza al juez para imponer al demandado que no comparece sin causa justificada una multa, a favor de la otra parte, y cuyo importe debe depositarse dentro del tercer día contado desde la fecha en que se notificó la providencia que la impuso; el segundo 508   

dispone que la audiencia debe fijarse "bajo apercibimiento de imponer una multa en caso de inasistencia injustificada". Tales sanciones se justifican, en el primer supuesto, por la misma naturaleza del proceso de alimentos, en el que se hallan en juego razones de solidaridad familiar y de urgencia que requieren un mínimo de cooperación procesal por parte del eventual sujeto pasivo de la obligación alimentaria. En la hipótesis del art. 691, la razonabilidad de la sanción responde a la circunstancia de que la audiencia de conciliación prevista en dicha norma debe obedecer a la existencia de algún entorpecimiento procesal provocado por los intervinientes en el juicio sucesorio, y a quienes, por lo tanto, es justo requerir su colaboración para obviar los inconvenientes de que se trate(209). d) Con anterioridad a la vigencia del CPCCN, se consideraba que la intervención del juez, en la audiencia de conciliación, debía limitarse a invitar a las partes para que ellas mismas solucionasen sus diferencias, y que no le era permitido a aquél proponer fórmulas de avenimiento, ya que tal actitud sería susceptible de comprometer su imparcialidad(210). Esa interpretación no es compatible con el art. 36, inc. 3º, del CPCCN, por cuanto éste dispone que "la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento". Tal solución normativa resulta sin duda acertada, pues siendo el juez quien debe tomar la iniciativa de la conciliación, convocando a las partes a su presencia, es razonable que aquél, cuidando emitir opiniones definitivas sobre el fondo de las cuestiones controvertidas, interiorice a las partes acerca de las bases sobre las cuales es posible concretar el avenimiento. Carece de sentido, en otras palabras, que el juez asuma en la audiencia el carácter de mero espectador, porque si así fuera muy poco es lo que diferenciaría a la conciliación, como acto procesal, del avenimiento extrajudicial que las partes pueden concretar en cualquier momento(211). e) En oportunidad de estudiar los modos anormales de conclusión del proceso, nos referiremos a la naturaleza y efectos de la conciliación.

196. Facultades instructorias (prueba de oficio) a) En ocasión de referirnos al alcance del principio dispositivo, destacamos que si bien la vigencia estricta de éste requeriría que se confiase exclusivamente a la iniciativa de las partes la posibilidad de aportar la prueba necesaria para acreditar la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos, la mayor parte de las leyes procesales, incluso las más firmemente adheridas a dicho principio, admiten, en mayor o 509   

menor medida, que el material probatorio incorporado al proceso por las partes sea complementado o integrado por propia iniciativa del órgano judicial. Sin necesidad de incursionar en la fatigosa polémica relativa a la exacta dosificación de los poderes del juez, ni de adherir a alguna de las fórmulas extremas o intermedias que se han propuesto con ánimo de esclarecer ese problema de política procesal, la más clara justificación de la facultad que analizamos reside, pura y simplemente, en la necesidad de que la norma individual con que culmina el proceso sea una norma justa. Si bien, en efecto, sólo a las partes incumbe la aportación de los hechos sobre los cuales debe versar dicha norma, y ésta debe respetar, en principio, los hechos afirmados concordantemente por ambas partes, no ocurre lo mismo cuando media divergencia acerca de la existencia o inexistencia de los hechos y la actividad probatoria de las partes no resulta suficiente para engendrar el pleno convencimiento del juez. En esta hipótesis entran a jugar razones de justicia que no resultarían satisfechas si el juez, pese a la duda que le deparan las constancias del proceso, se limitase a aplicar, mecánicamente, las reglas relativas a la distribución de carga de la prueba(212). Ello afectaría, incluso, la jerarquía de acto de autoridad que corresponde a la sentencia como acto creador de norma jurídica. Los hoy derogados Códigos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, así como todos los Códigos provinciales que tuvieron como fuente primordial a la legislación española, admitían, bajo la denominación de "medidas para mejorar proveer", el ejercicio de facultades instructorias por parte de los jueces y tribunales(213). El art. 57 del Código de Procedimiento de la Capital Federal, que enunciaba las medidas probatorias que los jueces podían disponer de oficio(214), fue modificado por el art. 21 de la ley 14.237, cuya primera parte establecía que "en cualquier estado del juicio los jueces y tribunales podrían disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos...". Pese a los esfuerzos doctrinarios que se pusieron en juego para trazar una diferencia esencial entre el sentido de ambas normas(215), la modificación no importó más que introducir un nuevo matiz en el ámbito de las facultades instructorias, que por una parte fueron extendidas a toda clase de prueba que el órgano judicial creyese conveniente practicar a los efectos de formar su convencimiento(216), y por otra parte se autorizó a ejercer en cualquier estado del proceso(217). b) El CPCCN ha acentuado ese matiz diferencial en el sentido de la amplitud de las facultades instructorias, de acuerdo con la orientación general que lo ha inspirado en materia de extensión de los poderes del órgano judicial.

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Aparte de reproducir, en el inc. 4º del art. 36(218)la norma contenida en el art. 21 de la ley 14.237 ("ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos..."), el CPCCN hace referencia a específicas facultades instructorias en los incs. 4º, 5º y 6º de la mencionada disposición, los cuales autorizan a los jueces para "disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para... requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito"; "decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y de los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyeren necesario" y "mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros, en los términos de los artículos 387 a 389"(219). Por otra parte, el Código autoriza a los jueces el ejercicio de facultades instructorias en numerosas disposiciones atinentes a la producción de los medios de prueba en particular. Pueden los jueces de oficio, de acuerdo con lo que establecen dichas disposiciones, interrogar a las partes, en la audiencia de absolución de posiciones, sobre todas las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad (art. 415)(220); pedir a las partes, en la audiencia destinada a la recepción de declaraciones testimoniales, las explicaciones que estimaren necesarias sobre los hechos (art. 438)(221); decretar el careo entre testigos o entre éstos y las partes (art. 448)(222); disponer la declaración de testigos mencionados por las partes en los escritos de constitución del proceso, y ordenar que sean examinados los ya interrogados, para proceder al careo o aclarar sus declaraciones (art. 452)(223); agregar nuevos puntos de pericia a los propuestos por las partes (art. 460)(224); ordenar: 1º) ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos mecánicos; 2º) exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos; 3º) reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una manera determinada (art. 475)(225); ordenar que los peritos den las explicaciones que se consideraren convenientes y disponer, cuando lo estimaren necesario, que se practique otra pericia, o se perfeccione o amplíe la anterior, por los mismos peritos u otros de su elección (art. 473, aparts. 1º y 4º)(226), y ordenar el reconocimiento judicial de lugares o de cosas, así como la concurrencia de peritos y testigos a dicho acto (art. 479)(227). c) Las facultades instructorias de los jueces se hallan sujetas a tres clases de limitaciones que se fundan, respectivamente, en la vigencia del principio dispositivo, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el proceso y en la garantía de la defensa en juicio. De acuerdo con la primera de esas limitaciones, les está vedado a los jueces disponer la producción de diligencias probatorias que no se refieran 511   

a los "hechos controvertidos" en el proceso (art. 36, inc. 4º). Quedan así excluidos del ámbito de las facultades instructorias de los jueces tanto los hechos no afirmados por ninguna de las partes, como los hechos afirmados por una de ellas y expresamente admitidos por la otra(228), salvo, en esta última hipótesis, que la pretensión verse sobre derechos indisponibles(229). Por vincularse con el aspecto que estamos examinando, corresponde reiterar lo expresado supra, nro. 50, G), en el sentido de que las facultades instructorias acordadas a los jueces no están destinadas a excluir o a sustituir la actividad probatoria que incumbe a las partes, y que éstas deben desarrollar de conformidad con las reglas relativas a la distribución de la carga de la prueba. Cabe, pues, insistir en la conclusión de que la actividad judicial en materia probatoria reviste carácter complementario con respecto a aquella carga de las partes, y su objetivo consiste en despejar las dudas con que tropiece el convencimiento del juez en aquellos supuestos en que la prueba producida por las partes no sea lo suficientemente esclarecedora(230). La segunda limitación reside en la prohibición de que las facultades instructorias que la ley concede a los jueces puedan ser ejercidas para suplir la negligencia en que hubiere incurrido cualquiera de las partes en la producción de la prueba por ella ofrecida, ya que lo contrario importaría afectar la igualdad que, como hemos visto, tienen los jueces el deber de mantener entre los litigantes(231). La tercera limitación exige que el ejercicio de las facultades examinadas se ejerza de manera compatible con el derecho de defensa de las partes (art. 36, inc. 4º). Ello significa, en términos generales, que debe darse a los litigantes una razonable oportunidad de controlar el diligenciamiento o el resultado de las medidas probatorias dispuestas de oficio. Por lo tanto, si se tratara de una medida de prueba que debe producirse en audiencia, las partes pueden concurrir al acto y ejercer en él las facultades que normalmente les corresponden (v.gr., repreguntar a los testigos). En cuanto a las restantes diligencias probatorias (documental, informativa, pericial), una vez producidas e incorporadas al expediente, corresponde dar vista a las partes a fin de que formulen las objeciones o requieran las explicaciones que estimen convenientes(232)e incluso aporten elementos de juicio tendientes a desvirtuar el resultado de la prueba. d) En principio, las facultades instructorias que la ley acuerda al órgano judicial pueden versar sobre cualquier medio de prueba. A nuestro juicio, sólo se halla excluida la prueba de confesión, pues la forma asertiva con que deben formularse las posiciones, la circunstancia de que cada una de éstas importa para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refieren, y la propia índole de la prueba de confesión, que implica el reconocimiento de un hecho perjudicial al confesante y favorable para la otra parte, no se compadecen con la necesaria posición de imparcialidad que debe asumir el órgano judicial. Por otra parte, el art. 415 excluye 512   

implícitamente la posibilidad de que el juez exija absolución de posiciones, ya que sólo lo autoriza para interrogar a las partes "sobre todas las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad", es decir, para formular preguntas tendientes a ilustrarlo sobre los hechos, y cuyo contenido, por lo tanto, no puede colocar a ninguno de los litigantes en la disyuntiva de contestar en forma afirmativa o negativa. e) Con las limitaciones y el alcance precedentemente mencionados, el ejercicio de las facultades instructorias no es exigible por las partes(233)y depende exclusivamente de la iniciativa y el arbitrio del órgano judicial(234). f) La ley no limita la oportunidad en la cual pueden los jueces hacer uso de dichas facultades, sino que, por el contrario, los autoriza a hacerlo en cualquier estado de la causa. En el supuesto de ejercerse la facultad cuando el proceso se halla en condiciones de ser resuelto, todas las medidas probatorias que el juez dispusiere producir deben ser ordenadas en una misma resolución, no cabiendo computar a los efectos del plazo fijado para dictar sentencia, los días que requiere el cumplimiento de dichas medidas (art. 484, aparts. 1º y 3º)(235). g) Con anterioridad a la sanción del CPCCN la jurisprudencia tenía decidido que las medidas para mejor proveer no eran recurribles por vía de apelación(236), salvo en los supuestos en que hubiesen sido dictadas con prescindencia de las limitaciones a que hemos aludido(237). Actualmente, el problema ha sido superado por el principio de irrecurribilidad de las resoluciones atinentes a la producción, denegación y sustanciación de las pruebas, contenido en el art. 379 del CPCCN(238). En consecuencia, las impugnaciones contra providencias dictadas por los jueces de primera instancia en ejercicio de facultades instructorias, deben ser formuladas en oportunidad de encontrarse el expediente en la Cámara con motivo del recurso deducido contra la sentencia definitiva. Es menester, sin embargo, formular la siguiente distinción: si la medida se impugna en razón de haber sido ordenada respecto de hechos admitidos o ajenos al proceso, la cuestión debe plantearse en la expresión de agravios o en la contestación de ésta; si, en cambio, la objeción radica en la circunstancia de haberse impedido al interesado la posibilidad de producir prueba tendiente a desvirtuar el resultado de las diligencias ordenadas por el juez, aquél debe replantear la cuestión en la oportunidad fijada por el art. 260, inc. 2º, del CPCCN(239). h) Las providencias dictadas en uso de facultades instructorias se notifican por ministerio de la ley (art. 133, CPCCN)(240), salvo que lo hayan sido con posterioridad al llamamiento de autos para sentencia, en cuyo caso deben notificarse personalmente (art. 135, CPCCN)(241). i) Una importante novedad respecto de las facultades instructorias de los jueces ha llegado de la mano del art. 709 del Código Civil y Comercial que, para los procesos de familia, establece: "Principio de oficiosidad. En los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien 513   

puede ordenar pruebas oficiosamente. El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces".

CAPÍTULO XIII - EL JUEZ (CONT.) SUMARIO: I. DERECHOS DE LOS JUECES: 197. Generalidades.— 198. Inamovilidad.— 199. Irreductibilidad de las remuneraciones.— 200. Inmunidad al arresto y al procesamiento.— 201. Tratamiento.— 202. Goce de licencias.— 203. Jubilación. II. RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES: 204. Responsabilidad política.— 205. Responsabilidad civil.— 206. Responsabilidad penal.— 207. Responsabilidad disciplinaria. III. RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN: 208. Generalidades.— 209. Recusación sin expresión de causa.— 210. Recusación con expresión de causa.— 211. Excusación.— 212. Reemplazo.

I. DERECHOS DE LOS JUECES(1)

197. Generalidades Como funcionarios de un poder del Estado, los jueces son titulares de diversos derechos que difieren en cuanto a su naturaleza y fundamento. En la necesidad de asegurar la independencia del Poder Judicial encuentra justificación el derecho a la inamovilidad y, subsidiariamente, el de percibir una compensación económica que no puede ser disminuida mientras el juez ejerza sus funciones. Aparte de los mencionados, la ley reconoce a los jueces otros derechos que se fundan en la jerarquía del cargo (inmunidad al arresto y al procesamiento y tratamiento) o en la simple relación de empleo público (goce de licencias y de jubilación). De todos ellos nos ocuparemos en los números que siguen.

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198. Inamovilidad a) En términos generales, la inamovilidad significa que los jueces no pueden ser privados del ejercicio de sus funciones mediante acto discrecional de la autoridad que los ha designado, sino tan sólo en virtud de alguna de las causales previstas por la Constitución o por la ley. b) Según los principales sistemas conocidos, tales causales pueden consistir en la caducidad del plazo prefijado para el desempeño del cargo, en el cumplimiento de determinada edad o en el propio comportamiento de los magistrados, previamente calificado mediante un proceso de responsabilidad. El art. 110 de la Constitución Nacional, en tanto dispone que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta", condiciona la subsistencia del derecho a la inamovilidad a la última de las causales precedentemente mencionadas. Los jueces nacionales de cualquier jerarquía, por consiguiente, son nombrados sin designación de plazo y sólo pueden ser removidos de sus cargos como consecuencia del denominado "juicio político" (arts. 53, 59 y 115, CN). c) La mayor parte de las Constituciones provinciales ha adoptado el mismo sistema (Buenos Aires, art. 176; Córdoba, art. 154; Corrientes, art. 184; Chaco, art. 154; Chubut, art. 165; Entre Ríos, arts. 189 y 194; Formosa, arts. 166 y 167; La Pampa, art. 93; Mendoza, art. 151; Misiones, art. 140; Neuquén, art. 229; Río Negro, art. 199; San Luis, art. 201; Santiago del Estero, art. 178; Catamarca, arts. 195 y 196; Jujuy, art. 171; La Rioja, art. 133; San Juan, art. 200; Tucumán, art. 112). Otras adhieren al sistema de designación por determinado período (Salta, art. 156(2))(3). Finalmente, el art. 88 de la Constitución de la provincia de Santa Fe prescribe que la inamovilidad de los jueces cesa a los 75 años si están en condiciones de obtener jubilación ordinaria. d) La observancia de "buena conducta", por sí sola, no constituye sin embargo, una circunstancia susceptible de garantizar un adecuado desempeño de la función, si no va acompañada de la subsistencia de la aptitud física y mental del juez. De allí la indudable conveniencia de fijar un límite máximo para el ejercicio de la judicatura, según lo hacen las leyes de algunos países europeos (Alemania, Francia, Italia, etc.)(4)y americanos (Uruguay, Nicaragua y en la República Argentina, como vimos, la provincia de Santa Fe, entre otras). No parece empero aconsejable que la edad máxima coincida con la establecida por las leyes jubilatorias, por cuanto, como se ha señalado(5), aparte de que éstas admiten el retiro de los funcionarios a una edad en la cual no cabe presumir una disminución de la capacidad intelectual, existe el riesgo de que se arbitre el sistema de modificar las leyes respectivas como medio de obtener el alejamiento de jueces plenamente capacitados. Pese a los casos de excepción que frecuentemente muestra la experiencia, las edades de 70 y 75 años que 515   

son las fijadas por las Constituciones del Uruguay y de Nicaragua, y alrededor de las cuales oscila la prevista por las leyes europeas, constituyen un límite razonable para determinar el cese de la inamovilidad judicial(6). e) La jurisprudencia ha admitido que, dentro de las facultades de los gobiernos de facto, se halla incluida la de separar a los jueces de sus cargos. En el caso "Avellaneda Huergo", la Corte Suprema, tras señalar que mediante Acuerdo del 10/9/1931 reconoció los actos políticos y administrativos que el gobierno de hecho había realizado como necesarios a los fines del movimiento revolucionario de que procedía, declaró que no habría consecuencia de doctrina en sostener que el Gobierno provincial pudo destituir al Presidente y Vice de la Nación, a los diputados y senadores del Congreso todos inamovibles durante el período de su mandato, salvo el juicio político o el desafuero (arts. 45, 51 y 62, CN(7)), y que esa medida debiera ser descalificada tratándose de jueces, agregando que la discreción y eficacia con que el Gobierno de facto procedió en uno y otro caso están al margen de las facultades de la justicia(8). Posteriormente, sin embargo, la Corte declaró que la separación del juez federal de Córdoba, Dr. Barraco Mármol, dispuesta por decreto del gobierno surgido de la Revolución de 1943, era violatoria de las garantías e inmunidades consagradas por los arts. 18, 96, 45, 51 y 52 de la Constitución Nacional(9). En el caso, la Corte hizo mérito de dos circunstancias que imprimían al caso características singulares, a saber: 1º) La existencia de una declaración emanada del Poder Ejecutivo en el sentido de que consideraba definitivamente concluido el período revolucionario dentro del Poder Judicial, y el consiguiente retorno a la vigencia del principio de inamovilidad de los jueces asegurado por el art. 96 de la Constitución Nacional. 2º) La total ausencia de motivos razonables que justificasen la destitución del juez, como habría sido la comisión de un delito o un grave acto de inconducta. En el caso, por el contrario, el único motivo de la separación consistió en el supuesto alzamiento contra la autoridad presidencial que habrían comportado las resoluciones dictadas por el juez destituido, mediante las cuales hizo lugar a diversos recursos de hábeas corpus deducidos a favor de personas detenidas por el Poder Ejecutivo durante el estado de sitio, con fundamento en que no mediaba "orden escrita de autoridad competente". La Corte expresó entonces que "ni el Congreso de la Nación hubiera podido razonablemente remover un juez en la forma y por las causas invocadas, sin infringir lo dispuesto por el ya citado art. 96 y los arts. 18, 45, 51 y 52"(10). Las autoridades surgidas con motivo de la Revolución de 1955, tras destituir a los jueces de la Corte Suprema y al Procurador General de la Nación, declararon "en comisión" a todos los miembros del Poder Judicial y en un mismo acto removieron a gran cantidad de jueces 516   

nacionales, aunque mediante el procedimiento indirecto de dejar cesantes a aquellos a quienes no se confirmó expresamente en sus cargos. Una vez reorganizado el Poder Judicial, el Gobierno dictó el dec.-ley 6621/1957, por el cual estableció, con carácter provisional, un Tribunal de Enjuiciamiento para jueces de primera y de segunda instancias, el que se hallaba integrado por magistrados y abogados de las correspondientes circunscripciones territoriales. Finalmente, la Junta Revolucionaria de 1966 separó de sus cargos a los jueces de la Corte y al Procurador General de la Nación, reservó la designación de los reemplazantes al presidente de la República y estableció, en el art. 7º del Estatuto de la Revolución Argentina, que tanto los magistrados nombrados para integrar la Corte cuanto los entonces miembros de los tribunales inferiores de la Nación gozarían de las garantías que acuerda el art. 110 de la Constitución Nacional. La remoción, por lo tanto, se limitó a los jueces de la Corte y al Procurador General de la Nación, respetándose expresamente el derecho a la inamovilidad de los restantes magistrados nacionales. El art. 8º de dicho Estatuto dispuso, asimismo, que a los efectos de la remoción de los miembros de la Corte y tribunales inferiores se dictaría una ley instituyendo un jurado de enjuiciamiento, hecho que se produjo al promulgarse la ley 16.937 —hoy derogada—, la cual no incluyó en sus disposiciones a los jueces de la Corte Suprema (ver infra, nro. 204). f) Generalmente se sostiene que la inamovilidad no sólo asegura la permanencia del juez en el desempeño del cargo, sino que comprende también la sede y el grado, es decir, el derecho de aquél a no ser trasladado a otra circunscripción territorial ni ser designado en un cargo superior sin que medie su conformidad(11). Algunas Constituciones provinciales consagran expresamente tales derechos(12). El punto, sin embargo, puede presentar diversos matices que no se prestan a ser resueltos en términos tan generales y categóricos, puesto que se vincula a una cuestión de tanta relevancia institucional como es la referente a la oportunidad, la conveniencia y la técnica aconsejables en materia de organización judicial y de distribución de la competencia entre los distintos órganos judiciales del Estado. Por lo pronto, no parece dudoso que el poder constitucionalmente facultado para crear juzgados y tribunales tenga también suficientes atribuciones para suprimirlos en el supuesto de que desapareciera la razón determinante de la creación de tales órganos y éstos carecieran de todo cometido a cumplir, o su actuación se viera limitada a extremos tales que hicieren manifiestamente antieconómico su mantenimiento. Tal es lo que ocurrió, por ejemplo, en nuestro país con la Justicia Nacional Electoral, cuya competencia primordial consistía en conocer en todos los asuntos referentes a la formación, constitución, organización, funcionamiento y extinción de los partidos políticos, y en las cuestiones relacionadas con la elección, escrutinio y proclamación de los candidatos a cargos electivos 517   

(arts. 10 y 21, II, d], dec. 7163/1962). Las disposiciones dictadas por el Gobierno surgido de la Revolución de 1966, mediante las cuales se disolvieron los partidos políticos, hicieron desaparecer, indudablemente, el fundamento de aquella competencia judicial, que dependía de la subsistencia de dichos partidos y del proceso eleccionario, de manera tal que el mantenimiento de la justicia electoral sólo hubiese significado un privilegio personal establecido en favor de los magistrados que integraban el fuero suprimido(13). Lo mismo ocurriría si, por cualquier razón, llegare a darse el caso de que el número de órganos judiciales existente en una determinada circunscripción judicial excediese manifiestamente las concretas necesidades de aquélla(14). En tales hipótesis, no es dado a su titular o titulares hacer valer el derecho a la inamovilidad u objetar legítimamente su traslado a otro fuero o circunscripción territorial. La conclusión precedente se funda en que el derecho a la inamovilidad no constituye una mera prerrogativa personal acordada a los jueces, sino, esencialmente, una garantía derivada de la necesidad de asegurar una eficiente administración de justicia(15). En la medida en que la inamovilidad pone a los jueces a cubierto de presiones o de interferencias políticas, resguardando su independencia e imparcialidad, configura, sin duda, uno de los medios primordiales tendientes a satisfacer aquella necesidad. Pero no es menos cierto que mayor importancia reviste, en punto al logro de ese objetivo, el criterio que se aplique para organizar y distribuir los órganos judiciales del Estado, pues es evidente que tanto mejor se encontrarán salvaguardados los derechos de los justiciables cuanto más eficaz resulte esa organización y distribución. Parece claro, por consiguiente, que las disposiciones que se adopten en este último aspecto consultan en mayor medida el interés comunitario que la subsistencia de la estabilidad, ya que muy escaso o ninguno sería el valor jurídico de ésta frente a una organización judicial antieconómica y perjudicial(16). Desde luego que la supresión de juzgados o tribunales, y, eventualmente, el traslado de sus titulares a otra circunscripción territorial se hallan condicionados, en cuanto a su validez, a la existencia de serias e impostergables necesidades públicas, ya que de lo contrario aquellas medidas podrían convertirse en un medio fácilmente utilizable para allanar el derecho a la inamovilidad judicial(17). En el orden nacional, es la Corte Suprema el órgano competente para valorar la concurrencia de las necesidades determinantes de la medida y para revisar, en consecuencia, su validez desde el punto de vista constitucional.

199. Irreductibilidad de las remuneraciones 518   

a) El derecho a la inamovilidad se complementa con el derecho a percibir una remuneración que no puede ser alterada en perjuicio del juez(18). De allí que, como arbitrio tendiente a impedir que la independencia en el desempeño del cargo resulte afectada por la actividad discrecional de los poderes públicos competentes en materia presupuestaria, el art. 110 de la Constitución Nacional disponga que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales nacionales inferiores "recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones". El art. 2º del dec.-ley 1285/1958 agrega que "la compensación será uniforme para todos los jueces de una misma instancia, cualquiera sea el lugar donde desempeñen sus funciones". Con excepción de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, las Constituciones de las restantes provincias argentinas contienen previsiones sustancialmente análogas(19), agregando algunas de ellas que la retribución debe ser abonada en "épocas fijas"(20). b) Una exégesis estrictamente literal del art. 110 de la Constitución Nacional, y particularmente de la expresión "en materia alguna", condujo a algunos autores a sostener que la irreductibilidad de los sueldos judiciales constituye una prohibición absoluta que, como tal, impide que aquéllos resulten gravados mediante impuestos generales, como es, v.gr., el establecido sobre los réditos(21). El mismo criterio ha sido sustentado por la Corte Suprema de la Nación en diversas oportunidades(22). Por nuestra parte consideramos que si bien la exención impositiva puede resultar justa como forma de compensar en alguna medida el estricto régimen de incompatibilidades que pesa sobre los magistrados judiciales, el criterio opuesto no adolece de reparos constitucionales en tanto responda a pautas de generalidad y no se encuentre determinado, en consecuencia, por propósitos de hostilidad o de represalia contra los integrantes del Poder Judicial de la Nación(23). c) Finalmente, interesa destacar que siendo la irreductibilidad de los sueldos una garantía tendiente a resguardar la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes, dicha independencia en modo alguno resulta afectada por la aplicación de multas a los jueces, dispuestas por los tribunales superiores en ejercicio de facultades disciplinarias(24).

200. Inmunidad al arresto y al procesamiento a) Los magistrados judiciales de la Nación no pueden ser arrestados salvo en el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún delito que merezca pena corporal, no excarcelable (art. 21, ley 13.644)(25). 519   

b) Asimismo, el procesamiento penal de los jueces nacionales se halla condicionado a su previa destitución como tales, de acuerdo con las formas prescriptas para el proceso de responsabilidad política (art. 60, CN) (infra, nro. 204), una de cuyas causales puede consistir en la comisión de delitos comunes (art. 53, íd.). c) Finalmente, es obvio que los jueces, al igual que los legisladores, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos(26), salvo que a través de éstos incurran en la comisión de algún delito contra el honor de las partes o de terceros, en cuyo caso, previo el enjuiciamiento y la destitución del magistrado responsable, es admisible su procesamiento ante la justicia común(27).

201. Tratamiento En el orden nacional, el punto se halla regido por una antigua práctica judicial en cuya virtud los jueces de las Cámaras de Apelaciones y de la Corte Suprema reciben el tratamiento de "vuestra excelencia"(28), y los jueces de primera instancia el de "su señoría". Algunas constituciones(29)y leyes provinciales(30)prevén expresamente esta cuestión.

202. Goce de licencias(31) a) Los jueces nacionales tienen derecho al goce de dos clases de licencias: ordinarias y extraordinarias.

Las primeras deben otorgarse a los magistrados que hayan prestado servicio durante las ferias de enero y de Semana Santa(32), quienes tendrán derecho a una licencia ordinaria equivalente, cuya oportunidad se determinará en cada caso teniendo en cuenta las necesidades de la respectiva oficina. Exceptúase el personal de servicio y maestranza, cuyas licencias anuales ordinarias se regirán por lo dispuesto para los empleados de la Administración nacional (art. 24, modificado por Acordada del 3/3/1958(33)). Las licencias extraordinarias pueden concederse por enfermedad o por motivos particulares. Las primeras deben ser solicitadas con certificado médico o previo informe de los médicos oficiales si así se exigiera, de acuerdo con cuyas constancias pueden otorgarse hasta el término de dos 520   

años con goce de sueldo y prorrogarse por otro año sin retribución, aunque la prórroga de un año puede concederse con goce de sueldo si se trata de enfermedad contraída en ocasión del trabajo (art. 25, íd.). Las licencias por motivos particulares sólo pueden ser otorgadas si media motivo fundado, y solamente por excepción pueden exceder anualmente de un mes con goce de sueldo, susceptible de ampliación por dos meses más sin goce de éste (art. 28, íd., modificado por la Acordada citada). En todo caso, en oportunidad de pedir licencia, los magistrados deben expresar si en el curso del año les han sido otorgadas otras (art. 29, íd.). La Corte Suprema conocerá de las licencias de más de ocho días que soliciten los magistrados de todas las instancias y los funcionarios y empleados de ella. Deberá decidir también respecto de toda licencia que exceda del término de un mes con excepción de las ordinarias. Las demás licencias se acordarán por la respectiva Cámara de Apelaciones. Sin embargo, los jueces podrán dar a sus empleados licencias que no excedan de cinco días cada tres meses, dando noticia a la Cámara respectiva. Las licencias que se acuerden por la Cámara de Apelaciones o por los jueces, serán comunicadas de inmediato a la Corte Suprema, la que podrá modificarlas en todo o en parte si lo estimare procedente (art. 31, íd., modificado por Acordadas del 3/3/1958 y del 18/8/1966). b) En el orden provincial, el punto se encuentra regido por las respectivas leyes orgánicas del Poder Judicial y reglamentos de los tribunales.

203. Jubilación En el orden nacional existe un régimen jubilatorio especial instituido en favor de los ministros de la Corte Suprema, Procurador General de la Nación, jueces de Cámara, fiscales de Cámara, jueces de primera instancia y defensores de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema y tribunales federales inferiores de la Capital (art. 1º, ley 14.019). Para tener derecho a la jubilación ordinaria se requiere haber cumplido 55 años de edad y acreditar treinta años de servicios, de los cuales deben haberse prestado a lo menos quince en la administración de justicia. De acuerdo con el art. 2º de la ley 14.499, el haber de la jubilación ordinaria era equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual asignada al cargo de que fuere titular el afiliado a la fecha de la cesación en el servicio, 521   

pero el art. 15 de la ley 17.310 declaró congelados los beneficios jubilatorios en el importe que correspondiese de acuerdo con la remuneración vigente a la fecha de su sanción.

II. RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES

204. Responsabilidad política(34) a) Es éste el tipo de responsabilidad judicial que reviste mayor amplitud y gravedad. Lo primero porque las causales que la determinan pueden ser, a su vez, fuente de responsabilidad civil o penal, o bien configurar conductas que ya han sido objeto de sanción en el ámbito disciplinario. Lo segundo en razón de que pone en tela de juicio la aptitud del juez para el ejercicio del poder de que se halla investido(35)y da lugar a la sanción más enérgica que cabe aplicar a un funcionario público en su calidad de tal, como es la separación en el desempeño del cargo.

205. Responsabilidad civil a) Incurre en responsabilidad civil, y se halla obligado a la correspondiente reparación, el juez que, en el ejercicio de sus funciones, ocasiona un daño por acción u omisión derivados de su culpa o negligencia (arts. 1109 y 1112, CCiv.)(36). Interesa destacar, sin embargo, que este tipo de responsabilidad no comprende todos los errores de que puede adolecer una resolución judicial en cuanto a la conceptuación jurídica del caso o a la valoración de los hechos y de la prueba. Debe tratarse, por el contrario, de errores inexcusables o derivados de la conducta maliciosa del juez, ya que la admisibilidad de la pretensión resarcitoria frente a cualquier discrepancia, por fundada que fuere, formulada contra la solución acordada a los litigios, resultaría manifiestamente inconciliable con el principio de autoridad que es inherente al ejercicio de la función judicial y afectaría gravemente la independencia de juicio que requiere el adecuado desempeño de la magistratura(37).

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Por otra parte, es necesario atender a la índole de la resolución judicial a través de la cual se configura la conducta ilícita productora del daño. Es indudable, en ese orden de ideas, que la responsabilidad civil puede hacerse efectiva cuando se trata de una resolución irrecurrible o dictada en última instancia, o bien en el supuesto de que, pese a la circunstancia de ser admisible y de haberse deducido algún recurso, el efecto de éste no haya logrado impedir la producción del daño, como ocurre, v.gr., con las medidas cautelares, respecto de las cuales el recurso sólo procede en efecto devolutivo. Si se trata, en cambio de una resolución recurrible en efecto suspensivo, la enmienda de los errores que puede contener sólo cabe a través de la interposición y subsiguiente trámite del correspondiente recurso. Si éste, por lo tanto, no ha sido deducido, o posteriormente es declarada su deserción, la eventual pretensión resarcitoria sería inadmisible por ausencia de suficiente interés jurídico, pues la falta de interposición del recurso o su posterior abandono implican el consentimiento de la respectiva resolución y la tácita renuncia a reclamar por los daños que ha ocasionado. Ello, desde luego, sin perjuicio de los otros tipos de responsabilidad incluso política que pueden hacerse efectivas contra el juez que incurrió en cumplimiento irregular de sus funciones. b) Corresponde señalar, finalmente, que la pretensión de daños y perjuicios deducida contra un juez en el supuesto de actos ilícitos cometidos en el desempeño de sus funciones(38), se halla condicionada, desde el punto de vista de su admisibilidad extrínseca, a la circunstancia de que aquél haya cesado en el cargo, sea en virtud de destitución dispuesta con motivo de un proceso de responsabilidad política(39), sea como consecuencia de haber concluido el desempeño de sus funciones por renuncia o por haberse acogido al beneficio jubilatorio(40).

206. Responsabilidad penal Este tipo de responsabilidad tiene lugar cuando el juez, en el ejercicio de sus funciones, realiza alguna de las conductas tipificadas como delitos por el Código Penal. Las figuras delictivas que dicho Código describe con específica referencia a los jueces se encuentran comprendidas en los capítulos referentes al cohecho, al prevaricato y a la denegación o retardo de justicia. El art. 257 del Código Penal considera incurso en el delito de cohecho al magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare 523   

una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia. Al delito de prevaricato se refieren los arts. 269 y 270. El primero sanciona con multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Lo dispuesto en el párr. 1º de este artículo será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores. El segundo dispone que será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el art. 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado. Finalmente, el Código Penal tipifica como delitos de denegación y de retardo de justicia a las conductas que se configuran, respectivamente, por el hecho de negarse a juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, y por el de retardar maliciosamente la administración de justicia después de haber sido el juez requerido por las partes y de vencidos los plazos legales (art. 273). De la misma manera que en el caso de responsabilidad civil, el procesamiento del juez se halla condicionado a su cesación en el ejercicio del cargo.

207. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA(41) A) SE PRODUCE ESTA CLASE DE RESPONSABILIDAD EN VIRTUD DE HECHOS QUE, SIN PERJUICIO DE GENERAR OTRO TIPO DE SANCIONES, COMPROMETEN EN FORMA DIRECTA LA EFICAZ PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO JUDICIAL. SE HACE EFECTIVA, POR LO TANTO, EN EL ORDEN INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A TRAVÉS DE LOS PODERES DE SUPERINTENDENCIA ASIGNADOS A LOS TRIBUNALES SUPERIORES.

Con relación a los jueces nacionales existen, fundamentalmente, las siguientes causales de responsabilidad disciplinaria: 1º) las faltas a la consideración y respeto debidos a los tribunales superiores o a alguno de sus miembros(42); 2º) los actos ofensivos al decoro de la administración de justicia(43); 3º) la falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes(44); 524   

4º) la violación del régimen de incompatibilidades instituido por las leyes orgánicas y reglamentos judiciales (arts. 11, inc. 4º, y 23, ley 4055; 103, ley 1893; 6º, ley 12.330, y 8º, RJN). En cuanto a las sanciones aplicables por la comisión de tales hechos, pueden consistir en prevención, apercibimiento, multa, suspensión no mayor de treinta días, cesantía y exoneración (art. 16 del dec.-ley 1285/1958, sustituido por ley 24.289). Las sanciones disciplinarias aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la Cámara Federal de Casación Penal, por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, por las Cámaras Nacionales de Apelaciones y por los tribunales orales sólo serán susceptibles de recursos de reconsideración. Las sanciones aplicadas por los demás jueces nacionales serán apelables por ante las Cámaras de Apelaciones respectivas. Los recursos deberán deducirse en el término de tres días (art. 19, dec.-ley 1285/1958, sustituido por ley 26.371). La Corte Suprema podrá conocer originariamente respecto de las faltas imputadas a cualquier funcionario o empleado de la justicia nacional. Sus resoluciones sólo serán susceptibles de recurso de reconsideración, que deberá deducirse en el término de tres días. Igual término regirá para este recurso contra las decisiones de las Cámaras Nacionales que apliquen en instancia única sanciones disciplinarias (art. 23, RJN). Las sanciones que los jueces de primera instancia apliquen a los funcionarios o empleados bajo su dependencia serán apelables, dentro del tercer día, para ante la Cámara Nacional respectiva, cuya resolución será irrecurrible y comunicada de inmediato por la Cámara a la Corte Suprema de Justicia. Igual comunicación deberán hacer los jueces de primera instancia, cuando las sanciones que apliquen sean consentidas, y también las Cámaras Nacionales, de las sanciones firmes aplicadas en instancia única. En todos los casos, la Corte Suprema podrá avocar las actuaciones y decidir lo que estime pertinente. Las sanciones de prevención, apercibimiento, multa hasta quinientos pesos y arresto hasta cinco días, podrán ser aplicadas por los tribunales nacionales a los abogados, procuradores y demás profesionales auxiliares de la justicia, oficiales o no, y a los litigantes u otras personas y deberán ser comunicadas a la Corte Suprema en la forma establecida precedentemente (art. 22, RJN). b) En el orden provincial, este tipo de responsabilidad está reglamentado en las respectivas Leyes Orgánicas del Poder Judicial, las cuales prevén la aplicación de sanciones semejantes a las que hemos mencionado, y algunas, incluso, hasta la suspensión del juez(45).

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III. RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN(46)

208. Generalidades a) Denomínase recusación(47)al medio acordado por la ley para apartar del conocimiento de un determinado proceso al juez cuyas relaciones o situación con alguna de las partes, o con la materia controvertida en aquél, sean susceptibles de afectar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la función judicial. La excusación se configura, en cambio, cuando las mencionadas circunstancias determinan el apartamiento espontáneo del juez. b) Ambas instituciones se hallan contempladas por los arts. 14 a 33 del CPCCN, que enuncian las causales de recusación, establecen el procedimiento a seguir y extienden dichas causales a los supuestos de excusación, aunque previendo respecto de ésta un margen más amplio de apreciación judicial. Reglamentan, asimismo, un tipo anómalo de recusación, como es la denominada "sin expresión de causa". c) Tanto la recusación como la excusación, en el caso de ser admisibles, provocan una alteración en el régimen de turnos establecido para los jueces (arts. 16, 26y 28, CPCCN), y en ciertos supuestos pueden determinar un desplazamiento de la competencia por razón de la materia, como ocurre cuando una Cámara de Apelaciones debe integrarse con miembros de otra (art. 31, dec.-ley 1285/1958).

209. Recusación sin expresión de causa

A) Concepto 526   

a) Se trata de un tipo anómalo de recusación(48), ya que fuera de ciertas limitaciones de tiempo y de forma que luego se analizarán, no requiere la demostración de ninguna circunstancia capaz de arrojar sospechas sobre la imparcialidad del juez, y su utilización se halla exclusivamente librada a la voluntad de las partes(49). b) Desde un punto de vista teórico no faltan razones para excluir a esta institución de las leyes procesales(50). Entre otras, se suele hacer hincapié en la circunstancia de que corresponde presumir, en los jueces del Estado, las condiciones de honestidad e imparcialidad necesarias para el desempeño de sus funciones, siendo razonable suponer que, en la hipótesis de mediar un impedimento legítimo, el juez ha de abstenerse de intervenir en el asunto. También se arguye que la recusación sin expresión de causa constituye un remedio frecuentemente utilizado con el deliberado propósito de obstruir o dilatar el curso de los procedimientos, y que incluso puede hacer ilusoria la distribución proporcional de los procesos entre los distintos jueces a que tiende la fijación de turnos(51). Existen, sin embargo, razones de orden práctico que no aconsejan, al menos en cuanto a nuestros medios judiciales concierne, la exclusión absoluta de este tipo de recusación. Una de ellas es que acuerda la posibilidad de apartar del conocimiento del proceso a un juez que, pese a hallarse incurso en alguna causal de recusación, la prueba de los hechos que la configuran resulta de imposible o dificultosa producción. Otra razón reside en la conveniencia de brindar a las partes una mínima garantía de selección, merced a la cual puedan evitarse los inconvenientes derivados de la actuación de un magistrado negligente. Existen, por último, numerosas situaciones de hecho que, sin configurar estrictamente causales de recusación previstas por la ley, ni poder encuadrarse en ellas pese al alcance más amplio que se les asigne, implican el riesgo de un proceder judicial no exento de favoritismo hacia alguna de las partes(52). El CPCCN, sin embargo, reglamenta este tipo de recusación en forma compatible con la razonable celeridad que debe presidir el desarrollo del proceso, y excluye la posibilidad de deducirla en los procesos sumario(53)y sumarísimo(54). c) Interesa destacar, finalmente, que siendo la recusación sin causa un derecho instituido en el exclusivo interés de las partes, es válida su renuncia por vía contractual(55).

B) Oportunidad

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Al respecto es menester distinguir según que la recusación se deduzca contra un juez de primera instancia o un juez de la Corte Suprema cuando ésta interviene en instancia originaria, o contra un juez de una Cámara de Apelaciones o de la Corte en los supuestos en que este tribunal ejerce competencia por vía de recurso(56). a) En el primer supuesto, el actor puede recusar sin expresión de causa al entablar la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestar la demanda, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal (art. 14, apart. 2º, CPCCN)(57). Por consiguiente, el actor pierde el derecho de deducir esta clase de recusación en el supuesto de no haberlo ejercido en oportunidad de realizar cualquier acto procesal con anterioridad a la presentación de la demanda, como puede ser, por ejemplo, la solicitud de alguna de las medidas preliminares que prevén los arts. 323 y 326 del CPCCN(58)y (59). Por su parte, el demandado debe normalmente ejercer su derecho en oportunidad de cumplir alguno de los siguientes actos procesales: 1º) contestar la demanda si se trata de un proceso ordinario(60); 2º) oponer excepciones en el juicio ejecutivo; 3º) comparecer a la audiencia que la ley fije, a su respecto, como primer acto procesal. Tal es, v.gr., la audiencia prevista en el art. 639 del CPCCN(61)en relación con el juicio de alimentos(62). Pero el demandado consiente la intervención del juez cuando no hace uso del derecho de recusar en ocasión de cumplir cualquier acto procesal anterior a los precedentemente mencionados, como pueden ser, por ejemplo, la oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento en el proceso ordinario; la impugnación de una medida cautelar dispuesta en cualquier clase de procesos(63); la comparecencia al reconocimiento de firma ordenada como medida preparatoria del juicio ejecutivo(64); etcétera. En concordancia con reiterada jurisprudencia establecida con anterioridad a su sanción, el CPCCN dispone que, en el supuesto de haber omitido el cumplimiento de los actos procesales antes mencionados (contestación de demanda, oposición de excepciones, etc.), el demandado no puede ejercer en adelante el derecho de recusar sin expresión de causa (art. 14, apart. 3º)(65). El mismo efecto se produce en el supuesto de que, por no acompañarse dentro del plazo legal las copias de los respectivos escritos, éstos son tenidos por no presentados(66). b) La recusación sin expresión de causa ante una Cámara de Apelaciones debe limitarse a uno de los jueces integrantes de esos tribunales y deducirse al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte (art. 14, apart. 4º, CPCCN)(67).

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c)(68)Sobre esta materia, la ley 22.434 no innovó respecto del régimen establecido por el art. 14 del CPCCN, con las modificaciones que a éste le introdujo la ley 19.419 (arts. 1º y 2º), razón por la cual es menester distinguir según que la recusación sin expresión de causa se deduzca contra un juez de primera instancia o contra un juez de una Cámara de Apelaciones, ya que la ley citada en último término suprimió ese tipo de recusación contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sea que ésta intervenga por vía de recurso o en instancia originaria(69). d) En relación con la primera de las hipótesis señaladas, la ley de reformas reprodujo el texto del art. 14 del CPCCN, disponiendo, en consecuencia, lo siguiente: "Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa. El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no cumpliere esos actos, no podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere este artículo". Respecto de la segunda hipótesis, expresa el art. 14 reproduciendo igualmente el texto anterior a la reforma que "también podrá ser recusado sin expresión de causa un juez de las Cámaras de Apelaciones, al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte", es decir, al día siguiente de notificada la providencia que ordena poner el expediente en la oficina o la providencia de autos, según se trate, respectivamente, de recurso concedido libremente o en relación (arts. 259 y 275, CPCCN).

C) Límites a) La facultad de recusar sin expresión de causa puede usarse una vez en cada caso (art. 15, CPCCN). De ello se deduce, en primer lugar, que si el actor se abstuvo de recusar en la oportunidad fijada por la ley, y el proceso pasa a conocimiento de otro juez con motivo de una recusación deducida por el demandado, aquél no puede recusar sin expresión de causa al nuevo magistrado interviniente(70). En segundo lugar, la norma mencionada impide que la facultad renazca ante la intervención de un nuevo juez, sea por haber sido designado en sustitución del anterior, sea como consecuencia de la excusación o de la recusación con causa de este último(71). b) De conformidad con reiterada jurisprudencia anterior, el art. 15 del CPCCN establece, en su segundo párrafo, que cuando sean varios los 529   

actores o los demandados (es decir, en los casos de litisconsorcio activo y pasivo, respectivamente), sólo uno de ellos podrá ejercer la facultad de recusar sin expresión de causa(72). La razonabilidad de esta limitación reside en el hecho de que si se reconociese individualmente a cada litisconsorte la facultad de deducir este tipo de recusación, no sólo podría diferirse indefinidamente la radicación definitiva de las causas, con grave menoscabo de la celeridad procesal, sino que además existiría el riesgo de que, a través de sucesivas recusaciones, resultaran inhabilitados todos los jueces que integran el fuero correspondiente.

D) Quiénes pueden recusar sin expresión de causa a) Aunque el art. 14 del CPCCN alude al actor y al demandado, la facultad de recusar sin expresión de causa corresponde también a todas aquellas personas que lleguen a adquirir el carácter de parte, sea en el proceso principal o en alguno de sus incidentes. Asimismo, son titulares de este derecho los peticionarios en el proceso voluntario. De allí que la jurisprudencia haya reconocido tal facultad al tercerista en relación con la tercería(73); al tercero coadyuvante tenido por parte mediante resolución consentida(74); al presunto beneficiario de la transferencia de la locación cuya validez se cuestiona en el juicio de desalojo(75); al curador que actuando por primera vez por derecho propio solicita la regulación de sus honorarios(76); y, en general, a quien promueve un incidente, aunque sólo con respecto al trámite de éste(77). En cambio, se ha negado la facultad de recusar sin expresión de causa, en razón de no revestir calidad de partes, al denunciado como insano(78); a los subinquilinos en el juicio de desalojo(79); al que sin haber sido nominativamente demandado se presenta en el expediente contestando la demanda e invocando el carácter de derechohabiente del destinatario (locatario) de la pretensión(80); al administrador de la sociedad demandada que se presenta en la causa por derecho propio negando su calidad de socio de la sociedad demandada(81); etcétera. b) En síntesis, cabe considerar habilitados para ejercer el derecho analizado a: 1º) quien deduce o frente a quien se deduce una pretensión procesal; 2º) quien deduce una petición procesal extracontenciosa; 3º) quien, invocando un derecho y un interés propios(82), promueve una cuestión incidental; 4º) quien adhiere, en calidad de litisconsorte, a la posición procesal asumida por cualquiera de las partes originarias. Corresponde sin embargo excluir de este último supuesto al tercero adherente simple (art. 90, inc. 1º, CPCCN), quien reviste el carácter de parte accesoria y debe subordinar su actuación al de la parte principal. A 530   

lo que cabe añadir, finalmente, que el tercero adherente litisconsorcial no puede recusar sin expresión de causa si esa facultad ya ha sido ejercida por el litigante originario (art. 15, párr. 2º, CPCCN).

E) Clases de procesos en que corresponde a) Con excepción del proceso sumarísimo (art. 498, CPCCN)(83), la recusación sin expresión de causa es admisible en toda clase de procesos, sean contenciosos o voluntarios, aunque con las limitaciones que seguidamente enunciaremos en relación con estos últimos(84). En el proceso sucesorio, el derecho de recusar corresponde a los herederos que acrediten prima facie su calidad de tales en los términos del art. 689 del CPCCN(85), siempre que aquél no haya sido ejercido por otro heredero que se presentó con anterioridad(86), pues median en el caso las mismas razones que se oponen al ejercicio individual de este derecho por cada uno de los litisconsortes. También corresponde al albacea testamentario(87), pero no a los legatarios(88)ni a los acreedores(89). En el derogado régimen del concurso civil voluntario, el deudor podía ejercer el derecho de recusar sin expresión de causa en su primera presentación(90). Si se trataba de concurso necesario(91), la recusación podía ser deducida por el acreedor en el escrito inicial(92)y por el deudor en la oportunidad prevista en el art. 683 del CPCCN. Los acreedores no podían recusar con posterioridad a la resolución que decretaba la apertura del concurso, pues desde entonces se hallaban representados por el síndico(93); pero tal derecho le correspondía al acreedor que solicitaba la formación de concurso especial, con respecto a los trámites de éste(94). Finalmente, en virtud de la especificidad de las disposiciones procesales contenidas en la ley 11.719(95), la recusación sin expresión de causa no era admisible en los juicios de quiebra(96)y de convocatoria de acreedores(97). b)(98)De acuerdo con el CPCCN en su versión originaria, la recusación sin expresión de causa era admisible en toda clase de procesos, fuesen contenciosos o voluntarios, con excepción de los procesos sumarios y sumarísimos (arts. 486 y 498). La ley 22.434 amplió el ámbito dentro del que puede ejercerse la facultad examinada, pues dispuso, mediante el párrafo final introducido en el art. 14, que "no procede la recusación sin expresión de causa en el proceso sumarísimo ni en las tercerías". Ambas excepciones son justificadas: la primera en razón de la máxima abreviación formal que caracteriza al proceso sumarísimo; la segunda porque la tercería es un 531   

proceso cuyo conocimiento está atribuido al juez que interviene en el juicio principal a raíz de una regla específica (art. 6º, inc. 1º, CPCCN) fundada en motivos de conexión instrumental(99). Finalmente, la ley 25.488 añadió, a las excepciones previstas en el texto anterior del art. 14 del CPCCN, "el juicio de desalojo y en los procesos de ejecución", lo cual debe estimarse plausible si se tiene en cuenta que es en esta clase de juicios en los que suele abusarse, con fines dilatorios, del tipo de recusación de que se trata. Cuadra empero observar que el legislador incurrió en contradicción, o al menos en desprolijidad, al mantener, en el párr. 2º de la misma norma, la posibilidad de que el demandado ejerza la facultad de recusar sin expresión de causa en oportunidad de oponer excepciones en el juicio ejecutivo(100).

F) Efectos a) "Deducida la recusación sin expresión de causa —dice el art. 16 del CPCCN(101)— el juez recusado se inhibirá pasando las actuaciones, dentro del primer día hábil siguiente, al que le sigue en el orden del turno, sin que por ello se suspendan el trámite, los plazos, ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas". b) Formulada, pues, la recusación sin expresión de causa de la que no cabe desistir(102), el juez recusado debe desprenderse inmediatamente del conocimiento del proceso y remitirlo al juez que le sigue en el orden del turno(103)dentro del plazo fijado por la norma transcripta, no pudiendo, bajo pena de nulidad, producir actuación alguna en el expediente, como no sea proveer sobre la recusación(104). El juez recusado, sin embargo, tiene facultades para examinar tanto la oportunidad de la recusación como la calidad de parte de quien la deduce(105), pudiendo por lo tanto desestimarla en el supuesto de que no concurra alguno o ambos de esos requisitos(106). Asimismo, existe reiterada jurisprudencia establecida en el sentido de que el juez recusado está habilitado para resolver una nulidad articulada en el mismo escrito en que se deduce la recusación sin expresión de causa, si de tal resolución depende determinar la oportunidad de aquélla(107). Cabe añadir que la resolución que hace lugar a la recusación no queda firme mientras ésta no haya sido aceptada por el juez a quien se han remitido las actuaciones, ya que este último también puede verificar la concurrencia de los requisitos antes mencionados(108)y se halla, por lo tanto, facultado para rechazarla, en cuyo caso la cuestión debe ser resuelta por la Cámara de Apelaciones correspondiente (art. 13, CPCCN). 532   

c) Admitida la recusación sin expresión de causa en el proceso principal, queda también excluida la intervención del juez en los incidentes. También cabe la situación inversa, siempre que no se haya consentido la intervención del juez en el proceso principal(109). Asimismo, interesa recordar que la recusación deducida por quien es parte en el incidente, y no en el principal, sólo produce efectos en relación con las actuaciones del incidente(110). d) En el supuesto de que la recusación se haya planteado contra uno de los jueces de la Corte Suprema o de una Cámara de Apelaciones, el efecto de aquélla consiste en apartar al juez recusado del conocimiento de la causa, debiendo integrarse el tribunal en el caso de que los jueces restantes no concuerden en la solución del caso (nros. 209, F], y 210, D]). e) La recusación sin expresión de causa, finalmente, no suspende el trámite, los plazos o el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas. De modo que, por ejemplo, la recusación deducida por el ejecutado citado a reconocer firmas no suspende el plazo procesal para reconocerlas o negarlas, pudiendo el nuevo juez tener por reconocidas las firmas sin necesidad de disponer nuevas citaciones a ese fin(111); el hecho de deducirse recusación en un juicio de alimentos no determina el aplazamiento de la audiencia fijada en los términos del art. 639 del CPCCN; etcétera. f)(112)De conformidad con la redacción que le imprimió la ley 22.434, el art. 16 del CPCCN prescribe lo siguiente: "Deducida la recusación sin expresión de causa, el juez recusado se inhibirá pasando las actuaciones, dentro del primer día hábil siguiente, al que le sigue en el orden del turno, sin que por ello se suspendan el trámite, los plazos, ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas. "Si la primera presentación del demandado fuere posterior a los actos indicados en el segundo párrafo del art. 14, y en ella promoviere la nulidad de los procedimientos recusando sin expresión de causa, dicha nulidad será resuelta por el juez recusado". El primer párrafo de la norma transcripta sólo innovó con respecto al régimen legal anterior en tanto acordó mayor precisión al plazo que debe observarse para remitir el expediente al juez que le sigue al recusado en el orden del turno. El segundo párrafo receptó la doctrina consagrada por diversos precedentes judiciales(113)y se justifica porque, en el supuesto de que la nulidad prospere, la retrogradación del procedimiento que aquélla lleva aparejada debe necesariamente producirse hasta una etapa en la cual el demandado pudo válidamente ejercer la facultad de recusar. En otras palabras, dependiendo del resultado de la impugnación determinar si la recusación fue o no oportuna, es razonable conferir al propio juez recusado la potestad de pronunciarse acerca de la procedencia de dicha impugnación. 533   

210. Recusación con expresión de causa

A) Reglas aplicables Este tipo de recusación se halla regido por las mismas reglas que la recusación sin expresión de causa en cuanto a quiénes pueden deducirla y, con la salvedad que luego enunciaremos, a la oportunidad de su formulación. Fuera de que requiere la invocación y eventual demostración de algunas de las circunstancias expresamente previstas por la ley, difiere de la recusación sin expresión de causa en que: 1º) el ejercicio del correspondiente derecho no está limitado a una sola vez, y puede, por consiguiente, usarse de él tantas veces como causales de recusación sobrevengan o lleguen a conocimiento de las partes durante el desarrollo del proceso; 2º) puede deducirse en cualquier clase de procesos, incluso en los sumarísimos; 3º) en los órganos colegiados no se halla limitada a uno solo de sus integrantes; 4º) no es contractualmente renunciable, pero puede ser desistida(114). Cabe señalar, finalmente, que funciona autónomamente con respecto a la recusación sin expresión de causa, y puede, por lo tanto, deducirse con prescindencia de que se haya ejercido o no el derecho de formular esta última.

B) Causales de recusación Están previstas en el art. 17 del CPCCN, cuya enunciación es suficientemente amplia en orden a la conceptuación de los supuestos que legítimamente autorizan a poner en duda la imparcialidad judicial. Según dicha norma, son causas legales de recusación: 1º) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. El 534   

fundamento de esta norma reside, como es obvio, en la posibilidad de que el afecto que normalmente suscita el vínculo familiar comprometa la imparcialidad del juez. La extensión de la causal a los mandatarios y letrados(115)encuentra suficiente justificación en el hecho de que cabe presumir en ellos un lógico interés en el triunfo de la parte a quien representan o patrocinan. Aunque la ley no alude expresamente a los casos del cónyuge divorciado o del matrimonio anulado, ellos encuadran sin duda en el sentido del precepto analizado, aunque ya no influiría, desde luego, la idea de afecto, sino la de un sentimiento posiblemente adverso al recusante(116). 2º) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés(117)en el pleito o en otro semejante(118), o sociedad o comunidad con algunos de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. El "interés" puede ser directo o indirecto, material o moral, y se configura toda vez que la sentencia a dictar sea susceptible de beneficiar o de perjudicar al juez o a sus parientes(119), como ocurriría en el supuesto de que aquélla engendrara una responsabilidad subsidiaria o refleja para uno u otros. Por "pleito semejante" debe entenderse aquel en el cual se discutan las mismas cuestiones que en el proceso donde se recusa, de modo tal que la solución acordada a éste pueda influir, como precedente, en la del otro. Dentro de esta causal se halla comprendido el caso de que el juez, o sus parientes en los grados mencionados, tengan directa participación en cualquier sociedad o asociación que sea parte en el proceso, porque en la medida en que los intereses de los socios o asociados se identifican con los del ente respectivo, es legítimo presumir que el resultado del pleito no es indiferente para aquéllos(120). La segunda parte del inciso (sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, etc.) tiene fundamento en el riesgo de que la affectio societatis incida eventualmente en el ánimo del magistrado. Aunque la jurisprudencia ha establecido que la causal no está limitada a las sociedades o comunidades que persiguen propósitos lucrativos, sino que debe considerarse extensiva a las simples asociaciones (clubes, entidades deportivas, intelectuales, sociales, etc.)(121). En este último supuesto el criterio de apreciación debe ser más estricto y tener en cuenta, fundamentalmente, la naturaleza y composición numérica del ente colectivo. 3º) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. Es necesario que el juicio se haya promovido antes de haber tomado el juez intervención en la causa, pues en caso contrario estaría en manos de cualquiera de las partes crear una causal de recusación mediante el simple arbitrio de entablar una demanda contra el juez. Distinto sería el caso, naturalmente, si fuese el propio juez quien iniciase el pleito. 535   

4º) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales. Este inciso contempla la posibilidad de que la actuación del juez se encuentre afectada por intereses económicos susceptibles de crear presiones o favoritismos respecto de cualquiera de las partes. La exclusión de los bancos oficiales, ya establecida por la jurisprudencia anterior a la vigencia del CPCCN(122), se justifica en razón de la generalidad y extensión de las operaciones que realizan. 5º) Ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales, o denunciado o acusado ante los mismos tribunales, con anterioridad a la iniciación del pleito. La denuncia o acusación debe versar sobre la autoría, complicidad o encubrimiento en la comisión de un delito, cualquiera fuere la naturaleza de éste. Corresponde interpretar, sin embargo, que el requisito de la "anterioridad" rige, como en el caso del inc. 3º, con respecto al recusante y no al juez, salvo que éste haya actuado en cumplimiento de la obligación que a todo funcionario público impone el art. 177 del Código de Procedimiento en lo Criminal(123). 6º) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados(124), siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia. No basta, por lo tanto, la mera acusación ante la Corte(125), sino que además es necesario que ésta le haya dado curso de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15, inc. c), de la ley 16.937 (supra, nro. 204). 7º) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. Las circunstancias descriptas en este inciso configuran la causal corrientemente llamada "prejuzgamiento", en cuya virtud es admisible apartar del conocimiento del proceso al juez que, sea como apoderado, letrado(126), perito o funcionario judicial, haya exteriorizado su opinión acerca de la forma de resolver las cuestiones debatidas en aquél. Entre otros casos, la jurisprudencia ha admitido la existencia de esta causal si en otro juicio íntimamente vinculado con aquél en el cual se recusa, y sobre una materia que concierne al fondo del asunto, ha mediado declaración judicial expresa acerca del derecho de compradora preferente alegado por la actora(127); si el juez, al resolver sobre el pedido de levantamiento de una medida de no innovar, entra a valorar la prueba en que se funda dicho pedido y rechaza en base a ellas medidas urgentes pedidas para cumplir dicha orden(128); si, en lugar de limitarse a analizar prima facie el vínculo jurídico invocado para decretar o negar una medida cautelar, el juez excede esos límites y califica asertivamente la relación jurídica de que se trata(129); si, con anterioridad a la oportunidad en que corresponde emitir decisión acerca del "precio locativo razonable" que se allana a pagar el locatario, y con motivo del pronunciamiento relativo a la validez, en cuanto a su monto, de la pena establecida en una 536   

cláusula del contrato de locación, el juez expresa que la suma respectiva "constituiría un alquiler módico en la época actual"(130); si el juez, a través de extensas consideraciones, se expide respecto del carácter de inquilinos de los incidentistas en la ejecución hipotecaria, adelantando opinión en cuanto a lo que ha de ser materia de fondo a resolver una vez que se encuentre firme lo decidido en relación con la excepción de incompetencia(131); si, discutiéndose acerca del carácter propio o ganancial de un bien determinado, el juez reconoce a la viuda del causante un derecho de propiedad sobre aquél en oportunidad de resolver el incidente de impugnación de la rendición de cuentas(132); etcétera. La norma analizada no es aplicable con respecto a las opiniones expresadas por los jueces en sus sentencias, sobre los puntos cuya dilucidación requirieron los juicios en que fueron dictadas, aun en el supuesto de que se plantearan nuevamente cuestiones idénticas o análogas a las ya resueltas(133), ni a las opiniones abstractas, vertidas en trabajos de índole teórica(134). El prejuzgamiento, asimismo, debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir, no configurándose cuando el juez o tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida, lo que ocurre, entre otros casos, al decidirse sobre la admisión o rechazo de una medida cautelar(135); dictarse medidas para mejor proveer(136); resolverse una excepción previa(137); adoptarse medidas tendientes a encauzar el procedimiento(138); etcétera. 8º) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. Se hallan comprendidos en este inciso no sólo los beneficios de orden material, sino también todas aquellas actitudes de las partes que, objetivamente apreciadas, sean susceptibles de comprometer la gratitud del juez. Además, cabe considerar incluidos en esta causal a los beneficios recibidos por la cónyuge o por los hijos que vivan con el magistrado(139). 9º) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifiesta por gran familiaridad o frecuencia de trato. Pero esta última no es suficiente, por sí sola, para justificar la recusación, desde que puede derivar de circunstancias ajenas a la amistad. La expresión, a nuestro juicio, es indicativa de una de las formas en que puede manifestarse la existencia de amistad íntima. Cabe añadir que no constituye causal de recusación la amistad con el letrado de la parte(140). 10º) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento, que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiese comenzado a conocer el asunto. La primera parte de este inciso alude a un estado de apasionamiento adverso del juez hacia la parte, que se manifieste a través

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de actos directos y externos(141). La segunda parte tiene fundamento en la necesidad de impedir la creación artificial de causales recusatorias. En relación con el tema del epígrafe, la ley 22.434 reprodujo prácticamente el texto originario del art. 17 del CPCCN, introduciéndole pequeñas modificaciones de orden técnico y gramatical(142). Entre las primeras se encuentra el inc. 5º, que en su versión original decía "ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales, o denunciado o acusado ante los mismos tribunales, con anterioridad a la iniciación del pleito", en tanto que ahora expresa "ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito". Esta última redacción mejoró a la anterior, porque de acuerdo con el régimen instituido por el Código Procesal Penal, la persona particularmente ofendida por un delito de acción pública (art. 82) no pierde, cuando también interviene en el juicio, su condición genérica de parte querellante. Las correcciones gramaticales afectan a los incs. 9º y 10, sustituyendo en el primero la expresión "frecuencia de trato" por "frecuencia en el trato", y reemplazando en el segundo "hubiese" por "hubiere". Se trata, como se advierte, de insignificancias que no debieron merecer la atención del legislador.

C) Oportunidad "La recusación —dice el art. 18, párr. 1º, CPCCN(143)— deberá ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas en el art. 14", es decir, en las mismas en que corresponde deducir la recusación sin expresión de causa, y a las cuales nos hemos referido supra, nro. 209, B). La norma citada agrega, en su segundo párrafo, que "si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia"(144). Aunque la norma sólo alude a causales sobrevinientes, comprende implícitamente a aquellas que, pese a existir en las oportunidades previstas por el art. 14, llegan con posterioridad al conocimiento de las partes, en cuyo caso deben deducirlas dentro del plazo previsto por el art. 17, contado desde que tuvieron conocimiento de la causal.

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El límite temporal impuesto al ejercicio del derecho está dado por el momento en que el expediente queda en estado de sentencia, el cual difiere según la clase de proceso de que se trate y la instancia en que aquél se encuentre. En consecuencia, el derecho de recusar con expresión de causa se extingue: 1º) en el proceso ordinario, al quedar firme la providencia de autos (arts. 483 y 484, CPCCN)(145); 2º) en los procesos sumarísimos, al quedar ejecutoriada la resolución que declara la cuestión de puro derecho o al verificarse el último acto probatorio (art. 498 del CPCCN)(146); 3º) en el juicio ejecutivo al contestarse el traslado o al vencer el plazo para hacerlo en el caso del art. 548 del CPCCN(147)o al vencer el plazo que prevé el art. 550 del mismo Código(148). En segunda instancia, la recusación con expresión de causa puede deducirse hasta antes de quedar consentida la providencia de autos (arts. 268 y 275, CPCCN)(149). La misma limitación rige cuando la Corte Suprema conoce en grado de apelación, ordinaria o extraordinaria (art. 280, CPCCN).

D) Procedimiento a) La recusación debe deducirse ante el juez recusado y ante la Corte Suprema o Cámara de Apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros (art. 20, apart. 1º, CPCCN)(150). Pero mientras de la recusación de los jueces de primera instancia conoce la Cámara de Apelaciones respectiva, cuando se recusa a uno o más jueces de la Corte Suprema o de una Cámara de Apelaciones conocen los jueces que queden hábiles, correspondiendo eventualmente, como veremos, la integración de esos tribunales (art. 19, CPCCN)(151). Cualquiera sea la instancia en que se promueva, el incidente de recusación no suspende el trámite de la causa principal y se halla estructurado, según explicaremos seguidamente, de acuerdo con razonables pautas de celeridad y concentración. b) Dicho incidente se inicia mediante un escrito en el que "se expresarán las causas de la recusación, y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse" (art. 20, apart. 2º, CPCCN)(152). El recusante debe ante todo señalar en forma precisa la causa de la recusación a fin de que el juez recusado se encuentre en condiciones de defenderse adecuadamente y el tribunal pueda resolver de manera concreta sobre los hechos alegados(153), no siendo suficiente, por lo tanto, la mera mención de las normas que el recusante considera aplicables(154). En el mismo escrito debe proponerse toda la prueba, con las limitaciones de que el número de testigos ofrecidos no puede exceder de 539   

tres (art. 24, apart. 2º, CPCCN)(155), y de que es inadmisible la de confesión; y acompañarse la documental. Si ésa no estuviera a disposición del recusante, debe individualizarse e indicarse su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre, ya que es analógicamente aplicable al caso la norma contenida en el art. 333, apart. 2º, del CPCCN(156). Disponía el art. 21 del CPCCN(157)que si en el escrito de iniciación del incidente "no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el art. 17, o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en los arts. 14 y 18, la recusación será desechada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella", es decir, por la respectiva Cámara de Apelaciones, si se trata de la recusación de un juez de primera instancia, o por la Corte Suprema o la Cámara de Apelaciones, cuando se recusa a uno o más miembros de esos tribunales. Acerca del rechazo liminar(158), la ley 22.434 sustituyó el texto del art. 21 del CPCCN por el siguiente: "Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el art. 17, o la que se invoca fuere manifiestamente improcedente, o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en los arts. 14 y 18, la recusación será desechada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella". No se trató sin embargo de una reforma sustancial, ya que la disposición transcripta se limitó a incluir, entre los motivos que autorizan el rechazo liminar de la recusación con expresión de causa, el consistente en que la causal invocada resulte "manifiestamente improcedente". Con ello no hizo más que receptar la doctrina establecida reiteradamente por la Corte Suprema en el sentido de que las recusaciones manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano(159). c) "Cuando el recusado fuere un juez de primera instancia —prescribe el art. 26, CPCCN(160)— remitirá a la Cámara de Apelaciones, dentro de los cinco días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas, y pasará el expediente al juez que sigue en el orden del turno para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones". La ley 22.434(161)sustituyó el texto del art. 26 del CPCCN por el siguiente: "Cuando el recusado fuera un juez de primera instancia, remitirá a la Cámara de Apelaciones dentro de los cinco días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas, y pasará el expediente al juez que sigue en el orden del turno, o donde no lo hubiere, al subrogante legal para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones". A diferencia del texto anterior, el transcripto precedentemente contempla el caso de que el juicio tramite en una sección servida por un solo juez federal, quien en el supuesto de ser recusado con causa debe 540   

pasar las actuaciones a los funcionarios y en el orden previsto por el art. 1º de la ley 26.376(162). Pese a la omisión de que adolece, al respecto, el art. 16 del CPCCN, igual procedimiento corresponde observar en la hipótesis de recusación sin expresión de causa. El incidente de recusación cuyas piezas iniciales se hallan constituidas por el escrito presentado por la parte y por el informe del juez no suspende, por lo tanto, el trámite de la causa principal, ya que aquél debe elevarse a la Cámara de Apelaciones y ésta remitirse al juez que sigue en el orden del turno para que continúe sustanciándola. Dicho procedimiento debe ser observado aun en el supuesto de que el juez, en el informe, reconozca la exactitud de los hechos alegados por el recusante, pues sólo a la respectiva Cámara de Apelaciones incumbe conocer de las recusaciones deducidas contra los jueces de primera instancia. Tampoco ese procedimiento puede ser suplido válidamente por la excusación del juez recusado(163). Si el juez, finalmente, se niega a elevar el incidente a la Cámara y a remitir el expediente principal al juez subrogante, contra la providencia respectiva son admisibles los recursos de reposición y apelación o sólo el de apelación(164)y, en el caso de denegarse este último, el recurso de hecho. d) Pasados los antecedentes a la Cámara de Apelaciones, y siempre que ésta considere que la recusación se ha deducido en tiempo y con causa legal, el trámite varía según que del informe elevado por el juez resulte la exactitud de los hechos invocados por el recusante, o éstos hayan sido negados. En el primer caso, la Cámara tendrá al juez por separado de la causa; en el segundo, podrá recibir el incidente a prueba por diez días, si hubiere de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal, ampliándose a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien si hubiere de cumplirse fuera de dicho asiento (arts. 24 y 27, CPCCN)(165). No procede la fijación de plazo extraordinario de prueba(166). Con la limitación que ya hemos señalado en cuanto al número de testigos, es admisible en dicho plazo la producción de cualquier medio de prueba, salvo la absolución de posiciones, que no puede exigirse al juez en razón de no revestir el carácter de un litigante común. "Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas —dispone el art. 25, CPCCN—(167), se dará vista al juez recusado y se resolverá el incidente dentro de cinco días". Desde que en el incidente de recusación no corresponde intervención alguna a la parte contraria, es razonable que la vista se conceda sólo al juez, quien en tal oportunidad podrá formular las consideraciones que le merezca la prueba producida por el recusante. 541   

El art. 25 del CPCCN(168)se refiere al procedimiento preliminar a la resolución que debe dictarse en el caso de que el incidente de recusación se haya abierto a prueba. La ley 22.434 sustituyó su primitiva redacción por la siguiente: "Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al juez recusado y se resolverá el incidente dentro de cinco días de contestada aquélla o vencido el plazo para hacerlo". La reforma sólo afectó al plazo dentro del cual debe resolverse la recusación, que se redujo de diez a cinco días, así como al modo de computarse dicho plazo, sobre el cual nada decía el texto anterior. e) Cuando la recusación se deduce contra uno o más jueces de la Corte Suprema o de Cámara, el tribunal debe examinar ante todo si aquélla ha sido deducida en tiempo y con causa legal, estando habilitado para desecharla de plano si no concurren tales requisitos(169). En caso contrario, debe comunicar la recusación al juez o jueces que han sido objeto de ella, a fin de que informen sobre las causas alegadas (art. 22, CPCCN)(170). "Si el recusado reconociese los hechos —agrega el art. 23(171)—, se lo tendrá por separado de la causa. Si los negase, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado", siguiéndose el procedimiento que hemos descripto al ocuparnos de la recusación deducida contra los jueces de primera instancia (apertura a prueba y vista al juez o jueces recusados). Tanto en el incidente de recusación, como en la causa principal, que continúa su trámite, conocen los jueces que quedan hábiles, salvo que éstos no constituyan mayoría absoluta del tribunal, en cuyo caso debe integrarse en la forma dispuesta por los arts. 22 y 31 del dec.-ley 1285/1958 y 110 del RJN(172)(ver supra, nros. 209, E] y 210, D]). Puede ocurrir, asimismo, que pese a la circunstancia de que los jueces hábiles constituyan la mayoría absoluta del tribunal, no coincidan en la solución a acordar al incidente de recusación. En tal hipótesis será necesaria una nueva integración (art. 110, RJN).

E) Efectos a) En el supuesto de que la Cámara resuelva desestimar una recusación deducida contra un juez de primera instancia, "hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que devuelva los autos al juez recusado" (art. 28, apart. 1º, CPCCN)(173). Si la recusación es admitida, "el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aun cuando con 542   

posterioridad desaparecieren las causas que la originaron" (norma citada, apart. 2º)(174). "Cuando el recusado fuese uno de los jueces de la Corte Suprema o de las Cámaras de Apelaciones —prescribe el apart. 3º de la norma citada(175)— seguirán conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación". Puede suceder, sin embargo, que el tribunal haya debido integrarse en razón de no concordar la mayoría absoluta de aquél en la solución del incidente de recusación, en cuyo supuesto pueden continuar conociendo en la causa los integrantes de esa mayoría, sin perjuicio de que, al mediar una nueva discordancia de opiniones en oportunidad de dictar la sentencia definitiva, vuelvan a integrar el tribunal el o los sustitutos legales que intervinieron en el incidente de recusación. b) "Desestimada una recusación con causa —dispone el art. 29, CPCCN(176)— se aplicarán las costas y una multa de hasta treinta mil pesos moneda nacional por cada recusación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria". La norma transcripta prevé, en su segunda parte, un supuesto de inconducta procesal específica, configurada por el hecho de haberse utilizado la recusación sin fundamento alguno(177)o para lograr un objetivo incompatible con la finalidad de la institución. Con la modificación introducida por la ley 22.434(178), "Desestimada una recusación con causa —dispone el art. 29, CPCCN—, se aplicarán las costas y una multa por cada recusación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria". En el caso, que es uno de los ejemplos de inconducta procesal específica, sólo se innovó en lo que atañe al monto de la multa de que es pasible el litigante malicioso.

211. Excusación a) La ley procesal impone al juez el deber de apartarse espontáneamente del conocimiento del asunto cuando se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación que hemos analizado anteriormente(179). Asimismo, le acuerda el derecho de hacerlo "cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza" (art. 30, CPCCN)(180). En cuanto al primero de los aspectos aludidos, son aplicables a la excusación las consideraciones expuestas supra, nro. 210, B), al 543   

analizar cada una de las causales de recusación con expresión de causa previstas en el art. 17 del CPCCN(181). En lo que atañe al derecho de abstención, la ley adopta una fórmula flexible que, remitiendo fundamentalmente a las motivaciones subjetivas del juez, tiende a respetar todo escrúpulo serio que éste manifieste en orden a una posible sospecha sobre la objetividad de su actuación. Ya la jurisprudencia anterior a la vigencia del CPCCN se había pronunciado en un sentido semejante, resolviendo que si bien las excusaciones de los magistrados no deben basarse únicamente en meras razones de delicadeza personal, no requieren estricta causal de recusación(182). En ese orden de ideas se admitieron excusaciones fundadas, v.gr., en que la decisión a dictar por un tribunal comprenda la posibilidad de la autoaplicación de sanciones a sus miembros(183); en los términos en que una de las partes hubiere pedido la revocatoria de una resolución(184); en la imputación al magistrado de incurrir en irregularidades y de obrar en forma precipitada y arbitraria(185); en la circunstancia de que un hijo del juez tuvo interés en el pleito por acuerdo con el letrado de una de las partes(186); etcétera. Debe tratarse, sin embargo, de "motivos graves", en forma tal que son inadmisibles las excusaciones que traduzcan un exceso de susceptibilidad(187)o que puedan aparecer determinadas por actitudes de las propias partes(188). Asimismo, "no será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes" (v.gr., representantes del Ministerio Público [art. 30, apart. 2º, CPCCN])(189); etcétera. b) Dado que la excusación constituye un deber y, eventualmente, un derecho de los jueces, y que su procedencia o improcedencia está exclusivamente reservada, como veremos, al juicio de otros órganos judiciales, el art. 31 del CPCCN(190)dispone que "las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas". Cabe aquí recordar, asimismo que una vez ejercido por cualquiera de las partes el derecho de recusar con expresión de causa, el procedimiento aplicable a la recusación no puede ser obviado a través de la excusación del juez(191). c) Si la excusación es formulada por un juez de primera instancia, y "el juez que sigue en el orden del turno entendiese que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa" (art. 31, apart. 1º, párr. 2º, CPCCN)(192). El incidente a que se refiere el artículo transcripto debe formarse con testimonio de ambas resoluciones y elevarse a la Cámara por el juez que considera improcedente la excusación, quien debe continuar sustanciando el expediente hasta tanto recaiga decisión del tribunal superior. "Aceptada la excusación — agrega el segundo apartado de la norma citada—, el expediente quedará 544   

radicado en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causales que la originaron". Cuando la excusación proviene de uno o más jueces de un órgano colegiado, deben conocer de ella, y continuar el trámite de la causa, los jueces que queden hábiles, correspondiendo la integración en los supuestos de no existir mayoría absoluta o de no mediar concordancia de opiniones entre esa mayoría. En el caso de que el tribunal se encuentre dividido en salas y se excusaren todos los integrantes de una de ellas, debe conocer de las excusaciones la sala que sigue en el orden del turno(193). Si ésta las considera improcedentes, la decisión definitiva corresponde a la Cámara reunida en pleno(194). d) Establece, finalmente, el art. 32 del CPCCN(195)que "incurrirá en la causal de 'mal desempeño', en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya citado en él resolución que no sea de mero trámite".

212. Reemplazo Nos remitimos a lo expuesto en el capítulo XI acerca de la forma de reemplazarse los jueces y tribunales en los casos de vacancia, licencia, recusación o excusación.

CAPÍTULO XIV - EL PERSONAL JUDICIAL AUXILIAR SUMARIO: I. GENERALIDADES: 213. Clases de auxiliares.— 214. Disposiciones comunes.— 215. Disposiciones aplicables a los funcionarios.— 216. Disposiciones aplicables a los empleados. II. EL SECRETARIO: 217. Generalidades.—218. Secretarios de primera instancia.— 219. Secretarios de Cámara.— 220. Secretarios de la Corte Suprema.— 221. Prosecretarios.— 222. Impugnación de las providencias dictadas por los secretarios, prosecretarios 545   

administrativos y jefes de despacho. III. OTROS AUXILIARES: 223. Generalidades.— 224. Oficiales de justicia y ujieres.— 225. Cuerpos técnicos periciales.— 226. Peritos oficiales.

I. GENERALIDADES(1)

213. Clases de auxiliares a) Al referirnos a la composición de los órganos judiciales desde el punto de vista administrativo, señalamos que los jueces se hallan secundados, en el ejercicio de sus funciones, por la actuación de un conjunto de funcionarios y empleados al que genéricamente cabe la denominación de personal auxiliar (supra, nro. 126). b) El art. 1º del RJN asigna la denominación de funcionarios a los secretarios de primera y segunda instancias y a los demás empleados de los tribunales nacionales que perciben igual o mayor sueldo, y llama empleados al resto del personal(2). Tal división no es exactamente correlativa de la que en el lugar mencionado formulamos entre los grupos superior y subalterno del personal auxiliar, pues, por un lado, existen funcionarios que no obstante percibir igual o mayor sueldo que los secretarios, como ocurre, respectivamente, con los prosecretarios de Cámara y de la Corte Suprema, cumplen funciones secundarias o complementarias en relación con las que competen a los secretarios, y no cabe por lo tanto encuadrarlos en la categoría que hemos llamado superior. Por otro lado existen funcionarios que perciben mayor sueldo y revistan en una categoría funcional superior a la de los secretarios, pero no forman parte de los órganos judiciales ni son auxiliares de éstos, sino que integran una magistratura independiente. En tal situación se encuentran los representantes del Ministerio Público. c)(3)Continúa vigente la distinción que formula el art. 1º del RJN entre funcionarios y empleados de la justicia nacional. Sólo corresponde aclarar que las normas del RJN son actualmente inaplicables a los funcionarios y empleados del Ministerio Público.

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214. Disposiciones comunes El RJN contiene diversas disposiciones que son comunes a los funcionarios y empleados(4)y se refieren a la autoridad competente para la designación y remoción, a las causales y procedimiento de remoción, a las obligaciones, a los derechos, a las inhabilidades para el nombramiento, a la aplicación de sanciones y al régimen de licencias. a) El nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados que dependen de la justicia nacional corresponde a la autoridad judicial establecida por los reglamentos de la Corte Suprema (art. 13, dec.-ley 1285/1958). Actualmente, dicha reglamentación dispone que incumbe a la Corte Suprema y a las Cámaras de Apelaciones la designación y promoción de su personal, y a las segundas, además, la designación y promoción del personal de los juzgados y ministerios públicos, a propuesta de los jueces y funcionarios titulares, agregando que cuando una propuesta fuere observada por la Cámara la devolverá al juez o funcionario proponente a fin de que éste la funde con mayor precisión, o bien para que formule una nueva propuesta (art. 13, RJN, modificado por la Acordada del 3/3/1958)(5). b) Los funcionarios y empleados de la justicia nacional no pueden ser removidos sino por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado (art. 14, dec.-ley 1285/1958). A tal efecto debe procederse por escrito, darse vista por tres días al interesado sobre el hecho que se le imputa y admitirse los documentos que acompañe al evacuarla y el testimonio de no más de cinco personas, siempre que se considere pertinente al esclarecimiento de los hechos, pudiendo ser completada esa prueba por la que se decrete de oficio (art. 21, RJN). c) Establece el art. 8º del RJN que los funcionarios y empleados deben observar una conducta irreprochable, estando especialmente obligados a: 1º) residir en el lugar en que desempeñen sus tareas o dentro de un radio de pronta comunicación que no exceda de cuarenta kilómetros de aquél; 2º) guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales; 3º) no evacuar consultas ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible; 4º) no gestionar asuntos de terceros ni interesarse por ellos, salvo los supuestos de representación necesaria; 5º) no realizar actos de proselitismo político; 6º) rehusar dádivas o beneficios; 7º) no practicar juegos por dinero ni frecuentar lugares destinados a ellos; 8º) levantar en el plazo de sesenta días contados desde la fecha de su notificación cualquier embargo que se trabare sobre sus sueldos o el concurso que se hubiere decretado(6); 9º) no ejercer profesiones liberales ni aun con motivo de nombramientos de oficio o a propuesta de partes; 10) no ejercer el comercio ni actividad 547   

lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia; 11) no desempeñar ningún empleo público o privado, aun con carácter interino, sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia, salvo los cargos docentes y las comisiones de estudio; 12) no practicar deportes como profesionales; 13) no participar en asociaciones profesionales con excepción de las mutualistas, ni en comisiones directivas de ninguna asociación, sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia. Las prohibiciones señaladas bajo los números 10, 11 y 13 no rigen respecto del personal de servicio y de maestranza (art. 10, RJN). d) En cuanto a los derechos, el art. 15, párr. 2º, del dec.-ley 1285/1958, establece que la Corte Suprema debe acordar un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera, atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, debidamente calificada, y a su antigüedad. El art. 2º del mencionado decreto-ley establece que el principio de la uniformidad de la compensación, establecido con respecto a los jueces, es igualmente aplicable a la retribución de todos los funcionarios y empleados de la justicia nacional. e) En lo que respecta a las inhabilidades, prescribe el art. 12 del RJN que no pueden ser nombrados funcionarios o empleados: 1) quienes hubieran sido inhabilitados para ejercer cargos públicos, mientras dure su inhabilitación; 2) los condenados por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena o hasta su prescripción; 3) los condenados por delito doloso o culposo contra la Administración Pública, hasta el cumplimiento de la pena o hasta su prescripción; 4) los procesados por los delitos señalados en los ptos. 2) y 3); 5) los quebrados no rehabilitados; 6) los que hubieran sido exonerados de un empleo público nacional, provincial o municipal, por mal desempeño o por graves motivos de orden personal, hasta pasados tres años de la medida; 7) los que tuvieran una limitación en su capacidad psíquica o física que, a criterio de la autoridad de superintendencia, impida el desarrollo regular de la actividad que requiere el ejercicio de la función; 8) los cónyuges y parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, de los magistrados o funcionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deban prestar servicios. Quedan comprendidos en esta inhabilidad los empleados que se designen en calidad de secretarios letrados, secretarios privados, o relatores o en otro cargo de similar naturaleza que tuvieran alguno de los mencionados vínculos con cualquiera de los magistrados o funcionarios que integren un tribunal colegiado, siempre que tales nombramientos correspondan a la misma vocalía (art. 12, RJN). f) Los magistrados, funcionarios, empleados y auxiliares de la Justicia de la Nación, excepto los agentes dependientes de otros poderes, podrán ser sancionados con prevención, apercibimiento, multa, suspensión no mayor de treinta (30) días, cesantía y exoneración, conforme lo establecido en este decreto-ley y los reglamentos. La multa será 548   

determinada en un porcentaje de la remuneración que por todo concepto perciba efectivamente el sancionado, hasta un máximo del 33% de la misma. La cesantía y exoneración serán decretadas por las autoridades judiciales respectivas que tengan la facultad de designación. Los jueces serán punibles con las tres (3) primeras sanciones mencionadas en el primer párrafo, sin perjuicio de lo dispuesto sobre enjuiciamiento y remoción (art. 16, dec.-ley 1258/1958,sustituido por ley 24.289). Las sanciones aplicadas por los jueces de primera instancia a los funcionarios o empleados bajo su dependencia son apelables, dentro del tercer día, para ante la Cámara Nacional respectiva, cuya resolución es irrecurrible y debe ser comunicada de inmediato por la Cámara a la Corte Suprema de Justicia. Igual comunicación deben hacer los jueces de primera instancia cuando las sanciones que apliquen sean consentidas, y también las Cámaras Nacionales, de las sanciones firmes aplicadas en instancia única. En todos los casos, sin embargo, la Corte Suprema puede avocar las actuaciones y decidir lo que estime pertinente (art. 22, apart. 1º, RJN)(7). Asimismo, la Corte Suprema, en ejercicio de los poderes de superintendencia general que le competen, puede conocer originariamente respecto de las faltas imputadas a cualquier funcionario o empleado de la justicia nacional(8), siendo sus resoluciones únicamente susceptibles de recurso de reconsideración, que debe deducirse en el plazo de tres días. Igual plazo rige para este recurso contra las decisiones de las Cámaras Nacionales que apliquen en instancia única sanciones disciplinarias (art. 23, RJN). g) El régimen de licencias de los funcionarios y empleados coincide con el que hemos estudiado al ocuparnos de las licencias de los jueces (supra, nro. 202), aunque difiere en cuanto a las autoridades judiciales facultadas para concederlas. Al respecto, el RJN contiene las siguientes reglas: 1º) La Corte Suprema conocerá de las licencias de más de ocho días que soliciten los magistrados de todas las instancias y los funcionarios y empleados de ella. Deberá decidir también respecto de toda licencia que exceda del término de un mes con excepción de las ordinarias. Las demás licencias se acordarán por la respectiva Cámara de Apelaciones. Sin embargo, los jueces podrán dar a sus empleados licencias que no excedan de cinco días cada tres meses, dando noticia a la Cámara respectiva. Las licencias que se acuerden por la Cámara de Apelaciones o por los jueces, serán comunicadas de inmediato a la Corte Suprema, la que podrá modificarlas en todo o en parte si lo estimare procedente (art. 31, RJN). 2º) Los pedidos de licencia de funcionarios y empleados serán elevados por intermedio de la Cámara o del juez de que aquéllos directamente dependan, debiendo éstos expresar su opinión al respecto. Los magistrados elevarán directamente sus solicitudes, dando noticia a la Cámara respectiva. Las licencias se pedirán y remitirán con la anticipación suficiente para que recaiga resolución al respecto y no podrá hacerse uso de ellas mientras no hayan sido otorgadas. Al reasumir sus funciones 549   

los interesados lo harán saber al tribunal que les acordó la licencia (art. 30, RJN)(9). 3º) Los jueces y funcionarios titulares de los ministerios públicos conocen de las licencias hasta treinta días de su propio personal, debiendo comunicar a la Cámara correspondiente las que fueren concedidas. En caso de denegación, el interesado puede requerir la decisión de la Cámara por intermedio del superior (art. 30, apart. 2º, RJN, modificado por Acordada del 3/3/1958). h)(10)Tampoco han sufrido modificaciones las normas contenidas en el RJN que son comunes a funcionarios y empleados. Apenas resta agregar que la incompatibilidad por parentesco ha sido extendida, por el art. 12 del RJN, a los empleados designados en calidad de secretarios letrados, secretarios privados, relatores o en otro cargo de similar naturaleza que tengan un grado de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con cualquiera de los magistrados o funcionarios que integran un tribunal colegiado. Cabe asimismo agregar que el cargo de meritorio ha sido suprimido e incorporado a la planta permanente por Acordada del 4/1977 del 22/2/1977.

215. Disposiciones aplicables a los funcionarios Sin perjuicio de las disposiciones comunes que terminamos de analizar, los funcionarios de la justicia nacional se hallan sometidos a normas específicas, referentes a los requisitos para la designación y al juramento. En cuanto al primero de los mencionados aspectos, el art. 11 del RJN establece que para desempeñarse como funcionario se requiere ser argentino y mayor de edad; pero con respecto a los secretarios o prosecretarios de los tribunales nacionales, el art. 12 del dec.-ley 1285/1958 requiere además la posesión del título de abogado(11), y prohíbe la designación, en tales cargos, al pariente del juez dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En relación con el juramento, el art. 16, párr. 2º, del RJN, prescribe que los funcionarios deben prestarlo ante el tribunal o magistrado de quien dependan. La fórmula del juramento coincide con la aplicable a los jueces(12).

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216. Disposiciones aplicables a los empleados Aparte de las examinadas supra, nro. 214, existen disposiciones exclusivamente aplicables a los empleados, las cuales versan sobre requisitos para la designación, juramento, obligaciones y licencias por cumplimiento del servicio militar. Para ser empleado de la justicia nacional se requiere ser argentino mayor de 18 años, tener los estudios secundarios completos, y rendir un examen de suficiencia en mecanografía, redacción y ortografía, sin perjuicio de otros requisitos que puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean necesarios conocimientos especiales. No se designará personal obrero, de maestranza y servicio menor de 18 años, y se dará preferencia a los que sean argentinos (art. 11, RJN). El art. 14 del RJN contemplaba una categoría particular de empleados judiciales: los meritorios, quienes debían ser estudiantes de Abogacía, Notariado o Procuración y estaban sujetos a los mismos requisitos para el ingreso y a las mismas obligaciones de trabajo de los empleados. No podía haber más de dos por cada secretaría de juzgado o tribunal de apelación, y debían justificar anualmente haber aprobado por lo menos tres materias de su carrera. Les correspondían los reemplazos en los casos de licencia sin goce de sueldo a los empleados, y cesaban en sus funciones al concluir sus estudios. La admisión de meritorios por las Cámaras y los jueces nacionales debía ser comunicada de inmediato a la Corte Suprema, no admitiéndose esta categoría de empleados en los juzgados o secretarías de instrucción criminal. Como se dijo antes, el cargo de meritorio ha sido suprimido e incorporado a la planta permanente por acordada 4/1977 del 22/2/1977. Además de las obligaciones mencionadas en el art. 8º (supra, nro. 214, c]), los empleados deben cumplir las siguientes: a) dar aviso a su jefe o al sustituto, a efecto de su comunicación a la autoridad superior, cuando les fuera imposible concurrir a su empleo; b) no abandonar su labor sin permiso de su jefe; c) abstenerse de peticionar a las autoridades superiores sin la venia de su jefe inmediato, salvo el caso de injusta denegación; d) observar las normas de disciplina; e) atender con deferencia al público, darle las informaciones que fueren pertinentes y abstenerse de recibir dinero para reposición de sellos (art. 19, RJN). Los empleados que deban cumplir obligaciones del servicio militar(13)tienen derecho al goce de licencia durante el término de su incorporación y a percibir el sueldo de acuerdo con las disposiciones 551   

vigentes con respecto al personal de la Administración nacional (art. 27, RJN).

II. EL SECRETARIO(14)

217. Generalidades a) Los secretarios son los principales auxiliares de los jueces y tribunales e integran, como hemos dicho, el grupo superior del personal auxiliar. Sin perjuicio de su subordinación jerárquica al o a los elementos juzgadores del órgano judicial, los secretarios son, por un lado, los jefes directos e inmediatos del personal auxiliar subalterno. Por otro, les corresponde el cumplimiento de parte de las funciones ordenatorias del proceso (v.gr., dictado de ciertas providencias de trámite), así como la actividad específicamente referida a la formación material y a la custodia de los expedientes judiciales (actos de documentación). En la práctica, sin embargo, debido principalmente a la complejidad y al volumen de las tareas que pesan sobre los órganos judiciales, los secretarios desempeñan funciones que exceden el marco de las precedentemente descriptas para incursionar, de hecho, a través de proyectos de resolución, en el ámbito de la actividad decisoria. b) En la Capital Federal, cada una de las salas de las distintas Cámaras de Apelaciones cuenta con uno o más secretarios. En lo que respecta a los Juzgados de Primera Instancia, el número de secretarías difiere según el fuero en que aquéllos actúen. Las Cámaras Federales con asiento en el interior de la República actúan con una o más secretarías según sus posibilidades de división en salas, y los juzgados federales con el mismo asiento, con un número de aquéllas que oscila entre una y ocho. c)(15)Uno de los aspectos más significativos de las ley 22.434 consistió en el considerable número de resoluciones cuyo dictado se encomendó a los secretarios, y en el hecho de asignar funciones decisorias a los oficiales primeros (actuales prosecretarios administrativos) y jefes de despacho. Según surge de la lectura del mensaje ministerial adjunto al proyecto luego convertido en ley, la referida desconcentración funcional se 552   

estructuró en la inteligencia de que, en tanto ahorra al juez un considerable margen de tiempo, permite a éste, dentro de la medida posible que brinda la realidad, ajustar sus funciones a un mayor grado de inmediación, aunque la aplicación que de ese principio hizo la ley 22.434, no obstante ser modesto y susceptible de contrariarse en la práctica (supra, nro. 187, b]) obliga a los jueces dispuestos a observarlo con seriedad a una inversión de tiempo ni remotamente comparable al que suele insumir la firma del despacho diario. d) El criterio seguido en la materia que es objeto del presente capítulo tomó como punto de partida la menor o mayor importancia de las providencias simples, atribuyendo al oficial primero (actual prosecretario administrativo) o jefe de despacho la tarea de firmar aquellas que de acuerdo con el régimen anterior debía firmar el secretario, y poniendo a cargo de éste la suscripción de cierto tipo de resoluciones que según dicho régimen incumbía dictar al juez. El sistema adoptado fue, en términos generales, plausible desde el punto de vista práctico y teóricamente inobjetable, aunque, en la práctica, su aplicación no logró satisfacer adecuadamente el objetivo propuesto.

218. Secretarios de primera instancia a) Sin perjuicio de los requisitos generales que para ocupar el cargo de secretario exigen los arts. 12 del dec.-ley 1285/1958 y 11 del RJN, los arts. 11, 12 y 14 del dec. 1859/1968, reglamentario de la ley 17.455, establecen otros requisitos y un procedimiento de selección a los que debe atenerse la autoridad judicial a quien corresponda la facultad de designación(16). El art. 11 de dicho decreto prescribe que "para ser designado o promovido a secretario de primera instancia, prosecretario de Cámara o secretario de Fiscalía de Cámara, el aspirante deberá hallarse en alguno de los siguientes casos: a) abogado, empleado en el fuero correspondiente, con una antigüedad en él no menor de tres años; b) abogado, empleado, con antigüedad no menor de un año en el fuero correspondiente que también posea antigüedad no menor de tres años en otros fueros de la justicia nacional o provincial; c) abogado que sin pertenecer al personal del fuero correspondiente se haya distinguido en su carrera universitaria o en su actividad intelectual, docente o profesional posterior, demostrando especial consagración al estudio del Derecho. Estas circunstancias deberán demostrarse en forma fehaciente; d) abogado empleado en el fuero correspondiente, que sin poseer la antigüedad exigida en los incs. a) o b) reúna las calidades mencionadas en el inciso precedente". 553   

"A los efectos de las promociones o designaciones previstas en el artículo anterior —dice el art. 12— se formarán dos listas. La primera lista se integrará con los empleados a que se refieren los incs. a) y b) del artículo anterior. Además, se irá agregando a ella, en forma automática, a todo empleado del fuero correspondiente que obtenga el título habilitante y registre la antigüedad mencionada en alguno de los incisos citados. Junto al nombre de cada empleado se consignará la calificación obtenida por el mismo en cada uno de los años de ejercicio del cargo. La segunda lista será formada por la respectiva Cámara en Acuerdo de Superintendencia, y comprenderá hasta quince abogados de los mencionados en los incs. c) y d) del artículo anterior. El número de candidatos podrá ser ampliado, previa resolución del respectivo tribunal en cada caso, si después de integrada la lista solicitaren su incorporación a ella abogados cuyos antecedentes signifiquen una evidente garantía de capacidad y eficiencia para el desempeño del cargo. A los efectos de la formación de esta lista, los aspirantes deberán inscribirse en un registro que se abrirá en las Prosecretarías de cada Cámara dentro de los quince días de publicado el presente decreto. La inscripción se solicitará por escrito, en el que se consignarán los datos personales y antecedentes del interesado, y al que se agregarán los documentos que acrediten dichos antecedentes. Las Prosecretarías formarán legajos con las presentaciones, a los que se irán agregando los nuevos elementos de juicio que aportaren los interesados". El art. 14 establece, finalmente, que "para cada vacante que se produzca en alguno de los cargos mencionados en el art. 11, la respectiva Cámara de Apelaciones formará, sobre la base de las dos listas a que se refiere el art. 12, una tercera en la que figurarán los diez candidatos mejor colocados. El magistrado o funcionario a quien corresponda el derecho de requerir la designación o promoción, podrá elegir entre cualquiera de los candidatos que figuren en dicha lista. Por excepción podrá proponerse, con sujeción al juicio de la Cámara respectiva, al abogado que, sin figurar en la lista, posea antecedentes excepcionales o muy destacados en materia jurídica". b) De acuerdo con las prescripciones contenidas en la ley 1893 y en el RJN(17), con las modificaciones derivadas de leyes posteriores, los secretarios de primera instancia tienen los siguientes deberes: 1) Desempeñar las funciones auxiliares compatibles con su cargo que les confíe el magistrado de quien directamente dependan (art. 135 del RJN). 2) Concurrir diariamente a su despacho y presentar al juez los escritos y documentos que les fueren entregados por los interesados (art. 163, inc. 1º, ley 1893). En la práctica, tales escritos son proveídos en secretaría y presentados al juez para la firma.

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3) Autorizar las diligencias y demás actuaciones que pasen ante ellos y darles su debido cumplimiento en la parte que les concierne (art. 163, inc. 2º, ley cit.)(18). 4) Organizar los expedientes a medida que se vayan formando y cuidar de que se mantengan en buen estado (art. 163, inc. 3º, ley cit.). Sin perjuicio de la eventual responsabilidad del secretario por la pérdida o deterioro de los expedientes, la tarea material de organización y conservación incumbe en la práctica al personal auxiliar subalterno. 5) Redactar las actas, declaraciones y diligencias en que intervengan (art. 163, inc. 4º, ley cit.), con excepción de las que constaten notificaciones personales en el expediente o la remisión de éste a la Cámara en los casos de recursos concedidos, las cuales deben ser extendidas por los prosecretarios administrativos o jefes de despacho (arts. 142 y 251, CPCCN)(19). 6) Custodiar los expedientes y documentos que estuvieren a su cargo, siendo directamente responsables por su pérdida o por mutilaciones o alteraciones que en ellos se hicieren (art. 163, inc. 5º, ley cit.). 7) Llevar los libros de conocimientos y demás que establezcan los reglamentos (arts. 163, inc. 6º, ley cit.). A este respecto el art. 136 del RJN establece que sin perjuicio de los libros a que se refiere la ley y dicho Reglamento, en las secretarías de los juzgados nacionales se llevarán los siguientes: 1) de entradas y salidas de expedientes; 2) de oficios y comunicaciones que podrá componerse con copias carbónicas; 3) de recibos de expedientes; 4) de recibos de giros y transferencias; 5) de sentencias; 6) de causas promovidas de oficio o a instancia del Ministerio Público y de los trámites principales de los procedimientos. En las secretarías penales de los juzgados nacionales del interior se llevará, además, un libro de fianzas a los efectos del art. 382 del Código de Procedimientos en lo Penal, en el que se anotarán aquéllas por orden cronológico y sin dejar claros. Por su parte, el art. 133 del CPCCN(20)obliga a llevar un libro de asistencia a los efectos de las notificaciones automáticas y prescribe que incurrirá en falta grave el prosecretario administrativo que no lo mantenga a disposición de los litigantes y profesionales. 8) Dar recibo de los documentos que les entregaren los interesados, siempre que éstos lo solicitaren (art. 163, inc. 7º, ley cit.). 9) Poner cargo en los escritos, con designación del día y hora en que fueren presentados por las partes (art. 163, inc. 8º, ley cit.). La misma función concierne a los oficiales primeros (art. 124, CPCCN). 10) Desempeñar todas las demás funciones designadas en las leyes generales y disposiciones reglamentarias (arts. 163, inc. 9º, ley cit., y 135, RJN).

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11) Informar trimestralmente al juez de que dependan acerca del estado de las causas no penales promovidas a instancia del Ministerio Público (art. 137, RJN). Aparte de otros deberes de índole actuarial, el CPCCN impone a los secretarios, en su art. 38, los siguientes: 1) Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los letrados respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones. Las comunicaciones dirigidas al Presidente de la Nación, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y magistrados judiciales, serán firmadas por el juez. La jurisprudencia, asimismo, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1º y 3º de la ley 9667, no derogada expresamente por el CPCCN, ha extendido la excepción a los oficios mediante los cuales se ordena la extracción o transferencia de fondos(21). 2) Extender certificados, testimonios y copias de actas. 3) Conferir vistas y traslados. 4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al prosecretario administrativo o jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el art. 34, inc. 3º, a). En la etapa probatoria firmará todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba. 5) Dirigir en forma personal las audiencias testimoniales que tomare por delegación del juez. 6) Devolver los escritos presentados fuera de plazo. Dentro del plazo de tres días, las partes podrán requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario, el prosecretario administrativo o el jefe de despacho. Este pedido se resolverá sin sustanciación. La resolución será inapelable (art. 38 ter, CPCCN). c) Los secretarios de primera instancia únicamente pueden ser recusados por las causas previstas en el art. 17, a las cuales nos hemos referido supra, nro. 210 (art. 39, apart. 1º, CPCCN)(22). En cuanto al procedimiento aplicable, el apart. 2º de dicha norma dispone que "deducida la recusación, el juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde, y sin más trámite dictará resolución que será inapelable". Los secretarios de primera instancia pueden también excusarse de intervenir en la causa, siéndoles aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la excusación de los jueces (art. 39, apart. 4º, CPCCN). Un motivo específico de excusación es el contemplado en el art. 167 de la ley 1893, según el cual los secretarios no pueden actuar en asuntos de sus parientes dentro del cuarto grado inclusive o en aquellos en que sus 556   

parientes dentro del mismo grado intervengan como abogados o procuradores. d.1)(23)En razón de que las funciones que corresponden a estos funcionarios, como a los restantes a que luego se aludirá, pueden ser administrativas o actuariales, por un lado, y decisorias o instructorias, por otro, serán analizadas sobre la base de esa diferenciación. d.2) Las funciones del primer tipo se hallan contempladas, particularmente, en los arts. 163 de la ley 1893, 135 a 137 del Reglamento para la Justicia Nacional, y 38, incs. 1º y 2º, del CPCCN. El inc. 1º del art. 38 prescribe, de conformidad con el texto que le introdujo la ley 22.434 y mantuvo la ley 25.488, que son funciones de los secretarios "comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los letrados respecto de las cédulas y oficios y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones. Las comunicaciones dirigidas al Presidente de la Nación, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y magistrados judiciales, serán firmadas por el juez". Fuera de la facultad de suscribir mandamientos, las funciones mencionadas por la norma transcripta coinciden sustancialmente con las que enumeraba el art. 38, inc. 1º, del CPCCN en su anterior versión y disposiciones concordantes de dicho ordenamiento (v.gr., art. 137). Continúa asimismo siendo atribución de los letrados firmar las cédulas de notificación que interesen a las partes que patrocinen, salvo las que tengan por objeto comunicar providencias que dispongan sobre medidas cautelares o la entrega de bienes, y las que correspondan a actuaciones en que no intervenga letrado, síndico, tutor o curador ad litem (salvo, naturalmente, acta notarial), las que deben ser suscriptas por el secretario o prosecretario (art. 137, párr. 4º, CPCCN, modificado por la ley 25.488); así como los oficios mediante los cuales se requieran informes, expedientes, testimonios y certificados de oficinas públicas o de entes privados (art. 400, CPCCN, modificado por la ley 22.434). Constituye también función de los secretarios, conforme al texto impreso por la ley 22.434 al art. 38, inc. 2º, del CPCCN, la consistente en "extender certificados, testimonios y copias de actas". Se trata, como se advierte, de un texto sustancialmente semejante al que exhibía la norma en su anterior versión, ya que el agregado referente a las "copias de actas" se hallaba implícitamente involucrado en los términos de dicha norma. d.3) Comportan funciones decisorias de los secretarios de primera instancia, de acuerdo con lo prescripto por los incs. 3º, 4º y 5º del art. 38 a raíz de las reformas introducidas por las leyes 22.434 y 25.488, 557   

las siguientes: "Conferir vistas y traslados; firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al prosecretario administrativo o jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el art. 34, inc. 3º, a) (es decir, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el art. 36, inc. 1º, e inmediatamente si deben ser dictadas en una audiencia o revisten carácter urgente); y devolver los escritos presentados fuera de plazo". Por "providencias de mero trámite" debe entenderse, como principio general, todas aquellas providencias simples que no sean susceptibles de ocasionar un gravamen irreparable. Entre ese tipo de providencias se hallan naturalmente incluidas las que disponen conferir vistas y traslados (inc. 3º), aunque cuando se trata del traslado de la demanda éste debe ser acordado por el juez en los casos en que corresponda, en la providencia inicial, determinar la clase de proceso aplicable (arts. 101, 319, 322 y 513 a 516). Conforme al agregado de la ley 25.488 al inc. 4º del art. 38, incumbe también al secretario la función de firmar "todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba". Tal agregado se superpone en cierta medida con el nuevo art. 38 bis del CPCCN, por una parte, en cuanto éste impone a los prosecretarios administrativos, en el inc. 1º, el deber de firmar las providencias simples que dispongan la agregación de pericias, documentos o actuaciones similares (las que generalmente son dictadas durante el período probatorio) y, por otra parte, al destacar la posibilidad de que el secretario se pronuncie sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba, debe entenderse que se coloca en la hipótesis de que tales extremos hayan sido respectivamente cuestionados o alegados por alguna de las partes, en cuyos supuestos se genera el dictado de sentencias interlocutorias que siempre fueron y continúan siendo, en cuanto a su firma, del exclusivo resorte del juez. Y en lo que concierne a la desestimación in limine de las peticiones de declaración de negligencia, el art. 385 del CPCCN es suficientemente explícito en el mismo sentido. Por último, el inc. 5º del art. 38 —incorporado por la ley 25.488— atribuyó a los secretarios el deber de "dirigir en forma personal las audiencias testimoniales que tomare por delegación del juez". Pero como bien observa Falcón(24), en virtud de que la delegación puede hacerse verbalmente, de modo particular o general, resulta suficiente que en el acta, firmada por el secretario, conste que la audiencia se tomó por delegación, aunque en los hechos la tarea se haya llevado a cabo, como habitualmente ocurre sin inconveniente alguno, por un empleado del juzgado.

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219. Secretarios de Cámara a) Los secretarios de las Cámaras de Apelaciones deben reunir los requisitos establecidos en los arts. 12 del dec.-ley 1285/1958 y 11 del RJN, es decir, ciudadanía argentina, mayoría de edad y posesión de título de abogado, y se hallan sujetos a la incompatibilidad prevista por la primera de las disposiciones mencionadas, o sea que no puede designarse en tal carácter a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los jueces que integran la Cámara o sala de que dependan. Sin perjuicio de ello, el art. 13 del dec. 1859/1958 limita la promoción al cargo que analizamos a los secretarios de primera instancia, los de Fiscalía de Cámara y el prosecretario de aquella que hayan prestado servicios en sus respectivos cargos durante dos años, como mínimo, y registren además una antigüedad no menor de cinco años en la justicia nacional. b) El art. 147 de la ley 1893 impone a los secretarios de las Cámaras los siguientes deberes: 1) Concurrir a los acuerdos y redactarlos en el libro respectivo. 2) Formular los proyectos de sentencia en vista de los acuerdos. 3) Dar cuenta de los escritos, peticiones, oficios y demás despachos, sin demora. 4) Autorizar las actuaciones que pasen ante ellos(25). 5) Custodiar los expedientes y documentos que estuvieran a su cargo, siendo directamente responsables de su pérdida o deterioro. 6) Llevar en buen orden los libros que prevengan las leyes y disposiciones reglamentarias. 7) Conservar el sello de las Cámaras. 8) Cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos. Además, los secretarios de las Cámaras tienen las mismas atribuciones que el art. 38 del CPCCN confiere a los secretarios de primera instancia. c) Los secretarios de las Cámaras no son recusables, pero deben manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal de que dependen la considere y resuelva lo que juzgue pertinente (art. 39, apart. 3º, CPCCN)(26). 559   

d)(27)Las funciones administrativas y notariales de los secretarios de las Cámaras Nacionales de Apelaciones se hallan determinadas por el art. 147 de la ley 1893y las funciones decisorias de dichos funcionarios coinciden con las asignadas por los incs. 3º a 5º del art. 38 a los secretarios de primera instancia.

220. Secretarios de la Corte Suprema a) Los secretarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben reunir los requisitos exigidos para ser juez de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, y tienen su jerarquía, remuneración, condición y trato (art. 88, RJN). b) Los deberes de estos funcionarios se hallan establecidos en los arts. 88 a 103 del RJN, a los cuales nos hemos referido supra, nro. 134, F). c) En cuanto a la recusación y excusación, se hallan sometidos al mismo régimen que los secretarios de las Cámaras de Apelaciones (ver nro. anterior, c])(28). d.1)(29)Compete a los secretarios judiciales de la Corte Suprema el cumplimiento de las funciones administrativas y notariales previstas en los arts. 89, 99 y 100 del Reglamento para la Justicia Nacional. d.2) En el orden decisorio, dichos funcionarios se hallan facultados para proveer con su sola firma el despacho de trámite y las providencias simples correspondientes a sus respectivas secretarías, sin perjuicio de que tales actos sean realizados por el presidente del tribunal si éste lo estima pertinente o cuando su naturaleza lo requiera (arts. 82 y 89, Reglamento citado). En los juicios de la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema, en materia civil y comercial, la atribución mencionada se reconoce asimismo a los secretarios con jerarquía no inferior a la de juez nacional de primera instancia, no obstante lo cual el presidente del tribunal o el ministro que deba reemplazarlo legalmente pueden avocarse en cualquier estado del trámite a la realización de uno o más de los actos procesales de que se trata (Acordada 51/1973)(30), o de otros que no sean de los comprendidos en los arts. 2º y 3º de la referida acordada.

221. Prosecretarios 560   

Algunas Cámaras Nacionales de Apelaciones cuentan con uno o más de estos funcionarios, que deben poseer título de abogado (art. 12, dec.ley 1285/1958), y a quienes los respectivos reglamentos confieren atribuciones auxiliares en el ámbito exclusivamente administrativo de dichos tribunales (v.gr.: redacción y recopilación de acordadas; organización de la ceremonia de juramento de los magistrados y funcionarios; trámite de inscripción y juramento de profesionales cuya matrícula lleva el respectivo tribunal; tramitación de sumarios administrativos; registro de los magistrados, funcionarios y empleados del fuero; atención del movimiento de los fondos destinados al sostenimiento de la Cámara, como también de la provisión, adquisición, distribución y uso de las máquinas, útiles y demás elementos que sean necesarios al tribunal; control de las planillas de registro de firmas y de asistencia del personal; etc. [arts. 21 a 26 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil]). a)(31)Incumbe a los oficiales primeros —o, en su caso, prosecretario administrativo—, en su calidad de auxiliares de los jueces de primera instancia, el cumplimiento de las funciones administrativas y notariales consistentes en certificar la circunstancia de suplirse la omisión de firma de letrado en los escritos (art. 57, CPCN) o las firmas puestas a ruego (art. 119, íd.) (en ambos casos concurrentemente con los secretarios); labrar el acta del mandato conferido por la parte a quien se concedió el beneficio de litigar sin gastos (art. 85, íd.); autorizar el cargo puesto al pie de los escritos (art. 124, íd.); mantener a disposición de los litigantes y profesionales el libro de asistencia (art. 133, íd.); dejar constancia de la remisión del expediente a la Cámara en los casos de los arts. 245 y 250 (art. 251, íd.) y recepcionar la aceptación del cargo por el perito (art. 469, íd.). Las mismas funciones competen, en lo pertinente, a los jefes de despacho, en su carácter de auxiliares de las Cámaras de Apelaciones. b) De conformidad con la modificación impresa al art. 38 del CPCCN por la ley 22.434 se confirieron a los oficiales primeros y a los jefes de despacho determinadas funciones, que con anterioridad se hallaban atribuidas a los secretarios. La ley 25.488 se limitó a reproducir, en el aspecto que se trata, el texto del anterior art. 38, párr. 2º, incs. 1.a), 1.b) y 2º, ubicándolo en un nuevo artículo numerado como 38 bis y sustituyendo la denominación de "oficiales primeros" por la de "prosecretarios administrativos". Dispone por ello el actual art. 38 bis que "los prosecretarios administrativos o jefes de despacho o quien desempeñe cargo equivalente tendrán las siguientes funciones además de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone: 1) Firmar las providencias simples que dispongan: a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o 561   

partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares. b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios que intervengan como parte. 2) Devolver los escritos presentados sin copia". Asimismo, el art. 482 del CPCCN, en su versión resultante de la ley 25.488, acuerda a los prosecretarios administrativos, en el proceso ordinario, la función de ordenar la agregación al expediente de la prueba producida y dictar luego, cumplido el mencionado trámite, la providencia que pone los autos en secretaría para alegar. También, conforme a dicha ley, el plazo por el cual corresponde la entrega del expediente a los letrados de las partes comienza a computarse a partir de la fecha en que la referida providencia adquiere carácter firme.

222. Impugnación de las providencias dictadas por los secretarios, prosecretarios administrativos y jefes de despacho(32) a) La ley 25.488 incorporó al CPCCN, como art. 38 ter, el siguiente: "Dentro del plazo de tres días, las partes podrán requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario, el prosecretario administrativo o el jefe de despacho. Este pedido se resolverá sin sustanciación. La resolución es inapelable".

b) Si bien, como lo hacía el art. 38 del CPCCN en su versión anterior, la norma transcripta instituyó una especie de recurso de reposición ante quien inviste la plenitud de las potestades de dirección procesal en el plano decisorio, dispuso la inapelabilidad de la resolución del juez, contrariando aparentemente la doctrina de los precedentes judiciales en cuya virtud dicha resolución, no obstante ser insusceptible de apelación subsidiaria, en el caso de mantener la decisión del secretario, prosecretario administrativo o jefe de despacho, es apelable o no conforme a lo prescripto en el art. 242, inc. 3º, del CPCCN(33). Debe entenderse, sin embargo, que el art. 38 ter, al igual que el anterior art. 38, se coloca en la hipótesis de que la resolución confirmatoria del juez no cause un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva, porque en caso contrario es susceptible del recurso de apelación en los términos del citado inc. 3º del art. 242. En tal sentido, asimismo, se pronunció la jurisprudencia posterior a la promulgación de la ley 22.434(34).

III. OTROS AUXILIARES 562   

223. Generalidades En el nro. 126 destacamos la existencia de un grupo de auxiliares judiciales que no se encuentra adscripto a ningún órgano en particular, pero cuyos integrantes forman parte de la administración de justicia y revisten el carácter de empleados permanentes y retribuidos a sueldo por el Estado. Son ellos los empleados dependientes de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, los profesionales componentes de los cuerpos técnicos periciales y los peritos oficiales. En los números que siguen nos ocuparemos de las funciones que cumplen dichos auxiliares, reservando el examen de las que competen a los llamados encargados judiciales para las oportunidades en que estudiemos las distintas instituciones procesales vinculadas a ellos.

224. Oficiales de justicia y ujieres a) El art. 74 de la ley 1893 asignaba a cada Juzgado de Primera Instancia de la Capital Federal un oficial de justicia, encargado de cumplir las diligencias ordenadas por los jueces. Leyes posteriores crearon oficinas de mandamientos y notificaciones para los fueros civiles(35), de paz(36)y comercial(37), las cuales fueron unificadas, por dec. 25.559/1948, en una sola Oficina que funcionaba bajo la superintendencia de las Cámaras Civiles. Posteriormente, la ley 13.998 asignó a dicha Oficina la función de diligenciar los mandamientos y cédulas de notificación expedidas por las Cámaras de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia de la Capital, incorporó a ella los oficiales de justicia de los Juzgados Federales en lo Civil y Comercial y la colocó bajo la superintendencia de la Corte Suprema (arts. 49, 50 y 51). Los arts. 47 y 48 del dec.-ley 1285/1958 constituyen una reproducción de los arts. 49 y 51 de la ley citada, agregando el art. 48 que la Corte Suprema puede delegar el ejercicio de la superintendencia en las Cámaras Nacionales de Apelaciones(38). b) Los ujieres son los empleados que en los tribunales superiores (Corte Suprema y Cámaras de Apelaciones) tienen a su cargo el cumplimiento de las notificaciones, medidas cautelares y demás diligencias que les encomiende el respectivo tribunal o su presidente. 563   

225. Cuerpos técnicos periciales a) Como auxiliares de la justicia nacional, y bajo la superintendencia de la autoridad establecida en los reglamentos de la Corte Suprema(39), funcionan cuerpos técnicos periciales de médicos forenses, de contadores y de calígrafos (art. 52, inc. a], dec.-ley 1285/1958)(40). Sus integrantes son designados y removidos por la Corte(41), y los empleados por la autoridad y en la forma establecida por los reglamentos de dicho tribunal (art. 53, íd.). b) Para ser miembro de los cuerpos técnicos periciales se requiere ciudadanía argentina, 25 años de edad, y tres años de ejercicio en la respectiva profesión o docencia universitaria (art. 55, íd.)(42). Los integrantes de los cuerpos técnicos periciales deben prestar juramento de desempeñar fielmente su cargo, ante el tribunal designado por la Corte Suprema (art. 63, inc. a], íd.). No pueden ser designados peritos a propuesta de parte en ningún fuero(43)y además de las designaciones de oficio efectuadas por los jueces en materia criminal, pueden ser utilizados excepcionalmente por los jueces de los restantes fueros cuando medien notorias razones de urgencia, pobreza o interés público; o cuando las circunstancias particulares del caso, a juicio del juez, hagan necesario su asesoramiento (art. 63, incs. b] y c], íd., y 154, RJN). Asimismo, sin perjuicio de la distribución de tareas fijada en los reglamentos, los magistrados judiciales pueden disponer, cuando lo crean necesario, de los servicios de cualquiera de los integrantes de los cuerpos técnicos (art. 62, íd.). c) Dichos cuerpos tienen su asiento en la Capital Federal y en la sede de las Cámaras Federales de Apelaciones de las provincias, y se integran con los funcionarios de la respectiva especialidad que la ley de presupuesto asigne a los tribunales nacionales (art. 54, íd.). Los que tienen asiento en la Capital Federal cuentan con un decano y un vicedecano que son designados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El plazo de duración de dichos cargos es de dos años, sin perjuicio de prorrogarlo cuando la Cámara lo considere conveniente. Tales cargos son irrenunciables, salvo el caso de excusa atendible que debe apreciar el referido tribunal (arts. 138 y 140, RJN, modif. por Acordadas del 19/6/1961(44)[Corte Sup., Fallos 250:5] y del 14/12/1962 [íd., 254:388]). Además de las tareas periciales comunes, los decanos ejercen la representación y dirección de los cuerpos respectivos y las funciones 564   

administrativas de aquéllos. Pueden requerir de los vicedecanos que los secunden en esas tareas y son sustituidos por éstos en caso de ausencia, vacancia o impedimento (art. 141, RJN). En caso de acefalía, el decanato y vicedecanato deben ser ejercidos durante el resto del período por los peritos más antiguos del cuerpo (art. 142, íd.). El Decano debe distribuir la labor de los peritos del cuerpo ajustándose a las siguientes normas: 1º) Establecer turnos conforme al cuadro que a su gestión apruebe la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en el que corresponde repartir la labor con arreglo a un criterio objetivo, como puede ser la fecha de iniciación de las causas, entendiéndose por tal la de la primera actuación policial o, en su caso, judicial del expediente. 2º) Proveer los reemplazos que fueren pertinentes, la integración del número de peritos requeridos, o las designaciones unipersonales en los turnos compuestos de más de un perito, cuidando de distribuir equitativamente las tareas adicionales. Los peritos designados en cada causa deben intervenir en ella hasta su terminación, salvo que judicialmente se resolviera lo contrario. 3º) Puede conceder licencias a los peritos y empleados por un plazo no mayor de cinco días cada tres meses, que comunicará en cada caso a la citada Cámara, debiendo elevar a ésta los pedidos de licencia por plazos que excedan del indicado (art. 143, RJN, modif. por Acordada del 19/6/1961(45)). El decano puede aplicar a los peritos y empleados sanciones disciplinarias de prevención, apercibimiento y multa hasta m$n. 50, debiendo requerir de la Cámara las de multa de mayor monto y de suspensión. Las sanciones aplicadas por los decanos son apelables ante dicho tribunal dentro del tercer día (art. 144, íd.)(46). Incumbe además al decano: 1º) Designar antes del 20 de diciembre de cada año los peritos que actuarán durante la feria, cuya nómina elevará a la Cámara (art. 145, íd.). 2º) Dirimir sin apelación cualquier duda referente a la distribución de la labor entre los peritos, siendo responsable de cualquier deficiencia subsanable del servicio técnico del Cuerpo bajo su dirección que no corrigiera de inmediato (art. 147, íd.). d) Los cuerpos técnicos actúan siempre a requerimiento de los jueces y tienen las siguientes obligaciones: 1) Practicar exámenes, experimentos y análisis, respecto de personas, cosas o lugares. 2) Asistir a cualquier diligencia o acto judicial. 3) Producir informes periciales (art. 56, dec.-ley 1285/1958). Los integrantes de los cuerpos técnicos tienen las mismas garantías, gozan como mínimo de igual sueldo que los procuradores fiscales de primera instancia y tienen los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades establecidos con respecto a los funcionarios y empleados de la justicia nacional (art. 63, inc. d], dec.-ley 1285/1958). 565   

e) Como servicio del cuerpo médico forense funciona la morgue judicial bajo la autoridad de su decano y la dirección de un médico que debe reunir las mismas condiciones que los miembros de dicho cuerpo (art. 57, íd.). Corresponde a la morgue judicial: 1º) Proveer los medios necesarios para que los médicos forenses practiquen las autopsias y demás diligencias dispuestas por autoridades competentes. 2º) Exhibir por orden de autoridad competente los cadáveres que le sean entregados a los fines de su identificación. 3º) Formar y conservar el Museo de Medicina Legal (art. 58, íd.). Para fines didácticos, la morgue judicial deberá: 1º) Facilitar a las cátedras de medicina de las universidades nacionales las piezas del museo. 2º) Admitir en el acto de las autopsias, salvo orden escrita impartida en cada caso por la autoridad judicial competente, el acceso de profesores y estudiantes de medicina legal de las universidades nacionales, en el número, condiciones y con los recaudos que se establezcan en los reglamentos (art. 59, íd.). El Cuerpo Médico Forense cuenta, finalmente, con uno o más peritos químicos que deben reunir las mismas condiciones que sus miembros y tienen sus mismas obligaciones (art. 60, íd.).

226. Peritos oficiales a) También como auxiliares de la justicia nacional, y bajo la superintendencia de la autoridad establecida en los reglamentos de la Corte, actúan peritos ingenieros, tasadores, traductores e intérpretes (art. 52, inc. b], dec.-ley 1285/1958), los cuales son designados y removidos por dicho tribunal (art. 53, íd.). b) Para ser perito ingeniero o traductor se requieren las mismas condiciones que para ser integrante de los cuerpos técnicos y para ser tasadores o intérpretes, las que se requieran por los reglamentos dictados por la Corte Suprema de Justicia (art. 61, íd.). A su vez, el art. 149 del RJN dispone que para ser tasador oficial en las funciones de ese carácter que no incumben específicamente a los peritos ingenieros de todas las especialidades, comprendidos en la mención genérica del art. 52, inc. b), del dec.-ley 1285/1958, se requiere la ciudadanía argentina, 25 años de edad y tres años de ejercicio de la profesión de martillero público o de funciones de tasación de instituciones públicas especializadas. Según el art. 150 del mismo reglamento, para la designación de intérprete oficial se requiere la ciudadanía argentina, 25 años de edad y tener versación

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comprobada por título nacional, cuando lo hubiere, en los idiomas para los cuales haga la respectiva designación el Poder Ejecutivo. c) Los peritos oficiales actúan en la misma forma y tienen las mismas obligaciones que los miembros de los cuerpos técnicos (arts. 56 y 63, íd.). Tienen, igualmente, los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades establecidas con relación a los restantes funcionarios y empleados de la justicia nacional (art. 63, último párrafo, íd.). Todos los peritos para cuyo nombramiento se requiera título profesional tienen las mismas garantías y gozan, como mínimo, de igual sueldo que los secretarios de primera instancia de la Capital; pero cuando el título requerido fuera universitario, tienen la misma jerarquía y gozan como mínimo de igual sueldo que los procuradores fiscales de primera instancia (art. 63, inc. d], y último apartado, íd.).

CAPÍTULO XV - COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES SUMARIO: I. GENERALIDADES: 227. Concepto de competencia.— 228. Clasificación.— 229. Caracteres.— 230. Extensión.— 231. Determinación de la competencia. II. COMPETENCIA ORDINARIA: 232. Generalidades.— 233. Competencia por razón del territorio.— 234. Competencia por razón de la materia.— 235. Competencia por razón del grado.

I. GENERALIDADES(1)

227. Concepto de competencia a) Frente a los restantes órganos del Estado, los órganos judiciales se caracterizan, según lo hemos visto, por el hecho de hallarse investidos de la potestad consistente en satisfacer las pretensiones o las peticiones extracontenciosas que pueden constituir el objeto de un proceso. Dado que esa potestad es única y privativa, ningún impedimento de principio se opondría a la vigencia de un sistema legal en cuya virtud las 567   

partes o peticionarios estuviesen facultados para formular toda clase de pretensiones o peticiones ante cualquier órgano judicial. Sin embargo, tres circunstancias relevantes, como son la extensión territorial del Estado, la diversa índole e importancia económica de las cuestiones susceptibles de ventilarse judicialmente, y la posibilidad de que los asuntos sean reexaminados en instancias superiores, imponen la necesidad de distribuir el ejercicio de la función judicial en forma compatible con la existencia de dichas circunstancias. b) Tal necesidad de repartir el trabajo entre los distintos órganos judiciales determina la formulación de reglas legales tendientes a satisfacerla y nos enfrenta con el concepto de competencia, a la que cabe definir como la capacidad o aptitud que la ley reconoce a cada órgano o conjunto de órganos judiciales para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso. La noción de competencia viene de tal manera a integrar y precisar el extenso ámbito de atribuciones que es consustancial a la idea de potestad judicial, pues una vez establecido, de acuerdo con las normas vigentes, que los órganos judiciales del Estado están facultados para conocer de una determinada pretensión o petición extracontenciosa, las reglas de competencia fijan en concreto cuál de dichos órganos debe conocer en el asunto con exclusión de los restantes(2). La competencia se presenta, en ese orden de ideas, como la medida de la función judicial. c) Interesa recordar, finalmente, que la competencia constituye uno de los requisitos extrínsecos de admisibilidad de toda pretensión o petición extracontenciosa, en forma tal que si, en un caso concreto, el órgano ante quien se ha acudido carece de aquella aptitud, estará inhabilitado para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto (supra, nro. 59).

228. Clasificación a) La distribución de la potestad judicial entre los distintos órganos del Estado se lleva a cabo mediante la aplicación de diversos criterios que responden, fundamentalmente, a las circunstancias referidas en el número anterior, y a los que cabe denominar territorial, objetivo y funcional. b) El criterio territorial atiende a los problemas emergentes de la extensión geográfica del territorio, y procura solucionarlos a través de reglas en cuya virtud se divide a éste en distintas circunscripciones judiciales y se asigna el conocimiento de los asuntos al órgano u órganos más próximos al lugar en que se encuentra ubicado alguno de los elementos de la pretensión o petición que constituye el objeto del proceso. 568   

Tales reglas tienden, fundamentalmente, a allanar a las partes y peticionarios los inconvenientes derivados de la distancia y a obtener un mayor rendimiento de la justicia que emerge de la aproximación entre la sede del órgano judicial y el lugar de producción de la prueba. c) El criterio objetivo tiene en cuenta, por un lado, la naturaleza jurídica de las cuestiones debatidas en el proceso y, por otro, el valor del objeto litigioso, determinando la institución de reglas de competencia según las cuales se distribuye el conocimiento de las causas en el aspecto cualitativo (competencia por razón de la materia) y cuantitativo (competencia por razón del valor). d) El criterio funcional, por último, contempla las diversas etapas de que consta todo proceso y la posibilidad de que en cada una de ellas intervenga un órgano distinto, cuyas actividades han de adecuarse a la naturaleza de la etapa de que se trate. La primordial manifestación de este criterio está dada, en nuestro sistema jurídico, por la división del proceso en distintas instancias, y por la consecuente fijación de reglas atributivas de competencia por razón del grado(3). e) En nuestro derecho, como consecuencia del doble orden judicial instituido por la Constitución Nacional, los criterios precedentemente analizados deben subordinarse, sin embargo, a una primera y fundamental división entre las competencias ordinaria y federal, las cuales representan, respectivamente, manifestaciones de la autonomía de las provincias y de la soberanía de la Nación(4). Como veremos oportunamente, la competencia de los órganos judiciales pertenecientes a la justicia federal se determina también con arreglo a los criterios analizados, a los cuales cabe añadir el criterio personal (competencia ratione personae), que atiende a la calidad o condición de las partes (Estado nacional, embajadores, cónsules, etc.) o a la vecindad o nacionalidad de éstas. En ese orden de ideas, para establecer en un caso concreto a qué órgano judicial corresponde el conocimiento de un asunto, debe comenzarse por examinar si es de la competencia de la justicia federal o de la justicia ordinaria; luego, cualquiera sea la conclusión a que se llegue acerca de ese extremo, es preciso determinar la circunscripción territorial en que ha de radicarse y, dentro de ella, la competencia por razón de la materia y por razón del valor. f) Suele hablarse, asimismo, de una competencia por razón del turno(5), la cual se basaría en el orden temporal en que los distintos órganos judiciales que ejercen una misma clase de competencia deben recibir los procesos que se inicien. Pero no se trata, a nuestro juicio, de una verdadera competencia, sino de un conjunto de reglas, generalmente fijadas por los tribunales a quienes corresponde el ejercicio de la superintendencia(6), tendientes a asegurar una más equitativa distribución de tareas, y cuya efectividad depende de la voluntad de las partes en 569   

aquellos procesos en los cuales se les reconoce el derecho de recusar sin expresión de causa(7).

229. Caracteres a) Mientras las reglas atributivas de competencia por razón de la materia, del valor y del grado propenden fundamentalmente a asegurar la eficiencia de la administración de justicia, y se basan por lo tanto en consideraciones de interés general, las reglas que fijan la competencia por razón del territorio tienden ante todo a facilitar la actuación procesal de las partes y se hallan establecidas en el presunto interés individual de éstas. De ello se desprende una diferencia en cuanto al tratamiento procesal de ambos grupos de reglas. Si se trata, en efecto, de alguna de las tres clases de competencia mencionadas en primer término, el órgano judicial está habilitado para verificar, de oficio, el cumplimiento de las reglas pertinentes y, por lo tanto, para desestimar in limine la pretensión o la petición que no se ajuste a ellas, con prescindencia de cualquier manifestación de las partes o peticionarios, incluso formulada de común acuerdo (supra, nro. 7, c]). Por ello la competencia derivada de los criterios objetivo y funcional reviste carácter improrrogable, diciéndose que es absoluta la incompetencia del órgano judicial en el supuesto de ser requerido para satisfacer una pretensión o una petición cuyo conocimiento no le ha sido asignado por razón de la materia, del valor o del grado. Cuando se trata, en cambio, de la competencia por razón del territorio, el órgano judicial se halla vinculado al poder dispositivo de las partes o peticionarios, quienes pueden renunciar, expresa o tácitamente, a la aplicación de las reglas correspondientes, sometiéndose a la competencia de un juez distinto al previsto por éstas. De allí que la competencia por razón del territorio sea prorrogable, y relativa la incompetencia del órgano judicial al cual las partes voluntariamente se someten. Con los alcances que terminamos de señalar debe entenderse el art. 1º del CPCCN(8), el cual, tras establecer que "la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable", agrega que "(s)in perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales y por el art. 12, inc. 4º, de la ley 48, exceptúase la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aun a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley"(9). 570   

La prórroga o sumisión puede definirse, en términos generales, como la facultad que la ley otorga a las partes para atribuir competencia territorial, con respecto al conocimiento de una pretensión determinada, o de eventuales pretensiones, a un órgano judicial que legalmente carece de dicha competencia. Esa facultad sólo puede ser ejercida, como dice la norma antes citada, "en los asuntos exclusivamente patrimoniales", de manera tal que no pueden ser objeto de ella las pretensiones y peticiones extracontenciosas relativas a la capacidad o al estado civil de las personas. Asimismo, dentro de los asuntos de la mencionada índole cabe excluir a las pretensiones laborales, pues la competencia de los tribunales del trabajo es, en todos los casos, improrrogable (art. 19, ley 18.345)(10). La prórroga de la competencia puede ser expresa o tácita. La primera, según el art. 2º, CPCCN(11), "se operará si surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden". La prórroga expresa requiere, pues, el concurso de la voluntad de ambas partes (pactum de foro prorrogando), exteriorizada a través de un contrato o de declaraciones unilaterales de un mismo contenido(12), de las que surja la intención inequívoca de someterse a los órganos de una determinada circunscripción, sea designándolos específicamente o constituyendo, en dicha circunscripción, un domicilio especial(13). Puede hacerse por medio de representante a quien se haya conferido facultad al efecto (art. 375, CCiv. y Com.)(14), y su eficacia sólo comprende a las partes y a sus herederos o sucesores universales; no así a los terceros (arts. 1021, 1022 y 1024, CCiv. y Com.), ni a los eventuales codemandados que no se hallen vinculados en razón de una obligación solidaria o indivisible(15). La prórroga tácita emerge de actitudes procesales asumidas por las partes, configurándose "para el actor, por el hecho de entablar la demanda; y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declinatoria" (art. 2º, CPCCN)(16), es decir, sin oponer la excepción de incompetencia. En términos generales, por lo tanto, existe prórroga tácita de la competencia cuando cualquiera de las partes cumple u omite cumplir un acto procesal del que se infiera su intención de someter al órgano judicial el conocimiento del fondo del asunto o el examen de algún requisito de la pretensión distinto de la propia competencia. De allí que configure sumisión tácita el hecho de que el actor formule, con carácter previo a la demanda, cualquier solicitud que se vincule con el conocimiento del fondo del asunto por una razón de conexión procesal, como ocurre con las medidas preliminares y precautorias y con el pedido de beneficio de litigar sin gastos (art. 6º, incs. 4º y 5º, CPCCN)(17). Las consideraciones precedentes son aplicables, en lo pertinente, a la prórroga de la competencia federal que autoriza el art. 12, inc. 4º, de la ley 48 (infra, nro. 237). 571   

b) Otro de los caracteres de la competencia está dado por su indelegabilidad. "La competencia tampoco podrá ser delegada — prescribe el art. 3º, apart. 1º, CPCCN—, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas". La aparente excepción que contempla la última parte de la norma transcripta no significa, sin embargo, que el juez requerido actúe por delegación del juez exhortante, pues el primero ejerce, en realidad, su propia competencia por razón del territorio, limitada al cumplimiento de las diligencias encomendadas. En cuanto a la ley procesal aplicable por el juez exhortado, así como al alcance de sus facultades, nos remitimos a lo expuesto supra, nro. 11, D).

230. Extensión La atribución de competencia comporta, para el órgano investido de ella, la posibilidad de ejercer todos los poderes inherentes al desempeño de la función judicial, se refieran ellos a la cognición, a la ejecución o a la adopción de medidas cautelares. En lo que respecta a la etapa de cognición, el juez competente posee atribuciones para conocer de la pretensión del actor y de la oposición u oposiciones formuladas por el demandado (una de las cuales le acuerda facultades para pronunciarse acerca de su propia competencia), de la reconvención y, en general, de los incidentes que se promuevan durante el curso del proceso, con excepción de aquellos planteados por terceros en los cuales prospere una recusación con o sin expresión de causa (supra, nro. 210, D]). En lo que atañe a la etapa de ejecución, la competencia incluye los poderes necesarios para que el juez, mediante la aplicación de las medidas coactivas admitidas por la ley, haga efectivo el cumplimiento de sus resoluciones. Finalmente, la competencia entraña el poder de adoptar, con anterioridad o durante el desarrollo del proceso, las medidas cautelares tendientes a asegurar la eficacia práctica de la decisión final.

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231. Determinación de la competencia a)(18)La competencia se determina, en cada caso, de conformidad con las normas vigentes y el estado de hecho existente al tiempo de iniciarse el proceso(19). En consecuencia, corresponde prescindir tanto de las normas que estaban vigentes en oportunidad de constituirse la relación jurídica o de producirse los hechos que configuran la causa de la pretensión, como de las circunstancias sobrevinientes al momento de interponerse la demanda(20). Debe estarse, por otra parte, a los elementos integrantes de la pretensión y no al contenido de las defensas deducidas por el demandado, ya que éstas no alteran el objeto del proceso y sólo inciden en la delimitación de las cuestiones litigiosas. En ese sentido, por lo demás, se ha pronunciado reiteradamente la jurisprudencia(21), cuyas conclusiones resumió la ley 22.434 al incorporar, como párrafo inicial del art. 5º del CPCCN, mantenido por la ley 25.488, el siguiente: "La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado"(22). b)(23)De acuerdo con el régimen instituido por el CPCCN, el órgano judicial cuenta, en principio, con dos oportunidades para pronunciarse acerca de su competencia. La primera de ellas coincide con la providencia a dictar con motivo de la presentación de la demanda: "Toda demanda —prescribe el art. 4º de dicho ordenamiento conforme con la redacción que le imprimió la ley 22.434— deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente". El texto anterior remitía al art. 8º, primer párrafo, que consagraba idéntica solución con referencia al caso de declararse procedente la declinatoria, de modo que se trató de una reforma meramente formal. La inhibición oficiosa del órgano judicial se halla sujeta, sin embargo, a dos limitaciones. La primera consiste en que aquélla no procede en el supuesto de resultar afectada alguna regla atributiva de competencia por razón del territorio, pues ésta puede ser objeto de prórroga cuando el proceso versa sobre una cuestión exclusivamente patrimonial. La ley 22.434 lo aclaró, acaso innecesariamente, al agregar, como último párrafo del art. 4º, que "en los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio". La segunda limitación está dada por la circunstancia de que la incompetencia del órgano se infiera de manera manifiesta e inequívoca de la propia exposición de los hechos formulados por el actor. De allí que 573   

el art. 337, segundo párrafo, del CPCCN, disponga que "si no resultare claramente de ellas (las demandas) que son de su competencia (los jueces), mandarán que el actor exprese lo necesario a ese respecto". La segunda oportunidad acordada por la ley corresponde al momento en que debe resolverse la excepción de incompetencia (art. 347, inc. 1º, CPCCN), el que difiere según la clase de proceso. Si se trata, en efecto, de un proceso ordinario, aunque de acuerdo con la reforma introducida por la ley 25.488 debe ser opuesta, como las restantes excepciones, juntamente con la contestación de demanda o la reconvención, corresponde resolverla como artículo de previo y especial pronunciamiento con sujeción a las normas de los arts. 350 y ss. del CPCCN. A diferencia del Código derogado, que autorizaba un nuevo pronunciamiento sobre la competencia en oportunidad de recibirse la causa a prueba en las cuestiones de hecho o al correrse el segundo traslado en las de derecho (art. 87), el CPCCN prescribe, en el art. 352, que "una vez firme la resolución que desestima la excepción de incompetencia, las partes no podrán argüir la incompetencia en lo sucesivo", agregando que ésta "tampoco podrá ser declarada de oficio". Sólo se exceptúa de esa regla "la incompetencia de la justicia federal, que podrá ser declarada por la Corte Suprema cuando interviniere en instancia originaria, y por los jueces federales con asiento en las provincias, en cualquier estado del proceso" (norma citada, apart. 2º). La excepción se justifica en razón del carácter limitado que, como veremos, reviste la competencia federal (infra, nro. 237), pero no alcanza a los órganos judiciales que tienen asignado ese tipo de competencia en la Capital de la República, por cuanto todos los jueces y tribunales que ejercen sus funciones en dicho distrito son nacionales en razón de su origen y, por lo tanto, no rige, con respecto a ellos, la limitación a que se encuentran sometidos los órganos federales del interior con respecto a la justicia provincial(24). Si se trata, en cambio, de procesos sumarísimos o ejecutivos, la segunda oportunidad prevista para la declaración de incompetencia es el pronunciamiento de la sentencia definitiva, porque de acuerdo con la forma en que han sido estructurados dichos procesos, el momento procesal destinado al examen de la correspondiente excepción coincide con el acto mencionado (arts. 498, inc. 2º, y 548 y 550, CPCCN)(25). Asimismo, debe destacarse que la limitación del art. 352 del CPCCN no rige en la justicia del Trabajo, pues en virtud del carácter de excepción que reviste la competencia laboral, los órganos respectivos están habilitados para declarar su incompetencia en cualquier estado del proceso(26). Finalmente, cuando se trata de incompetencia por razón del grado, derivada de la irrecurribilidad de la resolución impugnada, el tribunal de segunda instancia está habilitado para declarar de oficio la inadmisibilidad del recurso en cualquier estado del trámite anterior al pronunciamiento 574   

sobre el fondo de los puntos sometidos a su conocimiento, aunque ninguna de las partes hubiese planteado cuestión al respecto.

II. COMPETENCIA ORDINARIA

232. Generalidades Denomínase competencia ordinaria a la que se ejerce en todos aquellos supuestos no contemplados expresamente en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, es decir, en los asuntos cuyo conocimiento no ha sido asignado por razón del lugar, de la materia o de las personas, a los órganos judiciales que integran la justicia federal. De la circunstancia apuntada se sigue que el estudio a realizarse en el presente parágrafo comprenderá las atribuciones conferidas a la mayor parte de los órganos judiciales que tienen su asiento en la Capital Federal, pues no obstante el carácter nacional que todos ellos revisten en razón de su origen, el ordenamiento jurídico vigente ha establecido en dicho territorio una división de competencias basada fundamentalmente en la naturaleza ordinaria o específicamente federal de los asuntos. Más aún: el análisis que ha de efectuarse en los números que siguen girará primordialmente en torno a la competencia asignada a los órganos judiciales de la Capital Federal que no conocen, por regla general, de los casos mencionados en las aludidas disposiciones constitucionales, ya que el examen particularizado de la competencia conferida a los órganos judiciales con asiento en cada una de las provincias, aparte de exceder los límites de esta obra, ya ha sido parcialmente efectuado en oportunidad de ocuparnos de las distintas organizaciones judiciales locales (supra, nros. 136 a 159). Cabe aclarar, asimismo, que las reglas atributivas de competencia territorial que seguidamente han de analizarse, son también aplicables, en lo pertinente, a los órganos de la justicia federal con asiento en el interior de la República. De acuerdo con los criterios de clasificación mencionados en el nro. 228, se estudiarán sucesivamente las competencias por razón del territorio, por razón de la materia, por razón del valor y por razón del grado.

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233. Competencia por razón del territorio

A) Generalidades a) La competencia por razón del territorio se halla regulada, tanto por las leyes de fondo como por los ordenamientos procesales, sobre la base de una distinción primaria que atiende a la naturaleza real o personal de las "acciones deducidas". Sin embargo, de acuerdo con las consideraciones expuestas oportunamente acerca del significado que corresponde atribuir a la palabra "acción" (supra, nro. 74), la cual denota, a nuestro juicio, el simple poder o derecho de hacer valer una pretensión procesal, los vocablos "acciones reales" y "acciones personales", utilizados por la ley, deben entenderse en el sentido de derechos reales o personales invocados por las partes como fundamento de sus pretensiones. Y ése será el criterio que guiará el ulterior desarrollo del tema. b) Ya hemos expresado que el criterio territorial conduce a determinar la competencia sobre la base de la proximidad entre la sede del órgano judicial y el lugar en que se encuentra situado alguno de los elementos de la pretensión o petición que es objeto del proceso. Cabe destacar ahora que esa relación determinante del señalamiento de competencia recibe, tradicionalmente, el nombre de fuero, concepto que también se aplica, con respecto a las partes y peticionarios, para denotar la sede territorial donde aquéllos tienen el derecho de plantear sus pretensiones, peticiones y defensas(27). El fuero puede ser único o exclusivo o múltiple. Los fueros múltiples, a su vez, pueden encontrarse en un régimen de prelación, en forma tal de que exista un fuero principal y otro u otros subsidiarios (v.gr.: lugar de cumplimiento de la obligación, y a falta de lugar convenido, lugar del domicilio del deudor o de celebración del contrato), o bien hallarse en un mismo plano y ser, por lo tanto, electivos para el actor (v.gr.: lugar de situación de la cosa mueble o lugar del domicilio del demandado).

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B) Pretensiones reales En relación con las pretensiones fundadas en derechos reales, el ordenamiento procesal vigente fija distintas reglas de competencia sobre la base del carácter inmobiliario o mobiliario de los bienes que constituyen el objeto de tales derechos. a)(28)Frente al supuesto de deducirse pretensiones reales sobre bienes inmuebles, las leyes 22.434 y 25.488 se limitaron a reproducir el texto del art. 5º, inc. 1º, apart. 1º, del CPCCN, con arreglo al cual es juez competente "el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor". El fuero del lugar de situación de tal cosa (forum rei sitae) continúa siendo, pues, en principio, único y excluyente, y sólo funciona en forma conjunta con el del domicilio del demandado en el supuesto de que se trate de varios inmuebles o de uno solo situado en diferentes jurisdicciones judiciales, siempre que dicho domicilio coincida, respectivamente, con el lugar de alguno de ellos o con el de alguna de sus partes. La solución normativa descansa en la razonable suposición de que el órgano judicial con sede en el lugar de situación de la cosa es el que en mejores condiciones se encuentra para resolver el conflicto en razón de su proximidad con las pruebas y con el objeto de la pretensión. La misma regla es aplicable, de acuerdo con lo dispuesto por el párr. 2º del inciso citado, que tampoco fue objeto de reforma, "respecto de las acciones (pretensiones) posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio"(29). b) Cuando se deducen pretensiones reales sobre bienes muebles, es juez competente "el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor" (art. 5º, inc. 2º, CPCCN, también reproducido por las leyes citadas). La ley continúa fijando de tal manera dos fueros concurrentes y electivos (forum rei sitae o forum rei); pero si la pretensión versa sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, la competencia corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el párr. 2º de la norma citada, al juez del lugar en que están situados los bienes inmuebles.

C) Pretensiones personales(30)

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En el ámbito de este tipo de pretensiones corresponde incluir no sólo las derivadas de derechos creditorios, cualquiera sea su origen (contractual, extracontractual o legal), sino también las relativas a las relaciones de familia, al estado civil y a la capacidad de las personas, y las fundadas en los llamados derechosautopersonales o personalísimos.

En su versión originaria el CPCCN fijaba reglas atributivas de competencia territorial en relación con las primeras y a las que persiguen la declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, omitiendo, por innecesaria, la reproducción de las disposiciones que el Código Civil y leyes complementarias contienen acerca de la competencia en materia de las restantes pretensiones referentes a la capacidad y al estado civil, como las de divorcio, remoción de tutores o curadores, declaración de fallecimiento presunto, etcétera. La ley 22.434 contempló el caso de las pretensiones tendientes a la declaración de inhabilitación de alcoholistas habituales, toxicómanos, disminuidos mentales y pródigos, en concordancia con la norma contenida en el art. 152 bis del Código Civil no vigente al tiempo de promulgarse la ley 17.454 e introdujo ciertas precisiones, extraídas de la jurisprudencia predominante, con respecto a la competencia en las pretensiones de divorcio y de nulidad de matrimonio. La ley 25.488, a su turno, incorporó los supuestos relativos a las pretensiones de divorcio vincular y separación personal, así como las fundadas en el régimen de la propiedad horizontal. Hoy, todas estas previsiones han de ser compatibilizadas con las reglas que al respecto ha introducido el nuevo régimen de derecho privado que contiene el Código Civil y Comercial, a las que se hará mención más abajo. Para facilitar el estudio del tema, se lo subdividirá de la siguiente manera: 1º) Pretensiones fundadas en derechos creditorios de origen contractual. 2º) Pretensiones fundadas en derechos creditorios de origen extracontractual. 3º) Otras pretensiones personales de contenido patrimonial. 4º) Caso de pluralidad de demandados. 5º) Pretensiones declarativas de capacidad restringida e inhabilitación, familiares y de estado. Interesa señalar, finalmente, que el CPCCN regula con carácter general (art. 5º, inc. 12), o con referencia a supuestos específicos (íd., incs. 9º y 10), la competencia territorial aplicable a las peticiones procesales extracontenciosas. Pero el tema, pese a sus analogías con el relativo a las pretensiones personales, ha de ser estudiado por separado.

1º) Pretensiones fundadas en derechos creditorios de origen contractual

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a) En relación con este tipo de pretensiones la ley fija un fuero principal y tres fueros subsidiarios, dos de los cuales funcionan con carácter electivo. El fuero principal está constituido, según el art. 5º, inc. 3º, del CPCCN, por el lugar en que debe cumplirse la obligación (forum solutionis), regla esta que se ajusta a las disposiciones contenidas en los arts. 101 y 102 del CCiv. y que hoy pueden hallarse en las previsiones de los arts. 75 y 78 del CCiv. y Com. y concuerda con el propósito de facilitar la actividad procesal de las partes(31). Pero la designación del lugar de cumplimiento puede ser expresa o resultar implícitamente formulada en el contrato, siendo en este último caso función de los órganos judiciales desentrañar la voluntad de los contratantes en ese sentido. La doctrina jurisprudencial que a continuación se resume (generada en base a los textos del Código Civil de Vélez) es ilustrativa acerca del criterio adoptado por nuestros tribunales, especialmente por la Corte Suprema de Justicia al respecto: 1º) La justicia provincial de Mendoza, y no la nacional de la Capital Federal, es competente para conocer de un juicio sobre depósito de mercaderías y restitución de pagarés, pues sea que se trate de una compraventa o crédito o de una consignación de mercaderías efectuada en aquella ciudad, ésta sería el lugar donde, respectivamente, debía pagarse el precio (art. 1424, CCiv.), o venderse las mercaderías en cuestión(32). 2º) Corresponde a la justicia de la provincia de Catamarca y no a la de la Capital Federal conocer de la demanda por nulidad de un contrato de compraventa o rescisión del mismo, si la obligación del vendedor de entregar las máquinas vendidas, cuyo alegado incumplimiento origina el juicio, debía cumplirse en la ciudad de Catamarca, según resulta del convenio anexo al contrato de compraventa y de la correspondencia que existió entre las partes; a lo cual se agrega que el precio debía ser pagado en Catamarca. No importa que el texto impreso del contrato, celebrado en Buenos Aires, establezca que la mercadería será entregada sobre vagón en dicha ciudad(33). 3º) A falta de estipulación expresa en el boleto de compraventa, y aunque el inmueble objeto del contrato se encuentre situado en una provincia, compete a la justicia de la Capital Federal conocer de la demanda de escrituración si en ella fue suscripto el boleto, se pagó parte del precio y tenían su domicilio el demandado y el escribano designado para extender la escritura(34), aunque el lugar en que se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de una pretensión personal debe ser tenido en cuenta a los efectos de la competencia cuando concurren otras circunstancias presuntivas de haberse elegido ese lugar para la ejecución del contrato(35). 4º) Corresponde a la justicia de San Luis, y no a la de la Capital Federal, conocer de la demanda deducida por el comprador para obtener la reparación del perjuicio proveniente de los defectos de la cosa adquirida en Buenos Aires, donde fue puesta sobre vagón por el vendedor, si lo 579   

estipulado por las partes acerca del lugar, modo y tiempo del pago del precio y de otras obligaciones a cargo del adquirente, demuestra que se halla en dicha Provincia el lugar implícitamente convenido para el cumplimiento de la obligación(36). 5º) Es juez competente para conocer del juicio en que el vendedor demanda el pago del saldo del precio estipulado para la compraventa de su producción de uvas, el del lugar donde se hallan situados los inmuebles en los que el comprador debía cosechar la uva vendida, pues a falta de elementos de juicio que demuestren lo contrario, éste es el lugar del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la compraventa(37). 6º) Es competente la justicia en lo Comercial de la Capital Federal para entender en el juicio en el que se demanda el pago del precio de las cosas vendidas, si la tradición simbólica se habría efectuado mediante la entrega de las cartas de porte remitidas al escritorio de la demandada, sito en dicha ciudad(38). 7º) Es competente la justicia federal de Rawson (Chubut), y no la justicia de la Capital Federal, para conocer de la demanda deducida por una firma extranjera por cobro del precio de mercaderías no pagadas por la compradora, domiciliada en la Capital Federal, si de las circunstancias de la operación resulta que la mercadería fue recibida por el comprador en dicha Provincia, estableciéndose que ella, en caso de no efectuarse el pago, quedaría a disposición de los agentes del vendedor, ya que el lugar implícitamente convenido para el pago del precio o la devolución de la mercadería es, en el caso, aquel en que los bienes fueron recibidos por el comprador(39). 8º) Es juez competente para conocer de la pretensión tendiente al cobro del precio estipulado en un contrato de locación de servicios, el del lugar en que los servicios se han prestado(40). 9º) Si se trata de un contrato de locación de obra, la pretensión debe deducirse ante el juez del lugar donde la obra deba ejecutarse o se ejecutó(41), salvo que se haya celebrado el contrato y realizado pagos correspondientes a su cumplimiento en un lugar distinto al de ejecución de la obra(42). 10) No habiéndose convenido un determinado lugar para el cumplimiento del contrato de compraventa, pues ante el desconocimiento del vínculo contractual por el demandado no puede entenderse como tal la frase puesta al pie de las facturas, no conformadas por aquél, de que su importe "...se entiende pagadero en Buenos Aires", la acción personal intentada debe tramitarse ante el juez del domicilio del demandado(43). Frente a este panorama, la ley 22.434 aclaró el alcance del mencionado art. 5º, inc. 3º, en tanto determinó que la competencia corresponde al juez del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio. A falta de un lugar expresa o implícitamente convenido para el cumplimiento de la obligación, el CPCCN continúa resolviendo el problema de la competencia mediante la fijación de dos fueros subsidiarios electivos, por cuanto el actor puede interponer su pretensión ante el juez del lugar del domicilio del demandado (forum rei)(44)o el del lugar del contrato (forum 580   

contractus), siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación (art. 5º, inc. 3º). En cambio, los arts. 1215 y 1216 del derogado Código Civil acordaban al acreedor, indistintamente, los fueros correspondientes al lugar del cumplimiento del contrato y al lugar del domicilio o residencia del deudor. "En todos los contratos que deban tener su cumplimiento en la República —prescribía el art. 1215—, aunque el deudor no fuere domiciliado o residiere en ella, puede, sin embargo, ser demandado ante los jueces del Estado". El art. 1216 disponía, por su parte, que "si el deudor tuviese su domicilio o residencia en la República, y el contrato debiese cumplirse fuera de ella, el acreedor podrá demandarlo ante los jueces de su domicilio, o ante los del lugar del cumplimiento del contrato, aunque el deudor no se hallase allí". Hoy, con el nuevo CCiv. y Com. puede acudirse al texto del art. 2650, el que establece: "Jurisdicción. No existiendo acuerdo válido de elección de foro, son competentes para conocer en las acciones resultantes de un contrato, a opción de actor: a. los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Si existen varios demandados, los jueces del domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos; b. los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales; c. los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal o representación del demandado, siempre que ésta haya participado en la negociación o celebración del contrato". A ello habrá de ajustarse la interpretación del CPCCN que —como ya se dijera— resuelve el problema de la competencia mediante la fijación de dos fueros subsidiarios electivos, pues el actor puede deducir su pretensión ante el juez del lugar del domicilio del demandado (forum rei) o el del lugar del contrato (forum contractus), siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación (art. 5º, inc. 3º, apart. 1º)(45). Tal solución reconoce fundamento en una razón de justicia, como es la consistente en evitar las molestias y perjuicios que generalmente entraña el hecho de sustraer a aquél de sus jueces propios, cuando todavía no ha mediado pronunciamiento judicial alguno acerca de la pretensión deducida por el actor. A los efectos de la determinación del domicilio debe estarse a las disposiciones contenidas en el CCiv. y Com. (arts. 73 a 78, 152 y 2613 a 2615). La regla del forum contractus establecida concurrentemente con la del lugar del domicilio del deudor, debía correlacionarse con la norma contenida en el art. 1212 del derogado Código Civil, según el cual "el lugar del cumplimiento de los contratos que en ellos no estuviere designado, o no lo indicare la naturaleza de la obligación, es aquel en que el contrato fue hecho, si fuere el domicilio del deudor, aunque después mudare de domicilio o falleciere". Por lo tanto, la competencia de los jueces del lugar 581   

de celebración del contrato depende de dos requisitos: 1º) Que medie coincidencia entre dicho lugar y el del domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. 2º) Que, en oportunidad de practicarse la notificación de la demanda, el demandado resida, aunque sea accidentalmente, en el lugar en que el contrato fue celebrado. No es necesario, en consecuencia, que el deudor se halle radicado en ese lugar con intención de permanecer en él, sino que es suficiente la simple habitación aun con carácter accidental, que son las circunstancias que definen a la "residencia" (art. 92, derogado CCiv.). Es decir que el actor puede optar, según la norma citada (CPN, art. 5 inc. 3º), entre el juez del domicilio del demandado y el juez del lugar en que el contrato se celebró, "siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente". Basta, pues, la simple habitación en el lugar, aun con carácter accidental, que es la nota que define a la "residencia" en los términos del art. 92 del derogado CCiv., concepto al que hoy se refiere el art. 2613 in fine del CCiv. y Com. Finalmente, el tercer fuero subsidiario mencionado más arriba se halla contemplado por el párr. 2º del mencionado inc. 3º, en cuya virtud el que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia. b) En lo que atañe a los documentos comerciales, es preciso distinguir las reglas de competencia aplicables al cobro de letras de cambio, pagarés y cheques. En materia de letras de cambio la competencia se determina por el lugar que en ellas se ha designado para el pago y, a falta de especial indicación al respecto, por el lugar designado al lado del nombre del girado (art. 2º, dec.-ley 5965/1963). Es juez competente para conocer de la pretensión tendiente al cobro de un pagaré el del lugar indicado en el respectivo documento y, a falta de indicación especial, el del lugar de creación del título (art. 102, apart. 3º, dec.-ley cit.). Reiteradamente se ha decidido que el domicilio indicado al pie del pagaré prevalece para determinar el lugar del pago y protesto y, en consecuencia, también el órgano judicial competente para la ejecución(46), y que carece de eficacia, a tales efectos, el domicilio que consta como una indicación efectuada posteriormente a lápiz(47), pues en tal supuesto prima, como lugar de pago atributivo de competencia territorial, aquel donde el título fue emitido(48). Si se trata de cheques, el domicilio del girado contra el cual se libra el cheque determina la ley aplicable. El domicilio que el librador tenga registrado ante el girado podrá ser considerado domicilio especial a todos los efectos legales derivados del cheque (art. 3º, ley 24.452, Ley de Cheques). c) En materia de pretensiones laborales, la ley 18.435 (t.o. por dec. 106/1998) establece en su art. 24 que en las causas entre trabajadores y 582   

empleadores será competente, a elección del demandante, el juez del lugar del Trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o el del domicilio del demandado. El que no tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia. En las causas incoadas por asociaciones profesionales por cobro de aportes, contribuciones o cuotas, será competente el juez del domicilio del demandado. La ley establece, pues, fueros múltiples y electivos que propenden a allanar los obstáculos derivados de la distribución competencial que puede oponerse al mejor funcionamiento de los Tribunales del Trabajo, así como a evitar las dilaciones que, inevitablemente, producen las cuestiones de competencia. La Corte Suprema tiene reiteradamente decidido que la disposición transcripta reviste carácter nacional y autoriza, en causas derivadas del contrato de trabajo entre particulares, la intervención de los Tribunales del Trabajo provinciales, aun cuando la competencia federal hubiere correspondido por razón de las personas como ocurre, v.gr., en los supuestos de extranjería o de distinta vecindad de las partes(49), ya que los arts. 94 y 100 de la Constitución Nacional (hoy 108 y 116) no se oponen a la exclusión de dicha competencia en los casos de no existir, sea por la reducida entidad de los asuntos o por otras razones atendibles, los propósitos que fundamentalmente la informan(50). Pero esa doctrina sólo se refiere al ámbito de la competencia federal establecida en razón de las personas y entre particulares, no siendo aplicable a aquellas causas en que la Nación o una entidad nacional sea parte, aun cuando tales causas emerjan de relaciones laborales(51). A los efectos de la radicación de la demanda, es facultativo para el actor la elección del domicilio principal de la empresa o del domicilio especial establecido en el art. 152 del CCiv. y Com.(52). Asimismo, debe considerarse que el contrato de trabajo ha sido celebrado en la Capital Federal, si el dependiente fue tomado en la sucursal, situada en ese lugar, donde rendía cuenta de sus operaciones y percibía el importe que le correspondía(53). La norma, por lo demás, no es aplicable a las pretensiones deducidas por un sindicato de trabajadores contra un empleador, por cobro de contribuciones patronales fijadas en una convención colectiva, pues tal hipótesis, no contemplada por la norma citada, se rige por las disposiciones comunes establecidas en materia de competencia territorial a las cuales nos hemos referido más arriba(54).

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2º) Pretensiones fundadas en derechos creditorios de origen extracontractual El art. 5º, inc. 4º, del CPCCN, reproducido por la ley 22.434, acuerda en este caso un fuero múltiple electivo, pues confiere competencia para conocer de las pretensiones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, al órgano judicial del lugar de producción del hecho ilícito (forum comissi delicti), o al del lugar del domicilio del demandado (forum rei), a opción del actor.

3º) Otras pretensiones personales de carácter patrimonial a) En su momento, el CPCCN llenó un vacío de la legislación procesal anterior en tanto fijó reglas de competencia aplicables a determinadas pretensiones personales cuya fuente se halla constituida por derechos creditorios de origen contractual o legal. Son ellas las de rendición de cuentas, las fiscales y las que pueden promoverse entre socios. La ley 22.434 también las contempló, modificando parcialmente las reglas respectivas. Posteriormente, la ley 25.488 mantuvo el texto de tales reglas, y agregó al art. 5º un inciso referente a las pretensiones derivadas de la ley 13.512. b) En las pretensiones sobre rendición de cuentas (art. 5º, inc. 6º, CPCCN, de acuerdo con la reforma introducida por la ley 22.434 y mantenida por la ley 25.488) fijó un fuero principal, constituido por el lugar donde aquéllas deban presentarse, y dos fueros subsidiarios electivos que funcionan en el supuesto de no haberse determinado dicho lugar y son: el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes. Se eliminó, por lo tanto, el fuero correspondiente al lugar del domicilio del dueño de los bienes no conciliable con la naturaleza de la pretensión de que se trata y se sustituyó el lugar del "domicilio del obligado" por el más preciso y acertado del "domicilio de la administración" que coincide, por lo demás, con el principio establecido por el art. 74 del derogado CCom. Corresponde asimismo tener presente que siendo la obligación de rendir cuentas transmisible a los herederos, y revistiendo la pretensión carácter personal, fallecido el cuentadante aquélla debía interponerse, en virtud del fuero de atracción, ante el órgano judicial que conocía del correspondiente proceso sucesorio (art. 3284, inc. 4º, derogado CCiv.); pero la solución es distinta si la pretensión se interpone por los herederos frente a quien debió rendir cuentas al causante. La ley 22.434 agregó un párrafo mantenido por la ley 25.488, según el cual "en la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero 584   

si no estuviere especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor". La norma transcripta se refiere al caso contemplado por el art. 657 del CPCCN, el cual se configura cuando el obligado rinde cuentas en forma espontánea, sea porque el dueño de los bienes o titular de los negocios administrados se niega a recibirlas, o porque, por cualquier motivo, el primero debe utilizar la vía judicial para liberarse de la obligación. c) Respecto de las pretensiones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas, y siempre que no existan disposiciones en contrario, la competencia se determina sobre la base de un fuero múltiple y electivo que está dado por el lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización; el lugar en que dichos impuestos, tasas o multas deban pagarse y el lugar del domicilio del deudor. Esta regla, de acuerdo con la reforma impresa por la ley 22.434 al art. 5º, inc. 7º, del CPCCN, mantenida por la ley 25.488, no se modifica por razones de conexidad con otras pretensiones, pero sí a raíz de la vigencia del fuero de atracción, por cuanto el nuevo texto, a diferencia del originario, no aludió a dicho fuero. Por lo tanto, las pretensiones de que se trata podían interponerse y proseguirse ante el juez que conocía del proceso sucesorio del deudor (art. 3284, inc. 4º, derogado CCiv.) o de su quiebra (art. 132, ley 24.522). d) En materia de pretensiones derivadas de las relaciones societarias, el art. 5º, inc. 11, CPCCN, modificado por la ley 22.434, y mantenido por la ley 25.488, fijó como principio un fuero exclusivo que depende del tipo de sociedades de que se trate. De tal modo es juez competente el del lugar del domicilio social inscripto, y si la sociedad no requiere inscripción (como ocurre con las simples asociaciones, CCiv. y Com., arts. 187 a 192) el lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social (art. 5º, inc. 11). La ley 25.488, finalmente, incorporó como inc. 13 de la misma norma, la pretensión por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de la propiedad horizontal, o cualquier otra pretensión derivada de la aplicación de dicho régimen (v.gr., inobservancia de las prohibiciones contempladas en el art. 2047, CCiv. y Com.), a cuyo respecto se ha atribuido competencia al juez del lugar de la unidad funcional de que se trate. Se instituyó de tal manera, contrariamente al criterio jurisprudencial predominante, un fuero único y excluyente, y no optativo con el del domicilio del demandado, pues la eventual circunstancia de que tal domicilio no coincida con la sede de la unidad funcional sólo incide con el lugar en el que corresponde notificar el traslado de la demanda y no opera un desplazamiento de la competencia(55).

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4º) Caso de pluralidad de demandados En el inc. 5º del art. 5º, reproducido por la ley 22.434, el CPCCN contempla el supuesto de pretensiones personales interpuestas contra varias personas vinculadas por un nexo obligacional indivisible o solidario (litisconsorcio pasivo), y atribuye competencia para conocer de ellas al órgano judicial de cualquiera de los demandados, a elección del actor, creando de tal manera un fuero múltiple y electivo. La norma, que recoge las conclusiones de una reiterada doctrina jurisprudencial, es aplicable cualquiera sea la fuente (contractual, extracontractual o legal) del derecho invocado como fundamento de la pretensión, siempre que la obligación cuyo cumplimiento se reclama revista carácter solidario o indivisible, y es extensiva, naturalmente, a los supuestos de litisconsorcio necesario, en los cuales existe una pretensión única con pluralidad de sujetos legitimados. Interesa finalmente puntualizar que la norma es inaplicable, en la justicia federal, si no concurren los requisitos exigidos en el art. 10 de la ley 48.

5º) Pretensiones declarativas de incapacidad, familiares y de estado a) Salvo en lo que concierne a las pretensiones por declaración de incapacidad e inhabilitación, y a las precisiones introducidas por las reformas con respecto a las de divorcio vincular, separación personal y nulidad de matrimonio, el CPCCN no regula la competencia de los órganos judiciales en relación con el restante tipo de pretensiones aludidas en el epígrafe, por cuanto la cuestión se hallaba contemplada por diversas disposiciones contenidas en el derogado Código Civil y leyes complementarias y hoy lo está en el CCiv. y Com. b) Respecto de las pretensiones por divorcio y nulidad de matrimonio, el art. 5º, inc. 8º, del CPCCN, de acuerdo con la reforma que le introdujo la ley 22.434, y en concordancia con las pautas emergentes del art. 104 de la Ley de Matrimonio Civil, entonces vigente, comenzó por asignar el carácter de fuero exclusivo al del lugar "del último domicilio conyugal, considerándose tal el que tenían los esposos (en la República) al tiempo

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de su separación", con lo que se limitó a receptar las conclusiones de una reiterada jurisprudencia(56). Agregó el mencionado inciso que "si el marido no tuviera su domicilio en la República, regirá lo dispuesto en el art. 104 de la ley 2393", el cual determinaba el fuero correspondiente al último domicilio que aquél hubiese tenido en el país, e instituía una regla de jurisdicción internacional exclusiva si, además, el matrimonio se hubiese celebrado en la Argentina. La norma analizada concluía disponiendo que "no probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia". Por lo tanto, a falta de prueba acerca del domicilio en el cual los cónyuges convivieron efectivamente con anterioridad a la separación, la competencia corresponde, por tratarse de una pretensión personal, al juez del lugar del domicilio del demandado (fuero principal), y careciendo éste de domicilio fijo, al del lugar en que se encuentre o al de su última residencia (fueros subsidiarios electivos). Finalmente, la ley 25.488 adecuó el inc. 8º del art. 5º a la norma contenida en el art. 227 del derogado Código Civil en su versión derivada de la ley 23.515, y dispuso en consecuencia que en las pretensiones de "separación personal, divorcio vincular y nulidad de matrimonio", es competente el juez "del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado a elección del cónyuge actor", y agregó que "si uno de los cónyuges no tuviera su domicilio en la República, la acción podrá ser intentada ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiera celebrado en la República", y "no probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia". No cabe en la actualidad, por lo tanto, formular distingos fundados en el sexo de los cónyuges, aunque la regla concerniente al domicilio fuera de la República debe considerarse condicionada a la celebración del matrimonio en ella. Respecto de esta última cuestión se ha puesto en duda la constitucionalidad del agregado con apoyo en el hecho de que no figuraba en el Código Civil(57), a lo que se ha replicado que siendo las reglas sobre competencia de resorte procesal la ley de la materia puede preverlas siempre que con ello no se altere la ley de fondo(58). Pero ha de entenderse, en realidad, que revistiendo la ley 25.488 el mismo carácter nacional que el Código Civil resulta indiferente la naturaleza procesal o sustancial de las normas respectivas. El CCiv. y Com., respecto del tema, prevé dos normas: art. 717 "Procesos de divorcio y nulidad del matrimonio. En las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges si la 587   

presentación es conjunta. Si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno de los cónyuges, en la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio es competente el juez del proceso colectivo" y art. 718 "Uniones convivenciales. En los conflictos derivados de las uniones convivenciales, es competente el juez del último domicilio convivencial o el del demandado a elección del actor". c) En los procesos de determinación de la capacidad de ejercicio, constituye fuero principal el lugar del domicilio del demandado, y fuero subsidiario el lugar de su residencia (art. 5º, inc. 8º, párr. 2º, CPCCN, modificado por ley 22.434)(59). En los procesos de rehabilitación, es juez competente, de conformidad con la norma citada, el que declaró la interdicción. Ello viene hoy contemplado por el art. 36 del CCiv. y Com., "Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio. La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados". d) Ejercicio de la responsabilidad parental. Dado que se trata de un conjunto de deberes y derechos que se ejerce respecto de menores de edad (art. 638, CCiv. y Com.(60)), es competente para conocer de las mencionadas pretensiones el juez del lugar donde el menor tenga su centro de vida, según el art. 716 del CCiv. y Com. "Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida"(61)y (62). e) Suspensión y remoción de tutores y curadores. La competencia corresponde, en esas hipótesis, al juez que intervino en el discernimiento de la tutela o de la curatela. f) Alimentos y litisexpensas. Al respecto corresponde formular una distinción sobre la base de que la pretensión emerja o no de relaciones matrimoniales. En el primer supuesto, si la pretensión se deduce mientras dura la tramitación del juicio de divorcio o de nulidad de matrimonio, debe radicarse, por razones de conexión, ante el juez que conoce en dichos juicios (art. 6º, inc. 3º, CPCCN)(63). No existiendo éstos, es competente el juez del último domicilio conyugal(64); pero si ha recaído sentencia definitiva

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en el juicio de divorcio o nulidad del matrimonio, la competencia corresponde al juez del domicilio del demandado (infra, nro. 253, c]). En el supuesto de que la pretensión por alimentos o litisexpensas no emerja de relaciones matrimoniales, debe deducirse ante el juez del domicilio del demandado(65). Ello siempre que no se trata de alimentos a favor de menores, en cuyo caso predominará la regla del art. 716 del CCiv. y Com. ya transcripto. g) Adopción. Es juez competente para la adopción el que otorgó la guarda preadoptiva o, a elección de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño tiene su centro de vida si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión (CCiv. y Com., art. 615)

6º) Pretensión de amparo De acuerdo con lo dispuesto en el art. 4º, apart. 1º, de la ley 16.986, es competente para conocer de la pretensión del amparo el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto impugnado se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto.

D) Peticiones extracontenciosas a) En materia de peticiones procesales extracontenciosas, el CPCCN, siguiendo el criterio adoptado por los Códigos de Jujuy (art. 21, inc. 9º) y Santa Fe (art. 4º, in fine), establece, como principio general, que "en los procesos voluntarios (será juez competente) el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan, agregando salvo en el proceso sucesorio o disposición en contrario" (art. 5º, inc. 12, modif. por la ley 22.434). La alusión al proceso sucesorio, por un lado, resulta manifiestamente innecesaria en tanto el art. 2336 del Código Civil y Comercial instituye una clara y específica regla de competencia, y las disposiciones en contrario son, por otro lado, numerosas y se hallan contenidas tanto en el CPCCN como en las leyes de fondo. b) En el CPCCNexisten dos casos de procesos voluntarios que responden a una regla de competencia distinta. Tales son los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, en los cuales la competencia se atribuye al juez del lugar donde éstas se 589   

otorgaron o protocolizaron (art. 5º, inc. 9º, reproducido por la ley 22.434), y el de protocolización de testamentos, que compete al juez del lugar donde debe iniciarse la sucesión (art. 5º, inc. 10, sustancialmente reproducido por la ley citada). c) La ley civil, por su parte, fija distintas reglas de competencia en materia de discernimiento de tutela(66), autorizaciones para contraer matrimonio, comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos(67), e inscripciones, rectificaciones y asientos relativos al estado civil(68).

E) Procesos universales a) Proceso sucesorio. "La competencia para entender en el juicio sucesorio —dispone el art. 2336, primera parte, del Código Civil y Comercial— corresponde al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 9ª, Capítulo 3, Título IV del Libro Sexto". El domicilio que en tal caso determina la competencia es el lugar de la residencia habitual del causante, con prescindencia de que el fallecimiento de éste se haya producido cuando residía accidentalmente en otro lugar. A los efectos de la determinación del domicilio, el juez debe atenerse a la prueba que se produzca, y otorgar preferencia a las manifestaciones contenidas en el testamento o en instrumentos públicos de fecha próxima a la de la muerte del causante(69), siempre que ellos no resulten desvirtuados por prueba suficiente. De allí que la circunstancia de que el certificado de defunción indique un lugar determinado como domicilio del causante, y de que el fallecimiento haya ocurrido en ese lugar, resulte irrelevante para determinar la competencia cuando existe prueba fehaciente en sentido contrario, incluso testimonial(70). La jurisprudencia, sin embargo, tiene decidido que siendo contradictoria y poco clara la prueba producida para acreditar el último domicilio del causante, y no resultando que haya otros herederos que los presentados en el juicio sucesorio iniciado ante el juez del lugar del domicilio de aquéllos, corresponde admitir la competencia de dicho juez, de conformidad con el principio establecido en el art. 3285 del derogado Código Civil(71). En el supuesto de que el causante hubiese tenido un domicilio legal, es competente para conocer en la sucesión el juez del lugar de ese domicilio, aunque éste no fuese la residencia de la familia o el asiento principal de sus negocios(72). "Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse, a su opción, ante el juez del 590   

último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único" (último párrafo del art. 2336, CCiv. y Com.)(73). b) Concursos y quiebras: La ley 24.522 dispone al respecto: "Art. 3º. Juez competente.— Corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria, de acuerdo a las siguientes reglas: 1) Si se trata de personas de existencia visible, al del lugar de la sede de la administración de sus negocios; a falta de éste, al del lugar del domicilio. 2) Si el deudor tuviere varias administraciones es competente el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal; si no pudiere determinarse esta calidad, lo que es el juez que hubiere prevenido. 3) En caso de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, y las sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte —con las exclusiones previstas en el art. 2º— entiende el juez del lugar del domicilio. 4) En el caso de sociedades no constituidas regularmente, entiende el juez del lugar de la sede; en su defecto, el del lugar del establecimiento o explotación principal. 5) Tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de la administración en el país; a falta de éste, entiende el del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso". "Art. 64. Quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo.— En todos los casos en que se declare la quiebra, estando pendiente de cumplimiento un acuerdo preventivo, se aplican los incs. 6º y 7º del art. 62. Es competente el juez que intervino en el concurso preventivo y actúa el mismo síndico". "Concurso en caso de agrupamiento (...) Art. 67. Competencia.— Es competente el juez al que correspondiera entender en el concurso de la persona con activo más importante según los valores que surjan del último balance" (apart. 1º). "Extensión de la quiebra (...) Art. 162. Competencia.— El juez que interviene en el juicio de quiebra es competente para decidir su extensión. Una vez declarada la extensión, conoce en todos los concursos el juez competente respecto de aquel que prima facie posea activo más importante. En caso de duda, entiende el juez que previno. Idénticas reglas se aplican para el caso de extensión respecto de personas cuyo concurso preventivo o quiebra se encuentren abiertos, con conocimiento del juez que entiende en tales procesos"(74).

234. Competencia por razón de la materia(75)

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A) Generalidades La competencia ordinaria de los órganos judiciales de la Capital Federal se halla fundamentalmente dividida en cuatro materias: civil, comercial, laboral y penal. El conocimiento de los asuntos vinculados a las tres primeras corresponde, respectivamente, a los Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo. Cabe destacar, igualmente, que las leyes asignan a diversos tribunales de la Capital competencia en materia contencioso-administrativa, mediante la institución de recursos que se conceden contra decisiones adoptadas por organismos de la administración. Con prescindencia de la competencia penal, que es ajena al contenido de esta obra, estudiaremos sucesivamente las competencias civil y comercial, laboral y contencioso-administrativa. Corresponde señalar, finalmente, que la competencia para conocer en las pretensiones de amparo debe determinarse en función de la naturaleza del acto impugnado; pero si las reglas atributivas de competencia por razón de la materia engendraren dudas razonables, el juez requerido debe conocer de la pretensión (art. 4º, apart. 2º, ley 16.986).

B) Competencia civil y comercial a)(76)Los arts. 43 y 43 bis del dec.-ley 1285/1958 delimitan, con las reformas de la ley 23.637, la competencia de la Justicia Civil y de la Comercial. Conforme a la primera de las normas citadas los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal, conocerán en todas las cuestiones regidas por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero. Conocerán, además, en las siguientes causas: a) en las que sea parte la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, excepto en las de naturaleza penal; b) en las que se reclame indemnización por daños y perjuicios provocados por hechos ilícitos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 29 del Código Penal; c) en las relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes o a la responsabilidad civil de aquéllos. A los efectos de esta ley, sólo se considerarán profesionales las actividades reglamentadas por el Estado(77). Cabe añadir que, hasta tanto se pongan en funcionamiento tribunales con 592   

competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas, el art. 4º de la ley 23.637 dispone que ocho de los actuales Juzgados de Primera Instancia en lo Civil conocerán en forma exclusiva y excluyente de dichos asuntos, ascendiendo aquéllos, actualmente, a veinticuatro. A su turno, el art. 43 bis del dec.-ley 1285/1958 asigna a los jueces nacionales de primera instancia en lo Comercial competencia para conocer en todas las cuestiones regidas por las leyes mercantiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero(78), como así también: a) en los concursos civiles; b) en las acciones civiles y comerciales emergentes de la aplicación del dec. 15348/1946, ratificado por la ley 12.962 (prenda con registro); c) en los juicios derivados de contratos de locación de obra y de servicios, y los contratos atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquéllos cuando el locador sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil; pero cuando en estos juicios también se demanda a una persona por razón de su responsabilidad profesional, el conocimiento de la causa corresponde a los jueces en lo Civil. Si bien las normas citadas adhieren, en principio, a la regla conforme a la cual la delimitación de las competencias civil y comercial debe hacerse con criterio objetivo, o sea teniendo en cuenta la naturaleza del acto o del hecho sobre el que versa el proceso y prescindiendo de que las partes, o sólo una de ellas, revista la calidad de comerciante, contemplan diversas excepciones. El art. 43, por un lado, prescinde de la naturaleza civil de los actos determinantes de los juicios en los que es parte la Municipalidad de Buenos Aires y confiere competencia a la justicia civil para conocer, v.gr., en causas que pueden versar sobre actos objetivos de comercio, como ocurre en aquellas en que se ventilan las relaciones contractuales contraídas entre ciertos profesionales como los corredores y martilleros y sus clientes (art. 8º, inc. 3º, derogado CCom.). El art. 43 bis, por otro lado, y más allá de que en la actualidad no cabe hablar de "concursos civiles", otorga competencia a la justicia en lo comercial para conocer en pretensiones que tienen como objeto actos objetivamente civiles, según ocurre con las de esa naturaleza que emergen de la aplicación de la Ley de Prenda con Registro, con los contratos de locación de servicios y de locación de obra, y hace además una concesión al criterio subjetivo en tanto condiciona la competencia comercial, cuando se trata de dichos contratos o de contratos atípicos a los que resultan aplicables las normas relativas a aquéllos (v.gr., contratos de elaboración), al requisito de que el locador sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil(79). El análisis que efectuaremos seguidamente ilustrará acerca del alcance del criterio expuesto. Criterio que, en el futuro, puede llegar a ser objeto de un nuevo análisis respecto de su vigencia luego de la sanción del Código Civil y Comercial unificado.

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1º) Compraventa Corresponde a la justicia civil el conocimiento de las pretensiones sobre cumplimiento o rescisión de contratos o de boletos de compraventa referentes a bienes inmuebles, ya que el art. 452, inc. 1º, del derogado Código de Comercio no consideraba mercantiles a "las compras de bienes raíces y muebles accesorios"(80), salvo que estos últimos lo sean con respecto al comercio, "para prepararlo o facilitarlo". La jurisprudencia, sin embargo, se ha pronunciado en favor de la competencia de la justicia comercial en ciertos casos de pretensiones fundadas en operaciones inmobiliarias conexas con actos mercantiles. En ese orden de ideas se ha resuelto, por ejemplo, que compete a la justicia comercial conocer en la pretensión que, no obstante perseguir la escrituración de un inmueble, la causa y el objeto de la operación revisten naturaleza comercial (en el caso, cumplimiento del aporte de capital a una sociedad comercial)(81); en la pretensión por la rescisión de la compra de departamentos de un inmueble, si el respectivo contrato se celebró junto con otro de naturaleza comercial (construcción de la estructura de hormigón), cuya rescisión también se reclama, y resulta comprobado que ambos constituían una sola operación, en la cual el de mayor importancia era el acto comercial y lo accesorio la compra de los departamentos(82); etcétera. Se ha decidido, por otra parte, que el Código de Comercio excluye la comercialización de los actos que versen sobre inmuebles sólo cuando aquéllos están incluidos en los arts. 8º, incs. 1º y 2º, y 452, inc. 2º, pues existen otros expresa o implícitamente incluidos (arts. 8º, inc. 3º [corretaje], y 6º [seguro]). Por lo tanto, es de la competencia de la justicia comercial la pretensión fundada en un contrato de ahorro y préstamo para la vivienda, el cual reviste un carácter complejo que no puede reducirse a un mero mutuo a cargo de la demandada, y la contratación se hace, por imposición legal, en forma de empresa (art. 8º, inc. 5º)(83). Los juicios concernientes a la compraventa de cosas muebles corresponden a la competencia de la justicia comercial en el supuesto de que aquéllas se hayan adquirido para lucrar con su enajenación (art. 8º, incs. 1º y 2º, derogado CCom.)(84). Pero sería competente la justicia civil en el caso de que el comprador hubiese adquirido la cosa mueble para su uso personal(85), sin perjuicio de que, si el vendedor reviste la calidad de comerciante, se aplique la legislación mercantil, en virtud de lo dispuesto en el art. 7º del derogado Código de Comercio(86).

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2º) Locación a) En principio, las pretensiones fundadas en contratos de locación de cosas muebles pertenecen a la competencia de la justicia civil(87), salvo que dichas cosas constituyan el elemento de actividades comerciales, como ocurre, v.gr., en el supuesto de hallarse afectadas al funcionamiento de un fondo de comercio(88). b) Con relación a las pretensiones emergentes de un contrato de locación de obra, el art. 1º, inc. c), de la ley 16.732, en tanto atribuía su conocimiento a la justicia civil, hizo perder virtualidad al distingo jurisprudencial fundado en el modo de cumplimiento de dicho contrato(89). c) Las cuestiones judiciales suscitadas con motivo de un contrato de locación de servicios que no entrañe la existencia de un vínculo laboral con relación de dependencia, deben ventilarse ante los órganos de la justicia civil. En consecuencia, compete a dichos órganos el conocimiento de las pretensiones tendientes al cobro de honorarios extrajudiciales devengados en la ejecución de trabajos profesionales, aun en el caso de que éstos se hayan prestado a un comerciante y se hayan solicitado con fines comerciales(90).

3º) Mutuo Con respecto a la determinación de los órganos judiciales competentes para conocer de las pretensiones derivadas de un contrato de mutuo, corresponde formular un distingo sobre la base de que aquél se encuentre o no garantizado con hipoteca. En el primer caso, la ley 16.732 atribuyó competencia exclusiva a la justicia civil, aun cuando el crédito correspondiente fuese de naturaleza comercial(91). En el segundo caso, es menester atenerse al género o al destino, civil o comercial, acordado a la cosa dada en préstamo así como a la calidad de comerciantes de ambos contratantes, o por lo menos del deudor (art. 558, derogado CCom.)(92).

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4º) Mandato A los efectos de la determinación de la competencia, en esta materia, debe estarse al objeto del mandato, en los términos, respectivamente, de los arts. 1869 del Código Civil y 223 del Código de Comercio, ambos ya derogados. De allí que en los frecuentes supuestos de pretensiones tendientes al cobro de retribuciones en concepto de comisión por la venta de bienes inmuebles, aquéllas corresponden al conocimiento de la justicia civil cuando el actor no se ha limitado a intermediar entre la oferta y la demanda, poniendo en contacto a los interesados para facilitar o promover la operación, sino que ha sido facultado para celebrar el respectivo contrato en nombre de una de las partes(93), siendo irrelevante, para el caso, su condición de rematador o comerciante(94).

5º) Corretaje Las pretensiones fundadas en un contrato de corretaje son en todos los casos de la competencia de la justicia comercial, con prescindencia de la naturaleza civil del contrato a que se refiere(95), o de lo que sobre el punto puedan haber convenido las partes(96).

6º) Seguros Dado que el contrato de seguro constituye un acto de comercio (art. 8º, inc. 6º, del derogado CCom.), corresponde a la justicia comercial el conocimiento de las pretensiones relativas al cumplimiento o a la interpretación de dicho contrato, siempre que el litigio se suscite entre el asegurador y el asegurado, o entre cualquiera de éstos y alguna persona directamente vinculada a la relación contractual. De allí que sea competente la justicia civil, y no la comercial, cuando, v.gr., sólo están en juego los derechos que, al margen del contrato de seguro, discuten dos personas que se titulan beneficiarios en razón de atribuirse la voluntad del asegurado en la constitución del beneficio(97), o el demandado es extraño a la relación contractual existente entre el asegurado y el asegurador, y 596   

este último reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios que reconocen como fuente actos y hechos ilícitos(98).

7º) Sociedades Si bien las sociedades son civiles o comerciales por su objeto (arts. 1648, derogado CCiv., y 1º, ley 19.550), a los efectos de determinar la competencia en el supuesto de que sean actoras o demandadas en un proceso, corresponde atenerse al criterio objetivo que, según hemos visto más arriba, constituye la pauta directriz en esta materia(99). Por lo tanto, la sola circunstancia de que litigue una sociedad comercial no determina, necesariamente, la competencia de la justicia comercial, salvo que el proceso involucre alguna cuestión relativa a su constitución, funcionamiento, disolución y liquidación(100). Tal conclusión es incluso aplicable a las sociedades anónimas(101)y, a partir de la promulgación de la ley 16.732, a las sociedades de responsabilidad limitada, pues el art. 2º de dicha ley modificó el art. 3º de la ley 11.645 —hoy también derogada por el art. 385 de la ley 19.550—, según el cual todos los actos realizados por esa clase de sociedades son de carácter comercial agregando, como segundo apartado, que "sin embargo, la competencia judicial para entender en las acciones derivadas de contratos celebrados por estas sociedades donde los fueros civil y comercial estuvieren separados, se determinará por la naturaleza civil o comercial de dichos contratos"(102). Finalmente, el carácter de sujetos del derecho comercial que revisten las sociedades cooperativas, no las excluye, en materia de competencia, de los principios precedentemente formulados(103). Lo mismo cabe decir respecto de las sociedades mutuales(104).

8º) Cobro de documentos Incumbe a los órganos de la justicia comercial el conocimiento de las pretensiones tendientes al cobro de letras de cambio, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al portador (art. 8º, inc. 4º, derogado CCom.), con prescindencia del origen (civil o comercial) de la deuda documentada en ellos(105). Sin embargo, con olvido del carácter abstracto de los papeles de comercio, se ha resuelto, erróneamente, que corresponde a la justicia civil conocer en la ejecución de un préstamo civil 597   

documentado en un pagaré a la orden, siempre que se acredite debidamente, por instrumento público o privado, la existencia del contrato principal del que dicho documento constituye un accesorio(106).

9º) Pretensiones resarcitorias Es menester atenerse, en estos casos, a la fuente de la responsabilidad invocada como fundamento de la pretensión. Si se trata, en efecto, de una pretensión por daños y perjuicios de origen contractual, la competencia corresponderá a la justicia civil o a la justicia comercial según la naturaleza que, respectivamente, revista del contrato. En cambio, la competencia para conocer de las pretensiones por indemnización de daños y perjuicios provocados por hechos ilícitos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 29 del Código Penal, pertenece en todos los casos a la justicia civil. Así lo establecía el art. 1º, inc. b), de la ley 16.732(107), norma que vino a hacer perder virtualidad a la jurisprudencia que distinguía según que el delito o el cuasidelito se hallase vinculado o se hubiese producido, o no, con motivo de la actividad específica del comerciante(108).

10) Otras cuestiones Es competente la justicia comercial para conocer en: a) La demanda por daños y perjuicios derivados de un contrato de garaje, cuya naturaleza similar a la del depósito excluye la competencia de la justicia civil en razón de no mediar gratuidad(109). b) La demanda entablada contra una sociedad anónima por el participante en un programa radiotelefónico de preguntas y respuestas, mediante la cual se persigue la nulidad del fallo del jurado sobre una de sus respuestas y la indemnización de los daños sufridos(110). c) La demanda intentada por una organización, propiedad de un médico, mediante la cual se persigue el cobro por prestación de servicios y asistencia médico-quirúrgica, asesoramiento, etc., a un comerciante para su personal de trabajadores(111).

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C) Competencia laboral a)(112)Dentro de la línea establecida por el art. 3º de la ley 12.948, pero con mayor minuciosidad y amplitud, prescribe el art. 20 de la ley 18.345 (t.o. por dec. 106/1998) que "serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, en general, las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualquiera fueren las partes incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo; y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél. La competencia también comprenderá a las causas que persigan sólo la declaración de un derecho, en los términos del art. 322, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial". Los arts. 21 a 25 de la ley citada contemplan casos especiales de competencia, los supuestos de competencia exclusiva de los jueces de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones, el alcance de la competencia territorial y la excepción a las reglas del fuero de atracción en los casos de muerte, quiebra o concurso del demandado. b) Los "conflictos de derecho" que, de acuerdo con la norma transcripta, determinan la competencia material de la justicia del Trabajo, son todas aquellas diferencias que pueden suscitarse con motivo de la interpretación o del cumplimiento de un contrato individual, de una convención colectiva o de disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo(113). La nota que fundamentalmente caracteriza a ese tipo de conflictos consiste, pues, en la circunstancia de que en ellos se encuentra siempre involucrada una norma laboral preestablecida(114). Por lo tanto, el conflicto no pierde esa naturaleza por el hecho de que se plantee, como dice la ley, "entre empleadores y trabajadores" y a raíz de una relación individual de trabajo, o bien entre un empleador y una asociación profesional o entre dos o más asociaciones de ese tipo, con motivo, v.gr., del cobro de aportes sindicales fijados en un convenio colectivo(115). Siempre que la controversia gire alrededor de normas contractuales o legales vigentes, en tales hipótesis cabe hablar, respectivamente, de conflictos de derechos individuales o colectivos, en razón de que en este último caso se encuentran comprometidos los intereses de todo un grupo social(116).

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En cambio, la justicia del Trabajo es incompetente para conocer de los denominados "conflictos de intereses" o "económicos", a los cuales caracteriza, esencialmente, el hecho de hallarse al margen de un derecho preestablecido, y de perseguir, generalmente, la fijación de nuevas condiciones de trabajo, afectando por lo tanto al grupo de trabajadores como colectividad laboral(117). En nuestro régimen jurídico, este tipo de conflictos se resuelve mediante el procedimiento de conciliación obligatoria y arbitraje facultativo previsto por la ley 14.786 y, desde la sanción de la ley 16.936, a través del arbitraje obligatorio del Estado(118). Sólo en el caso de que las partes en conflicto sean aquéllas que pueden celebrar una convención colectiva y llegar a un entendimiento directo con o sin intervención de la Secretaría de Estado de Trabajo, el diferendo se resuelve mediante una convención colectiva regida por las disposiciones de la ley 14.250. c) El art. 3º de la ley 12.948 formulaba(119)una distinción de las pretensiones determinantes de la competencia laboral, atendiendo, por un lado, a la naturaleza de la relación contractual que liga a las partes (contratos de trabajo, de empleo, de aprendizaje o de ajuste de servicios), y, por otro, al carácter de las normas jurídicas en que la pretensión se sustenta (disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo). En el primer caso, la justicia del trabajo era competente aun en el supuesto de que la pretensión se fundara en normas del derecho común, no derogadas expresa o implícitamente por otras específicamente dictadas sobre materia laboral, o bien en normas análogas que resultaban aplicables con carácter supletorio(120). En el segundo supuesto, primaba la naturaleza laboral de la norma invocada como fundamento jurídico de la pretensión, aunque la invocación inicial de otro tipo de normas no obstaba a la competencia que analizamos si la solución definitiva del pleito había de versar, necesariamente, sobre puntos vinculados en forma directa con el derecho del trabajo y las normas que lo reglamentan(121). d) Los contratos de trabajo, de empleo, etc., a que se refiere la norma examinada, son todos aquellos que comportan una prestación de servicios realizada bajo una relación de dependencia(122)y mediante al pago de una determinada remuneración(123), siendo indiferente la naturaleza de las actividades desarrolladas por el empleador (comerciales, industriales, civiles o rurales) y la forma de la remuneración (mensual, a jornal o a destajo). Dado, por lo tanto, que la admisibilidad de la competencia de la justicia laboral requiere necesariamente la existencia de un contrato de trabajo subordinado, cuya característica esencial consiste en que el trabajador pone a disposición del empleador sus energías laborativas con prescindencia del resultado de éstas, dicha competencia no procede cuando se trata del llamado trabajo autónomo, en el cual la finalidad reside 600   

en el resultado del trabajo y el riesgo es asumido por el trabajador independiente(124). Tampoco cuando se presume, salvo prueba en contrario, que los trabajos se han realizado con el propósito de beneficiar, y no con intención remunerativa(125). Tampoco es competente la justicia del Trabajo para conocer de las pretensiones deducidas por funcionarios públicos contra el Estado(126), pues la atribución de competencia que hace a aquélla el art. 47 de la ley 13.998 con respecto a "las causas en que sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad", debe entenderse con exclusiva referencia a los trabajadores estatales que cumplen sus actividades en estricta relación de dependencia laboral, con exclusión de las relaciones de trabajo regidas por el derecho público. De allí que se haya resuelto que es competente la justicia laboral para conocer del juicio por despido promovido contra una empresa del Estado, siempre que no resulte de lo actuado que el actor integre las autoridades de aquélla, tenga a su cargo funciones de gobierno o conducción ejecutiva, o se desempeñe en calidad de funcionario de la demandada(127). e) La Justicia Nacional del Trabajo es competente para conocer de las pretensiones laborales deducidas por la gente de mar(128), ya que es aplicable al caso el principio en cuya virtud la competencia federal puede ser legalmente excluida sin violación de los arts. 108 y 116 de la Constitución Nacional, cuando no concurren los propósitos que la informan(129). De allí que se haya resuelto que corresponde a la competencia de la justicia del Trabajo el conocimiento de las pretensiones referentes a la rescisión del contrato de ajuste y a las obligaciones que éste impone a los tripulantes, "porque su solución dependerá del examen de los hechos frente a las disposiciones legales y convencionales que rigen el respectivo contrato de trabajo"(130); al pago de doble flete fundado en el incumplimiento de ese contrato(131); al pago de daños y perjuicios contra el patrón de una lancha por actos ejecutados como consecuencia del contrato(132); al cobro de salarios de salvamento reclamado por la tripulación de un buque de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1008 del derogado Código de Comercio(133), etcétera. f) En cuanto a las pretensiones fundadas en "disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo", son todas aquellas que tienen origen en el incumplimiento de normas protectoras de carácter público, como son las relativas a jornadas, descansos, días laborales, etc., y que pueden ser intentadas por los trabajadores, en el aspecto patrimonial, sin perjuicio de las facultades sancionatorias que incumben a los organismos administrativos competentes(134). g) Los órganos de la justicia del Trabajo están facultados para examinar de oficio su competencia, aunque el demandado no haya deducido la correspondiente excepción, o haya desistido de ella(135), pues, como señalamos oportunamente, aquélla reviste carácter improrrogable. 601   

Si el demandado niega la relación de dependencia invocada por el actor, a éste corresponde aportar la prueba acerca de dicho extremo(136); pero esta exigencia no rige en el supuesto de ser demandado un empleador por una entidad sindical por cobro de aportes establecidos en una convención colectiva(137). h) Corresponde tener presente que, como se señala más adelante, los arts. 21 y 132 de la ley 24.522 modificaron parcialmente la regla establecida por el art. 25 de la ley 18.345 en materia de juicios universales, y que, según se advertirá al analizarse la competencia contenciosoadministrativa, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo perdió la competencia recurrida que le asignaba el art. 23, inc. b), de la ley citada en relación con las leyes de seguridad social. i) Importa, por último, recordar que la ley 24.635 organizó la instancia obligatoria de conciliación laboral y dispuso que los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo deben dirimirse con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

D) Competencia contencioso-administrativa

1º) Generalidades En términos generales, denomínase competencia contenciosoadministrativa a la aptitud reconocida a los órganos judiciales para dirimir los conflictos suscitados con motivo de actos realizados por el Estado en su carácter de poder público, y regidos por el derecho administrativo. Dentro de ese concepto general caben diversos matices, especialmente referidos a la naturaleza del acto administrativo impugnado y a la posibilidad de que el amparo judicial comprenda solamente los "derechos subjetivos" o se extienda también a los "intereses legítimos" de los administrados, aunque en el derecho argentino, como principio general, la competencia contencioso-administrativa requiere la existencia de un acto dictado en ejercicio de facultades regladas que haya afectado un derecho subjetivo(138). 602   

En nuestra legislación, la intervención de los órganos judiciales en esta materia puede tener lugar, sea originariamente, a través del conocimiento de pretensiones cuya admisibilidad depende del previo agotamiento de la vía administrativa, o bien por medio de recursos, a veces llamados de "apelación"(139), que las leyes acuerdan contra resoluciones dictadas por órganos administrativos. Ejemplo de intervención originaria son las demandas contenciosoadministrativas que algunas Constituciones provinciales(140)autorizan a deducir directamente ante los superiores tribunales locales, previa denegación o retardación de la autoridad administrativa con respecto al reconocimiento de los derechos que se gestionan por parte interesada (supra, nros. 136 a 159). Asimismo, encuadran en esta categoría las pretensiones mediante las cuales se impugnan determinados actos administrativos del Gobierno nacional, cuyo conocimiento incumbe, en el interior de la República, a los jueces federales con asiento en la respectiva provincia, y en la Capital Federal, a los jueces federales a quienes se ha atribuido competencia específica en la materia contenciosoadministrativa (infra, nro. 246). En cuanto a la segunda forma de intervención, son numerosas las leyes nacionales que instituyen un procedimiento administrativo previo, a veces de características análogas al procedimiento judicial, y un recurso ante órganos del Poder Judicial (generalmente una Cámara de Apelaciones), contra la decisión definitiva dictada por el respectivo organismo. Es ésa, por otra parte, la única forma de intervención judicial prevista en relación con los órganos de la justicia ordinaria de la Capital Federal en materia contencioso-administrativa, y de la cual nos ocuparemos seguidamente. Se ha de incluir también, en el estudio subsiguiente, el examen de ciertas impugnaciones que las leyes admiten respecto de resoluciones dictadas por organismos que si bien no forman parte de la Administración Pública, constituyen entidades de derecho público que aplican, en tales casos, normas de derecho administrativo. Corresponde actualizar, en este lugar, el tema relativo a la competencia contencioso-administrativa que se ejerce a través del conocimiento, por los órganos judiciales, de recursos deducidos respecto de resoluciones dictadas por organismos administrativos o por determinadas entidades de derecho público, distinguiendo según que aquellos órganos pertenezcan a la justicia ordinaria o a la federal(141).

2º) Justicia ordinaria 603   

a)(142)Han perdido actualmente vigencia los arts. 39 de la ley 12.990, 50 de la ley 14.394 y 28 de la ley 17.417 en cuanto, respectivamente, acordaban recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil respecto de sanciones aplicadas por el Colegio de Escribanos de la Capital Federal y de resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Inmueble mediante las que se deniega la inscripción del "bien de familia" o deciden controversias relativas a su desafectación, gravamen u otras gestiones previstas en la ley 14.394, o son denegatorias de recursos administrativos de recalificación, pues la competencia recursiva se transfirió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo cabe decir de los recursos contemplados en el art. 80, inc. 3º, por cuanto en la actualidad la competencia corresponde a los tribunales en materia contencioso-administrativa, tributaria y contravencional de dicha ciudad (arts. 36, 37, 48 y 49, ley 7). Carece en cambio de virtualidad, actualmente, el criterio jurisprudencial en cuya virtud se acordó competencia a la Cámara Civil para conocer de los recursos de revisión y apelación limitada contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en materia de impuestos y multas que revisten carácter local y gravan actos de naturaleza civil. b) La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial continúa siendo el tribunal competente —en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— para conocer de las resoluciones contempladas en los arts. 14, 34, 43, 60 y 61 de la ley 17.811. Las resoluciones definitivas mediante las cuales la Comisión Nacional de Valores aplique multas, suspensiones o prohibición de efectuar ofertas públicas de títulos valores son recurribles, en la Capital Federal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial(143), debiendo interponerse el recurso dentro del plazo de quince días computado a partir de la respectiva notificación. El escrito de interposición y fundamento del recurso debe presentarse ante la Comisión Nacional de Valores, quien debe elevarlo a la Cámara, con el sumario, dentro del tercer día. El recurso debe concederse al solo efecto devolutivo, y no es objeto de sustanciación salvo las medidas para mejor proveer (art. 14, ley 17.811). Las decisiones de las bolsas de comercio que denieguen, suspendan o cancelen la cotización de títulos valores son recurribles, por violación de los reglamentos de dichas entidades, y dentro del plazo de quince días, ante los tribunales ordinarios de segunda instancia de la jurisdicción que corresponda, revistiendo ese carácter, en la Capital, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Rigen, respecto del plazo, modo de interposición y efectos del recurso, las reglas precedentemente señaladas (art. 34, ley cit.). Las medidas disciplinarias aplicadas por los mercados de valores a los agentes de bolsa, con excepción de las de apercibimiento y de suspensión de hasta cinco días, son recurribles por el sancionado o por la Comisión Nacional de Valores cuando el mercado haya actuado a su requerimiento, 604   

dentro del plazo de quince días de notificadas, siendo competente para conocer del recurso, en la Capital Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Son aplicables las reglas ya examinadas en cuanto al modo de interposición y efectos del recurso (art. 60, ley cit.)(144). Si el agente de bolsa ha solicitado revocatoria ante el mercado, el recurso judicial debe ser interpuesto dentro de los diez días de notificada la resolución sobre la revocatoria o vencido el plazo de treinta días de la fecha de su interposición sin que el mercado se hubiese pronunciado (art. 61, ley cit.). También son recurribles, ante el mismo tribunal y en las formas señaladas, las resoluciones de los mercados de valores que denieguen la inscripción de aspirantes a agentes de bolsa (art. 43, ley cit.). c)(145)Frente a la supresión de la Justicia Nacional de Paz (luego llamada Especial en lo Civil y Comercial), y no habiendo sido transferida a otros fueros su competencia contencioso-administrativa, no cabe formular comentario alguno sobre el tema. d) La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mantiene competencia para conocer de los recursos deducidos contra los laudos dictados por el Ministerio de Trabajo en materia de conflictos colectivos, a los que se refiere actualmente el art. 31 de la ley 24.635, así como también los interpuestos contra resoluciones administrativas definitivas que decidan sobre otorgamiento de personería gremial, encuadramiento sindical u otros actos administrativos de igual carácter, una vez agotada la instancia administrativa (art. 62, inc. b], ley 23.551), así como de los deducidos contra las resoluciones mediante las cuales el máximo órgano deliberativo de una asociación gremial de grado superior dispone la intervención de una de grado inferior (arts. 36, 60 y 62, inc. f], ley mencionada). El mencionado tribunal continúa siendo competente, en virtud de lo dispuesto en el art. 11 de la ley 18.695 (derogatoria de la ley 11.570), para conocer de los recursos deducidos, en la Capital Federal, contra resoluciones que aplican multas por incumplimiento de las leyes reglamentarias del trabajo, pero perdió atribuciones para entender en todos los recursos instituidos en materia de previsión social, sobre los cuales conoce actualmente la Cámara Federal de Seguridad Social. Los jueces nacionales de primera instancia del Trabajo mantienen, en cambio, la competencia para conocer de los recursos previstos en los arts. 34 de la ley 13.047 (Consejo Gremial de Enseñanza Privada), 23 del dec. 7979/1956 (modificado por el dec. 14.785/1957, sobre Consejo del Trabajo Doméstico), y 9º y 10 del Estatuto de Periodistas Profesionales.

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3º) Justicia federal a)(146)En este ámbito conservan vigencia los arts. 47 y 81 del dec. 4460/1946, 29 y 31 del dec.-ley 6070/1958 y 34 del dec.-ley 8926/1963 en tanto prevén recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contra las resoluciones sancionatorias dictadas por la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Agronomía, Arquitectura e Ingeniería, y el Consejo Superior Profesional de Geología. Por su parte, el art. 23 de la ley 20.476 contempla el recurso que procede ante el mismo tribunal contra las resoluciones de ese tipo provenientes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Incumbe también a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones que disponga la cesantía o exoneración del personal amparado por la estabilidad prevista en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (art. 40, ley 22.140, modif. por ley 24.150,art. 1º), así como de los que se deduzcan contra el Banco Central de la República Argentina que impongan sanciones a las entidades financieras (art. 42, ley 21.526). Lo mismo cabe decir, en relación con dicha Cámara y con las Cámaras federales con asiento en las provincias, de los recursos de revisión y apelación limitada deducidos contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en materia de impuestos y de multas, y de las apelaciones interpuestas contra las decisiones adoptadas por dicho Tribunal en los recursos de amparo previstos en los arts. 182 y 183 de la ley 11.683 (art. 86, t.o. en 1998). Asimismo, dentro de sus respectivas competencias territoriales, las Cámaras Federales y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal entienden, en materia aduanera, de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Fiscal en los procedimientos de impugnación, de repetición y por infracciones; de los recursos por retardo de justicia en el dictado de la resolución definitiva del mencionado tribunal en los referidos procedimientos y de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Fiscal en el recurso de amparo previsto en el art. 1025, inc. e), del Código Aduanero (art. 1028, incs. c], d] y e], de dicho Código, ley 22.415). Importa añadir que los Juzgados Federales de Primera Instancia continúan siendo competentes para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones que aplican sanciones previstas en las leyes sobre agricultura y ganadería, Prefectura Nacional Marítima y Salud Pública. 606   

En tanto se hallan derogadas las leyes 17.401 y 17.531 sobre, respectivamente, represión del comunismo y excepciones al servicio militar, es obvio que no subsisten los recursos que tales leyes preveían. b) Según se vio más arriba, la Cámara Federal de la Seguridad Social absorbió la competencia contencioso-administrativa que ejercía con anterioridad, en la materia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (art. 4º, ley 24.655). Conoce, asimismo, de los recursos contemplados en las leyes 24.241 (art. 49) y 23.473 (arts. 9º y 11).

235. Competencia por razón del grado a) La competencia funcional, o por el grado, supone la división del proceso en diversas instancias, en cada una de las cuales el conocimiento del asunto se halla encomendado a órganos judiciales distintos. El ordenamiento procesal de la Capital Federal está estructurado de conformidad con el sistema de la doble instancia (supra, nro. 159), en virtud del cual el conocimiento inicial del proceso corresponde a órganos unipersonales (juzgados), cuyas resoluciones son susceptibles de recursos ante órganos colegiados (Cámaras de Apelaciones). De tal manera, el material fáctico y jurídico que sirvió de base a la decisión de primera instancia es reexaminado, con las limitaciones que luego señalaremos, por un órgano integrado por varios jueces a quienes se supone dotados de mayor ciencia y experiencia y cuya forma conjunta de actuar permite también presumir la justicia de la decisión. El principio, sin embargo, admite dos clases de excepciones. Una de ellas se configura por la índole de las resoluciones dictadas, pues no todas son susceptibles de recursos(147). La otra está dada por el valor económico del litigio, factor que en la justicia ordinaria de la Capital determinaba que sean irrecurribles las sentencias definitivas dictadas por los jueces del Trabajo y por los jueces de Paz en aquellos asuntos cuyo monto no exceda de m$n. 30.000 (arts. 1º, ley 17.328, y 3º, ley 17.624). En el orden de la justicia nacional se halla prevista, asimismo, la posibilidad de un tercer grado de conocimiento que puede tener lugar, por una parte, en el supuesto excepcional del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, y, por otra parte, en los casos de admisibilidad del recurso extraordinario ante dicho tribunal y del recurso de inaplicabilidad de la ley ante cualquiera de las Cámaras Nacionales reunidas en pleno. Pero corresponde tener presente que mientras en el primer caso la Corte actúa como un órgano común de segunda instancia, reexaminando el asunto en todos los aspectos que han sido objeto de recurso, en las dos 607   

últimas hipótesis la competencia de los respectivos tribunales se halla limitada a la revisión de las cuestiones de derecho, con prescindencia de los posibles errores que pueda contener la sentencia impugnada en cuanto a los hechos y a la prueba, no configurando dichas hipótesis, por lo tanto, el ejercicio de una tercera instancia propiamente dicha. La administración de la justicia en las provincias responde, esencialmente, a los mismos criterios: la mayor parte de los ordenamientos locales, como hemos visto (supra, nro. 136 a 159), instituyen el sistema de la doble instancia y contemplan el funcionamiento de diversos recursos extraordinarios con limitaciones sustancialmente análogas a las precedentemente señaladas. b) La competencia funcional reviste, fundamentalmente, los siguientes caracteres: 1º) El tribunal de apelaciones no actúa como superior jerárquico del órgano judicial de primera instancia, porque los recursos no tienen por objeto homologar la actuación de este último sino perfeccionar el conocimiento del asunto a través de la revisión de la sentencia impugnada, y de su ulterior modificación, anulación o confirmación. "Se trata, como observa Lascano, de una distinta competencia por razón de la actividad que ejercen los jueces, y no de una graduación de éstos por su importancia. Por eso, dentro de su esfera, en ejercicio de su competencia diremos, tanta categoría tiene el juez de primera instancia como el de apelación"(148). Pero en virtud de un elemental principio de ordenación jerárquica, los jueces de primera instancia no se hallan autorizados para plantear a los respectivos tribunales de apelación cuestiones o conflictos por razón de grado. De allí que la discrepancia que con la inteligencia adoptada por las Cámaras puedan abrigar los jueces dependientes de aquéllas, en cuanto a la competencia que el superior les atribuye, no les acuerda atribuciones legítimas para plantear por ese motivo conflicto o cuestión alguna(149). 2º) Los órganos judiciales de apelación no pueden fallar sobre capítulos que no se hubiesen propuesto a la decisión del órgano inferior, salvo que se trate de intereses, daños y perjuicios o de otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia (art. 277, CPCCN)(150), ni sobre ninguna cuestión respecto de la cual no haya mediado agravio concreto del recurrente (tantum appellatum quantum devolutum)(151). c) Las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en la Capital ejercen su competencia funcional mediante el conocimiento de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia de los cuales son Tribunales de Alzada (arts. 35, 36, 39 y 39 bis, dec.-ley 1285/1958, con relación, respectivamente, a las Cámaras en lo Civil, en lo Comercial, del Trabajo y de Paz)(152), así como

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contra los laudos arbitrales en los supuestos en que los recursos fueren admisibles (arts. 758 y 763, CPCCN). Por otra parte, las Cámaras de Apelaciones de la Capital ejercen la misma competencia por razón del territorio, de la materia y del valor, que corresponde a los respectivos jueces de primera instancia, aunque con las siguientes excepciones: 1º) Una Cámara de Apelaciones puede ejercer, excepcionalmente, una competencia por razón de la materia distinta de la de los jueces que dependan de ella. Tal lo que ocurriría, v.gr., en el supuesto de que dos o más procesos se encontraren en segunda instancia pero radicados en distintas Cámaras, como la Civil y la Comercial, y fuere admisible su acumulación (art. 188, incs. 1º y 2º, CPCCN). Asimismo, como lo hemos señalado supra, nro. 234, D), algunas Cámaras de Apelaciones ejercen, en materia contencioso-administrativa, una competencia de que carecen los jueces de primera instancia del fuero respectivo. 2º) En lo que concierne a la competencia por razón del valor, finalmente, ya hemos visto que algunas Cámaras de Apelaciones tienen una competencia cuantitativa más reducida por los respectivos jueces de primera instancia, en razón de la irrecurribilidad determinada por el monto cuestionado en los procesos.

CAPÍTULO XVI - COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES (CONT.) SUMARIO: I. COMPETENCIA FEDERAL: 236. Concepto.— 237. Caracteres. II. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL CON ASIENTO EN EL INTERIOR DEL PAÍS: 238. Generalidades.— 239. Competencia por razón del lugar.— 240. Competencia por razón de la materia.— 241. Competencia por razón de las personas.— 242. Competencia por razón del valor.— 243. Competencia por razón del grado. III. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL DE LA CAPITAL: 244. Generalidades.— 245. Justicia Federal en lo Civil y Comercial.— 246. Justicia en lo Contencioso Administrativo. IV. COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 247. Clases.— 248. Competencia originaria de la Corte Suprema.— 249. Competencia funcional de la Corte Suprema. 609   

I. COMPETENCIA FEDERAL(1)

236. Concepto a) El sistema de gobierno adoptado por la Constitución argentina impone la coexistencia, dentro del Estado, de dos órdenes judiciales que difieren en razón de su origen político y de su competencia: el federal, que emana del poder del Estado nacional (arts. 108 y ss., CN) y ejerce una competencia limitada a los supuestos enunciados en los arts. 116 y 117 de dicho ordenamiento, y el provincial, que proviene del ejercicio de las respectivas autonomías locales (arts. 5º, 75, inc. 12, y 121, CN) y tiene competencia en el conocimiento de todos aquellos asuntos que no se encuentren especialmente atribuidos a la justicia federal por las mencionadas normas constitucionales. Además, mientras los órganos judiciales de la justicia federal ejercen funciones, dentro de los límites de su competencia, en todo el territorio nacional, los órganos de la justicia provincial tienen circunscripta su acción al ámbito de los correspondientes territorios locales. De lo dicho se sigue que los órganos integrantes de la justicia provincial ejercen la denominada competencia común u ordinaria, porque comprende el conocimiento de todos los asuntos respecto de los cuales no existe delegación expresa en los términos del art. 121 de la Constitución Nacional; en tanto que la competencia de la justicia federal es de excepción, pues se halla limitada a los casos que determinan los arts. 116 y 117 de aquélla, a los que cabe agregar el art. 75, inc. 30 (y disposición transitoria séptima), como atributivo de competencia por razón del lugar(2). En consecuencia, cabe definir a la competencia federal como la aptitud reconocida a los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación para ejercer sus funciones en los casos, con respecto a las personas y en los lugares específicamente determinados por el texto constitucional. b) La Constitución Nacional determina, en su art. 116: "Corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional y por las leyes de la Nación con la reserva hecha en el inc. 12 del art. 75 y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las 610   

causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero". El art. 117 agrega: "En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente". Diversas leyes sancionadas por el Gobierno nacional han reglamentado dichas normas constitucionales, delimitando el ámbito de la competencia originaria de la Corte Suprema y de la que corresponde a los demás tribunales inferiores. De ellas nos ocuparemos más adelante, sobre la base de la clasificación de la competencia formulada de acuerdo con los criterios oportunamente enunciados, a los que cabe añadir, en este caso, el criterio personal. c) La institución de la justicia federal, diferenciada de las administraciones de justicia provinciales, responde, por un lado, a la conveniencia de sustraer a los órganos judiciales locales el conocimiento de determinados conflictos cuya solución debe resultar exenta de posibles favoritismos, o sea, susceptible de gravitar en las relaciones del país con naciones extranjeras; y por otro lado, a la necesidad de que sean órganos instituidos por el Gobierno nacional quienes entiendan en todas aquellas cuestiones que excedan los intereses locales y comprometan, en cambio, los intereses generales del Estado(3). Sin embargo, no puede dejar de advertirse que la atribución de competencia federal por razón de la distinta nacionalidad o vecindad de las partes implicó un error de los constituyentes de 1853 y de 1860, ya que en nuestro país no existía entonces, ni se manifestó posteriormente, el agudo espíritu localista que determinó el establecimiento de ese principio en la Constitución norteamericana. De allí que la derogada reforma constitucional de 1949 haya acertado al eliminarlo(4).

237. Caracteres Aparte de su naturaleza excepcional, que ya hemos destacado, la competencia federal reviste los siguientes caracteres: 1º) Sólo se ejerce a instancia de parte y en los casos contenciosos (art. 2º de la ley 27). En consecuencia, los órganos de la justicia federal carecen de competencia para conocer, en principio, de peticiones extracontenciosas(5), salvo que éstas determinen el nacimiento de un litigio(6), ni para formular declaraciones generales o en abstracto 611   

acerca de la interpretación o de la validez de las leyes o actos de los otros poderes, en tanto tales cuestiones no hayan dado lugar a un litigio tendiente a obtener una concreta tutela judicial(7). 2º) Es limitada, pues no cabe su ejercicio fuera de los casos expresamente contemplados en las normas constitucionales citadas. Por lo tanto, cuando no se tratare del conocimiento y decisión de alguno de esos casos, los órganos de la justicia federal deben declarar su incompetencia en cualquier estado del proceso (art. 352, apart. 2º, del CPCCN)(8). Sin embargo, en el supuesto de ser procedente la competencia federal por razón de las personas (infra, nro. 241), aquélla resulta definitivamente fijada cuando las circunstancias atributivas de competencia se configuran en oportunidad de la demanda y su contestación, no alterándose, por lo tanto, en virtud de producirse circunstancias sobrevinientes, como sería, por ejemplo, la de que el ciudadano extranjero obtuviere carta de ciudadanía argentina con posterioridad a la contestación de la demanda(9). 3º) Es privativa, y, por lo tanto, excluyente de la de los órganos judiciales de las provincias. De allí que, tratándose de causas constitucionalmente asignadas al conocimiento de la justicia federal, los jueces provinciales deban declarar su incompetencia, incluso de oficio, en cualquier estado del proceso. Este principio está sujeto, sin embargo, a ciertas limitaciones. En primer lugar, el art. 12 de la ley 48, luego de establecer que la jurisdicción (competencia) de los tribunales nacionales en todas las causas especificadas en los arts. 1º, 2º y 3º es privativa, excluyendo a los juzgados de provincia, admite las siguientes excepciones: a) En todos los juicios universales de concurso de acreedores y partición de herencia, conocerá el juez competente de provincia, cualquiera que fuese la nacionalidad o vecindad de los directamente interesados en ellos, y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la Nación(10). b) En los lugares en que no haya establecidos jueces de sección o que se halle distante la residencia de éstos, los fiscales o colectores de rentas, o individuos comisionados al efecto, podrán demandar a los deudores del fisco ante los jueces de provincia. En segundo lugar, el art. 1º de la ley 927excluyó de la competencia de los juzgados de sección todas aquellas causas de competencia concurrente (es decir, cuando corresponde por razón de las personas y no de la materia), en las que el valor del objeto demandado no excede de quinientos pesos, siempre que, por otra parte, el caso caiga bajo la jurisdicción de la justicia de Paz de la provincia respectiva, según las leyes de procedimiento vigentes en ella.

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La Corte Suprema se ha pronunciado a favor de la validez de tales excepciones, declarando "que no obstante la generalidad de los términos de los arts. 67, incs. 17, 94 y 100 de la Constitución (hoy 75, inc. 20, 108 y 116), que disponen que el Poder Judicial de la Nación, en los casos regidos por leyes nacionales y otros, fuera de los Códigos será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca, aquéllos han sido siempre entendidos en la República, y en los Estados Unidos, cuya Constitución es la fuente reconocida de los mismos, en el sentido de que ni se oponían a exclusiones completas de los tribunales federales en caso de no existir los propósitos que los informan, por la escasa importancia civil o penal de dichos casos u otros motivos, ni a la investidura de jurisdicción en distintas autoridades, con recurso ante los Tribunales referidos"(11). La misma doctrina ha sido aplicada por la Corte, según hemos señalado más arriba (supra, nro. 233, c]), a fin de justificar la exclusión de la competencia federal en el conocimiento de los asuntos de índole laboral suscitados entre particulares, cuando aquélla fuera pertinente en razón de la distinta vecindad o nacionalidad de las partes, así como en los supuestos en que rige el fuero de atracción(12). Interesa señalar, por último, que una vez radicada una causa ante un tribunal de provincia, en razón de concurrir al tiempo de trabarse la litis los extremos que justificaban la competencia ordinaria, ésta subsiste aun en el supuesto de producirse hechos sobrevinientes que puedan encuadrar a aquélla dentro de la competencia federal(13). 4º) Es, finalmente, improrrogable, salvo en las hipótesis de ser procedente por razón de la distinta nacionalidad o vecindad de los litigantes o por la circunstancia de ser parte una provincia. Dice al respecto el art. 12, inc. 4º, de la ley 48, que "siempre que en pleito civil un extranjero demande a una provincia, o a un ciudadano, o bien el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un juez o tribunal de provincia, o cuando siendo demandados el extranjero o el vecino de otra provincia, contesten a la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción (competencia) ha sido prorrogada, la causa se sustanciará y decidirá por los tribunales provinciales; y no podrá ser traída a la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el art. 14". Si bien la norma sólo contempla el caso de prórroga tácita (supra, nro. 229), no excluye la posibilidad de que aquélla se configure a través de estipulación contractual(14).

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II. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL CON ASIENTO EN EL INTERIOR DEL PAÍS

238. Generalidades La competencia de los jueces y Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias se halla regulada por los arts. 2º de la ley 48 y 17 de la ley 4055,con las modificaciones introducidas por el art. 56 de la ley 13.998, no derogado expresamente por el dec.-ley 1285/1958. Estudiaremos las reglas contenidas en dichas normas, diferenciando las que se vinculan con el lugar, con la materia, con las personas, con el valor y con el grado.

239. Competencia por razón del lugar a) Cada uno de los jueces federales con asiento en el interior de la República tiene asignado, según lo señalamos (supra, nro. 135), una determinada competencia territorial. En consecuencia, una vez establecido que determinada pretensión corresponde al conocimiento de la justicia federal, deben aplicarse las reglas atributivas de competencia territorial que hemos analizado supra, nro. 233, con exclusión de las que se refieren a aquellos asuntos que son ajenos a la competencia federal, como ocurre, v.gr., con las pretensiones de familia y de estado, las peticiones extracontenciosas y los procesos universales. b) Asimismo, compete a los jueces federales con sede en el interior, el conocimiento de las causas suscitadas en los lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional, los cuales, en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 30(15), de la Constitución Nacional, se hallan sometidos a la exclusiva legislación del Congreso. Al respecto cabe señalar, en primer término, que el elemento determinante de que la legislación provincial correspondiente quede excluida, en dichos lugares, por el imperio de la legislación nacional, no está dado por el mero hecho de la adquisición del 614   

establecimiento, sino por su afectación a un servicio público o de utilidad nacional(16). En cuanto al alcance de las potestades del Gobierno nacional, la Corte Suprema tenía jurisprudencia establecida en el sentido de que las facultades legislativas y administrativas de las provincias sólo resultaban desplazadas en esos lugares en tanto su ejercicio interfiera en la realización de la obra nacional y la obstaculizase en forma directa o indirecta(17). En ese orden de ideas, expresó dicho tribunal que la competencia federal aneja a la legislación nacional exclusiva debía quedar limitada a la materia específica del establecimiento creado, sin afectar las potestades de la provincia sobre el resto de la vida y de la actividad cumplidas en el lugar cedido y resolvió, v.gr., que dado que la aplicación de la ley procesal provincial del trabajo en el puerto nacional de la provincia de Santa Fe en nada puede obstaculizar el fin nacional del establecimiento portuario, corresponde a la competencia de la justicia provincial, y no de la federal, el conocimiento de la causa por despido de un obrero que trabajó en el Puerto de Santa Fe para una empresa domiciliada en dicho puerto(18). Últimamente la Corte reaccionó contra ese criterio y resolvió, retomando una línea jurisprudencial anterior, que sólo el Gobierno federal tiene la potestad de legislar, ejecutar y juzgar en los lugares que la Constitución ha querido reservar para su jurisdicción en razón de la utilidad común que ellos revisten para toda la Nación, y que tal propósito resultaría frustrado si se admitiera el ejercicio simultáneo de poderes provinciales en los establecimientos de que se trata(19). La tesis es correcta en la medida en que se atiene estrictamente al régimen constitucional, que descarta en esos lugares el ejercicio de potestades compartidas, y en que elimina las dificultades que entrañaba la jurisprudencia anterior en orden a la adopción de un criterio preciso sobre la delimitación de competencias.

240. Competencia por razón de la materia

A) Causas especialmente regidas por la Constitución Nacional a) La admisibilidad de la competencia federal, en esta materia, se halla condicionada a la circunstancia de que los hechos invocados como causa de la pretensión se encuentren regidos, en forma directa e inmediata, por alguna norma contenida en la Constitución Nacional. El art. 2º, inc. 1º, de 615   

la ley 48, alude, en efecto, a las causas que "sean especialmente regidas" por dicho ordenamiento. En otras palabras, el fundamento jurídico esencial de la pretensión debe estar configurado por una o varias normas constitucionales(20), en forma tal que de la determinación de su alcance dependa la solución definitiva del litigio(21). No basta, por lo tanto, la circunstancia de que el derecho invocado se encuentre garantizado por la Constitución, pues en la medida en que las leyes y códigos comunes tienden, en gran parte, a reglamentar o a hacer efectivos los derechos y garantías constitucionales, especialmente los que se refieren a la propiedad, a la libertad y a la vida de los habitantes de la República, la admisión de ese criterio conduciría a cercenar la competencia que la propia Constitución asigna a los órganos judiciales de las provincias para interpretar y aplicar los referidos ordenamientos (art. 75, inc. 12)(22). b) La competencia federal no procede cuando la norma constitucional es invocada por el demandado como fundamento jurídico de su oposición a la pretensión del actor. En esta hipótesis el tema constitucional debe ser resuelto por los jueces ordinarios, sin perjuicio de que aquél sea objeto de decisión definitiva por la Corte Suprema, a través del recurso extraordinario previsto por el art. 14 de la ley 48. Pero, a la inversa, no altera la admisibilidad de la competencia federal el hecho de que el demandado no contradiga el fundamento constitucional de la pretensión y sólo deduzca oposiciones fundadas en disposiciones del derecho común(23). En ambas hipótesis juega el principio, tantas veces recordado, de que el objeto del proceso está representado por la pretensión del actor y no por la oposición del demandado. Es indiferente, asimismo, el carácter del sujeto pasivo de la pretensión procesal, que puede ser tanto una autoridad pública como un particular, sea una persona física o de existencia ideal. c) Por aplicación de las reglas examinadas se ha resuelto, entre otros casos, que corresponde a la competencia de la justicia federal el conocimiento de la pretensión deducida por un médico contra el Consejo de Higiene, fundada en la circunstancia de habérsele prohibido el ejercicio de la medicina mientras no se sujete a las pruebas establecidas, sosteniendo el actor que esas pruebas son contrarias a la libertad de profesión que asegura la Constitución Nacional(24); de la pretensión que versa sobre cobro indebido de derechos de tránsito de importación y exportación y se funda en las cláusulas constitucionales que prohíben a las provincias imponer esa clase de derechos(25); de la pretensión que persigue la repetición de lo pagado en concepto de un impuesto que se reputa contrario a disposiciones constitucionales(26); de la pretensión fundada en la vigencia del derecho de aprender que se aduce impedido o menoscabado por la Policía Federal mediante su negativa a otorgar un certificado de conducta al hijo menor de la actora(27); etcétera. 616   

d) En materia de pretensiones fundadas en la presunta inconstitucionalidad de impuestos provinciales o municipales, es presupuesto de admisibilidad de la competencia federal que haya mediado el previo pago de aquéllos bajo la correspondiente protesta(28). En tales casos, por lo tanto, los órganos de la justicia federal sólo pueden intervenir en la causa por vía de repetición. Si no ha existido desembolso anticipado del impuesto, la pretensión debe radicarse ante los respectivos jueces provinciales, sin perjuicio de que, contra la sentencia de última instancia dictada en el orden local, se deduzca el recurso extraordinario previsto por el art. 14de la ley 48(29). La Corte ha expresado, acerca del fundamento de tales reglas, "que con arreglo a los principios consagrados por nuestra ley fundamental, la interpretación y aplicación de las leyes locales, cuando por razón de las personas el caso no cae bajo la jurisdicción federal, corresponde originariamente a los jueces de provincia, a quienes incumbe también decidir sobre su constitucionalidad cuando ésta fuese objetada; pues ellos, como los de la Nación, están obligados a aplicar ante todo la Constitución Nacional, como la ley suprema del país, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales (art. 31, CN). Que sólo cuando se han pronunciado por la validez de la ley de la provincia, cuya constitucionalidad se ha puesto en cuestión, corresponde conocer del caso por vía de apelación a la justicia federal, según lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Que estos principios y la jurisprudencia establecida con arreglo a ellos por la Corte Suprema son de una aplicación tanto más rigurosa en el presente caso, cuando se trata de impuestos provinciales, cuya recaudación, de carácter esencialmente administrativa, no puede entorpecerse por la justicia nacional, y ella sería paralizada por ésta y privados de sus rentas los gobiernos de provincia, si entrase a conocer en juicio ordinario de las demandas, que so pretexto de ser inconstitucionales dichos impuestos, se llevasen ante ella por los que pretenden exonerarse de su pago. Que semejante doctrina no puede en manera alguna admitirse, no sólo por ser contraria a la índole de nuestras instituciones y a la independencia y autonomía de las provincias, sino porque los jueces de la Nación no deben servir, ni de instrumento para hacer efectiva la recaudación de la renta provincial, ni de obstáculo para que ella se recaude por las autoridades y con arreglo a las leyes locales. Que por esta razón y por lo expuesto en el quinto considerando, los contribuyentes, ya sean ciudadanos o extranjeros, no pueden sustraerse, por razón de su nacionalidad, de la acción administrativa, ni de la jurisdicción de los jueces locales encargados de hacer efectivo dicho impuesto, y sólo pagando éste con la correspondiente protesta pueden ocurrir a los jueces de su fuero para pedir la devolución de lo indebidamente pagado, o bien apelar ante la Corte Suprema nacional de la sentencia que en última instancia pronunciaran los jueces de provincia, en los casos previstos por el art. 14 de la ley del 14 de septiembre antes mencionada"(30). 617   

De los principios enunciados se infiere que incumbe a las provincias la facultad de deducir sus pretensiones por cobro de impuestos ante los órganos judiciales locales, salvo en la hipótesis de que la parte demandada sea la Nación o una institución nacional(31). Pero tal facultad es renunciable por las provincias o municipalidades, ya que ha sido instituida en el exclusivo beneficio de ellas(32). Por otra parte, la pretensión tendiente a la repetición de lo pagado en una ejecución fiscal sustanciada en el orden local, debe deducirse ante los jueces provinciales, pues la competencia de éstos subsiste implícitamente para conocer del proceso de repetición subsiguiente al ejecutivo, de acuerdo con las leyes procesales vigentes(33). Corresponde aclarar, asimismo, que en el supuesto de haberse efectuado el pago del impuesto bajo protesta y tratarse de un gravamen provincial, la competencia para conocer de la pretensión de repetición corresponde a la Corte Suprema en instancia originaria, de acuerdo con las reglas atributivas de competencia que se estudiarán más adelante. En cambio, son competentes los tribunales federales inferiores cuando la pretensión se deduce contra una municipalidad. Por último, cuando un gravamen provincial o municipal se impugna como contrario a la Constitución de la provincia o a alguna norma prevalente en el orden local, la pretensión debe sustanciarse ante la justicia provincial, sin posibilidad de que intervenga la justicia federal en ninguna instancia del proceso. En cambio, si el gravamen se cuestiona como contrario, simultáneamente, a normas nacionales y provinciales, contra la sentencia provincial dictada en última instancia, puede ser admisible el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, a fin de que ésta se pronuncie sobre las cuestiones federales planteadas en el pleito(34).

B) Causas especialmente regidas por leyes del Congreso a) Son leyes nacionales, en los términos de los arts. 116 de la Constitución y 2º, inc. 1º, de la ley 48, las que sanciona el Congreso en ejercicio de las potestades que le acuerda el art. 75 de aquélla, con la salvedad que dicho artículo formula, en el inc. 12, con respecto a los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social, a los que cabe agregar las leyes que se declaran incorporadas a ellos y las que los integran, modifican o amplían(35). De acuerdo con esa salvedad, dichos Códigos y leyes, a los que cabe el nombre genérico de derecho o legislación común, son aplicables por los 618   

tribunales federales o provinciales según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, cuando se trata de la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso, la competencia de la justicia federal puede ser exclusiva o concurrente. Es exclusiva en el supuesto de que la ley haya sido dictada en uso de alguna de las atribuciones comprendidas en el art. 75 que no sea la consistente en sancionar la legislación común, y revista, por lo tanto, el carácter de ley especial(36). La aplicación de la legislación común determina, en cambio, una competencia concurrente, en aquellos casos en que la justicia federal debe intervenir en el proceso por efecto de reglas atributivas de competencia por razón de la calidad de las partes (v.gr.: vecinos de distintas provincias) o del lugar (v.gr.: delito cometido en un lugar sometido a la exclusiva jurisdicción del Congreso). b) Es preciso señalar, sin embargo, que la circunstancia de que una ley pueda ser encuadrada, por la generalidad de sus disposiciones, en el marco del derecho común, no impide que parte de ella, o algunas de sus normas, deba ser incluida entre las mencionadas por los arts. 116 de la Constitución y 2º, inc. 1º, de la ley 48, y que su aplicación corresponda, por lo tanto, a la justicia federal. Tal lo que ocurre, por ejemplo, con algunos de los preceptos contenidos en el Libro III del Código de Comercio(37), relativos a los "derechos y obligaciones que resultan de la navegación"(38); con los arts. 9º y 10 de la ley 9688(39); con el art. 219 del Código Penal(40); etcétera. Además, cabe considerar comprendidas en el ámbito de las leyes nacionales cuya aplicación pertenece exclusivamente a la competencia de la justicia federal, aquellas que reglamentan servicios, instituciones o actividades que se extiendan a todo el territorio de la Nación(41). c) Como en el caso examinado en A), también constituye condición de admisibilidad de la competencia federal que los hechos aducidos como causa de la pretensión se funden directa e inmediatamente en una o más normas contenidas en leyes especiales, ya que el art. 2º, inc. 1º, de la ley 48 habla de causas "especialmente regidas" por "las leyes que haya sancionado o sancionare el Congreso".

C) Causas especialmente regidas por los tratados con las naciones extranjeras Al ser ratificados por el Congreso, los tratados celebrados entre el Estado nacional y naciones extranjeras adquieren el carácter de leyes supremas de la Nación, en los términos del art. 31 de la Constitución y son equiparables, en punto a la admisibilidad de la competencia federal, a las 619   

leyes que analizamos en la letra anterior. Como en los casos precedentemente examinados, el derecho debe estar directa e inmediatamente fundado en alguna disposición del Tratado (art. 2º, inc. 1º, de la ley 48); pero la competencia federal no procede en los supuestos en que tales disposiciones formen parte de la legislación común, salvo que aquélla se justifique por razón de las personas o del lugar.

D) Procesos sobre actos administrativos del Gobierno nacional El art. 2º, inc. 4º, de la ley 48 atribuye competencia a la justicia federal para conocer de "todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno nacional". En este caso, la competencia federal sólo procede cuando tales actos administrativos constituyen el fundamento inmediato y directo de la pretensión(42), siendo insuficiente, por lo tanto, que figuren como uno de los motivos involucrados en la causa de aquélla o que se invoquen como fundamento de la oposición del demandado. De acuerdo con ese criterio, se hallan encuadrados en el inciso analizado, por ejemplo, las pretensiones tendientes a que se declare infundada la oposición deducida a una solicitud de registro de marca, la nulidad de ésta o de una patente de invención, etc. En rigor, se trata, sin embargo, de una disposición innecesaria, pues tales casos corresponderían a la competencia de la justicia federal en razón de hallarse directa e inmediatamente regidos por leyes especiales (24.481 y 22.362). No debe confundirse esta competencia con la denominada contenciosoadministrativa, pues esta última implica la existencia de un conflicto entre un particular y el Gobierno de la Nación y se halla determinada, en el orden federal, por la circunstancia de ser aquél una de las partes en el proceso(43). En los términos de la disposición que analizamos, por "actos administrativos" deben entenderse no sólo aquellos que realiza el Poder Ejecutivo, sino también los que emanan de los restantes poderes del Estado dentro de sus respectivas esferas de competencia(44).

E) Pretensiones fiscales contra particulares o corporaciones 620   

Compete a la justicia federal, de acuerdo con el art. 2º, inc. 5º, de la ley 48, "el conocimiento de toda acción (pretensión) fiscal contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades debidas o por cumplimiento de contratos, o por defraudación de rentas nacionales, o por violación de reglamentos administrativos". Es ésta una disposición meramente ejemplificativa, pues los casos que contempla, en la medida en que implican el hecho de ser parte actora la Nación o el de tratarse de la aplicación de leyes nacionales, están comprometidos en otras reglas atributivas de competencia federal. A los efectos de la admisibilidad de la competencia federal son indiferentes, en este caso, el monto reclamado o el valor de la cosa cuestionada(45).

F) Causas concernientes al transporte terrestre El art. 55, inc. b), de la ley 13.998 atribuyó a los jueces federales con asiento en las provincias competencia para conocer "de los hechos, actos y contratos concernientes a los medios de transporte terrestre, con excepción de las acciones (pretensiones) civiles por reparación de daños y perjuicios causados por delitos o cuasidelitos...". Pese a la amplitud de sus términos, que en cierta medida se adecuan a la Constitución Nacional vigente en oportunidad de sancionarse la ley 13.998(46), la competencia federal se halla limitada al supuesto de versar el proceso sobre hechos, actos y contratos relativos a los medios de transporte terrestre que liguen a la Capital Federal o a un territorio nacional con una provincia, o dos provincias entre sí, o un punto cualquiera de la Nación con un Estado extranjero y siempre, además, que la pretensión se funde, en forma directa e inmediata, en normas dictadas por el Gobierno nacional en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 75, inc. 13, de la Constitución Nacional (v.gr., ley 12.346)(47). Tal limitación no rige en relación con los jueces federales de la Capital, a quienes el art. 42 de la ley 13.998 asignó una competencia semejante, pues la ley puede conferir a aquéllos atribuciones para conocer en asuntos ajenos a la competencia específicamente federal(48). La exclusión de la competencia federal para conocer en las pretensiones de origen extracontractual concernientes a los medios de transporte terrestre, encuentra justificación en el hecho de que aquéllas se encuentran regidas por la legislación común (derogado CCiv., títs. VIII y IX, sec. II, del Libro II), aunque los jueces federales podrían ser competentes, en el caso, por razón de las personas o del lugar. 621   

G) Causas regidas por el derecho de la navegación a) De conformidad con lo dispuesto por los incs. 7º, 8º, 9º y 10 del art. 2º de la ley 48, compete a los jueces federales el conocimiento de todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra; las que se originen por choques o averías de buques, o por asaltos hechos, o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos, ríos y mares en que la República tiene jurisdicción; las que se originen entre propietarios o interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad; las que versen sobre la construcción y reparos de un buque o sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadía; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento militar y civil; sobre naufragios; sobre avería simple y gruesa; sobre contratos a la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargo de buques y penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán, tripulantes, y en general sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo. Por su parte, el art. 55, inc. b), de la ley 13.998, mediante el empleo de una fórmula más escueta, asigna a los jueces federales competencia para conocer "de los hechos, actos y contratos... regidos por el derecho de la navegación". b) Por "navegación y comercio marítimo" debe entenderse, en los términos de la norma más arriba transcripta, los que se cumplen entre un puerto de la República y otro extranjero, o entre dos o más provincias a través de ríos interiores(49). La competencia de la justicia federal para conocer de las pretensiones vinculadas con la navegación y el comercio marítimo se justifica no solamente por la facultad que incumbe al Gobierno nacional de reglar y proteger el comercio internacional e interprovincial que se efectúa por los mares y los ríos (art. 75, incs. 10 y 13), sino también porque el tráfico realizado en aguas que se hallan abiertas para todas las banderas puede dar lugar a conflictos de diversa índole que afecten las relaciones del país con Estados extranjeros, poniendo en juego la aplicación de principios de derecho internacional(50). c) La admisibilidad de la competencia federal depende, en esta materia, de que se trate de la navegación y del comercio efectuados por buques, hallándose por lo tanto excluidas de aquéllas las pretensiones relacionadas con las embarcaciones menores a que se refiere el art. 206 622   

del Código de Comercio (barcas, lanchas, lanchones, etc.). Por consiguiente, no pertenecen a la competencia de la justicia federal los casos emergentes de los servicios de transporte, lanchaje u otras operaciones que tales embarcaciones realizan dentro de los puertos(51), salvo que aquéllos formen parte de las estipulaciones contenidas en un contrato de fletamento, porque en tal caso prima, sobre la naturaleza de la embarcación, la existencia de una relación jurídica expresamente contemplada por el inc. 10 del art. 2º de la ley 48 como determinante de la competencia federal(52). Dentro del concepto de "embarcaciones menores", la jurisprudencia ha incluido a los yachts dedicados a la navegación de paseo, turismo o deporte(53), aunque en algún caso se los ha equiparado a los buques cuando por su tonelaje y elementos propios de movilidad tengan aptitud para trasladarse fuera de las aguas territoriales o estén afectados al servicio de transporte entre distintos puertos(54). Por otra parte, la Corte Suprema ha decidido que "no es imprescindible que el destino de las embarcaciones se refiera al transporte comercial de pasajeros o mercancías, para considerarlas comprendidas dentro de la categoría de buque a que se refiere el inc. 10, del art. 2º de la ley 48; basta que tal destino en las condiciones preindicadas, se vincule a la navegación por los mares, ríos libres o con la que une distintos puertos argentinos"(55). De conformidad con ese criterio, se consideró asimilados a buques a un remolcador que ha recorrido trayectos entre distintos puertos de la República(56), o a una draga dotada de medios de propulsión propios que ha navegado entre puertos argentinos(57). d) A título meramente ejemplificativo, interesa consignar que se ha considerado admisible la competencia federal para conocer en los procesos por accidentes del trabajo cuando el hecho se ha producido con motivo de la carga o descarga de un buque u otro motivo que haga evidente que la causa versa sobre el cumplimiento de las obligaciones del capitán y tripulantes en relación con la navegación y comercio marítimo(58); en los que versan sobre seguros marítimos(59), sin que sea óbice para ello la circunstancia de que la póliza correspondiente tenga una cláusula adicional o ampliatoria por la cual el seguro abarca también el plazo de quince días a treinta días posteriores a la descarga y siendo innecesario distinguir si las averías se produjeron antes o después de la descarga(60); en los relativos a arrendamientos de buques destinados a la navegación internacional o interprovincial(61); en las ejecuciones de pagarés a la orden si éstos son consecuencia de un contrato de reparación del motor de un buque afectado a ese destino(62); etcétera. También compete a la justicia federal el conocimiento de las pretensiones laborales emergentes de la navegación y del comercio marítimo(63), con la salvedad de que en la Capital Federal, en virtud del carácter nacional de todos los órganos judiciales que ejercen sus 623   

funciones en dicho distrito, la competencia corresponde a la justicia del Trabajo(64). e) Una excepción a la admisibilidad de la competencia federal, en materia marítima, estaba constituida por el art. 1269 —hoy derogado por ley 20.094— del —también hoy derogado— Código de Comercio, según el cual las cuestiones suscitadas por daños causados por choques o abordajes debían ser resueltos por arbitradores. Pero la Corte se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de dicho precepto(65).

H) Causas regidas por el derecho aeronáutico a) El art. 55, inc. b), de la ley 13.998 atribuye a los jueces federales con asiento en las provincias competencia para conocer de los hechos, actos y contratos regidos por el derecho aeronáutico. En concordancia con esa norma, el art. 198 del Código Aeronáutico (ley 17.285) dispone que "corresponde a la justicia federal el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre navegación aérea o comercio aéreo en general y de los delitos que pueden afectarlos". b) Es requisito de la competencia federal que se trate de aeronavegación internacional o interprovincial(66), es decir, la que se realiza, respectivamente, entre un aeródromo de la República y otro extranjero o entre aeródromos situados en distintas provincias. Por lo tanto, la justicia federal carece de competencia para conocer de las pretensiones fundadas en hechos o actos jurídicos vinculados con la navegación aérea realizada dentro de los límites de una provincia, sea entre distintos aeródromos de ella o con fines sanitarios, publicitarios, de aprendizaje, etcétera(67).

I) Recursos en materia contencioso-administrativa Sin perjuicio de la competencia contencioso-administrativa que, por vía originaria, ejerce la justicia federal en el supuesto de ser parte en el proceso el Gobierno de la Nación, numerosas leyes asignan a los órganos integrantes de dicha justicia atribuciones para conocer en recursos deducidos contra resoluciones dictadas por organismos de la Administración, particularmente de aquellas que revisten carácter 624   

sancionatorio. Seguidamente efectuaremos el análisis de las principales impugnaciones de ese tipo, agrupándolas sobre la base de las materias acerca de las cuales versan las resoluciones administrativas(68). a) Aduanas. Los recursos y demandas contra resoluciones de la Aduana de la Nación que determinen derechos, gravámenes, recargos y sus accesorios o ingresos a la renta aduanera a cargo de los particulares y/o apliquen sanciones, excepto en las causas de contrabando; el recurso de amparo de los contribuyentes y terceros y los reclamos y demandas de repetición de derechos, gravámenes, accesorios y recargos recaudados por la Aduana de la Nación, como también los recursos a que ellos den lugar, se rigen por lo dispuesto en los arts. 71 a 90 y por el título II de la ley 11.683, t.o. en 1968 (art. 4º, dec.-ley 6692/1963(69)). Son por lo tanto aplicables al caso las disposiciones establecidas en materia impositiva, de las cuales nos ocuparemos en el punto e) del presente parágrafo e infra, nro. 246, C), lugares a los que nos remitimos. En lo que atañe a las causas por contrabando, la instrucción de los sumarios de prevención, ya sean iniciados de oficio o por denuncia, corresponde a la Aduana de la Nación, Policía Federal, Prefectura Nacional Marítima, Dirección Nacional de Gendarmería Nacional y policías provinciales, dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones, a cuyo efecto deben realizar las tareas de vigilancia, comprobación e investigación (art. 1º, dec.-ley 6660/1963(70)). El conocimiento y resolución de dichos asuntos corresponde originariamente, y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, a los tribunales en lo Penal Económico de la Capital Federal y a los de la justicia federal en el interior del país, que se ajustarán a las normas de procedimiento del fuero correspondiente (art. 2º, dec.-ley cit.(71)). Sin embargo, según el art. 3º(72)del mencionado ordenamiento, la competencia atribuida a los tribunales en lo Penal Económico comprende, además del territorio de la Capital Federal, los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, General Sarmiento, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Las sentencias que se dicten en las causas de contrabando, además de observar las formalidades ordinarias que establece el procedimiento común, deben: 1º) Absolver o condenar a los procesados con respecto al delito de contrabando y a los delitos conexos o en concurso con el mismo que pudieren ser objeto de juzgamiento. 2º) Resolver respecto de las infracciones que, además o en lugar del delito de contrabando, se hubieran comprobado en autos (con lo que se elimina el doble juzgamiento que existía en los anteriores ordenamientos legales). 3º) Resolver sobre la situación fiscal de las mercaderías, aplicando sobre ellas las penas que correspondieren al delito de contrabando o, en su caso,

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a las otras infracciones que se hubieran comprobado en autos (art. 5º, dec.-ley cit.(73)). De acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la ley 17.138, hace excepción al régimen analizado el caso de las infracciones previstas por el art. 198 de la Ley de Aduanas(74)(tenencia de mercaderías extranjeras y presunción de evasión de los impuestos o requisitos de importación), en el cual los dueños o consignatarios de mercaderías o transportes condenados pueden apelar ante la Dirección Nacional de Aduanas u optar por la vía contenciosa ocurriendo a la justicia federal, siendo requisito indispensable, en este último caso, que la pena de que se recurre exceda de m$n. 100 (art. 69(75), ley cit.). Tales recursos deben interponerse por escrito ante la autoridad que dictó el fallo, dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la notificación, pudiendo también interponerse ante la misma autoridad, por telegrama o carta certificada, siempre que fueren expedidos dentro del mencionado plazo. En caso de denegatoria de los recursos, el apelante puede recurrir de hecho, dentro de los cinco días, ante la Dirección o justicia federal (art. 70(76)). Los recursos son optativos, de manera que la interposición de uno de ellos implica la renuncia del otro. Si en el escrito de apelación no se manifiesta expresamente la vía elegida, corresponde intimar a los recurrentes para que lo hagan en el plazo perentorio de tres días hábiles, a cuyo término, si no lo hacen, debe tenerse por optada la vía administrativa. Interpuesto uno de los recursos puede, sin embargo, desistirse de él y ocurrir al otro, siempre que la nueva opción se formule dentro del plazo establecido en el art. 70(77), que esas gestiones no interrumpen (art. 71(78)). Si uno o varios de los denunciados opta por la vía judicial, ésta es obligatoria para todos los recurrentes; pero si todos los denunciados optan por la vía administrativa, ésta es obligatoria para los denunciantes (art. 72(79)). Asimismo, la opción que la ley otorga a los denunciantes sólo puede tener lugar si ninguno de los denunciantes apela de la sentencia (art. 73(80)). Los denunciantes y aprehensores, ya sean particulares, funcionarios o empleados de aduana o de otras reparticiones, cuando consideren lesionados sus derechos por resoluciones dictadas por el administrador o receptor, pueden recurrir en grado de apelación ante la Dirección Nacional de Aduanas o a la justicia federal, en la forma, plazos y condiciones establecidos por los arts. 70, 71, 72 y 73 (art. 74(81)). Vencido el plazo para apelar sin que se haya interpuesto recurso alguno, el fallo del administrador se tiene por consentido, la parte condenada pierde el derecho de ocurrir a la justicia federal y la resolución administrativa alcanza fuerza de cosa juzgada (art. 75(82)). Concedido el recurso de apelación ante la Dirección Nacional, las partes pueden presentar un memorial haciendo valer sus derechos, dentro del plazo perentorio de quince días contado a partir de la notificación del auto que admitió el recurso. Si los apelantes no presentan el memorial dentro del plazo mencionado, debe dárseles por decaído el derecho de hacerlo, imprimirse 626   

a los autos el trámite correspondiente y rechazarse todo escrito presentado posteriormente al vencimiento del plazo, tendiente a mejorar el recurso (art. 79(83)). Presentados los memoriales de las partes, las aduanas o receptorías deben elevar el sumario a la Dirección, sin que en esa oportunidad puedan aducir sobre los fundamentos expuestos por los apelantes (art. 80(84)). Cuando se opta por la vía judicial, el administrador o receptor debe remitir el sumario al juez federal dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en condiciones de ser remitido (art. 81(85)). Previo a todo trámite, el secretario del juzgado debe expedir un testimonio del fallo administrativo certificando al pie la entrega de las actuaciones, documento que queda archivado en la respectiva aduana, y poner luego el expediente en Secretaría a fin de que el apelante exprese agravios conforme al art. 519 del Cód. de Ptos. en lo Criminal (art. 86(86)). Abierto el juicio a prueba, si fuere necesario, se alegará en cuanto a la que se hubiere aportado y luego de la vista del procurador fiscal se dictará la sentencia (art. 87(87)). En el supuesto examinado procede también un recurso de nulidad respecto de fallos pronunciados como consecuencia de un procedimiento vicioso que haya comprometido las garantías sustanciales de la defensa. Sólo puede deducirse cuando procede el de apelación, debiendo presentarse juntamente con ésta y en el plazo para ella concedido (art. 76(88)). Cuando la nulidad proviene de los vicios precedentemente referidos corresponde declararla, debiendo la Dirección, o la justicia federal, en su caso, devolver las actuaciones a la autoridad administrativa que hubiere pronunciado el fallo impugnado para que, volviéndose a instruir el sumario, se corrijan los vicios o se subsanen las omisiones que motivaron la impugnación y se dicte sentencia con arreglo a derecho. Si, en cambio, el procedimiento no está afectado por esa clase de vicios, y la nulidad consiste en las formas de la resolución, la Dirección, o la justicia federal, en su caso, debe declararla nula y proveer sobre el fondo de la causa (art. 77(89)). Pero en todo caso, la nulidad por defectos formales de procedimiento queda subsanada siempre que no se reclame la reparación de aquéllas en la instancia administrativa, y sólo debe decretarse cuando persiga una finalidad práctica y las consecuencias de los defectos aludidos no son susceptibles de subsanarse en la apelación (art. 78(90)). b) Agricultura y ganadería. Las sanciones aplicadas por infracciones a la ley 3708(91), sobre extinción de la langosta, son recurribles ante el juez federal inmediato, dentro del plazo de treinta días, previo pago de la multa a la comisión seccional o de distrito que la impuso (art. 20, ley cit.(92)). Son asimismo recurribles, ante los jueces federales respectivos, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación correspondiente, y previo pago de la multa, las resoluciones mediante las cuales se aplican sanciones por infracción a las leyes 12.566 (Lucha Obligatoria contra la Garrapata; art. 13, dec. 1803/1961); 13.015(93)(Registro Nacional de Productores Agropecuarios); 13.636 (Contralor de Medicamentos 627   

Veterinarios por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, arts. 9º de la ley, y 29, dec. 6564/1951(94)); decs.-leyes 7384/1944 (Extirpación de la Sarna Ovina y Caprina, art. 8º); 5153/1945 (Lucha contra la Fiebre Aftosa, art. 27); 10.834/1957 (Erradicación Obligatoria de la Sarna Bovina, art. 10); 6640/1963 (Tipificación de la Leche, art. 18); etc. Por su parte, el dec.-ley 6773/1963 declara indemnizables los daños que directa o indirectamente ocasionen la exploración, explotación o transporte de los combustibles minerales y de los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos; acuerda derecho a percibir la indemnización al superficiario, cualesquiera que sean las condiciones de su ocupación, y al titular de los bienes perjudicados (art. 1º); determina que las empresas y personas responsables deben cumplir y hacer cumplir las normas tendientes a proteger las explotaciones agropecuarias que fije el decreto reglamentario (art. 2º) y establece que el monto de la indemnización derivada de los daños evitables causados por inobservancia o negligencia en el cumplimiento de las normas fijadas de acuerdo con el art. 2º se determinarán por Juntas Especiales, constituidas por representantes de las empresas, los productores de las zonas y los organismos nacionales o provinciales competentes, cuyas decisiones son recurribles en única instancia ante el juez competente de la respectiva jurisdicción, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación de aquélla. Las empresas deben abonar el importe de la indemnización dentro del plazo de sesenta días de haber quedado firme la respectiva decisión judicial (art. 3º). También son recurribles ante la justicia federal las sanciones impuestas por el secretario de Estado de Agricultura y Ganadería a raíz del incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley 17.175, sobre creación de un fondo destinado a solventar la tecnificación de las explotaciones tabacaleras (art. 5º). Por su parte, el art. 15 del Estatuto anexo al Convenio por el cual se crea la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, ambos ratificados por la ley 17.422,establece que contra las resoluciones del Directorio de la Corporación que apliquen sanciones por incumplimiento de las normas tendientes a hacer efectivos los fines de dicha institución, cabe recurso contencioso para ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. El recurso procede al solo efecto devolutivo y debe interponerse dentro del plazo de cinco días hábiles de notificada la resolución definitiva, debiendo los interesados en el mismo escrito expresar los agravios que tengan contra lo decidido por el Directorio. c) Comunicaciones. Las sanciones contra particulares que publiquen guías telefónicas son aplicadas por el Poder Ejecutivo con recurso, que debe deducirse dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha de la notificación, ante la Cámara Federal de la jurisdicción que corresponda (art. 3º, ley 12.970). En el supuesto de multas aplicadas por infracción a las normas que contiene el dec.-ley 33.310/1944 sobre servicios postales y de 628   

telecomunicaciones, puede el interesado interponer recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo o el de apelación ante la Cámara Federal de su domicilio, dentro del plazo perentorio de diez días, transcurrido el cual sin hacerse uso de ese derecho la resolución debe tenerse por consentida. El recurso jerárquico se sustancia ante la Secretaría de Comunicaciones con la intervención del reclamante y de Correos y Telecomunicaciones, pudiendo recabarse de oficio, o a pedido de las partes, los informes que se consideren pertinentes. Antes de resolver debe oírse al Procurador del Tesoro, previa vista a las partes para que aleguen, si lo desean, sobre la razón que les asiste. La decisión que recaiga al respecto será ejecutoria. El procedimiento ante la justicia federal se sustancia con audiencia del reclamante y de Correos y Telecomunicaciones, oídos los cuales el tribunal debe resolver sin ulterior recurso sobre la base de las constancias del expediente administrativo, sin perjuicio de cualquier otro informe que de oficio o a pedido de las partes resuelva solicitar para mejor proveer (art. 90, dec.-ley 33.310/1944). d) Defensa nacional. Las sanciones aplicadas por infracción a las disposiciones de la ley 13.945(95), sobre armas y explosivos, son recurribles ante el juez federal correspondiente a la jurisdicción donde se haya originado el procedimiento. El recurso debe interponerse dentro de los tres días de notificada la resolución, y concederse al solo efecto devolutivo. Los plazos deben ampliarse en relación con la distancia de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales, y el procedimiento ante el juez se halla regido por las normas contenidas en los arts. 588 y 589 del Código de Procedimiento en lo Criminal (art. 40, ley 13.945(96)). Son recurribles al solo efecto devolutivo, ante el juez federal que corresponda, las multas impuestas por el Poder Ejecutivo nacional a quienes infrinjan, obstaculicen o no presten la cooperación requerida en el cumplimiento de las obligaciones que comporta la defensa antiaérea pasiva (art. 7º, dec.-ley 6250/1958). De acuerdo con el art. 4º de la ley 17.401(97), sobre represión del comunismo, la resolución calificadora dictada por la Secretaría de Informaciones del Estado es recurrible por vía jerárquica ante el Poder Ejecutivo, y agotada la vía administrativa cabe recurso ante la Cámara Federal del lugar del domicilio del interesado, el cual sólo es admisible en el caso de que la calificación adoleciere de arbitrariedad manifiesta. Según el art. 5º de dicha ley, el recurso debe interponerse dentro de los treinta días de haberse notificado el interesado de la denegatoria del Poder Ejecutivo. Interpuesto el recurso, debe ser elevado al tribunal competente dentro de los quince días, con los antecedentes que determinaron la medida. Recibidas las actuaciones, corresponde correr traslado por diez días y por su orden al apelante y a la autoridad calificadora. Contestado el traslado o vencido el plazo sin que las partes lo hubiesen hecho, el tribunal debe dictar la providencia de autos y expedirse dentro de los sesenta días.

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Con respecto a las solicitudes de excepción al servicio militar, el art. 34 de la ley 17.531(98)dispone que el argentino que se considere incluido en alguna de las causales de excepción debe presentarse ante el jefe del distrito militar de su domicilio, quien a su vez debe elevar los antecedentes del caso a la autoridad militar competente. Si la petición es denegada a nivel de la autoridad militar competente puede recurrirse, excepto en el caso del art. 32, inc. 1º(99)(relativo a quienes por enfermedad o defecto físico resulten ineptos en forma absoluta y definitiva para el servicio), ante la instancia militar superior, dentro de los seis días de notificada la resolución. El trámite en el ámbito militar no puede exceder de un año. Contra la denegatoria en la instancia jerárquica superior sólo procede el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que debe interponerse, dentro de los diez días de notificada dicha denegatoria, para ante la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción del distrito militar que inició el trámite. La sustanciación debe tener un plazo máximo de seis meses, siéndoles de aplicación, en su caso, a los integrantes de la Cámara respectiva, las disposiciones pertinentes del dec.-ley 2021/1963. Durante el trámite el ciudadano no es incorporado. Los ciudadanos comprendidos en el inc. 1º del art. 32(100)son exceptuados por el jefe del distrito militar sobre la base del dictamen de la respectiva junta de reconocimiento médico. e) Impuestos. La Cámara Nacional competente en razón de la materia tributaria cuestionada y, en su caso de la sede del Tribunal Fiscal interviniente(101), lo es también para entender, siempre que se cuestione una suma mayor de m$n. 30.000, de los recursos de revisión y apelación limitada contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de impuestos y de multas, y de los recursos por retardo de justicia del mencionado Tribunal (art. 86, incs. b], c] y d], ley 11.683, t.o. en 1968 por dec. 5428/1968). Los responsables o infractores podrán interponer el recurso de revisión y de apelación limitada a que se refiere el art. 86, para ante la Cámara Nacional competente, dentro de treinta días de notificárseles la sentencia del tribunal y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente, igual derecho tendrá la AFIP. No interpuesto el recurso, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse dentro de quince días de quedar firme. Será Cámara Nacional competente aquella en cuya jurisdicción funcione la sede o la delegación permanente o móvil del Tribunal Fiscal de la Nación, según sea donde se ha radicado la causa. El plazo para apelar las sentencias recaídas en los recursos de amparo, será de diez días (art. 192, ley citada). La Cámara resolverá el fondo del asunto, teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación sobre los hechos probados. Ello no obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos (art. 630   

86, inc. 2º, ley citada). Asimismo podrá, si hubiera violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación, declarar la nulidad de las actuaciones o resoluciones y devolverlas al Tribunal Fiscal con apercibimiento, salvo que, en atención a la naturaleza de la causa, juzgare más conveniente su apertura a prueba en instancia (art. 86, inc. 1º, ley cit.). En el caso del inc. d) del artículo anterior, es condición para la procedencia del recurso que hayan transcurrido diez días desde la fecha del escrito de cualquiera de las partes, urgiendo la sentencia no dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación en el plazo legal. Presentada la queja con copia de aquel escrito, la Cámara Nacional requerirá del Tribunal Fiscal que dicte pronunciamiento dentro de los quince días desde la recepción del oficio. Vencido el término sin dictarse sentencia, la Cámara Nacional solicitará los autos y se abocará al conocimiento del caso, el que se regirá entonces por el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para los recursos de apelación concedidos libremente, produciéndose en la instancia toda la prueba necesaria. Toda vez que la queja resultare justificada, la Cámara Nacional pondrá el hecho en conocimiento del presidente del jurado a que se refiere el art. 148. De igual manera procederá en los casos que llegaren a su conocimiento, cuando resultare del expediente que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación no ha sido dictada dentro del término correspondiente (art. 87, ley cit.). f) Industria y comercio. La justicia federal es competente para conocer de las impugnaciones deducidas contra las resoluciones de la Dirección de la Propiedad Industrial que denegasen el registro de una marca, siempre que el interesado no hubiere renunciado a la gestión judicial: "La resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. La acción se tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria por ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que actuará conforme a lo establecido en el art. 17. En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud" (art. 21, ley 22.362). Asimismo es apelable ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o ante la justicia federal, a opción del interesado, y siendo la elección de una vía excluyente de la otra, la resolución denegatoria del registro de un modelo o diseño industrial, dictada por el referido organismo (art. 12, dec.ley 6673/1963). El art. 18 del dec.-ley 4974/1963 dispone que las infracciones a las normas que dicho ordenamiento contiene sobre zafra azucarera deben ser sancionadas por la Secretaría de Comercio, pudiendo ser apeladas las resoluciones respectivas por ante el Juzgado Federal del domicilio de la persona o sociedad sancionada, dentro de los cinco días hábiles a partir de la notificación. 631   

Las infracciones a las normas contenidas en la ley 22.802, sobre prohibición de la promoción de ventas mediante ofrecimiento o entrega de premios o regalos, son sancionadas mediante la aplicación de sanciones por los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, contra cuyas resoluciones procede un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las Cámaras Federales de Apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la condena. El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificada la resolución, y será concedido en relación y con efecto suspensivo excepto cuando se hubieren denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente (art. 22, ley cit.). g) Marina mercante. Las multas aplicadas por el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Marina Mercante, por infracción a las normas establecidas en el dec.-ley 6677/1963, a la reserva del cabotaje nacional contenida en el dec.-ley 19.492 (ley 12.980) y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten, son susceptibles de recurso que debe interponerse, dentro de los cinco días de notificadas, ante la Cámara Federal competente cuando excedan de m$n. 10.000 (arts. 35, dec.-ley 6677/1963, y 61, inc. b], dec. 9489/1963, hoy derogado por el dec. 567/1963). h) Prefectura Nacional Marítima. Se faculta al Poder Ejecutivo para establecer multas de hasta diez millones de pesos ($ 10.000.000) por infracciones a los reglamentos marítimos, fluviales, portuarios y lacustres, correspondiendo su aplicación a la Prefectura Naval Argentina. Las resoluciones condenatorias serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo —sala en lo Contencioso Administrativo— dentro de los cinco días hábiles de su notificación. El recurso deberá interponerse con expresión de agravios y se concederá al solo efecto devolutivo. Tratándose de multas de hasta cien mil pesos ($ 100.000) no se concederá recurso sin previo pago (arts. 1º y 2º, ley 20.405). i) Salud Pública. De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 11 y 12 del dec.-ley 8660/1963, son recurribles ante el juez nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo en la Capital Federal, o ante el juez federal de primera instancia en las provincias y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur —hoy provincia—, las sanciones de multas superiores a m$n. 5.000 aplicadas en virtud de infracciones a normas contenidas en los siguientes ordenamientos legales: 1º) ley 5195(102), modificada por la ley 13.266, referente a la profilaxis del paludismo; 2º) ley 11.359(103), sobre profilaxis de la lepra; 3º) ley 11.843, sobre profilaxis de la peste humana (bubónica, septicémica y pulmonar); 4º) ley 12.670(104), sobre vacunación y revacunación antidiftérica; 5º) ley 14.022(105), sobre profilaxis de la fiebre amarilla; 6º) ley 14.837(106), sobre vacunación y revacunación 632   

antituberculosa; 7º) dec.-ley 3540/1944, sobre intoxicación habitual por medio de estupefacientes; 8º) dec.-ley 31.208/1945, sobre importadores de hojas de coca. El mismo recurso procede contra las sanciones de multa superiores a m$n. 5.000, aplicadas por infracción a las normas contenidas en los decs.-leyes 6765/1963 (sobre venta de prótesis para sordos) y 6823 (sobre productos medicinales) y contra las sanciones de multa superiores a m$n. 2.000 impuestas por infracción a las disposiciones dictadas como consecuencia de la ley 17.180, que autoriza al Poder Ejecutivo para disponer medidas sanitarias tendientes a evitar la propagación de enfermedades pestilenciales e infecto-contagiosas (art. 3º, ley citada).

241. Competencia por razón de las personas

A) Causas en que la Nación sea parte a) El art. 2º, inc. 6º, de la ley 48, asigna competencia a la justicia federal para conocer, en general, de todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte. De acuerdo con esa norma, deben tramitar ante la justicia federal todos los procesos en los cuales sea parte actora o demandada la Nación o sus entidades descentralizadas o autárquicas(107), cualquiera sea el carácter en que aquélla haya actuado o la naturaleza del litigio(108). En el supuesto de demandarse a la Nación, el art. 1º de la ley 3952 (modificado por la ley 11.634) exige, como requisito de admisibilidad de la pretensión, la reclamación administrativa previa y la denegación, expresa o tácita, por parte del Poder Ejecutivo(109). El mencionado requisito sólo se refiere a las demandas formalmente dirigidas contra el Poder Ejecutivo nacional como parte directa, y no comprende, por lo tanto, a las entidades descentralizadas y autárquicas(110). Sin embargo, la reclamación administrativa previa resulta innecesaria, entre otros casos, en el supuesto de demandas por daños y perjuicios provenientes de hechos ocasionados por empleados o funcionarios del Estado, por cuanto el art. 1º del dec.-ley 28211/1944 contiene una disposición por la cual impone el rechazo de las reclamaciones administrativas tendientes a responsabilizar al Estado en razón de esos 633   

hechos(111): cuando la demanda es consecuencia de un juicio anterior promovido por la Nación, como ocurre en el caso de la demanda de repetición deducida con posterioridad a un juicio de apremio(112); si se trata del amparo de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional, según sucede, por ejemplo, con la demanda de daños y perjuicios ocasionados por un juicio de expropiación desistido por el Estado(113); etc. El requisito tampoco es exigible cuando el Poder Ejecutivo acata la controversia judicial sin plantear la falta de reclamación previa(114), o cuando renuncia a ella expresamente con carácter general o particular(115). b) En lo que atañe al conocimiento de las causas en que sea parte un recaudador de rentas de la Nación, deben versar sobre hechos relacionados con la renta y el servicio público(116).

B) Distinta vecindad de las partes a) Compete a los jueces federales con asiento en las provincias el conocimiento de "las causas civiles en que sean partes un vecino de la provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra" (art. 2º, inc. 2º, ley 48). A fin de determinar la competencia, en este caso, deben considerarse "causas civiles" no sólo las que nacen de estipulación o contrato, sino también las regidas por el derecho común, es decir aquellas en las cuales se discuten relaciones jurídicas de derecho privado(117). Por lo tanto, no encuadran en el concepto de "causas civiles" las que versan sobre cuestiones reglamentarias por el derecho administrativo(118)ni los procesos penales(119). b) El art. 11 de la ley 48 prescribe que la vecindad en una provincia "se adquirirá para los efectos del fuero, por la residencia continua de dos años, o por tener en ella propiedades raíces, o un establecimiento de industria o comercio o por hallarse establecido, de modo que aparezca el ánimo de permanecer". Se ha decidido que la fórmula contenida en la última parte de esta norma, o sea la que se refiere al establecimiento y al ánimo de permanencia, constituye el factor esencialmente atributivo de la competencia federal, y que las restantes circunstancias que aquélla menciona carecen de valor propio o autónomo para determinar la vecindad, siendo meros elementos de juicio de los cuales puede inducirse el hecho de la residencia con carácter permanente(120).

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El actor al presentar la demanda, o el demandado en su caso(121), deben acompañar documentos u ofrecer informaciones que acrediten la distinta vecindad (art. 332, CPCCN)(122). c) Para que proceda la competencia federal por razón de distinta vecindad, es necesario, ante todo, que tanto el actor como el demandado sean ciudadanos argentinos(123). De allí que aquélla no pueda ser invocada por el argentino que es demandado por un extranjero ante los jueces locales que no son los del domicilio del primero(124), y que tampoco sea procedente cuando litigan extranjeros domiciliados en diferentes provincias(125). Tales principios no obstan, sin embargo, para que el extranjero demandado por un ciudadano argentino pueda invocar la competencia federal, cualquiera sea la vecindad de las partes(126), pues en tal hipótesis es aplicable la regla atributiva de competencia federal por razón de extranjería, a la cual nos referiremos en el próximo párrafo. Cabe añadir que las municipalidades argentinas deben ser consideradas, a los efectos de la competencia, como personas de nacionalidad argentina vecinas del lugar en que actúan, de manera tal que pueden invocar y se les puede oponer la competencia federal en razón de la distinta vecindad o nacionalidad de las partes, del mismo modo que con respecto a cualquier ciudadano argentino(127). d) La competencia federal por razón de distinta vecindad ha sido instituida como un beneficio a favor del vecino de una provincia distinta de aquella en la cual se deduce la pretensión(128), pues el fundamento de la norma, aunque erróneo como hemos dicho, reside en el posible favoritismo del juez respecto de la parte que se domicilia en el lugar donde aquél ejerce sus funciones. Por consiguiente, la competencia federal no puede ser invocada por quien es demandado ante los jueces de la provincia de la cual es vecino, ya que no es admisible declinar la competencia de los jueces propios(129). Igualmente, no procede la competencia federal en el supuesto de que ninguna de las partes se halle avecinada en la provincia en la cual se sustancia el proceso(130). e) Otro requisito de la competencia federal, en el supuesto que analizamos, consiste en que el derecho discutido pertenezca originariamente, y no por cesión o mandato, a quien lo hace valer en el juicio (art. 8º, ley 48). La solución normativa tiene fundamento en la necesidad de evitar que, a través de cesiones simuladas, se extienda la competencia federal a supuestos no expresamente admitidos(131). Por lo tanto, si el derecho pertenece por cesión a quien lo reclama judicialmente, la admisibilidad de la competencia federal requiere: 1º) Que el cesionario, personalmente, se encuentre en las necesarias condiciones de vecindad con respecto al 635   

demandado. 2º) Que en esas mismas condiciones esté su cedente, en forma tal de que él mismo hubiera podido promover el juicio ante la justicia federal. En otras palabras, es necesario que tanto el cedente como el cesionario se hallen en condiciones legales de poder demandar al deudor ante dicha justicia(132). Pero el art. 8º de la ley 48 no contempla los casos en que el demandado lo sea en calidad de cesionario. Sólo se refiere a cambios en la persona de los acreedores, es decir, de quienes deducen la pretensión, no pudiendo, como lo ha expresado la Corte, extenderse por analogía a aquella hipótesis, por tratarse de una limitación al fuero y ser de interpretación restrictiva(133). Asimismo, dicha norma es inaplicable cuando el derecho invocado como fundamento jurídico de la pretensión emerge de un acto jurídico diverso del de cesión o mandato propiamente dichos. No rige, por lo tanto, en el caso de ejecutarse una letra endosada con todos los requisitos exigidos por el art. 626 del Código de Comercio(134), pues ello implica transferencia de la propiedad del documento(135), o en el supuesto de pretensiones originadas en un contrato de compraventa de un inmueble, aunque el actor no haya adquirido derecho real sobre la cosa comprada(136). Tampoco es aplicable respecto del asegurador subrogado en los derechos del asegurado, pues en tal hipótesis no median los mismos motivos que en el caso común de una cesión(137). f) "Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus negocios en una provincia serán reputadas, para los efectos del fuero, como ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera sea la nacionalidad de sus socios actuales" (art. 9º, ley 48). Como se advierte, no es el domicilio de las sociedades anónimas el elemento determinante de la competencia federal, sino el hecho de que aquéllas hayan sido constituidas y tengan el asiento principal de sus negocios en la provincia de que se trate(138). De allí que se haya decidido, reiteradamente, que una sociedad anónima que se encuentra radicada en la Capital Federal, donde funciona su directorio, tiene derecho, aun cuando realice sus negocios en una provincia y tenga en ella un establecimiento comercial, así sea el principal, a invocar su calidad de vecina de la Capital Federal a fin de ser juzgada por la justicia federal correspondiente a la sección donde se encuentra establecida la sucursal o agencia, en una demanda iniciada por un ciudadano de la misma provincia, pues las mencionadas circunstancias sólo pueden determinar la existencia de un domicilio especial a los efectos expresados en el art. 90, inc. 4º, del derogado Código Civil(139). g) El art. 10 de la ley 48 contempla el caso de las sociedades colectivas, así como los supuestos de litisconsorcio activo, pasivo o mixto y dice: "En las sociedades colectivas, y en general en todos los casos en que dos o más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria, o sean 636   

demandadas por una obligación solidaria, para que caigan bajo la jurisdicción nacional, se atenderá a la nacionalidad o vecindad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar o pueda ser demandado ante los tribunales nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el inc. 2º del art. 2º". En materia de sociedades, por lo pronto, la norma es extensiva a toda clase de ellas que no sean anónimas, como las de responsabilidad limitada(140)y las en comandita por acciones(141). En estos casos, por lo tanto, todos los socios deben ser vecinos de distinta provincia que la del actor. En los supuestos de litisconsorcio, es menester formular una distinción fundada en el carácter facultativo o necesario de éste. En el primer caso, los litisconsortes que tienen derecho a la competencia federal pueden invocarlo eficazmente, porque nada impide que las respectivas pretensiones tramiten por separado ante la justicia federal y la ordinaria, según corresponda en mérito a la vecindad de las partes. El riesgo de que se dicten sentencias contradictorias resulta, en esta hipótesis, una inevitable consecuencia del régimen institucional vigente(142). Si se trata, en cambio, de litisconsorcio necesario, al cual caracteriza el hecho de involucrar una pretensión única con pluralidad de sujetos legitimados, la admisibilidad de la competencia federal se halla excluida aunque una o más de las partes pudieran tener individualmente derecho a aquélla, pues este tipo de litisconsorcio sólo admite, por la razón apuntada, la posibilidad de un pronunciamiento judicial de idéntico contenido para todos los litisconsortes(143). h) Cabe recordar, por último, que: 1º) La competencia federal por razón de distinta vecindad es prorrogable por las partes (supra, nro. 237). 2º) Las reglas atributivas de competencia por aquella razón no juegan en los procesos universales (art. 12, inc. 1º, ley 48).

C) Extranjería a) Los jueces federales con asiento en las provincias son también competentes para conocer de las causas civiles "en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero" (art. 2º, inc. 2º, ley 48). La norma responde, como lo ha expresado la Corte Suprema, a la necesidad de evitar el peligro de que la responsabilidad de la Nación pueda resultar comprometida a raíz de actos de los jueces locales, provocando reclamaciones o conflictos internacionales(144). Implica, por 637   

otra parte, un privilegio instituido exclusivamente en favor del extranjero, de modo que el amparo de la justicia federal desaparece cuando se trata de pleitos suscitados entre dos extranjeros(145), y no puede ser invocado por el ciudadano argentino que es demandado por un extranjero ante los jueces locales(146), pues ello sólo importa la renuncia a un beneficio y la consiguiente prórroga de la competencia en favor de dichos jueces(147). Asimismo, el extranjero demandado por un argentino ante la justicia federal no puede declinar la competencia de ésta(148). b) Con respecto a las sociedades constituidas fuera del país, cuya personalidad jurídica se halla expresamente admitida por nuestra legislación (arts. 33, 34 y 35, CCiv., 287(149), CCom., ambos Códigos hoy derogados, etc.), el elemento determinante de su nacionalidad, a los efectos de la competencia, está dado por el lugar de su constitución, con prescindencia de la nacionalidad de sus componentes(150). Tales sociedades no pierden su condición de extranjeras, en materia de competencia, por el hecho de haber sido reconocidas por el Poder Ejecutivo como personas jurídicas(151), ni por el de hallarse inscriptas en el Registro Público de Comercio, pues tal inscripción no implica más que el acto público mediante el cual se exterioriza la presencia en el territorio de la sociedad extranjera y la prueba de que se halla constituida de acuerdo con las leyes de origen, en los términos de la ley 8867(152). c) También compete a la justicia federal el conocimiento de las causas suscitadas entre particulares y un Estado extranjero(153). En el caso de que quien litigara con un Estado extranjero fuera una provincia, la competencia correspondería originariamente a la Corte Suprema(154)(infra, nro. 248, D]). En ambos supuestos, sin embargo, es necesario que el gobierno extranjero renuncie al privilegio de exención de jurisdicción al cual nos hemos referido oportunamente (supra, nro. 71). d) Finalmente, son aplicables al caso en estudio las reglas examinadas en B) en relación con los siguientes aspectos: 1º) Necesidad de acreditar, inicialmente, la nacionalidad extranjera, mediante documentos o informaciones (art. 332, CPCCN)(155). 2º) Pertenencia originaria, y no por cesión o mandato, del derecho invocado(156). 3º) Necesidad de computar la nacionalidad de todos los integrantes de la sociedad y de todos los actores o demandados en el supuesto de litisconsorcio(157).

D) Cónsules y vicecónsules extranjeros a) El art. 2º, inc. 3º, de la ley 48 atribuía a los jueces federales el conocimiento de las causas "que versen sobre negocios particulares de un cónsul o vicecónsul extranjero". Esta disposición fue modificada por el art. 638   

55, inc. c), de la ley 13.998 (no derogado por el dec.-ley 1285/1958), en cuya virtud dichos jueces deben conocer "de las causas que versen sobre negocios particulares de los cónsules extranjeros y de todas las concernientes a los vicecónsules extranjeros". Tal modificación se conciliaba con la introducida por el art. 24(158), inc. 1º, apart. 6º, de la misma ley, que sometió a la competencia originaria de la Corte Suprema las causas que versaran sobre hechos o actos cumplidos por los cónsules extranjeros en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal, y excluyó a los vicecónsules de dicha competencia. El dec.-ley 1285/1958, en su art. 24, inc. 1º, apart. 5º, reprodujo la mencionada disposición, aclarando, además, que compete a la Corte, en forma originaria y exclusiva, el conocimiento "de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público". Como consecuencia de las referidas reformas, los jueces federales inferiores son competentes para conocer en los procesos relativos a los negocios particulares tanto de los cónsules como de los vicecónsules y en todos los procesos en que sean partes los segundos, es decir, con prescindencia de que versen sobre asuntos privados o relativos al ejercicio de sus funciones como tales. b) De acuerdo con los principios expuestos, cabe encuadrar dentro del concepto de "negocios particulares" de los cónsules y vicecónsules los litigios que versan sobre cuestiones de derecho privado, como son, por ejemplo, las relativas al cumplimiento de contratos(159), daños y perjuicios(160), divorcio(161); sobre cobro de impuestos(162); sobre la comisión de delitos ajenos al ejercicio de sus funciones(163)o infracciones municipales(164); etcétera. Pero si se trata de un delito de calumnias o injurias cometido por medio de la prensa, la causa corresponde al conocimiento de los jueces ordinarios, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 de la Constitución Nacional(165). c) Sólo se hallan comprendidos en la regla atributiva de competencia federal los funcionarios de carrera. No así los que se desempeñan con carácter honorario(166)ni los restantes miembros del Consulado o Viceconsulado. d) Corresponde destacar, finalmente, que los cónsules y vicecónsules no gozan de la exención de jurisdicción reconocida a favor de los embajadores, ministros y demás diplomáticos extranjeros, y que, por lo tanto, no se requiere la conformidad del gobierno a quien representan para someterlos a juicio ante los tribunales argentinos.

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242. Competencia por razón del valor No existe, entre los jueces federales de primera instancia, una distribución de la competencia por razón del monto de las causas; pero como lo hemos señalado oportunamente (supra, nro. 237), se hallan excluidas de su conocimiento todas aquellas causas de competencia concurrente en las que el valor del objeto demandado no exceda de quinientos pesos, cuando, por otra parte, el caso caiga bajo la jurisdicción de la justicia de Paz de la provincia respectiva, según las leyes de procedimiento vigentes en ella (art. 1º, ley 927).

243. Competencia por razón del grado Esta clase de competencia es ejercida por las denominadas Cámaras Federales de Apelaciones, de cuya composición y respectivas sedes nos hemos ocupado oportunamente (supra, nro. 135). En lo que concierne a la competencia por razón del lugar, de la materia y del valor que corresponde a los mencionados tribunales, en comparación con la que es ejercida por los jueces federales de primera instancia, cabe anotar las siguientes diferencias: 1º) Contrariamente a lo que ocurre en la Capital Federal, que constituye una única circunscripción judicial, las Cámaras Federales con asiento en el interior de la República tienen una competencia territorial más amplia que la de los jueces de primera instancia, siendo algunas de ellas Tribunales de Alzada en relación con juzgados que funcionan en distintas provincias (v.gr., Cámaras de Mendoza, Tucumán, etc.). 2º) La competencia por razón de la materia que incumbe a las Cámaras Federales es también más amplia que la de los jueces de primera instancia, pues aquéllas, como hemos visto, tienen atribuciones para conocer directamente de ciertos recursos interpuestos contra resoluciones dictadas por organismos administrativos (supra, nro. 240, I]). 3º) Por razón del valor, en cambio, la competencia de las Cámaras Federales es más reducida que la de los jueces de primera instancia, pues son irrecurribles las resoluciones dictadas por éstos en aquellos asuntos en los cuales el valor discutido no exceda de m$n. 50.000 (art. 17, inc. 1º, ley 4055, con la modificación introducida por la ley 17.765). 640   

III. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL DE LA CAPITAL

244. Generalidades Los órganos judiciales que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y a los cuales se ha atribuido el ejercicio de la competencia federal, actúan divididos, como sabemos, en tres especialidades: Civil y Comercial, Contencioso Administrativa, y Criminal y Correccional (supra, nro. 135, C]). En los números que siguen nos ocuparemos de las reglas de competencia correspondientes a las dos primeras de las mencionadas especialidades, por ser el estudio de la tercera ajeno al contenido de esta obra. Cabe agregar que son aplicables, tanto a la justicia federal en lo Civil y Comercial cuanto a la justicia federal en lo Contencioso Administrativo, las reglas atributivas de competencia por razón del lugar y por razón del valor que hemos estudiado anteriormente bajo los nros. 239 y 242, con la lógica salvedad, en el primer caso, de que los respectivos órganos tienen circunscripta su actuación a los límites territoriales de la Capital Federal, y les son, por lo tanto, inaplicables las consideraciones expuestas en el punto b) del nro. 239.

245. Justicia federal en lo Civil y Comercial

A) Competencia por razón de la materia Esta clase de competencia se encuentra regulada por los arts. 111, incs. 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, de la ley 1893, y 42 de la ley 13.998, con las exclusiones previstas en el art. 41, incs. b) y c) de esa última ley. A 641   

continuación efectuaremos el análisis de las normas citadas, cuya mayor parte reproduce, como se verá, el contenido de disposiciones contenidas en el art. 2º de la ley 48, de las cuales nos hemos ocupado al examinar la competencia de la justicia federal con asiento en el interior de la República. De acuerdo con los citados preceptos, la justicia federal en lo Civil y Comercial de la Capital tiene competencia para conocer en los siguientes casos: 1º) Los que sean regidos especialmente por la Constitución Nacional, los tratados públicos con las naciones extranjeras, las leyes nacionales y que sancionare el Congreso, con excepción de las que se refieren al gobierno y administración de la Capital (art. 111, inc. 1º, ley 1893). Son aplicables, a la primera parte del inciso transcripto, las consideraciones expuestas supra, nro. 240, A), B) y C), en relación con la competencia de la justicia federal con asiento en las provincias. La excepción prevista en la última parte, que coincide básicamente con la establecida en el inc. 5º del art. 111, se justifica en razón del carácter local que reviste la legislación que dicta el Gobierno nacional para regir exclusivamente en la Capital Federal(167), aunque tal circunstancia no se opondría a la unificación de las competencias federal y ordinaria en dicho distrito, ya que la actual diversificación no tiene fundamento constitucional, sino meramente legal. Las mismas consideraciones son aplicables a las ordenanzas dictadas por la Municipalidad de la Capital(168). Distinto sería el caso de que una ley referente al gobierno y administración de la Capital fuese judicialmente objetada con fundamento directo e inmediato en alguna cláusula constitucional, pues entonces la competencia de la justicia federal resultaría admisible en virtud de lo dispuesto en la primera parte del inc. 1º(169). 2º) Las cuestiones que se susciten entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno nacional (art. 111, inc. 4º, ley 1893). Sobre esta cuestión nos remitimos a lo expuesto supra, nro. 240, D). 3) Las acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos, por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos. En la precedente disposición, no se comprenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la Capital y no generales para la Nación (art. 111, inc. 5º, ley 1893). El conocimiento de las pretensiones fiscales a que se refiere la última parte del inciso transcripto se halla excluido del conocimiento de la justicia federal por la misma razón expuesta al comentar la excepción prevista por el inc. 1º del art. 111 con respecto a las leyes referentes al gobierno y a la administración de la Capital. En consecuencia, es competente la justicia 642   

ordinaria de la Capital, y no la federal de ese distrito, para conocer de las pretensiones sobre cobro o repetición de impuestos locales, como el establecido sobre las herencias(170), la contribución inmobiliaria(171), etc., y, en general, de gravámenes municipales(172). Interesa añadir que, en virtud de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 17.928, el conocimiento de las ejecuciones fiscales por cobro de gravámenes adeudados a organismos nacionales compete indistintamente a los órganos integrantes de la justicia federal en lo Civil y Comercial y de la justicia federal en lo Contencioso Administrativo, siempre que los aludidos organismos no revistan, en el caso, el carácter de organismos locales para la Capital Federal(173), es decir, que no actúen en calidad de reparticiones recaudadoras de gravámenes establecidos para regir exclusivamente en el mencionado distrito. 4º) Las causas que versen sobre hechos, actos y contratos concernientes a los medios de transporte terrestres, con excepción de las acciones civiles por reparación de los daños y perjuicios causados por delitos y cuasidelitos (art. 42, inc. a], ley 13.998). En oportunidad de examinar la norma análoga que contiene el art. 55, inc. b), de la ley 13.998 en relación con la justicia federal con asiento en las provincias, expresamos que aquélla sólo comprende las pretensiones de origen contractual vinculadas con el transporte terrestre interprovincial o internacional, y que tal limitación no rige respecto de la justicia federal de la Capital, cuya competencia emerge de la ley, y no de la Constitución (supra, nro. 240, F]). Por lo tanto, con prescindencia de la afectación del medio de transporte terrestre de que se trate, para deslindar la competencia relativa a esta materia entre los órganos judiciales de la Capital Federal, es menester atenerse, simplemente, al origen contractual o extracontractual de la respectiva pretensión. En ese orden de ideas, compete a la justicia federal en lo Civil y Comercial el conocimiento de las pretensiones fundadas en la existencia de un contrato de transporte (art. 184, CCom.), como es, v.gr., la que tiende al resarcimiento de los daños y perjuicios experimentados por los pasajeros de un medio de transporte terrestre, ya que la circunstancia de que las víctimas del hecho dañoso revistan aquel carácter, implica vincular directamente la pretensión a un contrato de aquella índole existente entre las partes(174). En cambio, es competente la justicia ordinaria para conocer de las pretensiones fundadas en la existencia de responsabilidad delictual o cuasidelictual, como es, por ejemplo, la deducida por quien persigue el resarcimiento de daños producidos a un vehículo de su propiedad por medio de transporte terrestre(175). No altera tal conclusión el hecho de que sea parte en el proceso la Nación o alguna de sus reparticiones descentralizadas, pues todos los jueces de la Capital revisten el mismo carácter nacional(176).

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5º) Todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra (art. 111, inc. 6º, ley 1893). 6º) Las que se originen por choques o averías de buques, por asaltos hechos o por auxilios prestados en alta mar; o en los puertos, ríos y mares en que la República tenga jurisdicción, si estuvieren más inmediatos a la Capital (art. 111, inc. 7º, ley cit.). 7º) Las que se originen entre los propietarios e interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad (art. 111, inc. 8º, ley cit.). 8º) Las que versen sobre construcción y reparo de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería gruesa y simple; sobre contrato a la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargo de buques o penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán y tripulantes; y en general sobre todo contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo (art. 111, inc. 9º, ley cit.). Los cuatro incisos precedentemente transcriptos coinciden, como se advierte, con los incs. 7º a 10 del art. 2º de la ley 48, y se hallan comprendidos en la fórmula general contenida en el art. 42, inc. b), de la ley 13.998, que atribuye competencia a los jueces federales en lo Civil y Comercial para conocer de las causas que versen sobre hechos, actos y contratos regidos por el derecho de la navegación. El tema ha sido estudiado supra, nro. 240, G), lugar al que nos remitimos. 9º) Las causas que versen sobre hechos, actos y contratos regidos por el derecho aeronáutico (art. 24, inc. b], ley 13.998). Nos remitimos, en cuanto concierne a esta cuestión, a lo dicho supra, nro. 240, H), en oportunidad de comentar la norma contenida en el art. 55, inc. b), de la ley 13.998 con respecto a los jueces federales con asiento en las provincias(177).

B) Competencia por razón de las personas Este tipo de competencia se rige por las disposiciones contenidas en los arts. 111, incs. 3º y 5º, de la ley 1893, y 41, inc. a), de la ley 13.998.

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Corresponde aclarar, ante todo, que el art. 111, inc. 2º, de la ley 1893, reproduciendo sustancialmente la norma del art. 2º, inc. 2º, de la ley 48, asignaba a los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires competencia para conocer de las causas civiles en que sea parte un ciudadano argentino y un extranjero y aquéllas en que lo sea un vecino de la Capital y el de una provincia. Pero dicha norma fue derogada por el art. 41, inc. a), de la ley 13.998, que excluyó de la competencia de los jueces federales en lo Civil y Comercial "las causas cuyo conocimiento les está atribuido por razones de la nacionalidad o el domicilio de las personas". En virtud de tal reforma, que responde al carácter nacional que revisten todos los jueces de la Capital, no cabe la invocación de la competencia federal por el extranjero que demanda o es demandado, ni por el vecino de alguna provincia que es demandado ante los órganos judiciales ordinarios que tienen su sede en dicho distrito(178). Pero ello no se opone a que el ciudadano argentino que se avecina en la Capital Federal pueda invocar la procedencia del fuero federal cuando es demandado ante la justicia provincial. Con la salvedad referida, la justicia federal en lo Civil y Comercial de la Capital tiene competencia por razón de las personas en las siguientes causas: 1º) Las que versen sobre negocios particulares de cónsules y vicecónsules extranjeros (art. 111, inc. 3º, de la ley 1893). Son aplicables, a este supuesto, las consideraciones formuladas supra, nro. 241, D), al ocuparnos de la norma análoga contenida en el art. 2º, inc. 3º, de la ley 48. Sólo cabe agregar que la disposición transcripta debe considerarse extensiva a todas las causas concernientes a vicecónsules extranjeros, según lo hace, como vimos, el art. 55, inc. c), de la ley 13.998con respecto a los jueces federales con asiento en las provincias, porque de lo contrario, dado que la Corte Suprema carece de competencia originaria para conocer de los asuntos relacionados con el ejercicio de las funciones que aquéllos ejercen, se daría el contrasentido de que tales asuntos quedaran reservados al conocimiento de los órganos de la justicia ordinaria(179). 2º) Todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte (art. 111, inc. 5º, ley citada). Si bien, en términos generales, es aplicable a esta hipótesis lo expuesto supra, nro. 241, A), el principio de que compete a la justicia federal el conocimiento de los procesos en los que sea parte la Nación sufre, en el ámbito de la Capital Federal, importantes limitaciones que derivan, sea de la materia sobre la que versa la causa, sea de la forma en que hubiere actuado aquélla o sus reparticiones. En cuanto a las limitaciones emergentes de la materia litigiosa, el art. 111 de la ley 1893excluye del conocimiento de la justicia federal de la Capital los asuntos en los cuales, aun siendo parte la Nación, se halle en 645   

tela de juicio la aplicación de leyes relativas al gobierno y administración de la Capital (inc. 1º), así como las pretensiones fiscales que aquélla deduzca por cobro o defraudación de rentas o impuestos que hayan sido establecidos exclusivamente para aquel distrito y no con carácter general para la Nación (inc. 5º)(180). Interesa recordar, por otra parte, las normas atributivas de competencia a la justicia ordinaria aun cuando en los respectivos procesos sea parte la Nación o alguna de sus dependencias, como ocurre en los casos de pretensiones laborales que no entrañen la existencia de una relación de empleo público(181), o en los casos de pretensiones de origen extracontractual vinculadas con los medios de transporte terrestres(182). En lo que respecta a la forma en que hubieren actuado las reparticiones del Estado nacional, es competente la justicia ordinaria en el supuesto de que aquéllas, en el caso concreto que motiva la pretensión, hayan ejercido su acción en el exclusivo ámbito de la Capital(183). Interesa señalar, por último, que la competencia en los asuntos en que sea parte la Nación puede corresponder tanto a la justicia federal en lo Civil y Comercial como a la justicia en lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la naturaleza de las normas aplicables al caso y con el carácter en que aquélla hubiera intervenido en él.

C) Competencia por razón del grado Es ejercida por la sala en lo Civil y Comercial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dentro del mismo ámbito competencial asignado a los jueces de primera instancia por razón del lugar, de la materia y de las personas. Sólo varía la competencia por razón del valor, en virtud de la irrecurribilidad de las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia en aquellos asuntos en los cuales el valor discutido no exceda de m$n. 50.000 (art. 17, inc. 1º, ley 4055, modif. por la ley 17.765).

246. Justicia en lo Contencioso Administrativo 646   

A) Normas aplicables La competencia de los órganos judiciales especializados en la materia se halla regida por el art. 45 de la ley 13.998, con respecto a los jueces de primera instancia, y por el art. 33(184)del dec.-ley 1285/1958 en relación con la correspondiente sala de la Cámara de Apelaciones. De acuerdo con el art. 45 de la ley 13.998, los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer: a) de las causas contencioso-administrativas; b) de las causas que versen sobre contribuciones nacionales y sus infracciones; c) de los recursos contra resoluciones administrativas, que las leyes en vigor atribuyen a los jueces federales existentes a la fecha de la sanción de dicha ley(185). A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el art. 33(186)del dec.-ley 1285/1958, la sala en lo Contencioso Administrativo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, aparte de ser Tribunal de Alzada respecto de los jueces que tienen asignada esa especialidad, es competente para conocer de los recursos deducidos contra las resoluciones de organismos administrativos, en los casos autorizados por las leyes y contra las resoluciones del jefe de la Policía Federal, en materia de derecho de reunión. A continuación analizaremos cada una de las materias comprendidas en las mencionadas disposiciones.

B) Causas contencioso-administrativas En términos generales, el carácter contencioso-administrativo de una causa judicial se halla determinado por la concurrencia de dos factores: el subjetivo, que está dado por la circunstancia de ser parte en el conflicto un órgano de la Administración Pública, y el objetivo, que deriva de la naturaleza de la norma o normas aplicables. Por otra parte, según lo señalamos oportunamente (supra, nro. 234, D]), la competencia judicial en materia contencioso-administrativa puede tener lugar, sea con motivo del planteamiento de una pretensión deducida por o contra el Estado o alguna de sus dependencias, sea por vía de recursos que las leyes conceden contra resoluciones dictadas por organismos administrativos. 647   

El art. 45, inc. a), de la ley 13.998 se refiere a la primera de dichas modalidades, comprendiendo a los procesos en los cuales es parte actora o demandada la Nación o una de sus reparticiones descentralizadas, y cuya decisión depende de la aplicación de normas del derecho administrativo(187). De acuerdo con ese criterio, que se hace cargo de los dos factores precedentemente mencionados, se ha resuelto, entre otros casos, que compete a la justicia en lo Contencioso Administrativo conocer de la demanda entablada contra la Nación para que se condene a ésta a conceder una pensión de retiro militar denegada en sede administrativa(188); de la demanda cuyo título determinante lo constituye un decreto dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación en su carácter de poder administrador de los caudales de la Nación(189); de la demanda deducida por la Universidad de Buenos Aires por reintegro de sueldos percibidos por uno de sus empleados, dado que las relaciones de los empleados públicos con los órganos de la Administración se rigen por normas constitucionales y administrativas(190)y a raíz de las multas que se aplicaron por infracción a las leyes del trabajo merced a la intervención que cupo a los actores en su carácter de inspectores, pues los importes reclamados derivan de actividades cumplidas en calidad de funcionarios públicos(191), etcétera.

C) Contribuciones nacionales La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo es competente, en los términos del art. 45, inc. b), de la ley 13.998, para conocer de todas aquellas pretensiones que versen sobre cobro o repetición de impuestos establecidos por leyes nacionales, con exclusión de los que rigen exclusivamente para la Capital Federal y de los gravámenes municipales. La ley 11.683 (t.o. por dec. 821/1998) prevé las vías procesales admisibles para impugnar las resoluciones que impongan multas o determinen los impuestos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de impuestos y sus accesorios abonados de más. En tales supuestos, los infractores o responsables pueden interponer optativamente, dentro de los quince días de notificados de la resolución: a) recurso de reconsideración para ante el superior; b) recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, cuando fuere viable (art. 76), es decir, en los casos contemplados por el art. 159 de la ley 11.683 (supra, 240, I], e]). 648   

Si en el plazo precedentemente mencionado no se interpone ninguno de los recursos autorizados, las resoluciones deben tenerse por firmes, pasando en autoridad de cosa juzgada, en el mismo caso, las resoluciones sobre multas y reclamos por repetición de impuestos (art. 79). Interpuesto el recurso, el juez administrativo debe dictar resolución dentro del plazo de veinte días y notificarla al interesado, con todos sus fundamentos, en la forma dispuesta por el art. 100 de la ley, que establece sistemas de notificación por carta certificada con aviso especial de retorno, personales por medio de empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos, etc. (art. 80). Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieren abonado de más, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En el primer caso, deberán interponer reclamo ante ella. Contra la resolución denegatoria y dentro de los quince (15) días de la notificación, podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el art. 76 u optar entre apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia. Análoga opción tendrá si no se dictare resolución dentro de los tres (3) meses de presentarse el reclamo. Si el tributo se pagare en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la repartición recaudadora, la repetición se deducirá mediante demanda que se interponga, a opción del contribuyente, ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la Justicia Nacional. La reclamación del contribuyente y demás responsables por repetición de tributos facultará a la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando estuvieran prescriptas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y, dado el caso, para determinar y exigir el tributo que resulte adeudarse, hasta compensar el importe por el que prosperase el recurso. Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la Administración Federal de Ingresos Públicos compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la determinación. Los impuestos indirectos sólo podrán ser repetidos por los contribuyentes de derecho cuando éstos acreditaren que no han trasladado tal impuesto al precio, o bien cuando habiéndolo trasladado acreditaren su devolución en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos (art. 81, ley cit.). Siempre que se cuestione una suma mayor de $ 200, puede interponerse demanda contra el Fisco nacional, ante el juez 649   

nacional respectivo: a) contra las resoluciones dictadas en los recursos de reconsideración en materia de multas; b) contra las resoluciones dictadas en materia de repetición de impuestos y sus reconsideraciones; c) en el supuesto de no dictarse resolución administrativa dentro de los plazos señalados en los arts. 80 y 81, en caso de sumarios instruidos o reclamaciones por repetición de impuestos. En los supuestos indicados con las letras a) y b), la demanda debe presentarse en el plazo perentorio de quince días, contado desde la notificación de la resolución administrativa (art. 82, ley cit.). En la demanda contenciosa por repetición de impuestos, el actor no puede fundar sus pretensiones en hechos no alegados en la instancia administrativa. Incumbe a aquél, asimismo, demostrar en qué medida el impuesto abonado es excesivo en relación con el gravamen que según la ley le correspondía pagar, y no puede, por lo tanto, limitar su reclamación a la mera impugnación de los fundamentos que sirvieron de base a la estimación de oficio administrativa cuando ésta hubiera tenido lugar. Sólo procede, por otra parte, la repetición por los períodos fiscales respecto de los cuales se haya satisfecho el impuesto hasta ese momento determinado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (art. 83). Presentada la demanda, el juez debe requerir los antecedentes administrativos a la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante oficio al que corresponde agregar copia de aquélla y en el que se debe hacer constar la fecha de su interposición. Los antecedentes deben remitirse al juzgado dentro de los quince días de la fecha de recepción del oficio. Una vez agregadas las actuaciones administrativas al expediente judicial, debe darse vista al procurador fiscal nacional para que se expida acerca de la procedencia de la instancia y competencia del juzgado (art. 84). Admitido el curso de la demanda, debe correrse traslado de ella al procurador fiscal nacional o por cédula, al representante designado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en su caso, para que la conteste dentro del plazo de treinta días y oponga todas las defensas y excepciones que tuviere, las que serán resueltas juntamente con las cuestiones de fondo en la sentencia definitiva, salvo las previas que serán resueltas como de previo y especial pronunciamiento (art. 85). El procedimiento se regirá por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en su caso, por las del Código Procesal Penal de la Nación (art. 91). La Cámara Nacional competente en razón de la materia cuestionada y, en su caso, de la sede del Tribunal Fiscal de la Nación interviniente, lo será para entender siempre que se cuestione una suma mayor de doscientos pesos ($ 200), en las apelaciones que se interpusieran contra las sentencias de los jueces de primera instancia, dictadas en materia de repetición de gravámenes y aplicación de sanciones (art. 86). Con la salvedad del carácter declarativo que —atento a lo dispuesto en la ley 3952— asumen las sentencias respecto del Fisco, corresponderá al 650   

juez que haya conocido en la causa la ejecución de las sentencias dictadas en ella y al de turno la de las ejecutoriadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y se aplicará el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 88). Las pretensiones, finalmente, pueden deducirse ante el juez de la circunscripción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, o ante el del domicilio del deudor, o ante el del lugar en que se haya cometido la infracción o se hayan aprehendido los efectos que han sido materia de la contravención (art. 90). Cabe recordar, asimismo, que las normas precedentes rigen también en materia aduanera cuando se ha optado por la vía judicial (supra, nro. 240, I] a]). Interesa recordar, igualmente, que la justicia en lo Contencioso Administrativo ejerce competencia concurrente con la justicia federal en lo Civil y Comercial en el conocimiento de las pretensiones ejecutivas fiscales por cobro de contribuciones nacionales (art. 11, ley 17.928)(192). Son aplicables a tales pretensiones las normas contenidas en los arts. 604 y 605 del CPCCN, con las modificaciones resultantes de la ley 11.683, sirviendo de suficiente título la boleta de deuda expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos(193).

D) Recursos contra resoluciones administrativas Los jueces nacionales de primera instancia en lo Contencioso Administrativo tienen competencia para conocer de los recursos contra resoluciones administrativas que las leyes vigentes atribuyen a la justicia federal (art. 45, inc. d] de la ley 13.998). En consecuencia, nos remitimos al estudio efectuado supra, nro. 240, I) acerca de los recursos de esa índole que las leyes autorizan a deducir ante la justicia federal, y que en la Capital deben interponerse ante los jueces en lo Contencioso Administrativo. En cambio, examinaremos en este lugar los principales recursos cuyo conocimiento está especialmente encomendado a la sala en lo Contencioso Administrativo de la correspondiente Cámara Nacional de Apelaciones. Lo haremos, como en el lugar arriba mencionado, tomando como base las materias sobre las que versan las respectivas resoluciones. Cabe añadir que también incumbe a dicho tribunal, en jurisdicción de la Capital Federal, el conocimiento de los recursos que las leyes instituyen

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en forma directa ante las Cámaras Federales, de los que nos hemos ocupado supra, nro. 240, I). a) Agricultura y ganadería. En los litigios en que intervenga como parte actora o demandada al Junta Nacional de Granos(194), la decisión de la Cámara o Tribunal Arbitral es recurrible ante la sala en lo Contencioso Administrativo. El apelante al interponer el recurso, y el apelado dentro de los tres días hábiles de notificado de la concesión de aquél, deben constituir domicilio en la Capital; si no lo hacen, las notificaciones se efectúan en los estrados del tribunal (art. 32, dec.-ley 6698/1963). El recurso debe interponerse ante la propia Cámara o Tribunal Arbitral dentro de los cinco días hábiles a contar de la fecha de notificación de la resolución del cuerpo, debiendo éste remitir las actuaciones a la sala una vez vencido el plazo mencionado precedentemente para la constitución de domicilio (art. 33, dec.-ley cit.). b) Bancos, seguros y ahorro y préstamo. Las resoluciones mediante las cuales el presidente del Banco Central aplica sanciones por infracciones a la ley de bancos o a sus normas reglamentarias son recurribles ante la sala Contencioso Administrativa, al solo efecto devolutivo (art. 32, dec.-ley 13.127(195)). Las resoluciones sancionatorias dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, por infracción a las disposiciones contenidas en la ley 11.672, son también recurribles ante el mismo tribunal, dentro de los nueve días hábiles de notificadas. El recurso debe ser concedido en ambos efectos, excepto cuando la resolución impugnada disponga medidas de saneamiento del estado económico-financiero del asegurador, en cuyo caso procede al solo efecto devolutivo. La Cámara debe recibir la prueba por diez días hábiles, pudiendo presentarse memorial dentro de los cinco días hábiles subsiguientes, y dictar sentencia dentro del plazo de quince días hábiles (art. 150 de la ley 11.672, t.o. en 1963 por dec. 1063/1963(196)). Son asimismo recurribles, dentro del plazo de ocho días hábiles, y al solo efecto devolutivo, las sanciones aplicadas por el Instituto Nacional de Reaseguros por quebrantamiento de la prohibición de asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier interés asegurable en jurisdicción nacional (arts. 2º, ley 12.988, t.o. en 1953 por dec. 10.307/1953, y 17, dec. reglamentario 10.307/1953). Contra las resoluciones sancionatorias dictadas por la Superintendencia de Ahorro y Préstamos, como consecuencia de infracciones al dec. 368/1962(197)o a las normas que en su consecuencia se dicten, procede un recurso ante la sala, que debe interponerse dentro de los cinco días contados desde la notificación (arts. 10, dec. 368/1962, y 18, dec.-ley 5624/1963). De acuerdo con el art. 28 de la ley 17.594(198), las sanciones aplicadas por la Caja Federal de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, a raíz 652   

de infracciones a dicha ley a las normas legales o reglamentarias que rigen el sistema, son susceptibles de recurso ante la sala en lo Contencioso Administrativo, debiendo concederse aquél al solo efecto devolutivo. c) Comunicaciones. Son recurribles ante la sala en lo Contencioso Administrativo las resoluciones mediante las cuales el Poder Ejecutivo dispone la revocación de licencias para la explotación y funcionamiento de emisoras de radiodifusión y televisión (art. 18, inc. i], dec.-ley 15.460/1957(199)). d) Defensa nacional. Las multas impuestas por la Comisión Nacional de Energía Atómica en virtud de la autorización conferida por el art. 9º, inc. 8º, del dec.-ley 22.498/1956(200), pueden ser recurridas, previo depósito de su importe, mediante los recursos de reconsideración y apelación. En el supuesto de no prosperar la reconsideración, el interesado está facultado para apelar, dentro del plazo de diez días contado desde la notificación, en cuyo caso el expediente debe remitirse a la sala en lo Contencioso Administrativo. El tribunal, sin otro trámite, a menos que se aleguen hechos nuevos, debe llamar autos para sentencia y dictar ésta, que reviste carácter definitivo (art. 16, dec.-ley 22.498/56(201)). e) Ejercicio profesional. 1º) La ley 20.488 contiene normas referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las Ciencias Económicas: "Art. 27.— Deróganse los arts. 1º al 14 del dec.-ley 5103/1945 (ley 12.921)". "Art. 22.— Las correcciones disciplinarias que aplicará cada Consejo Profesional a sus matriculados consistirán en: 1. Advertencia. 2. Amonestación privada. 3. Apercibimiento público. 4. Suspensión en el ejercicio de la profesión de un (1) año. 5. Cancelación de la matrícula". "Art. 23.— Las resoluciones de los Consejos Profesionales denegando la inscripción o reinscripción en la matrícula, como así también las referidas a los incs. 4º y 5º del artículo anterior darán recurso de apelación ante el Tribunal Judicial que determinan las respectivas jurisdicciones". En este sentido, la ley 20.476 (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, "Constitución. Normas para el funcionamiento") indica: "Art. 28.— Deróganse los arts. 16 al 31 del dec.ley 5103/1945 (ley 19.921)". "Art. 16.— Las correcciones disciplinarias a aplicar serán las siguientes, las que se graduarán según la gravedad de la falta y los antecedentes del imputado: 1. Advertencia. 2. Amonestación privada. 3. Apercibimiento público. 4. Suspensión en el ejercicio de la profesión de un (1) mes a un (1) año. 5. Cancelación de la matrícula". "Art. 23. Las resoluciones del Consejo referidas a los incs. 4º y 5º del art. 16 de la presente ley, serán apelables en ambos efectos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo. Este recurso deberá interponerse en el Consejo, dentro de los treinta (30) días hábiles de la notificación. Interpuesto el recurso, el Consejo deberá elevarlo con las actuaciones dentro de los quince (15) días hábiles".

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2º) Las resoluciones mediante las cuales la Junta Central de los consejos profesionales de agrimensura, agronomía, arquitectura e ingeniería imponen sanciones de censura pública y cancelación de la matrícula, o deniegan la inscripción o reinscripción en ella. El recurso debe interponerse dentro de diez días hábiles de notificada la resolución, y la Cámara resolver con los antecedentes del expediente administrativo y los que de oficio solicite para mejor proveer, oyendo al recurrente y al representante de la Junta (arts. 29 y 31, dec.-ley 6070/1958). 3º) Las resoluciones del Consejo Superior Profesional de Geología imponiendo sanciones de multa, suspensión y cancelación de la matrícula, como así también las que deniegan la inscripción en ésta. El recurso debe deducirse dentro del plazo de cinco días de notificada la resolución, y la Cámara expedirse con los antecedentes que consten en el expediente (art. 34, dec.-ley 8926/1963). f) Estatutos de funcionarios y empleados públicos. Contra los actos firmes del Poder Ejecutivo nacional o de autoridades de la Administración nacional que dispongan la cesantía o la exoneración del personal comprendido en el régimen de estabilidad previsto por el Estatuto del Empleado Público, se puede recurrir ante la sala en lo Contencioso Administrativo de la correspondiente Cámara Nacional de Apelaciones (art. 24, dec.-ley 6666/1957(202)). El recurso debe interponerse dentro de los treinta días de haberse notificado de la cesantía o de la exoneración(203), fundado en la ilegalidad de la medida aplicada, indicando las leyes, decretos y resoluciones especiales que lo justifiquen(204)y/o los vicios incurridos en el sumario instruido. Interpuesto el recurso, la autoridad administrativa debe elevarlo al tribunal dentro de los quince días con los antecedentes que determinaron la medida, si no la revocare por contrario imperio. Recibidos los antecedentes, el tribunal debe correr traslado por su orden por diez días al recurrente y a la autoridad administrativa. Contestado el traslado, o vencido el plazo sin que las partes hubieren ejercido su derecho, el tribunal, cumplidas las medidas para mejor proveer que hubiese dispuesto, debe dictar la providencia de autos para sentencia (art. 25, dec.-ley cit.(205)). El tribunal debe dictar sentencia dentro de los sesenta días. Si la decisión es favorable al agente, considerándolo amparado por la estabilidad, debe hacer lugar a su reincorporación con los derechos correspondientes determinados en el Estatuto (art. 26, dec.-ley cit.(206)). g) Policía Federal. La sala en lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones del Poder Ejecutivo que denieguen un beneficio que se hubiese solicitado invocando disposiciones del Estatuto de la Policía Federal (art. 28, dec.-ley 15.943/1946). Los recursos deben ser interpuestos por el interesado dentro de los siguientes plazos: 1º) Diez días si se domicilia en la Capital Federal. 2º) Treinta días cuando el

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domicilio se encuentra en la República y fuera de la Capital Federal. 3º) Noventa días si se domicilia en el extranjero (art. 29, dec.-ley cit.). Igualmente, dicha sala conoce de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por el jefe de la Policía Federal en materia de derecho de reunión (art. 33, apart. 2º, dec.-ley 1285/1958(207)).

E) Competencia por razón del grado Es ejercida por la sala en lo Contencioso Administrativo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, siéndole aplicable, en cuanto a sus manifestaciones por razón del lugar, de la materia, de las personas y del valor, las consideraciones expuestas supra, nro. 246, con respecto a la sala en lo Civil y Comercial de la misma Cámara.

IV. COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

247. Clases De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 del dec.-ley 1285/1958(208), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce dos clases de competencia que difieren según la forma en que los asuntos pueden llegar a conocimiento del tribunal. Ese criterio conduce a distinguir, básicamente, una competencia originaria y exclusiva, es decir, ejercida en instancia única, y una competencia funcional que se ejerce por vía de recursos, de gestiones de superintendencia y de sometimiento de conflictos competenciales. La competencia originaria y exclusiva se halla fundamentalmente determinada por razón de las personas intervinientes en las causas, aunque en alguna medida obedece también a la naturaleza de la materia discutida en el pleito (v.gr., el carácter civil que debe revestir el litigio suscitado entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra). 655   

La competencia funcional de la Corte puede derivar de la materia (v.gr., recurso extraordinario; recursos ordinarios en materia de extradición y apresamiento o embargos marítimos en tiempo de guerra, conflictos de competencia), de las personas junto con el valor discutido (v.gr., recurso ordinario en las causas en que la Nación sea parte) y del poder de superintendencia general que incumbe a dicho tribunal sobre los órganos judiciales inferiores de la Nación (recurso de queja por retardo de justicia).

248. Competencia originaria de la Corte Suprema

A) Generalidades a) Al especificar las formas en que puede tener lugar la intervención de la Corte Suprema, el art. 117 de la Constitución Nacional dispone que "en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte", aquélla ejercerá su competencia "originaria y exclusivamente"(209). El agregado de esta última expresión, no contenida en el texto de la Constitución norteamericana, provocó dudas interpretativas que la Corte entendió superar declarando que el vocablo utilizado descarta únicamente la competencia de los órganos inferiores de la justicia federal, pero no la de los órganos judiciales de las provincias, tal como lo hace el art. 12, inc. 4º, de la ley 48, que autoriza a prorrogar la competencia en favor de estos últimos en las causas en que una provincia fuere parte(210). Sin embargo, tal doctrina no podría hacerse extensiva a la disposición contenida en el art. 2º, inc. 3º, de dicha ley, la cual, como hemos visto, asigna a los tribunales federales inferiores el conocimiento de las causas concernientes a los negocios particulares de los cónsules, pese a que tal diferenciación no surge explícitamente del texto constitucional. Por otra parte, la Corte ha declarado, como veremos más adelante, que la competencia en los asuntos concernientes a agentes diplomáticos y cónsules extranjeros es prorrogable a favor de los tribunales inferiores de la Nación. Pero la validez constitucional de aquella norma es defendible mediante el argumento de que la "exclusividad" mencionada por el art. 101 tampoco excluye la posibilidad de que el legislador, atendiendo a los propósitos que fundamentalmente informan el establecimiento de la competencia originaria de la Corte, detraiga de su ámbito, para transferirlo 656   

al conocimiento de los tribunales federales inferiores, aquellos asuntos que, por su naturaleza, no son susceptibles de desvirtuar esos propósitos. Tal es lo que ocurre precisamente con los cónsules, pues se trata de funcionarios que carecen de carácter diplomático y de las inmunidades correspondientes a ese estado, y no se justifica, por lo tanto, que el conocimiento de los asuntos ajenos a la representación que invisten quede incluido en el ámbito de la competencia originaria de la Corte, cuya finalidad, en este aspecto, reside en la necesidad de resguardar en la máxima medida el adecuado desenvolvimiento de las (211) relaciones internacionales del país . b) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24, inc. 1º, apart. 1º, del dec.ley 1285/1958, la Corte Suprema conocerá "originaria y exclusivamente, en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias y los civiles entre una provincia y algún vecino o vecinos de otras o ciudadanos o súbditos extranjeros; de aquellos que versen entre una provincia y un estado extranjero; de las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de su familia, del modo que una Corte de Justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público". A continuación estudiaremos en particular cada uno de los supuestos contemplados en la norma mencionada.

B) Causas entre dos o más provincias La admisibilidad de la competencia originaria de la Corte Suprema sólo depende, en este caso, de la existencia de un conflicto suscitado entre dos o más provincias, exteriorizado a través del planteamiento de una pretensión tendiente al pronunciamiento de una concreta decisión judicial. "No es ya necesario —dice Gondra(212)— que se trate de 'causa civil', o que la disputa se refiera a una cuestión de derecho de las que ordinariamente resuelven los jueces; para que proceda (la competencia de la Corte), es suficiente que se trate de una real controversia entre diferentes provincias y que el caso sea justiciable, es decir, que exista o pueda existir un derecho o poder amenazado, lesionado o reclamado, que el pronunciamiento sea susceptible de prevenir, reparar o declarar". La necesidad de que sea la Corte el órgano judicial llamado a dirimir los conflictos interprovinciales, responde, por un lado, a la prohibición constitucional impuesta a las provincias de solucionar sus diferendos mediante la fuerza(213)y, por otro, a la circunstancia de que ningún otro 657   

órgano judicial del país estaría en condiciones de cumplir ese cometido. La autonomía política de que goza cada provincia se opondría a que una de ellas se sometiese a la jurisdicción de la otra; y las limitaciones impuestas a la competencia territorial de los jueces y Cámaras Federales con asiento en el interior representarían también un obstáculo para dirimir este tipo de conflictos(214). Sólo hacen excepción a esta regla atributiva de competencia los conflictos derivados de cuestiones de límites, pues la fijación de los que corresponden a las distintas provincias constituye atribución del Congreso nacional (art. 75, inc. 15)(215). Pero la Corte es competente en el supuesto de que la controversia gire acerca de límites ya establecidos(216).

C) Causas civiles suscitadas entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra o ciudadanos o súbditos extranjeros a) Cuando la causa se suscita entre una provincia y un extranjero o un nacional vecino de otra provincia, aquélla debe revestir carácter civil. El concepto de "causa civil" es el mismo que hemos enunciado al ocuparnos de la competencia federal por razón de distinta vecindad y de extranjería (supra, nro. 240, B] y C]). Debe por lo tanto entenderse por causas civiles no sólo aquellas que nacen de estipulación o contrato, sino también las regidas por el derecho común, es decir, los procesos en que se debaten cuestiones relacionadas con el derecho privado(217). Se hallan, en cambio, excluidos de la competencia originaria de la Corte Suprema los procesos penales(218)y las cuestiones regidas por el derecho administrativo local(219). De acuerdo con ese concepto, cabe considerar causas civiles, entre otras, las que persiguen el cobro de indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos(220); los juicios de desalojo(221), de interdictos(222), de adquisición del dominio por prescripción(223), de expropiación, en tanto se discuta en ellos, exclusivamente, el monto de la indemnización(224); etcétera. La Corte carece de competencia originaria, en cambio, para conocer de las causas cuya solución dependa, fundamentalmente, del examen y revisión de actos cumplidos por las provincias en ejercicio de las facultades propias que les reconocen los arts. 121 y ss. de la Constitución Nacional(225), es decir, de aquellas que se encuentran sustancialmente regidas por el derecho público local, cuya aplicación corresponde a las autoridades provinciales (art. 122, CN)(226).

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De conformidad con tales principios, la Corte ha declarado carecer de competencia originaria para conocer, entre otras, de la demanda por cobro de pesos entablada con motivo de haberse dejado sin efecto, por decreto de la Junta Militar a cargo del gobierno de la provincia de Misiones, el convenio suscripto por el anterior gobernador, referente a la prestación de servicios profesionales tendientes a planificar la Administración Pública local(227); de la demanda dirigida contra una provincia a fin de que, declarándose la nulidad de los autos de embargo de títulos y remate de éstos dictados por los jueces provinciales en el juicio de apremio sobre cobro de impuestos establecidos por una ley local, se condene a su restitución(228); de la demanda entablada por el ocupante de lotes de tierras pertenecientes antes al Fisco nacional, y que, a raíz de la provincialización del territorio donde aquéllos se encuentran ubicados, persigue se condene a la provincia de Chubut a que le adjudique en venta los referidos lotes, pues el reconocimiento del derecho invocado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18, dec.-ley 14.577/1956, implica la realización de actos que incumben a la nueva provincia en su condición de poder público y el mencionado ordenamiento legal no reviste carácter común(229); de la demanda promovida contra una provincia sobre la adquisición de la propiedad de minas por prescripción, pues lo referente al otorgamiento de la concesión minera, la caducidad de ella y la consiguiente subasta por falta de pago del canon, es materia reservada por la ley a las provincias (Código de Minería y ley 10.273), y cuyo ejercicio se halla reglamentado por disposiciones del derecho público provincial(230); de la demanda sobre reversión de dominio deducida contra una provincia, que se funda en disposiciones de derecho público y administrativo local(231); de la demanda entablada por la empresa concesionaria del servicio eléctrico en un municipio contra la provincia de Buenos Aires por cobro de reparaciones efectuadas en un inmueble de su propiedad, que aunque fundada en los arts. 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional y 1113 y 1133(232)del derogado Código Civil, involucra cuestiones de índole local, como son las referentes a la interpretación de una ordenanza municipal y al alcance de los derechos otorgados por concesión emanada de ley provincial, frente a actos posteriores de las autoridades locales, ejecutadas en ejercicio de facultades institucionales propias(233); de la demanda promovida por una provincia por nulidad de un contrato aprobado por el Poder Ejecutivo local prescindiendo de la licitación previa exigida por la Constitución y la ley de contabilidad provinciales, pues la cuestión se halla regida por disposiciones locales que contemplan específicamente la materia(234); de la demanda sobre cumplimiento de contrato de obra escultórica, encuadrado en las disposiciones de la ley 968/1948 de la provincia de Salta, en tanto se halla regida sustancialmente por normas de derecho administrativo local(235); de la demanda deducida por una provincia contra el Banco de la Nación Argentina, de la que es capítulo básico la impugnación de la gestión de un gobernador de la Provincia, de su apartamiento de una ley provincial y de la prescindencia de otra(236). 659   

b) Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en los pleitos suscitados entre particulares y una provincia, la nacionalidad o vecindad de las partes resulta indiferente en el supuesto de que aquéllos se encuentren directa e inmediatamente regidos por normas de carácter federal (Constitución Nacional, leyes especiales y tratados con naciones extranjeras). En tales casos carece de trascendencia examinar si el particular es argentino o extranjero, si está o no domiciliado en el país, o si, dentro de éste, es vecino de la provincia contra la cual litiga o de alguna otra, puesto que la competencia originaria de la Corte procede por la concurrencia de dos requisitos: la materia, reservada por el art. 116 de la Constitución a la justicia federal y la persona —la provincia—, cuyos asuntos deben ventilarse necesariamente ante la Corte en instancia originaria, cualquiera sea el carácter que asuma en el proceso(237). De acuerdo con ese criterio, la Corte Suprema es competente para conocer de las pretensiones mediante las cuales se impugna la validez constitucional de actos realizados por los poderes públicos provinciales(238)o que se fundan directa e inmediatamente en disposiciones contenidas en leyes federales(239). Sólo se requiere, en tales casos, que la solución del pleito dependa de la aplicación o inteligencia de normas de carácter federal(240). De allí que la Corte sea incompetente cuando la causa comprenda, aparte de la cuestión federal, puntos regidos por normas locales o comunes(241). En tal supuesto, su decisión compete, en resguardo de las atribuciones no delegadas de las provincias, a los tribunales locales, y la tutela de derecho federal sólo corresponde por vía del recurso extraordinario deducido contra la sentencia definitiva dictada en el ámbito provincial(242). En lo que concierne a las pretensiones fundadas en la inconstitucionalidad de gravámenes provinciales, es aplicable lo expuesto en relación con el requisito del previo pago del impuesto bajo protesta(243), a la necesidad de que la impugnación no se funde simultáneamente en normas locales (constitucionales o legales) y a la incompetencia de la justicia federal para conocer del juicio ordinario de repetición subsiguiente a la ejecución fiscal tramitada ante los órganos judiciales locales(244). c) Asimismo, se hallan comprendidas en la competencia originaria de la Corte las causas suscitadas entre una provincia y la Nación o alguna de sus reparticiones autárquicas, porque en tal caso son de aplicación concurrente las reglas atributivas de competencia por razón de las personas contenidas en los arts. 116 y 117, con relación, respectivamente, a la Nación y a las provincias(245). d) Para que proceda la competencia originaria de la Corte, en los supuestos que analizamos, es necesario que alguna provincia sea parte directa en la causa. Por ello, son ajenos a dicha competencia los procesos iniciados por o contra entidades autárquicas provinciales que, en 660   

tal carácter, gozan de capacidad para actuar pública y privadamente sin identificarse con la provincia(246). Importa señalar, asimismo, que por aplicación del principio contenido en el art. 10 de la ley 48, la Corte carece de competencia originaria para conocer de las pretensiones intentadas simultáneamente contra una provincia y otras u otras personas que no pueden invocar el derecho a esa competencia judicial(247). e) De acuerdo con lo dispuesto en el inc. 1º, apart. 4º del art. 24 del dec.-ley 1285/1958, corresponde considerar vecinos, a los efectos de la competencia originaria de la Corte, a: 1º) Las personas físicas domiciliadas en el país desde dos o más años antes de la iniciación de la demanda, cualquiera sea su nacionalidad. La norma coincide, básicamente, con la contenida en el art. 11 de la ley 48 (supra, nro. 241, B]), y recoge la tesis jurisprudencial elaborada en torno de esta última, según la cual, como vimos, la "residencia" debe entenderse en el sentido de domicilio real o voluntario(248). 2º) Las personas jurídicas de derecho público del país. 3º) Las demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país (inc. 1º, subinc. c]). Con respecto a las sociedades anónimas, es aplicable el art. 9º de la ley 48, según el cual deben ser consideradas vecinas de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera que sea la nacionalidad de sus socios actuales (ver supra, nro. 241, B] y C]). 4º) Las sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la totalidad de sus miembros se halle en la situación prevista en el inc. 1º, subinc. d), es decir, domiciliada en el país desde dos o más años antes de la iniciación de la demanda. f) Por último, interesa señalar que son aplicables, para determinar la admisibilidad de la competencia originaria de la Corte en los casos de distinta vecindad y extranjería, las reglas estudiadas supra, nro. 241, B), con relación a los siguientes aspectos: 1º) Necesidad de acreditar, inicialmente, la distinta vecindad o la extranjería, mediante documentos o informaciones (art. 332, CPCCN). 2º) Pertenencia originaria, y no por cesión o mandato, del derecho invocado como fundamento de la pretensión. 3º) Necesidad de computar la nacionalidad o distinta vecindad de todos los integrantes de la sociedad y de todos los actores o demandados en el supuesto de litisconsorcio.

D) Causas suscitadas entre una provincia y un Estado extranjero 661   

a) La competencia originaria de la Corte se halla en esta hipótesis determinada, exclusivamente, por razón de las personas, con prescindencia, por lo tanto, de la naturaleza y del monto de las cuestiones debatidas en el proceso(249). Sólo se requiere que en éste intervenga alguna provincia, sea como parte actora o demandada, encontrándose excluidas de la competencia originaria de la Corte las causas suscitadas entre particulares y Estados extranjeros(250). b) Sin embargo, en virtud de la inmunidad de que todo Estado goza para ser sometido a la potestad judicial de otro, constituye requisito de admisibilidad de la pretensión dirigida contra un Estado extranjero, su consentimiento de someterse a dicha potestad. De allí que el art. 24, inc. 1º, apart. 2º, del dec.-ley 1285/1958disponga que "no se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero, sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio". Acerca del alcance del mencionado requisito, y de sus limitaciones, nos hemos ocupado supra, nro. 71, adonde nos remitimos.

E) Causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros a) "Son causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros —dice el art. 24, inc. 1º, apart. 5º, del dec.ley 1285/1958— las que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia, o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático". La Corte Suprema ha declarado que su competencia originaria, en las causas concernientes a embajadores y ministros diplomáticos extranjeros, procede solamente en los juicios en que ellos son parte, es decir, en las causas civiles en que actúan como actores o demandados y en las causas penales en que se los procesa o intervienen (251) como parte querellante , aunque, en otros pronunciamientos, el mismo tribunal hizo mérito en el hecho de que la palabra "concerniente" reviste mayor amplitud que otras expresiones utilizadas en el texto constitucional con relación a la competencia originaria de la Corte, como son las de "parte" o "causas que se susciten", y que, por consiguiente, aquella palabra es comprensiva de los procesos penales en que las mencionadas personas resulten damnificadas por la comisión de un delito que afecte sus privilegios e inmunidades(252). 662   

El privilegio de la competencia originaria de la Corte Suprema sólo comprende a los embajadores o ministros plenipotenciarios, a las personas de su familia y al personal de la embajada que tenga carácter diplomático(253). No alcanza, por lo tanto, al personal que no reviste dicho carácter(254)ni a los individuos de la familia del personal que lo tenga(255). El estado diplomático de los integrantes de las representaciones extranjeras debe acreditarse mediante informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto(256), obstando a la competencia originaria de la Corte la cesación en dicho estado(257). b) No corresponde dar curso a las pretensiones deducidas contra las mencionadas personas, sin requerirse previamente, del respectivo embajador o ministro plenipotenciario, la conformidad de su gobierno para someterlas a juicio (art. 24, inc. 1º, apart. 6º, del dec.-ley 1285/1958)(258). La conformidad, y la consiguiente renuncia a la inmunidad, puede ser expresa o tácita, según que resulte de una declaración concreta del embajador o ministro o de la comparecencia voluntaria al proceso, sea como parte actora o demandada(259). El silencio ante el requerimiento debe interpretarse como una negativa a someterse a la potestad judicial del Estado(260). A la misma conclusión cabe llegar en el supuesto de que transcurra un largo lapso sin recibirse contestación de la respectiva embajada(261). Corresponde agregar que la competencia conferida a la Corte Suprema para conocer en las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos, es susceptible de prórroga a favor de otros órganos de la justicia nacional, siempre que la renuncia a dicha competencia, en cuanto traduzca el crédito que merece la administración de justicia general, sea expresa y se halle convalidada por la respectiva embajada(262).

F) Causas relativas a cónsules extranjeros La competencia de la Corte depende, en este caso, de que el proceso verse sobre privilegios y exenciones de los cónsules en su carácter público (art. 24, inc. 1º, dec.-ley 1285/1958), razón por la cual son ajenas a dicha competencia las causas que versen sobre los negocios particulares de los cónsules y todas las causas relativas a los vicecónsules, las cuales, según vimos oportunamente, se hallan asignadas al conocimiento de los tribunales federales inferiores (supra, nro. 241, D]). El art. 24, inc. 1º, apart. 5º, del mencionado decreto-ley determina con mayor precisión el ámbito de la competencia originaria de la Corte en tanto dispone que "son causas concernientes a los cónsules extranjeros las 663   

seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal". De acuerdo con tales reglas, ya trazadas básicamente por el art. 1º, inc. 4º, de la ley 48, se ha resuelto, entre otros casos, que corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema el conocimiento del proceso por injurias inferidas a un cónsul en el local del Consulado(263), o relativo a la acusación de usurpación de autoridad contra un cónsul(264); en la pretensión deducida por un cónsul contra un ex cónsul tendiente a obtener la entrega de los libros, fondos y documentos del Consulado(265); de la causa promovida por un ex empleado del Consulado contra el cónsul a raíz de haber sido despedido por causas ignoradas(266); etcétera.

249. Competencia funcional de la Corte Suprema Los casos de competencia funcional de la Corte Suprema se hallan previstos en los incs. 2º a 7º del art. 24 del dec.-ley 1285/1958. El estudio de las hipótesis contempladas en los incs. 2º a 6º se efectuará en oportunidad de examinar el tema de los recursos. En el próximo capítulo nos referiremos al caso previsto en el inc. 7º.

CAPÍTULO XVII - COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES (CONT.) SUMARIO:

I.

DESPLAZAMIENTO DE LA 250. Generalidades.— 251. Prórroga de la competencia.— 252. Sujeción al arbitraje.— 253. Desplazamiento por conexión.— 254. Fuero de atracción. II. CUESTIONES DE COMPETENCIA: 255. Concepto y clases.— 256. Procedimiento en el caso de declinatoria.— 257. Procedimiento en el caso de inhibitoria.— 258. Decisión definitiva de la inhibitoria.— 259. Supuestos de contiendas negativas y de conocimiento simultáneo.— 260. Intervención de la Corte por denegación de justicia. COMPETENCIA:

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I. DESPLAZAMIENTO DE LA COMPETENCIA(1)

250. Generalidades a) Existe desplazamiento de la competencia toda vez que por disposición de la ley o por una declaración de voluntad de las partes, se detrae del conocimiento de un órgano judicial algún asunto que, de acuerdo con las normas generales, encuadra dentro de su competencia, y se lo asigna al conocimiento de otro órgano, judicial o arbitral. b) El mencionado fenómeno puede operarse con motivo de la prórroga de la competencia, de la sujeción al arbitraje, de la conexión existente entre dos o más pretensiones y del fuero de atracción. En el primer caso el desplazamiento se produce como consecuencia de una declaración de voluntad expresa o tácita de las partes, y en el segundo, a raíz de una declaración de voluntad expresa de aquéllas o de una disposición legal. En cambio, siempre es este último factor el que determina los desplazamientos por conexión y fuero de atracción.

251. Prórroga de la competencia a) Al ocuparnos de los caracteres de la competencia (supra, nro. 229), definimos a la prórroga como la facultad que la ley otorga a las partes para atribuir competencia, con respecto al conocimiento de una pretensión determinada, o de eventuales pretensiones, a un órgano judicial que legalmente carece de dicha competencia. En el mismo lugar diferenciamos las modalidades expresa y tácita con que la prórroga puede manifestarse. b) En lo que atañe a la competencia ordinaria, hemos dicho que la prórroga sólo puede tener lugar cuando se trata de la competencia territorial y con respecto a asuntos exclusivamente patrimoniales. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aun a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley (art. 1º, CPCCN). Estas pautas del CPN hoy se ven reflejadas en el texto del Código Civil y Comercial unificado. Su art. 2605 reza "Acuerdo de elección de foro. En materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto 665   

que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley". Este digesto contiene un Título completo (el IV del Libro Sexto, bajo el nombre "Disposiciones de derecho internacional privado") dedicado a la problemática, ampliando en mucho los contenidos que al respecto preveía el Código de Vélez. En lo que aquí interesa, se destaca el art. 2609 que contempla —no de manera taxativa— casos de jurisdicción nacional exclusiva: "Jurisdicción exclusiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para conocer en las siguientes causas: a. en materia de derechos reales sobre inmuebles situados en la República; b. en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro público argentino; c. en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, cuando el depósito o registro se haya solicitado o efectuado o tenido por efectuado en Argentina". En cuanto a la competencia federal, sabemos que ella es prorrogable a favor de la competencia ordinaria en los casos de distinta vecindad y de extranjería, así como cuando fuere parte una provincia (art. 12, inc. 4º, ley 48) (supra, nro. 237). Recordamos, asimismo, que la competencia originaria de la Corte Suprema es susceptible de prórroga hacia los órganos judiciales inferiores de la Nación en las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros (supra, nro. 248, E]). Cabe agregar que, dentro de la competencia federal, es también admisible la prórroga cuando se trata de órganos judiciales que ejercen distinta competencia por razón del territorio. c)(2)El art. 1º del CPCCN en su versión originaria, tras establecer que "la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable", agregaba que, "sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 12, inc. 4º, de la ley 48,exceptúase la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes, pero no a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República". Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante acerca de las modificaciones sucesivamente introducidas a dicha norma por las leyes 21.305 y 22.434, interesa señalar que éstas mantuvieron tanto la salvedad del art. 12, inc. 4º, de la ley 48, referente a la prorrogabilidad de la justicia federal en los casos de distinta vecindad y extranjería, así como cuando fuere parte una provincia(3), cuanto el principio en cuya virtud la competencia por razón del territorio sólo puede ser prorrogada en los asuntos exclusivamente patrimoniales, de manera tal que no pueden ser objeto de prórroga las pretensiones o peticiones extracontenciosas relativas a la capacidad o al estado civil de las personas(4). d) El art. 1º del CPCCN sufrió una primera modificación a raíz de la ley 21.305, que autorizó la prórroga de la competencia territorial "incluso a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la 666   

República, excepto en aquellos casos en que los tribunales nacionales poseen jurisdicción exclusiva". Agregó dicha ley que "el acuerdo de partes por el que se establezca la prórroga de competencia a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, en los casos en que proceda, será válido, únicamente, cuando haya sido celebrado con anterioridad a los hechos que motivan la intervención de éstos"(5). La ley 22.434, en cambio, expresa que "sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales", "si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aun a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por la ley". El texto precedentemente transcripto, según se advierte, se diferencia del establecido por la ley 21.305 en la circunstancia de que suprime la limitación que ésta imponía al ejercicio de la facultad de prórroga atendiendo a la oportunidad en que se celebrara el acuerdo. La nueva solución es correcta en la medida en que allana las dificultades que puede suscitar la determinación y la prueba del momento en que se produjeron los hechos que originan el litigio(6), tanto más cuanto que dicha prueba envuelve la valoración de diversos elementos de juicio, frecuentemente subjetivos(7). De conformidad con el régimen vigente, la prórroga es válida en el supuesto de que, en razón de hallarse la controversia (actual o futura) conectada a varios sistemas jurídicos nacionales, y no siendo, por lo tanto, absolutamente interna, resulte posible caracterizarla como un asunto de índole internacional(8), siempre que no medie una regla atributiva de jurisdicción exclusiva a favor de los jueces de la República o una prohibición legal.

252. Sujeción al arbitraje a) Cuando las partes, a través de una cláusula compromisoria o de una convención preliminar de compromiso, acuerdan el sometimiento de una o más cuestiones litigiosas al juicio de árbitros o de amigables componedores, desplazan, por vía convencional, la competencia del órgano judicial a quien normalmente hubiese correspondido el conocimiento de tales cuestiones. Dicho desplazamiento se opera también por disposición legal, como ocurría, entre otros, en los supuestos contemplados por el art. 1627 del derogado Código Civil (arbitraje necesario legal). 667   

b) No se trata, sin embargo, de un desplazamiento absoluto de la competencia judicial, ya que, por un lado, las estipulaciones contractuales o las disposiciones de la ley que establecen el arbitraje como modo de solución del conflicto, acuerdan a cada una de las partes el derecho de exigir judicialmente la suscripción del compromiso y la constitución del tribunal arbitral; y, por otro lado, es a los órganos judiciales a quienes compete decretar las medidas compulsorias y de ejecución que correspondan durante el desarrollo del proceso arbitral (art. 753, CPCCN), intervenir en la ejecución del laudo (art. 499, íd.), y entender en los recursos o en las pretensiones de nulidad deducidas contra aquél (arts. 758, 761 y 763, CPCCN)(9). Asimismo, el desplazamiento no procede en el supuesto de intentarse comprometer en árbitros cuestiones que no pueden ser objeto de transacción (art. 737, CPCCN). Cabe recordar que el Código Civil y Comercial de la Nación dedica todo un capítulo a regular el Contrato de Arbitraje, fijando pautas procesales que se superponen y, en algún caso, contradicen las previsiones del CPCCN. A ellas habremos de dedicarnos en el capítulo pertinente (arts. 1649 a 1665).

253. Desplazamiento por conexión

A) Concepto a) Existe conexión, en sentido procesal, cuando dos o más pretensiones o peticiones tienen en común alguno de sus elementos objetivos (objeto o causa), o se hallan vinculadas por la naturaleza de las cuestiones involucradas en ellas. En ese orden de ideas cabe hablar, respectivamente, de una conexión sustancial y de una conexión meramente instrumental. La primera determina un desplazamiento de la competencia que se funda, en términos generales, en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias. La segunda, en cambio, produce el mismo resultado a raíz de la conveniencia práctica de que sea el órgano judicial competente para conocer en determinado proceso quien, en razón de su contacto con el material fáctico y probatorio de aquél, también lo sea para conocer de las pretensiones o peticiones, accesorias o no(10), vinculadas con la materia controvertida en dicho proceso. 668   

b)(11)Las leyes de reforma no afectaron a ninguna de las disposiciones contenidas en el CPCCN acerca del desplazamiento de la competencia por conexión sustancial. Lo hicieron, en cambio, respecto de diversas normas relativas al desplazamiento por conexión instrumental, la cual se produce a raíz de la conveniencia práctica de que sea el órgano judicial competente para conocer en determinado proceso quien, en razón de su contacto con el material fáctico y probatorio involucrado en aquél, también lo sea para conocer de las pretensiones o peticiones, accesorias o no, vinculadas con la materia controvertida en dicho proceso. c) A continuación efectuaremos el estudio de los principales casos de desplazamiento de la competencia por conexión, comenzando con los que configuran hipótesis de conexión sustancial, y siguiendo con otros supuestos que pueden implicar ese tipo de conexión o una conexión de carácter instrumental.

B) Proceso acumulativo a) Al ocuparnos de la acumulación originaria de pretensiones, dijimos que la acumulación objetiva no admite desplazamientos de la competencia, salvo en lo que respecta a la competencia por razón del valor en el caso de que las pretensiones acumuladas deriven de una misma causa (supra, nro. 99, B], e]). La acumulación subjetiva, en cambio, comporta un desplazamiento de la competencia ordinaria por razón de la materia civil o comercial de las respectivas pretensiones, pues la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, que constituye, como vimos oportunamente (supra, nro. 100, B]), el fundamento esencial de la institución, debe prevalecer sobre las simples razones de división del trabajo que justifica la existencia de órganos judiciales diferenciados para conocer de dichas materias(12). La competencia por razón del valor debe determinarse con arreglo a la suma de los valores correspondientes a las pretensiones acumuladas(13). Tratándose de la competencia territorial, en cambio, rige el principio de que cada demandado se halla facultado para reclamar su propio fuero en razón del distinto domicilio. Hace excepción a dicho principio la circunstancia de que los distintos demandados se encuentren vinculados por un nexo obligacional solidario o indivisible, en cuyo caso la demanda puede deducirse ante el juez del domicilio de cualquiera de ellos (art. 5º, inc. 5º, CPCCN) (supra, nro. 233, C], nro. 4). En el supuesto de que se produzca el fallecimiento de uno de los litisconsortes demandados, o éste 669   

sea declarado en estado de concurso, la competencia se desplaza hacia el juez que conoce del respectivo proceso universal, como consecuencia del fuero de atracción (infra, nro. 254). En lo que atañe a la competencia federal, debe estarse, como lo señalamos supra, nro. 241, B) y C), a la distinta vecindad o nacionalidad de todos los actores o demandados (art. 10, ley 48). b) En oportunidad de referirnos a la acumulación sucesiva por inserción de pretensiones, destacamos que, en el supuesto de reconvención, no media desplazamiento de la competencia por razón de la materia, pero que aquél se produce, en algunos casos, con respecto a la competencia por razón del valor (supra, nro. 103, B]). En las tercerías, como veremos en el parágrafo siguiente, la competencia se desplaza hacia el juez que conoce en el proceso principal. c) En lo que respecta a la acumulación sucesiva por reunión de pretensiones, el punto referente al desplazamiento de la competencia ha sido examinado supra, nro. 107), lugar al que nos remitimos.

C) Otros supuestos a)(14)En relación con el tipo de desplazamiento precedentemente mencionado establece el art. 6º, inc. 1º, del CPCCN, de acuerdo con la modificación que le introdujo la ley 22.434, mantenida por la ley 25.488 que, "a falta de otras disposiciones", compete al juez del proceso principal el conocimiento de "los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, citación de evicción, cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso, y acciones accesorias en general". La alusión que la norma transcripta hace a los incidentes y a las pretensiones accesorias en general, permite incluir dentro de su ámbito numerosas cuestiones que la jurisprudencia establecida con anterioridad a la vigencia del nuevo Código había considerado comprendidas en la competencia del juez que conoce en el proceso principal. Se resolvió, en efecto, que al juez del juicio ejecutivo compete conocer, entre otras cuestiones, en la ejecución de la garantía prendaria dada en sustitución del embargo de alquileres decretado en el juicio(15); en la procedencia del ejercicio del derecho de retención(16); en la oposición deducida por quien habita el inmueble cuya venta se ordenó para entregarse desocupado(17); en la pretensión de nulidad del contrato de locación del inmueble hipotecado, fundada en el art. 3157 del derogado Código Civil(18); etc.; que 670   

el juez que ordena la venta de un inmueble tiene competencia para disponer el levantamiento de los embargos e inhibiciones que pesan sobre aquél, aunque sea otro juez quien decretó tales medidas cautelares(19); que debe entender en la demanda deducida por el ex comprador, el juez ante quien tramitó el juicio donde se efectuó la subasta, si existe evidente conexión(20); que el juez de Paz ante el cual se formalizó un convenio de compraventa entre las partes, antes de que la causa se elevara en grado de apelación ante el superior, es el competente para conocer en la demanda deducida por el ex inquilino y tendiente a la ejecución del aludido convenio, no siendo óbice para ello el procedimiento que corresponde imprimir a las actuaciones(21); que tratándose de la regulación de honorarios de un juicio de insania, y habiendo fallecido el insano, es competente para conocer en la regulación el juez que intervino en aquél y no el del sucesorio(22); que no corresponde a la justicia de Paz de la Capital, sino a la ordinaria provincial donde se halla radicada la convocatoria de acreedores, conocer en el incidente por cobro de honorarios promovido por el profesional que, en aquel juicio, intervino en la verificación del crédito de una sociedad(23); que el juez que intervino en el juicio de alimentos tiene competencia para conocer en los posteriores pedidos de aumento, disminución o cesación(24); que no corresponde a la justicia en lo Comercial, sino a la del Trabajo, conocer de la alegada nulidad del convenio celebrado por un tercero con los actores, mediante el cual aquél tomó a su cargo las obligaciones de la demandada, vencida en el juicio, y con motivo del embargo decretado en la causa laboral(25); etcétera. La regla establecida en materia de pretensiones de garantía se funda no sólo en el principio accesorium sequitur principale, sino también en una razón de conexión que aconseja que sea un órgano judicial único quien decida pretensiones vinculadas por elementos comunes. Pero no es aplicable cuando el deudor principal ha prorrogado la competencia, porque, como dice Alsina(26), el garante se encuentra sometido a la competencia determinada por la ley y no a la creada por voluntad de las partes, salvo que se hubiese estipulado un lugar para el cumplimiento de la obligación. Aparte de modificar la redacción del texto anterior, la reforma que le introdujo la ley 22.434, mantenida por la ley 25.488 sólo innovó en tanto incluyó, entre las cuestiones cuyo conocimiento incumbe al juez del proceso principal, el "cumplimiento de acuerdos de conciliación", los cuales, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 309 del CPCCN, tienen autoridad de cosa juzgada cuando son homologados por el juez(27). Por otra parte, la jurisprudencia se había pronunciado en el sentido de que el juez del proceso principal no sólo es competente para entender en el cumplimiento de la transacción, sino también en la ejecución de cualquier acuerdo que se hubiese celebrado en dicho proceso(28). Corresponde considerar encuadrados en la norma a los convenios de 671   

desocupación celebrados en los juicios de desalojo, pues aquéllos pueden participar de los caracteres de una transacción o de una conciliación y son ejecutables ante el juez que entendió en el juicio siempre que el acto se realice con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia firme(29). Interesa finalmente añadir que el juez del proceso principal es competente para conocer no sólo en la ejecución de la transacción o de la conciliación celebradas en juicio, sino también en el caso de que se articule la nulidad de esos actos(30). b)(31)El juez que entiende en el juicio de divorcio (actualmente separación personal y divorcio vincular) o nulidad de matrimonio tiene competencia para conocer en los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal (art. 6º, inc. 2º, CPCCN, no modificado). c)(32)También compete al juez del juicio de separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, mientras dure la tramitación de éstos, conocer de las pretensiones de exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y litisexpensas (art. 6º, inc. 3º, CPCCN, sucesivamente modificado por las leyes 22.434 y 25.488), pautas que hoy deben ser armonizadas con las nuevas reglas de competencia que — respecto específicamente de menores de edad— contempla el CCiv. y Com. Con anterioridad a la promulgación de la ley 22.434 la jurisprudencia tenía resuelto que el art. 6º, inc. 3º, era aplicable aun en el supuesto de que el juicio de divorcio se hubiese promovido con posterioridad al proceso de alimentos, de modo tal que el primero debía radicarse ante el mismo juzgado donde tramitaba el segundo(33). La ley 22.434, completada luego por la ley 25.488, adoptaron una solución inversa, disponiendo que "si aquéllos (exclusión del cónyuge, tenencia, régimen de visitas, alimentos y litisexpensas) se hubiesen iniciado con anterioridad, pasarán a tramitar ante el juzgado donde quedare radicado el juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio" (art. 6º, inc. 3º, párr. 1º, in fine). Mantuvieron, no obstante, la vigencia del principio que inspiró al texto anterior, alterando sólo un mecanismo que éste no había previsto. "No existiendo juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio en trámite —prescribe el art. 6º, inc. 3º, apart. 2º, CPCCN, con las reformas introducidas por la leyes citadas—, y no probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia", de manera que las pretensiones deben interponerse ante el juez que tenga competencia en el lugar del domicilio del demandado o en el que se encuentre o en el de su última residencia (art. 5º, inc. 3º, CPCCN). El demandado, por lo tanto, no se halla válidamente habilitado para invocar estos fueros si el juicio fue promovido ante el juez del lugar del último domicilio conyugal(34).

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Aunque la ley no contempla el caso de que haya recaído sentencia en el juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio, del contexto del art. 6º, inc. 3º, en su actual redacción, se infiere que las pretensiones relativas a la tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y litisexpensas deben interponerse ante el mismo juez que entendió en aquellos juicios, que es, precisamente, el del lugar del último domicilio conyugal(35). La misma solución es aplicable, con mayor razón, si la nueva pretensión tiene por finalidad la modificación de lo resuelto en algunos de los incidentes tramitados durante la sustanciación del juicio de separación personal, divorcio o nulidad de matrimonio, y por el juez que conoció en éstos(36). En materia de alimentos, el art. 228 del derogado Código Civil instituía reglas análogas a las precedentemente expuestas precisando, en el inc. 2º, que cuando la prestación de aquéllos se plantea como cuestión principal, es juez competente, a opción del actor, el juez del domicilio conyugal, el del domicilio del demandado, el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el del lugar del cumplimiento de la obligación o el del lugar de celebración del acuerdo alimentario si lo hubiese y coincidiese con la residencia del demandado. La ley 22.434 contempló, en un párrafo introducido al art. 6º, inc. 3º(37), del CPCCN, la competencia aplicable al caso previsto en el art. 71 bis(38)de la Ley de Matrimonio Civil, pero aquél carece actualmente de virtualidad al haberse derogado dicha norma por la ley 23.515. Dispone finalmente el art. 6º, inc. 3º, apart. 3º, del CPCCN, de acuerdo con la reforma introducida por la ley 22.434, mantenida por la ley 25.488, que mediando juicio de inhabilitación, el pedido de alimentos contra el inhabilitado deberá promoverse ante el juzgado donde se sustancia aquél. No se percibe, empero, la razón por la cual no se contempló la hipótesis del presunto incapaz por demencia o sordomudez, ya que en el caso no existen motivos que permitan diferenciarlo del presunto inhábil. d) Es juez competente, "en las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal" (art. 6º, inc. 4º, CPCCN)(39). En consecuencia, radicado ante un juez determinado el pedido de alguna de las diligencias que autorizan los arts. 323 a 329 del CPCCN(40), o el pedido de cualquier medida precautoria que sea susceptible de cumplirse con anterioridad a la presentación de la demanda, aquél es también competente para conocer en el proceso principal. Debe recordarse, sin embargo, que la medida cautelar decretada por un juez incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones contenidas en el Código, pero que tal circunstancia no produce desplazamiento de la competencia a favor de ese juez (art. 196, CPCCN)(41). e) En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, es juez competente el que deba conocer en el juicio en el que aquél se hará valer (art. 6º, inc. 5º, 673   

CPCCN)(42). La norma se coloca en la hipótesis de que el beneficio sea solicitado por el actor con anterioridad a la presentación de la demanda, ya que si aquél es solicitado durante el curso del proceso, por cualquiera de las partes (art. 78, CPCCN)(43), configura un incidente del proceso principal, que, como tal, debe ser resuelto por el juez que conoce de éste (art. 6º, inc. 1º). f) El CPCCN ha recogido la tesis jurisprudencial(44)en cuya virtud debe entender en el juicio de conocimiento(45)que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el juez que entendió en éste (art. 6º, inc. 6º)(46). g)(47)Finalmente, el inc. 7º del art. 6º del CPCCN, introducido por la ley 22.434, y mantenido por la ley 25.488 prescribe que es juez competente, en el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el art. 208, el que decretó las medidas cautelares, y en el supuesto del art. 196, aquel cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada. Pero ya que se estaba en ánimo de solucionar el mayor número de supuestos, hubiese convenido agregar que también incumbe al juez del proceso principal hacer efectiva la responsabilidad prevista por el art. 52 del CPCCN.

254. Fuero de atracción

A) Concepto a) Denomínase fuero de atracción a la asignación de competencia hecha en favor del órgano que conoce en un procesal universal (sucesión, concurso o quiebra), con respecto al conocimiento de cierta clase de pretensiones vinculadas con el patrimonio o los derechos sobre los que versa ese proceso. Tiene fundamento no sólo en razones de conveniencia práctica, sino también en el interés general de la justicia, que aconseja ese desplazamiento de la competencia a favor del órgano facultado para recaudar, liquidar y transmitir la totalidad de un patrimonio como universalidad jurídica(48). De allí que el fuero de atracción sea considerado de orden público(49), y su vigencia declarable de oficio(50). b) El fuero de atracción rige en los juicios universales de sucesión, de concursos y de quiebra; pero mientras en los dos primeros sólo juega en 674   

relación con las pretensiones personales pasivas, en el último funciona también respecto de las pretensiones reales. Están excluidas de su ámbito, en todos los casos, las pretensiones fundadas en las disposiciones de la Ley de Prenda con Registro (art. 33) y las pretensiones laborales (art. 25, ley 18.345, t.o. dec. 106/1998) y fiscales (art. 5º, inc. 7º, CPCCN). c) Interesa destacar, finalmente, que el fuero de atracción sólo funciona respecto de los procesos que se encuentren en primera instancia, de modo tal que los que se hallen pendientes de apelación deben ser previamente resueltos por la Cámara que sea tribunal de alzada respecto del juez que dictó el fallo impugnado(51).

B) Juicio sucesorio a) Con respecto al juicio sucesorio(52), cualquiera sea su carácter (ab intestato, testamentario o de herencia vacante), el art. 3284 del derogado Código Civil (su inclusión en el nuevo Código Civil y Comercial es discutible, como se verá luego al analizar el proceso sucesorio) prescribía que ante los jueces del último domicilio del difunto, que eran — y son, como hemos visto—, los competentes para conocer en dicho juicio (supra, nro. 233, E]), deben entablarse: 1º) Las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores universales contra sus coherederos (inc. 1º). De acuerdo con esta norma, el fuero de atracción concluía con la partición, pues era a partir de ese acto que cada heredero queda desvinculado de los restantes y se juzga que ha recibido su derecho del causante(53). No bastaba, sin embargo, que se haya practicado y presentado la partición; era necesario, además, que haya sido aprobada(54). Tampoco era suficiente que se haya inscripto la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad(55). La norma, por otra parte, no regía con respecto a las cuestiones suscitadas entre los herederos del causante y uno de los socios, relativas a la disolución y liquidación de una sociedad(56). 2º) Las demandas relativas a las garantías de los lotes entre los copartícipes, y las que tiendan a la reforma o nulidad de la partición (inc. 2º). En su primera parte, el inciso se refería a la garantía establecida en los arts. 3505 y 3510 del Código Civil, con referencia, respectivamente, a los supuestos de evicción y de vicios ocultos relacionados con los bienes adjudicados a los herederos. La segunda parte comprendía cualquier clase de pretensiones que puedan afectar la validez de la partición.

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3º) Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, aunque sean a título particular, como sobre la entrega de los legados (inc. 3º). Dentro de este inciso se hallaban comprendidas, entre otras, las pretensiones tendientes a la revocación de legado(57); al reintegro de sumas que el albacea dice haber pagado de más a los legatarios(58); a la justificación del verdadero nombre de un legatario(59); etcétera. 4º) Las acciones (pretensiones) personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia (inc. 4º). Como en el caso del inc. 1º, el fuero de atracción regía hasta que existiera partición aprobada. Se hallaban incluidas en esta disposición todas las pretensiones personales pasivas(60), debiendo, por lo tanto, excluirse de su ámbito las de carácter real(61)y las dirigidas por la sucesión contra terceros(62). Por otra parte, era aplicable tanto a las pretensiones personales emergentes de obligaciones contraídas en vida por el causante, cuanto a los ajustadas por albaceas o administradores después de la apertura de la sucesión(63). b) El fuero de atracción del juicio sucesorio funcionaba con prescindencia de que existan uno o más herederos, porque las razones que lo fundamentan eran las mismas en uno y otro caso(64). Cuando fallecía una persona en estado de concurso, o correspondía declarar concursada a una sucesión, el fuero de atracción del concurso prevalecía sobre el del juicio sucesorio(65). d) Finalmente, en el supuesto de litisconsorcio pasivo, el fallecimiento de uno de los codemandados determinaba el desplazamiento de la competencia hacia el juez de la sucesión(66).

C) Concurso preventivo y quiebra(67) Tanto el concurso preventivo como la quiebra ejercen un fuero de atracción provisto de mayor amplitud que el del juicio sucesorio, pues comprende tanto las pretensiones personales de contenido patrimonial como las pretensiones reales deducidas contra el concursado o fallido, salvo las que se encuentren excluidas por una disposición legal.

Respecto del concurso preventivo, el art. 21 de la ley 24.522, prevé: "Juicios contra el concursado. La apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos. "Quedan excluidos de los efectos antes mencionados: 676   

"1. Los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales; "2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los arts. 32 y concs.; "3. Los procesos en los que el concursado sea parte de un litisconsorcio pasivo necesario. "En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya regulación de honorarios estará a cargo del juez del concurso, cuando el concursado resultare condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley. "En los procesos indicados en los incs. 2º y 3º no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los mismos valdrá como título verificatorio en el concurso. "En las ejecuciones de garantías reales no se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio". Como se advierte, la ley 24.522instituyó un sistema de opción acerca del cual debe expedirse el actor, eligiendo entre requerir la verificación de su crédito conforme al procedimiento concursal o continuar con el trámite del proceso pero por ante el juez del concurso, cuya eventual sentencia valdrá como pronunciamiento verificatorio. En cuanto a la quiebra, dispone el art. 132 de la ley citada que tal "declaración atrae al juzgado en el que ella tramita, todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en el art. 21, incs. 1º a 3º, bajo el régimen allí previsto. El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada". Aunque la norma mantiene los lineamientos del art. 136 de la ley 19.551, se diferencia de ésta en que suprime los juicios laborales en etapa de conocimiento y confiere la misma solución que a los créditos laborales en el concurso preventivo, a cuyo respecto cabe considerar de "pronto pago" a aquellos cuya existencia surge, con claridad, de los libros de comercio y otros documentos emanados del concursado o fallido y no se encuentren controvertidos. 677   

II. CUESTIONES DE COMPETENCIA(68)

255. Concepto y clases a) Existe cuestión de competencia cuando se desconoce a un órgano judicial, sea por alguna de las partes o por otro órgano judicial, la facultad de intervenir en determinado proceso, o cuando dos o más órganos judiciales declaran carecer de dicha facultad(69). Las cuestiones de competencia pueden suscitarse, por lo tanto, a iniciativa de cualquiera de las partes, o con motivo de decisiones dictadas de oficio por distintos órganos judiciales. En el primer supuesto, la cuestión puede originarse mediante el uso de dos vías procesales que se denominan declinatoria e inhibitoria y de las cuales nos ocuparemos a continuación. Cabe añadir que, en ambos supuestos, las cuestiones de competencia pueden o no engendrar conflictos o contiendas de esa índole, de acuerdo con la actitud que adopten el órgano u órganos intervinientes en la cuestión. b) La declinatoria es el acto mediante el cual el demandado (o el actor en el caso de reconvención) se presenta ante el juez que está conociendo en el proceso, le niega competencia para ello y le pide, por lo tanto, que se abstenga de continuar interviniendo en él. La inhibitoria, en cambio, es el acto en cuya virtud el demandado se presenta ante el órgano judicial que estima competente para conocer en el proceso y le pide que, tras declarar su competencia, se dirija al órgano que está conociendo en aquél a fin de que se abstenga de continuar haciéndolo. El art. 7º del CPCCN se refiere a esos dos actos en tanto dispone que "las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria"(70). De la norma transcripta se sigue que las partes pueden utilizar una u otra vía, salvo en el supuesto de que la cuestión comprenda a órganos judiciales que ejercen la misma competencia por razón del territorio como ocurre, v.gr., con los que tienen su sede en la Capital Federal(71), en cuyo caso sólo es admisible el planteamiento de la declinatoria, la cual 678   

constituye, por ello, la vía normal para promover una cuestión de competencia(72). "En uno y otro caso —agrega el apart. 2º del art. 7º— la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama", es decir, que el cumplimiento de cualquier acto procesal ante el juez que está conociendo, y que no consista, naturalmente, en cuestionar su competencia, obsta a la admisibilidad de cualquiera de las vías mencionadas(73). Es obvio, asimismo, que las cuestiones de competencia deben tener necesariamente por base la existencia de procesos que se encuentran en trámite, siendo por lo tanto inadmisibles cuando alguno de ellos ha concluido mediante cualquiera de las formas establecidas por la ley(74). c) "Elegida una vía —dispone el apart. 3º, art. 7º— no podrá en lo sucesivo usarse de otra". La declinatoria y la inhibitoria se excluyen, pues, recíprocamente: la elección de una, aunque posteriormente se desista de ella, reviste carácter definitivo y obsta al planteamiento de la otra(75).

256. Procedimiento en el caso de declinatoria a) El art. 8º del CPCCN establece que "la declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente"(76). La declinatoria, por lo tanto, debe hacerse valer como excepción de incompetencia (art. 347, inc. 1º, CPCCN)(77)y en la oportunidad fijada para oponer dicha excepción en cada tipo de proceso(78). Por ello es menester puntualizar las siguientes diferencias: 1º) En el proceso ordinario debe plantearse juntamente con la contestación de la demanda o de la reconvención. La excepción debe sustanciarse y resolverse como de previo y especial pronunciamiento (art. 346 del CPCCN)(79). 2º) En el proceso sumarísimo, la declinatoria debe ser opuesta juntamente con la contestación de la demanda y resolverse en la sentencia definitiva, pues en este tipo de proceso no se haya autorizado el planteamiento de excepciones previas que deban resolverse en el referido carácter (art. 498, inc. 2º, CPCCN)(80). 3º) En el juicio ejecutivo, corresponde plantearla dentro del plazo para oponer excepciones (art. 544, inc. 1º, CPCCN)(81)y resolverla en la sentencia definitiva. 679   

b) En el supuesto de hacerse lugar a la declinatoria el juez debe remitir la causa al juez que, en la misma resolución, se considere competente para conocer en aquélla, siempre que este último perteneciere a la jurisdicción nacional (arts. 8º, apart. 1º, y 354, inc. 1º, CPCCN)(82). En caso contrario, corresponde disponer el archivo del expediente (art. 354, inc. 1º). Tal solución se aparta del criterio jurisprudencial predominante con anterioridad a la sanción del nuevo Código, de conformidad con el cual, pese a la disposición contenida en el art. 410 del Código derogado, se había resuelto que, en el caso de prosperar la declinatoria o de mediar declaración oficiosa de incompetencia, correspondía el archivo de las actuaciones(83). La mencionada jurisprudencia se fundaba esencialmente, por un lado, en la naturaleza de la resolución declarativa de la incompetencia, la cual carece de efectos vinculatorios respecto del órgano tenido por competente, y, por otro, en la nulidad que afecta, en principio, a las actuaciones desarrolladas ante juez incompetente(84). En apoyo de la solución normativa vigente puede argüirse, en primer lugar, que redunda en manifiesto beneficio del principio de economía procesal, pues evita el dispendio de actividades y de erogaciones que implica la promoción de un nuevo proceso; y, en segundo lugar, que la actual existencia de un ordenamiento procesal único para todos los órganos de la justicia nacional en las materias civil, comercial y contencioso-administrativa, allana los posibles inconvenientes de orden práctico que pueden derivar de la sustanciación sucesiva de un mismo proceso ante jueces de distinta competencia. El actual principio, sin embargo, no sólo admite excepción en el caso de declararse la competencia de la justicia provincial, sino que también cede en la hipótesis de que los procedimientos que debe aplicar el juez tenido por competente impliquen, en razón de su diversidad con relación a los aplicados inicialmente, la afectación del derecho de defensa de alguna de las partes. Tal lo que podría ocurrir, por ejemplo, si se declararse la competencia de la justicia del Trabajo o si la pretensión debe sustanciarse en forma de recurso(85).

257. Procedimiento en el caso de inhibitoria a) "La inhibitoria —dispone el art. 8º, apart. 2º— podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata". Como se advierte, la oportunidad prevista para plantear la inhibitoria coincide con la fijada respecto de la declinatoria, resultando aplicables a 680   

aquélla, por consiguiente, las diferencias que señalamos en el número anterior atendiendo a las distintas clases de procesos(86). Contrariamente a lo sostenido por Alsina(87), consideramos que la oportunidad que contempla la norma mencionada sólo rige en el caso de que quien se encuentre conociendo en el proceso sea un juez nacional, porque mientras no exista constancia alguna de que en jurisdicción provincial se haya cuestionado su competencia, ésta subsiste con todos sus atributos, entre los cuales se encuentra, naturalmente, el poder de desestimar cualquier cuestión promovida fuera de los plazos que la ley nacional establece. A la inversa, si la inhibitoria se plantea ante un juez nacional, debe serlo en la oportunidad fijada por la ley procesal vigente en el lugar donde tiene su sede el juez provincial que interviene en la causa. b) La cuestión de competencia por inhibitoria debe promoverse mediante escrito presentado ante el juez que el demandado considera competente, en el cual corresponde formular una reseña de la demanda entablada y de los demás antecedentes que justifiquen su planteamiento. "Si entablada la inhibitoria el juez se declarase competente —dice el art. 9º, CPCCN(88)—, librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia. Solicitará, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda. La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente". De acuerdo con los términos de la norma precedentemente transcripta, el juez ante quien se deduce la inhibitoria debe resolverla sobre la base de la exposición formulada por el demandado en el escrito correspondiente y de las constancias resultantes del exhorto que se le hubiere remitido(89), previo dictamen del agente fiscal o del procurador fiscal federal, según que, respectivamente, la cuestión se haya promovido ante un juez de la Capital con competencia ordinaria o ante un juez federal con asiento en el interior o en ese distrito (arts. 119, inc. 4º(90), ley 1893, y 118, inc. 5º, Cód. de Ptos. en lo Criminal(91), aplicable por analogía). En el supuesto de declararse competente, dicho juez debe librar oficio si se trata de otro juez nacional, o exhorto si se trata de un juez provincial (art. 131, CPCCN)(92), el que debe ir acompañado de los recaudos y contener la petición a que se refiere el art. 9º. El diligenciamiento del exhorto u oficio debe efectuarse de inmediato, pues su recepción por el juez requerido es el hecho que determina el nacimiento de la eventual contienda y, como veremos, la suspensión de los procedimientos(93). Finalmente, en el supuesto de que la resolución fuere desfavorable a quien plantea la inhibitoria, procede contra ella recurso de apelación que debe otorgarse en relación y efecto suspensivo (art. 243, CPCCN)(94). 681   

"Recibido el oficio o exhorto —dispone el art. 10, CPCCN(95)— el juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición". En el primer caso no se configura conflicto de competencia y la resolución es apelable por el actor en la misma forma y efectos que en la hipótesis anterior (art. 10, apart. 2º, párr. 1º, CPCCN). Una vez consentida o ejecutoriada la decisión que hace lugar a la inhibitoria, el juez requerido debe remitir la causa al juez requirente y emplazar a las partes para que comparezcan ante este último a usar de su derecho (art. 10, apart. 2º, párr. 2º). En el caso de que el juez requerido no acepte la inhibición y mantenga, por lo tanto, su competencia para continuar interviniendo en el conocimiento de la causa, "enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para que remita las suyas" (art. 10, apart. 3º, CPCCN). En este punto el nuevo Código simplifica sensiblemente el trámite previsto por el Código derogado, cuyo art. 419 exigía que el juez requerido manifestase por oficio al requirente los fundamentos en que apoyaba su competencia y le requiriese la formación de contienda y la remisión del expediente a la Corte Suprema. Actualmente, como surge de los términos de la norma transcripta, basta que el juez requerido envíe el expediente al tribunal superior y comunique tal circunstancia al juez requirente. c) "Las cuestiones de competencia —dice el art. 12, CPCCN— se sustanciarán por vía de incidente. No suspende el procedimiento, el que seguirá su trámite por ante el juez que previno, salvo que se tratare de cuestiones de competencia en razón del territorio". El fundamento de esta norma reside en el vicio de nulidad que afectaría a las actuaciones tramitadas ante el juez requerido en el caso de que, en definitiva, se declarase su incompetencia para conocer en el asunto(96). La suspensión de los procedimientos, por otra parte, sólo se opera a partir del momento en que el juez requerido recibe el oficio o exhorto inhibitorio(97). La ley 25.488 modificó el art. 12 del CPCN, el que difiere de su redacción originaria en el sentido de que no suspenden el procedimiento del proceso principal, sino que aquéllas se sustanciarán por vía de incidente y la causa seguirá su trámite ante el juez que previno, salvo que se trate de cuestiones de competencia por razón del territorio(98). En este aspecto se ha incurrido en un grave error, por cuanto, en los supuestos de conocimiento simultáneo mencionados en el art. 13, la prosecución de la causa ante el juez que previno puede desembocar en una declaración de nulidad emergente de haberse tramitado el juicio incluso en su totalidad ante un órgano judicial en definitiva declarado incompetente(99).

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258. Decisión definitiva de la inhibitoria a) Cuando el juez ante quien se plantea la inhibitoria se declara competente, y el juez requerido mantiene su competencia, se suscita una contienda o conflicto positivo de competencia que debe ser resuelto por distintos tribunales según que aquéllos tengan o no un superior jerárquico común. Si se trata, en efecto, de una contienda suscitada entre jueces federales de distinta competencia territorial, ella debe ser resuelta por la Cámara de Apelaciones de que aquéllos dependan (art. 19, ley 4055). Si, por el contrario, la contienda se plantea entre jueces federales que dependen de distintas Cámaras, o entre un juez de la Capital y un juez federal del interior, o entre jueces de distintas provincias, o entre un juez nacional y uno provincial, la decisión de aquélla incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 24, inc. 7º, dec.-ley 1285/1958, modif. por ley 21.708)(100). b) En cuanto al procedimiento a observar, el art. (101) 11 del CPCCN establece que "dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el tribunal superior resolverá la contienda sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informando al otro por oficio o exhorto". No procede, por lo tanto, acordar intervención alguna a las partes durante el trámite, debiendo resolverse la cuestión sobre la base de las constancias de los expedientes remitidos(102). En su segundo apartado, la norma mencionada dispone, recogiendo una reiterada doctrina jurisprudencial(103), que "si el juez que requirió la inhibitoria no remitiere las actuaciones dentro de un plazo prudencial a juicio del tribunal superior, éste lo intimará para que lo haga en un plazo de diez a quince días, según la distancia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su pretensión".

259. Supuestos de contiendas negativas y de conocimiento simultáneo a) Existe conflicto o contienda negativa cuando dos órganos judiciales declaran sucesivamente su incompetencia para conocer de un asunto determinado, lo cual puede ocurrir en el supuesto de que, declarándose incompetente el órgano ante el cual se interpone la 683   

demanda, sea de oficio o a raíz de prosperar una excepción de incompetencia, la misma declaración es emitida por el órgano al cual se remiten las actuaciones o ante quien acude el actor. Cuando la contienda negativa se plantea entre órganos que carecen de un tribunal jerárquico común, aquélla debe ser resuelta por la Corte Suprema, salvo que se trate de jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso la decisión incumbe a la Cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido (art. 24, inc. 7º, dec.-ley 1285/1958, con la modificación introducida por el art. 2º, ley 17.116). De acuerdo con esa regla, compete a la Corte decidir los conflictos suscitados entre órganos de distintas provincias o entre un órgano provincial y uno nacional, sea que ésta tenga su sede en la Ciudad de Buenos Aires o en alguna provincia. En ejercicio de tal facultad, la Corte debe declarar la competencia del órgano que realmente esté investido de ella, aunque ese órgano no haya intervenido en el conflicto(104). Si, en cambio, el conflicto se plantea entre jueces de la Capital, entre uno de ellos y un juez federal del interior, o entre jueces federales del interior que dependan de distintos tribunales de alzada, aquél debe ser resuelto por la Cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido en el asunto. Debe tratarse, por lo tanto, de conflictos directamente planteados entre jueces de primera instancia, de manera que si ha mediado intervención de Cámara con respecto a las decisiones dictadas por cualquiera de aquéllos, la decisión de la contienda incumbe a la Corte Suprema(105). El art. 13 del CPCCN dispone que en caso de contienda negativa cualquiera de los órganos judiciales intervinientes puede plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los arts. 9º a 12. La remisión a tales normas debe ser entendida, sin embargo, en el sentido de que ellas son aplicables en cuanto sea pertinente, pues algunas, como las referentes al régimen de recursos, a la suspensión de los procedimientos, y a la intimación que puede formular el tribunal superior, no se adecuan a la índole de esta clase de contiendas. b) El mencionado art. 13 establece, asimismo, que el procedimiento de la inhibitoria es aplicable al supuesto de que dos o más jueces se encontraren conociendo en un mismo proceso. La norma se refiere, naturalmente, a la existencia de dos o más procesos idénticos o conexos, como puede ocurrir, respectivamente, en los casos de tramitar en diferentes juzgados un mismo juicio sucesorio iniciado por distintas personas, y de ser admisible la acumulación de procesos(106). Se trata de contiendas positivas de competencia, a cuyo respecto son también aplicables las reglas que hemos examinado precedentemente en cuanto a los tribunales facultados para decidirlas, aunque con la salvedad de que si la contienda se plantea entre dos o más jueces que ejercen la 684   

misma competencia por razón de la materia, ella debe ser resuelta por la respectiva Cámara de Apelaciones.

260. Intervención de la Corte por denegación de justicia El art. 24, inc. 7º, del dec.-ley 1285/1958 establece que la Corte Suprema "decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia". Aparte de cubrir el caso de suscitarse contiendas negativas de competencia, la norma transcripta comprende todas aquellas hipótesis en las cuales, sin configurarse un conflicto de competencia en sentido estricto, puede resultar afectado el derecho a una adecuada tutela judicial, y, por consiguiente, la garantía constitucional de la defensa en juicio(107).

CAPÍTULO XVIII - EL MINISTERIO PÚBLICO SUMARIO: I. ADVERTENCIA. II. GENERALIDADES: 261. Concepto.— 262. Composición.— 263. Naturaleza.— 264. Disposiciones comunes.— III. EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL: 265. Antecedentes históricos.— 266. Legislación comparada.— 267. El Ministerio Público Fiscal en el orden federal.— 268. El Ministerio Público Fiscal ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.— 269. Legislación provincial.— 270. Crítica del sistema vigente. IV. EL MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR: 271. Antecedentes nacionales.— 272. Organización del Ministerio Pupilar en la Capital Federal y en el orden federal.— 273. Legislación provincial.— 274. Atribuciones del Ministerio Público Pupilar. V. DEFENSORÍAS DE POBRES Y AUSENTES: 275. Organización.— 276. Deberes y atribuciones. VI. SITUACIÓN LUEGO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994. GENERALIDADES: 277. Caracteres y 685   

composición.— 278. Designación.— 279. Incompatibilidades e inmunidades.— 280. Responsabilidad disciplinaria.— 281. Remoción. VII. EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL: 282. Organización.— 283. Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. VIII. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: 284. Antecedentes.— 285. Organización.— 286. Honorarios.

I. ADVERTENCIA El panorama respecto del Ministerio Público desarrollado por el autor difiere sustancialmente del actual, posterior a la reforma a la Constitución de la Nación del año 1994. Sin embargo, por el importante valor de los desarrollos referidos a esa etapa previa es que se ha mantenido el texto original, agregando como acápites VI y siguientes los nuevos conceptos provenientes del tomo X, "Reformas". Con esa salvedad, entonces, es que se ha reestructurado el presente capítulo.

II. GENERALIDADES(1)

261. Concepto a) Frente a los órganos judiciales, cuya función consiste en satisfacer las pretensiones o peticiones extracontenciosas que pueden constituir el objeto de un proceso, el ordenamiento jurídico prevé el funcionamiento de otros órganos estatales a quienes corresponde, en términos generales, la misión de defender intereses que afectan al orden público y social. El conjunto de dichos órganos recibe, genéricamente, la denominación de Ministerio Público, incumbiendo a sus titulares el cumplimiento de dos tipos de funciones claramente diferenciables de la función judicial. Una de ellas, que reviste carácter primordial, consiste en el planteamiento de cierta clase de pretensiones o peticiones, o de oposiciones a éstas, y su ejecución se halla encomendada al Ministerio Público, sea porque existe interés social en no supeditar el cumplimiento de esos actos a la iniciativa privada, sea porque así lo impone la condición de las personas cuyos derechos se controvierten en el proceso(2). La otra función, 686   

que es de índole secundaria, se manifiesta a través del contralor que ejerce el Ministerio Público con respecto a la observancia de determinadas normas que hacen al orden público judicial, como son, v.gr., las atributivas de competencia. b) De lo precedentemente expuesto se sigue que mientras en el primer caso el Ministerio Público asume un papel esencialmente equiparable al de las partes(3), o actúa como representante de éstas, en el segundo lo hace a título de órgano de cooperación de la función judicial, coadyuvando a su más adecuado desenvolvimiento. En una y otra hipótesis los integrantes del Ministerio Público desempeñan una función de tipo requirente o postulante, distinta de la función juzgadora que corresponde a los órganos judiciales. c) Finalmente, de la misma manera en que lo hicimos al estudiar el concepto de órgano judicial (supra, nro. 125), es preciso aclarar que la idea de "órgano", referida al Ministerio Público, puede ser considerada, por un lado, como indicativa de cada uno de los funcionarios a quienes corresponde el cumplimiento de las actividades más arriba señaladas, y, por otro lado, como el conjunto o agregado de personas que integran cada una de las unidades administrativas de que se compone dicho Ministerio.

262. Composición a) A diferencia de lo que ocurre en la legislación europea, la mayor parte de las leyes argentinas dividen al Ministerio Público en diversas ramas que se diferencian en razón de la naturaleza de las funciones asignadas a los órganos que las componen. De acuerdo con esa tendencia, existe un primer sistema que implica la máxima diferenciación funcional y se halla representado por el fraccionamiento del Ministerio Público en tres grandes ramas: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar y las Defensorías de Pobres y Ausentes. Los órganos que integran el Ministerio Público Fiscal actúan tanto en los procesos penales como en los civiles, debiendo incluirse dentro de esta última categoría no sólo los que versan sobre las materias civil y comercial, sino también los que tienen por objeto pretensiones laborales y contencioso-administrativas. De acuerdo con la distinción más arriba señalada, incumbe al Ministerio Público Fiscal, en los procesos penales, la función de interponer y proseguir las pretensiones fundadas en la comisión de los delitos llamados de "acción pública", y en los restantes tipos de procesos, la consistente en deducir u oponerse a cierta clase de pretensiones y de peticiones extracontenciosas en las que se encuentren comprometidos intereses que exceden el mero interés particular, como 687   

son, v.gr., las referentes al estado civil de las personas. A esta función algunas leyes agregan aun, como veremos, la representación judicial de los intereses patrimoniales del Estado. En ambas categorías de procesos, los órganos del Ministerio Público ejercen, además, funciones de asesoramiento y contralor respecto del cumplimiento de disposiciones tendientes a asegurar una recta administración de justicia. Al Ministerio Público Pupilar corresponde la misión de velar por la persona, bienes y derechos de los menores y demás incapaces, sea mediante la intervención en los asuntos judiciales concernientes a esas cuestiones, sea a través del asesoramiento y vigilancia que con respecto a ellas desempeñan en el ámbito extrajudicial. Algunas leyes, como veremos, instituyen órganos distintos según se trate del cumplimiento de funciones judiciales o extrajudiciales. Las Defensorías de Pobres y Ausentes, finalmente, tienen a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de las personas que se encuentren en esas condiciones, actuando tanto en los procesos civiles como en los penales. La división de los órganos del Ministerio Público en las tres ramas precedentemente descriptas, se halla instituida en la justicia ordinaria de la Capital Federal (ley 1893) y en las provincias de Buenos Aires(4), Formosa(5), Jujuy(6), Mendoza(7), Salta(8), San Juan(9)y Tucumán(10). En lo que concierne al Ministerio Público Fiscal, sin embargo, mientras las leyes 1893 y las vigentes en las provincias de Salta, San Juan y Tucumán lo dividen de acuerdo con las materias civil y comercial, por un lado, y penal, por otro, las restantes provincias mencionadas instituyen órganos únicos para intervenir en los procesos relativos a todas esas materias. b) De acuerdo con un segundo sistema, el Ministerio Público se halla fraccionado en dos ramas: una está constituida por representantes del Ministerio Público Fiscal, a quienes incumbe el cumplimiento de las funciones más arriba señaladas, y la otra está integrada por defensores de Pobres, Menores, Incapaces y Ausentes, quienes absorben, por lo tanto, las funciones que en el primer sistema aludido ejercen los representantes del Ministerio Pupilar y los defensores de Pobres y Ausentes. De acuerdo con ese criterio se encuentra organizado el Ministerio Público en el orden federal y en las provincias de Catamarca(11), Córdoba(12), Corrientes(13), Chaco(14), Chubut(15), Entre Ríos(16), La Pampa(17), Misiones(18), Neuquén(19), San Luis(20), Santa Cruz(21), Santa Fe(22)y Santiago del Estero(23). En lo que atañe al Ministerio Público Fiscal, se halla unificado en las materias civil y penal en la justicia federal del interior y en todas las provincias precedentemente mencionadas, con excepción de las de Córdoba y Santiago del Estero. A su vez, en las provincias de Corrientes y Chaco, la división sólo rige en algunas circunscripciones judiciales(24).

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c) Finalmente, la legislación argentina admite un tercer sistema en cuya virtud todas las funciones correspondientes a las ramas anteriormente descriptas son ejercidas por organismos únicos. Rige en la justicia de Paz de la Capital, cuya ley orgánica atribuye tales funciones a los llamados fiscales de Paz (art. 21, ley 11.924), en la justicia del Trabajo del mismo distrito (art. 21, ley 12.948) y en las provincias de La Rioja(25)y Río Negro(26). En los tres últimos casos, las respectivas leyes encomiendan su cumplimiento a funcionarios denominados representantes del Ministerio Público.

263. Naturaleza a) Ante la ausencia de una ley orgánica reglamentaria del Ministerio Público en el orden nacional, ha sido objeto de controversia determinar si los funcionarios que lo integran forman parte del Poder Judicial, o si, por el contrario, dependen del Poder Ejecutivo. La polémica, generalmente, se ha centrado en torno del Ministerio Público Fiscal, y, en particular, de dos de las funciones que incumben a los representantes de dicho Ministerio: la defensa de los intereses patrimoniales del Fisco y el ejercicio de la pretensión penal. Jofré, que fue uno de los más vehementes críticos de la tesis judicialista, cita en apoyo de su posición las siguientes palabras pronunciadas por el diputado González en el Congreso de Paraná, en oportunidad de discutirse una disposición que aseguraba la inamovilidad de todos los fiscales federales: "Para ver claro en esta situación, es preciso decir algo sobre la naturaleza de las funciones de los fiscales; y nada más conducente a ese fin, que dar la definición de estos empleados que trae un célebre autor de derecho español. Entiéndese por fiscal 'cada uno de los abogados nombrados por el rey (entre nosotros por el Poder Ejecutivo), para defender ante los tribunales los intereses del Fisco, y las causas pertenecientes a la vindicta pública'. Los fiscales tienen, según esta definición, dos atribuciones distintas: la primera, es para entender exclusivamente en todo lo relativo a intereses y derechos del Fisco, es decir, del Tesoro Público, de la hacienda de la Confederación, y la segunda para tomar parte en toda causa criminal sobre delitos públicos o sobre responsabilidad oficial. En ambos casos los fiscales proceden como agentes inmediatos del Poder Ejecutivo encargados por la Constitución de defender los intereses del Fisco, y de mantener el orden y la tranquilidad de la Nación. Son los abogados del Gobierno, que gestionan ante los tribunales federales, entablando ya sea una acción civil para defender las propiedades de la Confederación, o hacer cumplir las 689   

obligaciones contraídas con ella; ya sea pidiendo la aplicación de una pena al que ha cometido uno de esos delitos que no sólo perjudican los intereses o la persona de un individuo, sino que causan cierta alarma en la sociedad ofendida, que es necesario hacer desaparecer por medio de un justo y prolongado castigo. En ambos casos, el Ejecutivo nacional es quien aparece ante los tribunales representado por los fiscales, sus abogados o agentes inmediatos"(27). Alsina, por su parte, considera que en ambos supuestos los representantes del Ministerio público se hallan equiparados a empleados administrativos y dependen del Poder Ejecutivo, agregando que aquéllos revisten el carácter de funcionarios judiciales cuando intervienen en las cuestiones que afectan el orden público, pues en ellas no actúan como partes o representantes del Poder Ejecutivo, sino como representantes de la sociedad(28). Podetti, finalmente, tras sostener la inconveniencia de que el Ministerio Público actúe en nombre de los intereses patrimoniales del Fisco, expresa que "la circunstancia de que tenga el ejercicio de la acción pública no justifica una dependencia directa del Poder Ejecutivo, si se le organiza jerárquicamente. Entre la dirección de un Ministro de Justicia y la del Procurador General de la Nación, no parece dudoso que es más conveniente a los intereses superiores de la justicia, la de éste, que tiene caracteres similares a la más alta magistratura del país"(29). Corresponde agregar que la falta de reglas precisas acerca de la cuestión examinada, ha dado lugar a más de un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, referente a los poderes de superintendencia que ambos se han arrogado sobre los agentes fiscales y fiscales de Cámara(30). b) Dados los términos en que se encuentra planteada la controversia, consideramos que la legislación vigente proporciona un mayor número de argumentos en favor de la tesis judicialista(31). Por lo pronto, desde el punto de vista administrativo, resulta fácilmente verificable la aproximación de los miembros del Ministerio Público hacia un verdadero estado judicial. Así lo demuestran, entre otras circunstancias, las normas legales y reglamentarias que acuerdan a los órganos judiciales la superintendencia sobre los representantes del Ministerio Público (v.gr., arts. 11, ley 4055, y 2º, ley 7099); la inclusión de éstos en las disposiciones de la ley 17.455; la garantía de la inamovilidad conferida a los representantes de dicho ministerio ante los tribunales superiores; las leyes de presupuesto que incluyen los sueldos de los representantes del Ministerio Público en el anexo correspondiente al Poder Judicial; etcétera(32). En segundo lugar, la índole de las funciones que competen al Ministerio Público Fiscal en los procesos penales no importa, necesariamente, una dependencia jerárquica con respecto al Poder Ejecutivo, ya que las pautas de legalidad e imparcialidad que deben presidir la interposición y 690   

prosecución de la pretensión pública penal no se compadecen totalmente con una actuación procesal supeditada a las instrucciones impartidas por aquel Poder. Por lo demás, la facultad que el art. 4º de la ley 17.516 confiere al Poder Ejecutivo para asumir la función de querellante en los casos de delitos cometidos contra la seguridad de la Nación, el orden constitucional, los poderes públicos y el patrimonio o las rentas fiscales, resta al problema gran parte de su posible trascendencia institucional e importancia práctica. Por lo tanto, el único argumento actualmente computable para sostener la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo está dado por la función que aún conservan algunos fiscales para representar los intereses patrimoniales del Estado. Se trata, sin embargo, de una dependencia parcial, carente de suficiente entidad frente a los diversos fundamentos normativos con que cuenta la tesis judicialista. c) La controversia, finalmente, ha sido superada desde antiguo por la legislación provincial, cuyas normas confieren carácter judicial a todos los miembros del Ministerio Público.

264. Disposiciones comunes En el orden nacional, todos los representantes del Ministerio Público se hallan sujetos a disposiciones comunes en materia de incompatibilidades y deberes, excusación y cumplimiento de los plazos procesales. En lo que atañe a incompatibilidades, aquéllos no pueden ejercer la profesión de abogados, ni la representación en juicio, salvo que se trate de asuntos propios o de su esposa e hijos (art. 122, ley 1893). Les alcanzan, asimismo, los deberes establecidos por el art. 8º del RJN, a los cuales nos hemos referido supra, nros. 176/178. Los funcionarios del Ministerio Público no pueden ser recusados. Sin embargo, "si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos" (art. 33, CPCCN). Por último, los mencionados funcionarios se hallan sometidos a las reglas que el CPCCN establece en materia de plazos, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los que en él se fijan (art. 159, CPCCN). Cabe señalar, asimismo, que con excepción del Procurador General de la Nación y de los procuradores fiscales ante la Corte Suprema, con respecto a los restantes miembros del Ministerio Público rigen las

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disposiciones contenidas en la ley 17.455 sobre régimen de designaciones y ascensos (supra, nro. 173).

III. EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

265. Antecedentes históricos a) Pese a los intentos realizados para demostrar que los orígenes remotos del Ministerio Público se encuentran en ciertas magistraturas del derecho romano imperial (curiosi, praefecti urbi, defensores civitatis, advocati fisci, procuratores caesaris, etc.), o de la legislación visigótica (saiones), la opinión mayoritaria reconoce que la institución, con los caracteres sustanciales que reviste en la actualidad, tuvo su origen en la organización judicial de la Francia medioeval. Se ha señalado, de acuerdo con esa tesis, que la institución del Ministerio Público se hallaba representada, primitivamente, por procuradores o abogados ordinarios a quienes el rey confiaba la defensa de sus propios intereses, patrimoniales y fiscales; tarea que aquéllos cumplían sin perjuicio de la atención de su clientela privada. La designación de tales funcionarios obedeció, en un principio, a la necesidad de mantener la influencia de la Corona ante los tribunales y de defender sus derechos y prerrogativas contra las pretensiones de los señores feudales. Pero más tarde, con el fortalecimiento de la autoridad real, los procuradores y abogados del rey se convirtieron en verdaderos magistrados (los primeros en 1302 y los segundos en 1525), dejando así de atender asuntos de clientes particulares, y añadiendo a su primitiva función de defensa de los intereses patrimoniales y fiscales del rey, la que consistía en defender los intereses generales de la sociedad y del Estado. Posteriormente, en armonía con la evolución política que condujo al establecimiento de un poder central cada vez más poderoso, esta última función llegó a ser la única y exclusiva encomendada a los miembros del Ministerio Público. El sistema fue recogido por las sucesivas reglamentaciones de la institución (ordenanza de 1679, ley de 16-24/8/1790, etc.) y es el que mantienen las actuales leyes francesas. b) La antigua legislación hispánica no contiene una reglamentación específica de la institución, aunque cabe destacar que la Partida cuarta considera como la octava dignidad, mediante la cual "sale el fijo de poder 692   

de su padre", al cargo de Patronus Fisci, que "tanto quier dezir en romance, como ome que es puesto para razonar, e defender en juyzio, todas las cosas e los derechos que pertenescen a la Cámara del Rey" (título XVIII, ley XII). La ley 1ª, título 5º del libro II de la Recopilación de Leyes de Indias, menciona la existencia del Fiscal del Consejo de Indias, cuyas funciones consisten en la defensa de la jurisdicción, patrimonio y hacienda real, en la vigilancia del cumplimiento de las leyes y en la protección y amparo de los indios y de "personas pobres y miserables". Con análogas funciones a la de dicho magistrado, el mismo ordenamiento instituye dos fiscales en las Audiencias de Lima y de México, uno en lo Civil y otro en lo Criminal, y uno en la de Buenos Aires. Con respecto a los antecedentes en el derecho patrio, los Reglamentos de Administración de Justicia dictados en 1812 y 1813, instituyen el cargo de "agente" de la Cámara, en reemplazo del Fiscal de la Audiencia, quien debía actuar con un auxiliar. El Reglamento Provisorio de 1817 restituye al mencionado magistrado el nombre de Fiscal y crea dos agentes auxiliares, uno para lo Civil y otro para lo Criminal, cargos que luego de ser refundidos y desdoblados por sucesivos decretos, son unificados en 1932. La ley de septiembre de 1857, que instituye el Tribunal Superior de Justicia, contempla asimismo las atribuciones del respectivo fiscal, y con posterioridad a la promulgación de la constitución provincial de 1873, la ley del 30 de junio del año siguiente dispone que el Ministerio Fiscal se compone de un Procurador General de la Suprema Corte, un fiscal de Cámara, dos agentes fiscales y uno en lo Criminal. La ley del 15/12/1881 (ley 1144), sancionada con posterioridad a la federalización de la Capital, reglamenta asimismo la composición y atribuciones del Ministerio Público, y es luego sustituida por la ley del 12/11/1886(ley 1893), actualmente en vigencia.

266. Legislación comparada

A) Francia Según las leyes francesas referentes al Ministerio Público, sus miembros son denominados "agentes del Poder Ejecutivo ante los tribunales". Son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del ministro de Justicia, sin requerirse, a diferencia de lo que ocurre en 693   

materia de designación y promoción de jueces, el dictamen previo del Consejo Superior de la Magistratura. No obstante, forman parte del cuerpo judicial y se hallan sometidos al mismo estatus que los jueces en lo que concierne al modo de selección, forma de juramento, incompatibilidades, incapacidades, deberes profesionales, etc. De tal condición emergen las siguientes consecuencias: 1º) Los miembros del Ministerio Público carecen de la garantía de inamovilidad. De ahí que el Poder Ejecutivo posea atribuciones para trasladarlos, destituirlos y aplicarles otra clase de sanciones sin más requisito que el previo dictamen de una comisión de disciplina. 2º) Ejercen sus funciones bajo la dirección y control de sus jefes jerárquicos y bajo la autoridad del ministro de Justicia. En razón de esta organización jerárquica de la institución, los magistrados del Ministerio Público deben actuar con arreglo a las instrucciones recibidas de sus superiores, aunque, de acuerdo con una regla tradicional expresada en el adagio "si la plume est serve, la parole est libre", que ha sido incluso recogida por la legislación, se hallan facultados para exponer en las audiencias conclusiones orales contrarias a las conclusiones escritas que son consecuencia de la orden respectiva. 3º) El Ministerio Público es un cuerpo dotado de unidad e indivisibilidad, de manera tal que cada uno de sus miembros representa al cuerpo en su totalidad y pueden, por lo tanto, reemplazarse recíprocamente (si, por ejemplo, un juicio debe desarrollarse en varias audiencias, no es necesario que concurra a todas ellas el mismo funcionario). El principio, sin embargo, no es absoluto, pues el jefe del respectivo parquet puede apelar de las resoluciones dictadas de conformidad con las conclusiones de alguno de sus sustitutos. 4º) Finalmente, los miembros del Ministerio Público gozan de absoluta independencia frente a los jueces ante quienes intervienen, razón por la cual estos últimos no pueden, sin incurrir en exceso de poder, inmiscuirse en las atribuciones de los respectivos funcionarios ni formular, en sus pronunciamientos, ninguna clase de censuras acerca de la actuación de aquéllos. El Ministerio Público se halla integrado en Francia de la siguiente forma: 1º) Ante cada tribunal de gran instancia, por un procurador de la República y, según la importancia del tribunal, por uno o varios sustitutos de aquél. 2º) Ante cada Corte de Apelaciones, por un Procurador General. Los abogados generales, en principio, cumplen la función de intervenir en las audiencias, tomando la palabra en nombre del Procurador General; los sustitutos, en cambio, asisten a este último en las tareas atinentes al servicio interior del Ministerio. 3º) Ante la Corte de Casación el Ministerio Público hállase compuesto por un Procurador General, un primer abogado general y dieciséis abogados generales. A los abogados generales les está asignado, indistintamente, el servicio interior y el de audiencias. Debe señalarse, asimismo, que el Procurador General ante la Corte de Casación carece de autoridad sobre los procuradores generales ante las Cortes de apelaciones, quienes se hallan directamente subordinados al ministro de Justicia. 694   

Las atribuciones del Ministerio Público son extrajudiciales y judiciales. Entre las primeras pueden mencionarse la supervisión de archivos judiciales, verificación de registros de estado civil y comprobación de contravenciones a su respecto, otorgamiento de dispensas de publicaciones para contraer matrimonio, protección de dementes y ausentes, nombramientos de jurisconsultos en el caso de transacciones que interesen a menores o incapaces, etc. Las atribuciones judiciales pueden ejercerlas en los ámbitos de la jurisdicción voluntaria (nombramiento de curador en una sucesión vacante, demanda de adopción de un menor como pupilo de la Nación, rectificación de actas de estado civil, etc.) y contenciosa. En esa última categoría de causas, el Ministerio Público puede intervenir como parte adjunta o como parte principal. El primer supuesto tiene lugar cuando se trata de un proceso ya pendiente entre otros litigantes, en el que la participación del Ministerio Público se reduce a formular su opinión a presentar al tribunal las observaciones atinentes a la solución jurídica del pleito (por eso se lo denomina también intervención por vía de requisición). Tal participación puede producirse por acto espontáneo del Ministerio Fiscal, por disposición cuando a éste le parezca conveniente y en todos aquellos casos en que la ley determina la intervención obligada de aquél, como son, entre otros, los asuntos en que se hallen interesados el Estado, las comunas, los establecimientos públicos, ausentes presuntos, incapaces, etc., las cuestiones de procedimiento de cierta importancia (declinatorias, recusaciones de parentesco, etc.), etc. El Ministerio Público actúa como parte principal cuando interpone una pretensión procesal contra un tercero o se opone a ella (intervención por vía de acción o de defensa). Esta modalidad de intervención está prevista para los casos de pretensiones por nulidad de matrimonio, guarda de hijos en el supuesto de divorcio, declaración de interdicción, nulidad de patentes de invención, pérdida de la patria potestad, etcétera.

B) España Lo mismo que en Francia, el Ministerio Público se halla regido por el principio de unidad y dependencia, estando sus miembros exentos de la potestad disciplinaria de los órganos judiciales y organizados en forma jerárquica, bajo la dirección del Fiscal del Tribunal Supremo, funcionario que a su vez asume un rol intermediario entre la totalidad del cuerpo y el Ministerio de Justicia. Los requisitos de ingreso al Ministerio Público, así como las condiciones para la designación, las incapacidades e incompatibilidades, son semejantes a las de los jueces, aunque en

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materia de inamovilidad se encuentran sujetos a un régimen menos rígido y preciso que aquéllos. En cuanto a su composición, el Ministerio Público se integra con la Fiscalía del Tribunal Supremo, las Fiscalías de las Audiencias Territoriales y las Fiscalías de las Audiencias Provinciales. La Fiscalía del Tribunal Supremo se compone de un Fiscal del Tribunal, un Teniente fiscal, un Inspector fiscal, los Fiscales Generales y varios Abogados fiscales distribuidos entre las distintas Salas del Tribunal, e intervienen en los asuntos que corresponden a la competencia de éste. Las Fiscalías de las Audiencias Territoriales se hallan integradas por un Fiscal jefe, un Teniente Fiscal y varios Abogados fiscales, e intervienen en aquellos asuntos en que el Ministerio Fiscal deba plantear pretensiones u oponerse a ellas, o deba emitir dictamen, y cuyo conocimiento competa a la Audiencia Territorial respectiva y a los Juzgados de Primera Instancia del territorio. Las Fiscalías de las Audiencias Provinciales, finalmente, se integran en la misma forma e intervienen ante los Juzgados de Primera Instancia de la capital de la provincia, pudiendo el Fiscal jefe delegar sus funciones en los fiscales de la justicia municipal. Estos últimos no forman parte de la carrera fiscal, hallándose sujetos a un reglamento orgánico especial, y ejercen además el Ministerio Público ante los juzgados municipales, comarcales y de paz. Los representantes del Ministerio Público actúan como partes, en materia civil, en los procesos relativos al estado civil y condición de las personas, en los referentes a las suspensiones de pagos y, en general, en cuantos afecten a intereses sociales y así lo disponga la ley o el Gobierno lo estime conveniente. Asimismo, representan al Estado e instituciones públicas cuando la representación de éstos no se halle signada a la Abogacía del Estado u otros funcionarios, como así también a personas menores, incapacitadas, ausentes o impedidas para administrar sus bienes, hasta tanto se produzca la representación o sustitución normales. Como colaboradores de los órganos judiciales, los integrantes del Ministerio Público tienen por misión esencial velar por la observancia de las leyes y demás disposiciones referentes a la organización de los juzgados y tribunales; interviniendo particularmente en las cuestiones de competencia y en la promoción y tramitación de los expedientes disciplinarios de los funcionarios judiciales.

C) Italia Diversas disposiciones contenidas en la Constitución italiana vigente autorizan a sostener la conclusión de que el Ministerio Público 696   

forma parte de la magistratura judicial, y ha sido sustraído de la dependencia jerárquica del Ministro de Justicia con que lo había organizado el real decreto del 30/1/1941. Entre esas disposiciones constitucionales merecen citarse el art. 107, según el cual "el Ministerio Público goza de las garantías establecidas al respecto por las normas sobre el ordenamiento judicial"; el art. 108, en cuya virtud "la ley asegura la independencia del Ministerio Público en las jurisdicciones especiales", y el art. 104, que implícitamente refirma aquella conclusión en tanto incluye al Procurador General ante la Corte de Casación entre los miembros de derecho del Consejo Superior de la Magistratura, viniendo también a incluir a los órganos del Ministerio Público entre aquellos que eligen a los componentes de dicho Consejo y quedan sujetos a su autoridad. Actualmente, el Ministerio Público se encuentra representado por distintos funcionarios que actúan ante la Corte de Casación, las Cortes de Apelaciones, los tribunales de primera instancia y los pretores. Ejercen, sustancialmente, funciones similares a las asignadas a los miembros del Ministerio Público por las leyes francesas y españolas.

D) Otros países a) Aunque en Inglaterra no se halla organizado un Ministerio Público, los inconvenientes derivados del sistema acusatorio privado, vigente en materia penal, motivaron la creación de una "Dirección de persecuciones públicas", la cual funciona bajo la superintendencia del attorney general o, en su defecto, del solicitor general, funcionarios estos a quienes también incumbe la representación judicial del Estado. b) En los Estados Unidos de Norteamérica no existe, en el orden federal, un Ministerio Público encargado de intervenir en las causas civiles o en defensa de los menores, incapaces y ausentes. La representación judicial de la Unión se encuentra asignada al attorney general, cuyas funciones son sustancialmente análogas a las que competen en el continente europeo a los ministros de Justicia. Es, en efecto, acusador público y consejero permanente, jefe del Departamento de Justicia y miembro del departamento ministerial, figurando para llenar la vacante presidencial en cuarto grado. De dicho funcionario dependen el solicitor general, que cumple funciones semejantes a la de nuestro Procurador del Tesoro, y los district attorneys, a quienes corresponde la interposición y prosecución de la pretensión penal en los supuestos de violación de las leyes federales del distrito. En las jurisdicciones locales tampoco funciona un Ministerio Público en materia civil, pero existen attorneys general y district attorneys que intervienen en las causas penales. 697   

c) En la Unión Soviética, los órganos del llamado Ministerio Fiscal integran un sistema centralizado único bajo la jefatura del Fiscal General, a quien incumbe, de acuerdo con el art. 113 de la Constitución, el control máximo del cumplimiento estricto de las leyes por todos los ministerios e instituciones a ellas subordinados, así como por los funcionarios públicos y los ciudadanos de la URSS. El Fiscal General es designado por el Soviet Supremo por un plazo de siete años. Los fiscales de república federada y autónoma, de territorio, región y región autónoma, son a su vez nombrados por el Fiscal General por un plazo de cinco años; en tanto que los fiscales de comarca, de distrito y de ciudad son nombrados por los fiscales de las repúblicas federadas, con la aprobación del Fiscal General, por un plazo de siete años.

267. El Ministerio Público Fiscal en el orden federal

A) Organización De acuerdo con las diversas disposiciones que, en ausencia de una ley orgánica, reglamentan el funcionamiento del Ministerio Público en el orden federal, éste se halla representado, ante la Corte Suprema, por el Procurador General de la Nación y por procuradores fiscales que dependen de dicho funcionario; ante las Cámaras Federales, por procuradores fiscales de Cámara, y ante los Juzgados de Primera Instancia, por procuradores fiscales federales. A continuación estudiaremos las atribuciones que competen a cada uno de los referidos funcionarios.

B) Procurador General de la Nación a) Se trata del más alto funcionario del Ministerio Público ante la justicia federal. Es designado por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, goza de la garantía de la inamovilidad y debe reunir los mismos

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requisitos que para ser juez de la Corte Suprema (arts. 2º, 3º y 4º, dec.-ley 1285/1958). b) De acuerdo con lo prescripto por el art. 116 del Código de Procedimientos en lo Criminal, y disposiciones contenidas en la ley 17.516 y Reglamentos de la Corte Suprema, corresponde al Procurador General: 1º) Ejercer la pretensión pública penal en las causas de esa índole que correspondan a la competencia originaria de la Corte Suprema (art. 116, inc. 1º, Cód. de Ptos. en lo Criminal)(33). 2º) Emitir dictamen acerca de la competencia de dicho tribunal respecto de las pretensiones deducidas en instancia originaria (art. 16, inc. 2º, Cód. de Ptos. en lo Criminal)(34). 3º) Emitir dictamen sobre las cuestiones federales sometidas a la decisión de la Corte Suprema en las causas en que no intervenga como parte(35)y en los procedimientos de superintendencia, incluso los referentes a la matrícula de abogados y procuradores, sobre los puntos acerca de los cuales dicho tribunal requiera su opinión (art. 87, del Reglamento para la Justicia Federal y Letrada de los Territorios nacionales)(36). 4º) Asistir a los acuerdos extraordinarios de la Corte Suprema a los que fuese invitado y asistir, con carácter facultativo, a los acuerdos ordinarios en los que no se traten causas en las que actúa como parte (art. 88, RJN)(37). 5º) Intervenir en las causas en que hubiesen sido parte los procuradores fiscales federales de primera y segunda instancias (art. 116, inc. 2º, Cód. de Ptos. en lo Criminal)(38). Es decir que el Procurador General continúa, ante la Corte, la intervención asumida por los representantes del Ministerio Público Fiscal ante las instancias inferiores de la justicia federal(39). 6º) Cuidar de que los encargados de ejercer el Ministerio Público ante los tribunales federales inferiores promuevan las gestiones que les correspondan y desempeñen fielmente los demás deberes a su cargo (art. 116, inc. 3º, Cód. de Ptos. en lo Criminal)(40). Aparte de las atribuciones precedentemente mencionadas, el Procurador General desempeña, de acuerdo con una antigua práctica, funciones de asesor jurídico del Poder Ejecutivo nacional. Cabe recordar, finalmente, que el Procurador General de la Nación puede integrar la Corte Suprema en los casos de la recusación, impedimento, vacancia o licencia de alguno de sus miembros (art. 22, dec.ley 1285/1958).

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C) Procuradores fiscales de la Corte Suprema a) La ley 15.464 creó dos cargos de procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia, cuyos titulares deben reunir los requisitos para ser juez de dicho tribunal o Procurador General, siendo designados y removidos en la misma forma que éstos (art. 1º). Según el art. 3º de la ley citada, dichos funcionarios se hallan equiparados, en cuanto a prerrogativas, inmunidades, derechos jubilatorios y remuneración, a los jueces de las Cámaras Nacionales de Apelaciones. b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema forman parte de la Procuración General de la Nación, de cuyo titular dependen en forma directa, correspondiéndoles atribuciones sustancialmente análogas a las que ejercen los abogados generales y sustitutos en el derecho francés. Tales atribuciones se encuentran establecidas en el art. 2º de la ley, y son las siguientes: 1º) Representar al Fisco nacional y ejercer la pretensión pública ante la Corte Suprema, en aquellas causas en que así lo resuelva el Procurador General de la Nación. En lo que atañe a la primera de las mencionadas funciones, corresponde aclarar que la representación del Fisco Nacional sólo puede ser ejercida por estos funcionarios en los casos de procesos tramitados en el interior de la República que llegan a la Corte con motivo de algún recurso, pues aquella representación en instancia originaria se halla excluida por el art. 1º de la ley 17.516. 2º) Sustituir al Procurador General de la Nación en las causas sometidas a su dictamen cuando aquél así lo resuelva. 3º) Reemplazar al Procurador General de la Nación en caso de licencia, excusación, impedimento o vacancia. 4º) Ejercer las funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

D) Procuradores fiscales de Cámara a) Ante las Cámaras Federales de Apelaciones, el Ministerio Público Fiscal se halla representado por funcionarios denominados procuradores fiscales de Cámara, quienes son designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado y deben reunir los mismos requisitos que para ser juez de la Corte Suprema (art. 13, ley 4055). Aunque esta 700   

norma no menciona el procedimiento de remoción de estos funcionarios, su inclusión en el régimen, de la ley 16.397, cuyo art. 37 alude genéricamente a los fiscales de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, no deja dudas en el sentido de que gozan de la garantía de la inamovilidad y de que, por lo tanto, sólo pueden ser separados del ejercicio del cargo por las mismas causales y en la misma forma que los jueces nacionales. Actúa uno de estos funcionarios ante cada una de las Cámaras Federales de Apelaciones, con excepción de la que tiene su sede en la Capital Federal, ante la cual actúan dos: uno en materia civil, comercial y contencioso-administrativa y otro en materia penal. b) Sustancialmente, corresponde a los procuradores fiscales de Cámara continuar ante las Cámaras federales la intervención que los representantes del Ministerio Público Fiscal hubiesen tenido ante los jueces inferiores, y cuidar de que aquéllos promuevan las gestiones que les incumban y desempeñen fielmente los demás deberes a su cargo (art. 117, Cód. de Ptos. en lo Criminal). c) Los procuradores fiscales ante las Cámaras con asiento en las provincias, integran en primer término dichos tribunales en los casos de recusación, impedimento, vacancia o licencia de alguno de sus miembros (art. 31, inc. 1º, dec.-ley 1285/1958). En los mismos casos, los funcionarios a quienes nos referimos son suplidos: 1º) por el procurador fiscal de primera instancia de la sección donde funciona el tribunal; 2º) por el defensor letrado de Menores e Incapaces de la misma; y 3º) con los fiscales ad hoc nombrados de la lista de conjueces (art. 6º, ley 4162).

E) Procuradores fiscales de primera instancia a) Ante los juzgados federales con asiento en el interior de la República, el Ministerio Público Fiscal es desempeñado por procuradores fiscales federales, a razón de uno por cada sección judicial, quienes intervienen indistintamente en los procesos civiles, comerciales, contencioso-administrativos y penales. En la justicia federal de la Capital, en cambio, existen actualmente dos procuradores fiscales en lo Civil y Comercial federal, dos en lo Contencioso Administrativo(41)y cuatro en lo Criminal y Correccional. Todos estos funcionarios son designados y removidos por el Poder Ejecutivo y deben reunir los mismos requisitos que para ser juez federal(42). b) Con anterioridad a la promulgación de la ley 17.516, los procuradores fiscales federales ejercían, en materia civil, comercial y contenciosoadministrativa, la representación del Estado nacional "en toda acción de 701   

jurisdicción voluntaria o contenciosa en que aquél demande y sea demandado" (art. 1º, ley 3367)(43). En virtud de las prescripciones contenidas en dicha ley, la representación judicial del Estado es ejercida, en la Capital Federal, por los letrados dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías de Estado, reparticiones o entes descentralizados, y en el interior de la República, cuando el organismo interesado carezca, en el lugar, de aquellos servicios jurídicos, por los procuradores fiscales federales y, en su defecto, por letrados designados especialmente, dándose preferencia a funcionarios de entidades oficiales. Todo ello, sin perjuicio de que la representación sea asumida por el Procurador del Tesoro de la Nación, cuando el Poder Ejecutivo lo estimare conveniente (art. 1º). De acuerdo con dicho régimen legal, por consiguiente, los procuradores fiscales federales de la Capital Federal que actúan ante los Juzgados Federales en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo, sólo conservan la atribución consistente en "velar porque el orden legal en materia de competencia sea estrictamente observado" (art. 118, inc. 5º, del Cód. de Ptos. en lo Criminal), lo cual, desde luego, no justifica la subsistencia de tales funcionarios. Distinta es la situación en la justicia federal del interior, donde los respectivos funcionarios, aparte de las funciones que les incumben en los procesos penales, mantienen parcialmente la de representar los intereses patrimoniales de la Nación. c) En el interior, los procuradores fiscales federales se reemplazan recíprocamente con los defensores de Menores, Pobres e Incapaces, debiéndose designar, en los casos de impedimento de los suplentes, a un abogado de la lista confeccionada anualmente por las Cámaras Federales en virtud de lo dispuesto por el art. 2º de la ley 935 (modificada por el art. 28, ley 17.928). Asimismo, los procuradores fiscales subrogan en primer término a los jueces federales del interior en los casos de recusación, impedimento, vacancia o suplencia (art. 3º, ley 4162).

268. El Ministerio Público Fiscal ante la justicia ordinaria de la Capital Federal

A) Composición 702   

a) La ley 1893 dividió al Ministerio Público Fiscal ante los tribunales ordinarios de la Capital Federal en dos ramas; una para intervenir ante la justicia en lo Criminal y Correccional, otra para hacerlo ante la justicia Civil y Comercial(44). Creó, asimismo, un cargo de Fiscal de las Cámaras de Apelación, el que fue sucesivamente desdoblado por leyes posteriores. b) Las leyes 11.924 y 12.948, por su parte, instituyeron el Ministerio Público ante la justicia de Paz y del Trabajo, respectivamente, atribuyendo a cada uno de sus representantes, como hemos dicho, todas las funciones que incumben a dicho Ministerio.

B) Justicia en lo Civil y Comercial a) En la justicia en lo Civil y Comercial, el Ministerio Público Fiscal se halla representado, en cada una de las instancias, por funcionarios de distinta jerarquía. b) Ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital, el Ministerio Público Fiscal es desempeñado por dos fiscales de Cámara en la primera y por uno en la segunda, quienes son designados y removidos con iguales formalidades que los jueces de esos tribunales, y deben reunir las mismas condiciones de éstos (arts. 121 y 123, ley 1893). c) Los fiscales de Cámara tienen las siguientes atribuciones: 1º) Continuar ante las Cámaras la intervención que el Ministerio Público hubiese tenido ante los jueces inferiores. 2º) Intervenir en los asuntos que se promovieran relativos a la superintendencia de las Cámaras. 3º) Promover la aplicación de penas disciplinarias contra los jueces inferiores y demás empleados subalternos de la Administración. 4º) Intervenir en los recursos de fuerza(45). 5º) Cuidar de que los agentes fiscales promuevan las gestiones que les correspondan. 6º) Asistir a los acuerdos de las Cámaras cuando fueren invitados. d) Ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y en lo Comercial actúan cuatro agentes fiscales(46), quienes son nombrados y removidos por el Presidente de la República (art. 124, ley 1893) y deben reunir las mismas condiciones que para ser juez de primera instancia, con sólo dos años de ejercicio en el país de la profesión de abogado (art. 121, ley citada). 703   

Según el art. 119 de la ley 1893, con las modificaciones emergentes de la ley 17.516(47), corresponde a los agentes fiscales intervenir: 1º) En los juicios sucesorios en los casos que por ley corresponda(48). 2º) En las cuestiones de competencia, cualquiera sea el modo en que se hayan suscitado. 3º) En las causas sobre divorcio y nulidad de matrimonio(49). 4º) En las causas sobre filiación y todas las demás relativas al estado civil de las personas(50). 5º) En los juicios sobre venias supletorias a mujeres casadas. 6º) En las declaratorias de pobreza(51). 7º) En todos los demás asuntos en los que el Ministerio Público deba ejercer funciones, según lo dispongan los Códigos Civil o Mercantil, o leyes especiales(52). Debe tenerse en cuenta, finalmente, que si bien la falta de intervención del fiscal de primera instancia es causal de nulidad, se trata de una nulidad relativa, susceptible de ser convalidada mediante la actuación del fiscal de Cámara(53).

C) Justicia de Paz a) Como hemos dicho, no existe en la justicia nacional de Paz un Ministerio Fiscal que, desde el punto de vista funcional, difiera de las restantes ramas en que el Ministerio Público se halla dividido en la justicia Civil y Comercial, sino que, por el contrario, está integrado por funcionarios que se denominan agentes fiscales, actúan en ambas instancias y tienen a su cargo "la defensa oficial de los ausentes y pobres, los intereses fiscales y de los menores" (art. 21, ley 11.924). b) Dichos funcionarios deben reunir los mismos requisitos que los jueces de Paz, y son nombrados por el Poder Ejecutivo y removidos en la forma establecida por los arts. 5º a 9º de la ley 11.924, es decir, mediante sentencia fundada de un tribunal compuesto por dos vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, designados por sorteo (norma citada, apart. 6º)(54) c) La función consistente en defender los "intereses fiscales", a que alude la norma mencionada, ha sido sustraída a estos funcionarios por la ley 17.516. Por lo tanto, cabe concluir que, en el ámbito de la función fiscal propiamente dicha, aquéllos ejercen las mismas funciones que los 704   

agentes fiscales en lo Civil y Comercial, con las limitaciones derivadas de la competencia asignada a la justicia nacional de Paz.

D) Justicia del Trabajo a) Lo mismo que en la justicia de Paz, en la justicia del Trabajo no existe un Ministerio Fiscal diferenciado, pues se halla representado por funcionarios que ejercen, además, el Ministerio Pupilar. b) El Ministerio Público del Trabajo es desempeñado, ante la Cámara Nacional de Apelaciones respectiva, por un Procurador y un Subprocurador General del Trabajo, quienes deben reunir los requisitos establecidos por la Ley de Organización de la Justicia Nacional para los jueces de Cámara, y son designados y removidos en la misma forma prevista para éstos. Deben, asimismo, tener reconocida versación en derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (art. 1º, ley 17.062)(55). Ante los Juzgados de Primera Instancia actúan funcionarios denominados "representantes del Ministerio Público", quienes deben reunir las mismas condiciones exigidas para los secretarios de primera instancia (art. 20, ley 12.948)(56). c) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 12.948, con las modificaciones derivadas de la ley 17.516(57), incumben al Ministerio Público del Trabajo, en el aspecto estrictamente fiscal, las siguientes atribuciones: 1º) Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que deban aplicar los tribunales del Trabajo, pidiendo el remedio de los abusos que notare. 2º) Ser parte necesaria en todas las causas del Trabajo y en las contiendas de jurisdicción y competencia. Asimismo, interesa recordar que en virtud de la resolución 88/1945 de la ex Secretaría de Trabajo y Previsión, dictada como consecuencia de la facultad otorgada a ese organismo por el art. 22 de la ley 12.948, el Procurador General del Trabajo interviene, con voz y sin voto, en los acuerdos plenarios de la Cámara tendientes a la unificación de la jurisdicción (art. 19).

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E) Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas El dec.-ley 11.265/1962 creó, dentro del Ministerio Público y con carácter permanente, una Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, organismo que si bien actúa judicialmente sólo ante la justicia penal, reviste la característica de no hallarse administrativamente encuadrado ante alguna de las diversas clases de órganos pertenecientes a dicha justicia. Actúa bajo la superintendencia del Procurador General de la Nación, en los términos previstos en el art. 116, inc. 3º del Código de Procedimientos en lo Criminal para los fiscales integrantes del Ministerio Público (art. 2º, decreto-ley cit.) y está integrado por un Fiscal General, tres fiscales adjuntos y un Secretario General de Actuación, quienes, respectivamente, tienen la categoría jerárquica y presupuestaria y deben reunir las condiciones para ser Fiscal de Cámara, Fiscal de primera instancia y Secretario de segunda instancia (art. 3º, decreto-ley cit., con la modificación introducida por el dec.-ley 14.096/1962). Los miembros de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas están sometidos a todos los deberes, obligaciones e inhabilitaciones que la ley impone a los demás miembros del Ministerio Público en su misma jerarquía. El Fiscal General es designado y removido en la misma forma que los fiscales de Cámara, en tanto que los fiscales adjuntos son designados de igual modo que los fiscales de primera instancia, con la variante de que permanecen en sus cargos mientras dura su buena conducta y no pueden ser removidos sin ser oído previamente el Fiscal General (arts. 3º y 4º, dec.-ley 11.265/1962, con la modificación introducida por el dec.-ley 14.096/1962). Fundamentalmente, compete a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas promover de oficio la investigación de la conducta administrativa de los funcionarios integrantes de la Administración nacional, de sus entidades descentralizadas y de las Empresas del Estado; denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas sean consideradas como presuntos delitos, quedando la formulación de la pretensión penal a cargo de los fiscales en turno ante el tribunal en el cual se radique la denuncia, y asumir, en cualquier estado de la causa, cuando lo considere necesario, el carácter de parte acusadora o impartir a los fiscales respectivos las instrucciones que a su juicio correspondan (art. 5º, decretos-leyes citados).

269. Legislación provincial

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a) Como hemos dicho, la mayor parte de las leyes provinciales prevé el funcionamiento de órganos específicamente encargados de ejercer el Ministerio Público Fiscal, sin diferenciarlos sobre la base de la naturaleza civil o penal de los asuntos en los cuales deben intervenir. Asimismo, como ocurre en la justicia nacional, instituyen órganos de distinta jerarquía para actuar ante cada una de las instancias. Sin embargo, a diferencia del régimen vigente en la justicia nacional, en el que, como se ha visto, los representantes del Ministerio Público ante los Juzgados de Primera Instancia carecen de la garantía de la inamovilidad, las Constituciones provinciales asimilan a todos los miembros de aquél a los magistrados judiciales en cuanto a las formas del nombramiento y remoción y derechos de que son titulares(58), estableciendo, algunas de dichas Constituciones, que los representantes del Ministerio Público, en general, integran el Poder Judicial de la provincia(59). b) Las funciones que las leyes provinciales asignan a los miembros del Ministerio Público Fiscal coinciden, básicamente, con las contempladas en la legislación nacional, aunque, en su mayoría, no les confieran la calidad de representantes de los intereses patrimoniales de la provincia, ya que esta función es ejercida por funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo (Fiscal de Estado, Procurador del Tesoro, etc.).

270. Crítica del sistema vigente a) Si bien no parece discutible la conveniencia de mantener al Ministerio Público Fiscal como conjunto de órganos encargados de interponer y proseguir la pretensión pública penal, distinto es el criterio con que debe encararse el funcionamiento de dicha institución en los procesos civiles. Un calificado sector de la doctrina nacional ha hecho notar, con razón, que la función de asesoramiento y vigilancia asignada al Ministerio Fiscal con respecto a la observancia de normas que afectan al orden público, implica una evidente superposición con el deber que en el mismo sentido pesa sobre los órganos judiciales, quienes están obligados a aplicar de oficio esa clase de normas, sin necesidad de asesoramiento alguno por parte de los funcionarios, para cuya designación, por lo demás, se requieren menores condiciones que para desempeñar el cargo de juez(60). A ello se agrega que el cumplimiento de los actos procesales que incumben al Ministerio Fiscal como sujeto asimilable a una parte (formulación de alegaciones, ofrecimiento y producción de pruebas, interposición de recursos, etc.), complica innecesariamente el trámite y redunda, en definitiva, en desmedro de la celeridad procesal(61). 707   

b) Las razones expuestas han llevado a propiciar la supresión de la intervención fiscal en los procesos civiles(62), manteniendo el Ministerio Público integrado exclusivamente por los asesores de Menores y por los defensores de Pobres y Ausentes. Tal es, a nuestro juicio, la solución correcta, cuya puesta en práctica requeriría la modificación de las normas contenidas en la legislación de fondo que prevén la actuación procesal del Ministerio Fiscal. Dicha reestructuración debe ir acompañada, en el orden federal, por la transferencia de la representación de los intereses patrimoniales del Estado a los servicios jurídicos dependientes del Poder Ejecutivo, tal como parcialmente lo ha hecho la ley 17.516, atribuyendo a los procuradores fiscales federales la función exclusiva de interponer y proseguir la pretensión penal pública.

IV. EL MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR

271. Antecedentes nacionales La institución de un Ministerio Pupilar como rama autónoma dentro del Ministerio Público, y encargada de velar por la persona y derechos de los menores e incapaces, tiene su origen, en nuestro derecho, en el cargo de juez o asesor de Menores que, junto con el de defensor de Pobres y protector de Naturales, existía en los Cabildos durante la Época Colonial. Las Ordenanzas provisionales del Excelentísimo Cabildo, Justicia y Regimiento, dictadas el 21/10/1814, instituyen, de acuerdo con el régimen tradicional, un cargo de defensor de Menores que debía ser desempeñado por uno de los regidores del Cabildo, quien actuaría con un asesor en el caso de no ser abogado. Posteriormente, el decreto dictado por Rivadavia el 24/12/1821 suprime los cabildos y dispone la creación de una Defensoría Letrada de Pobres y Menores, la cual es reorganizada durante el gobierno de Viamonte, mediante decreto del 14/11/1829. Luego de una nueva reorganización que tiene lugar en 1863, el "Reglamento de la Defensoría de Menores", dictado el 23 de noviembre del año siguiente, dispone que dicho organismo estará integrado por dos defensores con un asesor letrado cada uno. La ley 1893, finalmente, mantiene la división entre defensores y asesores letrados de Menores e Incapaces.

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272. Organización del Ministerio Pupilar en la Capital Federal y en el orden federal Con anterioridad a la creación del Consejo Nacional del Menor, dispuesta por el dec.-ley 5285/1957, el Ministerio Público Pupilar se hallaba integrado, en la Capital Federal, por dos departamentos: uno de carácter administrativo, encargado del cuidado y vigilancia de los menores y otros incapaces en orden al trato, educación y demás condiciones de existencia, y otro, de carácter judicial, a quien incumbía la defensa en juicio de la persona o bienes de los menores y demás incapaces. Los funcionarios que desempeñaban las tareas de orden administrativo eran los llamados defensores de Menores, a quienes designaba y removía el Presidente de la República, y para cuyo nombramiento se exigía que fueran ciudadanos argentinos, mayores de 50 años y tuvieran las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo (arts. 135 y 139, ley 1893). El art. 5º del dec.-ley 5285/1957 transfirió las atribuciones de los defensores de Menores al Consejo Nacional del Menor(63)y el art. 1º del dec.-ley 5286/1957,reproduciendo la norma contenida en el art. 137 de la ley 1893, dispuso que corresponde a los asesores de Menores e Incapaces "intervenir en todo asunto judicial que interese a persona o bienes de los menores de edad, dementes o demás incapaces, y entablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, sea directa o juntamente con los representantes de los incapaces". La norma se refiere a los asesores de Menores e Incapaces que actúan ante la Justicia Civil y Comercial de la Capital, quienes son nombrados y removidos por el Presidente de la República, y requieren, para el desempeño del cargo, las mismas condiciones que para ser agente fiscal (arts. 138 y 139, ley 1893, mantenido este último por el art. 1º, dec.-ley 5286/1957). En la actualidad se desempeñan en dicha jurisdicción cinco asesores de Menores ante los Juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial(64)y un asesor de Menores de Cámara que actúa ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y en lo Comercial, a quien compete proseguir la intervención de los asesores de Menores de primera instancia(65). En la Justicia de Paz, la defensa de los intereses de los menores se halla a cargo de los fiscales de Paz, a los cuales nos hemos referido al estudiar el Ministerio Público Fiscal (supra, nro. 268, C]). El art. 21, inc. b), de la ley 12.948, por su parte, dispone que corresponde al Ministerio Público del Trabajo "intervenir en todo asunto judicial que interese a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces y entablar en su defensa las acciones o 709   

recursos necesarios, sea directa y juntamente con los representantes de aquéllos". En lo que atañe a la justicia federal, ante la Corte Suprema y tribunales federales inferiores de la Capital el Ministerio Público Pupilar es desempeñado por dos defensores de Pobres, Incapaces y Ausentes que intervienen en todas las instancias(66). En la justicia federal del interior, dicha función es desempeñada también por defensores de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes, a razón de uno por cada sección judicial(67).

273. Legislación provincial a) Como señalamos supra, nro. 262, b), la mayor parte de las leyes provinciales unifica en un mismo órgano la representación de los menores e incapaces, pobres y ausentes, denominando "defensores" a los funcionarios que desempeñan tales funciones. b) Por otra parte, las Constituciones provinciales asimilan a dichos funcionarios a los magistrados del Poder Judicial (supra, nro. 269).

274. Atribuciones del Ministerio Público Pupilar a) El art. 59 del derogado Código Civil establecía, al respecto, la siguiente regla general: "A más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación"(68). Hoy, el CCiv. y Com. regula el tema en su art. 103: "Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal. a. Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de

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edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad relativa del acto. b. Es principal: i. cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii. cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii. cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales". La intervención del Ministerio Pupilar, en el ámbito judicial, se halla supeditada a la circunstancia de que los incapaces revistan, en los respectivos procesos, el carácter de partes o peticionarios, o tengan en ellos un interés directo. De allí que, por ejemplo, no corresponda la intervención de dicho Ministerio en una ejecución hipotecaria por el simple hecho de que en la finca hipotecada vivan menores, si éstos no son deudores del crédito ni propietarios de la finca(69), o en un juicio sobre liquidación de sociedad conyugal aunque existan hijos legítimos del matrimonio, ya que los bienes no pertenecen a éstos sino a sus progenitores(70); etcétera. b) Pese a la terminología utilizada por el art. 59 del derogado Código Civil, debe destacarse que no siempre el Ministerio de Menores ejerce funciones de representación. Los respectivos funcionarios asumen la calidad de representantes del incapaz cuando, por ejemplo, peticionan judicialmente la remoción de los tutores o curadores por su mala administración, o piden que se decrete la pérdida o suspensión del cuidado personal o el nombramiento de tutor al menor abandonado, etc.; es decir, en todos aquellos supuestos en que, por cualquier razón, actúan judicialmente en lugar del incapaz. En los demás casos, o sea cuando los incapaces se hallan debidamente representados en el proceso, el Ministerio Pupilar no es más que un órgano de vigilancia y asesoramiento, y carece, en principio, de facultad para sustituirse a la actividad directa del representante. Debe añadirse que la jurisprudencia tiene decidido, en general, que no es necesaria la intervención del Ministerio Pupilar cuando los padres actúen procesalmente por sus hijos menores en ejercicio de la patria potestad, salvo que los poderes de aquéllos estén limitados o sujetos a intervención judicial, como ocurre en los casos contemplados por los arts. 278, 282, 285, 294, etc., del derogado Código Civil(71). c) Corresponde señalar, finalmente, que la nulidad resultante de la falta de intervención del Ministerio Pupilar reviste carácter relativo, desde que sólo tiene en vista la protección del incapaz, y que puede, por lo tanto, ser 711   

subsanada por la confirmación expresa o tácita que haga el asesor de Menores de los actos cumplidos sin su participación(72).

V. DEFENSORÍAS DE POBRES Y AUSENTES

275. Organización a) La defensa oficial de los pobres y ausentes es desempeñada, en la justicia ordinaria de la Capital Federal, por defensores de Pobres y Ausentes que actúan ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, del Crimen y Correccional, así como ante las Cámaras respectivas. Cuatro de esos funcionarios intervienen ante la justicia Civil y Comercial, y siete ante la justicia en lo Criminal y Correccional. Ante la Corte Suprema y tribunales federales inferiores de dicho distrito, la defensa oficial es ejercida por tres funcionarios(73)a quienes corresponden, además, las funciones del Ministerio Pupilar. En la justicia federal del interior de la República, actúa un defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante cada una de las secciones en que se encuentra dividida dicha justicia. b) Para ser designado defensor de Pobres y Ausentes en la Capital Federal y ante la justicia federal se requiere ser ciudadano argentino, haber ejercido en el país durante dos años, por lo menos, la profesión de abogado o haber desempeñado durante ese plazo una magistratura (art. 142, ley 1893). El nombramiento y remoción de dichos funcionarios corresponde al Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que la Corte Suprema o las Cámaras de Apelaciones, según los casos, puedan también amonestarlos, suspenderlos temporalmente o destituirlos (art. 143, ley cit.). c) En el orden provincial, como hemos dicho, la defensa oficial de pobres y ausentes es ejercida, generalmente, por los mismos funcionarios que desempeñan el Ministerio Pupilar, hallándose equiparados a los jueces en lo que atañe a la forma de nombramiento y remoción.

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276. Deberes y atribuciones a) Los deberes y atribuciones de los defensores de Pobres y Ausentes ante la Justicia Civil y Comercial de la Capital Federal han sido fijados en el Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil(74), el cual dispone, en el art. 131, que dichos funcionarios están obligados: 1º) A patrocinar en juicio a las personas que hubiesen obtenido carta de pobreza para litigar y les requieran sus servicios, como así también en los trámites necesarios para obtenerla, si lo pidiesen. 2º) A evacuar consultas que les sean solicitadas por las personas que sólo tengan lo necesario para su subsistencia y redactar los escritos respectivos en los que un sello hará constar su procedencia. 3º) A representar y defender a los ausentes con presunción de fallecimiento y a aquellas personas cuyo nombre no se conociere o se ignorara su domicilio, siempre que se hayan justificado esas circunstancias en juicio(75). 4º) A defender a los incapaces y denunciados como dementes, cuando concurran razones especiales de pobreza(76). b) El art. 132 del citado reglamento agrega que los defensores tienen los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Asistir diariamente a su despacho de acuerdo con el horario de los Tribunales, para atender al público y notificarse de las providencias que se dicten en todos los procesos en que intervengan(77). 2º) Hacerse cargo de las defensas que les correspondan según el art. 131 luego de serle notificada su designación, y a fin de solicitar las diligencias necesarias a la secuela y pronto término de los procesos, expidiéndose en el modo y forma que lo hacen los Agentes Fiscales y Asesores de Menores. 3º) Mantener la intervención comenzada en los procesos hasta su terminación en todas las instancias e incidentes(78). 4º) Llevar un libro de entradas y salidas y otro donde se anotarán, con indicación del Juzgado y Secretaría, los juicios y el orden sucesivo de sus trámites, a fin de tenerlos presentes y poder activar su secuela. En los casos de ausencia, vacancia e impedimento para conocer o intervenir en un proceso, los defensores se reemplazan entre sí (art. 133, Reg. cit.). c) Los Defensores Oficiales carecen de derecho a percibir honorarios por su intervención en el proceso, aun en los casos de condenación en costas a la parte contraria.

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VI. SITUACIÓN LUEGO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994. GENERALIDADES

277. Caracteres y composición a) El art. 120 de la CN, de acuerdo con la reforma promulgada en 1994, dispone que "el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República"(79), agregando que "está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca", y que "sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones". De tal suerte se ha colocado al Ministerio Público entre los órganos denominados "extrapoder", en tanto no se lo incorpora al Poder Judicial ni se lo subordina —como ocurría con anterioridad— al Poder Ejecutivo. Se le otorgó asimismo una jefatura bicéfala ejercida por el Procurador General de la Nación en su calidad de máximo responsable del Ministerio Fiscal y del Defensor General de la Nación como cabeza del Ministerio Pupilar, concebido, en términos generales, como el conjunto de funcionarios encargados de la defensa de los incapaces, pobres y ausentes. Conforme a lo prescripto en el art. 1º, in fine, de la ley orgánica 24.946, el Ministerio Público posee asimismo una organización jerárquica que, por un lado, exige que cada uno de sus miembros controle el desempeño de sus inferiores y de quienes los asisten y, por otro lado, fundamenta las facultades y las responsabilidades disciplinarias que la ley reconoce a los distintos magistrados o funcionarios que lo integran. b) Luego de determinar, conforme al ya citado texto constitucional, que el Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa (art. 2º), la ley 24.946 dispone, en su art. 3º, que el primero está integrado por: 1º) el Procurador General de la Nación; 2º) los procuradores fiscales ante la Corte Suprema y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas; 3º) los fiscales generales ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia y de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones 714   

Administrativas; 4º) los fiscales generales adjuntos ante los tribunales y de los organismos enunciados en el inc. c); 5º) los fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales de la Procuración General de la Nación y los fiscales de Investigaciones Administrativas; 6º) los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación. El Ministerio Público de la Defensa está a su turno integrado, de acuerdo con lo prescripto en el art. 4º de la ley citada, por: 1º) el Defensor General de la Nación; 2º) los defensores oficiales ante la Corte Suprema; 3º) los defensores públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales de segunda instancia, de casación y ante los tribunales orales en lo Criminal y sus adjuntos, y los defensores públicos oficiales ante la Cámara de Casación Penal y sus adjuntos, ante los tribunales orales en lo Criminal y sus adjuntos, de primera y segunda instancia del interior del país, ante los tribunales federales de la Capital Federal y los de la Defensoría General de la Nación; 4º) los defensores públicos de Menores e Incapaces adjuntos de segunda instancia, y los defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la Nación; 5º) los defensores públicos de Menores e Incapaces de primera instancia y los defensores públicos oficiales ante los jueces y Cámaras de Apelaciones; y 6º) los defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación. Integran, asimismo, el Ministerio Público de la Defensa, en calidad de funcionarios, los tutores y curadores públicos cuya actuación también regula la ley más arriba citada. c) Los integrantes del Ministerio Público pueden excusarse o ser recusados por las causales que, a su respecto, prevean las normas procesales (ley cit., art. 10). De tal suerte debe reputarse implícitamente derogado el art. 33 del CPCCN en cuanto vedaba la recusación de esos funcionarios(80).

278. Designación a) El Procurador y el Defensor General de la Nación son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, al paso que para designar a los restantes magistrados que se mencionan en los arts. 3º y 4º de la ley 24.946, el Procurador o el Defensor General de la Nación, en su caso, deben presentar al Poder Ejecutivo, previa realización de un concurso público de oposición y antecedentes, una terna de candidatos de la cual aquél elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado (arts. 5º y 6º, ley 24.946).

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b) Los requisitos exigidos para la designación o, en su caso, para presentarse a concurso, guardan sustancial equivalencia con los establecidos respecto de los jueces (supra, nro. 168), y atienden, en lo esencial, a la jerarquía del cargo o a la del órgano judicial ante el cual los miembros del Ministerio Público ejercen sus funciones. Hacen excepción los fiscales auxiliares, a quienes sólo se les exige la ciudadanía argentina, la mayoría de edad y tener dos años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial nacional o provincial con dos años de antigüedad en el título profesional (art. 7º, ley cit.). Rige asimismo para los magistrados y funcionarios del Ministerio Público el límite de edad y la necesidad de nueva designación, excedida aquélla, establecidos en relación con los jueces (art. 13, ley cit.)(81).

279. Incompatibilidades e inmunidades a) Los integrantes del Ministerio Público se hallan alcanzados por las mismas incompatibilidades establecidas respecto de los jueces y no pueden ejercer las funciones inherentes a su cargo quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes corresponda ejercer su ministerio (art. 9º, ley cit.). b) Los magistrados de que se trata no pueden ser arrestados excepto en el caso de ser sorprendidos en flagrante delito; están exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos, pudiendo hacerlo por escrito, y no pueden ser condenados en costas en las causas en que intervienen como tales.

280. Responsabilidad disciplinaria a) En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el Procurador y el Defensor General de la Nación pueden imponer a los magistrados que integran sus respectivas áreas las sanciones disciplinarias de prevención, apercibimiento y multa de hasta el 20% de sus remuneraciones mensuales. La misma atribución incumbe a los fiscales y defensores respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan (art. 16, ley cit.). 716   

Las mencionadas sanciones son recurribles administrativamente y, agotada esta instancia, pueden impugnarse en sede judicial (art. 16, ley cit.). Los jueces y tribunales, asimismo, se hallan facultados para imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para litigantes y por iguales motivos, salvo la de arresto (art. 17, ley cit.). Por consiguiente, los jueces y tribunales pueden imponer a los miembros del Ministerio Público que actúan ante ellos, en el supuesto de que obstruyan el curso de la justicia o que cometan faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole contra su autoridad, dignidad o decoro, las sanciones de prevención, apercibimiento y multa, que será determinada en un porcentaje de la remuneración que por todo concepto perciba efectivamente el fiscal o defensor hasta un máximo del 33% de aquélla (art. 18, dec.-ley 1258/1958). Asimismo, los miembros del Ministerio Público pueden ser pasibles de multas si les fuese imputable la pérdida de un expediente (art. 130, CPCCN) u obtuviesen la concesión de plazo extraordinario de prueba y no ejecutan las que hubiese propuesto (art. 329, CPCCN). Tales medidas con recurribles ante el tribunal inmediato superior (art. 17, ley cit.).

281. Remoción Mientras que el Procurador y el Defensor General de la Nación sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecido en los arts. 53y 59 de la CN, los restantes magistrados del Ministerio Público pueden serlo por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por siete miembros (dos ex jueces de la Corte Suprema o ex Procuradores o Defensores Generales de la Nación, dos abogados de la matrícula federal y un procurador fiscal ante la Corte o Fiscal General y un defensor oficial ante el mismo tribunal o un defensor público ante tribunales colegiados) por las causales de mal desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie, siendo la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento recurrible por el fiscal o el imputado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (art. 18, ley cit.).

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VII. EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

282. Organización El Ministerio Público Fiscal se halla organizado en la forma y con las atribuciones que se mencionarán a continuación.

A) Procurador General de la Nación Su más alto magistrado es el Procurador General de la Nación, a quien incumben, aparte de las funciones inherentes a esa jefatura y a la superintendencia que ejerce sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal (dictado de instrucciones generales, diseño de políticas, delegación de funciones, relaciones con los poderes Legislativo y Ejecutivo, aplicación de sanciones, promoción de enjuiciamiento, etc.), los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Dictaminar en los asuntos que tramitan ante la Corte Suprema cuando se plantean causas en las que se pretenda suscitar la competencia originaria prevista en el art. 117 de la CN; cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte; causas en las que ésta entienda a raíz de recursos de apelación ordinaria, en las materias previstas en el art. 24, inc. 6º, aparts. b) y c), del dec.-ley 1285/1958 y procesos en los que su intervención resulte de normas legales específicas; causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte a efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela (art. 33, ley 24.946). Mientras que en las causas de competencia originaria de la Corte y en las cuestiones de competencia suscitadas entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano jerárquico común que deba resolverlas (art. 24, incs. 1º y 7º, dec.-ley 1258/1958), así como en los casos en que lo determinen normas específicas, la intervención del Procurador General resulta ineludible con carácter previo a la decisión del tribunal, ello no es 718   

así en la totalidad de los restantes supuestos contemplados en el inciso transcripto. Cuando se trata, en efecto, de recursos ordinarios de apelación concedidos por los tribunales de la causa, corresponde necesariamente la intervención del Procurador General, sea para emitir dictamen sobre la admisibilidad o procedencia formal de la impugnación(82)o para dictaminar también sobre el fondo del asunto en los casos contemplados por los aparts. b) y c) del inc. 6º del dec.-ley 1285 (ver, por ejemplo, arts. 54, CPPN, y 33 del Tratado de Cooperación Internacional en Materia Penal, aprobado por ley 24.767, y art. 116, CN), tal intervención no es ineludible frente a la hipótesis de recursos extraordinarios concedidos o por denegatoria de dichos recursos. Sólo se confiere vista al Procurador General, en la práctica de los últimos diez años(83)cuando, como mínimo, cinco ministros de la Corte, que deben firmar la correspondiente providencia, consideran que la cuestión federal articulada exhibe prima facie visos de trascendencia o importancia institucional. Frente al supuesto de que, a raíz de la denegatoria del recurso extraordinario, el interesado interponga ante la Corte recurso de queja, con carácter previo a la eventual vista al Procurador General, es necesario el requerimiento de la causa principal, a cuyo efecto basta la firma de un solo ministro. Lo mismo ocurre ante el recurso directo deducido a raíz de la denegatoria del recurso ordinario de apelación previsto en el art. 24, inc. 6º, apart. a), del dec.-ley 1258/1958,aunque en este caso, previo requerimiento del expediente principal, y dado que el Procurador General sólo debe pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, resulta innecesaria la firma de cinco ministros(84). 2º) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema en los casos que corresponda y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que prevé la ley, e intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a dicho tribunal (art. 33, ley 24.946). En razón de que el Procurador General es parte necesaria en toda causa penal referida a delitos de acción pública imputados a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros o a las personas de su familia o al personal de la embajada con rango diplomático, o que se hayan cometido en perjuicio de éstos con afectación a sus privilegios e inmunidades(85), el mencionado magistrado, o el procurador fiscal que lo reemplace, debe actuar tanto en la instrucción, que se halla a cargo del presidente del tribunal o del ministro que aquél designe como delegado (art. 84 bis, RJN), cuanto durante el debate oral que se desarrolla ante el tribunal reunido en colegio. 719   

Asimismo, el inciso transcripto, en virtud de la organización jerárquica atribuida al Ministerio Público, faculta al Procurador General para impartir instrucciones generales a los fiscales que actúan ante las instancias anteriores, incumbiéndole la atribución de continuar, ante la Corte, la intervención asumida por aquéllos en dichas instancias.

B) Procuradores fiscales ante la Corte Suprema Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema, aparte de asistir al Procurador General y de cumplir las directivas impartidas por éste, poseen las funciones consistentes en: 1º) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema en aquellas causas en que así lo resuelva el Procurador General. 2º) Sustituirlo en las causas sometidas a su dictamen, cuando aquél así lo resuelva. 3º) Reemplazar a dicho magistrado en el caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia. 4º) Informar al Procurador General sobre las causas en que intervienen. 5º) Colaborar con éste en su gestión de gobierno del Ministerio Público Fiscal (art. 35, ley cit.).

C) Fiscales generales Aparte del cumplimiento de ciertas funciones administrativas y consustanciales a la superintendencia que ejercen sobre los fiscales que actúan en las instancias anteriores, los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única tienen los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Promover ante los tribunales en los que se desempeñan el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores (art. 37, ley cit.). Corresponde señalar que, concedido el recurso, quienes tengan derecho a recurrir y no lo hubiesen hecho, podrán adherir en el plazo de tres (3) días desde su notificación. En ese término el fiscal de Cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no el recurso que hubiese 720   

deducido el agente fiscal o si adhiere al interpuesto en favor del imputado. A este fin se le notificará en cuanto las actuaciones sean recibidas (art. 453, párr. 2º, CPPN, sustituido por ley 26.374). Por otra parte, es oportuno recordar que, conforme al criterio mayoritario adoptado por la Corte Suprema a partir del caso "Marcilese"(86), en cuya virtud dado que la acusación, en los juicios orales, se produce al formularse el requerimiento de elevación a juicio, no media violación alguna de la garantía constitucional de la defensa y del debido proceso por el solo hecho de llegar a una sentencia condenatoria cuando el fiscal general, durante el debate, ha pedido la absolución del imputado. 2º) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que corresponda a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal (art. 37, ley cit.). Cuadra advertir, al respecto, que en razón de que la garantía del art. 8º, párr. 2º, inc. h]) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue consagrada sólo en beneficio del inculpado, y en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado y no el sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por esa norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho(87). 3º) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores y en todas las causas sometidas a fallo plenario (art. 37, ley cit.). 4º) Peticionar la reunión de la Cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria y participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueren invitados o lo prevean las leyes (art. 37, ley cit.). Mientras que de acuerdo con el inc. 3º es deber del tribunal plenario acordar intervención al fiscal general a fin de que emita el correspondiente dictamen, la facultad prevista en el inc. 4º debe ejercerse ante la Cámara como cuerpo, de modo que es atribución del tribunal, en su conjunto, decidir finalmente respecto de la efectiva concreción del pedido formulado por el fiscal(88). Los fiscales generales adjuntos ante los tribunales colegiados precedentemente mencionados actúan en relación inmediata con los fiscales generales ante dichos tribunales y tienen los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia. 721   

2º) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio (art. 38, ley cit.).

D) Fiscales ante los jueces de primera instancia Los fiscales ante los jueces de primera instancia tienen, en general, las facultades y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijen las leyes. Deben asimismo intervenir en los procesos de amparo, de hábeas corpus y de hábeas data, y en todas las cuestiones de competencia e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por la ley y su reglamentación (art. 39, ley cit.). En particular, los fiscales ante la justicia de primera instancia en lo Criminal y Correccional tienen los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no esté permitido obrar de oficio (art. 40, ley cit.). Estos magistrados, en consecuencia, carecen de atribuciones para promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos de acción privada o dependientes de instancia privada, aunque en este último caso, incluso no mediando acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales, se hallan habilitados para proceder de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor o guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador (arts. 71 y 72, CPen.). 2º) Hacerse parte en todas las causas en que la acción pública criminal o contravencional fuese procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de testigos ofrecidos en la causa y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso (art. 40, ley cit.), vale decir, ejerciendo los mismos derechos que incumben a los restantes sujetos del proceso (imputado, querellante, etc.).

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Asimismo, los fiscales de primera instancia acumulan eventualmente, a su función requirente, función jurisdiccional en el caso de que los jueces en lo Criminal de Instrucción decidan delegar a aquéllos la dirección de la investigación, en cuyo caso se hallan habilitados para realizar los actos mencionados en el art. 212 del CPPN, así como para requerir a los jueces la ejecución de los referidos en el art. 213 del mismo ordenamiento. 3º) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, cuidando de instarlos cuando se trate de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia (art. 40, ley cit.), todo lo cual entraña, implícitamente, una reiteración del inciso precedente. 4º) Concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, a fin de formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, así como para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 18 de la CN(art. 40, ley cit.), atribución que cabe considerar extensiva a los fiscales generales. Por su parte, los fiscales ante la justicia de primera instancia federal y nacional de la Capital Federal, en lo Civil y Comercial, Contencioso Administrativo, Laboral y de Seguridad Social, tienen los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el art. 120 de la CN, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan. 2º) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso. 3º) Intervenir en las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público (art. 41, ley cit.). Aunque el art. 43 de la CN no legitima explícitamente a los fiscales para interponer pretensiones de amparo tendientes a la preservación de derechos de incidencia colectiva, la amplitud que exhibe dicha norma permite incluir a aquéllos entre las personas habilitadas para ello o para accionar o recurrir en cualquier caso que requiera la defensa del orden jurídico en su integridad (art. 120, CN).

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Los fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia, a su turno, actúan en relación inmediata con los fiscales ante dichos tribunales y tienen los siguientes deberes y facultades: 1º) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia. 2º) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones (art. 42, ley cit.).

283. Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a) La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio Público Fiscal como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación y está integrada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y demás magistrados que la ley establece (art. 43, ley cit.). b) El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas tiene, además de ciertas atribuciones que conciernen al gobierno de la Fiscalía, los siguientes deberes y facultades: 1º) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la Administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades, y todo otro ente en que el Estado tenga participación, debiendo las investigaciones realizarse por el solo impulso de la Fiscalía. 2º) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a esos recursos. 3º) Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos, en cuyos casos las investigaciones de la Fiscalía tienen el valor de la prevención sumaria, correspondiendo el ejercicio de la acción pública a los fiscales competentes y sin perjuicio de que, cuando éstos tengan un criterio contrario a la prosecución de la acción, ésta sea ejercida por la Fiscalía. 4º) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos, y fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente (art. 45, ley cit.).

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Como se advierte, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas mantiene la estructura y funciones que le asignaba el dec. 11265/1962, que creó el organismo.

VIII. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

284. Antecedentes a) Con anterioridad a la promulgación de la ley 24.946, el ahora denominado Ministerio Público de la Defensa carecía, en el orden judicial, de la llamada justicia ordinaria de la Capital Federal, de una jefatura única y se hallaba dividido en dos ramas: el Ministerio Público de Menores e Incapaces y las Defensorías de Pobres y Ausentes. Mientras el primero, que reconoce origen en las ordenanzas provisionales del Excelentísimo Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de Buenos Aires del 21/10/1814 y estaba integrado por los asesores de Menores de primera instancia, de Cámara y ante los tribunales orales en lo Criminal, intervenía en todo asunto judicial que interesara a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces, y entablaba en su defensa las acciones y recursos necesarios, sea directa o juntamente con los representantes de aquéllos, a las Defensorías de Pobres y Ausentes incumbía, fundamentalmente, en materia civil y comercial, el patrocinio en juicio de las personas que hubiesen obtenido el beneficio de litigar sin gastos, la representación y defensa de los ausentes con presunción de fallecimiento y de las personas cuyo nombre no se conociera o se ignorara su domicilio y, en materia penal, la defensa de los imputados que no hubiesen designado defensor de confianza. Interesa añadir que si bien en la justicia federal los defensores de pobres y ausentes desempeñaban también, en materia civil y comercial, el ministerio de menores e incapaces, aquellos funcionarios carecían de toda conexión con los asesores y defensores que actuaban ante la justicia nacional con competencia ordinaria y también, por consiguiente, de un superior jerárquico común.

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285. Organización

A) Defensor General de la Nación Con posterioridad a la vigencia de la ley 24.946, y conforme a lo prescripto en el art. 120 de la CN, el Defensor General de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa y tiene fundamentalmente, además de las funciones inherentes a esa calidad (dictado de instrucciones generales, promoción de políticas tendientes a facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados, propuesta de ternas, promoción de enjuiciamientos, coordinación de actividades con otras autoridades, aplicación de sanciones, etc.), los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Ejercer ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa (art. 51, ley cit.). A pesar de lo dispuesto en los apartados precedentemente transcriptos, la Corte Suprema, por mayoría de sus miembros, decidió que más allá de los lazos de subordinación y de la evidente superioridad jerárquica del Defensor General de la Nación respecto del defensor oficial ante dicho Tribunal, la legitimación para obrar ante éste pertenece, en virtud de lo dispuesto en el art. 3º de la ley 24.091, al segundo de los magistrados mencionados, pues el art. 120 de la CN no derogó lo establecido en la referida norma y las modificaciones constitucionales sólo importan la derogación de las leyes anteriores en el supuesto de que éstas sean verdaderamente incompatibles con el sistema establecido por aquéllas(89). 2º) Delegar sus funciones en los defensores oficiales ante dicho tribunal, de conformidad con lo previsto en el art. 52 (art. 51, ley cit.). 3º) Realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 86 de la CN(art. 51, ley cit.). Por lo tanto, el Defensor General de la Nación comparte, con el Defensor del Pueblo, legitimación procesal con miras a preservar la vigencia de los derechos humanos, pero no así para asegurar la debida observancia de los derechos de incidencia colectiva, respecto de los cuales la legitimación es compartida con los magistrados del Ministerio Público. 726   

4º) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados que integran la defensa oficial, cuando la importancia o dificultad de los asuntos la hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa, de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio, limitación que no alcanza a los magistrados de la Defensoría General. 5º) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija la naturaleza de las pretensiones de las partes. 6º) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de Menores e Incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor oficial. En este caso no se trata, como ocurre con lo contemplado en el apart. 5º, de conciliar la defensa de personas que tengan intereses contrapuestos, sino de separar funciones que responden a técnicas diversas. 7º) Patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o delegada, ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten (art. 51, ley cit.). El ejercicio de esta función, sin embargo, resulta notoriamente objetable frente al caso de que la denuncia ante organismos internacionales sea susceptible de generar sanciones contra el Estado argentino.

B) Defensores oficiales ante la Corte Suprema Los defensores oficiales ante la Corte Suprema, aparte de asistir al Defensor General en las funciones que éste les encomiende, tienen los deberes y atribuciones consistentes en: 1º) Sustituir o reemplazar al Defensor General en las causas sometidas a su intervención o dictamen cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia. 2º) Informar al Defensor General respecto de las causas en que intervengan. 727   

3º) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos (art. 53, ley cit.). No obstante la subordinación del defensor oficial ante la Corte Suprema respecto del Defensor General de la Nación, ya se ha visto que hallándose aún vigente la ley 24.091, la legitimación procesal para peticionar ante dicho Tribunal corresponde al primero de los aludidos magistrados.

C) Defensores públicos de Menores e Incapaces Los defensores públicos de Menores e Incapaces, en las instancias y fueros en que actúen, tienen los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Intervenir, en los términos del art. 59 del Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces, y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios. 2º) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de los Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen. 3º) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieran de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos (art. 54, ley cit.). La aplicabilidad de tales disposiciones está condicionada al requisito de que los incapaces revistan, en los procesos de que se trate, el carácter de partes o de peticionarios, o tengan en ellos un interés directo, de modo que no corresponde la intervención de los defensores públicos, v.gr., en una ejecución hipotecaria por el simple hecho de que en la finca hipotecaria vivan menores, o éstos no son deudores de créditos o propietarios del inmueble(90). Asimismo, vale destacar que los defensores públicos asumen la representación del incapaz cuando peticionan, v.gr., la remoción de los tutores o curadores por su mala administración (art. 493, derogado CCiv.) 728   

o piden que se decrete la pérdida o suspensión de la patria potestad o el nombramiento de tutores al menor abandonado, etc., o sea en todos aquellos supuestos en que, por cualquier razón, deban actuar en lugar del incapaz. Pero cuando los incapaces se encuentran debidamente representados, el defensor oficial no es más que un órgano de vigilancia y asesoramiento y carece, como regla, de legitimación para sustituir a la actividad judicial o extrajudicial del representante. En general, asimismo, es innecesaria la intervención de los defensores públicos cuando los padres actúan procesalmente por sus hijos menores, salvo que los poderes de aquéllos estén limitados o sujetos a intervención judicial según ocurría, entre otros, en los casos contemplados en los arts. 294, 297 y 298, del derogado CCiv. 4º) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del art. 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos. 5º) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, así como de los penados que se encuentren bajo la curatela del art. 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias y omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren, pudiendo en su caso por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen. 6º) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal. 7º) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.194, sobre internación y externación de personas, y controlar que se efectúen, al Registro de Incapaces, las comunicaciones pertinentes. 8º) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos. 9º) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación de menores e incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al Defensor General de la Nación, sobre el 729   

desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue. Los apartados del art. 54, ley 24.946, transcriptos se refieren, primordialmente, a la actividad extrajudicial de los defensores públicos, sea individualmente o en concurrencia con los representantes legales, e incluso para suplir la inactividad o negligencia de éstos. Son funciones que incumbían al Servicio Nacional de la Minoridad (ley 18.120). 10) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación. Corresponde aclarar que las denuncias formuladas sobre acciones u omisiones de los jueces deben formularse ante el Consejo de la Magistratura, a fin de que éste, si lo considera pertinente, ejerza su potestad disciplinaria. 11) Responder los pedidos de informes del Defensor General. 12) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación (art. 54, ley cit.). Por su parte, los defensores públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales de casación y de segunda instancia, cuando no hubieren sido designados para actuar también en primera instancia, tienen, sin perjuicio de sus atribuciones de orden administrativo, las siguientes competencias especiales: 1º) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de Menores e Incapaces ante la primera instancia y promover o continuar las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces. 2º) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia que se tendrán que fundar debidamente en cada caso. Sin perjuicio de la actuación directa en primera instancia que, con carácter excepcional, pueden llevar a cabo los defensores públicos ante los tribunales superiores, es del caso recordar que la nulidad resultante de la falta de intervención de los defensores ante los jueces de primera instancia puede subsanarse mediante la confirmación expresa o tácita que hagan los defensores ante los tribunales de casación y de segunda instancia de los actos cumplidos sin su participación(91). 3º) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces. 730   

Aunque la ley, a diferencia de lo que ocurre respecto de los fiscales generales guarda silencio sobre el tema, debe entenderse que los defensores oficiales se hallan además habilitados para requerir, cuando en un juicio se debaten derechos de menores o incapaces, al tribunal que se reúna en pleno a fin de unificar jurisprudencia contradictoria. 4º) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de Menores e Incapaces de las instancias anteriores (art. 55, ley cit.).

D) Tutores o curadores públicos Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal deben designar, en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que sean huérfanos o se encuentren abandonados, lo que no impide la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos (art. 58, ley cit.). Dichos funcionarios tienen las atribuciones previstas en los Títulos VII a XIV de la Sección II del Libro I del derogado Código Civil, sin perjuicio de las demás propias de la naturaleza de su cargo y las que les encomiende el Defensor General de la Nación. Especialmente deben: 1º) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean instruidos para que puedan, en su momento, acceder a una profesión, arte, oficio o actividad útil, y en el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurar su restablecimiento y pedir, cuando corresponda, su rehabilitación. 2º) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos, así como también su patrimonio y proveer, cuando corresponda, a su adecuada administración. 3º) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación y representarlos en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellas según el régimen de la ley procesal y en las mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, ejercer su curatela definitiva.

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4º) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad. 5º) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la Administración Pública. 6º) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del art. 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así como también los amparos patrimoniales que puedan corresponder. 7º) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio ello sea necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos que se les formulen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función. 8º) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos. 9º) Mantener informado al defensor de Menores e Incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste les formule (art. 59, ley cit.). Como se percibe, los tutores o curadores públicos actúan preferentemente en asuntos administrativos y extrajudiciales relativos a la defensa de los menores incapaces o inhabilitados huérfanos o abandonados, aunque también están habilitados para actuar como curadores ad litem en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación seguidos contra aquéllos, así como para representarlos en cualquier otro proceso que se les siga.

E) Defensores públicos oficiales Por su parte, los defensores públicos oficiales, en las instancias y fueros en que actúen, deben, aparte de las funciones administrativas que les conciernen respecto del Defensor General y de los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando 732   

aquéllos fuesen pobres o estuviesen ausentes, a cuyo fin, sin perjuicio de las demás funciones que les encomiende el Defensor General de la Nación, tienen los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos (art. 60, ley cit.). En materia civil, comercial, laboral y contencioso-administrativa, los magistrados de que se trata deben asumir la defensa y representación de las personas que han obtenido el beneficio de litigar sin gastos (art. 85, CPCCN), o de aquellas que, desconociéndose su domicilio o residencia, no se apersonan al juicio luego de ser notificadas por medio de edictos (íd., art. 343). 2º) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo Criminal y Correccional, en los supuestos en que se requiera conforme a lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación, teniendo, en el cumplimiento de esta función, el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos y de informarles sobre el trámite procesal de su causa (art. 60, ley cit.). En razón de ser necesaria y efectiva la defensa del imputado en las causas criminales y correccionales, estos magistrados deben asumir la defensa de quienes carezcan de defensor particular u omitan designarlo. Es por otra parte deber del tribunal designar defensor oficial a la persona que lo requiera por carecer de bienes. 3º) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos, debiendo en su caso presentar al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación (art. 60, ley cit.). Cabe al respecto destacar que siendo obligatorio agotar el procedimiento de mediación regulado por la ley 24.573 y decretos reglamentarios con carácter previo a la promoción de todo proceso en materia civil y comercial (con las excepciones que esa ley prevé), los defensores oficiales no se hallan eximidos de observarlo antes de interponer una demanda en representación de personas que obtuvieron el beneficio de litigar sin gastos. 4º) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes, debiendo cesar en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal (art. 60, ley cit.). El deber contemplado en el apartado precedente también se halla previsto en el art. 343 del CPCCN. 733   

5º) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirlas en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo las defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondan y patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos (art. 60, ley cit.). Este apartado constituye, como es visible, una consecuencia lógica de los apartados anteriores. Asimismo, los defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de segunda instancia tienen, en especial, las siguientes atribuciones, según el art. 61: 1º) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores públicos oficiales de las instancias anteriores. 2º) Ejercer la superintendencia sobre los defensores públicos oficiales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el Defensor General. 3º) Elevar al Defensor General un informe anual sobre la gestión del área bajo su competencia. 4º) Desempeñar las demás funciones que les encomiende el Defensor General de la Nación. Los defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de casación tienen las atribuciones descriptas en los aparts. 3º y 4º (art. 61, ley cit.). Los defensores públicos adjuntos de Menores e Incapaces y públicos oficiales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, actúan por su parte en relación inmediata con los defensores públicos ante dichos tribunales, y tienen los siguientes deberes y atribuciones: 1º) Sustituir al defensor público titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia. 2º) Informar al defensor público titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio (art. 62, ley cit.).

286. Honorarios

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El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un defensor público oficial, debe solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los medios suficientes, a cuyo fin incumbe al tribunal regular los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa conforme a la ley de aranceles (art. 63, ley cit.). En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez días de notificado el fallo, el tribunal debe emitir un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia. Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, deben incorporarse a los fondos propios del Ministerio Público de la Defensa (art. 64, ley cit.). De ello se sigue que los defensores oficiales no pueden ser beneficiarios de los honorarios regulados por su actuación, con prescindencia de la clase de proceso de que se trate(92).

 

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